MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DEL PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

Santiago, 29 de enero de 2024.

MENSAJE Nº 326-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley de Cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal.

I. ANTECEDENTES

1. Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

El 01 de agosto de 2023 el Gobierno presentó la propuesta de un Pacto Fiscal para el desarrollo. Este documento fue el resultado de un intenso trabajo realizado entre los meses de junio y julio, que consistió en más de 30 reuniones con distintos actores de la sociedad, tales como partidos políticos, el mundo empresarial, organizaciones de la sociedad civil, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y trabajadores. Asimismo, se estableció un itinerario en búsqueda de un debate amplio y abierto, para alcanzar un nuevo texto que reflejare las diversas prioridades que la propuesta de Pacto Fiscal contenía.

Presentada la propuesta se abre una segunda etapa de trabajo donde, se dio continuidad al trabajo con las Mipymes y los gremios empresariales y, además, se constituyó una mesa de trabajo con representantes de casi la totalidad de los partidos con representación parlamentaria. Al mismo tiempo, se encargó un estudio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para determinar las holguras fiscales potenciales que se podrían alcanzar con una mayor eficiencia del Estado, y se conformó un Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, cuyo objetivo fue analizar las medidas procrecimiento contenidas en la propuesta de Pacto Fiscal, para determinar el impacto que estas medidas podrían generar en el aumento de los ingresos del Estado en el mediano y largo plazo.

De igual forma, durante el mes de agosto, el Gobierno realizó una serie de encuentros ciudadanos con el objetivo de dar a conocer las propuestas del Pacto Fiscal, así como recoger sugerencias y propuestas de las personas de forma descentralizada. Estos encuentros ciudadanos se desarrollaron a nivel regional, convocando a más de 2.600 personas.

El 20 de diciembre, luego de cuatro meses de trabajo con los actores antes señalados y la recepción de los informes solicitados al cual se sumaron las conclusiones del informe sobre cumplimiento tributario, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos, se dio a conocer el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

El Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal busca impulsar a nuestro país hacia una nueva etapa de desarrollo, reuniendo un conjunto de iniciativas que, desde el ámbito de las políticas públicas, logren movilizar recursos, ofrecer incentivos y generar más certezas, para responder a las necesidades prioritarias de las personas en un marco de mayor eficiencia y transparencia del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.

El Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal surge del imperativo de responder a necesidades urgentes de las personas, a través de un proceso de diálogo que trasciende las cuentas fiscales y se expande al entorno económico e institucional. El objetivo del Pacto es generar espacio fiscal y, al mismo tiempo, apoyar el crecimiento sostenible de la economía y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, generando un círculo virtuoso de sostenibilidad y certidumbre. Así, este Pacto se construye como una agenda multidimensional e internamente consistente que, implementándose gradualmente, ofrecerá un horizonte de estabilidad y progreso social al menos para los próximos diez años.

Este Pacto está estructurado en seis componentes: (i) Prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía, que requieren incrementar los ingresos fiscales en 2,7% del PIB; (ii) Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado; (iii) Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía; (iv) Principios para un sistema tributario moderno; (v) Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta; y (vi) Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

Las distintas medidas que conforman cada uno de los componentes tienen formas distintas de materializarse. Varias de ellas requieren la elaboración de proyectos de ley, inclusive algunas de ellas ya se encuentran en tramitación, como el Proyecto de Ley que crea un Registro de Personas Beneficiarias Finales (Boletín N° 16.475-05), el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Boletín N° 16.316-05) y el Proyecto de Ley que Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica (Boletín N° 16.566-03). Otras medidas implicarán la presentación de indicaciones a proyectos de ley que ya se encuentran en el Congreso, y algunas corresponden a medidas administrativas.

El presente Proyecto de Ley es parte del quinto componente, que agrupa iniciativas asociadas a una mejor fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2. Cumplimiento de obligaciones tributarias

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en especial aquellas que implican el pago de impuestos, es uno de los mayores desafíos de las administraciones tributarias a nivel internacional. No es casual que las principales acciones impulsadas por los organismos internacionales vayan justamente en este sentido. Por ejemplo, el plan de acción BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”) realizado bajo el alero de la OCDE y el G20, al cual se han incorporado 138 jurisdicciones a nivel mundial, da cuenta de la importancia de generar espacios de cooperación internacional y la implementación de herramientas antiabuso, para combatir la planificación tributaria agresiva. Fruto de este trabajo se han propuesto 15 planes de acción que abordan medidas de combate a la elusión y evasión, así como contundentes medidas para atender los desafíos de la economía digital. En otros tópicos, Chile también es parte del Foro Global sobre Transparencia e intercambio de información para propósitos fiscales, que incluye a más de 160 jurisdicciones que buscan implementar un estándar internacional común en materia de transparencia y cooperación tributaria; por ejemplo, respecto a información bancaria e intercambio automático de información entre distintos países.

Las modificaciones en materia de combate a la planificación tributaria agresiva internacional incorporadas en este Proyecto de Ley van en línea con las últimas recomendaciones de los planes de acción de BEPS y el trabajo realizado en el Foro Global sobre Transparencia e intercambio de información para propósitos fiscales. En especial se consideran las recomendaciones que el Foro Global ha efectuado a Chile respecto al procedimiento de levantamiento del secreto bancario, en el año 2020.

De acuerdo con la literatura y la experiencia comparada, existen al menos tres comportamientos que producen una erosión de los ingresos tributarios. En primer lugar, encontramos los delitos tributarios donde un contribuyente, de forma dolosa, incumple sus obligaciones tributarias ya sea omitiendo una declaración, utilizando documentos tributarios falsos o cualquier otro tipo de maniobras cuya intención expresa es vulnerar las normas tributarias.

Los motivos para la comisión de delitos tributarios son diversos, mas todos ellos reprochables, como es el caso de un contribuyente que busca rebajar su base imponible utilizando documentación falsa, o la existencia de operaciones a gran escala, vinculadas al crimen organizado que, por ejemplo, fomentan el comercio informal.

En segundo lugar, podemos encontrar incumplimientos involuntarios, es decir, casos donde el contribuyente incumple una obligación, no de forma dolosa, sino por el desconocimiento de las obligaciones tributarias o del sistema tributario en general.

En tercer lugar, se encuentra la planificación tributaria agresiva, es decir, aquellas acciones que sobrepasan la economía de opción a través de las cuales se pretende obtener beneficios ilícitos bajo un manto de aparente legalidad, buscando erosionar la base imponible o abiertamente evitar el hecho gravado.

Dentro de los documentos que sirven de antecedentes para el presente proyecto de ley se encuentra la “Estimación de la Brecha de Cumplimiento en IVA y el Impuesto a la Renta de la Primera Categoría mediante el Método del Potencial Teórico Usando Cuentas Nacionales”, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos para el período 2018-2020, publicado en el mes de diciembre de 2023. La brecha de cumplimiento tributario se define como la diferencia entre lo que el Estado debería recaudar de acuerdo con la letra y espíritu de las leyes vigentes y lo que se recauda efectivamente.

Este estudio actualiza las cifras de las brechas de cumplimiento tributario, estableciéndolas en un 6,5% del PIB. A nivel de Impuesto al Valor Agregado, la brecha de cumplimiento tributario se estima en 1,8% del PIB en promedio entre 2018 y 2020, lo que equivale a una tasa de incumplimiento tributario de 18,4% en promedio. Esta brecha casi triplica la mediana de la brecha estimada para países de la Unión Europea (de 6,9%). Por su parte, de acuerdo con el estudio, la brecha de cumplimiento tributario en el Impuesto de Primera Categoría corresponde a 4,7% del PIB en promedio para los años analizados, lo que equivale a una tasa de incumplimiento tributario de 51,4% en promedio para esos años.

Si bien es imposible eliminar por completo las brechas de cumplimiento tributario -de hecho, en todas las jurisdicciones existe una brecha y de ahí la importancia y la preocupación internacional por generar más y nuevas herramientas para el combate de la erosión fiscal- sí se observan espacios para disminuir la que actualmente existe en Chile. En este sentido, por ejemplo, reducir la tasa de incumplimiento en IVA a niveles de países como Bélgica o Eslovaquia (14%) implicaría una mayor recaudación tributaria de un 1,8% del PIB.

En resumen, las estrategias para avanzar en un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias deben ser capaces de abordar las distintas acciones destinadas al incumplimiento tributario. Ello permitiría no solo disminuir riesgos, sino también produciría efectos indirectos deseables. Por ejemplo, un mejor cumplimiento en IVA implica también una mayor recaudación en Impuesto de Primera Categoría. Por su parte, las iniciativas que aplican sobre el Impuesto de Primera Categoría también debieren impactar positivamente en los impuestos personales.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

A partir del contexto descrito, el presente proyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias busca incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, recursos que permitirán contribuir al financiamiento de las necesidades y prioridades de gasto que se han definido dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal; en este caso al financiamiento de pensiones y seguridad pública.

El aumento de las pensiones actuales y futuras es una prioridad impostergable para la ciudadanía. La modificación del sistema de pensiones propuesta por el proyecto de ley que Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica (Boletín N° 15.480-13) y que ha sido recientemente aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene dos componentes que implican un gasto adicional de 1,2% del PIB: En primer lugar, el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 cuya cobertura se elevará en 166.000 personas hacia el año 2030 y, en segundo lugar, el costo fiscal asociado al aumento del 6% de la tasa de cotización de cargo del empleador, que eleva el gasto en cotizaciones por los empleados públicos y reduce la recaudación del impuesto de primera categoría (pues en caso del sector privado, esta cotización será un gasto deducible).

En particular y dando cumplimiento al principio de responsabilidad fiscal, la propuesta de aumento y ampliación de la Pensión Garantizada Universal se sujeta a la verificación de una Condición de Sostenibilidad Financiera, que exige un nivel mínimo de recaudación de un 24,7% de Ingresos Tributarios Estructurales en relación con el Producto interno Bruto efectivo, indicador que permite contar con los recursos necesarios para sostener dicho gasto en forma responsable y que, gracias al presente proyecto de ley, podrían cumplirse durante el año 2024.

A su vez, las medidas que se han comprometido en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal significan un gasto adicional de 0,3% del PIB destinado a fortalecer la seguridad pública, a través de la prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, para lo cual se requiere fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria, y el fortalecimiento de un Estado preventivo. En materia de fortalecimiento institucional, los mayores recursos permitirán el financiamiento del Sistema Nacional Víctimas y Testigos del Crimen Organizado y la modernización de la carrera funcionaria de las policías. En inversión tecnológica y carcelaria, se implementará la Estrategia para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se mejorará la infraestructura de Gendarmería, entre otras medidas. Por último, se priorizarán medidas de carácter preventivo como la recuperación de espacios públicos, instalación o recambio de luminarias y cámaras de televigilancia, junto con fortalecer el sistema de prevención y rehabilitación con foco en la niñez. Todas estas medidas, junto a las iniciativas incluidas en los presupuestos correspondientes a los años 2023 y 2024 permitirán una expansión del gasto en seguridad pública y administración de justicia de 1.500 millones de dólares en comparación con el año 2022.

Este proyecto de ley busca relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios pues tienen un impacto directo en los ingresos fiscales, cuyo destino principal es el financiamiento de políticas sociales. Los delitos tributarios deben ser combatidos con la misma fuerza que se persiguen otros delitos asociados al fraude al Fisco, pues no sólo dañan la fe pública sino también obstaculizan el avance de políticas sociales que van en beneficio de sectores mayoritarios en el país.

La comisión de delitos tributarios ocurre cuando un contribuyente que realiza una operación gravada con impuestos evade de forma dolosa las obligaciones tributarias, ya sea no pagando el impuesto o reduciendo el monto de dicha obligación. También existe evasión cuando un contribuyente obtiene dolosamente devoluciones de impuestos a las que no tiene derecho. Asimismo, la ley considera como delito tributario el facilitar documentos para la comisión de estos delitos.

Adicionalmente, la persecución de la evasión tributaria es de suma importancia para la moral tributaria de la población. Para que los contribuyentes -que en su enorme mayoría cumplen con sus obligaciones tributarias- mantengan dicho comportamiento, es de suma relevancia percibir que la administración tributaria persigue a quienes cometen delitos. Un elemento esencial de justicia y equidad tributaria es que el contribuyente perciba que no se tolera la evasión desde la administración.

Las obligaciones tributarias que consisten en el pago de impuestos están determinadas por el principio constitucional de la legalidad de los tributos. Los contribuyentes no pueden alterar de forma ilegítima su carga tributaria, implementando planificaciones tributarias agresivas destinadas a evitar o aminorar sus obligaciones fiscales o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación. En el mismo sentido, no se puede considerar que el combate a la planificación tributaria agresiva implica un aumento en la carga, tributaria porque el ahorro que obtuvo el contribuyente en estos casos, por esencia, es ilegítimo.

Los contribuyentes que utilizan resquicios legales o tuercen el sentido de las normas mediante operaciones abusivas vulneran el principio de legalidad de los tributos al evitar o disminuir ilícitamente las obligaciones tributarias fijadas por ley. Al igual que como ocurre con la evasión, este tipo de operaciones atentan contra la equidad tributaria y la distribución de las cargas públicas, pues otorga ventajas, beneficios o utilidades ilegítimas a quienes las realizan, frente a la mayoría de los contribuyentes que cumplen correctamente sus obligaciones tributarias.

La planificación tributaria agresiva puede tomar distintas formas; por ejemplo, erosionando la base imponible de una jurisdicción en beneficio de otra o trasladando beneficios a territorios de baja o nula tributación. La planificación tributaria agresiva también puede tomar forma de abuso o fraude a la ley cuando, mediante el uso impropio de formas jurídicas, se obtiene un beneficio o un ahorro fiscal sin fundamentos distintos a la obtención de ventajas tributarias. En estos casos, la impropiedad de la conducta está referida a que las figuras jurídicas utilizadas no se condicen con los fines o beneficios económicos buscados por el contribuyente, que consisten exclusivamente en una menor carga tributaria no contemplada por el legislador. Como la planificación tributaria agresiva tiene diferentes formas de materializarse la administración tributaria también debe tener herramientas distintas para su persecución, por ello la legislación debe considerar y compatibilizar la existencia de normas especiales y la norma general antielusiva.

Tan importante como defender y resguardar el legítimo derecho de los contribuyentes de organizarse de la forma más eficiente que las leyes permitan, protegiendo la economía de opción, es implementar medidas que permitan cerrar los espacios para la utilización de mecanismos ilícitos que distorsionen el sentido de las normas tributarias o se eluda su aplicación bajo un manto de eventual legalidad. Así como la economía de opción no es elusiva, la planificación tributaria agresiva nunca estará cubierta por la economía de opción.

La elusión no es un problema de interpretación de la ley; es el uso de hechos actos o negocios jurídicos de forma impropia o abusiva, utilizar resquicios legales, erosionar bases imponibles o debilitar la potestad tributaria de un Estado, siempre de forma ilícita a la luz de la legislación tributaria. Las reglas de control de la planificación tributaria agresiva sean generales o especiales, buscan aplicar las normas tributarias en su verdadero sentido y alcance, manteniendo la potestad tributaria de las jurisdicciones respecto de los hechos que la ley ha establecido que se encuentran gravados con impuestos.

La planificación tributaria agresiva genera también externalidades negativas en la economía; por ejemplo, al incorporar figuras o estructuras societarias completamente desvinculadas de fines económicos, o alterando decisiones de negocios de forma artificial con el único objeto de obtener beneficios tributarios. De esta forma los comportamientos elusivos terminan por desviar recursos que podrían estar destinados a la mejora de procesos productivos, o a incrementar la productividad. La opacidad propia de este tipo de planificación impacta negativamente en el sistema económico y también afecta la moral tributaria, pues genera la sensación de que cierto tipo de contribuyentes, que cuentan con los recursos para contratar costosas asesorías, tienen la capacidad de decidir cuándo, cuánto y cómo pagan sus impuestos, eludiendo la obligatoriedad de estos, cuestión que vulnera los principios constitucionales de legalidad de los impuestos y la igual distribución de las cargas públicas.

Este proyecto de ley también busca fortalece la Defensoría del Contribuyente. La ley N° 21.210, estableció un plazo máximo de dos años para su entrada en vigencia. El nombramiento del primer Director ocurrió en noviembre de 2021, sólo tres meses antes del término del plazo establecido, por ello es sólo a partir del año 2022 que comenzó a estructurarse esta institución. Tras dos años de funcionamiento, se han detectado deficiencias en su estructura original que dificultan el ejercicio de sus funciones.

Es de suma relevancia que la Defensoría no enfoque su accionar exclusivamente en velar por los derechos del contribuyente sino también en implementar acciones que permitan que éstos –especialmente los pequeños contribuyentes- cumplan con sus obligaciones tributarias mediante el conocimiento de las normas, la forma de presentación de sus declaraciones y de relacionarse con la administración tributaria. Estas nuevas facultades son esenciales para un buen funcionamiento del sistema tributario, pues evitan o aminoran la comisión de errores por desconocimiento, más usual en pequeños contribuyentes o en quienes inician una nueva actividad, evitando horas de fiscalización que distraen no sólo al contribuyente sino también a la administración tributaria.

Por último, este proyecto también considera el fortalecimiento institucional de los diferentes servicios que componen la administración tributaria. El cumplimiento de las obligaciones tributarias no se obtiene exclusivamente con la modificación de las normas tributarias, sino también requiere que la administración tributaria se fortalezca tanto a nivel de acceso a nuevas tecnologías, como a nivel del personal que lo componen. El fortalecimiento institucional tiene un impacto directo en la recaudación tributaria, pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudación fiscal. Un estudio reciente [1] concluye que por cada dólar invertido en enforcement, se produce un aumento entre 8 y 11 dólares en el impuesto corporativo a partir de dos años realizada la inversión.

III. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley consta de 11 artículos permanentes que modifican distintos cuerpos legales, además de las disposiciones transitorias necesarias para su correcta implementación.

3. Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Las administraciones tributarias deben avanzar de forma periódica en procesos de modernización que permitan el mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización. Nuestra administración tributaria, conformada por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, deben modernizar la forma en cómo se relacionan con el contribuyente, así como realizar una actualización de una serie de normas que permiten fiscalizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las modificaciones en materia de modernización propuestas por este proyecto de ley son una continuación y expansión de las medidas impulsadas por la ley N°21.210 que Moderniza la legislación tributaria la que, por ejemplo, introdujo el expediente electrónico en los procedimientos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y permitió que una serie de actuaciones ante dicho organismo puedan hoy realizarse de forma remota.

La implementación de la notificación por correo electrónico aquí propuesta permitirá tanto un ahorro fiscal significativo, como también una mayor certeza en el conocimiento que el contribuyente tenga de las actuaciones de la administración, considerando la gran penetración de la tecnología y el acceso a internet móvil en el país. De todas formas, las normas procuran cautelar expresamente la situación de aquellos contribuyentes que no utilicen medios electrónicos de forma usual o no puedan acceder a ellos de forma habitual, manteniendo en estos casos la notificación por cédula o carta certificada.

En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se implementará el expediente electrónico, en línea con las modificaciones que han seguido los demás tribunales de justicia. Adicionalmente, se modifican los procedimientos judiciales permitiendo mayores espacios de conciliación y trasladando el procedimiento de reclamación de avalúo de bienes raíces al procedimiento general de reclamaciones, de forma de eliminar las falencias que el actual procedimiento genera tanto en detrimento del contribuyente como del interés fiscal.

También se impulsan una serie de medidas que actualizan las herramientas de fiscalización de la administración tributaria. Es el caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes. Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias.

Se introducen, además, ajustes al impuesto al lujo contenido en la ley 21.420, para permitir su correcta aplicación y regular por ley espacios que fueron dejados a regulación reglamentaria. Así, se establecen con mayor detalle las obligaciones de informar, así como las características que deben cumplir los bienes para quedar exentos del impuesto. Por último, la introducción y definición de un estándar de sostenibilidad fiscal busca incentivar la cooperación entre los contribuyentes y la Administración, reconociendo a aquellas empresas que buscan la cooperación mutua y la transparencia.

4. Control de la Informalidad

El comercio informal produce un profundo daño en la recaudación fiscal pues, sea por desconocimiento o de forma deliberada, se vulneran las obligaciones tributarias en todo ámbito; es decir, hay ausencia tanto de la información como de la declaración y pago de los impuestos que se desprenden de las operaciones informales. El avance de las tecnologías, así como un mayor acceso al comercio internacional, son parte -no las únicas- de las causas de nuevos fenómenos asociados al comercio informal.

Para poder detectar e implementar acciones que busquen formalizar a quienes caen en informalidad por desconocimiento, sancionar a quienes con una intención dolosa ejercen o promueven el comercio informal, y para lograr detectar y desbaratar los canales que nutren el comercio informal, es de vital importancia que la administración tributaria, en especial el Servicio de Impuestos Internos, pueda acceder a más y mejor información.

El presente proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias contiene una serie de medidas que buscan avanzar en un el combate del comercio informal, principalmente aquel que se desarrolla a gran escala. Por ello, se modifica el delito que sanciona el comercio clandestino, para sancionarlo cuando se cometa en cualquiera de sus formas. También se establece que las Municipalidades, órganos del Estado y proveedores de medios de pago electrónicos deberán exigir inicio de actividades a quienes interactúen con ellos. Asimismo, los bancos e instituciones financieras tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos cuando una persona reciba más de 50 transferencias de contribuyentes distintos dentro de un mes, dando cuenta de una potencial actividad comercial, lo que es una medida complementaria al recientemente aprobado artículo 85 bis sobre saldos bancarios, y a las modificaciones al secreto bancario.

Estas medidas se robustecen en conjunto con otras acciones impulsadas por el Gobierno y que impactan en la informalidad, como la ley N°21.632, que fortalece la legislación en materia de contrabando, promulgada en noviembre de 2023; el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N°15.975-25) y el proyecto de ley, recientemente aprobado por el Congreso, que establece la obligatoriedad de la iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior (Boletín N°16.466-05), todas iniciativas que forman parte de la Agenda Priorizada de Seguridad.

5. Delitos tributarios

Las nuevas formas de comercializar y la modernización del funcionamiento del Servicio hacen necesaria una actualización de la regulación de los delitos tributarios contenida en el Código Tributario. Asimismo, existen casos en los que la pena prevista para ciertos delitos es proporcionalmente baja si se consideran otros delitos que protegen bienes jurídicos idénticos o similares.

Este proyecto de ley propone modificaciones en esta línea. Por ejemplo, se incrementan las sanciones a quienes faciliten documentos tributarios falsos, sea o no para la comisión de delitos tributarios. También se redefine la conducta típica respecto de aquellos fiscalizadores que autoricen documentos tributarios para la comisión de delitos de esta naturaleza, considerando que actualmente dicha autorización, salvo excepciones, no se realiza de forma física sino mediante la autorización de folios en el sistema del Servicio de Impuestos Internos.

Este proyecto también avanza en la introducción de la figura de la colaboración sustancial, herramienta que promueve la autodenuncia de delitos tributarios que permitan desbaratar redes de evasión y comercio informal. Se establece un procedimiento de denuncia anónima que permita la detección y persecución de delitos tributarios; para ello el denunciante accederá a la protección de su identidad y a una retribución económica que corresponde a un porcentaje de las multas aplicadas al evasor cuando se obtenga una sentencia. Como contrapartida y para disuadir denuncias que tengan una finalidad distinta a la colaboración, se establece que las denuncias maliciosamente falsas tienen asimismo el carácter de delito. Cabe destacar que esta herramienta, del denunciante anónimo, ha tenido gran éxito en otras jurisdicciones; por ejemplo, en Estados Unidos la recaudación asociada a esta medida es de trescientos millones de dólares al año, sin considerar el evidente efecto disuasivo que genera.

6. Planificación tributaria agresiva

Dentro de las medidas que este proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias considera para mejorar el combate a la planificación tributaria agresiva se encuentra la modificación de la norma general antielusiva en dos niveles. Por un lado, se proponen modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma, regulando cuándo y cómo se aplica, además de explicitar la forma de interacción con las normas especiales antielusión. Para ello, se mantiene el principio de especialidad y se regula de forma expresa la situación en que la planificación agresiva busca justamente eludir la una norma especial, en cuyo caso la consecuencia natural es que se deben aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en la norma eludida.

Por otro lado, se explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto. A través de los distintos casos contemplados, se resguarda que respecto de una misma operación la administración tributaria sólo puede aplicar una norma de control de la elusión.

En el caso del abuso regulado en el artículo 4° ter, se incorpora el concepto de “impropio”, que según la doctrina es de la esencia del abuso puesto que este se acredita cuando las formas jurídicas utilizadas no se condicen con el efecto económico deseado por el contribuyente. Es decir, la impropiedad no debe ser vista como sinónimo de algo inusual, sino que se verifica cuando no existe una coherencia entre los actos jurídicos realizados por el contribuyente y los efectos económicos deseados a la luz de las normas tributarias, no habiendo, además, efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios.

Estas modificaciones son relevantes porque encuadran correctamente la norma considerando la doctrina en la materia, y ayudan a clarificar qué debe realizar tanto la administración tributaria como el contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos debe dar cuenta del uso impropio, a la luz de la legislación tributaria, de las formas jurídicas versus los efectos económicos deseados y verificar que, a partir de los antecedentes, no se vislumbran otros efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios. Por su parte, será el contribuyente, naturalmente, el que está en condiciones de presentar los antecedentes que den cuenta de la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes, o que las operaciones están dentro de la opción de conducta y alternativas contempladas en la legislación tributaria y que dicha opción o alternativa es razonable, según lo señalado actualmente en el inciso segundo del artículo 4 ter.

A nivel de procedimiento y siguiendo la abrumadora tendencia internacional, la calificación de abuso o simulación es realizada a nivel administrativo, por el Servicio de Impuestos Internos, quien deberá solicitar la intervención previa de un Consejo Asesor Consultivo, conformado por 7 miembros, ajenos a la administración, el cual deberá pronunciarse sobre la razonabilidad económica y jurídica de las operaciones sometidas a su análisis. El contribuyente mantendrá siempre su derecho de controvertir la decisión de la administración tributaria ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Este cambio se encuentra en línea con la manera en que opera la norma antielusiva en economías más desarrolladas y, por tanto, no puede ser vista como un retroceso. Tampoco implica que el Servicio de Impuestos Internos se transforme en juez y parte, puesto que este organismo no tiene ni se le entregan facultades jurisdiccionales, las cuales se mantienen plenamente en los Tribunales Tributarios y Aduaneros y en los tribunales superiores de justicia. En suma, este cambio no es otra cosa que llevar la decisión de una facultad fiscalizadora al órgano fiscalizador, como ocurre con la totalidad de los procedimientos llevados a cabo por el Servicio de Impuestos Internos.

En otros aspectos, se reestructura la norma de tasación y reorganizaciones empresariales, objetivando los criterios para su aplicación; definiendo qué se entiende por operaciones normales de mercado; y eliminando el concepto de “valor corriente en plaza”, cuyo alcance fue definido por vía de la interpretación administrativa sin reconocimiento legal. El proyecto también moderniza la aplicación de la norma para casos de reorganización empresarial, estableciendo los criterios para que exista neutralidad tributaria siempre que exista una legítima razón de negocios, cuya definición queda en la ley.

A nivel de tributación internacional, se introducen modificaciones en la norma sobre precios de transferencia, en especial para una mejor regulación de los acuerdos anticipados de precios y los efectos tributarios de los ajustes de precios realizados por la administración tributaria o por el propio contribuyente, que quedarán radicados exclusivamente a nivel de impuesto a la renta. También se establecen nuevos criterios para considerar a una jurisdicción o territorio como preferencial o nocivo en base a las últimas recomendaciones internacionales.

En materia de impuesto a la herencia y donaciones, se reemplaza la norma de valoración de activos dotándola de reglas claras y acordes a la realidad actual, y se incluyen como hecho gravado las donaciones revocables, para evitar operaciones abusivas. También se introducen modificaciones en materia de donaciones del derecho real de conservación sobre inmuebles, para regular correctamente sus efectos tributarios particularmente cuando las donaciones son por un plazo determinado.

7. Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente

Dentro de las nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente se encuentra la posibilidad de asesorar y representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, en este último caso pudiendo representar en la interposición del recurso de resguardo. De esta forma, la Defensoría pasa a tener atribuciones para actuar ante los tres organismos que conforman la administración tributaria.

Para mejorar la labor de asesoría y educación, se permite que la Defensoría acceda a información sujeta a secreto tributario para el ejercicio de sus funciones, debiendo en todo caso señalar con claridad los fines para los cuales requiere la información y los funcionarios que accedan a esta información quedarán sujetos a las mismas sanciones que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y/o el Servicio de Tesorerías. Por otro lado, se regula de mejor forma los actos sobre los cuales puede ejercer representación y se introducen modificaciones para hacer más viable el procedimiento de mediación que puede realizar entre el Servicio de Impuestos Internos y un contribuyente.

Por último, se permite a la Defensoría representar a los contribuyentes en los procedimientos de vulneración de derechos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

8. Regularización de obligaciones tributarias

El presente proyecto de ley contiene medidas permanentes y otras transitorias cuyo objeto es permitir la puesta al día y regularización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Dentro de las primeras se encuentra la modificación en la forma de cálculo de la tasa de interés, que pasará a ser una tasa semestral que toma como base la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en 3,5%. En la misma línea, se otorgan mayores flexibilidades para la suscripción de convenios de pago con el Servicio de Tesorerías, estableciendo además un régimen especial para Mipymes, que podrán acceder a convenios con un plazo de hasta 18 meses con un pie que no supere el 5% de la deuda y con condonación de intereses y multas. Por último, se reestructura el procedimiento de declaración de deudas incobrables y se crea un procedimiento administrativo que permitirá la declaración de la prescripción de deudas sin necesidad de un procedimiento judicial.

A su vez, se incluyen cuatro medidas transitorias que apuntan al mismo objetivo antedicho. En primer lugar, se establece un procedimiento para reconocer capitales mantenidos en el exterior y no declarados en Chile, mediante el pago de un impuesto sustitutivo con tasa de 12%, que dará cumplimiento a todas las obligaciones tributarias adeudadas. El no haber utilizado el procedimiento de repatriación será considerado como una agravante para quienes no se acojan a esta medida y sean detectados por la administración tributaria con posterioridad.

En segundo lugar, y siguiendo la iniciativa contenida en la ley N° 21.210, se establece la posibilidad de poner término anticipado a los juicios tributarios sin importar la etapa en que se encuentren, siempre que se proceda al pago de los impuestos adeudados. Ello, además, conllevará la condonación de la totalidad de los intereses y multas asociados, con la posibilidad de firmar un convenio de pago con el Servicio de Tesorerías.

En tercer lugar, se establecerá durante el año 2024 una última ventana para la suscripción de convenios de pago preferentes con el Servicio de Tesorerías, que considere un máximo de 48 cuotas y condonación de intereses y multas. Por último, por única vez y de manera excepcional se declarará la incobrabilidad y prescripción de las deudas tributarias de una antigüedad mayor a 10 años, en consideración a la escasa posibilidad de recuperabilidad.

9. Fortalecimiento institucional y probidad

El proyecto de ley considera el fortalecimiento de los distintos órganos de la administración tributaria y de la Defensoría del Contribuyente que incluye el fortalecimiento tecnológico y de personal. Por ejemplo, a nivel de fortalecimiento tecnológico en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se aumentará su capacidad para el procesamiento de datos y la implementación de inteligencia artificial para identificar de forma más eficiente las áreas que requieren mayor fiscalización o comportamientos anómalos. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas se fortalece sus capacidades para la renovación, mantención y/o adquisición de equipos que permita una mayor presencia en los pasos fronterizos para realizar el escaneo de los bienes que ingresan al país y una mejor integración de sus sistemas.

Por su parte, todos quienes cumplen funciones tanto en la administración tributaria como en los órganos judiciales especializados deben someterse a altos grados de probidad, no sólo por el acceso a información sensible sino también para establecer mecanismos que impidan, dificulten y/o detecten la corrupción de la función pública. Por eso, el proyecto de ley contiene normas que elevan el estándar de probidad y las sanciones para quienes incumplan estas medidas. En el caso del Servicio de Impuestos Internos se establece que este órgano podrá acceder a las comunicaciones que se realizan a través de las herramientas institucionales tales como el correo electrónico o la obligación que tendrán los funcionarios de asistir a reuniones con contribuyentes siempre en compañía de otro funcionario. En el caso de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros se incrementan las exigencias respecto a la declaración anual de intereses y patrimonio, debiendo incluir al cónyuge, conviviente civil, y sus hijos sujetos a patria potestad y se señala expresamente que el incumplimiento de esta obligación será considerado una falta grave a la probidad. por último, se establece dentro de las funciones de la Unidad Administrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, realizar la denuncia de los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios.

En los artículos transitorios se considera el régimen de gradualidad de las modificaciones legales en aquellos casos que requieren un periodo de implementación antes de su entrada en vigencia. Asimismo, se consideran las normas que permitirán el fortalecimiento institucional del Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Aduanas mediante la delegación de facultades para la elaboración de un decreto con fuerza de ley en los términos establecidos en las normas transitorias.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso final del artículo 3° la palabra “rija” por la frase “se determine según la regla vigente”.

2) Modifícase el artículo 4° bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “negocios” y “realizados”, la palabra “jurídicos”.

b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i) Intercálase entre las palabras “dichos” y “actos”, la expresión “hechos,”.

ii) Remplázase la frase “de los hechos imponibles” por la frase “de las obligaciones tributarias”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto, la frase “las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4° ter y 4° quáter”, por la frase “se aplicará dicha norma y no los artículos 4° ter y 4° quáter, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“Serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando, mediante el abuso o la simulación, se eluda la aplicación de una norma especial. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de la norma especial eludida.”.

e) Agréganse, a continuación del inciso quinto, los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“También serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos, aun cuando, respecto de uno o más de ellos, individualmente considerados, pueda aplicarse una norma especial para evitar la elusión. En estos casos las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de los artículos 4° ter y 4° quáter según corresponda.

Cuando respecto de un hecho, acto o negocio jurídico se hubiese aplicado una norma especial para evitar la elusión, dicho hecho, acto o negocio no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento por aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Los hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se hubiese aplicado la norma general antielusión no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva, salvo para lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo.

Los plazos de prescripción previstos en los artículos 4° quinquies y 59, tratándose de un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se declare la existencia de elusión, comenzarán a correr una vez realizado el último de dichos hechos, actos o negocios jurídicos.”.

3) Modifícase el artículo 4° ter en el siguiente sentido:

a) En su inciso primero:

i) Reemplázase la frase “Los hechos imponibles contenidos” por “Las obligaciones tributarias contenidas”.

ii) Reemplázase la palabra “eludidos” por “eludidas”.

iii) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos que,” por la frase “Hay abuso en materia tributaria cuando de forma impropia se evite la realización del hecho gravado, se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También hay abuso de las formas jurídicas cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se acceda de forma impropia a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase, en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto que le sigue, la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.

4) Modifícase el artículo 4° quáter en el siguiente sentido

a) Reemplázase, la expresión “actos o negocios simulados” por la frase “hechos, actos o negocios jurídicos simulados, además de la multa establecida en los términos del artículo 100 bis.”.

b) Reemplázase la frase “actos y negocios jurídicos de que se trate” por “hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos”.

c) Intercálase, entre la expresión “nacimiento” y el punto que le sigue, la expresión “o se simulen hechos, actos o negocios jurídicos para acceder de forma impropia a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial”.

5) Sustitúyese el artículo 4º quinquies por el siguiente:

“Artículo 4° quinquies.- La existencia de abuso o simulación será declarada administrativamente por el Servicio, mediante resolución fundada del Director cuando el Comité Antielusión establezca la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter en virtud del procedimiento establecido en el presente artículo. El Comité Antielusión estará conformado por el Director y las personas que tengan a su cargo las subdirecciones de fiscalización, jurídica y normativa.

Para la declaración de elusión, el Servicio deberá citar al contribuyente en los términos del artículo 63, pudiendo solicitar todos los antecedentes que estime necesarios respecto a los hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión, en los términos del inciso tercero de dicho artículo, incluidos aquellos que sirvan para el establecimiento de la multa dispuesta en el artículo 100 bis. En la citación deberá constar que el procedimiento se instruye según lo dispuesto en el presente artículo, y se deberá indicar si pueden también ser aplicables una o más normas especiales antielusivas respecto de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión. Si el procedimiento de fiscalización se hubiere iniciado por una materia distinta, procederá lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 59. Si en el procedimiento anterior ya se hubiese citado al contribuyente, dicha citación se conciliará, debiendo emitirse una nueva citación según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 63. El procedimiento de fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas Generales Antielusión en coordinación con la Dirección Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según corresponda.

En la respuesta a la citación el contribuyente deberá aportar los antecedentes que den cuenta que en las operaciones analizadas existen efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los tributarios, o que las operaciones se encuentran dentro de las opciones o alternativas que contempla la legislación tributaria y que dicha opción o alternativa es razonable o los elementos que permitan dar cuenta que no existen actos simulados, sin perjuicio de aportar los demás antecedentes que considere pertinentes y necesarios para soportar su posición frente al Servicio.

Finalizada la etapa de fiscalización y dentro de los plazos de prescripción, se deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los antecedentes analizados, los argumentos del contribuyente y los fundamentos para calificar los hechos, actos o negocios jurídicos, o un conjunto o serie de ellos, como constitutivos o no de elusión. El informe deberá ser firmado por los fiscalizadores a cargo de la fiscalización y por el jefe del Departamento de Normas Generales Antielusión.

Cuando el informe dé cuenta de la existencia de elusión, según lo dispuesto en los artículos 4° ter o 4° quáter, y siempre que el resultado de su aplicación resulte en diferencias de impuestos determinadas provisoriamente que excedan al equivalente a 250 unidades tributarias mensuales; o se reduzca una pérdida tributaria; se pierda un beneficio tributario; o implique la exclusión de un régimen tributario especial, este será presentado al Comité Antielusión. El mismo informe podrá también recomendar la aplicación de una norma especial antielusión, procediendo la Dirección Regional correspondiente a emitir las liquidaciones o resoluciones que correspondan, siempre que se hubiese citado al contribuyente dentro de los plazos establecidos en el artículo 59. En caso de que el informe establezca que no existe elusión, se certificará el término del proceso de fiscalización en los términos del inciso quinto del artículo 59.

Recibido el informe por el Comité Antielusión, éste tendrá un plazo de 15 días desde dicha recepción para solicitar la intervención del Consejo Asesor Consultivo, al que se refiere el artículo 4° sexies, para lo cual enviará el informe y los demás antecedentes del proceso de fiscalización a su coordinador. El Comité Antielusión podrá no requerir la intervención del Consejo Asesor Consultivo recomendando la aplicación de una norma especial antielusiva o determinar el cierre del procedimiento, cumpliendo lo dispuesto en el inciso anterior.

El Consejo Asesor Consultivo tendrá un plazo de 60 días, contado desde la recepción del informe, ampliable por hasta 30 días adicionales por decisión de su coordinador, para emitir una opinión fundada sobre si las operaciones sometidas a su conocimiento tienen o no razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria. Desde el envío de los antecedentes al Consejo Asesor Consultivo y hasta la recepción de su opinión se suspenderá el plazo de prescripción indicado en el artículo 200, para lo cual se dejará constancia de ambos hechos en el expediente electrónico del contribuyente.

Dentro del plazo de 30 días desde recibida la opinión del Consejo Asesor Consultivo, el Comité Antielusión establecerá la procedencia o improcedencia de la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Si el Consejo Asesor Consultivo considera que las operaciones tienen razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria, y el Comité Antielusión acuerda aplicar los artículos 4° ter o 4° quáter, se deberá dejar constancia, en la resolución prevista en el inciso siguiente de los fundamentos por los cuales, en su opinión, no existe razonabilidad económica o jurídica considerando la legislación tributaria aplicable.

Cuando el Comité Antielusión establezca la existencia de abuso o simulación, el Director procederá a dictar una resolución que deberá señalar los hechos, actos o negocios jurídicos abusivos o simulados, y los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda la calificación de abuso o simulación. Además, el Departamento de Normas Generales Antielusión procederá a notificar la liquidación, resolución o giros respectivos. Si el Comité Antielusión resuelve que no existe elusión, se certificará el término del procedimiento según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 59, y los hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que recaiga no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva.

La resolución que declare la elusión junto a las liquidaciones, resoluciones o giros en los que incida, serán objeto de la reclamación prevista en el artículo 124 y siguientes del Código Tributario. No procederá en su contra la interposición de recursos administrativos.

Para el correcto cumplimiento de los plazos establecidos, se deberá dejar constancia de todas las etapas del procedimiento contenido en el presente artículo en el expediente electrónico que se lleve al efecto. El Servicio, mediante resolución, regulará el procedimiento a que se refiere este artículo.”.

6) Agrégase a continuación del artículo 4 quinquies el siguiente artículo 4° sexies, nuevo:

“Artículo 4° sexies.- El Servicio contará con un Consejo Asesor Consultivo cuyas funciones serán:

a) Emitir una opinión técnica sobre la razonabilidad económica y jurídica, considerando la legislación tributaria aplicable, de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a su análisis, cuando el Comité Antielusión lo requiera. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo actuará en ternas designadas por el coordinador.

b) Emitir una opinión técnica sobre el catálogo de esquemas tributarios a que se refiere el número 19° del artículo 8, a requerimiento del Director.

En ningún caso las opiniones del Consejo serán vinculantes para el Comité, para el Director ni para el Servicio.

La organización y el funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo y la interacción entre el mismo y el Servicio serán reguladas por un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.

A. Composición del Consejo Asesor Consultivo

El Consejo Asesor Consultivo contará con un coordinador y 7 consejeros. El coordinador será designado por el Director, previo concurso público. El coordinador del Consejo será una persona de destacada trayectoria en el ámbito tributario, y su cargo será remunerado y compatible exclusivamente con labores académicas, siempre que no excedan de 12 horas semanales.

Las funciones del coordinador serán las siguientes:

i. Informar al Comité Antielusión o al Director de las opiniones que emitan las ternas o el Consejo.

ii. Designar la terna que deberá emitir su opinión para lo dispuesto en el literal a) anterior.

iii. Participar de las reuniones que la terna realice para el análisis de un caso sometido a su revisión.

iv. Convocar al Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

v. Participar de las sesiones que realice el Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

vi. Velar por la confidencialidad de la información en poder del Consejo.

vii. Proponer al Director los consejeros a designar.

viii. Las demás que señale la ley y el reglamento.

Los consejeros serán designados por el Director, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador, y deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.

No podrán ser nombrados miembros del Consejo Asesor Consultivo quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito, o hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada. Los miembros que incurrieren en lo dispuesto en el presente inciso con posterioridad a su nombramiento perderán dicha calidad de pleno derecho, debiendo el Director nombrar a un reemplazante por el período restante.

Los consejeros deberán guardar estricta reserva de los casos sometidos a su consideración, en especial, no podrán sostener ningún tipo de contacto con el contribuyente respecto del cual se estén analizando operaciones. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la destitución del cargo y una multa de 1.000 UTM.

B. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Comité Antielusión

Recibido un requerimiento desde el Comité Antielusión el coordinador deberá, dentro de los 15 días siguientes, conformar una terna, entre los consejeros, para el análisis de los hechos sometidos a su consideración. Para la elaboración de la terna el coordinador deberá considerar las características del caso sometido a su consideración, la trayectoria de los consejeros y potenciales conflictos de interés.

El coordinador deberá notificar a los consejeros de su designación, informando el contribuyente y tema sobre el que se deberá emitir la opinión, debiendo el consejero designado informar de inmediato sobre potenciales conflictos de interés. Si alguno de los consejeros designados informare de algún potencial conflicto de interés, el coordinador designará a otro consejero en su reemplazo para la conformación de la terna.

Si el coordinador no pudiere conformar una terna producto de los conflictos de interés de los consejeros, el caso podrá ser analizado por los consejeros que no tengan conflicto de interés los que no podrán ser menos que dos.

Conformada la terna, el coordinador enviará el informe y los antecedentes a sus miembros y citará a una primera reunión para efectuar una exposición del caso y determinar la forma de trabajo.

La terna podrá reunirse las veces que considere necesario, así como requerir información adicional o aclaratoria para que el coordinador la solicite al Comité. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los consejeros de la terna, debiendo dejarse constancia, en todo caso, de lo discutido en las reuniones y de las opiniones disidentes. Las opiniones del Consejo no serán de carácter público mientras que dure el procedimiento administrativo o el judicial cuando el contribuyente hubiere deducido reclamo.

Desde la recepción del informe y los antecedentes la terna tendrá 45 días, ampliables por 30 días adicionales a decisión del coordinador, para emitir su opinión. Si el coordinador decidiere ampliar el plazo, deberá informar de ello al Comité Antielusión.

Una vez que la terna emita su opinión, el coordinador contará con 3 días para remitirla al Comité Antielusión. Junto con la opinión de la terna, el coordinador deberá remitir las actas de las reuniones de la terna y las solicitudes y respuestas que haya realizado la terna al Servicio.

C. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Director

Recibido un requerimiento del Director, el coordinador deberá convocar al Consejo para el análisis del catálogo de esquemas tributarios sometido a su consideración, enviando a los consejeros la propuesta de catálogo recibido.

Las decisiones que tome el Consejo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, debiendo dejarse constancia en todo caso, de lo discutido en las sesiones y de las opiniones disidentes, si las hubiere.

Desde la recepción de la solicitud el Consejo tendrá 30 días para emitir su opinión y remitirla al Director. Junto con la opinión del Consejo, el coordinador deberá remitir las actas de las sesiones del Consejo referidas al requerimiento respectivo.

D. Obligaciones del coordinador y los consejeros

Les serán aplicables al coordinador y los consejeros, en el ejercicio de sus funciones, las normas de probidad contenidas en las disposiciones del título III, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880, y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880.

Asimismo, los consejeros deberán presentar de forma anual una Declaración de Intereses al Director que dé cuenta, al menos, de lo siguiente:

i. Entidades en las cuales tenga facultades de administración, representación o dirección;

ii. Contribuyentes a los cuales hayan prestado asesoría o hayan representado dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración;

iii. La identificación de su empleador, cuando corresponda;

iv. La identificación de juicios en tramitación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros o los tribunales superiores de justicia, en materias tributarias o aduaneras en los cuales haya asumido la representación de un contribuyente o de las personas indicadas en el numeral i o en el que éstas tengan la calidad de reclamantes.

La información de los numerales i y ii deberán proporcionarla también sobre su cónyuge o conviviente civil y parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

El coordinador y los consejeros deberán informar al Director dentro de los 3 días siguientes contados desde que tomen conocimiento, de los siguientes hechos:

i. Cualquier modificación de los hechos informados en la Declaración de Intereses.

ii. La existencia de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas respecto de él o ella, de su cónyuge o conviviente civil, de sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, o de entidades en las que mantenga una participación igual o superior a un 10% sobre el capital o las utilidades o respecto de las que tenga facultades de administración, representación o dirección.

iii. Que su empleador o una entidad en la cual tenga más de un 10% de participación sobre el capital o las utilidades, o respecto de la cual tiene facultades de dirección o administración, se encuentra prestando servicios a un contribuyente en un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas, o ha asumido la representación judicial en materias tributarias o aduaneras.

iv. La existencia de una querella, acusación o requerimiento en su contra, un proceso penal formalizado en su contra, o haber sido condenado por crímenes o simples delitos.

E. Incompatibilidades, inhabilidades y pérdida de la calidad de miembro

Los consejeros perderán la calidad de tales y quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente de consejeros, en los siguientes casos:

a. Expiración, por el solo ministerio de la ley, del plazo por el que fue designado, incluyendo el período por el que fue renovado, cuando corresponda.

b. Presentación de renuncia voluntaria.

c. Incapacidad física o síquica que le impida absolutamente el desempeño del cargo. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

d. Fallecimiento.

e. Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada.

f. Haber sido sancionado por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas.

g. Falta grave en el desempeño de sus funciones, calificada por el Director. Concurrirá especialmente esta causal, en los casos a que se refiere el inciso subsiguiente.

h. Infringir el principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

Si faltare algún consejero por alguna de las causales establecidas en los literales b), c), d), e), f), g) o h) del inciso anterior, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento correspondiente. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el período del miembro reemplazado.

Los Consejeros incurrirán en falta grave en el desempeño de sus funciones, entre otros casos, cuando:

a. No presente declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880.

b. No presente la Declaración de Intereses a la que se refiere el literal D del presente artículo.

c. Ejerciere vías de hecho contra otro miembro o funcionario del Consejo.

d. Cometiere alguna conducta que obstaculice o dificulte gravemente el normal funcionamiento del Consejo.

e. Divulgue información o antecedentes que reciba en su calidad de consejero o permita el acceso de terceros no autorizados.

F. Delitos

Los Consejeros tendrán la calidad de empleados públicos para efectos de lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal.”.

7) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en su literal A, a continuación del numeral 8º los siguientes numerales 9º, y 10º, y 11°, nuevos:

“9º. Dictar la resolución que califica uno o más hechos, actos o negocios jurídicos como elusivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies.

10º. Nombrar a los consejeros y al coordinador del Consejo Consultivo Asesor.

11°. Dictar la resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo, dentro del procedimiento de mediación a que se refiere el Párrafo IV de la ley Orgánica de la Defensoría Nacional del Contribuyente.”.

b) Modifícase su literal B en el siguiente sentido:

i) Modifícase el párrafo segundo del numeral 5° en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter”.

- Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la oración: “Tampoco podrá resolver peticiones administrativas que recaigan sobre las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos dictados de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies de la presente ley.”.

ii) Agrégase, a continuación del numeral 10°, el siguiente numeral 11º, nuevo:

“11º. Llevar adelante procedimientos de fiscalización, revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país, los que podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos, cuando sea instruido por el Director o Subdirector respectivo.”.

8) Modifícase el artículo 8º en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el numeral 14º por el siguiente:

“14º Por “grupo empresarial” el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

a) Una empresa o entidad y su controlador;

b) Todas las empresas o entidades que tienen un controlador común, y este último, y

c) Toda empresa o entidad que determine el Servicio, por resolución, considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que un porcentaje significativo del activo de la empresa o entidad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en empresas, acreencias o garantías;

2. Que la empresa o entidad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;

3. Que la empresa o entidad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial, y

4. Que la empresa o entidad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial.

Contra la resolución que declare a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial, procederá el recurso establecido en el artículo 123 bis y la reclamación en los términos del artículo 124.

Si, como consecuencia de la calificación de grupo empresarial en virtud del literal c) anterior, procede la determinación de diferencias de impuestos, se deberá emitir conjuntamente a la resolución señalada en el párrafo anterior, la respectiva liquidación. En caso de que el contribuyente deduzca un reclamo deberá reclamar conjuntamente la resolución que declara a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial y las liquidaciones que procedan en virtud del presente párrafo.

Todo grupo empresarial deberá designar un “apoderado de grupo empresarial”, entendiéndose por este a la persona natural que designe e informe un grupo empresarial para mantener las comunicaciones y coordinación con el Servicio, a efectos de llevar a cabo las medidas de colaboración a que se refiere el artículo 33. Lo anterior es sin perjuicio del procedimiento de fiscalización establecido en el artículo 59 ter que se regirá por las reglas allí contenidas, en especial respecto del procedimiento para efectuar las notificaciones.”.

b) Intercálase, en el párrafo sexto del numeral 16º, entre las expresiones “35 de” y “la ley N°19.628”, la expresión “este Código y en”.

c) Agrégase en el numeral 17º, a continuación del literal f), el siguiente literal g), nuevo:

“g) El o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

No se considerarán como relacionados las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.”.

d) Agrégase, a continuación del numeral 17°, siguiente numeral 18°, nuevo:

“18°. Por “Sostenibilidad tributaria”, al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el Servicio en un registro creado para tales efectos, acreditando que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El Servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto.

Asimismo, el Servicio podrá firmar acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación establecida en el párrafo anterior. El Servicio, mediante resolución, establecerá el contenido mínimo que deben contener estos acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad tributaria.

El Servicio mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y RUT de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este número.”.

e) Agrégase, a continuación del numeral 18°, nuevo, el siguiente numeral 19°, nuevo:

“19° Por “Catálogo de Esquemas Tributarios”, el documento que elabora y publica periódicamente el Servicio, en línea con sus planes de fiscalización y de acuerdo con su experiencia acumulada, con fines informativos.”.

9) Modifícale el artículo 8 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese el numeral 5 por el siguiente:

“5°. Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, respecto de los mismos hechos o impuestos, en los términos del artículo 59.”.

ii) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, ni de los procedimientos del artículo 4° quinquies”.

- Intercálase entre la palabra “tributarias” y el punto aparte que le sigue, la frase “, pudiendo en todo caso acceder a ella”.

iii) Agregáse en su numeral 16º, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Asimismo, el Servicio deberá informar en el sitio personal del contribuyente todas las actuaciones, requerimientos o interacciones que éste registre con el Servicio de manera actualizada, para efectos de su conocimiento y seguimiento.”.

iv) Agrégase, a continuación del numeral 19°, el siguiente numeral 20º, nuevo:

“20° Que el Servicio mantenga, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan comparecer a las actuaciones de forma remota y permitir el aporte de documentos o antecedentes de forma digital o física. Asimismo, deberá facilitar el cumplimiento de las obligaciones de forma electrónica para aquellos contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos necesarios para tales fines, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos.”.

b) Elimínase en su inciso segundo la palabra "Nacional”.

c) Intercálase en su inciso tercero, entre la palabra “Regional” y la expresión “se podrá”, la frase “o el Director, en su caso,”.

10) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Asimismo, los contribuyentes podrán conferir mandato a una o más personas naturales para realizar trámites de carácter tributario en su nombre en el sitio web del Servicio, debiendo éstas autenticarse con su propio rol único tributario y clave tributaria. Los mandatarios establecidos bajo esta modalidad y los representantes legales informados ante el Servicio, de conformidad al artículo 68 del Código Tributario, se entenderán facultados para actuar en todo procedimiento administrativo electrónico ante el Servicio y el Servicio de Tesorerías, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo.”.

b) Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “representación” y la coma que le sigue, la frase: “, sea por revocación o renuncia”.

ii) Reemplázase la frase “el artículo 13 o 14, según corresponda” por la frase “las reglas generales”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si con ocasión de la revocación o renuncia un contribuyente quedara sin representante o mandatario para realizar notificaciones, éstas se realizarán en virtud del artículo 11 ter hasta que el contribuyente nombre a un nuevo representante o mandatario.”.

11) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Las notificaciones que el Servicio deba practicar se realizarán por correo electrónico, a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en el sitio personal del contribuyente. No procederá esta forma de notificación cuando el contribuyente no haya informado un correo electrónico o cuando una disposición legal ordene una forma distinta de notificación. Tampoco será aplicable la notificación por correo electrónico respecto de contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, cuando presenten una solicitud ante el Servicio con los antecedentes que acrediten que se encuentran en alguna de estas situaciones, la cual deberá ser resuelta dentro del plazo de 30 días desde su presentación.

Quienes no hayan registrado un correo electrónico ante el Servicio, se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el inciso primero o estén domiciliados en zonas o comunas donde existe baja o nula conectividad, deberán ser notificados personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación.

Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico conforme al inciso primero, el Servicio igualmente deberá remitir copia de aquélla al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.

En los casos que la notificación deba ser realizada por carta certificada, ésta podrá ser entregada por el funcionario o trabajador de las empresas de correos que realice la gestión, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.”.

b) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase “, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda”.

12) Modifícase el artículo 11 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “contribuyente”, la primera vez que aparece, y la expresión “, quien”, la expresión “en su sitio personal”.

ii) Intercálase entre la expresión “68.” y la palabra “Cualquier”, la frase “La referida modificación producirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que sea informada al Servicio.”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el actual inciso cuarto a ser tercero.

13) Modifícase el artículo 26 bis en el siguiente sentido:

a) Incorpórase, en el inciso primero, a continuación del primer punto seguido, la oración: “Tratándose de consultas relativas a normas especiales antielusivas, el consultante deberá señalar específicamente sobre cuáles de ellas solicita el pronunciamiento, restringiéndose la consulta y la respuesta otorgada únicamente a la norma especial antielusiva sobre la cual se haya consultado”.

b) Intercálase, entre la expresión “antielusivas” y el punto final, la frase “sobre las cuales se haya consultado”.

14) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 33 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para la realización de las actuaciones descritas en el numeral iii anterior el Servicio deberá previamente enviar un aviso al contribuyente mediante correo electrónico, el que también deberá ser publicado en el sitio personal del contribuyente, sin que el incumplimiento de esta última obligación afecte la validez del acto. El aviso deberá contener las siguientes menciones:

a) La individualización del funcionario a cargo de la actuación.

b) La indicación de que se trata de medidas preventivas y de colaboración ejecutadas en el marco de este artículo y que por tanto no constituyen un procedimiento de fiscalización.

c) La indicación de que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

d) El plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan.

El Servicio, mediante resolución, establecerá el plazo para efectuar los avisos establecidos en el inciso anterior y los medios expeditos para realizarlos.”.

15) Modifícase el numeral 2 del artículo 33 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el literal a) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la frase “inversiones en el exterior:”, la primera vez que aparece.

ii) Elimínase la frase “Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos.”.

b) Modifícase el literal b) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la expresión “inversiones en Chile:”.

ii) Reemplázase la expresión “presente ley” por la expresión “ley sobre Impuesto a la Renta”.

c) Reemplázase en el encabezado de su literal B) la frase “deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:” por la oración: “o la persona natural o entidad, constituida, domiciliada o residente en Chile que tenga calidad de controladora, en los términos indicados en el número 17 del artículo 8° del Código Tributario, respecto a un constituyente o "settlor", beneficiario, "trustee" o administrador de un "trust", cuando éstos se encuentren constituidos, sean residentes o estén domiciliados en el extranjero. Para estos efectos, se deberá informar, en la forma que determine el Servicio por resolución, lo siguiente, según sea aplicable conforme a la legislación extranjera:”.

16) Modifícase el artículo 53 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal diario, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos o contribuciones. El interés penal será determinado a partir de la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en tres coma cinco por ciento. Este interés se calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el inciso primero y se determinará por cada día de retraso.”.

b) Agréganse, a continuación del inciso tercero, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para determinar el interés penal indicado en el inciso anterior se deberá considerar la tasa de interés semestral que resulte aplicable según el período trascurrido entre el vencimiento del impuesto o contribución respectivo y la fecha del pago efectivo de los mismos. La tasa de interés así determinada se dividirá por trescientos sesenta y se multiplicará por la cantidad de días de retraso que transcurran en cada semestre a partir de la fecha de vencimiento del impuesto o contribución hasta la fecha del pago efectivo de éstos, o parte de ellos. Para estos efectos el Servicio mediante resolución fijará la tasa de interés vigente para cada semestre. La resolución será publicada en el sitio web del Servicio los meses de junio y diciembre de cada año y regirá por el semestre que inicia el mes siguiente al de su publicación.

Cuando la mora en el pago de un impuesto o contribución, o de una parte de ellos, sea por un plazo mayor a un semestre, el interés penal total a aplicar corresponderá a la sumatoria de las tasas individuales determinadas en la forma descrita en el inciso cuarto.

La tasa de interés determinada según los incisos anteriores el contribuyente podrá solicitar la emisión del giro correspondiente el cual estará vigente por un plazo de 5 días. Vencido el plazo será necesario actualizar los intereses en conformidad al presente artículo.”.

17) Intercálase en el artículo 55, entre las palabras “tasa” y “vigente”, la frase “que se determine según la regla”.

18) Agrégase en el artículo 56 el siguiente inciso final, nuevo:

“No procederá la condonación establecida en el presente artículo respecto de contribuyentes que hayan sido condenado por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio.”.

19) Sustitúyase el artículo 59 por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización. Sin embargo, no podrá efectuar nuevos procedimientos de fiscalización, ni por el mismo periodo ni en los periodos siguientes, respecto de operaciones, transacciones y/o sobre hechos que ya han sido objeto de un proceso de fiscalización, salvo las excepciones siguientes:

a) Que se trate de un nuevo requerimiento, efectuado por el mismo período tributario o en los periodos siguientes, que tenga por objeto la fiscalización de hechos nuevos o de la correcta determinación de impuestos distintos de los que fueron objeto del procedimiento primitivo.

b) Cuando aparezcan nuevos antecedentes que puedan dar lugar a:

i. Un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161;

ii. Un procedimiento de fiscalización ajustado a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies;

iii. Un procedimiento de fiscalización por aplicación del artículo 41 G o 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

iv. Que los nuevos antecedentes tengan como origen una respuesta a una solicitud de información efectuada a alguna autoridad extranjera.

Para fines de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá por procedimiento de fiscalización aquel iniciado por un requerimiento de conformidad a este artículo en el cual, en base a la revisión de los antecedentes presentados por el contribuyente en respuesta a dicho requerimiento y/o de aquellos disponibles en las bases de información del Servicio, se haya citado al contribuyente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63. No se considerarán procedimientos de fiscalización aquellas revisiones iniciadas por medios distintos de la citación del artículo 63, salvo que hayan concluido formalmente con un giro, liquidación o resolución; o con una rectificación o certificación, cuando en virtud de éstas últimas se hayan aceptado los hechos o partidas objeto de la revisión.

Iniciado un procedimiento de fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición, para llevar a cabo actuaciones de fiscalización. El funcionario a cargo deberá, dentro de los 10 días siguientes, contados desde que recibió los antecedentes, emitir dicha certificación. Transcurrido el plazo sin que el funcionario a cargo efectúe la certificación respectiva, se entenderán por acompañados sin más trámite, iniciándose el cómputo del plazo de nueve meses.

Dentro de los plazos de fiscalización establecidos en el presente artículo el Servicio podrá, alternativamente, llevar a cabo las siguientes actuaciones: citar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, liquidar, emitir una resolución o formular giros, cuando corresponda, o bien certificar, si el contribuyente así lo solicita, que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización.

El plazo de fiscalización para citar, liquidar, emitir una resolución o formular giros será de doce meses en los siguientes casos:

a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia;

b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior;

c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial, y

d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo será de 18 meses, en los siguientes casos:

a) Cuando se apliquen los artículos 10, 41 F 41 G y 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

b) En los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies;

c) Cuando se aplique el artículo 63 de la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones;

d) En aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161, y

d) Cuando se requiera información de una autoridad extranjera.

Los plazos de 12 y 18 meses indicados en los dos incisos anteriores podrán ser ampliados por una sola vez, por un plazo de 6 meses, por resolución fundada. Las referidas resoluciones deberán ser emitidas en cumplimiento del derecho establecido en el artículo 8º bis Nº 4 y deberán ser notificadas al contribuyente a más tardar el último día del plazo original que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda. Respecto de dichas resoluciones no procederá el recurso de reposición administrativa voluntaria del artículo 123 bis ni el reclamo judicial establecido en el artículo 124.

Si dentro de los plazos señalados en los incisos cuarto y quinto, más su ampliación cuando corresponda, y del análisis de los antecedentes presentados en respuesta al requerimiento de antecedentes efectuado en virtud del presente artículo se estima procedente la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, por tratarse de alguno de los casos señalados en los artículos 4º ter o 4º quáter, deberá notificarse la resolución, al contribuyente, a más tardar el último día del plazo que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda, que informa que el procedimiento iniciado continuará bajo dicha normativa, en cuyo caso será aplicable el plazo establecido en inciso sexto más su ampliación si corresponde, debiendo en todo caso considerarse el plazo ya transcurrido.

Por su parte, si dentro de los plazos señalados la unidad del Servicio que lleva a cabo un procedimiento de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento o de fiscalización por la unidad del Servicio competente. En tal caso, deberá notificarse conforme a las reglas generales al contribuyente indicando con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, resguardando así su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.”.

20) Agrégase, a continuación del artículo 59 bis, el siguiente artículo 59 ter, nuevo:

“Artículo 59 ter. En caso de operaciones o transacciones realizadas en Chile por contribuyentes que conformen un mismo grupo empresarial y que serán o estén siendo fiscalizados conforme a lo indicado en los artículos 59 y siguientes, el Servicio podrá realizar un procedimiento de fiscalización unificado que involucre a todos los contribuyentes del grupo empresarial que hubieren concurrido en dichas operaciones y transacciones, debiendo considerar los efectos de fiscalización de manera integral y consistente.

El inicio de un proceso de fiscalización unificado constará en una resolución que deberá ser notificada, conforme a las reglas generales a las entidades del grupo empresarial que serán sometidas a este procedimiento. En aquellos casos que la notificación se realice cuando una o más de las entidades del grupo empresarial ya estuvieran siendo fiscalizadas conforme al artículo 59, el inicio del procedimiento de fiscalización unificada no interrumpirá los plazos establecidos en dicho artículo. El Servicio podrá disponer que la competencia para conocer la fiscalización se radique en la unidad que tenga jurisdicción sobre el domicilio de la sociedad o entidad controladora, o en la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, situación que deberá constar de forma expresa en la resolución que sea notificada a los contribuyentes. La resolución aludida en este inciso no será objeto del recurso establecido en el artículo 123 bis ni del reclamo contenido en el artículo 124.

Recibida la o las notificaciones, señaladas en el inciso anterior y cuando el Servicio no hubiese radicado la competencia en la unidad correspondiente a la sociedad o entidad controladora, esta podrá solicitar que se efectúe dicha radicación, dentro del plazo de 5 días. La solicitud deberá ser presentada ante el Director Regional correspondiente al domicilio del controlador o ante el Director de Grandes Contribuyentes cuando corresponda. La solicitud deberá ser resuelta dentro del plazo de 5 días.

Determinada la unidad que conocerá la fiscalización se radicará en ella la competencia para iniciar o proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes.

Será competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme este artículo, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. Procederá en estos casos la acumulación de autos.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en el presente artículo.”.

21) Modifícase el artículo 60 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase el inciso tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el jefe de oficina ordenará” por “se deberá”.

22) Modifícase el artículo 62 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “personas determinadas” por “contribuyentes determinados”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Modifícase el literal d) del numeral 1) en el siguiente sentido:

- Intercálase, entre la palabra “identificando” y “la entidad” la frase “, en este último caso,”.

- Agrégase el siguiente párrafo final:

“Desde la notificación señalada en este numeral y la entrega efectiva de la información bancaria requerida por el Servicio o hasta que finalice, por sentencia ejecutoriada, el procedimiento establecido en el artículo 62 bis, el banco deberá informar al Servicio la existencia de movimientos anormales o sospechosos en la o las cuentas bancarias que pudieran dar cuenta que el contribuyente busca ocultar sus saldos o distraer sus fondos de forma que el Servicio pueda tomar las medidas conducentes a asegurar el éxito del procedimiento de fiscalización. El Servicio, mediante resolución, fijará los criterios para establecer cuando un movimiento debe ser calificado como anormal o sospechoso. Asimismo, durante este periodo el banco no podrá acceder a una solicitud de cierre de la cuenta bancaria respecto de la cual se ha requerido información sin autorización judicial previa otorgada por el tribunal competente según el artículo 62 bis.”.

ii) Reemplázase el numeral 2) por el siguiente:

“2) En la misma fecha de la notificación señalada en el número 1), el Servicio notificará al contribuyente, personalmente o por cédula, indicando el procedimiento de fiscalización respecto al cual se ha efectuado el requerimiento, la información requerida, el banco al cual se ha solicitado y el plazo fijado para su entrega. Sin perjuicio de la notificación del Servicio, el banco deberá, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya sido notificado, enviar una comunicación al titular de la cuenta, por correo electrónico, señalando que ha sido requerido para entregar su información bancaria. La omisión de esta comunicación no invalidará la notificación, pero hará responsable al banco de los perjuicios que dicha omisión pudiese ocasionarle al titular de la información.”.

iii) Modifícase el numeral 3) en el siguiente sentido:

- Reemplázase en su párrafo segundo la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por la expresión “desde la notificación”.

- Reemplázase en su párrafo segundo, la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por “realizar la comunicación respectiva indicada”.

- Elimínase su párrafo tercero.

iv) Reemplázase el numeral 4) por el siguiente:

“4) El contribuyente podrá oponerse a la entrega de información, debiendo reclamar dentro del término de 15 días hábiles contados desde la notificación a que se refiere el número 2) anterior, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 62 bis. Dentro del mismo plazo, el contribuyente deberá informar la interposición del mencionado reclamo al banco a través de correo electrónico, acompañando los antecedentes que acrediten la interposición del reclamo. El banco deberá remitir dicha comunicación, por correo electrónico, al Servicio y le permitirá no entregar la información requerida hasta que exista sentencia firme o ejecutoriada sobre la procedencia del reclamo.

Pasados los 15 días sin que el Servicio haya tomado conocimiento de la interposición de un reclamo por el contribuyente, deberá solicitar ante el tribunal tributario y aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente que certifique que no se presentó reclamo bajo el procedimiento del artículo 62 bis, o que habiéndose presentado fuera declarado inadmisible y en este último caso que no existen recursos pendientes. El tribunal, por oficio, deberá enviar la certificación o indicar que se ha presentado un reclamo o que se encuentra pendiente la resolución de un recurso sobre su admisibilidad, dentro de los 5 días siguientes. Certificado lo anterior, el Servicio notificará al banco quien deberá enviar la información requerida sin más trámite dentro del plazo establecido en el número 1).”.

v) Reemplázase el numeral 5) por el siguiente:

“5) Habiendo sido interpuesta la oposición y rechazada ella total o parcialmente por sentencia judicial firme, el Servicio solicitará que el Tribunal oficie al banco. Lo mismo ocurrirá si las partes llegan a un acuerdo total o parcial o a algún equivalente jurisdiccional que obligue al titular a entregar toda o parte de la información requerida. La entidad bancaria dispondrá de un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.”.

vi) Reemplázase el número 6) por el siguiente:

“6) El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco será sancionado con una multa de 50 unidades tributarias anuales.”.

23) Sustitúyese el artículo 62 bis por el siguiente:

“Artículo 62 bis.- Para los efectos a que se refiere el número 4) del artículo 62, será competente para conocer la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente.

La oposición deberá ser presentada junto con los antecedentes que justifiquen la improcedencia de entregar la información bancaria por no ser indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas.

Presentada la acción el Tribunal examinara? si ha sido interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, la declarara? inadmisible por resolución fundada. En contra de la resolución que declara el reclamo inadmisible será procedente el recurso de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por el término de diez días. En su respuesta el Servicio deberá acompañar los antecedentes que sustenten el requerimiento y que justifiquen la importancia de contar con dicha información para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente, identificando las declaraciones o falta de ellas, en su caso, que se pretende verificar o los impuestos que eventualmente no se hubieren declarado o se hubieren declarado en un monto inferior. En el caso de requerimientos efectuados desde el extranjero, deberá indicarse la entidad requirente de la información y los antecedentes de la solicitud respectiva. Presentada la respuesta por el Servicio el Tribunal dará traslado al contribuyente por diez días para que exponga sus observaciones a la respuesta del Servicio.

Vencidos los plazos indicados en el inciso anterior y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciara? la prueba rendida de acuerdo con lo establecido en el inciso décimo tercero del artículo 132.

Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictara? sentencia en un plazo de diez días.

Contra la sentencia que falle el reclamo procederán los recursos de apelación y de casación en la forma, dentro del plazo de quince días desde la fecha de su notificación. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

En lo no establecido en este artículo, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título II del Libro Tercero.”.

24) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso segundo la oración “Jefe de la Oficina respectiva del”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración a continuación del punto seguido, que pasa a ser final.

c) Agrégase, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso final:

“Si, en respuesta a la citación practicada, el contribuyente presenta nuevos antecedentes que no fueron aportados previamente o que del análisis de los mismos se toma conocimiento de la existencia de hechos, actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, posiblemente constitutivos de abuso o simulación de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° ter y 4° quáter, podrá darse inicio a un nuevo procedimiento de fiscalización, para lo cual el Servicio citará al contribuyente en los términos dispuestos en el artículo 4º quinquies.”.

25) Sustitúyese el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64. Cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que éste difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

Para los efectos de este artículo se entenderá por valores normales de mercado los que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando, entre otras, las características de la industria, sector o segmento, las funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación que se analice y, en general, cualquier otra circunstancia relevante.

El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo con el artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. Con el fin de acreditar lo anterior, el contribuyente podrá utilizar los siguientes métodos de valorización.

a) Método de Flujo de Caja Descontado. Consiste en determinar la capacidad del bien, activo o empresa de generar ingresos futuros, por lo que su valor económico puede ser medido mediante el valor presente de los flujos que se esperan recibir durante la vida del bien, activo o empresa descontados a una tasa asociada al riesgo de ese bien, activo o empresa.

b) Método de Relativos o Múltiplos. Consiste en estimar el valor objetivo de un bien, activo o empresa utilizando ciertos ratios de valor referencial de similares características.

c) Valor Contable Ajustado. Consiste en determinar los valores normales de mercado utilizando como base la información financiera del contribuyente, ajustando activos y pasivos bajo consideraciones de mercado.

d) Otros métodos de valoración. Cuando, atendidas las características y/o circunstancias del acto, convención u operación, no sea posible aplicar alguno de los métodos mencionados precedentemente o exista un método que sea más apropiado, el contribuyente podrá acreditar los valores normales de mercado utilizando cualquier otro método.

Los contribuyentes podrán acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis. La presentación de estos informes no libera al contribuyente de su obligación de mantener a disposición del Servicio todos los antecedentes en virtud de los cuales se han aplicado tales métodos o elaborado dichos estudios.

Los contribuyentes que sean personas naturales o que determinen sus rentas según lo establecido en la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrán liberarse de utilizar los métodos señalados debiendo, en todo caso, acreditar con todos los antecedentes con que cuente que el acto, convención u operación analizada se realizó a valores normales de mercado atendiendo a las circunstancias del acto, convención u operación en los términos señalados en el inciso segundo.

Si el contribuyente, en respuesta a la citación efectuada, no logra acreditar que el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado o no concurre o no da respuesta a dicha citación, el Servicio determinará fundadamente tales valores o precios utilizando los medios probatorios aportados por el contribuyente, si hubieren, y cualesquiera otros antecedentes de que disponga, debiendo aplicar para tales efectos los métodos señalados. El Servicio podrá requerir información a autoridades extranjeras respecto de los actos, convenciones u operaciones que sean objeto de fiscalización.

Determinados por el Servicio los valores o precios normales de mercado, se practicará la liquidación de impuestos o se dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos, y la determinación de los intereses y multas que correspondan.

En todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor cuando este difiera notoriamente de los valores de mercado, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el párrafo 1° Título II del Libro Tercero de este Código.

La diferencia entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y el determinado por el Servicio mediante resolución, liquidación o aquél propuesto por el contribuyente en respuesta a la citación, aceptado por el Servicio o el propuesto mediante declaraciones rectificatorias, se afectará en el ejercicio que corresponda, con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

No se afectarán con este impuesto único, las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias presentadas antes de un requerimiento del Servicio sobre la materia, siempre que impliquen un aumento en su base imponible, debiendo tributar con los impuestos generales que correspondan al acto, convención u operación objeto de la rectificatoria.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo respecto de cualquier tipo de reorganizaciones empresariales, tales como, fusiones, divisiones, la conversión del empresario individual o aportes de activos de cualquier clase dentro del territorio nacional, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocios. Tratándose de fusiones, divisiones, la conversión o el aporte parcial o total de activos se deberá mantener el costo tributario de los activos en la sociedad absorbente o naciente de una fusión, en la sociedad que nace con ocasión de la división o en la que recibe el aporte de uno o más activos y no se deberán originar flujos efectivos de dinero para el aportante.

Tampoco se aplicará la facultad de tasación a las reorganizaciones empresariales internacionales que produzcan efectos en bienes, acciones o derechos situados en el país, en la medida que cumplan los siguientes requisitos copulativos: exista una legítima razón de negocios, la reorganización se haya efectuado dentro del mismo grupo empresarial, que no se originen flujos de dinero para el aportante y se mantenga el costo tributario de los activos que se transfieren, asignen o aporten con ocasión de la reorganización, que se haya cumplido con las exigencias legales de la jurisdicción extranjera que corresponda y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile.

Para los efectos del presente artículo se entenderá por legitima razón de negocios, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio; así como obtener ventajas competitivas; financiamiento; la eliminación o mitigación de costos o riesgos; aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado; optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que, en cualquier caso, sea distinta a la meramente tributaria.

Los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación del presente artículo frente a una operación o reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis.”.

26) Sustitúyase el artículo 65 bis por el siguiente:

“Artículo 65 bis. La unidad del Servicio que realice un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63, considerando igualmente aquellos casos en que se radique la competencia en una Dirección Regional distinta a la naturalmente competente conforme a lo establecido en el artículo 59 ter, será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalización posteriores relacionadas con dicho requerimiento o citación, incluyendo los recursos de reposición administrativa establecidos en el artículo 123 bis y las solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora que se conozcan en virtud del N°5 de la letra B del artículo 6.

El Servicio podrá ordenar la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile, cualquiera que sea el territorio jurisdiccional a que corresponda el domicilio del contribuyente, en los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter, cuando los hechos, actos o negocios de que se trate involucren a contribuyentes o entidades con domicilio en distintos territorios jurisdiccionales. En tal caso, la Dirección Regional que inició la fiscalización comunicará la referida orden a la Dirección Regional del territorio jurisdiccional del otro contribuyente o entidad. Dicha comunicación radicará la fiscalización del otro contribuyente o entidad ante el Director Regional que emitió la orden, para todo efecto legal, incluyendo los recursos administrativos que pueda interponer el o los contribuyentes y las solicitudes de condonación. Tanto el reclamo que interponga el contribuyente inicialmente fiscalizado como el que interponga el contribuyente o entidad del otro territorio jurisdiccional, deberá siempre presentarse y tramitarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización referida en este inciso.”.

27) Agrégase, a continuación del artículo 65 bis, el siguiente artículo 65 ter, nuevo:

“Artículo 65 ter.- Las actuaciones realizadas por funcionarios dependientes de otro territorio jurisdiccional, que no sean de aquellas reguladas en el artículo 59 ter y el inciso segundo del artículo 65 bis, se deberán ejecutar conforme las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las siguientes reglas especiales:

1. Será obligatorio el uso del expediente electrónico a que se refiere el N° 16 del artículo 8°.

2. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 115, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

3. El recurso de reposición administrativa voluntaria contenido en el artículo 123 bis y la revisión de la actuación fiscalizadora conforme al número 5º de la letra B) del artículo 6º, deberán presentarse en la Dirección Regional en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de la resolución, liquidación o giro, sin perjuicio que la tramitación y resolución del mismo será realizada por la Dirección Regional o la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, que haya emitido el acto.”.

28) Modifícase el artículo 68 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en su inciso sexto, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Esta misma obligación existe cuando el cambio de socios, la fusión, división o transformación ocurre en el exterior, siempre que produzca un efecto directo en un contribuyente domiciliado o residente en Chile.”.

b) Sustitúyese su inciso décimo por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación de información establecida en este artículo será sancionado conforme al número 1° del artículo 97. Además, cuando dicho incumplimiento provenga de un contribuyente que forme parte de un Grupo Empresarial o sus ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial del incumplimiento o en el inmediatamente anterior, los plazos de prescripción a que se refieren los artículos 200 y 201 se entenderán aumentados o renovados en 12 meses, según corresponda, para la revisión de todos los efectos tributarios que se desprendan de las modificaciones y acuerdos no informados, respecto de todos los contribuyentes que intervinieren en ellos, a partir de la fecha en que sean informados al Servicio o de la fecha en que este último detecte el incumplimiento. El plazo de prescripción se aumentará en 12 meses a continuación del término de los plazos originales de prescripción y la renovación ocurrirá en la medida que el contribuyente cumpla su obligación de informar o el Servicio detecte el incumplimiento fuera de los plazos originales de prescripción. Con todo el plazo máximo de prescripción, considerando la renovación, no podrá superar los 10 años.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso décimo, los siguientes incisos undécimo, duodécimo y final, nuevos:

“El aumento o ampliación de la prescripción señalado en el inciso anterior procederá exclusivamente cuando el incumplimiento buscare evitar el pago de un impuesto, ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de una norma especial o general antielusiva. Se encuentran en esta situación los contribuyentes que no declaren un impuesto o declaren un impuesto menor cuyo origen sea la modificación no informada, no presenten una declaración jurada que contenga o de cuenta de la modificación o cuando la información omitida sea esencial para la calificación de una operación como elusiva o para aplicación de una norma especial para evitar la elusión. Con todo, el Servicio podrá, de oficio, actualizar la información que el contribuyente deba proporcionar conforme al inciso sexto, cuando obtenga dicha información de fuentes públicas o pueda desprenderse de los antecedentes proporcionados por el contribuyente respecto de otro tipo de actuaciones frente al Servicio la que se incorporará en la carpeta tributaria y se notificará al contribuyente, no siendo aplicable en tal caso la multa del inciso anterior.

Las siguientes entidades se encontrarán obligadas a exigir la acreditación de haber efectuado ante el Servicio el trámite de inicio de actividades descrito en el inciso primero, respecto de las personas o contribuyentes que a continuación se señalan, a menos que estos acrediten que existe una autorización expresa que la libere de esta obligación:

a) Todos los órganos de la administración del Estado, Gobiernos Regionales y Municipalidades respecto de las personas que requieran una autorización para desarrollar una actividad económica o que dicha autorización sea parte de los requisitos a cumplir para ser autorizado a desarrollar una actividad económica.

b) Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, respecto de quienes contraten sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica.

c) Los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, respecto de las entidades que ofrezcan sus productos o servicios a través de dicha plataforma.

La forma de cumplir con la obligación del inciso precedente será regulada por el Servicio mediante resolución.”.

29) Modifícase el artículo 69 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el texto que va a continuación del segundo punto seguido y hasta el punto aparte, por la siguiente oración: “Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de seis meses para revisar y girar directamente cualquier diferencia de impuestos. Verificado el pago de los impuestos que resulten, se procederá a certificar el término de giro.”.

b) Intercálase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y terceros nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente:

“Si durante el periodo de revisión de la declaración de termino de giro, el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, debiendo comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:

“Aceptada o teniéndose por aceptada la declaración de término de actividades formulada por el contribuyente, el Servicio quedará inhibido para ejercer ulteriores fiscalizaciones, debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro del plazo de 15 días. No obstante, encontrándose vigentes los plazos de revisión según el artículo 200, el Servicio podrá iniciar un procedimiento de fiscalización y/o citar al contribuyente conforme el artículo 63, cuando con posterioridad a la certificación de término de giro, se tome conocimiento de nuevos antecedentes y ellos dieren lugar a la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. En estos casos la notificación deberá ser efectuada a los socios del contribuyente que realizó el término de giro y en caso de determinarse alguna diferencia de impuestos esta será de responsabilidad de las sociedades continuadoras en caso de existir o de quienes sean los beneficiarios o titulares de las entidades disueltas.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente.

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los contribuyentes sujetos al artículo 14 letra D) de la Ley sobre impuesto a la renta podrán solicitar un término de giro simplificado siempre que además de la declaración y los antecedentes señalados en el inciso primero acompañen una declaración en la respectiva escritura pública donde el propietario, los accionistas, socios o comuneros se hagan responsables solidariamente de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa cuyo término de giro se solicita. En estos casos el Servicio procederá dentro del plazo de un mes a girar los impuestos conforme a la declaración del contribuyente y a certificar el término de giro una vez verificado el pago. No obstante, el Servicio podrá dentro del plazo de 6 meses de efectuada la solicitud de término de giro, ampliable por 3 meses cuando proceda lo dispuesto en el inciso segundo girar y determinar cualquier diferencia de impuestos o proceder a iniciar un proceso de fiscalización debiendo en este caso notificar a el o los socios, accionistas o comuneros, según corresponda.”.

e) Reemplázase en el inciso octavo, que ha pasado a ser inciso décimo, la oración “refiere el inciso quinto” por “refieren los dos incisos anteriores”.

f) Sustitúyese inciso final por el siguiente:

“Cuando un contribuyente presente 6 o más períodos tributarios continuos sin presentar declaraciones mensuales de impuestos el Servicio podrá disponer acciones que permitan establecer si el contribuyente ha cesado o cesará el giro de sus actividades y así resguardar debidamente el interés fiscal. Transcurrido 6 meses desde la materialización de las acciones impulsadas por el Servicio sin que el contribuyente haya manifestado su decisión de continuar con sus operaciones o haya reiniciado su actividad presentando regularmente sus declaraciones mensuales y siempre que no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en el número 5°.- de la letra B.- del inciso segundo del artículo 6° o conforme lo dispuesto en el artículo 123 bis, sin perjuicio de poder reclamar conforme el artículo 124 de la resolución que se dicte en dicho procedimiento. El Servicio agregará en la carpeta tributaria electrónica del contribuyente los antecedentes del caso incluyendo la constancia que el contribuyente no tiene deuda tributaria vigente, en la forma señalada en el número 16 del artículo 8. Misma presunción será aplicable cuando, sin mediar acción del Servicio, hayan transcurrido 36 o más periodos tributarios sin operaciones, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el presente inciso.”.

30) Agrégase a continuación del artículo 85 Bis, el siguiente artículo 85 ter, nuevo:

“Artículo 85 ter. Las entidades financieras indicadas en la letra a) del artículo 85 bis deberán proporcionar al Servicio información de la cantidad de abonos que reciban titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país, cuando se cumplan los requisitos señalados a continuación.

1. Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.

2. Que se trate de titulares que no se encuentren dentro de aquellos cuya información deba ser reportada por aplicación de las disposiciones de la letra c) del artículo 85 bis.

La información a entregar al Servicio será aquella que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo su rol único tributario, la identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se han producido por parte de personas o entidades diferentes dentro de los periodos señalados en el número 1 y si la cantidad de abonos descrito en dicho número se ha superado en más de un periodo. La información a entregar no contendrá el monto de los abonos ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior.

Asimismo, cuando el Servicio cuente con información que le permita presumir que un contribuyente esté sub declarando sus ingresos o realizando otro tipo de ilícito tributario podrá solicitar que las entidades financieras obligadas a informar le entreguen información sobre la cantidad de abonos recibidos dentro de alguno de los periodos señalados en el número 1 respecto de las cuentas en que dicho contribuyente sea titular, identificando dichas cuentas. En ningún caso esta información podrá incluir los montos de las operaciones informadas, ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en el plazo máximo de tres años desde su recepción. Asimismo, las entidades financieras deberán eliminar los reportes que hayan presentado ante el Servicio dentro de los 30 días siguientes a su remisión al Servicio.

La no entrega de la información al Servicio de forma oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionada con el equivalente a una unidad tributaria anual por cada uno de los casos que debieron ser informados por aplicación de los números 1 y 2 del presente artículo, sin embargo, la multa total a pagar por cada entidad financiera no podrá exceder de las quinientas unidades tributarias anuales por cada periodo en que se debió reportar la información. La entrega de información falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.

La información a la que accederá el Servicio por aplicación del presente artículo tendrá el carácter de reservada conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser sólo utilizada para los objetivos de fiscalización. El incumplimiento de la infracción de reserva se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de setenta a quinientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la destitución del cargo del funcionario incumplidor.”.

31) Modifícase el artículo 97 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 4:

i) Modifícase su párrafo primero en el siguiente sentido:

- Reemplázase la palabra “cincuenta” por la palabra “cien”.

- Reemplázase la expresión “tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo” por “tributo evadido y con presidio menor en su grado máximo”.

ii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la expresión “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra” por la frase “mediante cualquier”.

iii) Sustitúyese el párrafo quinto, por el siguiente:

“El que confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.”.

iv) Agrégase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo:

“El que incurra en alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior para cometer o posibilitar la comisión de los delitos de este número, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de hasta 100 unidades tributarias anuales.”.

b) Agrégase, en el párrafo primero del numeral 6º, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Sin embargo, respecto de contribuyentes cuyos ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial inmediatamente anterior, que no exhiban o aporten antecedentes específicamente requeridos en un procedimiento de fiscalización iniciado conforme el artículo 59, les será aplicable la multa establecida en el párrafo siguiente con las mismas limitaciones.”.

c) Modifícase el primer párrafo de su numeral 9º en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “efectivamente”.

ii) Intercálase, entre la palabra “clandestino” y la frase “del comercio”, la frase “en cualquier de sus formas”.

d) Modifícase su numeral 10º en el siguiente sentido:

i) Intercálase, en el párrafo primero, entre la voz “otorgamiento” y la conjunción “de”, la oración “o el no envío de la información electrónica al Servicio,”.

ii) Sustitúyese el párrafo segundo por el siguiente:

“En el caso de las infracciones señaladas en el párrafo primero, éstas deberán ser, además, sancionadas con clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento, sucursal, medio de transporte, maquinaria o similar en que se hubiere cometido la infracción, o de la plataforma virtual o digital a través de la cual el contribuyente realiza el ejercicio de la actividad comercial. Asimismo, no se autorizarán ni se permitirá la emisión al contribuyente de documentos tributarios. En caso de reiteración de infracciones, de acuerdo al párrafo tercero, el Director podrá solicitar la suspensión del dominio web o suspender el acceso al proveedor de pago o similar por el periodo que dure la clausura.”.

iii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la frase “el inciso primero” por la expresión “este número”.

e) Intercálase, en el numeral 12º, entre la expresión “corresponda,” y la conjunción “con” la oración “el uso de medios de transporte, maquinarias o similares, el uso de la plataforma virtual o digital mediante la cual realiza su actividad, o la emisión de documentos tributarios en papel o electrónicos,”.

f) Sustitúyese su numeral 22 por el siguiente:

“22.- El que autorizare folios de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios electrónicos a sabiendas que serán utilizados para defraudar al Fisco, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”

g) Agrégase, a continuación del numeral 26, el siguiente numeral 27, nuevo:

“27.- El que habiendo tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o liquidación del impuesto o el cobro judicial de obligaciones tributarias, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributaria o frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

32) Sustitúyese el artículo 100 bis por el siguiente:

“Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica, respecto de quien se acredite haber diseñado, planificado o implementado los actos, contratos o negocios respecto de los que se hubiera declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, será sancionada con las multas que se indican a continuación.

La persona que hubiere diseñado, planificado o implementado los actos, contratos o negocios distinta del contribuyente, será sancionada con multa de 100 unidades tributarias anuales, salvo que: (a) exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa será de 250 unidades tributarias anuales; o (b) se acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100 unidades tributarias anuales, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de los honorarios pactados con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de que el tercero fuese una persona jurídica, serán solidariamente responsables las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes o administradores del asesor, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto de éste, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

En aquellos casos en que no exista un tercero que hubiere diseñado o planificado los actos, negocios o contratos respecto de los cuales se hubiere declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, o cuando existiendo el tercero el contribuyente no lo hubiera identificado dentro del proceso de fiscalización, será el contribuyente el sancionado con una multa equivalente al 100% de las diferencias de impuesto determinadas con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de existir, serán solidariamente responsables de la multa la o las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes y/o administradores de los mencionados contribuyentes al momento de cometerse el conjunto o series de hechos, actos o negocios jurídicos, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto del contribuyente sancionado, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

No aplicará la multa dispuesta en el inciso anterior respecto de contribuyentes que determinen sus rentas conforme a lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de la Renta.

En caso que el contribuyente haya deducido reclamo respecto de la resolución que declara el abuso o simulación en los términos que señala el artículo 4° quinquies, el Servicio sólo podrá solicitar la multa a que se refiere el presente artículo dentro del mismo procedimiento. No existiendo reclamo por parte del contribuyente, las multas deberán ser solicitadas por el Servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 161.

La prescripción de la acción para perseguir las sanciones pecuniarias al contribuyente o a sus directores, representantes y/o administradores, cuando corresponda, será de seis años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión conforme al artículo 4° quinquies. En aquellos casos en que el contribuyente haya deducido reclamo, precluirá la acción del Servicio si no se interpone al momento de presentar la contestación al reclamo dentro del plazo del artículo 132. En el caso de la acción contra el asesor, la prescripción será de 6 años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión o, en caso de existir reclamo, desde que la sentencia que rechace el reclamo se encuentre ejecutoriada.”.

33) Agrégase, a continuación del artículo 100 bis, el siguiente artículo 100 ter, nuevo:

“Artículo 100 ter.- Constituye una circunstancia calificada para que el Director decida perseguir únicamente la aplicación de una sanción pecuniaria según señala el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario, la cooperación eficaz que un contribuyente realice dentro del procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el N° 10 del artículo 161 y siempre que conduzca al esclarecimiento de delitos tributarios y permita la identificación de los demás responsables. Se entenderá por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones sustanciales, precisos, verídicos y comprobables, desconocidos por el Servicio, sin los cuales, no se hubiese podido alcanzar los fines señalados.

El Servicio, mediante resolución, establecerá los parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

En el evento que la mencionada cooperación eficaz se verifique durante la investigación a cargo del Ministerio Público una vez presentada la denuncia o querella en los términos del inciso primero del artículo 162, se podrá reducir la pena hasta en dos grados, siempre que la colaboración también se efectúe con el Ministerio Público. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando la colaboración se refiera a delitos cometidos únicamente por el contribuyente.”.

34) Agregáse, a continuación del artículo 100 ter, nuevo, el siguiente artículo 100 quáter, nuevo:

“Artículo 100 quáter.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos las personas naturales que, de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación del presunto infractor o imputado de dichos delitos. No tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o ejerzan un cargo de administración o dirección respecto de la entidad denunciada cuando corresponda. Del mismo modo, no podrán acogerse al procedimiento señalado en este artículo las personas naturales querelladas, con una investigación formalizada en su contra, acusadas o que se encuentren cumpliendo condena, por delitos tributarios. Lo mismo regirá cuando respecto de cualquiera de los sujetos mencionados, se haya ejercido la facultad de perseguir la multa de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 100 bis o en el artículo 161, ni quienes hayan recibido la información de las personas inhabilitadas en los términos de este inciso.

La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita el Servicio en la que se indique el cumplimiento de los requisitos del inciso anterior, la cual deberá ser notificada al denunciante mediante correo electrónico. La resolución del Servicio a que se refiere este inciso, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Las Policías, a requerimiento del Servicio, deberán adoptar todas las medidas de protección para el denunciante que sean pertinentes según las necesidades de cada caso.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.

La resolución señalada en el inciso segundo anterior y la identidad del denunciante anónimo, así como aquellos antecedentes que pudiesen servir para su identificación, tendrán el carácter de reservados conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, y no podrán ser divulgados en forma alguna, pudiendo ser utilizados únicamente para cumplir con los objetivos de investigación que le son propios, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior, tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar únicamente sobre dichos antecedentes, en los términos previstos en el artículo 303 del Código Procesal Penal y artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñe funciones en el Servicio u otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

De igual forma, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a hechos constitutivos de delitos tributarios y aduaneros tendrá el carácter de secreta, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso segundo de este artículo, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso tercero.

El denunciante anónimo que colabore con el Servicio, de conformidad a este artículo no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración, salvo que proceda la excepción establecida en el inciso tercero.”.

35) Agrégase, a continuación del artículo 110 quáter, nuevo, el siguiente artículo 100 quinquies, nuevo:

“Artículo 100 quinquies- En aquellos casos que, producto de la información proporcionada, se impusiere judicialmente al imputado o infractor la obligación de pagar un monto de dinero por concepto de multa no inferior al mínimo que establece el delito, ya sea en el proceso penal o en un procedimiento bajo el artículo 161, con ocasión de haberse ejercido la opción del inciso tercero del artículo 162, el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

Cuando distintos denunciantes anónimos hubieren colaborado en las mismas conductas sancionadas, el premio señalado en el inciso anterior se distribuirá en la forma que determine el Servicio mediante resolución.

Una vez enterada la multa por el infractor en la Tesorería General de la República, corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto correspondiente, según indique el Servicio mediante resolución fundada. La Tesorería General de la República deberá comunicar el pago tan pronto ello haya ocurrido, debiendo tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo anterior.

El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente artículo no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario.”.

36) Modifícase el artículo 101 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el encabezado de su inciso primero la frase “dos meses” por “cinco meses y el 50% de su remuneración”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal” por la oración “será sancionado con la destitución de su cargo y multa del cien por ciento del beneficio solicitado o aceptado como remuneración o recompensa, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal. En este caso, el plazo señalado en la letra e) del artículo 12 del Estatuto Administrativo será de 10 años.”.

37) Modifícase el artículo 115 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo, la oración a continuación del punto seguido por la frase “, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Cuando las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, citación, liquidación o giro. Esta misma regla será aplicada para efectos de la reclamación en contra de la resolución que declara la existencia de abuso o simulación. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 bis en cuyo caso será competente para conocer el reclamo el tribunal señalado en dicha disposición.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “dicha sucursal” y el punto final la siguiente frase: “, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 ter”.

38) Suprímese el artículo 119.

39) Suprímese el artículo 121

40) Modifícase el artículo 123 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, con las siguientes modificaciones:”.

b) Agrégase en el literal e) del inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la oración “No deberá darse esta audiencia cuando el recurso sea declarado inadmisible por resolución fundada o cuando sea acogido completamente por el Servicio.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No será procedente el presente recurso de reposición administrativa referido contra las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.”.

41) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. También podrá reclamarse de la resolución que declara la elusión de acuerdo al artículo 4° quinquies. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, de las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros de impuesto territorial, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales:

1. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o de algún otro factor que influya en el avalúo fiscal del mismo o sus construcciones, salvo en lo que diga relación con la asignación del valor a un área homogénea en específico.

2. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3. Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

Sin perjuicio de lo anterior, no será admisible la reclamación en contra de los giros de impuesto territorial salvo que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro.

En todos los casos, habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

Habiendo resolución que declare la elusión en los términos del artículo 4 quinquies y liquidación, giro o resolución que determine diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto de la misma norma, deberán interponerse, dentro del mismo reclamo tanto las acciones relacionadas a la revisión de la declaración de elusión así como aquellas destinadas a modificar las liquidaciones, resoluciones o giros que determinen diferencias de impuestos o elementos que sirvan de base para determinarlo.

Para la interposición del reclamo por cualquiera de las causales señaladas anteriormente, el reclamante siempre deberá invocar un interés actual comprometido.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.

Sin perjuicio de la acumulación de autos que fuere procedente en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil, tendrá siempre lugar la acumulación de autos en los casos de reclamos interpuestos por distintos contribuyentes respecto de las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas por aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, cuando éstos emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, debiendo acumularse en el Tribunal Tributario y Aduanero que primero confiera traslado al Servicio.”.

42) Sustitúyese el artículo 130 por el siguiente:

“Artículo 130.- Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante “el Sistema”, y cada uno de los expedientes como “expediente” o “carpeta electrónica”. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que, por motivos fundados se manden reservar, fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.

Ninguna pieza del expediente electrónico podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el Tribunal que conoce de la causa. Las partes, efectuarán sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico, cargando sus escritos y documentos en el Sistema a través del sitio en internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el cual entregará el comprobante de recepción correspondiente cuando éstos hayan sido recibidos. No obstante, lo anterior, y atendido el volumen de los antecedentes, el Tribunal siempre podrá exigir que los documentos y demás prueba que se acompañe al proceso sea presentada en forma física, ya sea en formato físico propiamente tal, o bien a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Igual derecho tendrán las partes, para el caso que por el tamaño y volumen de los antecedentes no puedan presentarlos digitalmente. Para el caso que los documentos se presentaren materialmente en el Tribunal, quedarán bajo la custodia del Secretario abogado, debiendo dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.”.

43) Modifícase artículo 131 bis en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso tercero:

i) Reemplázase la frase “carta certificada” por “correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por “el mismo día del envío del correo por parte del tribunal”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso cuarto:

i) Reemplázase la oración “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia” por “una o más direcciones de correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada”, por “no designe otra”.

c) Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser el sexto:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo En estos casos, la notificación se efectuará por carta certificada y entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente, o su abogado patrocinante en aquellos casos en que actúe representado, manifiesten expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal calificada que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, el tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes, sean notificadas personalmente, por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad-hoc, realice la diligencia de notificación personal y/o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.”.

44) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 132, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración “En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”.

b) Agrégase a continuación del inciso undécimo, el siguiente inciso duodécimo, nuevo:

“Cuando el objeto del reclamo sea por aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4° quáter y 4º quinquies el Juez deberá además fundar su decisión teniendo en consideración la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme lo establecido en el artículo 4º bis.”.

c) Elimínase en el inciso duodécimo, que ha pasado a ser décimo tercero, la frase "No obstante lo anterior,”.

45) Modifícase el artículo 132 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la oración “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente por el contribuyente en el reclamo o se trate de casos en que el tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“El llamado a conciliación no procederá en los reclamos producto de la aplicación del artículo 161 de este Código, con excepción de la liquidación, giro o diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo en caso que se reclamen en conjunto, conforme al artículo 124 inciso segundo; en aquellos que digan relación con hechos respecto de los cuales el Servicio haya ejercido la acción penal, y en los reclamos de liquidaciones, resoluciones o giros de impuesto que se relacionen con los hechos conocidos en los procedimientos a que se refiere este inciso.”.

46) Modifícase el inciso primero del artículo 137 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “Título” y la expresión “, la medida cautelar”, la oración “y en todos aquellos procedimientos donde una ley o artículo especial lo autorice”.

b) Intercálase entre la palabra “específicos” y la frase “del contribuyente” la oración “o la retención de bienes determinados”.

47) Agrégase, a continuación del artículo 137, el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Artículo 137 bis.- Previo a la notificación de una liquidación cuyo origen sea una procedimiento por aplicación del artículo 4 quinquies o de aquellos regulados en el artículo 161, el Servicio podrá solicitar las medidas cautelares reguladas en artículo anterior en carácter de prejudicial, ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente en aquellos casos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo, sector o segmento al que pertenece u otras circunstancias de las cuales se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, en su oportunidad.

La solicitud deberá contener los fundamentos que dan cuenta que se trata de alguno de los procedimientos señalados en el inciso primero, los hechos en los cuales se funda y el monto de las diferencias de impuesto determinadas. La solicitud será tramitada como incidente y serán procedentes los recursos establecidos en el inciso tercero del artículo 137.

Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente dentro del plazo de 30 días desde la notificación que de la resolución que dé cuenta de la medida decretada. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley. El contribuyente podrá en cualquier momento solicitar la sustitución de la medida decretada o que esta se practique sobre otros bienes siempre que la medida o el bien en reemplazo sea de una entidad similar.

La medida se encontrará vigente durante el plazo establecido en el artículo 124 para deducir el reclamo tributario. Deducido el reclamo el Servicio deberá al momento de evacuar el traslado al cual se refiere el artículo 132 señalar los fundamentos por los cuales se justifica la permanencia de la medida decretada. En cualquier etapa del juicio el contribuyente podrá solicitar el cese de la medida acreditando que ha desaparecido el peligro sobre el cual se fundó la solicitud del Servicio.

En aquellos casos que, transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el contribuyente no hubiera deducido reclamación la medida decretada se mantendrá vigente hasta que el Servicio de Tesorerías haya iniciado el procedimiento establecido en el Título V del libro III.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar estas medidas tratándose de deudas inferiores a 250 unidades tributarias mensuales o cuando se refiera a contribuyentes que declaren sus rentas según el artículo 34 o según las disposiciones del párrafo segundo del Título II, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

48) Intercálase en el artículo 148, entre la palabra “Primero” y la palabra “del” la frase “y Segundo”.

49) Elimínase el Párrafo 1° del Título III del Libro Tercero.

50) Modifícase el artículo 156 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente.

“Si fuere necesario allegar nuevos antecedentes al proceso para una mejor resolución del asunto, el Juez Tributario y Aduanero podrá, de oficio, decretar las diligencias probatorias que estime pertinentes, para lo cual dispondrá del plazo de diez días a contar del vencimiento del término probatorio.”.

b) Intercálese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre la palabra “probatorio” y la expresión “, el Juez” la oración “o, en su caso, expirado el plazo especial referido en el inciso anterior”.

51) Suprímese el artículo 160 bis.

52) Modifícase el artículo 161 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 1° de su inciso primero:

i) Reemplázase, en el párrafo primero, la palabra “imputado” por la palabra “denunciado”.

ii) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“El acta señalada en el inciso anterior deberá ser presentada ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del denunciado, junto con la documentación y antecedentes que le sirven de sustento y un correo electrónico del denunciado. El Tribunal la tendrá por recibida mediante una resolución que será notificada al denunciado por correo electrónico y, en subsidio, a través de su publicación en el sitio web del respectivo tribunal. Para efectos de la notificación por correo electrónico al denunciado, el Tribunal deberá considerar la dirección electrónica que haya informado el Servicio, sin perjuicio que de existir otra dirección informada por el propio denunciado al Tribunal deberá estarse a esta última.”.

b) Sustitúyese el primer párrafo del numeral 2º por el siguiente:

“2° El denunciado podrá formular sus descargos dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución referida en el numeral precedente, debiendo dicha presentación cumplir con los requisitos que establece el artículo 125.”.

c) Intercálase, en el párrafo primero del numeral 3°, entre las expresiones “constituyen,” y “en la forma”, la oración “así como aquellas señaladas en el artículo 137,”.

d) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4° Presentados los descargos se conferirá traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo que dispone el denunciado para formular descargos o, en su caso, vencido el plazo de que dispone el Servicio para evacuar su traslado respecto de los descargos formulados, haya contestado o no, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra, sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba. El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.

Vencido el término probatorio y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Si no fuera necesario cumplir nuevas diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el Juez Tributario y Aduanero que esté conociendo del asunto citará a las partes a oír sentencia.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde que el Tribunal dicte la resolución a que se refiere el inciso anterior.”.

53) Agrégase, en el artículo 168, el siguiente inciso final, nuevo

“Para practicar las notificaciones por correo electrónico establecidas en el presente título, así como cualquier otra comunicación con el contribuyente, el Servicio de Tesorería podrá utilizar el correo electrónico que el contribuyente haya registrado para estos efectos ante el Servicio de Impuestos Internos según el artículo 11. Dicho correo electrónico quedará registrado en el sitio personal del contribuyente quien estará facultado para modificarlo debiendo ingresar una nueva dirección de correo electrónico que será la válida para las actuaciones dispuestas en el presente inciso a partir del día siguiente de efectuada la modificación.”.

54) Modifícase el inciso segundo del artículo 169 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre la palabra “internas” y la expresión “la forma” la frase “el soporte y”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la expresión “Las piezas que componen los expedientes administrativos de cobro tendrán el carácter de documentos electrónicos o digitalizados, según corresponda. Para estos efectos existirá un sistema de tramitación electrónica en el sitio web del Servicio de Tesorerías, apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido, a fin de que los contribuyentes realicen sus requerimientos en los procesos de cobro seguidos en su contra.”.

55) Modifícase el artículo 170 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que estampará en” por “a continuación de”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el inciso cuarto actual a ser el inciso tercero nuevo y así sucesivamente.

c) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero:

i) Reemplázase la frase “Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula” por la frase “La ejecución podrá recaer sobre dineros, créditos u otras prestaciones en dinero que los contribuyentes morosos tengan derecho a percibir en razón de un contrato u obligación personal, una vez que se haya practicado el requerimiento de pago conforme a lo establecido en el artículo 171. El Juez Sustanciador ordenará la retención mediante resolución, que será notificada por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda, al deudor y”.

ii) Reemplázase la frase “moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero” por la frase “aquella prestación en dinero o que la mantenga en depósito o bajo cualquier otro título,”.

d) Agrégase, a continuación del inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior el Servicio de Tesorerías podrá implementar sistemas de comunicación y notificación por otros medios electrónicos distintos al correo electrónico respecto de las personas que deban practicar las retenciones enunciadas en el inciso anterior.”.

e) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso quinto:

i) Reemplázase la frase “sueldos o remuneraciones” por “sueldos, remuneraciones, créditos u otras prestaciones de dinero”.

ii) Elimínanse las frases “del embargo” y “el pago de”.

iii) Reemplázase la expresión “la cancelación” por “el pago”.

f) Sustitúyese el inciso sexto por el siguiente:

“La persona natural o jurídica, que deba efectuar la retención, deberá dar cuenta del resultado de la gestión en el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique la resolución que ordena la retención y remitir los fondos mediante depósito, transferencia electrónica o el medio electrónico que haya dispuesto para estos efectos el Servicio de Tesorerías. En caso de que no diere cumplimiento a la retención ordenada, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener o de remitir al Servicio de Tesorerías.”.

56) Modifícase el artículo 171 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por correo electrónico o carta certificada conforme a las normas de los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 11 y del artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; en este caso, no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará nueva providencia del Tesorero respectivo para la entrega de las copias que en él se dispone. La notificación hecha por carta certificada o por cédula, según el caso, se entenderá válida para todos los efectos legales y deberá contener copia íntegra del requerimiento, no obstante, el plazo para oponerse a la ejecución se contará desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo. Tratándose del impuesto territorial, el Servicio de Tesorerías determinará la empresa de correos más apropiada para el despacho de la citada carta.”.

b) Agregánse, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Cualquier resolución que no tenga asignada otra forma de notificación será practicada por correo electrónico, dirigido a la dirección registrada en el sitio personal del contribuyente. El correo deberá incluir copia íntegra de la resolución y los demás datos necesarios para su acertada inteligencia. Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico, el Servicio de Tesorerías igualmente deberá remitir copia de esta al correo electrónico del contribuyente que conste su sitio personal o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación.

Excepcionalmente, quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar fundadamente al Servicio de Tesorerías, que todas las notificaciones les sean practicadas por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado. El Servicio de Tesorería, mediante resolución, establecerá la forma en que se realice dicha solicitud para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos antes señalados. Asimismo, el Servicio de Tesorerías podrá mediante resolución establecer que las notificaciones que se realicen a contribuyentes domiciliados en determinadas zonas o comunas sean practicadas por cedula o carta certificada debido a la baja o nula conectividad, sin que en este caso se requiere presentar la solicitud indicada en el presente inciso.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “el inciso precedente” por “los incisos precedentes”.

d) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso sexto:

i) Intercálase, entre la expresión “la notificación” y la palabra “podrá” la frase “de la demanda ejecutiva”.

ii) Intercálase, entre las expresiones “otros tributos” y “podrá” la frase “multas u otros créditos fiscales, la notificación de la demanda o de otras resoluciones”.

iii) Agrégase, a continuación de la expresión “Servicio de Impuestos Internos” la frase “o ante los órganos y servicios públicos que hayan determinado la multa o crédito fiscal demandado.”.

57) Modifícase el artículo 174 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “carta certificada dirigida el ejecutado” por la frase “mensaje dirigido al correo electrónico o carta certificada en los casos del inciso tercero del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:

“El embargo de vehículos sujetos a inscripción podrá ser realizado de forma electrónica, lo que deberá ser notificado al deudor por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda y comunicado a través del medio electrónico que el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación señale para estos efectos. Para efectos de valoración se estará a la tasación fiscal para el año correspondiente al embargo que hubiera practicado el Servicio de Impuestos Internos o la del año inmediatamente anterior cuando aún no se hubiese publicado la tasación para el año respectivo.”.

La inscripción de embargo de bienes raíces ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y de otros bienes en registros especiales, según corresponda, podrá ser efectuada por medios electrónicos.”.

58) Modifícase el artículo 175 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “estampar” por la palabra “consignar”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales” por la frase “mantener, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan a los contribuyentes o sus representantes legales examinar o consultar los expedientes de cobro y realizar las presentaciones que procedan de forma electrónica”.

59) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “respectiva,” y “dentro del plazo”, la frase “mediante los soportes electrónicos habilitados por el Servicio de Tesorerías.”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “En la misma oposición, el contribuyente deberá señalar una o más direcciones de correo electrónico para efectos de las notificaciones indicadas en el inciso segundo del mismo artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Cuando el volumen de los documentos impida o dificulte su presentación a través de los soportes electrónicos del Servicio de Tesorerías el ejecutado podrá aportar sus antecedentes en otros soportes electrónicos de lo cual deberá dejarse constancia en el expediente.”.

c) Modifícase el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “Provincial,” y “se tendrá”, la frase “o en caso de contribuyentes que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 171,”.

ii) Reemplázase la expresión “efectúe por carta certificada, siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior” por “efectúe, por escrito, en las dependencias de la Tesorería Regional o Provincial respectiva, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, o a través de carta certificada, en este último caso siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del mismo plazo”.

60) Modifícase el artículo 178 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “por cédula” por la frase “por correo electrónico, sin perjuicio de lo indicado en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “resueltas” y “por el Abogado” la frase “, por cuerda separada,”.

61) Modifícase el artículo 179 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Abogado Provincial” por “Abogado del Servicio de Tesorerías”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “por cédula lo resuelto” por la frase “por correo electrónico lo resuelto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171”.

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “presentar” por “remitir”.

62) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 180, la expresión “presentarán” por “remitirán”.

63) Elimínase el inciso tercero del artículo 182.

64) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 185 por el siguiente:

“Los avisos a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, se reducirán en estos juicios a un aviso electrónico que se publicará en el sitio web del Servicio de Tesorerías o en el sitio web que señale el Tesorero General de la República, mediante resolución, el que se mantendrá publicado desde a lo menos quince días corridos antes de la fecha fijada para el remate por el tribunal respectivo, hasta la fecha de la subasta propiamente tal. Dichos avisos serán autorizados por el Secretario del Tribunal respectivo, e indicarán, a lo menos, los siguientes antecedentes: nombre del dueño del inmueble, su ubicación, tipo de impuesto y período, número de rol, si lo hubiere, y el Tribunal que conoce del juicio. La certificación del hecho de haberse efectuado la publicación de la subasta, será realizada por el mismo Secretario. El Servicio de Tesorerías deberá emplear todos los medios a su alcance para dar la mayor publicidad posible a la subasta.”.

65) Modifícase el artículo 192 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“El plazo indicado en el inciso anterior podrá ser ampliado hasta tres años en casos calificados según normas y criterios objetivos de general aplicación establecidos por el Tesorero General. Asimismo, y bajo criterios objetivos y de general aplicación el Servicio de Tesorería podrá excepcionalmente solicitar al contribuyente otorgar garantías para los efectos de asegurar el cumplimiento del pago del convenio. Estas garantías podrán ser otorgadas por el deudor o un tercero indicado por el contribuyente. Siempre se requerirá una garantía cuando el plazo del convenio exceda de los dos años.”.

b) Agregáse un inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“No se aplicarán intereses sobre las cuotas de aquellos convenios que sean suscritos por contribuyentes sujetos al régimen contenido en el artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta con un plazo de hasta 18 meses. Asimismo, en estos convenios no se podrá exigir un pago inicial que supere el 5% de la deuda.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“No procederá, en ningún caso, la condonación de intereses respecto de contribuyentes que hayan sido condenados por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas o Servicio de Tesorerías.”.

66) Agrégase en el artículo 194 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“También estarán obligados a entregar información la Dirección de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante respecto de los bienes que se encuentren inscritos en sus registros.”.

67) Modifícase el artículo 196 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los numerales 1º y 2º por los siguientes:

“1°. Las deudas que tengan las siguientes características:

a) Las deudas de monto no superior a media unidad tributaria mensual, siempre que hubiere transcurrido más de un semestre desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

b) Las deudas cuyo monto, sin considerar multas e intereses, sea superior a media unidad tributaria mensual, pero inferior a 70 unidades tributarias mensuales, de contribuyentes que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta o de personas naturales, sin giro de primera categoría y cuyos ingresos anuales en los últimos 3 ejercicios no superen en promedio las 70 unidades tributarias anuales, siempre que, en cualquier caso, cumplan con los siguientes requisitos:

i. Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se hayan hecho exigibles;

ii. Que los fondos embargados en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista y cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos hubieren sido imputados en su totalidad a la deuda;

iii. Que, de acuerdo con los antecedentes que mantenga el Servicio de Tesorerías, el contribuyente no tenga bienes muebles o inmuebles embargables, o bien que, teniendo bienes muebles embargados sujetos a avalúo fiscal, dicho avalúo no supere el 20% de la deuda.

iv. Que, habiendo sólo bienes muebles embargados, no sujetos a avalúo fiscal, o que estos más los bienes muebles señalados en el numeral anterior, no constituyan garantía suficiente; y,

v. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial.

Para la verificación de los requisitos establecidos en los numerales ii. y iii., el Servicio de Tesorerías deberá indagar en todas las bases de datos que tenga disponibles la información respecto de los bienes del contribuyente informados en virtud de las facultades contenidas en los artículos 194 y 195.

Respecto de las deudas cuyo origen sean diferencias de impuestos, multas e intereses provenientes de la comisión de delitos tributarios, respecto de los cuales el Director hubiera ejercido la opción de perseguir la aplicación de la multa a través del procedimiento administrativo, según lo indicado en el inciso 3° del artículo 162; o de la aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4º quáter y 4 quinquies, se requerirá que la cobranza administrativa o judicial hubiera sido iniciada en un plazo no menor a cuatro años, además del cumplimiento de los demás requisitos.

c) Las deudas de un monto superior al 50% de una unidad tributaria mensual, a las que no le sean aplicables los supuestos de la letra b) anterior, deberán cumplir los mismos requisitos allí señalados con las siguientes modificaciones:

i. Que el contribuyente no tenga bienes muebles sujetos a registro o que teniendo bienes muebles sujetos a avalúo fiscal, este no sea superior al 20% de la deuda.

ii. La cobranza administrativa o judicial se deberá haber iniciado hace más de 2 años, a menos que el origen de la deuda sea el indicado en el párrafo final de la letra b) anterior en cuyo caso se estará al plazo allí indicado.

d) Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, el Tesorero General de la República podrá siempre declarar la incobrabilidad de las deudas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que durante los últimos tres años el contribuyente no registre movimientos tributarios, o bien, haya terminado su giro comercial o industrial;

ii. Que se cumplan los requisitos señalados en los numerales ii., y iii., de la letra b); y

iii. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial hace más de cuatro años.

2°. Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, siempre que adicionalmente cumplan los requisitos señalados en la letra b) del número 1 anterior.”.

b) Reemplázase en el número 7°., los guarismos “50” y “100” por “150” y “360”.

c) Agrégase, a continuación del número 7°, el siguiente número 8°, nuevo:

“Las deudas por concepto de impuesto territorial o de otros créditos que afecten a la propiedad raíz sean a beneficio fiscal o municipal correspondientes a predios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que hayan sido eliminados del catastro de roles de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos;

b) Que no sean ubicados en terreno por el recaudador fiscal o que no se logre determinar un obligado al pago en de aquel impuesto.

c) Que, a la fecha de la declaración de incobrabilidad, los predios se encuentren actualmente exentos totalmente del pago de contribuciones o que a la fecha de declaración de incobrabilidad correspondan a propiedades fiscales, municipales y bienes nacionales de uso público, que no se encuentren concesionados, o a propiedades indígenas.”.

d) Reemplázase el inciso final por los siguientes incisos séptimo y final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores no procederá la declaración de incobrables sobre deudas de contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados por delitos tributarios, o hayan sido sancionados por ellos. Esta prohibición se mantendrá mientras dure el proceso o hasta el cumplimiento de la pena, según corresponda; y

ii. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el numeral 10 del artículo 161, mientras dure el mismo;

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos Internos y los otros organismos correspondientes, deberán informar a la Tesorería, periódicamente, el listado de contribuyentes que se encuentren en la situación señalada en los numerales i. ii y iii. anteriores.”.

68) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 197 por los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“La revalidación indicada en el inciso anterior podrá ser realizada dentro del plazo máximo de tres años desde la declaración de incobrabilidad. Transcurrido el plazo indicado prescribirá, en todo caso, la acción del Fisco.

No obstante, para el caso de los contribuyentes señalados en la letra b) del artículo 196, el plazo indicado en el inciso anterior será de un año.”.

69) Agrégase, a continuación del artículo 197, el siguiente artículo 197 bis, nuevo:

“Artículo 197 bis.- No habiéndose iniciado la cobranza administrativa o judicial, los deudores morosos cuyas deudas se encuentren prescritas según lo dispuesto en el artículo 201 podrán solicitar a la Tesorería la declaración administrativa de prescripción de la deuda, a través del procedimiento que determine dicho organismo para estos efectos, mediante instrucción.

La prescripción será declarada a través de resolución fundada, por los Tesoreros Regionales o Provinciales, según corresponda, competentes dentro del territorio jurisdiccional en donde se encuentre domiciliado el deudor moroso. Sin perjuicio, el Tesorero Regional o Provincial podrá delegar la facultad de conocer y resolver las solicitudes a que se refiere este artículo en el Abogado del Servicio de Tesorerías.

Durante la tramitación de la solicitud deberá darse audiencia al deudor moroso para que diga lo propio y acompañe los antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios para resolver la petición.

La solicitud se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella, dentro del plazo de 120 días contado desde su presentación.

A este procedimiento se aplicarán de forma supletoria las reglas de la ley N°19.880. A este respecto no serán procedentes los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Asimismo, El Juez Sustanciador podrá inhibirse de iniciar las acciones de cobro cuando, al momento en que la deuda sea informada por el organismo girador a la Cuenta Única Tributaria del Servicio de Tesorerías, se encuentren cumplidos los plazos establecidos en los artículos 200 y 201. En estos casos procederá a declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro ejecutivo y ordenará la eliminación de la deuda del registro en la Cuenta Única Tributaria.”.

70) Agrégase en el artículo 207, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la frase “El reglamento dictado en el ejercicio de esta facultad debe considerar siempre que la sanción final a aplicar al contribuyente, una vez descontado el monto condonado, esté acorde con el tipo de incumplimiento tributario de que se trate y sea siempre superior al costo de financiamiento que el contribuyente podría haber obtenido en el sector financiero o privado.”.

Artículo segundo.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974 del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en la letra c) del inciso tercero del artículo 10 la frase “(A) en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera y, que, además,” por la frase “(A) no existan personas con domicilio o residencia en Chile, que directa o indirectamente, y a cualquier título, sean titulares, accionistas o beneficiario de un 5% o más de las acciones, cuotas, títulos o derechos que se enajenan de la sociedad o entidad extranjera,”.

2) Agrégase en el numeral 2 del artículo 32, el siguiente literal c), nuevo:

“c) El monto de los ajustes de precio de transferencia realizados por el contribuyente, regulados en el numeral 9 del artículo 41 E.”.

3) Modifícase el artículo 41 E en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la expresión “en Chile,” y la frase “se lleven” la conjunción “que”.

ii) Reemplázase la frase “y no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado” por la frase “y no cumplan con el principio de plena competencia, esto es, cuando sus operaciones no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “de bienes o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país y se estime que de haberse transferido los bienes, cedido los derechos, celebrados los contratos o desarrollado las actividades entre partes independientes, se habría pactado un precio, valor o rentabilidad normal de mercado, o los fijados serían distintos a los que establecieron las partes” por la frase “o viceversa, de funciones, activos, riesgos, bienes y/o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país, o se ponga término a convenciones, acuerdos o contratos vigentes o se lleven a cabo modificaciones sustanciales de los mismos, y se estime que en la respectiva reorganización o restructuración no se cumple el principio de plena competencia”.

c) Reemplázase en su inciso tercero la frase “las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y cualquier otra circunstancia razonablemente relevante” por la siguiente “las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación o circunstancias razonablemente relevantes dependiendo del caso que se analice”.

d) Modifícase el párrafo tercero de su número 1:

i) Elimínase la frase “se considerará que”.

ii) Reemplázase la frase “salvo que dicho país o territorio suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante para los efectos de aplicar las disposiciones tributarias, que se encuentre vigente” por la oración “, independientemente de si forman parte o no de un mismo grupo empresarial”.

e) Elimínase el párrafo cuarto del número 1.

f) Reemplazáse en el párrafo final del numeral 2 la frase “y de rangos y ajustes de comparabilidad” por la frase “; selección de la parte analizada; número de años de información financiera utilizada; de rangos y ajustes de comparabilidad y cualquier otro antecedente que se estime pertinente”.

g) Intercálase en el párrafo segundo del numeral 3, entre la frase “dichos estudios” y la coma que le sigue, la frase “, ya sean antecedentes propios o de la o las partes relacionadas ubicadas en el extranjero, que tengan vinculación con la operación que se analiza”.

h) Modifícase su numeral 4 de la siguiente forma:

i) Agréganse los siguientes párrafos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual párrafo tercero a ser sexto y así sucesivamente:

“El ajuste de precios de transferencia podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. Sin embargo, en caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, se deberá utilizar un rango intercuartil.

Si el precio, valor o margen de la transacción analizada se encuentra fuera del rango intercuartil, contenido entre el primer y el tercer cuartil, se considerará que el valor, precio o margen no es de plena competencia.

Cuando el contribuyente acepte el análisis de precios de transferencia del Servicio y rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta, el ajuste de precios de transferencia se realizará mediante la determinación de una cifra única, o bien a un punto o valor dentro del rango intercuartil, según se establezca con el Servicio. Si el Servicio emite una liquidación de impuestos conforme al artículo 24 del Código Tributario o una resolución, según corresponda, el ajuste por precios de transferencia se realizará siempre a la cifra única o a la mediana del rango intercuartil, según el caso.”.

ii) Intercálase en su párrafo tercero, que ha pasado a ser sexto, entre el guarismo “21” y el punto final que le sigue, la frase “, ya sea que el contribuyente rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta o se emita una liquidación de impuestos o resolución según corresponda”.

iii) Agrégase a continuación del cuarto, que ha pasado a ser séptimo, el siguiente párrafo final nuevo:

“Los ajustes de precios, valores o rentabilidades de mercado determinados conforme al presente artículo no producirán efectos en otros impuestos distintos de los establecidos en la presente ley.”.

i) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la oración “así como información general del grupo empresarial al que pertenece, entendiéndose por tal aquel definido en el artículo 96 de la ley N°18.045, sobre Mercado de Valores” por la oración “entendiéndose por tales aquellas señaladas en el numeral 1 de este artículo”.

ii) Reemplázase la frase “artículo 41” por la frase “numeral 10.- del artículo 2”.

j) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

“7.- Acuerdos anticipados.

Los contribuyentes que pretendan presentar una solicitud de acuerdo anticipado que determine los precios, valores o rentabilidades normales de mercado de las operaciones vinculadas que llevarán a cabo con sus partes relacionadas ubicadas en el exterior, podrán presentar una consulta previa al Servicio, cuyo contenido será el siguiente:

a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b) Descripción de las operaciones objeto del acuerdo anticipado.

c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que pretenda formular.

d) Indicación de un correo electrónico para las comunicaciones entre el contribuyente y el Servicio.

El Servicio analizará la consulta previa, pudiendo requerir a los contribuyentes las aclaraciones y antecedentes que estime pertinentes, y comunicará a los interesados la viabilidad del acuerdo previo de valoración dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta comunicación se realizará al correo electrónico que indique el contribuyente y se referirá exclusivamente a la posibilidad de presentación del acuerdo anticipado y no a su resultado, por tanto, no impide el derecho del contribuyente a presentar la solicitud. El Servicio determinará mediante resolución la forma y oportunidad en que podrá presentarse la consulta previa.

Habiendo o no presentado una consulta previa, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas podrán proponer al Servicio un acuerdo anticipado en cuanto a la determinación del precio, valor o rentabilidad normal de mercado de tales operaciones, para estos efectos en la forma y oportunidad que establezca el Servicio mediante resolución. El contribuyente interesado deberá presentar una solicitud con una descripción de las operaciones respectivas, sus precios, valores o rentabilidades normales de mercado y el período que debiera comprender el acuerdo, acompañada de la documentación o antecedentes en que se funda y de un informe o estudio de precios de transferencia en que se hayan aplicado a tales operaciones los métodos a que se refiere este artículo. El Servicio, mediante resolución, podrá rechazar a su juicio exclusivo, la solicitud de acuerdo anticipado, la que no será reclamable, ni admitirá recurso alguno. En caso de que el Servicio acepte total o parcialmente la solicitud del contribuyente, se dejará constancia del acuerdo anticipado en un acta, la que será suscrita por el Servicio y un representante del contribuyente autorizado expresamente al efecto, debiendo constar en ella los antecedentes en que se funda. El Servicio podrá suscribir acuerdos anticipados en los cuales intervengan además otras administraciones tributarias a los efectos de determinar anticipadamente el precio, valor o rentabilidad normal de mercado de las respectivas operaciones llevando a cabo las coordinaciones necesarias para su correcta implementación de acuerdo con la normativa vigente de cada jurisdicción. Tratándose de la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda establecerá mediante resolución el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

El acuerdo anticipado, una vez suscrita el acta, se aplicará respecto de las operaciones llevadas a cabo por el solicitante a partir del mismo año comercial en que se suscriba el acta de acuerdo anticipado y por los cuatro años comerciales siguientes, pudiendo ser prorrogado o renovado, previo acuerdo suscrito por el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, cuando se trate de importaciones de mercancías, y, cuando corresponda, por la otra u otras administraciones tributarias. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas hasta en los tres años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo, aplicándose respecto de dichos periodos el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, pero sin intereses penales ni multas, siendo además aplicable lo dispuesto en el párrafo final del número 4 del presente artículo.

El Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, efectuarán un seguimiento del cumplimiento del acuerdo por parte del contribuyente, para lo cual en la respectiva acta se fijará la forma y plazo en que el contribuyente entregará un informe anual en el que se demuestre la conformidad de sus precios de transferencia con las condiciones pactadas. De no cumplirse con dicha obligación, se requerirá al contribuyente para que presente dicho informe bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, dentro del plazo de 30 días, el Servicio podrá poner término al acuerdo anticipado por incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. El término del acuerdo anticipado regirá desde el mismo ejercicio en que se notifique la resolución que así lo establece.

El Servicio deberá pronunciarse respecto de la solicitud del contribuyente ya sea concurriendo a la suscripción del acta respectiva o rechazándola mediante resolución, dentro del plazo de 12 meses contado desde que el contribuyente haya entregado o puesto a disposición de dicho Servicio la totalidad de los antecedentes que estime necesarios para resolverla. En caso de que el Servicio no se pronuncie dentro del plazo señalado, o bien el contribuyente no aporte los antecedentes solicitados por el Servicio dentro de este procedimiento, se entenderá rechazada la solicitud del contribuyente, pudiendo este volver a proponer la suscripción del acuerdo. Para los efectos del cómputo del plazo, se dejará constancia de la entrega o puesta a disposición referida en una certificación del jefe de la oficina del Servicio que conozca de la solicitud.

El Servicio podrá, en cualquier tiempo, dejar sin efecto el acuerdo anticipado cuando la solicitud del contribuyente se haya basado en antecedentes erróneos, maliciosamente falsos, hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación, o cuando el contribuyente incumpla total o parcialmente el acuerdo. La resolución que se dicte dejando sin efecto el acuerdo anticipado, deberá fundarse en el carácter erróneo de los antecedentes, en su falsedad maliciosa, en la variación sustancial de los antecedentes o circunstancias esenciales en virtud de las cuales el Servicio aceptó la solicitud de acuerdo anticipado o en el incumplimiento del acuerdo, señalando de qué forma éstos son erróneos, maliciosamente falsos, han variado sustancialmente o en qué forma se incumplió el acuerdo, según corresponda, y detallando los antecedentes que se han tenido a la vista para tales efectos. La resolución que deje sin efecto el acuerdo anticipado regirá a partir de su notificación al contribuyente, salvo cuando se funde en el carácter maliciosamente falso de los antecedentes de la solicitud, caso en el cual se dejará sin efecto a partir de la fecha de suscripción del acta original o de sus renovaciones o prórrogas, considerando la oportunidad en que tales antecedentes hayan sido invocados por el contribuyente. Asimismo, la resolución será comunicada, cuando corresponda, a la o las demás administraciones tributarias respectivas. Esta resolución no será reclamable ni procederá a su respecto recurso alguno, ello sin perjuicio de la reclamación o recursos que procedan respecto de las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos, intereses y multas dictadas o aplicadas por el Servicio que sean consecuencia de haberse dejado sin efecto el acuerdo anticipado. Por su parte, el contribuyente podrá dejar sin efecto el acuerdo anticipado que haya suscrito cuando hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación. Para estos efectos, deberá manifestar su voluntad en tal sentido mediante aviso por escrito al Servicio, en la forma que éste establezca mediante resolución, de modo que el referido acuerdo quedará sin efecto desde la fecha del aviso, pudiendo el Servicio ejercer respecto de las operaciones del contribuyente la totalidad de las facultades que le confiere la ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la presentación de antecedentes maliciosamente falsos en una solicitud de acuerdo anticipado que haya sido aceptada total o parcialmente por el Servicio será sancionada en la forma establecida por el inciso primero, del número 4°, del artículo 97, del Código Tributario.

Una vez suscrita el acta de acuerdo anticipado, o sus prórrogas o renovaciones, y mientras se encuentren vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, no podrán determinar diferencias de impuestos por precios de transferencias o valoración aduanera en las operaciones comprendidas en él, siempre que el valor de las importaciones, los precios, valores o rentabilidades hayan sido establecidos o declarados por el contribuyente conforme a los términos previstos en el acuerdo.

Las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes en virtud de los cuales han sido suscritas quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. Aquellos contribuyentes que autoricen al Servicio la publicación de los criterios, razones económicas, financieras, comerciales, entre otras, y métodos en virtud de los cuales se suscribieron los acuerdos anticipados conforme a este número, debiendo dejarse en este caso constancia de la autorización en el acta respectiva, serán incluidos si así lo autorizan, mientras se encuentre vigente el acuerdo, en una nómina pública de contribuyentes socialmente responsables que mantendrá dicho Servicio. Aun cuando no hayan autorizado ser incluidos en la nómina precedente, no se aplicará respecto de ellos, interés penal y multa algunos con motivo de las infracciones y diferencias de impuestos que se determinen durante dicha vigencia, salvo que se trate de infracciones susceptibles de ser sancionadas con penas corporales, caso en el cual serán excluidos de inmediato de la nómina señalada. Lo anterior es sin perjuicio del deber del contribuyente de subsanar las infracciones cometidas dentro del plazo que señale el Servicio, el que no podrá ser inferior a 30 días hábiles contado desde la notificación de la infracción; y/o declarar y pagar las diferencias de impuestos determinadas, y sin perjuicio de su derecho a reclamar de tales actuaciones, según sea el caso. Cuando el contribuyente no hubiese subsanado la infracción y/o declarado y pagado los impuestos respectivos dentro de los plazos que correspondan, salvo que haya deducido reclamación respecto de tales infracciones, liquidaciones o giros, el Servicio girará sin más trámite los intereses penales y multas que originalmente no se habían aplicado. En caso de haberse deducido reclamación, procederá el giro señalado cuando no haya sido acogida por sentencia ejecutoriada o el contribuyente se haya desistido de ella.”.

k) Reemplázase en el numeral 8 la oración “y dentro del plazo de 5 años contado desde la expiración del plazo legal en que se debió declarar en el país los resultados provenientes de las operaciones cuyos precios, valores o rentabilidades se pretenda rectificar” por la oración “dentro del plazo de 1 año contado desde que el ajuste de precios de transferencia se considere definitivo en la otra jurisdicción”.

l) Agrégase, a continuación del numeral 8, el siguiente numeral 9, nuevo:

“9.- Autoajuste de precios de transferencia realizado por el contribuyente.

Los contribuyentes podrán ajustar sus precios, valores o rentabilidades en las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas ubicadas en el extranjero, considerando aquellos que habrían acordado u obtenido partes independientes en operaciones y circunstancias comparables, cuando en su análisis determinen que sus operaciones vinculadas no cumplen el principio de plena competencia, para cuyos efectos deberá aplicar los métodos referidos en este artículo.

En consecuencia, se entenderá por autoajuste de precios de transferencia aquel que realice un contribuyente en forma previa a un requerimiento del Servicio y en el que determine, en su opinión, un precio, valor o rentabilidad de plena competencia en el marco de una operación vinculada, aunque dicho precio difiera del importe realmente cargado entre las empresas relacionadas.

Este autoajuste podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. En caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, deberá utilizar un rango intercuartil, pudiendo ajustarse a cualquier punto o valor dentro del indicado rango.

El ajuste determinado deberá ser agregado a la base imponible del impuesto de primera categoría y sólo procederá cuando ello implique un aumento de la base imponible indicada. No se podrán realizar ajustes para disminuir la renta líquida imponible de primera categoría y determinar un menor impuesto o una mayor pérdida tributaria. El ajuste tendrá solo efectos sobre los impuestos establecidos en la presente ley, en los términos establecidos en el párrafo final del número cuatro del presente artículo.

Los contribuyentes deberán conservar la totalidad de los antecedentes que permitan acreditar que el autoajuste aplicado a la o las operaciones con sus partes relacionadas, se ha efectuado considerando los precios, valores o rentabilidades normales de mercado. En caso que el Servicio determine un ajuste respecto de estas operaciones, este se afectará con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, conforme a lo establecido en el número cuatro de este artículo.”.

4) Modifícase el artículo 41 G en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el primer párrafo del numeral 2) del literal A, la oración “las letras a), b), y d) del artículo 100 de la ley N° 18.045” por la frase “el número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

b) Reemplázase en el párrafo tercero del número 2 la frase “de baja o nula tributación” por “con un régimen fiscal preferencial”.

c) Sustitúyese el literal B.- por el siguiente:

“B.- País o territorio con un régimen fiscal preferencial.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá como un país o territorio con un régimen fiscal preferencial aquéllos a que se refiere el artículo 41 H.”.

d) Reemplázase en el párrafo tercero del numeral 8 del literal C la frase “de baja o nula imposición” por la frase “con un régimen fiscal preferencial”.

e) Sustitúyese el numeral 6 del literal D.- por el siguiente:

“6. Los contribuyentes constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile a que se refiere este artículo, no deberán considerar como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 unidades de fomento en total al término del ejercicio respectivo.

Para determinar si un contribuyente cumple con el límite señalado en el párrafo anterior, deberá considerar también aquellas rentas pasivas obtenidas, dentro del mismo ejercicio, por personas o entidades con las que esté relacionado. Si al efectuar la agregación anterior el resultado obtenido excede dicho límite, tanto el contribuyente como todos sus relacionados deberán considerar como devengadas la totalidad de sus rentas pasivas, según las disposiciones del presente artículo. Para estos efectos se entenderán como relacionados con un contribuyente las personas y entidades en los términos del número 2) de la letra A) de este artículo.”.

f) Reemplázase en el párrafo segundo del literal F.- la frase “artículo 41” por la frase “número 10 del artículo 2”.

5) Sustitúyese el artículo 41 H por el siguiente:

“Artículo 41 H.- Para los efectos de esta ley, se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando cumpla copulativamente las condiciones indicadas a continuación:

a) No haya celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente o, encontrándose vigente, contiene limitaciones que impide un intercambio efectivo de información.

b) No reúna las condiciones para ser considerado cumplidor o sustancialmente cumplidor en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Para estos efectos se estará a las calificaciones realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales u otro organismo internacional que lo reemplace siempre que Chile sea un miembro permanente.

El Servicio se pronunciará mediante resolución de los territorios o jurisdicciones que se encuentran en la situación que establece este artículo.”.

Artículo tercero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Modifícase el artículo 3°, en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso séptimo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, la palabra “retengan”, por la oración “recarguen, retengan, declaren y/o paguen”.

ii) Reemplázase la frase “prestadores domiciliados” por “personas naturales o jurídicas u otro tipo de entidades sin personalidad jurídica domiciliadas”.

b) Elimínase su inciso final.

2) Agrégase a continuación del artículo 3 el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. También será contribuyente del impuesto establecido en esta ley, en la forma establecida en el presente artículo, el operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera un vendedor habitual del bien o prestador del servicio que se concluye a través de la plataforma digital que opere y siempre que se trate de una operación gravada con el impuesto establecido en la presente ley.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el servicio subyacente sea prestado o el bien sea vendido por o a un contribuyente de esta ley.

Se entenderá por "plataforma digital de intermediación" la interfaz que, a través de internet, permita o facilite a terceros la conclusión de ventas o servicios; y por "operador", las personas naturales o jurídicas u otras entidades, nacionales o extranjeras, con o sin domicilio o residencia en Chile, que explotan económicamente una plataforma digital. No se considerará como plataforma digital a los servicios que sólo consistan en publicidad o procesamiento de pagos.

Cuando más de una plataforma digital de intermediación facilite de forma conjunta o simultáneamente una misma operación, se considerará contribuyente, bajo el presente artículo, sólo aquella que autorice o procese el pago de la operación gravada.

Los contribuyentes señalados en el presente artículo que no tengan domicilio o residencia en Chile se sujetarán a las disposiciones del párrafo 7 bis del Título II.”.

3) Agrégase en el artículo 4° el siguiente inciso final, nuevo:

“También, se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles, situados en el extranjero, adquiridos de forma remota, a un no domiciliado ni residente en Chile, por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando los bienes tengan por destino el territorio nacional, aún antes de su embarque o envío desde el extranjero, siempre que su precio, incluyendo todo cargo accesorio que sea cobrado en la misma operación, no exceda de USD 500 o su equivalente en moneda nacional.”.

4) Modifícase el inciso tercero del artículo 5°, en el siguiente sentido:

a) Elimínase la expresión “del artículo 8 letra n)”.

b) Reemplázase la palabra “digital” por la palabra “remota”.

5) Modifícase el artículo 8 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el literal m) del artículo 8°, los siguientes párrafos tercero a sexto nuevos:

“Previa citación al contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá liquidar y girar el impuesto sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra, que realice la empresa que se crea o subsista con ocasión de una reorganización empresarial, cuando dicha reorganización haya tenido por objeto principal evitar el pago del impuesto. Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho de que la empresa que se crea o subsista se encuentre sujeta a las normas de este título, si los bienes están o no destinados al giro o actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Asimismo, y previa citación al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá recalificar como una venta de activo inmovilizado para los efectos de lo dispuesto en esta letra, la venta de acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones cuotas o derechos sociales, respecto de cualquier tipo de entidad con o sin personalidad jurídica, cuando al menos un 50% del valor de mercado total de las acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales, provenga del valor de mercado del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra y que sean propiedad, directa o indirecta, de la empresa cuyos derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales se enajenan, cuando dicha enajenación haya sido realizada con el objeto principal de evitar el pago del impuesto que se hubiese devengado de haberse vendido él o los bienes del activo inmovilizado de manera directa.

Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho que, como consecuencia de la venta, el o los bienes del activo inmovilizado han dejado de estar destinados a actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Con todo, además de cumplirse con el requisito establecido en el párrafo cuarto, es necesario que la enajenación referida sea de, al menos, un 20% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros de su grupo empresarial, en los términos del número 14 del artículo 8 del Código Tributario, dentro de un período de doce meses anteriores a la última de ellas.”.

b) Elimínase su letra n).

6) Modifícase el literal B del artículo 12 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 11, entre la palabra “Aduanero” y el punto final que le sigue, la frase “, y que no correspondan a aquellas gravadas por aplicación de la letra a) del inciso cuarto del artículo 4 de esta ley”.

b) Agréguese el siguiente numeral 18, nuevo:

“18. Las personas que no tengan el carácter de vendedor o de prestador de servicios, o quienes realicen la compra por cuenta de éstas, en el caso del inciso final del artículo 4 de esta ley, siempre que se acredite que el impuesto que corresponde a dicha operación fue efectivamente cobrado por el vendedor o plataforma digital, lo cual se efectuará de la forma que disponga el Director del Servicio de Impuestos Internos y el Director del Servicio Nacional de Aduanas mediante resolución conjunta.”.

7) Agrégase en el artículo 16°, a continuación del literal i), el siguiente literal j), nuevo:

“j) En los casos señalados en el párrafo cuarto de la letra m) del artículo 8°, el valor normal de mercado de los activos inmovilizados enajenados indirectamente o los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, pudiendo el Servicio ejercer su facultad de tasación conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, con los ajustes que correspondan en la determinación de la base imponible según las reglas de esta ley.”.

8) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “pagarse” por “pagar”.

b) Sustitúyense los incisos cuarto a sexto, por los siguientes:

“Cuando no se pueda determinar de forma clara o fehaciente el impuesto que un contribuyente deba pagar, el Servicio, mediante resolución fundada y previa citación según el artículo 63 del Código Tributario, podrá tasar las ventas o servicios realizados, considerando los antecedentes que tenga en su poder, o tomando como base las ventas realizadas o los servicios prestados por contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad u otros que permitan hacer una estimación razonable del impuesto a pagar. Lo anterior, sin perjuicio de que el contribuyente podrá acreditar el crédito soportado en la adquisición de bienes o servicios destinados a sus operaciones, en los términos del artículo 23.

Asimismo, un contribuyente podrá solicitar al Servicio que ejerza la facultad señalada en el inciso anterior cuando entregue antecedentes que den cuenta que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar. En este caso y sólo por una vez, el Servicio deberá estimar un monto de crédito fiscal que será imputable al débito fiscal, determinado de acuerdo con lo observado para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad. El contribuyente podrá solicitar que el impuesto determinado y la fórmula de su cálculo sean enviadas a la Defensoría del Contribuyente para su asesoría en el proceso.

Respecto del impuesto determinado según lo dispuesto en el inciso anterior, procederá la condonación de la totalidad de los intereses y multas, siempre que su pago se verifique dentro de los tres meses siguientes a la fecha del giro respectivo y que el contribuyente haya iniciado actividades al momento del pago.”.

9) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año en el cual se obtuvo la devolución a menos que ésta hubiera tenido lugar dentro del último trimestre del año en cuyo caso se aplicará a partir del año siguiente. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.”.

b) Reemplázase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la frase “a que se refieren los incisos anteriores” por la frase “señalada en el inciso primero de este artículo”.

c) Reemplázase en su inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, la frase “el inciso cuarto” por “los incisos cuarto y quinto”.

10) Reemplázase el artículo 35 A, por el siguiente:

“Artículo 35 A.- Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que presten servicios o realicen ventas a personas domiciliadas o residentes en el país y que no sean contribuyentes de los impuestos establecidos en esta ley, quedarán sujetos al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes.”.

11) Modifícase el artículo 35 D en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la palabra “afectos” por la frase “o ventas afectas”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra “prestados” y la conjunción “en”, la frase “o ventas realizadas”.

12) Modifícase el artículo 35 G en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “servicios” y la coma que le sigue, la frase “o ventas”.

b) Intercálase, entre la palabra “servicio” y la frase “el impuesto”, la frase “o venta”.

13) Reemplázase en el inciso primero del artículo 35 I, las expresiones “el artículo 8 letra n) u otros en que se autorice el régimen simplificado establecido en el artículo 35 A, y que sean prestados digitalmente”, por la frase “esta ley”.

14) Agréganse, en el artículo 36, los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser octavo y así sucesivamente:

“El monto del reembolso a que se refieren los incisos anteriores se determinará aplicando al total del crédito fiscal del período correspondiente, el porcentaje que represente el valor de las exportaciones con derecho a recuperación del impuesto en relación con las ventas totales de bienes y servicios, considerando en ambos casos los últimos doce períodos tributarios consecutivos. Para estos efectos, no se deberán considerar los períodos en que el contribuyente no registre ventas ni servicios.

En aquellos casos en que el impuesto recuperado sea mayor al equivalente al valor FOB de los bienes o servicios exportados en el período, los contribuyentes deberán acreditar que, en un período de 24 meses contado desde el último embarque o de la aceptación a trámite de la declaración de exportación en el caso de servicios, han realizado exportaciones equivalentes a lo menos, a dos veces el impuesto reembolsado. Para estos efectos, se deberá considerar el valor FOB de los bienes o servicios exportados al término del plazo de 24 meses. En caso de no cumplir con exportaciones por el valor mínimo antes señalado, los contribuyentes deberán reintegrar las sumas reembolsadas, en proporción al monto de las exportaciones no realizadas. Con todo, las sumas reintegradas se considerarán crédito fiscal del período en que se verifique el reintegro.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también aplicará a los exportadores que dieran aviso de término de giro sin haber exportado, al menos, la cantidad señalada anteriormente. Con todo, no se aplicará la obligación de reintegrar las sumas reembolsadas cuando se acredite que el incumplimiento se debió a caso fortuito, fuerza mayor o cuando la empresa se encuentre dentro de un proceso de liquidación concursal.

En aquellos casos en que los exportadores cuenten con autorización para obtener el reembolso de forma previa a la materialización de una exportación y que, con posterioridad a la fecha en que se efectúe el reembolso y se encuentre pendiente la exportación, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual el titular del beneficio sea absorbido por otro contribuyente, la empresa que tenga la calidad de continuadora legal mantendrá la autorización otorgada, con todos los derechos y obligaciones que se hubiesen establecido. Lo anterior, siempre y cuando la empresa que se cree o subsista manifieste su voluntad de continuar con el referido proyecto, en la forma que establezca el Ministro de Hacienda mediante el decreto supremo a que hace referencia el inciso tercero. En tal caso, no procederá cobro alguno respecto de las sumas devueltas con anterioridad al titular del beneficio.”.

Artículo cuarto.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase el artículo 1 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la oración “Lo anterior es sin perjuicio de las facultades establecidas en el inciso primero del artículo 63.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso quinto el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“El impuesto establecido en la presente ley gravará aquellas donaciones cuyo donatario tenga domicilio o residencia en Chile o en que los bienes donados se encuentren situados o registrados en Chile o hayan sido adquiridos con recursos provenientes del país.”.

c) Intercálase en su inciso séptimo que ha pasado a ser octavo, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

d) Reemplázase en su inciso final la oración “Para efectos de la paridad cambiaria se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a) número 7 del artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824 de 1974” Por la oración “Para estos efectos se considerará la paridad correspondiente a la fecha de pago del impuesto en el extranjero”.

2) Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8º del artículo 18 la frase “En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso” por la oración “No gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a personas que tengan la calidad de legitimarios o sean beneficiarias de la cuarta de mejoras del donante según lo dispuesto en el artículo 1.184 del Código Civil. Tampoco gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a partes relacionadas con el donante en los términos del número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

3) Reemplázase en el inciso primero del artículo 26, la palabra “empleados” por “empleadores”.

4) Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46. Para determinar el monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto, se considerará el valor que tengan los bienes objeto de la herencia o donación, en conformidad a las siguientes reglas:

i. Las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título sobre empresas o entidades con o sin personalidad jurídica constituidas en Chile o el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier otro activo que se transe en Chile o en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, deberán valorizarse según el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

En aquellos casos en que las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título se mantengan en empresas o entidades sin presencia bursátil que cuenten con estados financieros auditados, se deberá declarar el valor mayor que representen dichas acciones cuotas, derechos o títulos entre el valor del capital propio tributario, cuando corresponda, y el del patrimonio financiero de la empresa o entidad, a la fecha indicada en el párrafo anterior o, cuando esto no fuere posible, sobre los valores que consten en el estado financiero auditado correspondiente al año anterior a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando los bienes indicados en este numeral den cuenta de una participación en empresas o entidades constituidas o domiciliadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dichos bienes deberán ser valorizados aplicando las reglas de valorización del presente artículo sobre sus activos subyacentes ubicados en jurisdicciones o territorios distintos a los referidos en el artículo antes señalado o tratándose de bienes inmuebles se estará a su valor de mercado.

ii. Cuando se trate de acciones, cuotas, derechos o cualquier título en empresas u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica constituida en Chile o en el extranjero a los que no le sean aplicables las reglas del numeral i, se deberá considerar su valor normal de mercado al momento de deferirse la herencia o de realizarse la donación. Para efectos de este numeral el o los herederos o el donante, en su caso, deberán acompañar un estudio que dé cuenta del valor normal de mercado.

iii. Los bienes inmuebles ubicados en Chile se valorizarán considerando el avalúo fiscal utilizado para efectos del pago del impuesto territorial, correspondiente al semestre en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso de los inmuebles adquiridos dentro de los tres años anteriores a la fecha señalada anteriormente, se deberá declarar el valor de adquisición debidamente reajustado por el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de adquisición y el último día del mes anterior a dicha fecha o el valor del avalúo fiscal si éste fuere mayor. Los inmuebles ubicados fuera de Chile deberán valorizarse según su valor normal de mercado.

iv. Los vehículos u otro tipo de medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos serán considerados según el valor de tasación, determinado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año en que se defiere la herencia o se realice la donación. Cuando no exista una valoración disponible, se deberá declarar el valor normal de mercado del bien.

v. Los portafolios de inversiones, entendidos como un conjunto de distintos tipos de activos, tales como, pero no limitados a: bonos, acciones, monedas, efectivo, materias primas, productos derivados, criptoactivos y otros activos financieros, que pertenecen a un inversionista y que son administrados por un tercero, habilitado para la prestación de dicho servicio, o por una persona o entidad designada para dicha labor por el propio inversionista mediante mandato, tendrán como valor aquel informado por dicho administrador, al momento en que se defiere la herencia o se realice la donación, o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor.

vi. Las cuentas bancarias, ya sean corrientes, a la vista, de ahorro, u otros instrumentos financieros similares bajo custodia o administración de un banco o institución financiera, sea en Chile o en el extranjero, sea en moneda nacional o extranjera, en las que el causante tenga calidad de titular o beneficiario; serán valorizadas según el saldo a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor. Si en estas cuentas o instrumentos existiere más de un titular, se deberá considerar el saldo positivo en la proporción que le corresponda.

vii. Los beneficios a que tenga derecho el causante o donante se valorizarán atendiendo el porcentaje de su participación o derechos sobre el capital, el patrimonio o las utilidades, según corresponda, de la entidad que da origen al beneficio a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

viii. Los animales destinados a una actividad comercial o lucrativa, deberán ser valorizados según los valores contenidos en el Boletín semanal de precios de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas, publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, correspondiente a la semana anterior a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso que no exista un valor de referencia se estará al valor normal de mercado del animal.

ix. Cualquier otro tipo de bien o activos no enunciados expresamente, deberán valorizarse según su valor normal de mercado a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

x. Los pasivos de los que sea titular el causante deberán ser valorizados según su valor a la fecha en que se defiera la herencia.

Para efectos de esta ley se entenderá por valor normal de mercado aquel que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes. El contribuyente podrá acompañar estudios o informes de valorización, realizados por agentes independientes, que den cuenta de la valorización efectuada. Cuando corresponda declarar el valor de mercado de un bien el Servicio podrá tasar dicha valoración, en los términos del artículo 64 del Código Tributario cuando el valor declarado difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

5) Suprímese el artículo 46 bis

6) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “. En el caso del giro inmediato a que se refiere el artículo 46 bis, y dentro de los sesenta días siguientes de presentada la declaración, el Servicio podrá citar al contribuyente para ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario, pudiendo liquidar y girar las diferencias que determine” por la frase “conforme a las reglas generales”.

b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Si el impuesto no se declarare y pagare dentro del plazo de dos años, se adeudará, después del segundo año, el interés penal indicado en el artículo 53 del Código Tributario. Con todo, este interés no será aplicable a los interesados que hubieren pagado, dentro del plazo antes señalado, el impuesto correspondiente a sus asignaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, uno o más herederos o asignatarios podrán diferir el pago del impuesto hasta en tres cuotas iguales, pagaderas anualmente. Para tal efecto, los contribuyentes deberán presentar la solicitud de diferimiento ante el Servicio de Impuestos dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, convirtiendo, para esto, el monto del impuesto en unidades tributarias anuales, según el valor que corresponda al mes de la solicitud. La primera cuota deberá ser pagada de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente al cual se aprobó la solicitud. Las restantes cuotas anuales deberán ser pagadas, de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes hasta el 31 de diciembre de cada año calendario iniciando por el año siguiente al de aprobada la solicitud.

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas dentro del plazo indicado, el o los herederos o asignatarios incumplidores deberán pagar el impuesto insoluto hasta el 30 de marzo del año siguiente al incumplimiento. Vencido el plazo anterior serán aplicables sobre el saldo insoluto del impuesto los recargos legales que correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Código tributario en relación con el inciso segundo del presente artículo.”.

7) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase todas las veces que aparece la frase “contrato oneroso” por la frase “acto o contrato”.

ii) Reemplázase la expresión “el precio corriente en plaza” por la frase “su valor normal de mercado”.

iii) Intercálase entre la expresión “a la fecha del” y la palabra “contrato”, la expresión “acto o”.

iv) Intercálase entre la palabra “corresponda” y el punto a parte la frase “, previa citación”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la frase “la cantidad de dinero” y la expresión “que declara” la expresión “o bienes”.

ii) Elimínase la oración “, en los casos de contratos celebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos ab-intestato de la otra u otras”.

c) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El plazo para investigar, liquidar y girar el impuesto conforme al presente artículo prescribirá en el plazo de seis años, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato.”.

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas:

1) Agrégase a continuación del artículo 8°, el siguiente artículo 8 bis nuevo:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas, los siguientes:

1°. El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°. El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°. Obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias y aduaneras, debidamente actualizadas.

4°. Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

5°. Que en las actuaciones realizadas por el Servicio se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones de destinación aduanera, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado.

6°. Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

7°. Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

8°. Conocer los criterios administrativos del Servicio. Para estos efectos el Servicio deberá publicar en su sitio web las normas de régimen interno y los manuales de funciones o de procedimiento, órdenes e instrucciones, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades interpretativas y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria y aduanera.

9°. Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley.

10º. Que, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria y aduanera establecidos en la ley.

Quienes actúen ante el Servicio podrán presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de una acción u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional de Aduanas, en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el solicitante acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá valorarse según las normas de la sana critica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza.

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los solicitantes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de quienes actúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

2) Reemplázase en el Artículo 15, la frase “a los reglamentos que dicte el Director Nacional de Aduanas con aprobación del Presidente de la República” por la frase “a la regulación que dicte el Director Nacional de Aduanas”.

3) Agrégase, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Toda notificación que deba realizar el Servicio Nacional de Aduanas, se practicará por correo electrónico, salvo las excepciones legales que procedan.

Toda persona natural o jurídica que actúe ante el Servicio Nacional de Aduanas, personal o debidamente representada, debe declarar en su primera presentación la dirección de correo electrónico para efectos de que se practiquen las notificaciones que correspondan. La notificación que deba efectuarse a un agente de aduanas o a otro operador que deba registrarse ante el Servicio Nacional de Aduanas, se realizará válidamente en la casilla de correo electrónico que haya declarado en su inscripción. En el caso de la tramitación de una destinación aduanera, la notificación de todos los actos relacionados con el despacho se efectuará válidamente con su envío a la dirección de correo electrónico incorporado en la declaración respectiva.

En caso de que cualquiera de los interesados a que se refiere el inciso anterior, no declare una dirección de correo electrónico, las actuaciones del Servicio serán notificadas de acuerdo con las normas de los artículos 69, 92 ter, 93, 94 y 185 de esta Ordenanza, según el tipo de acto de que se trate.

Quienes carezcan de medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar al Servicio Nacional de Aduanas que las notificaciones les sean practicadas mediante carta certificada dirigida a su domicilio particular, el cual deberán señalar al momento de efectuar la respectiva solicitud. En este caso, la notificación se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos para su despacho. Esta solicitud será resuelta por el Servicio, de conformidad con el procedimiento que se establezca.

La notificación por correo electrónico se entenderá practicada en la fecha de envío del mismo. El correo electrónico de notificación deberá contener copia de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Es obligación del interesado mantener actualizada la dirección de correo electrónico declarada. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el interesado no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación, salvo que el interesado acredite que no recibió la información por caso fortuito o fuerza mayor.

Corresponderá al Director Nacional de Aduanas establecer el procedimiento para practicar las notificaciones por correo electrónico del Servicio.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, por decreto del Ministerio de Hacienda se podrá establecer otros medios de notificación electrónica respecto de los despachadores que cuenten con autorización para funcionar en sistemas de transmisión electrónica de datos. El Director Nacional deberá mediante resolución, identificar los sistemas electrónicos de transmisión de datos incluidos en el presente inciso.”.

4) Modifícase el artículo 92 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “plazo de dos años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración” por la frase “plazo de tres años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración o bien desde la última modificación que haya sido solicitada por el interesado”.

ii) Intercálase entre la frase “o tratados internacionales” y “, en cuyo caso”, la frase “o en la legislación nacional,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “dos”, por la palabra “tres”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Los cargos que se formulen en conformidad a este artículo se notificarán al consignatario o importador mediante correo electrónico enviado a la dirección registrada en el documento de destinación, debiendo remitirse además una copia de dicho correo al despachador, La omisión de envío de esta copia no anulará la notificación.”.

d) Agrégase a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Los cargos señalados en el presente artículo podrán ser reclamados según lo dispuesto en el artículo 117 y no será preciso para interponer la reclamación el pago previo de los derechos, impuestos, tasas o gravámenes.”.

5) Agrégase, a continuación del artículo 92 bis, el siguiente artículo 92 ter, nuevo:

“Artículo 92 ter.- El valor declarado en una destinación de importación podrá ser modificado a solicitud del importador, conforme lo dispuesto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, y el DFL 31, de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, cuando se trate de variaciones al valor, cuyas condiciones sean conocidas al momento de la legalización de la declaración respectiva y sean susceptibles de ser acreditadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de la legalización de la importación se deberá declarar que el valor se encuentra sujeto a revisión y cumplir con los plazos y demás requisitos que determine la regulación emitida al efecto por el Director Nacional de Aduanas, debiendo determinarse los ajustes que sean necesarios a los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aplicables. El plazo que se establezca en cada caso para que el interesado solicite la modificación del valor aduanero no podrá exceder los 18 meses desde la fecha de legalización de la declaración.

No se formulará denuncia al despachador por las modificaciones a las destinaciones aduaneras que se efectúen conforme este artículo. No obstante, en caso de constatarse la existencia de dolo o documentación maliciosamente falsa, el Servicio podrá formular denuncia por el delito de contrabando establecido en el artículo 168 inciso tercero de esta Ordenanza.”.

6) Agrégase, a continuación del artículo 92 ter nuevo, el siguiente articulo 92 quáter, nuevo:

“Artículo 92 quáter.- Los ajustes o autoajustes en materia de precios de transferencia, regulados en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, inclusive aquellos cuyo origen sea la celebración de un acuerdo anticipado de precios, no producirán efectos en los valores declarados en una destinación de importación o exportación, ni será necesaria la modificación de los mismos.

Cuando se celebre un Acuerdo Anticipado de Precios que incluya la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito por el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda, mediante resolución establecerá el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

En caso que, con ocasión de la firma de un Acuerdo Anticipado de Precios, se realice un ajuste por los ejercicios anteriores, estos producirán efecto sólo respecto del impuesto a la renta.”.

7) Modifícase el literal b) del inciso primero del artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las expresiones "de exportación" y “, practicada por”, la frase “e importación".

b) Agrégase, el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Si, como consecuencia de la aplicación de la referida clarificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos 186 y siguientes.”.

8) Modifícase el inciso primero del artículo 121 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre el guarismo “117” y la coma que le sigue, la frase “, excepto en los casos a que se refiere el párrafo segundo de la letra b)”.

b) Reemplázase en su literal a) la palabra “quince” por la palabra “treinta”.

c) Reemplázase en su literal b) la palabra “cincuenta” por la palabra “noventa”.

d) Reemplázase en su literal c) la frase “no interrumpirá” por “suspenderá”.

9) Reemplázase el artículo 125 por el siguiente:

“Artículo 125.-Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante "el Sistema", y cada uno de los expedientes como Expediente o Carpeta Electrónica. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.”.

10) Modifícase el artículo 127 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la expresión "carta certificada” por la frase “correo electrónico".

ii) Reemplázase la expresión "al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por la frase “el mismo día del envío del correo electrónico, por parte del tribunal”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada” por la frase “una dirección de correo electrónico, y esta designación se considerará subsistente mientras no designe otra”.

c) Sustitúyese el inciso quinto por los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta certificada fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.

Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, las resoluciones a que alude el inciso tercero se le notificarán por carta certificada. En este caso la notificación por carta certificada podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicios de correos legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contada desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Lo anterior, será igualmente aplicable a los terceros respecto de los cuales no se cuente con la información de correo electrónico.”.

11) Modifícase el artículo 128 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Si, con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio Nacional de Aduanas concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio Nacional de Aduanas no podrá ser condenado en costas.”.

b) Agrégase en el inciso tercero, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos, la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”

c) Agrégase en el inciso cuarto, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “El Servicio Nacional de Aduanas y el reclamante deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.”.

d) Elimínanse los incisos décimo tercero y décimo cuarto.

e) En el inciso décimo sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, incorpórase entre la palabra “desestima” y la expresión “. En general”, la frase “y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

f) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos en que el reclamante sea condenado en costas y la resolución que las establezca se encuentre ejecutoriada, lo que deberá ser certificado por el tribunal, el Servicio Nacional de Aduanas emitirá un giro para su cobro por el Servicio de Tesorerías.”.

12) Modifícase el artículo 128 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente en el reclamo o se trate de casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre las expresiones “artículo 186 bis” y “en los mismos términos” la expresión “y 129 K,”.

ii) Elimínase la frase “Sin embargo, no procederá el llamado a conciliación en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos”.

iii) Incorpórase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “No obstante lo señalado en el artículo 128, el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

c) Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Agrégase después de la palabra “Director” la expresión “Nacional”.

ii) Elimínase la frase “El Director deberá pronunciarse sobre la conciliación dentro de los treinta días siguientes al término de la audiencia, estando facultado para aceptarla o rechazarla total o parcialmente. En caso de no pronunciarse en dicho plazo, se entenderá que rechaza las bases de arreglo y la conciliación.”.

d) Intercálase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser el séptimo:

“El Director Nacional, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación.”.

13) Modifícase el artículo 129 D, en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la frase “podrán interponerse los recursos de apelación y casación en la forma”.

ii) Agrégase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase: “En caso de que se deduzcan ambos recursos, estos se interpondrán conjuntamente y en un mismo escrito.”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“El término para interponer el recurso de apelación y casación en la forma no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo 129 C.”

c) Elimínase el inciso tercero.

14) Suprímese el artículo 129 E.

15) Modifícase el artículo 140 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en la letra a), entre la palabra “desaduanamiento” y el punto y coma que le sigue, la frase “, aun cuando no se encuentren pagados los derechos, impuestos y gravámenes”.

b) Reemplázase en la letra b) la frase “cancelado los derechos de Aduana” por la frase “pagado los derechos, impuestos y gravámenes”.

16) Modifícase el artículo 152, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “intendentes” por “Delegados Presidenciales”.

b) Elimínase en el inciso cuarto, la frase “Esta donación estará exenta del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos y tendrá el carácter de pública.”.

c) Agrégase a continuación del inciso cuarto los siguientes inciso quinto y sexto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Nacional podrá autorizar la donación, de las mercancías señaladas en el inciso anterior, en casos excepcionales, por resolución fundada, a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que su objeto sea la beneficencia o realización de obras sociales.

Las mercancías donadas por aplicación de los dos incisos anteriores están liberadas del trámite de insinuación y exentas del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.”.

17) Agrégase a continuación del artículo 152, el siguiente artículo 152 bis, nuevo:

“Artículo 152 bis.- Las mercancías que sean objeto de una investigación penal por más de un año, podrán ser declaradas susceptibles de destrucción y se procederá a ella, dejándose una muestra representativa e informando al Ministerio Público y/o al tribunal respectivo.”.

18) Modifícase el artículo 174, en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “Si la mercancía fuere nacional o nacionalizada, la multa será hasta del 1% de su valor.”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y así sucesivamente:

“Salvo lo dispuesto en el artículo 169, los errores en la destinación aduanera de exportación en relación con el origen, peso, cantidad, contenido, valor o clasificación arancelaria, serán sancionados con una multa de hasta el 2% del valor aduanero de la mercancía, con un mínimo de 10 UTM y un máximo de 100 UTM. En caso de reiteración el máximo de la multa se elevará hasta 200 UTM. Se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso en más de un ejercicio comercial anual.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “fijen los reglamentos” por “fije el Director Nacional”.

19) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en la letra a) el número “5” por “10”.

b) Elimínase en la letra m) la frase “de doble circuito (luz roja luz verde)”.

c) Reemplázase en la letra ñ) el número “5” por “10”.

d) Agrégase a continuación del literal o), los siguientes literales p) y q), nuevos:

“p) Retirar o permitir el retiro de mercancías desde los recintos de depósito aduanero, o entregarlas, sin que se hubieren cumplido todas las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas, exigidas para dicho retiro, con multa de hasta una vez el valor aduanero de dichas mercancías.

q) En los regímenes suspensivos de derechos de admisión temporal, almacén particular y depósito, se sancionará con multa de hasta una vez el valor aduanero de las mercancías, el almacenar o depositar las mercancías en un lugar distinto al declarado, la no cancelación o cancelación extemporánea de los citados regímenes.”.

20) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 185, el guarismo “10%” por “20%”.

21) Modifícase el artículo 186 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero el guarismo “10%” por “20%”.

b) Incorpórase a continuación del punto aparte del inciso tercero, lo siguiente:

“Si se hubiere reclamado de la clasificación y/o origen de conformidad con el procedimiento de reclamación general no podrá discutirse nuevamente acerca de lo resuelto.”.

22) Agrégase, en el artículo 187, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El monto señalado en el inciso anterior será de 11 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de las multas impuestas en virtud de lo dispuesto en las letras a) y ñ) del artículo 127.”.

23) Modifícase el artículo 202 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero entre la expresión “ante la Aduana” y “estarán sujetos” la frase “los demás que estén considerados por esta Ordenanza”

b) Agrégase el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando el actual inciso noveno a ser el décimo:

“Si las resoluciones fueren emitidas por la Dirección Nacional la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización u acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario.”.

24) Agrégase, a continuación del artículo 202, el siguiente artículo 202 bis, nuevo:

“Artículo 202 bis.- La responsabilidad disciplinaria prescribe en el plazo de 3 años contados desde el incumplimiento de la obligación y se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento al afectado. La comisión de un nuevo incumplimiento, dentro del mismo ejercicio comercial, hará perder el tiempo de prescripción transcurrido.”.

Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica en el siguiente sentido:

1) Sustitúyese las ocho veces que aparece la frase “precio corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

2) Elimínase en el numeral 3 de su inciso primero el texto a continuación de la palabra “respectivo” hasta el punto aparte.

3) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el inciso segundo actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“La Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e identificación deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste determine mediante resolución, los aviones y helicópteros; yates; y, automóviles, station wagons y vehículos similares, referidos respectivamente en los números anteriores y que, de acuerdo con las bases de datos de cada organismo, cumplan las condiciones que en cada caso establezca el Servicio en la misma resolución.

Cuando los bienes señalados en los números anteriores queden sujetos al presente impuesto, la base imponible será la totalidad del valor normal de mercado del bien.”.

4) Agrégase, a continuación del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Tampoco se afectarán con este impuesto los yates que, cumpliendo con las características mencionadas en el número 3 anterior, cumplan con los siguientes requisitos copulativos: (i) que su principal medio de propulsión sea la vela, entendiéndose por tales, aquellos que se encuentren diseñados para propulsarse a vela y que conservan el uso de este elemento, en los que el empleo de un motor solo cumple un rol secundario o de apoyo; (ii) que correspondan a modelos aceptados dentro del ciclo olímpico; y (iii) que hayan sido efectivamente empleados por deportistas de alto rendimiento en una o más regatas oficiales realizadas durante el año anterior al devengo del impuesto. Para estos efectos, la Subsecretaría del Deporte deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos qué modelos de yates son aceptados en el ciclo olímpico. Asimismo, otorgará a los deportistas que así lo requieran un certificado que dé cuenta de la embarcación utilizada y remitirá anualmente al Servicio de Impuestos Internos los certificados emitidos.

Para efectos de este artículo, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá establecer los mecanismos que le permitan mantener la información actualizada de todos los yates independiente de su valor o características.”.

5) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser séptimo, la oración que va desde el punto seguido hasta el punto final, por la oración “En los casos en que no exista tal determinación, el Servicio de Impuestos Internos estimará el valor normal de mercado según el precio de adquisición de un determinado bien en el mercado nacional o internacional, considerando sus características generales, tales como marca, modelo y año de fabricación.”.

6) Agrégase en su inciso sexto que ha pasado a ser décimo, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la oración “Cuando un bien gravado con el presente impuesto sea de propiedad de más de una persona, los copropietarios serán solidariamente responsables del pago del impuesto, estando facultado el Servicio de Impuestos Internos a emitir un solo giro por el total del impuesto a cualquiera de los copropietarios. Aquel copropietario a cuyo nombre fue emitido el giro y realizó el pago del impuesto tendrá derecho a repetir en contra de los demás copropietarios en la proporción que corresponda.”.

7) Agrégase, a continuación del inciso sexto que ha pasado a ser noveno, los siguientes incisos décimo y undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo y así sucesivamente:

“El Servicio podrá, dentro de los plazos de prescripción, establecer que existen bienes afectos o diferencias de impuestos respecto de un bien, pudiendo modificar, eliminar o emitir un nuevo giro siempre que cuente con información fundada, obtenida de oficio o proporcionada por el contribuyente u otra entidad competente, dando cuenta de bienes afectos o diferencias respecto del valor normal de mercado del bien. Cuando se determine la existencia de bienes afectos o diferencias de impuestos con ocasión de la modificación o emisión de un nuevo giro, estos deberán ser pagados dentro del mes siguiente al de su modificación o emisión.

Los giros, así como sus modificaciones, serán objeto de reclamo, sujetándose al procedimiento del Título II del Libro III del Código Tributario.”.

8) Sustitúyese el inciso séptimo que ha pasado a ser duodécimo, por el siguiente:

“En el mes de diciembre de cada año el Servicio, mediante resolución, publicará en su sitio web y en el Diario Oficial, una nómina con los bienes afectos al presente impuesto, la que deberá actualizar trimestralmente. Para estos efectos deberá considerar la información proveída por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil u otros organismos competentes. Los bienes consignados en esta nómina corresponderán a bienes en buen estado de conservación y uso, considerando su año de fabricación. El hecho de no encontrarse en la nómina un bien determinado, que cumple con las características establecidas en los números 1, 2, 3 o 4 del inciso primero del presente artículo, no liberará a su propietario del pago del impuesto, debiendo requerir al Servicio, en la forma que este establezca por resolución, la inclusión del bien en la nómina y la emisión del giro correspondiente, independiente de la actualización que el Servicio realice en conformidad al presente inciso. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Servicio podrá asignar a bienes que no están en la nómina, pero que cumplen los requisitos para estar gravados con el presente impuesto, el valor normal de mercado de otro bien de similares características tales como marca, modelo, año de fabricación, peso o tamaño, capacidad de pasajeros o tripulantes u otras.”.

9) Agrégase, a continuación del inciso séptimo que ha pasado a ser duodécimo, los siguientes incisos décimo tercero y final, nuevos:

“Para la elaboración de la nómina señalada en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar información a cualquier otra persona o entidad pública o privada, tales como notarios, agentes de aduanas y empresas importadores, distribuidores y comercializadores en la forma, oportunidad y periodicidad que el Servicio establezca por resolución.

“Los contribuyentes podrán acceder a la información de que disponga el Servicio sobre los bienes registrados a su nombre, tales como tipo de bien, marca, modelo, año de fabricación, patente o matrícula, valor normal de mercado y monto del impuesto. Asimismo, podrán solicitar al Servicio corregir la información sobre los bienes registrados a su nombre y la aplicación de las exenciones legales, acompañando los antecedentes fundantes. Sin perjuicio de ello, respecto de la información que se haya obtenido de registros provenientes de otras entidades, el Servicio no podrá actualizar dicha información mientras no sea corregida en los registros correspondientes.”.

Artículo séptimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 46 A en el siguiente sentido:

a) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación sobre un inmueble, para acceder a los beneficios establecidos en el presente Título la donación deberá ser indefinida o por un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 20 años.”.

b) Agrégase, en el número 2 de su literal C), el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Para los efectos del presente Título se entenderá como actividad efectiva principal de una entidad aquella que desarrolle de forma mayoritaria y notoria, considerando factores tales como cantidad de recursos destinados, frecuencia de eventos vinculados a su desarrollo, entre otros. No se podrán considerar actividades que sean accesorias, ocasionales o accidentales.”.

2) Agrégase en el número 6 del literal C) del artículo 46 B el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Adicionalmente en aquellos casos en que se otorguen los beneficios tributarios establecidos en el presente Título a la donación de un bien, pero sujeta a un plazo definido, el costo tributario del bien donado deberá disminuirse en un monto equivalente al del beneficio tributario al que accede el donante.”.

3) Modifícase el artículo 46 C en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, las cuatro veces que aparece, la frase “valor corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

b) Elimínase, en su inciso segundo la frase “, en conformidad a lo señalado en el artículo 46 bis de la referida ley”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser el inciso séptimo y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación, la valorización procederá sólo respecto de la porción del inmueble respecto del cual se constituye el derecho real de conservación y en ningún caso la valoración podrá ser superior al valor normal de mercado del inmueble considerando la plenitud de sus atributos o al valor de adquisición cuando el donante sea una persona sujeta a contabilidad. En estos casos siempre será necesario que la valorización conste en un informe de perito independiente.

Cuando la donación del derecho real de conservación sea a perpetuidad o por un plazo igual o superior a cien años, el monto del beneficio tributario corresponderá al valor determinado según el inciso anterior. Si la donación fuere por un plazo inferior la valorización y el consecuente beneficio tributario será la proporción sobre el valor determinado según el inciso anterior en relación con el plazo de la donación. En todo caso las donaciones del derecho real de conservación por un plazo inferior a 20 años carecerán de todo beneficio tributario.

El monto correspondiente al beneficio tributario referido a la donación del derecho real de conservación rebajará, para todos los efectos legales, el costo tributario del inmueble sobre el cual se constituye el derecho real de conservación. De igual forma, cuando el derecho real de conservación se extinga por alguna de las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley N°20.930 en un plazo inferior al cual la donación fue realizada aquella proporción del valor del beneficio tributario que corresponda al periodo de tiempo entre el término anticipado y el plazo original de la donación se deberá considerar como un ingreso en el año comercial en que ocurra la extinción.

El mismo tratamiento, señalado en la parte final del inciso anterior se someterán las donaciones revocables que accederán a los beneficios tributarios del presente Título en caso de revocación.”.

4) Intercálese, en el inciso segundo del artículo 46 F, entre la frase “, si los hubiere” y el punto seguido que le sigue, la oración “entendiendo por estos a las personas naturales o jurídicas que tengan una incidencia relevante en la dirección, financiamiento u operación de la donataria”.

Artículo octavo.- Modifícase el artículo vigésimo tercero de la ley N° 21.210, que Moderniza la legislación tributaria, en el siguiente sentido:

1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Intercálese en el inciso primero, entre la palabra “interna” y el punto seguido que le sigue, la frase “cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 8 bis” por “párrafo cuarto del título preliminar”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su literal b) por el siguiente:

“b) Orientar y acompañar a los contribuyentes en las materias de su competencia, especialmente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna, y los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto territorial, así como las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de tributación aduanera.”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones en su literal f):

i) Reemplázase la expresión “y recursos” administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.”.

ii) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Asimismo, podrá representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en la tramitación del recurso el resguardo de sus derechos ante acciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

c) Intercálese en el literal k), entre la palabra “Internos” y la frase “la existencia”, la frase “, Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas”.

d) Intercálese en el literal n), entre la palabra “Internos” y la expresión “para efectos” la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

e) Intercálese en el literal p), entre la expresión “contribuyentes,” y la expresión “las facultades” la frase: “el cumplimiento de las obligaciones tributarias,”.

f) Agrégase a continuación del literal s), el siguiente literal t), nuevo:

“t) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República la entrega de la información disponible y que la Defensoría del Contribuyente requiera para el cumplimiento de sus funciones.

El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías deberán proporcionar esta información oportunamente.

La Defensoría del Contribuyente podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Tesorerías datos personales e información que sea indispensable para cumplir con los servicios que se encuentren en el ámbito de sus competencias. En su requerimiento la Defensoría deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Tesorerías, según sea el caso, informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los antecedentes que consten en sus registros. Dicha información podrá ser solicitada y entregada, mediante una plataforma informática que resguarde su integridad y fidelidad.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Defensoría del Contribuyente que tome conocimiento de la información tributaria reservada estará obligado en los mismos términos establecidos por el artículo 25 de esta Ley. El incumplimiento de este deber hará aplicables las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Párrafo 8 del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

g) Agrégase a continuación del literal t), nuevo, el siguiente literal u), nuevo:

“u) Representar judicialmente, ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y Tribunales Superiores de Justicia, a los contribuyentes indicados en el artículo 44, respecto del reclamo contenido en el Párrafo 2º del título III del Libro III del Código Tributario sobre vulneración de derechos.”.

h) Agrégase a continuación del literal u) nuevo, el siguiente literal v) nuevo:

“v) Realizar estudios cuantitativos y cualitativos, explorando distintas interseccionalidades que permitan detectar problemas y proponer soluciones en temas relacionados con el ejercicio de los derechos y la promoción de la educación y el cumplimiento tributario de las y los contribuyentes.”.

3) Agrégase en el encabezado del Párrafo I del Título V, a continuación de la palabra “Orientación”, la expresión “y Acompañamiento”.

4) Modifícase el artículo 33 en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto a la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias efectuada por el Servicio de Tesorerías, las excepciones que se puedan interponer, los convenios de pagos a los que se puedan acoger y en general, respecto de todas las acciones que se pueden adoptar en este procedimiento, respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto y territorial.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo que ha pasado a ser tercero el siguiente inciso final, nuevo:

“El acompañamiento consistirá en realizar acciones y planes de educación y formación a aquellos contribuyentes que inician sus operaciones para permitirles comprender y cumplir correctamente sus obligaciones tributarias con el objetivo de disminuir los errores involuntarios e introducirlos al sistema tributario.”.

5) Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “de los recursos administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Defensoría podrá también representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en aquellos recursos administrativos que permitan el resguardo de sus derechos ante actuaciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

6) Intercálase en el artículo 46, entre la palabra “recursos” y la conjunción “a”, la frase “y peticiones”.

7) Reemplázase en el inciso primero del artículo 47 la frase “En los recursos” por “En las peticiones y recursos”.

8) Intercálase en el artículo 49, entre la palabra “fiscalización” y la coma que le sigue, la frase “o con ocasión de cualquier otro tipo de actuación en el ejercicio de sus facultades”.

9) Intercálase en el inciso segundo del artículo 52, entre el guarismo “123 bis” y la expresión “del Código Tributario” la siguiente frase: “o la resolución de una petición bajo el procedimiento establecido en el número 5º de la letra B. del artículo 6”.

10) Sustitúyese el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación.

El abogado que represente al Servicio deberá pronunciarse en la audiencia señalada en el artículo anterior sobre la propuesta de acuerdo presentada por la Defensoría debiendo aceptarla o rechazarla. Cuando se acepte la propuesta deberá señalar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones para dicha aceptación.

Los criterios para la proposición negociación y aceptación de las bases de acuerdo se deberán regir por la resolución que para estos efectos dictará el Director de Impuestos Internos.”.

11) Agrégase a continuación del artículo 57, el siguiente artículo 57 bis, nuevo:

“Artículo 57 bis.- La Defensoría podrá representar a los contribuyentes señalados en el artículo 44 en la interposición y tramitación ante los tribunales de justicia del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario.”.

12) Agrégase, a continuación del artículo 57 bis, nuevo, el siguiente artículo 57 ter, nuevo:

“Cuando las pretensiones carezcan de mérito jurídico o no existan los antecedentes suficientes para su interposición o tramitación, la Defensoría podrá abstenerse de representar judicialmente a contribuyentes, mediante resolución fundada.”.

13) Agrégase a continuación del artículo 57 ter, nuevo, el siguiente artículo 57 quáter, nuevo:

“Artículo 57 quáter.- En los juicios que represente a un contribuyente, la Defensoría deberá efectuar todas las gestiones necesarias para la interposición, tramitación y ejecución del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario, hasta su total conclusión. En este sentido, podrá interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla dicho procedimiento, conciliar en los términos del artículo 132 bis del Código Tributario y proponer bases de un avenimiento extrajudicial ante el Director del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispone el artículo 132 ter del Código Tributario.”.

14) Modifícase el artículo 58 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las palabras “contribuyente,” y “entregar”, la frase “de aquellos señalados en la parte final del artículo tercero,”.

b) Reemplázase en el artículo 58 la frase “controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, contenido en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo” por la oración “contenido en una liquidación, giro o en cualquier actuación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en que el contribuyente tenga un interés directo comprometido”.

15) Reemplázase el epígrafe del Párrafo VI por “Reuniones con el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

16) Intercálase en el artículo 70, entre la palabra “Internos” y “para promover”, la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

17) Reemplázase en el artículo 71 la frase “la Defensoría o el Servicio de Impuestos Internos” por “cualquiera de las instituciones referidas en el artículo anterior”.

18) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 72 la frase “y el Servicio de Impuesto Internos” por la frase “y los organismos señalados en el artículo 70”.

19) Reemplázase en el artículo 73 la frase “el Servicio de Impuestos Internos” por la frase “los organismos señalados en el artículo 70,”.

20) Reemplázase en el inciso primero del artículo 74 la frase “ Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá” por la frase “Director del Servicio de Impuestos Internos, el Tesorero General de la República o el Director del Servicio Nacional de Aduanas podrán”.

Artículo noveno- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo primero del DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales:

1) Intercálese en el artículo 41, entre la expresión “bienes” y el punto seguido, la frase “, conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela.”.

2) Agrégase, a continuación del artículo 41, el siguiente artículo 41 bis, nuevo:

“Artículo 41 bis.- El Servicio podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que este Título impone a los funcionarios del Servicio, solicitando al funcionario toda la información de respaldo en los términos del artículo 61 del DFL N°29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. El Servicio podrá además efectuar dicha corroboración, oficiosamente, con toda la información contenida en sus bases de datos.”.

3) Agrégase a continuación del artículo 41 bis, el siguiente artículo 41 ter, nuevo:

“Artículo 41 ter.- La institución tendrá acceso, en todo caso, a la comunicaciones llevadas a cabo a través de cuentas de correo electrónico institucionales u otros mecanismos de intercambio de información que sean provistos por el Servicio a sus funcionarios podrán ser revisadas por la institución en todo caso.”.

4) Agrégase a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- Cuando un funcionario del Servicio, en el ejercicio de sus labores, deba sostener una entrevista con el contribuyente o sus representantes, deberá estar acompañado por otro funcionario.”.

Artículo décimo.- Introducense las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 329, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 2, la expresión “de Recursos Humanos” por “de Gestión y Desarrollo de Personas”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido.

a) Agrégase en el numeral 2 del inciso segundo del artículo 4, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración: ”En el ejercicio de esta facultad establecerá la estructura organizativa interna del Servicio, de conformidad a su dotación máxima de personal y a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. En dicha estructura considerará, a lo menos, una unidad de Control Fronterizo y Operaciones y una unidad de Contraloría Interna”.

b) Modifícase su numeral 10 en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “fiscal”.

ii) Intercálese entre las frases “de mercancías” y “que por su naturaleza” la expresión “, que cumplan con las condiciones técnicas para ello, y”.

iii) Reemplázase, la frase “fiscales destinados al efecto” por “habilitados, o bien,”.

iv) Agrégase después del punto final, que pasa a ser coma, la frase “siéndoles aplicable lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 56 y en los artículos 58 a 62 de la Ordenanza de Aduanas.”.

3) Reemplázase en el artículo 12, la expresión “Subdirección de Recursos Humanos” por “Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas”.

4) Modifícase el artículo 14 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su numeral 5 por los siguientes numerales 5, 6 y 7 nuevos, pasando el actual numeral 6 a ser 8.

“5. Valparaíso, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Isla de Pascua, Petorca, Quillota, Marga Marga y Valparaíso.

6. San Antonio, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre la provincia de San Antonio.

7. Los Andes, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua.”.

b) Reemplázase su numeral séptimo por los siguientes numerales 9 y 10, pasando los actuales numerales 8, 9 y 10 a ser numerales 11, 12 y 13 respectivamente:

“9.- Talcahuano, con jurisdicción sobre la Región del Maule, Región de Ñuble y Región de Bíobío.

10.- Araucanía, con jurisdicción sobre la Región de la Araucanía.”.

Artículo undécimo.- Modifícase la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, en el siguiente sentido:

1) Agrégase en el artículo 5°, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis, del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.”.

2) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “directivos, ejecutivos y administrativos” por la frase “de dirección, ejecución y administración”.

ii) Intercálese entre la palabra “persigan” y la expresión “fines de lucro” la frase “o no”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“Para el control de lo dispuesto en el inciso primero, los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberán presentar la declaración anual de intereses y patrimonio establecida en el Título II de la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en los términos y oportunidades que ahí se señala. Adicionalmente, los jueces y funcionarios, deberán presentar las declaraciones correspondientes de su cónyuge, aun cuando se encuentren separados de bienes, conviviente civil y de sus hijos dependientes.

Las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento al deber señalado en el inciso anterior se determinarán y aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2° del Título II de la ley N° 20.880.”.

3) Agrégase, en el artículo 19, a continuación del numeral 6° los siguientes numerales 7° y 8° nuevos, pasando el actual numeral 7° a ser 9°:

“7° Estudiar, implementar y evaluar planes y programas de probidad y clima laboral para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, sin perjuicio de las facultades conservadoras y disciplinarias de la Corte Suprema;

8° Cuando, en el ejercicio de su función o con ocasión de alguna denuncia efectuada a través de cualquier canal creado para estos efectos, tomare conocimiento de la ocurrencia de delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, deberá denunciar dichos hechos ante los órganos persecutores correspondientes; y”.

Artículo duodécimo.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 4 de la ley Nº 20.853, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, la expresión “diarios de circulación nacional” por “diarios de circulación nacional o diarios electrónicos”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Las modificaciones al Código Tributario, contenido en el artículo primero del decreto ley N° 830, de 1974, contenidas en el artículo primero de esta ley, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones incorporadas en el artículo 4° quinquies, el nuevo numeral 9° de la letra A) del artículo 6 y el artículo 100 bis comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Los procedimientos de fiscalización que se hubieren iniciado conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º quinquies antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se seguirán conociendo de conformidad a las normas vigentes a la fecha de su inicio tanto a nivel administrativo como judicial. Para estos efectos se considera un procedimiento de fiscalización aquellos donde hubiere citación conforme con el artículo 63 del Código Tributario.

2) El nuevo artículo 4° sexies comenzará a regir a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, pero para el sólo efecto de regular su conformación. Asimismo, Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley deberá ser publicado el reglamento a que hace referencia este artículo.

El Consejo Asesor Consultivo deberá estar constituido al 01 de enero de 2025. De los 7 miembros que lo integran por primera vez, dos consejeros durarán dos años en sus cargos, tres consejeros durarán tres años y un consejero cinco años. A partir de las renovaciones los miembros durarán cinco años en sus cargos.

3) Los requerimientos iniciados en virtud del procedimiento establecido en el artículo 160 bis continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

4) Las modificaciones incorporadas al artículo 1, 53 y 55 entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Cuando por aplicación de las nuevas disposiciones corresponda determinar intereses por periodos anteriores al segundo semestre de 2002 será aplicable, respecto a dichos periodos la tasa de interés que corresponda al segundo semestre de 2002.

5) Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 comenzarán a regir tres meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente Ley.

6) Los procedimientos iniciados conforme el artículo 62 bis y el párrafo primero del Título III del Libro III, antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

7) El primer reporte semestral a que hace referencia el artículo 85 ter deberá realizarse respecto del segundo semestre de 2024.

8) Las modificaciones incorporadas en los incisos duodécimo y final, del artículo 68 y los nuevos artículos 100 ter, 100 quáter y 100 quinquies, entrarán seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

9) Las modificaciones incorporadas a los artículos 130, 131 bis y 161 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2025.

10) Las modificaciones incorporadas en los artículos 171, 174, 178, 179 y 185 regirán desde el tercer mes contado desde la publicación de la presente ley.

11) Las modificaciones incorporadas en los artículos 169, 170 inciso primero, 175, 176, 180 y el nuevo artículo 197 bis, comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Artículo segundo transitorio.- Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo primero del Decreto Ley N° 824, de 1974, contenidas en el artículo segundo de esta ley, según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones introducidas al artículo 41 G y 41 H comenzarán a regir a partir del 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones introducidas en los artículos 10, 32 y 41 E comenzarán a regir el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo tercero de esta ley a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contenida en el Decreto Ley N° 825, de 1974, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio.

1) Las modificaciones incorporadas en el nuevo artículo 3 bis, el artículo 4° y en letra B del artículo 12, comenzarán a regir el 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones incorporadas al artículo 36 comenzarán a regir seis meses con posterioridad a la dictación del decreto supremo que reemplace al Decreto Supremo Nº348 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto Supremo Nº79 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá otorgarse dentro de los tres meses siguientes al de publicación en el Diario Oficial.

3) Aquellos contribuyentes que hubieran accedido o solicitado el beneficio contenido en el artículo 27 bis se regirán según las normas vigentes a la fecha de aprobación o solicitud según corresponda, con las siguientes modificaciones:

En la declaración correspondiente al mes de enero de cada año comercial, deberán incrementar el monto a restituir en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario sean equivalentes al menos a 1/10 del saldo por restituir determinado al 01 de enero del año siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Lo dispuesto anteriormente deberá realizarse a contar de la declaración correspondiente al mes de diciembre del ejercicio en el cual se determine el saldo a restituir según lo dispuesto en el presente inciso.

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo cuarto de esta ley a la ley 16.271, sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, independiente de la fecha en que se hubiese deferido la herencia o realizado la donación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior Los procedimientos de insinuación que se hubieran iniciado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de inicio del procedimiento judicial.

Artículo quinto transitorio.- Las modificaciones al DFL N° 30 de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, contenidas en el artículo quinto de esta ley entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, con excepción de las modificaciones a los artículos 25 bis, 125, 127, y el artículo 25 bis incorporado entrarán en vigencia el 1° de enero de 2025.

Artículo sexto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo sexto de esta ley al artículo noveno contenido en la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo séptimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo séptimo de esta ley al decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo octavo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo octavo de esta ley al artículo vigésimo tercero, contenido en la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

Las modificaciones incorporaras al artículo 4, con excepción de las modificaciones a los literales b) y p) y el nuevo literal t), a los artículos 43, 70, 71, 72, 73, 74 y los nuevos artículos 57 bis, 57 ter y 57 quáter, al artículo entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Artículo noveno transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo noveno de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo décimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo décimo de esta ley del DFL Nº 329, de 1979, que aprueba la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de Aduanas, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo undécimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo undécimo de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera., entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo duodécimo transitorio.- Establécese, a partir del 1 día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 30 de noviembre del mismo año, el siguiente sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero:

1) Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2023, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, o cuando los bienes o rentas se mantengan u obtengan en el exterior a través de mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios o mandatarios. También podrán declarar sus bienes y rentas que se encuentren en Chile, cuando sean beneficiarios de aquellos a través de sociedades, entidades, trusts, encargos fiduciarios o mandatarios en el extranjero. Cuando los bienes o rentas se tengan indirectamente o a través de encargos fiduciarios o mandatarios, en la declaración se deberá identificar a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas.

Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pudiera tener injerencia en lo que respecta a la declaración e ingreso de los bienes y rentas materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, acompañada de copia de la citada declaración, como asimismo para que entre todas las instituciones mencionadas puedan intercambiar entre sí, de la misma forma, dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

2) Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren los bienes o rentas de que trata este artículo, no estarán obligados, para efectos de este artículo, a ingresarlos al país. Quienes opten por ingresarlos, deberán hacerlo, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para el efecto, cumpliendo con lo establecido en el numeral 17 y autorizando a las instituciones públicas a que se refiere el numeral 1 para requerir a los bancos respectivos información específica sobre las rentas o bienes que se hayan incluido en la declaración, como asimismo, para que entre tales instituciones intercambien dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para limitar o restringir la realización de las operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria.

3) Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

1. Bienes y rentas.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a. toda clase de bienes incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso. Se incluye también, dentro de esta categoría, toda clase de instrumentos financieros o valores, tales como bonos, cuotas de fondos, depósitos, y otros similares, que sean pagaderos en moneda extranjera;

b. divisas; y

c. rentas que provengan de los bienes indicados en las letras anteriores, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo otro incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

Con todo, los contribuyentes no podrán someter al presente sistema los bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

2. Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2023 y las rentas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2023, ello sin perjuicio de la obligación de cumplir en el futuro con los impuestos y demás obligaciones que pudieren afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas legales que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras.

3. Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Sin perjuicio de las reglas especiales de este numeral, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, su fecha de adquisición o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

Cuando estos bienes hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, conforme a la legislación del país en que se encuentren, la adquisición de los mismos por parte del contribuyente se acreditará con un certificado de la entidad encargada del registro o inscripción, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, en el que conste la singularización de los bienes y el hecho de estar registrados o inscritos a nombre del contribuyente, de una entidad de su propiedad, de su mandatario o encargado fiduciario.

Cuando se trate de acciones u otros títulos, el contribuyente deberá acompañar copia de los mismos, incluyendo una certificación del emisor en que se acredite su autenticidad, vigencia y el hecho de haberse emitido con anterioridad a la fecha señalada en el punto 3.2., todo ello debidamente legalizado, autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según sea el caso. Además, el contribuyente deberá acompañar, cumpliendo los mismos requisitos, copia del acto o contrato en virtud del cual adquirió los precitados títulos.

Cuando el derecho a los bienes o rentas se tengan o ejerza indirectamente, o a través de trusts, encargos fiduciarios o mandatarios, se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, acompañando copia del mandato, encargo fiduciario o trust, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda.

Cuando, para los fines de este artículo, las instituciones públicas de que trata esta misma disposición lo soliciten, en el ejercicio de sus facultades conferidas por ley, el contribuyente deberá exhibir los títulos originales de tenerlos aún en su poder, o, en su defecto, acompañar copia del título que dé cuenta de su enajenación posterior a la declaración, todo ello legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, el que de todas formas deberá haberse emitido o suscrito cumpliendo con las formalidades que de acuerdo a la legislación chilena permitan establecer su fecha cierta.

Podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con los documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio que, cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el contribuyente deberá acompañarlos con posterioridad a ella y hasta antes de emitirse el giro del impuesto respectivo.

4. Forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo deberá ser presentada por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho y de derecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración, momento a partir del cual se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración. Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

5. Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, la que formará parte integrante de la misma para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los bienes, rentas que sean objeto de la misma, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando no se hallen directamente en poder o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6. Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2, del artículo 165, del Código Tributario.

7. Reglas para la valoración de los bienes y rentas declarados.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial a la fecha de la declaración. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a. En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, el valor de tales activos será el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda;

b. En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portfolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 de diciembre de 2023.

c. Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, teniendo como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

d. Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración;

e. El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios;

f. En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva afecta al impuesto de primera categoría en base a contabilidad completa, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios; y

g. Si el contribuyente no acreditare el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, aplicándose la totalidad de las normas de ese Código relativas a la tasación, incluido el derecho del contribuyente a reclamar de aquella conforme al procedimiento general de reclamación. Las diferencias de impuesto único que se determinen como consecuencia de la tasación que efectúe dicho Servicio, dentro de los plazos de prescripción que fija el artículo 200 del Código Tributario, se considerarán para todos los efectos tributarios, como un impuesto sujeto a retención. Aceptada la tasación por el contribuyente o ratificada por sentencia ejecutoriada, los valores tasados deberán considerarse formando parte del costo para fines tributarios de los respectivos bienes.

8. Procedimiento.

Presentada la declaración que regla este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes y rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 12%, sobre el valor de dichos bienes o rentas determinado por el contribuyente.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, debiendo dejarse constancia del pago en el expediente respectivo. El Servicio de Impuestos Internos dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados en conformidad a sus disposiciones. Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que pudiesen resultar. Vencido el plazo de doce meses, caducan de pleno derecho las facultades de dicho Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece esta ley, el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución en que se declare incumplimiento, con indicación del requisito de que se trate y solicitando, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número. En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio señalado podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales, informando de ello al Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda.

Contra la resolución que dicte el Servicio declarando fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclama conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago.

9. Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

10. Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11. Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial:

a. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo 27 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley, en las modificaciones vigentes a la fecha de publicación de esta ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente;

b. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario;

c. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas;

d. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile, o

e. hayan sido objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del Servicio de Impuestos Internos, que diga relación con los bienes o rentas que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo.

12. Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el numeral 8 anterior, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley N°19.913; ni tampoco beneficiará a las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en el numeral precedente.

13. Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, consumos, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley N° 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley N° 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

14. Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para el adecuado intercambio de la misma entre las instituciones señaladas en el numeral 1 de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que, una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios, siendo título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley.

Para estos efectos, el contribuyente deberá acreditara ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

En estos casos, la radicación de estos bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

15. Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo, no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente.

16. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

17. De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley N° 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley N°19.913.

El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero tendrá, previa solicitud, acceso permanente y directo, para el debido cumplimiento de sus funciones legales, a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si ésta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Se conformará una comisión de coordinación y supervisión para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas antilavado de activos establecidas en el presente artículo y en la normativa relacionada que se emita por las referidas instituciones, la que se constituirá y funcionará por el tiempo necesario para cumplir con las disposiciones de este artículo, conforme lo determinen en conjunto el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de análisis financiero. En ella participarán el Servicio y Unidad referidos y cualquiera otra institución pública que se considere relevante para este propósito. Los bancos que intervengan en las operaciones que se acojan al sistema que establece este artículo, deberán establecer mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con los controles para identificar debidamente a los contribuyentes que deseen ingresar activos de acuerdo a los estándares de debido conocimiento de clientes del GAFI, solicitar una declaración de origen de los fondos y requerir la identificación plena de los beneficiarios finales conforme a las reglas de este artículo.

Los bancos deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa que detecten en el análisis de la información proporcionada por los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913 y en las circulares emitidas por dicha Unidad al efecto.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.

Artículo décimo tercero transitorio.- Los contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, mantuvieren gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y el 30 de noviembre de 2024, podrán poner término a dichas gestiones judiciales siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2024, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañando los antecedentes y ofreciendo caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5) siguiente.

2. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuestos Internos no resuelva conforme al número 3 siguiente.

3. Dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, considerándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4. En caso que el fallo de primera instancia o de apelación, haya sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que corresponda a la misma. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5. El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6. El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7. El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

Lo dispuesto en los números anteriores no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo décimo cuarto transitorio.- Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de octubre de 2024, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio, el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.

El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.

Artículo décimo quinto transitorio.- El Tesorero General de la República declarará de oficio, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, la prescripción de las acciones de cobro del Fisco, respecto al saldo vigente a dicha fecha, de los tributos, multas, créditos fiscales y sus recargos legales, excluido el impuesto territorial, girados o emitidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Para estos efectos, se considerará que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción de la acción de cobro no produjo el efecto de interrumpir ni suspender el cómputo del plazo. La facultad se ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.

Artículo décimo sexto transitorio.- Durante los cuatro años contados desde la publicación de la presente ley, los funcionarios a contrata asimilados a la planta de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos podrán postular para desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, en la forma prevista por el artículo 4 de la Ley N°20.431 que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Artículo décimo séptimo transitorio.- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, establecerá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica de los concursos de asignación de funciones de jefaturas.

Artículo décimo octavo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, modifique las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. También podrá establecer la gradualidad en que se realizarán dichas modificaciones y oportunidad en que podrán comenzar a proveerse. Además, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones a las plantas antes indicadas. Los cargos antes señalados se proveerán de acuerdo a los incisos siguientes. También, en el ejercicio de esta facultad, determinará los cargos vacantes de la planta vigente que se podrán proveer de acuerdo a los incisos siguientes y fijar la gradualidad para su provisión.

La provisión de los cargos a que se refiere el inciso anterior, en las plantas de profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares se realizará mediante concurso interno de antecedentes. El decreto con fuerza de ley señalado en el inciso anterior podrá establecer las normas complementarias para los referidos concursos. Con todo, por aplicación de este artículo, los funcionarios podrán subir el máximo de grados que determine dicho decreto con fuerza de ley para cada estamento.

En los respectivos concursos internos de antecedentes podrán participar los funcionarios que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Los funcionarios titulares de un cargo de la misma planta de la vacante a proveer, siempre que se encuentren nombrados en el grado inmediatamente inferior al de la vacante convocada y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo.

b) Los funcionarios a contrata asimilado a la misma planta del cargo de la vacante a proveer, que tengan dicha calidad al 31 de diciembre de 2023 y siempre que: se encuentren calificados en lista Nº1, de Distinción, o lista Nº2, Buena, durante, a lo menos, los dos años previos al concurso y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo. Los funcionarios a contrata asimilados a las plantas de fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares, solo podrán postular a los cargos vacantes del último grado de la planta a la cual se encuentren asimilados. Los funcionarios a contrata asimilados a la planta de profesionales, solo podrán postular, como máximo, al mismo grado de la planta al que se encuentren asimilados al 31 de diciembre de 2023.

En la convocatoria de los concursos, deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada y evaluación de desempeño. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado a los funcionarios en el llamado a concurso, el que deberá publicarse, a lo menos, en la página web de la institución.

La provisión de los cargos vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se efectuará, en cada grado, en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y, en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el Director Nacional.

La provisión de los cargos vacantes de la planta de fiscalizadores se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 15 de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos a que se refiere el inciso primero, se sujetarán igualmente a las normas de este artículo, y las demás normas que establezca el decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso primero.

El nombramiento en los cargos provistos por los concursos internos a que se refiere este artículo, regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone.

Artículo décimo noveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. En el ejercicio de esta facultad, podrá modificar el monto del bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria para el personal del Servicio de Impuestos Internos titular de cargos de las plantas de administrativos y de auxiliares, establecido en el artículo 7º de la ley Nº 20.853. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

2. También, podrá modificar el monto de los recursos que deberán destinarse al financiamiento de la asignación del artículo 7 de la Ley Nº19.646, establecido en el artículo 8 de dicha ley. Asimismo, podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto como la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

3. Además, podrá modificar los porcentajes de la asignación especial de estímulo en su componente fijo y los porcentajes de su componente asociado a la gestión tributaria, definidos en el artículo 4° de la ley Nº19.646, para los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

Artículo vigésimo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos décimo octavo transitorio y décimo noveno transitorio durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo vigésimo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Aduanas y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala de Fiscalizadores que se asignen a dichas plantas y podrá establecer la gradualidad en que los cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, determinará los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Además, establecerá las normas de encasillamiento de las plantas de personal y el número de cargos que se proveerán de conformidad a ellas.

2. El número de cargos totales para la planta de personal que se fije en virtud de este artículo será de 1.616.

3. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas de personal y del encasillamiento que se practique

4. En cualquier caso, el encasillamiento del personal a que se refiere este artículo quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos provisionales.

d) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

e) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan no serán exigibles respecto de las y los funcionarios titulares para efectos del encasillamiento a que se refiere el numeral 1 del artículo segundo de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

f) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo vigésimo segundo transitorio.- El encasillamiento de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Nacional de Aduanas quedará sujeto a las condiciones que establezcan el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas conforme al artículo anterior, considerando a lo menos lo siguiente:

1. Los funcionarios de las plantas antes señaladas se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán previo concurso interno, en los cuales podrán participar los funcionarios de planta y a contrata siempre que cumplan los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de titular de planta o a contrata, a lo menos, dos años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo de 2018, y cumplan las demás condiciones para participar en dichos concursos que fije el o los decretos con fuerza de ley antes indicado, el cual podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación impartidas por el Servicio. En el caso del personal a contrata, además podrá exigir haberse desempeñado en dicha calidad sin solución de continuidad por el número mínimo de años que defina el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior

3. Asimismo, dicho decreto con fuerza de ley señalará el número de grados superiores a los cuales podrá postular en el o los respectivos concursos. Con todo, solo podrá ser encasillado como máximo en tres grados superiores en todo el proceso concursal. A el o los concursos no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.479.

4. El o los decretos con fuerza de ley a que alude el artículo anterior definirán los factores que, a lo menos, considerará el concurso, la integración del comité de selección y también podrán establecer las demás normas para la realización de los mismos. Además, el o los referidos decretos con fuerza de ley fijarán el grado en que podrán ser encasillados aquellos funcionarios a contrata que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en la época que determinen dicho decreto o decretos con fuerza de ley.

5. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes en el respectivo concurso interno. En caso que resulte ser encasillado en dos o tres grados superiores, éste se implementará gradualmente, asignando un grado en cada anualidad según lo defina el decreto con fuerza de ley, pudiendo para ello crear cargos transitorios en la planta de personal respectiva, los cuales se suprimirán de pleno derecho cuando queden vacantes por cualquier causal. Dichos cargos transitorios quedarán afectos a la regulación que establezca el decreto con fuerza de ley.

6. En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán por las normas del Párrafo 1° del Título II del Estatuto Administrativo.

7. El decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior, podrá disponer que las vacantes que se generen producto del encasillamiento, se provean de acuerdo a las normas de este artículo. Además, dicho decreto con fuerza de ley podrá establecer normas complementarias para su provisión. Con todo en estos concursos, solo podrán participar aquellos funcionarios que hayan sido encasillados en el mismo grado o en uno o dos grados superiores a los que poseían a la época del encasillamiento, y solo podrán acceder hasta tres, dos o un grado superior al del encasillamiento, respectivamente, y de acuerdo a la forma y gradualidad a que se refieren los numerales anteriores y determine el decreto con fuerza de ley antes indicado.

Artículo vigésimo tercero transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de los artículos vigésimo primero transitorio y vigésimo segundo transitorio de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Nacional de Aduanas. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Artículo final transitorio.- Las modificaciones establecidas en esta ley que no tengan una fecha especial de vigencia, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

MARIO MARCEL CULLELL

Ministro de Hacienda

VER INFORME FINANCIERO

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE CUMPLIMIENTO - DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DEL PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL. (BOLETÍN Nº 16621-05).

Santiago, 01 de abril de 2024

Nº 023-372/

AS.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para agregar, en el número 9º que incorpora la letra a) de su numeral 7) ' a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase "Esta facultad es indelegable."

2) Para sustituir la letra e) de su numeral 8) por la siguiente:

"c) Agrégase en el numeral 17 º, a continuación del literal f), el siguiente literal g) nuevo:

"g) El o la cónyuge, conviviente civil o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

No se considerarán como relacionadas las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.".".

3) Para agregar en su numeral 11), a continuación de su letra b), la siguiente letra c), nueva:

"e) Reemplázase en el inciso final la frase "podrán ser notificadas" por "serán notificadas por correo electrónico o a falta de esten.".

4) Para intercalar en el encabezado de la letra b) de su numeral 13), entre la palabra "intercálase" y la expresión "entre" la frase "en su inciso cuarto".

5) Para reemplazar en el encabezado de su numeral 14) la frase "Sustitúyase el inciso segundo" por "Sustitúyense los incisos segundo y tercero".

6) Para reemplazar en la letra a) de su numeral 15) la frase "inversiones en el exterior" por "Inversiones en el extranjero".

7) Para agregar, a continuación del numeral 21), el siguiente numeral 22), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

"22) Eliminase en el inciso primero del artículo 60 quinquies la frase "de bienes afectos a impuestos específicos".".

8) Para modificar su actual numeral 25), que ha pasado a ser 26) ,que sustituye el artículo 64, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase sus incisos terceros y cuarto por los siguientes:

"El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo al artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. El contribuyente podrá acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis.

El Servicio podrá, por resolución, sugerir la utilización de uno o más métodos de valoración para que los contribuyentes puedan acreditar que sus operaciones se realizan a valores normales de mercado en los términos indicados en el inciso segundo.".

b) Elimínase el inciso quinto readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

c) Agrégase en el inciso duodécimo, que ha pasado a ser undécimo, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:

Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable respecto de reorganizaciones empresariales que impliquen el traslado de la propiedad sea directa o indirecta de bienes, acciones o derechos, situados en el país, a entidades domiciliadas o residentes en países o territorios con régimen fiscal preferencial, a los que se refiere el artículo 41 H o que según la legislación extranjera estén liberados de llevar contabilidad según normas de general aplicación.".

9) Para sustituir la letra b) de su actual numeral 29) que ha pasado a ser 30), readecuándose el orden correlativo de los incisos, en el siguiente sentido:

b) Intercálase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto y así sucesivamente:

"Si durante el periodo de revisión de la declaración de termino de giro, el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, debiendo comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

El Servicio podrá poner término al procedimiento iniciado por la solicitud del contribuyente cuando no se hubieren aportado los antecedentes señalados en el inciso primero. Para estos efectos se deberá notificar al contribuyente señalando que tiene un plazo de 5 días para aportar los antecedentes faltantes. Si el contribuyente aportare los antecedentes, el plazo indicado en el inciso primero comenzará a correr desde la fecha en que todos los antecedentes fueron debidamente aportados. Cuando el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos se procederá a dejar sin efecto la solicitud de término de giro, mediante una resolución que deberá señalar los antecedentes que no fueron aportados por el contribuyente.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.".".

10) Para agregar, en su actual numeral 31) que ha pasado a ser 32), el siguiente literal f), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

"f) Modifícase su numeral 17º de la siguiente forma:

i) Agrégase, en el párrafo primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

"En caso de que los bienes movilizados o trasladados no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, sean falsos o se trate de bienes cuya comercialización se encuentra prohibida, la multa será del 20% al 300% de una unidad tributaria anual.".

ii) Agrégase en el párrafo segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

"En caso de que la infracción se cometa a propósito de la movilización o traslado de los bienes indicados en la oración final del párrafo anterior, se procederá a la incautación de los bienes.".

iii) Intercálase, en el párrafo tercero, entre las expresiones "más inmediato" y "sin más trámite", la expresión ", y en el menor plazo posible,".".

11) Para reemplazar en los incisos primero y segundo del artículo 100 bis que sustituye el actual numeral 32), que ha pasado a ser nwneral 33), la frase", planificado o implementado" por la expresión "o planificado".

12) Para eliminar su actual numeral 35) readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes.

13) Para modificar su numeral 41), que sustituye el artículo 124, en el siguiente sentido:

a) Intercálase en su inciso primero entre la palabra "quinquies" y el punto seguido que le sigue la frase "junto a las liquidaciones a que dé lugar".

b) Reemplázase en el párrafo primero de su inciso segundo la frase", de las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros de impuesto territorial" por "y de los giros de impuesto territorial que se emitan en virtud de dicha tasación cuando éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro".

e) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente:

"También serán reclamables las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros que se emitan en virtud de dichas modificaciones siempre que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, cuando los contribuyentes se consideren perjudicados por dichas modificaciones de sus predios o cuando las mismas fueran efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2° del Título V de la Ley sobre Impuesto Territorial y artículos 25º y 26º de la ley Nº 15.163.".

d) Intercálase en el inciso octavo entre la palabra "correspondiente" y el punto seguido la frase "o, en el caso al que se refiere el inciso tercero anterior, desde el envío del aviso respectivo".

e) Agrégase a continuación del inciso octavo el siguiente inciso noveno nuevo, readecuándose la numeración correlativa de los incisos, del siguiente tenor:

"El plazo para la interposición del reclamo, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, será dentro de los de ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo.".

AL ARTÍCULO SEGUNDO

14) Para modificar el párrafo cuarto del numeral 7) del artículo 41 E, incorporado la letra j) de su numeral 3), en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre la frase "del acuerdo," y la palabra "aplicándose" la voz "no".

b) Reemplázase la frase "pero sin" por "sin".".

15) Para incluir un inciso tercero en la letra e) de su numeral 4) que sustituye el numeral 6 del literal D, del siguiente tenor:

"Lo dispuesto en el presente numeral no procederá cuando las rentas pasivas percibidas o devengadas procedan de una entidad controlada domiciliada o residente en un país o territorio con un régimen fiscal preferencial.".

AL ARTÍCULO TERCERO

16) Para sustituir la letra a) de su numeral 9) en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el inciso tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación, en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año correspondiente al primer mes en el cual el contribuyente realice una operación gravada y sea un año distinto al cual se solicitó la devolución. Con todo, la restitución deberá ocurrir en un plazo máximo de 15 años contado desde el ejercicio siguiente en el cual se aprobó la devolución. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.".".

AL ARTÍCULO CUARTO

17) Para agregar un nuevo numeral 3), pasando su actual numeral 3) a ser 4) y así sucesivamente:

"3) Sustitúyase el inciso tercero por los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

"Cuando la donación sea revocada por acto entre vivos, el donatario tendrá derecho a solicitar le al fisco la devolución del impuesto pagado según el procedimiento establecido en el artículo 126 del Código Tributario.

El donatario que pagó el impuesto sobre una donación revocable tendrá derecho a utilizar dicho impuesto contra el impuesto a la herencia que corresponda aplicar sobre el bien objeto de la donación.".".

AL ARTÍCULO OCTAVO

18) Para intercalar en el literal u) incorporado por la letra g) de su numeral 2), a continuación de la palabra "Tributario" y la frase "sobre vulneración de derechos" la frase "y en el articulo 129 K del decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas".".

19) Para intercalar en el artículo 57 bis, incorporado por su numeral 11), entre la frase "Código Tributario" y el punto final, la frase "y en el articulo 129 K del decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas".".

20) Para incorporar un artículo décimo tercero, del siguiente tenor:

"Artículo décimo tercero.- Modifícase el artículo 154 del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que Fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican, en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la palabra "legalmente" y el punto seguido que le sigue, la expresión", o a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información".

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre la expresión "cliente" y el punto aparte, la frase", asi como a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información".

A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

21) Para sustituir el numeral 5) del artículo primero transitorio por el siguiente:

"5) Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 entrarán en vigencia a partir del 01 de mayo de 2025. A partir del mes siguiente a la publicación de la ley los contribuyentes podrán modificar la cuenta de correos registrada en su sitio personal o presentar la solicitud contenida en el inciso primero del artículo 11 incorporado por el numeral 11) en la presente ley.".".

Dios guarde a V.E.

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

MARIO MARCEL CULLELL

Ministro de Hacienda

VER INFORME FINANCIERO

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DEL PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL. (BOLETÍN N° 16621-05).

Santiago, 08 de abril de 2024

Nº 036-372/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esta H. Corporación:

AL ARTÍCULO PRIMERO

1) Para modificar su numeral 2) en el siguiente sentido:

a) Elimínase el numeral ii) de su literal b).

b) Agrégase, a continuación de su literal e), el siguiente literal f), nuevo:

“f) Agrégase, a continuación de su inciso octavo, el siguiente inciso noveno, nuevo:

“Corresponderá al Servicio probar los elementos constitutivos de abuso o simulación. Sin embargo, le corresponderá al contribuyente probar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios o que sus operaciones se encuentran dentro de la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria.”.”.

2) Para sustituir su numeral 3) por el siguiente:

“3) Modifícase el artículo 4° ter en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos” por la frase “Hay abuso en materia tributaria cuando se evita la realización del hecho gravado, se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, y cuando se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También será aplicable el presente artículo cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se accede, con abuso, a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase, en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto que le sigue, la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.”.

3) Para eliminar en el literal c) de su numeral 4) la frase “de forma impropia”.

4) Para modificar el artículo 4° quinquies que sustituye su numeral 5), en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso quinto, el guarismo “250” por “1.000”.

b) Intercálase, en su inciso séptimo, entre la expresión “legislación tributaria” y el punto que le sigue, la frase “. La terna del Consejo, a través de su coordinador, podrá solicitar aclaraciones tanto al contribuyente como al Servicio, quienes deberán responder por escrito dentro del plazo de 10 días desde que el coordinador envía el correo electrónico con la comunicación. La respuesta del contribuyente no podrá incorporar antecedentes no aportados durante el procedimiento de fiscalización”.

c) Agrégase el siguiente inciso décimo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Junto con la resolución y liquidaciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio deberá también acompañar en la notificación al contribuyente una copia de la opinión del Consejo Asesor Consultivo. Asimismo, cuando el Servicio decidiese que no procede la aplicación de los artículos 4° ter y 4° quáter, después de haber recibido la opinión del Consejo Asesor Consultivo, deberá enviar una copia de dicha opinión al contribuyente.”.

d) Agrégase, a continuación del inciso décimo, que ha pasado a ser undécimo, el siguiente inciso duodécimo nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“La opinión del Consejo Asesor Consultivo podrá ser presentada en el procedimiento judicial a que dé lugar la reclamación del contribuyente, por cualquiera de las partes.”.

5) Para modificar su numeral 6), que incorpora el artículo 4° sexies, en el siguiente sentido:

a) Modifícase su letra A, en el siguiente sentido

i) Intercálase en el numeral vii. de su párrafo segundo, entre la palabra “designar” y el punto final que le sigue, la frase “, de aquellos cuya elección se realiza previo concurso público”.

ii) Sustitúyese su párrafo tercero, por los siguientes párrafos tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los párrafos siguientes:

“Los consejeros serán designados por el Director en base al siguiente procedimiento:

a) Cuatro consejeros serán designados, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador;

b) Dos consejeros serán designados a propuesta en terna del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; y

c) Un consejero será designado a propuesta en terna del Consejo Fiscal Autónomo.

Los consejeros deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.”.

iii) Intercálase en su párrafo quinto, que ha pasado a ser sexto, entre la palabra “operaciones” y el punto seguido que le sigue, la frase “, salvo para pedir aclaraciones por escrito, según lo dispuesto en el artículo 5 quinquies”.

iv) Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 50 unidades tributarias mensuales por cada terna que conformen para la elaboración de la opinión a la que se refiere la letra a) del inciso primero del presente artículo.”.

b) Agrégase en su letra E., el siguiente párrafo final, nuevo:

“Los Consejeros no podrán asumir la representación judicial ante Tribunales Tributarios y Aduaneros o ante los tribunales superiores de justicia cuando el objeto del juicio sea la aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, o 4 ° quáter. El incumplimiento de esta obligación por un Consejero será considerado una falta grave e implicará la pérdida de la calidad de miembro del Consejo.”.

6) Para agregar un numeral 13), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“13) Agrégase, en el inciso primero del artículo 24, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase:

“Cuando corresponda emitir una liquidación en la cual se determinen diferencias de impuestos de casos definidos como relevantes o de interés institucional, deberá solicitarse informe previo al Comité Nacional o Regional, según corresponda.”.”

7) Para modificar el actual numeral 22), que ha pasado a ser numeral 23), en el siguiente sentido:

a) Modifícase su literal b) en el siguiente sentido:

i) Agrégase, el siguiente numeral i), nuevo, readecuando el orden correlativo de los numerales siguientes:

“i) Reemplázase, en el literal c) de su numeral 1), la expresión “, y” por un punto y coma.”.

ii) Agrégase, a continuación de su actual numeral i), que ha pasado a ser numeral ii), el siguiente numeral iii), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“iii) Agrégase, a continuación del literal d), de su numeral 1), el siguiente literal e), nuevo:

“e) Señalar el procedimiento de fiscalización en contra del contribuyente respecto del cual se requiere información, salvo los casos señalados en el párrafo segundo del numeral 3).”.”

iii) Agrégase, a continuación de su actual numeral vi), que ha pasado a ser numeral vii), el siguiente numeral viii), nuevo:

“viii) Agrégase, a continuación del numeral 6), el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) No procederá lo dispuesto en los numerales anteriores, cuando el requerimiento de información bancaria se realice con ocasión de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 59 ter y el número 10 del artículo 161 de la presente ley y de los artículos 41 E, 41 F, y 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en cuyo caso el banco deberá entregar la información requerida por el Servicio, dentro del plazo de 45 días. Para estos efectos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) El Servicio deberá presentar el requerimiento, que contendrá las menciones señaladas en el numeral 1), ante el Tribunal Tributario y Aduanero, correspondiente al domicilio del contribuyente. El requerimiento contendrá además los fundamentos que den cuenta de la importancia de contar con la información bancaria requerida.

b) El juez tendrá un plazo de 5 días para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar la resolución al Servicio, mediante correo electrónico, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

c) El Servicio procederá a enviar el requerimiento señalado en la letra a) anterior y la resolución del tribunal al banco, el cual deberá a entregar la información dentro del plazo de 45 días desde la recepción del requerimiento.

d) El banco, una vez entregada la información al Servicio, deberá comunicarle al titular que ha procedido a entregar su información bancaria en virtud de un requerimiento especial según lo dispuesto en el presente numeral.”.”.

b) Agrégase, a continuación de su literal b), el siguiente literal c), nuevo:

“c) Intercálase, en su inciso quinto, entre la frase “deberá ser eliminada,” y la expresión “no pudiendo” la frase “dentro del plazo de 90 días,”.

c) Agrégase, a continuación del nuevo literal c), el siguiente literal d), nuevo:

“d) Reemplázase, en su inciso sexto, la frase “reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 70 a quinientas unidades tributarias mensuales”.”

8) Para modificar el artículo 62 bis que sustituye su actual numeral 22), que ha pasado a ser numeral 23), en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “la improcedencia de entregar la información bancaria por no ser indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuesto o falta de ellas” por “justifiquen que el Servicio cuenta con la información bancaria requerida o que dicha información carece de importancia para el procedimiento de fiscalización”.

b) Agrégase el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser inciso noveno:

“El expediente se tramitará en forma secreta en todas las instancias del juicio.”.

9) Para intercalar en su numeral 34) que incorpora el artículo 100 quáter, en su inciso primero entre la frase “cuando corresponda” y el punto seguido la frase “o los abogados que hubiesen prestado asesoría, durante los tres años anteriores a efectuar la denuncia”.

10) Para agregar el siguiente numeral 46), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“46) Modíficase el artículo 132 ter en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo,” por “el Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional resolverá los términos en los que”.

ii) Eliminase el texto a continuación del punto seguido que pasa a ser punto aparte.

b) Reemplázase en su inciso tercero la palabra “Director” por “Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional”.”.

AL ARTÍCULO NOVENO

11) Para agregar el siguiente numeral 1), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“1) Sustitúyase, el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- La Dirección Nacional estará constituida por las Subdirecciones Fiscalización, Jurídica y Normativa y por las Subdirecciones y Departamentos que establezca el Director con sujeción a la planta de personal del Servicio.

Una de las Subdirecciones tendrá como objeto principal desarrollar políticas y programas especiales destinados a otorgar apoyo, información y asistencia a las empresas de menor tamaño a que se refiere la Ley Nº 20.416, y a otros contribuyentes de escaso movimiento económico, tales como los señalados en el artículo 22 de la ley sobre impuesto a la renta, con el objeto de facilitar su cumplimiento tributario. Además, una de las Subdirecciones tendrá como objeto principal la contraloría interna y otra tendrá como objeto las Tecnologías de la Información.”.”.

12) Para agregar, a continuación del nuevo numeral 1), el siguiente numeral 2) nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“2) Agrégase, en el artículo 7, el siguiente literal r), nuevo, pasando el actual literal r) a ser literal s):

“r) Dictar las resoluciones necesarias para formar y convocar al Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional conformado por el Director y los Subdirectores de Fiscalización, Jurídico y Normativo con la periodicidad que se señale. Asimismo, habrá Comités Regionales de casos relevantes o de interés institucional, conformados, según corresponda, por el Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes, jefes de departamento de fiscalización regional o jefes de los departamentos de cumplimiento en el caso de la Dirección de Grandes Contribuyentes y los jefes de departamentos jurídicos. De corresponder, integrarán el Comité Regional los jefes de departamento que reemplacen o sucedan a los jefes de departamento individualizados precedentemente.

Mediante una o más resoluciones, se determinará la forma y plazos en que sesionará el Comité Nacional y los Comités Regionales y los criterios para definir un caso como relevante o de interés institucional. Las decisiones del Comité Nacional serán vinculantes.

Serán criterios para definir como casos relevantes o de interés institucional, entre otros los siguientes: montos relevantes según la realidad regional o del segmento específico; operaciones dentro de un grupo empresarial; operaciones entre empresas relacionadas; operaciones que puedan dar a lugar a la aplicación de la norma general antielusiva.

En el caso del Comité Nacional se considerarán las operaciones que puedan dar lugar a la presentación de una denuncia o querella por parte del Director por montos de impuestos superiores a 1-200 UTA, sin considerar intereses, reajustes y multas; el avenimiento extrajudicial del artículo 132 ter del Código Tributario; transacciones u operaciones, que independiente de su monto, puedan tener impacto institucional, considerando las características cualitativas de las transacciones y/o de los contribuyentes involucrados o por la transversalidad de la materia a nivel nacional.”.”.

13) Para agregar a continuación del numeral 2) nuevo, el siguiente numeral 3) nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“3) Agrégase, en el artículo 19, a continuación de su letra e), la siguiente letra f), nueva:

“f) Sin perjuicio de lo anterior, los casos definidos como relevantes o de interés institucional de acuerdo a los criterios fijados por el Director en conformidad con lo dispuesto en la letra r) del artículo 7, deberán ser analizados en Comité Regional, conformado por el Director Regional y los Jefes de Fiscalización y Jurídico y enviarlos para análisis y decisión por el Comité Nacional.”.”.

14) Para reemplazar el actual numeral 1), que ha pasado a ser numeral 4), por el siguiente:

“4) Modifícase el artículo 41 del siguiente modo:

a) Intercálase, en su inciso primero, entre la expresión “bienes” y el punto que le sigue, la frase “, conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para corroborar la integridad y veracidad de la información declarada, el Servicio podrá utilizar la información tributaria de la que dispone, sujeta a reserva, para fines de fiscalización del contenido de la declaración, así como también, podrá solicitar información a otros organismos públicos.”.”.

15) Para incorporar un artículo décimo cuarto, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo cuarto.- Incorpórase en el inciso primero del artículo trigésimo sexto del Título VI de la Ley N° 19.882, a continuación de la frase: “; y, en el Servicio de Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional” la expresión “ y a los cargos de Subdirectores de Departamento de Subdirecciones estos últimos que darán afectos al segundo nivel jerárquico.”.

16) Para incorporar un artículo décimo quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo quinto.- Los funcionarios o funcionarias que a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública correspondientes al segundo nivel jerárquico del Servicio de Impuestos Internos, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme al título VI de la ley Nº19.882 cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.”.

Dios guarde a V.E.,

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

MARIO MARCEL CULLELL

Ministro de Hacienda

VER INFORME FINANCIERO

?INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE DICTA NORMAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DEL PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Boletín N° 16.621-05

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar, en su condición de Comisión Técnica, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, con urgencia calificada de Suma.

Asistieron en representación del Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell, la Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner Herrera y los Coordinadores de Política Tributaria, señor Diego Riquelme Ruiz y señor Nicolás Bohme Olivera. Asimismo, asisten, el Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolett Córdova junto con la Subdirectora de Fiscalización, señora Carolina Saravia Morales y el Subdirector Normativo, señor Simón Ramírez Guerra, la Directora Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza Loeb y el Tesorero General de la República, señor Hernán Nobizelli Reyes.

Concurrieron en audiencia las siguientes personas:

1. Yuri Varela Barraza, Asesor tributario y Director del Instituto chileno de derecho tributario.

2. Paola Tresoldi Manríquez, Presidenta Nacional de la Asociación Fiscalizadores Servicios Impuestos Internos de Chile.

3. Alfredo Ugarte Soto, asesor tributario, Profesor Universidad de Chile.

4. Germán Pinto Perry, Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria- Universidad de Santiago de Chile, USACH.

5. Juan Alberto Pizarro Bahamondes, Presidente Comisión Tributaria Colegio de Contadores.

6. Gabriela Merino Pérez, Secretaria Abogado de la Asociación de jueces de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

7. Felipe Domínguez Celis, Abogado, Domínguez & Godoy.

8. Jorge Atria Curi, Investigador y académico UDP.

9. Loreto Pelegrí Haro, Abogada Derecho Tributario, socia de Tax & Legal de PwC Chile.

10. Patricia Toledo Zúñiga, Abogada, Profesora de Derecho Tributario, Universidad Alberto Hurtado.

11. Christian Aste Mejías, Abogado y Auditor Asesor tributario y legislativo de Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-CONAPYME.

12. Rodrigo Mujica Varas, Director de Políticas Públicas y Rodrigo Yáñez, Secretario General, SOFOFA.

13. Gianina Figueroa Ipinza, Presidenta y Lautaro Videla Moya Tesorero de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile, UNAPYME.

14. Christian Blanche Reyes, Presidente Comisión Tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio-CPC.

15. Humberto Solar, Secretario General Convergencia Nacional de Gremios de Pymes.

16. Soledad Recabarren Galdames, Socia en Recabarren & Asociados.

17. Francisco Selame Marchant, Derecho Tributario, Universidad de Chile.

18. Antonio Faúndez Ugalde, Académico, Universidad Católica de Valparaíso.

19. Jorge Espinosa Sepúlveda, Derecho Tributario, Universidad Católica de Chile.

20. Macarena García y Juan Ignacio Gómez, Libertad y Desarrollo.

21. Hugo Hurtado Aravena, Derecho Tributario, Universidad Católica y Universidad Diego Portales.

22. Mauricio Soudre Taverna, Presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile-ANFACH.

I.-CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto:

Elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de una modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, mediante el despliegue de una agenda de control de la informalidad, para principalmente, terminar con la evasión y la elusión realizadas mediante una planificación tributaria agresiva, entregando, por una parte, a los organismos fiscalizadores nuevas atribuciones, y por la otra, a la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), espacios de regularización de las obligaciones tributarias que permitan el fortalecimiento institucional y estándares de probidad en la administración tributaria, todo ello, en un marco de lograr una mayor eficiencia y transparencia del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.

2.- Aprobación en general del proyecto

Puesto en votación el proyecto resultó aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes, diputados y diputadas señores (as) Votaron a favor las diputadas y los diputados Eric Aedo, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Sofía Cid, Tomás Lagomarsino (en reemplazo del Diputado Sepúlveda), Miguel Mellado, Guillermo Ramírez, Camila Rojas, Agustín Romero, Jaime Sáez, Nelson Venegas (en reemplazo del Diputado Naranjo), Gastón Von Mühlenbrock y Gael Yeomans (Presidenta).

3- Normas que deben aprobarse con quórum especial:

EN EL CARÁCTER DE LEY DE QUÓRUM CALIFICADO:

1) ARTÍCULO PRIMERO

N° 36: Agrega un artículo 100 quáter, nuevo: Trata el denunciante anónimo, estableciendo que la resolución del Servicio que otorga dicha calidad será secreta, salvo que el denunciante renuncie al anonimato. LQC por art. 8, inc. 2 CPR.

2) ARTÍCULO SEGUNDO: LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA

N° 3, letra j), párrafo 10: Las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes en virtud de los cuales han sido suscritas quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. LQC por art. 8, inc. 2 CPR.

EN EL CARÁCTER DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL:

1) ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICACIONES EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO

N° 5: Sustituye el artículo 4° quinquies: Elimina la competencia del TTA para declarar la existencia de abuso o simulación a requerimiento del Director del SII, pasando ahora ésta a ser declarada por el Director. “Es inconstitucional suprimir una atribución de los tribunales de justicia sin que el Congreso Nacional haya dado cumplimiento a la exigencia constitucional de consultar la modificación legislativa a la Corte Suprema, en forma previa a la aprobación del proyecto de ley.” (STC 2981 c. 135)

N° 21: Agrega art. 59 ter nuevo: Referente a la fiscalización intragrupo empresarial, dispone en su inciso 5 que “Será competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme este artículo, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. Procederá en estos casos la acumulación de autos.”

N° 25 Sustituye el artículo 62 bis: Regla la competencia del TTA para conocer la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria.

N° 28 Sustituye el artículo 65 bis: Sobre fiscalización intragrupo empresarial, establece competencia del TTA correspondiente al territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización.

N° 29 Agrega art. 65 ter nuevo: Referido a multijurisdicción, define la competencia para conocer el reclamo del contribuyente en el TTA en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

N° 39 Modifica art. 115: Sobre procedimiento general de reclamación, altera diversos aspectos relativos a la competencia de los TTA.

N° 40 Suprime el artículo 119: Establece la competencia del TTA para conocer tanto de la declaración de abuso o simulación, como de la determinación y aplicación de la multa respectiva.

N° 41 Suprime el artículo 121: Establece la existencia de dos Tribunales Especiales de Alzada que conocerán de las apelaciones que se deduzcan en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero, al conocer de los reclamos de avalúos de los bienes raíces. (Atribución de los tribunales).

N° 44 Sustituye el artículo 130: Establece el expediente electrónico en el procedimiento de reclamo ante el TTA. (Organización de los tribunales)

N° 46 letra a) Modifica el art. 132: Establece una apelación contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba. (Atribución de los tribunales)

N° 50 Agrega artículo 137 bis, nuevo: Regula la solicitud de medidas cautelares que el Servicio puede hacer al TTA, definiendo la competencia territorial de este último, y otros aspectos relativos al procedimiento.

N° 52 Elimina el Párrafo 1° del Título III del Libro Tercero: Del procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces. (Atribución de los tribunales)

N° 53 Modifica el artículo 156: La modificación permitiría al Juez Tributario y Aduanero, de oficio, decretar las diligencias probatorias que estime pertinentes, si fuere necesario allegar nuevos antecedentes al proceso para una mejor resolución del asunto. (Atribución de los tribunales)

N° 54 Suprime el artículo 160 bis: El art. establece el procedimiento para solicitar la declaración de abuso o simulación y, en su caso, la aplicación de la multa establecida en el artículo 100 bis ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente. (Atribución de los tribunales)

2).- ARTÍCULO QUINTO: ORDENANZA DE ADUANAS

N° 7 Modifícase el literal b) del inciso primero del artículo 117: El art. se refiere a las reclamaciones que pueden presentarse contra actuaciones de la Aduana, ante los TTA. Actualmente, una actuación reclamable es la “Clasificación y/o valoración aduanera de las declaraciones de exportación, practicada por el Servicio de Aduanas.” Con la modificación propuesta, por un lado, se agregarían las declaraciones de importación, y por otra, se establece que si, como consecuencia de la aplicación de la referida clarificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa.

N° 9 Reemplaza el artículo 125: Digitalización del procedimiento de reclamación contra Aduana. Mismas razones del Artículo primero N° 42 Sustituye el artículo 130.

N° 23 Modifícase el artículo 202: Reglamenta la potestad disciplinaria del Director de Aduanas. La modificación propuesta señala que la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización u acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario.

3)- ARTÍCULO UNDÉCIMO. - LEY N° 20.322 QUE FORTALECE Y PERFECCIONA LA JURISDICCIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

N° 1 Agrégase en el artículo 5°, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis, del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.”.

N° 2, letra b): Establece que los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberán presentar la declaración anual de intereses y patrimonio.

Por tratarse de normas que inciden en la organización o atribuciones de los tribunales de justicia, estas deben ser puestas en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, para efectos de dar cumplimiento al artículo 77 de la Constitución Política.

4.-Disposiciones o indicaciones rechazadas:

Artículos rechazados:

Artículo décimo sexto transitorio.- Durante los cuatro años contados desde la publicación de la presente ley, los funcionarios a contrata asimilados a la planta de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos podrán postular para desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, en la forma prevista por el artículo 4 de la Ley N°20.431 que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Indicaciones rechazadas

Al Artículo primero:

Del Diputado Mellado

Al numeral 34)

Para reemplazar el inciso tercero del nuevo artículo 100 quáter por el siguiente:

“Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, prohibición de contratar con el Estado por el plazo de 5 años, prohibición de trabajar para el Estado por el plazo de 5 años y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.”

Del Ejecutivo:

Al numeral 35

“Para eliminar su actual numeral 35) readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes”.

Al artículo quinto

Del Diputado Romero,

Al numeral 9):

“Para eliminar en el inciso cuarto del artículo 125 la frase “Durante la tramitación”.”.

5- Indicaciones declaradas inadmisibles:

Ninguna indicación fue declarada inadmisible.

6- Diputado informante: El señor Agustín Romero Leiva.

II.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA INICIATIVA CONSIDERADOS EN EL MENSAJE:

El Mensaje considera los siguientes antecedentes:

-Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

Propuesta presentada el 1 de agosto de 2023 sobre un Pacto Fiscal para el desarrollo, resultado de un intenso trabajo que consistió en más de 30 reuniones con distintos actores de la sociedad, tales como partidos políticos, el mundo empresarial, organizaciones de la sociedad civil, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y trabajadores. Asimismo, se estableció un itinerario en búsqueda de un debate amplio y abierto, para alcanzar un nuevo texto que reflejare las diversas prioridades que la propuesta de Pacto Fiscal contenía.

-Segunda etapa

Presentada la propuesta se abre una segunda etapa de trabajo donde, se dio continuidad al trabajo con las Mipymes y los gremios empresariales y, además, se constituyó una mesa de trabajo con representantes de casi la totalidad de los partidos con representación parlamentaria. Al mismo tiempo, se encargó un estudio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para determinar las holguras fiscales potenciales que se podrían alcanzar con una mayor eficiencia del Estado, y se conformó un Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, cuyo objetivo fue analizar las medidas procrecimiento contenidas en la propuesta de Pacto Fiscal, para determinar el impacto que estas medidas podrían generar en el aumento de los ingresos del Estado en el mediano y largo plazo.

- Encuentros ciudadanos con el objetivo de dar a conocer las propuestas del Pacto Fiscal, así como recoger sugerencias y propuestas de las personas de forma descentralizada. Estos encuentros ciudadanos se desarrollaron a nivel regional, convocando a más de 2.600 personas.

-El 20 de diciembre del mismo año, luego de cuatro meses de trabajo con los actores antes señalados y la recepción de los informes solicitados al cual se sumaron las conclusiones del informe sobre cumplimiento tributario, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos, se dio a conocer el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

III.-FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY SEÑALADOS EN EL MENSAJE

El Pacto para el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal; está estructurado en sus fundamentos en seis componentes:

(i) Prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía, que requieren incrementar los ingresos fiscales en 2,7% del PIB;

(ii) Compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado;

(iii) Impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía;

(iv) Principios para un sistema tributario moderno;

(v) Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta; y

(vi) Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

Las distintas medidas que conforman cada uno de los componentes tienen formas distintas de materializarse. Varias de ellas requieren la elaboración de proyectos de ley, inclusive algunas de ellas ya se encuentran en tramitación, como el Proyecto de Ley que crea un Registro de Personas Beneficiarias Finales (Boletín N° 16.475-05), el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Boletín N° 16.316-05) y el Proyecto de Ley que Establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica (Boletín N° 16.566-03). Otras medidas implicarán la presentación de indicaciones a proyectos de ley que ya se encuentran en el Congreso, y algunas corresponden a medidas administrativas.

El proyecto de ley es parte del quinto componente, que agrupa iniciativas asociadas a una mejor fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

-De acuerdo con la literatura y la experiencia comparada, existen al menos tres comportamientos que producen una erosión de los ingresos tributarios.

En primer lugar, en los delitos tributarios donde un contribuyente, de forma dolosa, incumple sus obligaciones tributarias ya sea omitiendo una declaración, utilizando documentos tributarios falsos o cualquier otro tipo de maniobras cuya intención expresa es vulnerar las normas tributarias.

Los motivos para la comisión de delitos tributarios son diversos, mas todos ellos reprochables, como es el caso de un contribuyente que busca rebajar su base imponible utilizando documentación falsa, o la existencia de operaciones a gran escala, vinculadas al crimen organizado que, por ejemplo, fomentan el comercio informal.

En segundo lugar, en los incumplimientos involuntarios, es decir, casos donde el contribuyente incumple una obligación, no de forma dolosa, sino por el desconocimiento de las obligaciones tributarias o del sistema tributario en general.

En tercer lugar, se encuentra la planificación tributaria agresiva, es decir, aquellas acciones que sobrepasan la economía de opción a través de las cuales se pretende obtener beneficios ilícitos bajo un manto de aparente legalidad, buscando erosionar la base imponible o abiertamente evitar el hecho gravado.

IV.-OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY ESTABLECIDOS EN EL MENSAJE

1.-FINANCIAMIENTO DE PENSIONES Y SEGURIDAD PÚBLICA.

-A partir del contexto descrito, la iniciativa de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias busca incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, recursos que permitirán contribuir al financiamiento de las necesidades y prioridades de gasto que se han definido dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal; en este caso al financiamiento de pensiones y seguridad pública.

-El aumento de las pensiones actuales y futuras es una prioridad impostergable para la ciudadanía. La modificación del sistema de pensiones propuesta por el proyecto de ley que Crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensión Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica (Boletín N° 15.480-13) y que ha sido recientemente aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene dos componentes que implican un gasto adicional de 1,2% del PIB: En primer lugar, el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 cuya cobertura se elevará en 166.000 personas hacia el año 2030 y, en segundo lugar, el costo fiscal asociado al aumento del 6% de la tasa de cotización de cargo del empleador, que eleva el gasto en cotizaciones por los empleados públicos y reduce la recaudación del impuesto de primera categoría (pues en caso del sector privado, esta cotización será un gasto deducible).

-En particular y dando cumplimiento al principio de responsabilidad fiscal, la propuesta de aumento y ampliación de la Pensión Garantizada Universal se sujeta a la verificación de una Condición de Sostenibilidad Financiera, que exige un nivel mínimo de recaudación de un 24,7% de Ingresos Tributarios Estructurales en relación con el Producto interno Bruto efectivo, indicador que permite contar con los recursos necesarios para sostener dicho gasto en forma responsable y que, gracias al presente proyecto de ley, podrían cumplirse durante el año 2024.

2.-FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA

-A su vez, las medidas que se han comprometido en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal significan un gasto adicional de 0,3% del PIB destinado a fortalecer la seguridad pública, a través de la prevención del delito, el combate al crimen organizado y el funcionamiento eficaz de la administración de justicia, para lo cual se requiere fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria, y el fortalecimiento de un Estado preventivo. En materia de fortalecimiento institucional, los mayores recursos permitirán el financiamiento del Sistema Nacional Víctimas y Testigos del Crimen Organizado y la modernización de la carrera funcionaria de las policías. En inversión tecnológica y carcelaria, se implementará la Estrategia para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y se mejorará la infraestructura de Gendarmería, entre otras medidas. Por último, se priorizarán medidas de carácter preventivo como la recuperación de espacios públicos, instalación o recambio de luminarias y cámaras de televigilancia, junto con fortalecer el sistema de prevención y rehabilitación con foco en la niñez. Todas estas medidas, junto a las iniciativas incluidas en los presupuestos correspondientes a los años 2023 y 2024 permitirán una expansión del gasto en seguridad pública y administración de justicia de 1.500 millones de dólares en comparación con el año 2022.

3.- COMBATE DE LOS DELITOS TRIBUTARIOS

Este proyecto de ley busca relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios pues tienen un impacto directo en los ingresos fiscales, cuyo destino principal es el financiamiento de políticas sociales. Los delitos tributarios deben ser combatidos con la misma fuerza que se persiguen otros delitos asociados al fraude al Fisco, pues no sólo dañan la fe pública sino también obstaculizan el avance de políticas sociales que van en beneficio de sectores mayoritarios en el país.

Ocurrencia de delitos tributarios

La comisión de delitos tributarios ocurre cuando un contribuyente que realiza una operación gravada con impuestos evade de forma dolosa las obligaciones tributarias, ya sea no pagando el impuesto o reduciendo el monto de dicha obligación. También existe evasión cuando un contribuyente obtiene dolosamente devoluciones de impuestos a las que no tiene derecho. Asimismo, la ley considera como delito tributario el facilitar documentos para la comisión de estos delitos.

Adicionalmente, la persecución de la evasión tributaria es de suma importancia para la moral tributaria de la población. Para que los contribuyentes -que en su enorme mayoría cumplen con sus obligaciones tributarias- mantengan dicho comportamiento, es de suma relevancia percibir que la administración tributaria persigue a quienes cometen delitos. Un elemento esencial de justicia y equidad tributaria es que el contribuyente perciba que no se tolera la evasión desde la administración.

Las obligaciones tributarias que consisten en el pago de impuestos están determinadas por el principio constitucional de la legalidad de los tributos. Los contribuyentes no pueden alterar de forma ilegítima su carga tributaria, implementando planificaciones tributarias agresivas destinadas a evitar o aminorar sus obligaciones fiscales o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación. En el mismo sentido, no se puede considerar que el combate a la planificación tributaria agresiva implica un aumento en la carga, tributaria porque el ahorro que obtuvo el contribuyente en estos casos, por esencia, es ilegítimo.

Los contribuyentes que utilizan resquicios legales o tuercen el sentido de las normas mediante operaciones abusivas vulneran el principio de legalidad de los tributos al evitar o disminuir ilícitamente las obligaciones tributarias fijadas por ley. Al igual que como ocurre con la evasión, este tipo de operaciones atentan contra la equidad tributaria y la distribución de las cargas públicas, pues otorga ventajas, beneficios o utilidades ilegítimas a quienes las realizan, frente a la mayoría de los contribuyentes que cumplen correctamente sus obligaciones tributarias.

4.- FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL CONSTRIBUYENTE

Este proyecto de ley también busca fortalecer la Defensoría del Contribuyente. La ley N° 21.210, estableció un plazo máximo de dos años para su entrada en vigencia. El nombramiento del primer Director ocurrió en noviembre de 2021, sólo tres meses antes del término del plazo establecido, por ello es sólo a partir del año 2022 que comenzó a estructurarse esta institución. Tras dos años de funcionamiento, se han detectado deficiencias en su estructura original que dificultan el ejercicio de sus funciones.

Es de suma relevancia que la Defensoría no enfoque su accionar exclusivamente en velar por los derechos del contribuyente sino también en implementar acciones que permitan que éstos –especialmente los pequeños contribuyentes— cumplan con sus obligaciones tributarias mediante el conocimiento de las normas, la forma de presentación de sus declaraciones y de relacionarse con la administración tributaria. Estas nuevas facultades son esenciales para un buen funcionamiento del sistema tributario, pues evitan o aminoran la comisión de errores por desconocimiento, más usual en pequeños contribuyentes o en quienes inician una nueva actividad, evitando horas de fiscalización que distraen no sólo al contribuyente sino también a la administración tributaria.

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Por último, este proyecto también considera el fortalecimiento institucional de los diferentes servicios que componen la administración tributaria. El cumplimiento de las obligaciones tributarias no se obtiene exclusivamente con la modificación de las normas tributarias, sino también requiere que la administración tributaria se fortalezca tanto a nivel de acceso a nuevas tecnologías, como a nivel del personal que lo componen. El fortalecimiento institucional tiene un impacto directo en la recaudación tributaria, pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento en la recaudación fiscal. Un estudio recientei concluye que por cada dólar invertido en enforcement,[1] se produce un aumento entre 8 y 11 dólares en el impuesto corporativo a partir de dos años realizada la inversión.

V.-CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY[2]

El proyecto de ley consta de 16 artículos permanentes que modifican distintos cuerpos legales, y 23 disposiciones transitorias necesarias para su correcta implementación, las que consideran las siguientes materias que buscan elevar el cumplimiento tributario a través de una modernización de la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros; el despliegue de una agenda de control de la informalidad; medidas que apuntan al combate a la evasión y a la planificación tributaria agresiva (elusión); nuevas atribuciones para la Defensoría del Contribuyente (DEDECON); espacios de regularización de las obligaciones tributarias; y el fortalecimiento institucional y estándares de probidad de la administración tributaria.

I.1 Modificaciones en materia tributaria

El proyecto de ley realiza modificaciones al Código Tributario, a la ley de impuesto a la renta, la ley del impuesto a las ventas y servicios (IVA), a la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, a la ordenanza de Aduanas, al impuesto sobre bienes de alta valoración (“impuesto al lujo”), además de otros cuerpos legales.

Modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Nuevas tecnologías: Expediente electrónico

Las administraciones tributarias deben avanzar de forma periódica en procesos de modernización que permitan el mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización. Nuestra administración tributaria, conformada por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, deben modernizar la forma en cómo se relacionan con el contribuyente, así como realizar una actualización de una serie de normas que permiten fiscalizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las modificaciones en materia de modernización propuestas por este proyecto de ley son una continuación y expansión de las medidas impulsadas por la ley N°21.210 que Moderniza la legislación tributaria la que, por ejemplo, introdujo el expediente electrónico en los procedimientos de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y permitió que una serie de actuaciones ante dicho organismo puedan hoy realizarse de forma remota.

Notificación por correo electrónico

La implementación de la notificación por correo electrónico aquí propuesta permitirá tanto un ahorro fiscal significativo, como también una mayor certeza en el conocimiento que el contribuyente tenga de las actuaciones de la administración, considerando la gran penetración de la tecnología y el acceso a internet móvil en el país. De todas formas, las normas procuran cautelar expresamente la situación de aquellos contribuyentes que no utilicen medios electrónicos de forma usual o no puedan acceder a ellos de forma habitual, manteniendo en estos casos la notificación por cédula o carta certificada.

En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se implementará el expediente electrónico, en línea con las modificaciones que han seguido los demás tribunales de justicia. Adicionalmente, se modifican los procedimientos judiciales permitiendo mayores espacios de conciliación y trasladando el procedimiento de reclamación de avalúo de bienes raíces al procedimiento general de reclamaciones, de forma de eliminar las falencias que el actual procedimiento genera tanto en detrimento del contribuyente como del interés fiscal.

Levantamiento del secreto bancario

También se impulsan una serie de medidas que actualizan las herramientas de fiscalización de la administración tributaria. Es el caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes. Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias.

Ajustes al impuesto al lujo

Se introducen, además, ajustes al impuesto al lujo contenido en la ley 21.420, para permitir su correcta aplicación y regular por ley espacios que fueron dejados a regulación reglamentaria. Así, se establecen con mayor detalle las obligaciones de informar, así como las características que deben cumplir los bienes para quedar exentos del impuesto. Por último, la introducción y definición de un estándar de sostenibilidad fiscal busca incentivar la cooperación entre los contribuyentes y la Administración, reconociendo a aquellas empresas que buscan la cooperación mutua y la transparencia.

Control de la Informalidad

Comercio informal

El comercio informal produce un profundo daño en la recaudación fiscal pues, sea por desconocimiento o de forma deliberada, se vulneran las obligaciones tributarias en todo ámbito; es decir, hay ausencia tanto de la información como de la declaración y pago de los impuestos que se desprenden de las operaciones informales. El avance de las tecnologías, así como un mayor acceso al comercio internacional, son parte -no las únicas- de las causas de nuevos fenómenos asociados al comercio informal.

Para poder detectar e implementar acciones que busquen formalizar a quienes caen en informalidad por desconocimiento, sancionar a quienes con una intención dolosa ejercen o promueven el comercio informal, y para lograr detectar y desbaratar los canales que nutren el comercio informal, es de vital importancia que la administración tributaria, en especial el Servicio de Impuestos Internos, pueda acceder a más y mejor información.

Sanción del comercio clandestino

El presente proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias contiene una serie de medidas que buscan avanzar en un el combate del comercio informal, principalmente aquel que se desarrolla a gran escala. Por ello, se modifica el delito que sanciona el comercio clandestino, para sancionarlo cuando se cometa en cualquiera de sus formas.

Nuevas exigencias a proveedores

También se establece que las Municipalidades, órganos del Estado y proveedores de medios de pago electrónicos deberán exigir inicio de actividades a quienes interactúen con ellos. Asimismo, los bancos e instituciones financieras tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos cuando una persona reciba más de 50 transferencias de contribuyentes distintos dentro de un mes, dando cuenta de una potencial actividad comercial, lo que es una medida complementaria al recientemente aprobado artículo 85 bis sobre saldos bancarios, y a las modificaciones al secreto bancario.

Contrabando

Estas medidas se robustecen en conjunto con otras acciones impulsadas por el Gobierno y que impactan en la informalidad, como la ley N°21.632, que fortalece la legislación en materia de contrabando, promulgada en noviembre de 2023; el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado (Boletín N°15.975-25) y el proyecto de ley, recientemente aprobado por el Congreso, que establece la obligatoriedad de la iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior (Boletín N°16.466-05), todas iniciativas que forman parte de la Agenda Priorizada de Seguridad.

Delitos tributarios

Las nuevas formas de comercializar y la modernización del funcionamiento del Servicio hacen necesaria una actualización de la regulación de los delitos tributarios contenida en el Código Tributario. Asimismo, existen casos en los que la pena prevista para ciertos delitos es proporcionalmente baja si se consideran otros delitos que protegen bienes jurídicos idénticos o similares.

Este proyecto de ley propone modificaciones en esta línea. Por ejemplo, se incrementan las sanciones a quienes faciliten documentos tributarios falsos, sea o no para la comisión de delitos tributarios. También se redefine la conducta típica respecto de aquellos fiscalizadores que autoricen documentos tributarios para la comisión de delitos de esta naturaleza, considerando que actualmente dicha autorización, salvo excepciones, no se realiza de forma física sino mediante la autorización de folios en el sistema del Servicio de Impuestos Internos.

Colaboración sustancial y autodenuncia

Este proyecto también avanza en la introducción de la figura de la colaboración sustancial, herramienta que promueve la autodenuncia de delitos tributarios que permitan desbaratar redes de evasión y comercio informal. Se establece un procedimiento de denuncia anónima que permita la detección y persecución de delitos tributarios; para ello el denunciante accederá a la protección de su identidad y a una retribución económica que corresponde a un porcentaje de las multas aplicadas al evasor cuando se obtenga una sentencia. Como contrapartida y para disuadir denuncias que tengan una finalidad distinta a la colaboración, se establece que las denuncias maliciosamente falsas tienen asimismo el carácter de delito. Cabe destacar que esta herramienta, del denunciante anónimo, ha tenido gran éxito en otras jurisdicciones; por ejemplo, en Estados Unidos la recaudación asociada a esta medida es de trescientos millones de dólares al año, sin considerar el evidente efecto disuasivo que genera.

Planificación tributaria agresiva: Control de la elusión

Dentro de las medidas que este proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias considera para mejorar el combate a la planificación tributaria agresiva se encuentra la modificación de la norma general antielusiva en dos niveles. Por un lado, se proponen modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma, regulando cuándo y cómo se aplica, además de explicitar la forma de interacción con las normas especiales antielusión. Para ello, se mantiene el principio de especialidad y se regula de forma expresa la situación en que la planificación agresiva busca justamente eludir la una norma especial, en cuyo caso la consecuencia natural es que se deben aplicar las consecuencias jurídicas establecidas en la norma eludida.

Por otro lado, se explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto. A través de los distintos casos contemplados, se resguarda que respecto de una misma operación la administración tributaria sólo puede aplicar una norma de control de la elusión.

Abuso impropio

En el caso del abuso regulado en el artículo 4° ter, se incorpora el concepto de “impropio”, que según la doctrina es de la esencia del abuso puesto que este se acredita cuando las formas jurídicas utilizadas no se condicen con el efecto económico deseado por el contribuyente. Es decir, la impropiedad no debe ser vista como sinónimo de algo inusual, sino que se verifica cuando no existe una coherencia entre los actos jurídicos realizados por el contribuyente y los efectos económicos deseados a la luz de las normas tributarias, no habiendo, además, efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios.

Estas modificaciones son relevantes porque encuadran correctamente la norma considerando la doctrina en la materia, y ayudan a clarificar qué debe realizar tanto la administración tributaria como el contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos debe dar cuenta del uso impropio, a la luz de la legislación tributaria, de las formas jurídicas versus los efectos económicos deseados y verificar que, a partir de los antecedentes, no se vislumbran otros efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios. Por su parte, será el contribuyente, naturalmente, el que está en condiciones de presentar los antecedentes que den cuenta de la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes, o que las operaciones están dentro de la opción de conducta y alternativas contempladas en la legislación tributaria y que dicha opción o alternativa es razonable, según lo señalado actualmente en el inciso segundo del artículo 4 ter.

Calificación del abuso o simulación

A nivel de procedimiento y siguiendo la abrumadora tendencia internacional, la calificación de abuso o simulación es realizada a nivel administrativo, por el Servicio de Impuestos Internos, quien deberá solicitar la intervención previa de un Consejo Asesor Consultivo, conformado por 7 miembros, ajenos a la administración, el cual deberá pronunciarse sobre la razonabilidad económica y jurídica de las operaciones sometidas a su análisis. El contribuyente mantendrá siempre su derecho de controvertir la decisión de la administración tributaria ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Este cambio se encuentra en línea con la manera en que opera la norma antielusiva en economías más desarrolladas y, por tanto, no puede ser vista como un retroceso. Tampoco implica que el Servicio de Impuestos Internos se transforme en juez y parte, puesto que este organismo no tiene ni se le entregan facultades jurisdiccionales, las cuales se mantienen plenamente en los Tribunales Tributarios y Aduaneros y en los tribunales superiores de justicia. En suma, este cambio no es otra cosa que llevar la decisión de una facultad fiscalizadora al órgano fiscalizador, como ocurre con la totalidad de los procedimientos llevados a cabo por el Servicio de Impuestos Internos.

Reorganización empresarial

En otros aspectos, se reestructura la norma de tasación y reorganizaciones empresariales, objetivando los criterios para su aplicación; definiendo qué se entiende por operaciones normales de mercado; y eliminando el concepto de “valor corriente en plaza”, cuyo alcance fue definido por vía de la interpretación administrativa sin reconocimiento legal. El proyecto también moderniza la aplicación de la norma para casos de reorganización empresarial, estableciendo los criterios para que exista neutralidad tributaria siempre que exista una legítima razón de negocios, cuya definición queda en la ley.

Tributación internacional

A nivel de tributación internacional, se introducen modificaciones en la norma sobre precios de transferencia, en especial para una mejor regulación de los acuerdos anticipados de precios y los efectos tributarios de los ajustes de precios realizados por la administración tributaria o por el propio contribuyente, que quedarán radicados exclusivamente a nivel de impuesto a la renta. También se establecen nuevos criterios para considerar a una jurisdicción o territorio como preferencial o nocivo en base a las últimas recomendaciones internacionales.

Impuesto a la herencia y donaciones

En materia de impuesto a la herencia y donaciones, se reemplaza la norma de valoración de activos dotándola de reglas claras y acordes a la realidad actual, y se incluyen como hecho gravado las donaciones revocables, para evitar operaciones abusivas. También se introducen modificaciones en materia de donaciones del derecho real de conservación sobre inmuebles, para regular correctamente sus efectos tributarios particularmente cuando las donaciones son por un plazo determinado.

Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente

Dentro de las nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente se encuentra la posibilidad de asesorar y representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, en este último caso pudiendo representar en la interposición del recurso de resguardo. De esta forma, la Defensoría pasa a tener atribuciones para actuar ante los tres organismos que conforman la administración tributaria.

Para mejorar la labor de asesoría y educación, se permite que la Defensoría acceda a información sujeta a secreto tributario para el ejercicio de sus funciones, debiendo en todo caso señalar con claridad los fines para los cuales requiere la información y los funcionarios que accedan a esta información quedarán sujetos a las mismas sanciones que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y/o el Servicio de Tesorerías. Por otro lado, se regula de mejor forma los actos sobre los cuales puede ejercer representación y se introducen modificaciones para hacer más viable el procedimiento de mediación que puede realizar entre el Servicio de Impuestos Internos y un contribuyente.

Por último, se permite a la Defensoría representar a los contribuyentes en los procedimientos de vulneración de derechos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Regularización de obligaciones tributarias

El presente proyecto de ley contiene medidas permanentes y otras transitorias cuyo objeto es permitir la puesta al día y regularización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Mayores condiciones de pago

Dentro de las primeras se encuentra la modificación en la forma de cálculo de la tasa de interés, que pasará a ser una tasa semestral que toma como base la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en 3,5%. En la misma línea, se otorgan mayores flexibilidades para la suscripción de convenios de pago con el Servicio de Tesorerías, estableciendo además un régimen especial para Mipymes, que podrán acceder a convenios con un plazo de hasta 18 meses con un pie que no supere el 5% de la deuda y con condonación de intereses y multas. Por último, se reestructura el procedimiento de declaración de deudas incobrables y se crea un procedimiento administrativo que permitirá la declaración de la prescripción de deudas sin necesidad de un procedimiento judicial.

Medidas transitorias

A su vez, se incluyen cuatro medidas transitorias que apuntan al mismo objetivo antedicho.

En primer lugar, se establece un procedimiento para reconocer capitales mantenidos en el exterior y no declarados en Chile, mediante el pago de un impuesto sustitutivo con tasa de 12%, que dará cumplimiento a todas las obligaciones tributarias adeudadas. El no haber utilizado el procedimiento de repatriación será considerado como una agravante para quienes no se acojan a esta medida y sean detectados por la administración tributaria con posterioridad.

En segundo lugar, y siguiendo la iniciativa contenida en la ley N° 21.210, se establece la posibilidad de poner término anticipado a los juicios tributarios sin importar la etapa en que se encuentren, siempre que se proceda al pago de los impuestos adeudados. Ello, además, conllevará la condonación de la totalidad de los intereses y multas asociados, con la posibilidad de firmar un convenio de pago con el Servicio de Tesorerías.

En tercer lugar, se establecerá durante el año 2024 una última ventana para la suscripción de convenios de pago preferentes con el Servicio de Tesorerías, que considere un máximo de 48 cuotas y condonación de intereses y multas. Por último, por única vez y de manera excepcional se declarará la incobrabilidad y prescripción de las deudas tributarias de una antigüedad mayor a 10 años, en consideración a la escasa posibilidad de recuperabilidad.

Fortalecimiento institucional y probidad

El proyecto de ley considera el fortalecimiento de los distintos órganos de la administración tributaria y de la Defensoría del Contribuyente que incluye el fortalecimiento tecnológico y de personal. Por ejemplo, a nivel de fortalecimiento tecnológico en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se aumentará su capacidad para el procesamiento de datos y la implementación de inteligencia artificial para identificar de forma más eficiente las áreas que requieren mayor fiscalización o comportamientos anómalos. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas se fortalece sus capacidades para la renovación, mantención y/o adquisición de equipos que permita una mayor presencia en los pasos fronterizos para realizar el escaneo de los bienes que ingresan al país y una mejor integración de sus sistemas.

Por su parte, todos quienes cumplen funciones tanto en la administración tributaria como en los órganos judiciales especializados deben someterse a altos grados de probidad, no sólo por el acceso a información sensible sino también para establecer mecanismos que impidan, dificulten y/o detecten la corrupción de la función pública. Por eso, el proyecto de ley contiene normas que elevan el estándar de probidad y las sanciones para quienes incumplan estas medidas. En el caso del Servicio de Impuestos Internos se establece que este órgano podrá acceder a las comunicaciones que se realizan a través de las herramientas institucionales tales como el correo electrónico o la obligación que tendrán los funcionarios de asistir a reuniones con contribuyentes siempre en compañía de otro funcionario. En el caso de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros se incrementan las exigencias respecto a la declaración anual de intereses y patrimonio, debiendo incluir al cónyuge, conviviente civil, y sus hijos sujetos a patria potestad y se señala expresamente que el incumplimiento de esta obligación será considerado una falta grave a la probidad. por último, se establece dentro de las funciones de la Unidad Administrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, realizar la denuncia de los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios.

Artículos transitorios

En los artículos transitorios se considera el régimen de gradualidad de las modificaciones legales en aquellos casos que requieren un periodo de implementación antes de su entrada en vigencia. Asimismo, se consideran las normas que permitirán el fortalecimiento institucional del Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional de Aduanas mediante la delegación de facultades para la elaboración de un decreto con fuerza de ley en los términos establecidos en las normas transitorias.

VI.- INCIDENCIA EN MATERIA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA DEL ESTADO

El informe financiero N°43 de 29 de enero del año en curso, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y que acompaña al Mensaje a su ingreso, entrega el detalle de la metodología empleada junto con los cálculos realizados para estimar el impacto fiscal de cada una de las medidas contenidas en este proyecto de ley de reforma tributaria, las que buscan elevar el cumplimiento tributario a través de una modernización de la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros; el despliegue de una agenda de control de la informalidad; medidas que apuntan al combate a la evasión y a la planificación tributaria agresiva (elusión); nuevas atribuciones para la Defensoría del Contribuyente (DEDECON); espacios de regularización de las obligaciones tributarias; y el fortalecimiento institucional y estándares de probidad de la administración tributaria.

I.1 Modificaciones en materia tributaria

El proyecto de ley realiza modificaciones al Código Tributario, a la ley de impuesto a la renta, la ley del impuesto a las ventas y servicios (IVA), a la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, a la ordenanza de Aduanas, al impuesto sobre bienes de alta valoración (“impuesto al lujo”), además de otros cuerpos legales.

I.2 Modificaciones legales en materia institucional

El proyecto de ley considera el fortalecimiento de los distintos órganos de la administración tributaria (SII, Servicio Nacional de Aduanas y Tesorería General de la República) y de la Defensoría del Contribuyente, que incluye el fortalecimiento tecnológico (incorporación de procedimientos electrónicos en los distintos órganos, nuevas facultades para conocer información, entre otros) y de personal. En el caso de la DEDECON, el proyecto de ley le otorga nuevas facultades para implementar acciones que permitan que los contribuyentes (especialmente los pequeños) cumplan con sus obligaciones tributarias mediante el conocimiento de las normas y la forma de presentar sus declaraciones y de relacionarse con la administración tributaria.

Finalmente, se incorpora el expediente electrónico en la tramitación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

EFECTO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL

La implementación del proyecto de ley tiene efectos tanto en los ingresos (mayor recaudación) como en los gastos fiscales (mayor gasto), los que se describen a continuación.

II.1 MAYOR RECAUDACIÓN ASOCIADA AL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley tiene efectos en la recaudación fiscal por cuanto incorpora medidas que buscan elevar el cumplimiento tributario. Tanto las medidas transversales como las particulares previamente señaladas (grupos empresariales, IVA y comercio informal, altos patrimonios, tributación internacional, multijurisdicción en procesos de fiscalización, así como también las medidas transitorias) tienen un impacto directo en la recaudación.

A. Grupos empresariales

Existen 3.297 grupos empresariales identificados en el país, que incluyen a 18.420 contribuyentes que representan el 76% de las ventas que se realizan en Chile, y el 75% del total del impuesto a la renta. La implementación de las modificaciones legales que se enumeran en la sección anterior, junto con una serie de medidas de índole administrativa, permitirá elevar el cumplimiento tributario de estos grupos.

El fortalecimiento del SII, junto con un trabajo colaborativo con los contribuyentes, definido bajo el concepto de Sostenibilidad Fiscal, permitirá estimular y destacar el aporte de todos los contribuyentes, por lo cual se enviarán reportes de contribución impositiva a los grupos como una forma de promover mayores mecanismos de transparencia.

Adicionalmente, los servicios correspondientes intensificarán las acciones de control en los grupos que presenten niveles de tributación debajo de los promedios de cada industria, realizando controles a las planificaciones tributarias, así como a las reorganizaciones empresariales especialmente de carácter multinacional.

A partir de la mayor fiscalización y las mayores herramientas para elevar el cumplimiento tributario descritas, se proyecta que la recaudación se eleve en un 5% por año, tomando como referencia el año 2022, como resultado de un incremento de la base imponible del impuesto a la renta de grupos empresariales. Esto implica un aumento en la recaudación equivalente a 0,71% del PIB en régimen (año 2027), al cuarto año de aplicación de las modificaciones legales.

B. Brechas IVA y comercio informal

Las medidas de control del comercio informal, reducción de las brechas de elusión en el IVA, y mayores sanciones y tipificación de nuevos delitos asociados a la informalidad, permitirán elevar la eficiencia de las acciones de fiscalización destinadas a disminuir las brechas en el pago del IVA y el comercio informal.

Al implementar la exigencia del inicio de actividades para el otorgamiento de permisos o autorizaciones a nivel de municipios, órganos del estado, y proveedores de medios de pago electrónico, se reducirá el espacio para realizar actividades comerciales sin inicio de actividades. Esto se complementará con el desarrollo de herramientas analíticas para identificar a contribuyentes que han dejado de emitir documentos tributarios electrónicos o no han iniciado actividades debiendo hacerlo, las que se alimentarán de información del número de transferencias bancarias que reciban las personas. Además, se elevarán las capacidades para rastrear operaciones comerciales en sitios web que no cumplan con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, se elevarán las capacidades para detectar solicitudes de IVA indebidas, la emisión de documentos con crédito IVA inexistentes, y la existencia de algunos esquemas de planificación tributaria agresiva asociados a este impuesto, las que se mitigarán a partir de la implementación de nuevas normas de control asociadas a IVA exportador y a las devoluciones de IVA por activo fijo.

Junto con esto, se potenciarán las acciones comunicacionales que reafirmen el compromiso ciudadano con el sistema tributario y faciliten los procesos de denuncia, y se potenciarán las coordinaciones entre los organismos de la administración tributaria.

Se proyecta que estas medidas permitan una disminución de la brecha de cumplimiento del IVA de 0,55% al año, alcanzando una mayor recaudación equivalente a 0,28% del PIB en régimen (año 2027), al cuarto año de aplicación de las modificaciones legales.

C. Altos patrimonios

La Nómina de Contribuyentes de Alto Patrimonio del SII registra a 92.226 contribuyentes que poseen un patrimonio mayor a un millón de dólares, patrimonio por familia mayor a dos millones de dólares, o un ingreso promedio durante los últimos tres años mayor a 150 mil dólares al año. El conjunto de modificaciones legales enumeradas en la sección anterior, junto con medidas de carácter administrativo, tiene como objetivo principal elevar el cumplimiento tributario de éstos contribuyentes.

El fortalecimiento del SII permitirá, en base a modelos de inteligencia artificial, orientar las acciones de control dirigidas este grupo de personas, con foco en el impuesto a la renta y el impuesto a las herencias y donaciones. En este último caso, el cierre de resquicios legales como los que se señalan en la sección anterior, son esenciales para minimizar las conductas de riesgo.

Asimismo, la modificación del procedimiento de levantamiento del secreto bancario es fundamental para elevar la eficiencia de las acciones de fiscalización dirigidas a este segmento.

Se proyecta que estas medidas permitan elevar la base imponible de los impuestos personales a los que estas personas están sujetas en 5% al año, además de elevar la tasa efectiva de tributación de aquellos contribuyentes con tasa de impuestos personales menores respecto al promedio de su segmento. Esto implica un aumento en la recaudación equivalente al 0,37% del PIB en régimen (año 2027), al cuarto año de aplicación de las modificaciones legales.

D. Tributación Internacional

El fortalecimiento de los organismos competentes permitirá la creación de equipos especializados para abordar temas de precios de transferencia y operaciones en el exterior, con capacidad para detectar incumplimientos o acciones potencialmente elusivas. Ello permitirá reducir brechas de declaración asociadas a la presentación de las Declaraciones Juradas N°1929 (sobre operaciones en el exterior) y N°1946 (sobre operaciones en Chile), con el objeto de contar con mayor y mejor información para el control y revisión de operaciones específicas, como por ejemplo transacciones con criptomonedas, préstamos a empresas relacionadas en el exterior y otras operaciones de tributación internacional.

Además, el SII ha promovido la suscripción de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA), que también se fortalecen en este proyecto de ley. Los APA constituyen una herramienta que permite dotar de mayor estabilidad y predictibilidad a los precios a los cuales se valoran transacciones entre partes relacionadas en Chile y el exterior.

Debido al cierre de brechas de elusión en materia de tributación internacional, junto con la aceleración de la suscripción de APA que conllevarán los cambios legales, se proyecta un aumento en la recaudación equivalente a 0,05% del PIB en régimen (año 2027), al cuarto año de aplicación de las modificaciones legales.

E. Multijurisdiccionalidad en procesos de fiscalización

Para estimar la mayor recaudación que generaría la aplicación de la multijurisdiccionalidad en los procesos de fiscalización, se consideró la actual distribución de fiscalizadores en direcciones regionales del SII destinada al desarrollo de auditorías y revisiones de riesgos de incumplimiento. Se proyectó que, de los 450 fiscalizadores destinados a realizar auditorías tributarias de mayor complejidad a nivel nacional, aproximadamente el 20% se encuentra en Direcciones Regionales con superávit relativo de fiscalizadores, y podrían reasignar tiempo a fiscalizaciones en otras Direcciones Regionales. Esto implica la reasignación de 120.000 horas de fiscalización.

Asimismo, a partir de información de las diferencias de impuestos detectadas en auditorías los últimos dos años, se proyecta que cada hora de fiscalización en auditorías de mayor complejidad tiene un rendimiento directo e indirecto de aproximadamente $1.250.000 de 2021. La mayor recaudación corresponde a la cantidad de horas reasignadas, multiplicadas por el rendimiento de cada hora reasignada.

De esta manera, se proyecta un aumento en la recaudación equivalente a 0,06% del PIB en régimen (año 2027), al cuarto año de aplicación de las modificaciones legales.

F. Medidas transitorias

i. Repatriación de capitales

La repatriación de capitales considerada en la ley N° 20.790 de 2014 abrió una ventana para registrar capitales durante el año 2015, obteniendo una recaudación equivalente a 0,63% del PIB.

De manera conservadora, se proyecta que la repatriación de capitales propuesta en esta oportunidad recaudará un tercio de lo ingresado en esa ocasión. De esta manera, la recaudación sería de 0,21% del PIB durante el año 2024.

ii. Término anticipado de juicios

Durante los años 2020 y 2021 existió la oportunidad de poner término anticipado de juicios en condiciones homologables a las que se proponen en este proyecto de ley. Se proyecta una recaudación equivalente, que alcanza 0,01% del PIB durante el año 2024.

De esta manera, el total de mayor recaudación fiscal estimado producto de este proyecto de ley es el siguiente.

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II.2 MAYOR GASTO FISCAL ASOCIADO AL PROYECTO DE LEY

El mayor gasto fiscal asociado a este proyecto de ley proviene de la modernización y fortalecimiento de las capacidades de la administración tributaria para hacer efectiva la aplicación de la ley, a través de la entrega de mayores recursos a cinco instituciones: el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (Aduanas), la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), la Tesorería General de la República (TGR) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), de acuerdo al detalle descrito a continuación.

1.-Servicio de Impuestos Internos

En virtud de la implementación del proyecto de ley, se contemplan recursos para las siguientes iniciativas:

-Se incrementa la dotación del servicio en 88 funcionarios, lo cual incluye los costos asociados a remuneraciones, bienes y servicios de consumo y la adquisición de activos no financieros y considera un gasto de $5.939 en régimen.

-Se propone un conjunto de medidas de fortalecimiento institucional para ajustarse a las nuevas tareas asignadas para el cumplimiento de la ley, lo que incluye ajustes en su estructura orgánica para el fortalecimiento de jefaturas en distintos niveles, y con el propósito de incentivar la retención y la movilidad en la carrera funcionaria se contemplan medidas como el aumento de bonos por conceptos de trayectoria (bono de experiencia calificada), el incremento de la asignación especial de la ley N°19.646 , entre otros. El mayor gasto de estas iniciativas es de $19.388 millones en régimen.

-Además, se consideran recursos para el fortalecimiento tecnológico, que comprende renovaciones de equipos computacionales, actualización y potenciamiento de plataformas para documentos tributarios electrónicos y fortalecimiento de los sistemas para el desarrollo de análisis, inteligencia de negocios y control fiscalizador, por un costo en régimen de $10.542 millones.

-Finalmente, se considera la capacitación de funcionarios, con gastos para el fortalecimiento de competencias y conocimientos específicos de la materia, en conjunto con los insumos necesarios para la realización de esos cursos, por un monto de $89 millones en régimen.

2.-Servicio Nacional de Aduanas

Respecto del Servicio Nacional de Aduanas, se consideran recursos para tres iniciativas fundamentales para le implementación del proyecto de ley:

-Modificaciones a la Ordenanza de Aduana, eliminación del De Minimis[5] a las operaciones de courier y postal y fortalecimiento de los procesos de fiscalización para la lucha contra la evasión tributaria, crimen organizado y aumento de la recaudación, con una gradualidad de 3 años.

-Para lo anterior, se considera el aumento de la dotación en 372 personas (considerando sus requerimientos respectivos en subtítulo 22 y 29), lo que implica un costo de $14.626 millones en régimen.

-A su vez, se consideran recursos para la movilidad del actual personal acorde a las nuevas tareas asignadas para el cumplimiento de la presente ley (fortalecimiento institucional). Ello implica la modificación de la actual planta legal y un aumento gradual de hasta 3 grados en todo el proceso concursal (un grado anual durante 3 años para aquellos en planta). Adicionalmente, estos movimientos readecúan la orgánica del Servicio para la creación de las direcciones regionales de San Antonio, Los Andes y La Araucanía. Todo lo anterior tendrá un costo de $20.464 millones en régimen.

-Por último, se considera un presupuesto en régimen de $4.499 millones para fortalecimiento tecnológico institucional, el cual buscará modernizar la estructura actual del servicio y permitir cumplir las medidas planteadas en el proyecto de ley. Estas medidas incluyen la renovación de equipamiento para el personal, adquisición de activos para fiscalización, y actualización de plataformas informáticas, entre otras.

3.-Tesorería General de la República

-Respecto de la Tesorería General de la República (TGR), su fortalecimiento se compone de un incremento de la dotación actual dentro de los dos primeros años a partir de la fecha de publicación de la ley, incluyendo la creación de cargos. Además, se considera movilidad para funcionarios actuales a nivel central como nacional y recursos para implementación de proyectos TIC dentro de los primeros tres años calendario a partir de la fecha de publicación de la ley.

-El aumento de dotación se compone de 96 funcionarios, los cuales reforzarán la Red de Tesorerías a nivel regional y a nivel central (considerando sus requerimientos respectivos en subtítulo 22 y 29).

4.-Defensoría del Contribuyente

El fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) se compone de los siguientes elementos a implementar gradualmente entre 2024 y 2026.

-Se contempla aumentar la dotación de profesionales en 30 funcionarios (considerando sus requerimientos respectivos en subtítulo 22 y 29), con un costo de $1.353 millones en régimen. Asimismo, se consideran recursos para campañas de posicionamiento (digital, radial, presencial, participación y organización de eventos), mejoras en tecnología para interoperabilidad entre la DEDECON y el SII, así como recursos para la adquisición de tres estudios para fomentar y mejorar la cultura contributiva.

-En síntesis, la solicitud de la DEDECON irroga un gasto fiscal en régimen de $1.459 millones de pesos.

5.-Dirección de Presupuestos

-Se consideran $500.000 miles en iniciativas tecnológicas, por una sola vez, para fortalecer los sistemas de interoperabilidad entre la Dirección de Presupuestos y la TGR.

De esta manera, el costo total del proyecto de ley es el siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria Ministerio de Hacienda. No obstante lo anterior, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, se podrá suplementar dichos presupuestos en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

FUENTES DE INFORMACIÓN

• Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un Proyecto de Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal

• Ley de Presupuestos del Sector Público, año 2024.

• Informe “Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el impuesto a la renta de primera categoría mediante el método del potencial teórico usando cuentas nacionales”. Servicio de Impuestos Internos, 2023.

• Minuta “Recaudación proyecto de ley cumplimiento tributario”. Subsecretaría de Hacienda, 2023.

VII-SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

La Comisión recibió al Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell, quien presentó el proyecto de ley en estudio

Comenzó refiriéndose a que las obligaciones tributarias se encuentran establecidas por la ley. No es aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan de forma ilícita su carga tributaria mediante la comisión de delitos tributarios o la planificación tributaria agresiva.

El incumplimiento tributario es un lastre para la productividad y la eficiencia de la economía

• La evasión y la elusión tienen consecuencias negativas sobre la eficiencia y la productividad de la economía.

• Un ambiente de menor cumplimiento tributario genera ventajas competitivas para empresas más propensas a estos ilícitos, frente a empresas potencialmente más productivas y que cumplen sus obligaciones.

• Además, incentiva el desvío de recursos desde actividades productivas hacia la captura de rentas asociadas a la planificación tributaria agresiva y a la comisión de delitos tributarios.

• La evasión afecta la estructura de los mercados, generando una mayor concentración de empresas en mercados con alta competencia.

• Existe una correlación positiva entre la moral tributaria y el crecimiento económico. La primera depende negativamente de la evasión.

• Estudios empíricos demuestran que el mayor cumplimiento tributario habría incrementado el crecimiento de largo plazo entre.

Los diálogos ciudadanos sobre reforma tributaria de 2022 concluyeron que:

• Es necesario mejorar el nivel de cumplimiento en el pago de los impuestos.

• Las prácticas para reducir artificialmente los tributos son percibidas como una fuente de injusticia e inequidad.

Estas percepciones se ven corroboradas con ejemplos evidentes de abuso. El incumplimiento tributario en Chile es una realidad que reclama respuestas concretas de política. Desde 2000 se registran al menos 5 leyes con medidas destinadas a este propósito, todas las cuales contaron con apoyo político transversal durante su tramitación legislativa. El cumplimiento de las obligaciones tributarias ha sido incorporado como un componente central del Pacto Fiscal, traducido en un proyecto de ley dedicado exclusivamente a ello. El PDL de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias responde a seis de los 12 principios de un sistema tributario moderno en el Pacto Fiscal:

• Legalidad: Solo por ley se pueden crear impuestos. La legislación tributaria debe evitar la discrecionalidad y volatilidad en la aplicación de una misma normativa.

• Justicia tributaria: la legitimidad de un sistema tributario descansa en su capacidad para dar un trato justo a los contribuyentes, gravando los hechos económicos de manera objetiva, evitando tanto cargas desproporcionadas o confiscatorias, como exenciones injustificadas. La justicia tributaria comprende progresividad vertical, equidad horizontal, erradicación de prácticas elusivas e impuestos expropiatorios.

• Compromiso con el cumplimiento tributario: el cumplimiento tributario es responsabilidad tanto legal como ética de los contribuyentes. El uso de resquicios legales para eludir impuestos o ejecutar actos de evasión son conductas condenables.

• Educación al contribuyente: la administración tributaria debe poner a disposición del contribuyente la educación, información y orientación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente a las empresas de menor tamaño.

• Asistencia al contribuyente: la administración tributaria debe contar con canales de consulta adaptadas a la realidad de cada contribuyente.

• Desarrollo Tecnológico y Adaptabilidad: el sistema tributario debe ser capaz de adaptarse a cambios en la estructura económica. Las herramientas tecnológicas deben servir para un mejor cumplimiento tributario, adaptándose a las necesidades y posibilidades de los contribuyentes.

Utilizando información de Cuentas Nacionales, el SII estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del PIB, la que equivale a 1,8% del PIB en el caso del Impuesto al Valor Agregado (18% de incumplimiento) y 4,7% del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría (51% de incumplimiento). Si la tasa de incumplimiento llegara a los niveles de Bélgica o Eslovaquia, se recaudaría 1,8% del PIB adicional.

El incumplimiento tributario tiene varios orígenes. La política pública debe ser capaz de reconocerlos y generar respuestas apropiadas. Reforzar el cumplimiento tributario es beneficioso para los contribuyentes cumplidores o que quieren serlo.

Aun con un impulso al crecimiento y a la eficiencia estatal, las finanzas públicas exhiben un alto grado de estrechez para los próximos cinco años. Elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias puede contribuir significativamente a responder a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

La mejora en el cumplimiento tributario permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del Pacto Fiscal con aportes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con sus responsabilidades

• Permitirá financiar los dos compromisos más apremiantes de gasto:

a) Aumento de la PGU y otras obligaciones fiscales en la reforma previsional.

b) Aumento de la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia, para completar un incremento de 40% respecto de 2022.

• Los primeros 7 años del horizonte que considera el Pacto Fiscal, los ingresos asociados al cumplimiento de las obligaciones son los responsables de generar la mayor parte del espacio fiscal.

• Junto con los proyectos de Inteligencia Económica y Registro de Beneficiarios Finales, contribuirá al combate contra el crimen organizado, el comercio informal, a fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley.

Las propuestas del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias son producto de un amplio proceso de consulta y análisis, con diferencias importantes respecto del anterior proyecto de reforma tributaria:

• Experiencia acumulada por servicios fiscalizadores

• Discusión legislativa del anterior proyecto de reforma tributaria

• Revisión de experiencias internacionales

• Debate en mesa de Pacto Fiscal

7 Ejes del Proyecto de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias:

Modernización de la administración tributaria y TTA: Las administraciones tributarias deben realizar de forma periódica en procesos de modernización para permitir un uso eficaz y eficiente del tiempo tanto para la administración como para el contribuyente. La digitalización de procesos es parte de este necesario avance.

Control de la informalidad: De acuerdo con el INE son cerca de 1.100.000 los microemprendimientos sin inicio de actividades en el SII. Una de las barreras en el proceso de formalización es la falta de educación tributaria en estos segmentos (DEDECON, 2023).

Delitos tributarios y planificación tributaria agresiva: La sofisticación de las economías ha llevado a nuevas formas de incumplir obligaciones tributarias. Esto genera también nuevos desafíos para las autoridades tributarias, quienes deben adquirir nuevas y mejores herramientas para enfrentar este problema. En este sentido la elusión y evasión son una de las principales preocupaciones a nivel internacional:

• Plan BEPS con 15 acciones

• Las direcciones de la UE en 2015

Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente: La falta de conocimiento en el sistema tributario puede llevar a un incumplimiento involuntario de las obligaciones tributarias. Sólo el 24,3% de los microemprendimientos cuenta con asistencia profesional de un contador (INE, 2023).

Regularización de obligaciones tributarias: Según la TGR, más del 50% de saldos de deuda tributaria corresponden a micro y pequeñas empresas. Programas de flexibilización del pago de deudas tributarias han sido efectivos en la regularización del cumplimiento tributario.

Fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad: La inversión en fiscalización tiene un retorno positivo en la recaudación, según la evidencia empírica. El resguardo de la probidad es clave para la confianza del contribuyente en el sistema tributario, lo que a su vez contribuye a una mayor propensión al cumplimiento.

Modernización de la Administración y TTA

1. Procedimientos de fiscalización

• Se crea la Multijurisdicción permitiendo una fiscalización más ágil y eficiente. El contribuyente no debe desplazarse en los procesos de fiscalización.

• Se establece la posibilidad de fiscalizar de forma unificada a los grupos empresariales, sea por requerimiento del SII o a solicitud del propio contribuyente para evitar decisiones contradictorias.

• La norma general de notificación (a falta de norma expresa en contrario), será por correo electrónico, salvo para contribuyentes con escasa o nula conectividad o que no interactúen a través de medios digitales.

• Se incorpora el concepto de “sostenibilidad fiscal” que corresponde al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

2. Secreto bancario

Se modifica el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario debiendo el contribuyente oponerse mediante un reclamo judicial ante el TTA respectivo en un procedimiento especial. La evidencia empírica muestra una alta efectividad de la facilitación de acceso a información bancaria por parte de la administración tributaria

• Global Tax Evasion Report (2024): el intercambio automático de información bancaria para y entre autoridades tributarias ha contribuido en reducir a un tercio la evasión originada por movimientos de activos a paraísos fiscales.

• Kleven (2014): se muestra que contribuyentes, en Dinamarca, para las cuales no se cuenta con reportes explícitos de terceras partes, incluyendo información bancaria, la subdeclaración de impuestos llega a 50%. Mientras que para aquellos donde sí existe este tipo de información es de 2,2%.

3. Procedimiento ante TTA

• Notificación por correo electrónico como regla general y creación de expediente electrónico, en línea con Ley de Transformación Digital.

• Se reducen las restricciones para que el juez pueda proponer bases de conciliación.

• El procedimiento de reclamo sobre avalúo de bienes raíces pasa al procedimiento general de reclamaciones.

• Se moderniza y mejora el procedimiento especial de aplicación de multas aplicable a casos donde el SII no ejerce la acción penal.

4. Actuaciones ante TGR

• Se establece la notificación por correo electrónico como regla general y se crea el expediente electrónico.

• Se permite la publicación de remates en medios electrónicos y página web de la TGR.

• Se permite solicitar de forma administrativa la prescripción de deudas tributarias cuando la TGR no haya iniciado la cobranza. El Tesorero también estará facultado para declararla de oficio sin necesidad de ejecutar el cobro.

• Se actualizan las normas que permiten una interacción ágil y eficiente de la TGR con otros organismos como el Registro Civil y entidades bancarias en los procedimientos de cobranza.

5. Modernización Ordenanza de Aduanas

• Se crea un catálogo de derechos del contribuyente y el recurso administrativo de resguardo.

• Se armonizan las normas de procedimientos judiciales a las del Código Tributario.

• Se actualizan las normas sobre aplicación de multa y formulación de cargos.

• Se permite determinar la donación de mercaderías abandonadas en reemplazo de su destrucción.

Control de la informalidad:

1. IVA en adquisición de bienes en el extranjero

• Se establece como hecho gravado las compras de bienes que se realizan por medios electrónicos a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

• Los contribuyentes no residentes podrán inscribirse en el sistema simplificado de declaración de IVA, que ya existe para las plataformas proveedoras de servicios digitales. Quienes no lo hagan el SII podrá establecer que el emisor del medio de pago realice el recargo correspondiente.

• Se elimina la exención de IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a US$ 41.

Entre 2019 – 2023 la cantidad de envíos por Courier se incrementó de cerca de 2 millones a 19 millones al año, para el año 2024 se proyectan cerca de 22 millones de envíos, de los cuales el 91% tiene un valor menor o igual a US$ 41.

2. Obligaciones de información

• Se crea la obligación de informar al SII por parte de las entidades bancarias, respecto de contribuyentes que reciban 50 o más abonos de RUT distintos dentro de un mes o 100 dentro de un semestre. Se informa sólo el titular de la cuenta y la cantidad de operaciones, pero no el monto ni la identidad de quienes realizaron transferencias o depósitos.

• Se establece que los operadores de portales de pago (POS), plataformas que permiten la venta de bienes o servicios y entidades públicas deben exigir inicio de actividades a quienes interactúen con ellos.

Delitos Tributarios:

• Se incrementan sanciones penales a delitos más gravosos tales como la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos.

• Se actualiza el delito que sanciona a los funcionarios que autoricen de forma dolosa documentos tributarios.

• Se introduce la figura de colaboración sustancial en delitos para generar incentivos a la autodenuncia permitiendo desbaratar a las estructuras delictivas a gran escala asociadas a la evasión e informalidad.

• Se crea el denunciante anónimo que permite a las personas denunciar cuando tengan antecedentes que se estén cometiendo delitos tributarios. Se considera como delito la presentación de denuncias maliciosamente falsas. Esto implica además la pérdida del anonimato.

• La figura del denunciante anónimo ya existe en la institucionalidad económica en Chile en la legislación antimonopolios y en la regulación financiera.

• En 2022 el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos indica que los programas de incentivos para informantes pueden ser una herramienta crucial para promover un ambiente de mayor transparencia.

• Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Reino Unido son algunos ejemplos que aplican esta figura.

Planificación Tributaria Agresiva: un problema global:

• La planificación tributaria agresiva es un fenómeno que ha ido tomando creciente importancia en el mundo desarrollado.

• Conforme las economías se han ido globalizando y sofisticando, también lo han hecho las formas con que algunos contribuyentes incumplen sus obligaciones tributarias.

• La OCDE estima que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares se dejan de percibir por los Estados cada año, debido al incumplimiento tributario de multinacionales. Esto ha llevado a la comunidad internacional a robustecer los esfuerzos en esta materia a través de la agenda BEPS.

• La UE estima que deja de percibir entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales por planificación tributaria agresiva de empresas. Esto ha motivado las Directrices Antielusión Tributaria (ATAD, por sus siglas en inglés), vinculando legalmente a los Estados de la UE a tomar acciones concretas al respecto.

• La Comisión Europea ha señalado que “se requiere de manera urgente avanzar en esfuerzos para combatir la planificación tributaria agresiva”, debido a que esta daña las finanzas públicas, provoca que la carga tributaria recaiga más en personas naturales, crea distorsiones competitivas entre empresas y afecta la confianza en el sistema tributario.

1. Norma General Antielusiva – fundamentos de las modificaciones

La norma general antielusiva es una facultad de fiscalización como cualquier otra herramienta de fiscalización de la administración tributaria.

• En los procesos de fiscalización existe un procedimiento administrativo reglado donde la entidad ejerce sus facultades y en caso de proceder emite un acto final que contiene la decisión de la entidad fiscalizadora, en este caso, emitiendo una resolución, liquidación o giro de impuestos.

• Los actos de la administración, en especial las facultades de fiscalización son controvertibles por el contribuyente sea en sede administrativa, judicial o en ambas.

• La naturaleza de ser parte del procedimiento de fiscalización es lo que explica que a nivel comparado no existan casos como el chileno que requiere una autorización judicial previa para poder ejercer la facultad fiscalizadora.

• Se mantiene el principio de especialidad como norma general.

• Se regulan casos donde interactúan normas especiales con la norma general, permitiendo aplicar esta última cuando la elusión busca evitar la aplicación de una NEA y en aquellos casos donde la planificación agresiva corresponde a un conjunto de actos y respecto de algunos es aplicable una norma especial.

• Se incorpora expresamente que el abuso de forma jurídica hay impropiedad es decir no hay coherencia entre los efectos económicos y los actos jurídicos realizados por el contribuyente siempre a la luz de la legislación tributaria.

• Se reconoce expresamente que la NGA también es aplicable a casos donde mediante el abuso o simulación se accede a beneficios tributarios o regímenes especiales.

• Se establece un procedimiento especial para aplicación administrativa de la NGA. La decisión será tomada por el Comité Antielusión conformidad por los subdirectores normativo, de fiscalización y jurídico más el Director.

• El proceso de fiscalización será conducido por el Departamento de Normas Generales Antielusión en conjunto con la dirección regional respectiva.

• Para la aplicación de la NGA el SII deberá requerir una opinión al Consejo Asesor Consultivo (CAC), organismo conformado por personas externas a la administración, quienes emitirán una opinión sobre si las operaciones tienen o no razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria. La opinión será emitida en ternas conformadas por el Coordinador del CAC y no serán vinculantes para la administración.

• La NGA solo podrá ser aplicada cuando las diferencias de impuesto superen las 250 UTM.

2. Tasación y reorganizaciones empresariales

• Se actualiza la norma sobre tasación que le permite al SII tasar las operaciones cuando estas no se realizan a valores normales de mercado considerando siempre las características y circunstancias propias de la operación en relación a otras operaciones de similar naturaleza. La norma establece métodos de valorización pudiendo, en todo caso, las personas naturales prescindir de ellos.

• Se moderniza la norma sobre reorganizaciones empresariales dando “neutralidad tributaria” a aquellas que, siendo nacional o internacionales, tengan legitima razón de negocios. De forma de entregar mayor certeza la nueva norma contiene una definición de que se debe entender por legítima razón de negocios.

3. Modificaciones a normas especiales en ley sobre impuesto a la renta

• Se modifican las normas sobre precios de transferencia a partir de las

últimas recomendaciones de la OCDE, en especial en materia de acuerdos anticipados de precios y la posibilidad del contribuyente de realizar autoajustes cuando detecte de forma interna que sus precios de transferencia no cumplen con el principio de plena competencia.

• Se actualiza la norma de control de rentas pasivas con el propósito de evitar operaciones abusivas que buscan eludir su aplicación. En especial se mejoran las normas sobre partes relacionadas.

• Se actualiza la forma para determinar que un país o territorio tiene un régimen fiscal preferencial en base a si tiene (o no) un convenio de intercambio de información que sea efectivo o cuando no reúna las condiciones para ser declarado como cumplidor o potencialmente cumplidor, según las calificaciones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información para Fines Fiscales.

4. Modificaciones a normas especiales en ley sobre IVA

• Se establecen normas de control sobre venta indirecta de inmuebles a través de una reorganización empresarial o la venta de acciones o derechos sociales. Estas normas permiten que el SII establezca que la operación cuestionada quede gravada con IVA.

• Se establece un plazo máximo de 10 años para el reintegro de las devoluciones de IVA por adquisición de activo fijo. Para ello los contribuyentes deberán reintegrar de forma anual al menos 1/10 del monto devuelto.

• Se actualiza la norma sobre IVA exportador para evitar operaciones abusivas sin que se afecte las operaciones normales del sector exportador sea que realicen operaciones habituales o esporádicas.

5. Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones

• Se actualiza las donaciones que están gravadas con impuesto incluyendo a las donaciones revocables.

• Se actualiza la norma de valorización de activos con normas claras y objetivas. Tanto la valorización de inmuebles como la de vehículos mantienen el mismo criterio actual (avalúo fiscal).

• Se permite el pago del impuesto en hasta 3 cuotas anuales sin intereses ni multas.

• Se actualiza la norma de control que busca evitar operaciones elusivas para evitar este impuesto

Nuevas facultades Defensoría del Contribuyente:

• Se incorpora dentro de sus funciones realizar actuaciones ante Aduanas y el Servicio de Tesorerías.

• Se permite el acceso a información sujeta a secreto tributario para un mejor ejercicio de sus funciones.

• Se permite la representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos.

• Se regula correctamente el procedimiento de mediación ante el SII.

• Se incluye la facultad de realizar acompañamiento a contribuyentes para prevenir incumplimientos involuntarios.

Regulación de obligaciones tributarias

1. Deudas Tributarias

• Se modifica la fórmula de cálculo de la tasa de interés pasando a una tasa semestres en base a la tasa de interés corriente de operaciones de más de un año, reajustables por montos inferiores o iguales a 2.000 UF + un spread de 3,5%.

• Se establece que la política de condonaciones debe considerar siempre que el costo sea superior al costo de financiamiento en el sector privado.

• Se dan mayores flexibilidades en la suscripción de convenios con TGR, permitiendo ampliar plazos y otorgar garantías. En caso de pymes optarán siempre a convenios por hasta 18 meses con condonación de interés y multas y con un pie no superior al 5% de la deuda.

• Se actualiza la norma sobre declaración de deudas incobrables para permitir su correcta aplicación y sus efectos tributarios en los contribuyentes.

2. Normas transitorias

• Se establece por el año 2024 la posibilidad de declarar patrimonio no declarado mantenido en el exterior. Para ello se deberá aplicar un impuesto de 12% sobre dicho patrimonio que sustituye todas las obligaciones tributarias pendientes.

• Se establece la posibilidad durante 2024 de terminar de forma anticipada de juicios tributarios pendientes mediante el pago de los impuestos determinados con condonación de la totalidad de los intereses y multas asociados.

• Se establece durante el año 2024 la posibilidad de suscribir convenios de pago por hasta 48 meses con condonación de intereses y multas.

• Se declara la incobrabilidad y prescripción de deudas tributarias de una antigüedad mayor a 10 años en consideración a la escasa o nula posibilidad de recuperación.

Fortalecimiento de organismos fiscalizadores:

1. Servicio de Impuestos Internos

• Aumento de dotación de 88 funcionarios

• Fortalecimiento asociado a nuevas funciones y tareas e incentivar la retención y movilidad funcionaria

• Fortalecimiento tecnológico

2. Servicio Nacional de Aduanas

• Aumento de dotación de 372 funcionarios

• Fortalecimiento asociado a nuevas funciones y tareas e incentivar la retención y movilidad funcionaria

• Fortalecimiento tecnológico

3. Servicio de Tesorerías

• Aumento de dotación de 57 funcionarios

• Fortalecimiento tecnológico para nuevas actuaciones expediente electrónico – embargo electrónico

4. Defensoría del Contribuyente

• Aumento de dotación de 30 funcionarios

• Fortalecimiento tecnológico

El informe financiero agrupa las medidas según el sector o grupo de contribuyentes asociados al cumplimiento tributario más el efecto de las medidas transitorias.

¿Por qué este proyecto debería aportar a la recaudación más que sus predecesores?

1. Las normas contra la evasión y elusión han sido importantes en proyectos discutidos previamente (factura electrónica en 2014 y 2001).

2. Los sistemas tributarios están sujetos a una constante erosión, a medida que los contribuyentes van identificando nuevos mecanismos de elusión.

3. Existe una sinergia entre medidas de control, en la medida de que éstas van cerrando brechas de información en torno a las actuaciones económicas de un contribuyente.

4. El actual proyecto es más comprehensivo que sus predecesores, haciéndose cargo de diversas fuentes de incumplimiento, razón por la cual las medidas propuestas también lo son diversas.

5. Las medidas transitorias de regularización (repatriación de capitales, término anticipado de juicios tributarios) ayudarán a generar mayor recaudación en el inicio de la implementación de la Ley.

El proyecto incorpora 15 temas producto del diálogo en mesa de trabajo con organizaciones de empresas de menor tamaño:

1. Reposición de límite de 250 UTM de diferencias de impuestos en NGA.

2. Que no exista multa adicional al pago del impuesto por aplicación de NGA.

3. Flexibilidad para que determinados contribuyentes no estén obligados a utilizar métodos de valoración en operación donde aplique la tasación por parte del SII.

4. Reconocer que la conversión de empresario individual a empresa es un tipo de reorganización.

5. Obligación de entidades públicas y privadas de exigir inicio de actividades.

6. Establecer la posibilidad de un término de giro simplificado para pymes.

7. Mejoras al control de IVA por adquisición de bienes a no residentes.

8. Nueva tasa de interés para deudas tributarias.

9. Flexibilidad en convenios de pago ante TGR.

10. Nueva norma sobre incobrabilidad de deudas.

11. Posibilidad de solicitar de oficio la prescripción de deuda.

12. Norma transitoria para celebrar convenios de pago preferentes.

13. Norma transitoria de incobrabilidad y prescripción de deudas antiguas.

14. Fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente en su rol de acompañamiento y actuación ante otros organismos.

15. Posibilidad de pagar el impuesto a la herencia en hasta 3 cuotas sin recargos legales.

El proyecto incorpora varias normas destinadas a mejorar el control tributario de operaciones en países con un régimen fiscal preferencial ("paraísos tributarios")

• Actualización de los criterios para determinar a un país o jurisdicción como un régimen fiscal preferencial.

• Modificaciones en la venta indirecta de sociedades (art. 10 de la LIR).

• Modificaciones en normas sobre precios de transferencia (art. 41 E de LIR).

• Control de rentas pasivas mantenidas en el exterior (art. 41 G de la LIR).

• Información sobre inversiones en el exterior (art. 33 bis del Código Tributario).

• Modificaciones a la norma sobre reorganizaciones empresariales internacionales que consideran el traslado de activos a jurisdicciones con régimen fiscal preferencial.

Al término de la exposición del Ministro Marcel los integrantes de la Comisión expusieron lo siguiente

El Diputado Ramírez compartió sus reflexiones sobre el proyecto de ley relativo al cumplimiento de obligaciones tributarias. Enfatizó la necesidad de legislar para garantizar el cumplimiento de los impuestos, independientemente de las preferencias individuales sobre la carga tributaria. Destacó la importancia de dotar al Servicio de Impuestos Internos (SII) de herramientas efectivas para combatir la evasión fiscal y planteó la necesidad de abordar la gobernanza del SII. Una de las principales inquietudes del Diputado fue la prisa para votar el proyecto la próxima semana. Expresó la importancia de un análisis más detenido y exhaustivo del proyecto, especialmente considerando la complejidad del mismo y la necesidad de abordar varias modificaciones al código tributario y otros cuerpos legales. Señaló que apresurarse podría afectar negativamente la calidad de la legislación y abogó por un proceso de tramitación más reflexivo y bien fundamentado. También hizo hincapié en la relevancia de abordar la gobernanza del SII, considerando el papel crucial que desempeña en el sistema tributario del país. Su llamado fue a asegurar que, al fortalecer la institucionalidad, se logre un consenso que trascienda distintos gobiernos para garantizar la eficiencia y transparencia del organismo fiscalizador. En resumen, el Diputado Ramírez destacó la importancia de legislar sobre el cumplimiento tributario, subrayando la necesidad de prudencia y un análisis detenido en la tramitación del proyecto para garantizar su efectividad y que sea acorde con las necesidades del país.

El Diputado Bianchi abordó la importancia de legislar con profundidad y evitar apresuramientos que pudieran resultar en una tramitación deficiente, resaltando la necesidad de una discusión más reflexiva. Enfatizó la urgencia de mejorar las pensiones y la seguridad pública, señalando que el proyecto tiene impactos significativos en ambos aspectos. Destacó la importancia de fortalecer las instituciones, como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), para abordar problemas como el contrabando de drogas y la evasión fiscal. Instó a atreverse a más y propuso que la información sobre Aduanas sea diferenciada por regiones, solicitando detalles sobre la cantidad de personal, inversión y escáneres destinados a cada zona del país. También planteó preocupaciones sobre el ingreso del comercio chino, cuestionando las condiciones laborales y la evasión fiscal asociada. En resumen, el Diputado Bianchi abogó por una discusión profunda del proyecto, asegurando que las medidas propuestas tengan un impacto real y concreto en el corto plazo, especialmente en aspectos críticos como la seguridad pública y la mejora de las pensiones.

El Diputado Mellado expresó su acuerdo con la necesidad de abordar la evasión fiscal y la elusión, destacando que Renovación Nacional comparte ese objetivo. Se refirió a la situación actual de instituciones como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), señalando que necesitan mejoras, tanto en recursos humanos como tecnológicos. Resaltó la importancia de que los 547 funcionarios adicionales que se propone incorporar marquen la diferencia y que se logre un cambio real en la gestión. Mencionó algunas carencias actuales, como la falta de viáticos y vehículos para el personal de aduana, así como la obsolescencia de equipos informáticos y software. El Diputado Mellado también planteó inquietudes respecto a aspectos específicos del proyecto, como la norma antielusión, el Consejo Consultivo, la sanción a quienes implementen medidas, la aplicación en regiones alejadas y los plazos de prescripción. Abogó por considerar las condiciones particulares de diversas regiones y sectores, asegurando que las soluciones propuestas no perjudiquen a ciertos grupos. En cuanto al impuesto a la herencia, resaltó la necesidad de agilizar los procesos de tasación y pago de impuestos, evitando que los herederos se vean perjudicados por plazos extensos. En resumen, el Diputado Mellado reconoció la mejora del proyecto con respecto al año anterior, pero insistió en la importancia de implementar cambios reales en los servicios y en la necesidad de abordar detalladamente ciertos aspectos del proyecto para evitar posibles perjuicios.

El Diputado Sáez inició su intervención resaltando el consenso logrado en torno a la importancia de cerrar las brechas en ilusión y evasión tributaria, destacando que esto refleja una respuesta a casos de fraude y un ambiente político favorable a la legislación coherente. Abordó temas relacionados con la gobernanza de impuestos internos y defendió la eficacia del servicio, resaltando su capacidad administrativa y fiscalización, así como su desempeño durante la pandemia. Señaló que la discusión sobre la gobernanza debe abordarse en otro proyecto de ley y sugirió que este debate podría centrarse en el servicio de aduanas. En cuanto al proyecto actual, el Diputado Sáez mencionó que se plantea un fortalecimiento institucional con más funcionarios y un enfoque tecnológico avanzado para detectar fraudes. Hizo hincapié en la importancia de la tecnología de vanguardia, posiblemente relacionada con inteligencia artificial, para abordar fraudes cada vez más complejos. El parlamentario destacó el tratamiento que se dará a los grupos empresariales, señalando la necesidad de desincentivar la elusión y destacando el enfoque del proyecto en abordar la evasión tributaria. En relación con la celeridad del debate, el Diputado Sáez expresó su apoyo a abordar el proyecto con la rapidez necesaria, considerando la urgencia de obtener recursos para financiar necesidades en el país. Concluyó afirmando que se puede tener un debate profundo, escuchar diversas opiniones y tomar decisiones, siempre con la precaución de evitar influencias particulares disfrazadas de expertos.

La Diputada Cid agradeció a la presidenta y saludó a los presentes, expresando su preocupación por la decisión de votar el proyecto el próximo lunes, considerándolo importante y profundo. Se mostró partidaria de abordar temas relevantes y llegar a acuerdos en evasión tributaria. La Diputada planteó la necesidad de establecer criterios más objetivos que subjetivos en el proyecto, especialmente al referirse a la "planificación tributaria agresiva", para evitar interpretaciones ambiguas. También mencionó la importancia de la justicia tributaria como un concepto más objetivo. Posteriormente, realizó una pregunta a la secretaria presidenta sobre los plazos establecidos en el proyecto, señalando que algunos temas ya estuvieron presentes en una reforma tributaria previa que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Pidió a la Secretaía que clarificara si los plazos acordados son adecuados o si deberían esperar hasta el 8 de marzo para iniciar el proceso.

La Diputada Rojas agradeció la presentación del proyecto por parte del Gobierno, especialmente del Ministro y la Subsecretaria. Valoró las opiniones expresadas por los diputados Ramírez y Mellado, quienes manifestaron estar de acuerdo con la idea del proyecto y la necesidad de legislar sobre el uso y evasión tributaria. La Diputada resaltó la importancia de avanzar rápidamente en la discusión, considerando que este tema no pudo ser abordado durante un año completo debido al rechazo del proyecto de reforma tributaria. Expresó su apoyo a la posibilidad de avanzar rápidamente, indicando que, si existe consenso y se puede recibir a expertos en comisiones para abordar temas específicos, se pueden lograr avances significativos. Enfatizó que, dado el consenso existente y la espera de un año para retomar la discusión, es necesario avanzar prontamente en este proyecto. Abogó por la profundidad del debate durante la discusión en particular, permitiendo mejoras a cada una de las normas y logrando el respaldo necesario. La diputada consideró que la Comisión de Hacienda estaría dando muestra de la importancia y urgencia de legislar en este tema.

El Diputado Romero expresó su acuerdo general con el proyecto y destacó la importancia de apoyarlo desde el partido republicano. Sin embargo, manifestó ciertas preocupaciones y detalló algunos aspectos que considera relevantes. En particular, el Diputado expresó inquietudes sobre la figura del denunciante anónimo pagado, señalando que votará en contra de esta figura. Argumentó que mantener esta figura podría tener consecuencias negativas, especialmente para emprendimientos, empresas y productos, y cuestionó la posibilidad de sanciones al denunciante anónimo. Otro punto de preocupación para el diputado fue el tema de las prescripciones, indicando que es necesario establecer límites para la aplicación de normas generales antielusión. Abogó por fijar tope a las prescripciones y planteó la importancia de revisar hacia atrás algunos actos. A pesar de estas inquietudes, el Diputado Romero expresó disposición para seguir discutiendo el proyecto y consideró que se puede avanzar más en esta materia. Solicitó más tiempo para recibir a expertos que expliquen ciertos aspectos del proyecto y reafirmó su confianza en que el gobierno busca recaudar fondos de manera beneficiosa para Chile y que se destinen al gasto social.

El Diputado Ramírez hizo una aclaración sobre la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, en respuesta a una pregunta retórica que había planteado anteriormente. Explicó que, aunque en Estados Unidos el presidente nombra al director del servicio, hay diferencias significativas con el sistema chileno. Destacó que en Estados Unidos el director no necesita la confirmación del Senado y que su nombramiento es por un término fijo de 5 años, lo cual difiere del sistema chileno. El Diputado enfatizó la importancia de aclarar estos detalles y sugirió que la discusión podría abordarse para evaluar la posibilidad de aplicar un sistema similar al estadounidense en Chile.

La Secretaría informó que el día 8 de este mes es el plazo para iniciar el tratamiento de todas aquellas normas que fueron contenidas en el proyecto anterior. Al ser rechazada la idea de legislar, es necesario esperar un año, y precisamente el 8 de marzo se cumpliría ese plazo para volver a tratar el proyecto. Además, mencionó que temas como el Código Tributario, el impuesto a la renta, el impuesto del IVA, la herencia y la ordenanza aduanera no pueden ser tratados hasta esa fecha.

El Diputado Bianchi expresó su total compromiso para avanzar en el proyecto y zanjar los tiempos necesarios. Sin embargo, planteó serias dudas sobre la efectividad de la propuesta y solicitó al ministro que, en futuras sesiones, tanto el Servicio de Impuestos Internos como Aduana presenten el diseño y la estrategia a mediano y largo plazo para mejorar la eficiencia en la fiscalización y controles. Destacó la preocupación por la falta de eficiencia en los controles de ingresos al país y en Aduana, instando a desarrollar mecanismos inteligentes para una mejor fiscalización. Expresó su disposición, pero enfatizó la necesidad de una estrategia integral para el éxito del proyecto.

El Diputado Naranjo expresó su preocupación al observar la falta de valoración y apoyo por parte de algunos parlamentarios de oposición al proyecto presentado por el gobierno. Destacó que este proyecto aborda temas fundamentales como la evasión y el cumplimiento de las leyes tributarias, aspectos que la oposición había destacado anteriormente. Mostró inquietud por lo que percibe como una falta de comprensión política sobre el esfuerzo del gobierno en materia tributaria y señaló que esta reforma está pensada para el Chile futuro, más allá del actual gobierno. Llamó a superar las divisiones políticas y trabajar en beneficio del interés superior del país.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su coincidencia con la preocupación del Diputado Naranjo y la necesidad de obtener más información, especialmente a través de una exposición de la directora nacional de Aduanas. Destacó la importancia de comprender la situación en la Aduana y expresó su inquietud sobre los problemas que podrían estar afectando a la institución. También mencionó el caso del mega fraude y la necesidad de conocer más detalles sobre las acciones tomadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Señaló la importancia de fortalecer estas instituciones y entender los desafíos que enfrentan para una fiscalización efectiva. Asimismo, planteó dudas sobre la efectividad de la propuesta y abogó por tomarse el tiempo necesario para analizarla adecuadamente. También cuestionó la figura del denunciante anónimo pagado y expresó la importancia de mantener el diálogo y el acercamiento entre los parlamentarios para abordar estas problemáticas de manera integral.

El Ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, destacó la importancia del proyecto como una fuente de financiamiento para prioridades sociales y como un medio para asegurar el cumplimiento de la ley tributaria. Hizo referencia a la necesidad de fortalecer la moral tributaria y explicó que la planificación tributaria agresiva se refiere a la adopción de estructuras u operaciones sin finalidad de negocios con el único propósito de reducir el pago de impuestos.

El Ministro respondió a la pregunta de la Diputada Cid sobre la moral tributaria, subrayando que se trata de la disposición y compromiso de la ciudadanía para pagar impuestos. También abordó la preocupación sobre la fiscalización de impuestos, señalando que en la sesión de la tarde se presentarían los planes de fiscalización de los servicios de Impuestos Internos y Aduanas.

Respecto a la labor de Aduanas, el Ministro destacó la importancia de sus funciones tradicionales relacionadas con el comercio exterior y la fiscalización de impuestos. Además, mencionó el rol creciente en la lucha contra el crimen organizado y la importancia de las facultades adicionales que se les otorgan para detectar lavado de dinero y transacciones criminales.

El Ministro instó a que la presentación de la tarde no solo aborde el proyecto en discusión, sino también el proyecto sobre inteligencia económica contra el crimen organizado, que complementa las facultades de los servicios de Impuestos Internos y Aduanas en la detección de actividades ilegales y lavado de dinero. Enfatizó la importancia de comprender el contexto amplio de las funciones de estos servicios.

El Ministro destacó la importancia de fortalecer las unidades de control interno y subrayó la necesidad de evitar la discrecionalidad y el abuso de facultades adicionales por parte de los servicios.

En cuanto a la fusión de servicios, se abordó la propuesta de fusionar Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería. Se argumentó que cada servicio tiene responsabilidades específicas y que fusionarlos podría generar problemas, especialmente en el caso de Tesorería, cuyas funciones se han extendido más allá de lo tributario.

La discusión sobre el liderazgo de las instituciones tributarias también se abordó, señalando que la experiencia internacional muestra que la administración tributaria generalmente tiene un liderazgo unipersonal. Respecto al nombramiento de directores, se destacó la diferencia entre Impuestos Internos y Aduanas, siendo el primero designado por el presidente y el segundo bajo el régimen de alta dirección pública.

El Ministro concluyó reiterando la importancia de considerar estos aspectos en la discusión legislativa y asegurarse de que las normativas propuestas promuevan la transparencia, probidad y eficacia en el funcionamiento de los servicios tributarios.

El Diputado Ramírez hizo referencia a la posibilidad de establecer un modelo colectivo en la dirección de las instituciones tributarias, similar a un consejo del banco central, y plantea la pregunta de si el gobierno tiene la intención de abrir esta discusión en el proyecto actual o en algún futuro proyecto. Además, sugiere que hay cierto consenso en la necesidad de mejorar en esta materia.

En su intervención, el Diputado Bianchi destacó que ya se habían abordado los puntos generales y específicos del proyecto. Planteó varias preguntas relacionadas con la fiscalización de grupos económicos, los criterios para determinarlos, la eliminación de la exención de importaciones menores a 41 dólares, y cómo se llevaría a cabo la evaluación de productos. También expresó inquietudes sobre el denunciante anónimo, preguntando por el procedimiento para verificar denuncias maliciosas, los incentivos propuestos por el proyecto y cómo se aplicaría en el contexto de la regulación de la libre competencia. Finalmente, consultó sobre el posible impacto de la venta de la repatriación de capitales con tasa preferencial y si existía alguna estimación al respecto. Solicitó respuestas, al menos, para estas preguntas durante la sesión.

El Diputado Mellado expresó su preocupación por la necesidad de abordar las brechas tributarias mediante una ley, en lugar de permitir que Impuestos Internos cierre estas brechas mediante resoluciones administrativas. Cuestionó la eficacia del enfoque legislativo y sugirió que permitir que el servicio tributario identifique y resuelva las brechas administrativamente sería más eficiente y rápido. Se mostró favorable a que Impuestos Internos tenga un papel más activo en este proceso, argumentando que ya cuenta con la experiencia necesaria para implementar cambios en la normativa tributaria.

El Diputado Von Mühlenbrock consultó por el impacto en mayor recaudación que las diversas leyes anti-evasión han tenido a lo largo del tiempo.

El Diputado Aedo planteó una pregunta al Ministro sobre la controversia relacionada con el informe encargado por el Servicio de Impuestos Internos sobre los temas de evasión y elusión fiscal. En particular, se refirió a la cifra de 19 mil millones de dólares, que se mencionó en el informe como una posible magnitud de ilusión tributaria. El Diputado preguntó al Ministro si esta cifra sigue siendo la que mantiene el Ministerio de Hacienda y si se considera como la base para el esfuerzo propuesto a través del proyecto de ley en discusión.

El Ministro Marcel respondió a las intervenciones, destacando la importancia de reforzar la gobernanza en el proyecto, especialmente en las dimensiones de transparencia y probidad. También mencionó que están preparando una propuesta para revisar la ley de alta dirección pública en relación con la modalidad de nombramiento, designación y remoción de las autoridades de los servicios. Aunque consideran que esta propuesta podría ser abordada en esa instancia, están abiertos a discutir el tema en el marco del proyecto actual.

En cuanto a la dirección de los servicios, el Ministro subrayó la importancia de minimizar los periodos en los cuales operan con subrogantes, especialmente en servicios como el de Impuestos Internos y Aduanas, que realizan labores de cumplimiento masivas y cotidianas. Señaló que la estructura institucional debe gestionar estas funciones de manera efectiva.

También abordó el tema del denunciante anónimo, diferenciando entre la delación compensada y el denunciante anónimo, y mencionó que la recaudación por repatriación de capitales está especificada en el informe financiero.

El Ministro destacó la importancia de las resoluciones de Impuestos Internos, indicando que emiten circulares y resoluciones continuamente, pero aclaró que estas no pueden cambiar las facultades establecidas por la ley. Abordó la controversia en torno al informe del Servicio de Impuestos Internos sobre la ilusión y evasión, señalando que la cifra de 19,000 millones de dólares es la que mantienen y que la medición de estas cifras es compleja y sujeta a estimaciones indirectas.

En cuanto a las leyes antievasión, mencionó que cada una tuvo un enfoque distinto y que es difícil medir su impacto exacto en la recaudación, pero destacó cómo ciertas leyes, como la factura electrónica, han mejorado los procesos operacionales y la eficiencia en la fiscalización tributaria. El Ministro concluyó resaltando que la reducción de la brecha de cumplimiento tributario propuesta en el proyecto es realista y busca alinearse con estándares internacionales, considerando la informalidad de la economía chilena.

El Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Diego Riquelme, proporcionó información sobre las reformas tributarias realizadas desde el año 2011 y destacó la importancia de evaluar continuamente su impacto en la recaudación. Hizo referencia a medidas específicas, como la ley de 2011 centrada en aumentar sanciones a la evasión fiscal y modificaciones en delitos tributarios. También mencionó la ley de 2012, que igualó el tratamiento en la venta de derechos sociales.

Abordó la complejidad de estimar el impacto de ciertas leyes, como la de 2020, que introdujo la obligatoriedad de emitir boletas electrónicas. Señaló la necesidad de revisar y ajustar medidas, citando el ejemplo de la facturación electrónica y cómo la evolución de los pagos por transferencia ha impactado en la recaudación. Destacó la importancia de cerrar espacios para eludir impuestos y la relevancia de revisar continuamente las medidas implementadas.

Además, resaltó la importancia de evaluar las medidas del pacto fiscal en un periodo de cinco años, como se establece en los compromisos del pacto fiscal. Propuso la necesidad de realizar estimaciones de brecha de forma continua y permanente para tener datos comparables y evaluar si las medidas incluidas permiten disminuir la brecha tributaria.

En relación con la definición de grupos empresariales, explicó que el proyecto de ley utiliza la definición contenida en la ley de mercado de valores Nº 18.045, sin buscar innovar en esa materia.

Respecto a la multijurisdicción y la conectividad, indicó que el proyecto establece la obligación de que el Servicio de Impuestos Internos cuente con recursos informáticos para permitir que los contribuyentes se pongan en contacto con los fiscalizadores, ya sea entregando documentos en papel o digitalizados, desde la oficina del servicio o incluso desde su casa.

En cuanto al impuesto a la herencia, aclaró que el plazo de tres años mencionado en la presentación se refiere al contribuyente que decide pagar en tres cuotas. Explicó que actualmente la norma establece que, si se decide pagar en cuotas, se aplican reajustes e intereses. La modificación propuesta elimina los intereses una vez que el contribuyente ha definido el pago del impuesto, lo cual puede ser relevante para pequeñas y medianas empresas.

El Diputado Mellado expresó preocupación por las modificaciones propuestas para el impuesto a la herencia. Señaló inquietudes sobre la eliminación del giro inmediato del impuesto, lo que podría retrasar la circulación de bienes hereditarios, y la ampliación del plazo de tasación de 60 días a 3 años, generando posibles complicaciones en la transacción y distribución de bienes durante ese período prolongado.

El señor Riquelme aclaró que la modificación propuesta en la facultad de tasación para el impuesto a la herencia busca corregir una limitación actual que hace impracticable la fiscalización en este impuesto. Explicó que reducir el plazo de 3 años a 2 meses dificulta la fiscalización efectiva, y con la modificación, se busca alinear este proceso con los plazos normales de fiscalización de otros impuestos sin impedir que los herederos realicen transacciones o continúen con las operaciones habituales.

El Diputado Mellado expresó su preocupación acerca de la propuesta de ampliar el plazo de la facultad de tasación de Impuestos Internos para el impuesto a la herencia. Argumentó que, al ampliar este plazo a 3 años, los herederos podrían realizar transacciones, vender bienes y gastar el dinero obtenido, sin tener certeza sobre la tasación final. Propuso establecer un plazo definido, quizás de 6 meses, para que los herederos hagan uso de los bienes de la herencia pagando el precio justo antes de la tasación final de Impuestos Internos, evitando posibles complicaciones financieras para los herederos.

El Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolett, se centró en los esfuerzos institucionales para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país. Comenzó resaltando la importancia de abordar las brechas existentes en el cumplimiento del IVA y el impuesto de primera categoría. Los resultados de los estudios y análisis de datos, presentados previamente por el ministro, indicaron que las metodologías utilizadas mostraron resultados coherentes, brindando confianza en las cifras asociadas al IVA y la brecha del impuesto de primera categoría.

Hizo hincapié en la estrategia de doble dividendo, donde la eficiencia en combatir la brecha del IVA también impactaría positivamente en la reducción de la brecha de cumplimiento en el impuesto de primera categoría. Además, se estableció la meta de equiparar los estándares de experiencia a nivel internacional, tomando como referencia países como Bélgica, Eslovaquia, Irlanda y la República Checa.

Planteó en los beneficios en recaudación, que se estructuraron en base a los focos de gestión del cumplimiento tributario. Estos focos se derivaron de un instrumento institucional que abarcó el desempeño y el equilibrio corcar, estableciendo metas para los grupos de trabajo desplegados en todo el país. Se destacó especialmente la atención a los grupos empresariales y la tributación internacional, proponiendo modificaciones legales relacionadas con el código tributario y cambios en elementos de la ley de impuestos a la renta.

Subrayó la importancia de promover un enfoque colaborativo bajo el concepto de sostenibilidad tributaria, proponiendo la publicación de reportes de contribución impositiva por parte de los grupos empresariales. La idea fue fomentar la inserción en un nicho de buen cumplimiento tributario, aprovechando indicadores de sostenibilidad fiscal. Se mencionó la intensificación de acciones de control en grupos con niveles de tributación bajo los promedios de sus respectivas industrias, respaldada por análisis detallados de microdatos.

Proyectó una mayor recaudación basada en el aumento de la tasa efectiva del impuesto de la renta y la base impositiva. Este enfoque se alineó con iniciativas internacionales relacionadas con la transferencia de utilidades y la erosión de la base tributaria. Se esperaba que estas medidas fortalecieran la relación con los grupos de contribuyentes, brindando un aporte significativo del 0,7% del PIB, como se detalló en el documento adjunto para su discusión posterior.

Respecto a los altos patrimonios, se incluyeron modificaciones legales relacionadas con cambios en el código tributario y la ley de impuesto a la herencia y donaciones en el proyecto. El objetivo es fiscalizar a personas que realizaron traspasos intergeneracionales de patrimonio sin cumplir sus obligaciones tributarias. Se buscaba determinar con mayor precisión el patrimonio de contribuyentes con participación directa o indirecta en sociedades, considerando las mallas societarias como un elemento crucial.

Trató la verificación del cumplimiento de la obligación de declarar el impuesto a la herencia y donaciones, utilizando una plataforma simplificada para facilitar la operación. Se trabajó en la unificación de procesos entre el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos para mejorar la eficiencia en el manejo de este impuesto, que había cobrado relevancia recientemente.

Proyectó una mayor recaudación basada en el aumento de la tasa efectiva de pago del impuesto, asociado a la mejora de la base declarada en donaciones y herencias. Este enfoque se tradujo en un impacto significativo, representando cerca del 0,4% del PIB.

Luego, se abordó el ámbito de la informalidad, con un énfasis en actividades que el servicio regularmente desarrollaba, como el control de brechas de IVA y una propuesta importante relacionada con la presunción de ubicación territorial de ciertos bienes y servicios en plataformas digitales. Además, se introdujo la obligación de exigir el inicio de actividades a usuarios y clientes en bancos e instituciones financieras, con el objetivo de atacar prácticas evasivas.

Continuó abordando temas tecnológicos y de inteligencia artificial para fortalecer los controles automatizados en tiempo real. Se destacó el uso de tecnologías como inteligencia artificial, big data y machine learning para gestionar grandes volúmenes de transacciones en todo el país. También se mencionaron herramientas analíticas para monitorear transacciones de contribuyentes identificados y la implementación de nuevas tecnologías para rastrear operaciones comerciales informales en sitios web.

Mencionó la importancia de la multijurisdicción, que permitiría llevar a cabo acciones de fiscalización a distancia sobre contribuyentes domiciliarios en cualquier territorio jurisdiccional del país. La multijurisdicción se visualizaba como una herramienta para distribuir de manera más equitativa las auditorías y otros trámites realizados por contribuyentes a nivel nacional, independientemente de su domicilio. Esto apuntaba a hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y tecnológicos del servicio.

Además de las iniciativas mencionadas, se destacaron las nuevas capacidades internas para brindar asistencia al contribuyente y abordar el proyecto desde el punto de vista de las dotaciones y su mejor articulación. También se mencionaron otras iniciativas legales vinculadas al proyecto, como el de beneficiarios finales, que fortalecería el trabajo con alto patrimonio, y el de inteligencia económica, que permitiría una interacción más cercana con el equipo de inteligencia de la aduana para combatir el crimen organizado de manera más efectiva.

En cuanto a la estructura organizacional, se propuso fortalecer los equipos para el control de la elusión, mejorar los análisis tributarios de la inteligencia fiscal y la atención integral de los contribuyentes. También se planteó el monitoreo de los grupos empresariales y la tributación internacional. La implementación de la multijurisdicción se presentó como una necesidad, proponiendo un enfoque gradual comenzando por la Región Metropolitana.

El fortalecimiento de las áreas informáticas fue otro punto crucial para el desarrollo de nuevas iniciativas, junto con el refuerzo de las áreas de formación, gestión de personas y desarrollo organizacional. También se mencionó el fortalecimiento de las jefaturas, con la estructuración de grupos de trabajo y liderazgos formales reconocidos, lo que implicaría un aumento en los grados asociados a los directivos y una asignación adicional por supervisión.

Se planteó la necesidad de fortalecer la carrera funcionaria, proponiendo una reestructuración que permita un desarrollo más dinámico y retenga el talento. Se abordó la movilidad y el rediseño de las plantas para ofrecer perspectivas claras de desarrollo a los funcionarios, evitando su estancamiento. Se destacó la inversión en fortalecimiento tecnológico, con recursos destinados a hardware, software y contratación de servicios de terceros para complementar el personal de informática.

La capacitación continuada fue señalada como un elemento importante, especialmente en competencias específicas dada la evolución constante del código y la legislación tributaria. Se resaltó la importancia de potenciar el centro de formación tributaria para facilitar el intercambio de experiencias.

El informe financiero presentado reflejó un aumento en la dotación para mejorar los cuadros directivos, el fortalecimiento institucional y la implementación de la movilidad. También se detallaron los recursos destinados al fortalecimiento tecnológico en los próximos tres años, con un aumento presupuestario institucional de aproximadamente 36.000 millones de pesos.

La presentación concluyó con una visión general de la plataforma tecnológica utilizada para gestionar diversas bases de datos, intercambios de información y herramientas analíticas para apoyar las acciones del servicio en la detección y fiscalización de emisores agresivos y otros casos de incumplimiento tributario. Se resaltó la importancia de la tecnología, la capacitación y la estructura organizacional para fortalecer el cumplimiento tributario en el país.

El Diputado Mellado formuló diversas interrogantes durante su intervención. En primer lugar, indagó sobre la cantidad de situaciones alusivas o brechas de ilusión detectadas y cómo la legislación actual o resoluciones administrativas pueden cerrar esos vacíos. Asimismo, planteó la necesidad de comprender si estas brechas evolucionan con el tiempo y cómo se descubren y abordan.

En otro punto, el Diputado expresó dudas sobre la terminología "aumentar la base impositiva en un 5%". Buscó aclaraciones sobre si esto implica un incremento directo de impuestos para la población o si se refiere a la ampliación de las circunstancias que generan obligaciones fiscales.

El parlamentario también cuestionó la necesidad de una "mayor precisión" en la determinación del patrimonio de los contribuyentes y solicitó detalles sobre cómo se llevaría a cabo este proceso. Además, abordó el tema de los grupos empresariales y altos patrimonios, buscando esclarecimientos sobre la tasación y pago de impuestos anuales con mayor precisión.

En relación con las apuestas online, el señor Mellado propuso la posibilidad de dar de baja a las páginas web que no cumplan con sus obligaciones tributarias, considerándolas ilegales y destacando la importancia de abordar estas cuestiones de manera justa.

Finalmente, el Diputado expresó preocupación por la situación de los 88 nuevos funcionarios, destacando la importancia de un reconocimiento adecuado para evitar la fuga de talento hacia el sector privado. También señaló la necesidad de comprender cómo la tecnología, la inteligencia artificial y otros avances contribuirán a detectar de manera más eficiente las facturas falsas y otras irregularidades en el sistema tributario.

La Diputada Cid abordó varios temas durante su intervención. En cuanto a la formalización, expresó inquietudes sobre los recursos destinados al fomento del emprendimiento y cómo se aborda la formalización en casos de microempresarios que reciben montos pequeños para actividades como la elaboración de alimentos. Buscó clarificaciones sobre si se incluirán o seguirán excluidos de los requisitos de formalización.

Otro tema que planteó fue la situación de las donaciones y cómo se quieren modificar las regulaciones actuales. Hizo hincapié en la importancia de reconocer los aportes de empresas, especialmente en regiones como Atacama, donde las mineras contribuyen en situaciones de emergencia. Cuestionó si estas acciones siguiesen regidas por la ley de donaciones y si se mantuviesen los beneficios tributarios, considerando las modificaciones propuestas.

En relación con el mega fraude, la Diputada mencionó la existencia de alertas dentro de los sistemas computacionales que indicaban movimientos financieros inusuales. Preguntó qué sucedió con esas alertas y si el fortalecimiento actual incluirá mejoras en este aspecto. También se refirió a la inteligencia artificial y la posibilidad de utilizarla para detectar irregularidades, como la supervisión de ingresos a través de transferencias y efectivo.

La legisladora planteó preguntas específicas sobre la veracidad y la viabilidad de utilizar herramientas como la cantidad de rutas para supervisar transacciones y detectar posibles fraudes. En resumen, su intervención se centró en aspectos relacionados con la formalización, donaciones, y mejoras en la detección de fraudes a través de la tecnología y la inteligencia artificial.

El Diputado Naranjo expresó su apoyo al fortalecimiento institucional de Impuestos Internos y al aumento del número de fiscalizadores. Sin embargo, planteó una inquietud relacionada con la falta de sanciones visibles en casos de presunta corrupción dentro de la institución. Hizo referencia al caso del señor Hermosilla, donde se evidenció la participación de funcionarios de Impuestos Internos en actividades indebidas, según audios difundidos.

El Diputado señaló su preocupación por la aparente falta de sanciones, incluso mencionando que los funcionarios que se apartaron fueron reincorporados. Expuso que esta situación envía una señal negativa hacia la opinión pública y solicitó al Director que aclare el tema. Aunque reconoce que puede haber sumarios administrativos secretos, destacó la importancia de establecer normas éticas y límites en las labores de los funcionarios para evitar posibles conflictos de interés o actos ilícitos.

El Diputado expresó su deseo de que, al aprobar proyectos como el propuesto, se fortalezca no solo la institución en términos de recursos y personal, sino también en el establecimiento de normativas éticas que eviten situaciones como las denunciadas en el caso Hermosilla. Solicitó explicaciones respecto a cómo se abordan estos casos y la transparencia en el proceso de sanciones.

El Director Frigolett destacó que Chile es pionero en digitalización tributaria y que su servicio de Impuestos Internos tiene estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Explicó que han sido solicitados por diversas organizaciones internacionales para presentar sus modelos de gestión de fiscalización. Aunque se sienten seguros en su posición, reconocen la importancia de abordar desafíos significativos en reducir la evasión y elusión.

En relación con el mega fraude, el Director mencionó que el servicio ha trabajado intensamente para desbaratar redes operando interregionalmente. Resaltó la importancia de la inteligencia y coordinación con el Ministerio Público en estos casos complejos. Aclaró que el servicio no puede movilizar la fuerza pública y depende del Ministerio Público para avanzar en querellas y formalizaciones de manera más rápida.

En cuanto a la evasión, se refirió a la actualización anual de un catálogo de estructuras utilizadas para la evasión fiscal. Este catálogo, según el Director, es disuasivo y sirve como guía para auditorías que detectan estas prácticas. Se resaltó la importancia de tener equipos bien respaldados y la estrategia de abordar grupos económicos en su totalidad para fortalecer la fiscalización.

Subrayó que el enfoque es mejorar la eficiencia y capacidad del servicio para anticiparse y abordar los desafíos actuales y futuros en la evasión fiscal y elusión tributaria.

El Director Frigolett mencionó que actualmente están procesando información no solo interna, sino también relacionada con patrimonios inmobiliarios dentro y fuera del país, así como patrimonios financieros. Esto les proporciona una visión integral de la situación patrimonial de un grupo focalizado de contribuyentes con altos patrimonios, que ha ido en aumento. Aclaró que el corte para ser considerado de alto patrimonio es de 1 millón de dólares de patrimonio personal, 2 millones de dólares de patrimonio familiar directo y sobre 150,000 dólares de ingreso anual.

En relación con la información proveniente del exterior, el Director explicó que manejarla es un desafío debido a la falta de un identificador único como el RUT. Para abordar esto, realizan un trabajo previo de rutificación de la información recibida del exterior, permitiendo que esta pueda relacionarse con sus registros internos. Destacó que han alcanzado un nivel de casi el 95% de capacidad de procesamiento de toda la información recibida del exterior.

Finalmente, el Director mencionó que se están abordando brechas relacionadas con el IVA y el comercio a lo largo y ancho del país. Para proporcionar detalles adicionales sobre estas acciones, se sugirió que Carolina, que estaba presente, complementara la información.

La Subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia Morales, explicó que, en el ámbito de la fiscalización del IVA y el comercio, se ha llevado a cabo una fiscalización intensiva utilizando diversas fuentes de información, como la boleta electrónica, las máquinas de pago y dispositivos de pago. También se ha aprovechado la información proveniente de aduanas en relación con las importaciones. La aplicación de modelos analíticos ha permitido determinar quién emite y cuándo debe emitir, mejorando la fiscalización en línea.

A pesar de estos avances, señaló que la masividad de los contribuyentes no siempre garantiza una fiscalización oportuna. En este sentido, el proyecto de ley incorpora elementos como la obligación de tener inicio de actividades para utilizar máquinas de pago y la misma obligación para importadores frecuentes. Estos requisitos les permiten conocer la ubicación de los contribuyentes y tomar acciones anticipadas.

La Subdirectora mencionó que el proyecto también aborda el tema de la multijurisdicción, lo cual es relevante para aumentar la capacidad de fiscalización de los casos más grandes sin importar la ubicación del contribuyente. En resumen, estas medidas contribuirán a cerrar las brechas en la fiscalización del IVA y el comercio.

El Diputado Sáez expresó su preocupación en relación con las transferencias bancarias como método de pago en muchos comercios, algunos formales y otros no formales. Señaló que es una práctica bastante extendida en la que un cliente puede preguntar por productos o servicios con tarjeta, pero luego realiza el pago a través de transferencia bancaria. Hizo hincapié en que, aunque las cifras de estas transacciones suelen ser pequeñas, la sumatoria de estas operaciones contribuye a generar pérdidas eventualmente.

El Director Frigolett respondió indicando que la iniciativa de requerir a la banca informar la cantidad de abonos facilitaría la investigación de las transferencias electrónicas de terceros, especialmente en el caso de transacciones comerciales masivas. Señaló que estas transferencias van directamente desde el bolsillo del consumidor a la cuenta corriente, no del negocio, sino posiblemente a la cuenta del dueño del negocio, su hermano u otras personas relacionadas. Con esta información y utilizando la inteligencia artificial, se podrán vincular las transacciones y realizar un seguimiento más efectivo.

El Diputado Mellado solicitó al Director y la Subdirectora que expliquen de manera sencilla el tema de la devolución del IVA y cómo funciona en situaciones específicas, como en el caso de agricultores que siembran árboles de rápido crecimiento y enfrentan dificultades al vender el negocio antes de completar el plazo necesario para la devolución del IVA. El Diputado menciona un ejemplo relacionado con la siembra de árboles y compara la situación con el sector de la madera. La solicitud del Diputado es entender mejor cómo se llevará a cabo la fiscalización y mejora en el proceso de devolución del IVA en estos casos.

La Subdirectora Saravia explica que el proyecto de ley incorpora modificaciones relacionadas con las devoluciones del IVA en activos fijos. La modificación establece que la suma de los montos restituidos de esa devolución de IVA no puede ser inferior a un décimo del monto devuelto en un año. En diciembre se debe realizar esa devolución final si en el año no se ha devuelto. Este cambio busca evitar situaciones en las que algunas personas utilizan este beneficio al borde de la legalidad, como aquellas que compran bienes raíces de alto valor, los arriendan y solicitan devolución de IVA de manera anticipada sin restituirlo. La Subdirectora menciona ejemplos de contribuyentes que utilizan esta figura de manera indebida, y la modificación propuesta busca desincentivar estas prácticas.

El Director Frigolett informa que el proceso sumarial relacionado con el caso del señor Hermosilla sigue su curso. Se inició con la suspensión de los funcionarios involucrados, medida que fue agresiva al principio, pero posteriormente, después de las pesquisas derivadas del análisis forense de los sistemas de gestión de la fiscalización, se consideró que no era necesario mantener la suspensión. El proceso sumarial sigue en curso tanto en el Ministerio Público como en el Servicio de Impuestos Internos, y está vinculado a investigaciones más amplias relacionadas con facturas falsas.

El Director señala que no hay "perdonazo" ni "vista gorda" en este proceso, y todos los involucrados están sujetos a las investigaciones. Se destaca que el proceso sumarial no se ha cerrado, y el único que no ha sido reincorporado es el Director de grandes contribuyentes, quien renunció al cargo. La gestión de la dirección de grandes contribuyentes está a cargo de un subrogante.

La Subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, destacó la modificación propuesta a la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, que establece nuevos estándares de propiedad. Estos cambios incluyen la ampliación de las personas que deben ser consideradas en la declaración de interés y patrimonio funcionario, abarcando, por ejemplo, a convivientes civiles e hijos. Estas actualizaciones buscan mejorar las normativas de propiedad tanto para Impuestos Internos como para los tribunales tributarios y aduaneros.

En respuesta a una pregunta del Diputado Naranjo, se aclaró que aspectos relacionados con la iniciación de actividades, como la entrega de subsidios o capital semilla por parte de otras instituciones públicas, forman parte de la "Ruta del Emprendimiento". Estos elementos están considerados como incentivos a la formalización y serán abordados en otro proyecto de ley. En resumen, el enfoque actual se centra en iniciativas que combaten la informalidad, y se anticipa que estos temas específicos se tratarán en futuras propuestas legislativas.

El Diputado Mellado, en primer lugar, cuestionó el aumento en el número de requerimientos presentados por el Servicio de Impuestos Internos al Tribunal Tributario entre 2022 y 2023, pasando de 6 a 17. El Diputado buscó entender si este incremento se debía a un reglamento más expedito o a cambios en la presentación de requerimientos.

En segundo lugar, abordó aspectos relacionados con el proyecto que modificaba el procedimiento de cobro del impuesto a la herencia. Expuso su preocupación por la eliminación del giro inmediato en este proceso, lo cual podría haber retrasado la circulación de bienes hereditarios para los herederos, tanto en pequeños como en grandes patrimonios. Además, señaló que la ampliación del plazo para que el Servicio de Impuestos Internos ejerciera su facultad de tasación, de 60 días a 3 años, podría haber generado inestabilidad para los pequeños herederos al momento de efectuar los pagos correspondientes.

Finalmente, planteó la inquietud sobre la relación entre hermanos y cuñados en el ámbito empresarial. Destacó que la dinámica entre padres e hijos en una empresa podría haber sido diferente a la que existía entre hermanos y cuñados. Interrogó sobre la justificación para entender de manera similar las normas aplicadas a padres e hijos con respecto a hermanos y cuñados, considerando las posibles tensiones y conflictos familiares que podrían haber surgido en sociedades compartidas.

El Diputado Bianchi expresó su preocupación sobre la propuesta del gobierno para optimizar la fiscalización y reducir la evasión, especialmente en relación con la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos (SII). En la sesión, solicitó al presidente y al Director del SII que presenten a la comisión una proyección y estrategia para los próximos 10 años en la que se detalle cómo se fortalecerá la institución.

El Diputado mencionó la necesidad de una fiscalización más profunda y abordó el crecimiento desbordado de un tipo de comercio que, según él, afecta al comercio establecido en Chile. Pidió información detallada sobre las acciones de fiscalización y profundidad de estas medidas en todo el país, especialmente en relación con el establecimiento de ciertos comercios que podrían afectar la recaudación de impuestos y el comercio minorista.

En este contexto, expresó la importancia de contar con estrategias y proyecciones claras para el SII, no solo enfocadas en la calidad y cantidad de funcionarios, sino también en una estrategia efectiva para perseguir y recaudar los fondos necesarios, considerando los compromisos sociales planteados en la propuesta.

El Diputado Mellado destacó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene un plan estratégico quinquenal, un plan operacional, y un modelo integrado de gestión del cumplimiento tributario. Explicó que el proyecto de ley aborda áreas opacas que escapan a la capacidad de rastreo en las bases de datos del SII. Mencionó que el plan estratégico incluye la obligación de inicio de actividades para importadores habituales, permitiendo un rastreo más efectivo desde el principio.

El Diputado resaltó la importancia de cortar la cadena desde el inicio de actividades para importadores habituales y señaló que la obligación de inicio de actividades permitirá un seguimiento transaccional eficiente asociado a esos bienes de importación. También mencionó un conflicto anterior con un emisor de medios de pago y cómo el proyecto fortalecerá la capacidad del radar del SII mediante la tecnología y un modelo de gestión integrador.

En este contexto, explicó que la tecnología, el modelo de gestión integrado y el proyecto de inteligencia económica mejorarán significativamente las capacidades de monitoreo, permitiendo un seguimiento más oportuno y eficaz. Destacó la colaboración con el Ministerio Público para hacer el trabajo más potente y ser más intrusivos en términos de bodega y otras operaciones.

El Director Frigolett explicó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuenta con un plan estratégico quinquenal, un plan operacional y un modelo integrado de gestión del cumplimiento tributario. Destacó que este modelo integra diversas bases de datos, proporcionando información más potente desde el punto de vista de la inteligencia fiscal. En relación con el proyecto de ley, mencionó que se aborda áreas opacas que escapan a la posibilidad de rastreo en las bases de datos del SII.

El Director enfatizó la importancia de la obligación de inicio de actividades para cualquier importador habitual, lo que permite tenerlos en el radar desde el principio. Describió situaciones en las que personas naturales podrían sacar contenedores de los recintos aoneros de manera frecuente, y la obligación de inicio de actividades facilita el seguimiento y trazabilidad de esos bienes de importación.

El Director también destacó cómo el proyecto fortalecerá las capacidades de monitoreo del SII mediante la obligación de inicio de actividades, especialmente en términos de medios de pago electrónicos. Ilustró esto con un conflicto previo con un emisor de medios de pago llamado Sumar, donde se descubrió que el 50% de sus clientes no tenían inicio de actividades. La tecnología, el modelo de gestión integrado y el proyecto de inteligencia económica mejorarán las capacidades de monitoreo, permitiendo un seguimiento más oportuno y eficaz. El convenio con el Ministerio Público contribuirá a un trabajo más potente, especialmente en bodegas y otras operaciones.

A continuación, la Comisión recibió a la Directora del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza Loeb.

La Directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, proporcionó un recuento del rol de Aduanas en la administración tributaria del país. Destacó que el servicio es crucial en la recaudación orientada al comercio internacional. Las funciones de Aduanas incluyen la vigilancia y fiscalización del paso de mercancía por las costas, fronteras y aeropuertos, contribuyendo a la recaudación tributaria y al desarrollo económico.

Arriaza subrayó la labor basada en la gestión estratégica de datos e información, así como en la fiscalización inteligente y la gestión de riesgos. Describió la distribución de Aduanas en 16 direcciones regionales y mencionó el aumento de más de 11 puntos de control en el último año. Informó que cuentan con aproximadamente 2,400 funcionarios distribuidos en todo el país y mantienen presencia durante los 365 días del año.

En cuanto al marco legal, mencionó la ley orgánica de 1979, su última modificación en 1997, y la ley 19.479, junto con el código de funcionamiento y la ordenanza de aduanas. Arriaza destacó la importancia de la regulación de cumplimientos del comercio exterior, abordando normativas medioambientales, de salud y otras medidas reguladas por diferentes instituciones públicas.

En este contexto, resaltó la necesidad de fortalecer los servicios de Aduanas para adaptarse a las nuevas legislaciones y desafíos que surgen en el ámbito medioambiental y de salud.

La Directora Arriaza expuso tres medidas generales asociadas al proyecto aduanero, destacando la necesidad de fortalecimiento para el Servicio Nacional de Aduanas. En primer lugar, se refirió a modificaciones propuestas en la Ordenanza Aduanera, centrándose en la relación comercial con los usuarios de comercio exterior. Entre estas modificaciones, se incluyen cambios en el proceso de notificaciones, proponiendo que estas se realicen principalmente a través del correo electrónico. Este enfoque busca agilizar y mejorar la comunicación con los contribuyentes, otorgando celeridad al conocimiento de sus obligaciones.

En segundo lugar, se abordó la propuesta de eliminar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en importaciones inferiores a 41 dólares, especialmente en el contexto de los envíos a través de courier. Actualmente, estos envíos están liberados tanto del arancel como del IVA. La eliminación de esta exención apunta a ajustar el tratamiento tributario de dichos envíos, buscando impactar en la recaudación y la fiscalización de estos procesos.

Por último, la tercera medida se relaciona con la necesidad de incrementar la efectividad de los procesos de fiscalización y combatir la evasión tributaria, el crimen organizado y aumentar la recaudación. Este aspecto se alinea con la política nacional de crimen organizado y seguridad pública. Se destaca la importancia de fortalecer el trabajo del Servicio Nacional de Aduanas en colaboración con otros proyectos de ley y la mencionada política nacional, que establece mayores responsabilidades y cumplimientos para la institución aduanera.

El Diputado Mellado expone su preocupación respecto a la posibilidad de que el valor declarado (valor FOB) pueda estar subvalorado, especialmente cuando se trata de mercancías provenientes de países como China. Destaca la importancia de verificar la veracidad de los valores consignados en las facturas, señalando que existe la posibilidad de que el monto facturado no refleje el valor real de los productos. Propone analizar detenidamente la relación entre el pago realizado y la factura emitida, ejemplificando con el caso de una factura por 14 dólares y un monto de remesa de 1,800 dólares. Planteó la existencia de países que podrían considerarse como "paraísos fiscales de importación", planteando la necesidad de examinar más a fondo la facturación, en particular, la proveniente de ciertos lugares. Expresa su interés en abordar este tema y sugiere una revisión más minuciosa de las prácticas comerciales, especialmente en lo que respecta a la relación entre los montos facturados y los pagados en remesas.

El señor Riquelme respondió al Diputado Mellado, explicando que la medida propuesta en el proyecto de ley contribuía a corregir la subvaloración de las mercancías. Destacó que el principal incentivo para subvalorar en ese momento era la exención del IVA, lo cual facilitaba la venta en el comercio informal o a precios más bajos. Indicó que al exigir el inicio de actividades y eliminar la barrera de los 41 dólares para el IVA, se perdía el incentivo económico para subvalorar.

El señor Riquelme argumentó que la medida buscaba desincentivar la subvaloración, ya que al exigir el inicio de actividades y eliminar la exención del IVA, quienes importaban para comercializar perdían el beneficio económico de subvalorar. Expuso que esta medida favorecía la formalización del comercio, ya que al tener un crédito fiscal más pequeño, no resultaba rentable vender productos de forma informal. Subrayó la importancia de no fomentar el comercio ilegal y destacó que la exigencia del inicio de actividades era crucial para combatir la informalidad.

Enfatizó que la combinación de medidas, como exigir inicio de actividades y eliminar la exención del IVA, era clave para reducir la subvaloración y abordar la informalidad. Se refirió a la necesidad de tener un enfoque integral para enfrentar el comercio informal, utilizando la información disponible para identificar y perseguir a quienes practicaban esta actividad de manera irregular.

El Diputado Romero comentó que la medida planteada en la ley podría resultar costosa para aquellas personas que tuvieran inicio de actividades y usaran el IVA como crédito fiscal. Señaló que subvalorar las cosas sin la posibilidad de utilizarlas como crédito fiscal carecería de sentido en este contexto. Además, quiso aclarar que la medida no implicaba, en ningún caso, que las personas naturales que compraran productos a través de plataformas como AliExpress y estuvieran en sus hogares tuvieran que iniciar actividades. Expresó la necesidad de entender cómo funcionaría el pago del IVA en esos casos, planteando la interrogante de si la plataforma se encargaría de cargarlo o si fuera responsabilidad del comprador.

La Directora Arriaza explicó que los envíos de expresos están sujetos al de minimis en la actualidad, y la exención del IVA se está eliminando o reduciendo específicamente para estos casos. Destacó que los couriers están exentos o tienen de minimis, siempre y cuando se trate de envíos ocasionales y no con uso comercial, siendo alrededor de 170 operaciones concentradas en el aeropuerto de Santiago, con unas 20 empresas, siendo 4 de ellas las más grandes.

En relación con la forma de determinar si un envío es ocasional o regular, señaló que la Aduana tiene la facultad de analizar dos años después y cobrar los impuestos de los envíos que no son ocasionales. Explicó que utilizan sistemas de inteligencia para evaluar la regularidad de los envíos y que, en conjunto con Impuestos Internos, trabajan en la formalización del comercio y la regularización de impuestos no pagados.

La Directora mencionó casos específicos, como el de celulares importados de Colombia, donde se denunció una vulneración de los requerimientos aduaneros, destacando que, según la última modificación legal, tienen hasta cinco años para actuar en estos casos. Además, subrayó que trabajan en conjunto con Impuestos Internos y la Policía de Investigaciones (PDI) para abordar posibles delitos, como el lavado de activos, relacionados con la valoración de productos.

El Diputado Bianchi expresó su preocupación sobre la infiltración de armas, narcotráfico, drogas, explosivos y otros artículos ilícitos en el país. Hizo hincapié en la importancia de la función de Aduanas para resguardar la seguridad y convivencia en la sociedad. Manifestó su inquietud acerca de cómo las medidas propuestas impactarán en la mejora de la situación y solicitó a la Directora de Aduanas una propuesta concreta para abordar este problema.

El Diputado subrayó que la situación actual va más allá de la dimensión comercial y que se deben considerar medidas adicionales para abordar la infiltración de elementos perjudiciales para la seguridad nacional. Planteó la necesidad de contar con una institución aduanera sólida que permita al país resguardarse de manera efectiva.

La Directora Arriaza destacó que el fortalecimiento de la Aduana no se limita solo a este proyecto de ley, sino que forma parte de un conjunto de medidas para modernizar la institución. Subrayó la importancia de la vigilancia en las fronteras, los puntos de control y la lucha contra el contrabando aduanero. Resaltó la colaboración con otras entidades, como Carabineros, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, y la coordinación en el Plan Nacional de Crimen Organizado y la Política Nacional de Seguridad Pública. Además, mencionó otros proyectos en discusión, como la modernización del sistema de inteligencia del estado y la creación del subsistema de inteligencia económica y financiera del estado. Estas iniciativas buscan fortalecer la fiscalización, combatir la evasión tributaria, enfrentar el crimen organizado y aumentar la recaudación, abordando desafíos integrales del servicio. También se refirió a la creación de una contraloría interna y la formalización de políticas para fortalecer la integridad pública.

Explicó que, como parte del fortalecimiento, se busca crear la Subdirección de Control Fronterizo y Operaciones, inexistente hasta ahora como unidad central. Destacó la estrategia anual de fiscalización basada en gestión de riesgos e inteligencia, con el objetivo de disminuir evasión tributaria y contrabando aduanero, contribuyendo a combatir el crimen organizado transnacional. Se mencionó un plan de adquisición de tecnología no invasiva, fortalecimiento de funcionarios, y planes de competencia y retención de capacidades para abordar nuevos riesgos. También se detallaron colaboraciones y acuerdos con otras instituciones, como la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección General de Movilización Nacional, para enfrentar ilícitos como lavado de activos y control de armas, así como la participación en mesas de trabajo y fuerzas de tarea en la lucha contra el crimen organizado. Se destacó la importancia de proyectos de ley como el de inteligencia económica y financiera, que mejoran las facultades para seguir delitos relacionados con el lavado de activos y el crimen organizado. Además, se abordó la creación de la Unidad de Inteligencia con facultades especiales y un enfoque en la confidencialidad de la información.

La Directora Arriaza concluyó su intervención destacando que el proyecto de ley busca una modernización general del Servicio Nacional de Aduanas para aumentar sus capacidades y actualizar su estructura. Se señaló que la última modificación a la estructura organizacional fue en 1997, y ahora, con los nuevos desafíos y facultades, es necesario realizar ajustes.

El proyecto contempla la creación de dos nuevas subdirecciones para abordar los desafíos actuales: la Subdirección de Fronteras y la Subdirección de Control Interno. También se propone una reorganización jurisdiccional de las administraciones de aduanas para mejorar la presencia del servicio en el territorio y descentralizar funciones. Esto incluye elevar el estatus de las aduanas de San Antonio y Los Andes a direcciones regionales, así como la creación de la Dirección Regional de La Araucanía.

Se destacó que la creación de la nueva estructura permitirá una mejor distribución de facultades, atención ciudadana y recursos. Además, se busca fortalecer la formación y retención del talento, especialmente de perfiles especializados como auditores tributarios aduaneros, especialistas químicos aduaneros, técnicos caninos, litigantes aduaneros, entre otros.

La nueva estructura también propone la creación de la Escuela de Formación Aduanera y la dotación de jefaturas en las direcciones regionales y administraciones de aduanas para fortalecer la estructura organizacional en regiones.

En resumen, la propuesta apunta a modernizar el servicio, aumentar su eficacia y eficiencia, así como retener el conocimiento y talento necesario para enfrentar los desafíos actuales. Se espera que estos cambios contribuyan a mejorar la integridad pública del funcionariado y a mantener la relevancia del Servicio Nacional de Aduanas en el contexto actual.

La Subsecretaria Berner respondió a la pregunta sobre la existencia de una unidad de inteligencia en Impuestos Internos y cómo se coordinaban con la unidad de inteligencia de Aduanas. La Subsecretaria mencionó que efectivamente la Directora del Servicio Nacional de Aduanas expuso sobre varios proyectos de ley en trámite, específicamente el proyecto de ley del subsistema de inteligencia económica, que en ese momento se encontraba en la comisión de seguridad del Senado.

Destacó que este proyecto de ley buscaba crear por ley y con mayores facultades unidades de inteligencia al interior de Aduanas e Impuestos Internos, las cuales se coordinarían en un subsistema con la Unidad de Análisis y Coordinación (UAC). Aunque tanto Aduanas como Impuestos Internos ya utilizaban inteligencia en sus ámbitos de acción, este proyecto fortalecería las atribuciones y la coordinación.

El Diputado Mellado preguntó sobre el personal actual de Aduana y cuál sería el número ideal para asegurar un control eficiente de los flujos de entrada y salida del país. Expresó su preocupación por la eficiencia del proceso, mencionando la necesidad de seguir estándares internacionales y comparando el desarrollo aduanero de Chile con otros países. También señaló la falta de inversión y crecimiento en tecnología y personal en Aduana a lo largo de los años.

La Directora Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza Loeb, informó que actualmente operan en 120 puntos de control permanente, sumando los eventuales, lo que supera los 135 lugares. Tiene unos 2,040 funcionarios distribuidos en 16 direcciones regionales y administraciones. Se destacó un proyecto de modernización que incluye un estudio de dotaciones para abordar brechas operacionales, identificando una brecha de 372 personas en la atención de puntos de control fronterizo.

En una segunda fase, se está trabajando con la Universidad de Chile en un nuevo modelo operacional, considerando la incorporación de tecnología. La aduana se comparó con estándares internacionales, resaltando su liderazgo en la región y la participación en la organización mundial de aduanas con 185 economías. Se mencionó un sistema de inteligencia aduanera y fiscalización basado en más de 100 parámetros de riesgo, con tecnología no invasiva y equipos como los camiones escáner.

Se informó sobre la obsolescencia de equipos, con planes de adquirir 11 equipamientos nuevos mediante convenios con gobiernos regionales. Se proyectó un plan de incorporación de tecnología hasta el 2030, financiado con fondos propios, que incluye tecnología no invasiva y equipamientos a gran escala. Se destacó el esfuerzo para alcanzar estándares internacionales de fiscalización y eficiencia.

En términos operativos, se enfatizó en el reforzamiento de puntos de atención, especialmente en relación con los extraportuarios, indicando avances en este tipo de operaciones, con un aumento de 6 a 11 en los últimos años en Valparaíso y San Antonio.

El Diputado Bianchi expresó inquietudes sobre la capacidad de la Aduana para abarcar tanto pasos habilitados como no habilitados en extensos territorios fronterizos. Hizo dos consultas:

Manifestó interés en conocer la coordinación existente entre la Aduana y las fuerzas policiales, destacando la importancia de un análisis territorial específico para abordar posibles vulnerabilidades en zonas limítrofes. Ejemplificó con regiones como la de su colega Naranjo y la suya propia, señalando la existencia de estancias y campos propensos a actividades ilícitas, incluyendo tráfico de dinero y otras especies.

Solicitó detalles sobre estrategias de inteligencia que conecten a la Aduana con la policía, particularmente en áreas donde la presencia aduanera es limitada. Destacó la necesidad de precaución y vigilancia en lugares históricamente asociados con actividades ilícitas, como campos de estancia, para abordar posibles tránsitos de drogas y otros contrabandos.

El Diputado Naranjo mencionó la existencia de un catastro a nivel nacional de grandes extensiones agrícolas que limitan con Argentina. Ejemplificó con Colonia Dignidad, que en el pasado funcionó como un paso libre entre Chile y Argentina, recordando que incluso el líder de la secta salió por Colonia Guinea hacia Argentina. Hizo la pregunta directa al interlocutor sobre si alguna vez se ha registrado el paso fronterizo entre Colonia Guinea y Argentina, expresando su preocupación por la situación actual.

La Directora Arriaza respondió a las inquietudes del Diputado Naranjo sobre la coordinación de la Aduana con las policías. Señaló que participan activamente en comités de crimen organizado territoriales, estableciendo estrategias de seguridad en cada región. Destacó la colaboración con las fuerzas armadas en el resguardo de fronteras críticas, especialmente en la zona norte.

Aclaró la distinción entre pasos habilitados y no habilitados, indicando que los últimos no están bajo jurisdicción de la Aduana, sino de Carabineros. En casos de delitos aduaneros o ilícitos cometidos a través de pasos habilitados, las fuerzas armadas llevan a cabo procedimientos y luego informan a la Aduana para la correspondiente denuncia o querella.

Respecto a la coordinación operativa, mencionó la existencia de una fuerza de tarea que involucra a diversas instituciones, como la Policía de Investigaciones, Carabineros, Policía Marítima, y la Aduana. Destacó la realización de operativos conjuntos en diversos ámbitos, incluyendo el robo de cobre, robo de madera y operaciones internacionales de drogas. También informó sobre el trabajo en pasos no habilitados en colaboración con el Ministerio del Interior.

El Diputado Bianchi elogió la capacidad profesional y humana de la Directora de Aduana, destacando su vasta experiencia y habilidad para coordinar el trabajo. Expresó su preocupación sobre el tránsito portuario en lugares como San Antonio, la Quinta Región, Magallanes y la Antártica, señalando que deben contar con controles más rigurosos.

Destacó la situación particular de Magallanes, al ser una región insular, y mencionó la necesidad de mejorar los controles, especialmente en el tránsito aéreo. Comentó sobre proyectos de ley que buscan otorgar facultades a carabineros y la PDI para solicitar identidades de viajeros, así como la implementación de la huella dactilar para mejorar la fiscalización.

Expuso su inquietud sobre la falta de controles aéreos suficientes, citando casos de tráfico de drogas sintéticas en Magallanes. Hizo un llamado a la optimización de los controles aéreos, considerando el aumento del tráfico en la región y la necesidad de fortalecer las medidas de fiscalización.

El Diputado Naranjo expresó sus disculpas por su tono directo y planteó una inquietud respecto a la coordinación entre instituciones, sugiriendo que la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa deberían tener registrados los lugares donde propiedades colindan con Argentina. Destacó la posibilidad de que existan pasos clandestinos en estas zonas, que no serían fiscalizados por la Aduana ni controlados por las autoridades argentinas.

Hizo referencia a experiencias pasadas donde pasos clandestinos operaron de manera efectiva para acciones ilícitas, citando el caso de Colonia Dignidad. Señaló la existencia de pasos fronterizos no registrados, como el que utilizó el líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, para huir a Argentina y ser posteriormente detenido. Planteó la preocupación de descubrir y chequear estos pasos clandestinos entre propiedades colindantes con territorio argentino, y sugirió abordar este desafío mediante la coordinación entre instituciones como las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior.

La Directora de Aduanas agradeció el llamado a la reflexión del Diputado Naranjo y compartió que trabajan en una estrategia coordinada principalmente a través del Ministerio del Interior. Destacó la colaboración con la fuerza pública, especialmente en el control fronterizo en las fronteras críticas donde operan como resguardo, principalmente en la zona norte.

Reconoció que la fiscalización de los pasos no habilitados de fronteras es un tema en evaluación permanente y se comprometió a llevar el llamado a la mesa de trabajo conjunta para incorporar visiones en las futuras estrategias de trabajo. Informó sobre el trabajo actual en la zona sur y colindante con Argentina, abordando principalmente el robo de madera y otros aspectos, como el cumplimiento de las leyes de tributación especial en Magallanes.

Respecto al tránsito aéreo, mencionó la colaboración con los aeropuertos y pasos fronterizos habilitados internacionalmente, destacando el control en el aeropuerto de Punta Arenas, donde realizan escaneo no invasivo de equipajes. Aclaró que los vuelos nacionales no están bajo su competencia en materia aduanera, pero enfatizó su trabajo en el control de vuelos internacionales, tanto en zona franca como en otros puntos habilitados.

El señor Juan Pizarro, Presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, destacó la importancia de avanzar en la discusión del Pacto Fiscal por el crecimiento, progreso social y responsabilidad fiscal. Reconoció el trabajo de la Comisión Marfán y resaltó la relevancia de normas justas de cumplimiento que fomenten la inversión y el crecimiento económico, así como la estabilidad y certeza jurídica.

Hizo referencia a estudios que indican que el crecimiento puede aportar alrededor del 54% de la recaudación fiscal en un plazo de 10 años. Destacó la tendencia a la baja en el ingreso per cápita y el crecimiento tendencial de la economía, subrayando la necesidad de abocar esfuerzos en este aspecto. Enfatizó que la certeza jurídica y los derechos de los contribuyentes son fundamentales para la competitividad y la atracción de inversión.

Señaló que el crecimiento económico y el cumplimiento tributario son cruciales para el financiamiento del gasto público. Abogó por un sistema tributario competitivo que genere confianza y apoye el crecimiento. También hizo hincapié en la importancia de abordar los derechos de los contribuyentes y la necesidad de un correcto diagnóstico para definir medidas efectivas.

Resaltó avances en la gestión y gobernabilidad de las instituciones relacionadas con los impuestos, pero mencionó la ausencia de la defensoría del contribuyente en el Pacto Fiscal, sugiriendo su incorporación. Además, expresó la importancia de contar con un diagnóstico detallado para definir medidas efectivas y evaluó la necesidad de incorporar este aspecto en la mirada de largo plazo del Pacto Fiscal.

Abordó el tema de la informalidad y la importancia de identificar el "forado" de la recaudación, sugiriendo la conciliación de distintas visiones para determinar las medidas más efectivas. Hizo referencia al ejemplo de Australia, destacando la necesidad de un informe de evasión robusto para mejorar en el tiempo.

Analizó las medidas propuestas por Hacienda, señalando que solo un pequeño porcentaje se enfoca en la informalidad. Sugirió mejoras, como incentivos para la declaración correcta de impuestos y una ruta clara para abordar la exención.

Desde la perspectiva de los derechos de los contribuyentes, Juan Pizarro destacó la importancia de equilibrar las facultades otorgadas al Servicio de Impuestos Internos con los derechos de los contribuyentes. Hizo hincapié en la necesidad de un informe de evasión consensuado para orientar las medidas de manera correcta.

En cuanto a la defensoría del contribuyente, propuso otorgarle autonomía, refiriéndose a prácticas de otros países como Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Abogó por fortalecer los derechos de los contribuyentes, promoviendo un sistema tributario equilibrado que fomente la inversión, el crecimiento y el empleo de calidad.

En resumen, Juan Pizarro enfatizó la importancia de un enfoque integral que considere tanto las obligaciones como los derechos de los contribuyentes para fortalecer la confianza en el sistema tributario. Propuso mejoras específicas y destacó la relevancia de un informe de evasión consensuado para orientar las medidas de manera más efectiva.

La señora Gabriela Merino, Presidente de la Asociación de Jueces Tributarios y Aduaneros, se centró en las modificaciones propuestas al código tributario relacionadas con los procedimientos. Explicó cuatro cambios clave, resaltando la importancia de mejorar la eficiencia en la tramitación de los problemas.

1. Expediente Electrónico: Merino señaló que la propuesta busca implementar un expediente electrónico, alineándose con la tramitación que ya se realiza en el poder judicial. Destacó que más del 90% de las presentaciones a los tribunales se realizan de manera virtual, y considera que avanzar en la tramitación electrónica mejoraría la eficiencia y modernizaría los procesos.

2. Notificación por Correo Electrónico: Se propone notificar resoluciones, como sentencias definitivas y resoluciones que pongan término al juicio, por correo electrónico en lugar de cartas certificadas. Esto busca mejorar la certeza procesal, eficiencia y ahorrar recursos fiscales al garantizar que las notificaciones lleguen a su destino.

3. Conciliación: Gabriela Merino resaltó la importancia de la conciliación como una forma de poner fin a una controversia antes de llegar a una sentencia. La modificación permite que, dentro del proceso de conciliación, el juez proponga puntos de acuerdo, incluso sobre temas no discutidos previamente en el reclamo. Esto se percibe como una ayuda, especialmente para pequeñas y medianas empresas que a menudo no cuentan con abogados para representarlas.

4. Procedimiento Especial: En el contexto del procedimiento especial, que aborda denuncias formuladas por el servicio en casos en que no se inicia la acción penal, se propone permitir notificaciones por carta y correo electrónico al denunciado. Esto garantiza el debido proceso, otorgando mayor certeza y permitiendo que el servicio presente pruebas incluso si el denunciado no comparece al tribunal.

En resumen, Gabriela Merino respaldó las modificaciones propuestas como medidas que mejorarán la eficiencia, la certeza procesal y el debido proceso en los procedimientos tributarios y aduaneros.

El señor Hernán Farías, en representación de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, abordó diversas modificaciones propuestas en el proyecto de ley.

En cuanto a la modernización de procedimientos, se hizo hincapié en la eficiencia, mencionando la adopción del expediente electrónico y la notificación por correo electrónico. Además, resaltó la importancia de la conciliación como un mecanismo para resolver disputas de manera eficaz, especialmente en beneficio de la pequeña y mediana empresa.

También destacó la eliminación del procedimiento especial conocido como "reclamo de avalúo". La propuesta busca simplificar procesos, considerando que muchos contribuyentes no comparecen con abogados y, por lo tanto, presentan reclamaciones débiles en términos de fundamentación. La eliminación de este procedimiento especial y la aplicación del procedimiento general se percibe como un avance significativo.

En el ámbito de la probidad, se abordó la necesidad de establecer estándares más altos para los tribunales tributarios. Se destacó la importancia de la exclusión de candidatos con condenas por delitos o multas según el Código Tributario. Asimismo, se subrayó la relevancia de la dedicación exclusiva de los funcionarios de estos tribunales y la declaración de patrimonio de intereses.

Finalmente, expresó su preocupación acerca de ciertas funciones adicionales propuestas para la unidad administrativa, particularmente en la redacción para evitar malentendidos sobre su jerarquía en relación con los tribunales tributarios. Se propuso una modificación para aclarar que la unidad no actuará como un órgano superior jerárquico de los tribunales.

El señor Felipe Domínguez Celis, Abogado del estudio Domínguez y Godoy, abordó las apreciaciones sobre la norma general antielusiva y las dificultades de aplicación que ha enfrentado en los más de 8 años que lleva vigente. Se refirió al fortalecimiento de esta norma, destacando la propuesta de trasladar la calificación de la elusión de un organismo judicial a uno administrativo, como el Servicio de Impuestos Internos, respaldado por un consejo consultivo.

Expuso la preocupación sobre la escasa definición de qué constituye el abuso o la simulación, señalando que la falta de concreción genera interpretaciones extensivas. Destacó la importancia de reducir la discrecionalidad de los órganos públicos y abogó por definiciones más precisas que brinden certeza jurídica a los contribuyentes.

En cuanto a la definición de abuso de formas jurídicas, señaló la necesidad de caminar hacia una reducción de espacios de discrecionalidad, ya que la amplitud actual genera incertidumbre. Explicó que la definición de abuso, que se basa en la falta de coherencia entre los actos jurídicos y los efectos económicos deseados, es subjetiva y carece de criterios objetivos.

Abordó la cuestión de la simulación, resaltando que existe mayor certeza jurídica en este aspecto, ya que sus elementos son conocidos y han sido estudiados. Mencionó que la simulación está regulada en el ordenamiento jurídico nacional, específicamente en el artículo 97 del Código Tributario, que contempla sanciones para casos de simulación.

Concluyó esta parte expresando la dificultad que enfrentan los actores del ámbito tributario, incluyendo al Servicio de Impuestos Internos, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y los contribuyentes, al no contar con una definición exacta y precisa sobre el abuso y la simulación en la norma general antielusiva.

En cuanto a la norma general antielusiva como herramienta recaudatoria, el señor Domínguez expresó su perspectiva sobre su eficacia y velocidad. En su análisis, destacó que esta norma no establece directamente un hecho gravado, sino que proporciona una herramienta adicional de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos. Señaló que, en lugar de generar una recaudación inmediata, inicia un proceso de fiscalización que involucra citaciones, emisión de actos administrativos y recursos judiciales ante tribunales tributarios y cortes superiores de justicia.

El ponente subrayó que la norma antielusiva no conduce a una recaudación rápida, sino que da lugar a un proceso prolongado. Para contextualizar la duración de este proceso, consideró los plazos de prescripción, que actualmente son de 6 años. Explicó que, en términos generales, la fiscalización puede demorar aproximadamente un año, seguida de un proceso judicial que abarca alrededor de 3 años en primera instancia, 1 año en segunda instancia y otro año ante la Corte Suprema.

En conjunto, el procedimiento completo para determinar la existencia de elusión y culminar en una recaudación efectiva podría extenderse hasta aproximadamente 9 años. En resumen, el señor Domínguez concluyó que la norma antielusiva no constituye un instrumento recaudatorio rápido, sino que implica un período sustancial antes de que los fondos ingresen a las arcas fiscales.

Destacó la importancia de clarificar esta distinción y resaltó que la evasión involucra el uso de mecanismos ilícitos para disminuir la carga tributaria, mientras que la ilusión implica el cambio de categoría de un acto lícito, llevándolo a ser considerado como generador de un hecho gravado.

Señaló la posible confusión existente en ocasiones sobre la economía de opción y expresó la necesidad de mayor certeza jurídica, especialmente cuando los contribuyentes se organizan o reorganizan siguiendo las leyes y regulaciones vigentes, así como las interpretaciones oficiales emitidas por el Servicio de Impuestos Internos y los tribunales. Planteó la pregunta de cómo se podría considerar que un contribuyente ha distorsionado el sentido de las normas tributarias al actuar de acuerdo con estas leyes y precedentes.

En relación con la norma general antielusiva, señaló un problema de interpretación que afecta a todos los actores, especialmente a quienes deben declarar la ilusión. Destacó que la ilusión es un problema casuístico, y su análisis se realiza caso por caso, lo que genera falta de certeza jurídica tanto para la autoridad tributaria como para los contribuyentes.

El ponente también abordó el procedimiento de declaración administrativa en comparación con la declaración judicial, resaltando que la declaración administrativa produce efectos inmediatos, mientras que, en la declaración judicial, el contribuyente entra al proceso sin un acto administrativo previo, lo que podría resultar en una posición más equitativa en términos de carga probatoria. Señaló la falta de recursos administrativos en el procedimiento de declaración de ilusión y expresó preocupación por la desventaja del contribuyente al tener que probar hechos negativos para impugnar un acto administrativo ya emitido.

Finalmente, destacó una posible duplicidad en la sanción establecida en el artículo 100 bis del código tributario, donde el contribuyente se enfrenta al impuesto determinado más una multa del 100% del impuesto. Sugirió que esta duplicidad podría abordarse de manera diferente para evitar la redundancia en las sanciones.

La Comisión recibió al señor Jorge Atria Curi, Académico de la Universidad Diego Portales. Comenzó su intervención proporcionando contexto sobre su experiencia como académico investigador, destacando su enfoque empírico en la conciencia y moral tributaria en la sociedad chilena. Presentó datos y gráficos de una encuesta nacional realizada hace aproximadamente un año y medio, durante la pandemia, que abordó aspectos de la conciencia y moral tributarias.

Señaló que, a pesar de la creencia anterior de que Chile era una nación cumplidora en términos tributarios, la evidencia actual sugiere lo contrario y destaca la persistencia de desafíos que impiden al país recaudar lo esperado. Subrayó que los problemas de evasión y elusión no son exclusivos de Chile y están globalizados, con prácticas de planificación tributaria agresiva conocidas y discutidas a nivel internacional.

Destacó la preocupación de organismos internacionales como la Unión Europea y la OCDE sobre estas prácticas y la búsqueda de cambios y armonizaciones en los sistemas tributarios nacionales. Argumentó que dotar a las administraciones tributarias de más facultades es necesario para abordar la complejidad de las operaciones tributarias internacionales y que, contrariamente a algunos planteamientos, las administraciones tributarias a menudo se enfrentan a operaciones muy complejas.

El ponente mencionó la percepción negativa de la sociedad chilena hacia los casos de evasión y elusión, que afecta la moral tributaria y reduce la disposición a pagar impuestos. Citó datos de la encuesta que indican que el 60% de la ciudadanía se siente desmotivada para cumplir con el pago de impuestos al escuchar sobre situaciones de evasión en los medios de comunicación. Resaltó la importancia de casos resueltos y duramente sancionados para tener un efecto disuasivo.

En cuanto al fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos (SII), argumentó que dotar de más y mejores capacidades al SII tendría un efecto positivo y destacó que este proyecto de ley presenta elementos en esa dirección. Además, señaló que administraciones tributarias fortalecidas en otros países han sido clave para mejorar los indicadores de control de evasión e ilusión.

También abordó la percepción de la ciudadanía sobre el incumplimiento tributario y la relación con propuestas que sugieren aumentar los impuestos. Destacó que la ciudadanía no está dispuesta a pagar más impuestos si percibe que quienes deben pagar no lo están haciendo. Presentó datos de la encuesta que indican que la mayoría de la ciudadanía cree que las grandes empresas son las que más evaden en términos de monto y frecuencia.

Mencionó la crítica consistente y dura a los grandes contribuyentes, especialmente en casos de corrupción y tráfico de influencias, donde la pérdida de ingresos tributarios ha estado presente. Argumentó que esto refleja un trato desigual de las instituciones a quienes más tienen y evidencia una debilidad del sistema político y de justicia para sancionar adecuadamente a infractores tributarios.

Recordó que Chile ha pasado más de 30 años sin una gran reforma tributaria integral que aborde los aspectos fundamentales de la estructura tributaria, las diversas dimensiones del cumplimiento y las principales funciones de recaudación, redistribución y regulación de manera integrada.

Hizo hincapié en que el costo de buscar acuerdos para una reforma más completa y unificada es sin duda menor que abordar temas de manera desarticulada, como lo han demostrado las sucesivas modificaciones de las últimas décadas. Advirtió que no contar con una gran reforma que aumente la justicia tributaria y brinde certidumbre a todos los actores podría llevar a la persistencia y eventual aumento de los problemas actuales, dificultando la formulación de propuestas armonizadas que aborden las necesidades de bienestar del país, fomenten el crecimiento económico y promuevan la sustentabilidad.

Con esto, el señor Atria concluyó su intervención, proporcionando una visión integral sobre la necesidad de abordar los incumplimientos, fortalecer la administración, mejorar la cultura tributaria, y, sobre todo, realizar una reforma integral que aborde los desafíos de manera consistente.

El Diputado Sáez planteó la preocupación sobre la distribución de facultades entre instancias judiciales y administrativas en el cumplimiento tributario. Cuestionó si el proyecto actual otorga demasiadas atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) y destaca la falta de certeza para los contribuyentes en ciertos procedimientos. Preguntó si el proyecto aborda de manera efectiva los problemas mencionados y si la sede administrativa es la instancia adecuada para determinar casos de ilusión o evasión, antes de recurrir al ámbito judicial.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó la percepción de que la Defensoría del Contribuyente parece ser la "pariente pobre" del ministerio. Destacó la importancia de la igualdad de partes para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y menciona la necesidad de abordar el tema de la cultura tributaria, especialmente ante la presencia del comercio informal. Hizo referencia a la importancia de dar ejemplo y pregunta cómo se puede fortalecer la Defensoría para lograr mayor igualdad, credibilidad y fomentar la disposición de la gente a pagar impuestos. Además, muestra interés en conocer el enfoque de Estados Unidos sobre este tema y la opinión de los expertos al respecto.

El Diputado Mellado destacó la aparente contradicción entre la afirmación del director del Servicio de Impuestos Internos sobre que el 99% de los formales pagaban impuestos y solo un 0,29% los evadía, mientras que la realidad de la informalidad era un problema creciente. Expuso la preocupación por la informalidad, especialmente en regiones con altas tasas de desempleo, y buscó sugerencias para abordar la informalidad y fomentar la formalización empresarial.

El Diputado Barrera preguntó sobre posibles elementos o propuestas que podrían mejorar los criterios objetivos en la norma antielusión, buscando sugerencias para fortalecer dicha normativa.

El señor Pizarro destacó la importancia de otorgar autonomía a la Defensoría del Contribuyente, sugiriendo aumentar su personal y fortalecer su participación en la gobernanza tributaria. También propuso adoptar buenas prácticas, como informar al Congreso sobre su gestión y establecer derechos para los contribuyentes. Además, enfatizó la necesidad de promover la moral tributaria, instando a que todos declaren impuestos y reciban información clara sobre sus obligaciones y beneficios fiscales.

La señora Merino enfatizó la importancia de mejorar la eficiencia y certeza en los procedimientos tributarios, reconociendo que los resultados a veces están vinculados con problemas de diseño y gestión. Destacó que la representación judicial por parte de la Defensoría del Contribuyente se limita actualmente a los procedimientos de vulneración de derechos y expresó el deseo de extender esta representación a todos los procedimientos judiciales. También mencionó que están trabajando para reducir los tiempos promedio en los procedimientos tributarios y abordar las preocupaciones planteadas en la región metropolitana.

El señor Domínguez destacó las dificultades del sistema jurídico administrativo chileno al emitir actos administrativos con vigencia inmediata, lo cual coloca a los contribuyentes en una posición desfavorable al tener que desvirtuar una calidad ya establecida. Explicó la suspensión de plazos en reclamaciones tributarias y señaló que la determinación de la elusión en sede administrativa presenta mayores dificultades para los contribuyentes que si fuera determinada por un tribunal. En cuanto a los plazos de fiscalización, reconoció que el proceso es lento debido a la complejidad de los casos y la necesidad de resguardar los derechos de los contribuyentes. Sobre la norma general antielusión, expresó la dificultad de abarcar una casuística amplia en una norma concreta y abogó por normas más específicas para abordar esquemas elusivos de manera efectiva.

El señor Atria abordó el tema de la cultura tributaria desde una perspectiva general y destacó la importancia de incorporar la formación de contribuyentes en la política pública. Se refirió a la necesidad de trabajar en normas sociales que fomenten la conciencia tributaria y el pago de impuestos como parte de la ciudadanía económica. Mencionó la relevancia de iniciativas como la educación financiera, subrayando que esta debe ir acompañada de educación tributaria para empoderar a los ciudadanos.

En relación con la falta de la noción de contribuyente en Chile y América Latina, propuso adoptar un enfoque similar al de países de referencia como Suecia, Alemania y España, que han desarrollado programas de formación de contribuyentes. Además, señaló la importancia de entender la membresía política y la conexión entre el pago de impuestos directos e indirectos en la construcción del sistema tributario chileno.

En cuanto a la influencia política en el pago de impuestos, sugirió que es un problema político más que económico, y destacó la importancia de comprender cómo la clase media chilena percibe la membresía política en relación con las acciones del Estado.

Abordó el tema de la informalidad, destacando que, aunque el 99% de los contribuyentes formales cumple con el pago de impuestos, el potencial de recursos tributarios de ese pequeño porcentaje que no cumple es alto. Subrayó la importancia de trabajar en estrategias de notificación y sanción, siguiendo el ejemplo estadounidense de divulgar casos de incumplimiento sancionados.

En relación con la formalización de empresas, mencionó un documento de la Dirección de Estudios de la Defensoría, publicado el año pasado, que aborda las percepciones de formalización de las pymes. Destacó la importancia de comunicar a las pequeñas empresas por qué es beneficioso formalizarse, demostrando los recursos que el Estado brinda y fomentando la participación de estas empresas como contribuyentes y demandantes de transparencia.

La Comisión recibió al señor Yuri Varela Barraza, asesor tributario, abordó diversos aspectos del proyecto de ley, comenzando por resaltar la falta de estudios técnicos y publicaciones relevantes que respalden las decisiones legislativas en materia tributaria. Hizo hincapié en la paradoja de exigir precisión y claridad a los legisladores, mientras que la disciplina tributaria carece de suficientes insumos técnicos para respaldar dichas demandas.

En cuanto a las observaciones específicas al proyecto, el señor Varela destacó la importancia de la modernización de la carrera funcionaria, señalando la necesidad de reconocer el aporte y especialización de los fiscalizadores. Abordó aspectos puntuales del proyecto, como la autorización de folios de facturas, el procedimiento para declarar la elusión y la preocupación por posibles conflictos de interés en el consejo asesor consultivo.

Luego, centró la atención en omisiones relevantes del proyecto, como la mención de la prescripción y la inclusión de la expresión "forma impropia" en el artículo cuarto quater. Explicó cómo esta adición eleva el estándar de exigencia, haciendo que la norma sea más restrictiva. También planteó inquietudes sobre la coordinación en el proceso de fiscalización y la distribución de causas en los tribunales tributarios.

El señor Varela abordó el tema de la inteligencia artificial en el sistema tributario chileno, destacando la falta de discusión legislativa sobre los procedimientos tecnológicos automatizados que están siendo implementados. Señaló que las actuaciones centralizadas mediante algoritmos afectan a miles de contribuyentes y que, en muchos casos, los funcionarios no están al tanto hasta que el contribuyente reclama.

En resumen, el señor Varela instó a la comisión a considerar no solo las disposiciones específicas del proyecto de ley, sino también las omisiones relevantes y la necesidad de abordar los desafíos relacionados con la inteligencia artificial en el sistema tributario.

La Presidente Nacional de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, señora Paola Tresoldi Manríquez, detalló la importancia del proyecto de cumplimiento tributario en el ámbito organizativo del Servicio de Impuestos Internos y su impacto directo en los funcionarios fiscalizadores. Explicó que el proyecto aborda diversas iniciativas propuestas por la asociación, especialmente aquellas relacionadas con fortalecer la fiscalización en áreas como tributación internacional, normas antielusión y brechas de IVA, entre otros.

Subrayó la necesidad de modernizar la carrera funcionaria para reconocer el aporte y la especialización creciente de los fiscalizadores. Señaló que el escalafón fiscalizador, representando al 93.5% de los funcionarios, requiere una actualización que considere postítulos, diplomados y magísteres que muchos han obtenido por iniciativa propia. Además, destacó el récord de renuncias y la importancia de retener el talento a través de un desarrollo de carrera más estructurado.

La representante abordó aspectos específicos del proyecto, como la autorización de folios de facturas, señalando que, aunque esta autorización se otorga excepcionalmente, no existe certeza sobre su correcta emisión, generando ciertas limitaciones. También planteó inquietudes sobre el procedimiento para declarar la ilusión, sugiriendo que la decisión debería recaer en un comité de subdirectores en lugar de un jefe de departamento antielusión.

En cuanto al consejo asesor consultivo, el señor Tresoldi expresó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la pérdida de autonomía y eficacia que podría surgir de la participación de profesionales externos. Además, resaltó la importancia de fortalecer la capacitación, mejorar el presupuesto y renovar los equipos computacionales para impulsar la eficiencia y eficacia en las acciones de fiscalización. La representante concluyó reiterando la necesidad de reconocer y valorar adecuadamente el trabajo del escalafón fiscalizador.

El Diputado Bianchi solicitó el acuerdo de la comisión para requerir del Servicio de Impuestos Internos la proyección y la aplicación del proyecto de ley en la entidad, particularmente respecto de las funciones que cumple el escalafón fiscalizador de ese Servicio. Destacó la importancia de recibir esta información por escrito para asegurar que se incorporen todas las consideraciones discutidas en la comisión, especialmente en relación con los funcionarios de dichos servicios. Así se acordó

A continuación, expuso el señor Alfredo Ugarte Soto, asesor tributario y profesor de la Universidad de Chile. Resaltó la importancia de comprender la estructura tributaria chilena, arraigada en legislaciones promulgadas en 1974. Afirmó que, independientemente de las opiniones sobre dicho modelo, ha brindado estabilidad y certeza jurídica durante más de cuatro décadas, siendo crucial revisar y adaptar esta estructura a los tiempos actuales.

En cuanto al proyecto en discusión, el señor Ugarte reconoció la necesidad de complementar y eliminar brechas para fortalecer el control y fiscalización. Se refirió a la complejidad de regular la digitalización y la fijación de algoritmos, resaltando que una construcción inadecuada podría acarrear daños significativos. Comparó la situación en Chile con la Unión Europea, donde recientes regulaciones han abordado el control de derechos relacionados con la inteligencia artificial.

En consonancia con otros expositores, abordó las preocupaciones sobre la capacidad y recursos de los funcionarios de Impuestos Internos. Destacó la necesidad de invertir en capacitación, especialmente en controles y sistemas de tributación, así como en la digitalización de las materias legislativas. Afirmó que, si bien Impuestos Internos posee las capacidades necesarias, es fundamental garantizar la formación adecuada de sus empleados.

El orador expresó su acuerdo con respecto al control y fiscalización a través de la norma general antielusiva. Subrayó la importancia de distinguir entre los procedimientos ordinarios y aquellos relacionados con la norma general antielusiva, enfatizando la necesidad de establecer un monto mínimo que justifique la aplicación de esta normativa especial. Hizo hincapié en que dicho monto debería ser significativo para garantizar el uso eficiente de recursos y evitar investigaciones innecesarias.

Finalmente, el señor Ugarte destacó la existencia del Consejo Asesor Consultivo en el proyecto, expresando su preocupación por la presencia de dos instancias para una misma función. Comparó esta estructura con la legislación comparada, señalando que, en otros países, generalmente existe un comité cuyas decisiones son vinculantes. Abogó por una regulación más específica en el proyecto y enfatizó que la norma general antielusiva debe considerarse una facultad de la administración tributaria del Estado, resaltando la importancia de mantener su esencia y naturaleza.

Finalmente, expuso el señor Germán Pinto Perry, director del curso de especialización tributaria de la Universidad de Santiago de Chile y asesor de pequeñas empresas. Destacó la importancia de considerar el sistema tributario como una herramienta para lograr objetivos superiores, como el crecimiento y desarrollo del país.

En relación con la informalidad, abogó por una aproximación más educativa que punitiva, reconociendo que muchos contribuyentes informales podrían formalizarse con un enfoque de facilitación y educación. Propuso la implementación de regímenes simplificados, como el monotributo, para apoyar a los emprendedores en etapas iniciales.

En cuanto a la Defensoría del Contribuyente, consideró que sus funciones deben centrarse en la defensa más que en la capacitación. Destacó la importancia de una línea clara de actuación y orientación hacia la defensa de los contribuyentes, especialmente los pequeños, sin caer en la capacitación.

Sobre la norma general antielusiva, expresó su apoyo a la introducción de un ente externo para su aplicación, destacando la importancia de la buena fe del contribuyente y la necesidad de demostrar argumentos en caso de sospechas de elusión. Abogó por la eficiencia de un tribunal externo en este proceso.

Por último, abordó la facultad de tasación del artículo 64 del Código Tributario, sugiriendo que la ley no debería especificar métodos particulares de tasación, ya que estos podrían quedar obsoletos con el tiempo. Propuso dejar la facultad de tasación más dinámica y flexible, permitiendo a Impuestos Internos determinar las herramientas de tasación según la evolución tecnológica y del mercado.

El Diputado Mellado expresó su preocupación sobre la posible falta de carrera y desarrollo profesional para los fiscalizadores tributarios, señalando que muchos de ellos podrían abandonar el servicio público en busca de oportunidades mejor remuneradas en el sector privado. Destacó la importancia de la capacitación y la necesidad de retener a los profesionales capacitados.

En relación con la norma general antielusiva, el diputado compartió la opinión de que la elusión debe ser tratada con convicción jurídica y sugirió la intervención de un juez en lugar de un consejo técnico asesor administrativo. Hizo hincapié en que la multa propuesta y la falta de vinculación del consejo técnico podrían resultar ineficaces.

Mencionó la importancia de la capacitación para los funcionarios y advirtió sobre los posibles riesgos de la ideologización de los algoritmos en el uso de software. En cuanto a la norma general antielusiva, planteó la necesidad de reconsiderar su aplicación y la vinculación de las decisiones del comité asesor, sugiriendo que el gobierno debería darle una vuelta completa al tema.

Destacó la importancia de formar una convicción jurídica en casos de elusión y compartió datos sobre facturación correcta en el país. Abogó por acelerar los trámites legislativos, pero también por respaldar a los pequeños empresarios, reconociendo que el monto propuesto para la norma general antielusiva podría ser demasiado bajo en comparación con otros países como España. En última instancia, subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado en la legislación.

El Diputado Aedo planteó varias consultas a los expositores, destacando la preocupación sobre el Consejo Asesor que se propone en el proyecto. Preguntó sobre cómo este consejo podría generar conflictos de interés y debilitar la acción del Servicio de Impuestos Internos, buscando entender la percepción de los expositores al respecto.

Además, se refirió a la necesidad de incorporar a la aduana en la norma general antielusiva y cómo se materializaría esta inclusión en el proyecto. También notó la divergencia de opiniones respecto a si el proyecto debería centrarse exclusivamente en fiscalización y control de la elusión, excluyendo elementos como las facultades de tasación. Pidió aclaraciones sobre por qué algunos expositores sugieren sacar ciertos aspectos del proyecto y cómo esto podría complejizar o afectar su operatividad.

Otra cuestión abordada fue la propuesta de potenciar el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y la Tesorería General de la República, mencionando temas como la digitalización y la contratación de más personal. Se interesó en comprender cómo estas propuestas se vinculan con la estructura del proyecto, especialmente en relación con la jefatura del cuarto grado y cómo estas medidas podrían integrarse efectivamente en la legislación.

El Diputado Von Mühlenbrock formuló varias consultas a los expositores. En primer lugar, solicitó al profesor Yuri Varela que explicara de manera más accesible para el público general los conceptos económicos abordados en su exposición. Luego, planteó preguntas a la presidenta Paula Echeverría sobre la concentración del 50% de los grados 14 y 15 en el Servicio de Impuestos Internos.

El diputado también cuestionó la opinión de los expositores sobre el denunciante anónimo pagado, buscando comprender sus percepciones respecto a esta figura y su utilidad en el ámbito fiscal. Además, abordó el impacto del reciente caso de fraude en la reputación y el ánimo de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, destacando la importancia de conocer la situación desde la perspectiva de la presidenta.

Dirigiéndose al profesor Ugarte, el diputado preguntó sobre la posible colisión entre el Consejo y el Comité Asesor propuestos en el proyecto, así como sobre aspectos de legislación española que podrían complicar la implementación de la reforma.

Finalmente, se dirigió al profesor Germán Pinto, planteando la inquietud sobre la capacitación del servicio y la percepción de la ciudadanía en cuanto al pago de impuestos. También exploró la posibilidad de otorgar mayor autonomía al Servicio de Impuestos Internos, tomando como ejemplo la estructura de otros países como Estados Unidos.

El Diputado Barrera formuló una pregunta al profesor Ugarte, solicitándole que profundizara en relación con el tema de por qué la norma general antielusiva debería determinarse en sede administrativa en lugar de judicial. Busca obtener más claridad sobre el argumento presentado por el profesor Ugarte en este aspecto.

El Diputado Romero planteó varias inquietudes durante la sesión:

Comentó sobre la prescripción de la norma, expresando su preocupación por la incertidumbre jurídica que podría generar una prescripción sin límites claros.

Dirigió una pregunta específica al profesor Pinto sobre la falta de una defensa tributaria efectiva para los ciudadanos cuando el Estado persigue sus bienes, comparando con la defensa penal pública en casos de delitos.

Sugirió cambiar el enfoque de la discusión hacia la capacitación y educación, destacando la importancia de contar con una defensa adecuada para los contribuyentes.

Expresó preocupación por los estándares razonables dentro de un estado de derecho, especialmente cuando es el Estado el que persigue al ciudadano en un marco de libertades.

El señor Varela comenzó su intervención respondiendo a la pregunta sobre algoritmos, definiéndolos como conjuntos de instrucciones para obtener un resultado. Luego, explicó que el desarrollo tecnológico en la administración tributaria chilena surgió para abordar la causal 3,500, relacionada con inconcurrencia de contribuyentes. Se implementaron algoritmos para resolver este problema masivo, generando procesos automáticos de determinación de impuestos, sin intervención directa de funcionarios, lo que lleva a errores y procesos masivos. Subrayó la necesidad de reglamentar este uso tecnológico, destacando que la discusión tributaria debería considerar cómo las personas construyen estos algoritmos, ya que definen las consecuencias patrimoniales de los contribuyentes. Señaló que el proyecto debería abordar específicamente la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito tributario.

La señora Tresoldi comenzó destacando que los algoritmos centralizados son herramientas simples utilizadas para notificar a un gran número de contribuyentes, pero resaltó que las revisiones más complejas están en manos de los fiscalizadores. Afirmó que detrás de los algoritmos siempre hay una persona fiscalizadora, y las notificaciones van firmadas por personas, no por máquinas. Mencionó la falta de dotación de personal y la necesidad de acciones más masivas para abordar diferencias simples.

En relación con el proyecto de ley, apoyó la actualización normativa y mencionó la clausura como una medida gravosa obsoleta frente a contribuyentes que operan en línea. Destacó que el proyecto busca actualizar normas desactualizadas respecto a modelos de negocios y tecnología. Argumentó que la multijurisdicción permitirá concentrar la fiscalización en grupos empresariales en diferentes jurisdicciones.

Respecto al desarrollo de carrera y especialización de los fiscalizadores, expresó la necesidad de capacitación intensa y abogó por un incentivo al retiro. Abordó el tema del consejo asesor, opinando que restaría autonomía al servicio. Sobre las denuncias anónimas, señaló que son una buena alternativa, pero deben ser robustas y contar con antecedentes suficientes para garantizar una fiscalización efectiva.

El señor Ugarte argumentó a favor de la norma antielusiva en sede administrativa, destacando que esta práctica no es nueva y tiene raíces en el derecho anglosajón. Explicó que la norma antielusiva recalifica actos que buscan eludir impuestos y que el contribuyente declara, manteniendo la validez jurídica de los actos civiles o comerciales. Subrayó que la administración tributaria tiene la facultad de recalificar sin necesidad de recurrir a instancias judiciales.

En cuanto a la prescripción, aclaró que no se están alterando normas ni plazos, ya que la norma antielusiva se aplica desde el último acto de la planificación tributaria y sigue contabilizando los plazos existentes.

Respecto a la inclusión de la aduana en el proyecto, argumentó que es esencial dada la complejidad de estructuras societarias utilizadas para el comercio informal, y destacó que más del 33% de la recaudación estatal proviene de procedencia aduanera.

Por último, expresó su preocupación sobre la inclusión de normas sobre donaciones, tasación y otros temas en el proyecto, sugiriendo que podrían entorpecer su aprobación rápida, centrado en la norma antielusiva, la cual considera urgente para combatir la evasión fiscal. También advirtió sobre la posibilidad de incluir una nueva ley de blanqueo tributario, argumentando que podría contradecir el propósito principal del proyecto de cumplimiento tributario.

El señor Pinto expresó su perspectiva sobre la necesidad de una defensoría del contribuyente. Afirmó que, desde su experiencia práctica, no ha observado casos emblemáticos que hayan requerido la intervención de una defensoría, aunque reconoció la importancia doctrinaria de contar con esta figura.

Mencionó que el actual Defensor de los Contribuyentes se ha centrado en resolver observaciones en formularios 22, y que no ha habido casos destacados que hayan generado la necesidad de una defensoría. También destacó que el primer director de esta entidad renunció debido a la percepción de falta de facultades.

En relación con el proyecto de ley, señaló que este le otorga facultades a la defensoría y permite representar a los contribuyentes, considerando que es una herramienta necesaria para desempeñar su función, aunque planteó que quizás aún no sea totalmente imprescindible.

La Comisión recibió a la señora Loreto Pelegrí Haro, abogada, socia de Tax & Legal de PwC Chile, quien destacó ciertos puntos relevantes en el proyecto de cumplimiento tributario, centrándose en la norma de tasaciones y reorganizaciones. En primer lugar, mencionó la modificación propuesta al artículo 64 del Código Tributario, que amplía la facultad del Servicio de Impuestos Internos para tasar cualquier acto, convención u operación cuando el valor de mercado no sea adecuado. Además, señaló que la norma ahora incluye la posibilidad de utilizar métodos de valorización en casos de tasación.

La segunda observación se centró en las organizaciones, diferenciando entre nacionales e internacionales. Destacó que la propuesta incluye la exigencia de legítima razón de negocio en fusiones y divisiones, lo cual podría obstaculizar y entorpecer las transacciones de las empresas.

El tercer punto abordó la carga de la prueba en relación con los métodos de valorización. Señaló que, aunque el artículo menciona que los contribuyentes pueden utilizar estos métodos, en la práctica, el Servicio de Impuestos Internos podría exigirlos, creando contradicciones en el proyecto.

Adicionalmente, planteó inquietudes sobre la exigencia de legítima razón de negocio en fusiones y divisiones, así como la definición de "bienes situados en el país" en el caso de organizaciones internacionales.

Abordó el segundo punto, destacando la importancia de equilibrar el fortalecimiento tecnológico del Servicio de Impuestos Internos (SII) con el respeto de los derechos de los contribuyentes. Mencionó que mejorar la capacidad tecnológica del SII es necesario, pero resaltó que el uso de inteligencia artificial debe realizarse con el debido ejercicio y proceso.

La ponente hizo referencia a la creación de las Liquidaciones Centralizadas hace una década y cómo los contribuyentes presentaron nulidad por la falta de fundamentación de los actos administrativos. Los tribunales aceptaron dicha argumentación, basándose en la ley de base.

Luego, la señora Pelegrí compartió una preocupación actual relacionada con resoluciones denegatorias de devoluciones de impuestos emitidas en 2023. Señaló que estas resoluciones, basadas en algoritmos, no estaban debidamente fundamentadas, y ningún fiscalizador asumió la responsabilidad. Subrayó la importancia de que el Servicio garantice que este tipo de resoluciones no se emitan sin una debida fundamentación, respetando los derechos de los contribuyentes.

La señora Pelegrí concluyó su intervención abordando el tema del consejo asesor consultivo propuesto en el proyecto. Destacó que este consejo debería intervenir de manera previa a los casos, notificando al contribuyente de su participación y permitiéndole ser oído y presentar antecedentes. Asimismo, subrayó la importancia de que el contribuyente tenga acceso al informe del consejo consultivo y que dicho informe sea conocido por los tribunales.

Además, propuso que los miembros del consejo asesor consultivo no sean funcionarios públicos y que se pronuncien sobre el catálogo y las instrucciones relacionadas con la norma general antielusión. Finalmente, señaló la necesidad de mejorar la transparencia y la participación del contribuyente en este proceso.

A continuación expuso Patricia Toledo Zúñiga, Abogada, Profesora de Derecho Tributario, Universidad Alberto Hurtado. La señora Toledo centró su presentación en la elusión fiscal, específicamente en la norma general antielusiva. Comenzó introduciendo una red conceptual que abarca la planificación tributaria, distinguiendo entre economía de opción, elusión y evasión. Destacó que la elusión fiscal es un problema global y que diversos países han implementado estrategias para combatirla, siendo las normas especiales y las normas generales antielusión las más comunes.

Luego, explicó que las normas especiales antielusión (NEA) tienen un supuesto de hecho cerrado y taxativo, proporcionando alta certeza jurídica al contribuyente, pero tienen un campo de aplicación limitado. Por otro lado, las normas generales antielusión (NGA) tienen un supuesto de hecho abierto, permitiendo a la administración tributaria recalificar el acto del contribuyente y aplicar el régimen jurídico fiscal correspondiente.

En el contexto chileno, la señora Toledo mencionó que hasta el año 2014, la legislación carecía de una disposición normativa expresa que sancionara la elusión. Sin embargo, con la Ley 20.780 se introdujo la norma general antielusiva, que clarificó que la elusión es ilícita en el sistema tributario chileno.

La norma general antielusiva en Chile contempla dos modalidades: el abuso de las formas jurídicas y la simulación tributaria. El abuso de las formas jurídicas se refiere a actos o negocios que buscan un ahorro impositivo sin otro resultado relevante, mientras que la simulación tributaria consiste en ocultar la configuración de un hecho grabado ya existente.

La presentadora resaltó que la simulación tributaria, aunque ilícita, no es elusión, sino evasión, ya que implica ocultar un hecho grabado ya configurado. La incorporación de la norma general antielusiva en Chile, según la señora Toledo, ha tenido un efecto disuasivo y ha aclarado que la elusión es considerada ilícita en el sistema tributario del país.

La señora Toledo continuó su presentación abordando los efectos perjudiciales de la elusión fiscal y argumentando por qué es relevante combatirla. Enumeró varios puntos clave:

1. Disminución de la recaudación fiscal: La elusión tiene como consecuencia directa que los contribuyentes eludan el pago de impuestos, lo cual reduce la cantidad de dinero que el fisco debería recibir.

2. Distorsión de la libre competencia: Los contribuyentes que practican la elusión obtienen ventajas económicas que distorsionan la libre competencia. Pueden vender productos o servicios a precios más bajos o lograr mayores utilidades, lo que afecta negativamente a sus competidores que cumplen con sus obligaciones tributarias.

3. Atentado contra el principio de igualdad: La elusión afecta el principio de igualdad en materia tributaria, tanto en sentido vertical como horizontal. En el sentido horizontal, contribuyentes con la misma capacidad económica deberían pagar la misma cantidad de impuestos, y la elusión crea disparidades entre ellos.

4. Atentado contra el principio de legalidad: Aunque algunos argumentan que perseguir la elusión atenta contra el principio de legalidad, la señora Toledo sostiene que esto es cierto solo si se considera el principio de legalidad de manera formalista, sin tener en cuenta el hecho de que la elusión convierte en voluntaria una conducta que está obligatoriamente establecida por ley.

5. Fomento del incumplimiento tributario a largo plazo: La tolerancia hacia la elusión crea un ambiente propicio para el incumplimiento tributario a largo plazo. Los contribuyentes que observan que otros eluden impuestos sin consecuencias graves pueden sentirse tentados a seguir el mismo camino, debilitando así la integridad del sistema tributario.

En resumen, la presentadora destacó que combatir la elusión no solo tiene implicaciones financieras directas, sino que también es esencial para preservar la equidad, la legalidad y la integridad del sistema tributario a largo plazo.

La señora Toledo abordó el principio de especialidad de las Normas Especiales Anti Elusión (NEA) por sobre la Norma General Anti Elusión (NGA). Hizo referencia al artículo 4 bis inciso cuarto del código tributario, que actualmente establece que, en casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se regirán por esa disposición y no por los artículos 4 ter y 4 cuates, que contienen el abuso de las formas jurídicas y la simulación tributaria.

La presentadora explicó que este principio de especialidad se refiere a que, ante una conducta elusiva del contribuyente, la administración tributaria debe optar por aplicar la NEA en lugar de la NGA. Luego, se refirió a modificaciones propuestas en el proyecto de ley:

1. Incorporación de 3 incisos nuevos: El proyecto de ley propone la incorporación de tres nuevos incisos al artículo 4 bis, manteniendo su esencia, pero proporcionando más claridad y solucionando problemas existentes en la legislación actual.

2. Tratamiento de operaciones elusivas complejas: En el caso de operaciones elusivas complejas, donde varias acciones contribuyen a la elusión, el proyecto clarifica que se puede aplicar la NGA a la operación elusiva compleja.

3. Prescripción de operaciones elusivas complejas: Se aborda el problema de la prescripción en operaciones elusivas complejas, estableciendo que la cuenta de la prescripción inicia desde que se realiza el último de los actos en la operación compleja.

4. Evita la aplicación simultánea de NEA y NGA: El proyecto de ley establece explícitamente que no se puede aplicar simultáneamente una NEA y una NGA a la misma operación elusiva, aportando claridad en este aspecto.

5. Aclaración sobre la elusión y aplicación de NEA: El proyecto de ley aclara que, si bien la NGA puede aplicarse en casos de elusión, específicamente en alguna de sus dos modalidades, se excluye la posibilidad de aplicar simultáneamente NEA y NGA a una misma operación elusiva.

Estas modificaciones propuestas buscan proporcionar más claridad y solucionar problemas prácticos en la aplicación de las normas antielusión en operaciones complejas.

La señora Toledo trató varios puntos relacionados con la carga de la prueba en el contexto de la Norma General Anti Elusión (NGA) y la declaración de la elusión:

1. Eliminación de la regla sobre carga de la prueba: Actualmente, el artículo 4 bis inciso quinto del código tributario establece que corresponde al Servicio de Impuestos Internos probar la existencia de abuso o simulación en los términos de los artículos 4 ter y 4 quater. El proyecto de ley propone eliminar esta disposición, generando la pregunta de quién asumirá ahora la carga probatoria.

2. Posibles respuestas contradictorias: La eliminación de la regla de carga de la prueba podría interpretarse de dos maneras contradictorias. Por un lado, algunos podrían argumentar que ahora la carga recae en el contribuyente, ya que se eliminó la regla que asignaba la carga al servicio. Por otro lado, se podría sostener que, incluso sin la regla expresa, la carga sigue siendo del servicio, ya que la declaración de elusión es un acto administrativo y el servicio debe acreditar su pretensión.

3. Argumento a favor del contribuyente: Se plantea que, si se eliminó la regla que establecía la carga en el servicio, el contribuyente podría argumentar que ahora la carga probatoria recae en él, especialmente considerando el cambio en la sede de declaración de la elusión.

4. Argumento a favor del servicio: Por otro lado, se destaca que la regla de buena fe sigue vigente, y el servicio debe reconocer la buena fe de los contribuyentes. Además, al ser una pretensión del servicio, se argumenta que sigue teniendo la carga probatoria.

5. Explicación de la eliminación: La señora Toledo sugiere que la eliminación de la regla podría estar relacionada con el requisito del abuso de las formas jurídicas, donde se menciona la prueba del ahorro impositivo y superar el test de relevancia. Se plantea que, en este caso, es preferible que el contribuyente pruebe este requisito específico en lugar de eliminar la regla completa.

6. Cambio en la sede de declaración de la elusión: Se destaca que el proyecto de ley cambia la sede del procedimiento de declaración de la elusión de sede judicial a sede administrativa. La señora Toledo recalca que lo más relevante es que el procedimiento esté establecido por ley, permitiendo al contribuyente presentar sus antecedentes y controvertir la pretensión del servicio.

7. Importancia del procedimiento de declaración de la elusión: Se subraya que la elusión es una facultad de fiscalización de la administración tributaria y que el procedimiento de declaración debe ser establecido por ley para garantizar elementos sustanciales y la oportunidad para el contribuyente de presentar sus antecedentes y controvertir la pretensión del servicio.

Estos puntos resaltan la importancia de la claridad y la equidad en la distribución de la carga probatoria en el contexto de la Norma General Anti Elusión y la necesidad de un procedimiento de declaración de la elusión bien establecido.

El Diputado Sáez expresó su preocupación por la falta de regulación clara de las notificaciones centralizadas basadas en algoritmos en el sistema tributario. Señaló la importancia de abordar este tema en la discusión y buscó comprender la experiencia y las medidas para regular estas notificaciones de manera fundamentada y no arbitraria. Además, el diputado mencionó el informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre la carga de la prueba y cuestionó la propuesta de compartir dicha carga entre el contribuyente y el SII.

El Diputado Ramírez expresó su agradecimiento a las expositoras y señaló que, tras escuchar sus presentaciones, surgieron preguntas dirigidas al Ejecutivo. Mostró interés en conocer la opinión de las expositoras sobre cómo debe ser la carga probatoria en el sistema tributario, buscando identificar las mejores prácticas que brinden certeza y claridad en los procedimientos. También mencionó la importancia de evitar que el sistema tributario se convierta en un obstáculo para la inversión extranjera.

Además, solicitó que el Ejecutivo aclare la interpretación respecto a la eliminación de la frase que establecía que la carga de la prueba recaía en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Quiso conocer si, según el ejecutivo, esto implicaba que la carga probatoria pasaba directamente al contribuyente o si aún mantenía responsabilidades el SII.

Finalmente, el diputado planteó la inquietud sobre el rol de los tribunales en relación con la norma general antielusión, destacando la importancia de reducir los espacios de discrecionalidad en este ámbito.

El Diputado Bianchi expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los derechos de los contribuyentes frente al uso de inteligencia artificial en el control tributario. Hizo referencia a la falta de control de los funcionarios sobre este proceso y destacó la importancia de proteger los derechos de los contribuyentes, especialmente los medianos y la gran mayoría. Solicitó al ejecutivo que responda a esta preocupación. Preguntó por la opinión de las expositoras sobre el procedimiento propuesto para declarar la norma general antielusiva, cuestionando si cumple con el estándar debido del debido proceso.

El Diputado Mellado realizó varias preguntas y comentarios durante su intervención. Hizo referencia a un opositor de la semana pasada que planteó la importancia de que el juez forme su propia convicción en lugar de depender completamente de un acto administrativo. Preguntó cómo se puede lograr que la elusión sea considerada como una mera sanción administrativa sin una convicción. Cuestionó la utilidad del consejo consultivo, planteando que parece ser un elemento sin funciones claras, ya que no puede escuchar al contribuyente ni servir como prueba en tribunales. Preguntó sobre la garantía que ofrecen los algoritmos y la inteligencia artificial, mencionando casos en los que estos sistemas han cometido errores y han tenido que ser corregidos. Finalmente, consultó sobre la opinión de las expositoras respecto al denunciante anónimo, expresando su preocupación por este aspecto.

La Diputada Cid agradeció las exposiciones y solicitó aclaraciones sobre la distinción entre economía de opción y elusión. Además, expresa su interés en comprender cómo se establecerá objetivamente si un contribuyente actúa de buena fe o de mala fe, evitando que la decisión dependa de percepciones subjetivas.

El Diputado Barrera, a través de su pregunta, busca aclaraciones sobre la efectividad del consejo en el Reino Unido, indagando si es vinculante. Además, solicita ejemplos de procedimientos que cumplan con los estándares para determinar la conducta antielusiva administrativa.

La Diputada Yeomans (Presidenta) destacó la importancia de considerar las opiniones de diferentes expositores y planteó preguntas a ambas expertas. Consultó sobre la perspectiva de que la declaración fuera administrativa y cómo esto afectaba los derechos de los contribuyentes. Además, preguntó sobre la definición del concepto de elusión y si existía alguna ambigüedad en la misma.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó sus felicitaciones a ambas expositoras y retomó el tema de las notificaciones automáticas, en especial aquellas generadas rápidamente por el algoritmo. Preguntó si ya se habían registrado situaciones similares en el pasado y si esto también ocurría en el Reino Unido. Además, solicitó la opinión y sugerencias de Loreto sobre el proyecto de ley en discusión en el Congreso Nacional.

La Diputada Rojas planteó una consulta acerca del informe y si se notifica al contribuyente, así como la posibilidad de presentarlo o no en el juicio. Solicitó aclaraciones sobre esta cuestión, ya que hubo una interpretación diferente entre la presentación y la información del proyecto.

La señora Pelegrí proporcionó información sobre la utilización de inteligencia artificial en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y cómo hace 10 años se presentaron reclamos por liquidaciones automáticas. Destacó que, en esta ocasión, se trata de denegaciones de devoluciones de impuestos, y sorprendentemente, había más de 50,000 resoluciones similares. Explicó que la inteligencia artificial es esencial para analizar datos y elaborar planes de fiscalización, pero enfatizó la importancia de no vulnerar los derechos de los contribuyentes y expresó preocupación por la falta de fundamentación en las resoluciones, lo que puede llevar a acumulación de pérdidas para los contribuyentes. Además, subrayó que algunas resoluciones afirmaban haber sido notificadas, pero los contribuyentes no tenían conocimiento de ello.

La señora Toledo proporcionó información sobre su estudio de la jurisprudencia de los tribunales tributarios y aduaneros, centrándose en casos de vulneración de derechos de contribuyentes que no recibían devoluciones de impuestos oportunamente. Destacó la falta de asignación de valor a las observaciones como acto administrativo por parte de los tribunales, generando un vacío que considera necesario regular.

Además, abordó el concepto de elusión, diferenciando entre economía de opción y la elusión. Explicó la complejidad del concepto de elusión y cómo se relaciona con la economía de opción. Se refirió a la impropiedad como una característica adicional en el proyecto de ley y expresó su preferencia por establecer modalidades de elusión con requisitos concretos.

La señora Toledo también abordó temas como la carga probatoria, el rol de los tribunales y la declaración administrativa de elusión en otros países. En relación con la carga probatoria, sugirió que la respuesta sería proporcionada por el ejecutivo al final. Respecto al rol de los tribunales, mencionó que la declaración de elusión en sede administrativa es la regla general en otros países, pero enfatizó la importancia de que el contribuyente tenga la posibilidad de impugnar la decisión en sede judicial.

La señora Pelegrí aclaró la distinción entre dos informes en el proceso: el primero emitido por el Servicio de Impuestos Internos y conocido por el contribuyente, y el segundo generado por el Comité Antielusivo, formado por el director nacional, subdirector normativo, subdirector jurídico y subdirector de fiscalización. Este comité puede solicitar la intervención del Consejo Asesor Consultivo, compuesto por expertos externos.

Destacó que, a diferencia del Reino Unido, en Chile el contribuyente no es notificado de la intervención del Consejo Consultivo, y el informe de este consejo no es vinculante ni notificado al contribuyente ni a los tribunales. En este contexto, la señora Pelegrí sugirió que, si se decide seguir este camino, el contribuyente debería ser notificado de la intervención del Consejo Consultivo, tener la oportunidad de ser oído y acceder al informe del Consejo. Además, propuso que los tribunales tengan conocimiento del informe antes de que el juicio concluya, ya que actualmente solo se hace público después del juicio.

La señora Toledo hizo hincapié en la importancia del procedimiento más que en la sede para abordar la elusión fiscal. Destacó la necesidad de que la administración tributaria tenga herramientas para investigar y perseguir situaciones elusivas, incluso iniciando procesos por la norma general antielusiva después de haber comenzado por una anea. Sin embargo, resaltó que los contribuyentes deben tener la posibilidad de defenderse, ser escuchados y presentar antecedentes.

En cuanto al Consejo Consultivo, expresó dudas sobre la viabilidad de reunir a siete miembros con las características actuales y sugirió que podría funcionar como un órgano técnico similar a un perito, apoyando la propuesta de notificar al contribuyente sobre la intervención del Consejo Consultivo.

Respecto al denunciante anónimo, indicó que la figura ha sido beneficiosa en otras áreas, pero expresó preocupación sobre la posibilidad de que sea remunerado, ya que podría fomentar denuncias falsas. Abogó por establecer medidas que eviten prácticas peligrosas en este sentido.

El señor Riquelme abordó varios puntos relevantes para la discusión en la comisión. En primer lugar, hizo énfasis en que el contribuyente está al tanto de cada etapa del procedimiento, conforme al artículo cuarto quinquies, donde se deja constancia de cada acto en el expediente. Además, señaló que el contribuyente será notificado del resultado del Consejo Consultivo y podrá presentar informes durante el juicio.

Respecto al procedimiento del Consejo Consultivo, explicó que no se contempla la participación directa del contribuyente en esta etapa para evitar distorsiones en el proceso de fiscalización y permitir que se presenten antecedentes en la fase correspondiente.

En relación con la consideración de los miembros del Consejo Consultivo como funcionarios públicos, indicó que esto se establece para garantizar el deber de reserva en materias de secreto tributario, y destacó la importancia de evitar la remuneración de denunciantes anónimos para prevenir denuncias falsas.

Sobre la carga de la prueba, mencionó que el Ejecutivo eliminó la mención a la carga de la prueba en el proyecto de ley para evitar confusiones, pero aclaró que esto no exime al Servicio de Impuestos Internos de demostrar la existencia de elusión fiscal, ya que es una facultad que le corresponde. En este sentido, indicó que ciertos elementos le corresponden al contribuyente y otros al servicio, sin que ninguno deba probar hechos negativos.

La señora Pelegrí sugirió que la interpretación del señor Riquelme respecto al acceso del contribuyente al informe del Consejo Consultivo no parece clara. Consideró que sería una buena idea garantizar que el contribuyente tenga acceso al informe y que este sea conocido por los tribunales. Hizo hincapié en que, al leer el proyecto de ley, solo encontró una mención de que los informes serán públicos una vez concluido el trámite judicial, lo cual podría no ser suficiente para garantizar la transparencia y la defensa adecuada de los contribuyentes.

La Comisión recibió a la señora Soledad Recabarren Galdames, Socia en Recabarren & Asociados. Centró su exposición en aspectos específicos del proyecto, como el término de giro, donde expresó preocupaciones sobre la efectividad del plazo de seis meses establecido para la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Señaló que la realidad operativa muestra que los funcionarios pueden bajar presentaciones en repetidas ocasiones, generando incertidumbre y desprotección para los contribuyentes. Propuso la necesidad de establecer controles más efectivos para garantizar la protección de los derechos de los contribuyentes.

Respecto a las donaciones revocables y planteó la necesidad de considerar tratamientos tributarios que respeten la naturaleza temporal de estas donaciones. Argumentó que grabarlas como hechos tributables sin reconocer su carácter revocable podría conducir a una doble tributación y propuso alternativas como el control efectivo de estas donaciones o su tratamiento como usufructo.

En cuanto al diagnóstico del proyecto, cuestionó la discrepancia entre el porcentaje de recaudación propuesto, relacionado con la economía sumergida, y las declaraciones del director del SII, quien afirmó que el 99% de las empresas formales cumplen con sus impuestos. Planteó dudas sobre la efectividad de las herramientas de fiscalización y la necesidad de equilibrar las medidas fuertes de la autoridad con derechos sólidos para los contribuyentes.

Asimismo, la señora Recabarren destacó la importancia de fortalecer los derechos del contribuyente, incluyendo el acceso a la defensa legal, la bilateralidad en los procesos de fiscalización y una mayor transparencia en el funcionamiento de los actos administrativos. También mencionó la reposición del tope de 250 UTM como límite para estar afecto a la norma antielusión, señalando que las PYMEs aún enfrentan desafíos en términos de derecho a defensa.

Expuso luego el señor Francisco Selamé Marchant, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Chile. El señor Selamé expresó varias reflexiones en torno a la redacción de la norma general antielusiva, centrándose específicamente en el tema del abuso, que considera fundamental en la determinación de la ilusión. Utilizó un ejemplo para ilustrar la complejidad conceptual del abuso en la práctica.

En el ejemplo, planteó la situación hipotética de una persona que quiere vender un inmueble generando un mayor valor sujeto a impuestos. En la jurisdicción, la venta de acciones o derechos sociales no está gravada con impuestos sobre los mayores valores. Entonces, propuso que, en un intento de eludir el impuesto, la persona podría aportar el bien a una sociedad y luego vender la sociedad, evitando así el impuesto sobre la venta del inmueble.

Señaló que el abuso radica en la búsqueda de producir el mismo efecto económico y jurídico de la compraventa, pero evitando el impuesto asociado a ese acto específico. Destacó que la definición de abuso en el proyecto debería enfocarse en la realización de hechos o actos impropios para lograr el mismo efecto jurídico y económico, proponiendo una modificación en ese sentido.

Además, abordó el procedimiento propuesto para calificar la ilusión, expresando preocupación sobre si el Servicio de Impuestos Internos (SII) está preparado para aplicar administrativamente la norma. Señaló la complejidad y la participación de altos funcionarios del SII, así como la convocatoria a un comité con representantes del sector privado, sugiriendo que este enfoque parece desproporcionado.

Finalmente, el señor Selamé hizo hincapié en un punto relacionado con el aumento de impuestos. Señaló que ciertas modificaciones en las reglas de cierre podrían resultar en un aumento de impuestos, cuestionando la falta de transparencia al respecto y sugiriendo que estos cambios deberían analizarse en conjunto con otros incrementos de impuestos.

Luego, expuso el señor Antonio Faúndez Ugalde, Académico profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. El señor Faúndez presentó datos y reflexiones importantes sobre el proyecto de ley, centrándose en el eje de modernización de la administración y los tribunales tributarios. Durante su intervención, destacó la relevancia de considerar datos empíricos al momento de resolver para la comisión, subrayando que esto implica una contribución significativa al momento de legislar.

Uno de los puntos abordados por el señor Faúndez fue el uso de tecnología en la fiscalización tributaria, específicamente la implementación de la notificación por correo electrónico. Explicó que esta medida se ajusta a los estándares promovidos por la OCDE en cuanto al uso de tecnología por parte de las administraciones tributarias. Además, señaló que investigaciones recientes muestran que las administraciones tributarias latinoamericanas están actualizadas en el uso de tecnología para la fiscalización, incluyendo el uso de inteligencia artificial.

En cuanto a los derechos del contribuyente, el señor Faúndez destacó que la normativa incluye salvaguardas para los contribuyentes, como la posibilidad de solicitar no ser notificados por correo electrónico si cumplen con ciertos requisitos. Mencionó también jurisprudencia del Consejo para la Transparencia que respalda el acceso del contribuyente a información tecnológica relevante.

Además, el señor Faúndez abordó la posibilidad de fiscalizar de forma unificada los grupos empresariales, destacando que esta medida contribuiría al proceso de fiscalización y que beneficiaría a los contribuyentes al permitirles mostrar su modelo de negocio frente a una fiscalización.

Finalmente, el señor Faúndez hizo hincapié en la importancia de la sostenibilidad tributaria, explicando que esta normativa fomentaría la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Presentó evidencia empírica que respalda la eficacia de las buenas prácticas fiscales en la reducción de la evasión corporativa, y mencionó que Chile está preparado para adoptar una norma de sostenibilidad tributaria, basándose en estudios realizados en el país con grandes empresas y empresas que cotizan en bolsa.

Por último, expuso el señor Jorge Espinosa Sepúlveda, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica de Chile. El señor Espinoza habló sobre el proyecto de ley de cumplimiento tributario, destacando su amplitud y complejidad, ya que modifica varias normas relacionadas con temas tributarios que afectan a varios servicios públicos. Se centró en cuatro aspectos que considera importantes.

En primer lugar, mencionó el secreto bancario, diferenciando entre el de las empresas y el de las personas. Propuso que las empresas que llevan contabilidad completa deberían poder entregar la información bancaria necesaria para respaldar sus movimientos contables. Para las personas, sugirió que el Servicio de Impuestos Internos debería precisar claramente en sus comunicaciones qué información bancaria necesita acceder.

En cuanto al cálculo del interés moratorio, consideró que cualquier esfuerzo por flexibilizar la norma y hacerla más acorde a la realidad del mercado chileno es positivo. Sin embargo, expresó su extrañeza por la falta de una disposición que permita eximir de sanciones a contribuyentes que cometieron errores de buena fe.

Respecto a la fiscalización de grupos empresariales, señaló que el proyecto define quiénes son considerados como tales, pero cuestionó la facultad que tiene el Servicio de Impuestos Internos para calificar a un grupo empresarial. Consideró que las razones objetivas establecidas en el proyecto deberían ser suficientes para determinar esta clasificación.

Finalmente, en relación con el expediente electrónico y las notificaciones de actos administrativos, propuso que el Servicio de Impuestos Internos también notifique por correo electrónico a los contribuyentes, además de subir la información a su página web. Consideró que el servicio cuenta con la información necesaria para realizar estas notificaciones electrónicas.

El Diputado Mellado planteó tres preocupaciones principales: el papel del denunciante anónimo en perjudicar a las empresas, especialmente las pymes; la dificultad de las pymes para acceder a una defensa adecuada frente al Tribunal Tributario y Aduanero (TTA); y la falta de formación adecuada de convicción por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que podría afectar el acceso a la justicia para los empresarios.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su preocupación por varios aspectos del proyecto, incluidas las notificaciones y el tema del denunciante pagado. Sugirió que los equipos que trabajan en el proyecto deberían prestar atención a estas preocupaciones y considerar posibles modificaciones para abordarlas.

El Diputado Romero planteó una pregunta sobre la prescripción en el proyecto de ley, especialmente en relación con el papel del Servicio de Impuestos Internos como juez y parte. Expresó su preocupación sobre si la determinación del último acto positivo quedaría en manos del servicio, lo que podría afectar la prescripción en materia impositiva.

El Diputado Bianchi reflexionó sobre el proceso de votación del proyecto de ley, expresando su deseo de haber tenido más tiempo para considerar posibles mejoras. Hizo algunas consultas sobre la capacidad del Servicio de Impuestos Internos para llevar adelante el procedimiento de declaración de conductas elusivas, las garantías procesales para los contribuyentes y la propuesta de redacción de la norma general antielusiva. Además, planteó la pregunta sobre el rol que debería desempeñar la Defensoría del Contribuyente en relación con la sostenibilidad tributaria y las buenas prácticas tributarias.

El Diputado Barrera solicitó una mayor profundización sobre la distinción entre el secreto bancario aplicado a empresas y personas, y también expresó interés en recibir sugerencias explícitas al respecto. Además, planteó consultas sobre los derechos del contribuyente en el procedimiento de calificación de la norma general antielusiva, preguntando si son suficientes para evitar la indefensión del contribuyente, y sobre si dicho procedimiento debería ser administrativo o judicial, considerando el debate público al respecto y la práctica en otros países.

La señora Recabarren expresó su preocupación por el impacto del denunciante anónimo en las pequeñas y medianas empresas (pymes), destacando cómo esta práctica puede generar serias dificultades para estos negocios en crecimiento. Señala que, inicialmente, las multas propuestas en el proyecto de ley no eran lo suficientemente disuasorias para frenar las denuncias falsas, lo que podría llevar a una competencia desleal y a la destrucción de pymes por parte de empresas más grandes.

Resaltó el hecho de que las pymes suelen tener recursos financieros limitados y, en muchos casos, el propietario es quien maneja todas las áreas del negocio, incluyendo la gestión ante el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, verse involucrado en un proceso de fiscalización debido a una denuncia anónima puede significar una carga excesiva para estos empresarios, desviando su atención de las operaciones comerciales y debilitando la empresa en el proceso.

Criticó la falta de protección administrativa para los contribuyentes, especialmente para las pymes, señalando que el actual sistema deja a estas empresas en una posición de vulnerabilidad. Además, resalta la necesidad de establecer sanciones proporcionales a la capacidad económica de las empresas, evitando que las pymes enfrenten multas excesivas que pongan en peligro su viabilidad financiera.

Por otro lado, destacó la importancia de que los derechos del contribuyente se ejerzan administrativamente desde el primer contacto con las autoridades fiscales, subrayando que este apoyo debe estar disponible en todas las etapas del proceso, no solo cuando se llega a los tribunales. Este enfoque garantizaría un acceso más equitativo a la justicia tributaria, especialmente para las pequeñas empresas que componen la mayoría del entramado empresarial en Chile.

En resumen, abogó por un sistema tributario que proteja de manera efectiva los derechos de las pymes y que proporcione un acceso equitativo a la defensa legal, reconociendo la importancia de establecer un equilibrio entre la fiscalización adecuada y la protección de los contribuyentes más vulnerables.

El señor Selamé abordó dos temas principales: la norma general anti elusiva y la prescripción en materia tributaria. En primer lugar, expresó preocupación por la definición del abuso en la norma general anti elusiva, señalando que era un aspecto fundamental que debía ser abordado con cuidado para evitar que la normativa fuera impugnada en los tribunales superiores de justicia. Destacó la importancia de considerar los efectos jurídicos y económicos relevantes al aplicar esta norma, y criticó que el proyecto de ley no abordara adecuadamente este aspecto. Además, cuestionó si la norma anti elusiva debía mantenerse en la sede judicial o ser trasladada a la sede administrativa, argumentando que era una pregunta que debería ser contestada en el futuro después.

El señor Faúndez, en primer lugar, abordó el tema del procedimiento de la norma anti elusiva, destacando la importancia de que este vele por los derechos del contribuyente. Señaló que el proyecto propuesto por el Ejecutivo eleva el estándar y la exigencia para el Servicio de Impuestos Internos en cada instancia del procedimiento, lo cual considera positivo. Sin embargo, expresó dudas sobre si el servicio está preparado para asumir este nuevo procedimiento.

En relación con el denunciante anónimo, coincidió con la preocupación expresada por el Diputado Mellado sobre la posibilidad de que el denunciante sea remunerado, señalando que podría dar lugar a abusos o malas prácticas.

Por último, abordó el tema de la sostenibilidad tributaria, destacando la importancia de que la administración tributaria reconozca y comprenda las buenas prácticas fiscales de las empresas. Propuso la introducción de una norma de sostenibilidad en el código tributario para exigir a la administración tributaria que reconozca estas prácticas. En este contexto, destacó el papel clave que podría desempeñar la Defensoría del Contribuyente en la capacitación y comprensión de estas prácticas, tanto para grandes empresas como para pymes.

El señor Espinoza destacó que el proyecto de ley representa un avance significativo en cuanto al cumplimiento tributario, al incorporar normas que fortalecen este aspecto. Sugirió que, en su opinión, sería interesante aprobar el proyecto en general, agregando los perfeccionamientos discutidos durante la sesión para evitar interpretaciones perjudiciales.

En cuanto a la Defensoría del Contribuyente y cómo fortalecer los derechos de los pequeños y medianos contribuyentes, recomendó revisar el proyecto original que creó este organismo, ya que contenía una serie de facultades y atribuciones que no quedaron reflejadas en la versión definitiva. Propuso que se analice dicho proyecto original para fortalecer la defensoría, incluyendo medidas que también beneficien a las pymes.

Además, respecto al secreto bancario y su relación con las empresas, argumentó que la cuenta corriente es parte integral de la contabilidad de una empresa, por lo que no veía razón para que existiera un secreto bancario en este contexto.

La Comisión recibió al señor Christian Aste Mejías, Abogado y Auditor Asesor tributario y legislativo de Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-CONAPYME. El señor Aste comenzó su intervención destacando la necesidad de establecer normas tributarias estables en el país y evitar cambios radicales en el sistema tributario. Luego, se centró en discutir la figura del denunciante anónimo propuesta en el proyecto de ley.

Expresó preocupación por las implicaciones de premiar a los denunciantes anónimos, argumentando que podría conducir a una cultura de denuncias indiscriminadas y extorsión. Planteó críticas al respecto, señalando que la amplitud de la definición de delito tributario podría exponer a cualquier contribuyente a ser denunciado y obligado a defenderse, incluso por acciones comunes como las compras en el supermercado para la empresa.

Propuso varias sugerencias para mejorar la propuesta, como establecer un monto cuantitativo para las denuncias que sea proporcional al monto del impuesto evadido, sancionar al denunciante en caso de que la denuncia resulte falsa, ampliar el grupo de personas habilitadas para denunciar y clarificar qué sucede con el beneficio para el denunciante en caso de que la denuncia resulte en ingresos fiscales.

Además, criticó la propuesta de introducir un nuevo delito tributario relacionado con la disposición de activos durante un procedimiento administrativo o judicial pendiente, argumentando que podría privar a los contribuyentes de su derecho a disponer de sus activos y podría aplicarse de manera excesiva ante cualquier diferencia económica con el fisco.

El señor Aste abordó el tema de la facultad de tasación que se propone otorgar al servicio tributario en el proyecto de ley. Expresó preocupación por las implicaciones de esta facultad, argumentando que podría comprometer la libertad económica y la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Se cuestionó si es razonable darle al servicio la facultad de tasar cuando el precio difiere del precio de mercado, especialmente si se trata de operaciones entre partes no relacionadas. Argumentó que la definición de precio de mercado como aquel entre partes no relacionadas podría ser problemática, ya que la parte no relacionada podría fijar un precio conveniente para sí misma. Propuso que la facultad de tasar solo se aplique en casos de operaciones entre partes relacionadas o si existen indicios de simulación en el contrato. Señaló que esta facultad podría afectar especialmente a las pymes, que ahora tendrían que demostrar que el precio es razonable según los métodos de valoración establecidos por la ley. En cuanto a las reorganizaciones empresariales, planteó que se debería presumir la buena fe de las partes y que sea el servicio quien demuestre lo contrario si tiene antecedentes que lo justifiquen. Sugirió limitar la facultad de tasación del servicio a casos específicos y asegurar que se respete la buena fe de las partes involucradas en las transacciones.

El señor Aste expresó su acuerdo y felicitó al Ministerio de Hacienda por la norma transitoria de condonación, la cual considera que ayudará a la reactivación económica. También mostró su acuerdo con la norma que ajusta las tasas de interés moratorio, algo que según él era un clamor de muchas empresas.

Además, elogió el conjunto de medidas implementadas en áreas de cooperación mutua, transparencia y cumplimiento tributario. Está de acuerdo con las medidas que permiten incorporar el mandato electrónico y la norma que facilita la fiscalización en contribuyentes múltiples.

Finalmente, destacó que cualquier norma que ponga énfasis en combatir la informalidad y favorecer el crecimiento económico es algo positivo.

Expuso luego Rodrigo Yáñez, Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Comenzó su presentación destacando el contexto en el que se encuentra el país en términos de crecimiento económico e inversión. Señaló que en los últimos 10 años ha habido una desaceleración que se ha traducido en menores niveles de crecimiento del PIB y la inversión. Destacó la importancia de recuperar el ritmo de inversión y abordar la informalidad como una preocupación relevante.

Enfatizó la necesidad de condiciones habilitantes fundamentales para que la economía y la inversión se reactiven, mencionando la seguridad, la certeza jurídica y la competitividad tributaria como aspectos clave. Señaló que el proyecto debiera reducir los espacios de discrecionalidad de la autoridad y poner el foco en la creciente informalidad de la economía.

Respecto al incumplimiento tributario, mencionó que debe ir de la mano de la reducción de la informalidad y el comercio ilícito, con modificaciones concretas que cierren brechas en el cumplimiento tributario. Destacó la importancia de fortalecer la institucionalidad tributaria para avanzar hacia un mayor cumplimiento tributario, pero sin necesariamente aumentar las facultades de impuestos internos en términos de fiscalización.

Finalmente, expresó preocupación por la falta de desagregación de la estimación de la brecha tributaria en el proyecto, señalando que las propuestas de reducción de la brecha del IVA y el control de la informalidad parecen modestas en comparación con el alto índice de informalidad del país.

Complementó la presentación el señor Rodrigo Mujica Varas, Director de Políticas Públicas de la SOFOFA. El señor Mujica abordó tres aspectos clave del proyecto:

1) Modificación del procedimiento para levantar el secreto bancario, trasladando al contribuyente la responsabilidad de oponerse mediante una acción judicial. Observó preocupaciones sobre la carga de la prueba, la falta de límites claros en la información a solicitar y el potencial mal uso de datos sensibles por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

2) Modificación a la Norma General Antielusión (NGA), permitiendo al SII definir su despliegue y calificar la elusión en sede administrativa. Expresó inquietudes sobre el riesgo de parcialidad del SII, la debilidad del Consejo Asesor Consultivo y la falta de tiempo de aplicación de la NGA antes de considerar reformas.

3) Establecimiento de un procedimiento de denuncia anónima con retribución económica al denunciante. Señaló riesgos de incentivos perversos, desprotección de potenciales víctimas y posibles consecuencias negativas como presión, extorsión o denuncias negligentes.

Desde un punto de vista técnico, el principal insumo utilizado como base de este proyecto de ley presenta serias deficiencias metodológicas. Se requiere un análisis integral y con apoyo transversal para desagregar las estimaciones de evasión y elusión según distintos grupos, proporcionando más información para focalizar las acciones donde son más necesarias.

Es fundamental reducir los niveles de informalidad en la economía y el comercio ilícito, avanzando hacia menores niveles de evasión y elusión, lo que proporcionaría ingresos adicionales para el Fisco para cumplir con sus obligaciones. Para ello, el proyecto de ley debe equilibrar las facultades del SII, proporcionando mayor certeza tributaria y protegiendo los derechos de los contribuyentes.

Sin embargo, algunas disposiciones del proyecto de ley parecen ir en dirección opuesta. Las propuestas sobre el secreto bancario, la modificación de la NGA y el denunciante anónimo aumentan la fiscalización, pero afectarán el debido proceso para los contribuyentes. Se les otorgan mayores responsabilidades a los contribuyentes, mientras que el SII amplía sus atribuciones sin suficientes contrapesos.

Con respecto al secreto bancario, es necesario delimitar con mayor precisión qué puede solicitar el SII y por qué. Además, el proyecto de ley actual necesita proporcionar mayores garantías para los contribuyentes, evitando que carguen con los costos de estas nuevas herramientas.

Por último, la figura del denunciante anónimo genera incertidumbre en el sistema, especialmente si la institución fiscalizadora evalúa la evasión o elusión. No hay garantías de que esta nueva figura no genere incentivos perversos.

A continuación, expusieron Gianina Figueroa Ipinza y Lautaro Videla, en representación de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile, UNAPYME y Lautaro Videla. Los representantes de la UNAPYME expresaron su disposición constructiva para mejorar el debate público sobre la política pública. Resumieron las 20 reuniones en las que participaron y los acuerdos alcanzados por los 20 gremios integrados, los cuales mayoritariamente apoyan y aprueban. Próximamente enviarán un documento detallado a la comisión.

Destacaron el intenso diálogo establecido con el Ministerio de Hacienda, algo inédito hasta este período, lo cual enriqueció el intercambio entre las organizaciones gremiales. Se reconoció la importancia de este proceso para fortalecer el gremialismo.

En cuanto a la informalidad económica, se enfatizó en su origen como resultado de escenarios económicos difíciles, más que como una opción deliberada. Se propuso apoyar a quienes están en la informalidad en lugar de perseguirlos, promoviendo su transición gradual hacia la formalidad a través de incentivos y facilidades, como el régimen de monotributo.

Se solicitó flexibilidad y simplificación en el tratamiento de deudas prescritas e incobrables, así como la eliminación de registros en la Tesorería General de la República. Se destacó la importancia de no penalizar a quienes han salido de la informalidad y enfrentan dificultades económicas.

Se mencionó la necesidad de investigar los efectos económicos de la evasión, elusión y la informalidad. Se cuestionó la propuesta de establecer un monto fijo para el denunciante anónimo y se sugirió considerar medidas para facilitar la sucesión de empresas operativas.

Se concluyó destacando el papel fundamental de las pymes en la economía nacional y la necesidad de abordar el problema del empleo de manera integral. Se enfatizó que la existencia de informales es un problema nacional del cual todos somos responsables.

A continuación, expuso el señor Christian Blanche Reyes, Presidente de la Comisión Tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC. El señor Blanche presenta una visión crítica y detallada sobre varios aspectos del proyecto de ley tributaria en discusión. Uno de los puntos centrales de su exposición es la complejidad técnica del proyecto, lo que dificulta su comprensión rápida y va en contra del principio de simplicidad del sistema tributario. Esta complejidad puede generar interpretaciones divergentes entre los distintos actores involucrados en su implementación, lo que añade una capa adicional de complicación al proceso. Además, Blanche destaca el aumento del incumplimiento tributario en los últimos años y cuestiona la efectividad de la administración tributaria en la fiscalización de las empresas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta preocupación se intensifica al ver que el proyecto se focaliza en grupos empresariales y altos patrimonios, dejando en desventaja a las pequeñas y medianas empresas que podrían no contar con los recursos necesarios para enfrentar una fiscalización rigurosa.

En relación con las facultades discrecionales del Servicio de Impuestos Internos, Blanche expresa su inquietud por el aumento de estas, lo que podría generar inseguridad jurídica para los contribuyentes. También señala la preocupación por la regularización de incumplimientos anteriores a través de la amnistía fiscal y otras disposiciones, planteando dudas sobre la coherencia del proyecto en este aspecto y su posible impacto en la equidad y la justicia tributaria.

Finalmente, el señor Blanche aboga por la autonomía de la institucionalidad tributaria respecto al gobierno de turno y propone la creación de un organismo colegiado, para evitar la arbitrariedad en la aplicación de la ley tributaria y fortalecer la eficiencia en la fiscalización. Esta propuesta busca garantizar una mayor transparencia y legitimidad en el proceso tributario, así como una mayor protección de los contribuyentes, especialmente aquellos de menor tamaño.

Finalmente, expuso el señor Humberto Solar, Secretario General de la Convergencia Nacional de Gremios de Pymes. Señaló que durante el 2023 y principios del 2024, se efectuaron más de 19 reuniones de trabajo entre las máximas autoridades del ministerio de Hacienda y los representantes de los Gremios de las Empresas de Menor Tamaño, sin exclusión y abordando variadas materias de relevancia con el fin de obtener un Pacto Fiscal efectivo desde la perspectiva del cumplimiento tributario.

Luego de acordar una metodología de trabajo y desarrollar diálogos y discusiones a nivel general, se trataron en sesiones sucesivas temas relativos a: Regímenes Tributarios, combate contra la elusión, evasión e informalidad, deudas incobrables, tasas de interés para deudas tributarias entre otras muchas materias.

En las reuniones ya realizadas, se ha logrado consensuar un amplio abanico de materias de interés y de preocupación por parte de las empresas Mipymes; sin embargo, es importante recordar que aún existen aspectos en los cuales estimamos se debe continuar profundizando el debate y mejorar las propuestas del Ejecutivo; punto de vista compartido de forma mayoritaria por parte de los gremios intervinientes en los diálogos sostenidos a la fecha.

En este contexto, pueden ratificar medidas, modificaciones legales, actuaciones y otros:

1. Se implementará para las empresas en formación el denominado Régimen Tributario “Monotributo” para los dos primeros años de funcionamiento de las empresas, faltando por definir aspectos tales como a) Monto del mismo b) Limite de Ventas Máxima y otras singularidades operativas de relevancia. Lo cual esperamos discutir y acordar en el transcurso de las próximas semanas.

2. Se extenderá Beneficio IVA para los años tercero y cuarto de las nuevas empresas en formación, siendo del 100% de rebaja para el año 3 y de 50% y 25% de rebaja para los semestres I y II del año 4.

3. Ampliación y fortalecimiento del Régimen Transparente hasta las UF 100.000, con impuesto de primera categoría 0% y reinversión de utilidades de 70%.

4. Se valora los avances respecto de tratamiento de deudas prescritas (procedimiento especial a nivel administrativo) e incobrables (régimen simplificado y flexible y eliminación de registro de deudas de la TGR). Al respecto se deberá sostener una reunión definitoria de temas en discusión y la definición de fechas para la eliminación administrativa de deudas ya prescritas.

5. Se modificará la Tasa de Interés Fija para Deudas Tributarias desde 1,5% por mes o fracción de él, a una tasa de referencia de mercado (tasa de interés corriente para operaciones de más de año entre 0 y 2.000 UF, más un spread de 3,5%).

6. Cambio del actual método de aplicación por cada mes o fracción de mes, a aplicación lineal de interés diario.

7. Se mantiene política de condonaciones, fijada en conjunto entre SII y TGR.

8. Las Mipymes podrán siempre acceder a convenios preferentes con la TGR, con condonación de intereses y multas, plazos hasta 18 meses y pie máximo de 5%.

9. Están de acuerdo con el combate a la informalidad, en todas sus formas, con énfasis en la raíz del problema y el engranaje delictual que la compone. Lo anterior, implica la trazabilidad de la ruta del dinero generado, la cadena logística que la sustenta y la identificación de promotores y facilitadores de ella.

Lo anterior conlleva al fortalecimiento de la labor fiscalizadora de aduanas, la identificación del beneficiario final, el endurecimiento de penas del comercio formal que la ampara y condiciones tributarias equivalentes entre comercio digital y el análogo.

10. Se valora el fortalecimiento de la DEDECON, destacándose la asesoría en procedimientos desarrollados por la TGR, la ampliación de funciones de educación y difusión en el cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros aspectos.

11. Avanzar rápidamente al reconocimiento, validación y aceptación sin cuestionamiento de la Contabilidad Simplificada por parte de la CMF, debiendo informar a la banca en su conjunto de lo anterior, para efectos de modificar sus análisis de riegos, condiciones y requisitos para créditos y otras operaciones similares hacia las Mipymes. Esperamos que esta medida se valide e implemente durante las próximas semanas.

12. Ampliar el incentivo tributario en I+D+i, que permite que un 35% del gasto por este concepto sea utilizado como un crédito contra el impuesto de primera categoría más allá del 2025, además, que considere otro tipo de inversiones para las Mipymes, específicamente, renovación de equipos, remanufactura y modernización de maquinarias, tecnologías 4.0, entre otros.

No obstante, el consenso de los puntos anteriores, los Gremios Mipymes están llanos a seguir aportando en la discusión de los temas que permiten disminuir las asimetrías que atentan al desarrollo de las Empresas de Menor Tamaño y la generación de certezas tributarias tan necesarias para la estabilidad comercial y financiera, discusión que esperamos enriquecer en el parlamento. Por último, propuso que hasta no queden en régimen los beneficios tributarios para las MIPYMES se detenga toda acción judicial por parte del SII y TGR.

El Diputado Sáez preguntó por qué el sistema tributario que funciona en otros países, como el Consejo Consultivo Tributario en España, no podría implementarse en Chile. Se refirió a la necesidad de contar con un órgano independiente que garantice certeza jurídica y combata la evasión fiscal. También mencionó preocupaciones sobre la imparcialidad del Servicio de Impuestos Internos.

El Diputado Mellado expresó preocupaciones sobre las notificaciones virtuales realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, señalando que muchas pymes se vieron obligadas a pagar sin poder contratar abogados tributaristas para defenderse. Cuestionó la efectividad del Consejo Consultivo Tributario y planteó la necesidad de una institución independiente, similar al banco central, para asesorar en temas tributarios. También discutió la conveniencia de dejar la norma general antielusiva en manos del tribunal tributario en lugar de la administración, y criticó el sistema de denuncias anónimas por posibles abusos.

El Diputado Naranjo expresó su impresión de que se está viviendo en dos países debido a la discrepancia entre quienes pagan impuestos y quienes evaden. Señaló que las medidas propuestas por el gobierno son una respuesta a la evasión fiscal y la mala fe de algunos contribuyentes. Expresó su deseo de escuchar propuestas concretas de las organizaciones para promover el cumplimiento tributario y combatir la evasión, en lugar de solo enfocarse en mantener el statu quo. Consideró que, si todos cumplen con sus obligaciones tributarias, no serían necesarias estas leyes adicionales.

El Diputado Bianchi reflexionó sobre la importancia de considerar las realidades de los pequeños emprendedores en el debate sobre el proyecto de ley. Destacó la necesidad de regularizar y normalizar la situación de estos emprendimientos para que puedan contribuir de manera significativa a la economía del país y aumentar la recaudación fiscal. Expresó su interés en que el ejecutivo continúe recogiendo opiniones y proponga medidas que permitan el crecimiento y la formalización de estos emprendimientos, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Enfatizó la importancia de establecer impuestos diferenciados y facilitar el cumplimiento tributario para los pequeños y medianos emprendedores, así como para las empresas más grandes, con el fin de asegurar una recaudación justa para los programas sociales comprometidos.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su preocupación por el impacto económico del proyecto de ley, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Se refirió a las nuevas facultades que se otorgan al Servicio de Impuestos Internos y la dificultad de las pymes para defenderse ante estas nuevas exigencias. Mencionó la propuesta de incluir denuncias anónimas pagadas, lo cual considera podría abrir una puerta peligrosa en el sistema tributario. Comparó esta medida con la creación de una especie de "policía especial", expresando su deseo de reforzar la buena fe del contribuyente y evitar abusos. Instó al ejecutivo a considerar estas preocupaciones y buscar consensos con indicaciones al proyecto de ley.

La Diputada Yeomans (Presidenta) destacó la discrepancia en el uso del denunciante anónimo pagado en distintas instancias legales, cuestionando por qué se aplica en algunas situaciones y no en otras, cuando la vulneración de la legislación debería tener la misma gravedad. Señaló la importancia de la coherencia en las sanciones y expresó su preocupación por las repercusiones de la evasión fiscal y las sanciones bajas en la ciudadanía, citando un estudio de la Universidad Diego Portales que mostraba cómo esto desmotivaba a pagar impuestos para el 60% de los encuestados. Sugirió que estas consideraciones deberían tenerse en cuenta en el proceso legislativo y solicitó al ejecutivo que exponga sus puntos de vista y aborde las inquietudes de los expositores antes de la votación en general.

La señora Figueroa enfatizó en la importancia de abordar las necesidades tanto de las grandes empresas como de las pymes, destacando el avance en el sistema para combatir la informalidad y satisfacer las inquietudes de ambos sectores. Expresó su deseo de que no haya confusión entre los intereses de las pymes y otros grupos económicos, resaltando la aguda crisis que enfrentan estas empresas debido al abandono político. Subrayó la contribución de las pymes al diálogo y la celebración de logros como el subsidio al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Instó a un diálogo sincero que aborde las verdaderas necesidades del sector y promueva una mejor recaudación para el país, sin aprovecharse de las pymes para otros intereses. Finalmente, pidió coherencia política para enfrentar el diálogo desde el bien común y no desde disputas políticas.

El señor Yáñez subrayó la importancia de abordar el incumplimiento tributario como un obstáculo para la productividad y eficiencia económica, respaldando la necesidad de reducir la evasión y la elusión. Sin embargo, destacó la preocupación de la SOFOFA sobre los incentivos y la necesidad de utilizar instrumentos adecuados que no generen distorsiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se refirió a la importancia de la experiencia comparada para determinar qué enfoques son efectivos y cómo se aplican en otros países. Expresó la necesidad de enfocarse en la transparencia y en fortalecer los contrapesos en el sistema tributario, así como en revisar la obligatoriedad y el valor de las recomendaciones emitidas. Enfatizó que no se trata de descartar la existencia de la figura del denunciante anónimo, sino de garantizar que los contribuyentes tengan acceso a herramientas adecuadas para su defensa.

El señor Aste, expresó que representa a 400,000 empresas cumplidoras de impuestos, y planteó la preocupación sobre la posible utilización del denunciante anónimo en casos de delitos tributarios. Explicó que la complejidad de la redacción legal puede llevar a que cualquier empresa sea objeto de una denuncia, lo cual puede afectar su reputación y relaciones comerciales, incluso antes de que se demuestre la culpabilidad. Se refirió a la amplitud del tipo penal, que incluye una variedad de acciones que pueden considerarse como delito tributario, lo que aumenta la incertidumbre para las empresas. Asimismo, destacó la importancia de evitar que los asesores fiscales que luego denuncian a sus clientes sean sancionados, lo que contribuiría a un clima de mayor confianza y certidumbre en el sistema tributario.

El señor Solar expresó su preocupación por la situación económica actual y la necesidad de un marco regulatorio que fomente la competencia y el crecimiento de las empresas, especialmente las pequeñas. Se refirió a la importancia de no dejar a merced de la libre competencia a aquellos que actúan de manera perjudicial para la sociedad. Destacó la importancia de construir una economía justa y equitativa, donde las pequeñas empresas tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y donde las instituciones estatales estén más comprometidas con los problemas que enfrentan. Finalmente, recomendó volver a leer "La riqueza de las naciones" de Adam Smith para inspirarse en los principios de soberanía y desarrollo económico.

El Diputado Sepúlveda expresó su desacuerdo con las afirmaciones realizadas por el representante de la CONAPYME sobre la figura del denunciante anónimo. Explicó que no logra entender cómo operaría esta figura de manera tan alarmante, especialmente en el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se cuestionó la viabilidad de que exista una avalancha de denuncias sin fundamento sobre temas que no son ilegales. Señaló que, en su experiencia, la figura del denunciante anónimo no ha operado de esa manera en otros ámbitos, como el de la contraloría.

El diputado planteó que, en el caso de las PYMES, es difícil imaginar que un empleado o ejecutivo vaya a denunciar públicamente hechos ilegales en su empresa, dado el riesgo que ello conlleva para su empleo y su relación con la empresa. Considera que la figura del denunciante anónimo podría ser útil en casos donde hay información interna privilegiada y donde los empleados enfrentan una disyuntiva ética al descubrir prácticas ilegales.

El señor Blanche ofreció dos reflexiones. En primer lugar, mencionó que anteriormente las PYMES se defendían con la ayuda de contadores frente a los problemas tributarios. Sin embargo, esto cambió con la incorporación de los Tribunales Tributarios Aduaneros en el año 2010, lo que otorgó un medio adicional para resolver disputas tributarias de manera más formalizada.

En su segunda reflexión, el señor Blanche abordó la distinción entre evasión y elusión fiscal. Explicó que la elusión, en el contexto de la simulación y el abuso de la forma jurídica, es una situación diferente a la evasión fiscal. Mientras que la evasión implica un fraude en el que ambas partes están coludidas en un acto simulado, la elusión se refiere a situaciones donde hay una indeterminación sobre los efectos jurídicos y económicos relevantes. Destacó que los tribunales, con jurisprudencia consolidada desde el año 2013, están capacitados para discernir entre estos conceptos y determinar la legitimidad de las acciones de los contribuyentes.

El señor Aste aclaró que no tuvo la intención de ofender a nadie con sus comentarios anteriores y que simplemente buscaba ejemplificar la complejidad de la falsedad ideológica en el ámbito tributario. Explicó que el delito tributario es amplio y puede abarcar diversas situaciones, incluso aquellas en las que una empresa comete irregularidades tributarias de manera inadvertida.

Enfatizó que su preocupación no radica en evitar las denuncias, sino en que no se premie económicamente a los denunciantes, lo que podría fomentar la realización de denuncias sin fundamentos sólidos. Propuso limitar estas denuncias, focalizándolas en las grandes empresas con más recursos para planificar estrategias fiscales que puedan dañar al fisco.

El señor Videla expresó su acuerdo con la necesidad de abordar las medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria, considerándolas indispensables. Y mencionó la importancia de que las organizaciones gremiales estén representadas adecuadamente en las instancias de discusión, sugiriendo que los dirigentes participantes en estas discusiones tengan conocimientos técnicos en materia tributaria para defender y exponer adecuadamente los intereses de las pymes. También destacó la importancia de la coincidencia de opiniones entre diferentes organizaciones gremiales en relación con las propuestas tributarias.

La Comisión recibió a Juan Ignacio Gómez, en representación del Instituto Libertad y Desarrollo. El señor Gómez proporcionó un análisis detallado de los cambios propuestos en el proyecto en relación con el acceso a la información bancaria y la declaración de elusión en materia tributaria. En primer lugar, explicó el procedimiento actual contemplado en el código tributario, que es relativamente sencillo y lógico. Este procedimiento implica que el Servicio tributario requiere al banco la información bancaria del contribuyente, el banco notifica al cliente y este puede autorizar o negarse al acceso de la información. Sin embargo, el proyecto propone cambios significativos en este proceso.

Una de las modificaciones más relevantes es la supresión de la posibilidad de que el contribuyente no responda al requerimiento del Servicio, lo que implica que el contribuyente perdería el derecho que le asiste frente al silencio de la administración. Además, se establece que el contribuyente puede oponerse ante el tribunal tributario, pero debe informar al banco y al Servicio. Si el Servicio no responde al reclamo dentro del plazo establecido, se procede a solicitar una certificación al tribunal tributario, y en base a esta certificación, el tribunal ordena al banco proporcionar la información. Asimismo, se impone una multa al banco por la entrega tardía de la información.

El señor Gómez también destacó la obligación que se impone al banco de informar al Servicio sobre movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de los contribuyentes, lo cual podría afectar el secreto bancario. Además, señaló que el proyecto invierte la carga de la prueba, colocando al contribuyente en una posición desventajosa al exigirle demostrar que la solicitud del Servicio es improcedente.

En cuanto a la declaración de elusión, el proyecto otorga mayores facultades al director del Servicio tributario, creando un comité antielusión que integra el director y subdirector. Esto implica que la declaración de elusión pasa a ser una potestad del director, y se establece un procedimiento especial de fiscalización donde no proceden recursos administrativos contra la declaración de elusión, sino que solo se permite el requerimiento ante el tribunal tributario.

El señor Gómez también resaltó la falta de garantías en cuanto a la independencia y gobernanza en las nuevas facultades del director del Servicio tributario, y sugirió la implementación de herramientas de regulación económica más efectivas, como modelos basados en riesgos y enfoques de regulación más focalizados, para mejorar la gestión tributaria y aumentar la recaudación.

Expuso luego Hugo Hurtado Aravena, profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales. El señor Hurtado abordó varios aspectos críticos y sugerencias para mejorar el proyecto en discusión, centrándose en la importancia del debido proceso, el equilibrio entre el poder del Estado para hacer cumplir las normas y la defensa de los contribuyentes. Destacó la necesidad de establecer una carga de la prueba clara en el código tributario, donde sea el Estado quien deba probar la existencia de obligaciones tributarias.

Además, hizo referencia a un estudio realizado en colaboración con expertos, donde se analizó cómo se aplica la norma antielusión en otros países. Señaló que la mayoría de estos países tienen salvaguardas para evitar abusos, como una carga de la prueba fuerte para el Estado y la posibilidad de reclamar ante un tribunal independiente. Propuso que el consejo consultivo establecido en el proyecto debería ser completamente independiente para garantizar su imparcialidad.

También mencionó la necesidad de que la norma especial prevalezca sobre la norma general antielusión, enfatizando la importancia de la formalidad en el cumplimiento tributario. Destacó la aplicación de la economía del comportamiento para mejorar el cumplimiento de impuestos, citando ejemplos de otros países donde estas técnicas han sido efectivas.

En resumen, el señor Hurtado hizo hincapié en la importancia de encontrar un equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los contribuyentes, proponiendo mejoras específicas para lograr una mayor objetividad, certeza y cumplimiento tributario sin necesidad de aumentar los impuestos de manera sustancial.

La Comisión recibió a Mauricio Soudre Taverna, Presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile-ANFACH. El señor Soudre resaltó la importancia del servicio nacional de aduanas en el contexto de la justicia fiscal y la recaudación de impuestos en Chile. Comenzó señalando que, a pesar de la ley 19.479 del año 1996, que estableció normas de modernización para el servicio nacional de aduanas, no se ha logrado una modernización efectiva debido a la falta de normativas adecuadas para ello. Esta falta de actualización normativa ha limitado la capacidad del Servicio de Aduanas para adaptarse a los cambios en el comercio internacional y en las prácticas de evasión fiscal.

Destacó que el Servicio de Aduanas desempeña un papel crucial en la recaudación de impuestos, contribuyendo significativamente al tesoro público. En particular, mencionó que el Servicio de Aduanas aporta alrededor del 30% de los ingresos tributarios, lo que resalta su importancia para la economía del país. Además, hizo hincapié en el incremento en la recaudación fiscal alcanzado en el año 2022, lo que demuestra la efectividad del Servicio de Aduanas en la fiscalización del comercio exterior.

El señor Soudre explicó que el proyecto en discusión permitiría establecer normas técnicas para verificar el cumplimiento tributario en el comercio exterior, especialmente en lo referente a la importación de mercancías exentas de impuestos. Esto sería fundamental para garantizar que todas las importaciones contribuyan adecuadamente a la recaudación fiscal y para evitar la evasión de impuestos a través de prácticas fraudulentas.

Además, resaltó la importancia de aumentar la dotación de personal y mejorar la tecnología utilizada por la aduana para enfrentar el contrabando y la subvaloración de productos. Explicó que la aduana necesita personal especializado y herramientas adecuadas para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz, especialmente en la detección de evasiones fiscales. Sin una dotación de personal suficiente y tecnología adecuada, el Servicio de Aduanas se vería limitado en su capacidad para cumplir con sus responsabilidades y proteger los intereses fiscales del país.

El señor Soudre también hizo hincapié en la necesidad de contar con una mayor dotación de personal en los puntos de control fronterizo para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas aduaneras. Destacó la importancia de que los funcionarios aduaneros sean titulares en la toma de decisiones en la frontera y de que cuenten con una planta funcionaria adecuada para cumplir con sus responsabilidades administrativas. Además, mencionó la importancia de establecer estructuras y especializaciones dentro del Servicio de Aduanas para mejorar su capacidad de fiscalización y cumplimiento de las normativas aduaneras.

La Diputada Rojas expresó su preocupación por el incumplimiento de Chile con los estándares internacionales en materia de secreto bancario, destacando que el país no cumple con los requisitos establecidos por el Foro Global de Transparencia en cuanto al intercambio de información bancaria por petición, debido a las dilaciones generadas por el procedimiento actual de fiscalización e investigación. Propuso que los parlamentarios consideren presentar indicaciones al proyecto para que Chile adopte un estándar más alto que el propuesto por el ejecutivo, y solicitó respuestas específicas sobre este tema tanto a Libertad y Desarrollo como al expositor Hurtado.

El Diputado Sáez solicitó más detalles sobre el tema de la facturación incorrecta en las exportaciones, especialmente en el caso del cobre, debido a la magnitud de las cifras presentadas. Pidió aclaraciones sobre si esta facturación incorrecta afecta a Codelco u otras empresas privadas, así como información sobre cómo se investiga actualmente esta situación. Además, solicitó información sobre cómo el proyecto en discusión podría contribuir a corregir este problema.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su preocupación por el desequilibrio en el proyecto de ley, señalando que otorga amplias facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) sin especificar adecuadamente las limitaciones. Además, cuestionó la inclusión de denunciantes anónimos remunerados y la efectividad del consejo consultivo propuesto. Criticó la falta de recursos para la fiscalización aduanera, destacando que este problema es de relevancia nacional y debería recibir una mayor atención por parte de la Comisión de Hacienda. Enfatizó que la evasión fiscal es un problema grave que no está siendo abordado adecuadamente, y resaltó la importancia de distinguir entre políticas de estado y políticas gubernamentales.

La Diputada Yeomans (Presidenta) solicitó más información sobre el estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos en relación con el secreto bancario, así como detalles sobre cómo funciona en otros países como España. Expresó interés en comprender en qué medida y de qué manera se implementa un levantamiento del secreto bancario más sólido que el propuesto en el proyecto de ley actual, con el objetivo de poder evaluarlo adecuadamente.

El Diputado Barrera mencionó la intervención del profesor Espinoza, quien abogaba por que el Estado cuente con la posibilidad de levantar el secreto bancario, especialmente para las empresas, y sugirió simplificar el procedimiento para facilitar la fiscalización y revisión de casos. Preguntó si se debería ir más allá de lo propuesto en el proyecto de ley actual para que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder de manera más expedita a las cuentas bancarias de las empresas durante las fiscalizaciones, evitando así dilaciones o trabas por parte de las empresas investigadas.

El señor Gómez, al abordar la pregunta de la Diputada Rojas sobre el proyecto de ley de inteligencia económica y su comparación con el proyecto actual en discusión, destacó la importancia de considerar por qué el gobierno no presenta un proyecto para modificar la Ley General de Bancos si su intención es implementar medidas más agresivas. Esta observación subraya la necesidad de evaluar la coherencia y la efectividad de las propuestas legislativas en relación con los objetivos declarados por el gobierno.

Además, al señalar que el procedimiento propuesto en el proyecto actual podría representar un retroceso en términos de los derechos de los contribuyentes, enfatizó la importancia de trascender la discusión polarizada sobre la privacidad bancaria y centrarse en mejorar la administración tributaria y la gobernanza en general. Esta reflexión apunta a la necesidad de considerar no solo los aspectos técnicos y legales de la propuesta, sino también sus implicaciones más amplias para la eficacia y la legitimidad del sistema tributario.

En cuanto al denunciante anónimo pagado, propuso comprender mejor los incentivos que se generan y evaluar el impacto de esta figura en el sistema tributario. Esta sugerencia destaca la importancia de considerar las dinámicas de comportamiento y los posibles efectos no deseados de las políticas fiscales, y sugiere un enfoque más holístico y sofisticado para abordar estas cuestiones.

El señor Hurtado abordó varios temas, comenzando con la observación de que algunos países avanzan más allá de las propuestas presentadas, pero también destacó la importancia del estado de derecho y la gobernanza para evitar posibles sesgos en la autoridad tributaria. Señaló que, aunque hay ciertos automatismos en la entrega de información bancaria en algunos casos, el proyecto de ley presentado por Hacienda va en la dirección correcta al ofrecer herramientas para que los contribuyentes puedan defenderse de manera más efectiva. También mencionó la necesidad de un consejo consultivo verdaderamente independiente y con capacidad vinculante para asegurar una toma de decisiones imparcial y objetiva.

Además, coincidió con la observación del Diputado Barrera sobre el secreto bancario y señaló que el proyecto del gobierno va en la dirección adecuada. Respecto al denunciante anónimo, destacó que las sanciones han sido fortalecidas en comparación con versiones anteriores del proyecto, pero subrayó la importancia de la gobernanza para mitigar desconfianzas sobre el otorgamiento excesivo de autoridad al fisco. En general, destacó la necesidad de encontrar un equilibrio en la normativa que permita regular eficazmente en los próximos años, reconociendo las preocupaciones legítimas de diferentes sectores y buscando soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas.

El señor Soudre abordó la problemática de la evasión en la gran minería, destacando la importancia de establecer controles efectivos, especialmente en relación con la declaración de exportación de minerales como el cobre. Explicó que es fundamental establecer un reglamento de tolerancia que se vincule con la normativa aduanera existente, especialmente en lo concerniente al peso, humedad y valor declarado de los metales. Señaló que, en muchos casos, las declaraciones de exportación no concuerdan con los valores reales de venta en destino, lo que dificulta la fiscalización y la recuperación de impuestos adeudados.

Consideró que el proyecto proporcionaría las facultades necesarias para generar cargos contra aquellos que evaden impuestos en la exportación de minerales, además de ampliar los plazos para realizar estas acciones. Destacó la necesidad de especialización dentro del departamento minero para abordar adecuadamente la detección de metales no declarados, como el platino y el paladio.

El Diputado Sáez contribuyó a la discusión destacando la importancia de considerar la gobernanza en la administración tributaria, señalando que, en comparación con otros países, el proceso de nombramiento del director del Servicio de Impuestos Internos en Chile no difiere significativamente. Mencionó ejemplos de otros países donde el presidente o figuras gubernamentales similares tienen un papel en el nombramiento del director de la administración tributaria. Sin embargo, enfatizó que, a su parecer, la administración tributaria chilena no suele generar arbitrariedades, y que el servicio suele funcionar de manera eficiente, especialmente durante los meses de mayor actividad fiscal.

El señor Riquelme se refirió a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, destacando que es importante basar las discusiones en datos empíricos y comparaciones internacionales. Señaló que la idea de que Chile sea una excepción en términos de gobernanza tributaria no es precisa, y resaltó la estabilidad en la estructura del servicio y la consistencia en sus criterios a lo largo del tiempo como factores que generan confianza para los contribuyentes. Invitó a examinar la frecuencia con la que el Servicio de Impuestos Internos cambia de opinión y cómo mantiene criterios históricos, lo que, según él, proporciona certeza a los contribuyentes. Destacó que, si bien hay espacio para discutir la gobernanza, no es positivo instalar la idea de un servicio arbitrario, ya que la estabilidad y la consistencia son características fundamentales del Servicio de Impuestos Internos, que brindan certidumbre a los contribuyentes.

El Diputado Mellado señaló la importancia de actualizar la discusión sobre el Servicio de Impuestos Internos, recordando que en el pasado ha existido influencia política en la institución en años anteriores. Destacó que se llevó a cabo una comisión investigadora sobre el SII y las malas prácticas, donde los propios funcionarios del servicio expresaron que estaban sobrepasados de trabajo. Sugirió que antes de otorgar más atribuciones al SII, es necesario mejorar su funcionamiento interno, garantizar su independencia y asegurar que tenga los recursos humanos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Enfatizó la necesidad de que el SII esté a la altura de las mayores atribuciones que se le quieren otorgar.

La Diputada Yeomans (Presidente) destacó la importancia de abordar la discusión de manera ordenada, tratando cada tema de forma separada para recoger las distintas impresiones de los parlamentarios de manera más efectiva. Coincidió en que fortalecer el Servicio de Impuestos Internos es una cuestión distinta a la designación del director, y cuestionó si cambiar la forma de nombramiento del director sería suficiente para lograr los objetivos del proyecto de ley, que busca entregarle más atribuciones al SII y mejorar su capacidad de fiscalización. Señaló que, si bien el debate sobre la designación del director es legítimo, también es importante abordar otras temáticas planteadas por los funcionarios del SII que no están relacionadas con el nombramiento del director.

La Comisión recibió al Ministro de Hacienda, señor Mario Marcel Cullell. Expresó su reconocimiento a la comisión por haber logrado un equilibrio entre escuchar diversas opiniones y la urgencia de avanzar en el proyecto. Destacó el tono constructivo que ha predominado en la discusión hasta el momento y expresó su esperanza de que este ambiente continúe para lograr un buen proyecto para Chile.

Respecto a los temas discutidos, mencionó que algunos surgieron de conversaciones previas con las pymes, lo que refleja un proceso acumulativo para obtener un proyecto que represente a todos. Luego, mencionó áreas donde consideran que hay espacio para mejorar la propuesta y que podrían ser objeto de indicaciones, como el tema del denunciante anónimo.

En cuanto al denunciante anónimo, el Ministro explicó que están dispuestos a eliminar la compensación económica siempre y cuando se mantenga la posibilidad de realizar denuncias garantizando el anonimato. Sin embargo, enfatizó la importancia de mantener la proporcionalidad en las sanciones y asegurar que el anonimato solo se otorgue cuando se entreguen antecedentes relevantes que den lugar a una fiscalización.

Sobre la norma general antielusión, resaltando que esta es una herramienta de fiscalización común en la mayoría de los países. Destacó la importancia de permitir al contribuyente controvertir estas decisiones a nivel judicial y mencionó la falta de jurisdicciones con un consejo externo vinculante, excepto cuando ese consejo es parte de la propia administración tributaria.

En relación con posibles innovaciones en el proyecto, propuso regular expresamente la carga de la prueba, estableciendo que al fiscalizador le corresponde acreditar el abuso o simulación, mientras que al contribuyente le toca demostrar la existencia de efectos económicos relevantes distintos de los tributarios. También sugirió revisar las sugerencias sobre la redacción del abuso de forma jurídica para lograr mayor claridad frente a la normativa vigente. Además, planteó aumentar el límite mínimo de la magnitud de la diferencia en términos de recaudación para aplicar esta norma, respaldando que esta herramienta se use en casos justificados y con un impacto sustantivo en la recaudación.

Respecto al consejo asesor consultivo, propuso algunas modificaciones para dar certeza al contribuyente sobre cada etapa del procedimiento. Sugirió dejar constancia en el expediente electrónico de todas las etapas del proceso y que la resolución que aplique la norma de antielusión venga acompañada por la opinión emitida por el consejo asesor consultivo. Destacó la importancia de que esta opinión forme parte del expediente y sea considerada como medio de prueba en cualquier proceso judicial posterior ante un tribunal tributario. Además, enfatizó la necesidad de garantizar la publicidad de la opinión del consejo, asegurando que esta se haga referencia a terceros ajenos al juicio, no al propio contribuyente. Manifestó la disposición para trabajar en las indicaciones correspondientes que puedan surgir a partir de estas observaciones.

Expresó su opinión sobre la propuesta de liberar del impuesto de la herencia las participaciones en sociedades. Argumentó que, si bien se han dado razones asociadas a la continuidad de una empresa ligada al pago del impuesto, en la práctica, existen plazos establecidos para la posesión efectiva y el pago del impuesto que ya facilitan la transición y continuidad de estas empresas.

Señaló que liberar del impuesto de la herencia las participaciones en sociedades podría llevar a situaciones de abuso, ya que podría incentivarse la incorporación de todos los activos heredados en una sociedad para evitar el pago de impuestos. Advirtió que esta medida podría debilitar el impuesto de la herencia y crear discrepancias en la equidad tributaria. Concluyó que, aunque pueda existir controversia sobre el impuesto de la herencia, es importante asegurar el cumplimiento de los impuestos correspondientes.

Abordó el tema de las donaciones revocables, destacando la preocupación sobre la posibilidad de pagar impuestos duplicados en casos donde una donación revocable se convierte luego en una herencia. Explicó que la legislación actual ya establece el derecho del donatario a solicitar la devolución del impuesto pagado en caso de revocación, pero están abiertos a buscar ajustes adicionales en la redacción para evitar la doble tributación.

En cuanto a los temas relacionados con las tasaciones y las reorganizaciones empresariales, el ministro mencionó tres puntos. Primero, discutió sobre la facultad de tasar y si debería aplicarse cuando hay alguna relación entre las partes involucradas en la transacción. Explicó que restringir esta norma actualmente interpretada por la administración tributaria sería injustificado, ya que están buscando dar mayor certeza al contribuyente y protegerlo más que perjudicarlo mediante la ley en lugar de resoluciones administrativas.

Mencionó los temas relacionados con la Defensoría del Contribuyente. Explicó que la defensoría, que actualmente tiene funciones relativamente restringidas, se amplía en dos dimensiones. En primer lugar, se amplía en cuanto al ámbito de su actuación, incluyendo ahora al Servicio de Aduanas y a Tesorería, además de Impuestos Internos como está establecido en la normativa actual. En segundo lugar, se genera la posibilidad de que la defensoría represente a los contribuyentes en procedimientos de vulneración de derechos, lo cual es una ampliación significativa de sus funciones y una característica importante que se destaca en la legislación comparada. Además, se enfatizó en la importancia de proporcionar los recursos necesarios a la defensoría para hacerse cargo de estas funciones adicionales, lo cual se contempla en el informe financiero.

Sobre el control de rentas pasivas, explicó que esta norma tiene como objetivo prevenir la transferencia de beneficios hacia países con bajos niveles de tributación, una iniciativa promovida por la OCDE. Se planteó la preocupación de si esto podría significar un aumento encubierto de impuestos. Actualmente, existe la obligación de reportar estas rentas pasivas por parte de los contribuyentes a partir de cierto monto, el cual incluye a partes relacionadas, principalmente relaciones comerciales, pero no incluye relaciones familiares. Sin embargo, se ha observado que las familias pueden establecer sociedades extraterritoriales con participaciones de cada uno de sus miembros que estén por debajo de ese umbral, lo que permite no declarar las rentas obtenidas en esas operaciones. Por lo tanto, la propuesta es extender el concepto de relacionamiento a las relaciones familiares con el fin de verificar el límite de ingresos que activa la aplicación de la norma.

Mencionó la importancia de abordar el riesgo de abusos por parte de funcionarios y la posibilidad de corrupción, así como el cumplimiento de las exigencias del secreto tributario y bancario. En ese sentido, el proyecto incluye varias normas aplicables a los funcionarios del servicio. Sin embargo, sugirió complementar estas medidas fortaleciendo la contraloría interna del Servicio de Impuestos Internos para llevar a cabo investigaciones y auditorías internas según sea necesario. Destacó que el Servicio de Aduanas ya estaba implementando esta medida. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, señaló que tienen una contraloría interna operativa desde hace años, pero sugería aprovechar el proyecto para fortalecerla y asegurar el cumplimiento de las normas reforzadas en el proyecto.

La Directora (S) del Servicio de Impuestos Internos explicó que las actuaciones centralizadas se refieren principalmente a los cruces matemáticos entre la declaración de renta de los contribuyentes y la información obtenida de otras fuentes. Por ejemplo, si un contribuyente declara honorarios por 15 millones de pesos, pero el servicio tiene información que indica que fueron 50 millones de pesos, se genera una diferencia que debe ser comunicada al contribuyente para que aclare o rectifique. Si el contribuyente no se presenta o no aclara la situación, el Servicio procede con una citación y, posteriormente, con una liquidación de impuestos. Esta es una actividad basada en información concreta y objetiva, no en inteligencia artificial, y se comunica a los contribuyentes en cada etapa del proceso.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su preocupación por la situación en la que se han recibido 53 notificaciones a través del algoritmo sin que haya respuesta ni contraparte por parte de los contribuyentes. Cuestionó si el algoritmo está funcionando adecuadamente y se destaca la falta de información sobre por qué se generaron estas notificaciones. Además, mencionó que la parte tributaria y la parte informática están separadas, lo que puede contribuir a posibles errores en el proceso. Señaló que es necesario encontrar una solución a esta situación para evitar la emisión de notificaciones vacías o sin respuesta.

El Diputado Mellado expresó su preocupación por diversos aspectos relacionados con el Servicio de Impuestos Internos. Mencionó que durante una comisión investigadora se discutió sobre la retención de rol fiscalizador del servicio y señaló que la gente no está compareciendo en la primera etapa de fiscalización. También destacó que cuando se liquida y se gira un impuesto, pueden pasar hasta 20 días antes de que se vaya a la vía judicial, y administrativamente se puede cerrar el caso. Y mencionó que el servicio estaría sobrepasado en cada área, por lo que los algoritmos emiten información y liquidaciones sin una adecuada defensa por parte de los contribuyentes, especialmente los más pequeños. Finalmente, planteó la inquietud sobre si el Servicio de Impuestos Internos, con las mayores atribuciones que se le están otorgando, garantizará un tratamiento oportuno y transparente de los datos y las fiscalizaciones.

El Diputado Bianchi plantea una pregunta sobre la capacidad del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar más de 50,000 casos, los cuales se han señalado que fueron generados por algoritmos y también visados por funcionarios. Preguntó si existe la capacidad humana suficiente en el servicio para realizar estas fiscalizaciones de manera efectiva.

La Directora (S) del Servicio de Impuestos Internos aclaró que las diferencias en las declaraciones de impuestos fueron tratadas de manera objetiva y certera. De alrededor de 500 diferencias identificadas en cada proceso de la operación renta, aproximadamente 250 fueron consideradas como diferencias claras y objetivas. Estas diferencias se abordaron a través de diversos canales, incluyendo propuestas de rectificación generadas por algoritmos basados en datos objetivos, atención en oficinas y atención a distancia por parte de los funcionarios del servicio.

Destacó que cada contribuyente tenía una contraparte específica en una dirección regional del Servicio de Impuestos Internos, donde podían presentar aclaraciones o reclamos administrativos. Los algoritmos utilizados en las actuaciones automatizadas fueron diseñados por profesionales fiscalizadores y programados por equipos especializados en informática, con supervisión y validación por parte de las autoridades correspondientes.

Enfatizó que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos se basaron en datos objetivos y procesos rigurosos, asegurando que cada contribuyente tuviera la oportunidad de aclarar cualquier diferencia en su declaración de impuestos.

El Ministro Marcel explicó que el proyecto contempla un aumento de la dotación de personal en el Servicio de Impuestos Internos en un 88%, así como un aumento mayor en Aduanas. Señaló que, si bien el aspecto presencial no es tan relevante en Impuestos Internos como en Aduanas, aún se requerirá más personal y capacidad informática debido a las nuevas funciones que se les asignarán.

Además, enfatizó la diferencia entre la dirección de diferencias en la información y la inteligencia artificial. Explicó que el proceso de detección de diferencias se basa en la comparación de información entre lo declarado por el contribuyente y la información disponible para el servicio, y no en algoritmos complejos de inteligencia artificial. Esta labor es una obligación del Servicio de Impuestos Internos, y se lleva a cabo utilizando la tecnología y estrategias de aproximación sucesiva en la relación con los contribuyentes.

Tras lo anterior, el Ministro consultó si, durante la votación en particular podrían agruparse ciertas propuestas del proyecto por materia o por tema.

La Diputada Yeomans (Presidenta) planteó que tras la votación en general se dispondrá de un plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 18 próximo, con el objeto de facilitar la incorporación de estas indicaciones en el comparado, sin perjuicio de las facultades de los parlamentarios y el gobierno de presentar indicaciones con posterioridad.

El Diputado Mellado expresó su interés en crear una mesa de trabajo para consensuar posibles indicaciones al proyecto. Sugirió que, dado que se espera que el Ejecutivo presente sus indicaciones próximamente, sería beneficioso discutir y consensuar las propuestas antes de su llegada. Destacó la importancia de llegar a un acuerdo con el ejecutivo para abordar las indicaciones de manera conjunta y así avanzar más rápido en el proceso legislativo. Sugirió que esta metodología ya había funcionado bien en un proyecto anterior de la comisión de economía y creía que sería un ejercicio democrático positivo.

El Diputado Ramírez destacó la diferencia en el tono y disposición de las partes durante la discusión de la reforma tributaria en comparación con discusiones anteriores. Expresó su convicción de que si se logra consensuar algunas indicaciones en un tiempo acotado, el proceso avanzará más rápido en lugar de más lento. Se sumó a la propuesta del Diputado Mellado de crear una mesa para consensuar indicaciones y expresó su esperanza de que el ejecutivo también esté de acuerdo con esta idea, aprovechando el buen espíritu de consenso que se ha visto durante la tramitación del proyecto.

El Diputado Bianchi compartió su impresión sobre la disposición mostrada por el Ejecutivo para considerar los puntos discutidos en la sesión de hacienda del día de hoy. Señaló que muchas de las indicaciones propuestas por los parlamentarios son consideradas inadmisibles, lo que dificulta su avance. Sugirió que sería más práctico que el Ejecutivo presente las indicaciones recogidas de las exposiciones y las consensue con las propuestas de los parlamentarios. Destacó el ánimo constructivo presente en la discusión y expresó su confianza en que todos están comprometidos en evitar la evasión fiscal.

El Diputado Aedo expresó su opinión sobre la importancia de aprovechar la oportunidad para buscar acuerdos en la discusión. Señaló que, aunque puede haber confrontación en algunos puntos, es fundamental evitar indicaciones que generen división. Destacó la importancia de trabajar en conjunto para construir indicaciones que reflejen el consenso general. Agradeció el gesto de apertura por parte de la oposición y enfatizó que es necesario estrechar la mano tendida para avanzar en la materia. Compartió una cifra proporcionada por el ministro, que indica que la reconstrucción de lo perdido tiene un alto costo, lo cual refuerza la necesidad de realizar esfuerzos en la discusión.

El Diputado Romero señaló que este proyecto podría ser votado en contra por quienes defienden a las pymes y creen en la buena fe de los contribuyentes formales. Expresó su disposición para asumir el costo político que podría significarle apoyar esta iniciativa, pero sugirió que se tome tiempo para discutir el proyecto, ya que este no ha sufrido muchos cambios desde su concepción inicial. Destacó la importancia de proporcionar herramientas al Servicio de Impuestos Internos y otros organismos para combatir la evasión fiscal, pero consideró que fijar una fecha límite para presentar indicaciones el próximo lunes sería demasiado rápido. Invitó a aprovechar el buen ambiente en la comisión y sugirió que el gobierno considere esta oportunidad para evitar problemas similares a los enfrentados en el pasado.

El Diputado Bianchi reiteró su disposición positiva y reflexionó sobre quién podría votar en contra del proyecto. Destacó los testimonios presentados por las pymes, quienes afirmaron que nunca habían tenido tantas reuniones y acuerdos con el Ejecutivo. Mencionó también el fortalecimiento de estructuras como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. Enfatizó que votar en contra del proyecto significaría no poder cumplir con la PGU, lo que afectaría a miles de personas que esperan mejorar sus pensiones.

La Diputada Cid expresó su preocupación por el ingreso y la tramitación del proyecto antes del 8 de marzo, señalando que esto no corresponde y podría infringir normativas constitucionales. Manifestó su intención de hacer reserva de constitucionalidad, reiterando sin embargo su oposición a la evasión tributaria. Expresó su desacuerdo con votar en particular el proyecto la próxima semana hasta total despacho y solicitó discutirlo antes de la votación en general para asegurar que se respeten las reglas y se tome una decisión informada.

El Diputado Von Mühlenbrock destacó el arduo trabajo realizado hasta el momento en la Comisión para sacar adelante el proyecto. Reconoció la diversidad de opiniones expresadas por los expositores y la necesidad de estudiar y perfeccionar diferentes aspectos del proyecto. Subrayó el cambio positivo en el ánimo de la discusión en comparación con la reforma tributaria anterior. Expresó su preocupación por no desaprovechar el esfuerzo de los participantes y abogó por trabajar intensamente en una mesa técnica para consensuar las indicaciones. Instó a no perder de vista el valor de las opiniones expuestas y a no comprometer el buen ánimo actual por problemas de forma en el proceso legislativo.

El Diputado Sáez resaltó la importancia de utilizar la propia comisión como una mesa técnica para abordar la discusión del proyecto. Reconoció el consenso generalizado y señaló que las discrepancias se encuentran en los detalles y particularidades del proyecto. Hizo hincapié en la urgencia de legislar sobre el cumplimiento tributario, especialmente considerando la necesidad de recursos para enfrentar diversas necesidades del país, como la reconstrucción en la región de Valparaíso y las crisis en áreas como salud y seguridad ciudadana. Destacó que la comisión debe legislar con sentido de urgencia, aprovechando el grado de consenso existente y utilizando todas las herramientas disponibles para avanzar con decisión y responsabilidad.

El Diputado Lagomarsino recordó que una de las críticas principales de la oposición respecto a la reforma tributaria anterior fue la falta de división del proyecto en dos partes: una sobre evasión e ilusión y otra sobre nuevos tributos y formas de abordar los impuestos. En ese sentido, considera lógico que el proyecto actual sea aprobado en general de manera amplia. Expresó sorpresa ante la posibilidad de que no haya una amplia aprobación por parte de la oposición, ya que en el pasado habían pedido esa separación. Aunque comprende la posición del Diputado Romero, no la comparte y espera que la oposición mantenga su palabra sobre la división del proyecto. Concluyó expresando su confianza en que la votación de hoy esté alineada con la necesidad de repensar cómo combatir la evasión y la ilusión, reconociendo que la evasión es ilegal y la ilusión es legal en términos tributarios.

El Ministro Marcel agradeció las expresiones de voluntad para avanzar con el proyecto y hacerlo efectivo en la lucha contra la evasión, la ilusión y la informalidad. Reconoció que las mesas técnicas son comunes en el Congreso, pero señaló que a veces pueden paralizar el trabajo legislativo si se convierten en instancias de negociación prolongadas. Sugirió que en este caso se constituya una mesa técnica que trabaje en paralelo con la comisión, enfocándose en partes controvertidas del proyecto. Esta estrategia permitiría avanzar de manera más eficiente y buscar puntos de convergencia en las indicaciones, sin paralizar el proyecto.

La Diputada Yeomans (Presidenta) expresó su apoyo a la propuesta del Ministro Marcel de avanzar en paralelo con la mesa técnica mientras se continúa con la votación en general del proyecto. Sugirió proceder con la votación general y luego hacer un breve receso para concordar los temas que se abordarán la próxima semana, comenzando por el código tributario y el tema de aduanas.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su acuerdo con la propuesta de establecer una mesa técnica y avanzar en la comisión, pero manifestó su desacuerdo con la idea de tener reuniones paralelas a las sesiones de la sala, sugiriendo que las discusiones se lleven a cabo durante el horario regular de la comisión. Además, señaló la importancia de manejar adecuadamente el trabajo para evitar situaciones que puedan afectar la participación de los diputados en la comisión.

La Diputada Yeomans propuso mantener un buen espíritu de acuerdo y trabajar en la próxima semana según el horario establecido, con sesiones el lunes, martes y miércoles por la tarde, y permitir que los diputados puedan asistir a la sala por las mañanas. Además, sugirió que durante la semana distrital se pueda seguir trabajando en la comisión técnica de manera paralela. Para la semana siguiente, planteó la posibilidad de programar sesiones especiales si fuera necesario, mostrándose abierta a llegar a acuerdos al respecto.

Previo a la votación en general el proyecto de ley, la diputada Yeomans (Presidenta) ofreció la palabra para fundamentar el voto.

El Diputado Barrera resaltó la importancia del proyecto de ley en discusión, señalando que se trata de uno de los más relevantes que han pasado por la comisión, debido a su impacto en la recaudación. Hizo hincapié en la necesidad de estos recursos para financiar programas sociales y temas de seguridad, dados los informes que señalan una alta evasión tributaria. Asimismo, destacó que el proyecto no busca aumentar impuestos, sino garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la evasión fiscal. Subrayó la importancia de que todos contribuyan al país pagando lo que les corresponde, al igual que se pagan otros impuestos en la vida diaria. Valoró la propuesta de establecer una mesa de trabajo intermedia para avanzar en el proyecto, pero enfatizó la necesidad de no retrasar el proceso, recordando experiencias pasadas donde la formación de mesas técnicas solo prolongó la discusión de los proyectos. Destacó la voluntad expresada en la comisión para llegar a acuerdos y expresó su esperanza de que este avance se refleje también en la sala de la Cámara.

El Diputado Bianchi respaldó firmemente el proyecto de ley en discusión, enfatizando su importancia para combatir la evasión y elusión fiscal, aludiendo al dicho de que detrás de muchas grandes fortunas suelen haber delitos tributarios. Destacó la necesidad de corregir estas prácticas mediante legislación adecuada. Además, resaltó el fortalecimiento de instituciones como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, subrayando su papel en la mejora de la vigilancia y la coordinación entre servicios para abordar problemas de seguridad y crimen. Agradeció el esfuerzo por avanzar en las indicaciones junto al ejecutivo, expresando su esperanza de que estas sean incorporadas rápidamente al proyecto de ley.

La Diputada Cid solicitó al Ejecutivo abordar la informalidad en el proyecto, enfatizando la importancia de establecer claramente lo que es un delito relacionado con la elusión fiscal. También instó al Ejecutivo a impulsar el crecimiento económico para aumentar la recaudación tributaria. Expresó su apoyo al proyecto y esperó que el ejecutivo incorpore las propuestas de la comisión durante el proceso legislativo.

El Diputado Mellado expresó su apoyo al proyecto en general y destacó la necesidad de abordar más aspectos además de los expuestos por el Ministro. Propuso que las penas por evasión fiscal incluyan cárcel efectiva, y sugirió mejorar el funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo para que sus recomendaciones sean vinculantes. También señaló la importancia de combatir la informalidad y de establecer una diferenciación en la fiscalización entre las pymes y las grandes empresas, considerando las diferencias en recursos y defensa jurídica. Abogó por proteger a las pymes frente a los grandes grupos económicos y solicitó una mayor atención del ejecutivo a estos aspectos durante la discusión del proyecto.

El Diputado Venegas expresó su apoyo al proyecto debido a la importancia de abordar las necesidades urgentes que enfrenta Chile, especialmente en regiones como la suya que han sufrido catástrofes. Destacó que esta medida no solo busca recaudar fondos, sino también combatir la evasión y la elusión fiscal. Además, resaltó la oportunidad que brinda este proyecto para discutir el fortalecimiento de Aduanas, lo cual podría permitir la creación de la Dirección Regional de Aduanas en los Andes, una medida crucial para combatir actividades ilícitas como el tráfico de drogas. En este sentido, consideró que el proyecto no solo tiene un impacto económico, sino también en el cumplimiento efectivo de la ley y la seguridad en su región. Por lo tanto, expresó su voto a favor del proyecto.

La Diputada Rojas expresó su apoyo al proyecto de ley sobre elusión y evasión fiscal, considerándolo como una importante oportunidad para legislar conforme a los estándares internacionales. Reconoció que este proyecto aborda un problema real y actual en Chile, aunque lamentó que la discusión sobre este tema se haya postergado durante un año. Destacó la importancia de legislar en los tiempos adecuados y recordó que temas cruciales como el levantamiento del secreto bancario deberían haberse abordado antes para cumplir con los estándares internacionales. En este sentido, instó a que la discusión se realice de manera efectiva y que se acoten los plazos para que el proyecto se convierta en ley durante el primer semestre. Por lo tanto, expresó su aprobación y apoyo al proyecto.

El Diputado Ramírez destacó la importancia de diseñar una institucionalidad adecuada al momento de otorgar mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para evitar posibles abusos en el futuro. Utilizó el ejemplo de los servicios de inteligencia para ilustrar la importancia de establecer límites y salvaguardias para proteger los derechos de los ciudadanos. Expresó su preocupación por asegurar que la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos esté revestida de garantías para respetar los derechos de los contribuyentes, especialmente ante la posibilidad de un mal uso por parte de un gobierno futuro. Subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad para evitar abusos y asegurar que las herramientas proporcionadas al servicio sean utilizadas de manera adecuada para combatir la evasión y la elusión fiscal.

El Diputado Romero expresó su preocupación por el proyecto de cumplimiento tributario en su estado actual, comparándolo con un escenario en el que la policía tuviera la facultad de disparar a cualquier persona que considerara sospechosa, colocando la carga de la prueba en el ciudadano para demostrar su inocencia. Destacó la importancia de discutir estos aspectos en la mesa técnica y manifestó su disposición a avanzar en la legislación, siempre y cuando se aborde adecuadamente la protección de los derechos de los contribuyentes. Enfatizó que el debate no debería dividirse entre quienes defienden el proyecto y quienes protegen a los evasores, sino en encontrar soluciones que respeten los derechos de todos. Concluyó anunciando su voto a favor del proyecto.

El Diputado Sáez expresó su disposición a votar a favor del proyecto de cumplimiento tributario y valoró el esfuerzo de la Comisión y de la oposición para avanzar en una política pública importante para Chile. Destacó el papel del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería en la digitalización del gobierno, contribuyendo a una administración pública más robusta y transparente. Hizo hincapié en la necesidad de debatir sobre la gobernanza de la administración tributaria, pero señaló que no se deberían esgrimir dudas sobre la institucionalidad del SII para manifestar desacuerdos legítimos. Subrayó que el proyecto fortalece al SII y al Servicio Nacional de Aduanas, abordando la sobrecarga laboral y reconociendo las necesidades económicas urgentes del país. Hizo un llamado a una tramitación expedita del proyecto, respetando las legítimas diferencias en el debate.

El Diputado Lagomarsino comenzó expresando su aprecio por la declaración pública de que los recursos recaudados a través de esta ley contra la elusión y la evasión se destinarán a la reconstrucción provocada por el reciente incendio en su región. Reconoció el compromiso del Presidente Boric de llegar al invierno con todos los damnificados con un techo, y señaló la importancia de esta ley para evitar daños al erario nacional. Apoyó firmemente la iniciativa, destacando que la convivencia en sociedad implica tanto derechos como deberes, incluido el deber fundamental de pagar impuestos para obras en beneficio de la sociedad. Aplaudió el gesto de la oposición al aprobar unánimemente el proyecto de ley y elogió al Diputado Agustín Romero por su grandeza, anunciando su voto a favor del proyecto.

El Diputado Von Mühlenbrock comenzó expresando su valoración por la disposición del Ministro Marcel y reconoció el trabajo técnico de Diego Riquelme durante las largas sesiones de discusión. Destacó la importancia de enriquecer la discusión con ideas provenientes de diversos actores, como el Consejo Asesor Consultivo y la Defensoría del Contribuyente. Expresó su preocupación por el crecimiento de la informalidad en el país y abogó por medidas para abordar este problema. Apoyó el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, pero manifestó inquietud sobre la elección del director de este organismo, así como sobre la capacidad de la Aduana para fiscalizar en medio de la preocupación por el ingreso ilegal de drogas. Concluyó afirmando su voto a favor del proyecto, enfatizando en la necesidad de colaboración y habilidades de manejo para lograr mejoras en la legislación.

La Diputada Yeomans (Presidenta) destacó la unanimidad alcanzada en la votación del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, resaltando la importancia de legislar para asegurar recursos económicos que permitan abordar las múltiples necesidades del país. Expresó su esperanza de que esta votación general se traduzca en apoyo en las votaciones específicas del proyecto, especialmente para fortalecer el Servicio de Impuestos Internos y actualizar la normativa. Solicitó al ejecutivo avanzar en la eliminación del secreto bancario en sede administrativa y equilibrar las solicitudes de los parlamentarios para lograr un proyecto de ley integral que modernice el sistema tributario. Hizo hincapié en la importancia de sancionar adecuadamente a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema. Concluyó manifestando su voto a favor del proyecto y la necesidad de trabajar eficientemente considerando los tiempos legislativos y las expectativas de la ciudadanía.

VOTACIÓN EN GENERAL

En definitiva, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los trece Diputados presentes. Votaron a favor las diputadas y los diputados Eric Aedo, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Sofía Cid, Tomás Lagomarsino (en reemplazo del Diputado Sepúlveda), Miguel Mellado, Guillermo Ramírez, Camila Rojas, Agustín Romero, Jaime Sáez, Nelson Venegas (en reemplazo del Diputado Naranjo), Gastón Von Mühlenbrock y Gael Yeomans (Presidenta).

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR

El señor Riquelme mencionó que se comenzaría con las modificaciones a la ordenanza de aduanas, detallando que se dividen en 9 puntos temáticos. El primero consiste en introducir un nuevo artículo 8, el cual establece los derechos de los contribuyentes y crea el recurso de resguardo para poner fin a la vulneración de estos derechos. Además, se establece el envío de notificaciones por correo electrónico, especialmente dirigido a despachadores y agentes de aduanas, que ya cuentan con un sistema de notificación automatizado.

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas:

1) Agrégase a continuación del artículo 8°, el siguiente artículo 8 bis nuevo:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas, los siguientes:

1°. El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°. El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°. Obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias y aduaneras, debidamente actualizadas.

4°. Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

5°. Que en las actuaciones realizadas por el Servicio se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones de destinación aduanera, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado.

6°. Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

7°. Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

8°. Conocer los criterios administrativos del Servicio. Para estos efectos el Servicio deberá publicar en su sitio web las normas de régimen interno y los manuales de funciones o de procedimiento, órdenes e instrucciones, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades interpretativas y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria y aduanera.

9°. Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley.

10º. Que, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria y aduanera establecidos en la ley.

Quienes actúen ante el Servicio podrán presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de una acción u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional de Aduanas, en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el solicitante acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá valorarse según las normas de la sana critica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza .

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los solicitantes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de quienes actúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

Puesto en votación el número 1 del artículo quinto del proyecto de ley, resultó aprobado por la unanimidad de los trece Diputados presentes señores Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

2) Reemplázase en el Artículo 15, la frase “a los reglamentos que dicte el Director Nacional de Aduanas con aprobación del Presidente de la República” por la frase “a la regulación que dicte el Director Nacional de Aduanas”.

La Directora de Aduanas señaló que, en el pasado, la autorización para este tipo de disposiciones solía recaer en el presidente de la ordenanza aduanera desde la década de 1970. La propuesta actual es que dicha regulación sea responsabilidad del Director Nacional de Aduanas, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para los otros artículos de la ordenanza. Esto se enfoca específicamente en las disposiciones relacionadas con el registro de las personas que ingresan o salen del país.

El Diputado Romero expresó su preocupación acerca de la modificación del reglamento, señalando que esta norma, que se originó en una ordenanza antigua, ahora está siendo modificada en un contexto donde podría afectar garantías constitucionales. Mencionó que estas normas anteriores, que requerían la aprobación del presidente de la república, tenían una razón de ser específica. Por lo tanto, sugirió que la modificación de estas normas debería ser revisada y cuidadosa, no limitándose a la aprobación del director de un servicio. Solicitó una explicación más detallada sobre este tema por la importancia y las posibles implicaciones de la dictación de normas que afecten garantías constitucionales actualmente.

La Directora de Aduanas explicó que el reglamento actualmente en vigor ha estado en funcionamiento desde hace mucho tiempo. En cuanto a la modificación propuesta, aclaró que no implica la emisión de un nuevo decreto, sino simplemente la aprobación o autorización directa del presidente, lo cual se refiere a la forma en que se registra a las personas al ingresar al país. Esta norma no invalida otros derechos garantizados por la constitución y las leyes, sino que regula específicamente el registro de las personas para fines de fiscalización aduanera, como el control de mercancías. La intención es actualizar el reglamento sin infringir otros derechos o disposiciones legales del país, manteniendo su naturaleza como una norma administrativa que requiere la autorización presidencial.

El Diputado Romero planteó que su preocupación no radica en que esta norma se superponga a otras, sino más bien en que podría relajarse. Para ejemplificar su punto, mencionó que una norma que actualmente requiere la aprobación del presidente podría, en el futuro, depender exclusivamente de la decisión del director de un servicio, lo cual considera una regulación interna más flexible. Su inquietud radica en comprender por qué se está eliminando esta salvaguarda que requería la aprobación presidencial, ya que considera que esto podría afectar el nivel de cuidado y la uniformidad de la redacción de la ordenanza. Preguntó si, al eliminar esta salvaguarda, la norma seguirá protegiendo de manera efectiva a las personas y qué autoridad sería responsable en caso de un cambio en la regulación.

El Diputado Mellado compartió la preocupación del Diputado Romero respecto al papel del Presidente de la República. Consideró que el registro de personas que entraban o salían del país debía estar enmarcado dentro de una política general a nivel nacional, y no ser simplemente una cuestión administrativa determinada por el Director Nacional de Aduanas. Consideró que el artículo 15 anterior reflejaba esta importancia y buscó comprender cómo se llevaba a cabo la operativa administrativa diaria con ese artículo, así como cuál era la propuesta para el nuevo número 2 que se proyectaba ahora. Enfatizó la necesidad de tener en cuenta un enfoque más amplio y general en la gestión de las personas que ingresaban o salían del país, razón por la cual mencionó la importancia del presidente de la república en este contexto.

La Directora de Aduanas explicó que la normativa actualizada del Servicio Nacional de Aduanas, establecida en la ley orgánica, otorga al director o directora de aduanas la facultad de elaborar el reglamento completo de las normativas. Esta facultad ya no recae en el presidente de la república, como sucedía anteriormente. En este contexto, la regulación de las operaciones de registro de equipaje, vehículos y medios de transporte en el marco del control de mercancías que ingresan o salen del país se lleva a cabo a través del flujo internacional. La norma en cuestión, que estaba presente en la ordenanza de aduana pero no en la ley orgánica actual, se armoniza con las facultades del director o directora nacional de aduana establecidas en la legislación vigente. Esto garantiza que se respeten los derechos de las personas y se cumplan las demás leyes y normativas del país. La nueva forma de emitir reglamentos se ajusta a los procedimientos estándar y supone todos los trámites correspondientes.

Votaron a favor Aedo, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Cid, Mellado, Ramírez y Von Mühlenbrock. Votó en contra el Diputado Romero.

3) Agrégase, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Toda notificación que deba realizar el Servicio Nacional de Aduanas, se practicará por correo electrónico, salvo las excepciones legales que procedan.

Toda persona natural o jurídica que actúe ante el Servicio Nacional de Aduanas, personal o debidamente representada, debe declarar en su primera presentación la dirección de correo electrónico para efectos de que se practiquen las notificaciones que correspondan. La notificación que deba efectuarse a un agente de aduanas o a otro operador que deba registrarse ante el Servicio Nacional de Aduanas, se realizará válidamente en la casilla de correo electrónico que haya declarado en su inscripción. En el caso de la tramitación de una destinación aduanera, la notificación de todos los actos relacionados con el despacho se efectuará válidamente con su envío a la dirección de correo electrónico incorporado en la declaración respectiva.

En caso de que cualquiera de los interesados a que se refiere el inciso anterior, no declare una dirección de correo electrónico, las actuaciones del Servicio serán notificadas de acuerdo con las normas de los artículos 69 , 92 ter , 93 , 94 y 185 de esta Ordenanza, según el tipo de acto de que se trate.

Quienes carezcan de medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar al Servicio Nacional de Aduanas que las notificaciones les sean practicadas mediante carta certificada dirigida a su domicilio particular, el cual deberán señalar al momento de efectuar la respectiva solicitud. En este caso, la notificación se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos para su despacho. Esta solicitud será resuelta por el Servicio, de conformidad con el procedimiento que se establezca.

La notificación por correo electrónico se entenderá practicada en la fecha de envío del mismo. El correo electrónico de notificación deberá contener copia de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Es obligación del interesado mantener actualizada la dirección de correo electrónico declarada. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el interesado no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación, salvo que el interesado acredite que no recibió la información por caso fortuito o fuerza mayor.

Corresponderá al Director Nacional de Aduanas establecer el procedimiento para practicar las notificaciones por correo electrónico del Servicio.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, por decreto del Ministerio de Hacienda se podrá establecer otros medios de notificación electrónica respecto de los despachadores que cuenten con autorización para funcionar en sistemas de transmisión electrónica de datos. El Director Nacional deberá mediante resolución, identificar los sistemas electrónicos de transmisión de datos incluidos en el presente inciso.”.

La Diputada Cid consultó si el proyecto incluye el uso de medios electrónicos como WhatsApp, además del correo electrónico, dada la masificación de su uso. Señaló que incluso los adultos mayores prefieren WhatsApp sobre el correo electrónico, a pesar de que este último es considerado más formal. Sugirió la posibilidad de duplicar el uso de ambos medios.

El Diputado Mellado hizo un comentario respecto al procedimiento para registrar o actualizar los correos electrónicos en el caso de la aduana. Mencionó que el proceso de registro de correo electrónico ante el Servicio de Impuestos Internos solía durar años, y sugirió contrastar esta experiencia con lo que está ocurriendo en el caso de la Aduana, para evitar que nadie quede indefenso en este tema.

El señor Riquelme explicó que la norma establece que, en general, las notificaciones se realicen por correo electrónico. Señaló que, aunque existen otros medios tecnológicos, la fiabilidad de las notificaciones por correo electrónico es mayor, ya que los sistemas permiten establecer que el correo llegó a la casilla e incluso se pueden implementar filtros para evitar que los correos se clasifiquen como spam. Además, mencionó que la experiencia con las notificaciones por correo electrónico ha sido positiva, en comparación con las cartas certificadas, las cuales pueden extraviarse o generar problemas con los plazos. Por lo tanto, considera que el correo electrónico es un sustituto mucho mejor que las cartas certificadas.

En relación con el procedimiento para notificar por correo electrónico, explicó que se solicita que quienes interactúen por primera vez a través de los portales, como el de aduanas, proporcionen una dirección de correo electrónico para efectos de notificaciones. Además, indicó que aquellos que carezcan de medios tecnológicos o no tengan acceso a ellos pueden ser notificados por cartas certificadas, siendo esta una excepción.

Finalmente, mencionó que mediante decreto del Ministerio de Hacienda se pueden establecer otros medios de notificación, principalmente para los despachadores que interactúan constantemente con el servicio nacional de aduanas, para que no se pierda la posibilidad de que determinados contribuyentes puedan tener otro medio de notificación.

Puesto en votación el número 3, resultó aprobado por doce votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Romero.

4) Modifícase el artículo 92 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “plazo de dos años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración” por la frase “plazo de tres años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración o bien desde la última modificación que haya sido solicitada por el interesado”.

ii) Intercálase entre la frase “o tratados internacionales” y “, en cuyo caso”, la frase “o en la legislación nacional,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “dos”, por la palabra “tres”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Los cargos que se formulen en conformidad a este artículo se notificarán al consignatario o importador mediante correo electrónico enviado a la dirección registrada en el documento de destinación, debiendo remitirse además una copia de dicho correo al despachador, La omisión de envío de esta copia no anulará la notificación.”.

d) Agrégase a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

Los cargos señalados en el presente artículo podrán ser reclamados según lo dispuesto en el artículo 117 y no será preciso para interponer la reclamación el pago previo de los derechos, impuestos, tasas o gravámenes.”.

El señor Riquelme explicó que el objetivo de este numeral es igualar las condiciones que tiene el Servicio Nacional de Aduanas con las que tiene el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a los plazos de prescripción. Mencionó que, por regla general, el Servicio de Impuestos Internos tiene plazos de prescripción de 3 años, mientras que Aduanas tiene solo 2 años. No encontró ninguna justificación para esta diferencia y señaló que en la mayoría de los casos los plazos son de 3 años. Por lo tanto, lo que están haciendo es ampliar en un año el plazo para equipararlo a las facultades de prescripción que tiene el Servicio de Impuestos Internos en su acción de fiscalización.

En votación, el número 4 se aprobó por unanimidad de los trece integrantes presentes. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

5) Agrégase, a continuación del artículo 92 bis, el siguiente artículo 92 ter, nuevo:

“Artículo 92 ter.- El valor declarado en una destinación de importación podrá ser modificado a solicitud del importador, conforme lo dispuesto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, y el DFL 31, de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, cuando se trate de variaciones al valor, cuyas condiciones sean conocidas al momento de la legalización de la declaración respectiva y sean susceptibles de ser acreditadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de la legalización de la importación se deberá declarar que el valor se encuentra sujeto a revisión y cumplir con los plazos y demás requisitos que determine la regulación emitida al efecto por el Director Nacional de Aduanas, debiendo determinarse los ajustes que sean necesarios a los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aplicables. El plazo que se establezca en cada caso para que el interesado solicite la modificación del valor aduanero no podrá exceder los 18 meses desde la fecha de legalización de la declaración.

No se formulará denuncia al despachador por las modificaciones a las destinaciones aduaneras que se efectúen conforme este artículo. No obstante, en caso de constatarse la existencia de dolo o documentación maliciosamente falsa, el Servicio podrá formular denuncia por el delito de contrabando establecido en el artículo 168 inciso tercero de esta Ordenanza .”.

El señor Riquelme explicó que se introduce un nuevo artículo, el 92 ter, en línea con acuerdos internacionales. El objetivo es evitar formular cargos, es decir, sanciones, a aquellos que informan a la Aduana sobre posibles modificaciones en los valores al momento de la importación. Cuando una persona realiza una importación y sabe que los valores podrían cambiar, informa a la Aduana al respecto. En ese caso, si se hace esta acción preventiva, la Aduana se abstiene de formular cargos si los valores de la destinación son alterados. Esta medida beneficia a los importadores y excluye los casos en los que se demuestre mala fe o dolo. Sin esta norma, la Aduana estaría obligada a formular cargos cada vez que se realice un cambio en una destinación aduanera. Esta medida busca facilitar el proceso de importación, especialmente en casos donde los valores pueden variar debido a acuerdos contractuales entre las partes, siempre y cuando se informen anticipadamente a la Aduana.

El Diputado Sáez preguntó si basta la mera declaración del contribuyente o es necesario que aporte mayores antecedentes.

El Diputado Mellado planteó una preocupación sobre qué sucedería después de que el importador declare que el valor está sujeto a revisión. Si el importador no proporciona ninguna aclaración futura y entra un artículo con un valor diferente, no está claro quién sería responsable de proporcionar el nuevo precio. Señaló que esto podría abrir la puerta para que los importadores blanqueen el valor de las importaciones, especialmente en el caso de importaciones de China donde a menudo se subvalúan los productos. Solicitó más detalles sobre cómo funcionaría la operación después de la declaración de revisión del valor para garantizar la transparencia y evitar posibles abusos o evasiones.

La Directora de Aduanas explica que la normativa establece que las condiciones deben ser conocidas al momento de la legalización de la declaración respectiva y comunicadas al servicio de aduanas. Esto se aplica especialmente en casos donde existen acuerdos de precios de transferencia entre las partes involucradas en la operación comercial. Al legalizar la operación, las partes deben informar al servicio aduanero sobre cualquier variación en el valor acordado, cuyas condiciones deben ser conocidas y acreditadas. Este proceso asegura que cualquier cambio en el valor acordado sea transparente y esté respaldado por la documentación adecuada. La Directora también aclaró que las condiciones de variación del valor deben ser establecidas con anticipación y no dejadas abiertas a interpretaciones posteriores.

El Diputado Mellado consultó cómo se implementa esa disposición en la práctica diaria y cómo beneficiaba a los contribuyentes en sus operaciones, cómo se manejaban las situaciones donde una persona cometía un error en la valoración de los bienes que importaba, o cuando había discrepancias en el tipo de cambio utilizado.

El Diputado Romero quería asegurarse de que quedara claro que quien declara que su importación está sujeta a revisión sea revisado después. Expresó su preocupación sobre la posibilidad de evasión fiscal si se permite que esta declaración se convierta en una ventaja para el contribuyente. También mencionó que, además de los 18 meses establecidos, en algunas operaciones comerciales pueden surgir políticas de descuento que podrían llevar a una modificación del precio declarado. Solicitó aclaraciones sobre cómo funciona este proceso en la práctica para evitar posibles abusos o malentendidos.

La Directora de Aduanas explicó que este proceso se aplica principalmente cuando hay variaciones legales con reglas conocidas, como los acuerdos anticipados de precio, que son generados en conjunto por las administraciones tributarias. Estos acuerdos se materializan cuando se cumple un contrato entre las partes, que incluye condiciones previamente establecidas y conocidas, como descuentos por cantidad o tipo de venta, y están a disposición de las autoridades tributarias. Estas condiciones impactan en el valor de transferencia sobre el cual se aplican los impuestos. La modificación permite que, para la importación, se declare esta variación del valor previamente acordado antes de los 18 meses posteriores a la operación, de manera obligatoria y acreditada. Esto evita procesos de denuncia con multas e infracciones, permitiendo que la administración tributaria cuente con un valor más real de la transacción y fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de las empresas.

El señor Riquelme mencionó que la preocupación expresada por el Diputado Mellado está resuelta en el inciso final de la norma. Este inciso establece que si durante el proceso de fiscalización aduanera se determina que el instrumento se utilizó de manera indebida, por ejemplo, para intentar subdeclarar, la denuncia será directamente por contrabando. Por lo tanto, la norma misma aborda y resuelve las preocupaciones planteadas.

En votación, el número 5 se aprobó por unanimidad de los trece integrantes presentes. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

6) Agrégase, a continuación del artículo 92 ter nuevo, el siguiente articulo 92 quáter, nuevo:

“Artículo 92 quáter.- Los ajustes o autoajustes en materia de precios de transferencia, regulados en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, inclusive aquellos cuyo origen sea la celebración de un acuerdo anticipado de precios, no producirán efectos en los valores declarados en una destinación de importación o exportación, ni será necesaria la modificación de los mismos.

Cuando se celebre un Acuerdo Anticipado de Precios que incluya la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito por el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda, mediante resolución establecerá el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

En caso que, con ocasión de la firma de un Acuerdo Anticipado de Precios, se realice un ajuste por los ejercicios anteriores, estos producirán efecto sólo respecto del impuesto a la renta.”.

El señor Riquelme explicó que la norma se refiere a ajustes o autoajustes en precios de transferencia, que derivan de acuerdos entre la administración tributaria y el contribuyente. Estos ajustes afectan el margen operacional y se realizan para cumplir con los acuerdos previamente establecidos. Sin embargo, aplicar estos ajustes a cada bien importado sería impracticable y hasta absurdo en algunos casos, como en los acuerdos anticipados de precio.

En la mayoría de los países, los ajustes de precios solo afectan los impuestos a la renta, ya que ajustar el valor de cada bien individualmente no tiene sentido para efectos aduaneros. Esto permite que Aduanas autorice acuerdos anticipados que incluyan el intercambio de mercancías, lo que fomenta la posibilidad de cerrar mayores acuerdos entre la administración tributaria y los contribuyentes.

En votación, el número 6 se aprobó por unanimidad de los trece integrantes presentes. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

9) Reemplázase el artículo 125 por el siguiente:

“Artículo 125.-Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante "el Sistema", y cada uno de los expedientes como Expediente o Carpeta Electrónica. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.”.

10) Modifícase el artículo 127 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la expresión "carta certificada” por la frase “correo electrónico".

ii) Reemplázase la expresión "al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por la frase “el mismo día del envío del correo electrónico, por parte del tribunal”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada” por la frase “una dirección de correo electrónico, y esta designación se considerará subsistente mientras no designe otra”.

c) Sustitúyese el inciso quinto por los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta certificada fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.

Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, las resoluciones a que alude el inciso tercero se le notificarán por carta certificada. En este caso la notificación por carta certificada podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicios de correos legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contada desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Lo anterior, será igualmente aplicable a los terceros respecto de los cuales no se cuente con la información de correo electrónico.”.

11) Modifícase el artículo 128 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Si, con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio Nacional de Aduanas concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio Nacional de Aduanas no podrá ser condenado en costas.”.

b) Agrégase en el inciso tercero, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos, la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”

c) Agrégase en el inciso cuarto, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “El Servicio Nacional de Aduanas y el reclamante deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.”.

d) Elimínanse los incisos décimo tercero y décimo cuarto.

e) En el inciso décimo sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, incorpórase entre la palabra “desestima” y la expresión “. En general”, la frase “y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

f) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos en que el reclamante sea condenado en costas y la resolución que las establezca se encuentre ejecutoriada, lo que deberá ser certificado por el tribunal, el Servicio Nacional de Aduanas emitirá un giro para su cobro por el Servicio de Tesorerías.”.

12) Modifícase el artículo 128 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente en el reclamo o se trate de casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre las expresiones “artículo 186 bis” y “en los mismos términos” la expresión “y 129 K ,”.

ii) Elimínase la frase “Sin embargo, no procederá el llamado a conciliación en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos”.

iii) Incorpórase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “No obstante lo señalado en el artículo 128 , el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

c) Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Agrégase después de la palabra “Director” la expresión “Nacional”.

ii) Elimínase la frase “El Director deberá pronunciarse sobre la conciliación dentro de los treinta días siguientes al término de la audiencia, estando facultado para aceptarla o rechazarla total o parcialmente. En caso de no pronunciarse en dicho plazo, se entenderá que rechaza las bases de arreglo y la conciliación.”.

d) Intercálase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser el séptimo:

“El Director Nacional, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación.”.

13) Modifícase el artículo 129 D, en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la frase “podrán interponerse los recursos de apelación y casación en la forma”.

ii) Agrégase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase: “En caso de que se deduzcan ambos recursos, estos se interpondrán conjuntamente y en un mismo escrito.”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“El término para interponer el recurso de apelación y casación en la forma no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo 129 C .”

c) Elimínase el inciso tercero.

14) Suprímese el artículo 129 E.

El señor Riquelme explicó que se pretende homologar las figuras y procedimientos judiciales que ya existen en el código tributario y las modificaciones de procedimientos judiciales ante los tribunales tributarios y aduaneros del proyecto de ley. Se busca que la notificación por correo electrónico sea la regla general, salvo en casos donde se establezca otro tipo de notificación o cuando el contribuyente no tenga correo electrónico o interactúe solo de forma esporádica.

Además, se introduce la figura del expediente electrónico, ya existente en los tribunales tributarios actuales, pero se busca eliminar la obligación de tener un documento en papel junto al expediente electrónico, siguiendo el ejemplo de la jurisdicción civil que ha migrado por completo a los expedientes electrónicos.

Se busca también homologar las facultades de los tribunales tributarios en materia de reclamaciones por delitos y procedimientos de impuestos, tanto ante impuestos internos como en los casos de aduanas. Actualmente, los procedimientos están asimétricos, y se pretende corregir esta situación para brindar mayor equidad y justicia a los contribuyentes que reclaman.

El Diputado Romero consultó mayores antecedentes en relación con la reserva del expediente, sobre todo desde la redacción que daría a entender que tras la tramitación podría hacerse público.

El señor Riquelme contestó que, durante su tramitación, sólo las partes pueden acceder a los expedientes, aun cuando sean electrónicos.

El Diputado Romero reiteró que la redacción del nuevo artículo 125 –contenido en el número 9 del artículo primero del proyecto de ley— da a entender que, una vez terminado el proceso, otras personas podrían conocerlo y que, a su parecer, si se eliminase la expresión “durante la tramitación” del inciso cuarto, el principio sería que sólo las partes pueden imponerse del conocimiento del proceso salvo la sentencia que es pública. Consulta en tal sentido qué es lo que se pretende.

El señor Riquelme señala no se busca innovar, sino regular el proceso actual dentro de la lógica de un expediente electrónico.

El Diputado Mellado expresó que el artículo 128 actual en ninguna parte deja sin condena en costas al Servicio Nacional de Aduanas. Sin embargo, la nueva redacción propuesta en el numeral 11 incluye una cláusula que establece que “en virtud de esta aceptación el Servicio Nacional de Aduana no podrá ser condenado en costas”, lo que parece extraño.

El señor Riquelme contestó que las modificaciones propuestas en el artículo 128 buscan permitir al Servicio Nacional de Aduanas allanarse a reclamos si reconoce que el contribuyente tiene razón, lo que hoy no ocurre, estando obligado a llegar hasta el final juicio, con lo cual se busca poder ponerle término de manera anticipada, incluso antes de que el servicio responda al reclamo, por llegar al convencimiento de que la pretensión del contribuyente es la correcta. Lo propio ocurre con el Servicio de Impuestos Internos.

En tal sentido, el señor Riquelme aclara no tendría sentido imponer una condena en costas al contribuyente, ya que se terminaría el proceso de manera anticipada y no habría alguien “completamente vencido” en un litigio, que es lo que se considera para que proceda la condena en costas.

El Diputado Mellado enfatizó en la diferencia entre empresas grandes con abogados contratados como “costo fijo”, y empresas pequeñas que deben contratar abogados con costos elevados para litigar, indicando que si hay un error del Servicio Nacional de Aduanas y este se allana debería pagar las costas hasta tal momento a las pequeñas empresas a objeto de resarcir los costos asociados.

El Diputado Ramírez, recogiendo la intervención del Diputado Mellado, destacó la disparidad en recursos legales entre el Servicio de Impuestos Internos y su contraparte, especialmente pequeñas empresas, las que enfrentan costos importantes para la contratación de un abogado. Refirió que, con objeto de lograr un equilibrio, si las pequeñas empresas tienen una razón suficiente para alegar deberían recibir reembolsos por los costos en dichos casos.

El señor Riquelme señaló que en la figura del allanamiento, generalmente no se condenan costas, ya que se valora que una de las partes renuncia a seguir litigando, siendo similar a una conciliación donde una parte cede en totalidad. De esta forma, afirmó que no tendría sentido que el Servicio Nacional de Aduanas, al dar la razón al contribuyente en una conciliación, resulte luego condenado en costas, ya que esto generaría un incentivo negativo para allanarse. Añadió que si se establece que el Servicio debe pagar costas en caso de allanamiento, tanto el Servicio Nacional de Aduanas como el de Impuestos Internos nunca se allanarían por temor a asumir estos costos.

El Ministro Marcel señaló que las costas no tienen como objetivo incentivar a las pymes, ni lograr efectos de política pública, sino que, a su entender, se relaciona con la naturaleza de la demanda y el fallo emitido por el tribunal, con lo que no siempre la parte vencedora obtiene costas. En tal sentido, afirmó que el punto discutido va más allá del artículo específico, referido a cuando alguien se allana a resolver un problema, sino que en general a lo que ocurre cuando los servicios públicos enfrentan un fallo adverso en materia tributaria y aduanera.

La Comisión continuó con la discusión y votación particular de los números 9), 10), 11), 12), 13) y 14) del artículo quinto del proyecto de ley.

Indicación del Diputado Romero:

En el número 9): “Para eliminar en el inciso cuarto del artículo 125 la frase “Durante la tramitación”.

El señor Riquelme explicó que el inciso al que se hace referencia ya está presente en la normativa vigente. Este inciso establece que terceros ajenos al juicio no pueden acceder al expediente mientras se esté desarrollando el procedimiento, pero sí pueden hacerlo una vez que la sentencia de primera instancia se hace pública. Esta medida es coherente con las normas tributarias, tanto en el Código Tributario como en las que rigen al Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Señaló que esta disposición no representa un desequilibrio para las partes, ya que estas siempre tienen acceso al expediente durante todo el proceso, mientras que terceros ajenos al juicio están restringidos de acceder a él.

El Diputado Romero expresó su preocupación por la seguridad y confidencialidad de la información en los procesos judiciales, especialmente en aquellos relacionados con asuntos pecuniarios. Hizo hincapié en la importancia de garantizar la privacidad de la información durante todo el proceso, no solo en la sentencia final. Señaló que el Congreso Nacional debe enviar una señal clara de que se preocupa por mantener la confidencialidad de la información, para evitar filtraciones y garantizar la integridad del sistema judicial.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada por no alcanzar el quórum de aprobación. Votaron a favor los Diputados Cid, Mellado, Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los Diputados Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Sepúlveda. (5-6-1)

El Diputado Mellado planteó la preocupación sobre el tema de las costas en relación con la aceptación de Aduanas. Preguntó si se está considerando algún cambio en esta materia, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ya que los costos legales pueden representar un desafío para ellas.

El señor Riquelme aclaró que la propuesta sobre las costas no proviene de Aduanas ni del Servicio de Impuestos Internos, sino de la asociación de jueces de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Explica que esta propuesta busca establecer instancias de términos anticipados del juicio, lo cual no existe actualmente, y establecer el pago de costas hacia el servicio público para evitar ciertos inconvenientes.

El Diputado Romero expresó su inquietud respecto al numeral 12 del texto en discusión, específicamente en la letra b, donde se elimina el llamado a conciliación en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos. Explicó que la conciliación había sido un trámite esencial en prácticamente todos los procesos jurídicos conocidos, y le parecía contradictorio eliminar esta posibilidad cuando se buscaba llegar a acuerdos. Solicitó una explicación sobre la razón detrás de esta eliminación.

El señor Riquelme mencionó que podría haber un error en la interpretación del texto. Explicó que lo que se estaba eliminando era la prohibición, es decir, que el objetivo de las modificaciones del artículo 128 es eliminar las restricciones para llegar a la conciliación.

Puestos en votación los numerales 9), 10), 11), 12), 13) y 14) del artículo quinto estos fueron aprobados por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Romero. (11-0-1)

15) Modifícase el artículo 140 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en la letra a), entre la palabra “desaduanamiento” y el punto y coma que le sigue, la frase “, aun cuando no se encuentren pagados los derechos, impuestos y gravámenes”.

b) Reemplázase en la letra b) la frase “cancelado los derechos de Aduana” por la frase “pagado los derechos, impuestos y gravámenes”.

16) Modifícase el artículo 152, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “intendentes” por “Delegados Presidenciales”.

b) Elimínase en el inciso cuarto, la frase “Esta donación estará exenta del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos y tendrá el carácter de pública.”.

c) Agrégase a continuación del inciso cuarto los siguientes inciso quinto y sexto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Nacional podrá autorizar la donación, de las mercancías señaladas en el inciso anterior, en casos excepcionales, por resolución fundada, a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que su objeto sea la beneficencia o realización de obras sociales.

Las mercancías donadas por aplicación de los dos incisos anteriores están liberadas del trámite de insinuación y exentas del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.”.

17) Agrégase a continuación del artículo 152, el siguiente artículo 152 bis, nuevo:

“Artículo 152 bis.- Las mercancías que sean objeto de una investigación penal por más de un año, podrán ser declaradas susceptibles de destrucción y se procederá a ella, dejándose una muestra representativa e informando al Ministerio Público y/o al tribunal respectivo.”.

El señor Riquelme explicó que las tres medidas que se buscan establecer tienen como objetivo principal otorgar mayores facultades para declarar algunas especies como abandonadas. Sin embargo, lo más importante es la posibilidad de donar mercancías que podrían ser objeto de donación en lugar de tener que destruirlas. Actualmente, el Servicio Nacional de Aduanas está obligado a ordenar la destrucción de bienes que podrían ser objeto de donación debido a la falta de facultades. Con esta medida, se busca evitar la destrucción de bienes que podrían tener un segundo uso más útil, permitiendo su donación a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que su objetivo sea la beneficencia o la realización de obras sociales. Hizo presente que, en el literal a) del número 15), hay un error, en tanto la frase que se intercala no debería contener la palabra “no”, por lo que solicitó a la Comisión recabar el acuerdo en orden a someter a votación la propuesta con esta modificación. Así fue acordado.

El Diputado Mellado expresó su preocupación sobre cómo las donaciones podrían entrar en conflicto con la disposición anterior, ya que, si se permite una donación, todas las mercancías que son susceptibles de ser donadas no deberían ser sujetas a declaraciones de destrucción.

La Directora de Aduanas explicó que se trata de situaciones distintas. En el primer caso, se refiere a mercancías que son objeto de donación debido al abandono o la falta de retiro, lo que implica otorgar mayores facultades para donar una mayor cantidad de ellas. En el segundo caso, se aborda la mercancía que está sujeta a procesos judiciales específicos, como denuncias por contrabando o violaciones de propiedad intelectual. Estas mercancías pueden ser objeto de destrucción o donación, similar a las mercancías abandonadas, lo que ayuda a descongestionar los almacenes y depósitos que actualmente están llenos. Esto permite agilizar los procesos de entrega para donación o destrucción, especialmente en el caso de alimentos o medicamentos que ya no son aptos para su uso.

La Diputada Rojas expresó su firme apoyo a este tema específico. Durante una visita al puerto de San Antonio, pudo constatar personalmente la gran cantidad de almacenaje que existe y la dificultad para reducirlo. Destacó la importancia de implementar las dos vías propuestas para acelerar los procesos y resolver este problema relevante. Además, mencionó que también ha observado situaciones similares en los aeropuertos. Se refirió a la acumulación de mercancías diversas, como chatarra, cigarros y productos falsificados, lo cual representa una situación impresionante. Manifestó su esperanza de que estas medidas contribuyan significativamente a descongestionar la situación, aunque enfatizó que un paquete integral de medidas es necesario para abordar completamente el problema.

El Diputado Mellado planteó una pregunta a la Directora sobre el tema de las importaciones ilegales, especialmente en lo que respecta a la ropa y las zapatillas que llegan a Chile sin marca y luego se les añade una marca local. Expresó su preocupación por la dificultad de detectar estas importaciones ilegales, dado que llegan sin marca distintiva. Se cuestionó cómo se podría proteger el comercio legal en Chile ante esta situación, ya que es difícil imaginar la venta de zapatillas sin marca.

La Directora de Aduanas explicó que, en el caso de la propiedad intelectual, se trata de un derecho privado de las marcas. Cuando se detecta en el control fronterizo una mercancía presuntamente falsificada, se notifica a la marca correspondiente y la aduana suspende el despacho por 10 días, a la espera del pronunciamiento de la marca. Si la marca no se pronuncia o determina que la mercancía no es falsificada, esta sigue su despacho habitual. En el caso de mercancías sin marca, si no hay ningún derecho registrado de marca, la aduana procede según corresponda.

El Diputado Romero expresó preocupación por la atribución otorgada al Director Nacional. Señaló que, según la redacción, no existen límites para realizar este tipo de donaciones, ya que solo se requiere una resolución fundada. Considera que esta facultad es demasiado discrecional y debería tener algún límite en cuanto al monto o algún tipo de supervisión por parte de otra autoridad o del Servicio de Impuestos Internos. Sugiere que la falta de controles podría llevar a situaciones problemáticas o escandalosas.

El Diputado Ramírez expresó su acuerdo con que la modificación propuesta sea un cambio de lugar en la norma en lugar de su eliminación completa. Sin embargo, solicitó claridad sobre la lógica detrás de esta modificación y por qué se restringe al final la entrega de un informe que antes no se solicitaba.

El señor Riquelme explicó que, en su opinión, la modificación no restringe la norma, ya que siempre se requerirá un informe previo para autorizar la donación de mercancías. Señaló que el inciso anterior establece la necesidad de un informe favorable del director regional antes de donar a instituciones de beneficencia, establecimientos educacionales sin fines de lucro, entre otros. En cuanto a la ampliación de la posibilidad de donación a cualquier tipo de entidad sin fines de lucro, argumentó que esto facilita la donación de bienes que de otra forma podrían ser destruidos. Respecto a las medidas de transparencia, aseguró que todas las resoluciones del director nacional de aduanas son públicas, lo que permite fiscalizar quiénes son los destinatarios de las donaciones y qué bienes se están donando.

El Diputado Sáez solicita a la Directora de Aduanas que explique el procedimiento actual para las organizaciones que desean recibir donaciones de la Aduana.

La Directora de Aduanas explica que la propuesta de modificación permitiría ampliar el procedimiento actual respecto de las mercancías susceptibles de ser donadas o destruidas. Ejemplifica que esto posibilitaría donar, por ejemplo, a colegios técnicos materiales que puedan ser útiles para su enseñanza, ampliando las instituciones que pueden recibir donaciones en comparación con el procedimiento actual. Destaca que actualmente se donan mercancías que han quedado abandonadas en los recintos de depósito después de un periodo establecido, como equipamiento para bomberos, pero el proceso se limita a estas circunstancias. Con la modificación propuesta, se busca facilitar y agilizar el procedimiento para que las instituciones beneficiarias puedan obtener la mercancía que necesitan de manera rápida y para los fines específicos que tienen.

El Ministro Marcel destacó que el objetivo principal es resolver el problema de acumulación de mercaderías en las aduanas del país, como los autos requisados por contrabando que ocupaban depósitos extensos y se deterioraban con el tiempo. Señaló que no se podía crear una burocracia compleja para abordar este problema y que era necesario priorizar qué era más relevante en términos de riesgo de abuso o negocio en torno a estas mercancías. Enfatizó que la modificación propuesta establece que las instituciones receptoras debían tener como objeto la beneficencia o la realización de obras sociales, por lo que las ONG u otras organizaciones no estarían incluidas bajo esta definición. En cuanto a la transparencia, sugirió que resulta más práctico y simple registrar claramente a quién se donó y cómo se utilizó la mercancía, en lugar de crear una compleja construcción administrativa.

El Diputado Ramírez preguntó si el Ministerio Público podría oponerse a la destrucción para proteger una investigación en curso. Propuso incorporar una breve frase aclaratoria.

La Diputada Rojas expresó su preocupación por la lentitud en los procesos judiciales relacionados con las incautaciones realizadas por la aduana, especialmente en el puerto de San Antonio, que es uno de los más importantes a nivel nacional. Destacó que esta situación genera problemas de seguridad y facilita la actividad del crimen organizado, ya que las bodegas se llenan de mercancías incautadas que no pueden ser procesadas a tiempo. Apoyó las normativas propuestas que intentan abordar esta realidad en los puertos y aeropuertos, reconociendo el trabajo de los funcionarios de la Aduana, pero señalando que se ven frenados por los procesos judiciales lentos. La Diputada Rojas sugirió que se consideren propuestas alternativas para abordar este problema y permitir un avance más eficiente en los procedimientos judiciales relacionados con las incautaciones aduaneras.

El Diputado Romero propuso incorporar un plazo de 5 días hábiles para que el Ministerio Público pueda oponerse. La Secretaría propuso incorporar la oración “El Ministerio Público tendrá un plazo de 5 días hábiles para oponerse, contado desde la recepción de dicha información.” Así se acordó.

Sometidos a votación los numerales 15), 16), 17) del artículo quinto estos fueron aprobados por la unanimidad de los trece Diputados presentes, con las modificaciones acordadas. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0)

7) Modifícase el literal b) del inciso primero del artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las expresiones "de exportación" y “, practicada por”, la frase “e importación".

b) Agrégase, el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Si, como consecuencia de la aplicación de la referida clarificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos 186 y siguientes.”.

8) Modifícase el inciso primero del artículo 121 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre el guarismo “117” y la coma que le sigue, la frase “, excepto en los casos a que se refiere el párrafo segundo de la letra b)”.

b) Reemplázase en su literal a) la palabra “quince” por la palabra “treinta”.

c) Reemplázase en su literal b) la palabra “cincuenta” por la palabra “noventa”.

d) Reemplázase en su literal c) la frase “no interrumpirá” por “suspenderá”.

18) Modifícase el artículo 174, en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “Si la mercancía fuere nacional o nacionalizada, la multa será hasta del 1% de su valor.”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y así sucesivamente:

“Salvo lo dispuesto en el artículo 169, los errores en la destinación aduanera de exportación en relación con el origen, peso, cantidad, contenido, valor o clasificación arancelaria, serán sancionados con una multa de hasta el 2% del valor aduanero de la mercancía, con un mínimo de 10 UTM y un máximo de 100 UTM. En caso de reiteración el máximo de la multa se elevará hasta 200 UTM. Se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso en más de un ejercicio comercial anual.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “fijen los reglamentos” por “fije el Director Nacional”.

19) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en la letra a) el número “5” por “10”.

b) Elimínase en la letra m) la frase “de doble circuito (luz roja luz verde)”.

c) Reemplázase en la letra ñ) el número “5” por “10”.

d) Agrégase a continuación del literal o), los siguientes literales p) y q), nuevos:

“p) Retirar o permitir el retiro de mercancías desde los recintos de depósito aduanero, o entregarlas, sin que se hubieren cumplido todas las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas, exigidas para dicho retiro, con multa de hasta una vez el valor aduanero de dichas mercancías.

q) En los regímenes suspensivos de derechos de admisión temporal, almacén particular y depósito, se sancionará con multa de hasta una vez el valor aduanero de las mercancías, el almacenar o depositar las mercancías en un lugar distinto al declarado, la no cancelación o cancelación extemporánea de los citados regímenes.”.

20) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 185, el guarismo “10%” por “20%”.

21) Modifícase el artículo 186 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero el guarismo “10%” por “20%”.

b) Incorpórase a continuación del punto aparte del inciso tercero, lo siguiente:

“Si se hubiere reclamado de la clasificación y/o origen de conformidad con el procedimiento de reclamación general no podrá discutirse nuevamente acerca de lo resuelto.”.

22) Agrégase, en el artículo 187, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El monto señalado en el inciso anterior será de 11 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de las multas impuestas en virtud de lo dispuesto en las letras a) y ñ) del artículo 127.”.

El señor Riquelme explicó que los incrementos de multas propuestos están dirigidos principalmente a los casos en los que la aduana debe aplicar sanciones pecuniarias. Actualmente, en muchos casos, incumplir las normas resulta más económico que pagar la multa correspondiente. Por lo tanto, el objetivo de estas modificaciones es establecer multas que reflejen mejor la realidad actual y que sean lo suficientemente gravosas como para desincentivar el incumplimiento de las normas. De esta manera, se busca asegurar que las multas cumplan su función esencial de promover el cumplimiento de las regulaciones.

El Diputado Mellado expresó que el tema de discusión es sobre la multa por la no presentación adecuada de documentos a la aduana. Señaló que actualmente debería ser un proceso en línea, pero aún se presenta en formato físico. Preguntó si tiene sentido aumentar la multa si se espera migrar todos los procesos a un sistema en línea.

La Directora de Aduanas explicó que actualmente existe un sistema electrónico para la presentación de declaraciones y carpetas de despacho. Sin embargo, en el proceso de aforo de mercancías, se requiere la presentación física de la documentación, como facturas, junto con la carpeta electrónica. Los manifiestos también deben presentarse dentro de un plazo establecido antes de la llegada de las mercancías, lo que permite realizar un análisis anticipado de los antecedentes por riesgo. La multa actual fue considerada baja dado el tiempo insuficiente para realizar una fiscalización adecuada.

El Diputado Romero cuestionó la multa establecida en la letra b del número 18), que establece una sanción por error. Preguntó qué tipo de error se consideraría y cuál sería el criterio para aplicar una multa por equivocación, ya que tradicionalmente las multas se aplican por omisión dolosa, enmiendas u otros actos relacionados con intentos de cometer ilícitos tributarios.

La Directora de Aduanas explicó que las multas por error se refieren a situaciones en las que se cometen equivocaciones en la declaración aduanera, como errores en las cantidades, el contenido o el valor de las mercancías. Estos errores pueden afectar los perfiles de riesgo de la institución y, por lo tanto, se considera necesario sancionarlos para mantener la integridad del sistema. Sin embargo, aclaró que estas multas no están relacionadas con actos delictivos, sino con errores involuntarios en la declaración aduanera.

El Diputado Mellado preguntó a la Directora de Aduanas si disponían de cifras sobre la recaudación actual por concepto de multas, ya que cuestionaba si el aumento de las multas conduciría a una mayor recaudación. Expresó su preocupación sobre si se estaban abordando adecuadamente los aspectos relacionados con las multas en el proyecto de ley y si se estaba considerando correctamente el impacto financiero de estas medidas.

La Diputada Yeomans (Presidenta) señaló que ya existe una sanción por error regulada de manera distinta en el artículo 174. Observó que no percibía un cambio significativo en este aspecto, sino más bien en los montos y en la introducción de límites, ya que en la normativa anterior no existía un límite establecido y ahora se está definiendo un máximo y un mínimo.

El Ministro Marcel mencionó que, en el presupuesto del Servicio de Aduanas, el total recaudado por multas y sanciones pecuniarias es de aproximadamente 100 millones de pesos al año. Explicó que, debido a las razones mencionadas previamente, si se aumentan las multas, es probable que ello evite que algunos usuarios paguen la multa, ya que no les convendría. Por lo tanto, es probable que esta norma reduzca los ingresos por multas en vez de incrementarlos.

El Diputado Romero preguntó sobre si, en caso de reclamación sobre la clasificación y origen conforme a lo resuelto en una reclamación general, se podría volver a discutir lo resuelto.

El señor Riquelme explicó que la modificación del artículo 186 está relacionada con el numeral 7, que regula los procedimientos de aplicación de multas. En este contexto, cuando se menciona si se hubiese reclamado la clasificación y origen, se refiere a un juicio previo en el que se discutió la clasificación y origen de la mercadería, y se emitió una sentencia. En el proceso de aplicación de multas, no procede volver a discutir el fondo del asunto, ya que este fue resuelto en el juicio anterior. Esta modificación es relevante para evitar que los contribuyentes intenten reabrir el debate sobre el origen de la multa en un segundo juicio, cuando el asunto en cuestión es únicamente la aplicación de la multa. En resumen, la modificación busca evitar discutir dos veces sobre el mismo tema en procesos judiciales distintos.

El Diputado Mellado planteó la posibilidad de aumentar las multas en casos de reincidencia, especialmente para contribuyentes que incurren repetidamente en la misma falta. Sugirió que en la primera ocasión se aplique una multa más leve, como 5 UTM, pero que en casos de reincidencia se aumente considerablemente.

La Directora de Aduanas confirmó que las multas están estructuradas en rangos, y específicamente la reincidencia se considera como un agravante. Esto se refleja en el artículo 186, donde se establecen rangos máximos de aplicación para las multas. La regulación administrativa de aduanas utiliza estos rangos para aplicar sanciones en función del comportamiento reincidente.

La Diputada Cid sugirió que en lugar de aumentar la multa de 5 a 10 de manera inmediata, podría considerarse un enfoque gradual. Propuso que la primera vez la multa sea de 5 y luego se aplique un aumento gradual, como lo explicó la Directora. Planteó que una persona podría cometer un error por primera vez sin mala intención, pero la reincidencia, como se menciona más adelante, se entiende de manera diferente.

La Directora de Aduanas aclaró que en el numeral 21 se reemplaza el aumento actual, donde el mínimo es de 10 y se cambia por 20. Esto implica que no se trata de una multa de 5 a 10. Además, señaló que todas las multas tienen un rango de aplicación según el servicio, y respecto a la reincidencia, se podría analizar la posibilidad de establecer un mínimo.

El Diputado Bianchi expresó su preocupación por la cifra de recaudación de multas, considerándola irrisoria. Afirmó que esta situación indica que a algunos les conviene pagar las multas y seguir defraudando, lo cual no es razonable ni justo. Propuso que se vote a favor de aumentar las multas para que quienes cometan ilícitos enfrenten consecuencias más severas.

El Diputado Sepúlveda señaló que las sanciones ya establecidas no parecen inhibir la acción de muchos en el ámbito de los delitos económicos, y se destaca la importancia de no preocuparse tanto por aquellos que cometen ilícitos, sino más bien por lo que se debe hacer en términos preventivos. Mencionó que, en delitos económicos, parecen surgir más complejidades que en delitos comunes, y se enfatiza la necesidad de sancionar a aquellos que actúan ilegalmente, independientemente del monto de la multa.

La Diputada Cid advirtió que se refería al supuesto de aplicación de multa a alguna persona que comete un error, afirmando que aquellas deben ser proporcionales y aumentar de manera gradual a fin de abordar adecuadamente la reincidencia. Destacó, asimismo, la importancia de castigar con multas más altas a aquellos que prefieren pagar multas en lugar de cumplir con la ley, lo que se considera más grave aún.

Sometidos a votación los numerales 7), 8), 19), 20) y 22) del artículo quinto, estos fueron aprobados por once votos a favor y dos abstenciones. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Mellado y Romero. (11-0-2).

Sometido a votación el numeral 18) del artículo quinto, este fue aprobado por ocho votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda, y Yeomans. Votó en contra el Diputado Romero. Se abstuvieron los Diputados Cid, Mellado, Ramírez y Von Mühlenbrock. (8-1-4)

Sometido a votación el numeral 21) del artículo quinto, este fue aprobado por ocho votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda, y Yeomans. Votó en contra el Diputado Romero. Se abstuvieron los Diputados Cid, Mellado, Ramírez y Von Mühlenbrock. (8-1-4)

23) Modifícase el artículo 202 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero entre la expresión “ante la Aduana” y “estarán sujetos” la frase “los demás que estén considerados por esta Ordenanza”

b) Agrégase el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando el actual inciso noveno a ser el décimo:

“Si las resoluciones fueren emitidas por la Dirección Nacional la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización u acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario.”.

24) Agrégase, a continuación del artículo 202, el siguiente artículo 202 bis, nuevo:

“Artículo 202 bis.- La responsabilidad disciplinaria prescribe en el plazo de 3 años contados desde el incumplimiento de la obligación y se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento al afectado. La comisión de un nuevo incumplimiento, dentro del mismo ejercicio comercial, hará perder el tiempo de prescripción transcurrido.”.

La Directora de Aduanas mencionó que hoy en día existen más sujetos que incorporarán la facultad disciplinaria a la dirección. Por ejemplo, en la modificación anterior a la ordenanza aduanera se incorporaron las empresas de envíos express, como los couriers. Por tanto, hay que incorporarlos al artículo 202, que abarca a todos los tipos de sujetos que pueden hacer un despacho aduanero. Además, en el número 24 se establece un nuevo artículo 202 bis, que establece que la responsabilidad disciplinaria prescribe en un plazo de 3 años contado desde el incumplimiento de la obligación, y se interrumpe con cualquier notificación de un procedimiento o con la reiteración de una conducta. Esta medida se implementa para establecer un plazo de prescripción, lo cual no existía anteriormente.

El Diputado Mellado sugirió, a efectos de mayor coherencia, añadir el conector “y” al inicio de la frase que se intercala en el numeral 23) literal a), quedando “y los demás que estén considerados por esta Ordenanza”. Así se acuerda.

Asimismo, consulta sobre la forma de aplicar la responsabilidad disciplinaria considerando el plazo establecido.

El Diputado Romero pidió una mayor aclaración en lo que respecta al cómputo del plazo de prescripción frente a la comisión de un nuevo incumplimiento, dado que la norma alude que si se incumple nuevamente dentro del mismo ejercicio comercial hará perder el tiempo de prescripción.

La Directora de Aduanas señaló respectó al plazo de tres años se equiparó al plazo de la antigua responsabilidad penal y coincide con el plazo de prescripción que se utiliza en otro tipo de sanciones administrativas, lo que se entiende como un tiempo razonable para las actuaciones de requerimiento de información por parte del Servicio. Respecto a la facultad disciplinaria tiene que ver con el comportamiento de los que están sujetos a la facultad disciplinaria nacional, que se ampliaría con la inclusión de los sujetos despachantes, los agentes de aduanas o representantes de un importador o exportador ante la Aduana. En definitiva, refiere que se ampliarían los sujetos y se determina un plazo de prescripción a considerar para el ejercicio de la facultad.

Sometidos a votación los numerales 23) y 24) del artículo quinto, con la modificación acordada, estos fueron aprobados por doce votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Romero. (12-0-1).

La Secretaria de la Comisión hizo presente que, en conformidad con lo acordado, a continuación de la votación de las normas permanentes procede votar las disposiciones transitorias correspondientes, por lo cual se procedió a votar la disposición transitoria en lo relativo a las modificaciones a la Ordenanza de Aduanas contenidas en el artículo quinto, aprobado la sesión anterior.

“Artículo quinto transitorio. - Las modificaciones al DFL N° 30 de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, contenidas en el artículo quinto de esta ley entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, con excepción de las modificaciones a los artículos 25 bis, 125, 127, y el artículo 25 bis incorporado entrarán en vigencia el 1° de enero de 2025”.

Sometido a votación el artículo quinto transitorio, fue aprobado por once votos. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Romero. (11-0-1)

SE DIO INICIO A LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO CÓDIGO TRIBUTARIO

“Artículo primero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso final del artículo 3° la palabra “rija” por la frase “se determine según la regla vigente”.

16) Modifícase el artículo 53 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal diario, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos o contribuciones. El interés penal será determinado a partir de la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en tres coma cinco por ciento. Este interés se calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el inciso primero y se determinará por cada día de retraso.”.

b) Agréganse, a continuación del inciso tercero, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para determinar el interés penal indicado en el inciso anterior se deberá considerar la tasa de interés semestral que resulte aplicable según el período trascurrido entre el vencimiento del impuesto o contribución respectivo y la fecha del pago efectivo de los mismos. La tasa de interés así determinada se dividirá por trescientos sesenta y se multiplicará por la cantidad de días de retraso que transcurran en cada semestre a partir de la fecha de vencimiento del impuesto o contribución hasta la fecha del pago efectivo de éstos, o parte de ellos. Para estos efectos el Servicio mediante resolución fijará la tasa de interés vigente para cada semestre. La resolución será publicada en el sitio web del Servicio los meses de junio y diciembre de cada año y regirá por el semestre que inicia el mes siguiente al de su publicación.

Cuando la mora en el pago de un impuesto o contribución, o de una parte de ellos, sea por un plazo mayor a un semestre, el interés penal total a aplicar corresponderá a la sumatoria de las tasas individuales determinadas en la forma descrita en el inciso cuarto.

La tasa de interés determinada según los incisos anteriores el contribuyente podrá solicitar la emisión del giro correspondiente el cual estará vigente por un plazo de 5 días. Vencido el plazo será necesario actualizar los intereses en conformidad al presente artículo.”.

17) Intercálase en el artículo 55, entre las palabras “tasa” y “vigente”, la frase “que se determine según la regla”.

18) Agrégase en el artículo 56 el siguiente inciso final, nuevo:

“No procederá la condonación establecida en el presente artículo respecto de contribuyentes que hayan sido condenado por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio.”.

El Ministro Marcel comenzó señalando que los numerales 1), 16), 17), 18) se refieren a establecer una fórmula para calcular los intereses penales, que se determinaría como un diferencial respecto de las tasas de mercado. Este tema fue objeto de discusión durante la reforma tributaria anterior, con propuestas planteadas por varios parlamentarios, incluidos Mellado, Bianchi y Naranjo. A continuación, se refirió a los otros numerales que se someterán a votación de la Comisión. Así, señaló que el numeral 70) del artículo primero del proyecto de ley aborda la política de condonación de intereses, mientras que los numerales 65), 67), 68) y 69) tratan sobre convenios de pago, declaración de incobrabilidad y prescripción de deudas. Estas normativas buscan establecer mecanismos que faciliten a los contribuyentes ponerse al día en sus obligaciones tributarias cuando tienen deudas o morosidad con la administración tributaria. Finalizó destacando que se trata de puntos fueron discutidos y acordados en conversaciones con organizaciones de empresas de menor tamaño. Asimismo, afirmó que la fórmula para el cálculo de intereses penales recoge propuestas previamente expresadas en la Comisión durante la discusión del proyecto de reforma tributaria hace aproximadamente un año.

El Diputado Bianchi valoró que se recoja una petición urgente relacionada con las deudas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en todo el país. Se señala que para muchos emprendedores resulta extremadamente difícil pagar las deudas debido a diversos gastos asociados con sus negocios. Expresó la necesidad de flexibilizar las condiciones para sanear estas deudas a través de la tesorería, ya que las altas tasas de interés hacen que sea imposible para muchos cumplir con sus obligaciones de pago, destacando que no abordar esta situación podría llevar al cierre de más PYMEs, lo que tendría consecuencias negativas para la economía en general.

El Diputado Mellado solicitó que se explique cómo opera la regla, pues se cambia del interés moratorio que rija en el momento al interés moratorio que se determine según la regla vigente.

El Señor Riquelme expresó que la norma fundamental para la comprensión es la del numeral 16), que modifica el artículo 53 del Código Tributario y que establece la forma de cálculo. Señaló que actualmente tasa de interés se fija con un 1,5% mensual o fracción de mes y que el primer cambio que se hace es que la tasa de interés pasaría a ser diaria y no mensual. El segundo cambio en la norma es la forma de cálculo, que ya no es 1,5, sino que se traduce en una tasa que se determina semestralmente tomando como referencia una tasa que establece la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operaciones corrientes mayores a dos mil UF por un plazo superior a un año. La norma propuesta dispone que sobre dicha tasa se aplica un incremento de 3,5%. El fundamento de aquello se relaciona con recomendaciones de política de aplicación de intereses, las que determinan que los intereses no sean más bajos que los del sector privado. Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos publicará semestralmente la tasa de interés, debiendo los contribuyentes dividirla por trescientos sesenta y multiplicarla por la cantidad de días de atraso para calcular el interés correspondiente.

Continuó señalando que los numerales 1) y 17) son ajustes de texto para darle coherencia a todas las normas, mientras que el numeral 18) es una norma que busca mayor cumplimiento de la probidad, pues quienes hayan sido condenados por el delito de cohecho a funcionarios públicos no pueden acceder a la condonación de intereses.

El Diputado Ramírez solicitó que se confirme si en este caso no existe un guarismo para el cálculo en la norma, contrastándolo con la reforma del año pasado en que se reducía la tasa 0,9.

El Señor Riquelme respondió afirmativamente, señalando que la aplicación de esta fórmula a los últimos tres ejercicios el resultado es que la tasa efectiva de intereses hubiese sido un 7% o un 7,5%, versus un 18% que establece la ley vigente. En cualquier caso, esta tasa sería inferior al 0,9% mensual que se proponía en la reforma anteriormente rechazada. Además, esta nueva tasa siempre estaría alineada con la tasa del mercado financiero.

El Diputado Mellado pidió que se confirme la aplicación de la regla para la Historia de la Ley.

El señor Riquelme respondió que, en definitiva, cada seis meses se toma como referencia la tasa de interés establecida por la CMF para operaciones superiores a dos mil UF, a la cual se le aplica un incremento del 3,5%. Esta tasa se convierte en la tasa vigente del semestre. La norma indica que esta tasa se divide en trescientos sesenta para obtener la tasa diaria, la cual se multiplica por la cantidad de días de atraso para calcular el interés correspondiente. Afirmó que, aunque el proceso puede ser más complejo que el actual, se espera que resulte en tasas de interés sustancialmente inferiores a las actuales, y se menciona la implementación de herramientas como una calculadora para facilitar el cálculo de los contribuyentes.

El Diputado Romero consultó sobre si la norma establece algún tope para la aplicación de interés o si la multa no tiene un límite.

El Señor Riquelme respondió que la aplicación de la tasa de interés no tiene límites de plazo y que estos se aplican mientras la deuda esté pendiente de pago. Señaló que si hay limitaciones respecto de algunas multas en materia tributaria, que no pueden exceder el 30% del impuesto. Añadió que los únicos límites para la acumulación de intereses se producen, por ejemplo, cuando el contribuyente realiza un pago o en litigio.

El Diputado Bianchi consultó si la posibilidad de rebajar puede ser retroactiva, es decir, si los actuales deudores van a poder repactar en estas nuevas condiciones.

El Diputado Romero recordó un fallo del Tribunal Constitucional respecto a límites de intereses o tributos y consultó al Ejecutivo si aquello se tuvo a la vista frente a la posibilidad de que se sostenga que es expropiatorio por no tener límite.

El Diputado Mellado recordó la reciente aprobación de una norma que posibilitó que los deudores puedan pactar en hasta 48 meses sin pie, lo que supera las limitaciones actuales en materia de garantías. Sugirió que en el futuro podrían surgir otras formas de ayudar a las PYMEs con dificultades financieras, especialmente ante posibles crisis.

El Ministro Marcel, respecto a la última consulta, refirió que el numeral 65) del artículo primero, sobre convenios de pago, incorpora a la normativa permanente lo que se ha venido aprobando en la materia, por lo que en buena medida el tema planteado por el Diputado Mellado se recoge allí.

El Señor Riquelme respondió al Diputado Bianchi que la norma entra en vigencia poco después de la aprobación del proyecto de ley, pero no establece su aplicación exclusivamente para deudas futuras, lo que significa que la nueva tasa de interés podría aplicarse a deudas existentes en el momento de la aprobación de la ley. Respecto a la consulta del Diputado Romero señaló que la Corte Suprema se pronunció sobre la demora excesiva en los procedimientos judiciales, en particular anulando juicios tramitados bajo el anterior procedimiento judicial donde el Director Regional actuaba como juez en primera instancia. Aunque este pronunciamiento no trató específicamente el establecimiento de límites en los intereses, se centró en la prolongada duración de los juicios, la cual afectaba los derechos de los contribuyentes.

El Diputado Romero señaló que se refería a una multa de Smapa en Maipú, que en el año 2005 ante el Tribunal Constitucional se impidió el cobre de treinta y cinco mil millones de pesos. En tal sentido consultó si se consideró para la confección del proyecto, frente a la posibilidad de dejar abierta una reserva de constitucionalidad por la que eventualmente se vaya al Tribunal Constitucional.

Puestos en votación los numerales 1), 16), 17) y 18) del artículo primero, estos fueron aprobados por once votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Romero. (11-0-1)

70) Agrégase en el artículo 207, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la frase “El reglamento dictado en el ejercicio de esta facultad debe considerar siempre que la sanción final a aplicar al contribuyente, una vez descontado el monto condonado, esté acorde con el tipo de incumplimiento tributario de que se trate y sea siempre superior al costo de financiamiento que el contribuyente podría haber obtenido en el sector financiero o privado.”.

El señor Riquelme explicó a la Comisión que el numeral 70) se trata de una consecuencia de lo aprobado y de la existencia de una política de condonación regida por un reglamento que aplique al Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, que garantice que los porcentajes de condonación siempre superen la tasa de interés que se cobra en el mercado financiero. Esto aseguraría que la condonación no contradiga el objetivo recientemente aprobado de que las deudas con el Fisco sean ligeramente superiores a las del mercado financiero.

Puesto en votación el numeral 70) del artículo primero, este fue aprobado por la unanimidad de los doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

53) Agrégase, en el artículo 168, el siguiente inciso final, nuevo

“Para practicar las notificaciones por correo electrónico establecidas en el presente título, así como cualquier otra comunicación con el contribuyente, el Servicio de Tesorería podrá utilizar el correo electrónico que el contribuyente haya registrado para estos efectos ante el Servicio de Impuestos Internos según el artículo 11. Dicho correo electrónico quedará registrado en el sitio personal del contribuyente quien estará facultado para modificarlo debiendo ingresar una nueva dirección de correo electrónico que será la válida para las actuaciones dispuestas en el presente inciso a partir del día siguiente de efectuada la modificación.”.

56) Modifícase el artículo 171 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por correo electrónico o carta certificada conforme a las normas de los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 11 y del artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; en este caso, no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará nueva providencia del Tesorero respectivo para la entrega de las copias que en él se dispone. La notificación hecha por carta certificada o por cédula, según el caso, se entenderá válida para todos los efectos legales y deberá contener copia íntegra del requerimiento, no obstante, el plazo para oponerse a la ejecución se contará desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo. Tratándose del impuesto territorial, el Servicio de Tesorerías determinará la empresa de correos más apropiada para el despacho de la citada carta.”.

b) Agregánse, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Cualquier resolución que no tenga asignada otra forma de notificación será practicada por correo electrónico, dirigido a la dirección registrada en el sitio personal del contribuyente. El correo deberá incluir copia íntegra de la resolución y los demás datos necesarios para su acertada inteligencia. Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico, el Servicio de Tesorerías igualmente deberá remitir copia de esta al correo electrónico del contribuyente que conste su sitio personal o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación.

Excepcionalmente, quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar fundadamente al Servicio de Tesorerías, que todas las notificaciones les sean practicadas por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado. El Servicio de Tesorería, mediante resolución, establecerá la forma en que se realice dicha solicitud para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos antes señalados. Asimismo, el Servicio de Tesorerías podrá mediante resolución establecer que las notificaciones que se realicen a contribuyentes domiciliados en determinadas zonas o comunas sean practicadas por cedula o carta certificada debido a la baja o nula conectividad, sin que en este caso se requiere presentar la solicitud indicada en el presente inciso.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “el inciso precedente” por “los incisos precedentes”.

d) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso sexto:

i) Intercálase, entre la expresión “la notificación” y la palabra “podrá” la frase “de la demanda ejecutiva”.

ii) Intercálase, entre las expresiones “otros tributos” y “podrá” la frase “multas u otros créditos fiscales, la notificación de la demanda o de otras resoluciones”.

iii) Agrégase, a continuación de la expresión “Servicio de Impuestos Internos” la frase “o ante los órganos y servicios públicos que hayan determinado la multa o crédito fiscal demandado.”.

57) Modifícase el artículo 174 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “carta certificada dirigida el ejecutado” por la frase “mensaje dirigido al correo electrónico o carta certificada en los casos del inciso tercero del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:

“El embargo de vehículos sujetos a inscripción podrá ser realizado de forma electrónica, lo que deberá ser notificado al deudor por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda y comunicado a través del medio electrónico que el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación señale para estos efectos. Para efectos de valoración se estará a la tasación fiscal para el año correspondiente al embargo que hubiera practicado el Servicio de Impuestos Internos o la del año inmediatamente anterior cuando aún no se hubiese publicado la tasación para el año respectivo.”.

La inscripción de embargo de bienes raíces ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y de otros bienes en registros especiales, según corresponda, podrá ser efectuada por medios electrónicos.”.

60) Modifícase el artículo 178 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “por cédula” por la frase “por correo electrónico, sin perjuicio de lo indicado en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “resueltas” y “por el Abogado” la frase “, por cuerda separada,”.

La Diputada Cid presentó una indicación suscrita conjuntamente con el Diputado Mellado, sobre la materia examinada por la Comisión “Para agregar el siguiente numeral 16): “16) Modifíquese el artículo 37, agregando la siguiente frase final, tras el punto aparte del primer inciso: “Los pagos en exceso, ya sean por tributos, reajustes, intereses o sanciones, deberán ser devueltos al contribuyente o ser deducidos en giros posteriores”.”. La Diputada Cid explicó que la indicación agrega un nuevo numeral al proyecto y dice relación con la plata a favor de los contribuyentes que eventualmente queda en Tesorería, casos en los que el Servicio no busca con tanta intensidad como cuando el contribuyente tiene deuda. Hizo presente que después de tres años prescribe y el contribuyente no podría cobrarlo. La idea es que las personas no pierdan esa plata, sea devuelta o se le imputen al pago de las deudas, señalando que se trataría de un aspecto más bien formal y espera que el Gobierno se encuentre de acuerdo.

El Diputado Bianchi compartió el tenor de la indicación y agregó que hay regiones, como la que él representa, que tienen excepciones en materia tributaria como las consagradas en el DL Nº 889 y el DFL 15, en que Tesorería tiene grandes retrasos en los pagos a los contribuyentes, por lo que parece oportuno añadirlo a los supuestos de la indicación presentada, considerar la devolución que tenga que hacer la Tesorería con los contribuyentes que estén bajo normas de excepción para el pago de las deudas.

El Tesorero General señaló que frente a devoluciones que podrían quedar disponibles para el contribuyente en caso de pagos en exceso, la norma actual establece que el contribuyente debe acercarse a la Tesorería para reclamar estos saldos a favor, pero se sugiere revisar acciones adicionales que el servicio pueda realizar para notificar a los contribuyentes sobre esta situación y hacerles conscientes de que tienen un saldo a favor. Esto se considera una oportunidad administrativa interna para abordar los casos en los que se presenten estas situaciones.

La Diputada Cid recalcó que también pide que esos recursos que están a favor del contribuyente sirvan para pagar compromisos posteriores, contribuciones o deudas específicas.

El Tesorero General respondió que tiene que haber gestión del contribuyente, por lo que se debe agilizar su contacto para que se aproxime a Tesorería.

La Diputada Cid sostuvo que aquello no ocurren en la práctica y que al paso de tres años prescribe la acción para reclamar esa plata, y que si se devuelve tampoco lo sería con intereses.

La Diputada Yeomans (Presidenta) sostuvo que, al ser una indicación nueva, sugiere que se estudie por parte del Ejecutivo para evaluarla en la Comisión durante los próximos días para continuar con la votación.

La Señora Secretaria de la Comisión indicó que desde una perspectiva de fondo de la indicación y de conformidad con las normas constitucionales, cabe considerar la iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica en materia de tributos, que comprende los elementos ya conocidos por la Comisión: el obligado al pago, la tasa, el procedimiento, el hecho gravado, las exenciones, las infracciones; estimándose que se trata de procedimiento, por lo que sería inadmisible desde esa perspectiva.

La Diputada Yeomans (Presidenta) sostuvo que en razón de lo mismo debe evaluarlo el Ejecutivo.

El Tesorero General, respecto a la consulta del Diputado Bianchi, respondió que en las leyes especiales, como la Ley Navarino y el caso del Exo, 889, los procesos dependen de otros servicios públicos además de la Tesorería. Se ha evaluado correctamente la situación, especialmente en la región de Magallanes, donde existen pendientes que requieren colaboración de otros servicios para aportar antecedentes. A pesar de las demoras en el último período, se está agilizando el proceso de notificación por parte de los servicios, y se ha avanzado significativamente en el pago y lo que está pendiente es marginal.

El Diputado Romero sostuvo a propósito de la indicación que se refiere a la naturaleza jurídica de la obligación más que al procedimiento, y que solo se pide que se aplique el dinero que el Fisco tenga a su favor para pagar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, en lugar de simplemente retenerlo. Esto garantizaría que el contribuyente no sea penalizado con intereses sin límite mientras que el fisco retiene fondos que podrían utilizarse para saldar deudas tributarias.

La Diputada Yeomans (Presidenta) sostuvo que la discusión sobre la admisibilidad se dará junto con la discusión de la indicación propiamente tal.

El Diputado Mellado, respecto del numeral 53), solicitó que se establezcan múltiples casillas para el registro voluntario de varios correos electrónicos, considerando la estructura habitual de las PYMEs que considera habitualmente contador o incluso un abogado, a fin de que sea eficaz el canal de información, que el dueño esté enterado y pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que ayudaría a evitar problemas como pérdida de cobranzas, retrasos de pagos y falta de seguimiento adecuado de las obligaciones tributarias.

El señor Riquelme, respecto de la solicitud del Diputado Mellado, señaló que aquello es una medida administrativa que no necesariamente debe quedar establecida en la redacción de la ley y que, por lo demás no es posible garantizar que el contribuyente designe un correo electrónico del representante legal o del dueño o verificar la autenticidad de dichos correos. Aquel mensaje puede servir para que los servicios incorporen sistemas que permitan agregar más de un correo electrónico, ya que no existe una prohibición al respecto en la ley y depende de la capacidad tecnológica de cada servicio.

La Subsecretaria de Hacienda aclaró que respecto del Servicio de Impuestos Internos y tratándose de Personas Jurídicas, se solicita que efectivamente que exista un mandante y un mandatario para efectos de certificar que ese es el correo al cual se hace llegar la información, más allá de que efectivamente pueda haber más de una casilla y eso es algo administrativo se puede revisar.

La Diputada Cid afirmó que el numeral 56), señala que el funcionario recaudador debe notificar por cédula, de acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, pero sin que sea necesario cumplir con los requisitos del inciso primero y consultó por qué se elimina esos requisitos y si aquello implica que no se tiene que acreditar que es la casa o el trabajo de esa persona.

El Tesorero General señaló que efectivamente la acreditación es por los registros que se tengan del contribuyente, que allí se tiene información para poder identificar tanto la dirección particular del contribuyente y que se puede pedir acreditación en el Servicio.

El Diputado Mellado reiteró a propósito del numeral 56) sobre notificación por mora, que debería existir más de una casilla para registrar correos electrónicos, a fin de tener certeza de que la notificación sea practicada sobre todo si está en mora. Señaló que aquello debe consignarse para la Historia de la Ley.

El Tesorero General recordó que también hay una responsabilidad del contribuyente en la entrega de datos fidedignos, no solo para el proceso de pago de impuestos. Afirmó que se tratando de confeccionar un repositorio de correos electrónicos del contribuyente y que para estos efectos hay una relación de coordinación con el Servicio de Impuestos Internos para manejar información actualizada y bidireccional, es decir si la información la puede entregar Tesorería al Servicio también se actualizarían esos datos. Insistió en que las casillas adicionales son un tema administrativo gestionable en los formularios, pero al mismo tiempo enfatizó en la coordinación para tener el último correo electrónico vigente. También enfatizó la importancia del tema educacional, lo que implica hacer gestiones de educación al contribuyente para la entrega de información.

El Diputado Romero preguntó al Ejecutivo cómo prevé que el correo que se entregue por el contribuyente se mantenga vigente y si hay algún proceso para verificar eso.

La Subsecretaria de Hacienda señaló que como parte de la ley de transformación digital hay un proyecto sobre mandatarios digitales en donde se deposita la dirección del contribuyente en Impuestos Internos para todas las notificaciones, lo que refuerza disposiciones existentes y establece requisitos para verificar la autoridad del mandatario. Además, se destaca la inversión en tecnología y la interoperabilidad entre Impuestos Internos y la TGR, lo que es crucial a propósito de que será el mismo correo para efectos de cobro.

El señor Riquelme explicó, para una mejor comprensión, que el numeral 53) faculta a Tesorería a utilizar la base de datos del Servicio de Impuestos Internos que tiene de correos electrónicos, lo que se fundamenta en que efectivamente la base más actualizada y porque la mayoría de los actos de cobranza que hace tesorería provienen de giros emitidos por el servicio de impuestos internos, por lo tanto ya hubo una interacción entre el servicio y el contribuyente, lo que da una mayor certeza de uso de un correo electrónico vigente. Por tanto se produce una integración de ambos servicios.

El Diputado Romero solicitó que el Ejecutivo considere un requisito de antigüedad del correo, es decir, exigir que el correo válido se haya registrado con una antigüedad no más allá de doce meses.

El Diputado Bianchi reflexionó sobre la carga que se impone al Servicio en la materia, siendo que debería ser la preocupación principal del contribuyente.

El Ministro Marcel recordó que con la operación renta por definición una vez al año se actualizan los antecedentes de los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos y que los avisos de actualización llegan durante la operación renta, lo que supone una garantía de actualización.

Puestos en votación los numerales 53), 56), 57) y 60) del artículo primero, estos fueron aprobados por diez votos a favor y tres abstenciones. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock. (10-0-3).

54) Modifícase el inciso segundo del artículo 169 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre la palabra “internas” y la expresión “la forma” la frase “el soporte y”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la expresión “Las piezas que componen los expedientes administrativos de cobro tendrán el carácter de documentos electrónicos o digitalizados, según corresponda. Para estos efectos existirá un sistema de tramitación electrónica en el sitio web del Servicio de Tesorerías, apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido, a fin de que los contribuyentes realicen sus requerimientos en los procesos de cobro seguidos en su contra.”.

55) Modifícase el artículo 170 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que estampará en” por “a continuación de”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el inciso cuarto actual a ser el inciso tercero nuevo y así sucesivamente.

c) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero:

i) Reemplázase la frase “Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula” por la frase “La ejecución podrá recaer sobre dineros, créditos u otras prestaciones en dinero que los contribuyentes morosos tengan derecho a percibir en razón de un contrato u obligación personal, una vez que se haya practicado el requerimiento de pago conforme a lo establecido en el artículo 171. El Juez Sustanciador ordenará la retención mediante resolución, que será notificada por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda, al deudor y”.

ii) Reemplázase la frase “moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero” por la frase “aquella prestación en dinero o que la mantenga en depósito o bajo cualquier otro título,”.

d) Agrégase, a continuación del inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior el Servicio de Tesorerías podrá implementar sistemas de comunicación y notificación por otros medios electrónicos distintos al correo electrónico respecto de las personas que deban practicar las retenciones enunciadas en el inciso anterior.”.

e) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso quinto:

i) Reemplázase la frase “sueldos o remuneraciones” por “sueldos, remuneraciones, créditos u otras prestaciones de dinero”.

ii) Elimínanse las frases “del embargo” y “el pago de”.

iii) Reemplázase la expresión “la cancelación” por “el pago”.

f) Sustitúyese el inciso sexto por el siguiente:

“La persona natural o jurídica, que deba efectuar la retención, deberá dar cuenta del resultado de la gestión en el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique la resolución que ordena la retención y remitir los fondos mediante depósito, transferencia electrónica o el medio electrónico que haya dispuesto para estos efectos el Servicio de Tesorerías. En caso de que no diere cumplimiento a la retención ordenada, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener o de remitir al Servicio de Tesorerías.”.

58) Modifícase el artículo 175 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “estampar” por la palabra “consignar”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales” por la frase “mantener, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan a los contribuyentes o sus representantes legales examinar o consultar los expedientes de cobro y realizar las presentaciones que procedan de forma electrónica”.

59) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “respectiva,” y “dentro del plazo”, la frase “mediante los soportes electrónicos habilitados por el Servicio de Tesorerías.”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “En la misma oposición, el contribuyente deberá señalar una o más direcciones de correo electrónico para efectos de las notificaciones indicadas en el inciso segundo del mismo artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Cuando el volumen de los documentos impida o dificulte su presentación a través de los soportes electrónicos del Servicio de Tesorerías el ejecutado podrá aportar sus antecedentes en otros soportes electrónicos de lo cual deberá dejarse constancia en el expediente.”.

c) Modifícase el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “Provincial,” y “se tendrá”, la frase “o en caso de contribuyentes que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 171,”.

ii) Reemplázase la expresión “efectúe por carta certificada, siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior” por “efectúe, por escrito, en las dependencias de la Tesorería Regional o Provincial respectiva, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, o a través de carta certificada, en este último caso siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del mismo plazo”.

62) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 180, la expresión “presentarán” por “remitirán”.

El señor Riquelme sostuvo que tal como ocurre en materia de Aduanas y de Servicio de Impuestos Internos y así como se tratará en materia de Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) se propone que el expediente en materia de cobranza de Tesorería sea electrónico, eliminando la obligación de llevarlo a papel, entonces la mayoría de las modificaciones que están ahí indicadas son bien formales para dar coherencia con la naturaleza del expediente electrónico, lo que conversa con la notificación electrónica. Como garantía de los derechos de los contribuyentes, se tiene la opción de presentar antecedentes en forma física cuando el volumen lo requiera y las oficinas de tesorería tienen la obligación de contar con la opción para que el contribuyente, mediante un computador proporcionado por el servicio de tesorería, pueda ingresar los documentos de forma digital si lo considera necesario. Consultado por la Diputada Cid, el señor Riquelme aclaró que por regla general las personas tienen que presentar los documentos de forma electrónica.

Puestos en votación los numerales 54), 55), 58), 59) y 62) del artículo primero, este fue aprobado por la unanimidad de los trece diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0)

61) Modifícase el artículo 179 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Abogado Provincial” por “Abogado del Servicio de Tesorerías”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “por cédula lo resuelto” por la frase “por correo electrónico lo resuelto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171”.

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “presentar” por “remitir”.

El Señor Riquelme señaló que se trata de ajustes de texto que se traducen en la eliminación el concepto de "abogado provincial" y se reemplaza por "abogado del servicio de tesorería" debido a modificaciones recientes; el establecimiento de la posibilidad de notificar por correo electrónico según lo establecido en el artículo 171 y la sustitución del término "presentar" por "remitir" para adecuarlo al expediente electrónico.

Puesto en votación el numeral 61) del artículo primero, este fue aprobado por unanimidad de los trece diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Aedo, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0).

63) Elimínase el inciso tercero del artículo 182.

64) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 185 por el siguiente:

“Los avisos a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, se reducirán en estos juicios a un aviso electrónico que se publicará en el sitio web del Servicio de Tesorerías o en el sitio web que señale el Tesorero General de la República, mediante resolución, el que se mantendrá publicado desde a lo menos quince días corridos antes de la fecha fijada para el remate por el tribunal respectivo, hasta la fecha de la subasta propiamente tal. Dichos avisos serán autorizados por el Secretario del Tribunal respectivo, e indicarán, a lo menos, los siguientes antecedentes: nombre del dueño del inmueble, su ubicación, tipo de impuesto y período, número de rol, si lo hubiere, y el Tribunal que conoce del juicio. La certificación del hecho de haberse efectuado la publicación de la subasta será realizada por el mismo Secretario. El Servicio de Tesorerías deberá emplear todos los medios a su alcance para dar la mayor publicidad posible a la subasta.”.

66) Agrégase en el artículo 194 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“También estarán obligados a entregar información la Dirección de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante respecto de los bienes que se encuentren inscritos en sus registros.”.

El Diputado Mellado señaló que no queda claro por qué el numeral 63) no modifica el inciso primero del artículo 182, en cuanto continúa hablando de notificación por cédula y se está modificando para dar pie a la notificación electrónica.

El señor Riquelme respondió que el objetivo de las modificaciones hechas rige cuando no haya forma distinta de notificación. En el caso de la consulta se está notificando el fallo de las excepciones opuestas por el contribuyente, siendo la notificación por cédula una mejor fórmula de notificación de cara a la protección de los contribuyentes, teniendo un estándar más alto. Por otra parte, se elimina la obligación de generar caución para apelar, lo que también va en beneficio del contribuyente.

El Diputado Mellado, al emitir su voto manifestó para la Historia de la Ley que vota a favor consignando que es un tema que puede quedar estrecho en el futuro.

El Diputado Romero, por su parte enfatizó, a fin de que no quede sujeto a interpretación, que se elimina la consignación para facultar la apelación.

Puestos en votación los numerales 63), 64), y 66) del artículo primero, estos fueron aprobados por la unanimidad de doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

65) Modifícase el artículo 192 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“El plazo indicado en el inciso anterior podrá ser ampliado hasta tres años en casos calificados según normas y criterios objetivos de general aplicación establecidos por el Tesorero General. Asimismo, y bajo criterios objetivos y de general aplicación el Servicio de Tesorería podrá excepcionalmente solicitar al contribuyente otorgar garantías para los efectos de asegurar el cumplimiento del pago del convenio. Estas garantías podrán ser otorgadas por el deudor o un tercero indicado por el contribuyente. Siempre se requerirá una garantía cuando el plazo del convenio exceda de los dos años.”.

b) Agregáse un inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“No se aplicarán intereses sobre las cuotas de aquellos convenios que sean suscritos por contribuyentes sujetos al régimen contenido en el artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta con un plazo de hasta 18 meses. Asimismo, en estos convenios no se podrá exigir un pago inicial que supere el 5% de la deuda.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“No procederá, en ningún caso, la condonación de intereses respecto de contribuyentes que hayan sido condenados por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas o Servicio de Tesorerías.”.

El señor Riquelme explicó que el artículo en estudio proporciona mayor flexibilidad en la suscripción de convenios de pago para deudas tributarias. La Tesorería podrá en determinados casos, de forma fundada y bajo criterios de general aceptación, firmar convenios por más de veinticuatro meses y solicitar caución en casos de incumplimiento reiterado. Destacó como aspecto sustancial el beneficio para los contribuyentes sujetos al régimen PYME, que podrán acceder a convenios de hasta dieciocho meses con condonación total de intereses y multas, y un pie de deuda no superior al cinco por ciento, último aspecto que las propias pequeñas y medianas empresas consideran vital. Esto permite que las PYMEs paguen sin intereses y en condiciones preferentes a los demás contribuyentes, evitando la acumulación de deudas en tesorería y aliviando la carga financiera para las pequeñas empresas.

El Diputado Mellado consultó sobre las facilidades o requisitos para los convenios de tres años, atendido que no siempre hay capacidad de dar garantías adicionales o cumplir con requisitos estrictos, cuestionando la viabilidad de la medida en el día a día.

El señor Riquelme sostuvo que es menester recordar que un grupo importante de los que incumplen o atrasan en el pago de las deudas son las PYMEs, las que con estas medidas quedan en una situación favorable, no requiriendo acceder a los plazos de tres años, ya que les bastan los 18 meses sin intereses ni multas, plazo que fue acordado con la mesa de las PYMEs, por lo tanto teniendo presente los contribuyentes más grandes, podrían estar en condiciones de conferir garantías para extender los plazos de pago, podrían estar en condiciones de conferir garantías para extender los plazos de pago.

Además, planteó la idea de que mantener plazos tan amplios en la normativa permanente podría reducir significativamente la capacidad de recaudación, siendo estos excepcionales.

El Diputado Mellado consultó qué porcentaje representa aquello del total de la recaudación, a fin de dimensionar la prudencia del plazo establecido.

El Tesorero General respondió que la mayoría de la cartera de deudores está compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las primeras. Los montos adeudados superan los tres años en muchos casos. La Ley Nº 21.514 de Alivio Tributario contemplaba acciones excepcionales, condonando el 40% de la deuda total de contribuyentes con más de tres años de atraso, pero el cumplimiento a largo plazo tiende a disminuir con el tiempo. Actualmente, un 20% de los convenios establecidos bajo esta ley han caducado, lo cual es preocupante dadas las condiciones. Efectivamente se ve un mayor compromiso de cumplimiento a menor plazo, esa es la estadística que se tiene respecto a los convenios. Adicionalmente destacó que las garantías se aplican en casos excepcionales, para contribuyentes que tienen deudas importantes.

El Diputado Bianchi pregunta sobre el número de casos en Chile de micro y pequeñas empresas (MIPYMES) que enfrentan órdenes de remate de sus bienes debido a deudas. destacó la preocupación por la situación de estas empresas y se busca conocer el porcentaje de casos afectados y las posibilidades de revertir esta situación para evitar mayores perjuicios, sobre todo considerando que existen cerca posibles salidas.

El Tesorero General sostuvo que ese dato no lo tenía, pero que para la Tesorería no era conveniente llegar al remate de propiedades, ya que la administración de estas propiedades no es una función primordial del servicio, lo que refuerza la importancia de generar instancias para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones mediante convenios y facilitar el pago.

Puesto en votación el numeral 65) del artículo primero, este fue aprobado por la unanimidad de doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

67) Modifícase el artículo 196 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los numerales 1º y 2º por los siguientes:

“1°. Las deudas que tengan las siguientes características:

a) Las deudas de monto no superior a media unidad tributaria mensual, siempre que hubiere transcurrido más de un semestre desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

b) Las deudas cuyo monto, sin considerar multas e intereses, sea superior a media unidad tributaria mensual, pero inferior a 70 unidades tributarias mensuales, de contribuyentes que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta o de personas naturales, sin giro de primera categoría y cuyos ingresos anuales en los últimos 3 ejercicios no superen en promedio las 70 unidades tributarias anuales, siempre que, en cualquier caso, cumplan con los siguientes requisitos:

i. Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se hayan hecho exigibles;

ii. Que los fondos embargados en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista y cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos hubieren sido imputados en su totalidad a la deuda;

iii. Que, de acuerdo con los antecedentes que mantenga el Servicio de Tesorerías, el contribuyente no tenga bienes muebles o inmuebles embargables, o bien que, teniendo bienes muebles embargados sujetos a avalúo fiscal, dicho avalúo no supere el 20% de la deuda.

iv. Que, habiendo sólo bienes muebles embargados, no sujetos a avalúo fiscal, o que estos más los bienes muebles señalados en el numeral anterior, no constituyan garantía suficiente; y,

v. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial.

Para la verificación de los requisitos establecidos en los numerales ii. y iii., el Servicio de Tesorerías deberá indagar en todas las bases de datos que tenga disponibles la información respecto de los bienes del contribuyente informados en virtud de las facultades contenidas en los artículos 194 y 195.

Respecto de las deudas cuyo origen sean diferencias de impuestos, multas e intereses provenientes de la comisión de delitos tributarios, respecto de los cuales el Director hubiera ejercido la opción de perseguir la aplicación de la multa a través del procedimiento administrativo, según lo indicado en el inciso 3° del artículo 162; o de la aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4º quáter y 4 quinquies, se requerirá que la cobranza administrativa o judicial hubiera sido iniciada en un plazo no menor a cuatro años, además del cumplimiento de los demás requisitos.

c) Las deudas de un monto superior al 50% de una unidad tributaria mensual, a las que no le sean aplicables los supuestos de la letra b) anterior, deberán cumplir los mismos requisitos allí señalados con las siguientes modificaciones:

i. Que el contribuyente no tenga bienes muebles sujetos a registro o que teniendo bienes muebles sujetos a avalúo fiscal, este no sea superior al 20% de la deuda.

ii. La cobranza administrativa o judicial se deberá haber iniciado hace más de 2 años, a menos que el origen de la deuda sea el indicado en el párrafo final de la letra b) anterior en cuyo caso se estará al plazo allí indicado.

d) Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, el Tesorero General de la República podrá siempre declarar la incobrabilidad de las deudas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que durante los últimos tres años el contribuyente no registre movimientos tributarios, o bien, haya terminado su giro comercial o industrial;

ii. Que se cumplan los requisitos señalados en los numerales ii., y iii., de la letra b); y

iii. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial hace más de cuatro años.

2°. Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, siempre que adicionalmente cumplan los requisitos señalados en la letra b) del número 1 anterior.”.

b) Reemplázase en el número 7°., los guarismos “50” y “100” por “150” y “360”.

c) Agrégase, a continuación del número 7°, el siguiente número 8°, nuevo:

“Las deudas por concepto de impuesto territorial o de otros créditos que afecten a la propiedad raíz sean a beneficio fiscal o municipal correspondientes a predios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que hayan sido eliminados del catastro de roles de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos;

b) Que no sean ubicados en terreno por el recaudador fiscal o que no se logre determinar un obligado al pago en de aquel impuesto.

c) Que, a la fecha de la declaración de incobrabilidad, los predios se encuentren actualmente exentos totalmente del pago de contribuciones o que a la fecha de declaración de incobrabilidad correspondan a propiedades fiscales, municipales y bienes nacionales de uso público, que no se encuentren concesionados, o a propiedades indígenas.”.

d) Reemplázase el inciso final por los siguientes incisos séptimo y final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores no procederá la declaración de incobrables sobre deudas de contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados por delitos tributarios, o hayan sido sancionados por ellos. Esta prohibición se mantendrá mientras dure el proceso o hasta el cumplimiento de la pena, según corresponda; y

ii. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el numeral 10 del artículo 161, mientras dure el mismo;

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos Internos y los otros organismos correspondientes, deberán informar a la Tesorería, periódicamente, el listado de contribuyentes que se encuentren en la situación señalada en los numerales i. ii y iii. anteriores.”.

68) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 197 por los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“La revalidación indicada en el inciso anterior podrá ser realizada dentro del plazo máximo de tres años desde la declaración de incobrabilidad. Transcurrido el plazo indicado prescribirá, en todo caso, la acción del Fisco.

No obstante, para el caso de los contribuyentes señalados en la letra b) del artículo 196, el plazo indicado en el inciso anterior será de un año.”.

69) Agrégase, a continuación del artículo 197, el siguiente artículo 197 bis, nuevo:

“Artículo 197 bis.- No habiéndose iniciado la cobranza administrativa o judicial, los deudores morosos cuyas deudas se encuentren prescritas según lo dispuesto en el artículo 201 podrán solicitar a la Tesorería la declaración administrativa de prescripción de la deuda, a través del procedimiento que determine dicho organismo para estos efectos, mediante instrucción.

La prescripción será declarada a través de resolución fundada, por los Tesoreros Regionales o Provinciales, según corresponda, competentes dentro del territorio jurisdiccional en donde se encuentre domiciliado el deudor moroso. Sin perjuicio, el Tesorero Regional o Provincial podrá delegar la facultad de conocer y resolver las solicitudes a que se refiere este artículo en el Abogado del Servicio de Tesorerías.

Durante la tramitación de la solicitud deberá darse audiencia al deudor moroso para que diga lo propio y acompañe los antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios para resolver la petición.

La solicitud se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella, dentro del plazo de 120 días contado desde su presentación.

A este procedimiento se aplicarán de forma supletoria las reglas de la ley N°19.880. A este respecto no serán procedentes los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Asimismo, El Juez Sustanciador podrá inhibirse de iniciar las acciones de cobro cuando, al momento en que la deuda sea informada por el organismo girador a la Cuenta Única Tributaria del Servicio de Tesorerías, se encuentren cumplidos los plazos establecidos en los artículos 200 y 201. En estos casos procederá a declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro ejecutivo y ordenará la eliminación de la deuda del registro en la Cuenta Única Tributaria.”.

El señor Riquelme expuso que los numerales tiene por objeto modificar el procedimiento de declaración de incobrables para otorgar facultades a Tesorería, permitiendo declarar incobrables las deudas de bajo monto donde no se pueda realmente obtener el pago. Por ejemplo, las deudas de bajo monto podrían ser declaradas incobrables automáticamente después de un proceso de revisión para verificar que el contribuyente no tiene bienes con los cuales pagar la deuda. Actualmente, el límite para declarar incobrables es del diez por ciento de una unidad tributaria mensual, lo cual representa deudas muy pequeñas, por lo que se propone aumentar este límite a un monto no superior a medio UTM. Luego refirió que se establece un procedimiento más flexible para las PYMEs, simplificando la revisión para determinar si el contribuyente carece de bienes para pagar la deuda, lo que lleva a declararla incobrable y al cabo de un año desde esta declaración, la deuda se considera prescrita. Esto beneficia a las pymes, que suelen tener deudas acumuladas y dificultades para acceder a convenios debido a la rigidez de las normas actuales, permitiendo un proceso de rehabilitación formal y regulado para los contribuyentes.

Por otra parte, indicó que se introduce en el artículo 197 bis la posibilidad al contribuyente de alegar la prescripción de deudas tributarias antes de que se inicie la cobranza por parte del servicio de tesorería, simplificando el proceso para declarar la prescripción de deudas, ya que el contribuyente puede solicitarlo directamente. En caso de que la cobranza se haya iniciado ya se encuentra regulado el procedimiento, debiendo procederse vía excepción. Finalmente, el Tesorero podrá declarar de oficio la prescripción de las deudas tributarias si de los antecedentes acompañados por el Servicio de Impuestos Internos se evidencia su prescripción, siendo más eficiente la gestión de los recursos.

El Diputado Mellado, consultó sobre la forma de evitar la discrecionalidad del Tesorero General atendido que, según la norma, siempre podría declarar la incobrabilidad y la existencia de requisitos para declararla. Además, preguntó sobre si actualmente se declara la incobrabilidad, siendo respondido que no existe.

Puestos en votación los numerales 67), 68) y 69) del artículo primero, estos fueron aprobados por la unanimidad de doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

42) Sustitúyese el artículo 130 por el siguiente:

“Artículo 130.- Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante “el Sistema”, y cada uno de los expedientes como “expediente” o “carpeta electrónica”. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que, por motivos fundados se manden reservar, fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.

Ninguna pieza del expediente electrónico podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el Tribunal que conoce de la causa. Las partes, efectuarán sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico, cargando sus escritos y documentos en el Sistema a través del sitio en internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el cual entregará el comprobante de recepción correspondiente cuando éstos hayan sido recibidos. No obstante, lo anterior, y atendido el volumen de los antecedentes, el Tribunal siempre podrá exigir que los documentos y demás prueba que se acompañe al proceso sea presentada en forma física, ya sea en formato físico propiamente tal, o bien a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Igual derecho tendrán las partes, para el caso que por el tamaño y volumen de los antecedentes no puedan presentarlos digitalmente. Para el caso que los documentos se presentaren materialmente en el Tribunal, quedarán bajo la custodia del Secretario abogado, debiendo dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.”.

43) Modifícase artículo 131 bis en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso tercero:

i) Reemplázase la frase “carta certificada” por “correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por “el mismo día del envío del correo por parte del tribunal”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso cuarto:

i) Reemplázase la oración “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia” por “una o más direcciones de correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada”, por “no designe otra”.

c) Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser el sexto:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo En estos casos, la notificación se efectuará por carta certificada y entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente, o su abogado patrocinante en aquellos casos en que actúe representado, manifiesten expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal calificada que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, el tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes, sean notificadas personalmente, por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad-hoc, realice la diligencia de notificación personal y/o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.”.

El señor Riquelme, afirmó que los numerales 42) y 43) tratan de temas que fundamentalmente se encuentran vinculados a los numerales del artículo quinto aprobado con anterioridad. En particular al expediente electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; a la notificación electrónica en los procedimientos que se siguen en su sede; a la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos se allane sin costas; nuevas facultades para facilitar la conciliación.

El Diputado Mellado consultó sobre la existencia de presupuesto en los Tribunales para las modificaciones previstas, considerando la habilitación tecnológica y de personal que se requiere.

El señor Riquelme aclaró que actualmente los Tribunales tienen portales de consulta electrónica del expediente, pero continúan obligados a tener el expediente en papel, por lo que las modificaciones vendrían a alivianar su carga. Con ello concluye que no se requerirían mayores recursos pues el sistema a nivel electrónico ya funciona.

El Diputado Mellado insistió en que con la modificación se establece la responsabilidad legal de respaldar la documentación electrónica, ya que la parte física dejará de existir. Esto plantea la necesidad de contar con equipos, software y personal adecuados para garantizar la integridad y seguridad de los respaldos electrónicos, ya que no habrá una copia física disponible.

La Subsecretaria de Hacienda señaló que la administración de los Tribunales Tributarios y Aduaneros es un programa presupuestario que está dentro de la Subsecretaría de Hacienda y desde el inicio en general han tenido todos los expedientes de manera electrónica. Destacó asimismo que la preocupación de los jueces al trabajar el proyecto estaba más bien en el tiempo de gradualidad para las implementaciones.

Puestos en votación los numerales 42) y 43) del artículo primero, estos fueron aprobados por la unanimidad de doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

44) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 132, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración “En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”.

b) Agrégase a continuación del inciso undécimo, el siguiente inciso duodécimo, nuevo:

“Cuando el objeto del reclamo sea por aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4° quáter y 4º quinquies el Juez deberá además fundar su decisión teniendo en consideración la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme lo establecido en el artículo 4º bis.”.

c) Elimínase en el inciso duodécimo, que ha pasado a ser décimo tercero, la frase "No obstante lo anterior,”.

45) Modifícase el artículo 132 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la oración “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente por el contribuyente en el reclamo o se trate de casos en que el tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“El llamado a conciliación no procederá en los reclamos producto de la aplicación del artículo 161 de este Código, con excepción de la liquidación, giro o diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo en caso que se reclamen en conjunto, conforme al artículo 124 inciso segundo; en aquellos que digan relación con hechos respecto de los cuales el Servicio haya ejercido la acción penal, y en los reclamos de liquidaciones, resoluciones o giros de impuesto que se relacionen con los hechos conocidos en los procedimientos a que se refiere este inciso.”.

48) Intercálase en el artículo 148, entre la palabra “Primero” y la palabra “del” la frase “y Segundo”.

50) Modifícase el artículo 156 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente.

“Si fuere necesario allegar nuevos antecedentes al proceso para una mejor resolución del asunto, el Juez Tributario y Aduanero podrá, de oficio, decretar las diligencias probatorias que estime pertinentes, para lo cual dispondrá del plazo de diez días a contar del vencimiento del término probatorio.”.

b) Intercálese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre la palabra “probatorio” y la expresión “, el Juez” la oración “o, en su caso, expirado el plazo especial referido en el inciso anterior”.

El señor Riquelme expresó que estos numerales otorgan mayores facultades a los jueces en materia de conciliación, eliminando restricciones para proponer bases de acuerdo no expresadas por las partes. Asimismo, se amplía la posibilidad de los contribuyentes y el servicio de impuestos internos de solicitar que no haya periodo probatorio y pasar directamente a la etapa de fallo, si así lo acuerdan. Finalmente se corrige una deficiencia legal permitiendo recurrir en casos donde el tribunal omite recibir pruebas.

Puestos en votación los numerales 44), 45), 48) y 50) del artículo primero, estos fueron aprobados por la unanimidad de doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

46) Modifícase el inciso primero del artículo 137 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “Título” y la expresión “, la medida cautelar”, la oración “y en todos aquellos procedimientos donde una ley o artículo especial lo autorice”.

b) Intercálase entre la palabra “específicos” y la frase “del contribuyente” la oración “o la retención de bienes determinados”.

47) Agrégase, a continuación del artículo 137, el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Artículo 137 bis.- Previo a la notificación de una liquidación cuyo origen sea una procedimiento por aplicación del artículo 4 quinquies o de aquellos regulados en el artículo 161, el Servicio podrá solicitar las medidas cautelares reguladas en artículo anterior en carácter de prejudicial, ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente en aquellos casos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo, sector o segmento al que pertenece u otras circunstancias de las cuales se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, en su oportunidad.

La solicitud deberá contener los fundamentos que dan cuenta que se trata de alguno de los procedimientos señalados en el inciso primero, los hechos en los cuales se funda y el monto de las diferencias de impuesto determinadas. La solicitud será tramitada como incidente y serán procedentes los recursos establecidos en el inciso tercero del artículo 137.

Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente dentro del plazo de 30 días desde la notificación que de la resolución que dé cuenta de la medida decretada. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley. El contribuyente podrá en cualquier momento solicitar la sustitución de la medida decretada o que esta se practique sobre otros bienes siempre que la medida o el bien en reemplazo sea de una entidad similar.

La medida se encontrará vigente durante el plazo establecido en el artículo 124 para deducir el reclamo tributario. Deducido el reclamo el Servicio deberá al momento de evacuar el traslado al cual se refiere el artículo 132 señalar los fundamentos por los cuales se justifica la permanencia de la medida decretada. En cualquier etapa del juicio el contribuyente podrá solicitar el cese de la medida acreditando que ha desaparecido el peligro sobre el cual se fundó la solicitud del Servicio.

En aquellos casos que, transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el contribuyente no hubiera deducido reclamación la medida decretada se mantendrá vigente hasta que el Servicio de Tesorerías haya iniciado el procedimiento establecido en el Título V del libro III.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar estas medidas tratándose de deudas inferiores a 250 unidades tributarias mensuales o cuando se refiera a contribuyentes que declaren sus rentas según el artículo 34 o según las disposiciones del párrafo segundo del Título II, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

El señor Riquelme expuso que el artículo 137 se refiere a las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en los procedimientos judiciales, incorporando la opción de la retención de bienes determinados. El nuevo artículo 137 bis por su parte incorpora medidas cautelares prejudiciales que el Servicio de Impuestos Internos podrá pedir en algunos casos regulados por la norma, habilitando solicitar de manera prejudicial la retención de bienes o la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes específicos. Son dos aspectos que en definitiva proceden en aquellos casos donde exista riesgo de que, en definitiva, no haya fondos o bienes sobre los cuales el fisco pueda hacer valer la obligación tributaria.

El Diputado Bianchi preguntó sobre la excepcionalidad dada en el inciso final y si aquella viene dada a la pequeña o mediana empresa.

El Diputado Mellado señaló que no le queda claro la pertinencia de atender al “sector o segmento al que pertenece” el contribuyente para la procedencia de las medidas cautelares con carácter prejudicial.

El Señor Riquelme, respondiendo al Diputado Bianchi, señaló que se busca limitar quiénes pueden ser objeto de medida cautelar. Se establece un límite mínimo de la diferencia de impuestos litigados para evitar su uso innecesario. Se excluye expresamente a los contribuyentes sujetos a renta presunta y al régimen PIB. Respecto a lo planteado por el Diputado Mellado, sostuvo que efectivamente se consideraba que era pertinente tomar ese elemento en consideración, pero no por sí solo y de todas formas siempre existiendo presunciones fundadas en que no se encuentran condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, pero no es un tema sustancial en la redacción, por lo que si fuese una limitante no sería gravoso eliminarlo si es que así lo estima la Comisión. Así fue acordado por la Comisión.

Puestos en votación los numerales 46) y 47) del artículo primero, con la modificación acordada, estos fueron aprobados por nueve votos y tres abstenciones. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Se abstuvieron los Diputados Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock (9-0-3).

52) Modifícase el artículo 161 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 1° de su inciso primero:

i) Reemplázase, en el párrafo primero, la palabra “imputado” por la palabra “denunciado”.

ii) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“El acta señalada en el inciso anterior deberá ser presentada ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del denunciado, junto con la documentación y antecedentes que le sirven de sustento y un correo electrónico del denunciado. El Tribunal la tendrá por recibida mediante una resolución que será notificada al denunciado por correo electrónico y, en subsidio, a través de su publicación en el sitio web del respectivo tribunal. Para efectos de la notificación por correo electrónico al denunciado, el Tribunal deberá considerar la dirección electrónica que haya informado el Servicio, sin perjuicio que de existir otra dirección informada por el propio denunciado al Tribunal deberá estarse a esta última.”.

b) Sustitúyese el primer párrafo del numeral 2º por el siguiente:

“2° El denunciado podrá formular sus descargos dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución referida en el numeral precedente, debiendo dicha presentación cumplir con los requisitos que establece el artículo 125.”.

c) Intercálase, en el párrafo primero del numeral 3°, entre las expresiones “constituyen,” y “en la forma”, la oración “así como aquellas señaladas en el artículo 137,”.

d) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4° Presentados los descargos se conferirá traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo que dispone el denunciado para formular descargos o, en su caso, vencido el plazo de que dispone el Servicio para evacuar su traslado respecto de los descargos formulados, haya contestado o no, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra, sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba. El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.

Vencido el término probatorio y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Si no fuera necesario cumplir nuevas diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el Juez Tributario y Aduanero que esté conociendo del asunto citará a las partes a oír sentencia.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde que el Tribunal dicte la resolución a que se refiere el inciso anterior.”.

El señor Riquelme expuso que las modificaciones buscan mejorar el procedimiento cuando el Servicio de Impuestos Internos persigue el cobro de multas e impuestos sin ejercer acción penal, para superar ciertas deficiencias. Así, se cambia el proceso de notificación para asegurar que el contribuyente esté informado, pues ahora quien se encarga de ello es el propio Tribunal previa presentación de requerimiento. Se ajustan los términos utilizados y se garantiza un término probatorio para proteger el derecho a la defensa del contribuyente, lo que estimó relevante porque actualmente si el contribuyente no contesta, no hay término probatorio. Estas mejoras buscan asegurar un debido proceso en casos graves sin acción penal.

Puesto en votación el numeral 52) del artículo primero, este fue aprobado por la unanimidad de los doce diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

Retomando la discusión en particular, se sometieron a consideración los números 37), 38), 39), 41), 49) y 51) del artículo primero:

Artículo primero:

37) Modifícase el artículo 115 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo, la oración a continuación del punto seguido por la frase “, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.”

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Cuando las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, citación, liquidación o giro. Esta misma regla será aplicada para efectos de la reclamación en contra de la resolución que declara la existencia de abuso o simulación. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 bis en cuyo caso será competente para conocer el reclamo el tribunal señalado en dicha disposición.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “dicha sucursal” y el punto final la siguiente frase: “, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 ter”

38) Suprímese el artículo 119.

39) Suprímese el artículo 121

41) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. También podrá reclamarse de la resolución que declara la elusión de acuerdo al artículo 4° quinquies. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, de las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros de impuesto territorial, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales:

1. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o de algún otro factor que influya en el avalúo fiscal del mismo o sus construcciones, salvo en lo que diga relación con la asignación del valor a un área homogénea en específico.

2. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3. Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

Sin perjuicio de lo anterior, no será admisible la reclamación en contra de los giros de impuesto territorial salvo que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro.

En todos los casos, habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

Habiendo resolución que declare la elusión en los términos del artículo 4 quinquies y liquidación, giro o resolución que determine diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto de la misma norma, deberán interponerse, dentro del mismo reclamo tanto las acciones relacionadas a la revisión de la declaración de elusión así como aquellas destinadas a modificar las liquidaciones, resoluciones o giros que determinen diferencias de impuestos o elementos que sirvan de base para determinarlo.

Para la interposición del reclamo por cualquiera de las causales señaladas anteriormente, el reclamante siempre deberá invocar un interés actual comprometido.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.

Sin perjuicio de la acumulación de autos que fuere procedente en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil, tendrá siempre lugar la acumulación de autos en los casos de reclamos interpuestos por distintos contribuyentes respecto de las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas por aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, cuando éstos emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, debiendo acumularse en el Tribunal Tributario y Aduanero que primero confiera traslado al Servicio.”.

49) Elimínase el Párrafo 1° del Título III del Libro Tercero.

El señor Riquelme explicó que el Ejecutivo en estos puntos propone eliminar el procedimiento especial de avalúo de bienes raíces, que incluye un tribunal de alzada que nunca se constituye. En cambio, propone que los reclamos por avalúo se rijan por el procedimiento general de reclamaciones. Se mantienen las causales de reclamo y se amplía el plazo de reclamo a 180 días en casos de procedimientos generales de avalúo, en lugar de los 90 días habituales. Los reclamos por procedimientos especiales mantendrán las mismas causales de reclamación del procedimiento actual.

El Diputado Mellado expresó dos preocupaciones relacionadas con su región, La Araucanía. Primero, mencionó el caso de adultos mayores en zonas rurales que enfrentaban la posibilidad de perder sus casas si dejaban de pagar solo dos cuotas de contribuciones. Sugirió la necesidad de brindarles más información sobre los beneficios que podrían tener en términos de plusvalía en sus propiedades. Segundo, señaló la situación de los pequeños agricultores cuyos avalúos habían aumentado un 25%. Esto afectaba especialmente a aquellos que pagaban renta presunta, ya que se presumía que habían obtenido ganancias considerables, lo que podría generar problemas adicionales en la agricultura. Estos fueron los dos puntos de preocupación que el Diputado Mellado deseaba abordar.

La Diputada Cid preguntó al ministro o a los asesores sobre una preocupación relacionada con personas de escasos recursos en la región de Atacama. Señaló que, aunque las propiedades están exentas de pago de contribuciones para adultos mayores con un solo registro social de hogares, en áreas donde el territorio es mayormente privado, los avalúos han aumentado considerablemente. El tope para acceder a este beneficio es de alrededor de $200 millones de avalúo fiscal, lo cual puede excluir a personas en situación de vulnerabilidad. La Diputada propuso la posibilidad de una revisión completa de este tema, ya que muchas personas no pueden subdividir o vender sus propiedades debido a sus condiciones personales y a la naturaleza rural de sus terrenos. Destacó que esta es una preocupación compartida por muchos en la región y que es importante analizarla, especialmente en un contexto donde los avalúos y los precios de las propiedades están en constante aumento.

El Diputado Bianchi destacó la importancia de traer la realidad de los territorios a las autoridades nacionales. Se refirió a la situación de los adultos mayores, quienes pueden no estar informados sobre el aumento de los valores de sus propiedades y las consecuencias de no pagar contribuciones. Propuso implementar una política de información pública que involucre a los municipios para garantizar que las personas estén al tanto de sus obligaciones y beneficios, especialmente aquellos exentos del pago de basura asociado a las contribuciones. Ejemplificó con casos de adultos mayores en su región que desconocían la posibilidad de rebajar el valor de la contribución. Destacó la necesidad de una mejor política de información para garantizar que todos tengan acceso a la información relevante.

El Ministro Marcel abordó varios puntos relacionados con el proyecto. Primero, destacó la importancia de explicar el funcionamiento del tema, así como el procedimiento para aplicar casos de morosidad, tarea que delegó al Director del SII. Luego, mencionó el trabajo relacionado con las contribuciones de bienes raíces de adultos mayores y cómo el proyecto de ley podría abordar algunas preocupaciones de los diputados. Respecto al funcionamiento del impuesto territorial, mencionó que la tasa del impuesto puede modificarse cuando los reavalúos implican un aumento significativo en los impuestos a pagar, lo que ha sido aplicado sistemáticamente en reavalúos pasados. Esto se aplica tanto a propiedades habitacionales como agrícolas. Posteriormente, invitó al Director a hablar sobre el tratamiento de los deudores morosos del impuesto territorial.

El Director Frigolett explicó el proceso seguido en caso de pago de impuestos territoriales. Cuando una cuota no se paga, se registra como impaga en los sistemas de Tesorería, generando procesos de información y notificación al contribuyente sobre las consecuencias del impago, como la posibilidad de embargar la propiedad. Se informa a los contribuyentes sobre convenios de pago disponibles para regularizar su situación. En el caso del beneficio para adultos mayores, se consideran las condiciones socioeconómicas y patrimoniales de los beneficiarios. Se ofrece la posibilidad de exención total o parcial de las contribuciones. La información sobre estos beneficios está disponible en la página web del Servicio, y se puede coordinar con los municipios para llegar a áreas remotas. Además, se realizó una modificación para garantizar la continuidad del beneficio incluso si el valor de la propiedad excede el límite debido a revaluaciones. Esta modificación se implementó a fines del año pasado.

El Ministro Marcel abordó el planteamiento del Diputado Bianchi sobre la importancia de una información más proactiva en materia de contribuciones. Mencionó que el proyecto de ley amplía las funciones de la Defensoría del Contribuyente en cuanto a información y educación para los contribuyentes, lo que podría mejorar la comunicación de manera más proactiva. Respecto a los adultos mayores y las contribuciones, reconoció que los beneficios actuales podrían no ser suficientes dadas las condiciones socioeconómicas. Por ello, están trabajando en un proyecto para establecer un límite al pago de contribuciones en función de los ingresos de los adultos mayores, lo que podría ayudar a resolver varios problemas detectados. Este proyecto se presentaría durante este semestre. En relación con el planteamiento de la Diputada Cid sobre el límite del valor de las propiedades, sugirió que este límite podría evaluarse en el contexto del proyecto mencionado anteriormente. Finalmente, señaló que los reclamos de los contribuyentes están relacionados con los procedimientos de reclamo, que son parte de lo que están votando actualmente.

El señor Riquelme destacó el cambio significativo en el procedimiento de reclamo, que implica la eliminación del tribunal especial de segunda instancia. Explicó que actualmente este tribunal especial se constituye con dificultad debido a la falta de personal y al cambio en la composición del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Anteriormente, el tribunal especial se justificaba por la necesidad de tener expertos en avalúos, pero ahora el TTA cuenta con expertos adecuados para estos casos. Por lo tanto, no tiene sentido mantener un tribunal especial que no se constituye y que impide a los contribuyentes acceder a un procedimiento de reclamo adecuado. El traslado al régimen general garantizaría un procedimiento justo y más ágil para resolver los cuestionamientos de los contribuyentes sobre las contribuciones y el impuesto territorial.

El Diputado Naranjo expresó su preocupación por un jubilado que le explicó que las propiedades sin muebles no pagan IVA, pero si se arriendan con muebles, sí pagan IVA. Ahora, la intención era que también pagaran impuestos aquellas que se arrendaban sin muebles. El jubilado señaló que este impuesto adicional sería su única fuente de ingresos extra aparte de su pensión. Por ello, el diputado solicitó una explicación más detallada sobre esta situación, ya que le parecía injusto.

El señor Riquelme explicó que existe un gran desconocimiento en esta materia. Aclaró que los ingresos por arriendo de inmuebles, incluso sin muebles, están sujetos al impuesto a la renta, a menos que se trate de ciertas excepciones. Por ejemplo, si el contribuyente tiene solo dos propiedades y una de ellas es la vivienda habitual, los ingresos por el arriendo de la segunda propiedad estarían exentos de impuestos. Esta norma permite que los primeros dos inmuebles adquiridos estén exentos de impuestos si se cumplen ciertos requisitos.

En este punto, la Secretaría hizo presente que le Ejecutivo presentó en el día de hoy un conjunto de indicaciones al proyecto de ley.

El señor Riquelme explicó que las indicaciones buscan ampliar el plazo para reclamar en los procedimientos generales de avalúo de 90 a 180 días, lo cual coincide con el plazo actual establecido en la normativa. En cuanto a los reclamos por modificaciones individuales de los avalúos, se propone dejarlos en un inciso aparte para no tener causales de reclamación fijas en la ley, manteniendo así las mismas condiciones actuales. Además, se menciona la eliminación de ciertos artículos para asegurar que no haya perjuicio para los contribuyentes que reclaman por estas materias. Este es el contenido de la indicación presentada por el ejecutivo.

La Diputada Cid solicitó dejar pendiente la votación, salvo en los números 39) y 49).

Fueron aprobados por la unanimidad de los diez Diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

En este momento, el señor Riquelme expuso en torno a los acuerdos alcanzados en el contexto del trabajo de la mesa técnica desarrollada por el Ejecutivo y los asesores parlamentarios. Informó sobre las 7 reuniones realizadas con los asesores de los miembros de la comisión, donde se buscó analizar diversas materias planteadas. Se logró un acuerdo transversal en la mayoría de los casos, abordando temas como notificaciones, reclamos de avalúo de bienes raíces, donaciones revocables y término de giro, entre otros. Sin embargo, quedaron pendientes algunas cuestiones, especialmente en relación con el secreto bancario y el denunciante anónimo. A pesar de ello, destacó el ambiente colaborativo en la comisión y el alto grado de consenso en las indicaciones presentadas. Además, señaló que ciertos temas que no eran parte de este proyecto de ley fueron respondidos con la posición del ministerio y podrían ser abordados en futuros proyectos de ley de distinta naturaleza.

Artículo segundo.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974 del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en la letra c) del inciso tercero del artículo 10 la frase “(A) en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera y, que, además,” por la frase “(A) no existan personas con domicilio o residencia en Chile, que directa o indirectamente, y a cualquier título, sean titulares, accionistas o beneficiario de un 5% o más de las acciones, cuotas, títulos o derechos que se enajenan de la sociedad o entidad extranjera,”.

El señor Riquelme explicó una modificación al artículo 10 de la ley de la renta que regula una norma especial de control denominada venta indirecta. Esta norma surge a raíz del caso Exxon Mobile, y la modificación busca precisar el texto para evitar confusiones. Se aclara que el contribuyente que vende debe declarar que no hay ningún contribuyente residente en Chile que tenga más del 5% de participación en la sociedad, ya sea directa o indirectamente a través de una sociedad residente en Chile. Esto se hace para evitar alterar la potestad tributaria chilena y eliminar confusiones sobre la propiedad indirecta y su aplicación en esta norma.

La Diputada Cid detectó un posible error, en el sentido de que no debería eliminarse de la ley vigente, las palabras finales “y, que, además”. Así se acordó y se facultó a la Secretaría a efectuar el cambio.

Puesto en votación el número 1, con la modificación acordada, resultó aprobado por la unanimidad de los diez Diputados presentes. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

2) Agrégase en el numeral 2 del artículo 32, el siguiente literal c), nuevo:

“c) El monto de los ajustes de precio de transferencia realizados por el contribuyente, regulados en el numeral 9 del artículo 41 E.”

3) Modifícase el artículo 41 E en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la expresión “en Chile,” y la frase “se lleven” la conjunción “que”.

ii) Reemplázase la frase “y no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado” por la frase “y no cumplan con el principio de plena competencia, esto es, cuando sus operaciones no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “de bienes o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país y se estime que de haberse transferido los bienes, cedido los derechos, celebrados los contratos o desarrollado las actividades entre partes independientes, se habría pactado un precio, valor o rentabilidad normal de mercado, o los fijados serían distintos a los que establecieron las partes” por la frase “o viceversa, de funciones, activos, riesgos, bienes y/o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país, o se ponga término a convenciones, acuerdos o contratos vigentes o se lleven a cabo modificaciones sustanciales de los mismos, y se estime que en la respectiva reorganización o restructuración no se cumple el principio de plena competencia”.

c) Reemplázase en su inciso tercero la frase “las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y cualquier otra circunstancia razonablemente relevante” por la siguiente “las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación o circunstancias razonablemente relevantes dependiendo del caso que se analice”.

d) Modifícase el párrafo tercero de su número 1:

i) Elimínase la frase “se considerará que”.

ii) Reemplázase la frase “salvo que dicho país o territorio suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante para los efectos de aplicar las disposiciones tributarias, que se encuentre vigente” por la oración “, independientemente de si forman parte o no de un mismo grupo empresarial”.

e) Elimínase el párrafo cuarto del número 1.

f) Reemplazáse en el párrafo final del numeral 2 la frase “y de rangos y ajustes de comparabilidad” por la frase “; selección de la parte analizada; número de años de información financiera utilizada; de rangos y ajustes de comparabilidad y cualquier otro antecedente que se estime pertinente”.

g) Intercálase en el párrafo segundo del numeral 3, entre la frase “dichos estudios” y la coma que le sigue, la frase “, ya sean antecedentes propios o de la o las partes relacionadas ubicadas en el extranjero, que tengan vinculación con la operación que se analiza”.

h) Modifícase su numeral 4 de la siguiente forma:

i) Agréganse los siguientes párrafos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual párrafo tercero a ser sexto y así sucesivamente:

“El ajuste de precios de transferencia podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. Sin embargo, en caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, se deberá utilizar un rango intercuartil.

Si el precio, valor o margen de la transacción analizada se encuentra fuera del rango intercuartil, contenido entre el primer y el tercer cuartil, se considerará que el valor, precio o margen no es de plena competencia.

Cuando el contribuyente acepte el análisis de precios de transferencia del Servicio y rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta, el ajuste de precios de transferencia se realizará mediante la determinación de una cifra única, o bien a un punto o valor dentro del rango intercuartil, según se establezca con el Servicio. Si el Servicio emite una liquidación de impuestos conforme al artículo 24 del Código Tributario o una resolución, según corresponda, el ajuste por precios de transferencia se realizará siempre a la cifra única o a la mediana del rango intercuartil, según el caso.”.

ii) Intercálase en su párrafo tercero, que ha pasado a ser sexto, entre el guarismo “21” y el punto final que le sigue, la frase “, ya sea que el contribuyente rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta o se emita una liquidación de impuestos o resolución según corresponda”.

iii) Agrégase a continuación del cuarto, que ha pasado a ser séptimo, el siguiente párrafo final nuevo:

“Los ajustes de precios, valores o rentabilidades de mercado determinados conforme al presente artículo no producirán efectos en otros impuestos distintos de los establecidos en la presente ley.”.

i) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la oración “así como información general del grupo empresarial al que pertenece, entendiéndose por tal aquel definido en el artículo 96 de la ley N°18.045, sobre Mercado de Valores” por la oración “entendiéndose por tales aquellas señaladas en el numeral 1 de este artículo”.

ii) Reemplázase la frase “artículo 41” por la frase “numeral 10.- del artículo 2”.

j) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

“7.- Acuerdos anticipados.

Los contribuyentes que pretendan presentar una solicitud de acuerdo anticipado que determine los precios, valores o rentabilidades normales de mercado de las operaciones vinculadas que llevarán a cabo con sus partes relacionadas ubicadas en el exterior, podrán presentar una consulta previa al Servicio, cuyo contenido será el siguiente:

a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b) Descripción de las operaciones objeto del acuerdo anticipado.

c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que pretenda formular.

d) Indicación de un correo electrónico para las comunicaciones entre el contribuyente y el Servicio.

El Servicio analizará la consulta previa, pudiendo requerir a los contribuyentes las aclaraciones y antecedentes que estime pertinentes, y comunicará a los interesados la viabilidad del acuerdo previo de valoración dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta comunicación se realizará al correo electrónico que indique el contribuyente y se referirá exclusivamente a la posibilidad de presentación del acuerdo anticipado y no a su resultado, por tanto, no impide el derecho del contribuyente a presentar la solicitud. El Servicio determinará mediante resolución la forma y oportunidad en que podrá presentarse la consulta previa.

Habiendo o no presentado una consulta previa, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas podrán proponer al Servicio un acuerdo anticipado en cuanto a la determinación del precio, valor o rentabilidad normal de mercado de tales operaciones, para estos efectos en la forma y oportunidad que establezca el Servicio mediante resolución. El contribuyente interesado deberá presentar una solicitud con una descripción de las operaciones respectivas, sus precios, valores o rentabilidades normales de mercado y el período que debiera comprender el acuerdo, acompañada de la documentación o antecedentes en que se funda y de un informe o estudio de precios de transferencia en que se hayan aplicado a tales operaciones los métodos a que se refiere este artículo. El Servicio, mediante resolución, podrá rechazar a su juicio exclusivo, la solicitud de acuerdo anticipado, la que no será reclamable, ni admitirá recurso alguno. En caso de que el Servicio acepte total o parcialmente la solicitud del contribuyente, se dejará constancia del acuerdo anticipado en un acta, la que será suscrita por el Servicio y un representante del contribuyente autorizado expresamente al efecto, debiendo constar en ella los antecedentes en que se funda. El Servicio podrá suscribir acuerdos anticipados en los cuales intervengan además otras administraciones tributarias a los efectos de determinar anticipadamente el precio, valor o rentabilidad normal de mercado de las respectivas operaciones llevando a cabo las coordinaciones necesarias para su correcta implementación de acuerdo con la normativa vigente de cada jurisdicción. Tratándose de la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda establecerá mediante resolución el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

El acuerdo anticipado, una vez suscrita el acta, se aplicará respecto de las operaciones llevadas a cabo por el solicitante a partir del mismo año comercial en que se suscriba el acta de acuerdo anticipado y por los cuatro años comerciales siguientes, pudiendo ser prorrogado o renovado, previo acuerdo suscrito por el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, cuando se trate de importaciones de mercancías, y, cuando corresponda, por la otra u otras administraciones tributarias. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas hasta en los tres años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo, aplicándose respecto de dichos periodos el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, pero sin intereses penales ni multas, siendo además aplicable lo dispuesto en el párrafo final del número 4 del presente artículo.

El Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, efectuarán un seguimiento del cumplimiento del acuerdo por parte del contribuyente, para lo cual en la respectiva acta se fijará la forma y plazo en que el contribuyente entregará un informe anual en el que se demuestre la conformidad de sus precios de transferencia con las condiciones pactadas. De no cumplirse con dicha obligación, se requerirá al contribuyente para que presente dicho informe bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, dentro del plazo de 30 días, el Servicio podrá poner término al acuerdo anticipado por incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. El término del acuerdo anticipado regirá desde el mismo ejercicio en que se notifique la resolución que así lo establece.

El Servicio deberá pronunciarse respecto de la solicitud del contribuyente ya sea concurriendo a la suscripción del acta respectiva o rechazándola mediante resolución, dentro del plazo de 12 meses contado desde que el contribuyente haya entregado o puesto a disposición de dicho Servicio la totalidad de los antecedentes que estime necesarios para resolverla. En caso de que el Servicio no se pronuncie dentro del plazo señalado, o bien el contribuyente no aporte los antecedentes solicitados por el Servicio dentro de este procedimiento, se entenderá rechazada la solicitud del contribuyente, pudiendo este volver a proponer la suscripción del acuerdo. Para los efectos del cómputo del plazo, se dejará constancia de la entrega o puesta a disposición referida en una certificación del jefe de la oficina del Servicio que conozca de la solicitud.

El Servicio podrá, en cualquier tiempo, dejar sin efecto el acuerdo anticipado cuando la solicitud del contribuyente se haya basado en antecedentes erróneos, maliciosamente falsos, hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación, o cuando el contribuyente incumpla total o parcialmente el acuerdo. La resolución que se dicte dejando sin efecto el acuerdo anticipado, deberá fundarse en el carácter erróneo de los antecedentes, en su falsedad maliciosa, en la variación sustancial de los antecedentes o circunstancias esenciales en virtud de las cuales el Servicio aceptó la solicitud de acuerdo anticipado o en el incumplimiento del acuerdo, señalando de qué forma éstos son erróneos, maliciosamente falsos, han variado sustancialmente o en qué forma se incumplió el acuerdo, según corresponda, y detallando los antecedentes que se han tenido a la vista para tales efectos. La resolución que deje sin efecto el acuerdo anticipado regirá a partir de su notificación al contribuyente, salvo cuando se funde en el carácter maliciosamente falso de los antecedentes de la solicitud, caso en el cual se dejará sin efecto a partir de la fecha de suscripción del acta original o de sus renovaciones o prórrogas, considerando la oportunidad en que tales antecedentes hayan sido invocados por el contribuyente. Asimismo, la resolución será comunicada, cuando corresponda, a la o las demás administraciones tributarias respectivas. Esta resolución no será reclamable ni procederá a su respecto recurso alguno, ello sin perjuicio de la reclamación o recursos que procedan respecto de las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos, intereses y multas dictadas o aplicadas por el Servicio que sean consecuencia de haberse dejado sin efecto el acuerdo anticipado. Por su parte, el contribuyente podrá dejar sin efecto el acuerdo anticipado que haya suscrito cuando hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación. Para estos efectos, deberá manifestar su voluntad en tal sentido mediante aviso por escrito al Servicio, en la forma que éste establezca mediante resolución, de modo que el referido acuerdo quedará sin efecto desde la fecha del aviso, pudiendo el Servicio ejercer respecto de las operaciones del contribuyente la totalidad de las facultades que le confiere la ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la presentación de antecedentes maliciosamente falsos en una solicitud de acuerdo anticipado que haya sido aceptada total o parcialmente por el Servicio será sancionada en la forma establecida por el inciso primero, del número 4°, del artículo 97, del Código Tributario.

Una vez suscrita el acta de acuerdo anticipado, o sus prórrogas o renovaciones, y mientras se encuentren vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, no podrán determinar diferencias de impuestos por precios de transferencias o valoración aduanera en las operaciones comprendidas en él, siempre que el valor de las importaciones, los precios, valores o rentabilidades hayan sido establecidos o declarados por el contribuyente conforme a los términos previstos en el acuerdo.

Las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes en virtud de los cuales han sido suscritas quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. Aquellos contribuyentes que autoricen al Servicio la publicación de los criterios, razones económicas, financieras, comerciales, entre otras, y métodos en virtud de los cuales se suscribieron los acuerdos anticipados conforme a este número, debiendo dejarse en este caso constancia de la autorización en el acta respectiva, serán incluidos si así lo autorizan, mientras se encuentre vigente el acuerdo, en una nómina pública de contribuyentes socialmente responsables que mantendrá dicho Servicio. Aun cuando no hayan autorizado ser incluidos en la nómina precedente, no se aplicará respecto de ellos, interés penal y multa algunos con motivo de las infracciones y diferencias de impuestos que se determinen durante dicha vigencia, salvo que se trate de infracciones susceptibles de ser sancionadas con penas corporales, caso en el cual serán excluidos de inmediato de la nómina señalada. Lo anterior es sin perjuicio del deber del contribuyente de subsanar las infracciones cometidas dentro del plazo que señale el Servicio, el que no podrá ser inferior a 30 días hábiles contado desde la notificación de la infracción; y/o declarar y pagar las diferencias de impuestos determinadas, y sin perjuicio de su derecho a reclamar de tales actuaciones, según sea el caso. Cuando el contribuyente no hubiese subsanado la infracción y/o declarado y pagado los impuestos respectivos dentro de los plazos que correspondan, salvo que haya deducido reclamación respecto de tales infracciones, liquidaciones o giros, el Servicio girará sin más trámite los intereses penales y multas que originalmente no se habían aplicado. En caso de haberse deducido reclamación, procederá el giro señalado cuando no haya sido acogida por sentencia ejecutoriada o el contribuyente se haya desistido de ella.”.

k) Reemplázase en el numeral 8 la oración “y dentro del plazo de 5 años contado desde la expiración del plazo legal en que se debió declarar en el país los resultados provenientes de las operaciones cuyos precios, valores o rentabilidades se pretenda rectificar” por la oración “dentro del plazo de 1 año contado desde que el ajuste de precios de transferencia se considere definitivo en la otra jurisdicción”.

l) Agrégase, a continuación del numeral 8, el siguiente numeral 9, nuevo:

“9.- Autoajuste de precios de transferencia realizado por el contribuyente.

Los contribuyentes podrán ajustar sus precios, valores o rentabilidades en las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas ubicadas en el extranjero, considerando aquellos que habrían acordado u obtenido partes independientes en operaciones y circunstancias comparables, cuando en su análisis determinen que sus operaciones vinculadas no cumplen el principio de plena competencia, para cuyos efectos deberá aplicar los métodos referidos en este artículo.

En consecuencia, se entenderá por autoajuste de precios de transferencia aquel que realice un contribuyente en forma previa a un requerimiento del Servicio y en el que determine, en su opinión, un precio, valor o rentabilidad de plena competencia en el marco de una operación vinculada, aunque dicho precio difiera del importe realmente cargado entre las empresas relacionadas.

Este autoajuste podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. En caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, deberá utilizar un rango intercuartil, pudiendo ajustarse a cualquier punto o valor dentro del indicado rango.

El ajuste determinado deberá ser agregado a la base imponible del impuesto de primera categoría y sólo procederá cuando ello implique un aumento de la base imponible indicada. No se podrán realizar ajustes para disminuir la renta líquida imponible de primera categoría y determinar un menor impuesto o una mayor pérdida tributaria. El ajuste tendrá solo efectos sobre los impuestos establecidos en la presente ley, en los términos establecidos en el párrafo final del número cuatro del presente artículo.

Los contribuyentes deberán conservar la totalidad de los antecedentes que permitan acreditar que el autoajuste aplicado a la o las operaciones con sus partes relacionadas, se ha efectuado considerando los precios, valores o rentabilidades normales de mercado. En caso que el Servicio determine un ajuste respecto de estas operaciones, este se afectará con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, conforme a lo establecido en el número cuatro de este artículo.”.

Indicación del Ejecutivo:

AL ARTÍCULO SEGUNDO

14) Para modificar el párrafo cuarto del numeral 7) del artículo 41 E, incorporado la letra j) de su numeral 3), en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre la frase “del acuerdo,” y la palabra “aplicándose” la voz “no”.

b) Reemplázase la frase “pero sin” por “sin”.”.

El señor Riquelme explicó que el numeral 2 es una consecuencia del numeral 3 y que lo relevante es lo que se vote respecto al numeral 3. Se refirió a las normas de precio de transferencia, que controlan las operaciones entre una entidad residente en Chile y sus partes relacionadas en el exterior para que se realicen a valores normales de mercado. Explicó que se están haciendo tres ajustes en materia de precios de transferencia:

1. Reconocimiento del principio de plena competencia, que establece que las operaciones entre partes relacionadas deben hacerse a valores normales de mercado. Se elimina la consideración de relaciones familiares en este contexto, ya que no tienen aplicación práctica en operaciones transfronterizas dentro de un grupo empresarial.

2. Mejora en la celebración de acuerdos anticipados de precios, ampliando el plazo para llegar a acuerdos y estableciendo que los ajustes hacia ejercicios anteriores no estarán sujetos a intereses ni multas.

3. Introducción de la figura del autoajuste, donde el propio contribuyente realiza ajustes voluntarios en sus declaraciones, los cuales tampoco estarán sujetos a intereses ni multas.

Además, destacó que los ajustes de precios de transferencia solo tendrán efecto a nivel de impuesto a la renta, evitando así complicaciones en otros impuestos como el IVA y aranceles aduaneros.

El Diputado Mellado planteó varias preguntas relacionadas con la aplicación de la normativa de precios de transferencia, cuestionando si se limita solo a transacciones entre empresas vinculadas, quién determina el valor de mercado, cómo se manejan las ventas a futuro y qué ocurre con las ventas de inventario existente, como el vino almacenado, cuando el precio de venta difiere del precio internacional.

En respuesta, el señor Riquelme explicó que, en primer lugar, corresponde al contribuyente calificar sus operaciones bajo la normativa de precios de transferencia, utilizando métodos recomendados por la OCDE y realizando estudios anuales para comparar sus transacciones con operaciones similares. Esto implica evaluar el precio de venta futuro o de inventario en base a operaciones comparables, lo que proporciona un rango de precios aceptables. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos puede cuestionar estos resultados y llevar a cabo procedimientos de verificación, pero en general, el enfoque se centra en demostrar que las transacciones están dentro del rango establecido por los estudios.

Puestos en votación los números 2) y 3), con las indicaciones respectivas, resultaron aprobados por la unanimidad de los diez Diputados presentes, señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

4) Modifícase el artículo 41 G en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el primer párrafo del numeral 2) del literal A, la oración “las letras a), b), y d) del artículo 100 de la ley N° 18.045” por la frase “el número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

b) Reemplázase en el párrafo tercero del número 2 la frase “de baja o nula tributación” por “con un régimen fiscal preferencial”.

c) Sustitúyese el literal B.- por el siguiente:

“B.- País o territorio con un régimen fiscal preferencial.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá como un país o territorio con un régimen fiscal preferencial aquéllos a que se refiere el artículo 41 H.”.

d) Reemplázase en el párrafo tercero del numeral 8 del literal C la frase “de baja o nula imposición” por la frase “con un régimen fiscal preferencial”.

e) Sustitúyese el numeral 6 del literal D.- por el siguiente:

“6. Los contribuyentes constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile a que se refiere este artículo, no deberán considerar como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 unidades de fomento en total al término del ejercicio respectivo.

Para determinar si un contribuyente cumple con el límite señalado en el párrafo anterior, deberá considerar también aquellas rentas pasivas obtenidas, dentro del mismo ejercicio, por personas o entidades con las que esté relacionado. Si al efectuar la agregación anterior el resultado obtenido excede dicho límite, tanto el contribuyente como todos sus relacionados deberán considerar como devengadas la totalidad de sus rentas pasivas, según las disposiciones del presente artículo. Para estos efectos se entenderán como relacionados con un contribuyente las personas y entidades en los términos del número 2) de la letra A) de este artículo.”.

f) Reemplázase en el párrafo segundo del literal F.- la frase “artículo 41” por la frase “número 10 del artículo 2”.

Indicación del Ejecutivo:

Para incluir un inciso tercero en la letra e) de su numeral 4) que sustituye el numeral 6 del literal D, del siguiente tenor:

“Lo dispuesto en el presente numeral no procederá cuando las rentas pasivas percibidas o devengadas procedan de una entidad controlada domiciliada o residente en un país o territorio con un régimen fiscal preferencial.”.

El señor Riquelme explicó que el artículo 41 G aborda el reconocimiento de utilidades a través de rentas pasivas, permitiendo su reconocimiento anticipado bajo ciertas condiciones. Las modificaciones propuestas incluyen ajustes formales, como el cambio de términos de "paraísos tributarios" por "régimen fiscal preferente", y cambios sustanciales, como la inclusión de familiares en las operaciones para evitar elusión y la imposición de reglas más estrictas para las inversiones en paraísos fiscales, donde las utilidades deben reconocerse anticipadamente.

Puesto en votación el número 4), con su indicación respectiva, fue aprobado por la unanimidad de los diez Diputados presentes, señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

5) Sustitúyese el artículo 41 H por el siguiente:

“Artículo 41 H.- Para los efectos de esta ley, se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando cumpla copulativamente las condiciones indicadas a continuación:

a) No haya celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente o, encontrándose vigente, contiene limitaciones que impide un intercambio efectivo de información.

b) No reúna las condiciones para ser considerado cumplidor o sustancialmente cumplidor en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Para estos efectos se estará a las calificaciones realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales u otro organismo internacional que lo reemplace siempre que Chile sea un miembro permanente.

El Servicio se pronunciará mediante resolución de los territorios o jurisdicciones que se encuentran en la situación que establece este artículo.”.

El Ministro Marcel explicó que esta propuesta se refiere a los cambios que buscan introducirse al concepto de régimen fiscal preferencial.

Puesto en votación el número 5) fue aprobado por la unanimidad de los diez Diputados presentes, señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Artículo tercero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Modifícase el artículo 3°, en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso séptimo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, la palabra “retengan”, por la oración “recarguen, retengan, declaren y/o paguen”.

ii) Reemplázase la frase “prestadores domiciliados” por “personas naturales o jurídicas u otro tipo de entidades sin personalidad jurídica domiciliadas”.

b) Elimínase su inciso final.

2) Agrégase a continuación del artículo 3 el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. También será contribuyente del impuesto establecido en esta ley, en la forma establecida en el presente artículo, el operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera un vendedor habitual del bien o prestador del servicio que se concluye a través de la plataforma digital que opere y siempre que se trate de una operación gravada con el impuesto establecido en la presente ley.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el servicio subyacente sea prestado o el bien sea vendido por o a un contribuyente de esta ley.

Se entenderá por "plataforma digital de intermediación" la interfaz que, a través de internet, permita o facilite a terceros la conclusión de ventas o servicios; y por "operador", las personas naturales o jurídicas u otras entidades, nacionales o extranjeras, con o sin domicilio o residencia en Chile, que explotan económicamente una plataforma digital. No se considerará como plataforma digital a los servicios que sólo consistan en publicidad o procesamiento de pagos.

Cuando más de una plataforma digital de intermediación facilite de forma conjunta o simultáneamente una misma operación, se considerará contribuyente, bajo el presente artículo, sólo aquella que autorice o procese el pago de la operación gravada.

Los contribuyentes señalados en el presente artículo que no tengan domicilio o residencia en Chile se sujetarán a las disposiciones del párrafo 7 bis del Título II.

3) Agrégase en el artículo 4° el siguiente inciso final, nuevo:

“También, se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles, situados en el extranjero, adquiridos de forma remota, a un no domiciliado ni residente en Chile, por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando los bienes tengan por destino el territorio nacional, aún antes de su embarque o envío desde el extranjero, siempre que su precio, incluyendo todo cargo accesorio que sea cobrado en la misma operación, no exceda de USD 500 o su equivalente en moneda nacional.”.

6) Modifícase el literal B del artículo 12 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 11, entre la palabra “Aduanero” y el punto final que le sigue, la frase “, y que no correspondan a aquellas gravadas por aplicación de la letra a) del inciso cuarto del artículo 4 de esta ley”.

b) Agréguese el siguiente numeral 18, nuevo:

“18. Las personas que no tengan el carácter de vendedor o de prestador de servicios, o quienes realicen la compra por cuenta de éstas, en el caso del inciso final del artículo 4 de esta ley , siempre que se acredite que el impuesto que corresponde a dicha operación fue efectivamente cobrado por el vendedor o plataforma digital, lo cual se efectuará de la forma que disponga el Director del Servicio de Impuestos Internos y el Director del Servicio Nacional de Aduanas mediante resolución conjunta.”.

El señor Riquelme explicó que el objetivo de la norma es gravar con IVA las ventas realizadas a través de medios digitales de bienes ubicados en el extranjero, buscando equidad entre comerciantes nacionales e internacionales y desincentivando la informalidad. Los proveedores extranjeros, como las plataformas de venta, pueden inscribirse en un sistema simplificado de pago de IVA similar al utilizado por los proveedores de servicios digitales. Si una plataforma no se inscribe, el Servicio de Impuestos Internos puede solicitar que se recargue el IVA a través del medio de pago, como tarjetas de crédito, como incentivo para que se inscriban en el sistema simplificado de pago de IVA.

La Diputada Cid señaló que la medida pretende medir la informalidad de quienes compran para hacer negocios y de quienes adquieren bienes en el extranjero, planteando la duda sobre si realmente se trata de detectar la informalidad, ya que afectaría a un amplio espectro de personas.

El Diputado Mellado planteó que con esta medida se generaría un doble control, ya que tanto las plataformas de comercio electrónico como los medios de pago estarían sujetos a la exigencia de impuestos. Además, menciona la inclusión de los influencers en las redes sociales que realizan ventas sin pagar impuestos, cuestionando cómo se abordaría este aspecto del comercio informal en línea.

El señor Riquelme señaló que efectivamente esta norma buscaba desincentivar la adquisición de bienes en el extranjero sin pagar IVA y luego comercializarlos de forma informal dentro del país. También se señaló que la Cámara Nacional de Comercio fue uno de los principales impulsores de esta medida, argumentando que existía una desigualdad al comprar productos extranjeros sin pagar IVA mientras que sí se pagaba por productos adquiridos localmente. Respecto a los influencers, esta medida no los incluye, ya que se trata de una situación diferente donde personas con residencia en Chile están vendiendo, aunque hay otras medidas para abordar la tributación de este tipo de actividades.

Los números 1), 2), 3) y 6) del artículo tercero fueron aprobados por nueve votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra la Diputada Cid.

10) Reemplázase el artículo 35 A, por el siguiente:

“Artículo 35 A.- Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que presten servicios o realicen ventas a personas domiciliadas o residentes en el país y que no sean contribuyentes de los impuestos establecidos en esta ley, quedarán sujetos al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes.”.

11) Modifícase el artículo 35 D en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la palabra “afectos” por la frase “o ventas afectas”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra “prestados” y la conjunción “en”, la frase “o ventas realizadas”.

12) Modifícase el artículo 35 G en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “servicios” y la coma que le sigue, la frase “o ventas”.

b) Intercálase, entre la palabra “servicio” y la frase “el impuesto”, la frase “o venta”.

13) Reemplázase en el inciso primero del artículo 35 I, las expresiones “el artículo 8 letra n) u otros en que se autorice el régimen simplificado establecido en el artículo 35 A, y que sean prestados digitalmente”, por la frase “esta ley”.

El señor Riquelme explicó que se trataba simplemente del procedimiento simplificado de pago de IVA para no residentes, y los ajustes eran solo para adaptarse a lo que recientemente se había aprobado. Los artículos originales se referían solo a servicios, mientras que ellos estaban hablando tanto de servicios como de la venta de bienes, pero eran ajustes meramente formales en respuesta a lo aprobado recientemente.

Los números 10), 11), 12) y 13) del artículo tercero fueron aprobados por ocho votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Votó en contra la Diputada Cid. Se abstuvo el Diputado Von Mühlenbrock

4) Modifícase el inciso tercero del artículo 5°, en el siguiente sentido:

a) Elimínase la expresión “del artículo 8 letra n)”.

b) Reemplázase la palabra “digital” por la palabra “remota”.

5) Modifícase el artículo 8 en el siguiente sentido:

b) Elimínase su letra n).

El señor Riquelme explicó que esta parte sólo se refiere a ajustes formales o de texto.

El número 4) y la letra b) del número 5) del artículo tercero fueron aprobados por nueve votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los Diputados Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra la Diputada Cid.

5) Modifícase el artículo 8 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el literal m) del artículo 8°, los siguientes párrafos tercero a sexto nuevos:

“Previa citación al contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá liquidar y girar el impuesto sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra, que realice la empresa que se crea o subsista con ocasión de una reorganización empresarial, cuando dicha reorganización haya tenido por objeto principal evitar el pago del impuesto. Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho de que la empresa que se crea o subsista se encuentre sujeta a las normas de este título, si los bienes están o no destinados al giro o actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Asimismo, y previa citación al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá recalificar como una venta de activo inmovilizado para los efectos de lo dispuesto en esta letra, la venta de acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones cuotas o derechos sociales, respecto de cualquier tipo de entidad con o sin personalidad jurídica, cuando al menos un 50% del valor de mercado total de las acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales, provenga del valor de mercado del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra y que sean propiedad, directa o indirecta, de la empresa cuyos derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales se enajenan, cuando dicha enajenación haya sido realizada con el objeto principal de evitar el pago del impuesto que se hubiese devengado de haberse vendido él o los bienes del activo inmovilizado de manera directa.

Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho que, como consecuencia de la venta, el o los bienes del activo inmovilizado han dejado de estar destinados a actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Con todo, además de cumplirse con el requisito establecido en el párrafo cuarto, es necesario que la enajenación referida sea de, al menos, un 20% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros de su grupo empresarial, en los términos del número 14 del artículo 8 del Código Tributario , dentro de un período de doce meses anteriores a la última de ellas.”.

7) Agrégase en el artículo 16°, a continuación del literal i), el siguiente literal j), nuevo:

“j) En los casos señalados en el párrafo cuarto de la letra m) del artículo 8° , el valor normal de mercado de los activos inmovilizados enajenados indirectamente o los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, pudiendo el Servicio ejercer su facultad de tasación conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario , con los ajustes que correspondan en la determinación de la base imponible según las reglas de esta ley.”.

El señor Riquelme explicó que el numeral 5 letra a modifica la ley del IVA para introducir una nueva norma de control sobre la elusión en el pago de IVA en la venta de inmuebles. Esta modificación aborda dos situaciones: la primera es cuando una sociedad se divide con el único propósito de vender un inmueble y eximirse del pago de IVA, y la segunda es cuando se vende la sociedad propietaria del inmueble. En ambos casos, el Servicio de Impuestos Internos puede cuestionar la operación si se cumple con ciertos supuestos, como la propiedad indirecta del inmueble y el único objetivo de eludir el pago de IVA. La norma busca garantizar que haya más disponibilidad de recursos en caso de que el servicio cuestione la operación.

Los números 5 letra a) y 7 fueron aprobados por la unanimidad de los diez Diputados presentes. Votaron a favor los Diputados (as) Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans (Presidenta). Votó en contra la Diputada Cid.

Artículo tercero:

8) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “pagarse” por “pagar”.

b) Sustitúyense los incisos cuarto a sexto, por los siguientes:

“Cuando no se pueda determinar de forma clara o fehaciente el impuesto que un contribuyente deba pagar, el Servicio, mediante resolución fundada y previa citación según el artículo 63 del Código Tributario , podrá tasar las ventas o servicios realizados, considerando los antecedentes que tenga en su poder, o tomando como base las ventas realizadas o los servicios prestados por contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad u otros que permitan hacer una estimación razonable del impuesto a pagar. Lo anterior, sin perjuicio de que el contribuyente podrá acreditar el crédito soportado en la adquisición de bienes o servicios destinados a sus operaciones, en los términos del artículo 23

Asimismo, un contribuyente podrá solicitar al Servicio que ejerza la facultad señalada en el inciso anterior cuando entregue antecedentes que den cuenta que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar. En este caso y sólo por una vez, el Servicio deberá estimar un monto de crédito fiscal que será imputable al débito fiscal, determinado de acuerdo con lo observado para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad. El contribuyente podrá solicitar que el impuesto determinado y la fórmula de su cálculo sean enviadas a la Defensoría del Contribuyente para su asesoría en el proceso.

Respecto del impuesto determinado según lo dispuesto en el inciso anterior, procederá la condonación de la totalidad de los intereses y multas, siempre que su pago se verifique dentro de los tres meses siguientes a la fecha del giro respectivo y que el contribuyente haya iniciado actividades al momento del pago.”.

El señor Riquelme explicó que se introducen tres incisos con dos objetivos principales. Primero, clarificar y mejorar la redacción sobre la facultad de tasación del servicio respecto de la base imponible. Esto es relevante cuando, durante un proceso de fiscalización, se detecta a un contribuyente que no está pagando el IVA debido, permitiendo al servicio tasar su base imponible de IVA. En casos donde no hay certeza absoluta sobre los montos de operación, se pueden usar como referencia las ventas de contribuyentes que comercialicen bienes similares a través de distintos canales, como las redes sociales.

La segunda modificación facilita que los contribuyentes que enfrentan dificultades para determinar su base imponible y crédito de IVA puedan acercarse al servicio de impuestos internos para regularizar su situación tributaria. Esto se realiza mediante la ayuda del servicio para determinar una vez sus débitos y créditos fiscales, promoviendo así la formalización y el control de la informalidad sin que se considere una sanción. Estas medidas están diseñadas para ser aplicadas una sola vez con el fin de fomentar la correcta declaración y pago de impuestos.

El número 8 resultó aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

9) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año en el cual se obtuvo la devolución a menos que ésta hubiera tenido lugar dentro del último trimestre del año en cuyo caso se aplicará a partir del año siguiente. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.”.

b) Reemplázase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la frase “a que se refieren los incisos anteriores” por la frase “señalada en el inciso primero de este artículo”.

c) Reemplázase en su inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, la frase “el inciso cuarto” por “los incisos cuarto y quinto”.

Indicación del Ejecutivo:

AL ARTÍCULO TERCERO

16) Para sustituir la letra a) de su numeral 9) en el siguiente sentido:

“a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el inciso tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación, en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año correspondiente al primer mes en el cual el contribuyente realice una operación gravada y sea un año distinto al cual se solicitó la devolución. Con todo, la restitución deberá ocurrir en un plazo máximo de 15 años contado desde el ejercicio siguiente en el cual se aprobó la devolución. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.”.”.

El señor Riquelme detalló la modificación al artículo 27 bis, que permite a los contribuyentes solicitar la devolución del IVA soportado en la adquisición de activos fijos antes de comenzar a generar operaciones gravadas con estos. Esta norma busca aliviar el flujo de caja de los contribuyentes en los primeros meses de inversión, estableciendo un plazo máximo de 10 años para el reintegro de esta devolución. Señaló cómo esta disposición ha sido desvirtuada, especialmente en el sector inmobiliario de arriendo, donde los plazos de devolución se extendían indebidamente, en algunos casos hasta 90 o más años, distorsionando el propósito original de la norma.

Para corregir esta distorsión, se propuso mantener el plazo de 10 años para el reintegro, pero con una modificación importante: este plazo comenzaría a contar desde el momento en que el contribuyente realiza su primera operación gravada. Además, se introdujo una norma de control que limita el periodo total a un máximo de 15 años desde el año siguiente a la solicitud de devolución. Esto permite que, en los primeros 5 años desde la solicitud, el contribuyente no tenga que realizar ningún reintegro del IVA, siempre que no haya efectuado operaciones gravadas en ese tiempo. Esta medida busca evitar situaciones anómalas sin perjudicar a los proyectos de inversión.

El Diputado Mellado abordó la cuestión de proyectos, especialmente en el sector agrícola, que acumulan IVA y son posteriormente vendidos, resultando en que el nuevo propietario del proyecto no devuelve el IVA en futuras ventas, ya que es otro sujeto de crédito el que asume la venta. Propuso que la responsabilidad del IVA debería seguir al proyecto en lugar de al dueño original, preguntando cómo esta idea se había incorporado en las nuevas regulaciones. Además, expresó su preocupación sobre cómo las recientes modificaciones que imponen el IVA a ciertas operaciones inmobiliarias, específicamente tras la introducción de la PGU, afectan al sector. Se interrogó sobre el impacto de estas medidas en los precios de las viviendas, cuestionando si resultasen en un aumento de precios o si se mantuvieran estables, considerando estas modificaciones como meramente tributarias.

El número 9, con su respectiva indicación, fue aprobado por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

14) Agréganse, en el artículo 36, los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser octavo y así sucesivamente:

“El monto del reembolso a que se refieren los incisos anteriores se determinará aplicando al total del crédito fiscal del período correspondiente, el porcentaje que represente el valor de las exportaciones con derecho a recuperación del impuesto en relación con las ventas totales de bienes y servicios, considerando en ambos casos los últimos doce períodos tributarios consecutivos. Para estos efectos, no se deberán considerar los períodos en que el contribuyente no registre ventas ni servicios.

En aquellos casos en que el impuesto recuperado sea mayor al equivalente al valor FOB de los bienes o servicios exportados en el período, los contribuyentes deberán acreditar que, en un período de 24 meses contado desde el último embarque o de la aceptación a trámite de la declaración de exportación en el caso de servicios, han realizado exportaciones equivalentes a lo menos, a dos veces el impuesto reembolsado. Para estos efectos, se deberá considerar el valor FOB de los bienes o servicios exportados al término del plazo de 24 meses. En caso de no cumplir con exportaciones por el valor mínimo antes señalado, los contribuyentes deberán reintegrar las sumas reembolsadas, en proporción al monto de las exportaciones no realizadas. Con todo, las sumas reintegradas se considerarán crédito fiscal del período en que se verifique el reintegro.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también aplicará a los exportadores que dieran aviso de término de giro sin haber exportado, al menos, la cantidad señalada anteriormente. Con todo, no se aplicará la obligación de reintegrar las sumas reembolsadas cuando se acredite que el incumplimiento se debió a caso fortuito, fuerza mayor o cuando la empresa se encuentre dentro de un proceso de liquidación concursal.

En aquellos casos en que los exportadores cuenten con autorización para obtener el reembolso de forma previa a la materialización de una exportación y que, con posterioridad a la fecha en que se efectúe el reembolso y se encuentre pendiente la exportación, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual el titular del beneficio sea absorbido por otro contribuyente, la empresa que tenga la calidad de continuadora legal mantendrá la autorización otorgada, con todos los derechos y obligaciones que se hubiesen establecido. Lo anterior, siempre y cuando la empresa que se cree o subsista manifieste su voluntad de continuar con el referido proyecto, en la forma que establezca el Ministro de Hacienda mediante el decreto supremo a que hace referencia el inciso tercero. En tal caso, no procederá cobro alguno respecto de las sumas devueltas con anterioridad al titular del beneficio.”.

El señor Riquelme explicó el objetivo de las modificaciones normativas para abordar operaciones elusivas en el contexto de las exportaciones. Detalló que algunos contribuyentes acumulaban crédito fiscal sin realizar exportaciones significativas, para luego exportar bienes de escaso valor y solicitar la devolución de todo el crédito fiscal acumulado. Esta práctica, se desvía del objetivo original de la norma, que busca asegurar igualdad de condiciones entre exportadores, evitando que paguen IVA tanto al exportar como al importar en otros países.

Para rectificar esta situación, la norma modifica las condiciones bajo las cuales se puede solicitar la devolución del IVA por exportaciones. Ahora, los exportadores deben calcular qué proporción del crédito fiscal remanente corresponde a operaciones de exportación y cuáles a operaciones internas, dado que solo las primeras dan derecho a devolución. Esta determinación se basa en las operaciones de los últimos 12 meses, excluyendo aquellos meses sin operaciones para no afectar a exportadores que no venden de manera constante.

Se introdujo una corrección para los exportadores que operan de manera temporal o estacional, permitiéndoles no ver reducida la proporción del crédito fiscal elegible para devolución. Además, si un exportador tiene un remanente de crédito fiscal significativamente más alto que el valor de sus exportaciones, la norma establece un período de 24 meses para realizar exportaciones por un valor al menos doble al monto de la devolución solicitada.

Esta nueva configuración busca evitar el mal uso de la norma y se alinea con las necesidades tanto de los exportadores habituales como de los estacionales, asegurando que la norma de control se aplique correctamente sin perjudicar a ninguno de los grupos.

El Diputado Mellado expresó sus dudas respecto a la implementación de las modificaciones normativas sobre el IVA en las operaciones de exportación, especialmente en lo que concierne a las empresas que no solo exportan, sino que también producen y venden productos a nivel nacional. Señaló que estas empresas tendrían que separar sus contabilidades para identificar el porcentaje de IVA correspondiente a las exportaciones, lo cual está de acuerdo en casos donde la empresa realiza tanto ventas internas como exportaciones. Sin embargo, para las empresas exclusivamente exportadoras, la diferenciación debería ser más directa.

Ejemplificó con el sector vitivinícola, mencionando que, bajo las nuevas normas, si una empresa vitivinícola exporta menos de lo previsto, esto podría resultar en una capacidad reducida para descontar el IVA o incluso endeudarse para devolver el IVA. Preguntó cómo se manejarán estas situaciones para garantizar que las empresas que normalmente exportan, pero que enfrentan disminuciones en sus exportaciones debido a condiciones de mercado, puedan manejar adecuadamente el costo y el impacto en su flujo de IVA sin perjudicar su operación financiera.

El señor Riquelme abordó las preocupaciones planteadas por el Diputado Mellado, aclarando cómo la nueva normativa maneja las situaciones mencionadas. Específicamente, explicó que, si una empresa es 100% exportadora, tendrá derecho a solicitar la devolución del 100% del IVA asociado a sus exportaciones, garantizando así que no habrá problemas en este aspecto. La norma busca apoyar el flujo de caja de los exportadores, permitiéndoles reinvertir ese flujo en sus operaciones.

Detalló que, si se obtiene una devolución de IVA superior al 19% de lo exportado, la empresa tendrá un período de 24 meses para realizar exportaciones por un valor al menos doble al monto de la devolución solicitada. Esto es para asegurar que los créditos fiscales por los cuales se solicita devolución estén efectivamente relacionados con actividades de exportación. En el caso del sector vitivinícola, si se reduce la exportación, la empresa podrá recuperar el 100% del IVA asociado a esa primera exportación y luego tendrá 24 meses para continuar exportando sin necesidad de solicitar otra devolución, siempre que las exportaciones alcancen el doble de lo solicitado en la devolución inicial. De esta manera, la norma aborda las situaciones de empresas que tanto exportan como realizan ventas internas, así como las fluctuaciones en las exportaciones, sin perjudicar el flujo de caja o las operaciones financieras de las empresas exportadoras.

El número 14 fue aprobado fue aprobado por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Se acordó votar a continuación los siguientes artículos transitorios segundo y tercero

“Artículo segundo transitorio.- Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo primero del Decreto Ley N° 824, de 1974, contenidas en el artículo segundo de esta ley, según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones introducidas al artículo 41 G y 41 H comenzarán a regir a partir del 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones introducidas en los artículos 10, 32 y 41 E comenzarán a regir el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo tercero de esta ley a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contenida en el Decreto Ley N° 825, de 1974, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio.

1) Las modificaciones incorporadas en el nuevo artículo 3 bis, el artículo 4° y en letra B del artículo 12, comenzarán a regir el 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones incorporadas al artículo 36 comenzarán a regir seis meses con posterioridad a la dictación del decreto supremo que reemplace al Decreto Supremo Nº348 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto Supremo Nº79 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá otorgarse dentro de los tres meses siguientes al de publicación en el Diario Oficial.

3) Aquellos contribuyentes que hubieran accedido o solicitado el beneficio contenido en el artículo 27 bis se regirán según las normas vigentes a la fecha de aprobación o solicitud según corresponda, con las siguientes modificaciones:

En la declaración correspondiente al mes de enero de cada año comercial, deberán incrementar el monto a restituir en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario sean equivalentes al menos a 1/10 del saldo por restituir determinado al 01 de enero del año siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Lo dispuesto anteriormente deberá realizarse a contar de la declaración correspondiente al mes de diciembre del ejercicio en el cual se determine el saldo a restituir según lo dispuesto en el presente inciso.

El señor Riquelme detalló que el artículo tercero introduce excepciones a la norma general para los procedimientos de IVA en la adquisición de bienes inmuebles, estableciendo un proceso de implementación de seis meses. Además, se hace una corrección para los contribuyentes que se acogieron al sistema de devolución por activo fijo. Para estos contribuyentes, independientemente de cuánto tiempo hayan estado devolviendo, el plazo de 10 años para restituir el IVA empieza a correr a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la nueva norma.

El Diputado Mellado expresó su preocupación sobre los cambios en las normativas que afectan al sector inmobiliario, específicamente en lo que respecta a las reglas sobre el IVA en la compra y posterior venta de bienes inmuebles. Argumentó que estos cambios modifican las reglas de juego para aquellos que ya han invertido bajo un conjunto de expectativas distintas. Específicamente, se refirió a la imposición de un plazo para el pago del IVA en la venta de propiedades que anteriormente no tenían dicho plazo. Mellado cuestionó cuántos contribuyentes estarían afectados por estos cambios, para evaluar si el impacto es significativo o marginal. Su preocupación principal es si el cambio afecta a una gran cantidad de contribuyentes o solo a un número reducido.

El señor Riquelme aclaró que los cambios normativos afectan principalmente al sector inmobiliario dedicado al arriendo de bienes inmuebles amueblados, un segmento relativamente pequeño. Indicó que estas modificaciones forman parte de los esfuerzos habituales por fomentar la equidad y establecer controles en el sistema tributario. A este específico grupo de contribuyentes, la normativa les otorga un plazo de 10 años para solicitar la devolución del IVA, un período que se considera razonable. Riquelme argumentó que esta medida es más favorable que modificar la base imponible de los inmuebles, la cual, de todas formas, hubiera implicado una devolución en 10 años. Por tanto, mantener la situación anterior para los proyectos ya iniciados no se justifica, ya que se encontrarían en una posición anómala frente a la normativa actual. La intención es asegurar que no exista una diferencia sustancial en el tratamiento del IVA entre los proyectos inmobiliarios que ya han solicitado la devolución y aquellos que se iniciarán en el futuro, promoviendo así la equidad y la coherencia en el sistema tributario.

Por acuerdo de la Comisión, se dispuso reemplazar la oración “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio.”, por “sin perjuicio de lo que a continuación se señala:”.

Los artículos segundo y tercero transitorios fueron aprobados, con la modificación acordada, por siete votos a favor y una abstención. Votaron a favor los señores Barrera, Bianchi, Naranjo, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Mellado.

Artículo cuarto.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase el artículo 1 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la oración “Lo anterior es sin perjuicio de las facultades establecidas en el inciso primero del artículo 63.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso quinto el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“El impuesto establecido en la presente ley gravará aquellas donaciones cuyo donatario tenga domicilio o residencia en Chile o en que los bienes donados se encuentren situados o registrados en Chile o hayan sido adquiridos con recursos provenientes del país.”.

c) Intercálase en su inciso séptimo que ha pasado a ser octavo, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

d) Reemplázase en su inciso final la oración “Para efectos de la paridad cambiaria se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a) número 7 del artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824 de 1974” Por la oración “Para estos efectos se considerará la paridad correspondiente a la fecha de pago del impuesto en el extranjero”.

2) Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8º del artículo 18 la frase “En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso” por la oración “No gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a personas que tengan la calidad de legitimarios o sean beneficiarias de la cuarta de mejoras del donante según lo dispuesto en el artículo 1.184 del Código Civil. Tampoco gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a partes relacionadas con el donante en los términos del número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

Indicación del Ejecutivo

AL ARTÍCULO CUARTO

17) Para agregar un nuevo numeral 3), pasando su actual numeral 3) a ser 4) y así sucesivamente:

“3) Sustitúyase el inciso tercero por los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

“Cuando la donación sea revocada por acto entre vivos, el donatario tendrá derecho a solicitarle al fisco la devolución del impuesto pagado según el procedimiento establecido en el artículo 126 del Código Tributario.

El donatario que pagó el impuesto sobre una donación revocable tendrá derecho a utilizar dicho impuesto contra el impuesto a la herencia que corresponda aplicar sobre el bien objeto de la donación.”.”.

El señor Riquelme explicó que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley abordan específicamente las donaciones revocables, estableciendo que estas están sujetas a impuestos. La modificación al artículo 22 de la ley de impuesto a las herencias introduce dos aspectos fundamentales basados en las preocupaciones planteadas por la mesa de asesores:

1. Derecho a la devolución del impuesto en caso de revocación: Si la persona que realiza una donación decide revocarla, el beneficiario de la donación, quien es el sujeto pasivo del impuesto, tiene el derecho a solicitar al fisco la devolución de dicho impuesto. Para ello, dispone de un plazo de tres años desde la fecha de revocación de la donación para efectuar tal solicitud, siguiendo el procedimiento normal de devolución de impuestos.

2. El impuesto sobre donaciones revocables como crédito contra el impuesto a la herencia: El impuesto pagado en una donación revocable se puede utilizar como crédito contra el impuesto a la herencia correspondiente al mismo inmueble donado. Es decir, si a una persona le donan un departamento y paga el impuesto sobre esa donación, al momento de calcular el impuesto a la herencia por dicho departamento, puede acreditar el impuesto previamente pagado por la donación contra el monto total del impuesto a la herencia que deba abonar.

Estas modificaciones buscan clarificar el tratamiento tributario de las donaciones revocables y asegurar un trato justo para los contribuyentes involucrados, tomando en cuenta tanto la posibilidad de revocación de la donación como el tratamiento del impuesto pagado en caso de que el bien donado forme parte de la herencia del donatario en el futuro.

Los números 1 y 2 del proyecto, así como la indicación respectiva, fueron aprobados por la unanimidad de los siete Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Sáez, Sepúlveda y Yeomans.

4) Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46. Para determinar el monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto, se considerará el valor que tengan los bienes objeto de la herencia o donación, en conformidad a las siguientes reglas:

i. Las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título sobre empresas o entidades con o sin personalidad jurídica constituidas en Chile o el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier otro activo que se transe en Chile o en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, deberán valorizarse según el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

En aquellos casos en que las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título se mantengan en empresas o entidades sin presencia bursátil que cuenten con estados financieros auditados, se deberá declarar el valor mayor que representen dichas acciones cuotas, derechos o títulos entre el valor del capital propio tributario, cuando corresponda, y el del patrimonio financiero de la empresa o entidad, a la fecha indicada en el párrafo anterior o, cuando esto no fuere posible, sobre los valores que consten en el estado financiero auditado correspondiente al año anterior a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando los bienes indicados en este numeral den cuenta de una participación en empresas o entidades constituidas o domiciliadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dichos bienes deberán ser valorizados aplicando las reglas de valorización del presente artículo sobre sus activos subyacentes ubicados en jurisdicciones o territorios distintos a los referidos en el artículo antes señalado o tratándose de bienes inmuebles se estará a su valor de mercado.

ii. Cuando se trate de acciones, cuotas, derechos o cualquier título en empresas u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica constituida en Chile o en el extranjero a los que no le sean aplicables las reglas del numeral i, se deberá considerar su valor normal de mercado al momento de deferirse la herencia o de realizarse la donación. Para efectos de este numeral el o los herederos o el donante, en su caso, deberán acompañar un estudio que dé cuenta del valor normal de mercado.

iii. Los bienes inmuebles ubicados en Chile se valorizarán considerando el avalúo fiscal utilizado para efectos del pago del impuesto territorial, correspondiente al semestre en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso de los inmuebles adquiridos dentro de los tres años anteriores a la fecha señalada anteriormente, se deberá declarar el valor de adquisición debidamente reajustado por el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de adquisición y el último día del mes anterior a dicha fecha o el valor del avalúo fiscal si éste fuere mayor. Los inmuebles ubicados fuera de Chile deberán valorizarse según su valor normal de mercado.

iv. Los vehículos u otro tipo de medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos serán considerados según el valor de tasación, determinado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año en que se defiere la herencia o se realice la donación. Cuando no exista una valoración disponible, se deberá declarar el valor normal de mercado del bien.

v. Los portafolios de inversiones, entendidos como un conjunto de distintos tipos de activos, tales como, pero no limitados a: bonos, acciones, monedas, efectivo, materias primas, productos derivados, criptoactivos y otros activos financieros, que pertenecen a un inversionista y que son administrados por un tercero, habilitado para la prestación de dicho servicio, o por una persona o entidad designada para dicha labor por el propio inversionista mediante mandato, tendrán como valor aquel informado por dicho administrador, al momento en que se defiere la herencia o se realice la donación, o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor.

vi. Las cuentas bancarias, ya sean corrientes, a la vista, de ahorro, u otros instrumentos financieros similares bajo custodia o administración de un banco o institución financiera, sea en Chile o en el extranjero, sea en moneda nacional o extranjera, en las que el causante tenga calidad de titular o beneficiario; serán valorizadas según el saldo a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor. Si en estas cuentas o instrumentos existiere más de un titular, se deberá considerar el saldo positivo en la proporción que le corresponda.

vii. Los beneficios a que tenga derecho el causante o donante se valorizarán atendiendo el porcentaje de su participación o derechos sobre el capital, el patrimonio o las utilidades, según corresponda, de la entidad que da origen al beneficio a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

viii. Los animales destinados a una actividad comercial o lucrativa, deberán ser valorizados según los valores contenidos en el Boletín semanal de precios de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas, publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, correspondiente a la semana anterior a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso que no exista un valor de referencia se estará al valor normal de mercado del animal.

ix. Cualquier otro tipo de bien o activos no enunciados expresamente, deberán valorizarse según su valor normal de mercado a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

x. Los pasivos de los que sea titular el causante deberán ser valorizados según su valor a la fecha en que se defiera la herencia.

Para efectos de esta ley se entenderá por valor normal de mercado aquel que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes. El contribuyente podrá acompañar estudios o informes de valorización, realizados por agentes independientes, que den cuenta de la valorización efectuada. Cuando corresponda declarar el valor de mercado de un bien el Servicio podrá tasar dicha valoración, en los términos del artículo 64 del Código Tributario cuando el valor declarado difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

5) Suprímese el artículo 46 bis

El señor Riquelme abordó la regulación sobre la valoración de activos en el impuesto a la herencia, centrándose en los activos más comunes incluidos en las declaraciones de posesión efectiva: inmuebles y automóviles, así como activos financieros. Mencionó que, para inmuebles y vehículos, la normativa mantiene el avalúo fiscal como método de valoración. Sin embargo, se introducen modificaciones para dar mayor certeza en herencias más complejas, como aquellas que incluyen participaciones en sociedades, tanto dentro de Chile como en el extranjero, especialmente aquellas a través de paraísos fiscales.

La nueva regulación ofrece normas específicas para valorizar compañías en casos donde no exista una normativa expresa, abordando la anterior falta de claridad para la valorización de activos que no sean acciones cotizadas en bolsa. Para activos difíciles de evaluar, la norma sugiere encargar un estudio de valorización y presentar ese valor a las autoridades tributarias para el cálculo del impuesto a la herencia. Esta actualización busca abarcar la mayor cantidad posible de casos de bienes que podrían formar parte de una herencia, proporcionando una norma de valorización clara. Además, se establece una norma especial para entidades situadas en paraísos fiscales, enfocándose en la valorización del activo subyacente.

Enfatizó que esta reforma aporta mucha más certeza a la normativa existente y, para la mayoría de los casos, particularmente en lo que respecta a inmuebles y vehículos, las reglas para calcular el impuesto a la herencia no cambian, manteniéndose el método de valoración actual.

El Diputado Mellado expresó preocupación sobre el impuesto a la herencia, sugiriendo la necesidad de consideraciones especiales para aliviar la carga tributaria sobre las familias que heredan propiedades. Propuso exenciones o reducciones para quienes han mantenido propiedades por largos periodos y planteó la idea de premiar el esfuerzo de aquellos que trabajan para dejar un patrimonio a sus descendientes. Además, preguntó cómo se valoran activos específicos, como los derechos de agua y los bienes en el extranjero, dentro del sistema tributario actual, sugiriendo posibles reformas para reconocer el esfuerzo de contribuyentes a lo largo de su vida.

El señor Riquelme respondió a las inquietudes sobre la valoración de derechos de agua en el contexto del impuesto a la herencia. Aclaró que, aunque no existe una norma específica para los derechos de agua en la legislación tributaria, estos se valoran a través de las asociaciones de riego, que son responsables de determinar su valor. Este valor establecido por las asociaciones es el que se presenta para calcular el impuesto a la herencia, manteniendo así la práctica actual en la valoración de estos derechos.

Los números 4 y 5 fueron aprobados por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda y Yeomans.

6) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “. En el caso del giro inmediato a que se refiere el artículo 46 bis, y dentro de los sesenta días siguientes de presentada la declaración, el Servicio podrá citar al contribuyente para ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario, pudiendo liquidar y girar las diferencias que determine” por la frase “conforme a las reglas generales”.

b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Si el impuesto no se declarare y pagare dentro del plazo de dos años, se adeudará, después del segundo año, el interés penal indicado en el artículo 53 del Código Tributario. Con todo, este interés no será aplicable a los interesados que hubieren pagado, dentro del plazo antes señalado, el impuesto correspondiente a sus asignaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, uno o más herederos o asignatarios podrán diferir el pago del impuesto hasta en tres cuotas iguales, pagaderas anualmente. Para tal efecto, los contribuyentes deberán presentar la solicitud de diferimiento ante el Servicio de Impuestos dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, convirtiendo, para esto, el monto del impuesto en unidades tributarias anuales, según el valor que corresponda al mes de la solicitud. La primera cuota deberá ser pagada de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente al cual se aprobó la solicitud. Las restantes cuotas anuales deberán ser pagadas, de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes hasta el 31 de diciembre de cada año calendario iniciando por el año siguiente al de aprobada la solicitud.

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas dentro del plazo indicado, el o los herederos o asignatarios incumplidores deberán pagar el impuesto insoluto hasta el 30 de marzo del año siguiente al incumplimiento. Vencido el plazo anterior serán aplicables sobre el saldo insoluto del impuesto los recargos legales que correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Código tributario en relación con el inciso segundo del presente artículo.”.

El señor Riquelme aclaró una modificación al artículo 50 relacionada con el pago del impuesto a la herencia. La nueva norma permite que los herederos paguen este impuesto en hasta tres cuotas anuales, sin la aplicación de intereses ni multas. Esta modificación busca facilitar el proceso de pago del impuesto a la herencia, eliminando los intereses y multas que actualmente se aplican a las cuotas, para aliviar la carga financiera sobre los herederos durante este proceso.

El número 6 fue aprobado por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda y Yeomans.

7) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase todas las veces que aparece la frase “contrato oneroso” por la frase “acto o contrato”.

ii) Reemplázase la expresión “el precio corriente en plaza” por la frase “su valor normal de mercado”.

iii) Intercálase entre la expresión “a la fecha del” y la palabra “contrato”, la expresión “acto o”.

iv) Intercálase entre la palabra “corresponda” y el punto a parte la frase “, previa citación”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la frase “la cantidad de dinero” y la expresión “que declara” la expresión “o bienes”.

ii) Elimínase la oración “, en los casos de contratos celebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos ab-intestato de la otra u otras”.

c) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El plazo para investigar, liquidar y girar el impuesto conforme al presente artículo prescribirá en el plazo de seis años, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato.”.

El señor Riquelme detalló modificaciones al artículo 63, enfocadas en hacer el lenguaje tributario más preciso y alineado con las definiciones legales actuales. Estos cambios incluyen la sustitución del término "precio corriente en plaza" por "valor normal de mercado", un concepto que ya cuenta con una definición legal y se considera más exacto. Además, se reemplaza la expresión "contrato oneroso" por "acto oneroso", y se aclara que cualquier proceso de fiscalización relacionado con la herencia requiere una citación previa al contribuyente. Estas modificaciones buscan mejorar la claridad y la exactitud en la normativa de control aplicada a las herencias, facilitando así su fiscalización.

El número 7 fue aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

3) Reemplázase en el inciso primero del artículo 26, la palabra “empleados” por “empleadores”.

El señor Riquelme señaló que esta modificación viene a modificar un error en la redacción de la ley vigente.

El número 3 fue aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Artículo séptimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 46 A en el siguiente sentido:

a) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación sobre un inmueble, para acceder a los beneficios establecidos en el presente Título la donación deberá ser indefinida o por un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 20 años.”.

b) Agrégase, en el número 2 de su literal C), el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Para los efectos del presente Título se entenderá como actividad efectiva principal de una entidad aquella que desarrolle de forma mayoritaria y notoria, considerando factores tales como cantidad de recursos destinados, frecuencia de eventos vinculados a su desarrollo, entre otros. No se podrán considerar actividades que sean accesorias, ocasionales o accidentales.”.

2) Agrégase en el número 6 del literal C) del artículo 46 B el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Adicionalmente en aquellos casos en que se otorguen los beneficios tributarios establecidos en el presente Título a la donación de un bien, pero sujeta a un plazo definido, el costo tributario del bien donado deberá disminuirse en un monto equivalente al del beneficio tributario al que accede el donante.”.

3) Modifícase el artículo 46 C en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, las cuatro veces que aparece, la frase “valor corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

b) Elimínase, en su inciso segundo la frase “, en conformidad a lo señalado en el artículo 46 bis de la referida ley”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser el inciso séptimo y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación, la valorización procederá sólo respecto de la porción del inmueble respecto del cual se constituye el derecho real de conservación y en ningún caso la valoración podrá ser superior al valor normal de mercado del inmueble considerando la plenitud de sus atributos o al valor de adquisición cuando el donante sea una persona sujeta a contabilidad. En estos casos siempre será necesario que la valorización conste en un informe de perito independiente.

Cuando la donación del derecho real de conservación sea a perpetuidad o por un plazo igual o superior a cien años, el monto del beneficio tributario corresponderá al valor determinado según el inciso anterior. Si la donación fuere por un plazo inferior la valorización y el consecuente beneficio tributario será la proporción sobre el valor determinado según el inciso anterior en relación con el plazo de la donación. En todo caso las donaciones del derecho real de conservación por un plazo inferior a 20 años carecerán de todo beneficio tributario.

El monto correspondiente al beneficio tributario referido a la donación del derecho real de conservación rebajará, para todos los efectos legales, el costo tributario del inmueble sobre el cual se constituye el derecho real de conservación. De igual forma, cuando el derecho real de conservación se extinga por alguna de las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley N°20.930 en un plazo inferior al cual la donación fue realizada aquella proporción del valor del beneficio tributario que corresponda al periodo de tiempo entre el término anticipado y el plazo original de la donación se deberá considerar como un ingreso en el año comercial en que ocurra la extinción.

El mismo tratamiento, señalado en la parte final del inciso anterior se someterán las donaciones revocables que accederán a los beneficios tributarios del presente Título en caso de revocación.”.

4) Intercálese, en el inciso segundo del artículo 46 F, entre la frase “, si los hubiere” y el punto seguido que le sigue, la oración “entendiendo por estos a las personas naturales o jurídicas que tengan una incidencia relevante en la dirección, financiamiento u operación de la donataria”.

El señor Riquelme abordó la regulación del derecho real de conservación, destacando cómo esta figura, creada hace unos años, permite a personas naturales o jurídicas establecer un derecho real de conservación sobre todo o parte de un inmueble para su preservación. Sin embargo, señaló que existen vacíos legales que han permitido abusos en su utilización, problema identificado y resaltado por organizaciones sin fines de lucro.

Para acceder al beneficio tributario asociado a este derecho, la donación ahora debe ser a perpetuidad o por un mínimo de 20 años. Esta medida busca evitar que se abuse del beneficio tributario mediante donaciones de corto plazo. Además, se establece que el beneficio tributario no puede superar el valor del inmueble, basado en su avalúo fiscal. Si la donación es parcial o temporal, el beneficio se ajustará proporcionalmente según el tamaño del inmueble donado y la duración del derecho.

El artículo séptimo del proyecto de ley fue aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica en el siguiente sentido:

1) Sustitúyese las ocho veces que aparece la frase “precio corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

El señor Riquelme explicó que esta es una mera actualización del lenguaje utilizado en la ley.

El número 1 del artículo sexto fue aprobado, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

2) Elimínase en el numeral 3 de su inciso primero el texto a continuación de la palabra “respectivo” hasta el punto aparte.

3) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el inciso segundo actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“La Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e identificación deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste determine mediante resolución, los aviones y helicópteros; yates; y, automóviles, station wagons y vehículos similares, referidos respectivamente en los números anteriores y que, de acuerdo con las bases de datos de cada organismo, cumplan las condiciones que en cada caso establezca el Servicio en la misma resolución.

Cuando los bienes señalados en los números anteriores queden sujetos al presente impuesto, la base imponible será la totalidad del valor normal de mercado del bien.”.

El señor Riquelme explicó que los cambios propuestos tienen como objetivo regular de manera más explícita las obligaciones de distintos organismos para informar sobre bienes sujetos a vigilancia, como avionetas y helicópteros (a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil), yates y barcos (a cargo de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante), así como vehículos (a cargo del Servicio de Registro Civil). Estas medidas buscan asegurar que se entregue la información necesaria al Servicio de Impuestos Internos para determinar correctamente el impuesto aplicable a estos bienes. La necesidad de estos cambios surge de la constatación de que la redacción actual no es suficientemente clara y deja demasiado margen a la regulación por medio de reglamentos, los cuales no han sido efectivamente implementados debido a que ciertos aspectos deberían haber sido definidos directamente por ley. La intención es llenar los vacíos legales existentes para facilitar la aplicación efectiva del impuesto.

Los números 2 y 3 fueron aprobados, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

4) Agrégase, a continuación del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Tampoco se afectarán con este impuesto los yates que, cumpliendo con las características mencionadas en el número 3 anterior, cumplan con los siguientes requisitos copulativos: (i) que su principal medio de propulsión sea la vela, entendiéndose por tales, aquellos que se encuentren diseñados para propulsarse a vela y que conservan el uso de este elemento, en los que el empleo de un motor solo cumple un rol secundario o de apoyo; (ii) que correspondan a modelos aceptados dentro del ciclo olímpico; y (iii) que hayan sido efectivamente empleados por deportistas de alto rendimiento en una o más regatas oficiales realizadas durante el año anterior al devengo del impuesto. Para estos efectos, la Subsecretaría del Deporte deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos qué modelos de yates son aceptados en el ciclo olímpico. Asimismo, otorgará a los deportistas que así lo requieran un certificado que dé cuenta de la embarcación utilizada y remitirá anualmente al Servicio de Impuestos Internos los certificados emitidos.

Para efectos de este artículo, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá establecer los mecanismos que le permitan mantener la información actualizada de todos los yates independiente de su valor o características.”.

El señor Riquelme detalló el numeral 4, que define los bienes específicamente exentos de impuestos, enfocándose en los yates o veleros utilizados en actividades deportivas. La norma precisa que para estar exento de impuestos, el velero debe tener propulsión principalmente a vela y ser utilizado por un deportista que participe en el ciclo olímpico. El Ministerio del Deporte será el encargado de certificar que una embarcación se usa para actividades deportivas por un deportista, justificando así su exención del impuesto. Este enfoque busca asegurar que solo los veleros usados en el contexto deportivo reciban el beneficio de la exención, alineándose con el espíritu de la normativa de no gravar bienes utilizados en el deporte.

El Diputado Mellado cuestionó quiénes son los principales adquirentes de embarcaciones exentas de impuestos, considerando especialmente a aquellos veleros utilizados en competiciones deportivas de alto nivel. Destacó la percepción de que las competencias de yate suelen ser dominio de individuos de alto patrimonio, lo que plantea dudas sobre si estas embarcaciones, vistas por algunos como bienes de lujo, deberían estar exentas del impuesto.

En respuesta, se clarificó que la norma establece tres condiciones para la exención del impuesto para veleros: primero, que la embarcación utilice la vela como su medio principal de propulsión; segundo, que corresponda a modelos aceptados en el ciclo olímpico, lo que excluye a muchos veleros que no participan en este tipo de competiciones; y tercero, que haya sido efectivamente utilizado por deportistas de alto rendimiento en regatas oficiales durante el año anterior al del pago del impuesto. Para acogerse a esta exención, se requiere un certificado de la Subsecretaría del Deporte que confirme la participación en el ciclo olímpico y en regatas oficiales, lo que asegura que solo las embarcaciones que cumplan estrictamente con estos criterios puedan beneficiarse de la exención impositiva.

El Diputado Mellado sugirió agregar una cuarta condición a la normativa para determinar la exención del impuesto en embarcaciones utilizadas en actividades deportivas. Esta condición debería requerir que se informe sobre la identidad del propietario del yate. Su preocupación radica en la posibilidad de que el dueño de una embarcación, que obtiene una franquicia tributaria por prestar su yate para uso olímpico, en realidad utilice el yate principalmente para fines personales y recreativos, prestando la embarcación a deportistas solo una fracción del tiempo. Esto podría crear una situación de elusión tributaria, donde el beneficio fiscal no se alinea con el espíritu de la norma, destinada a promover el deporte y no a otorgar ventajas fiscales a propietarios de yates que los usan mayoritariamente para su disfrute personal. Subrayó la importancia de abordar estas preocupaciones para evitar la elusión tributaria en el contexto de la exención de impuestos para embarcaciones deportivas.

El Ministro Marcel reconoció la validez de la preocupación expresada por el Diputado Mellado sobre la posibilidad de elusión tributaria en la exención de impuestos para yates. Explicó que la normativa actual ya contemplaba ciertas condiciones para la exención de yates, basadas en su valor y su registro según la normativa de la Dirección General del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR), pero con una excepción para aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela y sean utilizados por deportistas, según lo determine un reglamento aún no dictado. Este enfoque ha creado incertidumbre sobre los límites de la ley, ya que la responsabilidad recaía en la DIRECTEMAR y no en la autoridad deportiva.

El cambio propuesto busca clarificar y restringir las exenciones a embarcaciones utilizadas específicamente en competencias olímpicas, excluyendo las competencias organizadas por particulares que no califiquen bajo este criterio. Esta distinción es crucial para evitar que grupos de alto patrimonio organicen eventos que podrían clasificar indebidamente como deportivos a efectos de obtener beneficios fiscales. La intención es asegurar que solo las embarcaciones usadas en un contexto deportivo olímpico legítimo puedan beneficiarse de la exención, abordando así las preocupaciones sobre elusión tributaria.

El Diputado Bianchi reflexionó sobre el objetivo fundamental de la normativa relacionada con la exención de impuestos para veleros utilizados en competiciones deportivas, planteando la pregunta de si el Estado de Chile busca, a través de estas medidas, incentivar este tipo de actividades deportivas. Señaló que, aunque el yachting puede ser considerado un deporte de élite debido al alto costo asociado con la posesión y mantenimiento de veleros, existe una comunidad competitiva en Chile que participa en regatas y competiciones. Reconoció que, al renunciar a ciertos ingresos fiscales a través de estas exenciones, el Estado está, de hecho, ofreciendo un incentivo a un deporte que, si bien puede ser más exclusivo, forma parte del panorama deportivo nacional. Bianchi sugirió que este enfoque refleja un compromiso con la promoción de todas las formas de actividad deportiva, incluyendo aquellas que pueden requerir una inversión significativa por parte de los deportistas y sus patrocinadores.

El número 4 fue aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

5) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser séptimo, la oración que va desde el punto seguido hasta el punto final, por la oración “En los casos en que no exista tal determinación, el Servicio de Impuestos Internos estimará el valor normal de mercado según el precio de adquisición de un determinado bien en el mercado nacional o internacional, considerando sus características generales, tales como marca, modelo y año de fabricación.”.

El señor Riquelme explicó que el numeral 5 precisa cómo el Servicio de Impuestos Internos debe valorar ciertos bienes, como vehículos, para fines tributarios. La valoración se basará en el precio de adquisición y considerará características como marca, modelo y año de fabricación, estableciendo así un método claro para la tasación de estos bienes.

El número 5 fue aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

6) Agrégase en su inciso sexto que ha pasado a ser décimo, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la oración “Cuando un bien gravado con el presente impuesto sea de propiedad de más de una persona, los copropietarios serán solidariamente responsables del pago del impuesto, estando facultado el Servicio de Impuestos Internos a emitir un solo giro por el total del impuesto a cualquiera de los copropietarios. Aquel copropietario a cuyo nombre fue emitido el giro y realizó el pago del impuesto tendrá derecho a repetir en contra de los demás copropietarios en la proporción que corresponda.”.

El señor Riquelme explicó que el numeral 6 regula una situación específica relacionada con bienes en copropiedad. Detalló que el Servicio de Impuestos Internos está autorizado a exigir el pago del impuesto a cualquiera de los copropietarios, no necesariamente a todos, pero puede cobrarle el total del impuesto a un solo copropietario. En tal caso, el copropietario que haya soportado la totalidad del impuesto tiene el derecho legal de reclamar a los demás copropietarios su respectiva parte del impuesto, ya que la obligación tributaria se asocia con el bien en sí y no con las personas propietarias. Esta disposición asegura un mecanismo para la distribución equitativa del impuesto entre los copropietarios.

El número 6 fue aprobado por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

7) Agrégase, a continuación del inciso sexto que ha pasado a ser noveno, los siguientes incisos décimo y undécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser duodécimo y así sucesivamente:

“El Servicio podrá, dentro de los plazos de prescripción, establecer que existen bienes afectos o diferencias de impuestos respecto de un bien, pudiendo modificar, eliminar o emitir un nuevo giro siempre que cuente con información fundada, obtenida de oficio o proporcionada por el contribuyente u otra entidad competente, dando cuenta de bienes afectos o diferencias respecto del valor normal de mercado del bien. Cuando se determine la existencia de bienes afectos o diferencias de impuestos con ocasión de la modificación o emisión de un nuevo giro, estos deberán ser pagados dentro del mes siguiente al de su modificación o emisión.

Los giros, así como sus modificaciones, serán objeto de reclamo, sujetándose al procedimiento del Título II del Libro III del Código Tributario.”.

8) Sustitúyese el inciso séptimo que ha pasado a ser duodécimo, por el siguiente:

“En el mes de diciembre de cada año el Servicio, mediante resolución, publicará en su sitio web y en el Diario Oficial, una nómina con los bienes afectos al presente impuesto, la que deberá actualizar trimestralmente. Para estos efectos deberá considerar la información proveída por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil u otros organismos competentes. Los bienes consignados en esta nómina corresponderán a bienes en buen estado de conservación y uso, considerando su año de fabricación. El hecho de no encontrarse en la nómina un bien determinado, que cumple con las características establecidas en los números 1, 2, 3 o 4 del inciso primero del presente artículo, no liberará a su propietario del pago del impuesto, debiendo requerir al Servicio, en la forma que este establezca por resolución, la inclusión del bien en la nómina y la emisión del giro correspondiente, independiente de la actualización que el Servicio realice en conformidad al presente inciso. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Servicio podrá asignar a bienes que no están en la nómina, pero que cumplen los requisitos para estar gravados con el presente impuesto, el valor normal de mercado de otro bien de similares características tales como marca, modelo, año de fabricación, peso o tamaño, capacidad de pasajeros o tripulantes u otras.”.

9) Agrégase, a continuación del inciso séptimo que ha pasado a ser duodécimo, los siguientes incisos décimo tercero y final, nuevos:

“Para la elaboración de la nómina señalada en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar información a cualquier otra persona o entidad pública o privada, tales como notarios, agentes de aduanas y empresas importadores, distribuidores y comercializadores en la forma, oportunidad y periodicidad que el Servicio establezca por resolución.

“Los contribuyentes podrán acceder a la información de que disponga el Servicio sobre los bienes registrados a su nombre, tales como tipo de bien, marca, modelo, año de fabricación, patente o matrícula, valor normal de mercado y monto del impuesto. Asimismo, podrán solicitar al Servicio corregir la información sobre los bienes registrados a su nombre y la aplicación de las exenciones legales, acompañando los antecedentes fundantes. Sin perjuicio de ello, respecto de la información que se haya obtenido de registros provenientes de otras entidades, el Servicio no podrá actualizar dicha información mientras no sea corregida en los registros correspondientes.”.

El señor Riquelme señaló que aquí se aborda un vacío en la normativa actual, especificando que, dentro de los plazos de prescripción, el Servicio de Impuestos Internos está habilitado para verificar y fiscalizar el pago del impuesto. Además, mencionó que se establece la obligación de publicar anualmente, en el mes de diciembre, una resolución que liste los bienes sujetos al impuesto. Esta lista será difundida tanto en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos como en el Diario Oficial, con el fin de informar públicamente sobre los bienes que incurren en esta obligación tributaria.

El Diputado Mellado comentó que una forma sencilla de entender la propuesta es a través del ejemplo de cómo se gestionan los vehículos. Explicó que cada año, el Servicio de Impuestos Internos ajusta el valor de los vehículos para el pago del permiso de circulación. De manera similar, la nueva regulación permitirá tener mejor información sobre otros bienes para realizar ajustes análogos, lo que podría resultar en que algunos bienes dejen de estar sujetos al impuesto con el tiempo, debido a que su valor cae por debajo del umbral exento.

Los números 7, 8 y 9 fueron aprobados por la unanimidad de los nueve Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans.

Se retomó la discusión particular del proyecto en tabla, a partir de las siguientes disposiciones transitorias:

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo cuarto de esta ley a la ley 16.271, sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, independiente de la fecha en que se hubiese deferido la herencia o realizado la donación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior Los procedimientos de insinuación que se hubieran iniciado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de inicio del procedimiento judicial.

Artículo sexto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo sexto de esta ley al artículo noveno contenido en la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo séptimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo séptimo de esta ley al decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Fueron aprobados, en los términos propuestos, sin debate, por la unanimidad de los siete Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Sáez y Yeomans.

Artículo octavo.- Modifícase el artículo vigésimo tercero de la ley N° 21.210, que Moderniza la legislación tributaria, en el siguiente sentido:

1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Intercálese en el inciso primero, entre la palabra “interna” y el punto seguido que le sigue, la frase “cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 8 bis” por “párrafo cuarto del título preliminar”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su literal b) por el siguiente:

“b) Orientar y acompañar a los contribuyentes en las materias de su competencia, especialmente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna, y los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto territorial, así como las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de tributación aduanera.”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones en su literal f):

i) Reemplázase la expresión “y recursos” administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.”.

ii) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Asimismo, podrá representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en la tramitación del recurso el resguardo de sus derechos ante acciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

c) Intercálese en el literal k), entre la palabra “Internos” y la frase “la existencia”, la frase “, Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas”.

d) Intercálese en el literal n), entre la palabra “Internos” y la expresión “para efectos” la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

e) Intercálese en el literal p), entre la expresión “contribuyentes,” y la expresión “las facultades” la frase: “el cumplimiento de las obligaciones tributarias,”.

f) Agrégase a continuación del literal s), el siguiente literal t), nuevo:

“t) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República la entrega de la información disponible y que la Defensoría del Contribuyente requiera para el cumplimiento de sus funciones.

El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías deberán proporcionar esta información oportunamente.

La Defensoría del Contribuyente podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Tesorerías datos personales e información que sea indispensable para cumplir con los servicios que se encuentren en el ámbito de sus competencias. En su requerimiento la Defensoría deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Tesorerías, según sea el caso, informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los antecedentes que consten en sus registros. Dicha información podrá ser solicitada y entregada, mediante una plataforma informática que resguarde su integridad y fidelidad.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Defensoría del Contribuyente que tome conocimiento de la información tributaria reservada estará obligado en los mismos términos establecidos por el artículo 25 de esta Ley. El incumplimiento de este deber hará aplicables las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Párrafo 8 del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

g) Agrégase a continuación del literal t), nuevo, el siguiente literal u), nuevo:

“u) Representar judicialmente, ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y Tribunales Superiores de Justicia, a los contribuyentes indicados en el artículo 44, respecto del reclamo contenido en el Párrafo 2º del título III del Libro III del Código Tributario sobre vulneración de derechos.”.

h) Agrégase a continuación del literal u) nuevo, el siguiente literal v) nuevo:

“v) Realizar estudios cuantitativos y cualitativos, explorando distintas interseccionalidades que permitan detectar problemas y proponer soluciones en temas relacionados con el ejercicio de los derechos y la promoción de la educación y el cumplimiento tributario de las y los contribuyentes.”.

3) Agrégase en el encabezado del Párrafo I del Título V, a continuación de la palabra “Orientación”, la expresión “y Acompañamiento”.

4) Modifícase el artículo 33 en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto a la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias efectuada por el Servicio de Tesorerías, las excepciones que se puedan interponer, los convenios de pagos a los que se puedan acoger y en general, respecto de todas las acciones que se pueden adoptar en este procedimiento, respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto y territorial.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo que ha pasado a ser tercero el siguiente inciso final, nuevo:

“El acompañamiento consistirá en realizar acciones y planes de educación y formación a aquellos contribuyentes que inician sus operaciones para permitirles comprender y cumplir correctamente sus obligaciones tributarias con el objetivo de disminuir los errores involuntarios e introducirlos al sistema tributario.”.

5) Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “de los recursos administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Defensoría podrá también representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en aquellos recursos administrativos que permitan el resguardo de sus derechos ante actuaciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

6) Intercálase en el artículo 46, entre la palabra “recursos” y la conjunción “a”, la frase “y peticiones”.

7) Reemplázase en el inciso primero del artículo 47 la frase “En los recursos” por “En las peticiones y recursos”.

8) Intercálase en el artículo 49, entre la palabra “fiscalización” y la coma que le sigue, la frase “o con ocasión de cualquier otro tipo de actuación en el ejercicio de sus facultades”.

9) Intercálase en el inciso segundo del artículo 52, entre el guarismo “123 bis” y la expresión “del Código Tributario” la siguiente frase: “o la resolución de una petición bajo el procedimiento establecido en el número 5º de la letra B. del artículo 6”.

10) Sustitúyese el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación.

El abogado que represente al Servicio deberá pronunciarse en la audiencia señalada en el artículo anterior sobre la propuesta de acuerdo presentada por la Defensoría debiendo aceptarla o rechazarla. Cuando se acepte la propuesta deberá señalar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones para dicha aceptación.

Los criterios para la proposición negociación y aceptación de las bases de acuerdo se deberán regir por la resolución que para estos efectos dictará el Director de Impuestos Internos.”.

11) Agrégase a continuación del artículo 57, el siguiente artículo 57 bis, nuevo:

“Artículo 57 bis.- La Defensoría podrá representar a los contribuyentes señalados en el artículo 44 en la interposición y tramitación ante los tribunales de justicia del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario.”.

12) Agrégase, a continuación del artículo 57 bis, nuevo, el siguiente artículo 57 ter, nuevo:

“Cuando las pretensiones carezcan de mérito jurídico o no existan los antecedentes suficientes para su interposición o tramitación, la Defensoría podrá abstenerse de representar judicialmente a contribuyentes, mediante resolución fundada.”.

13) Agrégase a continuación del artículo 57 ter, nuevo, el siguiente artículo 57 quáter, nuevo:

“Artículo 57 quáter.- En los juicios que represente a un contribuyente, la Defensoría deberá efectuar todas las gestiones necesarias para la interposición, tramitación y ejecución del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario, hasta su total conclusión. En este sentido, podrá interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla dicho procedimiento, conciliar en los términos del artículo 132 bis del Código Tributario y proponer bases de un avenimiento extrajudicial ante el Director del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispone el artículo 132 ter del Código Tributario.”.

14) Modifícase el artículo 58 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las palabras “contribuyente,” y “entregar”, la frase “de aquellos señalados en la parte final del artículo tercero,”.

b) Reemplázase en el artículo 58 la frase “controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, contenido en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo” por la oración “contenido en una liquidación, giro o en cualquier actuación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en que el contribuyente tenga un interés directo comprometido”.

15) Reemplázase el epígrafe del Párrafo VI por “Reuniones con el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

16) Intercálase en el artículo 70, entre la palabra “Internos” y “para promover”, la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

17) Reemplázase en el artículo 71 la frase “la Defensoría o el Servicio de Impuestos Internos” por “cualquiera de las instituciones referidas en el artículo anterior”.

18) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 72 la frase “y el Servicio de Impuestos Internos” por la frase “y los organismos señalados en el artículo 70”.

19) Reemplázase en el artículo 73 la frase “el Servicio de Impuestos Internos” por la frase “los organismos señalados en el artículo 70,”.

20) Reemplázase en el inciso primero del artículo 74 la frase “ Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá” por la frase “Director del Servicio de Impuestos Internos, el Tesorero General de la República o el Director del Servicio Nacional de Aduanas podrán”.

Artículo octavo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo octavo de esta ley al artículo vigésimo tercero, contenido en la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

Las modificaciones incorporaras al artículo 4, con excepción de las modificaciones a los literales b) y p) y el nuevo literal t), a los artículos 43, 70, 71, 72, 73, 74 y los nuevos artículos 57 bis, 57 ter y 57 quáter, al artículo entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Indicación del Ejecutivo:

AL ARTÍCULO OCTAVO

18) Para intercalar en el literal u) incorporado por la letra g) de su numeral 2), a continuación de la palabra “Tributario” y la frase “sobre vulneración de derechos” la frase “y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas”.”.

19) Para intercalar en el artículo 57 bis, incorporado por su numeral 11), entre la frase “Código Tributario” y el punto final, la frase “y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas”.”.

El señor Riquelme explicó que las modificaciones al artículo octavo buscan fortalecer la Defensoría del Contribuyente en cuatro aspectos principales. En primer lugar, se amplían sus facultades de orientación y representación ante la Tesorería General de la República y Aduanas. En segundo lugar, se les permite representar en casos de recursos de resguardo, introducidos en la Ordenanza de Aduanas. Además, se le otorga acceso a información sujeta a secreto tributario para poder asesorar adecuadamente a los contribuyentes. También se establece que la Defensoría no sólo debe velar por los derechos de los contribuyentes, sino también educarlos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por último, se autoriza la representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos, ampliando así su capacidad de actuar en todos los niveles administrativos y judiciales.

El Diputado Mellado preguntó sobre cómo se organizaría la defensoría del contribuyente en términos de representación a nivel nacional, específicamente en cuanto al personal y su distribución geográfica. Consultó si habría representación por regiones o si sería de alcance nacional, y cuál sería la cantidad de personal asignado a esta labor.

El Diputado Sáez comentó sobre la presentación realizada por los trabajadores de la Tesorería por la mañana y destacó que el proyecto recoge completamente sus planteamientos, especialmente en lo que respecta a la defensoría, que no solo se enfocaría en velar por los derechos de los contribuyentes, sino también en implementar acciones para que estos, especialmente los pequeños, cumplan con sus obligaciones tributarias. Expresó su apoyo a esta iniciativa y sugirió que sería importante aclarar cómo se llevará a cabo. Además, destacó la importancia de establecer una cultura de cumplimiento tributario desde temprana edad.

La Subsecretaria Berner respondió a la consulta sobre el fortalecimiento de la institución, señalando un aumento en la dotación de 30 funcionarios adicionales, así como recursos para su posicionamiento. Destacó la importancia de la campaña digital, radial y presencial, mencionando el acompañamiento de la institución durante los incendios en Viña del Mar. También resaltó mejoras en tecnología para la interoperabilidad y la defensa del contribuyente. Explicó que se distribuirán en distintas regiones del país para una mayor cobertura y eficiencia en la defensa del contribuyente, que se verá fortalecida con la ampliación de sus funciones.

El señor Riquelme explicó que las indicaciones tienen como único propósito aclarar los procedimientos de vulneración de derechos en los cuales la Defensoría tiene representación judicial. Se refirió al artículo 129 k de la Ordenanza de Aduanas, el cual identifica el procedimiento de vulneración de derechos que es similar al que está en el código. Se hizo necesario mencionar ambos procedimientos para evitar malentendidos sobre la extensión de la representación judicial.

El Diputado Mellado manifestó su intención de votar a favor, pero solicitó al gobierno realizar una evaluación periódica de la Defensoría. Propuso analizar la cantidad de personas que solicitan sus servicios y cuántas pueden ser atendidas, para considerar una posible expansión en el futuro. Sugirió la posibilidad de establecer convenios con universidades, especialmente en provincias, dada la reciente fusión con el Ministerio de Justicia y el funcionamiento de todas las corporaciones de asistencia judicial. Finalmente, pidió que esta evaluación se realice seis meses después del inicio de su funcionamiento y nuevamente después de un año.

El Diputado Sáez expresó su discrepancia con el planteamiento del Diputado Mellado respecto a expandir la Defensoría. Argumentó que esto podría ser un síntoma de una administración tributaria con tendencia a la arbitrariedad, lo cual sería perjudicial para el país. Afirmó que, si la Defensoría creciera demasiado, implicaría que el servicio de impuestos internos no está funcionando correctamente y comete arbitrariedades contra los contribuyentes. Aunque apoyó la existencia de la Defensoría, destacó la importancia de ponderar este aspecto para evitar un crecimiento desproporcionado. Comparó la situación con la necesidad de establecer mecanismos similares para controlar la arbitrariedad en otras instituciones, como las fuerzas policiales.

El artículo octavo, junto a sus indicaciones, así como el artículo octavo transitorio, fueron aprobados por la unanimidad de los siete Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Sáez y Yeomans.

Artículo noveno- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo primero del DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales:

1) Intercálese en el artículo 41, entre la expresión “bienes” y el punto seguido, la frase “, conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela.”.

2) Agrégase, a continuación del artículo 41, el siguiente artículo 41 bis, nuevo:

“Artículo 41 bis.- El Servicio podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que este Título impone a los funcionarios del Servicio, solicitando al funcionario toda la información de respaldo en los términos del artículo 61 del DFL N°29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. El Servicio podrá además efectuar dicha corroboración, oficiosamente, con toda la información contenida en sus bases de datos.”.

3) Agrégase a continuación del artículo 41 bis, el siguiente artículo 41 ter, nuevo:

“Artículo 41 ter.- La institución tendrá acceso, en todo caso, a la comunicaciones llevadas a cabo a través de cuentas de correo electrónico institucionales u otros mecanismos de intercambio de información que sean provistos por el Servicio a sus funcionarios podrán ser revisadas por la institución en todo caso.”.

4) Agrégase a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- Cuando un funcionario del Servicio, en el ejercicio de sus labores, deba sostener una entrevista con el contribuyente o sus representantes, deberá estar acompañado por otro funcionario.”.

Artículo décimo.- Introducense las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 329, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 2, la expresión “de Recursos Humanos” por “de Gestión y Desarrollo de Personas”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido.

a) Agrégase en el numeral 2 del inciso segundo del artículo 4, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración: ”En el ejercicio de esta facultad establecerá la estructura organizativa interna del Servicio, de conformidad a su dotación máxima de personal y a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. En dicha estructura considerará, a lo menos, una unidad de Control Fronterizo y Operaciones y una unidad de Contraloría Interna”.

b) Modifícase su numeral 10 en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “fiscal”.

ii) Intercálese entre las frases “de mercancías” y “que por su naturaleza” la expresión “, que cumplan con las condiciones técnicas para ello, y”.

iii) Reemplázase, la frase “fiscales destinados al efecto” por “habilitados, o bien,”.

iv) Agrégase después del punto final, que pasa a ser coma, la frase “siéndoles aplicable lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 56 y en los artículos 58 a 62 de la Ordenanza de Aduanas.”.

3) Reemplázase en el artículo 12, la expresión “Subdirección de Recursos Humanos” por “Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas”.

4) Modifícase el artículo 14 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su numeral 5 por los siguientes numerales 5, 6 y 7 nuevos, pasando el actual numeral 6 a ser 8.

“5. Valparaíso, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Isla de Pascua, Petorca, Quillota, Marga Marga y Valparaíso.

6. San Antonio, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre la provincia de San Antonio.

7. Los Andes, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua.”.

b) Reemplázase su numeral séptimo por los siguientes numerales 9 y 10, pasando los actuales numerales 8, 9 y 10 a ser numerales 11, 12 y 13 respectivamente:

“9.- Talcahuano, con jurisdicción sobre la Región del Maule, Región de Ñuble y Región de Bíobío.

10.- Araucanía, con jurisdicción sobre la Región de la Araucanía.”.

Artículo undécimo.- Modifícase la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, en el siguiente sentido:

1) Agrégase en el artículo 5°, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis, del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.”.

2) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “directivos, ejecutivos y administrativos” por la frase “de dirección, ejecución y administración”.

ii) Intercálese entre la palabra “persigan” y la expresión “fines de lucro” la frase “o no”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“Para el control de lo dispuesto en el inciso primero, los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberán presentar la declaración anual de intereses y patrimonio establecida en el Título II de la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en los términos y oportunidades que ahí se señala. Adicionalmente, los jueces y funcionarios, deberán presentar las declaraciones correspondientes de su cónyuge, aun cuando se encuentren separados de bienes, conviviente civil y de sus hijos dependientes.

Las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento al deber señalado en el inciso anterior se determinarán y aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2° del Título II de la ley N° 20.880.”.

3) Agrégase, en el artículo 19, a continuación del numeral 6° los siguientes numerales 7° y 8° nuevos, pasando el actual numeral 7° a ser 9°:

“7° Estudiar, implementar y evaluar planes y programas de probidad y clima laboral para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, sin perjuicio de las facultades conservadoras y disciplinarias de la Corte Suprema;

8° Cuando, en el ejercicio de su función o con ocasión de alguna denuncia efectuada a través de cualquier canal creado para estos efectos, tomare conocimiento de la ocurrencia de delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, deberá denunciar dichos hechos ante los órganos persecutores correspondientes; y”.

La Comisión acordó votar a continuación los siguientes artículos

Artículo duodécimo.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 4 de la ley Nº 20.853, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, la expresión “diarios de circulación nacional” por “diarios de circulación nacional o diarios electrónicos”.

Artículo noveno transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo noveno de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo décimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo décimo de esta ley del DFL Nº 329, de 1979, que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo undécimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo undécimo de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera., entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

El señor Riquelme explicó las modificaciones propuestas en los artículos noveno, décimo y undécimo. En el artículo noveno, se fortalece el estándar de probidad de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), incluyendo la ampliación de las declaraciones de intereses a convivientes civiles, hijos sujetos a patria potestad y personas bajo tutela o curatela. Además, se establecen mayores obligaciones de entrega de información y se permite revisar las comunicaciones de los funcionarios a través del correo electrónico institucional. También se establece la obligación de que los funcionarios estén acompañados por otro funcionario durante audiencias con contribuyentes. Se añade un mecanismo de mayor publicidad en los concursos públicos del SII para proveer cargos a contrata. En el artículo décimo, se crea la Contraloría Interna en el Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer las normas de probidad. En el artículo undécimo, se establecen normas de probidad para los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, añadiendo como causal de incompatibilidad para ser juez haber sido sancionado por asesorar casos de ilusión. Se incluye la obligación de declaración de intereses y patrimonio para los funcionarios y jueces, extendiéndola también a cónyuges, convivientes civiles e hijos sujetos a patria potestad. Además, se establece la obligación de denunciar la comisión de delitos ante los órganos persecutores correspondientes. Estas medidas buscan elevar el estándar de los funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros en materia de probidad.

Puestas en votación las disposiciones precedentes, fueron aprobadas por la unanimidad de los siete Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Sáez y Yeomans.

Indicación de los Diputados Cid y Mellado:

Para agregar el siguiente artículo décimo tercero nuevo:

“Artículo décimo tercero.- Modifíquese el primer inciso del artículo 4 de la ley N° 20.431, que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del servicio de impuestos internos, reemplazando la frase "escalafón profesional del Servicio" por "escalafón fiscalizador o profesional del Servicio".”.

El Director Frigolett explicó que actualmente existe una restricción que impide a los funcionarios contratados en el escalafón fiscalizador postular a cargos directivos, como jefaturas de tercer y cuarto nivel en regiones donde no hay plantas para esos puestos. Esto se debe a una omisión en la ley que dejó fuera a estos profesionales. La propuesta actual busca corregir esta situación, permitiendo que los contratados en el escalafón fiscalizador puedan postular a estos cargos cuando no haya personal de planta disponible. Esta medida no tiene impacto presupuestario y se considera transitoria, con una duración de cuatro años, hasta que se reactive la carrera funcionaria y haya una mayor cantidad de fiscalizadores en la planta. La motivación detrás de esta indicación es resolver los problemas ocasionados por el congelamiento de la carrera funcionaria desde el año 2016, especialmente en regiones pequeñas donde la falta de personal calificado es un desafío. La medida propuesta se considera necesaria hasta que se solucionen estos problemas estructurales en la planta de funcionarios.

El Diputado Mellado señaló que la intención de esta indicación es abordar el problema de que la capacitación recibida por el personal de Impuestos Internos es aprovechada por algunos empresarios, quienes contratan a estas personas capacitadas fuera de la institución debido a la falta de oportunidades de crecimiento dentro de Impuestos Internos. Esta situación ha llevado a que muchos buenos tributaristas salgan de la institución. Destacó que la capacitación impartida por Impuestos Internos debería beneficiar al país en lugar de beneficiar a los empresarios que ofrecen mejores remuneraciones.

La Secretaría advirtió que la indicación tendría una incidencia presupuestaria, en tanto permitiría movimientos en el escalafón del Servicio que no están contemplados en la legislación vigente.

El Diputado Mellado replicó que la indicación no obliga a hacer ningún ascenso o cambio, sino que meramente habilita la postulación de ciertos funcionarios.

La Subsecretaria Berner enfatizó la importancia de promover la carrera dentro del Servicio de Impuestos Internos, tanto para los funcionarios fiscales como para el resto del personal. Señaló que el proyecto de ley contempla recursos destinados a la movilidad interna para evitar la fuga de talentos en el servicio. Explicó que esta disposición se encuentra en los transitorios del proyecto, donde se otorga facultad para efectuar la movilidad de la carrera y los concursos. Mencionó que el concurso que permite a los fiscalizadores optar a cargos directivos por 4 años se encuentra en estos transitorios, y explicó que esto se debe al fortalecimiento de la carrera interna. Aclaró que, aunque la indicación menciona el congelamiento de la carrera, descongelarla requeriría recursos, los cuales están contemplados en el informe financiero. Finalmente, sugirió que este tema sea debatido más detenidamente cuando se aborde la parte del fortalecimiento del servicio.

La Diputada Yeomans expresó su acuerdo con el fondo de la propuesta planteada por el diputado, destacando la importancia de discutirlo y dar su opinión al respecto. Señaló que, si la propuesta está en discusión, es más apropiado abordarla en el momento adecuado para dar un debate más completo. Sugirió que esta discusión se realice cuando se aborde el debate sobre las disposiciones transitorias, con el fin de encontrar un acuerdo viable y conversarlo con el ejecutivo. Enfatizó que no tiene sentido discutir sobre la admisibilidad del tema si todos están de acuerdo con su contenido.

El Diputado Bianchi sugirió al Diputado Mellado no discutir la admisibilidad en ese momento y expresó su disposición para votar a favor de la propuesta. Explicó que no comparte la interpretación de la Secretaría y se basa en la opinión de los funcionarios, considerándola lógica. Solicitó al Diputado Mellado que llegue a un consenso con el Ejecutivo para encontrar una fórmula que puedan abordar en el transitorio del próximo lunes y así poder votarla sin inconvenientes.

Tras lo anterior, se desarrolló la discusión de ciertos grupos de disposiciones del artículo primero del proyecto:

Artículo primero:

7) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

b) Modifícase su literal B en el siguiente sentido:

i) Modifícase el párrafo segundo del numeral 5° en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter”.

- Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la oración: “Tampoco podrá resolver peticiones administrativas que recaigan sobre las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos dictados de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies de la presente ley.”.

ii) Agrégase, a continuación del numeral 10°, el siguiente numeral 11º, nuevo:

“11º. Llevar adelante procedimientos de fiscalización, revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país, los que podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos, cuando sea instruido por el Director o Subdirector respectivo.”.

9) Modifícale el artículo 8 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese el numeral 5 por el siguiente:

“5°. Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, respecto de los mismos hechos o impuestos, en los términos del artículo 59.”.

ii) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, ni de los procedimientos del artículo 4° quinquies”.

- Intercálase entre la palabra “tributarias” y el punto aparte que le sigue, la frase “, pudiendo en todo caso acceder a ella”.

iii) Agregáse en su numeral 16º, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Asimismo, el Servicio deberá informar en el sitio personal del contribuyente todas las actuaciones, requerimientos o interacciones que éste registre con el Servicio de manera actualizada, para efectos de su conocimiento y seguimiento.”.

iv) Agrégase, a continuación del numeral 19°, el siguiente numeral 20º, nuevo:

“20° Que el Servicio mantenga, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan comparecer a las actuaciones de forma remota y permitir el aporte de documentos o antecedentes de forma digital o física. Asimismo, deberá facilitar el cumplimiento de las obligaciones de forma electrónica para aquellos contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos necesarios para tales fines, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos.”.

b) Elimínase en su inciso segundo la palabra "Nacional”.

c) Intercálase en su inciso tercero, entre la palabra “Regional” y la expresión “se podrá”, la frase “o el Director, en su caso,”.

27) Agrégase, a continuación del artículo 65 bis, el siguiente artículo 65 ter, nuevo:

“Artículo 65 ter.- Las actuaciones realizadas por funcionarios dependientes de otro territorio jurisdiccional, que no sean de aquellas reguladas en el artículo 59 ter y el inciso segundo del artículo 65 bis, se deberán ejecutar conforme las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las siguientes reglas especiales:

1. Será obligatorio el uso del expediente electrónico a que se refiere el N° 16 del artículo 8°.

2. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 115, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

3. El recurso de reposición administrativa voluntaria contenido en el artículo 123 bis y la revisión de la actuación fiscalizadora conforme al número 5º de la letra B) del artículo 6º, deberán presentarse en la Dirección Regional en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de la resolución, liquidación o giro, sin perjuicio que la tramitación y resolución del mismo será realizada por la Dirección Regional o la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, que haya emitido el acto.”.

El señor Riquelme explicó el concepto de multijurisdicción, que implica la facultad del Servicio de Impuestos Internos para organizar su trabajo de manera más eficiente. Esto permite que los funcionarios de una dirección regional realicen fiscalizaciones fuera de su territorio asignado, lo que equilibra la carga de trabajo entre las regiones. Aclaró que esto no altera la relación del contribuyente con el Servicio, ya que sigue interactuando con la unidad regional correspondiente para trámites administrativos y litigios. Esta medida busca mejorar la eficiencia en las fiscalizaciones y agilizar los procesos.

El Diputado Mellado ejemplificó la situación, indicando que un contribuyente podría estar litigando desde Punta Arenas con el Servicio de Impuestos Internos en Santiago. Explicó que el contribuyente puede presentar sus escritos a través de la página web y también puede llevar los documentos físicamente al servicio en Punta Arenas, desde donde serán enviados a Santiago.

El señor Riquelme explicó que un fiscalizador en Santiago podría fiscalizar a alguien en Punta Arenas no porque haya decidido hacerlo por su cuenta, sino porque hay una resolución interna que establece la distribución de las fiscalizaciones. En caso de que un contribuyente necesite interactuar con el fiscalizador, puede hacerlo enviando documentos por correo electrónico, ya que la mayoría de las interacciones con el servicio se realizan de forma digital. Si el contribuyente necesita una audiencia con el fiscalizador y no puede hacerlo desde su ubicación, el servicio debe proporcionar un espacio para que puedan interactuar. Además, aclaró que el reclamo del contribuyente se realizaría en el tribunal de Punta Arenas, no en el de Santiago.

El Ministro Marcel destacó que el esquema de multijurisdicción actual es viable debido al alto grado de digitalización en las comunicaciones con el Servicio. Señaló que hace unas décadas, este esquema habría sido difícil debido a la necesidad de trasladar documentos físicos. Además, aseguró que los contribuyentes siempre se relacionarán con la dirección regional correspondiente a su domicilio, independientemente de la ubicación desde la cual se realice la fiscalización. Destacó que este mecanismo ayuda en las transiciones y permite responder a déficits de personal y fiscalización según la necesidad o demanda de cada región.

Puestas en votación las disposiciones precedentes, fueron aprobadas por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

8) Modifícase el artículo 8º en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el numeral 14º por el siguiente:

“14º Por “grupo empresarial” el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

a) Una empresa o entidad y su controlador;

b) Todas las empresas o entidades que tienen un controlador común, y este último, y

c) Toda empresa o entidad que determine el Servicio, por resolución, considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que un porcentaje significativo del activo de la empresa o entidad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en empresas, acreencias o garantías;

2. Que la empresa o entidad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;

3. Que la empresa o entidad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial, y

4. Que la empresa o entidad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial.

Contra la resolución que declare a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial, procederá el recurso establecido en el artículo 123 bis y la reclamación en los términos del artículo 124.

Si, como consecuencia de la calificación de grupo empresarial en virtud del literal c) anterior, procede la determinación de diferencias de impuestos, se deberá emitir conjuntamente a la resolución señalada en el párrafo anterior, la respectiva liquidación. En caso de que el contribuyente deduzca un reclamo deberá reclamar conjuntamente la resolución que declara a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial y las liquidaciones que procedan en virtud del presente párrafo.

Todo grupo empresarial deberá designar un “apoderado de grupo empresarial”, entendiéndose por este a la persona natural que designe e informe un grupo empresarial para mantener las comunicaciones y coordinación con el Servicio, a efectos de llevar a cabo las medidas de colaboración a que se refiere el artículo 33. Lo anterior es sin perjuicio del procedimiento de fiscalización establecido en el artículo 59 ter que se regirá por las reglas allí contenidas, en especial respecto del procedimiento para efectuar las notificaciones.”.

b) Intercálase, en el párrafo sexto del numeral 16º, entre las expresiones “35 de” y “la ley N°19.628”, la expresión “este Código y en”.

c) Agrégase en el numeral 17º, a continuación del literal f), el siguiente literal g), nuevo:

“g) El o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

No se considerarán como relacionados las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.”.

d) Agrégase, a continuación del numeral 17°, siguiente numeral 18°, nuevo:

“18°. Por “Sostenibilidad tributaria”, al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el Servicio en un registro creado para tales efectos, acreditando que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El Servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto.

Asimismo, el Servicio podrá firmar acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación establecida en el párrafo anterior. El Servicio, mediante resolución, establecerá el contenido mínimo que deben contener estos acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad tributaria.

El Servicio mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y RUT de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este número.”.

e) Agrégase, a continuación del numeral 18°, nuevo, el siguiente numeral 19°, nuevo:

“19° Por “Catálogo de Esquemas Tributarios”, el documento que elabora y publica periódicamente el Servicio, en línea con sus planes de fiscalización y de acuerdo con su experiencia acumulada, con fines informativos.”.

Indicación del Ejecutivo

2) Para sustituir la letra c) de su numeral 8) por la siguiente:

“c) Agrégase en el numeral 17°, a continuación del literal f), el siguiente literal g), nuevo:

“g) El o la cónyuge, conviviente civil o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

No se considerarán como relacionadas las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.”.”.

El señor Riquelme explicó las modificaciones propuestas en el numeral 8 del proyecto de ley. En primer lugar, se introdujo una definición específica de grupo empresarial en lugar de hacer referencia a la ley de mercado de valores. Además, se incorporaron nuevas relaciones consideradas como parte relacionada, incluyendo al cónyuge, conviviente civil y parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Se eliminaron las relaciones por afinidad y entre hermanos como parte relacionada. Esta modificación busca restringir los beneficios tributarios y aplicar normas de control de manera más efectiva. Se acogió esta solicitud debido a que las relaciones entre hermanos no suelen representar un problema tributario significativo. Además, se definió el concepto de sostenibilidad tributaria para reconocer de forma positiva a los contribuyentes transparentes que colaboran con la administración tributaria.

El Diputado Mellado planteó la importancia de reconocer el cumplimiento tributario de los contribuyentes y cómo esto podría influir en su reputación y crédito ante entidades financieras. Expresó la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos proporcione algún tipo de calificación o reconocimiento a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias.

El señor Riquelme explicó que el Servicio de Impuestos Internos mantendrá un registro de transparencia tributaria, el cual contendrá el nombre y el RUT de los contribuyentes que cuenten con certificación otorgada por un tercero o que hayan celebrado acuerdos de cooperación con el servicio. Se mencionó que algunas empresas u organismos, incluidas varias empresas en conjunto, firman estos acuerdos de colaboración. Los contribuyentes pueden obtener esta certificación a través de expertos certificados en la materia, quienes verifican que cumplen con el principio de sostenibilidad fiscal. Esto resultará en un registro de los contribuyentes que voluntariamente deseen acreditar su cumplimiento con este principio.

El Director Frigolett destacó la diferencia entre la certificación de sostenibilidad del Dow Jones y el acuerdo de colaboración en materia tributaria. Mientras que la certificación de sostenibilidad del Dow Jones implica una auditoría que evalúa el cumplimiento de la empresa con las administraciones tributarias, el acuerdo de colaboración implica un protocolo en el cual tanto el contribuyente como la administración tributaria establecen obligaciones y relaciones mutuas de transparencia. Estos acuerdos buscan mostrar que la empresa cumple con un estándar de transparencia ante cualquier fiscalizador, ya sea ambiental, tributario o social. Destacó la importancia de impulsar más acuerdos de colaboración, ya que aseguran un cumplimiento tributario y una buena base de recaudación. Además, señaló que estos acuerdos permiten anticipar la estructura empresarial y evaluar sus efectos tributarios, lo que facilita la distribución de recursos y garantiza la eficiencia del grupo empresarial.

Puestos en votación el número 8 y su indicación, fueron aprobados por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

10) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Asimismo, los contribuyentes podrán conferir mandato a una o más personas naturales para realizar trámites de carácter tributario en su nombre en el sitio web del Servicio, debiendo éstas autenticarse con su propio rol único tributario y clave tributaria. Los mandatarios establecidos bajo esta modalidad y los representantes legales informados ante el Servicio, de conformidad al artículo 68 del Código Tributario, se entenderán facultados para actuar en todo procedimiento administrativo electrónico ante el Servicio y el Servicio de Tesorerías, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo.”.

b) Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “representación” y la coma que le sigue, la frase: “, sea por revocación o renuncia”.

ii) Reemplázase la frase “el artículo 13 o 14, según corresponda” por la frase “las reglas generales”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si con ocasión de la revocación o renuncia un contribuyente quedara sin representante o mandatario para realizar notificaciones, éstas se realizarán en virtud del artículo 11 ter hasta que el contribuyente nombre a un nuevo representante o mandatario.”.

11) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Las notificaciones que el Servicio deba practicar se realizarán por correo electrónico, a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en el sitio personal del contribuyente. No procederá esta forma de notificación cuando el contribuyente no haya informado un correo electrónico o cuando una disposición legal ordene una forma distinta de notificación. Tampoco será aplicable la notificación por correo electrónico respecto de contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, cuando presenten una solicitud ante el Servicio con los antecedentes que acrediten que se encuentran en alguna de estas situaciones, la cual deberá ser resuelta dentro del plazo de 30 días desde su presentación.

Quienes no hayan registrado un correo electrónico ante el Servicio, se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el inciso primero o estén domiciliados en zonas o comunas donde existe baja o nula conectividad, deberán ser notificados personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación.

Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico conforme al inciso primero, el Servicio igualmente deberá remitir copia de aquélla al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.

En los casos que la notificación deba ser realizada por carta certificada, ésta podrá ser entregada por el funcionario o trabajador de las empresas de correos que realice la gestión, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.”.

b) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase “, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda”.

12) Modifícase el artículo 11 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “contribuyente”, la primera vez que aparece, y la expresión “, quien”, la expresión “en su sitio personal”.

ii) Intercálase entre la expresión “68.” y la palabra “Cualquier”, la frase “La referida modificación producirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que sea informada al Servicio.”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el actual inciso cuarto a ser tercero.

Indicación del Ejecutivo:

3) Para agregar en su numeral 11), a continuación de su letra b), la siguiente letra c), nueva:

“c) Reemplázase en el inciso final la frase “podrán ser notificadas” por “serán notificadas por correo electrónico o a falta de este”.”.

El señor Riquelme proporcionó explicaciones adicionales sobre la notificación por correo electrónico. Se resolvieron dos puntos importantes en la mesa de asesores: primero, se amplió el plazo para la entrada en vigor de esta norma hasta mayo de 2025, justo después del proceso de operación renta del próximo año, para permitir que los contribuyentes actualicen sus correos electrónicos. Segundo, en relación con los procedimientos de reclamación en materia de avalúo, se estableció que la regla general para las notificaciones por modificaciones de los avalúos de contribuciones también será por correo electrónico, elevando así el estándar de notificación en estos procedimientos.

Puestos en votación los números 10, 11 y 12, así como la respectiva indicación, fueron aprobados por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

20) Agrégase, a continuación del artículo 59 bis, el siguiente artículo 59 ter, nuevo:

“Artículo 59 ter. En caso de operaciones o transacciones realizadas en Chile por contribuyentes que conformen un mismo grupo empresarial y que serán o estén siendo fiscalizados conforme a lo indicado en los artículos 59 y siguientes, el Servicio podrá realizar un procedimiento de fiscalización unificado que involucre a todos los contribuyentes del grupo empresarial que hubieren concurrido en dichas operaciones y transacciones, debiendo considerar los efectos de fiscalización de manera integral y consistente.

El inicio de un proceso de fiscalización unificado constará en una resolución que deberá ser notificada, conforme a las reglas generales a las entidades del grupo empresarial que serán sometidas a este procedimiento. En aquellos casos que la notificación se realice cuando una o más de las entidades del grupo empresarial ya estuvieran siendo fiscalizadas conforme al artículo 59, el inicio del procedimiento de fiscalización unificada no interrumpirá los plazos establecidos en dicho artículo. El Servicio podrá disponer que la competencia para conocer la fiscalización se radique en la unidad que tenga jurisdicción sobre el domicilio de la sociedad o entidad controladora, o en la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, situación que deberá constar de forma expresa en la resolución que sea notificada a los contribuyentes. La resolución aludida en este inciso no será objeto del recurso establecido en el artículo 123 bis ni del reclamo contenido en el artículo 124.

Recibida la o las notificaciones, señaladas en el inciso anterior y cuando el Servicio no hubiese radicado la competencia en la unidad correspondiente a la sociedad o entidad controladora, esta podrá solicitar que se efectúe dicha radicación, dentro del plazo de 5 días. La solicitud deberá ser presentada ante el Director Regional correspondiente al domicilio del controlador o ante el Director de Grandes Contribuyentes cuando corresponda. La solicitud deberá ser resuelta dentro del plazo de 5 días.

Determinada la unidad que conocerá la fiscalización se radicará en ella la competencia para iniciar o proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes.

Será competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme este artículo, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. Procederá en estos casos la acumulación de autos.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en el presente artículo.”.

26) Sustitúyase el artículo 65 bis por el siguiente:

“Artículo 65 bis. La unidad del Servicio que realice un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63, considerando igualmente aquellos casos en que se radique la competencia en una Dirección Regional distinta a la naturalmente competente conforme a lo establecido en el artículo 59 ter, será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalización posteriores relacionadas con dicho requerimiento o citación, incluyendo los recursos de reposición administrativa establecidos en el artículo 123 bis y las solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora que se conozcan en virtud del N°5 de la letra B del artículo 6.

El Servicio podrá ordenar la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile, cualquiera que sea el territorio jurisdiccional a que corresponda el domicilio del contribuyente, en los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter, cuando los hechos, actos o negocios de que se trate involucren a contribuyentes o entidades con domicilio en distintos territorios jurisdiccionales. En tal caso, la Dirección Regional que inició la fiscalización comunicará la referida orden a la Dirección Regional del territorio jurisdiccional del otro contribuyente o entidad. Dicha comunicación radicará la fiscalización del otro contribuyente o entidad ante el Director Regional que emitió la orden, para todo efecto legal, incluyendo los recursos administrativos que pueda interponer el o los contribuyentes y las solicitudes de condonación. Tanto el reclamo que interponga el contribuyente inicialmente fiscalizado como el que interponga el contribuyente o entidad del otro territorio jurisdiccional, deberá siempre presentarse y tramitarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización referida en este inciso.”.

El señor Riquelme explicó que los dos numerales regulan la posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente soliciten una fiscalización unificada. Esto significa que el servicio puede llevar a cabo una fiscalización en la ubicación de la casa matriz de un grupo empresarial en lugar de realizar inspecciones separadas en diferentes ubicaciones. Esta medida es importante para evitar decisiones contradictorias y para evaluar los efectos tributarios en todo el grupo de manera integral. Además, la norma permite al contribuyente solicitar que la fiscalización se concentre en la ubicación de su casa matriz cuando esté siendo investigado en varias filiales ubicadas en diferentes territorios. Esta disposición busca garantizar que las decisiones administrativas consideren los efectos en todas las partes del grupo empresarial.

Los números 20 y 26 fueron aprobados por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

14) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 33 por los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para la realización de las actuaciones descritas en el numeral iii anterior el Servicio deberá previamente enviar un aviso al contribuyente mediante correo electrónico, el que también deberá ser publicado en el sitio personal del contribuyente, sin que el incumplimiento de esta última obligación afecte la validez del acto. El aviso deberá contener las siguientes menciones:

a) La individualización del funcionario a cargo de la actuación.

b) La indicación de que se trata de medidas preventivas y de colaboración ejecutadas en el marco de este artículo y que por tanto no constituyen un procedimiento de fiscalización.

c) La indicación de que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

d) El plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan.

El Servicio, mediante resolución, establecerá el plazo para efectuar los avisos establecidos en el inciso anterior y los medios expeditos para realizarlos.”.

19) Sustitúyase el artículo 59 por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización. Sin embargo, no podrá efectuar nuevos procedimientos de fiscalización, ni por el mismo periodo ni en los periodos siguientes, respecto de operaciones, transacciones y/o sobre hechos que ya han sido objeto de un proceso de fiscalización, salvo las excepciones siguientes:

a) Que se trate de un nuevo requerimiento, efectuado por el mismo período tributario o en los periodos siguientes, que tenga por objeto la fiscalización de hechos nuevos o de la correcta determinación de impuestos distintos de los que fueron objeto del procedimiento primitivo.

b) Cuando aparezcan nuevos antecedentes que puedan dar lugar a:

i. Un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161;

ii. Un procedimiento de fiscalización ajustado a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies;

iii. Un procedimiento de fiscalización por aplicación del artículo 41 G o 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

iv. Que los nuevos antecedentes tengan como origen una respuesta a una solicitud de información efectuada a alguna autoridad extranjera.

Para fines de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá por procedimiento de fiscalización aquel iniciado por un requerimiento de conformidad a este artículo en el cual, en base a la revisión de los antecedentes presentados por el contribuyente en respuesta a dicho requerimiento y/o de aquellos disponibles en las bases de información del Servicio, se haya citado al contribuyente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63. No se considerarán procedimientos de fiscalización aquellas revisiones iniciadas por medios distintos de la citación del artículo 63, salvo que hayan concluido formalmente con un giro, liquidación o resolución; o con una rectificación o certificación, cuando en virtud de éstas últimas se hayan aceptado los hechos o partidas objeto de la revisión.

Iniciado un procedimiento de fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición, para llevar a cabo actuaciones de fiscalización. El funcionario a cargo deberá, dentro de los 10 días siguientes, contados desde que recibió los antecedentes, emitir dicha certificación. Transcurrido el plazo sin que el funcionario a cargo efectúe la certificación respectiva, se entenderán por acompañados sin más trámite, iniciándose el cómputo del plazo de nueve meses.

Dentro de los plazos de fiscalización establecidos en el presente artículo el Servicio podrá, alternativamente, llevar a cabo las siguientes actuaciones: citar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, liquidar, emitir una resolución o formular giros, cuando corresponda, o bien certificar, si el contribuyente así lo solicita, que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización.

El plazo de fiscalización para citar, liquidar, emitir una resolución o formular giros será de doce meses en los siguientes casos:

a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia;

b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior;

c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial, y

d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo será de 18 meses, en los siguientes casos:

a) Cuando se apliquen los artículos 10, 41 F 41 G y 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

b) En los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies;

c) Cuando se aplique el artículo 63 de la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones;

d) En aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161, y

d) Cuando se requiera información de una autoridad extranjera.

Los plazos de 12 y 18 meses indicados en los dos incisos anteriores podrán ser ampliados por una sola vez, por un plazo de 6 meses, por resolución fundada. Las referidas resoluciones deberán ser emitidas en cumplimiento del derecho establecido en el artículo 8º bis Nº 4 y deberán ser notificadas al contribuyente a más tardar el último día del plazo original que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda. Respecto de dichas resoluciones no procederá el recurso de reposición administrativa voluntaria del artículo 123 bis ni el reclamo judicial establecido en el artículo 124.

Si dentro de los plazos señalados en los incisos cuarto y quinto, más su ampliación cuando corresponda, y del análisis de los antecedentes presentados en respuesta al requerimiento de antecedentes efectuado en virtud del presente artículo se estima procedente la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, por tratarse de alguno de los casos señalados en los artículos 4º ter o 4º quáter, deberá notificarse la resolución, al contribuyente, a más tardar el último día del plazo que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda, que informa que el procedimiento iniciado continuará bajo dicha normativa, en cuyo caso será aplicable el plazo establecido en inciso sexto más su ampliación si corresponde, debiendo en todo caso considerarse el plazo ya transcurrido.

Por su parte, si dentro de los plazos señalados la unidad del Servicio que lleva a cabo un procedimiento de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento o de fiscalización por la unidad del Servicio competente. En tal caso, deberá notificarse conforme a las reglas generales al contribuyente indicando con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, resguardando así su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.”.

21) Modifícase el artículo 60 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase el inciso tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el jefe de oficina ordenará” por “se deberá”.

24) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso segundo la oración “Jefe de la Oficina respectiva del”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración a continuación del punto seguido, que pasa a ser final.

c) Agrégase, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso final:

“Si, en respuesta a la citación practicada, el contribuyente presenta nuevos antecedentes que no fueron aportados previamente o que del análisis de los mismos se toma conocimiento de la existencia de hechos, actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, posiblemente constitutivos de abuso o simulación de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° ter y 4° quáter, podrá darse inicio a un nuevo procedimiento de fiscalización, para lo cual el Servicio citará al contribuyente en los términos dispuestos en el artículo 4º quinquies.”.

Indicaciones del Ejecutivo:

5) Para reemplazar en el encabezado de su numeral 14) la frase “Sustitúyase el inciso segundo” por “Sustitúyense los incisos segundo y tercero”.

7) Para agregar, a continuación del numeral 21), el siguiente numeral 22), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“22) Elimínase en el inciso primero del artículo 60 quinquies la frase “de bienes afectos a impuestos específicos”.”.

El señor Riquelme explicó una serie de modificaciones propuestas en varios numerales del proyecto de ley. En primer lugar, se ajustaron algunos textos del artículo 33, que regula procedimientos de fiscalización no formalizados, para una mejor comprensión y adecuación. Luego, se reordenó el artículo 59, que trata sobre procedimientos de fiscalización formal, para facilitar su comprensión y extender los plazos de citación. También se corrigió un texto en el artículo 60 bis para reflejar adecuadamente la eliminación de ciertas disposiciones que ya no son aplicables. Por otro lado, el artículo 63 establece que, si surgen nuevos antecedentes después de la primera citación del contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos debe emitir una nueva citación, asegurando así que el contribuyente esté al tanto de las razones de la fiscalización. Finalmente, se mencionó una indicación del ejecutivo para permitir que el Servicio de Impuestos Internos pueda decretar la trazabilidad de determinados productos, sin que esta medida esté limitada solo a productos sujetos a impuestos específicos. Los costos asociados a esta trazabilidad serían asumidos por el servicio o se descontarían de los impuestos del contribuyente.

Los números precedentes fueron aprobados por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

40) Modifícase el artículo 123 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, con las siguientes modificaciones:”.

b) Agrégase en el literal e) del inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la oración “No deberá darse esta audiencia cuando el recurso sea declarado inadmisible por resolución fundada o cuando sea acogido completamente por el Servicio.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No será procedente el presente recurso de reposición administrativa referido contra las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.”.

El señor Riquelme explicó que el numeral 40 modifica el artículo 123 bis, que regula la reposición administrativa voluntaria. La modificación principal consiste en permitir que no se celebre audiencia en aquellos casos en que el recurso sea declarado inadmisible, ya sea porque no procede o porque el Servicio de Impuestos Internos acepta completamente el recurso presentado por el contribuyente. Esta medida busca agilizar el procedimiento administrativo al evitar la realización de audiencias cuando el servicio reconoce la razón al contribuyente con la sola presentación del recurso.

El número 40 fue aprobado por la unanimidad de los ocho Diputados presentes señores Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Sáez y Yeomans.

Con motivo de la presentación por parte del Ejecutivo de indicaciones, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su presentación y exposición verbal, detalló las indicaciones propuestas para mejorar el cumplimiento tributario y fortalecer la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), enfocándose en las preocupaciones expresadas por los integrantes de la comisión y los resultados de la mesa técnica. Estas indicaciones abarcan cuatro áreas principales: denunciante anónimo, secreto bancario, norma general antielusión y gobernanza del SII.

Gobernanza del SII:

Enfatizó la importancia de fortalecer la gobernanza como un marco para el ejercicio responsable de las facultades del SII. Propuso la incorporación de los subdirectores al sistema de alta dirección pública para otorgarles mayor independencia, y el reconocimiento legal de subdirecciones especializadas (Fiscalización, Normativa, Jurídica, Contraloría Interna, y Tecnologías de la Información). Además, destacó la creación de comités colegiados a nivel nacional y regional para decidir sobre casos relevantes o de interés institucional, una medida que busca reducir la arbitrariedad y potencial corrupción al distribuir las decisiones en instancias colegiadas en vez de concentrarlas en el director nacional.

Secreto Bancario:

Respecto al secreto bancario, señaló la continuidad del procedimiento judicial para acceder a información bancaria, con un procedimiento excepcional en casos específicos que permitiría al SII solicitar autorización judicial sin oposición del contribuyente, bajo ciertos requisitos. Esto aplicaría en situaciones excepcionales como delitos tributarios y fiscalización a grupos empresariales, entre otros.

Norma General Antielusiva:

En cuanto a la norma general antielusiva, destacó la regulación de la carga de la prueba, aclarando que el SII debe acreditar el abuso o simulación, mientras que el contribuyente debe demostrar la relevancia económica o jurídica de sus operaciones. También se dio transparencia a la opinión del Consejo Asesor y se modificó el sistema de selección de sus miembros para incluir propuestas de organismos externos, aumentando así la autonomía y financiamiento del consejo.

Denunciante Anónimo:

Por último, sobre el denunciante anónimo, se eliminó la recompensa para estos denunciantes, se mantuvieron las sanciones por denuncias maliciosamente falsas y se limitó la posibilidad de denunciar anónimamente a abogados que hubieran prestado servicios en los últimos tres años, con el objetivo de evitar conflictos de interés y el abuso de información privilegiada.

En resumen, estas indicaciones buscan mejorar la eficiencia, transparencia y justicia en la administración tributaria, al tiempo que se garantiza un uso responsable de las facultades del SII y se protegen los derechos de los contribuyentes.

Votación de los artículos faltantes y de las indicaciones presentadas

Artículo primero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

15) Modifícase el numeral 2 del artículo 33 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el literal a) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la frase “inversiones en el exterior:”, la primera vez que aparece.

ii) Elimínase la frase “Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos.”.

b) Modifícase el literal b) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la expresión “inversiones en Chile:”.

ii) Reemplázase la expresión “presente ley” por la expresión “ley sobre Impuesto a la Renta”.

c) Reemplázase en el encabezado de su literal B) la frase “deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:” por la oración: “o la persona natural o entidad, constituida, domiciliada o residente en Chile que tenga calidad de controladora, en los términos indicados en el número 17 del artículo 8° del Código Tributario, respecto a un constituyente o "settlor", beneficiario, "trustee" o administrador de un "trust", cuando éstos se encuentren constituidos, sean residentes o estén domiciliados en el extranjero. Para estos efectos, se deberá informar, en la forma que determine el Servicio por resolución, lo siguiente, según sea aplicable conforme a la legislación extranjera:”.

Indicación del ejecutivo

Para reemplazar en la letra a) de su numeral 15) la frase “inversiones en el exterior” por “Inversiones en el extranjero”.

El señor Riquelme explicó que la indicación viene a corregir una cuestión formal, precisando el lenguaje sin afectar el fondo de la disposición.

Sometido a votación el numeral 15) del artículo primero fue aprobado por doce votos. Votaron a favor los Diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Cid, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Romero, Sáez, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0)

22) Modifícase el artículo 62 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “personas determinadas” por “contribuyentes determinados”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Modifícase el literal d) del numeral 1) en el siguiente sentido:

- Intercálase, entre la palabra “identificando” y “la entidad” la frase “, en este último caso,”.

- Agrégase el siguiente párrafo final:

“Desde la notificación señalada en este numeral y la entrega efectiva de la información bancaria requerida por el Servicio o hasta que finalice, por sentencia ejecutoriada, el procedimiento establecido en el artículo 62 bis, el banco deberá informar al Servicio la existencia de movimientos anormales o sospechosos en la o las cuentas bancarias que pudieran dar cuenta que el contribuyente busca ocultar sus saldos o distraer sus fondos de forma que el Servicio pueda tomar las medidas conducentes a asegurar el éxito del procedimiento de fiscalización. El Servicio, mediante resolución, fijará los criterios para establecer cuando un movimiento debe ser calificado como anormal o sospechoso. Asimismo, durante este periodo el banco no podrá acceder a una solicitud de cierre de la cuenta bancaria respecto de la cual se ha requerido información sin autorización judicial previa otorgada por el tribunal competente según el artículo 62 bis.”.

ii) Reemplázase el numeral 2) por el siguiente:

“2) En la misma fecha de la notificación señalada en el número 1), el Servicio notificará al contribuyente, personalmente o por cédula, indicando el procedimiento de fiscalización respecto al cual se ha efectuado el requerimiento, la información requerida, el banco al cual se ha solicitado y el plazo fijado para su entrega. Sin perjuicio de la notificación del Servicio, el banco deberá, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya sido notificado, enviar una comunicación al titular de la cuenta, por correo electrónico, señalando que ha sido requerido para entregar su información bancaria. La omisión de esta comunicación no invalidará la notificación, pero hará responsable al banco de los perjuicios que dicha omisión pudiese ocasionarle al titular de la información.”.

iii) Modifícase el numeral 3) en el siguiente sentido:

- Reemplázase en su párrafo segundo la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por la expresión “desde la notificación”.

- Reemplázase en su párrafo segundo, la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por “realizar la comunicación respectiva indicada”.

- Elimínase su párrafo tercero.

iv) Reemplázase el numeral 4) por el siguiente:

“4) El contribuyente podrá oponerse a la entrega de información, debiendo reclamar dentro del término de 15 días hábiles contados desde la notificación a que se refiere el número 2) anterior, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 62 bis. Dentro del mismo plazo, el contribuyente deberá informar la interposición del mencionado reclamo al banco a través de correo electrónico, acompañando los antecedentes que acrediten la interposición del reclamo. El banco deberá remitir dicha comunicación, por correo electrónico, al Servicio y le permitirá no entregar la información requerida hasta que exista sentencia firme o ejecutoriada sobre la procedencia del reclamo.

Pasados los 15 días sin que el Servicio haya tomado conocimiento de la interposición de un reclamo por el contribuyente, deberá solicitar ante el tribunal tributario y aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente que certifique que no se presentó reclamo bajo el procedimiento del artículo 62 bis, o que habiéndose presentado fuera declarado inadmisible y en este último caso que no existen recursos pendientes. El tribunal, por oficio, deberá enviar la certificación o indicar que se ha presentado un reclamo o que se encuentra pendiente la resolución de un recurso sobre su admisibilidad, dentro de los 5 días siguientes. Certificado lo anterior, el Servicio notificará al banco quien deberá enviar la información requerida sin más trámite dentro del plazo establecido en el número 1).”.

v) Reemplázase el numeral 5) por el siguiente:

“5) Habiendo sido interpuesta la oposición y rechazada ella total o parcialmente por sentencia judicial firme, el Servicio solicitará que el Tribunal oficie al banco. Lo mismo ocurrirá si las partes llegan a un acuerdo total o parcial o a algún equivalente jurisdiccional que obligue al titular a entregar toda o parte de la información requerida. La entidad bancaria dispondrá de un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.”.

vi) Reemplázase el número 6) por el siguiente:

“6) El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco será sancionado con una multa de 50 unidades tributarias anuales.”.

23) Sustitúyese el artículo 62 bis por el siguiente:

“Artículo 62 bis.- Para los efectos a que se refiere el número 4) del artículo 62, será competente para conocer la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente.

La oposición deberá ser presentada junto con los antecedentes que justifiquen la improcedencia de entregar la información bancaria por no ser indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas.

Presentada la acción el Tribunal examinara? si ha sido interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, la declarara? inadmisible por resolución fundada. En contra de la resolución que declara el reclamo inadmisible será procedente el recurso de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por el término de diez días. En su respuesta el Servicio deberá acompañar los antecedentes que sustenten el requerimiento y que justifiquen la importancia de contar con dicha información para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente, identificando las declaraciones o falta de ellas, en su caso, que se pretende verificar o los impuestos que eventualmente no se hubieren declarado o se hubieren declarado en un monto inferior. En el caso de requerimientos efectuados desde el extranjero, deberá indicarse la entidad requirente de la información y los antecedentes de la solicitud respectiva. Presentada la respuesta por el Servicio el Tribunal dará traslado al contribuyente por diez días para que exponga sus observaciones a la respuesta del Servicio.

Vencidos los plazos indicados en el inciso anterior y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciara? la prueba rendida de acuerdo con lo establecido en el inciso décimo tercero del artículo 132.

Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictara? sentencia en un plazo de diez días.

Contra la sentencia que falle el reclamo procederán los recursos de apelación y de casación en la forma, dentro del plazo de quince días desde la fecha de su notificación. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

En lo no establecido en este artículo, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título II del Libro Tercero.”.

Indicaciones del Ejecutivo:

7) Para modificar el actual numeral 22), que ha pasado a ser numeral 23), en el siguiente sentido:

a) Modifícase su literal b) en el siguiente sentido:

i) Agrégase, el siguiente numeral i), nuevo, readecuando el orden correlativo de los numerales siguientes:

“i) Reemplázase, en el literal c) de su numeral 1), la expresión “, y” por un punto y coma.”.

ii) Agrégase, a continuación de su actual numeral i), que ha pasado a ser numeral ii), el siguiente numeral iii), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“iii) Agrégase, a continuación del literal d), de su numeral 1), el siguiente literal e), nuevo:

“e) Señalar el procedimiento de fiscalización en contra del contribuyente respecto del cual se requiere información, salvo los casos señalados en el párrafo segundo del numeral 3).”.”

iii) Agrégase, a continuación de su actual numeral vi), que ha pasado a ser numeral vii), el siguiente numeral viii), nuevo:

“viii) Agrégase, a continuación del numeral 6), el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) No procederá lo dispuesto en los numerales anteriores, cuando el requerimiento de información bancaria se realice con ocasión de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 59 ter y el número 10 del artículo 161 de la presente ley y de los artículos 41 E, 41 F, y 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en cuyo caso el banco deberá entregar la información requerida por el Servicio, dentro del plazo de 45 días. Para estos efectos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) El Servicio deberá presentar el requerimiento, que contendrá las menciones señaladas en el numeral 1), ante el Tribunal Tributario y Aduanero, correspondiente al domicilio del contribuyente. El requerimiento contendrá además los fundamentos que den cuenta de la importancia de contar con la información bancaria requerida.

b) El juez tendrá un plazo de 5 días para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar la resolución al Servicio, mediante correo electrónico, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

c) El Servicio procederá a enviar el requerimiento señalado en la letra a) anterior y la resolución del tribunal al banco, el cual deberá a entregar la información dentro del plazo de 45 días desde la recepción del requerimiento.

d) El banco, una vez entregada la información al Servicio, deberá comunicarle al titular que ha procedido a entregar su información bancaria en virtud de un requerimiento especial según lo dispuesto en el presente numeral.”.”.

b) Agrégase, a continuación de su literal b), el siguiente literal c), nuevo:

“c) Intercálase, en su inciso quinto, entre la frase “deberá ser eliminada,” y la expresión “no pudiendo” la frase “dentro del plazo de 90 días,”.

c) Agrégase, a continuación del nuevo literal c), el siguiente literal d), nuevo:

“d) Reemplázase, en su inciso sexto, la frase “reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 70 a quinientas unidades tributarias mensuales”.”

8) Para modificar el artículo 62 bis que sustituye su actual numeral 23), que ha pasado a ser numeral 24), en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “la improcedencia de entregar la información bancaria por no ser indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuesto o falta de ellas” por “justifiquen que el Servicio cuenta con la información bancaria requerida o que dicha información carece de importancia para el procedimiento de fiscalización”.

b) Agrégase el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando el actual inciso octavo a ser inciso noveno:

“El expediente se tramitará en forma secreta en todas las instancias del juicio.”.

El señor Riquelme detalló las enmiendas a los artículos 62 y 62 bis, estableciendo un marco donde siempre es necesaria una autorización judicial para levantar el secreto bancario, bajo una regla general y una excepcional. La regla general implica que el Servicio de Impuestos Internos debe elaborar un requerimiento detallando la información bancaria necesaria, los años que abarca y el procedimiento de fiscalización en curso, notificando al banco, el cual a su vez debe informar al contribuyente. Este último tiene 15 días para aprobar o disputar la solicitud ante el tribunal tributario. Si hay disputa, el SII debe demostrar judicialmente la relevancia de la información bancaria para la fiscalización. Se introduce la posibilidad de que el contribuyente presente recursos de nulidad, con la carga probatoria recayendo en el SII, lo que supone un cambio significativo respecto a la normativa vigente. Para que el SII acceda a la información sin reclamación del contribuyente, debe confirmarse judicialmente que no se presentaron reclamos dentro del plazo.

Respecto a la regla excepcional, esta se aplica en circunstancias específicas como investigaciones de delitos tributarios o fiscalizaciones que involucren operaciones con partes relacionadas en el exterior, posiblemente afectando la base imponible de Chile. En estos casos, se solicita una autorización judicial mediante un procedimiento abreviado sin notificar al contribuyente para evitar acciones que obstaculicen la fiscalización. Esta medida busca eficientizar la fiscalización en situaciones donde el conocimiento previo del contribuyente sobre la investigación podría comprometer la efectividad del proceso.

Subrayó que estas indicaciones garantizan que en todos los casos se requiera un tercero imparcial para autorizar el levantamiento del secreto bancario, manteniendo un equilibrio entre la eficacia de las acciones fiscales y la protección de los derechos de los contribuyentes. Este enfoque refleja un esfuerzo por asegurar que, incluso en los casos más sensibles, se preserve la integridad del proceso, evitando abusos y asegurando la justicia y transparencia en la administración tributaria.

El Ministro Marcel destacó la importancia de diferenciar entre diversos tipos de casos al abordar el tema del secreto bancario, subrayando que la discusión previa había sido basada en la suposición de un único procedimiento aplicable a todas las situaciones. Clarificó que la propuesta actual mantiene el procedimiento general ya existente y añade un método más rápido para situaciones consideradas graves, en las cuales el Servicio de Impuestos Internos realiza investigaciones, siempre precedidas por una citación al contribuyente en cuestión. Esta metodología se aleja significativamente del concepto de "pesca milagrosa" previamente mencionado, concentrándose en asegurar un tratamiento justo y específico según el caso.

Abordó una confusión prevalente respecto a la autorización judicial para el acceso a cuentas bancarias, distinguiendo entre situaciones de querellas y otras investigaciones. Mientras que las autorizaciones suelen concederse en casos de querellas, el proceso general permite que los contribuyentes se opongan, lo cual puede llevar a que el acceso a la información bancaria se retrase no por días o semanas, sino por años. Este detalle pone de manifiesto la necesidad de la reforma propuesta para facilitar el acceso a la información bancaria necesaria para investigar anomalías, después de haber notificado al contribuyente, una práctica que se ajusta a estándares internacionales pero adoptando un enfoque más cauteloso y restringido que lo comúnmente observado en otras jurisdicciones.

Subrayó que, en lugar de permitir un acceso sin restricciones a la información bancaria por parte de la administración tributaria, se ha preferido una solución que exige una justificación explícita para solicitar dicho acceso. Este equilibrio busca optimizar la eficacia en la fiscalización tributaria mientras protege los derechos y privacidad de los contribuyentes, reflejando un compromiso con la justicia y la transparencia en el proceso administrativo.

La Diputada Rojas expresó sus inquietudes y propuestas respecto a la regulación sobre el levantamiento del secreto bancario. Primero, planteó una pregunta sobre el efecto de la oposición de un contribuyente al proceso de apertura de su información bancaria, preguntando si dicha oposición detiene el proceso hasta la decisión final del tribunal. Esta duda apunta al núcleo del procedimiento y su eficacia para manejar las objeciones de los contribuyentes de manera que no se comprometa la investigación en curso.

Además, la Diputada abordó el plazo que se le otorga al banco para notificar al contribuyente sobre la solicitud de información, el cual actualmente se establece en 45 días. La preocupación radica en que este período podría ofrecer un margen demasiado amplio para la destrucción de evidencia, sugiriendo una reducción de este plazo a 15 o 30 días para minimizar dicho riesgo. Esta propuesta busca equilibrar la necesidad de garantizar la debida notificación con la urgencia de preservar la integridad de la evidencia relevante para la investigación fiscal.

Por último, propuso establecer un plazo definido para que, en caso de que el tribunal no emita una resolución dentro de un período específico, el Servicio de Impuestos Internos tenga la posibilidad de presentar un reclamo ante una autoridad superior. Esta medida pretende introducir mayor agilidad y certeza en el proceso, asegurando que las demoras en la toma de decisiones judiciales no impidan el avance de las investigaciones fiscales.

El Diputado Barrera expresó preocupaciones similares a las de la Diputada Rojas, enfocándose en el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario. Compartió su interés en entender si las excepciones añadidas al procedimiento general facilitarán o complicarán la apertura de las cuentas bancarias, especialmente considerando nuevas posibilidades de apelación por parte de los contribuyentes. Su percepción inicial es que estos cambios podrían introducir mayor complejidad al proceso.

Además, el Diputado retomó el tema del plazo de 45 días establecido para que los bancos notifiquen a los contribuyentes sobre la solicitud de su información, interrogando sobre las consecuencias de superar este límite y si hay explicaciones para tal duración. Se preguntó sobre las acciones que el contribuyente podría emprender para frenar o dilatar el proceso y qué sucedería si se exceden los plazos estipulados, proponiendo adoptar una regla de "silencio administrativo positivo", donde, si no hay respuesta del tribunal en un plazo determinado, se asuma aprobada la solicitud de acceso a la información bancaria, evitando la necesidad de recurrir a instancias superiores en caso de inacción del tribunal.

El Diputado Mellado expresó su interés en profundizar el estudio de las indicaciones presentadas sobre el secreto bancario, reconociendo avances en la discusión técnica, aunque señalando diferencias en algunos aspectos. Destacó dos puntos principales: la necesidad de una redacción más clara que distinga entre fiscalizaciones por precios de transferencia sin sanción penal y aquellos casos de delitos tributarios con sanciones penales; y la importancia de manejar la información bancaria levantada con sumo cuidado, especialmente bajo la presunción de inocencia. Criticó el plazo de 90 días para manejar dicha información, sugiriendo que se debería actuar más rápidamente para eliminar datos irrelevantes o que no conducen a cargos, para proteger la privacidad y reputación de los individuos investigados. Abogó por un seguimiento y trazabilidad estrictos de la información compartida durante el proceso, enfatizando la eliminación inmediata de datos si no se justifica su retención, garantizando así el respeto a la presunción de inocencia y la protección de los datos personales.

La Diputada Yeomans preguntó sobre la eficacia del levantamiento del secreto bancario como herramienta para la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), motivada por casos anteriores de fraude tributario donde la falta de información adecuada extendió significativamente los tiempos de investigación. Preguntó sobre el plazo que el SII tendría para acceder a la información bancaria necesaria bajo las nuevas indicaciones, especialmente cuando se requiere autorización judicial, y qué medidas se podrían tomar si no se recibe respuesta en los plazos establecidos.

Además, abordó el tema de la gobernanza y cómo los cambios propuestos en esta área podrían facilitar un acuerdo para avanzar en el proyecto de ley que incluye el levantamiento del secreto bancario. Expresó la necesidad de un consenso y cuestionó si el compromiso del ejecutivo y las modificaciones propuestas serían suficientes para alcanzar un acuerdo entre las partes, enfatizando la importancia de la colaboración para evitar un estancamiento en el proceso legislativo. La Diputada buscaba claridad sobre si las precauciones y consultas presentadas por su lado recibirían una respuesta constructiva que permitiera avanzar con la propuesta de manera efectiva y consensuada.

El Diputado Romero expresó su intento de comprender las preocupaciones de algunos colegas sobre cómo la demora en el procedimiento de levantamiento del secreto bancario podría permitir a los bancos destruir información relevante. Sin embargo, destacó que, dada la naturaleza de los registros bancarios, que quedan claramente anotados en las cartolas, cualquier movimiento financiero, incluidas las retiradas de dinero, se registra de manera que sería difícil no encontrarlo, incluso si hay un retraso de días o semanas en el acceso a estos datos.

Además, el Diputado planteó una pregunta al ejecutivo sobre si la verificación de cumplimiento se limita solo a aspectos formales o si también implica una evaluación de mérito de fondo. Destacó esta distinción, ya que implica una gran diferencia en cómo se aborda el procedimiento de revisión. Por un lado, un enfoque en los aspectos formales se centraría en verificar si la documentación y las solicitudes se presentaron correctamente y en los plazos establecidos. Por otro lado, una evaluación de mérito implicaría un análisis más profundo sobre la sustancia de la información presentada y su relevancia para la investigación fiscal.

El Diputado Bianchi hizo un llamado a sincerar y concretar la discusión sobre las disposiciones vinculadas con el levantamiento del secreto bancario. Resaltó que, tras semanas de trabajo coordinado entre los equipos de todos los sectores y el ejecutivo, se ha logrado un proyecto considerablemente flexibilizado que busca encontrar puntos de acuerdo. Subrayó la importancia de proceder con la votación de las indicaciones presentadas por el ejecutivo, respetando el trabajo realizado y los acuerdos previos alcanzados entre la oposición y el gobierno.

Expresó su preocupación por la tendencia a introducir nuevos aspectos al final, lo que podría interpretarse como una falta de acuerdo con lo previamente consensuado. Hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la sanción y votación de las propuestas sin demoras innecesarias para no prolongar excesivamente el proceso. Aunque admitió tener algunas discrepancias con las propuestas, reconoció que el proyecto ha mejorado significativamente y que es momento de tomar decisiones definitivas para no extender la discusión artificialmente. Instó a proceder con la votación para concluir el debate de manera eficiente, destacando el esfuerzo por alcanzar los mejores acuerdos posibles y mejorar el proyecto en beneficio de todos.

El Diputado Ramírez reflexionó sobre el proceso legislativo del proyecto, destacando que hasta ahora se había logrado un consenso general en las votaciones. Sin embargo, señaló que las discusiones actuales abordan aspectos más complejos del proyecto, incluida la gobernanza y la lucha contra la elusión y evasión fiscal, temas que motivaron la creación de una mesa de diálogo. A pesar de reconocer la disposición del gobierno para llegar a acuerdos, expresó su frustración por la falta de iteraciones en las discusiones sobre los temas más delicados.

Criticó la prisa en el proceso legislativo, que limita el tiempo para un análisis detallado y para alcanzar acuerdos más profundos. Esta situación, según él, no solo afecta la calidad del debate sino también la posibilidad de llegar a consensos significativos sobre puntos críticos del proyecto. Aunque reconoció avances en las indicaciones propuestas, lamentó la falta de acuerdo en cuestiones fundamentales y la presión de tiempos que podría resultar en decisiones apresuradas y potencialmente menos efectivas.

Se centró en el impacto de estos apuros sobre el proceso legislativo, sugiriendo que la urgencia por avanzar podría llevar a decisiones menos consideradas y a un debate más superficial sobre asuntos de gran importancia. Aunque está dispuesto a apoyar avances positivos, la falta de un consenso amplio en temas clave lo deja en una posición de incertidumbre sobre cómo votar en futuras sesiones, temiendo que el proyecto no alcance su potencial máximo y enfrente obstáculos adicionales en etapas posteriores del proceso legislativo.

El Diputado Naranjo destacó la flexibilidad del ejecutivo en el proceso de tramitación del proyecto, señalando que se han aceptado diversas inquietudes de la oposición, incluso cuando ha significado votar en contra de la propia voluntad de algunos para demostrar un espíritu de colaboración. Sin embargo, criticó la postura de la oposición, que percibe como una demanda de aceptación total de sus propuestas para llegar a un acuerdo, y señaló una tendencia a acusar al gobierno de inflexibilidad cuando no se adoptan completamente sus visiones.

Instó a iniciar la votación del proyecto, argumentando que las propuestas del ejecutivo son el resultado de un trabajo extenso y que la oposición ha expresado su posición en contra de aspectos clave como el denunciante anónimo y el levantamiento del secreto bancario. Considera que estas herramientas son fundamentales para la lucha contra la corrupción, manifestada en la evasión y elusión fiscal, y sugiere que las diferencias de opinión sobre cómo abordar estos problemas indican visiones distintas sobre la lucha contra la corrupción entre el gobierno y algunos sectores de la oposición.

El Ministro Marcel se refirió a la tramitación del proyecto, destacando la flexibilidad y esfuerzo del ejecutivo para incorporar las inquietudes de la oposición y mejorar el texto del proyecto, parte del cual fue originalmente incluido en la propuesta de reforma tributaria. Remarcó el trabajo realizado durante el último año, incluyendo consultas y búsqueda de alternativas, y las señales positivas de apoyo de parte de la oposición en votaciones anteriores. Sin embargo, reconoció que algunos temas complejos quedaron para el final debido a la falta de acuerdo previo.

Señaló la disposición del ejecutivo para ajustar detalles específicos, como los plazos para la destrucción de antecedentes obtenidos mediante el acceso a cuentas bancarias, mostrándose abierto a reducir el plazo propuesto de 90 días si se considera necesario. Argumentó que la demanda de más tiempo para discutir el proyecto debería basarse en la necesidad de aclarar puntos concretos, no como un reclamo genérico.

Subrayó la urgencia de avanzar con el proyecto dado el continuo surgimiento de casos de evasión y elusión fiscal, mencionando el ejemplo de ejecutivos detenidos relacionados con la emisión de facturas falsas para factoring. Hizo un llamado a la buena voluntad y al esfuerzo conjunto para identificar y resolver las discrepancias restantes, con el objetivo de despachar el proyecto dentro de los plazos acordados, destacando la importancia de actuar rápidamente para contrarrestar prácticas fiscales abusivas.

El Diputado Ramírez expresó su preocupación por la falta de claridad respecto al procedimiento establecido en el artículo 62 bis original sobre cómo el Servicio de Impuestos Internos solicita y tramita el levantamiento del secreto bancario ante los tribunales.

El señor Riquelme dijo que el procedimiento para levantar el secreto bancario, específicamente en el artículo 62 bis, se reemplazó, lo que implica una modificación en cómo se lleva a cabo el proceso. El cambio principal radica en que ahora el contribuyente debe iniciar el procedimiento presentando su oposición al levantamiento del secreto bancario en sede judicial, en vez de hacerlo directamente al banco. Esta modificación no elimina el procedimiento, sino que ajusta quién debe accionar primero.

A pesar de este cambio, la carga procesal de demostrar la relevancia de la información bancaria para el caso de incumplimiento fiscal sigue recayendo en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este cambio busca superar los vicios del procedimiento anterior, como la normativa que indicaba que no procedían recursos ante tribunales superiores, una situación que ahora se ha modificado para permitir tales recursos.

En resumen, aunque el procedimiento ha sido modificado y el artículo 62 bis reemplazado, el fundamento de que el SII debe probar la necesidad de acceder a la información bancaria permanece. Además, se han introducido mejoras en el procedimiento para garantizar los derechos del contribuyente, como la posibilidad de recurrir a instancias judiciales superiores y una regulación más adecuada del término probatorio.

El Diputado Romero buscó aclaraciones sobre los cambios introducidos al artículo 62 bis, enfocándose en las circunstancias bajo las cuales la oposición al levantamiento del secreto bancario por parte del contribuyente podría no ser aplicable. La modificación parece introducir excepciones a la posibilidad de oponerse que existían bajo el procedimiento previo, especificando situaciones en las que la solicitud de información bancaria se realiza dentro de un procedimiento de fiscalización particular, identificado por ciertos artículos de la ley. Cuestionó específicamente si en el contexto de estas excepciones el banco estaría obligado a entregar la información solicitada por el Servicio de Impuestos Internos dentro de un plazo determinado, sin que el contribuyente pueda oponerse a dicha solicitud.

El señor Riquelme aclaró que el procedimiento excepcional para el levantamiento del secreto bancario se aplica solo en los contextos específicos mencionados por el Diputado Romero. Estos incluyen situaciones como la recopilación de antecedentes por delitos tributarios, fiscalización de grupos empresariales, operaciones de precios de transferencia entre partes relacionadas dentro y fuera de Chile, normas de exceso de endeudamiento para prevenir la erosión de la base imponible chilena, y el control de rentas pasivas para verificar el cumplimiento de ciertos límites en utilidades percibidas en el extranjero por sociedades pasivas.

En estos casos, el contribuyente no tiene la opción de oponerse al levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, para proceder, el Servicio de Impuestos Internos debe notificar al contribuyente sobre el inicio de un procedimiento de fiscalización específico bajo uno de estos artículos. Esto implica que el contribuyente estará informado de que está siendo fiscalizado por una materia que justifica el régimen excepcional del secreto bancario.

Además, el SII debe argumentar la relevancia de la información bancaria ante el tribunal, demostrando que el contribuyente ha sido adecuadamente notificado y que la fiscalización corresponde a una de las causales específicas, y por qué la información bancaria es crucial para el caso. Este proceso asegura que la solicitud de levantamiento del secreto bancario no sea solo una revisión formal, sino que cumpla con criterios legales específicos que justifiquen la necesidad y relevancia de acceder a la información, manteniendo un equilibrio entre la eficacia fiscalizadora del SII y los derechos de los contribuyentes.

El Diputado Sáez retomó una inquietud similar a la del Diputado Romero, enfocándose en el tiempo asignado para el procedimiento de levantamiento del secreto bancario dentro de las modificaciones al Código Tributario. Subrayó que, dado que el Código generalmente se refiere a días hábiles cuando menciona "días", los 45 días establecidos podrían extenderse a tres o cuatro meses en tiempo real, lo que considera excesivo para las necesidades de una investigación eficiente. Dada esta preocupación, sugirió la posibilidad de reducir este plazo a 15 días hábiles, argumentando que este periodo sería más adecuado y suficiente para que los bancos entreguen la información requerida sin comprometer la agilidad de las investigaciones fiscales. Su propuesta busca optimizar el balance entre garantizar un proceso ordenado y mantener la efectividad y rapidez necesaria en la lucha contra la evasión y elusión fiscal.

El señor Riquelme abordó la preocupación del Diputado Sáez sobre el plazo de 45 días establecido para el levantamiento del secreto bancario, explicando que en el Código Tributario los "días" se entienden como días hábiles y que el plazo de 45 días es el vigente según la norma actual. Argumentó que este plazo es razonable ya que los bancos necesitan tiempo para buscar y preparar la información requerida para su envío al Servicio de Impuestos Internos (SII). Subrayó que, durante este periodo, no se permite solicitar el cierre de cuentas para prevenir la ocultación de información por parte del contribuyente, considerando así que el plazo es adecuado y no requiere modificaciones.

Señaló que la preocupación por la falta de respuesta del tribunal en los 5 días estipulados, existen mecanismos procesales que permiten al SII requerir al tribunal que emita la resolución correspondiente, asegurando la continuidad del proceso incluso cuando se vencen los plazos sin pronunciamiento.

Respecto a la destrucción de información, explicó que el plazo propuesto de 90 días, aunque modificable, se considera adecuado, destacando que cualquier plazo para la eliminación de datos no debería ser inferior a 30 días para evitar disputas sobre la inmediatez de esta acción. También mencionó que la seguridad de la información está regulada bajo el mismo estándar que la información secreta para aspectos tributarios, con sanciones severas por vulneraciones, incluyendo la destitución y multas significativamente aumentadas en el proyecto de ley, proporcionando así un contrapeso necesario ante el procedimiento excepcional de levantamiento del secreto bancario.

El Diputado Mellado expresó preocupaciones sobre el manejo y la confidencialidad de la información obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario, especialmente antes de que se inicie cualquier juicio. Cuestionó cómo se mantiene el secreto de los datos desde su salida del banco hasta su evaluación por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en ausencia de un proceso judicial formal.

El señor Riquelme aclaró que existen dos situaciones diferenciadas en cuanto al manejo del secreto de la información en procedimientos tributarios. Por un lado, el procedimiento judicial es intrínsecamente secreto, restringiendo el acceso al expediente desde el inicio hasta el final del proceso. Por otro lado, en los casos excepcionales donde no necesariamente existe un expediente judicial propiamente dicho debido a la rapidez del proceso de autorización por parte del tribunal, el secreto de la información bancaria se mantiene en todas las etapas. Es decir, desde que el Servicio de Impuestos Internos realiza el requerimiento hasta que el tribunal autoriza la entrega de la información por parte del banco, esta permanece bajo el estado de secreto. La vulneración de este secreto implica sanciones específicas. Aunque el procedimiento de autorización por el juez en el régimen excepcional no tiene asignada la misma "sobre reserva" que un expediente judicial completo, indicó que no hay inconveniente en especificar que este también será secreto, reafirmando así la protección total del secreto de la información bancaria desde el principio hasta el final del proceso.

La Diputada Cid reconoció la disposición del ejecutivo para realizar modificaciones en el proyecto, lo cual se refleja en las indicaciones presentadas. Enfatizó la necesidad de ser realistas respecto a los puntos de desacuerdo, especialmente respecto al levantamiento del secreto bancario, un procedimiento que se realiza mediante una orden judicial y que el proyecto del ejecutivo busca modificar. Expresó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en este aspecto y sugirió que avanzar hacia la votación podría ser lo más adecuado, manifestando su preocupación por la percepción de que se está presionando por una legislación rápida para facilitar el trabajo posterior en el Senado.

El Diputado Mellado propuso someter a todos los intervinientes, particularmente a los funcionarios bancarios, al artículo 35 del Código Tributario.

El señor Riquelme señaló que esta norma vincula a los funcionarios del Servicio, y que la Ley de Bancos establece normas específicas para los empleados bancarios de guardar reserva.

La Comisión acordó lo siguiente:

1.- En el número 7) que agrega el número ix), agregado por el número iii) de la letra a) de la indicación N° 7) del Ejecutivo, un párrafo final del siguiente tenor: "El procedimiento será siempre secreto."

2.- En el literal c), nuevo, agregado por la letra b) de la indicación N° 7) del Ejecutivo, reemplazar el guarismo "90", por "30".

Sometido a votación los numerales 22) y 23) del artículo primero, con las indicaciones presentadas y las modificaciones acordadas por la Comisión, estos fueron aprobados por doce votos. Votaron a favor los Diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez, Sepúlveda y Yeomans. Votó en contra el diputado Romero. Se abstuvieron los Diputados Cid y Ramírez (9-1-2)

30) Agrégase a continuación del artículo 85 Bis, el siguiente artículo 85 ter, nuevo:

“Artículo 85 ter. Las entidades financieras indicadas en la letra a) del artículo 85 bis deberán proporcionar al Servicio información de la cantidad de abonos que reciban titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país, cuando se cumplan los requisitos señalados a continuación.

1. Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.

2. Que se trate de titulares que no se encuentren dentro de aquellos cuya información deba ser reportada por aplicación de las disposiciones de la letra c) del artículo 85 bis.

La información a entregar al Servicio será aquella que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo su rol único tributario, la identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se han producido por parte de personas o entidades diferentes dentro de los periodos señalados en el número 1 y si la cantidad de abonos descrito en dicho número se ha superado en más de un periodo. La información a entregar no contendrá el monto de los abonos ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior.

Asimismo, cuando el Servicio cuente con información que le permita presumir que un contribuyente esté sub declarando sus ingresos o realizando otro tipo de ilícito tributario podrá solicitar que las entidades financieras obligadas a informar le entreguen información sobre la cantidad de abonos recibidos dentro de alguno de los periodos señalados en el número 1 respecto de las cuentas en que dicho contribuyente sea titular, identificando dichas cuentas. En ningún caso esta información podrá incluir los montos de las operaciones informadas, ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en el plazo máximo de tres años desde su recepción. Asimismo, las entidades financieras deberán eliminar los reportes que hayan presentado ante el Servicio dentro de los 30 días siguientes a su remisión al Servicio.

La no entrega de la información al Servicio de forma oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionada con el equivalente a una unidad tributaria anual por cada uno de los casos que debieron ser informados por aplicación de los números 1 y 2 del presente artículo, sin embargo, la multa total a pagar por cada entidad financiera no podrá exceder de las quinientas unidades tributarias anuales por cada periodo en que se debió reportar la información. La entrega de información falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.

La información a la que accederá el Servicio por aplicación del presente artículo tendrá el carácter de reservada conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser sólo utilizada para los objetivos de fiscalización. El incumplimiento de la infracción de reserva se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de setenta a quinientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la destitución del cargo del funcionario incumplidor.”.

Indicación al numeral 30)

De los diputados Cid y Mellado.

Para reemplazar el numeral 1. del primer inciso por el siguiente:

"1. Que dentro de dos de los últimos doce meses se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de los últimos seis meses presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes."

El señor Riquelme explicó la introducción de un nuevo artículo 85 ter, que impone una obligación a las entidades bancarias de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un contribuyente reciba 50 o más transferencias de distintos RUT en un mes, o más de 100 abonos de distintas personas o RUT en un semestre. La información por reportar incluye solo el abono y el titular de la cuenta, sin revelar los montos ni la naturaleza de los abonos. Esta medida busca alertar al SII sobre posibles actividades económicas informales, particularmente si se detecta que un contribuyente recibe numerosas transferencias sin tener registrado un inicio de actividades. Esta herramienta se ve como un método efectivo para identificar el comercio informal, incluyendo transacciones realizadas a través de redes sociales, que suelen evadir obligaciones tributarias preferentemente las transferencias electrónicas para evitar ser detectadas por los sistemas de fiscalización.

El Diputado Bianchi elogió la introducción del nuevo artículo como una de las medidas más eficientes para mejorar el control sobre el comercio no legalizado o informal. Destacó el impacto positivo que esta medida podría tener en la igualdad de condiciones para los comercios formalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago de impuestos y la formalización de contratos de trabajo. Expresó su interés en conocer si el gobierno ha realizado alguna estimación sobre el potencial recaudatorio que esta medida podría representar, destacando la importancia de optimizar los controles para aumentar la recaudación de forma justa y eficiente. Reconoció que el comercio informal se ha expandido significativamente y que medidas como esta son cruciales para abordar esta problemática.

El Diputado Romero subrayó la importancia de avanzar en la formalización de la economía, especialmente destacando el impacto de la nueva norma sobre el comercio informal, particularmente aquel realizado a través de redes sociales o en ferias libres. Reconoció la realidad de muchos emprendedores en su distrito, para quienes este tipo de comercio representa un medio de subsistencia. Señaló la necesidad de comprender la importancia de formalizarse y extendió una invitación al gobierno para presentar proyectos dentro del pacto fiscal que faciliten este proceso para quienes trabajan de manera informal, incluyendo aquellos en ferias y otros espacios. Hizo hincapié en la necesidad de un esfuerzo conjunto para apoyar la formalización de la economía, asegurando que el gobierno cuenta con el apoyo del partido republicano y otros sectores políticos para trabajar en este objetivo y permitir que las personas trabajen de manera regulada.

El Ministro Marcel, respondiendo al tema planteado por el Diputado Romero sobre la formalización de feriantes, indicó que el gobierno ha estado trabajando con organizaciones de feriantes durante más de un año para establecer un acuerdo sobre un régimen simplificado y rebajado. Este régimen busca facilitar el uso de puntos de venta (POS) para formalizar los pagos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los feriantes. Señaló que estas conversaciones se encuentran en sus etapas finales y expresó su optimismo en que, una vez implementado, este acuerdo representará un avance significativo en la formalización de este sector de la economía.

El señor Riquelme dijo que no se ha estimado la recaudación que podría derivarse de la medida para combatir la informalidad económica. Destacó que el impacto de la mayoría de las medidas debe evaluarse en su conjunto para comprender su efecto global. Aclaró que, además de las acciones destinadas a detectar la informalidad, se planea implementar iniciativas para promover la formalización de la economía. Estas iniciativas buscan apoyar a los contribuyentes en su proceso de formalización, ofreciendo herramientas y recursos, como los contemplados en el proyecto de ley relacionado con el asesoramiento contable, para aquellos dispuestos a regularizar su situación. Para los casos en que, tras el primer aviso, no se produzca una voluntad de formalización, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá proceder con las acciones de fiscalización correspondientes.

Respecto a la indicación de su autoría, el Diputado Mellado planteó una preocupación sobre el impacto de la nueva normativa en situaciones comunitarias o personales extraordinarias que no corresponden a actividades económicas informales, pero que podrían ser afectadas por los umbrales de transferencias establecidos en la legislación. Ejemplificó con casos como juntas de vecinos o comités de vivienda que organizan rifas o recaudaciones para proyectos específicos, así como situaciones personales urgentes donde se solicita apoyo financiero a través de transferencias, como la operación de un familiar. Propuso que se consideren periodos más largos, como dos meses consecutivos de actividad, para determinar la regularidad y así diferenciar entre actividades informales y eventos esporádicos que no tienen un propósito comercial. Mellado sugirió esta modificación para asegurar que la medida no afecte injustamente a quienes realizan colectas o actividades comunitarias en situaciones particulares.

El señor Riquelme abordó la preocupación del Diputado Mellado, explicando cómo la legislación propuesta contempla mecanismos para diferenciar entre actividades informales habituales y eventos no comerciales esporádicos. En el inciso segundo, se especifica que las entidades financieras deben informar si el patrón de transacciones excede los límites establecidos más de una vez en un semestre, lo que permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) discernir si una operación es habitual dentro de la informalidad. La periodicidad semestral de los informes busca prevenir que los contribuyentes operen informalmente durante un año entero sin fiscalización. Este sistema busca equilibrar la eficiencia en la administración tributaria con la necesidad de no afectar negativamente a organizaciones gremiales o eventos comunitarios esporádicos, utilizando la identificación del contribuyente (RUT) para filtrar y decidir cuándo ejercer acciones de fiscalización, considerando el contexto y la frecuencia de las transacciones reportadas.

Los Diputados Cid y Mellado retiraron su indicación.

Sometido a votación el numeral 30 del artículo primero, fue aprobado por ocho votos. Votaron a favor los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez y Yeomans. Se abstuvieron los diputados Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock (8-0-3)

25) Sustitúyese el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64. Cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio podrá tasar dicho precio o valor en los casos en que éste difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

Para los efectos de este artículo se entenderá por valores normales de mercado los que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando, entre otras, las características de la industria, sector o segmento, las funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación que se analice y, en general, cualquier otra circunstancia relevante.

El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo con el artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. Con el fin de acreditar lo anterior, el contribuyente podrá utilizar los siguientes métodos de valorización.

a) Método de Flujo de Caja Descontado. Consiste en determinar la capacidad del bien, activo o empresa de generar ingresos futuros, por lo que su valor económico puede ser medido mediante el valor presente de los flujos que se esperan recibir durante la vida del bien, activo o empresa descontados a una tasa asociada al riesgo de ese bien, activo o empresa.

b) Método de Relativos o Múltiplos. Consiste en estimar el valor objetivo de un bien, activo o empresa utilizando ciertos ratios de valor referencial de similares características.

c) Valor Contable Ajustado. Consiste en determinar los valores normales de mercado utilizando como base la información financiera del contribuyente, ajustando activos y pasivos bajo consideraciones de mercado.

d) Otros métodos de valoración. Cuando, atendidas las características y/o circunstancias del acto, convención u operación, no sea posible aplicar alguno de los métodos mencionados precedentemente o exista un método que sea más apropiado, el contribuyente podrá acreditar los valores normales de mercado utilizando cualquier otro método.

Los contribuyentes podrán acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis. La presentación de estos informes no libera al contribuyente de su obligación de mantener a disposición del Servicio todos los antecedentes en virtud de los cuales se han aplicado tales métodos o elaborado dichos estudios.

Los contribuyentes que sean personas naturales o que determinen sus rentas según lo establecido en la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, podrán liberarse de utilizar los métodos señalados debiendo, en todo caso, acreditar con todos los antecedentes con que cuente que el acto, convención u operación analizada se realizó a valores normales de mercado atendiendo a las circunstancias del acto, convención u operación en los términos señalados en el inciso segundo.

Si el contribuyente, en respuesta a la citación efectuada, no logra acreditar que el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado o no concurre o no da respuesta a dicha citación, el Servicio determinará fundadamente tales valores o precios utilizando los medios probatorios aportados por el contribuyente, si hubieren, y cualesquiera otros antecedentes de que disponga, debiendo aplicar para tales efectos los métodos señalados. El Servicio podrá requerir información a autoridades extranjeras respecto de los actos, convenciones u operaciones que sean objeto de fiscalización.

Determinados por el Servicio los valores o precios normales de mercado, se practicará la liquidación de impuestos o se dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos, y la determinación de los intereses y multas que correspondan.

En todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor cuando este difiera notoriamente de los valores de mercado, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el párrafo 1° Título II del Libro Tercero de este Código.

La diferencia entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y el determinado por el Servicio mediante resolución, liquidación o aquél propuesto por el contribuyente en respuesta a la citación, aceptado por el Servicio o el propuesto mediante declaraciones rectificatorias, se afectará en el ejercicio que corresponda, con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

No se afectarán con este impuesto único, las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias presentadas antes de un requerimiento del Servicio sobre la materia, siempre que impliquen un aumento en su base imponible, debiendo tributar con los impuestos generales que correspondan al acto, convención u operación objeto de la rectificatoria.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo respecto de cualquier tipo de reorganizaciones empresariales, tales como, fusiones, divisiones, la conversión del empresario individual o aportes de activos de cualquier clase dentro del territorio nacional, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocios. Tratándose de fusiones, divisiones, la conversión o el aporte parcial o total de activos se deberá mantener el costo tributario de los activos en la sociedad absorbente o naciente de una fusión, en la sociedad que nace con ocasión de la división o en la que recibe el aporte de uno o más activos y no se deberán originar flujos efectivos de dinero para el aportante.

Tampoco se aplicará la facultad de tasación a las reorganizaciones empresariales internacionales que produzcan efectos en bienes, acciones o derechos situados en el país, en la medida que cumplan los siguientes requisitos copulativos: exista una legítima razón de negocios, la reorganización se haya efectuado dentro del mismo grupo empresarial, que no se originen flujos de dinero para el aportante y se mantenga el costo tributario de los activos que se transfieren, asignen o aporten con ocasión de la reorganización, que se haya cumplido con las exigencias legales de la jurisdicción extranjera que corresponda y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile.

Para los efectos del presente artículo se entenderá por legitima razón de negocios, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio; así como obtener ventajas competitivas; financiamiento; la eliminación o mitigación de costos o riesgos; aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado; optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que, en cualquier caso, sea distinta a la meramente tributaria.

Los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación del presente artículo frente a una operación o reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis.”.

Indicación Del Ejecutivo

8) Para modificar su actual numeral 25), que ha pasado a ser 26), que sustituye el artículo 64, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase sus incisos terceros y cuarto por los siguientes:

“El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo al artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. El contribuyente podrá acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis.

El Servicio podrá, por resolución, sugerir la utilización de uno o más métodos de valoración para que los contribuyentes puedan acreditar que sus operaciones se realizan a valores normales de mercado en los términos indicados en el inciso segundo.”.

b) Elimínase el inciso quinto readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

c) Agrégase en el inciso duodécimo, que ha pasado a ser undécimo, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:

“Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable respecto de reorganizaciones empresariales que impliquen el traslado de la propiedad sea directa o indirecta de bienes, acciones o derechos, situados en el país, a entidades domiciliadas o residentes en países o territorios con régimen fiscal preferencial, a los que se refiere el artículo 41 H o que según la legislación extranjera estén liberados de llevar contabilidad según normas de general aplicación.”.

Indicación de los Diputados Cid y Mellado:

Para reemplazar, en el primer inciso, la frase "el Servicio podrá tasar" por "el Servicio, mediante resolución fundada, podrá tasar".

El señor Riquelme detalló las modificaciones al artículo 64, que concierne a la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos. Este artículo permite al SII determinar el valor de las operaciones de un contribuyente cuando se utilizan valores significativamente inferiores al valor corriente en el mercado. La principal modificación reemplaza el término "valor corriente en plaza" por "valor normal de mercado", definido como el valor acordado entre partes independientes en operaciones comparables. Adicionalmente, se eliminó la descripción de métodos de valorización específicos del proyecto original, permitiendo al SII sugerir, mediante resolución, métodos de valorización de forma voluntaria para el contribuyente, protegiendo así las operaciones realizadas de buena fe.

La segunda parte de la modificación se enfoca en las reorganizaciones empresariales, estableciendo que no serán objeto de tasación siempre que tengan una legítima razón de negocio, ya sean nacionales o internacionales. Sin embargo, se excluyen las reorganizaciones internacionales cuyo principal objetivo sea cambiar la propiedad de activos chilenos hacia países considerados paraísos tributarios.

El señor Riquelme expresó que el ejecutivo no se opone al contenido de la indicación del Diputado Mellado, pero planteó preocupaciones sobre la forma en que se implementaría. Señaló que la tasación no siempre se realiza a través de una resolución, ya que puede estar incluida en una liquidación tributaria. Emitir una resolución específica podría generar problemas en cuanto a cómo se reclamaría esta decisión, especialmente si se declara juntamente con la liquidación o por separado. Sugirió que, en vez de establecer que la tasación se realice mediante resolución, sería más apropiado permitir que el servicio pueda tasar fundadamente, evitando posibles incoherencias en la normativa.

La Comisión acordó agregar la palabra “fundadamente” luego de la palabra “tasar”, en la indicación de los Diputados Cid y Mellado.

Sometido a votación el numeral 25 del artículo primero, con las indicaciones acordadas, fue aprobado por ocho votos. Votaron a favor los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Rojas, Sáez y Yeomans. Se abstuvieron los diputados Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock (8-0-3)

28) Modifícase el artículo 68 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en su inciso sexto, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Esta misma obligación existe cuando el cambio de socios, la fusión, división o transformación ocurre en el exterior, siempre que produzca un efecto directo en un contribuyente domiciliado o residente en Chile.”.

b) Sustitúyese su inciso décimo por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación de información establecida en este artículo será sancionado conforme al número 1° del artículo 97. Además, cuando dicho incumplimiento provenga de un contribuyente que forme parte de un Grupo Empresarial o sus ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial del incumplimiento o en el inmediatamente anterior, los plazos de prescripción a que se refieren los artículos 200 y 201 se entenderán aumentados o renovados en 12 meses, según corresponda, para la revisión de todos los efectos tributarios que se desprendan de las modificaciones y acuerdos no informados, respecto de todos los contribuyentes que intervinieren en ellos, a partir de la fecha en que sean informados al Servicio o de la fecha en que este último detecte el incumplimiento. El plazo de prescripción se aumentará en 12 meses a continuación del término de los plazos originales de prescripción y la renovación ocurrirá en la medida que el contribuyente cumpla su obligación de informar o el Servicio detecte el incumplimiento fuera de los plazos originales de prescripción. Con todo el plazo máximo de prescripción, considerando la renovación, no podrá superar los 10 años.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso décimo, los siguientes incisos undécimo, duodécimo y final, nuevos:

“El aumento o ampliación de la prescripción señalado en el inciso anterior procederá exclusivamente cuando el incumplimiento buscare evitar el pago de un impuesto, ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de una norma especial o general antielusiva. Se encuentran en esta situación los contribuyentes que no declaren un impuesto o declaren un impuesto menor cuyo origen sea la modificación no informada, no presenten una declaración jurada que contenga o de cuenta de la modificación o cuando la información omitida sea esencial para la calificación de una operación como elusiva o para aplicación de una norma especial para evitar la elusión. Con todo, el Servicio podrá, de oficio, actualizar la información que el contribuyente deba proporcionar conforme al inciso sexto, cuando obtenga dicha información de fuentes públicas o pueda desprenderse de los antecedentes proporcionados por el contribuyente respecto de otro tipo de actuaciones frente al Servicio la que se incorporará en la carpeta tributaria y se notificará al contribuyente, no siendo aplicable en tal caso la multa del inciso anterior.

Las siguientes entidades se encontrarán obligadas a exigir la acreditación de haber efectuado ante el Servicio el trámite de inicio de actividades descrito en el inciso primero, respecto de las personas o contribuyentes que a continuación se señalan, a menos que estos acrediten que existe una autorización expresa que la libere de esta obligación:

a) Todos los órganos de la administración del Estado, Gobiernos Regionales y Municipalidades respecto de las personas que requieran una autorización para desarrollar una actividad económica o que dicha autorización sea parte de los requisitos a cumplir para ser autorizado a desarrollar una actividad económica.

b) Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, respecto de quienes contraten sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica.

c) Los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, respecto de las entidades que ofrezcan sus productos o servicios a través de dicha plataforma.

La forma de cumplir con la obligación del inciso precedente será regulada por el Servicio mediante resolución.”.

El señor Riquelme se refirió en primer término a las modificaciones del artículo 68, el cual establece la obligación de diversos organismos de exigir el inicio de actividades a personas que realicen actividad económica con ellos. Esta disposición busca unificar criterios y promover la formalización, evitando incoherencias en la aplicación de patentes municipales o permisos. Además, mencionó que se busca ampliar la prescripción hasta 10 años para quienes oculten información al Servicio de Impuestos Internos, como medida de control contra la evasión fiscal. Esta disposición pretende evitar que algunos contribuyentes esperen a que venzan los plazos de prescripción para informar modificaciones, dejando al servicio sin capacidad de acción fiscalizadora.

La Diputada Bulnes consultó cómo se califica la habitualidad para determinar las obligaciones de un contribuyente.

El Subdirector Ramírez explicó que, en términos generales, el reglamento de la ley indica que se deben considerar el volumen, la cantidad y la frecuencia de las transacciones para determinar la aplicación de la normativa. Sin embargo, señaló que estos criterios deben ser especificados en resoluciones o circulares del Servicio de Impuestos Internos para brindar una guía más precisa sobre cómo aplicar la ley en la práctica.

El Diputado Bianchi consideró que la norma está redactada en términos excesivos, por lo que solicitó la votación separada del número 28.

El Diputado Mellado argumentó que están presentes para combatir la evasión de impuestos, especialmente en el sector de ventas a través de plataformas digitales. Afirmó que quienes realizan comercio deben pagar impuestos y cumplir con la iniciación de actividades. Reconoció la existencia de eventos esporádicos como ferias de verano, pero destacó la constancia en las ventas en línea. Propuso una diferenciación entre ventas estacionales y ventas continuas en plataformas digitales, sugiriendo flexibilidad para actividades temporales, pero enfatizando en la necesidad de abordar la evasión en esta ley en su totalidad.

El señor Riquelme destacó varios puntos importantes. Primero, señaló que las excepciones a la obligación de exigir inicio de actividades están condicionadas a una autorización expresa que libere de esa obligación. Segundo, mencionó que el Servicio establecerá mediante resolución los criterios para exigir el inicio de actividades, los cuales se basarán en la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Tercero, explicó que las ferias esporádicas tienen un régimen especial de autorización por parte del servicio, y que existen casos excepcionales donde se permite operar sin iniciar actividades. Además, propuso agregar la palabra "regularmente" después de "servicios" en la letra c, para clarificar que la obligación de inicio de actividades aplica a las entidades que ofrecen productos o servicios de manera regular a través de plataformas digitales de intermediación. Esto, junto con las interpretaciones del servicio, proporcionaría certeza en estos casos.

El Diputado Romero planteó una preocupación con respecto a las organizaciones como los centros de padres o clubes de adultos mayores que realizan ventas de productos menores para recaudar fondos. Explicó que, actualmente, estas entidades podrían estar sujetas a la exigencia de tener iniciación de actividades y pagar impuestos, lo cual podría dificultar su labor y generarles una carga administrativa innecesaria. Propuso que estas organizaciones puedan obtener una autorización o excepción de manera más sencilla, sin necesidad de pasar por un proceso complejo que implique la emisión de resoluciones por parte del Servicio de Impuestos Internos. Su preocupación radica en garantizar que estas entidades puedan llevar a cabo sus actividades de manera efectiva y sin obstáculos administrativos.

El señor Riquelme explicó que las municipalidades solo requerirían la autorización o excepción para actividades económicas específicas. Además, destacó que el Servicio de Impuestos Internos regulará esta situación mediante resoluciones, basándose en la jurisprudencia administrativa y la historia de decisiones previas del servicio. Esto significa que situaciones como las mencionadas anteriormente ya estarán reguladas o podrán ser reguladas a través de estas resoluciones, lo que evitaría complicaciones en la práctica.

El Diputado Mellado preguntó cuánta mayor recaudación generará el combate de la informalidad económica.

El señor Riquelme señaló que se ha estimado que esta mayor recaudación es cercana al 0,3% del PIB.

La Comisión acordó modificar el literal c) de la letra c) de este número 28, para intercalar entre de la expresión “servicios” y “a través de dicha plataforma” la expresión “regularmente”. Asimismo, se acordó agregar habitual en la letra a), de la letra c), luego de la frase “actividad económica”.

Sometido a votación el numeral 28 del artículo primero, con las modificaciones propuestas, fue aprobado por once votos. Votaron a favor los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramirez, Rojas, Romero, Sáez, Von Mühlenbrock y Yeomans. (11-0-0)

29) Modifícase el artículo 69 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el texto que va a continuación del segundo punto seguido y hasta el punto aparte, por la siguiente oración: “Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de seis meses para revisar y girar directamente cualquier diferencia de impuestos. Verificado el pago de los impuestos que resulten, se procederá a certificar el término de giro.”.

b) Intercálase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y terceros nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente:

“Si durante el periodo de revisión de la declaración de termino de giro, el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, debiendo comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.”.

c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:

“Aceptada o teniéndose por aceptada la declaración de término de actividades formulada por el contribuyente, el Servicio quedará inhibido para ejercer ulteriores fiscalizaciones, debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro del plazo de 15 días. No obstante, encontrándose vigentes los plazos de revisión según el artículo 200, el Servicio podrá iniciar un procedimiento de fiscalización y/o citar al contribuyente conforme el artículo 63, cuando con posterioridad a la certificación de término de giro, se tome conocimiento de nuevos antecedentes y ellos dieren lugar a la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. En estos casos la notificación deberá ser efectuada a los socios del contribuyente que realizó el término de giro y en caso de determinarse alguna diferencia de impuestos esta será de responsabilidad de las sociedades continuadoras en caso de existir o de quienes sean los beneficiarios o titulares de las entidades disueltas.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente.

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los contribuyentes sujetos al artículo 14 letra D) de la Ley sobre impuesto a la renta podrán solicitar un término de giro simplificado siempre que además de la declaración y los antecedentes señalados en el inciso primero acompañen una declaración en la respectiva escritura pública donde el propietario, los accionistas, socios o comuneros se hagan responsables solidariamente de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa cuyo término de giro se solicita. En estos casos el Servicio procederá dentro del plazo de un mes a girar los impuestos conforme a la declaración del contribuyente y a certificar el término de giro una vez verificado el pago. No obstante, el Servicio podrá dentro del plazo de 6 meses de efectuada la solicitud de término de giro, ampliable por 3 meses cuando proceda lo dispuesto en el inciso segundo girar y determinar cualquier diferencia de impuestos o proceder a iniciar un proceso de fiscalización debiendo en este caso notificar a él o los socios, accionistas o comuneros, según corresponda.”.

e) Reemplázase en el inciso octavo, que ha pasado a ser inciso décimo, la oración “refiere el inciso quinto” por “refieren los dos incisos anteriores”.

f) Sustitúyese inciso final por el siguiente:

“Cuando un contribuyente presente 6 o más períodos tributarios continuos sin presentar declaraciones mensuales de impuestos el Servicio podrá disponer acciones que permitan establecer si el contribuyente ha cesado o cesará el giro de sus actividades y así resguardar debidamente el interés fiscal. Transcurrido 6 meses desde la materialización de las acciones impulsadas por el Servicio sin que el contribuyente haya manifestado su decisión de continuar con sus operaciones o haya reiniciado su actividad presentando regularmente sus declaraciones mensuales y siempre que no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en el número 5°.- de la letra B.- del inciso segundo del artículo 6° o conforme lo dispuesto en el artículo 123 bis, sin perjuicio de poder reclamar conforme el artículo 124 de la resolución que se dicte en dicho procedimiento. El Servicio agregará en la carpeta tributaria electrónica del contribuyente los antecedentes del caso incluyendo la constancia que el contribuyente no tiene deuda tributaria vigente, en la forma señalada en el número 16 del artículo 8. Misma presunción será aplicable cuando, sin mediar acción del Servicio, hayan transcurrido 36 o más periodos tributarios sin operaciones, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el presente inciso.”.

Indicación del Ejecutivo

Para sustituir la letra b) de su actual numeral 29) que ha pasado a ser 30), readecuándose el orden correlativo de los incisos, en el siguiente sentido:

“b) Intercálase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto y así sucesivamente:

“Si durante el periodo de revisión de la declaración de termino de giro, el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, debiendo comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

El Servicio podrá poner término al procedimiento iniciado por la solicitud del contribuyente cuando no se hubieren aportado los antecedentes señalados en el inciso primero. Para estos efectos se deberá notificar al contribuyente señalando que tiene un plazo de 5 días para aportar los antecedentes faltantes. Si el contribuyente aportare los antecedentes, el plazo indicado en el inciso primero comenzará a correr desde la fecha en que todos los antecedentes fueron debidamente aportados. Cuando el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos se procederá a dejar sin efecto la solicitud de término de giro, mediante una resolución que deberá señalar los antecedentes que no fueron aportados por el contribuyente.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.”.”.

36) Modifícase el artículo 101 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el encabezado de su inciso primero la frase “dos meses” por “cinco meses y el 50% de su remuneración”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal” por la oración “será sancionado con la destitución de su cargo y multa del cien por ciento del beneficio solicitado o aceptado como remuneración o recompensa, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal. En este caso, el plazo señalado en la letra e) del artículo 12 del Estatuto Administrativo será de 10 años.”.

El señor Riquelme explica las modificaciones al artículo 69, que se refieren al término de giro de actividades económicas. Se ha agregado un inciso que permite al Servicio de Impuestos Internos poner término anticipado al procedimiento de término de giro si el contribuyente no presenta los antecedentes requeridos para verificar dicho término, siempre y cuando el servicio haya efectuado un requerimiento y el contribuyente no haya cumplido con él en un plazo de 5 días. Esto garantiza que cualquier finalización del procedimiento esté respaldada por un acto final del servicio. Además, se establece la posibilidad de un término de giro simplificado en solo un mes para las pymes, siempre y cuando en la escritura de término de giro se constituyan los socios como solidariamente responsables. Esto agiliza el proceso para las pymes, pero asegura que exista un obligado al pago en caso de impuestos pendientes.

Respecto a la propuesta relacionada con las sanciones a los fiscalizadores, señaló que se busca incrementar las sanciones para ciertos incumplimientos por parte de los funcionarios. Mencionó que actualmente tienen una sanción de suspensión de hasta 2 meses, la cual se incrementaría a 5 meses, junto con una multa del 50% de su remuneración. Estas sanciones se aplicarían en casos donde los funcionarios permitan o faciliten el incumplimiento de las leyes tributarias, ofrezcan su intervención para reducir la carga tributaria de un contribuyente, o infrinjan la obligación de guardar secreto de las declaraciones. Además, indicó que se incluye la destitución del cargo y una multa del 100% del beneficio solicitado o aceptado como remuneración o recompensa.

Sometido a votación los numerales 29) con su indicación respectiva y el numeral 36), todos del artículo primero, fueron aprobados por once votos. Votaron a favor los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramirez, Rojas, Romero, Sáez, Von Mühlenbrock y Yeomans. (11-0-0)

31) Modifícase el artículo 97 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 4:

i) Modifícase su párrafo primero en el siguiente sentido:

- Reemplázase la palabra “cincuenta” por la palabra “cien”.

- Reemplázase la expresión “tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo” por “tributo evadido y con presidio menor en su grado máximo”.

ii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la expresión “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra” por la frase “mediante cualquier”.

iii) Sustitúyese el párrafo quinto, por el siguiente:

“El que confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.”.

iv) Agrégase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo:

“El que incurra en alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior para cometer o posibilitar la comisión de los delitos de este número, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de hasta 100 unidades tributarias anuales.”.

b) Agrégase, en el párrafo primero del numeral 6º, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Sin embargo, respecto de contribuyentes cuyos ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial inmediatamente anterior, que no exhiban o aporten antecedentes específicamente requeridos en un procedimiento de fiscalización iniciado conforme el artículo 59, les será aplicable la multa establecida en el párrafo siguiente con las mismas limitaciones.”.

c) Modifícase el primer párrafo de su numeral 9º en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “efectivamente”.

ii) Intercálase, entre la palabra “clandestino” y la frase “del comercio”, la frase “en cualquier de sus formas”.

d) Modifícase su numeral 10º en el siguiente sentido:

i) Intercálase, en el párrafo primero, entre la voz “otorgamiento” y la conjunción “de”, la oración “o el no envío de la información electrónica al Servicio,”.

ii) Sustitúyese el párrafo segundo por el siguiente:

“En el caso de las infracciones señaladas en el párrafo primero, éstas deberán ser, además, sancionadas con clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento, sucursal, medio de transporte, maquinaria o similar en que se hubiere cometido la infracción, o de la plataforma virtual o digital a través de la cual el contribuyente realiza el ejercicio de la actividad comercial. Asimismo, no se autorizarán ni se permitirá la emisión al contribuyente de documentos tributarios. En caso de reiteración de infracciones, de acuerdo al párrafo tercero, el Director podrá solicitar la suspensión del dominio web o suspender el acceso al proveedor de pago o similar por el periodo que dure la clausura.”.

iii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la frase “el inciso primero” por la expresión “este número”.

e) Intercálase, en el numeral 12º, entre la expresión “corresponda,” y la conjunción “con” la oración “el uso de medios de transporte, maquinarias o similares, el uso de la plataforma virtual o digital mediante la cual realiza su actividad, o la emisión de documentos tributarios en papel o electrónicos,”.

f) Sustitúyese su numeral 22 por el siguiente:

“22.- El que autorizare folios de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios electrónicos a sabiendas que serán utilizados para defraudar al Fisco, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”

g) Agrégase, a continuación del numeral 26, el siguiente numeral 27, nuevo:

“27.- El que habiendo tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o liquidación del impuesto o el cobro judicial de obligaciones tributarias, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributaria o frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

Indicación del Ejecutivo

10) Para agregar, en su actual numeral 31) que ha pasado a ser 32), el siguiente literal f), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los literales siguientes:

“f) Modifícase su numeral 17° de la siguiente forma:

i) Agrégase, en el párrafo primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En caso de que los bienes movilizados o trasladados no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, sean falsos o se trate de bienes cuya comercialización se encuentra prohibida, la multa será del 20% al 300% de una unidad tributaria anual.”.

ii) Agrégase en el párrafo segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En caso de que la infracción se cometa a propósito de la movilización o traslado de los bienes indicados en la oración final del párrafo anterior, se procederá a la incautación de los bienes.”.

iii) Intercálase, en el párrafo tercero, entre las expresiones “más inmediato” y “sin más trámite”, la expresión “, y en el menor plazo posible,”.”.

33) Agrégase, a continuación del artículo 100 bis, el siguiente artículo 100 ter, nuevo:

“Artículo 100 ter.- Constituye una circunstancia calificada para que el Director decida perseguir únicamente la aplicación de una sanción pecuniaria según señala el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario, la cooperación eficaz que un contribuyente realice dentro del procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el N° 10 del artículo 161 y siempre que conduzca al esclarecimiento de delitos tributarios y permita la identificación de los demás responsables. Se entenderá por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones sustanciales, precisos, verídicos y comprobables, desconocidos por el Servicio, sin los cuales, no se hubiese podido alcanzar los fines señalados.

El Servicio, mediante resolución, establecerá los parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

En el evento que la mencionada cooperación eficaz se verifique durante la investigación a cargo del Ministerio Público una vez presentada la denuncia o querella en los términos del inciso primero del artículo 162, se podrá reducir la pena hasta en dos grados, siempre que la colaboración también se efectúe con el Ministerio Público. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando la colaboración se refiera a delitos cometidos únicamente por el contribuyente.”.

34) Agregáse, a continuación del artículo 100 ter, nuevo, el siguiente artículo 100 quáter, nuevo:

“Artículo 100 quáter.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos las personas naturales que, de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación del presunto infractor o imputado de dichos delitos. No tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o ejerzan un cargo de administración o dirección respecto de la entidad denunciada cuando corresponda. Del mismo modo, no podrán acogerse al procedimiento señalado en este artículo las personas naturales querelladas, con una investigación formalizada en su contra, acusadas o que se encuentren cumpliendo condena, por delitos tributarios. Lo mismo regirá cuando respecto de cualquiera de los sujetos mencionados, se haya ejercido la facultad de perseguir la multa de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 100 bis o en el artículo 161, ni quienes hayan recibido la información de las personas inhabilitadas en los términos de este inciso.

La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita el Servicio en la que se indique el cumplimiento de los requisitos del inciso anterior, la cual deberá ser notificada al denunciante mediante correo electrónico. La resolución del Servicio a que se refiere este inciso, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Las Policías, a requerimiento del Servicio, deberán adoptar todas las medidas de protección para el denunciante que sean pertinentes según las necesidades de cada caso.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.

La resolución señalada en el inciso segundo anterior y la identidad del denunciante anónimo, así como aquellos antecedentes que pudiesen servir para su identificación, tendrán el carácter de reservados conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, y no podrán ser divulgados en forma alguna, pudiendo ser utilizados únicamente para cumplir con los objetivos de investigación que le son propios, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior, tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar únicamente sobre dichos antecedentes, en los términos previstos en el artículo 303 del Código Procesal Penal y artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñe funciones en el Servicio u otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

De igual forma, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a hechos constitutivos de delitos tributarios y aduaneros tendrá el carácter de secreta, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso segundo de este artículo, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso tercero.

El denunciante anónimo que colabore con el Servicio, de conformidad a este artículo no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración, salvo que proceda la excepción establecida en el inciso tercero.”.

35) Agrégase, a continuación del artículo 100 quáter, nuevo, el siguiente artículo 100 quinquies, nuevo:

“Artículo 100 quinquies- En aquellos casos que, producto de la información proporcionada, se impusiere judicialmente al imputado o infractor la obligación de pagar un monto de dinero por concepto de multa no inferior al mínimo que establece el delito, ya sea en el proceso penal o en un procedimiento bajo el artículo 161, con ocasión de haberse ejercido la opción del inciso tercero del artículo 162, el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

Cuando distintos denunciantes anónimos hubieren colaborado en las mismas conductas sancionadas, el premio señalado en el inciso anterior se distribuirá en la forma que determine el Servicio mediante resolución.

Una vez enterada la multa por el infractor en la Tesorería General de la República, corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto correspondiente, según indique el Servicio mediante resolución fundada. La Tesorería General de la República deberá comunicar el pago tan pronto ello haya ocurrido, debiendo tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo anterior.

El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente artículo no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario.”.

Indicaciones al numeral 34)

1. Del Ejecutivo

Para intercalar en su numeral 34) que incorpora el artículo 100 quáter, en su inciso primero entre la frase “cuando corresponda” y el punto seguido la frase “o los abogados que hubiesen prestado asesoría, durante los tres años anteriores a efectuar la denuncia”.

2. Del Diputado Mellado

Para reemplazar el inciso tercero del nuevo artículo 100 quáter por el siguiente:

“Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, prohibición de contratar con el Estado por el plazo de 5 años, prohibición de trabajar para el Estado por el plazo de 5 años y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.”

Indicación del Ejecutivo

Para eliminar su actual numeral 35) readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes.

El señor Riquelme explicó la propuesta relacionada con la regulación de las penas asociadas a los delitos tributarios. Señaló que se busca incrementar las sanciones en los delitos más graves, como aquellos relacionados con declaraciones maliciosamente falsas o la omisión de libros de contabilidad. Se subiría la multa de 50 a 100 y se aumentaría la pena de presidio menor en su grado medio máximo a presidio menor en su grado máximo. También mencionó la modificación del tipo penal sobre la confección, venta o facilitación de documentos tributarios falsos, incluyendo la incautación de bienes detectados que no cumplan con la formalidad legal o sean ilícitos. Destacó que actualmente el Servicio de Impuestos Internos no tiene la facultad de incautar estos bienes cuando detecta estas situaciones.

El numeral 33 se refiere a la colaboración sustancial en casos de delitos tributarios. Si un contribuyente comete un delito tributario en conjunto con otros y uno de ellos se autodenuncia ante el Servicio de Impuestos Internos, el servicio puede optar por no ejercer la acción penal contra ese contribuyente, siempre y cuando haya una colaboración sustancial en la detección de toda la cadena de comercio ilícito. Esta medida es importante para desbaratar cadenas de comercio informal.

Mencionó que, en el numeral del denunciante anónimo, se regulaba la posibilidad de que los contribuyentes pudieran denunciar de forma anónima la comisión de delitos tributarios. Sin embargo, en busca de un acuerdo más transversal, el ejecutivo decidió retirar la recompensa económica adicionalmente. Además, dentro de las indicaciones incluidas hoy, se propone que los abogados que hayan prestado sus servicios en los últimos 3 años no sean denunciantes anónimos. Por su función de asesores legales, podrían haber tenido acceso a información confidencial y no deben usarla más allá del secreto profesional al que están sometidos.

El Diputado Mellado comentó que, aunque no haya estímulo económico para el denunciante anónimo, es importante que haya consecuencias para este tipo de denuncias. Propuso que, si se trata de una empresa, debería existir una prohibición de contratar con el estado por un plazo de 5 años, y si se trata de una persona, podría haber una prohibición de trabajar para el estado durante el mismo período. De esta manera, la persona que considere hacer una denuncia anónima tendría que pensarlo muy bien, ya que podría enfrentar estas consecuencias.

El Diputado Barrera expresó su opinión sobre las modificaciones realizadas al artículo relacionado con el denunciante anónimo, particularmente la eliminación del beneficio para el denunciante. Consideró que esto desvirtúa el propósito del denunciante anónimo, ya que se le estaría diciendo a una persona que puede denunciar, pero solo enfrentaría castigo si su denuncia no prospera o si no hay suficientes pruebas. Afirmó que, sin incentivos para el denunciante, este sistema se convierte solo en un castigo. Solicitó al ejecutivo aclarar esta situación.

El Diputado Bianchi señaló que entendía la solicitud de la oposición de eliminar el incentivo económico para el denunciante anónimo. Expresó su preocupación de que, sin un incentivo real, las denuncias anónimas podrían no llegar a presentarse, lo que dejaría la norma sin aplicación práctica. Destacó que el problema radica en que, además de la credibilidad de la denuncia, también se debe demostrar su resultado, lo que implica un perjuicio para el denunciante si no se llega a ninguna conclusión. Manifestó que es necesario aclarar esta situación y que, de lo contrario, la indicación no contaría con los votos necesarios para su aprobación.

El Diputado Sáez argumentó que, según la evidencia revisada hasta el momento y lo expresado por los expositores en la comisión, no hay pruebas concretas de que se vaya a desarrollar una industria de denuncias falsas. Considera que eliminar la compensación económica eliminaría el incentivo para que los ciudadanos denuncien situaciones irregulares, lo que podría fomentar una cultura de encubrimiento. En su opinión, la redacción original de la norma es la que mejor se ajusta a los estándares internacionales a los que el país aspira estar alineado.

El señor Riquelme explicó que, si se incrementan las sanciones a un nivel tal que superan las por cometer delitos tributarios, nadie se atrevería a presentar una denuncia por lo gravosa que sería la sanción. Aclaró que una denuncia infundada no conlleva una sanción, ya que podría no generar una fiscalización o, si se determina que no hay hechos constitutivos de delito, tampoco habría sanción. Además, señaló que la sanción penal se aplica solo en casos en los que la denuncia se presenta con la intención positiva de causar daño a otro contribuyente, no en casos de denuncias basadas en errores o creencias infundadas.

El Diputado Mellado expresó que las denuncias anónimas falsas deben ser tratadas con el máximo rigor de la ley. Afirmó que aquellos que emitan denuncias falsas deberían enfrentar la prohibición de contratar con el Estado, ya que esto podría afectar significativamente la reputación y la relación con la ciudadanía y los clientes de las empresas. Destacó que, en el caso de las pequeñas empresas, una mala reputación podría llevar al cierre del negocio. Advirtió sobre el riesgo de que las grandes empresas o competidores intenten perjudicar a otros pagando por denuncias falsas. En este sentido, enfatizó la importancia de eliminar cualquier incentivo económico para denunciar, ya que de lo contrario se podría generar una "industria de la denuncia".

El Diputado Naranjo expresó su opinión de que la propuesta del ejecutivo carece de un equilibrio adecuado entre el incentivo y la sanción. Considera que se necesita encontrar un punto intermedio donde exista un incentivo para denunciar, pero también se reconozca que la sanción por denuncias falsas debe ser drástica. En su opinión, este equilibrio resolvería el problema de manera más efectiva.

El Ministro Marcel comentó que la norma se aplica principalmente a personas naturales y no a personas jurídicas, dejando claro que el tema de restringir la contratación con el Estado no se aplica de la misma manera a empresas. Además, enfatizó que para que una denuncia sea considerada, debe tener la seriedad suficiente como para justificar una investigación por parte del servicio. Las denuncias espurias que no sean acogidas por el servicio no generan ninguna implicación para la persona denunciante ni para el contribuyente potencialmente acusado.

Mencionó que, en casos similares de legislación antimonopolio, tanto con o sin recompensa, se han detectado casos importantes a través de denuncias, lo que sugiere que la recompensa económica no es el único factor que influye en la realización de denuncias. Sin embargo, señaló que es importante tener sanciones adecuadas para las denuncias falsas, de modo que las personas no se sientan desincentivadas a denunciar irregularidades genuinas por temor a las repercusiones.

Concluyó que el equilibrio entre anonimato, ausencia de recompensa y sanciones para denuncias falsas parece ser una medida sensata y coherente.

Sometido a votación el numeral 31, con su indicación respectiva y el 33, del artículo primero, fueron aprobados por la unanimidad de los once Diputados presentes. Votaron a favor los Diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Mellado, Naranjo, Ramirez, Rojas, Romero, Sáez, Von Mühlenbrock y Yeomans. (11-0-0).

Sometido a votación la indicación de los Diputados Cid y Mellado al numeral 34), fue rechazada por no alcanzar el quorum de aprobación. Votó a favor el Diputado Mellado. Votaron en contra los Diputados Bulnes, Barrera, Bianchi, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez y Yeomans. Se abstuvo el Diputado Von Mühlenbrock.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo para eliminar el numeral 35 fue rechazada por siete votos en contra y cuatro a favor. Votaron a favor los diputados Mellado, Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock. Votaron en contra los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez, y Yeomans. (4-7-0).

Sometido a votación el número 34), con la indicación del Ejecutivo y el número 35), todos del artículo primero, fueron aprobados por once votos. Votaron a favor los diputados señores Bulnes, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez y Yeomans. Contra: Mellado, Ramírez, Romero y Von Mühlenbrock

La Subsecretaria Berner presentó una serie de indicaciones relacionadas con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). En su exposición, destacó la necesidad de fortalecer la toma de decisiones en todos los niveles de la institución. Entre las propuestas presentadas, se incluyó la incorporación al sistema de Alta Dirección Pública (ADP) de los subdirectores de departamento a nivel nacional. Esta medida busca fortalecer la estructura del SII y garantizar una gestión más eficiente y transparente.

Además, se planteó la creación de subdirecciones dentro del SII, tales como Fiscalización, Normativa y Jurídica, Contraloría Interna y Tecnologías de Información. Estas subdirecciones tienen como objetivo descentralizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la gestión de la institución. Asimismo, se estableció la creación de comités nacionales y regionales para decidir sobre casos relevantes o de interés institucional. Estos comités estarán integrados por directores y jefaturas correspondientes.

Otra medida importante propuesta por la Subsecretaria Berner es la supervisión de la correcta declaración de intereses y patrimonio por parte de la Contraloría Interna del SII. Esta entidad tendrá acceso a información del sistema tributario de los funcionarios para garantizar la probidad interna en la institución. En resumen, estas indicaciones buscan mejorar la estructura y eficacia del SII, fortaleciendo la toma de decisiones y garantizando la integridad y transparencia en su funcionamiento.

El Diputado Mellado expresó su apoyo por los avances realizados por el gobierno en materia de gobernanza, considerando que es beneficioso para el país. Sin embargo, señaló la necesidad de dar un paso más y buscar una gobernanza distinta para Impuestos Internos, similar al estilo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), una propuesta que espera pueda discutirse en el Senado.

Planteó varias preguntas sobre los cambios propuestos, como el momento en que se producirán y si todos los cargos de Alta Dirección Pública (ADP) volverán a ser postulados una vez que la ley esté vigente. Además, cuestionó la forma de nombramiento del Director de Impuestos Internos, sugiriendo que debería ser designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, lo que fortalecería la independencia de la institución frente a los cambios políticos.

El Diputado Romero expresó su preocupación respecto a la legislación propuesta, la cual otorga amplias atribuciones al Servicio de Impuestos Internos. Señaló que le llama la atención que un funcionario designado por el presidente, independientemente del sistema de nombramiento, tenga tanto poder. Manifestó críticas hacia el sistema de Alta Dirección Pública, mencionando que en la práctica siempre se designa al candidato propuesto por el gobierno de turno.

Resaltó que las decisiones y dictámenes del director del Servicio de Impuestos Internos tienen un impacto significativo en la población, y que este nivel de autoridad concentrada en una sola persona no le parece razonable. Expresó su inquietud sobre la dependencia de los Subdirectores respecto al Director y sugirió que la solución podría ser un nombramiento del Director con acuerdo del Senado, garantizando así una mayor estabilidad y preocupación por la recaudación fiscal más allá de los cambios de gobierno.

Finalmente, destacó la importancia de discutir detenidamente esta propuesta en el Senado, ya que considera que es un tema relevante que merece un análisis más profundo antes de ser aprobado. De esta manera, mostró su disposición a no dar la unanimidad para reabrir el debate en esta materia.

El Diputado Sauerbaum expresó su preocupación sobre la composición y selección de las nuevas personas que integrarán el Servicio de Impuestos Internos, así como sobre la forma en que se llevará a cabo la fiscalización bajo esta nueva estructura. Solicitó a la Subsecretaria que brindara detalles sobre quiénes integrarán estos nuevos organismos y cómo serán elegidos, destacando que, aunque se ha mencionado la dependencia del gobierno, en la práctica esto no garantiza la neutralidad deseada.

Además, mencionó la creación de comités regionales para casos relevantes o de interés institucional, solicitando ejemplos para comprender mejor qué se consideraría como tales y cuál sería la diferencia con otros casos normales. Expresó su reconocimiento a la disposición del gobierno para mejorar la gobernanza, pero también su esperanza de que estas cuestiones se discutan y mejoren en el Senado si no se abordan adecuadamente en la actual sesión.

El Diputado Ramírez expresó su apoyo a la parte relacionada con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y anunció que votarán a favor de esta medida, reconociendo el esfuerzo del gobierno en agregar esta disposición al proyecto original. Destacó que, si bien en el gobierno podrían haber sido más audaces, están dispuestos a respaldar este avance y confían en que en el Senado se profundice aún más en este tema.

Mencionó que han conversado sobre este tema con varios parlamentarios de izquierda y no conocen a nadie que se oponga a fortalecer la gobernanza del servicio de impuestos, lo cual considera un paso importante. Agradeció la disposición del gobierno para abordar este asunto y señaló que la gobernanza del servicio no depende de una persona en particular, sino que es un asunto institucional.

Finalmente, manifestó su esperanza de que en el Senado se pueda ampliar el debate y se puedan implementar aún más medidas para fortalecer la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos.

El Diputado Sepúlveda expresó una reflexión y una consulta sobre el proceso legislativo, destacando el avance del ejecutivo en abordar las preocupaciones planteadas, pero también señalando un apresuramiento para resolver el tema, tanto en la comisión como en el Senado.

Consideró que podrían haber tenido más tiempo para discutir el tema sin la presión de tener que votarlo tan pronto. Sugirió que podrían haber sesionado más adelante para permitir un análisis más detallado y un mejor acuerdo.

Expresó preocupación por la confianza y el trabajo desarrollado por todos los sectores involucrados, indicando que cerrar un acuerdo de manera apresurada podría dañar este proceso. Consideró que es un error estratégico votar el proyecto tan rápidamente en la sala, cuando podrían haber tomado más tiempo para llegar a un acuerdo más sólido.

El Diputado Sauerbaum solicitó que se dé espacio para discutir las indicaciones presentadas y para avanzar en cada uno de los temas propuestos. Destacó la importancia de abrir el debate sobre gobernanza y expresó la posibilidad de llegar a un acuerdo en esa materia mediante consultas al ejecutivo.

Además, consultó las decisiones colegiadas planteadas, en particular sobre cómo afectaría el proceso y la cantidad de casos que podrían abordar estos comités, mencionando la relevancia de casos como el "mega fraude".

El Diputado Mellado destacó la importancia de alcanzar un acuerdo sobre el tema de la gobernanza, señalando que se encuentran en un momento propicio para lograrlo. Reconoció los avances realizados hasta ahora, por parte del gobierno y de los parlamentarios, y sugirió instalar una mesa técnica entre diputados y senadores para avanzar en este tema durante la semana.

Expresó su deseo de que se pueda posponer la votación del proyecto para permitir más tiempo de discusión y búsqueda de acuerdos, evitando así tener que recurrir a un tercer trámite. Enfatizó en la importancia de optimizar el tiempo y evitar prolongar innecesariamente el proceso legislativo.

El Diputado Romero expresó su preocupación por la falta de tiempo para discutir adecuadamente las indicaciones presentadas, señalando que estas llegaron tarde y sin información previa para su análisis. Manifestó su escepticismo respecto a la efectividad de las medidas propuestas para mejorar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, argumentando que simplemente añadir el requisito de ser designado por la alta dirección pública a funcionarios de segunda línea no cambia sustancialmente la situación.

El Diputado Naranjo expresó su preocupación por la dificultad de entender la situación actual y destacó la importancia de conocer la opinión del Ejecutivo. Sugirió que, si existe la voluntad de todos los parlamentarios de abordar el tema, sería adecuado posponer la votación para la próxima semana, permitiendo así un trabajo más tranquilo y detallado durante la tarde de ese día y el día siguiente.

Destacó la necesidad de la buena voluntad por parte del ejecutivo para retirar la urgencia o discusión inmediata, lo que permitiría abordar el tema de manera más pausada y efectiva. Aclaró que no están impedidos por la discusión inmediata y que podrían continuar con el debate sin la presión de los tiempos.

El Diputado Bianchi resaltó la importancia de avanzar en la discusión sobre la gobernanza del servicio de impuestos internos. Explicó que las propuestas presentadas por el ejecutivo recogen los acuerdos y discusiones de la mesa técnica en la que participaron todos los actores involucrados, lo que refleja una buena intención de lograr un acuerdo final.

También cuestionó la efectividad de que el Senado tenga la decisión final en el nombramiento del director del servicio de impuestos internos, ya que durante su experiencia como senador observó que las nominaciones terminaban siendo políticas en lugar de técnicas y profesionales. En su opinión, esto podría contaminar políticamente un servicio técnico y altamente profesional como el de impuestos internos.

La Diputada Yeomans (Presidenta) solicitó a la Comisión el acuerdo para reabrir el debate respecto al artículo noveno del proyecto. Se dio dicha unanimidad. El Diputado Romero dio su anuencia, siempre y cuando se otorgue el tiempo suficiente para analizar y discutir esta materia.

El Ministro Marcel expresó su preocupación por el hecho de que cada intervención en la discusión del proyecto parece agregar más días de discusión, a pesar de que solo quedan dos temas pendientes: la gobernanza y la norma antielusión. Remarcó que el ejecutivo no solicitó la discusión inmediata del proyecto por capricho, sino porque se han dedicado largos períodos de tiempo a discutir estos temas.

Recordó que al formar la mesa técnica se acordó buscar el máximo posible de acuerdos para presentar indicaciones, pero también se asumió que habría temas en los que no se lograría consenso y se tendría que votar. Por lo tanto, prolongar demasiado la discusión del proyecto podría complicar más de lo que resuelve.

Sugirió que la comisión aproveche tanto la sesión actual como la convocada para la tarde para discutir los dos temas pendientes. Expresó la disposición del ejecutivo para hacer ajustes en tiempo real durante la discusión y destacó que siempre habrá aspectos que se puedan perfeccionar en el senado. Concluyó instando a no delegar más días de discusión al proyecto y a trabajar para zanjar las diferencias en la actual sesión y la de la tarde.

Se continuó con las modificaciones relativas a la Norma General Antielusión.

El señor Riquelme proporcionó una explicación detallada sobre las modificaciones propuestas en relación con las normas generales del proyecto. Dividió su explicación en dos niveles: normas sustantivas y normas de procedimiento.

En cuanto a las normas sustantivas, señaló que las indicaciones presentadas por el ejecutivo implican incorporar un nuevo inciso en el artículo 4 bis, el cual establece la carga de la prueba tanto para el Servicio de Impuestos Internos como para el contribuyente en casos de abuso y simulación. Además, mencionó que se realizaron ajustes en el artículo 4 ter para eliminar conceptos impropios y evitar confusiones, manteniendo la definición de abuso como casos en los que no existen efectos económicos relevantes distintos del ahorro tributario.

En cuanto a las normas de procedimiento, destacó que se realizan ajustes para garantizar que el contribuyente siempre conozca el resultado del informe emitido por el consejo asesor consultivo, incluso si el comité anti-elusión del Servicio de Impuestos Internos decide no aplicar la norma general. También mencionó que se permite al contribuyente aportar su opinión durante el procedimiento judicial y que se establece la posibilidad de que el consejo solicite aclaraciones tanto al Servicio de Impuestos Internos como al contribuyente.

Además, explicó cambios en los nombramientos de los componentes del consejo asesor consultivo, otorgándole mayor autonomía al consejo. Finalmente, mencionó ajustes en el artículo 100 bis relacionados con las sanciones a los asesores, eliminando la mención al ejecutor de las operaciones para evitar confusiones sobre quién planificó la estructura cuestionada por el servicio.

El Ministro Marcel explicó que las modificaciones propuestas introducen una figura nueva, el Consejo Asesor Consultivo, que busca proporcionar un mecanismo más independiente para la aplicación de la norma anti-elusión. Esta figura se asemeja al funcionamiento de instancias similares en países como el Reino Unido o Australia. En lugar de aplicar la norma exclusivamente en sede administrativa, se busca incorporar la intervención del Consejo Asesor para resolver sobre la aplicación de la norma anti-elusión en operaciones específicas.

Destacó la importancia de esta medida al mencionar un caso reciente en el que se aplicó la norma anti-elusión a una operación financiera. Este caso ilustra las conductas elusivas que la normativa busca sancionar, y que se esté resolviendo en sede judicial refuerza la necesidad de un procedimiento más ágil y acorde a la lógica de la fiscalización tributaria.

Sin embargo, señaló que la redacción de algunas partes de la norma dependerá de lo que se discuta en relación con la gobernanza, ya que actualmente existe un comité interno del servicio que resuelve sobre la aplicación de la norma anti-elusión. Si se estableciera un consejo o comité similar para casos de interés institucional, esta instancia sería la encargada de resolver sobre esa materia dentro del servicio.

El Diputado Sauerbaum expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que un mismo hecho elusivo sea revisado varias veces en un juicio, lo cual no queda claro en la redacción del texto. Señaló que la norma indica que varios hechos constitutivos de elusión pueden agruparse, lo que sugiere que un hecho elusivo ya zanjado podría ser retomado más adelante como parte de un paquete más amplio de denuncias, incluso si ya ha prescrito legalmente. Esta situación genera confusión y el diputado solicitó más detalles sobre este aspecto, ya que no queda claro cómo se aborda este tipo de situaciones en el fondo.

El Diputado Ramírez expresó su preocupación acerca del diseño institucional en el proyecto de cumplimiento tributario. Destacó la importancia de generar una institucionalidad que garantice la racionalidad y evite la arbitrariedad en las decisiones del Servicio de Impuestos Internos. Manifestó su disposición a rechazar la parte del proyecto relacionada con la gobernanza y el diseño de la norma general antielusión, no por oponerse a la innovación en esta materia, sino porque considera que se puede diseñar de manera más efectiva. Explicó que su voto en contra no se debe a diferencias en los objetivos del proyecto, sino a la falta de confianza en la institucionalidad que se está diseñando, preocupado por cómo podría ser utilizada en el futuro por gobiernos venideros. Finalmente, expresó su esperanza de que estas preocupaciones sean abordadas y mejoradas, aunque lamentó que no se haya logrado un acuerdo al respecto en la cámara y espera que el Senado pueda realizar modificaciones que consideren estas preocupaciones y lograr un resultado más razonable.

El señor Riquelme explicó que el inciso séptimo del artículo 4 bis aborda la situación en la que se ha aplicado una norma especial para evitar la elusión en un hecho, acto o negocio. En este caso, ese hecho no puede ser sujeto de un nuevo procedimiento de aplicación de las normas generales antielusión. Esto significa que, si se ha aplicado una norma especial a un conjunto de actos, no pueden ser incluidos en un nuevo procedimiento bajo la norma general, y viceversa.

En resumen, este inciso establece que una vez que el Servicio de Impuestos Internos ha tomado una vía para abordar un conjunto de actos, ya sea mediante una norma especial o general, no puede revertir esa decisión y volver a examinar esos actos bajo una norma diferente. Esto garantiza que el proceso fiscal tenga un cierre definitivo y no pueda ser reabierto arbitrariamente en el futuro.

El Diputado Romero cuestionó la referencia a "hechos" en el contexto de la legislación tributaria, ya que entiende que los hechos son situaciones que ocurren y no necesariamente están relacionados con la planificación tributaria. Mencionó que los hechos pueden ser eventos naturales como un terremoto o un incendio, mientras que los actos y negocios jurídicos implican la intervención humana y están sujetos a planificación. Además, preguntó sobre el inciso quinto, que se refiere a la aplicación de una nueva norma especial antielusión. Solicitó una explicación sobre este punto para comprender mejor cómo se relaciona con el contexto general del artículo.

Respecto al inciso quinto del artículo, el señor Riquelme explicó que se refiere a una situación particular en la que se elude una norma especial mediante una planificación tributaria. En este caso, se puede aplicar la norma general antielusión, pero las consecuencias jurídicas deben ser las de la norma especial eludida. Esto garantiza que la elusión tenga una sanción adecuada y que se cumplan las disposiciones tributarias específicas.

En cuanto al uso de la palabra "hechos", explicó que el proyecto de ley unifica la redacción para incluir esta palabra en todos los artículos relacionados. Esto se hace para asegurar la coherencia y claridad en la interpretación de la norma.

Tras el debate, se sometieron a votación las siguientes disposiciones, relativas a la norma general antielusión:

2) Modifícase el artículo 4° bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “negocios” y “realizados”, la palabra “jurídicos”.

b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i) Intercálase entre las palabras “dichos” y “actos”, la expresión “hechos,”.

ii) Remplázase la frase “de los hechos imponibles” por la frase “de las obligaciones tributarias”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto, la frase “las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4° ter y 4° quáter”, por la frase “se aplicará dicha norma y no los artículos 4° ter y 4° quáter, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“Serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando, mediante el abuso o la simulación, se eluda la aplicación de una norma especial. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de la norma especial eludida.”.

e) Agréganse, a continuación del inciso quinto, los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“También serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos, aun cuando, respecto de uno o más de ellos, individualmente considerados, pueda aplicarse una norma especial para evitar la elusión. En estos casos las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de los artículos 4° ter y 4° quáter según corresponda.

Cuando respecto de un hecho, acto o negocio jurídico se hubiese aplicado una norma especial para evitar la elusión, dicho hecho, acto o negocio no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento por aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Los hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se hubiese aplicado la norma general antielusión no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva, salvo para lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo.

Los plazos de prescripción previstos en los artículos 4° quinquies y 59, tratándose de un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se declare la existencia de elusión, comenzarán a correr una vez realizado el último de dichos hechos, actos o negocios jurídicos.”.

3) Modifícase el artículo 4° ter en el siguiente sentido:

a) En su inciso primero:

i) Reemplázase la frase “Los hechos imponibles contenidos” por “Las obligaciones tributarias contenidas”.

ii) Reemplázase la palabra “eludidos” por “eludidas”.

iii) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos que,” por la frase “Hay abuso en materia tributaria cuando de forma impropia se evite la realización del hecho gravado, se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También hay abuso de las formas jurídicas cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se acceda de forma impropia a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase, en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto que le sigue, la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.

4) Modifícase el artículo 4° quáter en el siguiente sentido

a) Reemplázase, la expresión “actos o negocios simulados” por la frase “hechos, actos o negocios jurídicos simulados, además de la multa establecida en los términos del artículo 100 bis.”.

b) Reemplázase la frase “actos y negocios jurídicos de que se trate” por “hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos”.

c) Intercálase, entre la expresión “nacimiento” y el punto que le sigue, la expresión “o se simulen hechos, actos o negocios jurídicos para acceder de forma impropia a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial”.

Indicaciones al numeral 2)

Del Ejecutivo

1) Para modificar su numeral 2) en el siguiente sentido:

a) Elimínase el numeral ii) de su literal b).

b) Agrégase, a continuación de su literal e), el siguiente literal f), nuevo:

“f) Agrégase, a continuación de su inciso octavo, el siguiente inciso noveno, nuevo:

“Corresponderá al Servicio probar los elementos constitutivos de abuso o simulación. Sin embargo, le corresponderá al contribuyente probar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios o que sus operaciones se encuentran dentro de la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria.”.”.

Indicaciones al numeral 3)

1.Del Ejecutivo

2) Para sustituir su numeral 3) por el siguiente:

“3) Modifícase el artículo 4° ter en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos” por la frase “Hay abuso en materia tributaria cuando se evita la realización del hecho gravado, se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, y cuando se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También será aplicable el presente artículo cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se accede, con abuso, a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase, en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto que le sigue, la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.”.

Indicaciones al numeral 4)

Del Ejecutivo.

3) Para eliminar en el literal c) de su numeral 4) la frase “de forma impropia”.

5) Sustitúyese el artículo 4º quinquies por el siguiente:

“Artículo 4° quinquies.- La existencia de abuso o simulación será declarada administrativamente por el Servicio, mediante resolución fundada del Director cuando el Comité Antielusión establezca la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter en virtud del procedimiento establecido en el presente artículo. El Comité Antielusión estará conformado por el Director y las personas que tengan a su cargo las subdirecciones de fiscalización, jurídica y normativa.

Para la declaración de elusión, el Servicio deberá citar al contribuyente en los términos del artículo 63, pudiendo solicitar todos los antecedentes que estime necesarios respecto a los hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión, en los términos del inciso tercero de dicho artículo, incluidos aquellos que sirvan para el establecimiento de la multa dispuesta en el artículo 100 bis. En la citación deberá constar que el procedimiento se instruye según lo dispuesto en el presente artículo, y se deberá indicar si pueden también ser aplicables una o más normas especiales antielusivas respecto de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión. Si el procedimiento de fiscalización se hubiere iniciado por una materia distinta, procederá lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 59. Si en el procedimiento anterior ya se hubiese citado al contribuyente, dicha citación se conciliará, debiendo emitirse una nueva citación según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 63. El procedimiento de fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas Generales Antielusión en coordinación con la Dirección Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según corresponda.

En la respuesta a la citación el contribuyente deberá aportar los antecedentes que den cuenta que en las operaciones analizadas existen efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los tributarios, o que las operaciones se encuentran dentro de las opciones o alternativas que contempla la legislación tributaria y que dicha opción o alternativa es razonable o los elementos que permitan dar cuenta que no existen actos simulados, sin perjuicio de aportar los demás antecedentes que considere pertinentes y necesarios para soportar su posición frente al Servicio.

Finalizada la etapa de fiscalización y dentro de los plazos de prescripción, se deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los antecedentes analizados, los argumentos del contribuyente y los fundamentos para calificar los hechos, actos o negocios jurídicos, o un conjunto o serie de ellos, como constitutivos o no de elusión. El informe deberá ser firmado por los fiscalizadores a cargo de la fiscalización y por el jefe del Departamento de Normas Generales Antielusión.

Cuando el informe dé cuenta de la existencia de elusión, según lo dispuesto en los artículos 4° ter o 4° quáter, y siempre que el resultado de su aplicación resulte en diferencias de impuestos determinadas provisoriamente que excedan al equivalente a 250 unidades tributarias mensuales; o se reduzca una pérdida tributaria; se pierda un beneficio tributario; o implique la exclusión de un régimen tributario especial, este será presentado al Comité Antielusión. El mismo informe podrá también recomendar la aplicación de una norma especial antielusión, procediendo la Dirección Regional correspondiente a emitir las liquidaciones o resoluciones que correspondan, siempre que se hubiese citado al contribuyente dentro de los plazos establecidos en el artículo 59. En caso de que el informe establezca que no existe elusión, se certificará el término del proceso de fiscalización en los términos del inciso quinto del artículo 59.

Recibido el informe por el Comité Antielusión, éste tendrá un plazo de 15 días desde dicha recepción para solicitar la intervención del Consejo Asesor Consultivo, al que se refiere el artículo 4° sexies, para lo cual enviará el informe y los demás antecedentes del proceso de fiscalización a su coordinador. El Comité Antielusión podrá no requerir la intervención del Consejo Asesor Consultivo recomendando la aplicación de una norma especial antielusiva o determinar el cierre del procedimiento, cumpliendo lo dispuesto en el inciso anterior.

El Consejo Asesor Consultivo tendrá un plazo de 60 días, contado desde la recepción del informe, ampliable por hasta 30 días adicionales por decisión de su coordinador, para emitir una opinión fundada sobre si las operaciones sometidas a su conocimiento tienen o no razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria. Desde el envío de los antecedentes al Consejo Asesor Consultivo y hasta la recepción de su opinión se suspenderá el plazo de prescripción indicado en el artículo 200, para lo cual se dejará constancia de ambos hechos en el expediente electrónico del contribuyente.

Dentro del plazo de 30 días desde recibida la opinión del Consejo Asesor Consultivo, el Comité Antielusión establecerá la procedencia o improcedencia de la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Si el Consejo Asesor Consultivo considera que las operaciones tienen razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria, y el Comité Antielusión acuerda aplicar los artículos 4° ter o 4° quáter, se deberá dejar constancia, en la resolución prevista en el inciso siguiente de los fundamentos por los cuales, en su opinión, no existe razonabilidad económica o jurídica considerando la legislación tributaria aplicable.

Cuando el Comité Antielusión establezca la existencia de abuso o simulación, el Director procederá a dictar una resolución que deberá señalar los hechos, actos o negocios jurídicos abusivos o simulados, y los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda la calificación de abuso o simulación. Además, el Departamento de Normas Generales Antielusión procederá a notificar la liquidación, resolución o giros respectivos. Si el Comité Antielusión resuelve que no existe elusión, se certificará el término del procedimiento según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 59, y los hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que recaiga no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva.

La resolución que declare la elusión junto a las liquidaciones, resoluciones o giros en los que incida, serán objeto de la reclamación prevista en el artículo 124 y siguientes del Código Tributario. No procederá en su contra la interposición de recursos administrativos.

Para el correcto cumplimiento de los plazos establecidos, se deberá dejar constancia de todas las etapas del procedimiento contenido en el presente artículo en el expediente electrónico que se lleve al efecto. El Servicio, mediante resolución, regulará el procedimiento a que se refiere este artículo.”.

6) Agrégase a continuación del artículo 4 quinquies el siguiente artículo 4° sexies, nuevo:

“Artículo 4° sexies.- El Servicio contará con un Consejo Asesor Consultivo cuyas funciones serán:

a) Emitir una opinión técnica sobre la razonabilidad económica y jurídica, considerando la legislación tributaria aplicable, de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a su análisis, cuando el Comité Antielusión lo requiera. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo actuará en ternas designadas por el coordinador.

b) Emitir una opinión técnica sobre el catálogo de esquemas tributarios a que se refiere el número 19° del artículo 8, a requerimiento del Director.

En ningún caso las opiniones del Consejo serán vinculantes para el Comité, para el Director ni para el Servicio.

La organización y el funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo y la interacción entre el mismo y el Servicio serán reguladas por un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.

A. Composición del Consejo Asesor Consultivo

El Consejo Asesor Consultivo contará con un coordinador y 7 consejeros. El coordinador será designado por el Director, previo concurso público. El coordinador del Consejo será una persona de destacada trayectoria en el ámbito tributario, y su cargo será remunerado y compatible exclusivamente con labores académicas, siempre que no excedan de 12 horas semanales.

Las funciones del coordinador serán las siguientes:

i. Informar al Comité Antielusión o al Director de las opiniones que emitan las ternas o el Consejo.

ii. Designar la terna que deberá emitir su opinión para lo dispuesto en el literal a) anterior.

iii. Participar de las reuniones que la terna realice para el análisis de un caso sometido a su revisión.

iv. Convocar al Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

v. Participar de las sesiones que realice el Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

vi. Velar por la confidencialidad de la información en poder del Consejo.

vii. Proponer al Director los consejeros a designar.

viii. Las demás que señale la ley y el reglamento.

Los consejeros serán designados por el Director, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador, y deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.

No podrán ser nombrados miembros del Consejo Asesor Consultivo quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito, o hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada. Los miembros que incurrieren en lo dispuesto en el presente inciso con posterioridad a su nombramiento perderán dicha calidad de pleno derecho, debiendo el Director nombrar a un reemplazante por el período restante.

Los consejeros deberán guardar estricta reserva de los casos sometidos a su consideración, en especial, no podrán sostener ningún tipo de contacto con el contribuyente respecto del cual se estén analizando operaciones. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la destitución del cargo y una multa de 1.000 UTM.

B. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Comité Antielusión

Recibido un requerimiento desde el Comité Antielusión el coordinador deberá, dentro de los 15 días siguientes, conformar una terna, entre los consejeros, para el análisis de los hechos sometidos a su consideración. Para la elaboración de la terna el coordinador deberá considerar las características del caso sometido a su consideración, la trayectoria de los consejeros y potenciales conflictos de interés.

El coordinador deberá notificar a los consejeros de su designación, informando el contribuyente y tema sobre el que se deberá emitir la opinión, debiendo el consejero designado informar de inmediato sobre potenciales conflictos de interés. Si alguno de los consejeros designados informare de algún potencial conflicto de interés, el coordinador designará a otro consejero en su reemplazo para la conformación de la terna.

Si el coordinador no pudiere conformar una terna producto de los conflictos de interés de los consejeros, el caso podrá ser analizado por los consejeros que no tengan conflicto de interés los que no podrán ser menos que dos.

Conformada la terna, el coordinador enviará el informe y los antecedentes a sus miembros y citará a una primera reunión para efectuar una exposición del caso y determinar la forma de trabajo.

La terna podrá reunirse las veces que considere necesario, así como requerir información adicional o aclaratoria para que el coordinador la solicite al Comité. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los consejeros de la terna, debiendo dejarse constancia, en todo caso, de lo discutido en las reuniones y de las opiniones disidentes. Las opiniones del Consejo no serán de carácter público mientras que dure el procedimiento administrativo o el judicial cuando el contribuyente hubiere deducido reclamo.

Desde la recepción del informe y los antecedentes la terna tendrá 45 días, ampliables por 30 días adicionales a decisión del coordinador, para emitir su opinión. Si el coordinador decidiere ampliar el plazo, deberá informar de ello al Comité Antielusión.

Una vez que la terna emita su opinión, el coordinador contará con 3 días para remitirla al Comité Antielusión. Junto con la opinión de la terna, el coordinador deberá remitir las actas de las reuniones de la terna y las solicitudes y respuestas que haya realizado la terna al Servicio.

C. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Director

Recibido un requerimiento del Director, el coordinador deberá convocar al Consejo para el análisis del catálogo de esquemas tributarios sometido a su consideración, enviando a los consejeros la propuesta de catálogo recibido.

Las decisiones que tome el Consejo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, debiendo dejarse constancia en todo caso, de lo discutido en las sesiones y de las opiniones disidentes, si las hubiere.

Desde la recepción de la solicitud el Consejo tendrá 30 días para emitir su opinión y remitirla al Director. Junto con la opinión del Consejo, el coordinador deberá remitir las actas de las sesiones del Consejo referidas al requerimiento respectivo.

D. Obligaciones del coordinador y los consejeros

Les serán aplicables al coordinador y los consejeros, en el ejercicio de sus funciones, las normas de probidad contenidas en las disposiciones del título III, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880, y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880.

Asimismo, los consejeros deberán presentar de forma anual una Declaración de Intereses al Director que dé cuenta, al menos, de lo siguiente:

i. Entidades en las cuales tenga facultades de administración, representación o dirección;

ii. Contribuyentes a los cuales hayan prestado asesoría o hayan representado dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración;

iii. La identificación de su empleador, cuando corresponda;

iv. La identificación de juicios en tramitación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros o los tribunales superiores de justicia, en materias tributarias o aduaneras en los cuales haya asumido la representación de un contribuyente o de las personas indicadas en el numeral i o en el que éstas tengan la calidad de reclamantes.

La información de los numerales i y ii deberán proporcionarla también sobre su cónyuge o conviviente civil y parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

El coordinador y los consejeros deberán informar al Director dentro de los 3 días siguientes contados desde que tomen conocimiento, de los siguientes hechos:

i. Cualquier modificación de los hechos informados en la Declaración de Intereses.

ii. La existencia de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas respecto de él o ella, de su cónyuge o conviviente civil, de sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, o de entidades en las que mantenga una participación igual o superior a un 10% sobre el capital o las utilidades o respecto de las que tenga facultades de administración, representación o dirección.

iii. Que su empleador o una entidad en la cual tenga más de un 10% de participación sobre el capital o las utilidades, o respecto de la cual tiene facultades de dirección o administración, se encuentra prestando servicios a un contribuyente en un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas, o ha asumido la representación judicial en materias tributarias o aduaneras.

iv. La existencia de una querella, acusación o requerimiento en su contra, un proceso penal formalizado en su contra, o haber sido condenado por crímenes o simples delitos.

E. Incompatibilidades, inhabilidades y pérdida de la calidad de miembro

Los consejeros perderán la calidad de tales y quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente de consejeros, en los siguientes casos:

a. Expiración, por el solo ministerio de la ley, del plazo por el que fue designado, incluyendo el período por el que fue renovado, cuando corresponda.

b. Presentación de renuncia voluntaria.

c. Incapacidad física o síquica que le impida absolutamente el desempeño del cargo. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

d. Fallecimiento.

e. Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada.

f. Haber sido sancionado por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas.

g. Falta grave en el desempeño de sus funciones, calificada por el Director. Concurrirá especialmente esta causal, en los casos a que se refiere el inciso subsiguiente.

h. Infringir el principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

Si faltare algún consejero por alguna de las causales establecidas en los literales b), c), d), e), f), g) o h) del inciso anterior, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento correspondiente. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el período del miembro reemplazado.

Los Consejeros incurrirán en falta grave en el desempeño de sus funciones, entre otros casos, cuando:

a. No presente declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880.

b. No presente la Declaración de Intereses a la que se refiere el literal D del presente artículo.

c. Ejerciere vías de hecho contra otro miembro o funcionario del Consejo.

d. Cometiere alguna conducta que obstaculice o dificulte gravemente el normal funcionamiento del Consejo.

e. Divulgue información o antecedentes que reciba en su calidad de consejero o permita el acceso de terceros no autorizados.

F. Delitos

Los Consejeros tendrán la calidad de empleados públicos para efectos de lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal.”.

7) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en su literal A, a continuación del numeral 8º los siguientes numerales 9º, y 10º, y 11°, nuevos:

“9º. Dictar la resolución que califica uno o más hechos, actos o negocios jurídicos como elusivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies.

10º. Nombrar a los consejeros y al coordinador del Consejo Consultivo Asesor.

11°. Dictar la resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo, dentro del procedimiento de mediación a que se refiere el Párrafo IV de la ley Orgánica de la Defensoría Nacional del Contribuyente.”.

Indicaciones al numeral 5)

Del Ejecutivo

4) Para modificar el artículo 4° quinquies que sustituye su numeral 5), en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en su inciso quinto, el guarismo “250” por “1.000”.

b) Intercálase, en su inciso séptimo, entre la expresión “legislación tributaria” y el punto que le sigue, la frase “. La terna del Consejo, a través de su coordinador, podrá solicitar aclaraciones tanto al contribuyente como al Servicio, quienes deberán responder por escrito dentro del plazo de 10 días desde que el coordinador envía el correo electrónico con la comunicación. La respuesta del contribuyente no podrá incorporar antecedentes no aportados durante el procedimiento de fiscalización”.

c) Agrégase el siguiente inciso décimo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Junto con la resolución y liquidaciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio deberá también acompañar en la notificación al contribuyente una copia de la opinión del Consejo Asesor Consultivo. Asimismo, cuando el Servicio decidiese que no procede la aplicación de los artículos 4° ter y 4° quáter, después de haber recibido la opinión del Consejo Asesor Consultivo, deberá enviar una copia de dicha opinión al contribuyente.”.

d) Agrégase, a continuación del inciso décimo, que ha pasado a ser undécimo, el siguiente inciso duodécimo nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“La opinión del Consejo Asesor Consultivo podrá ser presentada en el procedimiento judicial a que dé lugar la reclamación del contribuyente, por cualquiera de las partes.”.

Indicaciones al numeral 6)

Del Ejecutivo

5) Para modificar su numeral 6), que incorpora el artículo 4° sexies, en el siguiente sentido:

a) Modifícase su letra A, en el siguiente sentido

i) Intercálase en el numeral vii. de su párrafo segundo, entre la palabra “designar” y el punto final que le sigue, la frase “, de aquellos cuya elección se realiza previo concurso público”.

ii) Sustitúyese su párrafo tercero, por los siguientes párrafos tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los párrafos siguientes:

“Los consejeros serán designados por el Director en base al siguiente procedimiento:

a) Cuatro consejeros serán designados, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador;

b) Dos consejeros serán designados a propuesta en terna del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; y

c) Un consejero será designado a propuesta en terna del Consejo Fiscal Autónomo.

Los consejeros deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.”.

iii) Intercálase en su párrafo quinto, que ha pasado a ser sexto, entre la palabra “operaciones” y el punto seguido que le sigue, la frase “, salvo para pedir aclaraciones por escrito, según lo dispuesto en el artículo 5 quinquies”.

iv) Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 50 unidades tributarias mensuales por cada terna que conformen para la elaboración de la opinión a la que se refiere la letra a) del inciso primero del presente artículo.”.

b) Agrégase en su letra E., el siguiente párrafo final, nuevo:

“Los Consejeros no podrán asumir la representación judicial ante Tribunales Tributarios y Aduaneros o ante los tribunales superiores de justicia cuando el objeto del juicio sea la aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, o 4 ° quáter. El incumplimiento de esta obligación por un Consejero será considerado una falta grave e implicará la pérdida de la calidad de miembro del Consejo.”.

Indicaciones al numeral 7, letra a)

Del ejecutivo

1) Para agregar, en el número 9° que incorpora la letra a) de su numeral 7), a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “Esta facultad es indelegable.”.

13) Modifícase el artículo 26 bis en el siguiente sentido:

a) Incorpórase, en el inciso primero, a continuación del primer punto seguido, la oración: “Tratándose de consultas relativas a normas especiales antielusivas, el consultante deberá señalar específicamente sobre cuáles de ellas solicita el pronunciamiento, restringiéndose la consulta y la respuesta otorgada únicamente a la norma especial antielusiva sobre la cual se haya consultado”.

b) Intercálase, entre la expresión “antielusivas” y el punto final, la frase “sobre las cuales se haya consultado”.

Indicaciones al numeral 13)

Del Ejecutivo

4) Para intercalar en el encabezado de la letra b) de su numeral 13), entre la palabra “intercálase” y la expresión “entre” la frase “en su inciso cuarto”.

32) Sustitúyese el artículo 100 bis por el siguiente:

“Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica, respecto de quien se acredite haber diseñado, planificado o implementado los actos, contratos o negocios respecto de los que se hubiera declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, será sancionada con las multas que se indican a continuación.

La persona que hubiere diseñado, planificado o implementado los actos, contratos o negocios distinta del contribuyente, será sancionada con multa de 100 unidades tributarias anuales, salvo que: (a) exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa será de 250 unidades tributarias anuales; o (b) se acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100 unidades tributarias anuales, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de los honorarios pactados con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de que el tercero fuese una persona jurídica, serán solidariamente responsables las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes o administradores del asesor, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto de éste, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

En aquellos casos en que no exista un tercero que hubiere diseñado o planificado los actos, negocios o contratos respecto de los cuales se hubiere declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, o cuando existiendo el tercero el contribuyente no lo hubiera identificado dentro del proceso de fiscalización, será el contribuyente el sancionado con una multa equivalente al 100% de las diferencias de impuesto determinadas con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de existir, serán solidariamente responsables de la multa la o las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes y/o administradores de los mencionados contribuyentes al momento de cometerse el conjunto o series de hechos, actos o negocios jurídicos, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto del contribuyente sancionado, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

No aplicará la multa dispuesta en el inciso anterior respecto de contribuyentes que determinen sus rentas conforme a lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de la Renta.

En caso que el contribuyente haya deducido reclamo respecto de la resolución que declara el abuso o simulación en los términos que señala el artículo 4° quinquies, el Servicio sólo podrá solicitar la multa a que se refiere el presente artículo dentro del mismo procedimiento. No existiendo reclamo por parte del contribuyente, las multas deberán ser solicitadas por el Servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 161.

La prescripción de la acción para perseguir las sanciones pecuniarias al contribuyente o a sus directores, representantes y/o administradores, cuando corresponda, será de seis años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión conforme al artículo 4° quinquies. En aquellos casos en que el contribuyente haya deducido reclamo, precluirá la acción del Servicio si no se interpone al momento de presentar la contestación al reclamo dentro del plazo del artículo 132. En el caso de la acción contra el asesor, la prescripción será de 6 años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión o, en caso de existir reclamo, desde que la sentencia que rechace el reclamo se encuentre ejecutoriada.”.

Indicación del Ejecutivo

11) Para reemplazar en los incisos primero y segundo del artículo 100 bis que sustituye el actual numeral 32), que ha pasado a ser numeral 33), la frase “, planificado o implementado” por la expresión “o planificado”.

El Diputado Sauerbaum expresó su postura respecto al cambio en la aplicación de la norma general antielusión de manera administrativa. Reconoció que el perfeccionamiento con las indicaciones fue positivo, destacando el aumento de los montos de impuestos eludidos. Agradeció la definición clara de la carga de la prueba en un eventual juicio. Sin embargo, expresó preocupación por la aplicación administrativa de fondo, ya que podría generar incertidumbre al contribuyente y ser utilizada políticamente. Por estas razones, decidió abstenerse en la materia.

El Diputado Mellado reconoció avances significativos en las conversaciones con el gobierno y destacó la actitud dialogante del ministro en este tema. Sin embargo, señaló que aún falta que el consejo sea vinculante, un aspecto que considera crucial y que puede mejorarse en el Senado. Expresó inquietud respecto a la gobernanza y la incertidumbre sobre la elección de nuevos miembros. A pesar de reconocer avances y un buen ambiente, optó por abstenerse, esperando mejoras en el Senado.

El Diputado Naranjo expresó su sorpresa ante la situación en la que, tras una larga discusión y aparente acuerdo, algunos sectores de la oposición se abstienen al momento de la votación. Destacó su compromiso de votar a favor, ya que le gusta cumplir con los compromisos establecidos.

El Diputado Ramírez argumentó que votará en contra del paquete de normas debido a la falta de avance y propuestas más audaces en materia de gobernanza. Expresó preocupación por la posibilidad de ensañamiento tributario contra los contribuyentes y lamentó que no se haya logrado un acuerdo más amplio en los medios para alcanzar los objetivos acordados. Criticó la velocidad con la que se ha llevado el debate y la votación del proyecto, considerando que se ha impedido llegar a un acuerdo más amplio y profundo. Enfatizó que el proyecto ha sido discutido durante un mes en la comisión y que la discusión en mesas técnicas no ha sido lo suficientemente profunda. Concluyó expresando la esperanza de que en futuros trámites se pueda alcanzar un acuerdo unánime a favor del proyecto.

El Diputado Romero expresó su preocupación respecto a que las normas representan un retroceso grave para el debido proceso al otorgar atribuciones que corresponden a los tribunales de justicia a un órgano administrativo. Considera que esto representa un peligro para la democracia y el estado de derecho. Expresó sorpresa ante las afirmaciones del Ministro de Hacienda sobre las inquietudes planteadas, argumentando que el servicio tributario no muestra temor ni pudor en experimentar con los contribuyentes y ciudadanos. En consecuencia, anunció que votará en contra de todo el paquete normativo.

El Diputado Sáez expresó su curiosidad al observar cómo se argumenta a favor de los contribuyentes cuando se trata del Servicio de Impuestos Internos, pero no se muestra la misma preocupación en proyectos de seguridad que otorgan más atribuciones a las policías. Subrayó la importancia de perseguir adecuadamente la elusión y la evasión tributaria, y que la norma general antielusiva es fundamental para el cumplimiento del mandato del Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, anunció su voto favor de las normas, argumentando que esta permitirá evitar la dilación en la aplicación de la justicia contra quienes erosionan la base tributaria y no cumplen con sus obligaciones.

El Diputado Sepúlveda expresó su escepticismo respecto a la aprobación del proyecto tal como está en el Senado, señalando que algunos podrían no entender cómo se desarrolla legislativamente. Indicó que es probable que se requieran cambios para que sea aprobado, dado el panorama político actual. Manifestó su cansancio por votar a favor de algo que luego se modificará y expresó preocupación por el poder ilimitado que adquiere el Servicio de Impuestos Internos, sugiriendo incorporar controles democráticos razonables. Consideró que el proyecto necesita una discusión más profunda y una mirada hacia circunstancias políticas anormales. Finalmente, anunció su abstención en la votación.

El Diputado Von Mühlenbrock expresó su descontento por la forma en que se está llevando a cabo la discusión de un proyecto de ley tan importante. Señaló que se podrían haber abordado más temas relevantes, especialmente en relación con la gobernanza, y lamentó que el proyecto haya quedado incompleto. Manifestó su preferencia por un proceso más prolongado para alcanzar un mayor consenso, aunque reconoció que esto no necesariamente hubiera cambiado radicalmente el resultado. Destacó la importancia de considerar el largo plazo y expresó su acuerdo con el Diputado Sepúlveda en ese aspecto. Criticó la presión ejercida para que se vote el proyecto rápidamente y expresó su desacuerdo con la forma en que se está llevando a cabo, anunciando su voto en contra.

El Diputado Aedo fundamentó su voto destacando su compromiso con la defensa de los ciudadanos en situación de precariedad y rechazó las acusaciones de favorecer a empresas, enfatizando en la importancia de proteger los empleos. Explicó que su voto se fundamenta en convicciones personales y experiencias previas, incluida una investigación sobre robo de madera en la región de Arauco. Argumentó a favor de otorgar más atribuciones al Estado y a las instituciones para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado. Concluyó anunciando su voto favorable a la norma en consideración.

La Diputada Yeomans expresó su voto a favor, señalando su sorpresa ante la falta de respuesta de la oposición a las propuestas de modernización y agilización de los procesos de fiscalización tributaria. Destacó la importancia de perseguir la evasión fiscal y la elusión, haciendo hincapié en que estos delitos también deben ser perseguidos, incluso cuando son cometidos por personas con poder económico. Expresó su desconcierto por la falta de disposición de la oposición para llegar a acuerdos constructivos, señalando que la negativa a ceder en ciertos puntos dificulta el progreso del país.

Sometidos a votación los numerales 2), 3) y 4), 5), 6),7) letra a), 13), 32) del artículo primero, con las indicaciones propuestas por el ejecutivo, fueron aprobados por siete votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. Votaron a favor los diputados señores Aedo, Barrera, Bianchi, Naranjo, Rojas, Sáez, Yeomans. Votaron en contra los diputados señores Ramírez, Romero, Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados Mellado, Sauerbaum y Sepúlveda (7-3-3).

El Ministro Marcel reflexionó sobre la votación y expresó su preocupación por la evasión fiscal, mencionando que detrás de este problema hay crimen organizado y una industria de asesoría tributaria. Asimismo, resaltó la urgencia de abordar este tema y compartió su deseo de que todos comprendan la necesidad de actuar con prontitud. También mencionó la propuesta de discutir primero sobre gobernanza y luego sobre la norma antielusión, pero lamentó que esta discusión se haya postergado. Finalmente, expresó su preocupación por las señales contradictorias que se están recibiendo respecto al proyecto y recordó que anteriormente se había propuesto separar la discusión sobre evasión e ilusión en la reforma tributaria.

37) Modifícase el artículo 115 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo, la oración a continuación del punto seguido por la frase “, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Cuando las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, citación, liquidación o giro. Esta misma regla será aplicada para efectos de la reclamación en contra de la resolución que declara la existencia de abuso o simulación. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 bis en cuyo caso será competente para conocer el reclamo el tribunal señalado en dicha disposición.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “dicha sucursal” y el punto final la siguiente frase: “, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 ter”.

38) Suprímese el artículo 119.

41) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. También podrá reclamarse de la resolución que declara la elusión de acuerdo al artículo 4° quinquies. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, de las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros de impuesto territorial, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales:

1. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o de algún otro factor que influya en el avalúo fiscal del mismo o sus construcciones, salvo en lo que diga relación con la asignación del valor a un área homogénea en específico.

2. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3. Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

Sin perjuicio de lo anterior, no será admisible la reclamación en contra de los giros de impuesto territorial salvo que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro.

En todos los casos, habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

Habiendo resolución que declare la elusión en los términos del artículo 4 quinquies y liquidación, giro o resolución que determine diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto de la misma norma, deberán interponerse, dentro del mismo reclamo tanto las acciones relacionadas a la revisión de la declaración de elusión así como aquellas destinadas a modificar las liquidaciones, resoluciones o giros que determinen diferencias de impuestos o elementos que sirvan de base para determinarlo.

Para la interposición del reclamo por cualquiera de las causales señaladas anteriormente, el reclamante siempre deberá invocar un interés actual comprometido.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.

Sin perjuicio de la acumulación de autos que fuere procedente en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil, tendrá siempre lugar la acumulación de autos en los casos de reclamos interpuestos por distintos contribuyentes respecto de las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas por aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, cuando éstos emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, debiendo acumularse en el Tribunal Tributario y Aduanero que primero confiera traslado al Servicio.”.

51) Suprímese el artículo 160 bis.

Indicación al numeral 41)

Del Ejecutivo

13) Para modificar su numeral 41), que sustituye el artículo 124, en el siguiente sentido:

a) Intercálase en su inciso primero entre la palabra “quinquies” y el punto seguido que le sigue la frase “junto a las liquidaciones a que dé lugar”.

b) Reemplázase en el párrafo primero de su inciso segundo la frase “, de las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros de impuesto territorial” por “y de los giros de impuesto territorial que se emitan en virtud de dicha tasación cuando éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro”.

c) Reemplázase su inciso tercero por el siguiente:

“También serán reclamables las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros que se emitan en virtud de dichas modificaciones siempre que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, cuando los contribuyentes se consideren perjudicados por dichas modificaciones de sus predios o cuando las mismas fueran efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del Título V de la Ley sobre Impuesto Territorial y artículos 25° y 26° de la ley N° 15.163.”.

d) Intercálase en el inciso octavo entre la palabra “correspondiente” y el punto seguido la frase “o, en el caso al que se refiere el inciso tercero anterior, desde el envío del aviso respectivo”.

e) Agrégase a continuación del inciso octavo el siguiente inciso noveno nuevo, readecuándose la numeración correlativa de los incisos, del siguiente tenor:

“El plazo para la interposición del reclamo, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, será dentro de los de ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo.”.

El señor Riquelme planteó votar estas normas en un solo acto, y con la misma votación que las disposiciones sobre norma general antielusión, para cuidar la coherencia de la ley.

Sometidos a votación los numerales 37), 38), 41) con su respectiva indicación, y 51), todos del artículo primero, fueron aprobados por seis votos de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Naranjo, Rojas, Sáez, Yeomans. Votaron en contra los diputados señores Ramírez, Romero, Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los diputados Sauerbaum y Mellado (6-3-2).

Indicación de los Diputados Mellado y Cid.

Para agregar el siguiente numeral 31), nuevo, en el artículo primero:

“31) Agrégase el siguiente artículo 85 quáter nuevo:

"Artículo 85 quáter. El Servicio podrá solicitar, mediante resolución fundada, a las entidades financieras indicadas en la letra a) del artículo 85 bis información respecto de los cargos y abonos al exterior que estén asociados a documentos tributarios y aduaneros, en la medida que se cumplan los requisitos del segundo inciso.

Para poder solicitar la información de cargos y abonos, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Los documentos asociados deberán tener una contraparte extranjera en un territorio o jurisdicción que el Servicio haya calificado previamente como uno de alta prevalencia de sub o sobredeclaración en los documentos tributarios o aduaneros por parte de contribuyentes nacionales.

2. La información entregada sólo podrá referirse a los cargos y abonos realizados por la contraparte extranjera del documento tributario o aduanero.".”

El Diputado Mellado destacó la importancia de tener información precisa sobre las importaciones, particularmente aquellas provenientes de China. Ejemplificó con los contenedores que pueden llegar con una subvaloración de los objetos que traen, como los lentes que podrían facturarse por valor menor al real. Expresó la necesidad de que la información que llegue al Servicio de Impuestos Internos refleje el valor real de las importaciones para evitar la subvaloración y el comercio informal.

El señor Riquelme argumentó que, en su opinión, la indicación sería admisible. Pero, más allá, expresó que las medidas asociadas para combatir la subvaloración de bienes, como en este caso, se relacionarían principalmente con delitos tributarios. Consideró que estas medidas quedan cubiertas por el procedimiento excepcional aprobado recientemente sobre levantamiento del secreto bancario. Explicó que, si existen sospechas de que un contribuyente está pagando cifras menores al exterior, el Servicio de Impuestos Internos podría solicitar el levantamiento del secreto bancario, lo que considera que abarca parte de lo propuesto en la indicación.

La indicación fue retirada.

Indicación de los Diputados Cid, Mellado y Von Mühlenbrock..

Para incorporar un artículo décimo tercero, nuevo

“Artículo décimo tercero.- Modifíquese el primer inciso del artículo 4 de la ley N° 20.431, que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del servicio de impuestos internos, reemplazando la frase "escalafón profesional del Servicio" por "escalafón fiscalizador o profesional del Servicio".”.

El Diputado Mellado explicó su indicación, la que permitiría que los fiscalizadores contratados puedan postular a jefaturas de grupo de manera permanente, en lugar de limitarse solo a aquellos en la planta de escalafón fiscalizador. Destacó que esta modificación no implicaría un gasto fiscal adicional y argumentó que esta medida es necesaria debido a los problemas que han surgido cuando las vacantes de jefaturas de grupo no se llenan durante largos periodos, obligando a los fiscalizadores contratados a asumir roles de subrogancia. Enfatizó que muchos de estos fiscalizadores, al no poder ascender en el escalafón, abandonan el servicio público para trabajar como asesores en empresas privadas, pese a haber sido capacitados por el Estado durante años. Por lo tanto, propuso que esta posibilidad de ascenso sea permanente y no limitada a un período de cuatro años como sugiere el transitorio.

La Subsecretaria Berner explicó que el transitorio que se está observando en el proyecto tiene una razón de ser, y también proporciona un contexto más amplio sobre el proceso de fortalecimiento en cada uno de los servicios de la administración tributaria. Destacó que hay un importante proceso de fortalecimiento en términos de recursos y cantidad de personal.

En particular, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se refiere al transitorio que se relaciona con el fortalecimiento de la carrera funcionaria y la movilidad laboral. Se menciona que hay un presupuesto comprometido que suma un monto significativo, con implicancias hasta el año 2025.

Respecto al transitorio en cuestión, explicó que dura 4 años porque busca fortalecer la carrera funcionaria, permitiendo que los fiscalizadores ahora contratados puedan formar parte de la planta permanente. Esto es relevante porque, actualmente, hay una proporción considerable de fiscalizadores contratados en comparación con los de planta.

El objetivo es evitar que los concursos para jefaturas de grupo queden desiertos, ya que actualmente solo pueden postular los fiscalizadores de planta, excluyendo a los contratados. Por tanto, en estos 4 años, se permite que quienes están contratados postule a estas posiciones, mientras se espera que pasen a la planta permanente al finalizar este período.

Explicó que este enfoque se diseñó para fortalecer la carrera funcionaria y asegurar que aquellos contratados puedan tener oportunidades de avanzar en su carrera profesional.

El señor Riquelme acotó que esta discusión está ligada al artículo décimo sexto transitorio del proyecto original.

Sometido a votación la indicación que incorpora un nuevo artículo décimo tercero, presentada por los diputados Mellado, Cid y Von Mühlenbrock, fueron aprobados por la unanimidad de los trece integrantes de la Comisión. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Rojas, Ramírez, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0).

En consecuencia, se rechaza el artículo décimo sexto transitorio por resultar incompatible con la norma anteriormente aprobada.

Artículo décimo sexto transitorio.- Durante los cuatro años contados desde la publicación de la presente ley, los funcionarios a contrata asimilados a la planta de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos podrán postular para desempeñar funciones de carácter directivo o de jefatura, en la forma prevista por el artículo 4 de la Ley N°20.431 que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos.

La Subsecretaria Berner detalla los transitorios relacionados con el Servicio de Impuestos Internos en el proyecto de ley. Explica que, durante 4 años, los funcionarios contratados asimilados a planta podrán postular a funciones de cargos directivos en el servicio. Esto se hace para fortalecer la carrera funcionaria y permitir que los contratados puedan acceder a cargos de mayor responsabilidad.

El décimo séptimo transitorio faculta al director interno para establecer normas complementarias que garanticen la objetividad, transparencia y no discriminación en los concursos y asignaciones de funciones de jefatura. Esto asegura que los procesos de selección interna sean justos y equitativos.

El décimo octavo transitorio establece un plazo de un año para la publicación de decretos con fuerza de ley que modifiquen la planta del Servicio de Impuestos Internos. Esto tiene que ver con la movilidad del personal y es parte del fortalecimiento institucional.

El décimo noveno transitorio faculta al Presidente de la República para establecer, dentro de un plazo de un año, las normas necesarias para modificar montos y porcentajes de asignaciones del personal del servicio. Esto se hace para ajustar las asignaciones a la realidad del trabajo y evitar la fuga de talento.

A continuación se pusieron en votación los siguientes artículos transitorios

Artículo décimo séptimo transitorio.- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, establecerá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica de los concursos de asignación de funciones de jefaturas.

Artículo décimo octavo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, modifique las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. También podrá establecer la gradualidad en que se realizarán dichas modificaciones y oportunidad en que podrán comenzar a proveerse. Además, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones a las plantas antes indicadas. Los cargos antes señalados se proveerán de acuerdo a los incisos siguientes. También, en el ejercicio de esta facultad, determinará los cargos vacantes de la planta vigente que se podrán proveer de acuerdo a los incisos siguientes y fijar la gradualidad para su provisión.

La provisión de los cargos a que se refiere el inciso anterior, en las plantas de profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares se realizará mediante concurso interno de antecedentes. El decreto con fuerza de ley señalado en el inciso anterior podrá establecer las normas complementarias para los referidos concursos. Con todo, por aplicación de este artículo, los funcionarios podrán subir el máximo de grados que determine dicho decreto con fuerza de ley para cada estamento.

En los respectivos concursos internos de antecedentes podrán participar los funcionarios que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Los funcionarios titulares de un cargo de la misma planta de la vacante a proveer, siempre que se encuentren nombrados en el grado inmediatamente inferior al de la vacante convocada y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo.

b) Los funcionarios a contrata asimilado a la misma planta del cargo de la vacante a proveer, que tengan dicha calidad al 31 de diciembre de 2023 y siempre que: se encuentren calificados en lista Nº1, de Distinción, o lista Nº2, Buena, durante, a lo menos, los dos años previos al concurso y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo. Los funcionarios a contrata asimilados a las plantas de fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares, solo podrán postular a los cargos vacantes del último grado de la planta a la cual se encuentren asimilados. Los funcionarios a contrata asimilados a la planta de profesionales, solo podrán postular, como máximo, al mismo grado de la planta al que se encuentren asimilados al 31 de diciembre de 2023.

En la convocatoria de los concursos, deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada y evaluación de desempeño. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado a los funcionarios en el llamado a concurso, el que deberá publicarse, a lo menos, en la página web de la institución.

La provisión de los cargos vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se efectuará, en cada grado, en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y, en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el Director Nacional.

La provisión de los cargos vacantes de la planta de fiscalizadores se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 15 de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos a que se refiere el inciso primero, se sujetarán igualmente a las normas de este artículo, y las demás normas que establezca el decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso primero.

El nombramiento en los cargos provistos por los concursos internos a que se refiere este artículo, regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone.

Artículo décimo noveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. En el ejercicio de esta facultad, podrá modificar el monto del bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria para el personal del Servicio de Impuestos Internos titular de cargos de las plantas de administrativos y de auxiliares, establecido en el artículo 7º de la ley Nº 20.853. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

2. También, podrá modificar el monto de los recursos que deberán destinarse al financiamiento de la asignación del artículo 7 de la Ley Nº19.646, establecido en el artículo 8 de dicha ley. Asimismo, podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto como la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

3. Además, podrá modificar los porcentajes de la asignación especial de estímulo en su componente fijo y los porcentajes de su componente asociado a la gestión tributaria, definidos en el artículo 4° de la ley Nº19.646, para los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

Artículo vigésimo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos décimo octavo transitorio y décimo noveno transitorio durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Indicación al décimo octavo transitorio.

De los diputados Cid y Mellado.

Para reemplazar la frase "plazo de un año" por "plazo de 180 días".

El Diputado Mellado explicó que la indicación busca igualar los plazos que tienen el Servicio de Impuestos Internos y la Aduana para la regulación de sus plantas.

Sometido a votación la indicación al artículo décimo octavo transitorio fue aprobada por trece votos de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Rojas, Ramírez, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0).

Sometidos a votación los artículos décimo séptimo transitorio, décimo octavo transitorio, con la indicación respectiva; décimo noveno transitorio y vigésimo, fueron aprobados por trece votos de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Rojas, Ramírez, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0).

Artículo vigésimo primero transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Aduanas y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala de Fiscalizadores que se asignen a dichas plantas y podrá establecer la gradualidad en que los cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, determinará los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Además, establecerá las normas de encasillamiento de las plantas de personal y el número de cargos que se proveerán de conformidad a ellas.

2. El número de cargos totales para la planta de personal que se fije en virtud de este artículo será de 1.616.

3. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas de personal y del encasillamiento que se practique

4. En cualquier caso, el encasillamiento del personal a que se refiere este artículo quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos provisionales.

d) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

e) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan no serán exigibles respecto de las y los funcionarios titulares para efectos del encasillamiento a que se refiere el numeral 1 del artículo segundo de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

f) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo vigésimo segundo transitorio.- El encasillamiento de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Nacional de Aduanas quedará sujeto a las condiciones que establezcan el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas conforme al artículo anterior, considerando a lo menos lo siguiente:

1. Los funcionarios de las plantas antes señaladas se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán previo concurso interno, en los cuales podrán participar los funcionarios de planta y a contrata siempre que cumplan los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de titular de planta o a contrata, a lo menos, dos años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo de 2018, y cumplan las demás condiciones para participar en dichos concursos que fije el o los decretos con fuerza de ley antes indicado, el cual podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación impartidas por el Servicio. En el caso del personal a contrata, además podrá exigir haberse desempeñado en dicha calidad sin solución de continuidad por el número mínimo de años que defina el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior

3. Asimismo, dicho decreto con fuerza de ley señalará el número de grados superiores a los cuales podrá postular en el o los respectivos concursos. Con todo, solo podrá ser encasillado como máximo en tres grados superiores en todo el proceso concursal. A el o los concursos no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.479.

4. El o los decretos con fuerza de ley a que alude el artículo anterior definirán los factores que, a lo menos, considerará el concurso, la integración del comité de selección y también podrán establecer las demás normas para la realización de los mismos. Además, el o los referidos decretos con fuerza de ley fijarán el grado en que podrán ser encasillados aquellos funcionarios a contrata que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en la época que determinen dicho decreto o decretos con fuerza de ley.

5. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes en el respectivo concurso interno. En caso que resulte ser encasillado en dos o tres grados superiores, éste se implementará gradualmente, asignando un grado en cada anualidad según lo defina el decreto con fuerza de ley, pudiendo para ello crear cargos transitorios en la planta de personal respectiva, los cuales se suprimirán de pleno derecho cuando queden vacantes por cualquier causal. Dichos cargos transitorios quedarán afectos a la regulación que establezca el decreto con fuerza de ley.

6. En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán por las normas del Párrafo 1° del Título II del Estatuto Administrativo.

7. El decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior, podrá disponer que las vacantes que se generen producto del encasillamiento, se provean de acuerdo a las normas de este artículo. Además, dicho decreto con fuerza de ley podrá establecer normas complementarias para su provisión. Con todo en estos concursos, solo podrán participar aquellos funcionarios que hayan sido encasillados en el mismo grado o en uno o dos grados superiores a los que poseían a la época del encasillamiento, y solo podrán acceder hasta tres, dos o un grado superior al del encasillamiento, respectivamente, y de acuerdo a la forma y gradualidad a que se refieren los numerales anteriores y determine el decreto con fuerza de ley antes indicado.

Artículo vigésimo tercero transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de los artículos vigésimo primero transitorio y vigésimo segundo transitorio de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Nacional de Aduanas. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.”.

Sometido a votación los artículos vigésimo primero transitorio, vigésimo segundo transitorio y vigésimo tercero transitorio, fueron aprobados por trece votos de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Rojas, Ramírez, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (13-0-0).

Se sometieron a votación las restantes disposiciones transitorias:

Artículo primero transitorio.- Las modificaciones al Código Tributario, contenido en el artículo primero del decreto ley N° 830, de 1974, contenidas en el artículo primero de esta ley, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones incorporadas en el artículo 4° quinquies, el nuevo numeral 9° de la letra A) del artículo 6 y el artículo 100 bis comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Los procedimientos de fiscalización que se hubieren iniciado conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º quinquies antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se seguirán conociendo de conformidad a las normas vigentes a la fecha de su inicio tanto a nivel administrativo como judicial. Para estos efectos se considera un procedimiento de fiscalización aquellos donde hubiere citación conforme con el artículo 63 del Código Tributario.

2) El nuevo artículo 4° sexies comenzará a regir a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, pero para el sólo efecto de regular su conformación. Asimismo, Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley deberá ser publicado el reglamento a que hace referencia este artículo.

El Consejo Asesor Consultivo deberá estar constituido al 01 de enero de 2025. De los 7 miembros que lo integran por primera vez, dos consejeros durarán dos años en sus cargos, tres consejeros durarán tres años y un consejero cinco años. A partir de las renovaciones los miembros durarán cinco años en sus cargos.

3) Los requerimientos iniciados en virtud del procedimiento establecido en el artículo 160 bis continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

4) Las modificaciones incorporadas al artículo 1, 53 y 55 entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Cuando por aplicación de las nuevas disposiciones corresponda determinar intereses por periodos anteriores al segundo semestre de 2002 será aplicable, respecto a dichos periodos la tasa de interés que corresponda al segundo semestre de 2002.

5) Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 comenzarán a regir tres meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente Ley.

6) Los procedimientos iniciados conforme el artículo 62 bis y el párrafo primero del Título III del Libro III, antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

7) El primer reporte semestral a que hace referencia el artículo 85 ter deberá realizarse respecto del segundo semestre de 2024.

8) Las modificaciones incorporadas en los incisos duodécimo y final, del artículo 68 y los nuevos artículos 100 ter, 100 quáter y 100 quinquies, entrarán seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

9) Las modificaciones incorporadas a los artículos 130, 131 bis y 161 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2025.

10) Las modificaciones incorporadas en los artículos 171, 174, 178, 179 y 185 regirán desde el tercer mes contado desde la publicación de la presente ley.

11) Las modificaciones incorporadas en los artículos 169, 170 inciso primero, 175, 176, 180 y el nuevo artículo 197 bis, comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Artículo duodécimo transitorio.- Establécese, a partir del 1 día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 30 de noviembre del mismo año, el siguiente sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero:

1) Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2023, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, o cuando los bienes o rentas se mantengan u obtengan en el exterior a través de mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios o mandatarios. También podrán declarar sus bienes y rentas que se encuentren en Chile, cuando sean beneficiarios de aquellos a través de sociedades, entidades, trusts, encargos fiduciarios o mandatarios en el extranjero. Cuando los bienes o rentas se tengan indirectamente o a través de encargos fiduciarios o mandatarios, en la declaración se deberá identificar a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas.

Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pudiera tener injerencia en lo que respecta a la declaración e ingreso de los bienes y rentas materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, acompañada de copia de la citada declaración, como asimismo para que entre todas las instituciones mencionadas puedan intercambiar entre sí, de la misma forma, dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

2) Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren los bienes o rentas de que trata este artículo, no estarán obligados, para efectos de este artículo, a ingresarlos al país. Quienes opten por ingresarlos, deberán hacerlo, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para el efecto, cumpliendo con lo establecido en el numeral 17 y autorizando a las instituciones públicas a que se refiere el numeral 1 para requerir a los bancos respectivos información específica sobre las rentas o bienes que se hayan incluido en la declaración, como asimismo, para que entre tales instituciones intercambien dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para limitar o restringir la realización de las operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria.

3) Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

1. Bienes y rentas.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a. toda clase de bienes incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso. Se incluye también, dentro de esta categoría, toda clase de instrumentos financieros o valores, tales como bonos, cuotas de fondos, depósitos, y otros similares, que sean pagaderos en moneda extranjera;

b. divisas; y

c. rentas que provengan de los bienes indicados en las letras anteriores, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo otro incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

Con todo, los contribuyentes no podrán someter al presente sistema los bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

2. Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2023 y las rentas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2023, ello sin perjuicio de la obligación de cumplir en el futuro con los impuestos y demás obligaciones que pudieren afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas legales que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras.

3. Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Sin perjuicio de las reglas especiales de este numeral, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, su fecha de adquisición o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

Cuando estos bienes hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, conforme a la legislación del país en que se encuentren, la adquisición de los mismos por parte del contribuyente se acreditará con un certificado de la entidad encargada del registro o inscripción, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, en el que conste la singularización de los bienes y el hecho de estar registrados o inscritos a nombre del contribuyente, de una entidad de su propiedad, de su mandatario o encargado fiduciario.

Cuando se trate de acciones u otros títulos, el contribuyente deberá acompañar copia de los mismos, incluyendo una certificación del emisor en que se acredite su autenticidad, vigencia y el hecho de haberse emitido con anterioridad a la fecha señalada en el punto 3.2., todo ello debidamente legalizado, autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según sea el caso. Además, el contribuyente deberá acompañar, cumpliendo los mismos requisitos, copia del acto o contrato en virtud del cual adquirió los precitados títulos.

Cuando el derecho a los bienes o rentas se tengan o ejerza indirectamente, o a través de trusts, encargos fiduciarios o mandatarios, se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, acompañando copia del mandato, encargo fiduciario o trust, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda.

Cuando, para los fines de este artículo, las instituciones públicas de que trata esta misma disposición lo soliciten, en el ejercicio de sus facultades conferidas por ley, el contribuyente deberá exhibir los títulos originales de tenerlos aún en su poder, o, en su defecto, acompañar copia del título que dé cuenta de su enajenación posterior a la declaración, todo ello legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, el que de todas formas deberá haberse emitido o suscrito cumpliendo con las formalidades que de acuerdo a la legislación chilena permitan establecer su fecha cierta.

Podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con los documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio que, cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el contribuyente deberá acompañarlos con posterioridad a ella y hasta antes de emitirse el giro del impuesto respectivo.

4. Forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo deberá ser presentada por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho y de derecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración, momento a partir del cual se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración. Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

5. Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, la que formará parte integrante de la misma para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los bienes, rentas que sean objeto de la misma, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando no se hallen directamente en poder o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6. Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2, del artículo 165, del Código Tributario.

7. Reglas para la valoración de los bienes y rentas declarados.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial a la fecha de la declaración. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a. En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, el valor de tales activos será el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda;

b. En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portfolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 de diciembre de 2023.

c. Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, teniendo como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

d. Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración;

e. El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios;

f. En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva afecta al impuesto de primera categoría en base a contabilidad completa, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios; y

g. Si el contribuyente no acreditare el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, aplicándose la totalidad de las normas de ese Código relativas a la tasación, incluido el derecho del contribuyente a reclamar de aquella conforme al procedimiento general de reclamación. Las diferencias de impuesto único que se determinen como consecuencia de la tasación que efectúe dicho Servicio, dentro de los plazos de prescripción que fija el artículo 200 del Código Tributario, se considerarán para todos los efectos tributarios, como un impuesto sujeto a retención. Aceptada la tasación por el contribuyente o ratificada por sentencia ejecutoriada, los valores tasados deberán considerarse formando parte del costo para fines tributarios de los respectivos bienes.

8. Procedimiento.

Presentada la declaración que regla este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes y rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 12%, sobre el valor de dichos bienes o rentas determinado por el contribuyente.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, debiendo dejarse constancia del pago en el expediente respectivo. El Servicio de Impuestos Internos dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados en conformidad a sus disposiciones. Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que pudiesen resultar. Vencido el plazo de doce meses, caducan de pleno derecho las facultades de dicho Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece esta ley, el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución en que se declare incumplimiento, con indicación del requisito de que se trate y solicitando, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número. En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio señalado podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales, informando de ello al Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda.

Contra la resolución que dicte el Servicio declarando fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclama conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago.

9. Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

10. Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11. Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial:

a. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo 27 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley, en las modificaciones vigentes a la fecha de publicación de esta ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente;

b. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario;

c. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas;

d. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile, o

e. hayan sido objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del Servicio de Impuestos Internos, que diga relación con los bienes o rentas que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo.

12. Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el numeral 8 anterior, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley N°19.913; ni tampoco beneficiará a las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en el numeral precedente.

13. Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, consumos, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley N° 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley N° 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

14. Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para el adecuado intercambio de la misma entre las instituciones señaladas en el numeral 1 de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que, una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios, siendo título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley.

Para estos efectos, el contribuyente deberá acreditara ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

En estos casos, la radicación de estos bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

15. Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo, no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente.

16. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

17. De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley N° 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley N°19.913.

El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero tendrá, previa solicitud, acceso permanente y directo, para el debido cumplimiento de sus funciones legales, a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si ésta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Se conformará una comisión de coordinación y supervisión para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas antilavado de activos establecidas en el presente artículo y en la normativa relacionada que se emita por las referidas instituciones, la que se constituirá y funcionará por el tiempo necesario para cumplir con las disposiciones de este artículo, conforme lo determinen en conjunto el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de análisis financiero. En ella participarán el Servicio y Unidad referidos y cualquiera otra institución pública que se considere relevante para este propósito. Los bancos que intervengan en las operaciones que se acojan al sistema que establece este artículo, deberán establecer mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con los controles para identificar debidamente a los contribuyentes que deseen ingresar activos de acuerdo a los estándares de debido conocimiento de clientes del GAFI, solicitar una declaración de origen de los fondos y requerir la identificación plena de los beneficiarios finales conforme a las reglas de este artículo.

Los bancos deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa que detecten en el análisis de la información proporcionada por los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913 y en las circulares emitidas por dicha Unidad al efecto.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.

Artículo décimo tercero transitorio.- Los contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, mantuvieren gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y el 30 de noviembre de 2024, podrán poner término a dichas gestiones judiciales siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2024, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañando los antecedentes y ofreciendo caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5) siguiente.

2. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuestos Internos no resuelva conforme al número 3 siguiente.

3. Dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, considerándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4. En caso que el fallo de primera instancia o de apelación, haya sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que corresponda a la misma. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5. El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6. El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7. El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

Lo dispuesto en los números anteriores no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo décimo cuarto transitorio.- Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de octubre de 2024, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio, el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.

El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.

Artículo décimo quinto transitorio.- El Tesorero General de la República declarará de oficio, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, la prescripción de las acciones de cobro del Fisco, respecto al saldo vigente a dicha fecha, de los tributos, multas, créditos fiscales y sus recargos legales, excluido el impuesto territorial, girados o emitidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Para estos efectos, se considerará que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción de la acción de cobro no produjo el efecto de interrumpir ni suspender el cómputo del plazo. La facultad se ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.

Artículo final transitorio.- Las modificaciones establecidas en esta ley que no tengan una fecha especial de vigencia, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

Indicación al artículo primero transitorio.

Del Ejecutivo

21) Para sustituir el numeral 5) del artículo primero transitorio por el siguiente:

“5) Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 entrarán en vigencia a partir del 01 de mayo de 2025. A partir del mes siguiente a la publicación de la ley los contribuyentes podrán modificar la cuenta de correos registrada en su sitio personal o presentar la solicitud contenida en el inciso primero del artículo 11 incorporado por el numeral 11) en la presente ley.”.”.

Sometidas a votación las disposiciones transitorias restantes, con la indicación al artículo primero transitorio, fueron aprobados por doce votos. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Ramírez, Romero, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. (12-0-0).

Tras lo anterior, se retomó el debate para tratar las normas sobre gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, contenidas fundamentalmente en las indicaciones del Ejecutivo al artículo noveno:

Indicaciones del Ejecutivo

Al artículo noveno

11) Para agregar el siguiente numeral 1), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“1) Sustitúyase, el artículo 3°, por el siguiente:

“Artículo 3°.- La Dirección Nacional estará constituida por las Subdirecciones Fiscalización, Jurídica y Normativa y por las Subdirecciones y Departamentos que establezca el Director con sujeción a la planta de personal del Servicio.

Una de las Subdirecciones tendrá como objeto principal desarrollar políticas y programas especiales destinados a otorgar apoyo, información y asistencia a las empresas de menor tamaño a que se refiere la Ley Nº 20.416, y a otros contribuyentes de escaso movimiento económico, tales como los señalados en el artículo 22 de la ley sobre impuesto a la renta, con el objeto de facilitar su cumplimiento tributario. Además, una de las Subdirecciones tendrá como objeto principal la contraloría interna y otra tendrá como objeto las Tecnologías de la Información.”.”.

12) Para agregar, a continuación del nuevo numeral 1), el siguiente numeral 2) nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“2) Agrégase, en el artículo 7, el siguiente literal r), nuevo, pasando el actual literal r) a ser literal s):

“r) Dictar las resoluciones necesarias para formar y convocar al Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional conformado por el Director y los Subdirectores de Fiscalización, Jurídico y Normativo con la periodicidad que se señale. Asimismo, habrá Comités Regionales de casos relevantes o de interés institucional, conformados, según corresponda, por el Director Regional o Director de Grandes Contribuyentes, jefes de departamento de fiscalización regional o jefes de los departamentos de cumplimiento en el caso de la Dirección de Grandes Contribuyentes y los jefes de departamentos jurídicos. De corresponder, integrarán el Comité Regional los jefes de departamento que reemplacen o sucedan a los jefes de departamento individualizados precedentemente.

Mediante una o más resoluciones, se determinará la forma y plazos en que sesionará el Comité Nacional y los Comités Regionales y los criterios para definir un caso como relevante o de interés institucional. Las decisiones del Comité Nacional serán vinculantes.

Serán criterios para definir como casos relevantes o de interés institucional, entre otros los siguientes: montos relevantes según la realidad regional o del segmento específico; operaciones dentro de un grupo empresarial; operaciones entre empresas relacionadas; operaciones que puedan dar a lugar a la aplicación de la norma general antielusiva.

En el caso del Comité Nacional se considerarán las operaciones que puedan dar lugar a la presentación de una denuncia o querella por parte del Director por montos de impuestos superiores a 1-200 UTA, sin considerar intereses, reajustes y multas; el avenimiento extrajudicial del artículo 132 ter del Código Tributario; transacciones u operaciones, que independiente de su monto, puedan tener impacto institucional, considerando las características cualitativas de las transacciones y/o de los contribuyentes involucrados o por la transversalidad de la materia a nivel nacional.”.”.

13) Para agregar a continuación del numeral 2) nuevo, el siguiente numeral 3) nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“3) Agrégase, en el artículo 19, a continuación de su letra e), la siguiente letra f), nueva:

“f) Sin perjuicio de lo anterior, los casos definidos como relevantes o de interés institucional de acuerdo a los criterios fijados por el Director en conformidad con lo dispuesto en la letra r) del artículo 7, deberán ser analizados en Comité Regional, conformado por el Director Regional y los Jefes de Fiscalización y Jurídico y enviarlos para análisis y decisión por el Comité Nacional.”.”.

14) Para reemplazar el actual numeral 1), que ha pasado a ser numeral 4), por el siguiente:

“4) Modifícase el artículo 41 del siguiente modo:

a) Intercálase, en su inciso primero, entre la expresión “bienes” y el punto que le sigue, la frase “, conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela.”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para corroborar la integridad y veracidad de la información declarada, el Servicio podrá utilizar la información tributaria de la que dispone, sujeta a reserva, para fines de fiscalización del contenido de la declaración, así como también, podrá solicitar información a otros organismos públicos.”.”.

El Diputado Romero expresó su desacuerdo con la propuesta del gobierno, específicamente en lo que respecta a las normas relacionadas con los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Argumentó que, según su interpretación, estas normas no tendrían una aplicación práctica inmediata, ya que implicarían esperar a que los funcionarios de planta cesaran en sus cargos para poder realizar cambios. Esto, en su opinión, limitaría la capacidad de fortalecer la gobernanza del servicio.

Sostuvo que esta situación afectaría negativamente las medidas propuestas y que, en vez de fortalecer el servicio, resultarían en espera prolongada hasta que se produjeran los cambios necesarios. En resumen, consideró que la propuesta del gobierno no era viable en su forma actual y que no contribuiría significativamente al fortalecimiento del servicio.

La Subsecretaria Berner explicó que en el artículo noveno se establecían cambios significativos para fortalecer la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos. Señaló que este artículo establecía la permanencia de las subdirecciones de jurídica, normativa y fiscalización, así como la creación de una contraloría interna, lo cual no estaba garantizado anteriormente. También mencionó la creación de comités institucionales, tanto a nivel nacional como regional, para abordar casos de interés y asegurar un mejor funcionamiento del servicio en todas sus instancias.

Destacó que la votación era necesaria para abrir la discusión sobre el artículo noveno y los puntos mencionados por el diputado Romero, relacionados con los cambios en la ley orgánica del servicio y la ley de Alta Dirección Pública. Aclaró que estos cambios eran nuevos y requerían una votación independiente, además de la discusión sobre el artículo noveno, que abordaba aspectos más permanentes de la gobernanza del servicio.

Por no recabarse la unanimidad para la reapertura del debate del artículo noveno, las indicaciones del Ejecutivo en este punto se tuvieron por no presentadas.

Indicaciones del Ejecutivo:

Al artículo primero

6) Para agregar un numeral 13), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“13) Agrégase, en el inciso primero del artículo 24, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase:

“Cuando corresponda emitir una liquidación en la cual se determinen diferencias de impuestos de casos definidos como relevantes o de interés institucional, deberá solicitarse informe previo al Comité Nacional o Regional, según corresponda.”.”

10) Para agregar el siguiente numeral 46), nuevo, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes:

“46) Modíficase el artículo 132 ter en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo,” por “el Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional resolverá los términos en los que”.

ii) Eliminase el texto a continuación del punto seguido que pasa a ser punto aparte.

b) Reemplázase en su inciso tercero la palabra “Director” por “Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional”.”.

Sometidas a votación las indicaciones 6) y 10), que agregan respectivamente los numerales 13) y 46) nuevos al artículo primero, fueron aprobados por doce votos. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra el diputado Romero (12-1-0).

15) Para incorporar un artículo décimo cuarto, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo cuarto.- Incorpórase en el inciso primero del artículo trigésimo sexto del Título VI de la Ley N° 19.882, a continuación de la frase: “; y, en el Servicio de Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional” la expresión “ y a los cargos de Subdirectores de Departamento de Subdirecciones estos últimos que darán afectos al segundo nivel jerárquico.”.

16) Para incorporar un artículo décimo quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo décimo quinto.- Los funcionarios o funcionarias que a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública correspondientes al segundo nivel jerárquico del Servicio de Impuestos Internos, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme al título VI de la ley Nº19.882 cuando cesen en ellos por cualquier causa.”.”.

Sometido a votación las indicaciones 15) y 16), que incorporan, respectivamente, un nuevo artículo décimo cuarto y nuevo artículo décimo quinto, fueron aprobados por diez votos. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Bianchi, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra el diputado Romero. Se abstuvieron los diputados Sauerbaum y Mellado (10-1-2).

Indicación del Ejecutivo.

20) Para agregar el siguiente artículo décimo tercero nuevo

“Artículo décimo tercero.- Modifícase el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que Fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican, en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la palabra “legalmente” y el punto seguido que le sigue, la expresión “, o a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre la expresión “cliente” y el punto aparte, la frase “, así como a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

El señor Riquelme explicó que la modificación propuesta pretende mantener la coherencia con las modificaciones realizadas en el procedimiento excepcional en secreto bancario.

Sometida a votación la indicación 20) que incorpora un artículo décimo tercero permanente, fue aprobada por once votos. Votaron a favor los diputados señores Morales, Barrera, Sauerbaum, Mellado, Naranjo, Ramírez, Rojas, Sáez, Sepúlveda, Von Mühlenbrock y Yeomans. Votó en contra el diputado Romero. (11-1-0).

En consecuencia, la Comisión de Hacienda somete a consideración de la Sala el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo primero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso final del artículo 3° la palabra “rija” por la frase “se determine según la regla vigente”.

2) Modifícase el artículo 4° bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “negocios” y “realizados”, la palabra “jurídicos”.

b) Intercálase en el inciso tercero entre las palabras “dichos” y “actos”, la expresión “hechos,”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto, la frase “las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4° ter y 4° quáter”, por la frase “se aplicará dicha norma y no los artículos 4° ter y 4° quáter, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“Serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando, mediante el abuso o la simulación, se eluda la aplicación de una norma especial. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de la norma especial eludida.”.

e) Agréganse, a continuación del inciso quinto, los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“También serán aplicables los artículos 4° ter y 4° quáter cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos, aun cuando, respecto de uno o más de ellos, individualmente considerados, pueda aplicarse una norma especial para evitar la elusión. En estos casos las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de los artículos 4° ter y 4° quáter según corresponda.

Cuando respecto de un hecho, acto o negocio jurídico se hubiese aplicado una norma especial para evitar la elusión, dicho hecho, acto o negocio no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento por aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Los hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se hubiese aplicado la norma general antielusión no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva, salvo para lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo.

Los plazos de prescripción previstos en los artículos 4° quinquies y 59, tratándose de un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se declare la existencia de elusión, comenzarán a correr una vez realizado el último de dichos hechos, actos o negocios jurídicos.”.

f) Agrégase, a continuación de su inciso octavo, el siguiente inciso noveno, nuevo:

“Corresponderá al Servicio probar los elementos constitutivos de abuso o simulación. Sin embargo, le corresponderá al contribuyente probar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios o que sus operaciones se encuentran dentro de la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria.”.

3) Modifícase el artículo 4° ter en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos” por la frase “Hay abuso en materia tributaria cuando se evita la realización del hecho gravado, se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, y cuando se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También será aplicable el presente artículo cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se accede, con abuso, a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase, en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto que le sigue, la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.

4) Modifícase el artículo 4° quáter en el siguiente sentido

a) Reemplázase, la expresión “actos o negocios simulados” por la frase “hechos, actos o negocios jurídicos simulados, además de la multa establecida en los términos del artículo 100 bis.”.

b) Reemplázase la frase “actos y negocios jurídicos de que se trate” por “hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos”.

c) Intercálase, entre la expresión “nacimiento” y el punto que le sigue, la expresión “o se simulen hechos, actos o negocios jurídicos para acceder a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial”.

5) Sustitúyese el artículo 4º quinquies por el siguiente:

“Artículo 4° quinquies.- La existencia de abuso o simulación será declarada administrativamente por el Servicio, mediante resolución fundada del Director cuando el Comité Antielusión establezca la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter en virtud del procedimiento establecido en el presente artículo. El Comité Antielusión estará conformado por el Director y las personas que tengan a su cargo las subdirecciones de fiscalización, jurídica y normativa.

Para la declaración de elusión, el Servicio deberá citar al contribuyente en los términos del artículo 63, pudiendo solicitar todos los antecedentes que estime necesarios respecto a los hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión, en los términos del inciso tercero de dicho artículo, incluidos aquellos que sirvan para el establecimiento de la multa dispuesta en el artículo 100 bis. En la citación deberá constar que el procedimiento se instruye según lo dispuesto en el presente artículo, y se deberá indicar si pueden también ser aplicables una o más normas especiales antielusivas respecto de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos objeto de revisión. Si el procedimiento de fiscalización se hubiere iniciado por una materia distinta, procederá lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 59. Si en el procedimiento anterior ya se hubiese citado al contribuyente, dicha citación se conciliará, debiendo emitirse una nueva citación según lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 63. El procedimiento de fiscalización será dirigido por el Departamento de Normas Generales Antielusión en coordinación con la Dirección Regional o Dirección de Grandes Contribuyentes, según corresponda.

En la respuesta a la citación el contribuyente deberá aportar los antecedentes que den cuenta que en las operaciones analizadas existen efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los tributarios, o que las operaciones se encuentran dentro de las opciones o alternativas que contempla la legislación tributaria y que dicha opción o alternativa es razonable o los elementos que permitan dar cuenta que no existen actos simulados, sin perjuicio de aportar los demás antecedentes que considere pertinentes y necesarios para soportar su posición frente al Servicio.

Finalizada la etapa de fiscalización y dentro de los plazos de prescripción, se deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los antecedentes analizados, los argumentos del contribuyente y los fundamentos para calificar los hechos, actos o negocios jurídicos, o un conjunto o serie de ellos, como constitutivos o no de elusión. El informe deberá ser firmado por los fiscalizadores a cargo de la fiscalización y por el jefe del Departamento de Normas Generales Antielusión.

Cuando el informe dé cuenta de la existencia de elusión, según lo dispuesto en los artículos 4° ter o 4° quáter, y siempre que el resultado de su aplicación resulte en diferencias de impuestos determinadas provisoriamente que excedan al equivalente a 1000 unidades tributarias mensuales; o se reduzca una pérdida tributaria; se pierda un beneficio tributario; o implique la exclusión de un régimen tributario especial, este será presentado al Comité Antielusión. El mismo informe podrá también recomendar la aplicación de una norma especial antielusión, procediendo la Dirección Regional correspondiente a emitir las liquidaciones o resoluciones que correspondan, siempre que se hubiese citado al contribuyente dentro de los plazos establecidos en el artículo 59. En caso de que el informe establezca que no existe elusión, se certificará el término del proceso de fiscalización en los términos del inciso quinto del artículo 59.

Recibido el informe por el Comité Antielusión, éste tendrá un plazo de 15 días desde dicha recepción para solicitar la intervención del Consejo Asesor Consultivo, al que se refiere el artículo 4° sexies, para lo cual enviará el informe y los demás antecedentes del proceso de fiscalización a su coordinador. El Comité Antielusión podrá no requerir la intervención del Consejo Asesor Consultivo recomendando la aplicación de una norma especial antielusiva o determinar el cierre del procedimiento, cumpliendo lo dispuesto en el inciso anterior.

El Consejo Asesor Consultivo tendrá un plazo de 60 días, contado desde la recepción del informe, ampliable por hasta 30 días adicionales por decisión de su coordinador, para emitir una opinión fundada sobre si las operaciones sometidas a su conocimiento tienen o no razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria. La terna del Consejo, a través de su coordinador, podrá solicitar aclaraciones tanto al contribuyente como al Servicio, quienes deberán responder por escrito dentro del plazo de 10 días desde que el coordinador envía el correo electrónico con la comunicación. La respuesta del contribuyente no podrá incorporar antecedentes no aportados durante el procedimiento de fiscalización. Desde el envío de los antecedentes al Consejo Asesor Consultivo y hasta la recepción de su opinión se suspenderá el plazo de prescripción indicado en el artículo 200, para lo cual se dejará constancia de ambos hechos en el expediente electrónico del contribuyente.

Dentro del plazo de 30 días desde recibida la opinión del Consejo Asesor Consultivo, el Comité Antielusión establecerá la procedencia o improcedencia de la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. Si el Consejo Asesor Consultivo considera que las operaciones tienen razonabilidad económica y jurídica considerando la legislación tributaria, y el Comité Antielusión acuerda aplicar los artículos 4° ter o 4° quáter, se deberá dejar constancia, en la resolución prevista en el inciso siguiente de los fundamentos por los cuales, en su opinión, no existe razonabilidad económica o jurídica considerando la legislación tributaria aplicable.

Cuando el Comité Antielusión establezca la existencia de abuso o simulación, el Director procederá a dictar una resolución que deberá señalar los hechos, actos o negocios jurídicos abusivos o simulados, y los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda la calificación de abuso o simulación. Además, el Departamento de Normas Generales Antielusión procederá a notificar la liquidación, resolución o giros respectivos. Si el Comité Antielusión resuelve que no existe elusión, se certificará el término del procedimiento según lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 59, y los hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que recaiga no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva.

Junto con la resolución y liquidaciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio deberá también acompañar en la notificación al contribuyente una copia de la opinión del Consejo Asesor Consultivo. Asimismo, cuando el Servicio decidiese que no procede la aplicación de los artículos 4° ter y 4° quáter, después de haber recibido la opinión del Consejo Asesor Consultivo, deberá enviar una copia de dicha opinión al contribuyente.

La resolución que declare la elusión junto a las liquidaciones, resoluciones o giros en los que incida, serán objeto de la reclamación prevista en el artículo 124 y siguientes del Código Tributario. No procederá en su contra la interposición de recursos administrativos.

La opinión del Consejo Asesor Consultivo podrá ser presentada en el procedimiento judicial a que dé lugar la reclamación del contribuyente, por cualquiera de las partes.

Para el correcto cumplimiento de los plazos establecidos, se deberá dejar constancia de todas las etapas del procedimiento contenido en el presente artículo en el expediente electrónico que se lleve al efecto. El Servicio, mediante resolución, regulará el procedimiento a que se refiere este artículo.”.

6) Agrégase a continuación del artículo 4 quinquies el siguiente artículo 4° sexies, nuevo:

“Artículo 4° sexies.- El Servicio contará con un Consejo Asesor Consultivo cuyas funciones serán:

a) Emitir una opinión técnica sobre la razonabilidad económica y jurídica, considerando la legislación tributaria aplicable, de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a su análisis, cuando el Comité Antielusión lo requiera. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo actuará en ternas designadas por el coordinador.

b) Emitir una opinión técnica sobre el catálogo de esquemas tributarios a que se refiere el número 19° del artículo 8, a requerimiento del Director.

En ningún caso las opiniones del Consejo serán vinculantes para el Comité, para el Director ni para el Servicio.

La organización y el funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo y la interacción entre el mismo y el Servicio serán reguladas por un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.

A. Composición del Consejo Asesor Consultivo

El Consejo Asesor Consultivo contará con un coordinador y 7 consejeros. El coordinador será designado por el Director, previo concurso público. El coordinador del Consejo será una persona de destacada trayectoria en el ámbito tributario, y su cargo será remunerado y compatible exclusivamente con labores académicas, siempre que no excedan de 12 horas semanales.

Las funciones del coordinador serán las siguientes:

i. Informar al Comité Antielusión o al Director de las opiniones que emitan las ternas o el Consejo.

ii. Designar la terna que deberá emitir su opinión para lo dispuesto en el literal a) anterior.

iii. Participar de las reuniones que la terna realice para el análisis de un caso sometido a su revisión.

iv. Convocar al Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

v. Participar de las sesiones que realice el Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

vi. Velar por la confidencialidad de la información en poder del Consejo.

vii. Proponer al Director los consejeros a designar, de aquellos cuya elección se realiza previo concurso público.

viii. Las demás que señale la ley y el reglamento.

Los consejeros serán designados por el Director en base al siguiente procedimiento:

a) Cuatro consejeros serán designados, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador;

b) Dos consejeros serán designados a propuesta en terna del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; y

c) Un consejero será designado a propuesta en terna del Consejo Fiscal Autónomo.

Los consejeros deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.

No podrán ser nombrados miembros del Consejo Asesor Consultivo quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito, o hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada. Los miembros que incurrieren en lo dispuesto en el presente inciso con posterioridad a su nombramiento perderán dicha calidad de pleno derecho, debiendo el Director nombrar a un reemplazante por el período restante.

Los consejeros deberán guardar estricta reserva de los casos sometidos a su consideración, en especial, no podrán sostener ningún tipo de contacto con el contribuyente respecto del cual se estén analizando operaciones, salvo para pedir aclaraciones por escrito, según lo dispuesto en el artículo 5 quinquies. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la destitución del cargo y una multa de 1.000 UTM.

Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 50 unidades tributarias mensuales por cada terna que conformen para la elaboración de la opinión a la que se refiere la letra a) del inciso primero del presente artículo.

B. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Comité Antielusión

Recibido un requerimiento desde el Comité Antielusión el coordinador deberá, dentro de los 15 días siguientes, conformar una terna, entre los consejeros, para el análisis de los hechos sometidos a su consideración. Para la elaboración de la terna el coordinador deberá considerar las características del caso sometido a su consideración, la trayectoria de los consejeros y potenciales conflictos de interés.

El coordinador deberá notificar a los consejeros de su designación, informando el contribuyente y tema sobre el que se deberá emitir la opinión, debiendo el consejero designado informar de inmediato sobre potenciales conflictos de interés. Si alguno de los consejeros designados informare de algún potencial conflicto de interés, el coordinador designará a otro consejero en su reemplazo para la conformación de la terna.

Si el coordinador no pudiere conformar una terna producto de los conflictos de interés de los consejeros, el caso podrá ser analizado por los consejeros que no tengan conflicto de interés los que no podrán ser menos que dos.

Conformada la terna, el coordinador enviará el informe y los antecedentes a sus miembros y citará a una primera reunión para efectuar una exposición del caso y determinar la forma de trabajo.

La terna podrá reunirse las veces que considere necesario, así como requerir información adicional o aclaratoria para que el coordinador la solicite al Comité. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los consejeros de la terna, debiendo dejarse constancia, en todo caso, de lo discutido en las reuniones y de las opiniones disidentes. Las opiniones del Consejo no serán de carácter público mientras que dure el procedimiento administrativo o el judicial cuando el contribuyente hubiere deducido reclamo.

Desde la recepción del informe y los antecedentes la terna tendrá 45 días, ampliables por 30 días adicionales a decisión del coordinador, para emitir su opinión. Si el coordinador decidiere ampliar el plazo, deberá informar de ello al Comité Antielusión.

Una vez que la terna emita su opinión, el coordinador contará con 3 días para remitirla al Comité Antielusión. Junto con la opinión de la terna, el coordinador deberá remitir las actas de las reuniones de la terna y las solicitudes y respuestas que haya realizado la terna al Servicio.

C. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Director

Recibido un requerimiento del Director, el coordinador deberá convocar al Consejo para el análisis del catálogo de esquemas tributarios sometido a su consideración, enviando a los consejeros la propuesta de catálogo recibido.

Las decisiones que tome el Consejo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros, debiendo dejarse constancia en todo caso, de lo discutido en las sesiones y de las opiniones disidentes, si las hubiere.

Desde la recepción de la solicitud el Consejo tendrá 30 días para emitir su opinión y remitirla al Director. Junto con la opinión del Consejo, el coordinador deberá remitir las actas de las sesiones del Consejo referidas al requerimiento respectivo.

D. Obligaciones del coordinador y los consejeros

Les serán aplicables al coordinador y los consejeros, en el ejercicio de sus funciones, las normas de probidad contenidas en las disposiciones del título III, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880, y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880.

Asimismo, los consejeros deberán presentar de forma anual una Declaración de Intereses al Director que dé cuenta, al menos, de lo siguiente:

i. Entidades en las cuales tenga facultades de administración, representación o dirección;

ii. Contribuyentes a los cuales hayan prestado asesoría o hayan representado dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración;

iii. La identificación de su empleador, cuando corresponda;

iv. La identificación de juicios en tramitación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros o los tribunales superiores de justicia, en materias tributarias o aduaneras en los cuales haya asumido la representación de un contribuyente o de las personas indicadas en el numeral i o en el que éstas tengan la calidad de reclamantes.

La información de los numerales i y ii deberán proporcionarla también sobre su cónyuge o conviviente civil y parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

El coordinador y los consejeros deberán informar al Director dentro de los 3 días siguientes contados desde que tomen conocimiento, de los siguientes hechos:

i. Cualquier modificación de los hechos informados en la Declaración de Intereses.

ii. La existencia de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas respecto de él o ella, de su cónyuge o conviviente civil, de sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, o de entidades en las que mantenga una participación igual o superior a un 10% sobre el capital o las utilidades o respecto de las que tenga facultades de administración, representación o dirección.

iii. Que su empleador o una entidad en la cual tenga más de un 10% de participación sobre el capital o las utilidades, o respecto de la cual tiene facultades de dirección o administración, se encuentra prestando servicios a un contribuyente en un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas, o ha asumido la representación judicial en materias tributarias o aduaneras.

iv. La existencia de una querella, acusación o requerimiento en su contra, un proceso penal formalizado en su contra, o haber sido condenado por crímenes o simples delitos.

E. Incompatibilidades, inhabilidades y pérdida de la calidad de miembro

Los consejeros perderán la calidad de tales y quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente de consejeros, en los siguientes casos:

a. Expiración, por el solo ministerio de la ley, del plazo por el que fue designado, incluyendo el período por el que fue renovado, cuando corresponda.

b. Presentación de renuncia voluntaria.

c. Incapacidad física o síquica que le impida absolutamente el desempeño del cargo. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

d. Fallecimiento.

e. Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada.

f. Haber sido sancionado por aplicación de los artículos 4° ter, 4° quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas.

g. Falta grave en el desempeño de sus funciones, calificada por el Director. Concurrirá especialmente esta causal, en los casos a que se refiere el inciso subsiguiente.

h. Infringir el principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

Si faltare algún consejero por alguna de las causales establecidas en los literales b), c), d), e), f), g) o h) del inciso anterior, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento correspondiente. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el período del miembro reemplazado.

Los Consejeros incurrirán en falta grave en el desempeño de sus funciones, entre otros casos, cuando:

a. No presente declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880.

b. No presente la Declaración de Intereses a la que se refiere el literal D del presente artículo.

c. Ejerciere vías de hecho contra otro miembro o funcionario del Consejo.

d. Cometiere alguna conducta que obstaculice o dificulte gravemente el normal funcionamiento del Consejo.

e. Divulgue información o antecedentes que reciba en su calidad de consejero o permita el acceso de terceros no autorizados.

Los Consejeros no podrán asumir la representación judicial ante Tribunales Tributarios y Aduaneros o ante los tribunales superiores de justicia cuando el objeto del juicio sea la aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, o 4 ° quáter. El incumplimiento de esta obligación por un Consejero será considerado una falta grave e implicará la pérdida de la calidad de miembro del Consejo

F. Delitos

Los Consejeros tendrán la calidad de empleados públicos para efectos de lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal.”.

7) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en su literal A, a continuación del numeral 8º los siguientes numerales 9º, y 10º, y 11°, nuevos:

“9º. Dictar la resolución que califica uno o más hechos, actos o negocios jurídicos como elusivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies. Esta facultad es indelegable.

10º. Nombrar a los consejeros y al coordinador del Consejo Consultivo Asesor.

11°. Dictar la resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo, dentro del procedimiento de mediación a que se refiere el Párrafo IV de la ley Orgánica de la Defensoría Nacional del Contribuyente.”.

b) Modifícase su literal B en el siguiente sentido:

i) Modifícase el párrafo segundo del numeral 5° en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter”.

- Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la oración: “Tampoco podrá resolver peticiones administrativas que recaigan sobre las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos dictados de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies de la presente ley.”.

ii) Agrégase, a continuación del numeral 10°, el siguiente numeral 11º, nuevo:

“11º. Llevar adelante procedimientos de fiscalización, revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país, los que podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos, cuando sea instruido por el Director o Subdirector respectivo.”.

8) Modifícase el artículo 8º en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el numeral 14º por el siguiente:

“14º Por “grupo empresarial” el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

a) Una empresa o entidad y su controlador;

b) Todas las empresas o entidades que tienen un controlador común, y este último, y

c) Toda empresa o entidad que determine el Servicio, por resolución, considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que un porcentaje significativo del activo de la empresa o entidad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en empresas, acreencias o garantías;

2. Que la empresa o entidad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;

3. Que la empresa o entidad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial, y

4. Que la empresa o entidad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial.

Contra la resolución que declare a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial, procederá el recurso establecido en el artículo 123 bis y la reclamación en los términos del artículo 124.

Si, como consecuencia de la calificación de grupo empresarial en virtud del literal c) anterior, procede la determinación de diferencias de impuestos, se deberá emitir conjuntamente a la resolución señalada en el párrafo anterior, la respectiva liquidación. En caso de que el contribuyente deduzca un reclamo deberá reclamar conjuntamente la resolución que declara a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial y las liquidaciones que procedan en virtud del presente párrafo.

Todo grupo empresarial deberá designar un “apoderado de grupo empresarial”, entendiéndose por este a la persona natural que designe e informe un grupo empresarial para mantener las comunicaciones y coordinación con el Servicio, a efectos de llevar a cabo las medidas de colaboración a que se refiere el artículo 33. Lo anterior es sin perjuicio del procedimiento de fiscalización establecido en el artículo 59 ter que se regirá por las reglas allí contenidas, en especial respecto del procedimiento para efectuar las notificaciones.”.

b) Intercálase, en el párrafo sexto del numeral 16º, entre las expresiones “35 de” y “la ley N°19.628”, la expresión “este Código y en”.

c) Agrégase en el numeral 17°, a continuación del literal f), el siguiente literal g), nuevo:

“g) El o la cónyuge, conviviente civil o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

No se considerarán como relacionadas las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.”.

d) Agrégase, a continuación del numeral 17°, siguiente numeral 18°, nuevo:

“18°. Por “Sostenibilidad tributaria”, al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el Servicio en un registro creado para tales efectos, acreditando que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El Servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto.

Asimismo, el Servicio podrá firmar acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación establecida en el párrafo anterior. El Servicio, mediante resolución, establecerá el contenido mínimo que deben contener estos acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad tributaria.

El Servicio mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y RUT de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este número.”.

e) Agrégase, a continuación del numeral 18°, nuevo, el siguiente numeral 19°, nuevo:

“19° Por “Catálogo de Esquemas Tributarios”, el documento que elabora y publica periódicamente el Servicio, en línea con sus planes de fiscalización y de acuerdo con su experiencia acumulada, con fines informativos.”.

9) Modifícase el artículo 8 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese el numeral 5 por el siguiente:

“5°. Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, respecto de los mismos hechos o impuestos, en los términos del artículo 59.”.

ii) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

- Elimínase la frase “, ni de los procedimientos del artículo 4° quinquies”.

- Intercálase entre la palabra “tributarias” y el punto aparte que le sigue, la frase “, pudiendo en todo caso acceder a ella”.

iii) Agregáse en su numeral 16º, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase: “Asimismo, el Servicio deberá informar en el sitio personal del contribuyente todas las actuaciones, requerimientos o interacciones que éste registre con el Servicio de manera actualizada, para efectos de su conocimiento y seguimiento.”.

iv) Agrégase, a continuación del numeral 19°, el siguiente numeral 20º, nuevo:

“20° Que el Servicio mantenga, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan comparecer a las actuaciones de forma remota y permitir el aporte de documentos o antecedentes de forma digital o física. Asimismo, deberá facilitar el cumplimiento de las obligaciones de forma electrónica para aquellos contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos necesarios para tales fines, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos.”.

b) Elimínase en su inciso segundo la palabra "Nacional”.

c) Intercálase en su inciso tercero, entre la palabra “Regional” y la expresión “se podrá”, la frase “o el Director, en su caso,”.

10) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Asimismo, los contribuyentes podrán conferir mandato a una o más personas naturales para realizar trámites de carácter tributario en su nombre en el sitio web del Servicio, debiendo éstas autenticarse con su propio rol único tributario y clave tributaria. Los mandatarios establecidos bajo esta modalidad y los representantes legales informados ante el Servicio, de conformidad al artículo 68 del Código Tributario, se entenderán facultados para actuar en todo procedimiento administrativo electrónico ante el Servicio y el Servicio de Tesorerías, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo.”.

b) Modifícase el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “representación” y la coma que le sigue, la frase: “, sea por revocación o renuncia”.

ii) Reemplázase la frase “el artículo 13 o 14, según corresponda” por la frase “las reglas generales”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si con ocasión de la revocación o renuncia un contribuyente quedara sin representante o mandatario para realizar notificaciones, éstas se realizarán en virtud del artículo 11 ter hasta que el contribuyente nombre a un nuevo representante o mandatario.”.

11) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Las notificaciones que el Servicio deba practicar se realizarán por correo electrónico, a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en el sitio personal del contribuyente. No procederá esta forma de notificación cuando el contribuyente no haya informado un correo electrónico o cuando una disposición legal ordene una forma distinta de notificación. Tampoco será aplicable la notificación por correo electrónico respecto de contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, cuando presenten una solicitud ante el Servicio con los antecedentes que acrediten que se encuentran en alguna de estas situaciones, la cual deberá ser resuelta dentro del plazo de 30 días desde su presentación.

Quienes no hayan registrado un correo electrónico ante el Servicio, se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el inciso primero o estén domiciliados en zonas o comunas donde existe baja o nula conectividad, deberán ser notificados personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación.

Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico conforme al inciso primero, el Servicio igualmente deberá remitir copia de aquélla al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.

En los casos que la notificación deba ser realizada por carta certificada, ésta podrá ser entregada por el funcionario o trabajador de las empresas de correos que realice la gestión, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él, debiendo ésta firmar el recibo respectivo.”.

b) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase “, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda”.

c) Reemplázase en el inciso final la frase “podrán ser notificadas” por “serán notificadas por correo electrónico o a falta de este”.

12) Modifícase el artículo 11 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la palabra “contribuyente”, la primera vez que aparece, y la expresión “, quien”, la expresión “en su sitio personal”.

ii) Intercálase entre la expresión “68.” y la palabra “Cualquier”, la frase “La referida modificación producirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que sea informada al Servicio.”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el actual inciso cuarto a ser tercero.

13) Agrégase, en el inciso primero del artículo 24, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase:

“Cuando corresponda emitir una liquidación en la cual se determinen diferencias de impuestos de casos definidos como relevantes o de interés institucional, deberá solicitarse informe previo al Comité Nacional o Regional, según corresponda.”

14) Modifícase el artículo 26 bis en el siguiente sentido:

a) Incorpórase, en el inciso primero, a continuación del primer punto seguido, la oración: “Tratándose de consultas relativas a normas especiales antielusivas, el consultante deberá señalar específicamente sobre cuáles de ellas solicita el pronunciamiento, restringiéndose la consulta y la respuesta otorgada únicamente a la norma especial antielusiva sobre la cual se haya consultado”.

b) Intercálase, en su inciso cuarto, entre la expresión “antielusivas” y el punto final, la frase “sobre las cuales se haya consultado”.

15) Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 33 por los siguientes incisos:

“Para la realización de las actuaciones descritas en el numeral iii anterior el Servicio deberá previamente enviar un aviso al contribuyente mediante correo electrónico, el que también deberá ser publicado en el sitio personal del contribuyente, sin que el incumplimiento de esta última obligación afecte la validez del acto. El aviso deberá contener las siguientes menciones:

a) La individualización del funcionario a cargo de la actuación.

b) La indicación de que se trata de medidas preventivas y de colaboración ejecutadas en el marco de este artículo y que por tanto no constituyen un procedimiento de fiscalización.

c) La indicación de que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

d) El plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan.

El Servicio, mediante resolución, establecerá el plazo para efectuar los avisos establecidos en el inciso anterior y los medios expeditos para realizarlos.”.

16) Modifícase el numeral 2 del artículo 33 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el literal a) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la frase “inversiones en el extranjero”, la primera vez que aparece.

ii) Elimínase la frase “Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos.”.

b) Modifícase el literal b) de su literal A. en el siguiente sentido:

i) Elimínase la expresión “inversiones en Chile:”.

ii) Reemplázase la expresión “presente ley” por la expresión “ley sobre Impuesto a la Renta”.

c) Reemplázase en el encabezado de su literal B) la frase “deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:” por la oración: “o la persona natural o entidad, constituida, domiciliada o residente en Chile que tenga calidad de controladora, en los términos indicados en el número 17 del artículo 8° del Código Tributario, respecto a un constituyente o "settlor", beneficiario, "trustee" o administrador de un "trust", cuando éstos se encuentren constituidos, sean residentes o estén domiciliados en el extranjero. Para estos efectos, se deberá informar, en la forma que determine el Servicio por resolución, lo siguiente, según sea aplicable conforme a la legislación extranjera:”.

17) Modifícase el artículo 53 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal diario, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos o contribuciones. El interés penal será determinado a partir de la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en tres coma cinco por ciento. Este interés se calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el inciso primero y se determinará por cada día de retraso.”.

b) Agréganse, a continuación del inciso tercero, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para determinar el interés penal indicado en el inciso anterior se deberá considerar la tasa de interés semestral que resulte aplicable según el período trascurrido entre el vencimiento del impuesto o contribución respectivo y la fecha del pago efectivo de los mismos. La tasa de interés así determinada se dividirá por trescientos sesenta y se multiplicará por la cantidad de días de retraso que transcurran en cada semestre a partir de la fecha de vencimiento del impuesto o contribución hasta la fecha del pago efectivo de éstos, o parte de ellos. Para estos efectos el Servicio mediante resolución fijará la tasa de interés vigente para cada semestre. La resolución será publicada en el sitio web del Servicio los meses de junio y diciembre de cada año y regirá por el semestre que inicia el mes siguiente al de su publicación.

Cuando la mora en el pago de un impuesto o contribución, o de una parte de ellos, sea por un plazo mayor a un semestre, el interés penal total a aplicar corresponderá a la sumatoria de las tasas individuales determinadas en la forma descrita en el inciso cuarto.

La tasa de interés determinada según los incisos anteriores el contribuyente podrá solicitar la emisión del giro correspondiente el cual estará vigente por un plazo de 5 días. Vencido el plazo será necesario actualizar los intereses en conformidad al presente artículo.”.

18) Intercálase en el artículo 55, entre las palabras “tasa” y “vigente”, la frase “que se determine según la regla”.

19) Agrégase en el artículo 56 el siguiente inciso final, nuevo:

“No procederá la condonación establecida en el presente artículo respecto de contribuyentes que hayan sido condenado por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio.”.

20) Sustitúyase el artículo 59 por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización. Sin embargo, no podrá efectuar nuevos procedimientos de fiscalización, ni por el mismo periodo ni en los periodos siguientes, respecto de operaciones, transacciones y/o sobre hechos que ya han sido objeto de un proceso de fiscalización, salvo las excepciones siguientes:

a) Que se trate de un nuevo requerimiento, efectuado por el mismo período tributario o en los periodos siguientes, que tenga por objeto la fiscalización de hechos nuevos o de la correcta determinación de impuestos distintos de los que fueron objeto del procedimiento primitivo.

b) Cuando aparezcan nuevos antecedentes que puedan dar lugar a:

i. Un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161;

ii. Un procedimiento de fiscalización ajustado a lo establecido en los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter, 4° quinquies;

iii. Un procedimiento de fiscalización por aplicación del artículo 41 G o 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

iv. Que los nuevos antecedentes tengan como origen una respuesta a una solicitud de información efectuada a alguna autoridad extranjera.

Para fines de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá por procedimiento de fiscalización aquel iniciado por un requerimiento de conformidad a este artículo en el cual, en base a la revisión de los antecedentes presentados por el contribuyente en respuesta a dicho requerimiento y/o de aquellos disponibles en las bases de información del Servicio, se haya citado al contribuyente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63. No se considerarán procedimientos de fiscalización aquellas revisiones iniciadas por medios distintos de la citación del artículo 63, salvo que hayan concluido formalmente con un giro, liquidación o resolución; o con una rectificación o certificación, cuando en virtud de éstas últimas se hayan aceptado los hechos o partidas objeto de la revisión.

Iniciado un procedimiento de fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición, para llevar a cabo actuaciones de fiscalización. El funcionario a cargo deberá, dentro de los 10 días siguientes, contados desde que recibió los antecedentes, emitir dicha certificación. Transcurrido el plazo sin que el funcionario a cargo efectúe la certificación respectiva, se entenderán por acompañados sin más trámite, iniciándose el cómputo del plazo de nueve meses.

Dentro de los plazos de fiscalización establecidos en el presente artículo el Servicio podrá, alternativamente, llevar a cabo las siguientes actuaciones: citar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, liquidar, emitir una resolución o formular giros, cuando corresponda, o bien certificar, si el contribuyente así lo solicita, que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización.

El plazo de fiscalización para citar, liquidar, emitir una resolución o formular giros será de doce meses en los siguientes casos:

a) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia;

b) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior;

c) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial, y

d) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo será de 18 meses, en los siguientes casos:

a) Cuando se apliquen los artículos 10, 41 F 41 G y 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta;

b) En los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies;

c) Cuando se aplique el artículo 63 de la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones;

d) En aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161, y

d) Cuando se requiera información de una autoridad extranjera.

Los plazos de 12 y 18 meses indicados en los dos incisos anteriores podrán ser ampliados por una sola vez, por un plazo de 6 meses, por resolución fundada. Las referidas resoluciones deberán ser emitidas en cumplimiento del derecho establecido en el artículo 8º bis Nº 4 y deberán ser notificadas al contribuyente a más tardar el último día del plazo original que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda. Respecto de dichas resoluciones no procederá el recurso de reposición administrativa voluntaria del artículo 123 bis ni el reclamo judicial establecido en el artículo 124.

Si dentro de los plazos señalados en los incisos cuarto y quinto, más su ampliación cuando corresponda, y del análisis de los antecedentes presentados en respuesta al requerimiento de antecedentes efectuado en virtud del presente artículo se estima procedente la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 4º quinquies, por tratarse de alguno de los casos señalados en los artículos 4º ter o 4º quáter, deberá notificarse la resolución, al contribuyente, a más tardar el último día del plazo que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda, que informa que el procedimiento iniciado continuará bajo dicha normativa, en cuyo caso será aplicable el plazo establecido en inciso sexto más su ampliación si corresponde, debiendo en todo caso considerarse el plazo ya transcurrido.

Por su parte, si dentro de los plazos señalados la unidad del Servicio que lleva a cabo un procedimiento de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento o de fiscalización por la unidad del Servicio competente. En tal caso, deberá notificarse conforme a las reglas generales al contribuyente indicando con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, resguardando así su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.”.

21) Agrégase, a continuación del artículo 59 bis, el siguiente artículo 59 ter, nuevo:

“Artículo 59 ter. En caso de operaciones o transacciones realizadas en Chile por contribuyentes que conformen un mismo grupo empresarial y que serán o estén siendo fiscalizados conforme a lo indicado en los artículos 59 y siguientes, el Servicio podrá realizar un procedimiento de fiscalización unificado que involucre a todos los contribuyentes del grupo empresarial que hubieren concurrido en dichas operaciones y transacciones, debiendo considerar los efectos de fiscalización de manera integral y consistente.

El inicio de un proceso de fiscalización unificado constará en una resolución que deberá ser notificada, conforme a las reglas generales a las entidades del grupo empresarial que serán sometidas a este procedimiento. En aquellos casos que la notificación se realice cuando una o más de las entidades del grupo empresarial ya estuvieran siendo fiscalizadas conforme al artículo 59, el inicio del procedimiento de fiscalización unificada no interrumpirá los plazos establecidos en dicho artículo. El Servicio podrá disponer que la competencia para conocer la fiscalización se radique en la unidad que tenga jurisdicción sobre el domicilio de la sociedad o entidad controladora, o en la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, situación que deberá constar de forma expresa en la resolución que sea notificada a los contribuyentes. La resolución aludida en este inciso no será objeto del recurso establecido en el artículo 123 bis ni del reclamo contenido en el artículo 124.

Recibida la o las notificaciones, señaladas en el inciso anterior y cuando el Servicio no hubiese radicado la competencia en la unidad correspondiente a la sociedad o entidad controladora, esta podrá solicitar que se efectúe dicha radicación, dentro del plazo de 5 días. La solicitud deberá ser presentada ante el Director Regional correspondiente al domicilio del controlador o ante el Director de Grandes Contribuyentes cuando corresponda. La solicitud deberá ser resuelta dentro del plazo de 5 días.

Determinada la unidad que conocerá la fiscalización se radicará en ella la competencia para iniciar o proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes.

Será competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme este artículo, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. Procederá en estos casos la acumulación de autos.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en el presente artículo.”.

22) Modifícase el artículo 60 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase el inciso tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el jefe de oficina ordenará” por “se deberá”.

23) Elimínase en el inciso primero del artículo 60 quinquies la frase “de bienes afectos a impuestos específicos”.

24) Modifícase el artículo 62 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “personas determinadas” por “contribuyentes determinados”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, en el literal c) de su numeral 1), la expresión “, y” por un punto y coma.

ii) Modifícase el literal d) del numeral 1) en el siguiente sentido:

- Intercálase, entre la palabra “identificando” y “la entidad” la frase “, en este último caso,”.

- Agrégase el siguiente párrafo final:

“Desde la notificación señalada en este numeral y la entrega efectiva de la información bancaria requerida por el Servicio o hasta que finalice, por sentencia ejecutoriada, el procedimiento establecido en el artículo 62 bis, el banco deberá informar al Servicio la existencia de movimientos anormales o sospechosos en la o las cuentas bancarias que pudieran dar cuenta que el contribuyente busca ocultar sus saldos o distraer sus fondos de forma que el Servicio pueda tomar las medidas conducentes a asegurar el éxito del procedimiento de fiscalización. El Servicio, mediante resolución, fijará los criterios para establecer cuando un movimiento debe ser calificado como anormal o sospechoso. Asimismo, durante este periodo el banco no podrá acceder a una solicitud de cierre de la cuenta bancaria respecto de la cual se ha requerido información sin autorización judicial previa otorgada por el tribunal competente según el artículo 62 bis.”.

iii) Agrégase, a continuación del literal d), de su numeral 1), el siguiente literal e), nuevo:

“e) Señalar el procedimiento de fiscalización en contra del contribuyente respecto del cual se requiere información, salvo los casos señalados en el párrafo segundo del numeral 3).”.

iv) Reemplázase el numeral 2) por el siguiente:

“2) En la misma fecha de la notificación señalada en el número 1), el Servicio notificará al contribuyente, personalmente o por cédula, indicando el procedimiento de fiscalización respecto al cual se ha efectuado el requerimiento, la información requerida, el banco al cual se ha solicitado y el plazo fijado para su entrega. Sin perjuicio de la notificación del Servicio, el banco deberá, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya sido notificado, enviar una comunicación al titular de la cuenta, por correo electrónico, señalando que ha sido requerido para entregar su información bancaria. La omisión de esta comunicación no invalidará la notificación, pero hará responsable al banco de los perjuicios que dicha omisión pudiese ocasionarle al titular de la información.”.

v) Modifícase el numeral 3), reemplazando en su párrafo segundo, la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por “realizar la comunicación respectiva indicada”.

- Elimínase su párrafo tercero.

vi) Reemplázase el numeral 4) por el siguiente:

“4) El contribuyente podrá oponerse a la entrega de información, debiendo reclamar dentro del término de 15 días hábiles contados desde la notificación a que se refiere el número 2) anterior, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 62 bis. Dentro del mismo plazo, el contribuyente deberá informar la interposición del mencionado reclamo al banco a través de correo electrónico, acompañando los antecedentes que acrediten la interposición del reclamo. El banco deberá remitir dicha comunicación, por correo electrónico, al Servicio y le permitirá no entregar la información requerida hasta que exista sentencia firme o ejecutoriada sobre la procedencia del reclamo.

Pasados los 15 días sin que el Servicio haya tomado conocimiento de la interposición de un reclamo por el contribuyente, deberá solicitar ante el tribunal tributario y aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente que certifique que no se presentó reclamo bajo el procedimiento del artículo 62 bis, o que habiéndose presentado fuera declarado inadmisible y en este último caso que no existen recursos pendientes. El tribunal, por oficio, deberá enviar la certificación o indicar que se ha presentado un reclamo o que se encuentra pendiente la resolución de un recurso sobre su admisibilidad, dentro de los 5 días siguientes. Certificado lo anterior, el Servicio notificará al banco quien deberá enviar la información requerida sin más trámite dentro del plazo establecido en el número 1).”.

vii) Reemplázase el numeral 5) por el siguiente:

“5) Habiendo sido interpuesta la oposición y rechazada ella total o parcialmente por sentencia judicial firme, el Servicio solicitará que el Tribunal oficie al banco. Lo mismo ocurrirá si las partes llegan a un acuerdo total o parcial o a algún equivalente jurisdiccional que obligue al titular a entregar toda o parte de la información requerida. La entidad bancaria dispondrá de un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.”.

viii) Reemplázase el número 6) por el siguiente:

“6) El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco será sancionado con una multa de 50 unidades tributarias anuales.”.

ix) Agrégase, a continuación del numeral 6), el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) No procederá lo dispuesto en los numerales anteriores, cuando el requerimiento de información bancaria se realice con ocasión de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 59 ter y el número 10 del artículo 161 de la presente ley y de los artículos 41 E, 41 F, y 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en cuyo caso el banco deberá entregar la información requerida por el Servicio, dentro del plazo de 45 días. Para estos efectos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) El Servicio deberá presentar el requerimiento, que contendrá las menciones señaladas en el numeral 1), ante el Tribunal Tributario y Aduanero, correspondiente al domicilio del contribuyente. El requerimiento contendrá además los fundamentos que den cuenta de la importancia de contar con la información bancaria requerida.

b) El juez tendrá un plazo de 5 días para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar la resolución al Servicio, mediante correo electrónico, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

c) El Servicio procederá a enviar el requerimiento señalado en la letra a) anterior y la resolución del tribunal al banco, el cual deberá a entregar la información dentro del plazo de 45 días desde la recepción del requerimiento.

d) El banco, una vez entregada la información al Servicio, deberá comunicarle al titular que ha procedido a entregar su información bancaria en virtud de un requerimiento especial según lo dispuesto en el presente numeral.

El procedimiento será siempre secreto.”.

c) Intercálase, en su inciso quinto, entre la frase “deberá ser eliminada,” y la expresión “no pudiendo” la frase “dentro del plazo de 30 días,”.

d) Reemplázase, en su inciso sexto, la frase “reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 70 a quinientas unidades tributarias mensuales”.

25) Sustitúyese el artículo 62 bis por el siguiente:

“Artículo 62 bis.- Para los efectos a que se refiere el número 4) del artículo 62, será competente para conocer la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria, el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente.

La oposición deberá ser presentada junto con los antecedentes que justifiquen que el Servicio cuenta con la información bancaria requerida o que dicha información carece de importancia para el procedimiento de fiscalización.

Presentada la acción el Tribunal examinara? si ha sido interpuesta en tiempo y si tiene fundamentos suficientes para acogerla a tramitación. Si su presentación ha sido extemporánea o adolece de manifiesta falta de fundamento, la declarara? inadmisible por resolución fundada. En contra de la resolución que declara el reclamo inadmisible será procedente el recurso de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente.

Acogida a tramitación, se dará traslado al Servicio por el término de diez días. En su respuesta el Servicio deberá acompañar los antecedentes que sustenten el requerimiento y que justifiquen la importancia de contar con dicha información para determinar las obligaciones tributarias del contribuyente, identificando las declaraciones o falta de ellas, en su caso, que se pretende verificar o los impuestos que eventualmente no se hubieren declarado o se hubieren declarado en un monto inferior. En el caso de requerimientos efectuados desde el extranjero, deberá indicarse la entidad requirente de la información y los antecedentes de la solicitud respectiva. Presentada la respuesta por el Servicio el Tribunal dará traslado al contribuyente por diez días para que exponga sus observaciones a la respuesta del Servicio.

Vencidos los plazos indicados en el inciso anterior y existiendo hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se abrirá un término probatorio de diez días en el cual las partes deberán rendir todas sus pruebas. El Tribunal apreciara? la prueba rendida de acuerdo con lo establecido en el inciso décimo tercero del artículo 132.

Vencido el término probatorio, el Juez Tributario y Aduanero dictara? sentencia en un plazo de diez días.

Contra la sentencia que falle el reclamo procederán los recursos de apelación y de casación en la forma, dentro del plazo de quince días desde la fecha de su notificación. El recurso será conocido en cuenta y en forma preferente por la Corte de Apelaciones, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de cinco días contados desde el ingreso de los autos en la secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos.

El expediente se tramitará en forma secreta en todas las instancias del juicio.

En lo no establecido en este artículo, y en cuanto la naturaleza de la tramitación lo permita, se aplicarán las demás normas contenidas en el Título II del Libro Tercero.”.

26) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso segundo la oración “Jefe de la Oficina respectiva del”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración a continuación del punto seguido, que pasa a ser final.

c) Agrégase, a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso final:

“Si, en respuesta a la citación practicada, el contribuyente presenta nuevos antecedentes que no fueron aportados previamente o que del análisis de los mismos se toma conocimiento de la existencia de hechos, actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, posiblemente constitutivos de abuso o simulación de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° ter y 4° quáter, podrá darse inicio a un nuevo procedimiento de fiscalización, para lo cual el Servicio citará al contribuyente en los términos dispuestos en el artículo 4º quinquies.”.

27) Sustitúyese el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64. Cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio podrá tasar, fundadamente, dicho precio o valor en los casos en que éste difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

Para los efectos de este artículo se entenderá por valores normales de mercado los que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando, entre otras, las características de la industria, sector o segmento, las funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación que se analice y, en general, cualquier otra circunstancia relevante.

El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo al artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. El contribuyente podrá acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis.

El Servicio podrá, por resolución, sugerir la utilización de uno o más métodos de valoración para que los contribuyentes puedan acreditar que sus operaciones se realizan a valores normales de mercado en los términos indicados en el inciso segundo.

Si el contribuyente, en respuesta a la citación efectuada, no logra acreditar que el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado o no concurre o no da respuesta a dicha citación, el Servicio determinará fundadamente tales valores o precios utilizando los medios probatorios aportados por el contribuyente, si hubieren, y cualesquiera otros antecedentes de que disponga, debiendo aplicar para tales efectos los métodos señalados. El Servicio podrá requerir información a autoridades extranjeras respecto de los actos, convenciones u operaciones que sean objeto de fiscalización.

Determinados por el Servicio los valores o precios normales de mercado, se practicará la liquidación de impuestos o se dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos, y la determinación de los intereses y multas que correspondan.

En todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor cuando este difiera notoriamente de los valores de mercado, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el Título II del Libro Tercero de este Código.

La diferencia entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y el determinado por el Servicio mediante resolución, liquidación o aquél propuesto por el contribuyente en respuesta a la citación, aceptado por el Servicio o el propuesto mediante declaraciones rectificatorias, se afectará en el ejercicio que corresponda, con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

No se afectarán con este impuesto único, las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias presentadas antes de un requerimiento del Servicio sobre la materia, siempre que impliquen un aumento en su base imponible, debiendo tributar con los impuestos generales que correspondan al acto, convención u operación objeto de la rectificatoria.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo respecto de cualquier tipo de reorganizaciones empresariales, tales como, fusiones, divisiones, la conversión del empresario individual o aportes de activos de cualquier clase dentro del territorio nacional, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocios. Tratándose de fusiones, divisiones, la conversión o el aporte parcial o total de activos se deberá mantener el costo tributario de los activos en la sociedad absorbente o naciente de una fusión, en la sociedad que nace con ocasión de la división o en la que recibe el aporte de uno o más activos y no se deberán originar flujos efectivos de dinero para el aportante.

Tampoco se aplicará la facultad de tasación a las reorganizaciones empresariales internacionales que produzcan efectos en bienes, acciones o derechos situados en el país, en la medida que cumplan los siguientes requisitos copulativos: exista una legítima razón de negocios, la reorganización se haya efectuado dentro del mismo grupo empresarial, que no se originen flujos de dinero para el aportante y se mantenga el costo tributario de los activos que se transfieren, asignen o aporten con ocasión de la reorganización, que se haya cumplido con las exigencias legales de la jurisdicción extranjera que corresponda y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile. Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable respecto de reorganizaciones empresariales que impliquen el traslado de la propiedad sea directa o indirecta de bienes, acciones o derechos, situados en el país, a entidades domiciliadas o residentes en países o territorios con régimen fiscal preferencial, a los que se refiere el artículo 41 H o que según la legislación extranjera estén liberados de llevar contabilidad según normas de general aplicación.

Para los efectos del presente artículo se entenderá por legitima razón de negocios, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio; así como obtener ventajas competitivas; financiamiento; la eliminación o mitigación de costos o riesgos; aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado; optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que, en cualquier caso, sea distinta a la meramente tributaria.

Los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación del presente artículo frente a una operación o reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis.”.

28) Sustitúyase el artículo 65 bis por el siguiente:

“Artículo 65 bis. La unidad del Servicio que realice un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63, considerando igualmente aquellos casos en que se radique la competencia en una Dirección Regional distinta a la naturalmente competente conforme a lo establecido en el artículo 59 ter, será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalización posteriores relacionadas con dicho requerimiento o citación, incluyendo los recursos de reposición administrativa establecidos en el artículo 123 bis y las solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora que se conozcan en virtud del N°5 de la letra B del artículo 6.

El Servicio podrá ordenar la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile, cualquiera que sea el territorio jurisdiccional a que corresponda el domicilio del contribuyente, en los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter y 4° quáter, cuando los hechos, actos o negocios de que se trate involucren a contribuyentes o entidades con domicilio en distintos territorios jurisdiccionales. En tal caso, la Dirección Regional que inició la fiscalización comunicará la referida orden a la Dirección Regional del territorio jurisdiccional del otro contribuyente o entidad. Dicha comunicación radicará la fiscalización del otro contribuyente o entidad ante el Director Regional que emitió la orden, para todo efecto legal, incluyendo los recursos administrativos que pueda interponer el o los contribuyentes y las solicitudes de condonación. Tanto el reclamo que interponga el contribuyente inicialmente fiscalizado como el que interponga el contribuyente o entidad del otro territorio jurisdiccional, deberá siempre presentarse y tramitarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización referida en este inciso.”.

29) Agrégase, a continuación del artículo 65 bis, el siguiente artículo 65 ter, nuevo:

“Artículo 65 ter.- Las actuaciones realizadas por funcionarios dependientes de otro territorio jurisdiccional, que no sean de aquellas reguladas en el artículo 59 ter y el inciso segundo del artículo 65 bis, se deberán ejecutar conforme las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las siguientes reglas especiales:

1. Será obligatorio el uso del expediente electrónico a que se refiere el N° 16 del artículo 8°.

2. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 115, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

3. El recurso de reposición administrativa voluntaria contenido en el artículo 123 bis y la revisión de la actuación fiscalizadora conforme al número 5º de la letra B) del artículo 6º, deberán presentarse en la Dirección Regional en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de la resolución, liquidación o giro, sin perjuicio que la tramitación y resolución del mismo será realizada por la Dirección Regional o la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, que haya emitido el acto.”.

30) Modifícase el artículo 68 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en su inciso sexto, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Esta misma obligación existe cuando el cambio de socios, la fusión, división o transformación ocurre en el exterior, siempre que produzca un efecto directo en un contribuyente domiciliado o residente en Chile.”.

b) Sustitúyese su inciso décimo por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación de información establecida en este artículo será sancionado conforme al número 1° del artículo 97. Además, cuando dicho incumplimiento provenga de un contribuyente que forme parte de un Grupo Empresarial o sus ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial del incumplimiento o en el inmediatamente anterior, los plazos de prescripción a que se refieren los artículos 200 y 201 se entenderán aumentados o renovados en 12 meses, según corresponda, para la revisión de todos los efectos tributarios que se desprendan de las modificaciones y acuerdos no informados, respecto de todos los contribuyentes que intervinieren en ellos, a partir de la fecha en que sean informados al Servicio o de la fecha en que este último detecte el incumplimiento. El plazo de prescripción se aumentará en 12 meses a continuación del término de los plazos originales de prescripción y la renovación ocurrirá en la medida que el contribuyente cumpla su obligación de informar o el Servicio detecte el incumplimiento fuera de los plazos originales de prescripción. Con todo el plazo máximo de prescripción, considerando la renovación, no podrá superar los 10 años.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso décimo, los siguientes incisos undécimo, duodécimo y final, nuevos:

“El aumento o ampliación de la prescripción señalado en el inciso anterior procederá exclusivamente cuando el incumplimiento buscare evitar el pago de un impuesto, ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de una norma especial o general antielusiva. Se encuentran en esta situación los contribuyentes que no declaren un impuesto o declaren un impuesto menor cuyo origen sea la modificación no informada, no presenten una declaración jurada que contenga o de cuenta de la modificación o cuando la información omitida sea esencial para la calificación de una operación como elusiva o para aplicación de una norma especial para evitar la elusión. Con todo, el Servicio podrá, de oficio, actualizar la información que el contribuyente deba proporcionar conforme al inciso sexto, cuando obtenga dicha información de fuentes públicas o pueda desprenderse de los antecedentes proporcionados por el contribuyente respecto de otro tipo de actuaciones frente al Servicio la que se incorporará en la carpeta tributaria y se notificará al contribuyente, no siendo aplicable en tal caso la multa del inciso anterior.

Las siguientes entidades se encontrarán obligadas a exigir la acreditación de haber efectuado ante el Servicio el trámite de inicio de actividades descrito en el inciso primero, respecto de las personas o contribuyentes que a continuación se señalan, a menos que estos acrediten que existe una autorización expresa que la libere de esta obligación:

a) Todos los órganos de la administración del Estado, Gobiernos Regionales y Municipalidades respecto de las personas que requieran una autorización para desarrollar una actividad económica o que dicha autorización sea parte de los requisitos a cumplir para ser autorizado a desarrollar una actividad económica habitual.

b) Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, respecto de quienes contraten sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica.

c) Los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, respecto de las entidades que ofrezcan sus productos o servicios regularmente a través de dicha plataforma.

La forma de cumplir con la obligación del inciso precedente será regulada por el Servicio mediante resolución.”.

31) Modifícase el artículo 69 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, el texto que va a continuación del segundo punto seguido y hasta el punto aparte, por la siguiente oración: “Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de seis meses para revisar y girar directamente cualquier diferencia de impuestos. Verificado el pago de los impuestos que resulten, se procederá a certificar el término de giro.”.

b) Intercálase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto y así sucesivamente:

“Si durante el periodo de revisión de la declaración de termino de giro, el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, debiendo comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

El Servicio podrá poner término al procedimiento iniciado por la solicitud del contribuyente cuando no se hubieren aportado los antecedentes señalados en el inciso primero. Para estos efectos se deberá notificar al contribuyente señalando que tiene un plazo de 5 días para aportar los antecedentes faltantes. Si el contribuyente aportare los antecedentes, el plazo indicado en el inciso primero comenzará a correr desde la fecha en que todos los antecedentes fueron debidamente aportados. Cuando el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos se procederá a dejar sin efecto la solicitud de término de giro, mediante una resolución que deberá señalar los antecedentes que no fueron aportados por el contribuyente.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.”

c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:

“Aceptada o teniéndose por aceptada la declaración de término de actividades formulada por el contribuyente, el Servicio quedará inhibido para ejercer ulteriores fiscalizaciones, debiendo notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro del plazo de 15 días. No obstante, encontrándose vigentes los plazos de revisión según el artículo 200, el Servicio podrá iniciar un procedimiento de fiscalización y/o citar al contribuyente conforme el artículo 63, cuando con posterioridad a la certificación de término de giro, se tome conocimiento de nuevos antecedentes y ellos dieren lugar a la aplicación de los artículos 4° ter o 4° quáter. En estos casos la notificación deberá ser efectuada a los socios del contribuyente que realizó el término de giro y en caso de determinarse alguna diferencia de impuestos esta será de responsabilidad de las sociedades continuadoras en caso de existir o de quienes sean los beneficiarios o titulares de las entidades disueltas.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente.

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los contribuyentes sujetos al artículo 14 letra D) de la Ley sobre impuesto a la renta podrán solicitar un término de giro simplificado siempre que además de la declaración y los antecedentes señalados en el inciso primero acompañen una declaración en la respectiva escritura pública donde el propietario, los accionistas, socios o comuneros se hagan responsables solidariamente de todos los impuestos que se adeudaren por la empresa cuyo término de giro se solicita. En estos casos el Servicio procederá dentro del plazo de un mes a girar los impuestos conforme a la declaración del contribuyente y a certificar el término de giro una vez verificado el pago. No obstante, el Servicio podrá dentro del plazo de 6 meses de efectuada la solicitud de término de giro, ampliable por 3 meses cuando proceda lo dispuesto en el inciso segundo girar y determinar cualquier diferencia de impuestos o proceder a iniciar un proceso de fiscalización debiendo en este caso notificar a él o los socios, accionistas o comuneros, según corresponda.”.

e) Reemplázase en el inciso octavo, que ha pasado a ser inciso décimo, la oración “refiere el inciso quinto” por “refieren los dos incisos anteriores”.

f) Sustitúyese inciso final por el siguiente:

“Cuando un contribuyente presente 6 o más períodos tributarios continuos sin presentar declaraciones mensuales de impuestos el Servicio podrá disponer acciones que permitan establecer si el contribuyente ha cesado o cesará el giro de sus actividades y así resguardar debidamente el interés fiscal. Transcurrido 6 meses desde la materialización de las acciones impulsadas por el Servicio sin que el contribuyente haya manifestado su decisión de continuar con sus operaciones o haya reiniciado su actividad presentando regularmente sus declaraciones mensuales y siempre que no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en el número 5°.- de la letra B.- del inciso segundo del artículo 6° o conforme lo dispuesto en el artículo 123 bis, sin perjuicio de poder reclamar conforme el artículo 124 de la resolución que se dicte en dicho procedimiento. El Servicio agregará en la carpeta tributaria electrónica del contribuyente los antecedentes del caso incluyendo la constancia que el contribuyente no tiene deuda tributaria vigente, en la forma señalada en el número 16 del artículo 8. Misma presunción será aplicable cuando, sin mediar acción del Servicio, hayan transcurrido 36 o más periodos tributarios sin operaciones, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el presente inciso.”.

32) Agrégase a continuación del artículo 85 Bis, el siguiente artículo 85 ter, nuevo:

“Artículo 85 ter. Las entidades financieras indicadas en la letra a) del artículo 85 bis deberán proporcionar al Servicio información de la cantidad de abonos que reciban titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país, cuando se cumplan los requisitos señalados a continuación.

1. Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.

2. Que se trate de titulares que no se encuentren dentro de aquellos cuya información deba ser reportada por aplicación de las disposiciones de la letra c) del artículo 85 bis.

La información a entregar al Servicio será aquella que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo su rol único tributario, la identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se han producido por parte de personas o entidades diferentes dentro de los periodos señalados en el número 1 y si la cantidad de abonos descrito en dicho número se ha superado en más de un periodo. La información a entregar no contendrá el monto de los abonos ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior.

Asimismo, cuando el Servicio cuente con información que le permita presumir que un contribuyente esté sub declarando sus ingresos o realizando otro tipo de ilícito tributario podrá solicitar que las entidades financieras obligadas a informar le entreguen información sobre la cantidad de abonos recibidos dentro de alguno de los periodos señalados en el número 1 respecto de las cuentas en que dicho contribuyente sea titular, identificando dichas cuentas. En ningún caso esta información podrá incluir los montos de las operaciones informadas, ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en el plazo máximo de tres años desde su recepción. Asimismo, las entidades financieras deberán eliminar los reportes que hayan presentado ante el Servicio dentro de los 30 días siguientes a su remisión al Servicio.

La no entrega de la información al Servicio de forma oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionada con el equivalente a una unidad tributaria anual por cada uno de los casos que debieron ser informados por aplicación de los números 1 y 2 del presente artículo, sin embargo, la multa total a pagar por cada entidad financiera no podrá exceder de las quinientas unidades tributarias anuales por cada periodo en que se debió reportar la información. La entrega de información falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.

La información a la que accederá el Servicio por aplicación del presente artículo tendrá el carácter de reservada conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206 y no podrá ser divulgada en forma alguna, pudiendo ser sólo utilizada para los objetivos de fiscalización. El incumplimiento de la infracción de reserva se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de setenta a quinientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la destitución del cargo del funcionario incumplidor.”.

33) Modifícase el artículo 97 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 4:

i) Modifícase su párrafo primero en el siguiente sentido:

- Reemplázase la palabra “cincuenta” por la palabra “cien”.

- Reemplázase la expresión “tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo” por “tributo evadido y con presidio menor en su grado máximo”.

ii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la expresión “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra” por la frase “mediante cualquier”.

iii) Sustitúyese el párrafo quinto, por el siguiente:

“El que confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.”.

iv) Agrégase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo:

“El que incurra en alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior para cometer o posibilitar la comisión de los delitos de este número, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de hasta 100 unidades tributarias anuales.”.

b) Agrégase, en el párrafo primero del numeral 6º, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Sin embargo, respecto de contribuyentes cuyos ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial inmediatamente anterior, que no exhiban o aporten antecedentes específicamente requeridos en un procedimiento de fiscalización iniciado conforme el artículo 59, les será aplicable la multa establecida en el párrafo siguiente con las mismas limitaciones.”.

c) Modifícase el primer párrafo de su numeral 9º en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “efectivamente”.

ii) Intercálase, entre la palabra “clandestino” y la frase “del comercio”, la frase “en cualquier de sus formas”.

d) Modifícase su numeral 10º en el siguiente sentido:

i) Intercálase, en el párrafo primero, entre la voz “otorgamiento” y la conjunción “de”, la oración “o el no envío de la información electrónica al Servicio,”.

ii) Sustitúyese el párrafo segundo por el siguiente:

“En el caso de las infracciones señaladas en el párrafo primero, éstas deberán ser, además, sancionadas con clausura de hasta 20 días de la oficina, estudio, establecimiento, sucursal, medio de transporte, maquinaria o similar en que se hubiere cometido la infracción, o de la plataforma virtual o digital a través de la cual el contribuyente realiza el ejercicio de la actividad comercial. Asimismo, no se autorizarán ni se permitirá la emisión al contribuyente de documentos tributarios. En caso de reiteración de infracciones, de acuerdo al párrafo tercero, el Director podrá solicitar la suspensión del dominio web o suspender el acceso al proveedor de pago o similar por el periodo que dure la clausura.”.

iii) Reemplázase, en el párrafo tercero, la frase “el inciso primero” por la expresión “este número”.

e) Intercálase, en el numeral 12º, entre la expresión “corresponda,” y la conjunción “con” la oración “el uso de medios de transporte, maquinarias o similares, el uso de la plataforma virtual o digital mediante la cual realiza su actividad, o la emisión de documentos tributarios en papel o electrónicos,”.

f) Modifícase su numeral 17° de la siguiente forma:

i) Agrégase, en el párrafo primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En caso de que los bienes movilizados o trasladados no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio, sean falsos o se trate de bienes cuya comercialización se encuentra prohibida, la multa será del 20% al 300% de una unidad tributaria anual.”.

ii) Agrégase en el párrafo segundo, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En caso de que la infracción se cometa a propósito de la movilización o traslado de los bienes indicados en la oración final del párrafo anterior, se procederá a la incautación de los bienes.”.

iii) Intercálase, en el párrafo tercero, entre las expresiones “más inmediato” y “sin más trámite”, la expresión “, y en el menor plazo posible,”.

g) Sustitúyese su numeral 22 por el siguiente:

“22.- El que autorizare folios de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios electrónicos a sabiendas que serán utilizados para defraudar al Fisco, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”

h) Agrégase, a continuación del numeral 26, el siguiente numeral 27, nuevo:

“27.- El que habiendo tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o liquidación del impuesto o el cobro judicial de obligaciones tributarias, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributaria o frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

34) Sustitúyese el artículo 100 bis por el siguiente:

“Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica, respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios respecto de los que se hubiera declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, será sancionada con las multas que se indican a continuación.

La persona que hubiere diseñado o planificado los actos, contratos o negocios distinta del contribuyente, será sancionada con multa de 100 unidades tributarias anuales, salvo que: (a) exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa será de 250 unidades tributarias anuales; o (b) se acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100 unidades tributarias anuales, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de los honorarios pactados con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de que el tercero fuese una persona jurídica, serán solidariamente responsables las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes o administradores del asesor, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto de éste, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

En aquellos casos en que no exista un tercero que hubiere diseñado o planificado los actos, negocios o contratos respecto de los cuales se hubiere declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4° ter, 4° quáter, y 4° quinquies, o cuando existiendo el tercero el contribuyente no lo hubiera identificado dentro del proceso de fiscalización, será el contribuyente el sancionado con una multa equivalente al 100% de las diferencias de impuesto determinadas con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de existir, serán solidariamente responsables de la multa la o las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes y/o administradores de los mencionados contribuyentes al momento de cometerse el conjunto o series de hechos, actos o negocios jurídicos, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto del contribuyente sancionado, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

No aplicará la multa dispuesta en el inciso anterior respecto de contribuyentes que determinen sus rentas conforme a lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de la Renta.

En caso que el contribuyente haya deducido reclamo respecto de la resolución que declara el abuso o simulación en los términos que señala el artículo 4° quinquies, el Servicio sólo podrá solicitar la multa a que se refiere el presente artículo dentro del mismo procedimiento. No existiendo reclamo por parte del contribuyente, las multas deberán ser solicitadas por el Servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 161.

La prescripción de la acción para perseguir las sanciones pecuniarias al contribuyente o a sus directores, representantes y/o administradores, cuando corresponda, será de seis años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión conforme al artículo 4° quinquies. En aquellos casos en que el contribuyente haya deducido reclamo, precluirá la acción del Servicio si no se interpone al momento de presentar la contestación al reclamo dentro del plazo del artículo 132. En el caso de la acción contra el asesor, la prescripción será de 6 años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión o, en caso de existir reclamo, desde que la sentencia que rechace el reclamo se encuentre ejecutoriada.”.

35) Agrégase, a continuación del artículo 100 bis, el siguiente artículo 100 ter, nuevo:

“Artículo 100 ter.- Constituye una circunstancia calificada para que el Director decida perseguir únicamente la aplicación de una sanción pecuniaria según señala el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario, la cooperación eficaz que un contribuyente realice dentro del procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el N° 10 del artículo 161 y siempre que conduzca al esclarecimiento de delitos tributarios y permita la identificación de los demás responsables. Se entenderá por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones sustanciales, precisos, verídicos y comprobables, desconocidos por el Servicio, sin los cuales, no se hubiese podido alcanzar los fines señalados.

El Servicio, mediante resolución, establecerá los parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

En el evento que la mencionada cooperación eficaz se verifique durante la investigación a cargo del Ministerio Público una vez presentada la denuncia o querella en los términos del inciso primero del artículo 162, se podrá reducir la pena hasta en dos grados, siempre que la colaboración también se efectúe con el Ministerio Público. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando la colaboración se refiera a delitos cometidos únicamente por el contribuyente.”.

36) Agregáse, a continuación del artículo 100 ter, nuevo, el siguiente artículo 100 quáter, nuevo:

“Artículo 100 quáter.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos las personas naturales que, de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación del presunto infractor o imputado de dichos delitos. No tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o ejerzan un cargo de administración o dirección respecto de la entidad denunciada cuando corresponda o los abogados que hubiesen prestado asesoría, durante los tres años anteriores a efectuar la denuncia. Del mismo modo, no podrán acogerse al procedimiento señalado en este artículo las personas naturales querelladas, con una investigación formalizada en su contra, acusadas o que se encuentren cumpliendo condena, por delitos tributarios. Lo mismo regirá cuando respecto de cualquiera de los sujetos mencionados, se haya ejercido la facultad de perseguir la multa de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 100 bis o en el artículo 161, ni quienes hayan recibido la información de las personas inhabilitadas en los términos de este inciso.

La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita el Servicio en la que se indique el cumplimiento de los requisitos del inciso anterior, la cual deberá ser notificada al denunciante mediante correo electrónico. La resolución del Servicio a que se refiere este inciso, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Las Policías, a requerimiento del Servicio, deberán adoptar todas las medidas de protección para el denunciante que sean pertinentes según las necesidades de cada caso.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tuviere la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.

La resolución señalada en el inciso segundo anterior y la identidad del denunciante anónimo, así como aquellos antecedentes que pudiesen servir para su identificación, tendrán el carácter de reservados conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, y no podrán ser divulgados en forma alguna, pudiendo ser utilizados únicamente para cumplir con los objetivos de investigación que le son propios, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior, tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar únicamente sobre dichos antecedentes, en los términos previstos en el artículo 303 del Código Procesal Penal y artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñe funciones en el Servicio u otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

De igual forma, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a hechos constitutivos de delitos tributarios y aduaneros tendrá el carácter de secreta, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso segundo de este artículo, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso tercero.

El denunciante anónimo que colabore con el Servicio, de conformidad a este artículo no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración, salvo que proceda la excepción establecida en el inciso tercero.”.

37) Agrégase, a continuación del artículo 100 quáter, nuevo, el siguiente artículo 100 quinquies, nuevo:

“Artículo 100 quinquies- En aquellos casos que, producto de la información proporcionada, se impusiere judicialmente al imputado o infractor la obligación de pagar un monto de dinero por concepto de multa no inferior al mínimo que establece el delito, ya sea en el proceso penal o en un procedimiento bajo el artículo 161, con ocasión de haberse ejercido la opción del inciso tercero del artículo 162, el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

Cuando distintos denunciantes anónimos hubieren colaborado en las mismas conductas sancionadas, el premio señalado en el inciso anterior se distribuirá en la forma que determine el Servicio mediante resolución.

Una vez enterada la multa por el infractor en la Tesorería General de la República, corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto correspondiente, según indique el Servicio mediante resolución fundada. La Tesorería General de la República deberá comunicar el pago tan pronto ello haya ocurrido, debiendo tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo anterior.

El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente artículo no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario.”.

38) Modifícase el artículo 101 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el encabezado de su inciso primero la frase “dos meses” por “cinco meses y el 50% de su remuneración”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal.” por la oración “será sancionado con la destitución de su cargo y multa del cien por ciento del beneficio solicitado o aceptado como remuneración o recompensa, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal. En este caso, el plazo señalado en la letra e) del artículo 12 del Estatuto Administrativo será de 10 años.”.

39) Modifícase el artículo 115 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo, la oración a continuación del punto seguido por la frase “, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Cuando las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la Dirección Nacional, o el pago correspondiere a giros efectuados por estas mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, citación, liquidación o giro. Esta misma regla será aplicada para efectos de la reclamación en contra de la resolución que declara la existencia de abuso o simulación. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 bis en cuyo caso será competente para conocer el reclamo el tribunal señalado en dicha disposición.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “dicha sucursal” y el punto final la siguiente frase: “, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 ter”.

40) Suprímese el artículo 119.

41) Suprímese el artículo 121

42) Modifícase el artículo 123 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, con las siguientes modificaciones:”.

b) Agrégase en el literal e) del inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la oración “No deberá darse esta audiencia cuando el recurso sea declarado inadmisible por resolución fundada o cuando sea acogido completamente por el Servicio.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No será procedente el presente recurso de reposición administrativa referido contra las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.”.

43) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. También podrá reclamarse de la resolución que declara la elusión de acuerdo al artículo 4° quinquies junto a las liquidaciones a que dé lugar. En los casos en que hubiere liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, y de los giros de impuesto territorial que se emitan en virtud de dicha tasación cuando éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales:

1. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o de algún otro factor que influya en el avalúo fiscal del mismo o sus construcciones, salvo en lo que diga relación con la asignación del valor a un área homogénea en específico.

2. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte del mismo así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3. Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

También serán reclamables las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros que se emitan en virtud de dichas modificaciones siempre que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, cuando los contribuyentes se consideren perjudicados por dichas modificaciones de sus predios o cuando las mismas fueran efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del Título V de la Ley sobre Impuesto Territorial y artículos 25° y 26° de la ley N° 15.163.

En todos los casos, habiendo giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

Habiendo resolución que declare la elusión en los términos del artículo 4 quinquies y liquidación, giro o resolución que determine diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto de la misma norma, deberán interponerse, dentro del mismo reclamo tanto las acciones relacionadas a la revisión de la declaración de elusión así como aquellas destinadas a modificar las liquidaciones, resoluciones o giros que determinen diferencias de impuestos o elementos que sirvan de base para determinarlo.

Para la interposición del reclamo por cualquiera de las causales señaladas anteriormente, el reclamante siempre deberá invocar un interés actual comprometido.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente o, en el caso al que se refiere el inciso tercero, desde el envío del aviso respectivo. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

El plazo para la interposición del reclamo, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, será dentro de los de ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.

Sin perjuicio de la acumulación de autos que fuere procedente en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil, tendrá siempre lugar la acumulación de autos en los casos de reclamos interpuestos por distintos contribuyentes respecto de las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas por aplicación de los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4° quinquies, cuando éstos emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, debiendo acumularse en el Tribunal Tributario y Aduanero que primero confiera traslado al Servicio.”.

44) Sustitúyese el artículo 130 por el siguiente:

“Artículo 130.- Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante “el Sistema”, y cada uno de los expedientes como “expediente” o “carpeta electrónica”. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que, por motivos fundados se manden reservar, fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.

Ninguna pieza del expediente electrónico podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el Tribunal que conoce de la causa. Las partes, efectuarán sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico, cargando sus escritos y documentos en el Sistema a través del sitio en internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el cual entregará el comprobante de recepción correspondiente cuando éstos hayan sido recibidos. No obstante, lo anterior, y atendido el volumen de los antecedentes, el Tribunal siempre podrá exigir que los documentos y demás prueba que se acompañe al proceso sea presentada en forma física, ya sea en formato físico propiamente tal, o bien a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Igual derecho tendrán las partes, para el caso que por el tamaño y volumen de los antecedentes no puedan presentarlos digitalmente. Para el caso que los documentos se presentaren materialmente en el Tribunal, quedarán bajo la custodia del Secretario abogado, debiendo dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.”.

45) Modifícase artículo 131 bis en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso tercero:

i) Reemplázase la frase “carta certificada” por “correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por “el mismo día del envío del correo por parte del tribunal”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones a su inciso cuarto:

i) Reemplázase la oración “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia” por “una o más direcciones de correo electrónico”.

ii) Reemplázase la oración “no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada”, por “no designe otra”.

c) Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser el sexto:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo En estos casos, la notificación se efectuará por carta certificada y entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente, o su abogado patrocinante en aquellos casos en que actúe representado, manifiesten expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal calificada que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, el tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes, sean notificadas personalmente, por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad-hoc, realice la diligencia de notificación personal y/o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.”.

46) Modifícase el artículo 132 en el siguiente sentido:

a) Agrégase, en el inciso tercero del artículo 132, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la oración “En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”.

b) Agrégase a continuación del inciso undécimo, el siguiente inciso duodécimo, nuevo:

“Cuando el objeto del reclamo sea por aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4° quáter y 4º quinquies el Juez deberá además fundar su decisión teniendo en consideración la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme lo establecido en el artículo 4º bis.”.

c) Elimínase en el inciso décimo cuarto, que ha pasado a ser décimo quinto, la frase "No obstante lo anterior,”.

47) Modifícase el artículo 132 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la oración “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente por el contribuyente en el reclamo o se trate de casos en que el tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“El llamado a conciliación no procederá en los reclamos producto de la aplicación del artículo 161 de este Código, con excepción de la liquidación, giro o diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo en caso que se reclamen en conjunto, conforme al artículo 124 inciso segundo; en aquellos que digan relación con hechos respecto de los cuales el Servicio haya ejercido la acción penal, y en los reclamos de liquidaciones, resoluciones o giros de impuesto que se relacionen con los hechos conocidos en los procedimientos a que se refiere este inciso.”.

48) Modíficase el artículo 132 ter en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo,” por “el Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional resolverá los términos en los que”.

ii) Eliminase el texto a continuación del punto seguido que pasa a ser punto aparte.

b) Reemplázase en su inciso tercero la palabra “Director” por “Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional”.

49) Modifícase el inciso primero del artículo 137 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “Título” y la expresión “, la medida cautelar”, la oración “y en todos aquellos procedimientos donde una ley o artículo especial lo autorice”.

b) Intercálase entre la palabra “específicos” y la frase “del contribuyente” la oración “o la retención de bienes determinados”.

50) Agrégase, a continuación del artículo 137, el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Artículo 137 bis.- Previo a la notificación de una liquidación cuyo origen sea una procedimiento por aplicación del artículo 4 quinquies o de aquellos regulados en el artículo 161, el Servicio podrá solicitar las medidas cautelares reguladas en artículo anterior en carácter de prejudicial, ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente en aquellos casos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo u otras circunstancias de las cuales se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, en su oportunidad.

La solicitud deberá contener los fundamentos que dan cuenta que se trata de alguno de los procedimientos señalados en el inciso primero, los hechos en los cuales se funda y el monto de las diferencias de impuesto determinadas. La solicitud será tramitada como incidente y serán procedentes los recursos establecidos en el inciso tercero del artículo 137.

Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente dentro del plazo de 30 días desde la notificación que de la resolución que dé cuenta de la medida decretada. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley. El contribuyente podrá en cualquier momento solicitar la sustitución de la medida decretada o que esta se practique sobre otros bienes siempre que la medida o el bien en reemplazo sea de una entidad similar.

La medida se encontrará vigente durante el plazo establecido en el artículo 124 para deducir el reclamo tributario. Deducido el reclamo el Servicio deberá al momento de evacuar el traslado al cual se refiere el artículo 132 señalar los fundamentos por los cuales se justifica la permanencia de la medida decretada. En cualquier etapa del juicio el contribuyente podrá solicitar el cese de la medida acreditando que ha desaparecido el peligro sobre el cual se fundó la solicitud del Servicio.

En aquellos casos que, transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior, el contribuyente no hubiera deducido reclamación la medida decretada se mantendrá vigente hasta que el Servicio de Tesorerías haya iniciado el procedimiento establecido en el Título V del libro III.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar estas medidas tratándose de deudas inferiores a 250 unidades tributarias mensuales o cuando se refiera a contribuyentes que declaren sus rentas según el artículo 34 o según las disposiciones del párrafo segundo del Título II, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

51) Intercálase en el artículo 148, entre la palabra “Primero” y la palabra “del” la frase “y Segundo”.

52) Elimínase el Párrafo 1° del Título III del Libro Tercero.

53) Modifícase el artículo 156 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente.

“Si fuere necesario allegar nuevos antecedentes al proceso para una mejor resolución del asunto, el Juez Tributario y Aduanero podrá, de oficio, decretar las diligencias probatorias que estime pertinentes, para lo cual dispondrá del plazo de diez días a contar del vencimiento del término probatorio.”.

b) Intercálese en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre la palabra “probatorio” y la expresión “, el Juez” la oración “o, en su caso, expirado el plazo especial referido en el inciso anterior”.

54) Suprímese el artículo 160 bis.

55) Modifícase el artículo 161 en el siguiente sentido:

a) Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 1° de su inciso primero:

i) Reemplázase, en el párrafo primero, la palabra “imputado” por la palabra “denunciado”.

ii) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“El acta señalada en el inciso anterior deberá ser presentada ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del denunciado, junto con la documentación y antecedentes que le sirven de sustento y un correo electrónico del denunciado. El Tribunal la tendrá por recibida mediante una resolución que será notificada al denunciado por correo electrónico y, en subsidio, a través de su publicación en el sitio web del respectivo tribunal. Para efectos de la notificación por correo electrónico al denunciado, el Tribunal deberá considerar la dirección electrónica que haya informado el Servicio, sin perjuicio que de existir otra dirección informada por el propio denunciado al Tribunal deberá estarse a esta última.”.

b) Sustitúyese el primer párrafo del numeral 2º por el siguiente:

“2° El denunciado podrá formular sus descargos dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución referida en el numeral precedente, debiendo dicha presentación cumplir con los requisitos que establece el artículo 125.”.

c) Intercálase, en el párrafo primero del numeral 3°, entre las expresiones “constituyen,” y “en la forma”, la oración “así como aquellas señaladas en el artículo 137,”.

d) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4° Presentados los descargos se conferirá traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo que dispone el denunciado para formular descargos o, en su caso, vencido el plazo de que dispone el Servicio para evacuar su traslado respecto de los descargos formulados, haya contestado o no, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra, sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba. El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.

Vencido el término probatorio y dentro de los diez días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Si no fuera necesario cumplir nuevas diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el Juez Tributario y Aduanero que esté conociendo del asunto citará a las partes a oír sentencia.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde que el Tribunal dicte la resolución a que se refiere el inciso anterior.”.

56) Agrégase, en el artículo 168, el siguiente inciso final, nuevo

“Para practicar las notificaciones por correo electrónico establecidas en el presente título, así como cualquier otra comunicación con el contribuyente, el Servicio de Tesorería podrá utilizar el correo electrónico que el contribuyente haya registrado para estos efectos ante el Servicio de Impuestos Internos según el artículo 11. Dicho correo electrónico quedará registrado en el sitio personal del contribuyente quien estará facultado para modificarlo debiendo ingresar una nueva dirección de correo electrónico que será la válida para las actuaciones dispuestas en el presente inciso a partir del día siguiente de efectuada la modificación.”.

57) Modifícase el inciso segundo del artículo 169 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre la palabra “internas” y la expresión “la forma” la frase “el soporte y”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la expresión “Las piezas que componen los expedientes administrativos de cobro tendrán el carácter de documentos electrónicos o digitalizados, según corresponda. Para estos efectos existirá un sistema de tramitación electrónica en el sitio web del Servicio de Tesorerías, apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido, a fin de que los contribuyentes realicen sus requerimientos en los procesos de cobro seguidos en su contra.”.

58) Modifícase el artículo 170 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que estampará en” por “a continuación de”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el inciso cuarto actual a ser el inciso tercero nuevo y así sucesivamente.

c) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero:

i) Reemplázase la frase “Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula” por la frase “La ejecución podrá recaer sobre dineros, créditos u otras prestaciones en dinero que los contribuyentes morosos tengan derecho a percibir en razón de un contrato u obligación personal, una vez que se haya practicado el requerimiento de pago conforme a lo establecido en el artículo 171. El Juez Sustanciador ordenará la retención mediante resolución, que será notificada por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda, al deudor y”.

ii) Reemplázase la frase “moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero” por la frase “aquella prestación en dinero o que la mantenga en depósito o bajo cualquier otro título,”.

d) Agrégase, a continuación del inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior el Servicio de Tesorerías podrá implementar sistemas de comunicación y notificación por otros medios electrónicos distintos al correo electrónico respecto de las personas que deban practicar las retenciones enunciadas en el inciso anterior.”.

e) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso quinto:

i) Reemplázase la frase “sueldos o remuneraciones” por “sueldos, remuneraciones, créditos u otras prestaciones de dinero”.

ii) Elimínanse las frases “del embargo” y “el pago de”.

iii) Reemplázase la expresión “la cancelación” por “el pago”.

f) Sustitúyese el inciso sexto por el siguiente:

“La persona natural o jurídica, que deba efectuar la retención, deberá dar cuenta del resultado de la gestión en el plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique la resolución que ordena la retención y remitir los fondos mediante depósito, transferencia electrónica o el medio electrónico que haya dispuesto para estos efectos el Servicio de Tesorerías. En caso de que no diere cumplimiento a la retención ordenada, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener o de remitir al Servicio de Tesorerías.”.

59) Modifícase el artículo 171 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor, se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por correo electrónico o carta certificada conforme a las normas de los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 11 y del artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las circunstancias del caso. Tratándose de la notificación personal, si el ejecutado no fuere habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos prevenidos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil; en este caso, no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará nueva providencia del Tesorero respectivo para la entrega de las copias que en él se dispone. La notificación hecha por carta certificada o por cédula, según el caso, se entenderá válida para todos los efectos legales y deberá contener copia íntegra del requerimiento, no obstante, el plazo para oponerse a la ejecución se contará desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo. Tratándose del impuesto territorial, el Servicio de Tesorerías determinará la empresa de correos más apropiada para el despacho de la citada carta.”.

b) Agregánse, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Cualquier resolución que no tenga asignada otra forma de notificación será practicada por correo electrónico, dirigido a la dirección registrada en el sitio personal del contribuyente. El correo deberá incluir copia íntegra de la resolución y los demás datos necesarios para su acertada inteligencia. Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico, el Servicio de Tesorerías igualmente deberá remitir copia de esta al correo electrónico del contribuyente que conste su sitio personal o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación.

Excepcionalmente, quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar fundadamente al Servicio de Tesorerías, que todas las notificaciones les sean practicadas por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado. El Servicio de Tesorería, mediante resolución, establecerá la forma en que se realice dicha solicitud para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos antes señalados. Asimismo, el Servicio de Tesorerías podrá mediante resolución establecer que las notificaciones que se realicen a contribuyentes domiciliados en determinadas zonas o comunas sean practicadas por cedula o carta certificada debido a la baja o nula conectividad, sin que en este caso se requiere presentar la solicitud indicada en el presente inciso.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “el inciso precedente” por “los incisos precedentes”.

d) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso sexto:

i) Intercálase, entre la expresión “la notificación” y la palabra “podrá” la frase “de la demanda ejecutiva”.

ii) Intercálase, entre las expresiones “otros tributos” y “podrá” la frase “multas u otros créditos fiscales, la notificación de la demanda o de otras resoluciones”.

iii) Agrégase, a continuación de la expresión “Servicio de Impuestos Internos” la frase “o ante los órganos y servicios públicos que hayan determinado la multa o crédito fiscal demandado.”.

60) Modifícase el artículo 174 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “carta certificada dirigida el ejecutado” por la frase “mensaje dirigido al correo electrónico o carta certificada en los casos del inciso tercero del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:

“El embargo de vehículos sujetos a inscripción podrá ser realizado de forma electrónica, lo que deberá ser notificado al deudor por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda y comunicado a través del medio electrónico que el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación señale para estos efectos. Para efectos de valoración se estará a la tasación fiscal para el año correspondiente al embargo que hubiera practicado el Servicio de Impuestos Internos o la del año inmediatamente anterior cuando aún no se hubiese publicado la tasación para el año respectivo.”.

La inscripción de embargo de bienes raíces ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y de otros bienes en registros especiales, según corresponda, podrá ser efectuada por medios electrónicos.”.

61) Modifícase el artículo 175 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “estampar” por la palabra “consignar”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales” por la frase “mantener, dentro de sus dependencias, instalaciones que permitan a los contribuyentes o sus representantes legales examinar o consultar los expedientes de cobro y realizar las presentaciones que procedan de forma electrónica”.

62) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “respectiva,” y “dentro del plazo”, la frase “mediante los soportes electrónicos habilitados por el Servicio de Tesorerías.”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “En la misma oposición, el contribuyente deberá señalar una o más direcciones de correo electrónico para efectos de las notificaciones indicadas en el inciso segundo del mismo artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Cuando el volumen de los documentos impida o dificulte su presentación a través de los soportes electrónicos del Servicio de Tesorerías el ejecutado podrá aportar sus antecedentes en otros soportes electrónicos de lo cual deberá dejarse constancia en el expediente.”.

c) Modifícase el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre las expresiones “Provincial,” y “se tendrá”, la frase “o en caso de contribuyentes que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 171,”.

ii) Reemplázase la expresión “efectúe por carta certificada, siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior” por “efectúe, por escrito, en las dependencias de la Tesorería Regional o Provincial respectiva, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, o a través de carta certificada, en este último caso siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del mismo plazo”.

63) Modifícase el artículo 178 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “por cédula” por la frase “por correo electrónico, sin perjuicio de lo indicado en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “resueltas” y “por el Abogado” la frase “, por cuerda separada,”.

64) Modifícase el artículo 179 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Abogado Provincial” por “Abogado del Servicio de Tesorerías”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “por cédula lo resuelto” por la frase “por correo electrónico lo resuelto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171”.

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “presentar” por “remitir”.

65) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 180, la expresión “presentarán” por “remitirán”.

66) Elimínase el inciso tercero del artículo 182.

67) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 185 por el siguiente:

“Los avisos a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, se reducirán en estos juicios a un aviso electrónico que se publicará en el sitio web del Servicio de Tesorerías o en el sitio web que señale el Tesorero General de la República, mediante resolución, el que se mantendrá publicado desde a lo menos quince días corridos antes de la fecha fijada para el remate por el tribunal respectivo, hasta la fecha de la subasta propiamente tal. Dichos avisos serán autorizados por el Secretario del Tribunal respectivo, e indicarán, a lo menos, los siguientes antecedentes: nombre del dueño del inmueble, su ubicación, tipo de impuesto y período, número de rol, si lo hubiere, y el Tribunal que conoce del juicio. La certificación del hecho de haberse efectuado la publicación de la subasta, será realizada por el mismo Secretario. El Servicio de Tesorerías deberá emplear todos los medios a su alcance para dar la mayor publicidad posible a la subasta.”.

68) Modifícase el artículo 192 en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“El plazo indicado en el inciso anterior podrá ser ampliado hasta tres años en casos calificados según normas y criterios objetivos de general aplicación establecidos por el Tesorero General. Asimismo, y bajo criterios objetivos y de general aplicación el Servicio de Tesorería podrá excepcionalmente solicitar al contribuyente otorgar garantías para los efectos de asegurar el cumplimiento del pago del convenio. Estas garantías podrán ser otorgadas por el deudor o un tercero indicado por el contribuyente. Siempre se requerirá una garantía cuando el plazo del convenio exceda de los dos años.”.

b) Agregáse un inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“No se aplicarán intereses sobre las cuotas de aquellos convenios que sean suscritos por contribuyentes sujetos al régimen contenido en el artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta con un plazo de hasta 18 meses. Asimismo, en estos convenios no se podrá exigir un pago inicial que supere el 5% de la deuda.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“No procederá, en ningún caso, la condonación de intereses respecto de contribuyentes que hayan sido condenados por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas o Servicio de Tesorerías.”.

69) Agrégase en el artículo 194 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“También estarán obligados a entregar información la Dirección de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante respecto de los bienes que se encuentren inscritos en sus registros.”.

70) Modifícase el artículo 196 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyense los numerales 1º y 2º por los siguientes:

“1°. Las deudas que tengan las siguientes características:

a) Las deudas de monto no superior a media unidad tributaria mensual, siempre que hubiere transcurrido más de un semestre desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

b) Las deudas cuyo monto, sin considerar multas e intereses, sea superior a media unidad tributaria mensual, pero inferior a 70 unidades tributarias mensuales, de contribuyentes que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta o de personas naturales, sin giro de primera categoría y cuyos ingresos anuales en los últimos 3 ejercicios no superen en promedio las 70 unidades tributarias anuales, siempre que, en cualquier caso, cumplan con los siguientes requisitos:

i. Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se hayan hecho exigibles;

ii. Que los fondos embargados en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista y cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos hubieren sido imputados en su totalidad a la deuda;

iii. Que, de acuerdo con los antecedentes que mantenga el Servicio de Tesorerías, el contribuyente no tenga bienes muebles o inmuebles embargables, o bien que, teniendo bienes muebles embargados sujetos a avalúo fiscal, dicho avalúo no supere el 20% de la deuda.

iv. Que, habiendo sólo bienes muebles embargados, no sujetos a avalúo fiscal, o que estos más los bienes muebles señalados en el numeral anterior, no constituyan garantía suficiente; y,

v. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial.

Para la verificación de los requisitos establecidos en los numerales ii. y iii., el Servicio de Tesorerías deberá indagar en todas las bases de datos que tenga disponibles la información respecto de los bienes del contribuyente informados en virtud de las facultades contenidas en los artículos 194 y 195.

Respecto de las deudas cuyo origen sean diferencias de impuestos, multas e intereses provenientes de la comisión de delitos tributarios, respecto de los cuales el Director hubiera ejercido la opción de perseguir la aplicación de la multa a través del procedimiento administrativo, según lo indicado en el inciso 3° del artículo 162; o de la aplicación de los artículos 4º bis, 4º ter, 4º quáter y 4 quinquies, se requerirá que la cobranza administrativa o judicial hubiera sido iniciada en un plazo no menor a cuatro años, además del cumplimiento de los demás requisitos.

c) Las deudas de un monto superior al 50% de una unidad tributaria mensual, a las que no le sean aplicables los supuestos de la letra b) anterior, deberán cumplir los mismos requisitos allí señalados con las siguientes modificaciones:

i. Que el contribuyente no tenga bienes muebles sujetos a registro o que teniendo bienes muebles sujetos a avalúo fiscal, este no sea superior al 20% de la deuda.

ii. La cobranza administrativa o judicial se deberá haber iniciado hace más de 2 años, a menos que el origen de la deuda sea el indicado en el párrafo final de la letra b) anterior en cuyo caso se estará al plazo allí indicado.

d) Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, el Tesorero General de la República podrá siempre declarar la incobrabilidad de las deudas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que durante los últimos tres años el contribuyente no registre movimientos tributarios, o bien, haya terminado su giro comercial o industrial;

ii. Que se cumplan los requisitos señalados en los numerales ii., y iii., de la letra b); y

iii. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial hace más de cuatro años.

2°. Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, siempre que adicionalmente cumplan los requisitos señalados en la letra b) del número 1 anterior.”.

b) Reemplázase en el número 7°., los guarismos “50” y “120” por “150” y “360”.

c) Agrégase, a continuación del número 7°, el siguiente número 8°, nuevo:

“Las deudas por concepto de impuesto territorial o de otros créditos que afecten a la propiedad raíz sean a beneficio fiscal o municipal correspondientes a predios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que hayan sido eliminados del catastro de roles de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos;

b) Que no sean ubicados en terreno por el recaudador fiscal o que no se logre determinar un obligado al pago en de aquel impuesto.

c) Que, a la fecha de la declaración de incobrabilidad, los predios se encuentren actualmente exentos totalmente del pago de contribuciones o que a la fecha de declaración de incobrabilidad correspondan a propiedades fiscales, municipales y bienes nacionales de uso público, que no se encuentren concesionados, o a propiedades indígenas.”.

d) Reemplázase el inciso final por los siguientes incisos séptimo y final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores no procederá la declaración de incobrables sobre deudas de contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados por delitos tributarios, o hayan sido sancionados por ellos. Esta prohibición se mantendrá mientras dure el proceso o hasta el cumplimiento de la pena, según corresponda; y

ii. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el numeral 10 del artículo 161, mientras dure el mismo;

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos Internos y los otros organismos correspondientes, deberán informar a la Tesorería, periódicamente, el listado de contribuyentes que se encuentren en la situación señalada en los numerales i. ii y iii. anteriores.”.

71) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 197 por los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“La revalidación indicada en el inciso anterior podrá ser realizada dentro del plazo máximo de tres años desde la declaración de incobrabilidad. Transcurrido el plazo indicado prescribirá, en todo caso, la acción del Fisco.

No obstante, para el caso de los contribuyentes señalados en la letra b) del artículo 196, el plazo indicado en el inciso anterior será de un año.”.

72) Agrégase, a continuación del artículo 197, el siguiente artículo 197 bis, nuevo:

“Artículo 197 bis.- No habiéndose iniciado la cobranza administrativa o judicial, los deudores morosos cuyas deudas se encuentren prescritas según lo dispuesto en el artículo 201 podrán solicitar a la Tesorería la declaración administrativa de prescripción de la deuda, a través del procedimiento que determine dicho organismo para estos efectos, mediante instrucción.

La prescripción será declarada a través de resolución fundada, por los Tesoreros Regionales o Provinciales, según corresponda, competentes dentro del territorio jurisdiccional en donde se encuentre domiciliado el deudor moroso. Sin perjuicio, el Tesorero Regional o Provincial podrá delegar la facultad de conocer y resolver las solicitudes a que se refiere este artículo en el Abogado del Servicio de Tesorerías.

Durante la tramitación de la solicitud deberá darse audiencia al deudor moroso para que diga lo propio y acompañe los antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios para resolver la petición.

La solicitud se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella, dentro del plazo de 120 días contado desde su presentación.

A este procedimiento se aplicarán de forma supletoria las reglas de la ley N°19.880. A este respecto no serán procedentes los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Asimismo, El Juez Sustanciador podrá inhibirse de iniciar las acciones de cobro cuando, al momento en que la deuda sea informada por el organismo girador a la Cuenta Única Tributaria del Servicio de Tesorerías, se encuentren cumplidos los plazos establecidos en los artículos 200 y 201. En estos casos procederá a declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro ejecutivo y ordenará la eliminación de la deuda del registro en la Cuenta Única Tributaria.”.

73) Agrégase en el artículo 207, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la frase “El reglamento dictado en el ejercicio de esta facultad debe considerar siempre que la sanción final a aplicar al contribuyente, una vez descontado el monto condonado, esté acorde con el tipo de incumplimiento tributario de que se trate y sea siempre superior al costo de financiamiento que el contribuyente podría haber obtenido en el sector financiero o privado.”.

Artículo segundo.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974 del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en la letra c) del inciso tercero del artículo 10 la frase “(A) en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera” por la frase “(A) no existan personas con domicilio o residencia en Chile, que directa o indirectamente, y a cualquier título, sean titulares, accionistas o beneficiario de un 5% o más de las acciones, cuotas, títulos o derechos que se enajenan de la sociedad o entidad extranjera,”.

2) Agrégase en el numeral 2 del artículo 32, el siguiente literal c), nuevo:

“c) El monto de los ajustes de precio de transferencia realizados por el contribuyente, regulados en el numeral 9 del artículo 41 E.”

3) Modifícase el artículo 41 E en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la expresión “en Chile,” y la frase “se lleven” la conjunción “que”.

ii) Reemplázase la frase “y no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado” por la frase “y no cumplan con el principio de plena competencia, esto es, cuando sus operaciones no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “de bienes o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país y se estime que de haberse transferido los bienes, cedido los derechos, celebrados los contratos o desarrollado las actividades entre partes independientes, se habría pactado un precio, valor o rentabilidad normal de mercado, o los fijados serían distintos a los que establecieron las partes” por la frase “o viceversa, de funciones, activos, riesgos, bienes y/o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país, o se ponga término a convenciones, acuerdos o contratos vigentes o se lleven a cabo modificaciones sustanciales de los mismos, y se estime que en la respectiva reorganización o restructuración no se cumple el principio de plena competencia”.

c) Reemplázase en su inciso tercero la frase “las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y cualquier otra circunstancia razonablemente relevante” por la siguiente “las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación o circunstancias razonablemente relevantes dependiendo del caso que se analice”.

d) Modifícase el párrafo tercero de su número 1:

i) Elimínase la frase “se considerará que”.

ii) Reemplázase la frase “salvo que dicho país o territorio suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante para los efectos de aplicar las disposiciones tributarias, que se encuentre vigente” por la oración “, independientemente de si forman parte o no de un mismo grupo empresarial”.

e) Elimínase el párrafo cuarto del número 1.

f) Reemplazáse en el párrafo final del numeral 2 la frase “y de rangos y ajustes de comparabilidad” por la frase “; selección de la parte analizada; número de años de información financiera utilizada; de rangos y ajustes de comparabilidad y cualquier otro antecedente que se estime pertinente”.

g) Intercálase en el párrafo segundo del numeral 3, entre la frase “dichos estudios” y la coma que le sigue, la frase “, ya sean antecedentes propios o de la o las partes relacionadas ubicadas en el extranjero, que tengan vinculación con la operación que se analiza”.

h) Modifícase su numeral 4 de la siguiente forma:

i) Agréganse los siguientes párrafos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual párrafo tercero a ser sexto y así sucesivamente:

“El ajuste de precios de transferencia podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. Sin embargo, en caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, se deberá utilizar un rango intercuartil.

Si el precio, valor o margen de la transacción analizada se encuentra fuera del rango intercuartil, contenido entre el primer y el tercer cuartil, se considerará que el valor, precio o margen no es de plena competencia.

Cuando el contribuyente acepte el análisis de precios de transferencia del Servicio y rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta, el ajuste de precios de transferencia se realizará mediante la determinación de una cifra única, o bien a un punto o valor dentro del rango intercuartil, según se establezca con el Servicio. Si el Servicio emite una liquidación de impuestos conforme al artículo 24 del Código Tributario o una resolución, según corresponda, el ajuste por precios de transferencia se realizará siempre a la cifra única o a la mediana del rango intercuartil, según el caso.”.

ii) Intercálase en su párrafo tercero, que ha pasado a ser sexto, entre el guarismo “21” y el punto final que le sigue, la frase “, ya sea que el contribuyente rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta o se emita una liquidación de impuestos o resolución según corresponda”.

iii) Agrégase a continuación del cuarto, que ha pasado a ser séptimo, el siguiente párrafo final nuevo:

“Los ajustes de precios, valores o rentabilidades de mercado determinados conforme al presente artículo no producirán efectos en otros impuestos distintos de los establecidos en la presente ley.”.

i) Modifícase el numeral 6 en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la oración “así como información general del grupo empresarial al que pertenece, entendiéndose por tal aquel definido en el artículo 96 de la ley N°18.045, sobre Mercado de Valores” por la oración “entendiéndose por tales aquellas señaladas en el numeral 1 de este artículo”.

ii) Reemplázase la frase “artículo 41” por la frase “numeral 10.- del artículo 2”.

j) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

a) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

“7.- Acuerdos anticipados.

Los contribuyentes que pretendan presentar una solicitud de acuerdo anticipado que determine los precios, valores o rentabilidades normales de mercado de las operaciones vinculadas que llevarán a cabo con sus partes relacionadas ubicadas en el exterior, podrán presentar una consulta previa al Servicio, cuyo contenido será el siguiente:

a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b) Descripción de las operaciones objeto del acuerdo anticipado.

c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que pretenda formular.

d) Indicación de un correo electrónico para las comunicaciones entre el contribuyente y el Servicio.

El Servicio analizará la consulta previa, pudiendo requerir a los contribuyentes las aclaraciones y antecedentes que estime pertinentes, y comunicará a los interesados la viabilidad del acuerdo previo de valoración dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta comunicación se realizará al correo electrónico que indique el contribuyente y se referirá exclusivamente a la posibilidad de presentación del acuerdo anticipado y no a su resultado, por tanto, no impide el derecho del contribuyente a presentar la solicitud. El Servicio determinará mediante resolución la forma y oportunidad en que podrá presentarse la consulta previa.

Habiendo o no presentado una consulta previa, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas podrán proponer al Servicio un acuerdo anticipado en cuanto a la determinación del precio, valor o rentabilidad normal de mercado de tales operaciones, para estos efectos en la forma y oportunidad que establezca el Servicio mediante resolución. El contribuyente interesado deberá presentar una solicitud con una descripción de las operaciones respectivas, sus precios, valores o rentabilidades normales de mercado y el período que debiera comprender el acuerdo, acompañada de la documentación o antecedentes en que se funda y de un informe o estudio de precios de transferencia en que se hayan aplicado a tales operaciones los métodos a que se refiere este artículo. El Servicio, mediante resolución, podrá rechazar a su juicio exclusivo, la solicitud de acuerdo anticipado, la que no será reclamable, ni admitirá recurso alguno. En caso de que el Servicio acepte total o parcialmente la solicitud del contribuyente, se dejará constancia del acuerdo anticipado en un acta, la que será suscrita por el Servicio y un representante del contribuyente autorizado expresamente al efecto, debiendo constar en ella los antecedentes en que se funda. El Servicio podrá suscribir acuerdos anticipados en los cuales intervengan además otras administraciones tributarias a los efectos de determinar anticipadamente el precio, valor o rentabilidad normal de mercado de las respectivas operaciones llevando a cabo las coordinaciones necesarias para su correcta implementación de acuerdo con la normativa vigente de cada jurisdicción. Tratándose de la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda establecerá mediante resolución el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

El acuerdo anticipado, una vez suscrita el acta, se aplicará respecto de las operaciones llevadas a cabo por el solicitante a partir del mismo año comercial en que se suscriba el acta de acuerdo anticipado y por los cuatro años comerciales siguientes, pudiendo ser prorrogado o renovado, previo acuerdo suscrito por el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, cuando se trate de importaciones de mercancías, y, cuando corresponda, por la otra u otras administraciones tributarias. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas hasta en los tres años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo, no aplicándose respecto de dichos periodos el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, sin intereses penales ni multas, siendo además aplicable lo dispuesto en el párrafo final del número 4 del presente artículo.

El Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, efectuarán un seguimiento del cumplimiento del acuerdo por parte del contribuyente, para lo cual en la respectiva acta se fijará la forma y plazo en que el contribuyente entregará un informe anual en el que se demuestre la conformidad de sus precios de transferencia con las condiciones pactadas. De no cumplirse con dicha obligación, se requerirá al contribuyente para que presente dicho informe bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo, dentro del plazo de 30 días, el Servicio podrá poner término al acuerdo anticipado por incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. El término del acuerdo anticipado regirá desde el mismo ejercicio en que se notifique la resolución que así lo establece.

El Servicio deberá pronunciarse respecto de la solicitud del contribuyente ya sea concurriendo a la suscripción del acta respectiva o rechazándola mediante resolución, dentro del plazo de 12 meses contado desde que el contribuyente haya entregado o puesto a disposición de dicho Servicio la totalidad de los antecedentes que estime necesarios para resolverla. En caso de que el Servicio no se pronuncie dentro del plazo señalado, o bien el contribuyente no aporte los antecedentes solicitados por el Servicio dentro de este procedimiento, se entenderá rechazada la solicitud del contribuyente, pudiendo este volver a proponer la suscripción del acuerdo. Para los efectos del cómputo del plazo, se dejará constancia de la entrega o puesta a disposición referida en una certificación del jefe de la oficina del Servicio que conozca de la solicitud.

El Servicio podrá, en cualquier tiempo, dejar sin efecto el acuerdo anticipado cuando la solicitud del contribuyente se haya basado en antecedentes erróneos, maliciosamente falsos, hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación, o cuando el contribuyente incumpla total o parcialmente el acuerdo. La resolución que se dicte dejando sin efecto el acuerdo anticipado, deberá fundarse en el carácter erróneo de los antecedentes, en su falsedad maliciosa, en la variación sustancial de los antecedentes o circunstancias esenciales en virtud de las cuales el Servicio aceptó la solicitud de acuerdo anticipado o en el incumplimiento del acuerdo, señalando de qué forma éstos son erróneos, maliciosamente falsos, han variado sustancialmente o en qué forma se incumplió el acuerdo, según corresponda, y detallando los antecedentes que se han tenido a la vista para tales efectos. La resolución que deje sin efecto el acuerdo anticipado regirá a partir de su notificación al contribuyente, salvo cuando se funde en el carácter maliciosamente falso de los antecedentes de la solicitud, caso en el cual se dejará sin efecto a partir de la fecha de suscripción del acta original o de sus renovaciones o prórrogas, considerando la oportunidad en que tales antecedentes hayan sido invocados por el contribuyente. Asimismo, la resolución será comunicada, cuando corresponda, a la o las demás administraciones tributarias respectivas. Esta resolución no será reclamable ni procederá a su respecto recurso alguno, ello sin perjuicio de la reclamación o recursos que procedan respecto de las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos, intereses y multas dictadas o aplicadas por el Servicio que sean consecuencia de haberse dejado sin efecto el acuerdo anticipado. Por su parte, el contribuyente podrá dejar sin efecto el acuerdo anticipado que haya suscrito cuando hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación. Para estos efectos, deberá manifestar su voluntad en tal sentido mediante aviso por escrito al Servicio, en la forma que éste establezca mediante resolución, de modo que el referido acuerdo quedará sin efecto desde la fecha del aviso, pudiendo el Servicio ejercer respecto de las operaciones del contribuyente la totalidad de las facultades que le confiere la ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la presentación de antecedentes maliciosamente falsos en una solicitud de acuerdo anticipado que haya sido aceptada total o parcialmente por el Servicio será sancionada en la forma establecida por el inciso primero, del número 4°, del artículo 97, del Código Tributario.

Una vez suscrita el acta de acuerdo anticipado, o sus prórrogas o renovaciones, y mientras se encuentren vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, no podrán determinar diferencias de impuestos por precios de transferencias o valoración aduanera en las operaciones comprendidas en él, siempre que el valor de las importaciones, los precios, valores o rentabilidades hayan sido establecidos o declarados por el contribuyente conforme a los términos previstos en el acuerdo.

Las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes en virtud de los cuales han sido suscritas quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. Aquellos contribuyentes que autoricen al Servicio la publicación de los criterios, razones económicas, financieras, comerciales, entre otras, y métodos en virtud de los cuales se suscribieron los acuerdos anticipados conforme a este número, debiendo dejarse en este caso constancia de la autorización en el acta respectiva, serán incluidos si así lo autorizan, mientras se encuentre vigente el acuerdo, en una nómina pública de contribuyentes socialmente responsables que mantendrá dicho Servicio. Aun cuando no hayan autorizado ser incluidos en la nómina precedente, no se aplicará respecto de ellos, interés penal y multa algunos con motivo de las infracciones y diferencias de impuestos que se determinen durante dicha vigencia, salvo que se trate de infracciones susceptibles de ser sancionadas con penas corporales, caso en el cual serán excluidos de inmediato de la nómina señalada. Lo anterior es sin perjuicio del deber del contribuyente de subsanar las infracciones cometidas dentro del plazo que señale el Servicio, el que no podrá ser inferior a 30 días hábiles contado desde la notificación de la infracción; y/o declarar y pagar las diferencias de impuestos determinadas, y sin perjuicio de su derecho a reclamar de tales actuaciones, según sea el caso. Cuando el contribuyente no hubiese subsanado la infracción y/o declarado y pagado los impuestos respectivos dentro de los plazos que correspondan, salvo que haya deducido reclamación respecto de tales infracciones, liquidaciones o giros, el Servicio girará sin más trámite los intereses penales y multas que originalmente no se habían aplicado. En caso de haberse deducido reclamación, procederá el giro señalado cuando no haya sido acogida por sentencia ejecutoriada o el contribuyente se haya desistido de ella.”.

b) Reemplázase en el numeral 8 la oración “y dentro del plazo de 5 años contado desde la expiración del plazo legal en que se debió declarar en el país los resultados provenientes de las operaciones cuyos precios, valores o rentabilidades se pretenda rectificar” por la oración “dentro del plazo de 1 año contado desde que el ajuste de precios de transferencia se considere definitivo en la otra jurisdicción”.

c) Agrégase, a continuación del numeral 8, el siguiente numeral 9, nuevo:

“9.- Autoajuste de precios de transferencia realizado por el contribuyente.

Los contribuyentes podrán ajustar sus precios, valores o rentabilidades en las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas ubicadas en el extranjero, considerando aquellos que habrían acordado u obtenido partes independientes en operaciones y circunstancias comparables, cuando en su análisis determinen que sus operaciones vinculadas no cumplen el principio de plena competencia, para cuyos efectos deberá aplicar los métodos referidos en este artículo.

En consecuencia, se entenderá por autoajuste de precios de transferencia aquel que realice un contribuyente en forma previa a un requerimiento del Servicio y en el que determine, en su opinión, un precio, valor o rentabilidad de plena competencia en el marco de una operación vinculada, aunque dicho precio difiera del importe realmente cargado entre las empresas relacionadas.

Este autoajuste podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. En caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, deberá utilizar un rango intercuartil, pudiendo ajustarse a cualquier punto o valor dentro del indicado rango.

El ajuste determinado deberá ser agregado a la base imponible del impuesto de primera categoría y sólo procederá cuando ello implique un aumento de la base imponible indicada. No se podrán realizar ajustes para disminuir la renta líquida imponible de primera categoría y determinar un menor impuesto o una mayor pérdida tributaria. El ajuste tendrá solo efectos sobre los impuestos establecidos en la presente ley, en los términos establecidos en el párrafo final del número cuatro del presente artículo.

Los contribuyentes deberán conservar la totalidad de los antecedentes que permitan acreditar que el autoajuste aplicado a la o las operaciones con sus partes relacionadas, se ha efectuado considerando los precios, valores o rentabilidades normales de mercado. En caso que el Servicio determine un ajuste respecto de estas operaciones, este se afectará con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, conforme a lo establecido en el número cuatro de este artículo.”.

4) Modifícase el artículo 41 G en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el primer párrafo del numeral 2) del literal A, la oración “las letras a), b), y d) del artículo 100 de la ley N° 18.045” por la frase “el número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

b) Reemplázase en el párrafo tercero del número 2 la frase “de baja o nula tributación” por “con un régimen fiscal preferencial”.

c) Sustitúyese el literal B.- por el siguiente:

“B.- País o territorio con un régimen fiscal preferencial.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá como un país o territorio con un régimen fiscal preferencial aquéllos a que se refiere el artículo 41 H.”.

d) Reemplázase en el párrafo tercero del numeral 8 del literal C la frase “de baja o nula imposición” por la frase “con un régimen fiscal preferencial”.

e) Sustitúyese el numeral 6 del literal D.- por el siguiente:

“6. Los contribuyentes constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile a que se refiere este artículo, no deberán considerar como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 unidades de fomento en total al término del ejercicio respectivo.

Para determinar si un contribuyente cumple con el límite señalado en el párrafo anterior, deberá considerar también aquellas rentas pasivas obtenidas, dentro del mismo ejercicio, por personas o entidades con las que esté relacionado. Si al efectuar la agregación anterior el resultado obtenido excede dicho límite, tanto el contribuyente como todos sus relacionados deberán considerar como devengadas la totalidad de sus rentas pasivas, según las disposiciones del presente artículo. Para estos efectos se entenderán como relacionados con un contribuyente las personas y entidades en los términos del número 2) de la letra A) de este artículo.

Lo dispuesto en el presente numeral no procederá cuando las rentas pasivas percibidas o devengadas procedan de una entidad controlada domiciliada o residente en un país o territorio con un régimen fiscal preferencial.”

f) Reemplázase en el párrafo segundo del literal F.- la frase “artículo 41” por la frase “número 10 del artículo 2”.

5) Sustitúyese el artículo 41 H por el siguiente:

“Artículo 41 H.- Para los efectos de esta ley, se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando cumpla copulativamente las condiciones indicadas a continuación:

a) No haya celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente o, encontrándose vigente, contiene limitaciones que impide un intercambio efectivo de información.

b) No reúna las condiciones para ser considerado cumplidor o sustancialmente cumplidor en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Para estos efectos se estará a las calificaciones realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales u otro organismo internacional que lo reemplace siempre que Chile sea un miembro permanente.

El Servicio se pronunciará mediante resolución de los territorios o jurisdicciones que se encuentran en la situación que establece este artículo.”.

Artículo tercero.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1) Modifícase el artículo 3°, en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso séptimo en el siguiente sentido:

i) Reemplázase, la palabra “retengan”, por la oración “recarguen, retengan, declaren y/o paguen”.

ii) Reemplázase la frase “prestadores domiciliados” por “personas naturales o jurídicas u otro tipo de entidades sin personalidad jurídica domiciliadas”.

b) Elimínase su inciso final.

2) Agrégase a continuación del artículo 3 el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. También será contribuyente del impuesto establecido en esta ley, en la forma establecida en el presente artículo, el operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera un vendedor habitual del bien o prestador del servicio que se concluye a través de la plataforma digital que opere y siempre que se trate de una operación gravada con el impuesto establecido en la presente ley.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el servicio subyacente sea prestado o el bien sea vendido por o a un contribuyente de esta ley.

Se entenderá por "plataforma digital de intermediación" la interfaz que, a través de internet, permita o facilite a terceros la conclusión de ventas o servicios; y por "operador", las personas naturales o jurídicas u otras entidades, nacionales o extranjeras, con o sin domicilio o residencia en Chile, que explotan económicamente una plataforma digital. No se considerará como plataforma digital a los servicios que sólo consistan en publicidad o procesamiento de pagos.

Cuando más de una plataforma digital de intermediación facilite de forma conjunta o simultáneamente una misma operación, se considerará contribuyente, bajo el presente artículo, sólo aquella que autorice o procese el pago de la operación gravada.

Los contribuyentes señalados en el presente artículo que no tengan domicilio o residencia en Chile se sujetarán a las disposiciones del párrafo 7 bis del Título II.

3) Agrégase en el artículo 4° el siguiente inciso final, nuevo:

“También, se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles, situados en el extranjero, adquiridos de forma remota, a un no domiciliado ni residente en Chile, por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando los bienes tengan por destino el territorio nacional, aún antes de su embarque o envío desde el extranjero, siempre que su precio, incluyendo todo cargo accesorio que sea cobrado en la misma operación, no exceda de USD 500 o su equivalente en moneda nacional.”.

4) Modifícase el inciso tercero del artículo 5°, en el siguiente sentido:

a) Elimínase la expresión “del artículo 8 letra n)”.

b) Reemplázase la palabra “digital” por la palabra “remota”.

5) Modifícase el artículo 8 en el siguiente sentido:

a) Agréganse en el literal m) del artículo 8°, los siguientes párrafos tercero a sexto nuevos:

“Previa citación al contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá liquidar y girar el impuesto sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra, que realice la empresa que se crea o subsista con ocasión de una reorganización empresarial, cuando dicha reorganización haya tenido por objeto principal evitar el pago del impuesto. Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho de que la empresa que se crea o subsista se encuentre sujeta a las normas de este título, si los bienes están o no destinados al giro o actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Asimismo, y previa citación al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá recalificar como una venta de activo inmovilizado para los efectos de lo dispuesto en esta letra, la venta de acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones cuotas o derechos sociales, respecto de cualquier tipo de entidad con o sin personalidad jurídica, cuando al menos un 50% del valor de mercado total de las acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales, provenga del valor de mercado del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra y que sean propiedad, directa o indirecta, de la empresa cuyos derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales se enajenan, cuando dicha enajenación haya sido realizada con el objeto principal de evitar el pago del impuesto que se hubiese devengado de haberse vendido él o los bienes del activo inmovilizado de manera directa.

Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho que, como consecuencia de la venta, el o los bienes del activo inmovilizado han dejado de estar destinados a actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Con todo, además de cumplirse con el requisito establecido en el párrafo cuarto, es necesario que la enajenación referida sea de, al menos, un 20% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros de su grupo empresarial, en los términos del número 14 del artículo 8 del Código Tributario , dentro de un período de doce meses anteriores a la última de ellas.”.

b) Elimínase su letra n).

6) Modifícase el literal B del artículo 12 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el numeral 11, entre la palabra “Aduanero” y el punto final que le sigue, la frase “, y que no correspondan a aquellas gravadas por aplicación de la letra a) del inciso cuarto del artículo 4 de esta ley”.

b) Agréguese el siguiente numeral 18, nuevo:

“18. Las personas que no tengan el carácter de vendedor o de prestador de servicios, o quienes realicen la compra por cuenta de éstas, en el caso del inciso final del artículo 4 de esta ley, siempre que se acredite que el impuesto que corresponde a dicha operación fue efectivamente cobrado por el vendedor o plataforma digital, lo cual se efectuará de la forma que disponga el Director del Servicio de Impuestos Internos y el Director del Servicio Nacional de Aduanas mediante resolución conjunta.”.

7) Agrégase en el artículo 16°, a continuación del literal i), el siguiente literal j), nuevo:

“j) En los casos señalados en el párrafo cuarto de la letra m) del artículo 8° , el valor normal de mercado de los activos inmovilizados enajenados indirectamente o los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación, pudiendo el Servicio ejercer su facultad de tasación conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario , con los ajustes que correspondan en la determinación de la base imponible según las reglas de esta ley.”.

8) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “pagarse” por “pagar”.

b) Sustitúyense los incisos cuarto a sexto, por los siguientes:

“Cuando no se pueda determinar de forma clara o fehaciente el impuesto que un contribuyente deba pagar, el Servicio, mediante resolución fundada y previa citación según el artículo 63 del Código Tributario , podrá tasar las ventas o servicios realizados, considerando los antecedentes que tenga en su poder, o tomando como base las ventas realizadas o los servicios prestados por contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad u otros que permitan hacer una estimación razonable del impuesto a pagar. Lo anterior, sin perjuicio de que el contribuyente podrá acreditar el crédito soportado en la adquisición de bienes o servicios destinados a sus operaciones, en los términos del artículo 23

Asimismo, un contribuyente podrá solicitar al Servicio que ejerza la facultad señalada en el inciso anterior cuando entregue antecedentes que den cuenta que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar. En este caso y sólo por una vez, el Servicio deberá estimar un monto de crédito fiscal que será imputable al débito fiscal, determinado de acuerdo con lo observado para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad. El contribuyente podrá solicitar que el impuesto determinado y la fórmula de su cálculo sean enviadas a la Defensoría del Contribuyente para su asesoría en el proceso.

Respecto del impuesto determinado según lo dispuesto en el inciso anterior, procederá la condonación de la totalidad de los intereses y multas, siempre que su pago se verifique dentro de los tres meses siguientes a la fecha del giro respectivo y que el contribuyente haya iniciado actividades al momento del pago.”.

9) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el inciso tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación, en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año correspondiente al primer mes en el cual el contribuyente realice una operación gravada y sea un año distinto al cual se solicitó la devolución. Con todo, la restitución deberá ocurrir en un plazo máximo de 15 años contado desde el ejercicio siguiente en el cual se aprobó la devolución. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.

b) Reemplázase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la frase “a que se refieren los incisos anteriores” por la frase “señalada en el inciso primero de este artículo”.

c) Reemplázase en su inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, la frase “el inciso cuarto” por “los incisos cuarto y quinto”.

10) Reemplázase el artículo 35 A, por el siguiente:

“Artículo 35 A.- Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que presten servicios o realicen ventas a personas domiciliadas o residentes en el país y que no sean contribuyentes de los impuestos establecidos en esta ley, quedarán sujetos al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes.”.

11) Modifícase el artículo 35 D en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la palabra “afectos” por la frase “o ventas afectas”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra “prestados” y la conjunción “en”, la frase “o ventas realizadas”.

12) Modifícase el artículo 35 G en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la palabra “servicios” y la coma que le sigue, la frase “o ventas”.

b) Intercálase, entre la palabra “servicio” y la frase “el impuesto”, la frase “o venta”.

13) Reemplázase en el inciso primero del artículo 35 I, las expresiones “el artículo 8 letra n) u otros en que se autorice el régimen simplificado establecido en el artículo 35 A, y que sean prestados digitalmente”, por la frase “esta ley”.

14) Agréganse, en el artículo 36, los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser octavo y así sucesivamente:

“El monto del reembolso a que se refieren los incisos anteriores se determinará aplicando al total del crédito fiscal del período correspondiente, el porcentaje que represente el valor de las exportaciones con derecho a recuperación del impuesto en relación con las ventas totales de bienes y servicios, considerando en ambos casos los últimos doce períodos tributarios consecutivos. Para estos efectos, no se deberán considerar los períodos en que el contribuyente no registre ventas ni servicios.

En aquellos casos en que el impuesto recuperado sea mayor al equivalente al valor FOB de los bienes o servicios exportados en el período, los contribuyentes deberán acreditar que, en un período de 24 meses contado desde el último embarque o de la aceptación a trámite de la declaración de exportación en el caso de servicios, han realizado exportaciones equivalentes a lo menos, a dos veces el impuesto reembolsado. Para estos efectos, se deberá considerar el valor FOB de los bienes o servicios exportados al término del plazo de 24 meses. En caso de no cumplir con exportaciones por el valor mínimo antes señalado, los contribuyentes deberán reintegrar las sumas reembolsadas, en proporción al monto de las exportaciones no realizadas. Con todo, las sumas reintegradas se considerarán crédito fiscal del período en que se verifique el reintegro.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también aplicará a los exportadores que dieran aviso de término de giro sin haber exportado, al menos, la cantidad señalada anteriormente. Con todo, no se aplicará la obligación de reintegrar las sumas reembolsadas cuando se acredite que el incumplimiento se debió a caso fortuito, fuerza mayor o cuando la empresa se encuentre dentro de un proceso de liquidación concursal.

En aquellos casos en que los exportadores cuenten con autorización para obtener el reembolso de forma previa a la materialización de una exportación y que, con posterioridad a la fecha en que se efectúe el reembolso y se encuentre pendiente la exportación, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual el titular del beneficio sea absorbido por otro contribuyente, la empresa que tenga la calidad de continuadora legal mantendrá la autorización otorgada, con todos los derechos y obligaciones que se hubiesen establecido. Lo anterior, siempre y cuando la empresa que se cree o subsista manifieste su voluntad de continuar con el referido proyecto, en la forma que establezca el Ministro de Hacienda mediante el decreto supremo a que hace referencia el inciso tercero. En tal caso, no procederá cobro alguno respecto de las sumas devueltas con anterioridad al titular del beneficio.”.

Artículo cuarto.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia:

1) Modifícase el artículo 1 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Intercálase, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

ii) Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la oración “Lo anterior es sin perjuicio de las facultades establecidas en el inciso primero del artículo 63.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso quinto el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“El impuesto establecido en la presente ley gravará aquellas donaciones cuyo donatario tenga domicilio o residencia en Chile o en que los bienes donados se encuentren situados o registrados en Chile o hayan sido adquiridos con recursos provenientes del país.”.

c) Intercálase en su inciso séptimo que ha pasado a ser octavo, entre la palabra “artículo” y la expresión “1.386”, la expresión “1.136 y”.

d) Reemplázase en su inciso final la oración “Para efectos de la paridad cambiaria se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a) número 7 del artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824 de 1974” Por la oración “Para estos efectos se considerará la paridad correspondiente a la fecha de pago del impuesto en el extranjero”.

2) Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8º del artículo 18 la frase “En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso” por la oración “No gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a personas que tengan la calidad de legitimarios o sean beneficiarias de la cuarta de mejoras del donante según lo dispuesto en el artículo 1.184 del Código Civil. Tampoco gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a partes relacionadas con el donante en los términos del número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

3) Sustitúyase el inciso tercero del artículo 22 por los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

“Cuando la donación sea revocada por acto entre vivos, el donatario tendrá derecho a solicitarle al fisco la devolución del impuesto pagado según el procedimiento establecido en el artículo 126 del Código Tributario.

El donatario que pagó el impuesto sobre una donación revocable tendrá derecho a utilizar dicho impuesto contra el impuesto a la herencia que corresponda aplicar sobre el bien objeto de la donación.”.

4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 26, la palabra “empleados” por “empleadores”.

5) Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46. Para determinar el monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto, se considerará el valor que tengan los bienes objeto de la herencia o donación, en conformidad a las siguientes reglas:

i. Las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título sobre empresas o entidades con o sin personalidad jurídica constituidas en Chile o el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier otro activo que se transe en Chile o en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, deberán valorizarse según el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

En aquellos casos en que las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título se mantengan en empresas o entidades sin presencia bursátil que cuenten con estados financieros auditados, se deberá declarar el valor mayor que representen dichas acciones cuotas, derechos o títulos entre el valor del capital propio tributario, cuando corresponda, y el del patrimonio financiero de la empresa o entidad, a la fecha indicada en el párrafo anterior o, cuando esto no fuere posible, sobre los valores que consten en el estado financiero auditado correspondiente al año anterior a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando los bienes indicados en este numeral den cuenta de una participación en empresas o entidades constituidas o domiciliadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dichos bienes deberán ser valorizados aplicando las reglas de valorización del presente artículo sobre sus activos subyacentes ubicados en jurisdicciones o territorios distintos a los referidos en el artículo antes señalado o tratándose de bienes inmuebles se estará a su valor de mercado.

ii. Cuando se trate de acciones, cuotas, derechos o cualquier título en empresas u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica constituida en Chile o en el extranjero a los que no le sean aplicables las reglas del numeral i, se deberá considerar su valor normal de mercado al momento de deferirse la herencia o de realizarse la donación. Para efectos de este numeral el o los herederos o el donante, en su caso, deberán acompañar un estudio que dé cuenta del valor normal de mercado.

iii. Los bienes inmuebles ubicados en Chile se valorizarán considerando el avalúo fiscal utilizado para efectos del pago del impuesto territorial, correspondiente al semestre en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso de los inmuebles adquiridos dentro de los tres años anteriores a la fecha señalada anteriormente, se deberá declarar el valor de adquisición debidamente reajustado por el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de adquisición y el último día del mes anterior a dicha fecha o el valor del avalúo fiscal si éste fuere mayor. Los inmuebles ubicados fuera de Chile deberán valorizarse según su valor normal de mercado.

iv. Los vehículos u otro tipo de medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos serán considerados según el valor de tasación, determinado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año en que se defiere la herencia o se realice la donación. Cuando no exista una valoración disponible, se deberá declarar el valor normal de mercado del bien.

v. Los portafolios de inversiones, entendidos como un conjunto de distintos tipos de activos, tales como, pero no limitados a: bonos, acciones, monedas, efectivo, materias primas, productos derivados, criptoactivos y otros activos financieros, que pertenecen a un inversionista y que son administrados por un tercero, habilitado para la prestación de dicho servicio, o por una persona o entidad designada para dicha labor por el propio inversionista mediante mandato, tendrán como valor aquel informado por dicho administrador, al momento en que se defiere la herencia o se realice la donación, o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor.

vi. Las cuentas bancarias, ya sean corrientes, a la vista, de ahorro, u otros instrumentos financieros similares bajo custodia o administración de un banco o institución financiera, sea en Chile o en el extranjero, sea en moneda nacional o extranjera, en las que el causante tenga calidad de titular o beneficiario; serán valorizadas según el saldo a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor. Si en estas cuentas o instrumentos existiere más de un titular, se deberá considerar el saldo positivo en la proporción que le corresponda.

vii. Los beneficios a que tenga derecho el causante o donante se valorizarán atendiendo el porcentaje de su participación o derechos sobre el capital, el patrimonio o las utilidades, según corresponda, de la entidad que da origen al beneficio a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

viii. Los animales destinados a una actividad comercial o lucrativa, deberán ser valorizados según los valores contenidos en el Boletín semanal de precios de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas, publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, correspondiente a la semana anterior a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso que no exista un valor de referencia se estará al valor normal de mercado del animal.

ix. Cualquier otro tipo de bien o activos no enunciados expresamente, deberán valorizarse según su valor normal de mercado a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

x. Los pasivos de los que sea titular el causante deberán ser valorizados según su valor a la fecha en que se defiera la herencia.

Para efectos de esta ley se entenderá por valor normal de mercado aquel que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes. El contribuyente podrá acompañar estudios o informes de valorización, realizados por agentes independientes, que den cuenta de la valorización efectuada. Cuando corresponda declarar el valor de mercado de un bien el Servicio podrá tasar dicha valoración, en los términos del artículo 64 del Código Tributario cuando el valor declarado difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

6) Suprímese el artículo 46 bis

7) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “. En el caso del giro inmediato a que se refiere el artículo 46 bis, y dentro de los sesenta días siguientes de presentada la declaración, el Servicio podrá citar al contribuyente para ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario, pudiendo liquidar y girar las diferencias que determine” por la frase “conforme a las reglas generales”.

b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Si el impuesto no se declarare y pagare dentro del plazo de dos años, se adeudará, después del segundo año, el interés penal indicado en el artículo 53 del Código Tributario. Con todo, este interés no será aplicable a los interesados que hubieren pagado, dentro del plazo antes señalado, el impuesto correspondiente a sus asignaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, uno o más herederos o asignatarios podrán diferir el pago del impuesto hasta en tres cuotas iguales, pagaderas anualmente. Para tal efecto, los contribuyentes deberán presentar la solicitud de diferimiento ante el Servicio de Impuestos dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, convirtiendo, para esto, el monto del impuesto en unidades tributarias anuales, según el valor que corresponda al mes de la solicitud. La primera cuota deberá ser pagada de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente al cual se aprobó la solicitud. Las restantes cuotas anuales deberán ser pagadas, de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes hasta el 31 de diciembre de cada año calendario iniciando por el año siguiente al de aprobada la solicitud.

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas dentro del plazo indicado, el o los herederos o asignatarios incumplidores deberán pagar el impuesto insoluto hasta el 30 de marzo del año siguiente al incumplimiento. Vencido el plazo anterior serán aplicables sobre el saldo insoluto del impuesto los recargos legales que correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Código tributario en relación con el inciso segundo del presente artículo.”.

8) Modifícase el artículo 63 en el siguiente sentido:

a) Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase todas las veces que aparece la frase “contrato oneroso” por la frase “acto o contrato”.

ii) Reemplázase la expresión “el precio corriente en plaza” por la frase “su valor normal de mercado”.

iii) Intercálase entre la expresión “a la fecha del” y la palabra “contrato”, la expresión “acto o”.

iv) Intercálase entre la palabra “corresponda” y el punto a parte la frase “, previa citación”.

b) Modifícase su inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre la frase “la cantidad de dinero” y la expresión “que declara” la expresión “o bienes”.

ii) Elimínase la oración “, en los casos de contratos celebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos ab-intestato de la otra u otras”.

c) Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:

“El plazo para investigar, liquidar y girar el impuesto conforme al presente artículo prescribirá en el plazo de seis años, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato.”.

Artículo quinto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas:

1) Agrégase a continuación del artículo 8°, el siguiente artículo 8 bis nuevo:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas, los siguientes:

1°. El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2°. El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3°. Obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias y aduaneras, debidamente actualizadas.

4°. Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

5°. Que en las actuaciones realizadas por el Servicio se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones de destinación aduanera, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado.

6°. Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

7°. Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

8°. Conocer los criterios administrativos del Servicio. Para estos efectos el Servicio deberá publicar en su sitio web las normas de régimen interno y los manuales de funciones o de procedimiento, órdenes e instrucciones, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades interpretativas y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria y aduanera.

9°. Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley.

10º. Que, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria y aduanera establecidos en la ley.

Quienes actúen ante el Servicio podrán presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de una acción u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional de Aduanas, en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el solicitante acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo, este deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá valorarse según las normas de la sana critica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza .

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los solicitantes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II de esta Ordenanza.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de quienes actúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

2) Reemplázase en el Artículo 15, la frase “a los reglamentos que dicte el Director Nacional de Aduanas con aprobación del Presidente de la República” por la frase “a la regulación que dicte el Director Nacional de Aduanas”.

3) Agrégase, a continuación del artículo 25, el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Toda notificación que deba realizar el Servicio Nacional de Aduanas, se practicará por correo electrónico, salvo las excepciones legales que procedan.

Toda persona natural o jurídica que actúe ante el Servicio Nacional de Aduanas, personal o debidamente representada, debe declarar en su primera presentación la dirección de correo electrónico para efectos de que se practiquen las notificaciones que correspondan. La notificación que deba efectuarse a un agente de aduanas o a otro operador que deba registrarse ante el Servicio Nacional de Aduanas, se realizará válidamente en la casilla de correo electrónico que haya declarado en su inscripción. En el caso de la tramitación de una destinación aduanera, la notificación de todos los actos relacionados con el despacho se efectuará válidamente con su envío a la dirección de correo electrónico incorporado en la declaración respectiva.

En caso de que cualquiera de los interesados a que se refiere el inciso anterior, no declare una dirección de correo electrónico, las actuaciones del Servicio serán notificadas de acuerdo con las normas de los artículos 69 , 92 ter , 93 , 94 y 185 de esta Ordenanza, según el tipo de acto de que se trate.

Quienes carezcan de medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar al Servicio Nacional de Aduanas que las notificaciones les sean practicadas mediante carta certificada dirigida a su domicilio particular, el cual deberán señalar al momento de efectuar la respectiva solicitud. En este caso, la notificación se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos para su despacho. Esta solicitud será resuelta por el Servicio, de conformidad con el procedimiento que se establezca.

La notificación por correo electrónico se entenderá practicada en la fecha de envío del mismo. El correo electrónico de notificación deberá contener copia de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Es obligación del interesado mantener actualizada la dirección de correo electrónico declarada. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el interesado no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación, salvo que el interesado acredite que no recibió la información por caso fortuito o fuerza mayor.

Corresponderá al Director Nacional de Aduanas establecer el procedimiento para practicar las notificaciones por correo electrónico del Servicio.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, por decreto del Ministerio de Hacienda se podrá establecer otros medios de notificación electrónica respecto de los despachadores que cuenten con autorización para funcionar en sistemas de transmisión electrónica de datos. El Director Nacional deberá mediante resolución, identificar los sistemas electrónicos de transmisión de datos incluidos en el presente inciso.”.

4) Modifícase el artículo 92 bis en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “plazo de dos años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración” por la frase “plazo de tres años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración o bien desde la última modificación que haya sido solicitada por el interesado”.

ii) Intercálase entre la frase “o tratados internacionales” y “, en cuyo caso”, la frase “o en la legislación nacional,”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “dos”, por la palabra “tres”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Los cargos que se formulen en conformidad a este artículo se notificarán al consignatario o importador mediante correo electrónico enviado a la dirección registrada en el documento de destinación, debiendo remitirse además una copia de dicho correo al despachador, La omisión de envío de esta copia no anulará la notificación.”.

d) Agrégase a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

Los cargos señalados en el presente artículo podrán ser reclamados según lo dispuesto en el artículo 117 y no será preciso para interponer la reclamación el pago previo de los derechos, impuestos, tasas o gravámenes.”.

5) Agrégase, a continuación del artículo 92 bis, el siguiente artículo 92 ter, nuevo:

“Artículo 92 ter.- El valor declarado en una destinación de importación podrá ser modificado a solicitud del importador, conforme lo dispuesto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, y el DFL 31, de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, cuando se trate de variaciones al valor, cuyas condiciones sean conocidas al momento de la legalización de la declaración respectiva y sean susceptibles de ser acreditadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de la legalización de la importación se deberá declarar que el valor se encuentra sujeto a revisión y cumplir con los plazos y demás requisitos que determine la regulación emitida al efecto por el Director Nacional de Aduanas, debiendo determinarse los ajustes que sean necesarios a los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aplicables. El plazo que se establezca en cada caso para que el interesado solicite la modificación del valor aduanero no podrá exceder los 18 meses desde la fecha de legalización de la declaración.

No se formulará denuncia al despachador por las modificaciones a las destinaciones aduaneras que se efectúen conforme este artículo. No obstante, en caso de constatarse la existencia de dolo o documentación maliciosamente falsa, el Servicio podrá formular denuncia por el delito de contrabando establecido en el artículo 168 inciso tercero de esta Ordenanza .”.

6) Agrégase, a continuación del artículo 92 ter nuevo, el siguiente articulo 92 quáter, nuevo:

“Artículo 92 quáter.- Los ajustes o autoajustes en materia de precios de transferencia, regulados en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, inclusive aquellos cuyo origen sea la celebración de un acuerdo anticipado de precios, no producirán efectos en los valores declarados en una destinación de importación o exportación, ni será necesaria la modificación de los mismos.

Cuando se celebre un Acuerdo Anticipado de Precios que incluya la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito por el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda, mediante resolución establecerá el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

En caso que, con ocasión de la firma de un Acuerdo Anticipado de Precios, se realice un ajuste por los ejercicios anteriores, estos producirán efecto sólo respecto del impuesto a la renta.”.

7) Modifícase el literal b) del inciso primero del artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las expresiones "de exportación" y “, practicada por”, la frase “e importación".

b) Agrégase, el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Si, como consecuencia de la aplicación de la referida clasificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos 186 y siguientes.”.

8) Modifícase el inciso primero del artículo 121 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre el guarismo “117” y la coma que le sigue, la frase “, excepto en los casos a que se refiere el párrafo segundo de la letra b)”.

b) Reemplázase en su literal a) la palabra “quince” por la palabra “treinta”.

c) Reemplázase en su literal b) la palabra “cincuenta” por la palabra “noventa”.

d) Reemplázase en su literal c) la frase “no interrumpirá” por “suspenderá”.

9) Reemplázase el artículo 125 por el siguiente:

“Artículo 125.-Se formará el proceso, en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante "el Sistema", y cada uno de los expedientes como Expediente o Carpeta Electrónica. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente.

Durante la tramitación, sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.”.

10) Modifícase el artículo 127 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la expresión "carta certificada” por la frase “correo electrónico".

ii) Reemplázase la expresión "al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por la frase “el mismo día del envío del correo electrónico, por parte del tribunal”.

b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la frase “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada” por la frase “una dirección de correo electrónico, y esta designación se considerará subsistente mientras no designe otra”.

c) Sustitúyese el inciso quinto por los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar el domicilio del mismo. En estos casos, la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta certificada fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.

Para el evento que la notificación por correo electrónico no pudiera realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, las resoluciones a que alude el inciso tercero se le notificarán por carta certificada. En este caso la notificación por carta certificada podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicios de correos legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contada desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Lo anterior, será igualmente aplicable a los terceros respecto de los cuales no se cuente con la información de correo electrónico.”.

11) Modifícase el artículo 128 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso primero después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Si, con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio Nacional de Aduanas concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio Nacional de Aduanas no podrá ser condenado en costas.”.

b) Agrégase en el inciso tercero, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

“En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, debiendo considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos, la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”

c) Agrégase en el inciso cuarto, después del punto aparte, que pasa a ser seguido, la frase “El Servicio Nacional de Aduanas y el reclamante deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.”.

d) Elimínanse los incisos décimo tercero y décimo cuarto.

e) En el inciso décimo sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, incorpórase entre la palabra “desestima” y la expresión “. En general”, la frase “y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

f) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos en que el reclamante sea condenado en costas y la resolución que las establezca se encuentre ejecutoriada, lo que deberá ser certificado por el tribunal, el Servicio Nacional de Aduanas emitirá un giro para su cobro por el Servicio de Tesorerías.”.

12) Modifícase el artículo 128 bis en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente en el reclamo o se trate de casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i) Intercálase entre las expresiones “artículo 186 bis” y “en los mismos términos” la expresión “y 129 K,”.

ii) Elimínase la frase “Sin embargo, no procederá el llamado a conciliación en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos”.

iii) Incorpórase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “No obstante lo señalado en el artículo 128 , el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamar a las mismas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

c) Modifícase el inciso quinto en el siguiente sentido:

i) Agrégase después de la palabra “Director” la expresión “Nacional de Aduanas”, las dos veces que aparece.

ii) Elimínase la frase “El Director deberá pronunciarse sobre la conciliación dentro de los treinta días siguientes al término de la audiencia, estando facultado para aceptarla o rechazarla total o parcialmente. En caso de no pronunciarse en dicho plazo, se entenderá que rechaza las bases de arreglo y la conciliación.”.

d) Intercálase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser el séptimo:

“El Director Nacional, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación.”.

13) Modifícase el artículo 129 D, en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la frase “podrán interponerse los recursos de apelación y casación en la forma”.

ii) Agrégase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase: “En caso de que se deduzcan ambos recursos, estos se interpondrán conjuntamente y en un mismo escrito.”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“El término para interponer el recurso de apelación y casación en la forma no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo 129 C.”

c) Elimínase el inciso tercero.

14) Suprímese el artículo 129 E.

15) Modifícase el artículo 140 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en la letra a), entre la palabra “desaduanamiento” y el punto y coma que le sigue, la frase “, aun cuando se encuentren pagados los derechos, impuestos y gravámenes”.

b) Reemplázase en la letra b) la frase “cancelado los derechos de Aduana” por la frase “pagado los derechos, impuestos y gravámenes”.

16) Modifícase el artículo 152, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “intendentes” por “Delegados Presidenciales”.

b) Elimínase en el inciso tercero, la frase “Esta donación estará exenta del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos y tendrá el carácter de pública.”.

c) Agrégase a continuación del inciso tercero los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Nacional de Aduanas podrá autorizar la donación, de las mercancías señaladas en el inciso anterior, en casos excepcionales, por resolución fundada, a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que su objeto sea la beneficencia o realización de obras sociales.

Las mercancías donadas por aplicación de los dos incisos anteriores están liberadas del trámite de insinuación y exentas del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.”.

17) Agrégase a continuación del artículo 152, el siguiente artículo 152 bis, nuevo:

“Artículo 152 bis.- Las mercancías que sean objeto de una investigación penal por más de un año, podrán ser declaradas susceptibles de destrucción y se procederá a ella, dejándose una muestra representativa e informando al Ministerio Público y/o al tribunal respectivo. El Ministerio Público tendrá un plazo de 5 días hábiles para oponerse, contado desde la recepción de dicha información.”.

18) Modifícase el artículo 174, en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en el inciso primero, la frase “Si la mercancía fuere nacional o nacionalizada, la multa será hasta del 1% de su valor.”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y así sucesivamente:

“Salvo lo dispuesto en el artículo 169, los errores en la destinación aduanera de exportación en relación con el origen, peso, cantidad, contenido, valor o clasificación arancelaria, serán sancionados con una multa de hasta el 2% del valor aduanero de la mercancía, con un mínimo de 10 UTM y un máximo de 100 UTM. En caso de reiteración el máximo de la multa se elevará hasta 200 UTM. Se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso en más de un ejercicio comercial anual.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “fijen los reglamentos” por “fije el Director Nacional”.

19) Modifícase el artículo 176 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en la letra a) el número “5” por “10”.

b) Elimínase en la letra m) la frase “de doble circuito (luz roja luz verde)”.

c) Reemplázase en la letra ñ) el número “5” por “10”.

d) Agrégase a continuación del literal o), los siguientes literales p) y q), nuevos:

“p) Retirar o permitir el retiro de mercancías desde los recintos de depósito aduanero, o entregarlas, sin que se hubieren cumplido todas las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas, exigidas para dicho retiro, con multa de hasta una vez el valor aduanero de dichas mercancías.

q) En los regímenes suspensivos de derechos de admisión temporal, almacén particular y depósito, se sancionará con multa de hasta una vez el valor aduanero de las mercancías, el almacenar o depositar las mercancías en un lugar distinto al declarado, la no cancelación o cancelación extemporánea de los citados regímenes.”.

20) Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 185, el guarismo “10%” por “20%”.

21) Modifícase el artículo 186 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero el guarismo “10%” por “20%”.

b) Incorpórase a continuación del punto aparte del inciso tercero, lo siguiente:

“Si se hubiere reclamado de la clasificación y/o origen de conformidad con el procedimiento de reclamación general no podrá discutirse nuevamente acerca de lo resuelto.”.

22) Agrégase, en el artículo 187, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El monto señalado en el inciso anterior será de 11 Unidades Tributarias Mensuales, respecto de las multas impuestas en virtud de lo dispuesto en las letras a) y ñ) del artículo 176.”.

23) Modifícase el artículo 202 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero, en el siguiente sentido:

i. Elimínase la conjunción “y” la primera vez que aparece.

ii. Intercálase en el inciso primero entre la expresión “ante la Aduana” y “estarán sujetos” la frase “y los demás que estén considerados por esta Ordenanza,”.

b) Agrégase el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando el actual inciso noveno a ser el décimo:

“Si las resoluciones fueren emitidas por la Dirección Nacional la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización u acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario.”.

24) Agrégase, a continuación del artículo 202, el siguiente artículo 202 bis, nuevo:

“Artículo 202 bis.- La responsabilidad disciplinaria prescribe en el plazo de 3 años contados desde el incumplimiento de la obligación y se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento al afectado. La comisión de un nuevo incumplimiento, dentro del mismo ejercicio comercial, hará perder el tiempo de prescripción transcurrido.”.

Artículo sexto.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica en el siguiente sentido:

1) Sustitúyese las ocho veces que aparece la frase “precio corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

2) Elimínase en el numeral 3 de su inciso primero el texto a continuación de la palabra “respectivo” hasta el punto aparte.

3) Agrégase, a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el inciso segundo actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“La Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e identificación deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste determine mediante resolución, los aviones y helicópteros; yates; y, automóviles, station wagons y vehículos similares, referidos respectivamente en los números anteriores y que, de acuerdo con las bases de datos de cada organismo, cumplan las condiciones que en cada caso establezca el Servicio en la misma resolución.

Cuando los bienes señalados en los números anteriores queden sujetos al presente impuesto, la base imponible será la totalidad del valor normal de mercado del bien.”.

4) Agrégase, a continuación del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Tampoco se afectarán con este impuesto los yates que, cumpliendo con las características mencionadas en el número 3 anterior, cumplan con los siguientes requisitos copulativos: (i) que su principal medio de propulsión sea la vela, entendiéndose por tales, aquellos que se encuentren diseñados para propulsarse a vela y que conservan el uso de este elemento, en los que el empleo de un motor solo cumple un rol secundario o de apoyo; (ii) que correspondan a modelos aceptados dentro del ciclo olímpico; y (iii) que hayan sido efectivamente empleados por deportistas de alto rendimiento en una o más regatas oficiales realizadas durante el año anterior al devengo del impuesto. Para estos efectos, la Subsecretaría del Deporte deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos qué modelos de yates son aceptados en el ciclo olímpico. Asimismo, otorgará a los deportistas que así lo requieran un certificado que dé cuenta de la embarcación utilizada y remitirá anualmente al Servicio de Impuestos Internos los certificados emitidos.

Para efectos de este artículo, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá establecer los mecanismos que le permitan mantener la información actualizada de todos los yates independiente de su valor o características.”.

5) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser séptimo, la oración que va desde el punto seguido hasta el punto final, por la oración “En los casos en que no exista tal determinación, el Servicio de Impuestos Internos estimará el valor normal de mercado según el precio de adquisición de un determinado bien en el mercado nacional o internacional, considerando sus características generales, tales como marca, modelo y año de fabricación.”.

6) Agrégase en su inciso sexto que ha pasado a ser décimo, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, la oración “Cuando un bien gravado con el presente impuesto sea de propiedad de más de una persona, los copropietarios serán solidariamente responsables del pago del impuesto, estando facultado el Servicio de Impuestos Internos a emitir un solo giro por el total del impuesto a cualquiera de los copropietarios. Aquel copropietario a cuyo nombre fue emitido el giro y realizó el pago del impuesto tendrá derecho a repetir en contra de los demás copropietarios en la proporción que corresponda.”.

7) Agrégase, a continuación del inciso sexto que ha pasado a ser décimo, los siguientes incisos undécimo y duodécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser decimotercero y así sucesivamente:

“El Servicio podrá, dentro de los plazos de prescripción, establecer que existen bienes afectos o diferencias de impuestos respecto de un bien, pudiendo modificar, eliminar o emitir un nuevo giro siempre que cuente con información fundada, obtenida de oficio o proporcionada por el contribuyente u otra entidad competente, dando cuenta de bienes afectos o diferencias respecto del valor normal de mercado del bien. Cuando se determine la existencia de bienes afectos o diferencias de impuestos con ocasión de la modificación o emisión de un nuevo giro, estos deberán ser pagados dentro del mes siguiente al de su modificación o emisión.

Los giros, así como sus modificaciones, serán objeto de reclamo, sujetándose al procedimiento del Título II del Libro III del Código Tributario.”.

8) Sustitúyese el inciso séptimo que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

“En el mes de diciembre de cada año el Servicio, mediante resolución, publicará en su sitio web y en el Diario Oficial, una nómina con los bienes afectos al presente impuesto, la que deberá actualizar trimestralmente. Para estos efectos deberá considerar la información proveída por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil u otros organismos competentes. Los bienes consignados en esta nómina corresponderán a bienes en buen estado de conservación y uso, considerando su año de fabricación. El hecho de no encontrarse en la nómina un bien determinado, que cumple con las características establecidas en los números 1, 2, 3 o 4 del inciso primero del presente artículo, no liberará a su propietario del pago del impuesto, debiendo requerir al Servicio, en la forma que este establezca por resolución, la inclusión del bien en la nómina y la emisión del giro correspondiente, independiente de la actualización que el Servicio realice en conformidad al presente inciso. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Servicio podrá asignar a bienes que no están en la nómina, pero que cumplen los requisitos para estar gravados con el presente impuesto, el valor normal de mercado de otro bien de similares características tales como marca, modelo, año de fabricación, peso o tamaño, capacidad de pasajeros o tripulantes u otras.”.

9) Agrégase, a continuación del inciso séptimo que ha pasado a ser decimotercero, los siguientes incisos decimocuarto y final, nuevos:

“Para la elaboración de la nómina señalada en el inciso anterior, el Servicio podrá solicitar información a cualquier otra persona o entidad pública o privada, tales como notarios, agentes de aduanas y empresas importadores, distribuidores y comercializadores en la forma, oportunidad y periodicidad que el Servicio establezca por resolución.

“Los contribuyentes podrán acceder a la información de que disponga el Servicio sobre los bienes registrados a su nombre, tales como tipo de bien, marca, modelo, año de fabricación, patente o matrícula, valor normal de mercado y monto del impuesto. Asimismo, podrán solicitar al Servicio corregir la información sobre los bienes registrados a su nombre y la aplicación de las exenciones legales, acompañando los antecedentes fundantes. Sin perjuicio de ello, respecto de la información que se haya obtenido de registros provenientes de otras entidades, el Servicio no podrá actualizar dicha información mientras no sea corregida en los registros correspondientes.”.

Artículo séptimo.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 46 A en el siguiente sentido:

a) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación sobre un inmueble, para acceder a los beneficios establecidos en el presente Título la donación deberá ser indefinida o por un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a 20 años.”.

b) Agrégase, en el número 2 de su literal C), el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Para los efectos del presente Título se entenderá como actividad efectiva principal de una entidad aquella que desarrolle de forma mayoritaria y notoria, considerando factores tales como cantidad de recursos destinados, frecuencia de eventos vinculados a su desarrollo, entre otros. No se podrán considerar actividades que sean accesorias, ocasionales o accidentales.”.

2) Agrégase en el número 6 del literal C) del artículo 46 B el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Adicionalmente en aquellos casos en que se otorguen los beneficios tributarios establecidos en el presente Título a la donación de un bien, pero sujeta a un plazo definido, el costo tributario del bien donado deberá disminuirse en un monto equivalente al del beneficio tributario al que accede el donante.”.

3) Modifícase el artículo 46 C en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, las cuatro veces que aparece, la frase “valor corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

b) Elimínase, en su inciso segundo la frase “, en conformidad a lo señalado en el artículo 46 bis de la referida ley”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser el inciso séptimo y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación, la valorización procederá sólo respecto de la porción del inmueble respecto del cual se constituye el derecho real de conservación y en ningún caso la valoración podrá ser superior al valor normal de mercado del inmueble considerando la plenitud de sus atributos o al valor de adquisición cuando el donante sea una persona sujeta a contabilidad. En estos casos siempre será necesario que la valorización conste en un informe de perito independiente.

Cuando la donación del derecho real de conservación sea a perpetuidad o por un plazo igual o superior a cien años, el monto del beneficio tributario corresponderá al valor determinado según el inciso anterior. Si la donación fuere por un plazo inferior la valorización y el consecuente beneficio tributario será la proporción sobre el valor determinado según el inciso anterior en relación con el plazo de la donación. En todo caso las donaciones del derecho real de conservación por un plazo inferior a 20 años carecerán de todo beneficio tributario.

El monto correspondiente al beneficio tributario referido a la donación del derecho real de conservación rebajará, para todos los efectos legales, el costo tributario del inmueble sobre el cual se constituye el derecho real de conservación. De igual forma, cuando el derecho real de conservación se extinga por alguna de las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley N°20.930 en un plazo inferior al cual la donación fue realizada aquella proporción del valor del beneficio tributario que corresponda al periodo de tiempo entre el término anticipado y el plazo original de la donación se deberá considerar como un ingreso en el año comercial en que ocurra la extinción.

El mismo tratamiento, señalado en la parte final del inciso anterior se someterán las donaciones revocables que accederán a los beneficios tributarios del presente Título en caso de revocación.”.

4) Intercálese, en el inciso segundo del artículo 46 F, entre la frase “, si los hubiere” y el punto seguido que le sigue, la oración “entendiendo por estos a las personas naturales o jurídicas que tengan una incidencia relevante en la dirección, financiamiento u operación de la donataria”.

Artículo octavo.- Modifícase el artículo vigésimo tercero de la ley N° 21.210, que Moderniza la legislación tributaria, en el siguiente sentido:

1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Intercálese en el inciso primero, entre la palabra “interna” y el punto seguido que le sigue, la frase “cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 8 bis” por “párrafo cuarto del título preliminar”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su literal b) por el siguiente:

“b) Orientar y acompañar a los contribuyentes en las materias de su competencia, especialmente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna, y los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto territorial, así como las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de tributación aduanera.”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones en su literal f):

i) Reemplázase la expresión “de recursos administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.”.

ii) Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase “Asimismo, podrá representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en la tramitación del recurso el resguardo de sus derechos ante acciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

c) Intercálese en el literal k), entre la palabra “Internos” y la frase “la existencia”, la frase “, Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas”.

d) Intercálese en el literal n), entre la palabra “Internos” y la expresión “para efectos” la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

e) Intercálese en el literal p), entre la expresión “contribuyentes,” y la expresión “las facultades” la frase: “el cumplimiento de las obligaciones tributarias,”.

f) Agrégase a continuación del literal s), el siguiente literal t), nuevo:

“t) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República la entrega de la información disponible y que la Defensoría del Contribuyente requiera para el cumplimiento de sus funciones.

El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías deberán proporcionar esta información oportunamente.

La Defensoría del Contribuyente podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Tesorerías datos personales e información que sea indispensable para cumplir con los servicios que se encuentren en el ámbito de sus competencias. En su requerimiento la Defensoría deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Tesorerías, según sea el caso, informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los antecedentes que consten en sus registros. Dicha información podrá ser solicitada y entregada, mediante una plataforma informática que resguarde su integridad y fidelidad.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Defensoría del Contribuyente que tome conocimiento de la información tributaria reservada estará obligado en los mismos términos establecidos por el artículo 25 de esta Ley. El incumplimiento de este deber hará aplicables las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Párrafo 8 del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

g) Agrégase a continuación del literal t), nuevo, el siguiente literal u), nuevo:

“u) Representar judicialmente, ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y Tribunales Superiores de Justicia, a los contribuyentes indicados en el artículo 44, respecto del reclamo contenido en el Párrafo 2º del título III del Libro III del Código Tributario y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

h) Agrégase a continuación del literal u) nuevo, el siguiente literal v) nuevo:

“v) Realizar estudios cuantitativos y cualitativos, explorando distintas interseccionalidades que permitan detectar problemas y proponer soluciones en temas relacionados con el ejercicio de los derechos y la promoción de la educación y el cumplimiento tributario de las y los contribuyentes.”.

3) Agrégase en el encabezado del Párrafo I del Título V, a continuación de la palabra “Orientación”, la expresión “y Acompañamiento”.

4) Modifícase el artículo 33 en el siguiente sentido:

a) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto a la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias efectuada por el Servicio de Tesorerías, las excepciones que se puedan interponer, los convenios de pagos a los que se puedan acoger y en general, respecto de todas las acciones que se pueden adoptar en este procedimiento, respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto y territorial.”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo que ha pasado a ser tercero el siguiente inciso final, nuevo:

“El acompañamiento consistirá en realizar acciones y planes de educación y formación a aquellos contribuyentes que inician sus operaciones para permitirles comprender y cumplir correctamente sus obligaciones tributarias con el objetivo de disminuir los errores involuntarios e introducirlos al sistema tributario.”.

5) Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “de los recursos administrativos” por la frase “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Defensoría podrá también representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas en aquellos recursos administrativos que permitan el resguardo de sus derechos ante actuaciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

6) Intercálase en el artículo 46, entre la palabra “recursos” y la conjunción “a”, la frase “y peticiones”.

7) Reemplázase en el inciso primero del artículo 47 la frase “En los recursos” por “En las peticiones y recursos”.

8) Intercálase en el artículo 49, entre la palabra “fiscalización” y la coma que le sigue, la frase “o con ocasión de cualquier otro tipo de actuación en el ejercicio de sus facultades”.

9) Intercálase en el inciso segundo del artículo 52, entre el guarismo “123 bis” y la expresión “del Código Tributario” la siguiente frase: “o la resolución de una petición bajo el procedimiento establecido en el número 5º de la letra B. del artículo 6”.

10) Sustitúyese el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación.

El abogado que represente al Servicio deberá pronunciarse en la audiencia señalada en el artículo anterior sobre la propuesta de acuerdo presentada por la Defensoría debiendo aceptarla o rechazarla. Cuando se acepte la propuesta deberá señalar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones para dicha aceptación.

Los criterios para la proposición negociación y aceptación de las bases de acuerdo se deberán regir por la resolución que para estos efectos dictará el Director de Impuestos Internos.”.

11) Agrégase a continuación del artículo 57, el siguiente artículo 57 bis, nuevo:

“Artículo 57 bis.- La Defensoría podrá representar a los contribuyentes señalados en el artículo 44 en la interposición y tramitación ante los tribunales de justicia del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.”.

12) Agrégase, a continuación del artículo 57 bis, nuevo, el siguiente artículo 57 ter, nuevo:

“Cuando las pretensiones carezcan de mérito jurídico o no existan los antecedentes suficientes para su interposición o tramitación, la Defensoría podrá abstenerse de representar judicialmente a contribuyentes, mediante resolución fundada.”.

13) Agrégase a continuación del artículo 57 ter, nuevo, el siguiente artículo 57 quáter, nuevo:

“Artículo 57 quáter.- En los juicios que represente a un contribuyente, la Defensoría deberá efectuar todas las gestiones necesarias para la interposición, tramitación y ejecución del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario, hasta su total conclusión. En este sentido, podrá interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla dicho procedimiento, conciliar en los términos del artículo 132 bis del Código Tributario y proponer bases de un avenimiento extrajudicial ante el Director del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispone el artículo 132 ter del Código Tributario.”.

14) Modifícase el artículo 58 en el siguiente sentido:

a) Intercálase entre las palabras “contribuyente,” y “entregar”, la frase “de aquellos señalados en la parte final del artículo tercero,”.

b) Reemplázase en el artículo 58 la frase “controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, contenido en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo” por la oración “contenido en una liquidación, giro o en cualquier actuación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en que el contribuyente tenga un interés directo comprometido”.

15) Reemplázase el epígrafe del Párrafo VI por “Reuniones con el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

16) Intercálase en el artículo 70, entre la palabra “Internos” y “para promover”, la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

17) Reemplázase en el artículo 71 la frase “la Defensoría o el Servicio de Impuestos Internos” por “cualquiera de las instituciones referidas en el artículo anterior”.

18) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 72 la frase “y el Servicio de Impuestos Internos” por la frase “y los organismos señalados en el artículo 70”.

19) Reemplázase en el artículo 73 la frase “el Servicio de Impuestos Internos” por la frase “los organismos señalados en el artículo 70,”.

20) Reemplázase en el inciso primero del artículo 74 la frase “Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá” por la frase “Director del Servicio de Impuestos Internos, el Tesorero General de la República o el Director del Servicio Nacional de Aduanas podrán”.

Artículo noveno- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo primero del DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales:

1) Intercálese en el artículo 41, entre la expresión “bienes” y el punto seguido, la frase “, conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela.”.

2) Agrégase, a continuación del artículo 41, el siguiente artículo 41 bis, nuevo:

“Artículo 41 bis.- El Servicio podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que este Título impone a los funcionarios del Servicio, solicitando al funcionario toda la información de respaldo en los términos del artículo 61 del decreto con fuerza de ley N°29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. El Servicio podrá además efectuar dicha corroboración, oficiosamente, con toda la información contenida en sus bases de datos.”.

3) Agrégase a continuación del artículo 41 bis, el siguiente artículo 41 ter, nuevo:

“Artículo 41 ter.- La institución tendrá acceso, en todo caso, a la comunicaciones llevadas a cabo a través de cuentas de correo electrónico institucionales u otros mecanismos de intercambio de información que sean provistos por el Servicio a sus funcionarios podrán ser revisadas por la institución en todo caso.”.

4) Agrégase a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- Cuando un funcionario del Servicio, en el ejercicio de sus labores, deba sostener una entrevista con el contribuyente o sus representantes, deberá estar acompañado por otro funcionario.”.

Artículo décimo.- Introducense las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 329, del Ministerio de Hacienda:

1) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 2, la expresión “de Recursos Humanos” por “de Gestión y Desarrollo de Personas”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido.

a) Agrégase en el numeral 2 del inciso segundo del artículo 4, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración: ”En el ejercicio de esta facultad establecerá la estructura organizativa interna del Servicio, de conformidad a su dotación máxima de personal y a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. En dicha estructura considerará, a lo menos, una unidad de Control Fronterizo y Operaciones y una unidad de Contraloría Interna”.

b) Modifícase su numeral 10 en el siguiente sentido:

i) Elimínase la palabra “fiscal”.

ii) Intercálese entre las frases “de mercancías” y “que por su naturaleza” la expresión “, que cumplan con las condiciones técnicas para ello, y”.

iii) Reemplázase, la frase “fiscales destinados al efecto” por “habilitados, o bien,”.

iv) Agrégase después del punto final, que pasa a ser coma, la frase “siéndoles aplicable lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 56 y en los artículos 58 a 62 de la Ordenanza de Aduanas.”.

3) Reemplázase en el artículo 12, la expresión “Subdirección de Recursos Humanos” por “Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas”.

4) Modifícase el artículo 14 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su numeral 5 por los siguientes numerales 5, 6 y 7 nuevos, pasando el actual numeral 6 a ser 8.

“5. Valparaíso, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Isla de Pascua, Petorca, Quillota, Marga Marga y Valparaíso.

6. San Antonio, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre la provincia de San Antonio.

7. Los Andes, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua.”.

b) Reemplázase su numeral séptimo por los siguientes numerales 9 y 10, pasando los actuales numerales 8, 9 y 10 a ser numerales 11, 12 y 13 respectivamente:

“9.- Talcahuano, con jurisdicción sobre la Región del Maule, Región de Ñuble y Región de Bíobío.

10.- Araucanía, con jurisdicción sobre la Región de la Araucanía.”.

Artículo undécimo.- Modifícase la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, en el siguiente sentido:

1) Agrégase en el artículo 5°, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis, del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.”.

2) Modifícase el artículo 16 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i) Reemplázase la frase “directivos, ejecutivos y administrativos” por la frase “de dirección, ejecución y administración”.

ii) Intercálese entre la palabra “persigan” y la expresión “fines de lucro” la frase “o no”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“Para el control de lo dispuesto en el inciso primero, los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberán presentar la declaración anual de intereses y patrimonio establecida en el Título II de la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en los términos y oportunidades que ahí se señala. Adicionalmente, los jueces y funcionarios, deberán presentar las declaraciones correspondientes de su cónyuge, aun cuando se encuentren separados de bienes, conviviente civil y de sus hijos dependientes.

Las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento al deber señalado en el inciso anterior se determinarán y aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2° del Título II de la ley N° 20.880.”.

3) Agrégase, en el artículo 19, a continuación del numeral 6° los siguientes numerales 7° y 8° nuevos, pasando el actual numeral 7° a ser 9°:

“7° Estudiar, implementar y evaluar planes y programas de probidad y clima laboral para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, sin perjuicio de las facultades conservadoras y disciplinarias de la Corte Suprema;

8° Cuando, en el ejercicio de su función o con ocasión de alguna denuncia efectuada a través de cualquier canal creado para estos efectos, tomare conocimiento de la ocurrencia de delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, deberá denunciar dichos hechos ante los órganos persecutores correspondientes; y”.

Artículo duodécimo.- Reemplázase, en el inciso primero del artículo 4 de la ley Nº 20.853, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, la expresión “diarios de circulación nacional” por “diarios de circulación nacional o diarios electrónicos”.

Artículo decimotercero. - Modifíquese el primer inciso del artículo 4 de la ley N° 20.431, que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del servicio de impuestos internos, reemplazando la frase "escalafón profesional del Servicio" por "escalafón fiscalizador o profesional del Servicio".”.

Artículo decimocuarto. - Incorpórase en el inciso primero del artículo trigésimo sexto del Título VI de la Ley N° 19.882, a continuación de la frase: “; y, en el Servicio de Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional” la expresión “ y a los cargos de Subdirectores de Departamento de Subdirecciones estos últimos que darán afectos al segundo nivel jerárquico.

Artículo decimoquinto.- Los funcionarios o funcionarias que a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública correspondientes al segundo nivel jerárquico del Servicio de Impuestos Internos, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme al título VI de la ley Nº19.882 cuando cesen en ellos por cualquier causa.”

Artículo decimosexto.- Modifícase el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que Fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican, en el siguiente sentido:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la palabra “legalmente” y el punto seguido que le sigue, la expresión “, o a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

b) Intercálase, en el inciso segundo, entre la expresión “cliente” y el punto aparte, la frase “, así como a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Las modificaciones al Código Tributario, contenido en el artículo primero del decreto ley N° 830, de 1974, contenidas en el artículo primero de esta ley, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones incorporadas en el artículo 4° quinquies, el nuevo numeral 9° de la letra A) del artículo 6 y el artículo 100 bis comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Los procedimientos de fiscalización que se hubieren iniciado conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4º quinquies antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se seguirán conociendo de conformidad a las normas vigentes a la fecha de su inicio tanto a nivel administrativo como judicial. Para estos efectos se considera un procedimiento de fiscalización aquellos donde hubiere citación conforme con el artículo 63 del Código Tributario.

2) El nuevo artículo 4° sexies comenzará a regir a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, pero para el sólo efecto de regular su conformación. Asimismo, Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley deberá ser publicado el reglamento a que hace referencia este artículo.

El Consejo Asesor Consultivo deberá estar constituido al 01 de enero de 2025. De los 7 miembros que lo integran por primera vez, dos consejeros durarán dos años en sus cargos, tres consejeros durarán tres años y un consejero cinco años. A partir de las renovaciones los miembros durarán cinco años en sus cargos.

3) Los requerimientos iniciados en virtud del procedimiento establecido en el artículo 160 bis continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

4) Las modificaciones incorporadas al artículo 1, 53 y 55 entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Cuando por aplicación de las nuevas disposiciones corresponda determinar intereses por periodos anteriores al segundo semestre de 2002 será aplicable, respecto a dichos periodos la tasa de interés que corresponda al segundo semestre de 2002.

5) Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo de 2025. A partir del mes siguiente a la publicación de la ley los contribuyentes podrán modificar la cuenta de correos registrada en su sitio personal o presentar la solicitud contenida en el inciso primero del artículo 11 incorporado por el numeral 11) en la presente ley.

6) Los procedimientos iniciados conforme el artículo 62 bis y el párrafo primero del Título III del Libro III, antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

7) El primer reporte semestral a que hace referencia el artículo 85 ter deberá realizarse respecto del segundo semestre de 2024.

8) Las modificaciones incorporadas en los incisos duodécimo y final, del artículo 68 y los nuevos artículos 100 ter, 100 quáter y 100 quinquies, entrarán seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

9) Las modificaciones incorporadas a los artículos 130, 131 bis y 161 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2025.

10) Las modificaciones incorporadas en los artículos 171, 174, 178, 179 y 185 regirán desde el tercer mes contado desde la publicación de la presente ley.

11) Las modificaciones incorporadas en los artículos 169, 170 inciso primero, 175, 176, 180 y el nuevo artículo 197 bis, comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Artículo segundo transitorio.- Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo primero del Decreto Ley N° 824, de 1974, contenidas en el artículo segundo de esta ley, según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1) Las modificaciones introducidas al artículo 41 G y 41 H comenzarán a regir a partir del 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones introducidas en los artículos 10, 32 y 41 E comenzarán a regir el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo tercero de esta ley a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contenida en el Decreto Ley N° 825, de 1974, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, sin perjuicio de lo que a continuación se señala:.

1) Las modificaciones incorporadas en el nuevo artículo 3 bis, el artículo 4° y en letra B del artículo 12, comenzarán a regir el 01 de enero de 2025.

2) Las modificaciones incorporadas al artículo 36 comenzarán a regir seis meses con posterioridad a la dictación del decreto supremo que reemplace al Decreto Supremo Nº348 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto Supremo Nº79 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá otorgarse dentro de los tres meses siguientes al de publicación en el Diario Oficial.

3) Aquellos contribuyentes que hubieran accedido o solicitado el beneficio contenido en el artículo 27 bis se regirán según las normas vigentes a la fecha de aprobación o solicitud según corresponda, con las siguientes modificaciones:

En la declaración correspondiente al mes de enero de cada año comercial, deberán incrementar el monto a restituir en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario sean equivalentes al menos a 1/10 del saldo por restituir determinado al 01 de enero del año siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Lo dispuesto anteriormente deberá realizarse a contar de la declaración correspondiente al mes de diciembre del ejercicio en el cual se determine el saldo a restituir según lo dispuesto en el presente inciso.

Artículo cuarto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo cuarto de esta ley a la ley 16.271, sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, independiente de la fecha en que se hubiese deferido la herencia o realizado la donación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior Los procedimientos de insinuación que se hubieran iniciado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de inicio del procedimiento judicial.

Artículo quinto transitorio.- Las modificaciones al DFL N° 30 de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, contenidas en el artículo quinto de esta ley entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, con excepción de las modificaciones a los artículos 25 bis, 125 y 127 que entrarán en vigencia el 1° de enero de 2025.

Artículo sexto transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo sexto de esta ley al artículo noveno contenido en la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo séptimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo séptimo de esta ley al decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo octavo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo octavo de esta ley al artículo vigésimo tercero, contenido en la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

Las modificaciones incorporaras al artículo 4, con excepción de las modificaciones a los literales b) y p) y el nuevo literal t), a los artículos 43, 70, 71, 72, 73, 74 y los nuevos artículos 57 bis, 57 ter y 57 quáter, al artículo entrarán en vigencia a partir del 01 de enero de 2025.

Artículo noveno transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo noveno de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley Orgánica Del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo décimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo décimo de esta ley del DFL Nº 329, de 1979, que aprueba la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de Aduanas, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo undécimo transitorio.- Las modificaciones incorporadas por el artículo undécimo de esta ley al DFL N°7 de 1980 que fija texto de la Ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera., entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo duodécimo transitorio.- Establécese, a partir del 1 día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 30 de noviembre del mismo año, el siguiente sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero:

1) Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2023, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, o cuando los bienes o rentas se mantengan u obtengan en el exterior a través de mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios o mandatarios. También podrán declarar sus bienes y rentas que se encuentren en Chile, cuando sean beneficiarios de aquellos a través de sociedades, entidades, trusts, encargos fiduciarios o mandatarios en el extranjero. Cuando los bienes o rentas se tengan indirectamente o a través de encargos fiduciarios o mandatarios, en la declaración se deberá identificar a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas.

Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pudiera tener injerencia en lo que respecta a la declaración e ingreso de los bienes y rentas materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, acompañada de copia de la citada declaración, como asimismo para que entre todas las instituciones mencionadas puedan intercambiar entre sí, de la misma forma, dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

2) Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren los bienes o rentas de que trata este artículo, no estarán obligados, para efectos de este artículo, a ingresarlos al país. Quienes opten por ingresarlos, deberán hacerlo, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para el efecto, cumpliendo con lo establecido en el numeral 17 y autorizando a las instituciones públicas a que se refiere el numeral 1 para requerir a los bancos respectivos información específica sobre las rentas o bienes que se hayan incluido en la declaración, como asimismo, para que entre tales instituciones intercambien dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para limitar o restringir la realización de las operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria.

3) Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

1. Bienes y rentas.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a. toda clase de bienes incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso. Se incluye también, dentro de esta categoría, toda clase de instrumentos financieros o valores, tales como bonos, cuotas de fondos, depósitos, y otros similares, que sean pagaderos en moneda extranjera;

b. divisas; y

c. rentas que provengan de los bienes indicados en las letras anteriores, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo otro incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

Con todo, los contribuyentes no podrán someter al presente sistema los bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

2. Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2023 y las rentas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2023, ello sin perjuicio de la obligación de cumplir en el futuro con los impuestos y demás obligaciones que pudieren afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas legales que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras.

3. Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Sin perjuicio de las reglas especiales de este numeral, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, su fecha de adquisición o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

Cuando estos bienes hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, conforme a la legislación del país en que se encuentren, la adquisición de los mismos por parte del contribuyente se acreditará con un certificado de la entidad encargada del registro o inscripción, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, en el que conste la singularización de los bienes y el hecho de estar registrados o inscritos a nombre del contribuyente, de una entidad de su propiedad, de su mandatario o encargado fiduciario.

Cuando se trate de acciones u otros títulos, el contribuyente deberá acompañar copia de los mismos, incluyendo una certificación del emisor en que se acredite su autenticidad, vigencia y el hecho de haberse emitido con anterioridad a la fecha señalada en el punto 3.2., todo ello debidamente legalizado, autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según sea el caso. Además, el contribuyente deberá acompañar, cumpliendo los mismos requisitos, copia del acto o contrato en virtud del cual adquirió los precitados títulos.

Cuando el derecho a los bienes o rentas se tengan o ejerza indirectamente, o a través de trusts, encargos fiduciarios o mandatarios, se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, acompañando copia del mandato, encargo fiduciario o trust, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda.

Cuando, para los fines de este artículo, las instituciones públicas de que trata esta misma disposición lo soliciten, en el ejercicio de sus facultades conferidas por ley, el contribuyente deberá exhibir los títulos originales de tenerlos aún en su poder, o, en su defecto, acompañar copia del título que dé cuenta de su enajenación posterior a la declaración, todo ello legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, el que de todas formas deberá haberse emitido o suscrito cumpliendo con las formalidades que de acuerdo a la legislación chilena permitan establecer su fecha cierta.

Podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con los documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio que, cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el contribuyente deberá acompañarlos con posterioridad a ella y hasta antes de emitirse el giro del impuesto respectivo.

4. Forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo deberá ser presentada por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho y de derecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración, momento a partir del cual se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración. Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

5. Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, la que formará parte integrante de la misma para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los bienes, rentas que sean objeto de la misma, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando no se hallen directamente en poder o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6. Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2, del artículo 165, del Código Tributario.

7. Reglas para la valoración de los bienes y rentas declarados.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial a la fecha de la declaración. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a. En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, el valor de tales activos será el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda;

b. En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portfolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 de diciembre de 2023.

c. Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, teniendo como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

d. Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración;

e. El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios;

f. En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva afecta al impuesto de primera categoría en base a contabilidad completa, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios; y

g. Si el contribuyente no acreditare el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, aplicándose la totalidad de las normas de ese Código relativas a la tasación, incluido el derecho del contribuyente a reclamar de aquella conforme al procedimiento general de reclamación. Las diferencias de impuesto único que se determinen como consecuencia de la tasación que efectúe dicho Servicio, dentro de los plazos de prescripción que fija el artículo 200 del Código Tributario, se considerarán para todos los efectos tributarios, como un impuesto sujeto a retención. Aceptada la tasación por el contribuyente o ratificada por sentencia ejecutoriada, los valores tasados deberán considerarse formando parte del costo para fines tributarios de los respectivos bienes.

8. Procedimiento.

Presentada la declaración que regla este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes y rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 12%, sobre el valor de dichos bienes o rentas determinado por el contribuyente.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, debiendo dejarse constancia del pago en el expediente respectivo. El Servicio de Impuestos Internos dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto, para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados en conformidad a sus disposiciones. Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que pudiesen resultar. Vencido el plazo de doce meses, caducan de pleno derecho las facultades de dicho Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece esta ley, el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución en que se declare incumplimiento, con indicación del requisito de que se trate y solicitando, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número. En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio señalado podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales, informando de ello al Banco Central de Chile, la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda.

Contra la resolución que dicte el Servicio declarando fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclama conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago.

9. Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

10. Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11. Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial:

a. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo 27 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley, en las modificaciones vigentes a la fecha de publicación de esta ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente;

b. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario;

c. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas;

d. hayan sido condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile, o

e. hayan sido objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del Servicio de Impuestos Internos, que diga relación con los bienes o rentas que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo.

12. Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el numeral 8 anterior, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley N°19.913; ni tampoco beneficiará a las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en el numeral precedente.

13. Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, consumos, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley N° 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley N° 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

14. Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para el adecuado intercambio de la misma entre las instituciones señaladas en el numeral 1 de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que, una vez pagado el tributo señalado, los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios, siendo título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley.

Para estos efectos, el contribuyente deberá acreditara ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

En estos casos, la radicación de estos bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

15. Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo, no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente.

16. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

17. De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley N° 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley N°19.913.

El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero tendrá, previa solicitud, acceso permanente y directo, para el debido cumplimiento de sus funciones legales, a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si ésta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Se conformará una comisión de coordinación y supervisión para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas antilavado de activos establecidas en el presente artículo y en la normativa relacionada que se emita por las referidas instituciones, la que se constituirá y funcionará por el tiempo necesario para cumplir con las disposiciones de este artículo, conforme lo determinen en conjunto el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de análisis financiero. En ella participarán el Servicio y Unidad referidos y cualquiera otra institución pública que se considere relevante para este propósito. Los bancos que intervengan en las operaciones que se acojan al sistema que establece este artículo, deberán establecer mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con los controles para identificar debidamente a los contribuyentes que deseen ingresar activos de acuerdo a los estándares de debido conocimiento de clientes del GAFI, solicitar una declaración de origen de los fondos y requerir la identificación plena de los beneficiarios finales conforme a las reglas de este artículo.

Los bancos deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa que detecten en el análisis de la información proporcionada por los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N°19.913 y en las circulares emitidas por dicha Unidad al efecto.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.

Artículo décimo tercero transitorio.- Los contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la presente ley, mantuvieren gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y el 30 de noviembre de 2024, podrán poner término a dichas gestiones judiciales siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2024, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañando los antecedentes y ofreciendo caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5) siguiente.

2. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud, el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuestos Internos no resuelva conforme al número 3 siguiente.

3. Dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, considerándose como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4. En caso que el fallo de primera instancia o de apelación, haya sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que corresponda a la misma. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5. El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6. El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7. El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

Lo dispuesto en los números anteriores no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo decimocuarto transitorio.- Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de octubre de 2024, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio, el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.

El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.

Artículo decimoquinto transitorio.- El Tesorero General de la República declarará de oficio, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, la prescripción de las acciones de cobro del Fisco, respecto al saldo vigente a dicha fecha, de los tributos, multas, créditos fiscales y sus recargos legales, excluido el impuesto territorial, girados o emitidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Para estos efectos, se considerará que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción de la acción de cobro no produjo el efecto de interrumpir ni suspender el cómputo del plazo. La facultad se ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.

Artículo decimosexto transitorio.- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, establecerá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica de los concursos de asignación de funciones de jefaturas.

Artículo decimoséptimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días contado de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, modifique las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. También podrá establecer la gradualidad en que se realizarán dichas modificaciones y oportunidad en que podrán comenzar a proveerse. Además, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones a las plantas antes indicadas. Los cargos antes señalados se proveerán de acuerdo a los incisos siguientes. También, en el ejercicio de esta facultad, determinará los cargos vacantes de la planta vigente que se podrán proveer de acuerdo a los incisos siguientes y fijar la gradualidad para su provisión.

La provisión de los cargos a que se refiere el inciso anterior, en las plantas de profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares se realizará mediante concurso interno de antecedentes. El decreto con fuerza de ley señalado en el inciso anterior podrá establecer las normas complementarias para los referidos concursos. Con todo, por aplicación de este artículo, los funcionarios podrán subir el máximo de grados que determine dicho decreto con fuerza de ley para cada estamento.

En los respectivos concursos internos de antecedentes podrán participar los funcionarios que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Los funcionarios titulares de un cargo de la misma planta de la vacante a proveer, siempre que se encuentren nombrados en el grado inmediatamente inferior al de la vacante convocada y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo.

b) Los funcionarios a contrata asimilado a la misma planta del cargo de la vacante a proveer, que tengan dicha calidad al 31 de diciembre de 2023 y siempre que: se encuentren calificados en lista Nº1, de Distinción, o lista Nº2, Buena, durante, a lo menos, los dos años previos al concurso y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo. Los funcionarios a contrata asimilados a las plantas de fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares, solo podrán postular a los cargos vacantes del último grado de la planta a la cual se encuentren asimilados. Los funcionarios a contrata asimilados a la planta de profesionales, solo podrán postular, como máximo, al mismo grado de la planta al que se encuentren asimilados al 31 de diciembre de 2023.

En la convocatoria de los concursos, deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada y evaluación de desempeño. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado a los funcionarios en el llamado a concurso, el que deberá publicarse, a lo menos, en la página web de la institución.

La provisión de los cargos vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se efectuará, en cada grado, en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y, en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el Director Nacional.

La provisión de los cargos vacantes de la planta de fiscalizadores se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 15 de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos a que se refiere el inciso primero, se sujetarán igualmente a las normas de este artículo, y las demás normas que establezca el decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso primero.

El nombramiento en los cargos provistos por los concursos internos a que se refiere este artículo regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone.

Artículo decimoctavo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. En el ejercicio de esta facultad, podrá modificar el monto del bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria para el personal del Servicio de Impuestos Internos titular de cargos de las plantas de administrativos y de auxiliares, establecido en el artículo 7º de la ley Nº 20.853. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

2. También, podrá modificar el monto de los recursos que deberán destinarse al financiamiento de la asignación del artículo 7 de la Ley Nº19.646, establecido en el artículo 8 de dicha ley. Asimismo, podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto como la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

3. Además, podrá modificar los porcentajes de la asignación especial de estímulo en su componente fijo y los porcentajes de su componente asociado a la gestión tributaria, definidos en el artículo 4° de la ley Nº19.646, para los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

Artículo decimonoveno transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos décimo octavo transitorio y décimo noveno transitorio durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo vigésimo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Aduanas y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala de Fiscalizadores que se asignen a dichas plantas y podrá establecer la gradualidad en que los cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Además, determinará los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Además, establecerá las normas de encasillamiento de las plantas de personal y el número de cargos que se proveerán de conformidad a ellas.

2. El número de cargos totales para la planta de personal que se fije en virtud de este artículo será de 1.616.

3. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas de personal y del encasillamiento que se practique

4. En cualquier caso, el encasillamiento del personal a que se refiere este artículo quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos provisionales.

d) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

e) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan no serán exigibles respecto de las y los funcionarios titulares para efectos del encasillamiento a que se refiere el numeral 1 del artículo segundo de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

f) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo vigesimoprimero transitorio.- El encasillamiento de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Nacional de Aduanas quedará sujeto a las condiciones que establezcan el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas conforme al artículo anterior, considerando a lo menos lo siguiente:

1. Los funcionarios de las plantas antes señaladas se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán previo concurso interno, en los cuales podrán participar los funcionarios de planta y a contrata siempre que cumplan los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de titular de planta o a contrata, a lo menos, dos años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo de 2018, y cumplan las demás condiciones para participar en dichos concursos que fije el o los decretos con fuerza de ley antes indicado, el cual podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación impartidas por el Servicio. En el caso del personal a contrata, además podrá exigir haberse desempeñado en dicha calidad sin solución de continuidad por el número mínimo de años que defina el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior

3. Asimismo, dicho decreto con fuerza de ley señalará el número de grados superiores a los cuales podrá postular en el o los respectivos concursos. Con todo, solo podrá ser encasillado como máximo en tres grados superiores en todo el proceso concursal. A el o los concursos no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.479.

4. El o los decretos con fuerza de ley a que alude el artículo anterior definirán los factores que, a lo menos, considerará el concurso, la integración del comité de selección y también podrán establecer las demás normas para la realización de los mismos. Además, el o los referidos decretos con fuerza de ley fijarán el grado en que podrán ser encasillados aquellos funcionarios a contrata que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en la época que determinen dicho decreto o decretos con fuerza de ley.

5. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes en el respectivo concurso interno. En caso que resulte ser encasillado en dos o tres grados superiores, éste se implementará gradualmente, asignando un grado en cada anualidad según lo defina el decreto con fuerza de ley, pudiendo para ello crear cargos transitorios en la planta de personal respectiva, los cuales se suprimirán de pleno derecho cuando queden vacantes por cualquier causal. Dichos cargos transitorios quedarán afectos a la regulación que establezca el decreto con fuerza de ley.

6. En lo no previsto en el presente artículo, estos concursos se regularán por las normas del Párrafo 1° del Título II del Estatuto Administrativo.

7. El decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior, podrá disponer que las vacantes que se generen producto del encasillamiento, se provean de acuerdo a las normas de este artículo. Además, dicho decreto con fuerza de ley podrá establecer normas complementarias para su provisión. Con todo en estos concursos, solo podrán participar aquellos funcionarios que hayan sido encasillados en el mismo grado o en uno o dos grados superiores a los que poseían a la época del encasillamiento, y solo podrán acceder hasta tres, dos o un grado superior al del encasillamiento, respectivamente, y de acuerdo a la forma y gradualidad a que se refieren los numerales anteriores y determine el decreto con fuerza de ley antes indicado.

Artículo vigesimosegundo transitorio.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de los artículos vigésimo primero transitorio y vigésimo segundo transitorio de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Nacional de Aduanas. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo final transitorio.- Las modificaciones establecidas en esta ley que no tengan una fecha especial de vigencia, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante, la Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto en la forma indicada.

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Tratado y acordado en las sesiones especiales y ordinarias celebradas en los siguientes días: lunes 4, martes 5, miércoles 6, lunes 11, martes 12, miércoles 13, lunes 18, martes 19, miércoles 20 de marzo y lunes 1, martes 2, miércoles 3, lunes 8 y martes 9 de abril del año en curso, con la asistencia de los diputados señores, Eric Aedo Jeldres, Boris Barrera Moreno, Carlos Bianchi Chelech, Miguel Mellado Suazo, Jaime Naranjo Ortiz, Guillermo Ramírez Diez, Agustín Romero Leiva, Jaime Sáez Quiroz, Alexis Sepúlveda Soto, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y señoras Sofía Cid Versalovic, Camila Rojas Valderrama y Gael Yeomans Araya (Presidenta).

En la sesión especial de martes 12 de marzo, la diputada Camila Rojas Valderrama fue reemplazada por la diputada Javiera Morales Alvarado, en la sesión ordinaria de miércoles 13 de marzo el diputado Alexis Sepúlveda Soto fue reemplazado por el diputado Tomás Lagomarsino Guzmán, en la sesión ordinaria de martes 2 de abril, la diputada Sofía Cid Versalovic fue reemplazada por el diputado José Miguel Castro Bascuñán, en la sesión especial de lunes 8 de abril el diputado Eric Aedo Jeldres fue reemplazado por la diputada Mercedes Bulnes Núñez, en la sesión especial y ordinaria de martes 9 de abril la diputada Sofía Cid Versalovic fue reemplazada por el diputado Frank Sauerbaum Muñoz y en la sesión ordinaria de martes 9 de abril, el diputado Eric Aedo Jeldres fue reemplazado por la diputada Javiera Morales Alvarado.

Sala de la Comisión, a 9 de abril de 2024.

MARÍA EUGENIA SILVA FERRER

Abogado Secretaria de la Comisión

NORMAS PARA ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DE PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN NO 16621-05)

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, correspondiente al boletín No 16621-05.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Agustín Romero .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 138ª de la legislatura 371ª, en lunes 29 de enero de 2024. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ROMERO, don Agustín (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, en calidad de comisión técnica, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, sobre cumplimiento de obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel , quien estuvo acompañado de la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner ; el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet ; la directora del Servicio Nacional de Aduanas, señora Alejandra Arriaza , y el coordinador de políticas tributarias de la misma cartera, señor Diego Riquelme .

La Comisión escuchó también la opinión de varios académicos y representantes gremiales, quienes manifestaron sus observaciones al proyecto de ley, aportaron elementos al debate y respondieron las diversas inquietudes formuladas por los parlamentarios.

La idea fundamental de la iniciativa apunta a elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de una modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, mediante el despliegue de una agenda de control de la informalidad, para principalmente terminar con la evasión y la elusión realizadas mediante una planificación tributaria agresiva, entregando, por una parte, nuevas atribuciones a los organismos fiscalizadores y, por la otra, a la Defensoría del Contribuyente, espacios de regularización de las obligaciones tributarias que permitan el fortalecimiento institucional y estándares de probidad en la administración tributaria, todo ello, en un marco de lograr una mayor eficiencia y transparencia del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.

El proyecto de ley pretende incrementar la recaudación fiscal en 1,5 por ciento del PIB, recursos que se destinarán al financiamiento de las prioridades de gasto definidas en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, particularmente al financiamiento de pensiones y de seguridad pública.

En sus fundamentos, el proyecto declara que sus objetivos pretenden modernizar la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, controlar la informalidad de los emprendimientos, combatir los delitos tributarios y planificación tributaria agresiva, robustecer y entregar nuevas facultades a la Defensoría del Contribuyente, regularizar las obligaciones tributarias pendientes de micro y pequeñas empresas, y fortalecer la probidad en los organismos fiscalizadores.

En particular, y mediante doce artículos permanentes que modifican sendas normas legales vigentes, y 24 disposiciones transitorias, la iniciativa de ley moderniza la administración tributaria, extendiendo la utilización de procedimientos electrónicos de tramitación, tales como la notificación mediante correo electrónico y los expedientes electrónicos. Con la misma finalidad, se modifican los procedimientos para la reclamación de avalúo fiscal de bienes raíces; en el levantamiento del secreto bancario se traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse en el tribunal competente y se establece la fiscalización unificada de un grupo empresarial.

Con el propósito de agilizar y hacer más eficiente la fiscalización, se incorpora la multijurisdicción, estableciendo con ello la opción de fiscalizar de forma unificada a grupos empresariales.

En otro ámbito, la norma en trámite busca controlar el comercio informal, imponiendo la obligación a las municipalidades, órganos del Estado y proveedores de medios de pago electrónico de exigir el inicio de actividades a quienes interactúen con ellos. En igual dirección, se dispone que los bancos deberán informar semestralmente los clientes que reciban más de cincuenta transferencias de contribuyentes distintos en un mes; se incrementan las penas para los delitos de facilitación de documentos tributarios falsos, y se elimina la actual exención de IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a 41 dólares.

Se introduce, luego, la figura de la colaboración sustancial como herramienta para promover la autodenuncia de delitos tributarios y desbaratar redes de evasión y comercio informal, y se establece un procedimiento de denuncia anónima, permitiendo al denunciante acceder a la protección de su identidad y a una retribución económica equivalente a un porcentaje de las multas aplicadas al evasor, cuando se obtenga una sentencia. Para disuadir denuncias falsas, se dispone que aquellas tendrán carácter de delito.

El proyecto de ley modifica también la norma general antielusiva, con el fin de precisar claramente su ámbito de aplicación y fortalecer el principio de especialidad. Para explicitar su aplicación, y pese a que los actos puedan estar sujetos a una norma especial, dispone que se deberá permitir la aplicación de la norma general, pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto.

Por su parte, la calificación de abuso o simulación será realizada administrativamente por el Servicio de Impuestos Internos, entidad que tendrá la responsabilidad de la prueba, tras el pronunciamiento previo de un Consejo Asesor Consultivo sobre la razonabilidad económica y jurídica de las operaciones sometidas a su análisis. Sin perjuicio de ello, el contribuyente mantendrá su derecho de controvertir la decisión de la administración tributaria ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En materia de tasación y reorganizaciones empresariales, se busca objetivar los criterios para su aplicación, definiendo las operaciones normales de mercado y eliminando el concepto de “valor corriente en plaza”. Se moderniza la aplicación de la norma para casos de reorganización empresarial, estableciendo los criterios para que exista neutralidad tributaria cuando se observe una legítima razón de negocios, concepto también definido en la ley.

En lo referido a la tributación internacional, se modifica la norma sobre precios de transferencia, buscando una mejor regulación de los acuerdos anticipados de precios y los efectos tributarios de los ajustes de precios realizados por la administración tributaria o por el contribuyente, que quedarán radicados exclusivamente en el impuesto a la renta. También se establecen nuevos criterios para considerar una jurisdicción o territorio como preferencial.

En materia de impuestos a las herencias y donaciones, se reemplaza la norma de valorización de activos, incorporando reglas claras y actualizadas, y se incluyen como hecho gravado las donaciones revocables. En las donaciones del derecho real de conservación sobre inmuebles, se regulan sus efectos tributarios, particularmente en caso de donaciones por un plazo determinado.

El proyecto interviene también la Defensoría del Contribuyente, a la que agrega nuevas facultades, como la asesoría y representación de los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, en este último caso, pudiendo representarlos en la interposición del recurso de resguardo. También adiciona el acceso a la información sujeta a secreto tributario y la representación del contribuyente ante procedimientos de vulneración de derechos frente a los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En otro ámbito, la iniciativa legal apunta a permitir la puesta al día y regularización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para lo cual se modifica el cálculo de la tasa de interés moratorio, pasando a ser una tasa de interés corriente de operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero e incrementada en 3,5 por ciento.

Luego, se conceden mayores flexibilidades para la suscripción de convenios de pago con el Servicio de Tesorerías, estableciendo un régimen especial para mipymes, con plazos de hasta 18 meses, un pie que no supere el 5 por ciento de la deuda y la condonación de intereses y multas.

Se reestructura también la declaración de deudas incobrables, creándose un procedimiento administrativo que permitirá la prescripción de morosidades sin necesidad de procedimiento judicial.

En calidad de transitorio, se establece un procedimiento para reconocer capitales mantenidos en el exterior y no declarados en Chile, a través del pago de un impuesto sustitutivo con una tasa de 12 por ciento y con el que declararán cumplidas todas las obligaciones tributarias adeudadas.

Asimismo, se dispone la opción de poner término anticipado a los juicios tributarios, sin importar la etapa en que se encuentren, cuando se paguen los impuestos adeudados, considerando la condonación de intereses y multas, y un convenio de pago.

En materia de pagos de deudas tributarias, se dispone también que durante el año 2024 se podrán suscribir convenios de pago preferentes con el Servicio de Tesorerías, con un máximo de 48 cuotas y condonación de intereses y multas. Excepcionalmente, se declarará la incobrabilidad y prescripción de las deudas tributarias que tengan antigüedad mayor a 10 años, dada la escasa posibilidad de su recuperación.

En temas de fortalecimiento institucional y probidad, el proyecto de ley robustece los tres servicios de la administración tributaria, así como la Defensoría del Contribuyente, tanto en el ámbito tecnológico como de personal. Por ejemplo, a nivel de fortalecimiento tecnológico en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se aumentará su capacidad para el procesamiento de datos y la implementación de inteligencia artificial para identificar de forma más eficiente las áreas que requieren mayor fiscalización o comportamientos anómalos. En el caso del Servicio Nacional de Aduanas, se fortalecen sus capacidades para la renovación, mantención y/o adquisición de equipos que permitan una mayor presencia en los pasos fronterizos para realizar el escaneo de los bienes que ingresan al país y una mejor integración de sus sistemas.

Se dispone que los funcionarios de la administración tributaria y de los órganos judiciales especializados deberán someterse a mayores grados de probidad en el acceso a información sensible y en el establecimiento de mecanismos que impidan, dificulten y/o detecten la corrupción de la función pública. Así, el Servicio de Impuestos Internos podrá acceder a las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico y se obligará a los funcionarios a asistir a reuniones con contribuyentes en compañía de otros funcionarios.

En el caso de los funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros, se incrementan las exigencias respecto de la declaración anual de intereses y patrimonio, agregando al cónyuge, conviviente civil y sus hijos sujetos a patria potestad, considerándose su incumplimiento una falta grave a la probidad.

Se establece entre las funciones de la unidad administrativa de los tribunales tributarios y aduaneros denunciar los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y toda prevaricación en que incurra un funcionario.

En las disposiciones transitorias se establece la gradualidad de las modificaciones legales que requieren un período de implementación antes de su entrada en vigencia. Asimismo, se consideran normas que permitirán el fortalecimiento institucional del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la delegación de facultades al Ejecutivo para dictar las normas pertinentes.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos proyecta que la presente iniciativa de ley significará mayores ingresos tributarios, como resultado de las medidas implementadas, y mayores desembolsos, como resultado del fortalecimiento de la institucionalidad tributaria.

En el ámbito de los ingresos, se incrementará la recaudación fiscal derivada de los grupos empresariales, de las brechas del IVA y del comercio informal, de los contribuyentes de alto patrimonio, de la tributación internacional, de la multijurisdiccionalidad en los procesos de fiscalización, de la repatriación de capitales y del término anticipado de juicios tributarios, todo lo cual totalizaría 0,59 por ciento del PIB en 2024, 0,73 por ciento en 2025, 1,1 por ciento en 2026 y 1,47 por ciento en régimen.

Por el lado de los desembolsos fiscales, se estima que el mayor gasto provendrá de la modernización y fortalecimiento de las competencias de la administración tributaria, específicamente del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Defensoría del Contribuyente, de la Tesorería General de la República y de la Dirección de Presupuestos.

En ese proceso se consideran nuevas contrataciones de personal y renovaciones tecnológicas que, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, ascenderán a 35.958 millones de pesos; en Aduanas alcanzarán a 39.588 millones de pesos, en la Tesorería llegarán a 4.005 millones de pesos y en la Dedecon significarán 1.459 millones de pesos, todo ello en régimen, mientras que en la Dirección de Presupuestos se aplicarán 500 millones de pesos por una sola vez.

En términos consolidados, el gasto fiscal ascendería a 30.221 millones de pesos en 2024, 69.898 millones de pesos en 2025, 81.990 millones de pesos en 2026 y 81.010 millones de pesos en régimen.

La comisión desarrolló un extenso debate en los diversos tópicos de fondo e instrumentales de la reforma propuesta, generándose un profuso contraste de ideas, de propuestas y opiniones a favor y en contra de los cambios considerados en el proyecto.

Como resultado del debate y de las observaciones de los parlamentarios, el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones. En materia de norma general antielusiva se precisó que la carga de la prueba recaerá en el Servicio de Impuestos Internos, mientras que la acreditación de los efectos económicos o jurídicos relevantes será labor del contribuyente.

Se precisa, luego, la participación del Consejo Asesor Consultivo (CAC) y la facultad del servicio para aplicar la norma, aun cuando el Consejo considere que no amerita.

Se modifica también el nombramiento de los integrantes del Consejo y se les concede una remuneración de 50 UTM por caso.

En lo referido al secreto bancario, se establece como regla general solicitar autorización judicial para su levantamiento y que será labor del servicio acreditar la necesidad de contar con la información bancaria para determinar las obligaciones del contribuyente. Se incorpora, sin embargo, un procedimiento abreviado para determinados casos.

En aspectos de probidad, se eleva la sanción al funcionario que incumpla el deber de reserva, se obliga a eliminar en un plazo acotado la información que no origine una fiscalización o cobro y se establecen excepciones en que el levantamiento se realizará ante el Tribunal Tributario y Aduanero.

En cuanto al denunciante anónimo, el Ejecutivo propuso eliminar la recompensa por la información aportada, pero la comisión decidió mantenerla en los mismos términos en que fue presentada.

Por otra parte, se aprobaron indicaciones parlamentarias para permitir que profesionales y fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos puedan postular a cargos de jefaturas y para igualar el plazo en que se fijarán las plantas funcionarias de ese servicio y del Servicio Nacional de Aduanas.

En lo relativo a la incidencia presupuestaria de estas indicaciones, se informó que el único desembolso adicional se limita a la remuneración del Consejo Asesor Consultivo de la norma general antielusión, ámbito en que se estima un gasto fiscal anual de 2.250 UTM al año, equivalentes, aproximadamente, a 147 millones de pesos.

Finalmente, en lo relativo a las votaciones, la comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, mientras que en las sucesivas votaciones en particular resultaron aprobadas todas las disposiciones del proyecto, algunas por unanimidad y otras por mayoría de los integrantes presentes.

En consideración a lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, saludo al ministro y a la subsecretaria de Hacienda.

¿Cómo va a proceder la discusión de este proyecto? ¿Se discutirá hasta su total despacho o se suspenderá su discusión para continuarla en una siguiente sesión en caso de que queden intervenciones pendientes?

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, atendido que la urgencia del proyecto vence el domingo 14 de abril, deberíamos despachar la iniciativa con los diputados y diputadas que alcancen a intervenir en el tiempo destinado al Orden del Día.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Clara Sagardía .

La señora SAGARDÍA (doña Clara).-

Señor Presidente, votaré a favor este proyecto, iniciado en mensaje presidencial, ya que tiene su origen en el pacto fiscal y se configura como una de las fuentes de financiamiento permanente para proyectos que requieren gastos adicionales sostenidos en el tiempo para el funcionamiento del Estado.

Este proyecto recaudará el 1,5 del PIB, equivalente a más de 3.000 millones de pesos, contribuyendo significativamente al objetivo del pacto fiscal.

Necesitamos llegar a acuerdos en materia de tributos. Es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Requerimos financiar políticas que implican beneficios para cubrir necesidades permanentes de las personas, como pensiones, salud y seguridad, que requieren -repito- financiamiento permanente y estable en el largo plazo, el que debe provenir en un porcentaje importante de los tributos.

Este proyecto tiene el objetivo de combatir el incumplimiento tributario, que se traduce en una tributación inferior a la que debería corresponder al contribuyente.

Cabe destacar que los principales ejes en que se basa este proyecto son: la modernización de la administración tributaria, del Servicio Nacional de Aduanas y de los tribunales tributarios y aduaneros; el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, el aumento del estándar de probidad, el control de la informalidad, el aumento de las atribuciones y las herramientas para perseguir los delitos tributarios; las planificaciones tributarias, las nuevas facultades para la defensoría del contribuyente y la regularización o saneamiento de las obligaciones tributarias.

Además, se incluyen medidas para una mejor fiscalización de los grupos empresariales, la modernización del mecanismo del secreto bancario, el mayor poder de Aduanas para fiscalizar y aumentar las multas y las penas a los delitos tributarios, y una reforma a la norma general antielusiva. Todas esas modificaciones van en beneficio de nuestra sociedad.

Debemos aprobar este proyecto para financiar las políticas públicas del pacto fiscal, para el crecimiento económico de nuestro país y el progreso social, junto con la responsabilidad fiscal, que es obligación de todos los que aportamos, y para garantizar que la gente más vulnerable tenga también beneficios, como son la seguridad social, las pensiones de los adultos mayores jubilados y también la seguridad en todos los aspectos, como son la seguridad social, la seguridad económica y la seguridad pública.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, en la discusión de este proyecto, respecto del cual tuvimos un largo o lato debate, quiero hacer presente que la evasión tributaria socava los cimientos de nuestra sociedad; no solo afecta la estabilidad económica del Estado, sino que además tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Uno se puede hacer la pregunta: ¿quién podría estar en contra de un instrumento fundamental para financiar demandas sociales apremiantes, como lo es fundamentalmente el mejoramiento de las pensiones?

Cuando las empresas eluden sus responsabilidades fiscales, profundizan las desigualdades económicas y sociales. Sin embargo, muchas materias tributarias que se titulaban con grandes acuerdos finalmente terminaron siendo rechazadas por sectores que defienden a estos grandes grupos económicos de nuestro país.

La derecha, a excepción del diputado Miguel Mellado , quien justamente está hablando con el ministro y la subsecretaria, se opuso a levantar el secreto bancario. Además, votaron en contra de que el Servicio de Impuestos Internos declare la elusión y rechazaron la norma sobre el denunciante anónimo.

A pesar de eso, hoy debemos insistir y enviar un mensaje claro y contundente a Chile: nadie está por sobre la ley, ni Hermosilla ni generales directores.

Este proyecto propone medidas firmes y efectivas para combatir la elusión y la evasión tributaria, estableciendo sanciones severas para aquellos que intenten eludir sus obligaciones fiscales.

Si el levantamiento del secreto bancario estuviera aprobado, no dependeríamos del celular de un abogado corrupto para mejorar las recaudaciones tributarias. Si los bancos estuvieran obligados a informar las transacciones sospechosas de este mismo abogado, es probable que muchos ni siquiera hubiesen pagado por sus servicios. Todo eso trae este proyecto de ley.

Repito: cuando se corrompe el poder político, se priva también al Estado de los recursos necesarios para financiar una pensión digna y una salud oportuna, y para combatir la delincuencia.

Hemos logrado fortalecer las herramientas y los mecanismos de control para detectar y sancionar la evasión y la elusión, pero también se ha incentivado una cultura de transparencia y de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Hemos fortalecido la estructura del Servicio Nacional de Aduanas, mediante la creación de divisiones y el aumento su presupuesto anual, pero también vamos a exigir mayor responsabilidad y un compromiso total en el combate del tráfico y el decomiso de bienes. El crimen organizado no puede seguir cruzando nuestras fronteras.

El trabajo realizado dista mucho de ser perfecto. Se han dejado acuerdos para el Senado, para que ellos los solucionen, otorgándoles un poder y un paternalismo que, obviamente, me avergüenza.

Vamos a aprobar este proyecto de ley, sin olvidar que representa una oportunidad para promover la justicia fiscal y la equidad de nuestra sociedad, al garantizar que todos contribuyan de manera justa y proporcional al financiamiento del Estado, que necesita recursos para construir un país más justo y solidario.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Francisco).-

Señor Presidente, este es un proyecto muy anhelado no solo por la ciudadanía, sino también por los sectores políticos.

Nosotros hemos conversado con el ministro de Hacienda sobre este tema desde hace bastante tiempo, incluso desde antes de que llegara como proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

Quiero felicitar al ministro y a la subsecretaria, porque efectivamente aquí se hizo un trabajo prelegislativo. Se conversó, se dialogó y se intentó llegar a acuerdos. Probablemente, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en general, a diferencia de otras experiencias legislativas, hoy estamos en condiciones de decir que este proyecto va a pasar al Senado y va a seguir siendo discutido.

Eso tiene un valor, porque hace del ejercicio de la política algo menos confrontacional y, además, nos une en algo que para nosotros es muy relevante, que es combatir la elusión y la evasión.

En Evópoli, creemos profundamente que no podemos abrir rendijas ni dar algún grado de permisividad a la gente para que incumpla con sus deberes tributarios.

A lo mejor, podemos estar en desacuerdo con el poder que se da o deja de dar al Servicio de Impuestos Internos, con cómo se controla, con si es efectivo o no abrir las cuentas corrientes en la forma en que se está estableciendo, pero finalmente aquí hay un interés común que no tiene que ver con oposiciones o gobiernos, sino que tiene que ver con Chile.

Si queremos mejorar de una vez por todas, hacer un accountability real -no solamente del Estado- y exigir al Estado que esos dineros sean bien invertidos, además debemos exigir al mundo privado, a las empresas y a los ciudadanos que tributan que efectivamente lo hagan.

Aquí no aplica el dicho: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Aquí estamos cerrando la posibilidad de eludir y evadir, de tal forma que esos dineros vayan a quienes tienen que llegar. Por ende, quiero felicitar el esfuerzo que hicieron la Comisión de Hacienda, el equipo de técnicos que estuvo trabajando en este proyecto, el ministro y la subsecretaria.

Por último, con esta iniciativa convertida en ley vamos a recaudar más dinero. Eso es efectivo, es bueno y es deseable, pero también es deseable que le pongamos más ojo, más accountability y más eficiencia al Estado para que esos dineros efectivamente lleguen a donde tienen que llegar.

Señor Presidente, por su intermedio me permito recordar al ministro que nosotros llegamos a un acuerdo durante la discusión del presupuesto que, lamentablemente, en una de sus partes no se está cumpliendo, que son los dineros para la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) y muchas otras fundaciones. Ello nos preocupa, porque están impagos los meses de enero, febrero y marzo.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Matías).-

Señor Presidente, sin duda, hoy quedará en evidencia el doble discurso de quienes plantean una persecución criminal de mano dura y de correr bala, pero solo para las personas de escasos recursos o para los grupos financieros que no les pasan lucas, y son laxos y flexibles respecto de los delitos de cuello y corbata. Esa es una realidad que en nuestro país tenemos que cambiar.

Cuando uno analiza los casos de corrupción de la última década, constata que no nacen de una actividad fiscalizadora eficiente de los organismos del Estado; nacen de alguien que perdió algo; nacen de alguien al que no le llegó la parte. Eso pasó en el caso Penta, pasó en el caso SQM y pasa hoy en el caso Hermosilla.

Entonces, creo que es indispensable avanzar en una normativa respecto del secreto bancario, que hoy en nuestro país se encuentra blindado, porque tiene dos grandes problemas: primero, solamente se avanza cuando un tribunal de la república da la autorización respectiva, pero también choca con otra realidad, cual es que las instituciones financieras se niegan a entregar los antecedentes cuando son requeridos. Así, una investigación judicial puede estar seis meses, un año o más esperando que las instituciones financieras den cuenta de las operaciones bancarias.

En la comuna de Alto Hospicio, actualmente se encuentran formalizados cuatro funcionarios municipales en un caso de corrupción, pero la institución financiera se demoró dos años y medio en entregar la información de sus cuentas bancarias. Eso no puede suceder en nuestro país.

Si nos queremos comparar, puedo decirles que el levantamiento del secreto bancario en los países de la OCDE es a requerimiento, y los bancos deben reportar automáticamente a la administración tributaria, sin necesidad de un proceso judicial mediante el cual el contribuyente pueda oponerse o demorar el proceso.

Hoy se establece un punto medio, porque la persona a quien se le solicita el levantamiento del secreto bancario puede oponerse a dicha solicitud ante los tribunales tributarios y aduaneros, lo cual retrasará el acceso a la información.

También preocupa que las instituciones bancarias tengan hasta 45 días hábiles para entregar información relevante en investigaciones sobre delitos económicos. Creemos que aquello también se debe tratar con mayor celeridad.

¿Es un avance? Sin duda, lo es. Creemos que es importante establecer mayores mecanismos de fiscalización, mayores herramientas para las instituciones encargadas de dicha fiscalización, pero hay que seguir mejorando esos mecanismos, que, insisto, hoy permiten que los delincuentes de cuello y corbata estén en sus casas.

Hace pocos días, uno de ellos dijo que iba a pasar el arresto domiciliario descansando en la noche en su domicilio, y eso no puede ocurrir en nuestro país.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero llamar la atención sobre el nombre de esta iniciativa, que alude al cumplimiento de obligaciones tributarias, lo cual significa, en términos muy sencillos, que existen chilenas y chilenos que no cumplen las obligaciones tributarias y utilizan mecanismos como la evasión y la elusión para no pagar impuestos; es decir, son delincuentes tributarios que existen en nuestro país.

Lo que se busca con este proyecto no es aumentar impuestos, sino que aquellos que tienen obligaciones tributarias las cumplan, como se establece en el nombre de esta iniciativa.

¿Por qué es importante que las cumplan? Porque este proyecto persigue objetivos muy nobles, con los cuales nadie podría estar en contra, como mejorar la pensión garantizada universal y enfrentar los temas de seguridad interna del país. Se espera que recaude el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Para poder obligar a esos chilenos que no cumplen con sus obligaciones tributarias, este proyecto plantea fortalecer nuestra institucionalidad tributaria entregando más atribuciones a las instituciones involucradas en ese objetivo, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Nacional de Aduanas, la Tesorería General de la República y la Defensoría del Contribuyente, de tal manera que puedan disponer de más y mejores instrumentos y herramientas para perseguir a aquellas personas que eluden y evaden impuestos.

Por cierto, hay que reconocer y valorar que este proyecto considera -esto no se ha dicho o no se ha reconocido su real alcance- un sinnúmero de medidas de apoyo a las pymes para aliviar su situación tributaria, lo cual no deja de ser relevante.

Lo más importante es que este proyecto establece dos nuevos instrumentos para perseguir esta expresión de crimen organizado, que involucra a quienes eluden y evaden el pago de impuestos en nuestro país, como hemos conocido en estos días, en el caso del megafraude tributario y otros hechos que han conmocionado al país: el levantamiento del secreto bancario y la figura del denunciante anónimo, que ¡caramba que van a contribuir y a ayudar a que quienes no cumplen las obligaciones tributarias las cumplan de una vez, por el bien y el interés superior del país!

Por eso, la bancada del Partido Socialista…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Terminó su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señorita Presidenta, la finalidad de este proyecto de ley no es solo hacer una mejora en los procesos legales para combatir la evasión y la elusión tributaria, sino también promover un proceso recaudatorio muy importante para poder financiar algunas iniciativas, como el aumento de la pensión garantizada universal, la lucha contra la delincuencia y la reducción de las listas de espera.

Como prometimos en su momento, Renovación Nacional votará a favor de este proyecto. Hemos pedido algunas votaciones separadas en materias específicas en que no hemos llegado a acuerdos, pero valoramos el proceso de conversación y de diálogo prelegislativo que se dio.

En el artículo 1 de este proyecto, que es el más extenso, se proponen cambios a la norma general antielusiva, la notificación electrónica en lugar de cartas certificadas, cambio a la norma de tasación, multijurisdicción de los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos, fiscalización de grupos económicos en forma más eficiente, secreto bancario, denunciante anónimo, colaboración sustancial para esclarecer delitos tributarios cometidos por más de una persona, cambios a las normas de tasación, aumento de sanciones derivadas de fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos, información de inversores en el extranjero, mejoras al procedimiento de reclamo de avalúo de inmuebles y también cambios a la tasa de interés para las deudas tributarias.

Nosotros tuvimos una discusión que se centró mediáticamente en tres normas, que eran las más polémicas, donde hubo más distancia. Ellas fueron el cambio a la norma general antielusión, los cambios al procedimiento de levantamiento del secreto bancario y la creación de la figura del denunciante anónimo en materia tributaria.

Nosotros evaluamos positivamente algunos cambios relevantes que se hacen en la norma general antielusión. Por ejemplo, el proyecto de ley reafirma la premisa de las normas especiales elusivas por encima de la norma general antielusión, porque el Servicio de Impuestos Internos no puede usar la norma general antielusión para un hecho si existe una norma especial para esa misma situación, como, por ejemplo, en una venta indirecta de inmuebles, según lo que se establece en el artículo 10 de la ley sobre impuesto a la renta.

Creemos que todo ello entrega una buena señal, en términos de que existe buena fe al plantear esas modificaciones, pero el cambio más importante es la declaración administrativa de la elusión mediante la resolución fundada del Servicio de Impuestos Internos, que no es delegable.

Se inicia una citación de fiscalización al contribuyente, listando los actos que son de interés para declarar la elusión y solicitando los antecedentes al contribuyente. Creemos que en ese aspecto hay que hacer una mejora, con el fin de que se defiendan debidamente los intereses del Estado, pero sin pasar a llevar los intereses del contribuyente, que legítimamente puede defenderse con los medios que la ley le otorgue.

Votaremos a favor.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señorita Presidenta, el proyecto de ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias no viene a modificar ni a subirle los impuestos a nadie. Lo único que se busca es que se paguen los impuestos que se deben pagar.

Además, se establece la posibilidad de financiar lo que quisiéramos que fuera una realidad desde hace años: que la pensión garantizada universal, la mínima que reciba cualquier chileno o chilena, supere los 250.000 pesos mensuales. Hace rato que ese monto dejó de ser suficiente para vivir, pero aún es distante de la inmensa mayoría, que hoy no tiene un sistema de seguridad social, porque las AFP no cumplen con aquello.

Respecto de este proyecto quiero destacar dos asuntos que me parecen muy importantes, junto con la facilitación de las gestiones para las pymes, porque sabemos que, cuando un ente fiscalizador no tiene las capacidades suficientes para fiscalizar a quienes pueden dañar más el interés nacional, persigue a quien le resulta más fácil, al que puede pillar, al más desprotegido, y muchas veces esas son las pymes.

Las pymes tienen terror a equivocarse en algo relacionado con el Servicio de Impuestos Internos, y miran con impotencia y con rabia cuando hay multitiendas y grandes empresas a las que se les condonan sus deudas con el Servicio de Impuestos Internos, o bien terminan pagando una multa mucho menor al daño fiscal que ocasionaron.

Por eso, el proyecto fortalece las capacidades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, para que este se dirija efectivamente a quienes puedan hacerle más daño a todo Chile mediante la elusión tributaria.

En el proyecto quiero destacar dos ideas y dos asuntos que me parecen dignos de valorar. El primero es que establece un método simplificado para el levantamiento del secreto bancario.

La apertura de cuentas, a pesar de que existe una norma vigente desde hace diez años, solo ha significado la apertura por una única vez del secreto bancario, hace tan solo semanas.

Por eso, un método simplificado permitirá al Servicio de Impuestos Internos, cuando lleve adelante una investigación, acceder, con autorización judicial simplificada, a la apertura de cuentas.

Además, este proyecto incorpora un segundo asunto que me parece importante señalar: el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10 por ciento de la multa que pague el denunciado que después sea condenado. Esta medida será muy útil para que el denunciante anónimo tenga incentivos concretos para llevar adelante la denuncia y para que los inescrupulosos que evaden el pago de impuestos paguen como corresponde.

Por eso, aprobaremos la iniciativa.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señorita Presidenta, estimados ministro y subsecretaria, quiero decirles a los que no estuvieron en la comisión que este es un proceso que se llama proceso legislativo, que partió en la comisión, que sigue en la Sala y que sigue en el Senado, en el que se mejora este proyecto.

Quiero decirles a los que no están a la derecha, democrática supuestamente, que la gran mayoría de los artículos de este proyecto se aprobaron por unanimidad en la comisión -reitero: por unanimidad-, salvo algunos, pues los diputados oficialistas votaron en contra la indicación del gobierno y le dieron la espalda a su gobierno. Esos son los diputados oficialistas. Nosotros, como diputados de oposición, dimos los votos para que el gobierno pudiera sacar parte de este proyecto.

¿Tenemos diferencias en algunas partes? Claro que las tenemos, y se las dijimos al ministro. No tenemos problemas en el mejoramiento del articulado que moderniza la administración tributaria en los procedimientos electrónicos, en la fiscalización unificada del grupo empresarial, en el control del comercio informal, o en que las municipalidades, organismos de Estado y proveedores de medios de pago electrónicos exijan inicio de actividades a quienes interactúen con ellos.

Este es un tema importante. Se van cerrando los círculos. Los bancos tendrán que informar semestralmente al Servicio de Impuestos Internos cuando un cliente reciba más de 50 transferencias en su cuenta corriente. Se aumentan las penas para el delito de falsificación de documento tributario, se elimina la exención de importaciones menores a 41 dólares, pues cualquiera traía cosas de afuera y no tenía problemas en no pagar impuestos.

Ahora bien, difiero respecto de la denuncia anónima, porque va a ser como un “festival de Viña” de denuncias. Cualquiera va a presentar denuncias para ganar plata, pero no le va a salir ni por curado, porque la verdad es que es muy baja la multa.

Creo que el punto principal a considerar es que la iniciativa debe seguir su proceso en el Senado, aunque no le guste a alguno; creo que es un proceso que tiene seguir de todas maneras.

El tema relacionado con el secreto bancario lo aprobé con ciertas restricciones, en términos de que la reserva siga la línea completa. Por ejemplo, si un fiscal va donde un juez para que autorice que se “pinche” el celular de una persona, esa acción es privada y secreta; no se sabe. Pues bien, en este caso, en ciertas normas, va a ser así: secreto y privado, y después la información se va a destruir si se establece la inocencia.

En la norma general antielusión tenemos diferencias con el gobierno, las que creo que se van a solucionar conversando en el Senado en el próximo trámite.

Así que nosotros vamos a…

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ (don Guillermo).-

Señorita Presidenta, todos en la Sala saben cuál es la posición de la bancada de la UDI respecto del tema tributario: nos gustan los impuestos lo más bajos posible; nos gusta que las personas puedan tener más espacio para desarrollarse y que el Estado sea lo más pequeño posible, justamente para dejar ese espacio a la iniciativa privada, a la sociedad civil y a la creatividad de las personas.

No obstante, votamos a favor la idea de legislar de este proyecto. ¿Por qué lo hicimos? Porque aunque a uno no le guste un impuesto o aunque uno crea que la tasa de un impuesto es exagerada, si eso está establecido por ley, debe pagarse, debe cumplirse.

No puede ser que haya personas que evadan impuestos, que no paguen lo que deben o que hagan trampa y saquen ventaja respecto de otros. Eso es injusto. Por eso votamos a favor en general la idea de tener un control más estricto, porque en Chile hay evasión.

Sin embargo, nos parecía que si vamos a dar al Servicio de Impuestos Internos más atribuciones -cabe señalar que particularmente la ley general antielusión es interpretación de principios y no aplicación de normas específicas; no es un tipo penal particular, sino principios que el Servicio tiene que interpretar- y todas estas herramientas, tenemos que fortalecer la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos y hacerla más moderna, más profesional y menos influenciada por la política, por el gobierno de turno, de manera que no haya sospechas ni problemas en la interpretación de estas normas, que después pueden derivar en un juicio o en el giro de algún impuesto.

En el proyecto original no había ninguna norma, ni una sola, que modernizara el Servicio de Impuestos Internos. Al gobierno le pareció razonable esto que estamos planteando y se abrió a modernizar el Servicio de Impuestos Internos. Por eso también hoy votaremos a favor la idea de legislar.

No obstante, hemos dicho al ministro y a la subsecretaria -se lo hemos dicho en la comisión, en público y en privado- que nos parece que las normas de gobernanza que se han impulsado son insuficientes, que se puede hacer más y que se puede ser más audaz. En esta Cámara no hay nadie que crea que un Servicio de Impuestos Internos más profesional y mejor diseñado sea una mala cosa. Todos creemos que es una buena cosa.

Por lo tanto, pongámonos a trabajar para hacer propuestas más profundas y más audaces, de manera que estas herramientas que vamos a entregar al Servicio de Impuestos Internos para cobrar los impuestos debidos sean bien utilizadas y así no existan dudas, no haya abuso de poder, el contribuyente no vaya a ser víctima de ensañamiento tributario, y todos los que paguen, paguen lo que corresponda.

Por eso, salvo en algunos temas específicos, que esperamos que se corrijan en el Senado, vamos a votar a favor en general el proyecto.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .

El señor ROMERO (don Agustín).-

Señorita Presidenta, los republicanos concurrimos de buena fe a conversar sobre las normas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Dimos muestras de esa buena fe. Incluso, voté a favor en general el proyecto en la comisión.

Sin embargo, lamentablemente, me quedé con la sensación de que el gobierno, en una posición de trinchera e intransable, no mantuvo la misma buena disposición para dialogar frente a este proyecto de ley, y solo optó por hacer cambios cosméticos, que no abordan en absoluto los problemas fundamentales que plantea esta iniciativa.

¿A quiénes afectará este proyecto de ley? Sin duda, estamos convencidos de que no a las grandes bandas de crimen organizado, de que no a los grandes evasores y de que no al comercio ambulante y al callejero, porque este gobierno nunca se va a atrever con ellos.

Este gobierno da herramientas a un servicio público para perseguir. ¿A quiénes? A emprendedores, a los que venden pan en las comunas rurales. Este texto irá en contra de todos los pequeños emprendedores, artesanos o comerciantes que ven en las redes sociales una oportunidad para surgir. No hay ni una gota de tinta para fomentar su actividad, incentivarlos o apoyarlos. Acuérdense de mí: la solidaridad será castigada en todos los municipios cuando no les permitan a esos emprendedores hacer actividades en sus distritos, pues les van a exigir iniciación de actividades en circunstancias de que no tienen por qué tenerla.

La norma general antielusiva -lo voy a decir hasta el cansancio- es un retroceso al debido proceso. Establecer la figura del denunciante anónimo pagado, como lo quiere la izquierda, es traer la cultura de la sospecha en los emprendimientos y en las empresas.

Respecto de la notificación sin emplazamiento, yo no voy a cambiar jamás el hecho de que se notifique por correo electrónico o se modernice un procedimiento a través de una carpeta electrónica, o entregar o echarme al pecho el debido proceso. Eso jamás lo haremos.

Hoy nos enfrentamos a un proyecto que pretende abordar problemas importantes, como la elusión fiscal, pero que en realidad representa un peligroso paso hacia un gobierno intrusivo y controlador.

Lo más preocupante -por eso lo digo- son los serios problemas de constitucionalidad que persisten en esta propuesta.

No podemos permitir que la charlatanería o retóricas vacías y agendas políticas opaquen la realidad. Estamos aquí para representar a nuestros ciudadanos y defender los principios que hacen grande nuestra patria: libertad, justicia y oportunidad para todos.

Los republicanos siempre vamos a levantar nuestras voces en defensa de lo que es correcto y para proteger el legado de libertad que tanto valoramos, de manera que no permitiremos que el avance del Estado sobre las libertades individuales sea la marca de nuestro tiempo.

Lamentablemente, por esas razones, porque no estamos dispuestos a sacrificar el debido proceso y a hacer que avance el Estado sobre nuestra libertad, votaremos en contra.

He dicho.

-Aplausos.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señorita Presidenta, ya tuvimos una vez un sistema como el que se está planteando ahora, donde quien tenía que hacerse cargo de su defensa, el que tenía que probar su inocencia, era el acusado en materia tributaria. Eso se cambió, damas y caballeros, porque generaba un tremendo daño, el cual por supuesto que el Estado no asumía como propio, porque perseguir a alguien y congelarle las cuentas, entre otras cosas, no tenía costo. Procesar no tenía costo; cobrar la multa no tenía costo, aunque después la corte de apelaciones decidiera que el servicio se había extralimitado en sus funciones, cosa que no sucedió una, sino decenas de miles de veces. Era cosa de escuchar a los pequeños y medianos empresarios de la época para darse cuenta de cómo lloraban por la persecución tributaria.

Ahora, ¿el nuevo sistema es mucho mejor? Desde el punto de vista de la recaudación, no sé. No obstante, una cosa está clara: a quienes se les va a aplicar este nuevo sistema son a aquellos que ya están realizando su actividad comercial legalmente, mientras ahora, frente al Congreso, vemos cómo hay una especie de mall completo comprando y vendiendo, pero de cuyas transacciones el ministro de Hacienda no ve un peso, porque la cantidad de comercio informal, entre otras cosas, de productos robados que hay en este país parece no importar mayormente.

Se especula que un 30 por ciento de nuestra economía ya está en negro, es decir, ni siquiera pasa por Impuestos Internos, mientras aquí nos estamos preocupando de generar o de crear un sistema que lo que hará será perseguir al emprendedor formal, hacer más difícil su relación con el Servicio de Impuestos Internos mediante establecer nuevamente en dicho organismo el principio inquisitorial. ¿Y qué pasa con los derechos de aquel que es acusado por Impuestos Internos? Ahí quedan.

Después hablamos de la evasión. ¡Perfecto! Todos estamos de acuerdo en que no se puede evadir plata, pero la elusión es el resultado de normas legales dictadas en este propio Congreso.

Eludir el pagar impuestos que no tienes que pagar no es necesariamente ilegal, ¡no lo es! De hecho, el propio Servicio de Impuestos Internos dice que es una falta.

No seamos deshonestos: no es nada más que la aplicación de la ley, y cuando no les gusta que se aplique la ley, entonces, démosle facultades administrativas al servicio para perseguir igual, para cobrar igual, porque no hay suficiente plata para satisfacer el hambre de los políticos, el hambre de un Estado cada vez más grande y más ineficiente. No hay suficiente plata en el mundo para aquello.

Por eso, voy a votar en contra.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señorita Presidenta, saludo al ministro y a los diputados y diputadas presentes.

Este proyecto va a entregar herramientas para combatir abusos en materia tributaria. Se introduce un procedimiento excepcional de levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización respecto de materias como delitos tributarios y de elusión en operaciones internacionales, lo que nos pone en tendencia con los países de la OCDE.

Lo que propone la iniciativa permitirá mejorar la norma general antielusiva, también siguiendo la tendencia de todos los países del mundo, salvo el caso actual de Chile y de Suiza. Se establece una calificación de la elusión, facultad que corresponderá al Servicio de Impuestos Internos a nivel administrativo.

Además, se introducen medidas de apoyo a las pymes, a través de instrumentos de alivio tributario, como la reducción de tasas de interés por deudas tributarias, políticas de convenios preferentes de pago y la declaración de incobrabilidad y de prescripción de deudas.

Además, se fortalece la defensoría del contribuyente, permitiendo que represente precisamente a pymes ante el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y Aduanas. Se elevan las capacidades de nuestra administración tributaria para combatir la informalidad, la que se fortalecerá y profesionalizará. El proyecto plantea la modernización del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Tesorería General de la República, con una inversión anual -¡atención!- de 81.000 millones en fortalecimiento tecnológico y dotación estratégica.

En el caso del Servicio de Impuestos Internos, hay una incorporación al sistema de Alta Dirección Pública del segundo nivel jerárquico, lo que es especialmente importante para mí, como representante del distrito N° 7.

En el caso de Aduanas, se readecúa la orgánica del servicio y se crean las direcciones regionales de San Antonio, Los Andes y La Araucanía. En nuestra región, en Los Andes, donde existe el puerto terrestre más grande, y en el caso de San Antonio, donde está el primer puerto de Chile, nos vamos a poner al día para cumplir, precisamente, a esas ciudades y a los funcionarios públicos de Aduanas.

Quiero reconocer especialmente al diputado Miguel Mellado por haber apoyado la mayoría de las normas y por haberse abierto a tener una conversación genuina respecto de cada uno de estos temas.

Este es un proyecto que mejora fuertemente nuestra institucionalidad tributaria, lo que nos podría permitir financiar la pensión garantizada universal (PGU), aumentar la recaudación en seguridad para combatir el crimen organizado, además de la posibilidad de combatir con fuerza la informalidad de los abusos, todo ello sin aumentar la carga tributaria. Eso es especialmente relevante.

Una iniciativa como esta, que espero pronto sea ley, nos va a permitir evitar casos como el del megafraude tributario denominado operación Tributo, que involucró una apropiación de más de 200.000 millones de pesos, equivalente a la construcción de cuarenta cesfam.

Tenemos que evitar que eso se repita. Por eso, hay que aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tello .

La señorita TELLO (doña Carolina) .-

Señorita Presidenta, en Chile, hablar de elusión tributaria significa hablar también de desigualdad.

La evasión y elusión corporativa alcanza el 51,4 por ciento, mientras que la elusión del IVA alcanza el 18,4 por ciento, triplicando a los países de la Unión Europea, y muy por debajo, además, del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En simple, las grandes empresas del país pagan menos de la mitad de lo que deberían; según el último informe del Servicio de Impuestos Internos, es equivalente al 6,8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Menciono la desigualdad, porque, además, la elusión se concentra en los grupos económicos más grandes del país, que utilizan la serie de vacíos y herramientas que el mismo sistema ha permitido durante años, para reducir ostensiblemente su base imponible. Por eso, hoy votaremos este proyecto, muy trascendente en ese sentido.

Según las estimaciones de Hacienda, las doce medidas contenidas en esta iniciativa permitirán recaudar un 1,5 por ciento del PIB, algo fundamental si miramos la serie de desafíos que tenemos en materias tan importantes como, por ejemplo, las pensiones, PGU, seguridad, salud, cuidados, entre muchos otros temas.

Dentro de las medidas, me parece relevante el fortalecimiento de la norma general antielusión en sede administrativa, que dotará de herramientas al Servicio de Impuestos Internos para perseguir delitos tributarios y la elusión de forma directa, ágil y autónoma. Es relevante para avanzar hacia herramientas que brinden transparencia y perseguir estos delitos, contar con ese refuerzo a la labor fiscalizadora que ejerce actualmente el Servicio de Impuestos Internos.

Además, me gustaría valorar el avance que significa el levantamiento del secreto bancario, el cual, si bien será mediante autorización judicial, permitirá al Servicio de Impuestos Internos solicitar la información de forma directa a bancos. Se trata de algo que es esencial para la persecución de este tipo de delitos que sabemos hacen tanto daño a la sociedad en su conjunto.

Finalmente, quiero resaltar la importancia de la figura del denunciante anónimo, la cual protege y fortalece la colaboración ciudadana en investigaciones. Nos parece importante mantener la figura que ya existe para casos de prácticas como la libre competencia o delitos financieros con una recompensa del 10 por ciento. Sabemos que se deben entregar no solo condiciones de seguridad, sino también incentivos que permitan las denuncias ciudadanas para perseguir malas prácticas que, tal como este proyecto menciona, finalmente hacen un daño permanente a la capacidad fiscal de nuestro país.

Por eso, aprobaremos este proyecto de ley.

He dicho.

La señorita CICARDINI, doña Daniella (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Araya.

El señor ARAYA (don Jaime).-

Señorita Presidenta, por su intermedio saludo al ministro y a la subsecretaria.

El proyecto de ley en discusión constituye un primer gran paso, un gran avance.

Sin duda, la democracia en nuestro país está amenazada por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Al respecto, existe una herramienta muy precisa en el instrumento que vamos a aprobar: la autorización para levantar el secreto bancario por parte del Servicio de Impuestos Internos, con la autorización de un juez de garantía.

Ahora bien, me hubiese gustado una herramienta mucho más potente y laxa, porque para actuar con decisión contra el crimen organizado y la corrupción es necesario otorgar a la Fiscalía la posibilidad de perseguir autónomamente los delitos tributarios, sin que dependa de que el Servicio de Impuestos Internos interponga una querella.

Es importante terminar con la hipocresía. Aquí hay gente que todos los días pide que las policías echen abajo a patadas las puertas de las narcocasas, pero si se solicita ingresar a las cuentas corrientes, se escandalizan. De eso se trata este debate. ¡Por fin hemos dado un gran paso!

En el Senado está durmiendo hace casi un año el proyecto de ley que fortalece el sistema de inteligencia económica, lo cual permitiría cortar la ruta del dinero.

Por eso, valoro tanto el presente proyecto, cuyo nombre habla de cumplimiento, que, básicamente, asegura que se cumplan las normas contra la elusión y la evasión tributaria, prácticas que tanto daño le hacen al país.

Lo fundamental -por eso me entusiasma el proyecto- es que, por primera vez, tendremos la posibilidad de levantar el secreto bancario y cuestionar las cuentas corrientes, porque está en riesgo la democracia y la estabilidad institucional de Chile.

Quiero decir con absoluta claridad que la corrupción es una amenaza, porque los corruptos lavan dinero en cuentas corrientes que la Fiscalía no puede pesquisar, porque no tiene la autonomía necesaria para hacerlo. El crimen organizado lava dinero en las barberías, en locales de artículos electrónicos de bajo monto, en ópticas, en pequeños centros comerciales que se están tomando el centro de las ciudades del país. El Servicio de Impuestos Internos no los persigue y, por ende, la Fiscalía no los puede perseguir.

Si tenemos una decisión del Estado y de todas las fuerzas políticas, particularmente las progresistas, de combatir la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, debemos dar a la Fiscalía herramientas que le permitan actuar de la misma manera y con mucha más audacia que la que tendrá el Servicio de Impuestos Internos, de aprobarse esta ley, para, con la autorización de un juez de garantía, poder levantar el secreto bancario.

Aquí hay muchos que se preocupan de la observancia del debido proceso si se trata de las cuentas corrientes de los corruptos, de los evasores de impuestos, pero nunca los he escuchado hablar del debido proceso a raíz de la detención de un pequeño lanza del centro de Santiago o de Antofagasta. Si se trata de perseguir a corruptos, evasores y elusores, rasgan vestiduras y se acuerdan del debido proceso.

Los mismos que ofrecen recompensas para la captura de delincuentes comunes, se escandalizan porque el proyecto contempla la delación.

Pido coherencia y no más hipocresía, porque la estabilidad democrática de Chile está amenazada por el crimen organizado y la corrupción.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al señor ministro, a la señora subsecretaria y, por supuesto, a cada uno de mis colegas.

Sin lugar a dudas, el proyecto que discutimos beneficia a la comunidad.

Siempre he señalado que representamos a las personas. Soy de la Región de La Araucanía, vivo en la comuna de Curacautín, recorro las 16 comunas del distrito y sé que, a veces, discutimos temas que realmente no le importan a la ciudadanía, temas que a nadie le importan; sin embargo, la materia que hoy discutimos es relevante.

Aprovecho la oportunidad para decirle al ministro de Hacienda, por intermedio de la señora Presidenta, que es muy importante preocuparse de la cesantía existente en nuestro país, aterrizar en lo que está pasando en las comunas.

Hablo por la Región de La Araucanía, en donde los distintos alcaldes están preocupados y ocupados de la cesantía. Me refiero, especialmente, al alcalde de Lonquimay, Nibaldo Alegría , y al alcalde de la comuna de Curacautín, Víctor Barrera , quienes piden incentivar la inversión de capitales chilenos. A mi juicio, eso es lo que debe hacerse para evitar que se continúen transfiriendo capitales e inversiones al extranjero.

Todos los parlamentarios y, seguramente, el señor ministro conocen inversionistas que están trasladando sus capitales fuera del país y no están generando mano de obra en Chile, y, en lo que a mí me atañe, en Curacautín.

Se requieren créditos blandos, menos burocracia y dar facilidades a las pymes, las que, recordemos, generan cerca del 53 por ciento del empleo en Chile.

La crisis laboral es realmente grave. Cada vez que converso con un vecino o con un dirigente social de Victoria me hablan del desempleo; en todas mis visitas a Lautaro, su alcalde, Ricardo Jaramillo , se refiere al tema. Necesitamos que se inviertan recursos para generar mano de obra. Pensemos en las mujeres, en las dueñas de casa, que, en muchos casos, son las que llevan el sustento diario a sus familias.

¡Esos son los temas realmente importantes para la comunidad! Es lo que los chilenos necesitan.

Reitero mi llamado al señor ministro, quien es la máxima autoridad en materia de recursos públicos, a generar mano de obra, para lo cual se requiere motivar a los empresarios.

Ayudemos a las comunas de Lumaco y de Vilcún, de la Región de La Araucanía, porque necesitan mucho apoyo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señora Presidenta, nos encontramos ante una nueva oportunidad de entregar a nuestro país las herramientas necesarias para perseguir y fiscalizar a quienes abusan del sistema tributario, y esta vez no podemos fallar.

Las necesidades y urgencias sociales que demandan los chilenos y las chilenas no pueden seguir esperando. Necesitamos más recursos para aquellos que requieren pensión garantizada universal (PGU), atención médica sin interminables listas de espera, seguridad y un sistema de cuidado robusto.

Con este proyecto se busca incrementar la recaudación fiscal en 1,5 puntos del PIB, recursos que serán destinados a financiar necesidades prioritarias, como el sistema de pensiones o la seguridad pública.

Los datos de un informe del Servicio de Impuestos Internos sobre incumplimiento tributario revelaron que la evasión y elusión del impuesto corporativo es de más de 50 por ciento. El nivel de incumplimiento, tanto en el pago del IVA como del impuesto de primera categoría, equivale a 6,5 puntos del PIB entre 2018 y 2020. Para hacernos una idea de lo que esto significa, equivale casi a 9,2 veces el dinero para financiar la PGU, a 4,3 veces lo que cuesta extender el sistema de cuidados infantiles o al costo de noventa hospitales de 100.000.000 de dólares cada uno.

Hay algo que debe quedar muy claro: este proyecto no pretende subir impuestos; solo busca que las grandes empresas paguen lo que deben pagar según la ley. Nada más, pero tampoco nada menos.

Quiero destacar algunas de las principales medidas contenidas en el proyecto para garantizar el cumplimiento tributario. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de la norma general antielusiva en sede administrativa, la creación de un sistema simplificado para el levantamiento del secreto bancario y el denunciante anónimo, todas herramientas potentes para combatir la evasión y la elusión de impuestos.

En relación con la norma general antielusiva, después de transcurridos diez años desde su creación, recién hace dos semanas se registró el primer fallo contra una empresa elusora.

Rechazar este proyecto es avalar la evasión y la elusión, significa permitir que estos inescrupulosos sigan actuando impunemente.

Debemos fortalecer las capacidades del Servicio de Impuestos Internos para detectar y perseguir en forma oportuna estos delitos. Debemos actuar con determinación en la lucha contra la corrupción económica.

El proyecto de ley en debate representa un paso importante en la construcción de un sistema tributario más justo y eficiente, y, de igual modo, avanza hacia un modelo de estándares internacionales, pero por sobre todo entrega herramientas para atender las necesidades más apremiantes de las chilenas y los chilenos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez .

El señor SÁEZ.-

Señora Presidenta, este es un proyecto largamente discutido, largamente esperado y por demasiado tiempo postergado.

En nuestro país, la brecha respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias se termina traduciendo en insuficiencia de recursos para atender las necesidades imperiosas de nuestra población, como se ha señalado en numerosas intervenciones, como, por ejemplo, en materia de pensiones, listas de espera para cirugías específicas en salud, adecuada atención de la seguridad ciudadana, fortalecimiento del Ministerio Público y tantas otras necesidades que el país ha venido expresando continuamente y de diversas formas en los últimos años. Para que ellas sean abordadas de manera responsable, de manera seria, de manera consistente en el tiempo, el Estado requiere ingresos permanentes y crecientes. No hay duda alguna de que la mayor recaudación que este proyecto pueda generar debe ir acompañada de las medidas necesarias para que efectivamente esos recursos lleguen a abordar las necesidades antes señaladas.

Este proyecto, además, pone a nuestro país al día en la institucionalidad tributaria en varios aspectos, pues se fortalece enérgicamente el rol del Servicio Nacional de Aduanas, así como la capacidad de inteligencia del Servicio de Impuestos Internos, a fin de pesquisar mayor información. Por ejemplo, se ha alcanzado un acuerdo importantísimo, después de un trabajo arduo e intenso por parte del gobierno, con organizaciones de feriantes libres, para avanzar en su formalización, de modo que todos los ciudadanos en Chile, independientemente de nuestra condición, podamos cumplir con nuestras obligaciones tributarias.

Tener una cultura tributaria de cumplimiento significa que estamos inculcando y construyendo una mejor sociedad, con una ciudadanía que se hace parte de los procesos del país. En la medida en que esa ciudadanía cumpla con sus obligaciones, también podrá demandar con más fuerza, más razón y más consistencia el cumplimiento de sus necesidades.

Este proyecto, como decía antes, pone a nuestro país al día en cuanto a institucionalidad y entrega garantías de una adecuada defensa de los contribuyentes. Y aquí es muy importante que no se caiga en caricaturas sobre un supuesto superpoder incontrolable del Servicio de Impuestos Internos, porque eso definitivamente es mentira. Se trata de un servicio que en muy escasas oportunidades ha caído en arbitrariedades, y cuando ello ha ocurrido, ha sido adecuadamente sancionado.

Estamos ante un servicio que hace bien su trabajo; es eficiente, cercano a los contribuyentes y, en definitiva, contribuye de manera importantísima y decisiva a que la recaudación fiscal en Chile llegue finalmente a buen puerto y permita atender adecuadamente a la población. Eso es lo que se demanda del gobierno, aunque también del Estado.

Debemos aprobar este proyecto y seguir avanzando en condiciones para un pacto fiscal que sea sostenible a largo plazo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael ).-

Señora Presidenta, primero, saludo al ministro.

Quiero partir respondiendo algunas de las alocuciones que se plantearon, especialmente desde el Partido Republicano.

El diputado Agustín Romero señaló que no se había hecho un trabajo prelegislativo, que no hubo diálogo y que no se habían alcanzado acuerdos. Eso, lisa y llanamente, es mentira. Lo digo así porque no solo se constituyó una mesa técnica de asesores, a la cual asistieron asesores de todos los sectores políticos, incluidos los del parlamentario Romero , sino que también se constituyó una mesa de pacto fiscal, en la cual también participaron los partidos políticos.

Es más, la propuesta que hoy vamos a votar no es la original que se presentó, porque hubo concesiones. Sin embargo, lamentablemente, la derecha, al menos algunos parlamentarios de derecha -no todos, poque hay excepciones; lo enfocaré en aquellos del Partido Republicano-, no quieren construir acuerdos, sino imponer una forma de pensar mediante su nula disposición a trabajar con el resto. Lo vimos en la Comisión de Hacienda.

También quiero aclarar que las pymes, de las que muchos se vanaglorian y utilizan para hacer defensa de sus propias posturas ideológicas, emitieron una declaración en defensa de este proyecto de ley. Llamo a los colegas a que la lean.

Se requieren más medidas de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, porque se necesita perseguir el narcotráfico y las redes de corrupción; sin embargo, para ello es necesario contar con herramientas.

El proyecto de ley -quiero decirlo claramente- no persigue levantar el secreto bancario sin autorización judicial. Eso, nuevamente, es mentira. Es lamentable tener que aclarar cada mentira punto por punto. Lo que vamos a votar es que sí se requiere autorización judicial en casos excepcionales. Por ejemplo, cuando se cometan delitos tributarios, habrá una revisión de forma; en otros casos, se procederá tal como ocurre hoy, esto es, mediante autorización de un tribunal. Entonces, por favor, debatamos en forma seria este tema.

Por otra parte, recordemos las palabras de algunos diputados durante la discusión de la reforma tributaria. En esa ocasión señalaron que si se separaban los temas de evasión y elusión votarían altiro a favor el proyecto. Sin embargo, ¿qué sucedió? En particular, votaron en contra la norma general antielusiva y el levantamiento del secreto bancario, materia que constituye el centro de este proyecto.

Por lo tanto, además de llamar a votar a favor el proyecto en general, también los convoco a votar a favor en particular. Así, realmente vamos a dar combate a la delincuencia, no solo respecto de los delincuentes comunes, sino también de los delincuentes de cuello y corbata.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, claramente, este proyecto pretende aumentar la recaudación; estamos absolutamente de acuerdo en cuanto a su idea central. La idea es avanzar hacia una tributación justa. El hecho de que todos los que tengan más ingresos tributen más es algo que está en la política pública de todos los países.

Hace un tiempo se planteó en una reunión sostenida con el ministro de Hacienda, presente en la Sala y a quien aprovecho de saludar, la posibilidad de establecer algunos impuestos correctivos. Se señaló que en 2022 se iba a presentar un proyecto en tal sentido. Yo pregunté cuándo exactamente. Me respondieron que había plazo hasta el 31 de diciembre. Bueno, llegó el 31 de diciembre de 2022, pasó 2023 y la iniciativa todavía no es presentada. En aquella ocasión analizamos la situación de muchos pequeños y medianos agricultores que tributan a través del sistema de renta presunta y que, además, pagan contribuciones.

En abril de este año nos hemos encontrado nuevamente con un reavalúo exagerado de los predios agrícolas, lo que está golpeando fuertemente a los agricultores. Durante este mes deben pagar contribuciones y el impuesto a la renta. A ello hay que agregar que tienen dificultades con sus ventas, porque no pueden vender o sencillamente las mismas han bajado. Esto ya está golpeando fuertemente las áreas forestal y ganadera, porque el precio de los insumos no baja.

Cuando se trata de avanzar a través de este tipo de proyectos que buscan establecer una tributación justa y una mayor recaudación, también debemos pensar en aquellos que hoy están con la soga al cuello, en aquellos a quienes exageradamente y en forma artificial se les aumenta el avalúo de sus predios. En la Región de La Araucanía seguimos con violencia, seguimos con inseguridad. Muchos de nuestros agricultores tienen que buscar la forma de resguardar sus intereses, mientras el robo ha aumentado considerablemente y sus predios, claramente, se han ido desvalorizando.

Muchos de esos agricultores sencillamente optan por dividir sus predios y venderlos como parcelas de agrado. Con ello salen definitivamente del círculo productivo, poniendo en riesgo que en el futuro esos terrenos continúen siendo cultivados.

Es responsabilidad del gobierno analizar esa situación. Si quiere que no haya más parcelas de agrado, si no quiere que disminuyan los terrenos agrícolas, tiene que atacar fuertemente el problema y no aumentar artificialmente el avalúo de los predios agrícolas, que hoy se están transformando en parcelas de agrado y no están produciendo alimento para todos los chilenos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Viviana Delgado .

La señora DELGADO (doña Viviana).-

Señora Presidenta, valoro el esfuerzo del gobierno, a través del ministro Marcel y la Comisión de Hacienda, de analizar una propuesta que entrega un marco normativo rígido en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Son miles de millones de pesos los que se pierden debido a las maniobras maliciosas de inescrupulosos que dañan al Estado y la fe pública. Definitivamente, deben ser erradicados.

La “Operación Tributos”, uno de los casos de fraude y, me atrevo a decir, de corrupción más grandes de la historia, es un claro ejemplo de cómo la institucionalidad tributaria es frágil y debe ser fortalecida.

No podemos seguir tolerando que se burlen en la cara de millones de chilenos y chilenas.

Por ello, valoro el levantamiento del secreto bancario, las medidas contra la evasión y la elusión, y el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente.

Es necesario recobrar la confianza pública, que se ha visto mermada con los casos conocidos últimamente. La modernización de la Comisión para el Mercado Financiero y del Servicio de Impuestos Internos es necesaria y urgente. Asimismo, las pymes deben tener un marco transparente para desarrollar su actividad económica, ya que, como se ha dicho, son siempre azotadas por obligaciones burocráticas que muchas no tienen la capacidad de cumplir, las que, finalmente, las terminan matando.

Deberíamos preguntarnos: ¿cuántas pymes cierran su cortina en menos de un año? Por ello, se debe avanzar en incentivarlas a continuar. Se tiene la sensación de que los perdonazos solo son para las grandes empresas y los grandes empresarios, mientras que día a día a los pequeños negocios, por no enviar a tiempo una simple declaración jurada, los terminan sancionando. Definitivamente, eso debe cambiar.

Aprobaré este proyecto, esperando que sea mejorado en el Senado.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Giordano .

El señor GIORDANO.-

Señora Presidenta, primero, saludo al ministro y a la subsecretaria que hoy se encuentran presentes.

No iba a intervenir, pero creo que algunas de las expresiones emitidas en este espacio lo ameritan.

Quiero resaltar que esta es una medida que nos permite avanzar en el aumento de la pensión garantizada universal (PGU), tan urgente ante el fracaso de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), así como también en salud, en seguridad pública y en el combate contra el narcotráfico.

Pero, seguido de ello, me parece a lo menos imprudente que en el marco de esta discusión, que es parte del pacto fiscal, escuchemos una vez más al Partido Republicano hablar en contra de un proyecto de ley que busca el cumplimiento de nuestra legislación.

El diputado Agustín Romero decía que van a votar en contra, porque su partido siempre va a levantar la voz por lo que es justo. Entonces, la pregunta es: ¿la evasión es justa? ¿La elusión es justa? ¿El incumplimiento de la ley es justo? Esto es más impresentable -aquí voy a citar medios de prensa- cuando el mismo diputado “ha recibido pagos por 11.320.978 pesos por concepto de horas extras no acreditadas e insuficientemente acreditadas en el municipio de Santiago”, que, hasta donde sabemos, no ha devuelto.

Es decir, hablan de achicar el Estado y se oponen a medidas que corrijan el abuso en materia tributaria, y al mismo tiempo se les acusa de malgastar los recursos del Estado.

También hay otro parlamentario de la misma bancada al que se acusa de haber pasado la tarjeta de bencina del Congreso a su expareja durante cinco años. Al mismo tiempo, una de sus parlamentarias defendió en su momento un gasto mensual de dos millones de pesos en bencina con recursos del Congreso, afirmando que recorrió más de 9.000 kilómetros en su trabajo en terreno, lo que equivale -hay que decirlo- a recorrer Chile de ida y vuelta de norte a sur.

Hoy van a votar en contra -ya se opusieron antes al levantamiento del secreto bancario- y ayer en la sesión especial, cuando hablamos precisamente de uno de los fraudes tributarios más grandes de la historia de Chile, que está íntimamente ligado con las normas que hoy discutimos, fraude que contó con la participación de otra candidata y militante republicana, Ximena Jiménez , la misma que se sacaba fotitos con José Antonio Kast , a todo el Partido Republicano se le cortó el internet y se le apagaron los micrófonos para referirse a ese tema. Sin embargo, hoy dicen con fuerza que van a votar en contra.

Yo los llamo a tener un poquito de pudor, colegas.

El Frente Amplio va a votar a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señora Presidenta, desde hace mucho tiempo, desde el Congreso, todos los sectores hemos señalado la importancia de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y las bandas delictuales, y nos hemos preocupado de cómo le entregamos más seguridad al país.

Una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema es la persecución del dinero, es la persecución de cómo hoy el crimen organizado lava su dinero para insertarlo en la economía y tener el dinero limpio.

Curiosamente, cuando desde el Estado hoy nos plantean el fortalecimiento institucional, hay ciertos sectores que nos dicen: “¿Saben qué? Esto va a atentar contra las pymes. Esto va a atentar contra el emprendimiento”.

Entonces, digamos las cosas como son. Ayer estuvimos discutiendo respecto de los graves problemas del megafraude y la cantidad de dinero que un grupo de empresarios sinvergüenzas, corruptos y delincuentes, aprovechándose de las debilidades de la institucionalidad, robó a Chile. Sin embargo, cuando hoy nos plantean un paquete de medidas tendientes a fortalecer nuestra institucionalidad, a establecer procedimientos más rápidos, a atacar los delitos tributarios, a buscar la colaboración sustancial a través de la autodenuncia y del fortalecimiento del trabajo que desarrollan el Servicio Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y todos aquellos órganos fiscalizadores, para algunos eso es perseguir a las microempresas y destruir el emprendimiento.

Me quedo con las palabras de algunos diputados de derecha, como los diputados Miguel Mellado y Guillermo Ramírez , que decían que no estaban de acuerdo con los impuestos, pero cuando hay impuestos, se pagan y se controla. Si este proyecto tiene una virtud es efectivamente buscar no solo cómo desde el Estado perseguimos a aquellos delincuentes evasores o elusores, sino que también cómo seguimos la ruta del dinero del crimen organizado, porque así vamos a destrozar y combatir efectivamente el crimen y la delincuencia, no con meros discursos populistas que lo único que buscan es que subamos las penas, en circunstancias de que no tenemos resultados en términos de investigaciones.

Por lo mismo, me parece inconsecuente que pueda existir discusión o crítica al informante anónimo en materia del levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué en materia de drogas sí tenemos informantes anónimos y en este caso no lo tenemos si tiene las mismas características de delito?

Yo invito a aprobar con mucha fuerza un proyecto que, en definitiva, hoy va a ser un avance en el fortalecimiento institucional y en la búsqueda y el control contra el narcotráfico… La señora HERTZ , doña Carmen (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señora Presidenta, hoy estamos legislando sobre esta materia, porque la evasión es un tipo de corrupción. Hay que decirlo abiertamente: la evasión es una corrupción tributaria.

Ahora, sabemos que, junto con la evasión, que representa un porcentaje bastante alto en nuestro país, está la elusión, donde hay grandes grupos que contratan a grandes equipos de abogados para bajar sus impuestos, y para hacerlo buscan todo tipo de mecanismos.

Lo que estamos haciendo aquí es ser durísimos con la evasión, que es ilegal, y mejorar los mecanismos para que la elusión también disminuya su cancha y su espacio de acción.

Por lo tanto, es un buen proyecto que, como bancada del Partido Liberal, por supuesto que apoyaremos.

Además, se pretende aumentar la recaudación, no aumentando los impuestos, sino que haciendo que se pague lo que se tiene que pagar. Vamos a llegar a 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en aumento para las pensiones, directamente para mejorar la pensión garantizada universal (PGU), lo que significa que llegará a 250.000 pesos, y el restante -el 0,3 por ciento del PIB- va a ser destinado a seguridad pública, en particular para cumplir la promesa de 1.500 millones de dólares para seguridad pública y combate al crimen organizado, fortalecer las policías, en fin.

¡Eso requiere plata, señores! Si bien los liberales no creemos en un Estado todopoderoso -obviamente, no creemos en eso-, tampoco creemos en el Estado raquítico que proponen algunos neoliberales de enfrente, que al final o a la larga hace que nuestras instituciones sean débiles frente a las amenazas, por ejemplo, del crimen organizado. Ahí se ve claramente un Estado débil.

Entonces, dejemos los dogmatismos ideológicos a un lado y avancemos hacia una justa medida entre lo público y lo privado, como la tienen los países del primer mundo. Los países desarrollados han logrado un pacto social civilizatorio con una justa medida entre lo público y lo privado, sin negar el Estado ni el mercado, trabajando virtuosamente por la prosperidad común. Este es un concepto que muchos, con sus anteojeras ideológicas extremas, que muchas veces tiene la derecha, no logran entender: la prosperidad común.

Este es un proyecto propyme, porque baja las tasas de interés respecto de las deudas -hay que sacarles esa soga desde el cuello-. Asimismo, avanzamos en el secreto bancario, para parecernos un poquitito más a los países desarrollados. Todavía estamos bajo el estándar de la OCDE -no nos pasemos películas-, pero avanzamos.

También avanzamos en fortalecer la Defensoría del Contribuyente, lo cual es una buena noticia; avanzamos con la creación del denunciante anónimo, una figura nueva, que no existía en la legislación chilena; y damos más poder al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio Nacional de Aduanas y a la Tesorería General de la República.

Bienvenido el fortalecimiento de las instituciones de Chile.

Vamos a votar a favor, señora Presidenta.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señora Presidenta, en los tiempos que vivimos, cualquier proyecto que vaya en la línea del control financiero es lo más adecuado y correcto. Sin embargo, cuando se investiga a las organizaciones criminales, también hay que investigar a las organizaciones delictuales que se agrupan para desfalcar al Estado de Chile.

Entonces, más allá de este proyecto, ojalá el ministro Marcel recoja un proyecto de ley en que se busca que los delitos de corrupción no prescriban. Desafortunadamente, no ha habido acogida para eso en la Cámara de Diputados.

Uno dice: “Oye, estamos combatiendo el crimen organizado”. Bueno, y ¿cuándo combatimos a las organizaciones delictuales?

Evitemos que los delitos de corrupción prescriban, ministro, por intermedio de la señora Presidenta. Ahí también está la clave, en el tema tributario.

Entonces, con esta medida vamos a inhibir que muchas organizaciones sigan actuando. Cuando digo “organizaciones” hablo no solo de las organizaciones criminales, ya que hoy los estamentos del Estado están permeados por organizaciones delictuales.

Siempre lo digo en mi territorio y en las distintas comunas que lo conforman: Chile es un país extremadamente rico, tiene muchísimos recursos, pero en el aparato estatal tenemos un montón de sinvergüenzas que siguen robando al Estado de Chile, perjudicando a muchos chilenos y chilenas.

A varios les incomoda abrir las cuentas bancarias, pero también estamos debilitados por los sistemas de control financiero.

He revisado de manera muy responsable la minuta que me hicieron llegar, y hay varios temas que me gustan, pero hay otros que siento que son bastante débiles. No obstante, esto es un paso.

Voy a seguir analizando la propuesta, pero mi discurso no va a cambiar ni un ápice. Hay que combatir al crimen organizado, así como a las organizaciones delictuales, lo que ha salpicado a políticos tanto de derecha como de izquierda.

Debemos fortalecer el control de los recursos a través del sistema financiero, al igual como ocurrió con la mafia italiana; debemos seguir la ruta del dinero, y ahí vamos a ver quién es quién, y quiénes representan el bolsillo de todo un país o el bolsillo individual.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señora Presidenta, el presente proyecto de ley, que es parte de la agenda del nuevo pacto fiscal del gobierno del Presidente Boric, establece el cumplimiento de las obligaciones tributarias para combatir la evasión y la elusión tributaria.

Con estas medidas se busca incrementar la recaudación fiscal en 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), y, a diferencia de lo que cree el diputado Johannes Kaiser , no es para saciar el hambre de los políticos, sino para que el Estado tenga los recursos necesarios para garantizar derechos sociales, como mejorar las pensiones y la PGU.

Los que hoy votarán en contra esta iniciativa, como ya lo han anunciado desde la bancada del Partido Republicano, defienden la impunidad y los delitos tributarios. Digamos las cosas como son: no pagar impuestos es un delito de cuello y corbata. Por eso es tan importante lo que vamos a aprobar hoy.

¿A qué le teme la derecha cuando se opone al levantamiento del secreto bancario? ¿Qué intereses espurios defiende? ¿Por qué es posible que los sectores de altos ingresos y empresarios no transparenten sus cuentas?

Hoy más que nunca se requieren medidas para avanzar en probidad y en los más altos estándares de transparencia. Demos una señal al país. Terminemos con la hipocresía. Terminemos con la corrupción. Debemos dar la lucha contra la delincuencia en todos los niveles.

El crimen organizado y la asociación de empresarios para burlar el sistema que hemos conocido, como el caso Hermosilla, nos imponen modernizar el sistema y mejorar la gestión institucional del Estado.

Por todas estas razones, la bancada del Partido Socialista votará a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser .

El señor KAISER.-

Señora Presidenta, artículo 90, número 2 y número 7, inciso segundo, del Reglamento.

El número 2, en cuanto a que se sale de la cuestión sometida a examen.

El número 7, inciso segundo, en cuanto a que comete también falta al orden el diputado o ministro que infrinja los acuerdos… Disculpe, es el número 6, en cuanto se nos imputa tener malas intenciones a la hora de criticar este proyecto.

Alguien puede, sin duda, criticar las razones técnicas que hemos presentado para oponernos a este proyecto, pero imputarnos una intencionalidad maliciosa, o incluso criminal, solo habla del carácter de las personas que lo están haciendo.

Nosotros hemos dado buenas razones por las cuales criticamos este elemento y jamás desde este sector ha aparecido una voz que diga que no se deben pagar impuestos o que es bueno violar la ley, a diferencia de otros sectores que están en esta Sala.

Muchísimas gracias.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Lo consideraremos, diputado.

Están inscritos para hacer uso de la palabra los diputados Gonzalo Winter y Nelson Venegas , pero no se encuentran en la Sala.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señora Presidenta, el proyecto que tenemos hoy en discusión es fundamental para Chile. Tiene que ver con la forma en que podemos asegurar una mayor recaudación tributaria; tiene que ver con que las empresas y las personas que ganan mucho dinero paguen la parte que les corresponde al Servicio de Impuestos Internos y a la mantención del país completo.

¿Tenemos un problema con esto? ¡Claro que tenemos un problema! Chile está entre los países de la OCDE que tienen mayor evasión y elusión tributaria. En Chile operan verdaderas mafias, y una de las que hemos visto últimamente la pudimos apreciar a propósito de la revelación de los audios del abogado Luis Hermosilla .

Recordemos de qué se hablaba. En esos audios el mismo abogado Hermosilla decía: “Tenemos que juntar una caja pagadora de corrupción en el Servicio de Impuestos Internos; y, si se puede quemar una oficina del Servicio de Impuestos Internos, habrá que hacerlo”.

También decía que le habían cobrado muy barato a un cliente a quien el Servicio de Impuestos Internos le estaba exigiendo 3.500 millones de pesos en impuestos adeudados. Le habían embargado la casa y le habían hecho un giro, incluso.

Finalmente, tuvo que pagar a esta red de intermediarios de evasores de impuestos cerca de 140 millones de pesos en coimas, y ¿sabe cuánto pagó finalmente de sus impuestos adeudados? ¡Cero!

Hoy también hay varios indicios de corrupción en los tribunales tributarios y aduaneros, y a ello hay que abocarse.

Respecto de este problema, ¿de cuánto estamos hablando? Hablamos de que entre el 4,5 y el 6,5 por ciento del producto interno bruto de Chile se va en impuestos evadidos, es decir, se queda en los bolsillos de personas que fraudulentamente deciden no pagar lo que les corresponde.

¿Cuánta plata es eso? 13.500 millones de dólares al año por lo bajo. Repito: 13.500 millones de dólares. Ese es el presupuesto del Ministerio de Salud en todo Chile, de todos los hospitales, horas médicas, atenciones y medicamentos, que se evade en impuestos.

Podemos hablar de que, en caso de recuperar ese 6,5 por ciento del producto interno bruto, uno podría multiplicar por cuatro el monto de cada una de las PGU que reciben los adultos mayores de Chile.

Se ha determinado por informes serios que las empresas chilenas evaden el 50 por ciento de las utilidades; de dos pesos que ganan, uno lo evaden en impuestos. Por eso este proyecto es fundamental.

Tenemos que levantar el secreto bancario, como lo ha aprobado el oficialismo. Tenemos que aprobar el establecimiento del denunciante anónimo, que ya existe en nuestra legislación. Existe en materia de la Comisión para el Mercado Financiero, en la legislación antimonopolios e, incluso, en materia de investigación por tráfico de drogas. Sin embargo, en el caso de este proyecto no lo quieren aprobar, porque se establece una multa y porque contempla una recompensa para el denunciante. Tenemos que aprobar esta figura, que ya existe, porque es necesaria para poder evitar las mafias de impuestos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el ministro de Hacienda.

El señor MARCEL (ministro de Hacienda).-

Señora Presidenta, en esta oportunidad discutimos un proyecto de ley que ocupa un lugar central dentro del pacto por el crecimiento económico, la responsabilidad fiscal y el progreso social, también conocido como Pacto Fiscal.

Este proyecto se refiere a una cosa muy fundamental: la justicia tributaria; pero no la justicia en términos de cómo se administran las decisiones de los tribunales tributarios, sino lo que la ciudadanía entiende por justicia tributaria, esto es, la confianza de que todos los ciudadanos cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias. Desgraciadamente, lo anterior no es así hoy.

Cuando en el recorrido que hicimos por todo el país a comienzos de este gobierno preguntamos a la ciudadanía qué esperaba del sistema tributario, respondía que esperaba que fuera justo, pero no en el sentido en que lo entienden los economistas. Para la gente, un sistema tributario justo es lo que aquí se ha señalado en varias intervenciones: que cada uno pague lo que le corresponde, y que aquellos que tienen recursos para contratar asesorías para buscar ciertos resquicios en la legislación no terminen pagando menos impuestos. Eso es la justicia tributaria para nuestros ciudadanos, y este proyecto se hace cargo de ese tema.

En ese sentido, es importante recoger el concepto de cumplimiento tributario que se menciona en el título de este proyecto. El cumplimiento tributario abarca varios tipos de situaciones. El cumplimiento tributario tiene que ver con cuán cerca estamos de que se recaude lo que correspondería recaudar de acuerdo con la legislación con que contamos.

El incumplimiento tributario se produce por tres razones. Se produce por evasión, cometiendo propiamente un delito tributario; se produce por elusión, por planificación tributaria agresiva para usar resquicios para pagar menos impuestos, y también ocurre por desconocimiento, por subdeclaración de contribuyentes que no tienen conocimiento completo de sus obligaciones tributarias.

Por esa razón este es un proyecto que se hace cargo de estos tres elementos. Por eso este es un proyecto que contempla no solo sanciones; también contempla apoyo a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones y también facilidades para que aquellos que se encuentran morosos en materia tributaria puedan ponerse al día.

En ese sentido, es un proyecto mucho más completo que el capítulo de evasión y elusión que estaba en el proyecto de reforma tributaria que, como sabemos, se rechazó en la Cámara de Diputados.

Es útil vincular el contenido de este proyecto con los casos que hemos ido conociendo de evasión o elusión de impuestos. Por ejemplo, en la Sala se ha citado el caso del megafraude tributario, identificado como el fraude tributario más grande de la historia de Chile, en el que hubo más de 100.000 facturas falsas emitidas por cerca de sesenta empresas, por un monto cercano a los 240.000 millones de pesos, que ha dejado hasta ahora cincuenta y cinco detenidos por imputación de delitos de asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación y delitos tributarios.

Este proyecto contiene normas concretas que podrían haber colaborado a una detección temprana de esa operación. Por ejemplo, las normas sobre el secreto bancario. Con la implementación de las modificaciones del procedimiento de levantamiento del secreto bancario podría haberse obtenido información relevante de forma mucho más ágil que lo que se puede hacer en la actualidad.

En particular, este proyecto considera la posibilidad de levantar el secreto bancario mediante un procedimiento excepcional en el caso de la investigación de delitos tributarios, que es precisamente el caso al que nos referimos cuando hablamos del megafraude tributario. Este proceso, si bien mantiene la autorización judicial previa -está propuesto en este proyecto-, no da posibilidad de oposición al contribuyente.

En segundo lugar, se establece la colaboración sustancial. El artículo 100 ter, nuevo, que se incorpora en la ley de impuesto a la renta, establece un tratamiento preferencial para aquellas personas que hubieran cometido un delito tributario, pero que cooperen de forma eficaz dentro del procedimiento de investigación, contribuyendo a esclarecer los delitos tributarios cometidos y permitiendo la identificación de los demás responsables.

En el caso señalado, en que hubo decenas de empresas que se crearon para ese propósito, y cerca de cincuenta y cinco imputados, la colaboración sustancial podría haber permitido que algunas de las personas involucradas hubieran finalmente proporcionado, o pudieran proporcionar en el curso de la investigación, la información suficiente para entender todas las ramificaciones de ese esquema de evasión tributaria.

Un segundo ejemplo es el de una persona integrante de una reconocida familia, con patrimonio de varios miles de millones de pesos, que fue sorprendida en dos años consecutivos importando bienes al país, pero subdeclarando el valor de los mismos con el objeto de pagar menos impuestos. Además, varios de los bienes estarían destinados a su comercialización, lo que dio cuenta de un potencial comercio informal.

¿Qué contiene este proyecto para ese tipo de situaciones? Por el lado del Servicio Nacional de Aduanas, se fortalecen las sanciones por incumplimiento de las normas en la internación de productos, considerando además la reincidencia en las infracciones.

Además, el Servicio Nacional de Aduanas debe exigir inicio de actividades a las personas que realicen importación de productos, de manera de asegurarse que existirá cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En el caso del Servicio de Impuestos Internos, el artículo 85 ter, nuevo, obliga a las entidades financieras a informar a dicho servicio sobre aquellos titulares de cuentas corrientes que reciban más de cincuenta transferencias de cincuenta personas distintas dentro de un mes; es decir, el comercio informal que se ejerce a través de los medios electrónicos.

En otro de los casos de emisión de facturas falsas, el Servicio de Impuestos Internos detectó la emisión de casi 10.000 facturas falsas por un monto cercano a los 13.000 millones de pesos, con el objeto de acceder al mercado de valores, es decir, abultando operaciones de factoring para acceder al mercado de valores y obtener financiamiento, demostrando movimientos o actividades que no estaban ocurriendo, a través de una serie de sociedades.

En las modificaciones al artículo 97 del Código Tributario, este proyecto de ley considera mayores sanciones a quien confeccione, venda o facilite, a cualquier título, facturas, guías de despacho, notas de débito, notas de crédito, boletas con o sin timbre del Servicio de Impuestos Internos, sin importar que el uso de las mismas sea para la comisión de delitos tributarios. Ello, porque las facturas falsas se emiten no solo para evadir impuestos; también se usan para propósitos como el que acabo de describir.

Este proyecto también permite la fiscalización unificada de grupos empresariales, de modo de realizar una revisión conjunta a las operaciones dentro y desde un grupo empresarial. En el caso señalado, esta disposición habría permitido detectar con mayor facilidad y eficacia ese tipo de estructuras creadas con fines ilícitos.

Respecto del denunciante anónimo, se establece un procedimiento especial mediante el cual las personas naturales, de forma voluntaria, podrán colaborar con investigaciones de hechos constitutivos de delito tributario. En el caso referido, tratándose de una operación que se extendió por cuatro regiones, que involucró a decenas de empresas y en la que, al mismo tiempo, se vendieron facturas falsas a cerca de trescientas empresas, el denunciante anónimo podría haber jugado un papel fundamental para acelerar la investigación o anticipar la detección de esas operaciones.

El último caso que quiero citar corresponde al del primer fallo, en primera instancia, en materia de la norma antielusión, acogiendo la postura presentada por el Servicio de Impuestos Internos respecto de una operación de crédito entre una empresa matriz en el extranjero y una filial en Chile, que se realizó a través de una filial financiera en Estados Unidos, cuya única actividad consistió en entregarle un préstamo a la filial productiva en Chile. ¿Qué objeto buscaba? La reducción del pago del 35 por ciento, que corresponde al crédito de una empresa matriz a su filial, a 4 por ciento, que corresponde al impuesto que se aplica a los créditos efectuados por instituciones financieras.

Este proyecto considera reconocer la norma antielusión como lo que es: una facultad de fiscalización de la administración tributaria, por lo cual lo natural es que su aplicación ocurra en sede administrativa, sin perjuicio del legítimo derecho del contribuyente de controvertir la decisión del Servicio de Impuestos Internos ante los tribunales. La aplicación de esta norma estará entregada a un cuerpo colegiado del servicio, integrado por su director y los subdirectores normativo, de fiscalización y jurídico. Además, para aplicar esta norma, el servicio deberá solicitar la opinión del Consejo Asesor Consultivo, conformado por personas ajenas a la administración tributaria, quienes emitirán una opinión técnica sobre la racionalidad jurídica y económica de las operaciones del contribuyente. En las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo, se considera que parte de este consejo será nombrado a partir de propuestas del Consejo Fiscal Autónomo y del Consejo de Rectores de las Universidades.

El proyecto también considera necesario el fortalecimiento institucional de los organismos que conforman la administración tributaria, dotándolos de personal, capacidad, tecnología y capacidad de análisis de datos, con el objeto de permitir que cumplan mejor sus labores.

De esta manera, este proyecto abarca siete temas: la modernización de la administración tributaria, el control de la informalidad, los delitos tributarios, la planificación tributaria agresiva, el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, la regularización de obligaciones tributarias, el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y el reforzamiento de la probidad institucional, además del fortalecimiento de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos.

Esta lista nos muestra que el proyecto es equilibrado, porque busca el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero, al mismo tiempo, teniendo los mecanismos de transparencia y de contrapesos al interior de las instituciones, para evitar cualquier tipo de abuso en esta materia.

Destaco de esta lista el caso de las medidas de control de informalidad, porque en algunas intervenciones se señaló que este proyecto no tocaba este tema, porque supuestamente el gobierno o sus partidos tendrían algún tipo de debilidad frente al comercio informal. Este proyecto contiene diez medidas que involucran sanciones respecto de actividades informales, así como otras destinadas a prevenir o actuar sobre el flujo de mercancías que alimenta el comercio informal.

Esto se va a complementar con un conjunto de medidas para facilitar la formalización de empresas, que hemos ido preparando con organizaciones de empresas de menor tamaño, las que formarán parte de las modificaciones del impuesto a la renta que se presentarán más adelante.

Con lo anterior quiero señalar que este proyecto amplió su visión respecto de la reforma tributaria y que tiene una estructura más equilibrada y más comprensiva, ya que se hace cargo de las distintas fuentes de incumplimiento tributario. Al mismo tiempo, fortalece la administración tributaria y su gobernanza.

Quiero comentar algunos temas mencionados en las intervenciones de los señores diputados y señoras diputadas.

El diputado Francisco Undurraga destacó el trabajo prelegislativo que se hizo en este caso. Efectivamente, se trabajó durante muchos meses. Empezamos a trabajar prácticamente a continuación del rechazo del proyecto de reforma tributaria. Conformamos diversas mesas y se encargaron estudios, de modo que se trabajó con bastante consistencia y sistematicidad.

Además, deseo destacar lo mencionado por la diputada Viviana Delgado referido a los perdonazos y a las pymes. Al respecto, en el capítulo correspondiente a las facilidades para que se pongan al día los contribuyentes, se trabajó con las organizaciones de empresas de menor tamaño de manera de facilitar, cuando exista morosidad tributaria, que la empresa o el contribuyente correspondiente tengan la posibilidad de ponerse al día sin incurrir en penas económicas demasiado gravosas, que, muchas veces, terminan por impedir que eso ocurra.

Por su parte, el diputado Francisco Pulgar se refirió al crimen organizado y a la ruta del dinero. En general, los temas a los que él se refirió corresponden más al proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, todavía en discusión en el Senado, que contempla una serie de excepciones y de facultades extraordinarias que van en línea de lo que él señaló.

Esperamos contar con el apoyo para la aprobación de este proyecto, no solamente en general, sino también para su contenido en particular.

Sabemos que esta iniciativa deberá ser objeto de un segundo trámite legislativo en el Senado, instancia en la que muchas cosas podrán mejorarse. Los aliento a que no se entregue al Senado un proyecto con vacíos sustantivos en lo particular. Es cierto que habrá diputados y diputadas que no estén de acuerdo con alguna norma. A aquellos y aquellas que piensan que es posible mejorar lo que está en este proyecto, reconociendo un esfuerzo por parte del Ejecutivo, les pido, sinceramente, que no entreguen una pizarra en blanco. No hagamos borrón y cuenta nueva de lo que aquí se avanzó, sino que sirva para que la discusión en el Senado agregue valor a este proyecto, tal como siempre esperamos del proceso legislativo. Muchas gracias.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Muchas gracias, señor ministro. A continuación, tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto es razonable porque es necesario avanzar en un mayor combate a la evasión y aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, buscando lograr una mayor recaudación.

Sin embargo, imagino que el ministro lo sabe, la mayor recaudación siempre se va a lograr con crecimiento económico. Ese es el principal vehículo para lograr una mayor recaudación.

¿Dónde está la agenda procrecimiento? Primero, no estaba en el programa de gobierno, pero después se anunció una agenda procrecimiento. ¿Dónde está el proyecto de permisología? Todavía no lo hemos visto. Resulta que sin el proyecto de permisología, tan necesario para disminuir las burocracias estatales, un proyecto de inversión de poca envergadura demora 1.500 días en nacer a la vida jurídica. ¿Dónde están las urgencias a ese proyecto? Eso demuestra dónde están puestos los focos.

Debimos haber partido por la agenda procrecimiento y por el proyecto de permisología. Se anunció hace tres meses con bombos y platillos, pero todavía no lo vemos y tiene una tramitación lenta.

Sin embargo, votaremos a favor la idea de legislar -yo, por lo menos, lo haré-, sin perjuicio de que pediremos la votación separada de algunas disposiciones, toda vez que el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el combate a la evasión no puede ser a costa de un desequilibrio entre las facultades del Estado, por un lado, y los derechos de los contribuyentes, por otro.

Lo que queremos es que se cumpla la frase bíblica: Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César; pero al César lo que efectivamente le corresponde, y no vaya a ser cosa que, por un exceso de atribuciones, el César se lleve una tajadita de más.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo .

La señora BRAVO (doña Ana María).-

Señor Presidente, claramente, este es un proyecto fundamental para continuar el financiamiento de políticas públicas tan relevantes como la PGU.

No hay discusión respecto a que es necesario reactivar la economía y el crecimiento económico. Por eso, quiero aclarar a mis colegas que el proyecto de ley de permisología, que se está tramitando en la Comisión de Economía, fue aprobado en general el día de ayer, a pesar de que algunos diputados y diputadas de la derecha, entre ellos del partido del diputado Benavente , han solicitado mayores audiencias y que concurran más incumbentes.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? En estos tres meses de tramitación han concurrido a la Comisión muchos gremios y grupos de empresarios. Necesitamos apurar el proyecto de ley. Por eso, insisto en que es fundamental llegar a la discusión particular lo antes posible, y por eso el gobierno lo ha calificado con suma urgencia.

El crecimiento económico debe ir de la mano con el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, en especial de los grandes empresarios.

He dicho.

El señor MIROSEVIC (Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, con la salvedad de las disposiciones que requieren quorum especial de aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 120 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Coloma Álamos, Juan Antonio Matheson Villán , Christian Riquelme Aliaga , Marcela Aedo Jeldres , Eric Concha Smith , Sara Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Romero Talguia , Natalia Alinco Bustos , René Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Araya Guerrero , Jaime De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Arce Castro , Mónica Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Donoso Castro , Felipe Morales Alvarado , Javiera Sagardía Cabezas , Clara Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Moreira Barros , Cristhian Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barría Angulo , Héctor Gazmuri Vieira , Ana María Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Becker Alvear , Miguel Ángel Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schalper Sepúlveda , Diego Bello Campos , María Francisca González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos González Olea , Marta Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Olivera De La Fuente , Erika Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Guzmán Zepeda , Jorge Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Hertz Cádiz , Carmen Ossandón Irarrázabal , Ximena Soto Mardones , Raúl Bórquez Montecinos , Fernando Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Castro , Ana María Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Salinas , Marta Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Cartes , Marlene Teao Drago , Hotuiti Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Olea , Joanna Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Lavín León , Joaquín Pérez Salinas , Catalina Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Leal Bizama , Henry Pino Fuentes , Víctor Alejandro Undurraga Gazitúa , Francisco Camaño Cárdenas , Felipe Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Lilayu Vivanco , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Longton Herrera , Andrés Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Malla Valenzuela , Luis Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Celis Montt , Andrés Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Weisse Novoa , Flor Cicardini Milla , Daniella Martínez Ramírez , Cristóbal Rathgeb Schifferli , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Marzán Pinto , Carolina Rey Martínez, Hugo Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa:

Barchiesi Chávez , Chiara Jürgensen Rundshagen , Harry Moreno Bascur , Benjamín Sánchez Ossa , Luis Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Schubert Rubio , Stephan De la Carrera Correa , Gonzalo Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Trisotti Martínez , Renzo Del Real Mihovilovic , Catalina Labra Besserer , Paula Romero Leiva , Agustín Urruticoechea Ríos , Cristóbal Irarrázaval Rossel , Juan Meza Pereira, José Carlos

-Se abstuvieron:

Benavente Vergara , Gustavo Bobadilla Muñoz , Sergio Fuenzalida Cobo, Juan

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en general el número 36 del artículo primero; el número 3, letra j), párrafo 10, del artículo segundo, por tratarse de normas propias de quorum calificado; y los números 5, 21, 25, 28, 29, 39, 40, 41, 44, 46, letra a); 50, 52, 53 y 54, todos del artículo primero; números 7, 9, 23, todos del artículo quinto; 1; 2, letra b), ambos del artículo undécimo, por tratarse de normas propias de rango orgánico constitucional.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 120 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cifuentes Lillo , Ricardo Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Aedo Jeldres , Eric Coloma Álamos, Juan Antonio Matheson Villán , Christian Rivas Sánchez , Gaspar Ahumada Palma , Yovana Concha Smith , Sara Medina Vásquez , Karen Rojas Valderrama , Camila Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Mellado Pino , Cosme Romero Talguia , Natalia Alinco Bustos , René Cornejo Lagos , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Rosas Barrientos , Patricio Araya Guerrero , Jaime Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Sáez Quiroz , Jaime Arce Castro , Mónica De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Astudillo Peiretti , Danisa Donoso Castro , Felipe Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Durán Salinas , Eduardo Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Barría Angulo , Héctor Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Becker Alvear , Miguel Ángel Fuenzalida Cobo , Juan Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bello Campos , María Francisca Gazmuri Vieira , Ana María Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos Giordano Salazar , Andrés Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro González Olea , Marta Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos González Villarroel , Mauro Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Ossandón Irarrázabal , Ximena Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Hertz Cádiz , Carmen Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Jiles Moreno , Pamela Pérez Cartes , Marlene Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Olea , Joanna Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Undurraga Gazitúa , Francisco Calisto Águila , Miguel Ángel Lavín León , Joaquín Pino Fuentes , Víctor Alejandro Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Leal Bizama , Henry Pizarro Sierra , Lorena Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Castro Bascuñán , José Miguel Longton Herrera , Andrés Ramírez Pascal , Matías Weisse Novoa , Flor Celis Montt , Andrés Malla Valenzuela , Luis Rathgeb Schifferli , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Manouchehri Lobos , Daniel Rey Martínez, Hugo Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa:

Barchiesi Chávez , Chiara Jürgensen Rundshagen , Harry Moreno Bascur , Benjamín Sánchez Ossa , Luis Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Schubert Rubio , Stephan De la Carrera Correa , Gonzalo Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Trisotti Martínez , Renzo Del Real Mihovilovic , Catalina Labra Besserer , Paula Pulgar Castillo , Francisco Urruticoechea Ríos , Cristóbal Irarrázaval Rossel , Juan Meza Pereira , José Carlos Romero Leiva, Agustín

-Se abstuvieron:

Benavente Vergara , Gustavo Martínez Ramírez, Cristóbal

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

En consecuencia, el proyecto queda aprobado también en particular, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 27, 33, letra h); 34, 36, 37, 39, 40 y 54, todos del artículo primero, por haber sido objeto de solicitudes de votación separada.

Corresponde votar en particular el numeral 2 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pizarro Sierra , Lorena Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Placencia Cabello , Alejandra Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo , Francisco Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela , Luis Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Riquelme Aliaga , Marcela Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Rivas Sánchez , Gaspar Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino, Cosme

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Ramírez Diez, Guillermo

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Olivera De La Fuente , Erika Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Calisto Águila , Miguel Ángel Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza, Jorge

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 3 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

Cabe hacer presente que su letra j), párrafo 10, requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cifuentes Lillo , Ricardo Melo Contreras , Daniel Rojas Valderrama , Camila Aedo Jeldres , Eric Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mirosevic Verdugo , Vlado Rosas Barrientos , Patricio Ahumada Palma , Yovana De Rementería Venegas , Tomás Mix Jiménez , Claudia Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Morales Alvarado , Javiera Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Sagardía Cabezas, Clara Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Musante Müller , Camila Santana Castillo , Juan Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pino Fuentes , Víctor Alejandro Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Malla Valenzuela , Luis Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Manouchehri Lobos , Daniel Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Marzán Pinto , Carolina Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Medina Vásquez , Karen Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya, Gael

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Ramírez Diez, Guillermo

-Se abstuvieron:

Pérez Olea , Joanna Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 4 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mirosevic Verdugo , Vlado Rojas Valderrama , Camila Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Ahumada Palma , Yovana Delgado Riquelme , Viviana Morales Alvarado , Javiera Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Musante Müller , Camila Sagardía Cabezas, Clara Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Naranjo Ortiz , Jaime Santana Castillo, Juan Astudillo Peiretti , Danisa González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Olea , Marta Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Olea , Joanna Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Leiva Carvajal , Raúl Pino Fuentes , Víctor Alejandro Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Malla Valenzuela , Luis Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Manouchehri Lobos , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Marzán Pinto , Carolina Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Medina Vásquez , Karen Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Melo Contreras , Daniel Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo, Ricardo

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto De la Carrera Correa , Gonzalo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Salinas , Eduardo Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Irarrázaval Rossel, Juan Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labra Besserer , Paula Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa, Flor Concha Smith, Sara

-Se abstuvieron:

Cordero Velásquez , María Luisa Pérez Cartes, Marlene Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 5 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria De Rementería Venegas , Tomás Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric Delgado Riquelme , Viviana Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Ulloa Aguilera , Héctor Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Concha Smith , Sara Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Astudillo Peiretti , Danisa De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bórquez Montecinos , Fernando Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Celis Montt , Andrés Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez, Guillermo

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Olivera De La Fuente , Erika Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Calisto Águila , Miguel Ángel Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza , Jorge Cordero Velásquez, María Luisa

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 6 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama, Camila

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Concha Smith, Sara Leal Bizama, Henry

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Calisto Águila , Miguel Ángel Olivera De La Fuente, Erika Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza, Jorge

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 24 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero , con la salvedad de su letra d), cuya votación separada a su vez ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria De Rementería Venegas , Tomás Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric Delgado Riquelme , Viviana Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Olea , Marta Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor Guzmán Zepeda , Jorge Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Undurraga Gazitúa , Francisco Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Lilayu Vivanco , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Cornejo Lagos , Eduardo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez, Hugo Becker Alvear , Miguel Ángel De la Carrera Correa , Gonzalo Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Beltrán Silva , Juan Carlos Del Real Mihovilovic , Catalina Matheson Villán , Christian Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Donoso Castro , Felipe Mellado Suazo , Miguel Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Durán Salinas , Eduardo Meza Pereira , José Carlos Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando González Villarroel , Mauro Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Teao Drago , Hotuiti Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Concha Smith , Sara Lavín León, Joaquín

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Leal Bizama , Henry Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Arroyo Muñoz , Roberto Olivera De La Fuente, Erika Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza , Jorge Calisto Águila , Miguel Ángel Pérez Cartes, Marlene

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar la letra d) del numeral 24) del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Boris Barrera . En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa:

Aedo Jeldres, Eric Concha Smith , Sara Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Malla Valenzuela, Luis Rey Martínez , Hugo Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Manouchehri Lobos , Daniel Rivas Sánchez , Gaspar Alinco Bustos , René De la Carrera Correa , Gonzalo Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Araya Guerrero , Jaime De Rementería Venegas , Tomás Marzán Pinto , Carolina Romero Talguia , Natalia Arce Castro , Mónica Del Real Mihovilovic , Catalina Matheson Villán , Christian Sáez Quiroz , Jaime Arroyo Muñoz , Roberto Donoso Castro , Felipe Medina Vásquez , Karen Saffirio Espinoza , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Sagardía Cabezas, Clara Becker Alvear , Miguel Ángel Fries Monleón , Lorena Mellado Suazo , Miguel Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Fuenzalida Cobo , Juan Melo Contreras , Daniel Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo González Villarroel , Mauro Mirosevic Verdugo , Vlado Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Guzmán Zepeda , Jorge Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Moreno Bascur , Benjamín Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Jouannet Valderrama , Andrés Naveillan Arriagada , Gloria Teao Drago , Hotuiti Bravo Castro , Ana María Jürgensen Rundshagen , Harry Ojeda Rebolledo , Mauricio Trisotti Martínez , Renzo Bravo Salinas , Marta Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Olivera De La Fuente , Erika Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Camaño Cárdenas , Felipe Labra Besserer , Paula Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Urruticoechea Ríos , Cristóbal Carter Fernández , Álvaro Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Cartes , Marlene Venegas Salazar , Nelson Castro Bascuñán, José Miguel Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Videla Castillo , Sebastián Celis Montt , Andrés Leal Bizama , Henry Pino Fuentes , Víctor Alejandro Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cifuentes Lillo , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo , Francisco Weisse Novoa , Flor Coloma Álamos, Juan Antonio Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Diez, Guillermo

-Votaron por la negativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Delgado Riquelme , Viviana Musante Müller , Camila Rosas Barrientos , Patricio Astudillo Peiretti , Danisa Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Giordano Salazar , Andrés Nuyado Ancapichún , Emilia Santibáñez Novoa , Marisela Barría Angulo , Héctor González Gatica , Félix Orsini Pascal , Maite Schneider Videla , Emilia Bello Campos , María Francisca González Olea , Marta Palma Pérez , Hernán Serrano Salazar , Daniela Bianchi Chelech , Carlos Hertz Cádiz , Carmen Pérez Salinas , Catalina Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Pizarro Sierra , Lorena Tapia Ramos , Cristián Bugueño Sotelo , Félix Meza Pereira , José Carlos Placencia Cabello , Alejandra Tello Rojas , Carolina Cariola Oliva , Karol Mix Jiménez , Claudia Ramírez Pascal , Matías Veloso Ávila , Consuelo Castillo Rojas , Nathalie Morales Alvarado , Javiera Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Mulet Martínez , Jaime Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Se abstuvo:

Soto Ferrada, Leonardo

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 25 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria De Rementería Venegas , Tomás Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric Delgado Riquelme , Viviana Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Olea , Marta Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor Guzmán Zepeda , Jorge Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Undurraga Gazitúa , Francisco Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Ramírez Diez , Guillermo Barchiesi Chávez , Chiara Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Becker Alvear , Miguel Ángel De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Beltrán Silva , Juan Carlos Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Benavente Vergara , Gustavo Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sánchez Ossa , Luis Berger Fett , Bernardo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schalper Sepúlveda , Diego Bórquez Montecinos , Fernando González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel, Juan Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares, Marco Antonio Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Muñoz González , Francesca Teao Drago , Hotuiti Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor

-Se abstuvieron: Ahumada Palma , Yovana Calisto Águila , Miguel Ángel Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Arroyo Muñoz , Roberto Olivera De La Fuente, Erika Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza, Jorge

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 27 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mirosevic Verdugo , Vlado Rojas Valderrama , Camila Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Ahumada Palma , Yovana Delgado Riquelme , Viviana Morales Alvarado , Javiera Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Musante Müller , Camila Sagardía Cabezas, Clara Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Naranjo Ortiz , Jaime Santana Castillo, Juan Astudillo Peiretti , Danisa González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Olea , Marta Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Olea , Joanna Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Leiva Carvajal , Raúl Pino Fuentes , Víctor Alejandro Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Malla Valenzuela , Luis Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Manouchehri Lobos , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Marzán Pinto , Carolina Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Medina Vásquez , Karen Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Melo Contreras , Daniel Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo, Ricardo

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rathgeb Schifferli , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Rey Martínez, Hugo Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Beltrán Silva, Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Teao Drago , Hotuiti Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama, Henry

-Se abstuvieron:

Arroyo Muñoz , Roberto Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 33, letra h), del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero . En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 54 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria De Rementería Venegas , Tomás Melo Contreras , Daniel Sáez Quiroz , Jaime Aedo Jeldres , Eric Delgado Riquelme , Viviana Mirosevic Verdugo , Vlado Sagardía Cabezas , Clara Alinco Bustos , René Fries Monleón , Lorena Mix Jiménez , Claudia Santana Castillo, Juan Araya Guerrero , Jaime Gazmuri Vieira , Ana María Morales Alvarado , Javiera Santibáñez Novoa , Marisela Arce Castro , Mónica Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Schneider Videla , Emilia Astudillo Peiretti , Danisa González Gatica , Félix Musante Müller , Camila Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Olea , Marta Naranjo Ortiz , Jaime Serrano Salazar , Daniela Barría Angulo , Héctor Guzmán Zepeda , Jorge Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Pérez Salinas , Catalina Teao Drago , Hotuiti Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pizarro Sierra , Lorena Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Placencia Cabello , Alejandra Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Pulgar Castillo , Francisco Undurraga Gazitúa , Francisco Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela , Luis Ramírez Pascal , Matías Veloso Ávila , Consuelo Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Riquelme Aliaga , Marcela Venegas Salazar , Nelson Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Rivas Sánchez , Gaspar Videla Castillo , Sebastián Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Arroyo Muñoz , Roberto Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez, Hugo Becker Alvear , Miguel Ángel De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Beltrán Silva , Juan Carlos Del Real Mihovilovic , Catalina Mellado Suazo , Miguel Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Donoso Castro , Felipe Meza Pereira , José Carlos Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Durán Salinas , Eduardo Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Fuenzalida Cobo , Juan Moreno Bascur , Benjamín Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando González Villarroel , Mauro Muñoz González , Francesca Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer, Paula

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Matheson Villán , Christian Pérez Olea , Joanna Romero Talguia , Natalia Calisto Águila , Miguel Ángel Olivera De La Fuente, Erika Pino Fuentes , Víctor Alejandro Saffirio Espinoza , Jorge Martínez Ramírez , Cristóbal Oyarzo Figueroa , Rubén Darío

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 34 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero . En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Aedo Jeldres , Eric Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Suazo , Miguel Rivas Sánchez , Gaspar Ahumada Palma , Yovana Concha Smith , Sara Melo Contreras , Daniel Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René Cordero Velásquez , María Luisa Mirosevic Verdugo , Vlado Rosas Barrientos , Patricio Araya Guerrero , Jaime Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mix Jiménez , Claudia Sáez Quiroz , Jaime Arce Castro , Mónica De Rementería Venegas , Tomás Morales Alvarado , Javiera Saffirio Espinoza , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Delgado Riquelme , Viviana Mulet Martínez , Jaime Sagardía Cabezas , Clara Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Muñoz González , Francesca Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Musante Müller , Camila Santibáñez Novoa , Marisela Barría Angulo , Héctor Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Becker Alvear , Miguel Ángel Giordano Salazar , Andrés Nuyado Ancapichún , Emilia Schalper Sepúlveda , Diego Bello Campos , María Francisca González Gatica , Félix Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos González Olea , Marta Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Ossandón Irarrázabal , Ximena Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Lagomarsino Guzmán , Tomás Pino Fuentes , Víctor Alejandro Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Longton Herrera , Andrés Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Castro Bascuñán , José Miguel Marzán Pinto , Carolina Rathgeb Schifferli , Jorge Yeomans Araya , Gael Celis Montt , Andrés Medina Vásquez , Karen Rey Martínez, Hugo

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Donoso Castro , Felipe Lilayu Vivanco , Daniel Romero Leiva , Agustín Barchiesi Chávez , Chiara Fuenzalida Cobo , Juan Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Guzmán Zepeda , Jorge Matheson Villán , Christian Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio Irarrázaval Rossel , Juan Meza Pereira , José Carlos Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Jürgensen Rundshagen , Harry Moreira Barros , Cristhian Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Moreno Bascur , Benjamín Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labbé Martínez , Cristian Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cornejo Lagos , Eduardo Lavín León , Joaquín Pérez Cartes , Marlene Von Mühlenbrock Zamora , Gastón De la Carrera Correa , Gonzalo Leal Bizama , Henry Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor Del Real Mihovilovic, Catalina

-Se abstuvo:

Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 36 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Guillermo Ramírez y Agustín Romero , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Aedo Jeldres , Eric Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Suazo , Miguel Rivas Sánchez , Gaspar Ahumada Palma , Yovana Concha Smith , Sara Melo Contreras , Daniel Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René Cordero Velásquez , María Luisa Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Talguia , Natalia Araya Guerrero , Jaime Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Arce Castro , Mónica De Rementería Venegas , Tomás Morales Alvarado , Javiera Sáez Quiroz , Jaime Arroyo Muñoz , Roberto Delgado Riquelme , Viviana Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , Jorge Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Muñoz González , Francesca Sagardía Cabezas, Clara Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Musante Müller , Camila Santana Castillo , Juan Barría Angulo , Héctor Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Becker Alvear , Miguel Ángel Giordano Salazar , Andrés Nuyado Ancapichún , Emilia Sauerbaum Muñoz , Frank Bello Campos , María Francisca González Gatica , Félix Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos González Olea , Marta Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Ossandón Irarrázabal , Ximena Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Lagomarsino Guzmán , Tomás Pino Fuentes , Víctor Alejandro Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Longton Herrera , Andrés Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Castro Bascuñán , José Miguel Marzán Pinto , Carolina Rathgeb Schifferli , Jorge Yeomans Araya , Gael Celis Montt , Andrés Matheson Villán, Christian

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Del Real Mihovilovic , Catalina Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Donoso Castro , Felipe Martínez Ramírez , Cristóbal Romero Leiva , Agustín Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Sánchez Ossa , Luis Bobadilla Muñoz , Sergio Irarrázaval Rossel , Juan Moreira Barros , Cristhian Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Jürgensen Rundshagen , Harry Moreno Bascur , Benjamín Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cornejo Lagos , Eduardo Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Weisse Novoa , Flor De la Carrera Correa , Gonzalo Leal Bizama, Henry

-Se abstuvieron:

Guzmán Zepeda , Jorge Schalper Sepúlveda , Diego Teao Drago , Hotuiti Undurraga Gazitúa , Francisco Medina Vásquez, Karen

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 37 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Morales Alvarado , Javiera Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Musante Müller , Camila Sagardía Cabezas, Clara Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Santana Castillo, Juan Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Nuyado Ancapichún , Emilia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Olea , Joanna Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Leiva Carvajal , Raúl Pino Fuentes , Víctor Alejandro Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Malla Valenzuela , Luis Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Manouchehri Lobos , Daniel Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Marzán Pinto , Carolina Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Medina Vásquez , Karen Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Melo Contreras , Daniel Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Mirosevic Verdugo , Vlado Rojas Valderrama, Camila

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto Cornejo Lagos , Eduardo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara De la Carrera Correa , Gonzalo Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Beltrán Silva, Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Ramírez Diez, Guillermo

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

La petición de votación separada del numeral 38 ha sido retirada.

Corresponde votar en particular el numeral 39 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero , con la salvedad de su literal b), cuya votación separada también ha sido solicitada, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Riquelme Aliaga , Marcela Aedo Jeldres , Eric Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Suazo , Miguel Rivas Sánchez , Gaspar Ahumada Palma , Yovana Concha Smith , Sara Melo Contreras , Daniel Rojas Valderrama , Camila Alinco Bustos , René Cordero Velásquez , María Luisa Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Talguia , Natalia Araya Guerrero , Jaime Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Arce Castro , Mónica De Rementería Venegas , Tomás Morales Alvarado , Javiera Sáez Quiroz , Jaime Arroyo Muñoz , Roberto Delgado Riquelme , Viviana Mulet Martínez , Jaime Saffirio Espinoza , Jorge Astudillo Peiretti , Danisa Durán Salinas , Eduardo Muñoz González , Francesca Sagardía Cabezas, Clara Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Musante Müller , Camila Santana Castillo , Juan Barría Angulo , Héctor Gazmuri Vieira , Ana María Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Becker Alvear , Miguel Ángel Giordano Salazar , Andrés Nuyado Ancapichún , Emilia Sauerbaum Muñoz , Frank Bello Campos , María Francisca González Gatica , Félix Olivera De La Fuente , Erika Schneider Videla , Emilia Beltrán Silva, Juan Carlos González Olea , Marta Orsini Pascal , Maite Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Ossandón Irarrázabal , Ximena Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Ilabaca Cerda , Marcos Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Lagomarsino Guzmán , Tomás Pino Fuentes , Víctor Alejandro Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Longton Herrera , Andrés Placencia Cabello , Alejandra Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Winter Etcheberry , Gonzalo Castro Bascuñán , José Miguel Marzán Pinto , Carolina Rathgeb Schifferli , Jorge Yeomans Araya, Gael Celis Montt , Andrés Medina Vásquez , Karen Rey Martínez, Hugo

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Donoso Castro , Felipe Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Barchiesi Chávez , Chiara Fuenzalida Cobo , Juan Matheson Villán , Christian Schalper Sepúlveda , Diego Benavente Vergara , Gustavo Guzmán Zepeda , Jorge Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bobadilla Muñoz , Sergio Irarrázaval Rossel , Juan Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bórquez Montecinos , Fernando Jürgensen Rundshagen , Harry Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Bravo Salinas , Marta Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cornejo Lagos , Eduardo Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón De la Carrera Correa , Gonzalo Leal Bizama , Henry Romero Leiva , Agustín Weisse Novoa , Flor Del Real Mihovilovic , Catalina Lilayu Vivanco, Daniel

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 39, literal b), del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado y Guillermo Ramírez , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 60 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Mirosevic Verdugo , Vlado Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mix Jiménez , Claudia Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Morales Alvarado , Javiera Saffirio Espinoza , Jorge Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Mulet Martínez , Jaime Sagardía Cabezas, Clara Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Musante Müller , Camila Santana Castillo , Juan Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Nuyado Ancapichún , Emilia Schneider Videla , Emilia Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Olivera De La Fuente , Erika Sepúlveda Soto , Alexis Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Serrano Salazar , Daniela Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Soto Mardones , Raúl Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Olea , Joanna Tapia Ramos , Cristián Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Calisto Águila , Miguel Ángel Malla Valenzuela , Luis Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Manouchehri Lobos , Daniel Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Marzán Pinto , Carolina Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Medina Vásquez , Karen Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Mellado Pino , Cosme Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Melo Contreras , Daniel Rojas Valderrama, Camila

-Votaron por la negativa:

Alessandri Vergara , Jorge Cordero Velásquez , María Luisa Leal Bizama , Henry Ramírez Diez , Guillermo Arroyo Muñoz , Roberto Cornejo Lagos , Eduardo Lee Flores , Enrique Rathgeb Schifferli , Jorge Barchiesi Chávez , Chiara De la Carrera Correa , Gonzalo Lilayu Vivanco , Daniel Rey Martínez, Hugo Becker Alvear , Miguel Ángel Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Romero Leiva , Agustín Beltrán Silva, Juan Carlos Donoso Castro , Felipe Martínez Ramírez , Cristóbal Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Durán Salinas , Eduardo Matheson Villán , Christian Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio González Villarroel , Mauro Meza Pereira , José Carlos Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Guzmán Zepeda , Jorge Moreira Barros , Cristhian Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel, Juan Moreno Bascur , Benjamín Teao Drago , Hotuiti Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Muñoz González , Francesca Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Naveillan Arriagada , Gloria Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Labbé Martínez , Cristian Ojeda Rebolledo , Mauricio Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Besserer , Paula Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Concha Smith , Sara Lavín León , Joaquín Pérez Cartes , Marlene Weisse Novoa , Flor

-Se abstuvieron:

Ahumada Palma , Yovana Pino Fuentes , Víctor Alejandro Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Corresponde votar en particular el numeral 40 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama, Camila

-Votaron por la negativa:

Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto De la Carrera Correa , Gonzalo Martínez Ramírez , Cristóbal Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Matheson Villán , Christian Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , Jorge Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Salinas , Eduardo Meza Pereira , José Carlos Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Moreno Bascur , Benjamín Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Muñoz González , Francesca Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Irarrázaval Rossel , Juan Naveillan Arriagada , Gloria Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Ojeda Rebolledo , Mauricio Teao Drago , Hotuiti Calisto Águila , Miguel Ángel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Leal Bizama , Henry Pino Fuentes , Víctor Alejandro Weisse Novoa, Flor Concha Smith, Sara Lee Flores, Enrique

-Se abstuvo:

Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

La petición de votación separada del numeral 41 ha sido retirada.

Corresponde votar en particular el numeral 54 del artículo primero del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Miguel Mellado , Guillermo Ramírez y Agustín Romero , que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 1 abstención.

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Melo Contreras , Daniel Rosas Barrientos , Patricio Aedo Jeldres , Eric De Rementería Venegas , Tomás Mirosevic Verdugo , Vlado Sáez Quiroz , Jaime Alinco Bustos , René Delgado Riquelme , Viviana Mix Jiménez , Claudia Sagardía Cabezas , Clara Araya Guerrero , Jaime Fries Monleón , Lorena Morales Alvarado , Javiera Santana Castillo, Juan Arce Castro , Mónica Gazmuri Vieira , Ana María Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Astudillo Peiretti , Danisa Giordano Salazar , Andrés Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barría Angulo , Héctor González Olea , Marta Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bello Campos , María Francisca Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Ilabaca Cerda , Marcos Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Soto Mardones , Raúl Bianchi Chelech , Carlos Jiles Moreno , Pamela Palma Pérez , Hernán Tapia Ramos , Cristián Bravo Castro , Ana María Jouannet Valderrama , Andrés Pérez Salinas , Catalina Tello Rojas , Carolina Brito Hasbún , Jorge Lagomarsino Guzmán , Tomás Pizarro Sierra , Lorena Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Leiva Carvajal , Raúl Placencia Cabello , Alejandra Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Malla Valenzuela, Luis Pulgar Castillo , Francisco Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Manouchehri Lobos , Daniel Ramírez Pascal , Matías Videla Castillo , Sebastián Castillo Rojas , Nathalie Marzán Pinto , Carolina Riquelme Aliaga , Marcela Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Medina Vásquez , Karen Rivas Sánchez , Gaspar Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama, Camila

-Votaron por la negativa:

Ahumada Palma , Yovana Cordero Velásquez , María Luisa Lilayu Vivanco , Daniel Ramírez Diez , Guillermo Alessandri Vergara , Jorge Cornejo Lagos , Eduardo Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Arroyo Muñoz , Roberto De la Carrera Correa , Gonzalo Martínez Ramírez , Cristóbal Rey Martínez , Hugo Barchiesi Chávez , Chiara Del Real Mihovilovic , Catalina Matheson Villán , Christian Romero Leiva , Agustín Becker Alvear , Miguel Ángel Donoso Castro , Felipe Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , Jorge Beltrán Silva, Juan Carlos Durán Salinas , Eduardo Meza Pereira , José Carlos Sánchez Ossa , Luis Benavente Vergara , Gustavo Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Moreno Bascur , Benjamín Schalper Sepúlveda , Diego Bobadilla Muñoz , Sergio Guzmán Zepeda , Jorge Muñoz González , Francesca Schubert Rubio , Stephan Bórquez Montecinos , Fernando Irarrázaval Rossel , Juan Naveillan Arriagada , Gloria Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Salinas , Marta Jürgensen Rundshagen , Harry Ojeda Rebolledo , Mauricio Teao Drago , Hotuiti Calisto Águila , Miguel Ángel Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Labbé Martínez , Cristian Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Labra Besserer , Paula Pérez Cartes , Marlene Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Leal Bizama , Henry Pino Fuentes , Víctor Alejandro Weisse Novoa, Flor Concha Smith, Sara Lee Flores, Enrique

-Se abstuvo:

Romero Talguia, Natalia

El señor CIFUENTES (Presidente accidental).-

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 10 de abril de 2024

Oficio Nº 19.365

AA S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del mensaje, informe y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal, correspondiente al boletín N° 16.621-05:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.– Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1. Reemplázase en el inciso final del artículo 3 la palabra “rija” por la frase “se determine según la regla vigente”.

2. En el artículo 4 bis:

a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “negocios” y “realizados” la palabra “jurídicos”.

b) Intercálase en el inciso tercero, entre las palabras “dichos” y “actos”, la expresión “hechos,”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto, la frase “las consecuencias jurídicas se regirán por dicha disposición y no por los artículos 4 ter y 4 quáter”, por la siguiente: “se aplicará dicha norma y no los artículos 4 ter y 4 quáter, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes”.

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

“Serán aplicables los artículos 4 ter y 4 quáter cuando, mediante el abuso o la simulación, se eluda la aplicación de una norma especial. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de la norma especial eludida.”.

e) Agréganse, a continuación del inciso quinto, los siguientes incisos sexto, séptimo, octavo y noveno, nuevos:

“También serán aplicables los artículos 4 ter y 4 quáter cuando la elusión comprenda un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos, aun cuando, respecto de uno o más de ellos, individualmente considerados, pueda aplicarse una norma especial para evitar la elusión. En estos casos las consecuencias jurídicas de la declaración de elusión se regirán por las disposiciones de los artículos 4 ter y 4 quáter según corresponda.

Cuando respecto de un hecho, acto o negocio jurídico se hubiese aplicado una norma especial para evitar la elusión, dicho hecho, acto o negocio no podrá ser sujeto de un nuevo procedimiento por aplicación de los artículos 4 ter o 4 quáter. Los hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se hubiese aplicado la norma general antielusión no podrán ser objeto de aplicación de una norma especial antielusiva, salvo para lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo.

Los plazos de prescripción previstos en los artículos 4 quinquies y 59 comenzarán a correr una vez realizado el último de dichos hechos, actos o negocios jurídicos, si se trata de un conjunto o serie de hechos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales se declare la existencia de elusión.

Corresponderá al Servicio probar los elementos constitutivos de abuso o simulación. Sin embargo, le corresponderá al contribuyente probar la existencia de efectos económicos o jurídicos relevantes distintos de los meramente tributarios o que sus operaciones se encuentran dentro de la razonable opción de conductas y alternativas contempladas en la legislación tributaria.”.

3. En el artículo 4 ter:

a) Reemplázase la frase “Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho gravado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación, mediante actos o negocios jurídicos” por la siguiente: “Hay abuso en materia tributaria cuando se evita la realización del hecho gravado, se disminuye la base imponible o la obligación tributaria, y cuando se posterga o difiere el nacimiento de dicha obligación, mediante hechos, actos o negocios jurídicos o una serie de ellos”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“También será aplicable el presente artículo cuando mediante hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos se accede, con abuso, a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “en la ley” y el punto y aparte la frase “además de la multa establecida en el artículo 100 bis”.

4. En el artículo 4 quáter:

a) Reemplázase la expresión “actos o negocios simulados” por la frase “hechos, actos o negocios jurídicos simulados, además de la multa establecida en los términos del artículo 100 bis”.

b) Reemplázase la frase “actos y negocios jurídicos de que se trate” por “hechos, actos o negocios jurídicos o un conjunto o serie de ellos”.

c) Intercálase entre la expresión “nacimiento” y el punto y seguido la frase “o se simulen hechos, actos o negocios jurídicos para acceder a un beneficio tributario o a un régimen tributario especial”.

5. Agrégase a continuación del artículo 4 quinquies el siguiente artículo 4 sexies, nuevo:

“Artículo 4 sexies.- El Servicio contará con un Consejo Asesor Consultivo cuyas funciones serán:

a) Emitir una opinión técnica sobre la razonabilidad económica y jurídica, considerando la legislación tributaria aplicable, de los hechos, actos o negocios jurídicos sometidos a su análisis. Para el cumplimiento de esta función, el Consejo actuará en ternas designadas por el coordinador.

b) Emitir una opinión técnica sobre el catálogo de esquemas tributarios a que se refiere el número 19° del artículo 8, a requerimiento del Director.

En ningún caso las opiniones del Consejo serán vinculantes para el Director ni para el Servicio.

La organización y el funcionamiento del Consejo Asesor Consultivo y la interacción entre el mismo y el Servicio serán reguladas por un reglamento dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de lo que se dispone a continuación.

A. Composición del Consejo Asesor Consultivo

El Consejo Asesor Consultivo contará con un coordinador y 7 consejeros. El coordinador será designado por el Director, previo concurso público. El coordinador del Consejo será una persona de destacada trayectoria en el ámbito tributario, y su cargo será remunerado y compatible exclusivamente con labores académicas, siempre que no excedan de 12 horas semanales.

Las funciones del coordinador serán las siguientes:

i. Informar al Director de las opiniones que emitan las ternas o el Consejo.

ii. Designar la terna que deberá emitir su opinión para lo dispuesto en el literal a) anterior.

iii. Participar de las reuniones que la terna realice para el análisis de un caso sometido a su revisión.

iv. Convocar al Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

v. Participar de las sesiones que realice el Consejo Asesor Consultivo para lo dispuesto en el literal b) del inciso primero.

vi. Velar por la confidencialidad de la información en poder del Consejo.

vii. Proponer al Director los consejeros a designar, de aquellos cuya elección se realiza previo concurso público.

viii. Las demás que señale la ley y el reglamento.

Los consejeros serán designados por el Director en base al siguiente procedimiento:

1. Cuatro consejeros serán designados, previo concurso público y a propuesta en terna del coordinador.

2. Dos consejeros serán designados a propuesta en terna del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

3. Un consejero será designado a propuesta en terna del Consejo Fiscal Autónomo.

Los consejeros deberán ser personas con trayectoria acreditada en materia tributaria o económica, a nivel académico o profesional. Los consejeros durarán 5 años en sus cargos y podrá renovarse su nombramiento por una sola vez. Los consejeros se renovarán por parcialidades en la forma establecida en el reglamento.

No podrán ser nombrados miembros del Consejo Asesor Consultivo quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito, o hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada. Los miembros que incurran en lo dispuesto en el presente inciso con posterioridad a su nombramiento perderán dicha calidad de pleno derecho, y el Director deberá nombrar a un reemplazante por el período restante.

Los consejeros deberán guardar estricta reserva de los casos sometidos a su consideración. En especial, no podrán sostener contacto alguno con el contribuyente respecto del cual se estén analizando operaciones, salvo para pedir aclaraciones por escrito, según lo dispuesto en el artículo 5 quinquies. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la destitución del cargo y una multa de 1.000 UTM.

Los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta correspondiente a 50 unidades tributarias mensuales por cada terna que conformen para la elaboración de la opinión a la que se refiere la letra a) del inciso primero.

B. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Comité Antielusión

El coordinador deberá conformar una terna, entre los consejeros, para el análisis de los hechos sometidos a su consideración. Para la elaboración de la terna deberá considerar las características del caso sometido a su consideración, la trayectoria de los consejeros y potenciales conflictos de interés.

El coordinador deberá notificar a los consejeros de su designación, e informar el contribuyente y tema sobre el que se deberá emitir la opinión. El consejero designado deberá informar de inmediato sobre potenciales conflictos de interés. Si alguno de los consejeros designados informa de algún potencial conflicto de interés, el coordinador designará a otro consejero en su reemplazo para la conformación de la terna.

Si el coordinador no puede conformar una terna producto de los conflictos de interés de los consejeros, el caso podrá ser analizado por los consejeros que no tengan conflicto de interés los que no podrán ser menos que dos.

Conformada la terna, el coordinador enviará el informe y los antecedentes a sus miembros y citará a una primera reunión para efectuar una exposición del caso y determinar la forma de trabajo.

La terna podrá reunirse las veces que considere necesario, así como requerir información adicional o aclaratoria. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los consejeros de la terna, y deberá dejarse constancia, en todo caso, de lo discutido en las reuniones y de las opiniones disidentes. Las opiniones del Consejo no serán de carácter público mientras dure el procedimiento administrativo o el judicial cuando el contribuyente hubiere deducido reclamo.

Desde la recepción del informe y los antecedentes la terna tendrá cuarenta y cinco días para emitir su opinión, ampliables por treinta días adicionales a decisión del coordinador.

C. Del funcionamiento del Consejo para emitir opiniones técnicas a requerimiento del Director

Recibido un requerimiento del Director, el coordinador deberá convocar al Consejo para el análisis del catálogo de esquemas tributarios sometido a su consideración, y enviará a los consejeros la propuesta de catálogo recibido.

Las decisiones que tome el Consejo se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Deberá dejarse constancia en todo caso, de lo discutido en las sesiones y de las opiniones disidentes, si las hay.

Desde la recepción de la solicitud el Consejo tendrá treinta días para emitir su opinión y remitirla al Director. Junto con la opinión del Consejo, el coordinador deberá remitir las actas de sus sesiones referidas al requerimiento respectivo.

D. Obligaciones del coordinador y los consejeros

Les serán aplicables al coordinador y a los consejeros, en el ejercicio de sus funciones, las normas de probidad contenidas en las disposiciones del título III, de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, estarán obligados a presentar una declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880, y estarán afectos al principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880.

Asimismo, los consejeros deberán presentar de forma anual una Declaración de Intereses al Director que dé cuenta, al menos, de lo siguiente:

a) Entidades en las cuales tenga facultades de administración, representación o dirección.

b) Contribuyentes a los cuales hayan prestado asesoría o hayan representado dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración.

c) La identificación de su empleador, cuando corresponda.

d) La identificación de juicios en tramitación ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros o ante los tribunales superiores de justicia, en materias tributarias o aduaneras en los cuales haya asumido la representación de un contribuyente o de las personas indicadas en el literal a) o en el que éstas tengan la calidad de reclamantes.

La información de los literales a) y b) deberán proporcionarla también sobre su cónyuge o conviviente civil y parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

El coordinador y los consejeros deberán informar al Director dentro de los tres días siguientes contados desde que tomen conocimiento, de los siguientes hechos:

i. Cualquier modificación de los hechos informados en la Declaración de Intereses.

ii. La existencia de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4 ter, 4 quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas respecto de él o ella, de su cónyuge o conviviente civil, de sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, o de entidades en las que mantenga una participación igual o superior a un 10% sobre el capital o las utilidades o respecto de las que tenga facultades de administración, representación o dirección.

iii. Que su empleador o una entidad en la cual tenga más de un 10% de participación sobre el capital o las utilidades, o respecto de la cual tiene facultades de dirección o administración, se encuentra prestando servicios a un contribuyente en un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 4 ter, 4 quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas, o ha asumido la representación judicial en materias tributarias o aduaneras.

iv. La existencia de una querella, acusación o requerimiento en su contra, un proceso penal formalizado en su contra, o haber sido condenado por crímenes o simples delitos.

E. Incompatibilidades, inhabilidades y pérdida de la calidad de miembro

Los consejeros perderán la calidad de tales y quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente de consejeros, en los siguientes casos:

a) Expiración, por el solo ministerio de la ley, del plazo por el que fue designado, incluyendo el período por el que fue renovado, cuando corresponda.

b) Presentación de renuncia voluntaria.

c) Incapacidad física o síquica que le impida absolutamente el desempeño del cargo. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

d) Fallecimiento.

e) Haber sido condenado por crimen o simple delito por sentencia firme o ejecutoriada.

f) Haber sido sancionado por aplicación de los artículos 4 ter, 4 quáter o por alguna de las normas especiales antielusivas.

g) Falta grave en el desempeño de sus funciones, calificada por el Director. Concurrirá especialmente esta causal, en los casos a que se refiere el inciso subsiguiente.

h) Infringir el principio de abstención contenido en el artículo 12 de la ley N° 19.880. El Director deberá declarar la concurrencia de esta causal.

Si falta algún consejero por alguna de las causales establecidas en los literales b), c), d), e), f), g) o h) del inciso anterior, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo, de conformidad con el procedimiento correspondiente. El consejero nombrado en reemplazo durará en el cargo solo por el tiempo que falte para completar el período del miembro reemplazado.

Los consejeros incurrirán en falta grave en el desempeño de sus funciones, entre otros casos, cuando:

1. No presente declaración de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en el capítulo I del título II la ley N° 20.880.

2. No presente la Declaración de Intereses a la que se refiere el literal D del presente artículo.

3. Ejerza vías de hecho contra otro miembro o funcionario del Consejo.

4. Cometa alguna conducta que obstaculice o dificulte gravemente el normal funcionamiento del Consejo.

5. Divulgue información o antecedentes que reciba en su calidad de consejero o permita el acceso de terceros no autorizados.

Los consejeros no podrán asumir la representación judicial ante Tribunales Tributarios y Aduaneros o ante los tribunales superiores de justicia cuando el objeto del juicio sea la aplicación de los artículos 4 bis, 4 ter, o 4 quáter. El incumplimiento de esta obligación por un consejero será considerado una falta grave e implicará la pérdida de la calidad de miembro del Consejo.

F. Delitos

Los consejeros tendrán la calidad de empleados públicos para efectos de lo dispuesto en el artículo 260 del Código Penal.”.

6. En el artículo 6:

a) Agréganse en su literal A, a continuación del numeral 8º los siguientes numerales 9º, y 10º, y 11°, nuevos:

“9º. Dictar la resolución que califica uno o más hechos, actos o negocios jurídicos como elusivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quáter. Esta facultad es indelegable.

10º. Nombrar a los consejeros y al coordinador del Consejo Consultivo Asesor.

11°. Dictar la resolución que establece los criterios generales para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo, dentro del procedimiento de mediación a que se refiere el Párrafo IV de la ley orgánica de la Defensoría Nacional del Contribuyente.”.

b) En la letra B:

i. En el párrafo segundo del numeral 5°:

- Elimínase la frase “, salvo el caso previsto en el artículo 132 ter”.

- Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Tampoco podrá resolver peticiones administrativas que recaigan sobre las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos dictados de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies de la presente ley.”.

ii. Agrégase a continuación del numeral 10° el siguiente numeral 11º, nuevo:

“11º. Llevar adelante procedimientos de fiscalización, revisión o de otro tipo, respecto de contribuyentes con domicilio en cualquier territorio jurisdiccional del país, los que podrán efectuarse a través de medios electrónicos o remotos, cuando sea instruido por el Director o Subdirector respectivo.”.

7. En el artículo 8:

a) Sustitúyese el numeral 14º por el siguiente:

“14º Por “grupo empresarial” el conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten.

Forman parte de un mismo grupo empresarial:

a) Una empresa o entidad y su controlador.

b) Todas las empresas o entidades que tienen un controlador común, y este último, y

c) Toda empresa o entidad que determine el Servicio, por resolución, considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que un porcentaje significativo del activo de la empresa o entidad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en empresas, acreencias o garantías.

2. Que la empresa o entidad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda.

3. Que la empresa o entidad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial.

4. Que la empresa o entidad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el párrafo primero para incluirla en el grupo empresarial.

Contra la resolución que declare a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial, procederá el recurso establecido en el artículo 123 bis y la reclamación en los términos del artículo 124.

Si como consecuencia de la calificación de grupo empresarial en virtud del literal c) anterior, procede la determinación de diferencias de impuestos, se deberá emitir conjuntamente a la resolución señalada en el párrafo anterior, la respectiva liquidación. En caso de que el contribuyente deduzca un reclamo deberá reclamar conjuntamente la resolución que declara a dos o más empresas o entidades como partes de un grupo empresarial y las liquidaciones que procedan en virtud del presente párrafo.

Todo grupo empresarial deberá designar un “apoderado de grupo empresarial”. Se entiende por éste a la persona natural que designe e informe un grupo empresarial para mantener las comunicaciones y coordinación con el Servicio, a efectos de llevar a cabo las medidas de colaboración a que se refiere el artículo 33. Lo anterior es sin perjuicio del procedimiento de fiscalización establecido en el artículo 59 ter que se regirá por las reglas allí contenidas, en especial respecto del procedimiento para efectuar las notificaciones.”.

b) Intercálase en el párrafo sexto del numeral 16º, entre las expresiones “35 de” y “la ley N°19.628”, la expresión “este Código y en”.

c) Agrégase en el numeral 17°, a continuación del literal f), el siguiente literal g), nuevo:

“g) El o la cónyuge, conviviente civil o parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

No se considerarán como relacionadas las personas indicadas en la presente letra para la aplicación de los regímenes contenidos en la letra D) del artículo 14 y en el artículo 34, ambos de la ley sobre impuesto a la renta.”.

d) Agrégase a continuación del numeral 17°, los siguientes numerales 18° y 19°, nuevos:

“18°. Por “Sostenibilidad tributaria”, al conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objeto de fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Los contribuyentes podrán obtener una certificación anual que indique que sus operaciones y estrategias fiscales cumplen con la sostenibilidad tributaria. Esta certificación podrá ser emitida únicamente por aquellas empresas certificadoras independientes que se hayan inscrito previamente ante el Servicio en un registro creado para tales efectos, y acrediten que poseen la competencia para el desarrollo de estas funciones. El Servicio, mediante resolución, dictará las instrucciones necesarias al efecto.

Asimismo, el Servicio podrá firmar acuerdos de cooperación destinados a promover la sostenibilidad tributaria con dos o más empresas, los cuales producirán el mismo efecto que la certificación establecida en el párrafo anterior. El Servicio, mediante resolución, establecerá el contenido mínimo que deben contener estos acuerdos para considerar que contribuyen a la sostenibilidad tributaria.

El Servicio mantendrá un registro de transparencia tributaria que indique el nombre y rol único tributario de los contribuyentes que cuenten con la certificación o hayan celebrado acuerdos de cooperación de conformidad con este número.”.

19° Por “Catálogo de Esquemas Tributarios”, el documento que elabora y publica periódicamente el Servicio, en línea con sus planes de fiscalización y de acuerdo con su experiencia acumulada, con fines informativos.”.

8. En el artículo 8 bis:

a) En el inciso primero:

i. Sustitúyese el numeral 5 por el siguiente:

“5°. Que el Servicio no vuelva a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, respecto de los mismos hechos o impuestos, en los términos del artículo 59.”.

ii. En el numeral 6:

- Elimínase la frase “, ni de los procedimientos del artículo 4 quinquies”.

- Intercálase entre la palabra “tributarias” y el punto y aparte, la frase “, pudiendo en todo caso acceder a ella”.

iii. Agrégase en su numeral 16º, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Asimismo, el Servicio deberá informar en el sitio personal del contribuyente todas las actuaciones, requerimientos o interacciones que éste registre con el Servicio de manera actualizada, para efectos de su conocimiento y seguimiento.”.

iv. Agrégase, a continuación del numeral 19°, el siguiente numeral 20º, nuevo:

“20°. Que el Servicio mantenga dentro de sus dependencias instalaciones que permitan comparecer a las actuaciones de forma remota y el aporte de documentos o antecedentes de forma digital o física. Asimismo, deberá facilitar el cumplimiento de las obligaciones de forma electrónica para aquellos contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos necesarios para tales fines, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos.”.

b) Elimínase en el inciso segundo la palabra "Nacional”.

c) Intercálase en el inciso tercero, entre la palabra “Regional” y la expresión “se podrá”, la frase “o el Director, en su caso,”.

9. En el artículo 9:

a) Intercálase a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Asimismo, los contribuyentes podrán conferir mandato a una o más personas naturales para realizar trámites de carácter tributario en su nombre en el sitio web del Servicio. Éstas deberán autenticarse con su propio rol único tributario y clave tributaria. Los mandatarios establecidos bajo esta modalidad y los representantes legales informados ante el Servicio, de conformidad al artículo 68 del Código Tributario, se entenderán facultados para actuar en todo procedimiento administrativo electrónico ante el Servicio y el Servicio de Tesorerías, y se entenderá que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo.”.

b) En el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto:

i. Intercálase entre la palabra “representación” y la coma que le sigue, la frase: “, sea por revocación o renuncia”.

ii. Reemplázase la frase “el artículo 13 o 14, según corresponda” por “las reglas generales”.

c) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si con ocasión de la revocación o renuncia un contribuyente queda sin representante o mandatario para realizar notificaciones, éstas se realizarán en virtud del artículo 11 ter hasta que el contribuyente nombre a un nuevo representante o mandatario.”.

10. En el artículo 11:

a) Sustitúyense los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes incisos primero, segundo, tercero y cuarto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Artículo 11.- Las notificaciones que el Servicio deba practicar se realizarán por correo electrónico, a la dirección que el contribuyente haya señalado y que conste en el sitio personal del contribuyente. No procederá esta forma de notificación cuando el contribuyente no haya informado un correo electrónico o cuando una disposición legal ordene una forma distinta de notificación. Tampoco será aplicable la notificación por correo electrónico respecto de contribuyentes que carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuan excepcionalmente a través de ellos, cuando presenten una solicitud ante el Servicio con los antecedentes que acrediten que se encuentran en alguna de estas situaciones, la que deberá ser resuelta dentro del plazo de treinta días desde su presentación.

Quienes no hayan registrado un correo electrónico ante el Servicio, se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en el inciso primero o estén domiciliados en zonas o comunas donde existe baja o nula conectividad, deberán ser notificados personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo que una disposición legal expresa ordene una forma específica de notificación.

Cuando, por disposición legal, no proceda la notificación mediante correo electrónico conforme al inciso primero, el Servicio igualmente deberá remitir copia de aquélla al correo electrónico del contribuyente que conste en sus registros o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación, sin que pueda el Servicio, salvo disposición legal en contrario, estimarla como una forma de notificación válida.

En los casos que la notificación deba ser realizada por carta certificada, ésta podrá ser entregada por el funcionario o trabajador de las empresas de correos que realice la gestión, en el domicilio del notificado, a cualquier persona adulta que se encuentre en él, la que deberá firmar el recibo respectivo.”.

b) Elimínase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, la frase “, bajo la firma del funcionario y la del Jefe de la Oficina de Correos que corresponda”.

c) Reemplázase en el inciso final la frase “podrán ser notificadas” por “serán notificadas por correo electrónico o a falta de éste”.

11. En el artículo 11 bis:

a) En el inciso segundo:

i. Intercálase entre la palabra “contribuyente”, la primera vez que aparece, y la expresión “, quien”, lo siguiente: “en su sitio personal”.

ii. Intercálase entre la expresión “68.” y la palabra “Cualquier”, la siguiente oración: “La referida modificación producirá sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que sea informada al Servicio.”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el actual inciso cuarto a ser tercero.

12. Agrégase en el inciso primero del artículo 24, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Cuando corresponda emitir una liquidación en la cual se determinen diferencias de impuestos de casos definidos como relevantes o de interés institucional, deberá solicitarse informe previo al Comité Nacional o Regional, según corresponda.”.

13. En el artículo 26 bis:

a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación del primer punto y seguido, la siguiente oración: “Tratándose de consultas relativas a normas especiales antielusivas, el consultante deberá señalar específicamente sobre cuáles de ellas solicita el pronunciamiento, y se restringirá la consulta y la respuesta otorgada únicamente a la norma especial antielusiva sobre la cual se haya consultado.”.

b) Intercálase en el inciso cuarto, entre la expresión “antielusivas” y el punto y aparte, la frase “sobre las cuales se haya consultado”.

14. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 33 por los siguientes:

“Para la realización de las actuaciones descritas en el numeral iii anterior el Servicio deberá previamente enviar un aviso al contribuyente mediante correo electrónico, el que también deberá ser publicado en el sitio personal del contribuyente, sin que el incumplimiento de esta última obligación afecte la validez del acto. El aviso deberá contener las siguientes menciones:

a) La individualización del funcionario a cargo de la actuación.

b) La indicación de que se trata de medidas preventivas y de colaboración ejecutadas en el marco de este artículo y que por tanto no constituyen un procedimiento de fiscalización.

c) La indicación de que la actuación es voluntaria y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones para el contribuyente.

d) El plazo en que el Servicio realizará las actuaciones que correspondan.

El Servicio, mediante resolución, establecerá el plazo para efectuar los avisos establecidos en el inciso anterior y los medios expeditos para realizarlos.”.

15. En el numeral 2 del artículo 33 bis:

a) En la letra A:

- En su literal a):

i. Elimínase la frase “inversiones en el extranjero”, la primera vez que aparece.

ii. Elimínase la oración “Respecto de las inversiones en el extranjero, se deberá informar el destino de los fondos invertidos.”.

- En su literal b):

i. Elimínase la expresión “inversiones en Chile:”.

- Reemplázase la expresión “presente ley” por “ley sobre Impuesto a la Renta”.

b) Reemplázase en el encabezado de la letra B) la frase “deberán informar anualmente al Servicio, mediante la presentación de una declaración, los siguientes antecedentes:” por la siguiente: “o la persona natural o entidad, constituida, domiciliada o residente en Chile que tenga calidad de controladora, en los términos indicados en el número 17 del artículo 8° del Código Tributario, respecto a un constituyente o “settlor”, beneficiario, “trustee” o administrador de un “trust”, cuando éstos se encuentren constituidos, sean residentes o estén domiciliados en el extranjero. Para estos efectos, se deberá informar, en la forma que determine el Servicio por resolución, lo siguiente, según sea aplicable conforme a la legislación extranjera:”.

16. En el artículo 53:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“El contribuyente estará afecto además a un interés penal diario, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeude de cualquier clase de impuestos o contribuciones. El interés penal será determinado a partir de la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en 3,5%. Este interés se calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el inciso primero y se determinará por cada día de retraso.”.

b) Agréganse a continuación del inciso tercero los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes:

“Para determinar el interés penal indicado en el inciso anterior se deberá considerar la tasa de interés semestral que resulte aplicable según el período trascurrido entre el vencimiento del impuesto o contribución respectivo y la fecha de su pago efectivo. La tasa de interés así determinada se dividirá por trescientos sesenta y se multiplicará por la cantidad de días de retraso que transcurran en cada semestre a partir de la fecha de vencimiento del impuesto o contribución hasta la fecha del pago efectivo de éstos, o parte de ellos. Para estos efectos el Servicio mediante resolución fijará la tasa de interés vigente para cada semestre. La resolución será publicada en el sitio web del Servicio los meses de junio y diciembre de cada año y regirá por el semestre que inicia el mes siguiente al de su publicación.

Cuando la mora en el pago de un impuesto o contribución, o de una parte de ellos, sea por un plazo mayor a un semestre, el interés penal total a aplicar corresponderá a la sumatoria de las tasas individuales determinadas en la forma descrita en el inciso cuarto.

La tasa de interés determinada según los incisos anteriores el contribuyente podrá solicitar la emisión del giro correspondiente el cual estará vigente por un plazo de cinco días. Vencido el plazo será necesario actualizar los intereses en conformidad al presente artículo.”.

17. Intercálase en el artículo 55, entre las palabras “tasa” y “vigente”, la frase “que se determine según la regla”.

18. Agrégase en el artículo 56 el siguiente inciso final, nuevo:

“No procederá la condonación establecida en el presente artículo respecto de contribuyentes que hayan sido condenado por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio.”.

19. Sustitúyase el artículo 59 por el siguiente:

“Artículo 59.- Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización. Sin embargo, no podrá efectuar nuevos procedimientos de fiscalización, ni por el mismo período ni en los períodos siguientes, respecto de operaciones, transacciones o sobre hechos que ya han sido objeto de un proceso de fiscalización, salvo las excepciones siguientes:

a) Que se trate de un nuevo requerimiento, efectuado por el mismo período tributario o en los períodos siguientes, que tenga por objeto la fiscalización de hechos nuevos o de la correcta determinación de impuestos distintos de los que fueron objeto del procedimiento primitivo.

b) Cuando aparezcan nuevos antecedentes que puedan dar lugar a:

i. Un procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161.

ii. Un procedimiento de fiscalización ajustado a lo establecido en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies.

iii. Un procedimiento de fiscalización por aplicación del artículo 41 G o 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

iv. Que los nuevos antecedentes tengan como origen una respuesta a una solicitud de información efectuada a alguna autoridad extranjera.

Para fines de lo dispuesto en el inciso precedente, se entenderá por procedimiento de fiscalización aquel iniciado por un requerimiento de conformidad a este artículo en el que, en base a la revisión de los antecedentes presentados por el contribuyente en respuesta a dicho requerimiento o de aquellos disponibles en las bases de información del Servicio, se haya citado al contribuyente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63. No se considerarán procedimientos de fiscalización aquellas revisiones iniciadas por medios distintos de la citación del artículo 63, salvo que hayan concluido formalmente con un giro, liquidación o resolución; o con una rectificación o certificación, cuando en virtud de estas últimas se hayan aceptado los hechos o partidas objeto de la revisión.

Iniciado un procedimiento de fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición, para llevar a cabo actuaciones de fiscalización. El funcionario a cargo deberá emitir dicha certificación dentro de los diez días siguientes contados desde que recibió los antecedentes. Transcurrido el plazo sin que el funcionario a cargo efectúe la certificación respectiva, se entenderán por acompañados sin más trámite, y se iniciará el cómputo del plazo de nueve meses.

Dentro de los plazos de fiscalización establecidos en el presente artículo el Servicio podrá, alternativamente, llevar a cabo las siguientes actuaciones: citar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63, liquidar, emitir una resolución o formular giros, cuando corresponda, o bien certificar, si el contribuyente así lo solicita, que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización.

El plazo de fiscalización para citar, liquidar, emitir una resolución o formular giros será de doce meses en los siguientes casos:

1. Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia.

2. Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales al 31 de diciembre del año comercial anterior.

3. Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización empresarial, y

4. Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo será de 18 meses, en los siguientes casos:

a) Cuando se apliquen los artículos 10, 41 F 41 G y 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

b) En los casos a que se refieren los artículos 4° bis, 4° ter, 4° quáter y 4 quinquies.

c) Cuando se aplique el artículo 63 de la ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

d) En aquellos casos relacionados con un proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 161.

e) Cuando se requiera información de una autoridad extranjera.

Los plazos de doce y dieciocho meses indicados en los dos incisos anteriores podrán ser ampliados por una sola vez, por un plazo de seis meses, por resolución fundada. Las referidas resoluciones deberán ser emitidas en cumplimiento del derecho establecido en el artículo 8 bis Nº 4 y deberán ser notificadas al contribuyente a más tardar el último día del plazo original que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda. Respecto de dichas resoluciones no procederá el recurso de reposición administrativa voluntaria del artículo 123 bis ni el reclamo judicial establecido en el artículo 124.

Si dentro de los plazos señalados en los incisos cuarto y quinto, más su ampliación cuando corresponda, y del análisis de los antecedentes presentados en respuesta al requerimiento de antecedentes efectuado en virtud del presente artículo se estima procedente la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies, por tratarse de alguno de los casos señalados en los artículos 4 ter o 4 quáter, deberá notificarse la resolución, al contribuyente, a más tardar el último día del plazo que tenía el Servicio para citar, liquidar, emitir la resolución o formular giros, según corresponda, que informa que el procedimiento iniciado continuará bajo dicha normativa, en cuyo caso será aplicable el plazo establecido en el inciso sexto más su ampliación si corresponde, y deberá en todo caso considerarse el plazo ya transcurrido.

Si dentro de los plazos señalados la unidad del Servicio que lleva a cabo un procedimiento de fiscalización respecto de un determinado impuesto detecta diferencias impositivas por otros conceptos, deberá iniciarse un nuevo requerimiento de fiscalización por la unidad del Servicio competente. En tal caso, deberá notificarse conforme a las reglas generales al contribuyente e indicar con claridad y precisión sobre el contenido y alcance de la nueva revisión, de modo de resguardar su derecho contenido en el número 4 del artículo 8 bis.”.

20. Agrégase, a continuación del artículo 59 bis, el siguiente artículo 59 ter, nuevo:

“Artículo 59 ter.- En caso de operaciones o transacciones realizadas en Chile por contribuyentes que conformen un mismo grupo empresarial y que serán o estén siendo fiscalizados conforme a lo indicado en los artículos 59 y siguientes, el Servicio podrá realizar un procedimiento de fiscalización unificado que involucre a todos los contribuyentes del grupo empresarial que hayan concurrido en dichas operaciones y transacciones, y deberá considerar los efectos de la fiscalización de manera integral y consistente.

El inicio de un proceso de fiscalización unificado constará en una resolución que deberá ser notificada, conforme a las reglas generales a las entidades del grupo empresarial que serán sometidas a este procedimiento. En aquellos casos que la notificación se realice cuando una o más de las entidades del grupo empresarial ya estuvieran siendo fiscalizadas conforme al artículo 59, el inicio del procedimiento de fiscalización unificada no interrumpirá los plazos establecidos en dicho artículo. El Servicio podrá disponer que la competencia para conocer la fiscalización se radique en la unidad que tenga jurisdicción sobre el domicilio de la sociedad o entidad controladora, o en la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, situación que deberá constar de forma expresa en la resolución que sea notificada a los contribuyentes. La resolución aludida en este inciso no será objeto del recurso establecido en el artículo 123 bis ni del reclamo contenido en el artículo 124.

Recibida la o las notificaciones señaladas en el inciso anterior y cuando el Servicio no haya radicado la competencia en la unidad correspondiente a la sociedad o entidad controladora, ésta podrá solicitar que se efectúe dicha radicación, dentro del plazo de cinco días. La solicitud deberá ser presentada ante el Director Regional correspondiente al domicilio del controlador o ante el Director de Grandes Contribuyentes cuando corresponda. La solicitud deberá ser resuelta dentro del plazo de cinco días.

Determinada la unidad que conocerá la fiscalización se radicará en ella la competencia para iniciar o proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes.

Será competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme este artículo el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. Procederá en estos casos la acumulación de autos.

El Servicio emitirá una resolución en que establecerá el procedimiento para el ejercicio de la facultad de fiscalización establecida en el presente artículo.”.

21. En el artículo 60 bis:

a) Elimínase el inciso tercero, readecuándose el orden correlativo de los incisos siguientes.

b) Reemplázase en el inciso quinto, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el jefe de oficina ordenará” por “se deberá”.

22. Elimínase en el inciso primero del artículo 60 quinquies la frase “de bienes afectos a impuestos específicos”.

23. En el artículo 62:

a) Reemplázase en el inciso segundo, la frase “personas determinadas” por “contribuyentes determinados”.

b) En el inciso tercero:

A) En el numeral 1):

i. Reemplázase en los literales a) y b) el punto y coma por un punto y seguido y en el literal c) la expresión “, y” por un punto y seguido.

ii. En el literal d):

- Intercálase entre las palabras “identificando” y “la entidad” la frase “, en este último caso,”.

- Agrégase el siguiente párrafo final:

“Desde la notificación señalada en este numeral y la entrega efectiva de la información bancaria requerida por el Servicio o hasta que finalice por sentencia ejecutoriada el procedimiento establecido en el artículo 62 bis, el banco deberá informar al Servicio la existencia de movimientos anormales o sospechosos en la o las cuentas bancarias que pudieran dar cuenta que el contribuyente busca ocultar sus saldos o distraer sus fondos de forma que el Servicio pueda tomar las medidas conducentes a asegurar el éxito del procedimiento de fiscalización. El Servicio, mediante resolución, fijará los criterios para establecer cuando un movimiento debe ser calificado como anormal o sospechoso. Asimismo, durante este período el banco no podrá acceder a una solicitud de cierre de la cuenta bancaria respecto de la cual se ha requerido información sin autorización judicial previa otorgada por el tribunal competente según el artículo 62 bis.”.

iii. Agrégase a continuación del literal d), el siguiente literal e), nuevo:

“e) Señalar el procedimiento de fiscalización en contra del contribuyente respecto del cual se requiere información, salvo los casos señalados en el párrafo segundo del numeral 3).”.

B) Reemplázase el numeral 2) por el siguiente:

“2) En la misma fecha de la notificación señalada en el número 1) el Servicio notificará al contribuyente, personalmente o por cédula, e indicará el procedimiento de fiscalización respecto al cual se ha efectuado el requerimiento, la información requerida, el banco al cual se ha solicitado y el plazo fijado para su entrega. Sin perjuicio de la notificación del Servicio, el banco deberá enviar una comunicación al titular de la cuenta, por correo electrónico, para hacerle presente que ha sido requerido para entregar su información bancaria, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya sido notificado. La omisión de esta comunicación no invalidará la notificación, pero hará responsable al banco de los perjuicios que dicha omisión pueda ocasionar al titular de la información.”.

C) En el numeral 3):

- Sustitúyese en su párrafo segundo la expresión “aplicar el procedimiento previsto” por “realizar la comunicación respectiva indicada”.

- Elimínase su párrafo tercero.

D) Reemplázase el numeral 4) por el siguiente:

“4) El contribuyente podrá oponerse a la entrega de información. Para ello deberá reclamar dentro del término de quince días hábiles contados desde la notificación a que se refiere el número 2) anterior, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 62 bis. Dentro del mismo plazo, el contribuyente deberá informar la interposición del mencionado reclamo al banco a través de correo electrónico, y acompañará los antecedentes que acrediten la interposición del reclamo. El banco deberá remitir dicha comunicación, por correo electrónico, al Servicio y le permitirá no entregar la información requerida hasta que exista sentencia firme o ejecutoriada sobre la procedencia del reclamo.

Pasados los quince días sin que el Servicio haya tomado conocimiento de la interposición de un reclamo por el contribuyente, deberá solicitar ante el tribunal tributario y aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente que certifique que no se presentó reclamo bajo el procedimiento del artículo 62 bis, o que si se presentó fue declarado inadmisible y en este último caso no existen recursos pendientes. El tribunal, por oficio, deberá enviar la certificación o indicar que se ha presentado un reclamo o que se encuentra pendiente la resolución de un recurso sobre su admisibilidad, dentro de los cinco días siguientes. Certificado lo anterior, el Servicio notificará al banco quien deberá enviar la información requerida sin más trámite dentro del plazo establecido en el número 1).”.

E) Reemplázase el numeral 5) por el siguiente:

“5) Si interpuesta la oposición ella ha sido rechazada total o parcialmente por sentencia judicial firme, el Servicio solicitará que el Tribunal oficie al banco. Lo mismo ocurrirá si las partes llegan a un acuerdo total o parcial o a algún equivalente jurisdiccional que obligue al titular a entregar toda o parte de la información requerida. La entidad bancaria dispondrá de un plazo de diez días para la entrega de la información solicitada.”.

F) Reemplázase el número 6) por el siguiente:

“6) El retardo u omisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco será sancionado con una multa de 50 unidades tributarias anuales.”.

G) Agrégase a continuación del numeral 6), el siguiente numeral 7), nuevo:

“7) No procederá lo dispuesto en los numerales anteriores, cuando el requerimiento de información bancaria se realice con ocasión de un procedimiento de fiscalización por aplicación de los artículos 59 ter y el número 10 del artículo 161 y de los artículos 41 E, 41 F, y 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en cuyo caso el banco deberá entregar la información requerida por el Servicio, dentro del plazo de cuarenta y cinco días. Para estos efectos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) El Servicio deberá presentar el requerimiento, que contendrá las menciones señaladas en el numeral 1), ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente. El requerimiento contendrá además los fundamentos que den cuenta de la importancia de contar con la información bancaria requerida.

b) El juez tendrá un plazo de cinco días para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar la resolución al Servicio, mediante correo electrónico, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

c) El Servicio procederá a enviar el requerimiento señalado en la letra a) anterior y la resolución del tribunal al banco, el cual deberá a entregar la información dentro del plazo de cuarenta y cinco días desde la recepción del requerimiento.

d) El banco, una vez entregada la información al Servicio, deberá comunicarle al titular que ha procedido a entregar su información bancaria en virtud de un requerimiento especial según lo dispuesto en el presente numeral.

El procedimiento será siempre secreto.”.

c) Intercálase en el inciso quinto, entre la frase “deberá ser eliminada,” y la expresión “no pudiendo” la frase “dentro del plazo de 30 días,”.

d) Reemplázase en el inciso sexto, la frase “reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 70 a quinientas unidades tributarias mensuales”.

24. En el artículo 63:

a) Elimínase en el inciso segundo la frase “Jefe de la Oficina respectiva del”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración a continuación del punto y seguido, que pasa a ser punto y aparte.

c) Agrégase a continuación del inciso tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso final:

“Si en respuesta a la citación practicada el contribuyente presenta nuevos antecedentes que no fueron aportados previamente o que de su análisis se toma conocimiento de la existencia de hechos, actos o negocios jurídicos o de un conjunto o serie de ellos, posiblemente constitutivos de abuso o simulación de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 ter y 4 quáter, podrá darse inicio a un nuevo procedimiento de fiscalización, para lo cual el Servicio citará al contribuyente en los términos dispuestos en el artículo 4 quinquies.”.

25. Sustitúyese el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64.- Cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un impuesto, el Servicio podrá tasar, fundadamente, dicho precio o valor en los casos en que éste difiera notoriamente de los valores normales de mercado.

Para los efectos de este artículo se entenderá por valores normales de mercado los que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando, entre otras, las características de la industria, sector o segmento, las funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación que se analice y, en general, cualquier otra circunstancia relevante.

El Servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo con el artículo 63 del Código Tributario, para que aporte todos los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. El contribuyente podrá acompañar estudios para acreditar los valores normales de mercado a través de un informe de valoración que dé cuenta de la determinación de los precios o valores del acto, convención u operación bajo análisis.

El Servicio podrá, por resolución, sugerir la utilización de uno o más métodos de valoración para que los contribuyentes puedan acreditar que sus operaciones se realizan a valores normales de mercado en los términos indicados en el inciso segundo.

Si el contribuyente, en respuesta a la citación efectuada, no logra acreditar que el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado o no concurre o no da respuesta a dicha citación, el Servicio determinará fundadamente tales valores o precios utilizando los medios probatorios aportados por el contribuyente, si los hay, y cualesquiera otros antecedentes de que disponga, y deberá aplicar para tales efectos los métodos señalados. El Servicio podrá requerir información a autoridades extranjeras respecto de los actos, convenciones u operaciones que sean objeto de fiscalización.

Determinados por el Servicio los valores o precios normales de mercado, se practicará la liquidación de impuestos o se dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos, y la determinación de los intereses y multas que correspondan.

En todos aquellos casos en que proceda aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor cuando éste difiera notoriamente de los valores de mercado, y girar de inmediato y sin otro trámite previo el impuesto correspondiente. La tasación y giro podrán ser impugnadas, en forma simultánea, a través del procedimiento a que se refiere el Título II del Libro Tercero.

La diferencia entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y el determinado por el Servicio mediante resolución, liquidación o aquél propuesto por el contribuyente en respuesta a la citación, aceptado por el Servicio o el propuesto mediante declaraciones rectificatorias, se afectará en el ejercicio que corresponda, con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

No se afectarán con este impuesto único las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias presentadas antes de un requerimiento del Servicio sobre la materia, siempre que impliquen un aumento en su base imponible, y deberán tributar con los impuestos generales que correspondan al acto, convención u operación objeto de la rectificatoria.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo respecto de cualquier tipo de reorganizaciones empresariales, tales como fusiones, divisiones, la conversión del empresario individual o aportes de activos de cualquier clase dentro del territorio nacional, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocios. Si se trata de fusiones, divisiones, la conversión o el aporte parcial o total de activos se deberá mantener el costo tributario de los activos en la sociedad absorbente o naciente de una fusión, en la sociedad que nace con ocasión de la división o en la que recibe el aporte de uno o más activos y no se deberán originar flujos efectivos de dinero para el aportante.

Tampoco se aplicará la facultad de tasación a las reorganizaciones empresariales internacionales que produzcan efectos en bienes, acciones o derechos situados en el país, en la medida que cumplan los siguientes requisitos copulativos: exista una legítima razón de negocios; la reorganización se haya efectuado dentro del mismo grupo empresarial; que no se originen flujos de dinero para el aportante y se mantenga el costo tributario de los activos que se transfieren, asignen o aporten con ocasión de la reorganización; que se haya cumplido con las exigencias legales de la jurisdicción extranjera que corresponda y se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile. Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable respecto de reorganizaciones empresariales que impliquen el traslado de la propiedad sea directa o indirecta de bienes, acciones o derechos, situados en el país, a entidades domiciliadas o residentes en países o territorios con régimen fiscal preferencial, a los que se refiere el artículo 41 H o que según la legislación extranjera estén liberados de llevar contabilidad según normas de general aplicación.

Para los efectos del presente artículo se entenderá por legitima razón de negocios, entre otras, aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, así como obtener ventajas competitivas; financiamiento; la eliminación o mitigación de costos o riesgos; aumentar la capacidad productiva o de presencia en el mercado; optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a las anteriormente señaladas y que, en cualquier caso, sea distinta a la meramente tributaria.

Los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación del presente artículo frente a una operación o reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis.”.

26. Sustitúyase el artículo 65 bis por el siguiente:

“Artículo 65 bis.- La unidad del Servicio que realice un requerimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59, o una citación según lo dispuesto en el artículo 63, considerando igualmente aquellos casos en que se radique la competencia en una Dirección Regional distinta a la naturalmente competente conforme a lo establecido en el artículo 59 ter, será competente para conocer de todas las actuaciones de fiscalización posteriores relacionadas con dicho requerimiento o citación, incluyendo los recursos de reposición administrativa establecidos en el artículo 123 bis y las solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora que se conozcan en virtud del N°5 de la letra B del artículo 6.

El Servicio podrá ordenar la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile, cualquiera que sea el territorio jurisdiccional a que corresponda el domicilio del contribuyente, en los casos a que se refieren los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quáter, cuando los hechos, actos o negocios de que se trate involucren a contribuyentes o entidades con domicilio en distintos territorios jurisdiccionales. En tal caso, la Dirección Regional que inició la fiscalización comunicará la referida orden a la Dirección Regional del territorio jurisdiccional del otro contribuyente o entidad. Dicha comunicación radicará la fiscalización del otro contribuyente o entidad ante el Director Regional que emitió la orden, para todo efecto legal, incluyendo los recursos administrativos que pueda interponer el o los contribuyentes y las solicitudes de condonación. Tanto el reclamo que interponga el contribuyente inicialmente fiscalizado como el que interponga el contribuyente o entidad del otro territorio jurisdiccional, deberá siempre presentarse y tramitarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización referida en este inciso.”.

27. Agrégase, a continuación del artículo 65 bis, el siguiente artículo 65 ter, nuevo:

“Artículo 65 ter.- Las actuaciones realizadas por funcionarios dependientes de otro territorio jurisdiccional, que no sean de aquellas reguladas en el artículo 59 ter y en el inciso segundo del artículo 65 bis, se deberán ejecutar conforme las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las siguientes reglas especiales:

1. Será obligatorio el uso del expediente electrónico a que se refiere el N° 16 del artículo 8.

2. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 115, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

3. El recurso de reposición administrativa voluntaria contenido en el artículo 123 bis y la revisión de la actuación fiscalizadora conforme al número 5º de la letra B) del artículo 6, deberán presentarse en la Dirección Regional en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de la resolución, liquidación o giro, sin perjuicio que su tramitación y resolución será realizada por la Dirección Regional o la Dirección de Grandes Contribuyentes, cuando corresponda, que haya emitido el acto.”.

28. En el artículo 68:

a) Agrégase en el inciso sexto, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido la siguiente oración: “Esta misma obligación existe cuando el cambio de socios, la fusión, división o transformación ocurre en el exterior, siempre que produzca un efecto directo en un contribuyente domiciliado o residente en Chile.”.

b) Sustitúyese el inciso décimo por el siguiente:

“El incumplimiento de la obligación de información establecida en este artículo será sancionado conforme al número 1° del artículo 97. Además, cuando dicho incumplimiento provenga de un contribuyente que forme parte de un Grupo Empresarial o sus ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial del incumplimiento o en el inmediatamente anterior, los plazos de prescripción a que se refieren los artículos 200 y 201 se entenderán aumentados o renovados en doce meses, según corresponda, para la revisión de todos los efectos tributarios que se desprendan de las modificaciones y acuerdos no informados, respecto de todos los contribuyentes que intervinieren en ellos, a partir de la fecha en que sean informados al Servicio o de la fecha en que este último detecte el incumplimiento. El plazo de prescripción se aumentará en doce meses a continuación del término de los plazos originales de prescripción y la renovación ocurrirá en la medida que el contribuyente cumpla su obligación de informar o el Servicio detecte el incumplimiento fuera de los plazos originales de prescripción. Con todo el plazo máximo de prescripción, considerando la renovación, no podrá superar los diez años.”.

c) Agrégase a continuación del inciso décimo, los siguientes incisos undécimo, duodécimo y final, nuevos:

“El aumento o ampliación de la prescripción señalado en el inciso anterior procederá exclusivamente cuando el incumplimiento busca evitar el pago de un impuesto, ocultar al sujeto pasivo o evitar la aplicación de una norma especial o general antielusiva. Se encuentran en esta situación los contribuyentes que no declaren un impuesto o declaren un impuesto menor cuyo origen sea la modificación no informada, no presenten una declaración jurada que contenga o de cuenta de la modificación o cuando la información omitida sea esencial para la calificación de una operación como elusiva o para la aplicación de una norma especial para evitar la elusión. Con todo, el Servicio podrá, de oficio, actualizar la información que el contribuyente deba proporcionar conforme al inciso sexto, cuando obtenga dicha información de fuentes públicas o pueda desprenderse de los antecedentes proporcionados por el contribuyente respecto de otro tipo de actuaciones frente al Servicio, la que se incorporará en la carpeta tributaria y se notificará al contribuyente, y no será aplicable en tal caso la multa del inciso anterior.

Las siguientes entidades se encontrarán obligadas a exigir la acreditación de haber efectuado ante el Servicio el trámite de inicio de actividades descrito en el inciso primero, respecto de las personas o contribuyentes que a continuación se señalan, a menos que éstos acrediten que existe una autorización expresa que la libere de esta obligación:

a) Todos los órganos de la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades rspecto de las personas que requieran una autorización para desarrollar una actividad económica o que dicha autorización sea parte de los requisitos a cumplir para ser autorizado a desarrollar una actividad económica habitual.

b) Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, respecto de quienes contraten sus servicios a efectos de desarrollar una actividad económica.

c) Los operadores de plataformas digitales de intermediación que permitan operaciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, respecto de las entidades que ofrezcan sus productos o servicios regularmente a través de dicha plataforma.

La forma de cumplir con la obligación del inciso precedente será regulada por el Servicio mediante resolución.”.

29. En el artículo 69:

a) Reemplázase en el inciso primero el texto que va a continuación del segundo punto y seguido y hasta el punto y aparte, por el siguiente: “Una vez presentado el aviso de término de giro o actividades en la forma señalada precedentemente, el Servicio tendrá un plazo de seis meses para revisar y girar directamente cualquier diferencia de impuestos. Verificado el pago de los impuestos que resulten, se procederá a certificar el término de giro.”.

b) Intercálase a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual inciso segundo a ser quinto y así sucesivamente:

“Si durante el periodo de revisión de la declaración de término de giro el Servicio toma conocimiento de nuevos antecedentes que modifiquen la determinación de impuestos del contribuyente, o que el contribuyente presente antecedentes adicionales que no haya tenido a disposición al momento de realizar la declaración, o en caso que se establezca mediante resolución fundada que sus declaraciones son maliciosamente falsas; se ampliará el plazo en tres meses para efectuar la revisión de los nuevos antecedentes, y deberá comunicar al contribuyente la ampliación respectiva.

El Servicio podrá poner término al procedimiento iniciado por la solicitud del contribuyente cuando no se hayan aportado los antecedentes señalados en el inciso primero. Para estos efectos se deberá notificar al contribuyente e informarle que tiene un plazo de cinco días para aportar los antecedentes faltantes. Si el contribuyente aporta los antecedentes, el plazo indicado en el inciso primero comenzará a correr desde la fecha en que todos los antecedentes fueron debidamente aportados. Cuando el contribuyente no aporte los antecedentes requeridos se procederá a dejar sin efecto la solicitud de término de giro, mediante una resolución que deberá señalar los antecedentes que no fueron aportados por el contribuyente.

Transcurridos los plazos de revisión mencionados en los incisos precedentes, según corresponda, el funcionario a cargo certificará el término de la revisión. En caso de que el Servicio no se pronuncie en los plazos mencionados, se entenderá aceptada la declaración del contribuyente, circunstancia que lo habilitará para solicitar el giro inmediato de los impuestos, conforme al contenido de su declaración.”

c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“Aceptada o teniéndose por aceptada la declaración de término de actividades formulada por el contribuyente, el Servicio quedará inhibido para ejercer ulteriores fiscalizaciones, y deberá notificar al contribuyente el cierre definitivo del procedimiento dentro del plazo de quince días. No obstante, si se encuentran vigentes los plazos de revisión según el artículo 200, el Servicio podrá iniciar un procedimiento de fiscalización y/o citar al contribuyente conforme el artículo 63, cuando con posterioridad a la certificación de término de giro, se tome conocimiento de nuevos antecedentes y ellos dieren lugar a la aplicación de los artículos 4 ter o 4 quáter. En estos casos la notificación deberá ser efectuada a los socios del contribuyente que realizó el término de giro y en caso de determinarse alguna diferencia de impuestos ésta será de responsabilidad de las sociedades continuadoras en caso de existir o de quienes sean los beneficiarios o titulares de las entidades disueltas.”.

d) Sustitúyese el inciso quinto, que ha pasado a ser inciso octavo, por el siguiente.

“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, los contribuyentes sujetos al artículo 14 letra D) de la Ley sobre impuesto a la renta podrán solicitar un término de giro simplificado siempre que además de la declaración y los antecedentes señalados en el inciso primero acompañen una declaración en la respectiva escritura pública donde el propietario, los accionistas, socios o comuneros se hagan responsables solidariamente de todos los impuestos que se adeuden por la empresa cuyo término de giro se solicita. En estos casos el Servicio procederá dentro del plazo de un mes a girar los impuestos conforme a la declaración del contribuyente y a certificar el término de giro una vez verificado el pago. No obstante, el Servicio podrá girar y determinar cualquier diferencia de impuestos o proceder a iniciar un proceso de fiscalización dentro del plazo de seis meses de efectuada la solicitud de término de giro, ampliable por tres meses cuando proceda lo dispuesto en el inciso segundo. En este caso deberá notificar a él o los socios, accionistas o comuneros, según corresponda.”.

e) Reemplázase en el inciso octavo, que ha pasado a ser inciso undécimo, la oración “refiere el inciso quinto” por “refieren los dos incisos anteriores”.

f) Sustitúyese inciso final por el siguiente:

“Cuando un contribuyente presente 6 o más períodos tributarios continuos sin presentar declaraciones mensuales de impuestos el Servicio podrá disponer acciones que permitan establecer si el contribuyente ha cesado o cesará el giro de sus actividades y así resguardar debidamente el interés fiscal. Transcurridos seis meses desde la materialización de las acciones impulsadas por el Servicio sin que el contribuyente haya manifestado su decisión de continuar con sus operaciones o haya reiniciado su actividad presentando regularmente sus declaraciones mensuales y siempre que no tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos, y no posea deudas tributarias, se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que deberá ser declarado por el Servicio mediante resolución y sin necesidad de citación previa. Dicha resolución podrá ser revisada conforme a lo dispuesto en el número 5°. de la letra B. del inciso segundo del artículo 6 o conforme lo dispuesto en el artículo 123 bis, sin perjuicio de poder reclamar conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la resolución que se dicte en dicho procedimiento. El Servicio agregará en la carpeta tributaria electrónica del contribuyente los antecedentes del caso, incluyendo la constancia que el contribuyente no tiene deuda tributaria vigente, en la forma señalada en el número 16 del artículo 8. Misma presunción será aplicable cuando, sin mediar acción del Servicio, hayan transcurrido 36 o más periodos tributarios sin operaciones, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el presente inciso.”.

30. Agrégase a continuación del artículo 85 bis, el siguiente artículo 85 ter, nuevo:

“Artículo 85 ter.- Las entidades financieras indicadas en la letra a) del artículo 85 bis deberán proporcionar al Servicio información de la cantidad de abonos que reciban titulares que sean personas naturales o jurídicas o patrimonios de afectación, con domicilio o residencia en Chile o que se hayan constituido o establecido en el país, cuando se cumplan los requisitos señalados a continuación:

1. Que dentro de un mismo día, semana o mes se produzcan más de 50 abonos en las cuentas antes indicadas provenientes de 50 o más personas o entidades diferentes o que dentro de un semestre presenten al menos 100 abonos de 100 personas o entidades diferentes.

2. Que se trate de titulares que no se encuentren dentro de aquellos cuya información deba ser reportada por aplicación de las disposiciones de la letra c) del artículo 85 bis.

La información a entregar al Servicio será aquella que permita identificar al titular de la cuenta, incluyendo su rol único tributario, la identificación de la cuenta, la cantidad de abonos que se han producido por parte de personas o entidades diferentes dentro de los períodos señalados en el número 1 y si la cantidad de abonos descrita en dicho número se ha superado en más de un período. La información a entregar no contendrá el monto de los abonos ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información que da cuenta este artículo deberá ser remitida al Servicio de manera semestral dentro de los meses de julio y enero respecto del semestre inmediatamente anterior.

Asimismo, cuando el Servicio cuente con información que le permita presumir que un contribuyente esté sub declarando sus ingresos o realizando otro tipo de ilícito tributario podrá solicitar que las entidades financieras obligadas a informar le entreguen información sobre la cantidad de abonos recibidos dentro de alguno de los períodos señalados en el número 1 respecto de las cuentas en que dicho contribuyente sea titular, identificando dichas cuentas. En ningún caso esta información podrá incluir los montos de las operaciones informadas, ni información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos.

La información recabada por el Servicio mediante las disposiciones de este artículo que no dé lugar a una fiscalización deberá ser eliminada en el plazo máximo de tres años desde su recepción. Asimismo, las entidades financieras deberán eliminar los reportes que hayan presentado ante el Servicio dentro de los treinta días siguientes a su remisión al Servicio.

La no entrega de la información al Servicio de forma oportuna y completa por parte de una entidad financiera será sancionada con el equivalente a una unidad tributaria anual por cada uno de los casos que debieron ser informados por aplicación de los números 1 y 2 del presente artículo, sin embargo, la multa total a pagar por cada entidad financiera no podrá exceder de las quinientas unidades tributarias anuales por cada período en que se debió reportar la información. La entrega de información falsa por parte del titular del producto o instrumento a reportar será sancionada con la multa establecida en el párrafo final del número 4 del artículo 97.

La información a la que accederá el Servicio por aplicación del presente artículo tendrá el carácter de reservada conforme a las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, no podrá ser divulgada en forma alguna, y podrá ser sólo utilizada para los objetivos de fiscalización. El incumplimiento de la reserva se sancionará con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de setenta a quinientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la destitución del cargo del funcionario incumplidor.”.

31. En el artículo 97:

a) En su numeral 4:

i. En el párrafo primero:

- Reemplázase la palabra “cincuenta” por “cien”.

- Reemplázase la expresión “tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo” por “tributo evadido y con presidio menor en su grado máximo”.

ii. Reemplázase en el párrafo tercero la expresión “simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra” por la frase “mediante cualquier”.

iii. Sustitúyese el párrafo quinto por el siguiente:

“El que confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas, con o sin timbre del Servicio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.”.

iv. Agrégase a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo:

“El que incurra en alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior para cometer o posibilitar la comisión de los delitos de este número, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo y multa de hasta 100 unidades tributarias anuales.”.

b) Agrégase en el párrafo primero del numeral 6º, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Sin embargo, respecto de contribuyentes cuyos ingresos por ventas y servicios y otras actividades del giro hayan superado las 50.000 unidades de fomento durante el año comercial inmediatamente anterior, que no exhiban o aporten antecedentes específicamente requeridos en un procedimiento de fiscalización iniciado conforme el artículo 59, les será aplicable la multa establecida en el párrafo siguiente con las mismas limitaciones.”.

c) En el primer párrafo de su numeral 9º:

i. Elimínase la palabra “efectivamente”.

ii. Intercálase entre la palabra “clandestino” y la expresión “del comercio” la frase “en cualquier de sus formas”.

d) En el numeral 10º:

i. Intercálase en el párrafo primero, entre la voz “otorgamiento” y la conjunción “de”, la frase “o el no envío de la información electrónica al Servicio”.

ii. Sustitúyese el párrafo segundo por el siguiente:

“En el caso de las infracciones señaladas en el párrafo primero, éstas además deberán ser sancionadas con clausura de hasta veinte días de la oficina, estudio, establecimiento, sucursal, medio de transporte, maquinaria o similar en que se haya cometido la infracción, o de la plataforma virtual o digital a través de la cual el contribuyente realiza el ejercicio de la actividad comercial. Asimismo, no se autorizará ni se permitirá la emisión al contribuyente de documentos tributarios. En caso de reiteración de infracciones, de acuerdo al párrafo tercero, el Director podrá solicitar la suspensión del dominio web o suspender el acceso al proveedor de pago o similar por el periodo que dure la clausura.”.

iii. Reemplázase en el párrafo tercero la frase “el inciso primero” por la expresión “este número”.

e) Intercálase en el numeral 12º, entre la expresión “corresponda,” y la conjunción “con” la frase “el uso de medios de transporte, maquinarias o similares, el uso de la plataforma virtual o digital mediante la cual realiza su actividad, o la emisión de documentos tributarios en papel o electrónicos,”.

f) En el numeral 17°:

i. Agrégase en el párrafo primero, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En caso de que los bienes movilizados o trasladados no hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio sean falsos o se trate de bienes cuya comercialización se encuentra prohibida, la multa será del 20% al 300% de una unidad tributaria anual.”.

ii. Agrégase en el párrafo segundo, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En caso de que la infracción se cometa a propósito de la movilización o traslado de los bienes indicados en la oración final del párrafo anterior, se procederá a la incautación de los bienes.”.

iii. Intercálase en el párrafo tercero, entre las expresiones “más inmediato” y “sin más trámite”, la expresión “, y en el menor plazo posible,”.

g) Sustitúyese su numeral 22 por el siguiente:

“22. El que autorice folios de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito, notas de débito u otros documentos tributarios electrónicos a sabiendas que serán utilizados para defraudar al Fisco, será sancionado con pena de presidio menor en su grado máximo y multa de hasta 10 unidades tributarias anuales.”.

h) Agrégase a continuación del numeral 26, el siguiente numeral 27, nuevo:

“27. El que habiendo tomado conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o liquidación del impuesto o el cobro judicial de obligaciones tributarias, ejecute actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo sin otra justificación económica o jurídica que la de perjudicar a la administración tributaria o frustrar total o parcialmente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo.”.

32. Sustitúyese el artículo 100 bis por el siguiente:

“Artículo 100 bis.- La persona natural o jurídica, respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios respecto de los que se hubiera declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4 ter, 4 quáter, y 4 quinquies, será sancionada con las multas que se indican a continuación.

La persona que haya diseñado o planificado los actos, contratos o negocios distinta del contribuyente, será sancionada con multa de 100 unidades tributarias anuales, salvo que: (a) exista reiteración respecto del mismo diseño o planificación, en cuyo caso la multa será de 250 unidades tributarias anuales; o (b) se acredite que los honorarios pactados sean superiores a 100 unidades tributarias anuales, caso en el cual la multa podrá extenderse hasta el total de los honorarios pactados con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de que el tercero fuese una persona jurídica, serán solidariamente responsables las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes o administradores del asesor, si han infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto de éste, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

En aquellos casos en que no exista un tercero que haya diseñado o planificado los actos, negocios o contratos respecto de los cuales se hubiere declarado la existencia de abuso o simulación, según lo dispuesto en los artículos 4 ter, 4 quáter, y 4 quinquies, o cuando existiendo el tercero el contribuyente no lo haya identificado dentro del proceso de fiscalización, será el contribuyente el sancionado con una multa equivalente al 100% de las diferencias de impuesto determinadas con un tope de 250 unidades tributarias anuales. En caso de existir, serán solidariamente responsables de la multa la o las personas naturales o jurídicas que hayan ejercido el cargo de directores, representantes y/o administradores de los mencionados contribuyentes al momento de cometerse el conjunto o series de hechos, actos o negocios jurídicos, si hubieren infringido sus deberes de dirección y supervisión respecto del contribuyente sancionado, en consideración a los estándares establecidos en la Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

No aplicará la multa dispuesta en el inciso anterior respecto de contribuyentes que determinen sus rentas conforme a lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de la Renta.

En caso que el contribuyente haya deducido reclamo respecto de la resolución que declara el abuso o simulación en los términos que señala el artículo 4 quinquies, el Servicio sólo podrá solicitar la multa a que se refiere el presente artículo dentro del mismo procedimiento. Si no existe reclamo por parte del contribuyente, las multas deberán ser solicitadas por el Servicio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 161.

La prescripción de la acción para perseguir las sanciones pecuniarias al contribuyente o a sus directores, representantes y/o administradores, cuando corresponda, será de seis años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión. En aquellos casos en que el contribuyente haya deducido reclamo, precluirá la acción del Servicio si no se interpone al momento de presentar la contestación al reclamo dentro del plazo del artículo 132. En el caso de la acción contra el asesor, la prescripción será de seis años contados desde la notificación de la resolución que declare la elusión o, en caso de existir reclamo, desde que la sentencia que rechace el reclamo se encuentre ejecutoriada.”.

33. Agrégase a continuación del artículo 100 bis, los siguientes artículos 100 ter, 100 quáter y 100 quinquies, nuevos:

“Artículo 100 ter.- Constituye una circunstancia calificada para que el Director decida perseguir únicamente la aplicación de una sanción pecuniaria según señala el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario, la cooperación eficaz que un contribuyente realice dentro del procedimiento de recopilación de antecedentes a que se refiere el N° 10 del artículo 161 y siempre que conduzca al esclarecimiento de delitos tributarios y permita la identificación de los demás responsables. Se entenderá por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones sustanciales, precisos, verídicos y comprobables, desconocidos por el Servicio, sin los cuales no se hubiese podido alcanzar los fines señalados.

El Servicio, mediante resolución, establecerá los parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

En el evento que la mencionada cooperación eficaz se verifique durante la investigación a cargo del Ministerio Público una vez presentada la denuncia o querella en los términos del inciso primero del artículo 162, se podrá reducir la pena hasta en dos grados, siempre que la colaboración también se efectúe con el Ministerio Público. La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas generales.

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable cuando la colaboración se refiera a delitos cometidos únicamente por el contribuyente.

Artículo 100 quáter.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos las personas naturales que de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio mediante resolución colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación de éstos, o de la participación del presunto infractor o imputado de dichos delitos. No tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o ejerzan un cargo de administración o dirección respecto de la entidad denunciada cuando corresponda o los abogados que hubiesen prestado asesoría, durante los tres años anteriores a efectuar la denuncia. Del mismo modo, no podrán acogerse al procedimiento señalado en este artículo las personas naturales querelladas, con una investigación formalizada en su contra, acusadas o que se encuentren cumpliendo condena, por delitos tributarios. Lo mismo regirá cuando respecto de cualquiera de los sujetos mencionados se haya ejercido la facultad de perseguir la multa de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 100 bis o en el artículo 161, ni quienes hayan recibido la información de las personas inhabilitadas en los términos de este inciso.

La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita el Servicio en la que se indique el cumplimiento de los requisitos del inciso anterior, la que deberá ser notificada al denunciante mediante correo electrónico. La resolución del Servicio a que se refiere este inciso, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Las Policías, a requerimiento del Servicio, deberán adoptar todas las medidas de protección para el denunciante que sean pertinentes según las necesidades de cada caso.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pueda interponer para resarcir los perjuicios causados. En caso de que el sancionado tenga la calidad de denunciante anónimo según lo dispuesto en el inciso anterior, de forma adicional perderá dicha calidad.

La resolución señalada en el inciso segundo y la identidad del denunciante anónimo, así como aquellos antecedentes que puedan servir para su identificación, tendrán el carácter de reservados conforme las reglas establecidas en los artículos 35 y 206, y no podrán ser divulgados en forma alguna. Únicamente podrán ser utilizados para cumplir con los objetivos de investigación que le son propios, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato. Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, y le será aplicable la facultad de abstenerse de declarar únicamente sobre dichos antecedentes, en los términos previstos en el artículo 303 del Código Procesal Penal y en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil. La infracción de la reserva de la información obtenida mediante las disposiciones de este artículo se sancionará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñe funciones en el Servicio o en otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

De igual forma, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a hechos constitutivos de delitos tributarios y aduaneros tendrá el carácter de secreta, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso segundo, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso tercero.

El denunciante anónimo que colabore con el Servicio de conformidad a lo dispuesto en este artículo no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración, salvo que proceda la excepción establecida en el inciso tercero.

Artículo 100 quinquies.- En aquellos casos que producto de la información proporcionada se imponga judicialmente al imputado o infractor la obligación de pagar un monto de dinero por concepto de multa no inferior al mínimo que establece el delito, ya sea en el proceso penal o en un procedimiento bajo el artículo 161, con ocasión de haberse ejercido la opción del inciso tercero del artículo 162, el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir el 10% de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

Cuando distintos denunciantes anónimos hayan colaborado en las mismas conductas sancionadas, el premio señalado en el inciso anterior se distribuirá en la forma que determine el Servicio mediante resolución.

Una vez enterada la multa por el infractor en la Tesorería General de la República corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto correspondiente, según indique el Servicio mediante resolución fundada. La Tesorería General de la República deberá comunicar el pago tan pronto ello haya ocurrido, y deberá tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo anterior.

El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente artículo no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario.”.

34. En el artículo 101:

a) Reemplázase en el encabezado de su inciso primero la frase “dos meses” por “cinco meses y el 50% de su remuneración”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la frase “será sancionado con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal” por la oración “será sancionado con la destitución de su cargo y multa del cien por ciento del beneficio solicitado o aceptado como remuneración o recompensa, sin perjuicio de las penas contenidas en el Código Penal. En este caso, el plazo señalado en la letra e) del artículo 12 del Estatuto Administrativo será de diez años”.

35. En el artículo 115:

a) En su inciso segundo:

- Reemplázase el punto y seguido por una coma.

- Sustitúyese el texto que se encuentra a continuación del punto y seguido sustituido por una coma, por la siguiente frase: “, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.”.

b) Agrégase a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser inciso cuarto y quinto respectivamente:

“Cuando las liquidaciones, giros o resoluciones fueren emitidos por unidades de la Dirección Nacional, o el pago corresponda a giros efectuados por estas mismas unidades, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de revisión, citación, liquidación o giro. Esta misma regla será aplicada para efectos de la reclamación en contra de la resolución que declara la existencia de abuso o simulación. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 bis, en cuyo caso será competente para conocer el reclamo el tribunal señalado en dicha disposición.”.

c) Intercálase en el inciso final, entre la expresión “dicha sucursal” y el punto final la siguiente frase: “, a menos que proceda lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 ter”.

36. Suprímese el artículo 121.

37. En el artículo 123 bis:

a) Reemplázase el encabezado del inciso primero por el siguiente:

“Artículo 123 bis.- Será procedente el recurso de reposición administrativa, en conformidad a las normas del Capítulo IV de la ley Nº 19.880, respecto de los actos a que se refiere el artículo 124, con las siguientes modificaciones:”.

b) Agrégase en el literal e) del inciso primero, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la oración “No deberá darse esta audiencia cuando el recurso sea declarado inadmisible por resolución fundada o cuando sea acogido completamente por el Servicio.”.

c) Agrégase, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No será procedente el presente recurso de reposición administrativa referido contra las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 quinquies.”.

38. Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124.- Toda persona podrá reclamar de la totalidad o de algunas de las partidas o elementos de una liquidación, giro, pago o resolución que incida en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo. También podrá reclamarse de la resolución que declara la elusión junto a las liquidaciones a que dé lugar. En los casos en que haya liquidación y giro, no podrá reclamarse de éste, salvo que dicho giro no se conforme con la liquidación que le haya servido de antecedente.

Asimismo, podrá reclamar del avalúo asignado a un bien raíz en una tasación general, y de los giros de impuesto territorial que se emitan en virtud de dicha tasación cuando éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, siempre que se fundamente en alguna de las siguientes causales:

1. Determinación errónea de la superficie de los terrenos o de algún otro factor que influya en su avalúo fiscal o sus construcciones, salvo en lo que diga relación con la asignación del valor a un área homogénea en específico.

2. Aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien gravado, o de una parte de él, así como la superficie de las diferentes calidades de terreno.

3. Errores de transcripción, de copia o de cálculo.

4. Inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos en que dicho mayor valor deba ser excluido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley N° 11.575.

También serán reclamables las modificaciones individuales de avalúo de un inmueble y de los giros que se emitan en virtud de dichas modificaciones siempre que éstos no se conformen al avalúo vigente para la propiedad respectiva a la fecha de la emisión del giro, cuando los contribuyentes se consideren perjudicados por dichas modificaciones de sus predios o cuando ellas fueran efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del Título V de la Ley sobre Impuesto Territorial y en los artículos 25 y 26 de la ley N° 15.163.

En todos los casos, si hay giro y pago, no podrá reclamarse de este último, sino en cuanto no se conforme al giro.

Podrá reclamarse, asimismo, de la resolución administrativa que deniegue cualquiera de las peticiones a que se refiere el artículo 126.

Si hay resolución que declare la elusión y liquidación, giro o resolución que determine diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto de la misma norma, deberán interponerse, dentro del mismo reclamo tanto las acciones relacionadas a la revisión de la declaración de elusión así como aquellas destinadas a modificar las liquidaciones, resoluciones o giros que determinen diferencias de impuestos o elementos que sirvan de base para determinarlo.

Para la interposición del reclamo por cualquiera de las causales señaladas anteriormente, el reclamante siempre deberá invocar un interés actual comprometido.

El reclamo deberá interponerse en el término fatal de noventa días, contado desde la notificación correspondiente o, en el caso al que se refiere el inciso tercero, desde el envío del aviso respectivo. Con todo, dicho plazo fatal se ampliará a un año cuando el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, pague la suma determinada por el Servicio dentro del plazo de noventa días, contado desde la notificación correspondiente.

El plazo para la interposición del reclamo, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo, será dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de término de exhibición de los roles de avalúo.

Si no pudieran aplicarse las reglas precedentes sobre computación de plazos, éstos se contarán desde la fecha de la resolución, acto o hecho en que la reclamación se funde.

La resolución que califica las declaraciones, documentos, libros o antecedentes como no fidedignos conforme al inciso segundo del artículo 21 será reclamable conjuntamente con la resolución, liquidación o giro en que incida.

Sin perjuicio de la acumulación de autos que fuere procedente en conformidad a las normas del Código de Procedimiento Civil, tendrá siempre lugar la acumulación de autos en los casos de reclamos interpuestos por distintos contribuyentes respecto de las liquidaciones, giros y resoluciones emitidas por aplicación de los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies, cuando éstos emanen directa e inmediatamente de los mismos hechos, y deberá acumularse en el Tribunal Tributario y Aduanero que primero confiera traslado al Servicio.”.

39. Sustitúyese el artículo 130 por el siguiente:

“Artículo 130.- Se formará el proceso en soporte electrónico, con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello, el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante “el Sistema”, y cada uno de los expedientes como “expediente” o “carpeta electrónica”. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que por su naturaleza no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente.

Durante la tramitación sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá mediante el envío de la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.

Ninguna pieza del expediente electrónico podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el Tribunal que conoce de la causa. Las partes, efectuarán sus presentaciones al Tribunal por medio digital o electrónico, y cargarán sus escritos y documentos en el Sistema a través del sitio en internet de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el cual entregará el comprobante de recepción correspondiente cuando éstos hayan sido recibidos. No obstante lo anterior, y atendido el volumen de los antecedentes, el Tribunal siempre podrá exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen al proceso sea presentados en forma física, ya sea en formato físico propiamente tal, o bien a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Igual derecho tendrán las partes en caso que por el tamaño y volumen de los antecedentes no puedan presentarlos digitalmente. Si los documentos se presentan materialmente en el Tribunal, quedarán bajo la custodia del Secretario abogado, y deberá dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.”.

40. En el artículo 131 bis:

a) En el inciso tercero:

i. Reemplázase la frase “carta certificada” por “correo electrónico”.

ii. Reemplázase la oración “al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por “el mismo día del envío del correo por parte del tribunal”.

b) En el inciso cuarto:

i. Reemplázase la oración “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia” por “una o más direcciones de correo electrónico”.

ii. Reemplázase la oración “no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada”, por “no designe otra”.

c) Agrégase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos sexto y séptimo:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio la parte interesada en su comparecencia o en la actuación correspondiente deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar su domicilio. En estos casos, la notificación se efectuará por carta certificada y entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En el evento que la notificación por correo electrónico no pueda realizarse porque el contribuyente, o su abogado patrocinante en aquellos casos en que actúe representado, manifiesten expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal calificada que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, el tribunal siempre podrá disponer que las resoluciones a que se refieren los incisos precedentes, sean notificadas personalmente, por cédula o por carta certificada. Al efecto, el tribunal estará facultado para designar a un funcionario que, en calidad de receptor ad-hoc, realice la diligencia de notificación personal o por cédula. En el caso que la notificación se realice por carta certificada, ella podrá efectuarse a través de cualquiera de las empresas de servicio de correo legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal.”.

41. En el artículo 132:

a) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, y deberá considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”.

b) Agrégase a continuación del inciso undécimo, el siguiente inciso duodécimo, nuevo:

“Cuando el objeto del reclamo sea por aplicación de los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies el juez deberá además fundar su decisión considerando la naturaleza económica de los hechos imponibles conforme lo establecido en el artículo 4 bis.”.

c) Sustitúyese en el inciso decimocuarto, que ha pasado a ser decimoquinto, la frase "No obstante lo anterior, los actos” por “Los actos”.

42. En el artículo 132 bis:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente por el contribuyente en el reclamo o se trate de casos en que el tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“El llamado a conciliación no procederá en los reclamos producto de la aplicación del artículo 161, con excepción de la liquidación, giro o diferencias que incidan en el pago de un impuesto o en los elementos que sirvan de base para determinarlo en caso que se reclamen en conjunto, conforme al artículo 124 inciso segundo; en aquellos que digan relación con hechos respecto de los cuales el Servicio haya ejercido la acción penal, y en los reclamos de liquidaciones, resoluciones o giros de impuesto que se relacionen con los hechos conocidos en los procedimientos a que se refiere este inciso.”.

43. En el artículo 132 ter:

a) En su inciso segundo:

i. Reemplázase la frase “el Director resolverá los términos en que, a su juicio exclusivo,” por “el Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional resolverá los términos en los que”.

ii. Eliminase el texto a continuación del punto y seguido que pasa a ser punto y aparte.

b) Reemplázase en su inciso tercero la palabra “Director” por “Comité Nacional de casos relevantes o de interés institucional”.

44. En el inciso primero del artículo 137:

a) Intercálase entre la palabra “Título” y la expresión “, la medida cautelar”, la frase “y en todos aquellos procedimientos donde una ley o artículo especial lo autorice”.

b) Intercálase entre la palabra “específicos” y la expresión “del contribuyente” la frase “o la retención de bienes determinados”.

45. Agrégase a continuación del artículo 137 el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Artículo 137 bis.- Previo a la notificación de una liquidación cuyo origen sea una procedimiento por aplicación del artículo 4 quinquies o de aquellos regulados en el artículo 161, el Servicio podrá solicitar las medidas cautelares reguladas en el artículo anterior en carácter de prejudicial, ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente en aquellos casos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo u otras circunstancias de las cuales se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, en su oportunidad.

La solicitud deberá contener los fundamentos que dan cuenta que se trata de alguno de los procedimientos señalados en el inciso primero, los hechos en los cuales se funda y el monto de las diferencias de impuesto determinadas. La solicitud será tramitada como incidente y serán procedentes los recursos establecidos en el inciso tercero del artículo 137.

Decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la medida decretada. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley. El contribuyente podrá en cualquier momento solicitar la sustitución de la medida decretada o que ésta se practique sobre otros bienes siempre que la medida o el bien en reemplazo sea de una entidad similar.

La medida se encontrará vigente durante el plazo establecido en el artículo 124 para deducir el reclamo tributario. Deducido el reclamo el Servicio deberá señalar los fundamentos por los cuales se justifica la permanencia de la medida decretada al momento de evacuar el traslado al que se refiere el artículo 132. En cualquier etapa del juicio el contribuyente podrá solicitar el cese de la medida si acredita que ha desaparecido el peligro sobre el cual se fundó la solicitud del Servicio.

En aquellos casos que transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior el contribuyente no hubiera deducido reclamación la medida decretada se mantendrá vigente hasta que el Servicio de Tesorerías haya iniciado el procedimiento establecido en el Título V del libro III.

En ningún caso el Servicio podrá solicitar estas medidas si se trata de deudas inferiores a 250 unidades tributarias mensuales o cuando se refiera a contribuyentes que declaren sus rentas según el artículo 34 o según las disposiciones del párrafo segundo del Título II, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

46. Intercálase en el artículo 148, entre las palabras “Primero” y “del” la expresión “y Segundo”.

47. Elimínase el Párrafo 1° del Título III del Libro Tercero.

48. En el artículo 156:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Si fuere necesario allegar nuevos antecedentes al proceso para una mejor resolución del asunto, el Juez Tributario y Aduanero podrá, de oficio, decretar las diligencias probatorias que estime pertinentes, para lo cual dispondrá del plazo de diez días a contar del vencimiento del término probatorio.”.

b) Intercálase en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, entre la palabra “probatorio” y la expresión “, el Juez” la oración “o, en su caso, expirado el plazo especial referido en el inciso anterior”.

49. En el artículo 161:

a) En el numeral 1° de su inciso primero:

i. Reemplázase en el párrafo primero la palabra “imputado” por “denunciado”.

ii. Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“El acta señalada en el inciso anterior deberá ser presentada ante el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del denunciado, junto con la documentación y antecedentes que le sirven de sustento y un correo electrónico del denunciado. El Tribunal la tendrá por recibida mediante una resolución que será notificada al denunciado por correo electrónico y, en subsidio, a través de su publicación en el sitio web del respectivo tribunal. Para efectos de la notificación por correo electrónico al denunciado el tribunal deberá considerar la dirección electrónica que haya informado el Servicio, sin perjuicio que de existir otra dirección informada por el propio denunciado al tribunal deberá estarse a esta última.”.

b) Sustitúyese el primer párrafo del numeral 2º por el siguiente:

“2° El denunciado podrá formular sus descargos dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación de la resolución referida en el numeral precedente. Dicha presentación deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 125.”.

c) Intercálase en el párrafo primero del numeral 3°, entre las expresiones “constituyen,” y “en forma”, la frase “así como aquellas señaladas en el artículo 137,”.

d) Sustitúyese el numeral 4° por el siguiente:

“4° Presentados los descargos se conferirá traslado al Servicio por el término de diez días. Vencido el plazo que dispone el denunciado para formular descargos o, en su caso, vencido el plazo de que dispone el Servicio para evacuar su traslado respecto de los descargos formulados, haya contestado o no, el Tribunal Tributario y Aduanero, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. La resolución que se dicte al efecto señalará los puntos sobre los cuales deberá recaer la prueba. En su contra sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación. De interponerse apelación, deberá hacerse siempre en subsidio de la reposición y procederá en el solo efecto devolutivo. El recurso de apelación se tramitará en cuenta y en forma preferente. El término probatorio será de veinte días y dentro de él se deberá rendir toda la prueba. El Servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.

Vencido el término probatorio y dentro de los diez días siguientes las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Si no fuera necesario cumplir nuevas diligencias, o cumplidas las que se hubieren ordenado, el Juez Tributario y Aduanero que esté conociendo del asunto citará a las partes a oír sentencia.

El Tribunal Tributario y Aduanero tendrá el plazo de sesenta días para dictar sentencia, contado desde que el tribunal dicte la resolución a que se refiere el inciso anterior.”.

50. Agrégase en el artículo 168 el siguiente inciso final, nuevo

“Para practicar las notificaciones por correo electrónico establecidas en el presente título, así como cualquier otra comunicación con el contribuyente, el Servicio de Tesorerías podrá utilizar el correo electrónico que el contribuyente haya registrado para estos efectos ante el Servicio de Impuestos Internos según el artículo 11. Dicho correo electrónico quedará registrado en el sitio personal del contribuyente quien estará facultado para modificarlo. Para ello deberá ingresar una nueva dirección de correo electrónico que será la válida para las actuaciones dispuestas en el presente inciso a partir del día siguiente de efectuada la modificación.”.

51. En el inciso segundo del artículo 169:

a) Intercálase entre la palabra “internas” y la expresión “la forma” la siguiente: “el soporte y”.

b) Agrégase después del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Las piezas que componen los expedientes administrativos de cobro tendrán el carácter de documentos electrónicos o digitalizados, según corresponda. Para estos efectos existirá un sistema de tramitación electrónica en el sitio web del Servicio de Tesorerías, apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido, a fin de que los contribuyentes realicen sus requerimientos en los procesos de cobro seguidos en su contra.”.

52. En el artículo 170:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “que estampará en” por “a continuación de”.

b) Elimínase el inciso tercero, pasando el inciso cuarto actual a ser el inciso tercero nuevo.

c) En el inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero:

i. Reemplázase la frase “Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula” por la siguiente: “La ejecución podrá recaer sobre dineros, créditos u otras prestaciones en dinero que los contribuyentes morosos tengan derecho a percibir en razón de un contrato u obligación personal, una vez que se haya practicado el requerimiento de pago conforme a lo establecido en el artículo 171. El juez sustanciador ordenará la retención mediante resolución, que será notificada por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda, al deudor y”.

ii. Reemplázase la frase “moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero” por la frase “aquella prestación en dinero o que la mantenga en depósito o bajo cualquier otro título”.

d) Agrégase a continuación del inciso cuarto, que ha pasado a ser tercero, el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior el Servicio de Tesorerías podrá implementar sistemas de comunicación y notificación por otros medios electrónicos distintos al correo electrónico respecto de las personas que deban practicar las retenciones enunciadas en el inciso anterior.”.

e) En el inciso quinto:

i. Reemplázase la frase “sueldos o remuneraciones” por “sueldos, remuneraciones, créditos u otras prestaciones de dinero”.

ii. Elimínanse las expresiones “del embargo” y “el pago de”.

iii. Reemplázase la expresión “la cancelación” por “el pago”.

f) Sustitúyese el inciso sexto por el siguiente:

“La persona natural o jurídica que deba efectuar la retención deberá dar cuenta del resultado de la gestión en el plazo de diez días hábiles contados desde la fecha en que se le notifique la resolución que ordena la retención y remitir los fondos mediante depósito, transferencia electrónica o el medio electrónico que haya dispuesto para estos efectos el Servicio de Tesorerías. En caso de que no de cumplimiento a la retención ordenada, quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener o de remitir al Servicio de Tesorerías.”.

53. En el artículo 171:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 171.- La notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago al deudor se efectuará personalmente por el recaudador fiscal, quien actuará como ministro de fe, o bien, en las áreas urbanas, por correo electrónico o carta certificada conforme a las normas de los incisos quinto, sexto, séptimo y octavo del artículo 11 y del artículo 13, cuando así lo determine el juez sustanciador atendida las circunstancias del caso. Si se trata de la notificación personal, si el ejecutado no es habido, circunstancia que se acreditará con la certificación del funcionario recaudador, se le notificará por cédula en los términos previstos en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. En este caso no será necesario cumplir con los requisitos señalados en el inciso primero de dicho artículo, ni se necesitará nueva providencia del Tesorero respectivo para la entrega de las copias que en él se dispone. La notificación hecha por carta certificada o por cédula, según el caso, se entenderá válida para todos los efectos legales y deberá contener copia íntegra del requerimiento. No obstante, el plazo para oponerse a la ejecución se contará desde la fecha en que se haya practicado el primer embargo. Si se trata del impuesto territorial, el Servicio de Tesorerías determinará la empresa de correos más apropiada para el despacho de la citada carta.”.

b) Agregánse a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso cuarto y así sucesivamente:

“Cualquier resolución que no tenga asignada otra forma de notificación será practicada por correo electrónico dirigido a la dirección registrada en el sitio personal del contribuyente. El correo deberá incluir copia íntegra de la resolución y los demás datos necesarios para su acertada inteligencia. Cuando por disposición legal no proceda la notificación mediante correo electrónico, el Servicio de Tesorerías igualmente deberá remitir copia de ésta al correo electrónico del contribuyente que conste en su sitio personal o comunicársela mediante otros medios electrónicos. En dichos casos, el envío de esta copia sólo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación.

Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actúen excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar fundadamente al Servicio de Tesorerías que todas las notificaciones les sean practicadas por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado. El Servicio de Tesorerías, mediante resolución, establecerá la forma en que se realice dicha solicitud para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos antes señalados. Asimismo, el Servicio de Tesorerías podrá establecer mediante resolución que las notificaciones que se realicen a contribuyentes domiciliados en determinadas zonas o comunas sean practicadas por cédula o carta certificada debido a la baja o nula conectividad, sin que en este caso se requiere presentar la solicitud indicada en el presente inciso.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “el inciso precedente” por “los incisos precedentes”.

d) En el inciso cuarto, que ha pasado a ser inciso sexto:

i. Intercálase entre la expresión “la notificación” y la palabra “podrá” la frase “de la demanda ejecutiva”.

ii. Intercálase, entre las expresiones “otros tributos ,” y “podrá” la frase “multas u otros créditos fiscales, la notificación de la demanda o de otras resoluciones”.

iii. Agrégase, a continuación de la expresión “Servicio de Impuestos Internos” la frase “o ante los órganos y servicios públicos que hayan determinado la multa o crédito fiscal demandado”.

54. En el artículo 174:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “carta certificada dirigida el ejecutado” por la frase “mensaje dirigido al correo electrónico o carta certificada en los casos del inciso tercero del artículo 171”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso final:

“El embargo de vehículos sujetos a inscripción podrá ser realizado de forma electrónica, lo que deberá ser notificado al deudor por correo electrónico o según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda y comunicado a través del medio electrónico que el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación señale para estos efectos. Para efectos de valoración se estará a la tasación fiscal para el año correspondiente al embargo que haya practicado el Servicio de Impuestos Internos o la del año inmediatamente anterior cuando aún no se haya publicado la tasación para el año respectivo.

La inscripción del embargo de bienes raíces ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo y de otros bienes en registros especiales, según corresponda, podrá ser efectuada por medios electrónicos.”.

55. En el artículo 175:

a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “estampar” por “consignar”.

b) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales” por la frase “mantener dentro de sus dependencias instalaciones que permitan a los contribuyentes o a sus representantes legales examinar o consultar los expedientes de cobro y realizar las presentaciones que procedan de forma electrónica”.

56. En el artículo 176:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre las expresiones “respectiva,” y “dentro del plazo”, la frase “mediante los soportes electrónicos habilitados por el Servicio de Tesorerías”.

ii. Agrégase a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la oración “En la misma oposición, el contribuyente deberá señalar una o más direcciones de correo electrónico para efectos de las notificaciones indicadas en el inciso segundo del mismo artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171.”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Cuando el volumen de los documentos impida o dificulte su presentación a través de los soportes electrónicos del Servicio de Tesorerías el ejecutado podrá aportar sus antecedentes en otros soportes electrónicos de lo cual deberá dejarse constancia en el expediente.”.

c) En el inciso segundo que ha pasado a ser tercero:

i. Intercálase entre las expresiones “Provincial,” y “se tendrá”, la frase “o en caso de contribuyentes que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso tercero del artículo 171,”.

ii. Reemplázase la expresión “efectúe por carta certificada, siempre que la recepción por el Servicio de Correos se hubiere verificado dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior” por “efectúe, por escrito, en las dependencias de la Tesorería Regional o Provincial respectiva, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, o a través de carta certificada, en este último caso siempre que la recepción por el Servicio de Correos se haya verificado dentro del mismo plazo”.

57. En el artículo 178:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “por cédula” por la frase “por correo electrónico, sin perjuicio de lo indicado en el inciso tercero del artículo 171, cuando corresponda”.

b) Intercálase en el inciso tercero, entre las expresiones “resueltas” y “por el Abogado” la frase “, por cuerda separada,”.

58. En el artículo 179:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “Abogado Provincial” por “Abogado del Servicio de Tesorerías”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “por cédula lo resuelto” por la frase “por correo electrónico lo resuelto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 171”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “presentar” por “remitir”.

59. Reemplázase en el inciso primero del artículo 180 la expresión “presentarán” por “remitirán”.

60. Elimínase el inciso tercero del artículo 182.

61. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 185 por el siguiente:

“Los avisos a que se refiere el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, se reducirán en estos juicios a un aviso electrónico que se publicará en el sitio web del Servicio de Tesorerías o en el sitio web que señale el Tesorero General de la República, mediante resolución, el que se mantendrá publicado desde a lo menos quince días corridos antes de la fecha fijada para el remate por el tribunal respectivo, hasta la fecha de la subasta propiamente tal. Dichos avisos serán autorizados por el Secretario del Tribunal respectivo, e indicarán, a lo menos, los siguientes antecedentes: nombre del dueño del inmueble, su ubicación, tipo de impuesto y período, número de rol, si lo hay, y el tribunal que conoce del juicio. La certificación del hecho de haberse efectuado la publicación de la subasta, será realizada por el mismo Secretario. El Servicio de Tesorerías deberá emplear todos los medios a su alcance para dar la mayor publicidad posible a la subasta.”.

62. En el artículo 192:

a) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“El plazo indicado en el inciso anterior podrá ser ampliado hasta tres años en casos calificados según normas y criterios objetivos de general aplicación establecidos por el Tesorero General. Asimismo, y bajo criterios objetivos y de general aplicación el Servicio de Tesorerías podrá excepcionalmente solicitar al contribuyente que otorgue garantías para los efectos de asegurar el cumplimiento del pago del convenio. Estas garantías podrán ser otorgadas por el deudor o un tercero indicado por el contribuyente. Siempre se requerirá una garantía cuando el plazo del convenio exceda de los dos años.”.

b) Agregáse un inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso tercero, a ser inciso quinto y así sucesivamente:

“No se aplicarán intereses sobre las cuotas de aquellos convenios que sean suscritos por contribuyentes sujetos al régimen contenido en el artículo 14 letra D) de la Ley sobre Impuesto a la Renta con un plazo de hasta dieciocho meses. Asimismo, en estos convenios no se podrá exigir un pago inicial que supere el 5% de la deuda.”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“No procederá en caso alguno la condonación de intereses respecto de contribuyentes que hayan sido condenados por el delito de cohecho a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas o Servicio de Tesorerías.”.

63. Agrégase en el artículo 194 el siguiente inciso segundo, nuevo:

“También estarán obligados a entregar información la Dirección de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y Mercante respecto de los bienes que se encuentren inscritos en sus registros.”.

64. En el artículo 196:

a) Sustitúyense los numerales 1º y 2º por los siguientes:

“1°. Las deudas que tengan las siguientes características:

a) Las deudas de monto no superior a media unidad tributaria mensual, siempre que haya transcurrido más de un semestre desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles.

b) Las deudas cuyo monto, sin considerar multas e intereses, sea superior a media unidad tributaria mensual, pero inferior a 70 unidades tributarias mensuales, de contribuyentes que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en la letra D del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta o de personas naturales, sin giro de primera categoría y cuyos ingresos anuales en los últimos 3 ejercicios no superen en promedio las 70 unidades tributarias anuales, siempre que, en cualquier caso, cumplan con los siguientes requisitos:

i. Que hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se hayan hecho exigibles.

ii. Que los fondos embargados en cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la vista, cuentas de ahorro a plazo, cuentas de ahorro a la vista y cuentas de ahorro a plazo con giros diferidos hubieren sido imputados en su totalidad a la deuda.

iii. Que, de acuerdo con los antecedentes que mantenga el Servicio de Tesorerías, el contribuyente no tenga bienes muebles o inmuebles embargables, o bien que, teniendo bienes muebles embargados sujetos a avalúo fiscal, dicho avalúo no supere el 20% de la deuda.

iv. Que, habiendo sólo bienes muebles embargados, no sujetos a avalúo fiscal, o que éstos más los bienes muebles señalados en el numeral anterior, no constituyan garantía suficiente.

v. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial.

Para la verificación de los requisitos establecidos en los numerales ii. y iii. el Servicio de Tesorerías deberá indagar en todas las bases de datos que tenga disponibles la información respecto de los bienes del contribuyente informados en virtud de las facultades contenidas en los artículos 194 y 195.

Respecto de las deudas cuyo origen sean diferencias de impuestos, multas e intereses provenientes de la comisión de delitos tributarios, respecto de los cuales el Director haya ejercido la opción de perseguir la aplicación de la multa a través del procedimiento administrativo, según lo indicado en el inciso tercero del artículo 162; o de la aplicación de los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 4 quinquies, se requerirá que la cobranza administrativa o judicial haya sido iniciada en un plazo no menor a cuatro años, además del cumplimiento de los demás requisitos.

c) Las deudas de un monto superior al 50% de una unidad tributaria mensual, a las que no le sean aplicables los supuestos de la letra b) anterior, deberán cumplir los mismos requisitos allí señalados con las siguientes modificaciones:

i. Que el contribuyente no tenga bienes muebles sujetos a registro o que teniendo bienes muebles sujetos a avalúo fiscal, éste no sea superior al 20% de la deuda.

ii. La cobranza administrativa o judicial se deberá haber iniciado hace más de 2 años, a menos que el origen de la deuda sea el indicado en el párrafo final de la letra b) anterior en cuyo caso se estará al plazo allí indicado.

d) Sin perjuicio de lo señalado en las letras anteriores, el Tesorero General de la República podrá siempre declarar la incobrabilidad de las deudas cuando se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que durante los últimos tres años el contribuyente no registre movimientos tributarios, o bien, haya terminado su giro comercial o industrial.

ii. Que se cumplan los requisitos señalados en los numerales ii. y iii. de la letra b).

iii. Que se hubiere iniciado la cobranza administrativa o judicial hace más de cuatro años.

2°. Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, siempre que adicionalmente cumplan los requisitos señalados en la letra b) del número 1 anterior.”.

b) Reemplázase en el número 7°. los guarismos “50” y “120” por “150” y “360”.

c) Agrégase a continuación del número 7°, el siguiente número 8°, nuevo:

“8.- Las deudas por concepto de impuesto territorial o de otros créditos que afecten a la propiedad raíz sean a beneficio fiscal o municipal correspondientes a predios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que hayan sido eliminados del catastro de roles de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos.

b) Que no sean ubicados en terreno por el recaudador fiscal o que no se logre determinar un obligado al pago en de aquel impuesto.

c) Que, a la fecha de la declaración de incobrabilidad, los predios se encuentren actualmente exentos totalmente del pago de contribuciones o que a la fecha de declaración de incobrabilidad correspondan a propiedades fiscales, municipales y bienes nacionales de uso público, que no se encuentren concesionados, o a propiedades indígenas.”.

d) Reemplázase el inciso final por los siguientes incisos séptimo y final:

“Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores no procederá la declaración de incobrables sobre deudas de contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

i. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados por delitos tributarios, o hayan sido sancionados por ellos. Esta prohibición se mantendrá mientras dure el proceso o hasta el cumplimiento de la pena, según corresponda; y

ii. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el numeral 10 del artículo 161, mientras éste dure.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Impuestos Internos y los otros organismos correspondientes, deberán informar periódicamente a la Tesorería la nómina de contribuyentes que se encuentren en la situación señalada en los numerales i. ii y iii. anteriores.”.

65. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 197 por los siguientes incisos tercero y final, nuevos:

“La revalidación indicada en el inciso anterior podrá ser realizada dentro del plazo máximo de tres años desde la declaración de incobrabilidad. Transcurrido el plazo indicado prescribirá, en todo caso, la acción del Fisco.

No obstante, para el caso de los contribuyentes señalados en la letra b) del artículo 196, el plazo indicado en el inciso anterior será de un año.”.

66. Agrégase a continuación del artículo 197, el siguiente artículo 197 bis, nuevo:

“Artículo 197 bis.- Si no se ha iniciado la cobranza administrativa o judicial, los deudores morosos cuyas deudas se encuentren prescritas según lo dispuesto en el artículo 201 podrán solicitar a la Tesorería la declaración administrativa de prescripción de la deuda, a través del procedimiento que determine dicho organismo para estos efectos, mediante instrucción.

La prescripción será declarada a través de resolución fundada, por los Tesoreros Regionales o Provinciales, según corresponda, competentes dentro del territorio jurisdiccional en donde se encuentre domiciliado el deudor moroso. Sin perjuicio de ello, el Tesorero Regional o Provincial podrá delegar la facultad de conocer y resolver las solicitudes a que se refiere este artículo en el Abogado del Servicio de Tesorerías.

Durante la tramitación de la solicitud deberá darse audiencia al deudor moroso para que diga lo propio y acompañe los antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios para resolver la petición.

La solicitud se entenderá rechazada en caso de no encontrarse notificada la resolución que se pronuncia sobre ella, dentro del plazo de ciento veinte días contado desde su presentación.

A este procedimiento se aplicarán de forma supletoria las reglas de la ley N°19.880. A este respecto no serán procedentes los recursos jerárquico y extraordinario de revisión.

Asimismo, El juez sustanciador podrá inhibirse de iniciar las acciones de cobro cuando, al momento en que la deuda sea informada por el organismo girador a la Cuenta Única Tributaria del Servicio de Tesorerías, se encuentren cumplidos los plazos establecidos en los artículos 200 y 201. En estos casos procederá a declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro ejecutivo y ordenará la eliminación de la deuda del registro en la Cuenta Única Tributaria.”.

67. Agrégase en el artículo 207, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “El reglamento dictado en el ejercicio de esta facultad debe considerar siempre que la sanción final a aplicar al contribuyente, una vez descontado el monto condonado, esté acorde con el tipo de incumplimiento tributario de que se trate y sea siempre superior al costo de financiamiento que el contribuyente podría haber obtenido en el sector financiero o privado.”.

Artículo 2.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1. Reemplázase en la letra c) del inciso tercero del artículo 10 la frase “(A) en la sociedad o entidad extranjera cuyas acciones, cuotas, títulos o derechos se enajenan, no existe un socio, accionista, titular o beneficiario con residencia o domicilio en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el capital o en las utilidades de dicha sociedad o entidad extranjera” por la frase “(A) no existan personas con domicilio o residencia en Chile, que directa o indirectamente, y a cualquier título, sean titulares, accionistas o beneficiario de un 5% o más de las acciones, cuotas, títulos o derechos que se enajenan de la sociedad o entidad extranjera,”.

2. Agrégase en el numeral 2 del artículo 32, el siguiente literal c), nuevo:

“c) El monto de los ajustes de precio de transferencia realizados por el contribuyente, regulados en el numeral 9 del artículo 41 E.”.

3. En el artículo 41 E:

a) En su inciso primero:

i. Intercálase entre la expresión “en Chile,” y la frase “se lleven” la conjunción “que”.

ii. Reemplázase la frase “y no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado” por la frase “y no cumplan con el principio de plena competencia, esto es, cuando sus operaciones no se hayan efectuado a precios, valores o rentabilidades normales de mercado”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “de bienes o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país y se estime que de haberse transferido los bienes, cedido los derechos, celebrados los contratos o desarrollado las actividades entre partes independientes, se habría pactado un precio, valor o rentabilidad normal de mercado, o los fijados serían distintos a los que establecieron las partes” por la frase “o viceversa, de funciones, activos, riesgos, bienes y/o actividades susceptibles de generar rentas gravadas en el país, o se ponga término a convenciones, acuerdos o contratos vigentes o se lleven a cabo modificaciones sustanciales de ellos, y se estime que en la respectiva reorganización o restructuración no se cumple el principio de plena competencia”.

c) Reemplázase en su inciso tercero la frase “las funciones asumidas por las partes, las características específicas de los bienes o servicios contratados y cualquier otra circunstancia razonablemente relevante” por la siguiente: “las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes, servicios, contratos, o cualquier otra operación o circunstancias razonablemente relevantes según el caso que se analice”.

d) Modifícase el párrafo tercero de su número 1:

i. Elimínase la frase “se considerará que”.

ii. Reemplázase la frase “salvo que dicho país o territorio suscriba con Chile un acuerdo que permita el intercambio de información relevante para los efectos de aplicar las disposiciones tributarias, que se encuentre vigente” por la siguiente: “, independientemente de si forman parte o no de un mismo grupo empresarial”.

e) Elimínase el párrafo cuarto del número 1.

f) Reemplazáse en el párrafo final del numeral 2 la frase “y de rangos y ajustes de comparabilidad” por la frase “; selección de la parte analizada; número de años de información financiera utilizada; de rangos y ajustes de comparabilidad y cualquier otro antecedente que se estime pertinente”.

g) Intercálase en el párrafo segundo del numeral 3, entre la expresión “dichos estudios” y la coma que le sigue, la frase “, ya sean antecedentes propios o de la o las partes relacionadas ubicadas en el extranjero, que tengan vinculación con la operación que se analiza”.

h) En el numeral 4:

i. Agréganse los siguientes párrafos tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual párrafo tercero a ser sexto y así sucesivamente:

“El ajuste de precios de transferencia podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. Sin embargo, en caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, se deberá utilizar un rango intercuartil.

Si el precio, valor o margen de la transacción analizada se encuentra fuera del rango intercuartil, contenido entre el primer y el tercer cuartil, se considerará que el valor, precio o margen no es de plena competencia.

Cuando el contribuyente acepte el análisis de precios de transferencia del Servicio y rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta, el ajuste de precios de transferencia se realizará mediante la determinación de una cifra única, o bien a un punto o valor dentro del rango intercuartil, según se establezca con el Servicio. Si el Servicio emite una liquidación de impuestos conforme al artículo 24 del Código Tributario o una resolución, según corresponda, el ajuste por precios de transferencia se realizará siempre a la cifra única o a la mediana del rango intercuartil, según el caso.”.

ii. Intercálase en su párrafo tercero, que ha pasado a ser sexto, entre el guarismo “21” y el punto y aparte, la frase “, ya sea que el contribuyente rectifique su declaración de impuestos anuales a la renta o se emita una liquidación de impuestos o resolución según corresponda”.

iii. Agrégase a continuación del cuarto, que ha pasado a ser séptimo, el siguiente párrafo final nuevo:

“Los ajustes de precios, valores o rentabilidades de mercado determinados conforme al presente artículo no producirán efectos en otros impuestos distintos de los establecidos en la presente ley.”.

i) En el numeral 6:

i. Reemplázase la oración “así como información general del grupo empresarial al que pertenece, entendiéndose por tal aquel definido en el artículo 96 de la ley N°18.045, sobre Mercado de Valores” por la oración “entendiéndose por tales aquellas señaladas en el numeral 1 de este artículo”.

ii. Reemplázase la frase “artículo 41” por la frase “numeral 10.- del artículo 2”.

j) Sustitúyese el numeral 7 por el siguiente:

“7.- Acuerdos anticipados.

Los contribuyentes que pretendan presentar una solicitud de acuerdo anticipado que determine los precios, valores o rentabilidades normales de mercado de las operaciones vinculadas que llevarán a cabo con sus partes relacionadas ubicadas en el exterior, podrán presentar una consulta previa al Servicio, cuyo contenido será el siguiente:

a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar las operaciones.

b) Descripción de las operaciones objeto del acuerdo anticipado.

c) Elementos básicos de la propuesta de valoración que pretenda formular.

d) Indicación de un correo electrónico para las comunicaciones entre el contribuyente y el Servicio.

El Servicio analizará la consulta previa, podrá requerir a los contribuyentes las aclaraciones y antecedentes que estime pertinentes, y comunicará a los interesados la viabilidad del acuerdo previo de valoración dentro de los dos meses siguientes a la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta comunicación se realizará al correo electrónico que indique el contribuyente y se referirá exclusivamente a la posibilidad de presentación del acuerdo anticipado y no a su resultado, por tanto, no impide el derecho del contribuyente a presentar la solicitud. El Servicio determinará mediante resolución la forma y oportunidad en que podrá presentarse la consulta previa.

Se haya o no presentado una consulta previa, los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas podrán proponer al Servicio un acuerdo anticipado en cuanto a la determinación del precio, valor o rentabilidad normal de mercado de tales operaciones para estos efectos, en la forma y oportunidad que establezca el Servicio mediante resolución. El contribuyente interesado deberá presentar una solicitud con una descripción de las operaciones respectivas, sus precios, valores o rentabilidades normales de mercado y el período que debiera comprender el acuerdo, acompañada de la documentación o antecedentes en que se funda y de un informe o estudio de precios de transferencia en que se hayan aplicado a tales operaciones los métodos a que se refiere este artículo. El Servicio, mediante resolución, podrá rechazar a su juicio exclusivo, la solicitud de acuerdo anticipado, la que no será reclamable, ni admitirá recurso alguno. En caso de que el Servicio acepte total o parcialmente la solicitud del contribuyente, se dejará constancia del acuerdo anticipado en un acta, la que será suscrita por el Servicio y un representante del contribuyente autorizado expresamente al efecto, y deberá constar en ella los antecedentes en que se funda. El Servicio podrá suscribir acuerdos anticipados en los cuales intervengan además otras administraciones tributarias a los efectos de determinar anticipadamente el precio, valor o rentabilidad normal de mercado de las respectivas operaciones llevando a cabo las coordinaciones necesarias para su correcta implementación de acuerdo con la normativa vigente de cada jurisdicción. Si se trata de la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda establecerá mediante resolución el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

El acuerdo anticipado, una vez suscrita el acta, se aplicará respecto de las operaciones llevadas a cabo por el solicitante a partir del mismo año comercial en que se suscriba el acta de acuerdo anticipado y por los cuatro años comerciales siguientes, y podrá ser prorrogado o renovado, previo acuerdo suscrito por el contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, cuando se trate de importaciones de mercancías, y, cuando corresponda, por la otra u otras administraciones tributarias. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones realizadas hasta en los tres años comerciales anteriores a la suscripción del acuerdo, no se aplicará respecto de dichos periodos el impuesto único del inciso primero del artículo 21, sin intereses penales ni multas, y será además aplicable lo dispuesto en el párrafo final del número 4 del presente artículo.

El Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, efectuarán un seguimiento del cumplimiento del acuerdo por parte del contribuyente, para lo cual en la respectiva acta se fijará la forma y plazo en que el contribuyente entregará un informe anual en el que se demuestre la conformidad de sus precios de transferencia con las condiciones pactadas. De no cumplirse con dicha obligación se requerirá al contribuyente para que presente dicho informe bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo dentro del plazo de treinta días, el Servicio podrá poner término al acuerdo anticipado por incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. El término del acuerdo anticipado regirá desde el mismo ejercicio en que se notifique la resolución que así lo establece.

El Servicio deberá pronunciarse respecto de la solicitud del contribuyente ya sea concurriendo a la suscripción del acta respectiva o rechazándola mediante resolución, dentro del plazo de doce meses contado desde que el contribuyente haya entregado o puesto a disposición de dicho Servicio la totalidad de los antecedentes que estime necesarios para resolverla. En caso de que el Servicio no se pronuncie dentro del plazo señalado, o bien el contribuyente no aporte los antecedentes solicitados por el Servicio dentro de este procedimiento, se entenderá rechazada la solicitud del contribuyente. Éste podrá volver a proponer la suscripción del acuerdo. Para los efectos del cómputo del plazo, se dejará constancia de la entrega o puesta a disposición referida en una certificación del jefe de la oficina del Servicio que conozca de la solicitud.

El Servicio podrá, en cualquier tiempo, dejar sin efecto el acuerdo anticipado cuando la solicitud del contribuyente se haya basado en antecedentes erróneos, maliciosamente falsos, hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación, o cuando el contribuyente incumpla total o parcialmente el acuerdo. La resolución que deje sin efecto el acuerdo anticipado deberá fundarse en el carácter erróneo de los antecedentes, en su falsedad maliciosa, en la variación sustancial de los antecedentes o circunstancias esenciales en virtud de las cuales el Servicio aceptó la solicitud de acuerdo anticipado o en el incumplimiento del acuerdo; señalará de qué forma éstos son erróneos, maliciosamente falsos, han variado sustancialmente o en qué forma se incumplió el acuerdo, según corresponda, y detallará los antecedentes que se han tenido a la vista para tales efectos. La resolución que deje sin efecto el acuerdo anticipado regirá a partir de su notificación al contribuyente, salvo cuando se funde en el carácter maliciosamente falso de los antecedentes de la solicitud, caso en el cual se dejará sin efecto a partir de la fecha de suscripción del acta original o de sus renovaciones o prórrogas, considerando la oportunidad en que tales antecedentes hayan sido invocados por el contribuyente. Asimismo, la resolución será comunicada, cuando corresponda, a la o las demás administraciones tributarias respectivas. Esta resolución no será reclamable ni procederá a su respecto recurso alguno, ello sin perjuicio de la reclamación o recursos que procedan respecto de las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos, intereses y multas dictadas o aplicadas por el Servicio que sean consecuencia de haberse dejado sin efecto el acuerdo anticipado. Por su parte, el contribuyente podrá dejar sin efecto el acuerdo anticipado que haya suscrito cuando hayan variado sustancialmente los antecedentes o circunstancias esenciales que se tuvieron a la vista al momento de su suscripción, prórroga o renovación. Para estos efectos, deberá manifestar su voluntad en tal sentido a través de aviso por escrito al Servicio, en la forma que éste establezca mediante resolución, de modo que el referido acuerdo quedará sin efecto desde la fecha del aviso, y podrá el Servicio ejercer respecto de las operaciones del contribuyente la totalidad de las facultades que le confiere la ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la presentación de antecedentes maliciosamente falsos en una solicitud de acuerdo anticipado que haya sido aceptada total o parcialmente por el Servicio será sancionada en la forma establecida por el inciso primero, del número 4°, del artículo 97 del Código Tributario.

Una vez suscrita el acta de acuerdo anticipado, o sus prórrogas o renovaciones, y mientras se encuentren vigentes de acuerdo a lo señalado precedentemente, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas cuando corresponda, no podrán determinar diferencias de impuestos por precios de transferencias o valoración aduanera en las operaciones comprendidas en él, siempre que el valor de las importaciones, los precios, valores o rentabilidades hayan sido establecidos o declarados por el contribuyente conforme a los términos previstos en el acuerdo.

Las actas de acuerdos anticipados y los antecedentes en virtud de los cuales han sido suscritas quedarán amparados por el deber de secreto que establece el artículo 35 del Código Tributario. Aquellos contribuyentes que autoricen al Servicio la publicación de los criterios, razones económicas, financieras, comerciales, entre otras, y métodos en virtud de los cuales se suscribieron los acuerdos anticipados conforme a este número, deberán dejar constancia de la autorización en el acta respectiva. Si así lo autorizan, serán incluidos en una nómina pública de contribuyentes socialmente responsables que mantendrá dicho Servicio, mientras se encuentre vigente el acuerdo. Aun cuando no hayan autorizado ser incluidos en la nómina precedente, no se aplicará respecto de ellos interés penal y multa algunos con motivo de las infracciones y diferencias de impuestos que se determinen durante dicha vigencia, salvo que se trate de infracciones susceptibles de ser sancionadas con penas corporales, caso en el cual serán excluidos de inmediato de la nómina señalada. Lo anterior es sin perjuicio del deber del contribuyente de subsanar las infracciones cometidas dentro del plazo que señale el Servicio, el que no podrá ser inferior a treinta días hábiles contados desde la notificación de la infracción; y/o declarar y pagar las diferencias de impuestos determinadas, y sin perjuicio de su derecho a reclamar de tales actuaciones, según sea el caso. Cuando el contribuyente no haya subsanado la infracción y/o declarado y pagado los impuestos respectivos dentro de los plazos que correspondan, salvo que haya deducido reclamación respecto de tales infracciones, liquidaciones o giros, el Servicio girará sin más trámite los intereses penales y multas que originalmente no se habían aplicado. En caso de haberse deducido reclamación, procederá el giro señalado cuando no haya sido acogida por sentencia ejecutoriada o el contribuyente se haya desistido de ella.”.

k) Reemplázase en el numeral 8 la frase “y dentro del plazo de 5 años contado desde la expiración del plazo legal en que se debió declarar en el país los resultados provenientes de las operaciones cuyos precios, valores o rentabilidades se pretenda rectificar” por la siguiente: “dentro del plazo de un año contado desde que el ajuste de precios de transferencia se considere definitivo en la otra jurisdicción”.

l) Agrégase a continuación del numeral 8, el siguiente numeral 9, nuevo:

“9.- Autoajuste de precios de transferencia realizado por el contribuyente.

Los contribuyentes podrán ajustar sus precios, valores o rentabilidades en las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas ubicadas en el extranjero, considerando aquellos que habrían acordado u obtenido partes independientes en operaciones y circunstancias comparables, cuando en su análisis determinen que sus operaciones vinculadas no cumplen el principio de plena competencia, para cuyos efectos deberá aplicar los métodos referidos en este artículo.

En consecuencia, se entenderá por autoajuste de precios de transferencia aquel que realice un contribuyente en forma previa a un requerimiento del Servicio y en el que determine, en su opinión, un precio, valor o rentabilidad de plena competencia en el marco de una operación vinculada, aunque dicho precio difiera del importe realmente cargado entre las empresas relacionadas.

Este autoajuste podrá llevarse a cabo mediante la determinación de una cifra única, ya sea un precio o un margen de utilidad comparable, que constituirá la referencia para establecer si una operación cumple las condiciones de plena competencia. En caso de que haya dos o más precios, valores o rentabilidades consideradas comparables, deberá utilizar un rango intercuartil, pudiendo ajustarse a cualquier punto o valor dentro del indicado rango.

El ajuste determinado deberá ser agregado a la base imponible del impuesto de primera categoría y sólo procederá cuando ello implique un aumento de la base imponible indicada. No se podrán realizar ajustes para disminuir la renta líquida imponible de primera categoría y determinar un menor impuesto o una mayor pérdida tributaria. El ajuste tendrá solo efectos sobre los impuestos establecidos en la presente ley, en los términos establecidos en el párrafo final del número cuatro del presente artículo.

Los contribuyentes deberán conservar la totalidad de los antecedentes que permitan acreditar que el autoajuste aplicado a la o las operaciones con sus partes relacionadas, se ha efectuado considerando los precios, valores o rentabilidades normales de mercado. En caso de que el Servicio determine un ajuste respecto de estas operaciones, este se afectará con el impuesto único del inciso primero del artículo 21 de esta ley, conforme a lo establecido en el número cuatro de este artículo.”.

4. En el artículo 41 G:

a) Reemplázase en el primer párrafo del numeral 2) del literal A, la oración “las letras a), b), y d) del artículo 100 de la ley N° 18.045” por la frase “el número 17 del artículo 8 del Código Tributario”.

b) Reemplázase en el párrafo tercero del número 2 la frase “de baja o nula tributación” por “con un régimen fiscal preferencial”.

c) Sustitúyese el literal B.- por el siguiente:

“B.- País o territorio con un régimen fiscal preferencial.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá como un país o territorio con un régimen fiscal preferencial aquéllos a que se refiere el artículo 41 H.”.

d) Reemplázase en el párrafo tercero del numeral 8 del literal C la frase “de baja o nula imposición” por “con un régimen fiscal preferencial”.

e) Sustitúyese el numeral 6 del literal D.- por el siguiente:

“6. Los contribuyentes constituidos, domiciliados, establecidos o residentes en Chile a que se refiere este artículo no deberán considerar como devengadas las rentas pasivas percibidas o devengadas en el ejercicio por entidades controladas en el exterior, cuando no excedan de 2.400 unidades de fomento en total al término del ejercicio respectivo.

Para determinar si un contribuyente cumple con el límite señalado en el párrafo anterior deberá considerar también aquellas rentas pasivas obtenidas, dentro del mismo ejercicio, por personas o entidades con las que esté relacionado. Si al efectuar la agregación anterior el resultado obtenido excede dicho límite, tanto el contribuyente como todos sus relacionados deberán considerar como devengadas la totalidad de sus rentas pasivas, según las disposiciones del presente artículo. Para estos efectos se entenderán como relacionados con un contribuyente las personas y entidades en los términos del número 2) de la letra A) de este artículo.

Lo dispuesto en el presente numeral no procederá cuando las rentas pasivas percibidas o devengadas procedan de una entidad controlada domiciliada o residente en un país o territorio con un régimen fiscal preferencial.”.

f) Reemplázase en el párrafo segundo del literal F.- la frase “artículo 41” por la frase “número 10 del artículo 2”.

5. Sustitúyese el artículo 41 H por el siguiente:

“Artículo 41 H.- Para los efectos de esta ley se considerará que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial cuando cumpla copulativamente las condiciones indicadas a continuación:

a) No haya celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información para fines tributarios o el celebrado no se encuentre vigente o, si se encuentra vigente, contiene limitaciones que impide un intercambio efectivo de información.

b) No reúna las condiciones para ser considerado cumplidor o sustancialmente cumplidor en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Para estos efectos se estará a las calificaciones realizadas por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales u otro organismo internacional que lo reemplace siempre que Chile sea un miembro permanente.

El Servicio se pronunciará mediante resolución de los territorios o jurisdicciones que se encuentran en la situación que establece este artículo.”.

Artículo 3.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda:

1. En el artículo 3:

a) En el inciso séptimo:

i. Reemplázase la palabra “retengan” por la frase “recarguen, retengan, declaren y/o paguen”.

ii. Reemplázase la frase “prestadores domiciliados” por “personas naturales o jurídicas u otro tipo de entidades sin personalidad jurídica domiciliadas”.

b) Elimínase el inciso final.

2. Agrégase a continuación del artículo 3 el siguiente artículo 3° bis, nuevo:

“Artículo 3° bis. También será contribuyente del impuesto establecido en esta ley y en la forma establecida en el presente artículo, el operador de una plataforma digital de intermediación, como si fuera un vendedor habitual del bien o prestador del servicio que se concluye a través de la plataforma digital que opere y siempre que se trate de una operación gravada con el impuesto establecido en la presente ley.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables cuando el servicio subyacente sea prestado o el bien sea vendido por o a un contribuyente de esta ley.

Se entenderá por “plataforma digital de intermediación” la interfaz que a través de internet, permita o facilite a terceros la conclusión de ventas o servicios; y por “operador”, las personas naturales o jurídicas u otras entidades, nacionales o extranjeras, con o sin domicilio o residencia en Chile, que explotan económicamente una plataforma digital. No se considerará como plataforma digital a los servicios que sólo consistan en publicidad o procesamiento de pagos.

Cuando más de una plataforma digital de intermediación facilite de forma conjunta o simultáneamente una misma operación, se considerará contribuyente, bajo el presente artículo, sólo aquella que autorice o procese el pago de la operación gravada.

Los contribuyentes señalados en el presente artículo que no tengan domicilio o residencia en Chile se sujetarán a las disposiciones del párrafo 7 bis del Título II.”.

3. Agrégase en el artículo 4 el siguiente inciso final, nuevo:

“También se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles situados en el extranjero, adquiridos de forma remota, a un no domiciliado ni residente en Chile, por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando los bienes tengan por destino el territorio nacional, aún antes de su embarque o envío desde el extranjero, siempre que su precio, incluyendo todo cargo accesorio que sea cobrado en la misma operación, no exceda de USD 500 o su equivalente en moneda nacional.”.

4. En el inciso tercero del artículo 5:

a) Elimínase la expresión “del artículo 8 letra n)”.

b) Reemplázase la palabra “digital” por el vocablo “remota”.

5. En el artículo 8:

a) Agréganse en el literal m) del artículo 8 los siguientes párrafos tercero a sexto nuevos:

“Previa citación al contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá liquidar y girar el impuesto sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra, que realice la empresa que se crea o subsista con ocasión de una reorganización empresarial, cuando dicha reorganización haya tenido por objeto principal evitar el pago del impuesto. Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho de que la empresa que se crea o subsista se encuentre sujeta a las normas de este título, si los bienes están o no destinados al giro o actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Asimismo, y previa citación al contribuyente según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el Servicio podrá recalificar como una venta de activo inmovilizado para los efectos de lo dispuesto en esta letra, la venta de acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones cuotas o derechos sociales, respecto de cualquier tipo de entidad con o sin personalidad jurídica, cuando al menos un 50% del valor de mercado total de las acciones, derechos sociales, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales, provenga del valor de mercado del activo inmovilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra y que sean propiedad, directa o indirecta, de la empresa cuyos derechos sociales, acciones, cuotas, bonos u otros títulos convertibles en acciones, cuotas o derechos sociales se enajenan, cuando dicha enajenación haya sido realizada con el objeto principal de evitar el pago del impuesto que se hubiese devengado de haberse vendido el o los bienes del activo inmovilizado de manera directa.

Para tales efectos, se deberán considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho que, como consecuencia de la venta, el o los bienes del activo inmovilizado han dejado de estar destinados a actividades afectas al impuesto de este Título, entre otras.

Con todo, además de cumplirse con el requisito establecido en el párrafo cuarto, es necesario que la enajenación referida sea de al menos un 20% del total de las acciones, cuotas, títulos o derechos, considerando todas las enajenaciones, directas o indirectas, de dichas acciones, cuotas, títulos o derechos, efectuadas por el enajenante y otros miembros de su grupo empresarial, en los términos del número 14 del artículo 8 del Código Tributario , dentro de un período de doce meses anteriores a la última de ellas.”.

b) Elimínase su letra n).

6. En el literal B del artículo 12:

a) Intercálase en el numeral 11, entre la palabra “Aduanero” y el punto y aparte, la frase “, y que no correspondan a aquellas gravadas por aplicación de la letra a) del inciso cuarto del artículo 4”.

b) Agréguese el siguiente numeral 18, nuevo:

“18. Las personas que no tengan el carácter de vendedor o de prestador de servicios, o quienes realicen la compra por cuenta de éstas, en el caso del inciso final del artículo 4, siempre que se acredite que el impuesto que corresponde a dicha operación fue efectivamente cobrado por el vendedor o plataforma digital, lo cual se efectuará de la forma que disponga el Director del Servicio de Impuestos Internos y el Director del Servicio Nacional de Aduanas mediante resolución conjunta.”.

7. Agrégase en el artículo 16, a continuación del literal i), el siguiente literal j), nuevo:

“j) En los casos señalados en el párrafo cuarto de la letra m) del artículo 8, el valor normal de mercado de los activos inmovilizados enajenados indirectamente o los que normalmente se cobren en convenciones de similar naturaleza considerando las circunstancias en que se realiza la operación. El Servicio podrá ejercer su facultad de tasación conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario , con los ajustes que correspondan en la determinación de la base imponible según las reglas de esta ley.”.

8. En el artículo 20:

a) Reemplázase en el inciso segundo la palabra “pagarse” por “pagar”.

b) Sustitúyense los incisos cuarto a sexto por los siguientes:

“Cuando no se pueda determinar de forma clara o fehaciente el impuesto que un contribuyente deba pagar, el Servicio, mediante resolución fundada y previa citación según el artículo 63 del Código Tributario, podrá tasar las ventas o servicios realizados, considerando los antecedentes que tenga en su poder, o tomando como base las ventas realizadas o los servicios prestados por contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad u otros que permitan hacer una estimación razonable del impuesto a pagar. Sin perjuicio de lo anterior, el contribuyente podrá acreditar el crédito soportado en la adquisición de bienes o servicios destinados a sus operaciones, en los términos del artículo 23.

Asimismo, un contribuyente podrá solicitar al Servicio que ejerza la facultad señalada en el inciso anterior cuando entregue antecedentes que den cuenta que no está en condiciones de determinar su impuesto a pagar. En este caso y sólo por una vez, el Servicio deberá estimar un monto de crédito fiscal que será imputable al débito fiscal, determinado de acuerdo con lo observado para contribuyentes de similar actividad, negocio, segmento o localidad. El contribuyente podrá solicitar que el impuesto determinado y la fórmula de su cálculo sean enviadas a la Defensoría del Contribuyente para su asesoría en el proceso.

Respecto del impuesto determinado según lo dispuesto en el inciso anterior, procederá la condonación de la totalidad de los intereses y multas, siempre que su pago se verifique dentro de los tres meses siguientes a la fecha del giro respectivo y que el contribuyente haya iniciado actividades al momento del pago.”.

9. En el artículo 27 bis:

a) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el inciso tercero actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la suma de los montos restituidos dentro de un año no podrá ser inferior a 1/10 de las sumas recibidas con ocasión de la devolución a la que da lugar este artículo. Para el cumplimiento de esta obligación, en la declaración correspondiente al mes de diciembre de cada año, el monto a restituir se deberá incrementar en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario, sea equivalente al menos a 1/10 de la devolución obtenida por el contribuyente. Este procedimiento se deberá efectuar a partir del año correspondiente al primer mes en el cual el contribuyente realice una operación gravada y sea un año distinto al cual se solicitó la devolución. Con todo, la restitución deberá ocurrir en un plazo máximo de quince años contado desde el ejercicio siguiente en el cual se aprobó la devolución. Para estos efectos la devolución obtenida por el contribuyente se deberá transformar en unidades tributarias mensuales según el valor de dicha unidad en el mes correspondiente a la devolución. Asimismo, las restituciones mensuales, para verificar el cumplimiento de la restitución mínima anual, se deberán convertir en unidades tributarias mensuales según su valor en el mes respectivo.”.

b) Reemplázase en su inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la frase “a que se refieren los incisos anteriores” por la frase “señalada en el inciso primero de este artículo”.

c) Reemplázase en su inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, la frase “el inciso cuarto de este artículo” por “los incisos cuarto y quinto”.

10. Reemplázase el artículo 35 A por el siguiente:

“Artículo 35 A.- Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que presten servicios o realicen ventas a personas domiciliadas o residentes en el país y que no sean contribuyentes de los impuestos establecidos en esta ley, quedarán sujetos al régimen de tributación simplificada que tratan los artículos siguientes.”.

11. En el artículo 35 D:

a) Reemplázase en el inciso primero la palabra “afectos” por la frase “o ventas afectas”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la palabra “prestados” y la conjunción “en”, la frase “o ventas realizadas”.

12. En el artículo 35 G:

a) Intercálase entre la palabra “servicios” y la coma que le sigue, la expresión “o ventas”.

b) Intercálase entre las palabras “servicio” y “el impuesto”, la expresión “o venta”.

13. Reemplázase en el inciso primero del artículo 35 I, las expresiones “el artículo 8 letra n) u otros en que se autorice el régimen simplificado establecido en el artículo 35 A, y que sean prestados digitalmente”, por la frase “esta ley”.

14. Agréganse en el artículo 36 los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser octavo y así sucesivamente:

“El monto del reembolso a que se refieren los incisos anteriores se determinará aplicando al total del crédito fiscal del período correspondiente, el porcentaje que represente el valor de las exportaciones con derecho a recuperación del impuesto en relación con las ventas totales de bienes y servicios, considerando en ambos casos los últimos doce períodos tributarios consecutivos. Para estos efectos no se deberán considerar los períodos en que el contribuyente no registre ventas ni servicios.

En aquellos casos en que el impuesto recuperado sea mayor al equivalente al valor FOB de los bienes o servicios exportados en el período, los contribuyentes deberán acreditar que, en un período de veinticuatro meses contado desde el último embarque o de la aceptación a trámite de la declaración de exportación en el caso de servicios, han realizado exportaciones equivalentes a lo menos, a dos veces el impuesto reembolsado. Para estos efectos, se deberá considerar el valor FOB de los bienes o servicios exportados al término del plazo de veinticuatro meses. En caso de no cumplir con exportaciones por el valor mínimo antes señalado los contribuyentes deberán reintegrar las sumas reembolsadas en proporción al monto de las exportaciones no realizadas. Con todo, las sumas reintegradas se considerarán crédito fiscal del período en que se verifique el reintegro.

Lo dispuesto en el inciso anterior, también aplicará a los exportadores que dieran aviso de término de giro sin haber exportado, al menos, la cantidad señalada anteriormente. Con todo, no se aplicará la obligación de reintegrar las sumas reembolsadas cuando se acredite que el incumplimiento se debió a caso fortuito, fuerza mayor o cuando la empresa se encuentre dentro de un proceso de liquidación concursal.

En aquellos casos en que los exportadores cuenten con autorización para obtener el reembolso de forma previa a la materialización de una exportación y que, con posterioridad a la fecha en que se efectúe el reembolso y se encuentre pendiente la exportación, se lleve a cabo un proceso de reorganización empresarial en virtud del cual el titular del beneficio sea absorbido por otro contribuyente, la empresa que tenga la calidad de continuadora legal mantendrá la autorización otorgada, con todos los derechos y obligaciones que se hubiesen establecido. Lo anterior, siempre y cuando la empresa que se cree o subsista manifieste su voluntad de continuar con el referido proyecto, en la forma que establezca el Ministro de Hacienda mediante el decreto supremo a que hace referencia el inciso tercero. En tal caso, no procederá cobro alguno respecto de las sumas devueltas con anterioridad al titular del beneficio.”.

Artículo 4.– Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia:

1. En el artículo 1:

a) En el inciso quinto:

i. Reemplázase la expresión “el artículo 1.386” por “los artículos 1.136 y 1.386”.

ii. Agrégase a continuación del punto y aparte, que pasa a ser seguido la oración “Lo anterior es sin perjuicio de las facultades establecidas en el inciso primero del artículo 63.”.

b) Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando el actual a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“El impuesto establecido en la presente ley gravará aquellas donaciones cuyo donatario tenga domicilio o residencia en Chile o en que los bienes donados se encuentren situados o registrados en Chile o hayan sido adquiridos con recursos provenientes del país.”.

c) Sustitúyese en el inciso séptimo que ha pasado a ser octavo, la expresión “el artículo 1.386” por “los artículos 1.136 y 1.386”.

d) Reemplázase en su inciso final la oración “Para efectos de la paridad cambiaria se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra a) número 7 del artículo 41 A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley 824 de 1974” Por la oración “Para estos efectos se considerará la paridad correspondiente a la fecha de pago del impuesto en el extranjero”.

2. Reemplázase en el párrafo primero del numeral 8º del artículo 18 la oración “En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso.” por la siguiente: “No gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a personas que tengan la calidad de legitimarios o sean beneficiarias de la cuarta de mejoras del donante según lo dispuesto en el artículo 1.184 del Código Civil. Tampoco gozarán de esta exención las donaciones efectuadas a partes relacionadas con el donante en los términos del número 17 del artículo 8 del Código Tributario.”.

3. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 22 por los siguientes incisos tercero y cuarto nuevos:

“Cuando la donación sea revocada por acto entre vivos, el donatario tendrá derecho a solicitarle al fisco la devolución del impuesto pagado según el procedimiento establecido en el artículo 126 del Código Tributario.

El donatario que pagó el impuesto sobre una donación revocable tendrá derecho a utilizar dicho impuesto contra el impuesto a la herencia que corresponda aplicar sobre el bien objeto de la donación.”.

4. Reemplázase en el inciso primero del artículo 26 la palabra “empleados” por “empleadores”.

5. Sustitúyese el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46. Para determinar el monto sobre el cual deba aplicarse el impuesto se considerará el valor que tengan los bienes objeto de la herencia o donación, en conformidad a las siguientes reglas:

i. Las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título sobre empresas o entidades con o sin personalidad jurídica constituidas en Chile o el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier otro activo que se transe en Chile o en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, deberán valorizarse según el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

En aquellos casos en que las acciones, cuotas, derechos o cualquier otro título se mantengan en empresas o entidades sin presencia bursátil que cuenten con estados financieros auditados, se deberá declarar el valor mayor que representen dichas acciones cuotas, derechos o títulos entre el valor del capital propio tributario, cuando corresponda, y el del patrimonio financiero de la empresa o entidad, a la fecha indicada en el párrafo anterior o, cuando esto no fuere posible, sobre los valores que consten en el estado financiero auditado correspondiente al año anterior a la fecha de deferirse la herencia o de realizarse la donación.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando los bienes indicados en este numeral den cuenta de una participación en empresas o entidades constituidas o domiciliadas en un territorio o jurisdicción a los que se refiere el artículo 41 H de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dichos bienes deberán ser valorizados aplicando las reglas de valorización del presente artículo sobre sus activos subyacentes ubicados en jurisdicciones o territorios distintos a los referidos en el artículo antes señalado o tratándose de bienes inmuebles se estará a su valor de mercado.

ii. Cuando se trate de acciones, cuotas, derechos o cualquier título en empresas u otro tipo de entidades con o sin personalidad jurídica constituida en Chile o en el extranjero a los que no le sean aplicables las reglas del numeral i, se deberá considerar su valor normal de mercado al momento de deferirse la herencia o de realizarse la donación. Para efectos de este numeral el o los herederos o el donante, en su caso, deberán acompañar un estudio que dé cuenta del valor normal de mercado.

iii. Los bienes inmuebles ubicados en Chile se valorizarán considerando el avalúo fiscal utilizado para efectos del pago del impuesto territorial, correspondiente al semestre en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso de los inmuebles adquiridos dentro de los tres años anteriores a la fecha señalada anteriormente, se deberá declarar el valor de adquisición debidamente reajustado por el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de adquisición y el último día del mes anterior a dicha fecha o el valor del avalúo fiscal si éste fuere mayor. Los inmuebles ubicados fuera de Chile deberán valorizarse según su valor normal de mercado.

iv. Los vehículos u otro tipo de medios de transporte terrestres, marítimos o aéreos serán considerados según el valor de tasación, determinado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al año en que se defiere la herencia o se realice la donación. Cuando no exista una valoración disponible, se deberá declarar el valor normal de mercado del bien.

v. Los portafolios de inversiones, entendidos como un conjunto de distintos tipos de activos, tales como, pero no limitados a: bonos, acciones, monedas, efectivo, materias primas, productos derivados, criptoactivos y otros activos financieros, que pertenecen a un inversionista y que son administrados por un tercero, habilitado para la prestación de dicho servicio, o por una persona o entidad designada para dicha labor por el propio inversionista mediante mandato, tendrán como valor aquel informado por dicho administrador, al momento en que se defiere la herencia o se realice la donación, o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor.

vi. Las cuentas bancarias, ya sean corrientes, a la vista, de ahorro, u otros instrumentos financieros similares bajo custodia o administración de un banco o institución financiera, sea en Chile o en el extranjero, sea en moneda nacional o extranjera, en las que el causante tenga calidad de titular o beneficiario; serán valorizadas según el saldo a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación o al momento de la delación cuando este valor fuere mayor. Si en estas cuentas o instrumentos existe más de un titular, se deberá considerar el saldo positivo en la proporción que le corresponda.

vii. Los beneficios a que tenga derecho el causante o donante se valorizarán atendiendo el porcentaje de su participación o derechos sobre el capital, el patrimonio o las utilidades, según corresponda, de la entidad que da origen al beneficio a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

viii. Los animales destinados a una actividad comercial o lucrativa, deberán ser valorizados según los valores contenidos en el Boletín semanal de precios de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas, publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, correspondiente a la semana anterior a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación. En caso de no existir un valor de referencia se estará al valor normal de mercado del animal.

ix. Cualquier otro tipo de bien o activos no enunciados expresamente, deberán valorizarse según su valor normal de mercado a la fecha en que se defiere la herencia o se realice la donación.

x. Los pasivos de los que sea titular el causante deberán ser valorizados según su valor a la fecha en que se defiera la herencia.

Para efectos de esta ley se entenderá por valor normal de mercado aquel que habrían acordado partes no relacionadas, en operaciones y circunstancias comparables, considerando las características específicas, componentes y elementos determinantes de los bienes. El contribuyente podrá acompañar estudios o informes de valorización, realizados por agentes independientes, que den cuenta de la valorización efectuada. Cuando corresponda declarar el valor de mercado de un bien el Servicio podrá tasar dicha valoración, en los términos del artículo 64 del Código Tributario cuando el valor declarado difiera notoriamente de los valores normales de mercado.”.

6. Suprímese el artículo 46 bis.

7. En el artículo 50:

a) Reemplázase en el inciso primero el siguiente texto “. En el caso del giro inmediato a que se refiere el artículo 46 bis, y dentro de los sesenta días siguientes de presentada la declaración, el Servicio podrá citar al contribuyente para ejercer la facultad establecida en el artículo 64 del Código Tributario, pudiendo liquidar y girar las diferencias que determine” por la frase “conforme a las reglas generales”.

b) Sustitúyense los incisos segundo y tercero por los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:

“Si el impuesto no se declara y paga dentro del plazo de dos años, se adeudará, después del segundo año, el interés penal indicado en el artículo 53 del Código Tributario. Con todo, este interés no será aplicable a los interesados que hayan pagado dentro del plazo antes señalado el impuesto correspondiente a sus asignaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, uno o más herederos o asignatarios podrán diferir el pago del impuesto hasta en tres cuotas iguales, pagaderas anualmente. Para tal efecto, los contribuyentes deberán presentar la solicitud de diferimiento ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo señalado en el inciso primero. Para ello deberán convertir el monto del impuesto en unidades tributarias anuales, según el valor que corresponda al mes de la solicitud. La primera cuota deberá ser pagada de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes, hasta el 31 de diciembre del año correspondiente al cual se aprobó la solicitud. Las restantes cuotas anuales deberán ser pagadas, de forma íntegra, por los herederos o asignatarios solicitantes hasta el 31 de diciembre de cada año calendario iniciando por el año siguiente al de aprobada la solicitud.

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas dentro del plazo indicado, el o los herederos o asignatarios incumplidores deberán pagar el impuesto insoluto hasta el 30 de marzo del año siguiente al incumplimiento. Vencido el plazo anterior serán aplicables sobre el saldo insoluto del impuesto los recargos legales que correspondan en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Código tributario en relación con el inciso segundo del presente artículo.”.

8. En el artículo 63:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase todas las veces que aparece la frase “contrato oneroso” por “acto o contrato”.

ii. Reemplázase la expresión “el precio corriente en plaza” por “su valor normal de mercado”.

iii. Intercálase entre la expresiones “a la fecha del” y “contrato”, lo siguiente: “acto o”.

iv. Intercálase entre la palabra “corresponda” y el punto y aparte la expresión “, previa citación”.

b) En el inciso segundo:

i. Intercálase entre las expresiones “la cantidad de dinero” y “que declara” lo siguiente: “o bienes”.

ii. Elimínase el siguiente texto: “, en los casos de contratos celebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos ab-intestato de la otra u otras”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“El plazo para investigar, liquidar y girar el impuesto conforme al presente artículo prescribirá en el plazo de seis años, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato.”.

Artículo 5.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas:

1. Agrégase a continuación del artículo 8 el siguiente artículo 8 bis nuevo:

“Artículo 8 bis.- Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas, los siguientes:

1. El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2. El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración.

3. Obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias y aduaneras, debidamente actualizadas.

4. Obtener copias en formato electrónico, o certificaciones de las actuaciones realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los términos previstos en la ley.

5. Que en las actuaciones realizadas por el Servicio se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones de destinación aduanera, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado.

6. Ejercer los recursos e iniciar los procedimientos que correspondan, personalmente o representados; formular alegaciones y presentar antecedentes dentro de los plazos previstos en la ley y que tales antecedentes sean incorporados al procedimiento de que se trate y debidamente considerados por el funcionario competente.

7. Plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas sobre las actuaciones del Servicio en que tenga interés o que le afecten.

8. Conocer los criterios administrativos del Servicio. Para estos efectos el Servicio deberá publicar en su sitio web las normas de régimen interno y los manuales de funciones o de procedimiento, órdenes e instrucciones, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, el Servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el Director Nacional de Aduanas en ejercicio de sus facultades interpretativas y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria y aduanera.

9. Que las actuaciones del Servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley.

10. Que, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria y aduanera establecidos en la ley.

Quienes actúen ante el Servicio podrán presentar un recurso de resguardo al considerar vulnerados sus derechos producto de una acción u omisión del Servicio, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional de Aduanas, en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, dentro de décimo día contado desde su ocurrencia. Deberán recibirse todos los antecedentes que el solicitante acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina dicho recurso. Recibido el recurso de resguardo éste deberá resolverse fundadamente dentro de quinto día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá valorarse según las normas de la sana critica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II.

Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los solicitantes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del Número 4º del Título VI del Libro II.

El Servicio deberá tomar las medidas necesarias para que los funcionarios actúen en conocimiento y cabal respeto de los derechos de quienes interactúen con el Servicio Nacional de Aduanas.

En toda dependencia del Servicio deberá exhibirse, en un lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se consignen los derechos de quienes actúen ante el Servicio Nacional de Aduanas, expresados en la enumeración contenida en el inciso primero. Asimismo, deberán exhibirse en un lugar visible en el sitio web del Servicio.”.

2. Reemplázase en el Artículo 15 la frase “a los reglamentos que dicte el Director Nacional de Aduanas con aprobación del Presidente de la República” por la siguiente: “a la regulación que dicte el Director Nacional de Aduanas”.

3. Agrégase a continuación del artículo 25 el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Toda notificación que deba realizar el Servicio Nacional de Aduanas se practicará por correo electrónico, salvo las excepciones legales que procedan.

Toda persona natural o jurídica que actúe ante el Servicio Nacional de Aduanas, personal o debidamente representada, debe declarar en su primera presentación la dirección de correo electrónico para efectos de que se practiquen las notificaciones que correspondan. La notificación que deba efectuarse a un agente de aduanas o a otro operador que deba registrarse ante el Servicio Nacional de Aduanas, se realizará válidamente en la casilla de correo electrónico que haya declarado en su inscripción. En el caso de la tramitación de una destinación aduanera, la notificación de todos los actos relacionados con el despacho se efectuará válidamente con su envío a la dirección de correo electrónico incorporado en la declaración respectiva.

En caso de que cualquiera de los interesados a que se refiere el inciso anterior no declare una dirección de correo electrónico las actuaciones del Servicio serán notificadas de acuerdo con las normas de los artículos 69, 92 ter , 93 , 94 y 185 de esta Ordenanza, según el tipo de acto de que se trate.

Quienes carezcan de medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actúen excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar al Servicio Nacional de Aduanas que las notificaciones les sean practicadas mediante carta certificada dirigida a su domicilio particular, el cual deberán señalar al momento de efectuar la respectiva solicitud. En este caso, la notificación se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos para su despacho. Esta solicitud será resuelta por el Servicio, de conformidad con el procedimiento que se establezca.

La notificación por correo electrónico se entenderá practicada en la fecha de su envío. El correo electrónico de notificación deberá contener copia de la actuación del Servicio, incluyendo los datos necesarios para su acertada inteligencia.

Es obligación del interesado mantener actualizada la dirección de correo electrónico declarada. Cualquier circunstancia ajena al Servicio por la que el interesado no reciba el correo electrónico, no anulará la notificación, salvo que el interesado acredite que no recibió la información por caso fortuito o fuerza mayor.

Corresponderá al Director Nacional de Aduanas establecer el procedimiento para practicar las notificaciones por correo electrónico del Servicio.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, por decreto del Ministerio de Hacienda se podrá establecer otros medios de notificación electrónica respecto de los despachadores que cuenten con autorización para funcionar en sistemas de transmisión electrónica de datos. El Director Nacional deberá mediante resolución identificar los sistemas electrónicos de transmisión de datos incluidos en el presente inciso.”.

4. En el artículo 92 bis:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la frase “plazo de dos años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración” por lo siguiente: “plazo de tres años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración o bien desde la última modificación que haya sido solicitada por el interesado”.

ii. Intercálase entre las frases “o tratados internacionales” y “, en cuyo caso”, lo siguiente: “o en la legislación nacional”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo la palabra “dos” por “tres”.

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Los cargos que se formulen en conformidad a este artículo se notificarán al consignatario o importador mediante correo electrónico enviado a la dirección registrada en el documento de destinación. Deberá remitirse además una copia de dicho correo al despachador. La omisión de envío de esta copia no anulará la notificación.”.

d) Agrégase a continuación del inciso tercero el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Los cargos señalados en el presente artículo podrán ser reclamados según lo dispuesto en el artículo 117 y no será preciso para interponer la reclamación el pago previo de los derechos, impuestos, tasas o gravámenes.”.

5. Agréganse a continuación del artículo 92 bis los siguientes artículo 92 ter y 92 quáter, nuevos:

“Artículo 92 ter.- El valor declarado en una destinación de importación podrá ser modificado a solicitud del importador, conforme lo dispuesto en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, y en la ley Nº 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 31, de 2004, del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de variaciones al valor, cuyas condiciones sean conocidas al momento de la legalización de la declaración respectiva y sean susceptibles de ser acreditadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de la legalización de la importación se deberá declarar que el valor se encuentra sujeto a revisión y cumplir con los plazos y demás requisitos que determine la regulación emitida al efecto por el Director Nacional de Aduanas, y deberán determinarse los ajustes que sean necesarios a los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aplicables. El plazo que se establezca en cada caso para que el interesado solicite la modificación del valor aduanero no podrá exceder los dieciocho meses desde la fecha de legalización de la declaración.

No se formulará denuncia al despachador por las modificaciones a las destinaciones aduaneras que se efectúen conforme este artículo. No obstante, en caso de constatarse la existencia de dolo o documentación maliciosamente falsa, el Servicio podrá formular denuncia por el delito de contrabando establecido en el artículo 168 inciso tercero.

Artículo 92 quáter.- Los ajustes o autoajustes en materia de precios de transferencia, regulados en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, inclusive aquellos cuyo origen sea la celebración de un acuerdo anticipado de precios, no producirán efectos en los valores declarados en una destinación de importación o exportación, ni será necesaria su modificación.

Cuando se celebre un Acuerdo Anticipado de Precios que incluya la importación de mercancías, el acuerdo deberá ser suscrito por el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio de Hacienda, mediante resolución establecerá el procedimiento a través del cual ambas instituciones resolverán sobre la materia.

En caso que, con ocasión de la firma de un Acuerdo Anticipado de Precios, se realice un ajuste por los ejercicios anteriores, éstos producirán efecto sólo respecto del impuesto a la renta.”.

6. En el literal b) del inciso primero del artículo 117:

a) Intercálase entre las expresiones “de exportación” y “, practicada por”, lo siguiente: “e importación".

b) Agrégase el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Si como consecuencia de la aplicación de la referida clasificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos 186 y siguientes.”.

7. En el inciso primero del artículo 121:

a) Intercálase, entre el guarismo “117” y la coma que le sigue, la frase “, excepto en los casos a que se refiere el párrafo segundo de la letra b)”.

b) Reemplázase en su literal a) la palabra “quince” por “treinta”.

c) Reemplázase en su literal b) la palabra “cincuenta” por “noventa”.

d) Reemplázase en su literal c) la expresión “no interrumpirá” por “suspenderá”.

8. Reemplázase el artículo 125 por el siguiente:

“Artículo 125.-Se formará el proceso en soporte electrónico con los escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio.

Para ello el Tribunal Tributario y Aduanero mantendrá registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico apto para producir fe y que permita garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Dicho registro se denominará, para todos los efectos legales, Sistema de Administración de Causas Tributarias y Aduaneras, en adelante “el Sistema”, y cada uno de los expedientes como Expediente o Carpeta Electrónica. La conservación y respaldo periódico de los registros estará a cargo de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

Se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación. El Sistema numerará automáticamente cada pieza del expediente en cifras y letras. Se exceptúan las piezas que por su naturaleza no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente.

Durante la tramitación sólo las partes podrán imponerse de los autos del proceso. Esta limitación no comprende las sentencias definitivas de primera instancia, las cuales deberán ser publicadas por la Unidad Administradora del Tribunal y mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

En aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno o pieza del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Lo mismo se aplicará cada vez que la ley ordene la remisión, devolución o envío del proceso o de cualquiera de sus piezas a otro tribunal.”.

9. En el artículo 127:

a) En el inciso tercero:

i. Reemplázase la expresión "carta certificada” por la frase “correo electrónico".

ii. Reemplázase la frase "al tercer día contado desde aquél en que la carta fue expedida por el tribunal” por lo siguiente: “el mismo día del envío por parte del tribunal del correo electrónico”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la frase “un domicilio dentro del radio urbano de una localidad ubicada en alguna de las comunas de la Región sobre cuyo territorio aquél ejerce competencia, y esta designación se considerará subsistente mientras no haga otra, aun cuando de hecho cambie su morada” por la frase “una dirección de correo electrónico, y esta designación se considerará subsistente mientras no designe otra”.

c) Sustitúyese el inciso quinto por los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Respecto de la notificación a terceros ajenos al juicio, la parte interesada, en su comparecencia o en la actuación correspondiente, deberá designar el correo electrónico del tercero ajeno al juicio, para estos efectos. Si alguna de las partes indica fundadamente no conocer un correo electrónico del tercero ajeno al juicio cuya comparecencia requiere, deberá señalar su domicilio. En estos casos la notificación se entenderá practicada al tercer día contado desde aquél en que la carta certificada fue expedida por el tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, dichas resoluciones serán igualmente publicadas del modo que se establece en el inciso primero. En todo caso, la falta de esa publicación no anulará la notificación.

Para el evento que la notificación por correo electrónico no pueda realizarse porque el contribuyente manifiesta expresamente no tener una dirección de correo electrónico o por otra causal que no sea la omisión en la designación de dicha dirección, las resoluciones a que alude el inciso tercero se le notificarán por carta certificada. En este caso la notificación por carta certificada podrá realizarse a través de cualquiera de las empresas de servicios de correos legalmente constituidas en el país y se entenderá practicada al tercer día contada desde aquel en que la carta fue expedida por el tribunal. Lo anterior, será igualmente aplicable a los terceros respecto de los cuales no se cuente con la información de correo electrónico.”.

10. En el artículo 128:

a) Agrégase en el inciso primero a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “Si con los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo, el Servicio Nacional de Aduanas concluye que las alegaciones del reclamante desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte, según corresponda. Si el allanamiento es total, el Tribunal Tributario y Aduanero citará a las partes a oír sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio Nacional de Aduanas no podrá ser condenado en costas.”.

b) Agrégase en el inciso tercero, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto:

“En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse en contra de la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba. Para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos, se considerará la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.”

c) Agrégase en el inciso cuarto, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente texto: “El Servicio Nacional de Aduanas y el reclamante deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento.”.

d) Elimínanse los incisos décimo tercero y décimo cuarto.

e) En el inciso décimo sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, incorpórase entre la palabra “desestima” y el punto y seguido la frase “y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción”.

f) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En los casos en que el reclamante sea condenado en costas y la resolución que las establezca se encuentre ejecutoriada, lo que deberá ser certificado por el tribunal, el Servicio Nacional de Aduanas emitirá un giro para su cobro por el Servicio de Tesorerías.”.

11. En el artículo 128 bis:

a) En el inciso primero elimínase la frase “, siempre que todo lo anterior haya sido alegado expresamente en el reclamo o se trate de casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio”.

b) En el inciso tercero:

i. Intercálase entre la expresión “artículo 186 bis” y la coma que le sigue la expresión “y 129 K”.

ii. Sustitúyese la oración “Sin embargo, no procederá el llamado a conciliación en el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos.” por la siguiente: “No obstante lo señalado en el artículo 128, el Tribunal Tributario y Aduanero que esté actualmente conociendo del asunto, de oficio o a petición de parte, podrá llamarlas a conciliación en cualquier estado del juicio tramitado ante ellos.”.

c) En el inciso quinto:

i. Agrégase después de la palabra “Director” la expresión “Nacional de Aduanas”, las dos primeras veces que aparece.

ii. Elimínase el siguiente texto: “El Director deberá pronunciarse sobre la conciliación dentro de los treinta días siguientes al término de la audiencia, estando facultado para aceptarla o rechazarla total o parcialmente. En caso de no pronunciarse en dicho plazo, se entenderá que rechaza las bases de arreglo y la conciliación.”.

d) Intercálase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser inciso séptimo:

“El Director Nacional, mediante resolución fundada, establecerá los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación.”.

12. En el artículo 129 D:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la frase “sólo podrá interponerse el recurso de apelación” por la frase “podrán interponerse los recursos de apelación y casación en la forma”.

ii. Agrégase luego del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “En caso de que se deduzcan ambos recursos, éstos se interpondrán conjuntamente y en un mismo escrito.”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“El término para interponer el recurso de apelación y casación en la forma no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo 129 C.”

c) Elimínase el inciso tercero.

13. Suprímese el artículo 129 E.

14. En artículo 140:

a) Intercálase en la letra a), entre la palabra “desaduanamiento” y el punto y coma que le sigue, la frase “, aun cuando se encuentren pagados los derechos, impuestos y gravámenes”.

b) Reemplázase en la letra b) la frase “cancelado los derechos de Aduana” por “pagado los derechos, impuestos y gravámenes”.

15. En el artículo 152:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “intendentes” por “Delegados Presidenciales”.

b) Elimínase en el inciso tercero la siguiente oración: “Esta donación estará exenta del trámite de insinuación y de toda clase de impuestos y tendrá el carácter de pública.”.

c) Agrégase a continuación del inciso tercero los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Nacional de Aduanas podrá autorizar la donación de las mercancías señaladas en el inciso anterior en casos excepcionales, por resolución fundada, a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que su objeto sea la beneficencia o realización de obras sociales.

Las mercancías donadas por aplicación de los dos incisos anteriores están liberadas del trámite de insinuación y exentas del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.”.

16. Agrégase a continuación del artículo 152, el siguiente artículo 152 bis, nuevo:

“Artículo 152 bis.- Las mercancías que sean objeto de una investigación penal por más de un año, podrán ser declaradas susceptibles de destrucción. Antes de ello, se dejará una muestra representativa y se informará al Ministerio Público o al tribunal respectivo. El Ministerio Público tendrá un plazo de 5 días hábiles para oponerse, contado desde la recepción de dicha información.”.

17. En el artículo 174:

a) Elimínase en el inciso primero la siguiente oración: “Si la mercancía fuere nacional o nacionalizada, la multa será hasta del 1% de su valor.”.

b) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente:

“Salvo lo dispuesto en el artículo 169, los errores en la destinación aduanera de exportación en relación con el origen, peso, cantidad, contenido, valor o clasificación arancelaria, serán sancionados con una multa de hasta el 2% del valor aduanero de la mercancía, con un mínimo de 10 y un máximo de 100 unidades tributarias mensuales. En caso de reiteración el máximo de la multa se elevará hasta 200 unidades tributarias mensuales. Se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de las conductas señaladas en este inciso en más de un ejercicio comercial anual.”.

c) Reemplázase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “fijen los reglamentos” por “fije el Director Nacional”.

18. En el artículo 176:

a) Reemplázase en la letra a) el número “5” por “10”.

b) Elimínase en la letra m) la frase “de doble circuito (luz roja luz verde)”.

c) Reemplázase en la letra ñ) el número “5” por “10”.

d) Agrégase a continuación del literal o), los siguientes literales p) y q), nuevos:

“p) Retirar o permitir el retiro de mercancías desde los recintos de depósito aduanero, o entregarlas, sin que se hayan cumplido todas las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas, exigidas para dicho retiro, con multa de hasta una vez el valor aduanero de dichas mercancías.

q) En los regímenes suspensivos de derechos de admisión temporal, almacén particular y depósito, se sancionará con multa de hasta una vez el valor aduanero de las mercancías, el almacenar o depositar las mercancías en un lugar distinto al declarado, la no cancelación o cancelación extemporánea de los citados regímenes.”.

19. Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 185 la expresión “10%” por “20%”.

20. En el artículo 186:

a) Reemplázase en el inciso primero el guarismo “10%” por “20%”.

b) Incorpórase a continuación del punto y aparte del inciso tercero, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Si se hubiere reclamado de la clasificación u origen de conformidad con el procedimiento de reclamación general no podrá discutirse nuevamente acerca de lo resuelto.”.

21. Agrégase, en el artículo 187, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El monto señalado en el inciso anterior será de 11 unidades tributarias mensuales, respecto de las multas impuestas en virtud de lo dispuesto en las letras a) y ñ) del artículo 176.”.

22. En el artículo 202:

a) En el inciso primero:

i. Reemplázase la conjunción “y” la primera vez que aparece por una coma.

ii. Intercálase en el inciso primero entre la expresión “ante la Aduana” y “estarán sujetos” la frase “y los demás que estén considerados por esta Ordenanza,”.

b) Agrégase el siguiente inciso noveno, nuevo, pasando los actuales incisos noveno y décimo a ser décimo y undécimo:

“Si las resoluciones fueren emitidas por la Dirección Nacional la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización u acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario.”.

23. Agrégase a continuación del artículo 202, el siguiente artículo 202 bis, nuevo:

“Artículo 202 bis.- La responsabilidad disciplinaria prescribe en el plazo de 3 años contados desde el incumplimiento de la obligación y se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento al afectado. La comisión de un nuevo incumplimiento, dentro del mismo ejercicio comercial, hará perder el tiempo de prescripción transcurrido.”.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 9 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica:

1. Sustitúyese las veces que aparece la frase “precio corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

2. Elimínase en el numeral 3 de su inciso primero el texto a continuación de la palabra “respectivo” hasta el punto y aparte.

3. Agrégase a continuación del inciso primero, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el inciso segundo actual a ser cuarto y así sucesivamente:

“La Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y el Servicio de Registro Civil e identificación deberán informar al Servicio de Impuestos Internos, en la forma y oportunidad que éste determine mediante resolución, los aviones y helicópteros; yates; y, automóviles, station wagons y vehículos similares, referidos respectivamente en los números anteriores y que, de acuerdo con las bases de datos de cada organismo, cumplan las condiciones que en cada caso establezca el Servicio en la misma resolución.

Cuando los bienes señalados en los números anteriores queden sujetos al presente impuesto, la base imponible será la totalidad del valor normal de mercado del bien.”.

4. Agrégase a continuación del inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser inciso séptimo y así sucesivamente:

“Tampoco se afectarán con este impuesto los yates que, además de cumplir con las características mencionadas en el número 3 anterior, cumplan con los siguientes requisitos copulativos: (i) que su principal medio de propulsión sea la vela. Se entiende por tales por tales aquellos que se encuentren diseñados para propulsarse a vela y que conservan el uso de este elemento, en los que el empleo de un motor solo cumple un rol secundario o de apoyo; (ii) que correspondan a modelos aceptados dentro del ciclo olímpico; y (iii) que hayan sido efectivamente empleados por deportistas de alto rendimiento en una o más regatas oficiales realizadas durante el año anterior al devengo del impuesto. Para estos efectos, la Subsecretaría del Deporte deberá informar anualmente al Servicio de Impuestos Internos qué modelos de yates son aceptados en el ciclo olímpico. Asimismo, otorgará a los deportistas que así lo requieran un certificado que dé cuenta de la embarcación utilizada y remitirá anualmente al Servicio de Impuestos Internos los certificados emitidos.

Para efectos de este artículo, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante deberá establecer los mecanismos que le permitan mantener la información actualizada de todos los yates independiente de su valor o características.”.

5. Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado a ser séptimo, la oración que va desde el punto y seguido hasta el punto y aparte, por la siguiente: “En los casos en que no exista tal determinación, el Servicio de Impuestos Internos estimará el valor normal de mercado según el precio de adquisición de un determinado bien en el mercado nacional o internacional, considerando sus características generales, tales como marca, modelo y año de fabricación.”.

6. Agrégase en su inciso sexto que ha pasado a ser décimo, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Cuando un bien gravado con el presente impuesto sea de propiedad de más de una persona, los copropietarios serán solidariamente responsables del pago del impuesto. El Servicio de Impuestos Internos estará facultado para emitir un solo giro por el total del impuesto a cualquiera de los copropietarios. Aquel copropietario a cuyo nombre fue emitido el giro y realizó el pago del impuesto tendrá derecho a repetir en contra de los demás copropietarios en la proporción que corresponda.”.

7. Agrégase a continuación del inciso sexto que ha pasado a ser décimo, los siguientes incisos undécimo y duodécimo, nuevos, pasando el actual inciso séptimo a ser decimotercero y así sucesivamente:

“Dentro de los plazos de prescripción el Servicio podrá establecer que existen bienes afectos o diferencias de impuestos respecto de un bien; podrá modificar, eliminar o emitir un nuevo giro siempre que cuente con información fundada, obtenida de oficio o proporcionada por el contribuyente u otra entidad competente y dará cuenta de bienes afectos o diferencias respecto del valor normal de mercado del bien. Cuando se determine la existencia de bienes afectos o diferencias de impuestos con ocasión de la modificación o emisión de un nuevo giro, éstos deberán ser pagados dentro del mes siguiente al de su modificación o emisión.

Los giros, así como sus modificaciones, serán objeto de reclamo, y se sujetarán al procedimiento del Título II del Libro III del Código Tributario.”.

8. Sustitúyese el inciso séptimo que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

“En el mes de diciembre de cada año el Servicio, mediante resolución, publicará en su sitio web y en el Diario Oficial, una nómina con los bienes afectos al presente impuesto, la que deberá actualizar trimestralmente. Para estos efectos deberá considerar la información proveída por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección General de Aeronáutica Civil u otros organismos competentes. Los bienes consignados en esta nómina corresponderán a bienes en buen estado de conservación y uso, considerando su año de fabricación. El hecho de no encontrarse en la nómina un bien determinado, que cumple con las características establecidas en los números 1, 2, 3 o 4 del inciso primero del presente artículo, no liberará a su propietario del pago del impuesto, y deberá requerir al Servicio, en la forma que éste establezca por resolución, la inclusión del bien en la nómina y la emisión del giro correspondiente, independiente de la actualización que el Servicio realice en conformidad al presente inciso. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Servicio podrá asignar a bienes que no están en la nómina, pero que cumplen los requisitos para estar gravados con el presente impuesto, el valor normal de mercado de otro bien de similares características tales como marca, modelo, año de fabricación, peso o tamaño, capacidad de pasajeros o tripulantes u otras.”.

9. Agrégase a continuación del inciso séptimo que ha pasado a ser decimotercero, los siguientes incisos decimocuarto y final, nuevos:

“Para la elaboración de la nómina señalada en el inciso anterior el Servicio podrá solicitar información a cualquier otra persona o entidad pública o privada, tales como notarios, agentes de aduanas y empresas importadores, distribuidores y comercializadores en la forma, oportunidad y periodicidad que el Servicio establezca por resolución.

Los contribuyentes podrán acceder a la información de que disponga el Servicio sobre los bienes registrados a su nombre, tales como tipo de bien, marca, modelo, año de fabricación, patente o matrícula, valor normal de mercado y monto del impuesto. Asimismo, podrán solicitar al Servicio corregir la información sobre los bienes registrados a su nombre y la aplicación de las exenciones legales, y acompañarán los antecedentes fundantes. Sin perjuicio de ello, respecto de la información que se haya obtenido de registros provenientes de otras entidades el Servicio no podrá actualizar dicha información mientras no sea corregida en los registros correspondientes.”.

Artículo 7.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1. En el artículo 46 A:

a) Agrégase a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“Cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación sobre un inmueble, para acceder a los beneficios establecidos en el presente Título la donación deberá ser indefinida o por un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a veinte años.”.

b) Agrégase, en el número 2 de su literal C), el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Para los efectos del presente Título se entenderá como actividad efectiva principal de una entidad aquella que desarrolle de forma mayoritaria y notoria, considerando factores tales como cantidad de recursos destinados, frecuencia de eventos vinculados a su desarrollo, entre otros. No se podrán considerar actividades que sean accesorias, ocasionales o accidentales.”.

2. Agrégase en el número 6 del literal C) del artículo 46 B el siguiente párrafo segundo, nuevo:

“Adicionalmente en aquellos casos en que se otorguen los beneficios tributarios establecidos en el presente Título a la donación de un bien, pero sujeta a un plazo definido, el costo tributario del bien donado deberá disminuirse en un monto equivalente al del beneficio tributario al que accede el donante.”.

3. En el artículo 46 C:

a) Reemplázase las cuatro veces que aparece, la frase “valor corriente en plaza” por “valor normal de mercado”.

b) Elimínase en su inciso segundo la frase “, en conformidad a lo señalado en el artículo 46 bis de la referida ley”.

c) Agrégase a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos, pasando el actual inciso tercero a ser el inciso séptimo y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando el objeto de la donación sea el derecho real de conservación, la valorización procederá sólo respecto de la porción del inmueble respecto del cual se constituye el referido derecho y en ningún caso la valoración podrá ser superior al valor normal de mercado del inmueble considerando la plenitud de sus atributos o al valor de adquisición cuando el donante sea una persona sujeta a contabilidad. En estos casos siempre será necesario que la valorización conste en un informe de perito independiente.

Cuando la donación del derecho real de conservación sea a perpetuidad o por un plazo igual o superior a cien años, el monto del beneficio tributario corresponderá al valor determinado según el inciso anterior. Si la donación fuere por un plazo inferior la valorización y el consecuente beneficio tributario será la proporción sobre el valor determinado según el inciso anterior en relación con el plazo de la donación. En todo caso las donaciones del derecho real de conservación por un plazo inferior a veinte años carecerán de todo beneficio tributario.

El monto correspondiente al beneficio tributario referido a la donación del derecho real de conservación rebajará, para todos los efectos legales, el costo tributario del inmueble sobre el cual se constituye el derecho real de conservación. De igual forma, cuando el derecho real de conservación se extinga por alguna de las causales establecidas en el artículo 12 de la Ley N° 20.930 en un plazo inferior al cual la donación fue realizada aquella proporción del valor del beneficio tributario que corresponda al período de tiempo entre el término anticipado y el plazo original de la donación se deberá considerar como un ingreso en el año comercial en que ocurra la extinción.

Al mismo tratamiento señalado en la parte final del inciso anterior se someterán las donaciones revocables que accederán a los beneficios tributarios del presente Título en caso de revocación.”.

4. Intercálase en el inciso segundo del artículo 46 F, entre la expresión “, si los hubiere” y el punto y seguido la siguiente frase: “, entendiendo por éstos a las personas naturales o jurídicas que tengan una incidencia relevante en la dirección, financiamiento u operación de la donataria”.

Artículo 8.- Modifícase el artículo vigésimo tercero de la ley N° 21.210, que Moderniza la legislación tributaria, en el siguiente sentido:

1. En el artículo 3:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “interna” y el punto y seguido, la frase “, cobro administrativo o judicial de obligaciones tributarias en dinero y tributación aduanera”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 8 bis” por “párrafo cuarto del título preliminar”.

2. En el artículo 4:

a) Sustitúyese su literal b) por el siguiente:

“b) Orientar y acompañar a los contribuyentes en las materias de su competencia, especialmente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna, y los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Internos y por el Servicio de Tesorerías respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto territorial, así como las actuaciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de tributación aduanera.”.

b) Introdúcense las siguientes modificaciones en su literal f):

i. Reemplázase la expresión “recursos administrativos” por la frase “todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.”.

ii. Agrégase a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: “Asimismo, podrá representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y ante el Servicio Nacional de Aduanas en la tramitación del recurso el resguardo de sus derechos ante acciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

c) Intercálase en el literal k), entre las expresiones “Internos” y “la existencia”, la frase “, Servicio de Tesorerías y Servicio Nacional de Aduanas”.

d) Intercálase en el literal n), entre la palabra “Internos” y la expresión “para efectos” la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

e) Intercálase en el literal p), entre las expresiones “contribuyentes,” y “las facultades” la frase “el cumplimiento de las obligaciones tributarias,”.

f) Agrégase a continuación del literal s), los siguientes literales t), u) y v) nuevos:

“t) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República la entrega de la información disponible y que la Defensoría del Contribuyente requiera para el cumplimiento de sus funciones.

El Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Tesorerías deberán proporcionar esta información oportunamente.

La Defensoría del Contribuyente podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Tesorerías datos personales e información que sea indispensable para cumplir con los servicios que se encuentren en el ámbito de sus competencias. En su requerimiento la Defensoría deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Tesorerías, según sea el caso, informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los antecedentes que consten en sus registros. Dicha información podrá ser solicitada y entregada, mediante una plataforma informática que resguarde su integridad y fidelidad.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Defensoría del Contribuyente que tome conocimiento de la información tributaria reservada estará obligado en los mismos términos establecidos por el artículo 25. El incumplimiento de este deber hará aplicables las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Párrafo 8 del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

u) Representar judicialmente ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y tribunales superiores de justicia, a los contribuyentes indicados en el artículo 44, respecto del reclamo contenido en el Párrafo 2º del título III del Libro III del Código Tributario y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

v) Realizar estudios cuantitativos y cualitativos, explorando distintas interseccionalidades que permitan detectar problemas y proponer soluciones en temas relacionados con el ejercicio de los derechos y la promoción de la educación y el cumplimiento tributario de las y los contribuyentes.”.

3. Agrégase en el encabezado del Párrafo I del Título V, a continuación de la palabra “Orientación”, la expresión “y Acompañamiento”.

4. En el artículo 33:

a) Agrégase a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Asimismo, los contribuyentes podrán solicitar orientación respecto a la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones tributarias efectuada por el Servicio de Tesorerías, las excepciones que se puedan interponer, los convenios de pagos a los que se puedan acoger y en general, respecto de todas las acciones que se pueden adoptar en este procedimiento, respecto del cobro de los impuestos fiscales y del impuesto y territorial.”.

b) Agrégase a continuación del inciso segundo que ha pasado a ser tercero el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“El acompañamiento consistirá en realizar acciones y planes de educación y formación a aquellos contribuyentes que inician sus operaciones para permitirles comprender y cumplir correctamente sus obligaciones tributarias con el objetivo de disminuir los errores involuntarios e introducirlos al sistema tributario.”.

5. En el artículo 43:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “de los recursos administrativos” por “de todo tipo de peticiones y recursos administrativos”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Defensoría podrá también representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas en aquellos recursos administrativos que permitan el resguardo de sus derechos ante actuaciones u omisiones realizadas por dichos organismos.”.

6. Intercálase en el artículo 46, entre la palabra “recursos” y la conjunción “a”, la expresión “y peticiones”.

7. Reemplázase en el inciso primero del artículo 47 la expresión “En los recursos” por “En las peticiones y recursos”.

8. Intercálase en el artículo 49, entre la palabra “fiscalización” y la coma que le sigue, la frase “o con ocasión de cualquier otro tipo de actuación en el ejercicio de sus facultades”.

9. Intercálase en el inciso segundo del artículo 52, entre el guarismo “123 bis” y la expresión “del Código Tributario” la siguiente frase: “o la resolución de una petición bajo el procedimiento establecido en el número 5º de la letra B. del artículo 6”.

10. Sustitúyese el artículo 54 por el siguiente:

“Artículo 54.- El Director Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda deberá designar un abogado para que represente al referido Servicio en el procedimiento de mediación.

El abogado que represente al Servicio deberá pronunciarse en la audiencia señalada en el artículo anterior sobre la propuesta de acuerdo presentada por la Defensoría y deberá aceptarla o rechazarla. Cuando se acepte la propuesta deberá señalar expresamente los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa y las condiciones para dicha aceptación.

Los criterios para la proposición, negociación y aceptación de las bases de acuerdo se deberán regir por la resolución que para estos efectos dictará el Director de Impuestos Internos.”.

11. Agrégase a continuación del artículo 57, los siguientes artículos 57 bis, 57 ter y 57 quáter, nuevos:

“Artículo 57 bis.- La Defensoría podrá representar a los contribuyentes señalados en el artículo 44 en la interposición y tramitación ante los tribunales de justicia del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario y en el artículo 129 K del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

Artículo 57 ter.- Cuando las pretensiones carezcan de mérito jurídico o no existan los antecedentes suficientes para su interposición o tramitación, la Defensoría podrá abstenerse de representar judicialmente a contribuyentes, mediante resolución fundada.

Artículo 57 quáter.- En los juicios que represente a un contribuyente, la Defensoría deberá efectuar todas las gestiones necesarias para la interposición, tramitación y ejecución del reclamo por vulneración de derechos establecido en el párrafo 2º del Título III del Libro IV del Código Tributario, hasta su total conclusión. En este sentido, podrá interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla dicho procedimiento, conciliar en los términos del artículo 132 bis del Código Tributario y proponer bases de un avenimiento extrajudicial ante el Director del Servicio de Impuestos Internos, según lo dispone el artículo 132 ter del Código Tributario.”.

12. En el artículo 58:

a) Intercálase entre las expresiones “contribuyente” y “, entregar”, la frase “de aquellos señalados en la parte final del artículo tercero”.

b) Reemplázase la frase “controvertido por el Servicio de Impuestos Internos, contenido en una liquidación, giro o resolución, o en cualquier otro acto administrativo” por la siguiente: “contenido en una liquidación, giro o en cualquier actuación administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en que el contribuyente tenga un interés directo comprometido”.

13. Reemplázase el epígrafe del Párrafo VI por “Reuniones con el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

14. Intercálase en el artículo 70, entre las expresiones “Internos” y “para promover”, la frase “, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas”.

15. Reemplázase en el artículo 71 la frase “la Defensoría o el Servicio de Impuestos Internos” por “cualquiera de las instituciones referidas en el artículo anterior”.

16. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 72 la expresión “y el Servicio de Impuesto Internos” por la siguiente: “y los organismos señalados en el artículo 70”.

17. Reemplázase en el artículo 73 la frase “el Servicio de Impuestos Internos” por “los organismos señalados en el artículo 70”.

18. Reemplázase en el inciso primero del artículo 74 la frase “Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos podrá” por la frase “Director del Servicio de Impuestos Internos, el Tesorero General de la República o el Director del Servicio Nacional de Aduanas podrán”.

Artículo 9.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo primero del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija texto de la Ley orgánica del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales:

1. Intercálase en el artículo 41, entre la expresión “bienes” y el punto y seguido, la frase “, de su conviviente civil y de sus hijos sujetos a patria potestad, y de las personas que se encuentren bajo su tutela o curatela”.

2. Agrégase a continuación del artículo 41, los siguientes artículos 41 bis y 41 ter, nuevos:

“Artículo 41 bis.- El Servicio podrá corroborar el cumplimiento de las obligaciones que este Título impone a los funcionarios del Servicio, y solicitar al funcionario toda la información de respaldo en los términos del artículo 61 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. El Servicio podrá además efectuar dicha corroboración, oficiosamente, con toda la información contenida en sus bases de datos.

Artículo 41 ter.- La institución tendrá acceso, en todo caso, a la comunicaciones llevadas a cabo a través de cuentas de correo electrónico institucionales u otros mecanismos de intercambio de información que sean provistos por el Servicio a sus funcionarios, las que podrán ser revisadas por la institución en todo caso.”.

3. Agrégase a continuación del artículo 51, el siguiente artículo 51 bis, nuevo:

“Artículo 51 bis.- Cuando un funcionario del Servicio, en el ejercicio de sus labores, deba sostener una entrevista con el contribuyente o sus representantes, deberá estar acompañado por otro funcionario.”.

Artículo 10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 329, del Ministerio de Hacienda:

1. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 2 la expresión “de Recursos Humanos” por “de Gestión y Desarrollo de Personas”.

2. En el inciso segundo del artículo 4:

a) Agrégase en el numeral 2, a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: ”En el ejercicio de esta facultad establecerá la estructura organizativa interna del Servicio, de conformidad a su dotación máxima de personal y a lo dispuesto en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. En dicha estructura considerará, a lo menos, una unidad de Control Fronterizo y Operaciones y una unidad de Contraloría Interna.”.

b) En su numeral 10:

i. Elimínase la palabra “fiscal”.

ii. Intercálase entre las expresiones “de mercancías” y “que por su naturaleza” la expresión “que cumplan con las condiciones técnicas para ello, y”.

iii. Reemplázase la frase “fiscales destinados al efecto” por “habilitados, o bien,”.

iv. Agrégase después del punto y aparte, que pasa a ser coma, la frase “siéndoles aplicable lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 56 y en los artículos 58 a 62 de la Ordenanza de Aduanas.”.

3. Reemplázase en el artículo 12 la expresión “Subdirección de Recursos Humanos” por “Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas”.

4. En el artículo 14:

a) Reemplázase su numeral 5 por los siguientes numerales 5, 6 y 7 nuevos, pasando el actual numeral 6 a ser 8.

“5. Valparaíso, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Isla de Pascua, Petorca, Quillota, Marga Marga y Valparaíso.

6. San Antonio, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre la provincia de San Antonio.

7. Los Andes, con jurisdicción en la Región de Valparaíso, sobre las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua.”.

b) Reemplázase su numeral 7 por los siguientes numerales 9 y 10, pasando los actuales numerales 8, 9 y 10 a ser numerales 11, 12 y 13 respectivamente:

“9.- Talcahuano, con jurisdicción sobre la Región del Maule, Región de Ñuble y Región de Bíobío.

10.- Araucanía, con jurisdicción sobre la Región de la Araucanía.”.

Artículo 11.- Modifícase la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en el artículo 5, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente:

“No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hayan sido sancionados conforme a lo dispuesto en el artículo 100 bis del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.”.

2. En el artículo 16:

a) En su inciso primero:

i. Reemplázase la frase “directivos, ejecutivos y administrativos” por la siguiente: “de dirección, ejecución y administración”.

ii. Intercálase entre la palabra “persigan” y la expresión “fines de lucro” la frase “o no”.

b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para el control de lo dispuesto en el inciso primero, los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deberán presentar la declaración anual de intereses y patrimonio establecida en el Título II de la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, en los términos y oportunidades que ahí se señala. Adicionalmente, los jueces y funcionarios deberán presentar las declaraciones correspondientes de su cónyuge, aun cuando se encuentren separados de bienes, de su conviviente civil y de sus hijos dependientes.

Las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento al deber señalado en el inciso anterior se determinarán y aplicarán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 2° del Título II de la ley N° 20.880.”.

3. Agrégase en el artículo 19, a continuación del numeral 6° los siguientes numerales 7° y 8° nuevos, pasando el actual numeral 7° a ser 9°:

“7° Estudiar, implementar y evaluar planes y programas de probidad y clima laboral para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, sin perjuicio de las facultades conservadoras y disciplinarias de la Corte Suprema.

8° Cuando, en el ejercicio de su función o con ocasión de alguna denuncia efectuada a través de cualquier canal creado para estos efectos, tome conocimiento de la ocurrencia de delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, deberá denunciar dichos hechos ante los órganos persecutores correspondientes.”.

Artículo 12.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 4 de la ley Nº 20.853, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, la expresión “diarios de circulación nacional” por “diarios de circulación nacional o diarios electrónicos”.

Artículo 13. - En el primer inciso del artículo 4 de la ley N° 20.431, que establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos, reemplázase la frase “escalafón profesional del Servicio” por “escalafón fiscalizador o profesional del Servicio”.

Artículo 14. - Incorpórase en el inciso primero del artículo trigésimo sexto del Título VI de la Ley N° 19.882, a continuación de la frase: “; y, en el Servicio de Impuestos Internos, al cargo de Director Nacional” la siguiente: “y a los cargos de Subdirectores de Departamento de Subdirecciones. Estos últimos quedarán afectos al segundo nivel jerárquico”.

Artículo 15.- Los funcionarios o funcionarias que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública correspondientes al segundo nivel jerárquico del Servicio de Impuestos Internos, mantendrán sus nombramientos y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha. Deberá llamarse a concurso conforme al título VI de la ley Nº 19.882 cuando cesen en ellos por cualquier causa.

Artículo 16.- Modifícase el artículo 154 del decreto con fuerza de ley N° 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero, entre la palabra “legalmente” y el punto y seguido la expresión “, o a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la expresión “cliente” y el punto y aparte, la frase “, así como a quien haya sido autorizado por ley a requerir dicha información”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Las modificaciones efectuadas en el Código Tributario, contenidas en el artículo 1 entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1. Las modificaciones incorporadas en el nuevo numeral 9° de la letra A) del artículo 6 y en el artículo 100 bis comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2025.

2. El nuevo artículo 4 sexies comenzará a regir a partir del mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, pero para el sólo efecto de regular su conformación. Asimismo, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley deberá ser publicado el reglamento a que hace referencia este artículo.

El Consejo Asesor Consultivo deberá estar constituido al 1 de enero de 2025. De los 7 miembros que lo integran por primera vez, dos consejeros durarán dos años en sus cargos, tres consejeros durarán tres años y un consejero cinco años. A partir de las renovaciones los miembros durarán cinco años en sus cargos.

3. Las modificaciones incorporadas en los artículos 3, 53 y 55 entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

Cuando por aplicación de las nuevas disposiciones corresponda determinar intereses por periodos anteriores al segundo semestre de 2002 será aplicable, respecto a dichos periodos la tasa de interés que corresponda al segundo semestre de 2002.

4. Las modificaciones incorporadas en los artículos 9 y 11 entrarán en vigencia a partir del 1 de mayo de 2025. A partir del mes siguiente a la publicación de la ley los contribuyentes podrán modificar la cuenta de correos registrada en su sitio personal o presentar la solicitud contenida en el inciso primero del artículo 11 incorporado por el numeral 10 del artículo 1.

5. Los procedimientos iniciados de conformidad con el párrafo primero del Título III del Libro III, antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su tramitación judicial según las normas vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

6. El primer reporte semestral a que hace referencia el artículo 85 ter deberá realizarse respecto del segundo semestre de 2024.

7. Las modificaciones incorporadas en los incisos duodécimo y final del artículo 68 y los nuevos artículos 100 ter, 100 quáter y 100 quinquies, entrarán en vigencia seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.

8. Las modificaciones incorporadas en los artículos 130, 131 bis y 161 comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2025.

9. Las modificaciones incorporadas en los artículos 171, 174, 178, 179 y 185 regirán desde el tercer mes contado desde la publicación de la presente ley.

10. Las modificaciones incorporadas en los artículos 169, 170 inciso primero, 175, 176, 180 y el nuevo artículo 197 bis, comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2025.

Artículo segundo.- Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo primero del Decreto Ley N° 824, de 1974, contenidas en el artículo 2 de esta ley, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

1. Las modificaciones introducidas al artículo 41 G y 41 H comenzarán a regir a partir del 01 de enero de 2025.

2. Las modificaciones introducidas en los artículos 10, 32 y 41 E comenzarán a regir el primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 3 de esta ley a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios contenida en el Decreto Ley N° 825, de 1974, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, sin perjuicio de lo que a continuación se señala:.

1. Las modificaciones incorporadas en el nuevo artículo 3 bis, el artículo 4 y en letra B del artículo 12, comenzarán a regir el 01 de enero de 2025.

2. Las modificaciones incorporadas en el artículo 36 comenzarán a regir seis meses con posterioridad a la dictación del decreto supremo que reemplace al Decreto Supremo Nº 348 de 1975, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción cuyo texto refundido se encuentra en el Decreto Supremo Nº79 de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá dictarse dentro de los tres meses siguientes al de publicación en el Diario Oficial.

3. Aquellos contribuyentes que hubieran accedido o solicitado el beneficio contenido en el artículo 27 bis se regirán según las normas vigentes a la fecha de aprobación o solicitud según corresponda, con las siguientes modificaciones:

En la declaración correspondiente al mes de enero de cada año comercial, deberán incrementar el monto a restituir en una cantidad tal que, sumada a las restituciones efectuadas en los meses correspondientes al mismo año calendario sean equivalentes al menos a 1/10 del saldo por restituir determinado al 1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley. Lo dispuesto anteriormente deberá realizarse a contar de la declaración correspondiente al mes de diciembre del ejercicio en el cual se determine el saldo a restituir según lo dispuesto en el presente inciso.

Artículo cuarto.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 4 de esta ley en la ley 16.271, sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, independiente de la fecha en que se hubiese deferido la herencia o realizado la donación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los procedimientos de insinuación que se hubieran iniciado con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de inicio del procedimiento judicial.

Artículo quinto.- Las modificaciones introducidas en decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, contenidas en el artículo 5 de esta ley, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final, con excepción de las modificaciones en los artículos 25 bis, 125 y 127 que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2025.

Artículo sexto.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 6 de esta ley en el artículo 9 de la ley 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo séptimo.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 7 de esta ley en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo octavo.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 8 de esta ley en el artículo vigésimo tercero, contenido en la ley N° 21.210, que moderniza la legislación tributaria, entrarán en vigencia según las siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo final transitorio:

Las modificaciones incorporadas en el artículo 4, con excepción de las modificaciones a los literales b) y p) y el nuevo literal t); en los artículos 43, 70, 71, 72, 73, 74 y en los nuevos artículos 57 bis, 57 ter y 57 quáter, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2025.

Artículo noveno.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 9 de esta ley en el decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija texto de la Ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales que señala, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo décimo.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 10 de esta ley en el decreto con fuerza de ley Nº 329, de 1979, que aprueba la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo undécimo.- Las modificaciones incorporadas por el artículo 11 de esta ley en el decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija texto de la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, entrarán en vigencia según lo dispuesto en el artículo transitorio final.

Artículo duodécimo.- Establécese a partir del 1 día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley hasta el 30 de noviembre del mismo año, el siguiente sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero:

1. Contribuyentes que pueden acogerse.

Los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 2023, podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, en la forma que determine mediante resolución, sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero, cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados o gravados con los tributos correspondientes en Chile, aun cuando hayan sido declarados o informados para fines cambiarios, o cuando los bienes o rentas se mantengan u obtengan en el exterior a través de mandatarios, trusts u otros encargos fiduciarios o mandatarios. También podrán declarar sus bienes y rentas que se encuentren en Chile, cuando sean beneficiarios de aquellos a través de sociedades, entidades, trusts, encargos fiduciarios o mandatarios en el extranjero. Cuando los bienes o rentas se tengan indirectamente o a través de encargos fiduciarios o mandatarios, en la declaración se deberá identificar a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas.

Con la presentación de esta declaración, se entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos, a la Unidad de Análisis Financiero y cualquier otra institución u órgano del Estado que pueda tener injerencia en lo que respecta a la declaración e ingreso de los bienes y rentas materia de este artículo, para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes que se haya incluido en ella, quienes deberán entregarla sin más trámite que la solicitud de la respectiva institución, acompañada de copia de la citada declaración, como asimismo para que entre todas las instituciones mencionadas puedan intercambiar entre sí, de la misma forma, dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para requerir los antecedentes de operaciones de cambios internacionales de acuerdo a la ley orgánica constitucional que lo rige, como asimismo para hacer entrega de información sujeta a reserva conforme al procedimiento que señala el artículo 66 de ese mismo cuerpo legal.

2. Ingreso de los bienes o rentas declaradas al país.

Los contribuyentes que declaren los bienes o rentas de que trata este artículo no estarán obligados, para efectos de este artículo, a ingresarlos al país. Quienes opten por ingresarlos deberán hacerlo, cuando ello sea pertinente, a través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile para el efecto; cumplirán con lo establecido en el numeral 17 y autorizarán a las instituciones públicas a que se refiere el numeral 1 para requerir a los bancos respectivos información específica sobre las rentas o bienes que se hayan incluido en la declaración, como asimismo, para que entre tales instituciones intercambien dicha información para los fines de lo dispuesto en este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades del Banco Central de Chile para limitar o restringir la realización de las operaciones de cambios internacionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de la ley orgánica constitucional que lo rige, o de las atribuciones que otras leyes le otorgan en materia cambiaria.

3. Reglas aplicables a los bienes y rentas que podrán acogerse.

3.1. Bienes y rentas.

Podrán ser objeto de la declaración que establece este artículo los siguientes bienes o rentas:

a) toda clase de bienes, incluyendo bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades constituidas en el exterior, o el derecho a los beneficios de un trust o fideicomiso. Se incluye también dentro de esta categoría toda clase de instrumentos financieros o valores, tales como bonos, cuotas de fondos, depósitos, y otros similares, que sean pagaderos en moneda extranjera.

b) divisas.

c) rentas que provengan de los bienes indicados en las letras anteriores, tales como dividendos, utilidades, intereses, y todo otro incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado.

En el caso de bienes que conforme a la legislación extranjera sean de titularidad o propiedad común mientras viva uno de los titulares o propietarios, se considerará el porcentaje según la prorrata que fijen las partes mediante escritura pública suscrita hasta antes de la presentación de la declaración o según la prorrata simple que corresponda según el número de titulares o beneficiarios.

Con todo, los contribuyentes no podrán someter al presente sistema los bienes o rentas que al momento de la declaración se encuentren en países o jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el Financial Action Task Force (FATF/GAFI).

3.2. Fecha de adquisición de los bienes.

Sólo podrán acogerse a este artículo los bienes o derechos que el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2023 y las rentas que provengan de tales bienes hasta el 31 de diciembre de 2023, ello sin perjuicio de la obligación de cumplir en el futuro con los impuestos y demás obligaciones que puedan afectar a tales bienes o rentas conforme a las normas legales que les sean aplicables, para efectos de índole aduanera, cambiaria, societaria, de mercado de valores, entre otras.

3.3. Prueba del dominio de los bienes y rentas.

Sin perjuicio de las reglas especiales de este numeral, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo deberán acompañar los antecedentes necesarios que el Servicio de Impuestos Internos solicite y determine mediante resolución para acreditar su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados o gastos o consumos financiados con dichas rentas, su origen, su fecha de adquisición o sobre las transacciones, pagos, y egresos que corresponda.

Para estos efectos, el Servicio deberá incluir, en lo que sea pertinente, las instrucciones que la Unidad de Análisis Financiero y demás instituciones u órganos del Estado emitan respecto a la aplicación de este artículo en lo relativo a los resguardos necesarios para dar cumplimiento al intercambio de información entre tales instituciones, respecto de los bienes o rentas que los contribuyentes voluntariamente declaren o ingresen al país conforme a este régimen transitorio y extraordinario.

Cuando estos bienes hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, conforme a la legislación del país en que se encuentren, su adquisición por parte del contribuyente se acreditará con un certificado de la entidad encargada del registro o inscripción, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, en el que conste la singularización de los bienes y el hecho de estar registrados o inscritos a nombre del contribuyente, de una entidad de su propiedad, de su mandatario o encargado fiduciario.

Cuando se trate de acciones u otros títulos, el contribuyente deberá acompañar copia de ellos, incluyendo una certificación del emisor en que se acredite su autenticidad, vigencia y el hecho de haberse emitido con anterioridad a la fecha señalada en el punto 3.2., todo ello debidamente legalizado, autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según sea el caso. Además, el contribuyente deberá acompañar, cumpliendo los mismos requisitos, copia del acto o contrato en virtud del cual adquirió los precitados títulos.

Cuando el derecho a los bienes o rentas se tengan o ejerza indirectamente, o a través de trusts, encargos fiduciarios o mandatarios, se deberá identificar al constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee y a los beneficiarios finales de tales bienes o rentas, acompañando copia del mandato, encargo fiduciario o trust, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda.

Cuando, para los fines de este artículo, las instituciones públicas de que trata esta misma disposición lo soliciten, en el ejercicio de sus facultades conferidas por ley, el contribuyente deberá exhibir los títulos originales de tenerlos aún en su poder, o, en su defecto, acompañar copia del título que dé cuenta de su enajenación posterior a la declaración, todo ello legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda, el que de todas formas deberá haberse emitido o suscrito cumpliendo con las formalidades que de acuerdo a la legislación chilena permitan establecer su fecha cierta.

Podrán incluirse en la declaración a que se refiere este artículo bienes respecto de los cuales, a la fecha de la declaración, no se cuente con los documentos legalizados, autenticados o traducidos, sin perjuicio que, cuando el Servicio de Impuestos Internos lo requiera en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, el contribuyente deberá acompañarlos con posterioridad a ella y hasta antes de emitirse el giro del impuesto respectivo.

4. Forma y plazo de la declaración.

La declaración a que se refiere este artículo deberá ser presentada por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo que fija este artículo, junto con todos los antecedentes de hecho y de derecho en que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos de este sistema voluntario, transitorio y extraordinario de declaración, momento a partir del cual se entenderá que autoriza a las instituciones públicas a que se refiere este artículo para intercambiar información respecto de los bienes o rentas que consten en su declaración. Dentro del plazo señalado, los contribuyentes podrán presentar cuantas declaraciones estimen pertinentes.

5. Inventario y descripción de los bienes, rentas, consumos y gastos de vida

Los contribuyentes deberán acompañar a la declaración establecida en este artículo, la que formará parte integrante de ella para todos los efectos, un inventario y descripción detallada de todos los bienes, rentas que sean objeto de ella, con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se encuentran y personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando no se hallen directamente en poder o a nombre del contribuyente, incluyendo aquellos que con anterioridad se hayan omitido o declarado en forma incompleta o inexacta.

6. Sanción por la incorporación dolosa de bienes o rentas de terceros en la declaración.

Aquellos contribuyentes que maliciosamente y con infracción a las disposiciones de este artículo incluyan en su propia declaración bienes o rentas de terceros, serán sancionados con multa del trescientos por ciento del valor de los bienes o rentas de que se trate, determinado según el numeral 7 de este artículo, y con presidio menor en sus grados máximo. La multa que establece este numeral se aplicará de acuerdo al procedimiento que establece el número 2 del artículo 165 del Código Tributario.

7. Reglas para la valoración de los bienes y rentas declarados.

El contribuyente deberá informar los bienes a su valor comercial a la fecha de la declaración. Dicho valor será determinado de acuerdo a las siguientes reglas:

a) En el caso de acciones, derechos o cualquier título sobre sociedades o entidades constituidas en el extranjero; bonos y demás títulos de crédito, valores, instrumentos y cualquier activo que se transe en el extranjero en un mercado regulado por entidades públicas del país respectivo, el valor de tales activos será el precio promedio que se registre en tales mercados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la declaración. Lo anterior deberá acreditarse con un certificado emitido por la respectiva autoridad reguladora o por un agente autorizado para operar en tales mercados, debidamente legalizado y autenticado o apostillado y traducido al idioma español, según corresponda.

b) En el caso de inversiones financieras compuestas de diferentes instrumentos y contratos, se considerará el saldo global de todos ellos de acuerdo a la respectiva cuenta o portafolio, según los certificados o cartolas emitidos por las respectivas instituciones financieras o bancarias al 31 de diciembre de 2023.

c) Cuando no pueda aplicarse lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, deberán declararlos a su valor comercial o de mercado, y tendrán como base para tales efectos un informe de valoración elaborado por auditores independientes inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros.

d) Los valores a que se refieren las letras precedentes, cuando sea pertinente, deberán convertirse a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio informado para la respectiva moneda extranjera por el Banco Central de Chile según el número 6., del Capítulo I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales o el que dicho Banco establezca en su reemplazo, correspondiente al día hábil anterior a la declaración.

e) El valor determinado conforme a este numeral, una vez pagado el impuesto único que establece el presente artículo, constituirá el costo de dichos bienes para todos los efectos tributarios.

f) En el caso de contribuyentes que declaren su renta efectiva afecta al impuesto de primera categoría en base a contabilidad completa, los bienes y las rentas declarados, deberán registrarse en la contabilidad a la fecha de su declaración, al valor determinado conforme a este numeral y se considerarán como capital para los efectos de lo dispuesto en el número 29, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974. Los demás contribuyentes deberán considerar dicho valor como costo de tales activos para todos los efectos tributarios.

g) Si el contribuyente no acredita el valor de los bienes o la cuantía de las rentas conforme a lo dispuesto en este numeral, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario, y se aplicará la totalidad de las normas de ese Código relativas a la tasación, incluido el derecho del contribuyente a reclamar de aquella conforme al procedimiento general de reclamación. Las diferencias de impuesto único que se determinen como consecuencia de la tasación que efectúe dicho Servicio, dentro de los plazos de prescripción que fija el artículo 200 del Código Tributario, se considerarán para todos los efectos tributarios, como un impuesto sujeto a retención. Aceptada la tasación por el contribuyente o ratificada por sentencia ejecutoriada, los valores tasados deberán considerarse formando parte del costo para fines tributarios de los respectivos bienes.

8. Procedimiento.

Presentada la declaración que regla este artículo y con el sólo mérito de aquella, el Servicio de Impuestos Internos deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes un impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes y rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 12%, sobre el valor de dichos bienes o rentas determinado por el contribuyente.

El pago de este impuesto deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del respectivo giro, y deberá dejarse constancia del pago en el expediente respectivo. El Servicio de Impuestos Internos dispondrá del plazo de doce meses contados desde la fecha del pago del impuesto para la fiscalización del cumplimento de los requisitos que establece este artículo, vencido el cual, se presumirá de derecho que la declaración del contribuyente y los antecedentes en que se funda han sido presentados en conformidad a sus disposiciones. Dentro de ese plazo, el Servicio podrá ejercer la totalidad de las atribuciones que le confiere la presente disposición legal, y girar las eventuales diferencias de impuesto único que puedan resultar. Vencido el plazo de doce meses, caducan de pleno derecho las facultades de dicho Servicio para la revisión y fiscalización de la respectiva declaración.

En caso de incumplirse alguno de los requisitos que establece esta ley el Servicio de Impuestos Internos notificará al contribuyente, dentro de los plazos señalados, una resolución en que se declare incumplimiento, con indicación del requisito de que se trate y solicitará, en cuanto ello sea posible, subsanarlo dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la respectiva notificación. Desde la referida notificación y hasta la resolución que deberá emitir el Servicio de Impuestos Internos respecto de haberse o no subsanado el incumplimiento, se suspenderá el plazo de doce meses que fija este número. En caso de no haberse subsanado el incumplimiento, el Servicio señalado podrá ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario, su ley orgánica y las demás disposiciones legales, e informará de ello al Banco Central de Chile, a la Unidad de Análisis Financieros y demás órganos del Estado que corresponda.

Contra la resolución que dicte el Servicio que declara fundadamente el incumplimiento de los requisitos de este artículo, el contribuyente tendrá derecho a reclamar conforme al procedimiento general que establece el Libro Tercero del Código Tributario. En caso de haberse declarado por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos que establece este artículo, no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se producirán en ese caso los efectos que el presente artículo atribuye al citado pago.

9. Tratamiento del impuesto único.

El impuesto de este artículo no podrá utilizarse como crédito contra impuesto alguno, ni podrá deducirse como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro tributo. No obstante lo anterior, no se aplicará en este caso lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

10. Regularización de información cambiaria.

Los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo, además de presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, deberán regularizar, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile conforme a su ley orgánica constitucional, en la forma y en los plazos que esta institución determine.

11. Prohibiciones.

No podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas que a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, hayan sido:

a) condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b) del artículo 27 de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley, en las modificaciones vigentes a la fecha de publicación de esta ley o sean regulados en cualquier normativa que se dicte a futuro y que amplíe dicho concepto, siempre y cuando dicha ampliación se haya producido con anterioridad a la fecha en que el contribuyente se acoja a las disposiciones de este artículo; o quienes hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o precedente.

b) condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por delito tributario.

c) condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

d) condenadas, formalizadas o sometidas a proceso por alguno de los delitos establecidos en los artículos 59 y 64 de la ley orgánica constitucional que rige al Banco Central de Chile.

e) objeto de una citación, liquidación, reliquidación o giro por parte del Servicio de Impuestos Internos, que diga relación con los bienes o rentas que se pretenda incluir en la declaración a que se refiere este artículo.

12. Efectos de la declaración y pago del impuesto.

Con la declaración y pago del impuesto único que establece el presente artículo, y siempre que se cumplan los requisitos que establece, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Conforme a ello, y sobre la base del mérito de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas para acogerse al sistema establecido por este artículo o transcurrido el plazo de doce meses que señala el numeral 8 anterior, se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de los bienes o las inversiones de cualquier naturaleza, como de las rentas que éstas hayan generado y que se incluyeron en la declaración respectiva para los fines del presente artículo. Lo dispuesto en este numeral no tendrá aplicación respecto de los deberes de información y lo establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.913; ni tampoco beneficiará a las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en el numeral precedente.

13. Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos.

El Servicio de Impuestos Internos, el Banco Central de Chile y la Unidad de Análisis Financiero, las demás instituciones u órganos del Estado y bancos, así como el personal que actúe bajo su dependencia, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, consumos, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme a este artículo.

Para estos efectos se aplicará lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, 66 de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile y 13 de la ley N° 19.913, según corresponda. Lo dispuesto en el párrafo precedente, no obsta a la entrega e intercambio de información de las instituciones a que se refiere este artículo respecto de la aplicación de la ley N° 19.913 y al intercambio de información establecido en los numerales 1 y 17 de este artículo.

14. Radicación y registro en el país de activos subyacentes.

En el caso en que los contribuyentes que tengan los bienes y rentas declarados respecto de los cuales paguen el impuesto único que establece este artículo a través de sociedades u otras entidades o encargos fiduciarios, y siempre que den cumplimiento a las demás obligaciones de acceso de información para su adecuado intercambio entre las instituciones señaladas en el numeral 1 de este artículo, podrán solicitar ante las autoridades respectivas que una vez pagado el tributo señalado los activos que se encuentran radicados en tales sociedades, entidades o propietarios fiduciarios, se entiendan, para todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, ello siempre que disuelvan tales sociedades o entidades o dejen sin efecto los encargos fiduciarios. Será título suficiente para efectos del registro o inscripción, según corresponda, de tales bienes a su nombre, la presente ley.

Para estos efectos el contribuyente deberá acreditar ante quien corresponda que los bienes o rentas a registrar o inscribir han sido materia de la declaración y se ha pagado a su respecto el impuesto que contempla esta ley.

En estos casos la radicación de estos bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una enajenación, sino que una reorganización de él, siempre que los activos se registren de acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto que contempla este artículo, caso en el cual el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer las facultades que establece el artículo 64 del Código Tributario, salvo para el caso de determinar el valor de tales bienes para efectos de la aplicación del impuesto único a que se refiere el presente artículo.

15. Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto que establece este artículo no se podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente.

16. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N°4 del Código Tributario se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este artículo.

17. De las medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo.

Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso eximirá del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley N° 19.913 y demás normas dictadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados por dicha ley deberán coordinar e implementar sistemas y medidas de detección y análisis antilavado de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del presente sistema, tendientes a identificar de manera eficiente la declaración o internación de bienes y rentas que puedan provenir de alguno de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la ley N° 19.913.

El Servicio de Impuestos Internos deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.913. Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero, previa solicitud, tendrá acceso permanente y directo para el debido cumplimiento de sus funciones legales a toda la información recabada por las instituciones públicas referidas, respecto de los bienes y rentas declaradas por los contribuyentes conforme a este artículo, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si ésta está sujeta a secreto o reserva. El Servicio de Impuestos Internos deberá implementar controles sobre la identificación de los contribuyentes que se acojan al sistema de acuerdo a los estándares que establece el Grupo de Acción Financiera en sus Recomendaciones Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo del GAFI, de acuerdo a lo que solicite expresamente la Unidad de Análisis Financiero. Por su parte, el Banco Central de Chile proporcionará los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley orgánica constitucional que lo rige.

Se conformará una comisión de coordinación y supervisión para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas antilavado de activos establecidas en el presente artículo y en la normativa relacionada que se emita por las referidas instituciones, la que se constituirá y funcionará por el tiempo necesario para cumplir con las disposiciones de este artículo, conforme lo determinen en conjunto el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de análisis financiero. En ella participarán el Servicio y Unidad referidos y cualquiera otra institución pública que se considere relevante para este propósito. Los bancos que intervengan en las operaciones que se acojan al sistema que establece este artículo deberán establecer mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con los controles para identificar debidamente a los contribuyentes que deseen ingresar activos de acuerdo a los estándares de debido conocimiento de clientes del GAFI, solicitar una declaración de origen de los fondos y requerir la identificación plena de los beneficiarios finales conforme a las reglas de este artículo.

Los bancos deberán reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier operación sospechosa que detecten en el análisis de la información proporcionada por los contribuyentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley N° 19.913 y en las circulares emitidas por dicha Unidad al efecto.

Los documentos o declaraciones emitidas por las autoridades competentes en el marco del presente sistema de declaración no pueden ser considerados como declaraciones oficiales de que los activos, rentas o fondos declarados o ingresados son de origen lícito.

Los contribuyentes que ingresen activos conforme al presente sistema sólo podrán hacerlo en caso de que ellos provengan de países que cuenten con normativa antilavado que aplique las Recomendaciones del GAFI y cuyas Unidades de Inteligencia Financiera pertenezcan al Grupo Egmont.

Artículo decimotercero.- Los contribuyentes que a la entrada en vigencia de la presente ley mantengan gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única vez entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y el 30 de noviembre de 2024, podrán poner término a dichas gestiones judiciales siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2024, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Para tal efecto, los contribuyentes se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los contribuyentes deberán presentar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web u otros medios electrónicos, acompañar los antecedentes y ofrecer caución suficiente del pago de la deuda tributaria, de conformidad a la resolución a que se refiere el número 5 siguiente.

2. Con el solo mérito del comprobante de ingreso de la solicitud el contribuyente podrá concurrir ante el tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente para que suspenda el procedimiento mientras el Servicio de Impuestos Internos no resuelva conforme al número 3 siguiente.

3. Dentro del plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud el Servicio de Impuestos Internos revisará el cumplimiento formal de los requisitos establecidos en el presente artículo y la suficiencia de la caución ofrecida. Una vez verificados dichos requisitos, dictará una resolución, la que será ingresada al tribunal que esté conociendo de la gestión judicial pendiente. Una vez ingresada la resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos, rendida la caución por el contribuyente y ratificada ante el tribunal, se levantará un acta dentro de quinto día, la que pondrá término a las gestiones judiciales que corresponda, y se considerará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

4. Si el fallo de primera instancia o de apelación, ha sido parcialmente favorable al reclamo, el contribuyente podrá acogerse a lo dispuesto en este artículo sobre la parte del fallo de primera instancia o apelación, según corresponda, que no le fue favorable, reconociendo y pagando la deuda tributaria correspondiente a esa parte, y concediéndosele la condonación del total de los intereses y multas que a ella corresponda. Respecto de la parte del fallo que fue favorable al interés del contribuyente, una vez presentada la solicitud y dentro del proceso de revisión formal de los requisitos de procedencia, el Servicio de Impuestos Internos evaluará si corresponde poner término al juicio por esta vía teniendo presente los argumentos vertidos y las expectativas de ganancia o pérdida en el juicio.

5. El Servicio de Impuestos Internos, por resolución fundada, regulará el procedimiento administrativo a que se refiere el presente artículo, así como la forma y plazo en que se deba ofrecer caución suficiente.

6. El cobro de la deuda que se gire por el Servicio de Impuestos Internos de conformidad con este artículo podrá acogerse a las facilidades que establece el artículo 192 del Código Tributario en los términos que dicha norma señala.

7. El Servicio de Impuestos Internos publicará en su sitio web, la nómina de los juicios que se haya puesto término conforme a este artículo, identificados por su número de rol y parte reclamante.

Lo dispuesto en los números anteriores no será aplicable respecto de hechos en relación con los cuales el Servicio de Impuestos Internos haya ejercido acción penal, salvo cuando se haya decretado sobreseimiento o absolución respecto del contribuyente; cuente con un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del procedimiento, ambos cumplidos; o, finalmente, cuando exista en la respectiva carpeta una decisión de no perseverar en la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, no se aplicará respecto de los reclamos de liquidaciones o giros de impuesto por parte del Servicio de Impuestos Internos que se relacionen con los hechos conocidos en juicios a que se refiere el artículo 160 bis del Código Tributario. En caso de haberse denegado una solicitud por alguna de las causales que contempla este numeral, el contribuyente podrá reiterarla, cumpliendo los demás requisitos, si resulta sobreseído, absuelto, o cuenta con acuerdo reparatorio, suspensión condicional o la decisión de no perseverar la investigación verificadas una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Artículo decimocuarto.- Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de octubre de 2024, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuarenta y ocho meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas, de los impuestos adeudados o multas por incumplimientos administrativos, vencidos hasta el 31 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficio al que también podrán acceder aquellos contribuyentes que paguen al contado. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. En el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2022, no se exigirá pago mínimo inicial.

El Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo, y las situaciones excepcionales en que éstas no procederán por razones fundadas.

Artículo decimoquinto.- El Tesorero General de la República declarará de oficio, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la publicación de la presente ley, la prescripción de las acciones de cobro del Fisco respecto al saldo vigente a dicha fecha, de los tributos, multas, créditos fiscales y sus recargos legales, excluido el impuesto territorial, girados o emitidos hasta el 31 de diciembre de 2013. Para estos efectos, se considerará que cualquier interrupción o suspensión de la prescripción de la acción de cobro no produjo el efecto de interrumpir ni suspender el cómputo del plazo. La facultad se ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución.

Artículo decimosexto.- El Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, establecerá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica de los concursos de asignación de funciones de jefaturas.

Artículo decimoséptimo.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 180 días contado de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, modifique las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. También podrá establecer la gradualidad en que se realizarán dichas modificaciones y oportunidad en que podrán comenzar a proveerse. Además, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones a las plantas antes indicadas. Los cargos antes señalados se proveerán de acuerdo con los incisos siguientes. También, en el ejercicio de esta facultad, determinará los cargos vacantes de la planta vigente que se podrán proveer de acuerdo a los incisos siguientes y fijar la gradualidad para su provisión.

La provisión de los cargos a que se refiere el inciso anterior en las plantas de profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares se realizará mediante concurso interno de antecedentes. El decreto con fuerza de ley señalado en el inciso anterior podrá establecer las normas complementarias para los referidos concursos. Con todo, por aplicación de este artículo, los funcionarios podrán subir el máximo de grados que determine dicho decreto con fuerza de ley para cada estamento.

En los respectivos concursos internos de antecedentes podrán participar los funcionarios que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Los funcionarios titulares de un cargo de la misma planta de la vacante a proveer, siempre que se encuentren nombrados en el grado inmediatamente inferior al de la vacante convocada y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo.

b) Los funcionarios a contrata asimilado a la misma planta del cargo de la vacante a proveer, que tengan dicha calidad al 31 de diciembre de 2023 y siempre que: se encuentren calificados en lista Nº1, de Distinción, o lista Nº2, Buena, durante, a lo menos, los dos años previos al concurso y reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del respectivo cargo. Los funcionarios a contrata asimilados a las plantas de fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares, solo podrán postular a los cargos vacantes del último grado de la planta a la cual se encuentren asimilados. Los funcionarios a contrata asimilados a la planta de profesionales solo podrán postular, como máximo, al mismo grado de la planta al que se encuentren asimilados al 31 de diciembre de 2023.

En la convocatoria de los concursos, deberán considerarse, a lo menos, los factores de experiencia calificada y evaluación de desempeño. La institución los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado a los funcionarios en el llamado a concurso, el que deberá publicarse, a lo menos, en la página web de la institución.

La provisión de los cargos vacantes en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares, se efectuará, en cada grado, en orden decreciente conforme al puntaje obtenido por los postulantes. En caso de producirse empate, los funcionarios serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida y, en el evento de mantenerse esta igualdad, decidirá el Director Nacional.

La provisión de los cargos vacantes de la planta de fiscalizadores se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la letra e) del artículo 15 de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En lo no previsto en el presente artículo estos concursos se regularán, en lo que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1º del Título II de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Las vacantes que se generen producto de la provisión de los cargos a que se refiere el inciso primero, se sujetarán igualmente a las normas de este artículo, y las demás normas que establezca el decreto con fuerza de ley a que se refiere el inciso primero.

El nombramiento en los cargos provistos por los concursos internos a que se refiere este artículo regirá a partir de la fecha en que quede totalmente tramitado el acto administrativo que lo dispone.

Artículo decimoctavo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. En el ejercicio de esta facultad, podrá modificar el monto del bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria para el personal del Servicio de Impuestos Internos titular de cargos de las plantas de administrativos y de auxiliares, establecido en el artículo 7º de la ley Nº 20.853. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

2. También podrá modificar el monto de los recursos que deberán destinarse al financiamiento de la asignación del artículo 7 de la Ley Nº19.646, establecido en el artículo 8 de dicha ley. Asimismo, podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto como la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

3. Además, podrá modificar los porcentajes de la asignación especial de estímulo en su componente fijo y los porcentajes de su componente asociado a la gestión tributaria, definidos en el artículo 4° de la ley Nº 19.646, para los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares. También podrá establecer la gradualidad en que las modificaciones antes indicadas se lleven a efecto. Asimismo, podrá establecer la fecha de entrada en vigencia de dichas modificaciones.

Artículo decimonoveno.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de los artículos decimoctavo transitorio y decimonoveno transitorio durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con esos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo vigésimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Aduanas y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar el número de cargos para cada grado de la Escala de Fiscalizadores que se asignen a dichas plantas y podrá establecer la gradualidad en que los cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; los cargos de exclusiva confianza y de carrera; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, para efectos del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Además, determinará los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. En el ejercicio de esta facultad podrá crear, suprimir y transformar cargos. Además, establecerá las normas de encasillamiento de las plantas de personal y el número de cargos que se proveerán de conformidad a ellas.

2. El número de cargos totales para la planta de personal que se fije en virtud de este artículo será de 1.616.

3. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas de personal y del encasillamiento que se practique.

4. En cualquier caso, el encasillamiento del personal a que se refiere este artículo quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.

b) Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos provisionales.

d) Respecto del personal que en el momento del encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

e) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan no serán exigibles respecto de las y los funcionarios titulares para efectos del encasillamiento a que se refiere el numeral 1 del artículo segundo de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

f) Los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios y, asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo vigesimoprimero.- El encasillamiento de las plantas de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores, técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Nacional de Aduanas quedará sujeto a las condiciones que establezcan el o los decretos con fuerza de ley que fijen sus plantas conforme al artículo anterior, considerando a lo menos lo siguiente:

1. Los funcionarios de las plantas antes señaladas se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, y mantendrán el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existen los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, éstos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

2. Una vez practicado el mecanismo anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán previo concurso interno, en los cuales podrán participar los funcionarios de planta y a contrata siempre que cumplan los requisitos para el cargo respectivo, se hayan desempeñado en calidad de titular de planta o a contrata, a lo menos, dos años continuos inmediatamente anteriores al 20 de mayo de 2018, y cumplan las demás condiciones para participar en dichos concursos que fije el o los decretos con fuerza de ley antes indicado, el cual podrá exigir contar con la certificación de aprobación de horas de capacitación impartidas por el Servicio. En el caso del personal a contrata, además podrá exigir haberse desempeñado en dicha calidad sin solución de continuidad por el número mínimo de años que defina el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior

3. Asimismo, dicho decreto con fuerza de ley señalará el número de grados superiores a los cuales podrá postular en el o los respectivos concursos. Con todo, solo podrá ser encasillado como máximo en tres grados superiores en todo el proceso concursal. A el o los concursos no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.479.

4. El o los decretos con fuerza de ley a que alude el artículo anterior definirán los factores que, a lo menos, considerará el concurso, la integración del comité de selección y también podrán establecer las demás normas para su realización. Además, el o los referidos decretos con fuerza de ley fijarán el grado en que podrán ser encasillados aquellos funcionarios a contrata que hayan experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en la época que determinen dicho decreto o decretos con fuerza de ley.

5. La provisión de los cargos vacantes de cada planta se efectuará, en cada grado, en orden decreciente, conforme al puntaje obtenido por los postulantes en el respectivo concurso interno. En caso de que resulte ser encasillado en dos o tres grados superiores, éste se implementará gradualmente, se asignará un grado en cada anualidad según lo defina el decreto con fuerza de ley, y podrá para ello crear cargos transitorios en la planta de personal respectiva, los cuales se suprimirán de pleno derecho cuando queden vacantes por cualquier causal. Dichos cargos transitorios quedarán afectos a la regulación que establezca el decreto con fuerza de ley.

6. En lo no previsto en el presente artículo estos concursos se regularán por las normas del Párrafo 1° del Título II del Estatuto Administrativo.

7. El decreto con fuerza de ley a que se refiere el artículo anterior podrá disponer que las vacantes que se generen producto del encasillamiento, se provean de acuerdo a las normas de este artículo. Además, dicho decreto con fuerza de ley podrá establecer normas complementarias para su provisión. Con todo en estos concursos, solo podrán participar aquellos funcionarios que hayan sido encasillados en el mismo grado o en uno o dos grados superiores a los que poseían a la época del encasillamiento, y solo podrán acceder hasta tres, dos o un grado superior al del encasillamiento, respectivamente, y de acuerdo a la forma y gradualidad a que se refieren los numerales anteriores y determine el decreto con fuerza de ley antes indicado.

Artículo vigesimosegundo.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de los artículos vigesimoprimero transitorio y vigesimosegundo transitorio de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Servicio Nacional de Aduanas. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

Artículo final.- Las modificaciones establecidas en esta ley que no tengan una fecha especial de vigencia, entrarán en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

******

Hago presente a V.E. lo siguiente:

En el artículo 1.-

- el número 8 letra c);

- el inciso penúltimo del artículo 59 ter, incorporado por el numeral 20;

- el número 26;

- el número 2 del artículo 65 ter incorporado por el numeral 27;

- los números 35 y 36.

En el artículo 5.-

- el inciso tercero del artículo 8 bis, incorporado por el numeral 1;

- el número 6;

- el número 12 letra a);

- el numeral 22 letra b).

En el artículo 9.-

- el número 1.

En el artículo 11.-

- los numerales 1 y 2 letra b);

fueron aprobadas en general y en particular por 120 votos a favor, de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose cumplimiento al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Por su parte, las siguientes disposiciones fueron aprobadas en general y en particular con el voto favorable de 120 diputadas y diputados, de un total de 155 en ejercicio:

En el artículo 1.-

- El inciso final del artículo 85 ter incorporado por el numeral 30.

- El párrafo final del nuevo numeral 7, incorporado por el literal G del numeral 23.

- El numeral 49 letra d).

En el artículo 2:

- El párrafo décimo del nuevo numeral 7 incorporado por el N°3 letra j).

- El numeral 13 del artículo duodécimo transitorio.

Por último, el número 33 del artículo 1, que incorpora el artículo 100 quáter, fue aprobado en general por 120 votos a favor y en particular por 98 votos a favor.

En todos estos casos la votación de produjo respecto de un total de 155 diputadas y diputados en ejercicio, dándose así cumplimiento al inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, por tratarse de normas de quórum calificado.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente (A) de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

OFICIO N° 98-2024

INFORME DE PROYECTO DE LEY QUE “DICTA NORMAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DENTRO DEL PACTO POR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL PROGRESO SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD FISCAL”.

Antecedentes: Boletín 16.621-05.

Santiago, treinta de abril de dos mil veinticuatro

A LA ABOGADA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

SEÑORA MARÍA EUGENIA SILVA FERRER. VALPARAÍSO

Por Oficio N° 1303/5/2024, de fecha 9 de abril de 2024, la Abogada Secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, doña María Eugenia Silva Ferrer, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, mediante el proyecto de ley que “Dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, en atención a que la iniciativa contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Ello, a fin de recabar el parecer del máximo tribunal en torno al proyecto.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión celebrada el veintinueve de abril del año en curso, presidida por su titular señor Ricardo Blanco H., y los ministros señora Chevesich, señor Valderrama, señoras Vivanco y Repetto, señor Llanos, señora Ravanales, señores Carroza y Matus, señoras Gajardo y Melo, y suplente señor Muñoz P., acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación.

“Santiago, treinta de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la Abogada Secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, doña María Eugenia Silva Ferrer, puso en conocimiento de la Excma. Corte Suprema, mediante Oficio N° 1303/5/2024, de fecha 9 de abril de 2024, el proyecto de ley que “Dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, en atención a que la iniciativa contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, en conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 77 de la Constitución Política de la República y el artículo 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Ello, a fin de recabar el parecer del máximo tribunal en torno al proyecto.

El proyecto en cuestión corresponde al Boletín N° 16.621-05, iniciado por Mensaje e ingresado a la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados el día 29 de enero de 2024, el que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, con urgencia suma asignada a su tramitación.

Segundo: Que la consulta dirigida a la Excelentísima Corte Suprema consta en un oficio de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados que fue recibido por la Corte Suprema el día 16 de abril, pero que tiene como data el día 9 de abril de 2024, fecha en la cual se había aprobado el Informe de la referida Comisión, una vez votadas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo los días 1 y 8 del mismo mes. Acaecido lo anterior, con fecha 10 de abril de 2024, el proyecto de ley fue votado en Sala, instancia en la cual se introducen nuevas indicaciones y es aprobado en general y particular, modificando el contenido primigeniamente aprobado por la Comisión.

El proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional difiere del texto que fuera propuesto por la Comisión y consultado a la Excelentísima Corte Suprema. Las disposiciones variaron su ubicación en el texto y, en otros casos, fueron derechamente rechazadas en la Sala de la Cámara de Diputados.

De este modo, cada uno de los artículos consultados como normas del artículo 77 de la Constitución Política de la República no es coincidente con la numeración que posee el actual texto en tramitación y que es analizado en segundo trámite constitucional por el Honorable Senado.

En razón de lo anterior, las disposiciones que pasan a ser analizadas en el presente informe corresponden a aquellas que fueron aprobadas en primer trámite constitucional, y cuyo contenido corresponde al texto aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a la fecha de la consulta, sin perjuicio que, actualmente, las disposiciones no son coincidentes con la numeración que se indica en el oficio remisor. Adicionalmente, nos extendemos a otras disposiciones no consultadas, pero que son atingentes con las funciones y atribuciones de los tribunales de justicia.

Tercero: Que los fundamentos expuestos en el Mensaje del proyecto de ley nos permiten distinguir los siguientes objetivos:

a. Incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, recursos que permitirán contribuir al financiamiento de las necesidades y prioridades de gasto que se han definido dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal; en este caso al financiamiento de pensiones y seguridad pública.

b. Relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios pues tienen un impacto directo en los ingresos fiscales, cuyo destino principal es el financiamiento de políticas sociales.

c. Fortalecer la Defensoría del Contribuyente, por cuanto, se han detectado deficiencias en su estructura original que dificultan el ejercicio de sus funciones.

d. Fortalecer institucionalmente a los diferentes servicios que componen la administración tributaria.

En este sentido, el contenido del proyecto de ley da cuenta de modificaciones a través de las cuales se:

a. Moderniza la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, a través de la implementación del expediente electrónico. Adicionalmente, se modifican los procedimientos judiciales permitiendo mayores espacios de conciliación y trasladando el procedimiento de reclamación de avalúo de bienes raíces al procedimiento general de reclamaciones, de forma de eliminar las falencias que el actual procedimiento genera tanto en detrimento del contribuyente como del interés fiscal.

b. Actualiza las herramientas de fiscalización de la administración tributaria. Es el caso de la modificación del procedimiento para el levantamiento del secreto bancario que, manteniendo un procedimiento judicial, traspasa al contribuyente la responsabilidad de oponerse a su levantamiento ante el tribunal correspondiente, sujeto a un procedimiento especial y abreviado que entregue certeza a todas las partes. Asimismo, se implementa la posibilidad de realizar una fiscalización unificada al grupo empresarial, incrementando la eficiencia en el quehacer de la Administración y evitando decisiones contradictorias.

c. Implementa medidas que buscan avanzar en el combate del comercio informal, principalmente aquel que se desarrolla a gran escala.

d. Actualiza la regulación de los delitos tributarios contenida en el Código Tributario.

e. Mejora el combate a la planificación tributaria agresiva mediante la modificación de la norma general antielusiva.

f. Otorga nuevas facultades a la Defensoría del Contribuyente.

g. Implementa medidas permanentes y otras transitorias cuyo objeto es permitir la puesta al día y regularización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

h. Fortalece los distintos órganos de la administración tributaria y de la Defensoría del Contribuyente, que incluye el fortalecimiento tecnológico y de personal. En este sentido, todos quienes cumplen funciones tanto en la administración tributaria como en los órganos judiciales especializados, deben someterse a altos grados de probidad, no sólo por el acceso a información sensible sino también para establecer mecanismos que impidan, dificulten y/o detecten la corrupción de la función pública. En el caso de los funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros se incrementan las exigencias respecto a la declaración anual de intereses y patrimonio. Además, se establece dentro de las funciones de la Unidad Administrativa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, realizar la denuncia de los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurra uno o más de los funcionarios.

Específicamente, los artículos del proyecto modifican los siguientes cuerpos legales:

a. Artículo 1: Código Tributario, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 830, de 1974, del Ministerio de Hacienda.

b. Artículo 2: Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974, del Ministerio de Hacienda.

c. Artículo 3: Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenido en el artículo 1° del decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda.

d. Artículo 4: Ley N° 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado en el artículo 8º del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia.

e. Artículo 5: Decreto con fuerza de ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

f. Artículo 6: Artículo 9 de la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica.

g. Artículo 7: Decreto ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior.

h. Artículo 8: Artículo vigésimo tercero de la ley N° 21.210, que Moderniza la legislación tributaria.

i. Artículo 9: Artículo primero del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, que fija texto de la Ley orgánica del Servicio De Impuestos Internos y adecúa disposiciones legales.

j. Artículo 10: Ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 329, del Ministerio de Hacienda.

k. Artículo 11: Ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.

l. Artículos transitorios.

m. Artículo final.

El proyecto de ley en tramitación aprobado en primer trámite se compone de 11 artículos permanentes, 22 artículos transitorios y un artículo final. El informe solicitado a la Excelentísima Corte Suprema recae en el artículo 1, que introduce modificaciones al Código Tributario; artículo 5, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y; el artículo 11 que modifica la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.

Cuarto: Que las disposiciones consultadas al Poder Judicial modifican tres cuerpos legales, en los cuales se regula la actividad de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (en adelante TTA), sea definiendo su competencia, entregando nuevas atribuciones y/o modificando las existentes. Los cambios propuestos se radican, principalmente, en el Libro III del Código Tributario, tanto en el Procedimiento General de Reclamaciones, como en los procedimientos especiales.

Los artículos cuyo análisis fue requerido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y que fueron aprobados en primer trámite son los siguientes:

Las observaciones a las disposiciones consultadas se contemplan en el acápite siguiente.

Quinto: Que, en relación con la redefinición de la competencia de Tribunales Tributarios y Aduaneros en casos que indica, la propuesta de ley introduce dos nuevos artículos y modifica otro, en el Título IV, Medios Especiales de Fiscalización, correspondiente al Libro I del Código Tributario. La particularidad de estos tres artículos es que definen la competencia del TTA que le corresponderá conocer de las reclamaciones que puedan originarse a partir de procesos de fiscalización. Eco de estas modificaciones, son las reformas introducidas al artículo 115 del Código Tributario (tratadas en el numeral 35 del artículo 1° del proyecto), que fija la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios.

En el caso de la Ordenanza de Aduanas, esta definición la hace el proyecto de ley en los artículos 117 y 202.

a) Artículo 59 ter, nuevo, Código Tributario.

El artículo 59 ter establece una hipótesis de fiscalización para contribuyentes que conforman un mismo grupo empresarial, y que sean parte de operaciones o transacciones realizadas en Chile y que serán o estén siendo fiscalizados conforme a lo indicado en los artículos 59 y siguientes, a los cuales el Servicio podrá realizar un procedimiento de fiscalización unificado que involucre a todos los contribuyentes del grupo empresarial que hayan concurrido en dichas operaciones y transacciones.

En este caso, el Servicio podrá disponer que la competencia para conocer la fiscalización se radique en la unidad que tenga jurisdicción sobre el domicilio de la sociedad o entidad controladora, o en la Dirección de Grandes Contribuyentes,

cuando corresponda, situación que deberá constar de forma expresa en la resolución que sea notificada a los contribuyentes.

Cuando el Servicio no haya radicado la competencia en la unidad correspondiente a la sociedad o entidad controladora, ésta podrá solicitar que se efectúe dicha radicación, dentro del plazo de cinco días. La solicitud deberá ser presentada ante el Director Regional correspondiente al domicilio del controlador o ante el Director de Grandes Contribuyentes cuando corresponda. Determinada la unidad que conocerá la fiscalización se radicará en ella la competencia para iniciar o proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la fiscalización respectiva, y de resolver todos los recursos y procedimientos pertinentes.

Esta definición es, la que a su vez, permite determinar el TTA competente para conocer de los reclamos que interpongan las entidades del mismo grupo empresarial que sean fiscalizadas conforme a este artículo, el cual será la correspondiente al territorio jurisdiccional del domicilio de la unidad en que se encuentre radicada la fiscalización. En estos casos procederá además la acumulación de autos.

b) Artículo 65 bis, Código Tributario

Al igual que la hipótesis anterior, este artículo regula la entrega de competencia a una Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, distinta a la que naturalmente correspondería para la fiscalización de contribuyentes o entidades domiciliadas, residentes o establecidas en Chile.

Esta situación tendrá lugar cuando la fiscalización recaiga en cualquiera de los casos a los que se refieren los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quáter del Código Tributario, y los hechos, actos o negocios de que se trate, involucren a contribuyentes o entidades con domicilio en distintos territorios jurisdiccionales.

La definición del TTA competente para conocer de la reclamación de estos contribuyentes corresponderá a la del territorio jurisdiccional de la Dirección Regional que emitió la orden de fiscalización.

c) Artículo 65 ter, Código Tributario

Este artículo, en su numeral 2, dispone reglas especiales para la definición del TTA competente, frente a las actuaciones realizadas por funcionarios del Servicio de Impuestos Internos dependientes de otro territorio jurisdiccional, y que no sean de aquellas reguladas en las hipótesis del artículo 59 ter y en el inciso segundo del artículo 65 bis.

Dispone el N° 2 del artículo 65 ter, lo siguiente:

Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 115, la reclamación deberá presentarse ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuyo territorio haya tenido informado su domicilio el contribuyente al momento de ser notificado de una fiscalización, citación, liquidación o giro.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 115 del Código Tributario, a partir de la nueva redacción propuesta señala:

Será competente para conocer de las reclamaciones el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del Servicio que emitió la liquidación o el giro o que dictó la resolución en contra de la cual se reclame; en el caso de reclamaciones en contra del pago, será competente el Tribunal Tributario y Aduanero cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad que emitió el giro al cual corresponda el pago, salvo los casos regulados en el artículo 65 ter donde será competente el Tribunal Tributario y Aduanero indicado en dicha disposición.

La incorporación del artículo 65 ter, y en especial, lo expresado en el numeral 2, opera como excepción a la regla general dispuesta en la primera parte del inciso segundo del citado artículo 115, y tendrá lugar únicamente en los casos ahí señalados.

Hasta este punto, la forma de definir la competencia de los TTA en los tres artículos revisados (59 ter, 65 bis y 65 ter en conjunción con el artículo 115) resulta acertada, en tanto es funcional a las hipótesis reguladas, facilitando el despliegue y las actuaciones del servicio, por un lado, pero resguardando los derechos de los sujetos regulados por el otro.

En el primer caso, contempla la existencia de una pluralidad de sujetos que son objeto del proceso de fiscalización, no resultando útil la asignación de competencia que hace el artículo 115 del Código Tributario vigente, por cuanto, no atiende a la especial naturaleza del proceso de fiscalización. Misma situación tiene lugar en la hipótesis del artículo 65 bis, en donde se hace necesario llevar el conocimiento del asunto a la Dirección Regional que dio inicio a la fiscalización. En ambos casos, consecuencialmente la competencia recae en los TTA de dichos territorios jurisdiccionales. Por último, la excepcionalidad de las actuaciones de los funcionarios del servicio fuera del territorio de su jurisdicción (salvo los dos casos anteriores), mantiene la coherencia normativa expresada en el propio artículo 115, que entrega la competencia a los TTA del domicilio del contribuyente, en aquellos casos en que las actuaciones corresponden a unidades del Servicio con otra competencia territorial.

En la modificación propuesta no se aprecia afectación a los derechos de los contribuyentes, quienes, de acuerdo a lo expresado en la misma propuesta de ley, contarán con un sistema de tramitación electrónica de causas ante los TTA que les permitirá hacer ejercicio de sus derechos, sin importar el territorio jurisdiccional del fiscalizador ni del tribunal.

d) Artículo 117 de la Ordenanza de Aduanas

Otra norma que define competencia de los TTA corresponde al artículo 117 del Decreto con Fuerza de Ley N° 30, de 2005, del Ministerio de Hacienda que Aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.

El artículo 117 literal b), dispone que es competencia de los TTA conocer de las reclamaciones originadas en la clasificación y/o valoración aduanera de las declaraciones de exportación e importación, practicada por el Servicio de Aduanas.

El artículo 5 numeral 6 del proyecto de ley incorpora un nuevo párrafo al literal b) del artículo 117, en el cual precisa que, si como consecuencia de la aplicación de la referida clasificación y/o valoración el Servicio formula una denuncia, la reclamación sólo procederá en contra de la multa, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los artículos 186 y siguientes.

El complemento de este nuevo párrafo resulta acertado, por cuanto los TTA son los tribunales competentes para conocer este tipo de reclamaciones, no así para las sanciones de orden penal a las que puedan origen la denuncia realizada por el Servicio Nacional de Aduanas, tal como se expresa en los artículos 187 y 188 de este mismo cuerpo legal.

e) Artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas

El artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas establece el régimen disciplinario para los despachadores, los apoderados especiales, los auxiliares que tengan registrados o hayan debido registrar ante la Aduana y los demás que estén considerados por esta Ordenanza, quienes estarán sujetos a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional para sancionar el incumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos.

A través de la modificación propuesta en el artículo 5, numeral 22, lo que se hace es especificar cuál es el TTA competente para conocer de la reclamación que pueden interponer estos sujetos, estableciéndose que será aquel en cuyo territorio tenía su domicilio el usuario al momento de ser notificado de la fiscalización o acta de fiscalización que dé inicio al procedimiento disciplinario, lo que resulta favorable para los intereses del reclamante.

Sexto: Que, en cuanto al soporte electrónico del expediente en los TTA, el artículo 1 numeral 39, y el artículo 5 numeral 8, del proyecto de ley, modifican los actuales artículos 130 del Código Tributario y 125 de la Ordenanza de Aduana, respectivamente, y profundizan la transformación iniciada el año 2017 a través de la Ley N° 21.039, que perfeccionó la Justicia Tributaria y Aduanera, e incorporó la tramitación electrónica.

El proyecto de ley dispone que los TTA ya no solo mantendrán registro de todos sus procedimientos, causas o actuaciones judiciales en medio digital o electrónico, sino que será este soporte el medio a través del cual se forme el proceso, eliminando de paso el soporte papel.

Resulta importante destacar que este cambio, al igual que el propiciado por la Ley N° 21.039 no pretende mutar la naturaleza escrita, principios o ritualidades del procedimiento actualmente vigente para la jurisdicción tributaria y aduanera, sino únicamente pasar desde un expediente físico a uno de carácter electrónico y posibilitar la presentación de escritos –como lo indica el inciso tercero del artículo en análisis propuesto– de manera remota. Mediante la inclusión de tal disposición legal, se intenta cumplir con el objetivo que, desde hace largo tiempo, ha expresado la jurisdicción tributaria y aduanera en orden a implementar el sistema electrónico de tramitación de sus causas.

En este sentido, las dos modificaciones legales propuestas mantienen la forma de funcionamiento del Sistema de tramitación actual, incorporando regulación expresa respecto a la remisión del expediente entre tribunales, el cual se cumplirá mediante el envío de la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del Sistema. Pese a diferir de la forma en que se regula este aspecto en el Auto Acordado vigente, Acta 46- 2020, la decisión resulta acertada, en tanto centraliza el acceso a la información a través del propio sistema de tramitación, no solo para los tribunales superiores, sino que, para todos los tribunales, sin distinción.

Por último, la reforma al artículo 130 del Código Tributario, contempla la posibilidad para el Tribunal que se exceptúe del registro electrónico “las piezas que por su naturaleza no puedan agregarse o que por motivos fundados se manden reservar fuera del expediente” o bien que atendido el volumen de los antecedentes, siempre pueda exigir que los documentos y demás pruebas que se acompañen al proceso sea presentados en forma física, ya sea en formato físico propiamente tal, o bien a través de la entrega de algún dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos. Igual derecho se otorga a las partes en caso que por el tamaño y volumen de los antecedentes no puedan presentarlos digitalmente. En estos casos, los documentos se presentan quedarán bajo la custodia del Secretario abogado, y deberá dejarse constancia de ello en el expediente electrónico.

En relación a este punto, debe tenerse en cuenta que un sistema de tramitación digital, al igual como uno de formato papel, tiene limitaciones técnicas que impiden agregar todas las piezas que lo conforman; por ello, la solución que acá se adopta es acertada, esto es, que no se agreguen, que queden en custodia y que se deje constancia del mismo, en términos tales que habilite a las demás partes y al tribunal tomar conocimiento y revisar tales elementos.

Séptimo: Que, en cuanto a la reclamación de los avalúos de bienes raíces, una de las innovaciones que introduce el proyecto de ley, es la simplificación del procedimiento especial de reclamo de los avalúos de bienes raíces, eliminándolo, y proponiendo que dichas reclamaciones se rijan por el procedimiento general de reclamación del Código Tributario.

Esta transformación conlleva, por una parte, la modificación del artículo 124 del Código Tributario, al cual se trasladan las causales dispuestas en los actuales artículos 149 y 150 del mismo código.

Por otro, la eliminación completa del Párrafo 1° “Del procedimiento de reclamo de los avalúos de bienes raíces” del TITULO III “De los Procedimientos Especiales” y del artículo 121, correspondientes a los numerales 36 y 47 del artículo 1 consultado.

En este punto, parece necesario detenerse en la eliminación del Tribunal Especial de Alzada regulado en el artículo 121 del Código Tributario, y hacer propios los motivos expresados por el Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Diego Riquelme, quien destacó:

“el cambio significativo en el procedimiento de reclamo, que implica la eliminación del tribunal especial de segunda instancia. Explicó que actualmente este tribunal especial se constituye con dificultad debido a la falta de personal y al cambio en la composición del Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Anteriormente, el tribunal especial se justificaba por la necesidad de tener expertos en avalúos, pero ahora el TTA cuenta con expertos adecuados para estos casos. Por lo tanto, no tiene sentido mantener un tribunal especial que no se constituye y que impide a los contribuyentes acceder a un procedimiento de reclamo adecuado. El traslado al régimen general garantizaría un procedimiento justo y más ágil para resolver los cuestionamientos de los contribuyentes sobre las contribuciones y el impuesto territorial”.

Con esta modificación, las apelaciones de las decisiones del TTA en los reclamos de los avalúos de bienes raíces serán conocidas por la respectiva Corte de Apelaciones del territorio jurisdiccional del Tribunal, en la forma que dispone el artículo 120 del Código Tributario, decisión que resulta acertada, pues devuelve estos asuntos al cauce natural que tienen bajo nuestro sistema recursivo, sin generar distorsiones que actualmente no parecen tener mayor justificación.

Octavo: Que, respecto de la resolución que niega el trámite de recepción de la causa a prueba, el proyecto de ley, en su artículo 1, numeral 41 letra a), ha procedido a regular una materia en la que el Código Tributario guarda silencio, como es la inexistencia de un recurso procesal destinado a impugnar la decisión del TTA que no recibe la causa a prueba.

El artículo 132 del Código Tributario, en su inciso tercero, dispone que, una vez rechazada total o parcialmente la conciliación, el TTA, de oficio o a petición de parte, deberá recibir la causa a prueba si hubiere controversia sobre algún hecho substancial y pertinente. En contra de esta resolución sólo procederán los recursos de reposición y de apelación, en la forma que ahí se indica, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación.

Mas, el recurso procesal que se ha dispuesto tiene por objeto impugnar la resolución que se ha dictado (que recibe la causa a prueba), no obstante, nada señala si el TTA decide que en el asunto que conoce no existe controversia sobre algún hecho substancial y pertinente, y decide derechamente citar a las partes a oír sentencia.

Para dar respuesta a este vacío, la propuesta ha incorporado la siguiente oración al inciso tercero del artículo 132:

En los mismos términos, a menos que las partes pidan que se falle el pleito sin más trámite, podrá recurrirse contra la resolución en que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba, y deberá considerarse para efectos del cómputo del plazo para interponer los recursos la fecha en que el Tribunal realice una actuación que implique la negación de dicho trámite.

Pese a compartir la motivación que puede existir en una disposición como la descrita, como puede ser evitar la indefensión y/o evitar arbitrariedades, resulta necesario hacer notar una incongruencia que la regla presenta.

Al disponer que “En los mismos términos (…) podrá recurrirse contra la resolución que explícita o implícitamente se niegue el trámite de recepción de la causa a prueba”, se debe entender que el recurso ideado para estos efectos es la reposición con apelación en subsidio. Sin embargo, la solución propuesta contraría la lógica de nuestro sistema jurídico, al hacer subsidiaria la apelación del recurso de reposición, ante un juez al cual también le corresponde pronunciarse de la reposición de la resolución que recibe la causa a prueba, para solicitar que se modifiquen los hechos controvertidos, substanciales y pertinentes fijados por el tribunal, que se eliminen algunos o que se agreguen otros.

De mantenerse esta situación, el TTA podría, eventualmente, conocer la reposición a una reposición. Primero, la que resuelve acoger el recurso cuando el tribunal se negó inicialmente a recibir la causa a prueba y fija hechos controvertidos, substanciales y pertinentes, y; segundo, la que conoce de los hechos controvertidos substanciales y pertinentes de la resolución que recibe la causa a prueba.

Por las razones expuestas, tal situación debería ser corregida, haciendo únicamente procedente el recurso de apelación, tal como se establece en el régimen civil.

Noveno: Que, en lo que respecta a la solicitud de medidas cautelares en carácter prejudicial, el artículo 1 numeral 45 del proyecto de ley, introduce un nuevo artículo 137 bis, que regula la posibilidad que le asiste al Servicio de Impuestos Internos, previo a la notificación de una liquidación cuyo origen sea una procedimiento por aplicación del artículo 4 quinquies o de aquellos regulados en el artículo 161, de solicitar algunas de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 137, en carácter de prejudicial, ante el TTA, en aquellos casos que, atendido el monto que deba liquidarse en comparación con el patrimonio del contribuyente, su comportamiento tributario previo u otras circunstancias de las cuales se deriven presunciones fundadas de que no se encontrará en condiciones de satisfacer la acreencia fiscal, en su oportunidad.

El procedimiento dispuesto tiene las siguientes características:

a. La solicitud deberá contener los fundamentos que dan cuenta que se trata de alguno de los procedimientos señalados precedentemente, los hechos en los cuales se funda y el monto de las diferencias de impuesto determinadas.

b. Una vez decretada la medida, el Servicio deberá notificar la liquidación correspondiente dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la medida decretada. En caso contrario, la medida quedará sin efecto por el sólo ministerio de la ley. El contribuyente podrá en cualquier momento solicitar la sustitución de la medida decretada o que ésta se practique sobre otros bienes siempre que la medida o el bien en reemplazo sean de una entidad similar.

c. La medida se encontrará vigente durante el plazo establecido en el artículo 124 para deducir el reclamo tributario. Deducido el reclamo el Servicio deberá señalar los fundamentos por los cuales se justifica la permanencia de la medida decretada al momento de evacuar el traslado al que se refiere el artículo

132. En cualquier etapa del juicio el contribuyente podrá solicitar el cese de la medida si acredita que ha desaparecido el peligro sobre el cual se fundó la solicitud del Servicio.

d. En aquellos casos que transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior el contribuyente no hubiera deducido reclamación la medida decretada se mantendrá vigente hasta que el Servicio de Tesorerías haya iniciado el procedimiento establecido en el Título V del libro III.

e. En ningún caso el Servicio podrá solicitar estas medidas si se trata de deudas inferiores a 250 unidades tributarias mensuales o cuando se refiera a contribuyentes que declaren sus rentas según el artículo 34 o según las disposiciones del párrafo segundo del Título II, ambos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Es indudable que una medida como la propuesta es funcional a los objetivos tenidos en vista por el colegislador, sea para asegurar el aumento en la recaudación fiscal y/o para fortalecer el accionar de los órganos de la administración tributaria. El peso que implica sobre el patrimonio del contribuyente la utilización de estas medidas cautelares se encuentra debidamente compensado con la posibilidad de reclamo y revisión de los supuestos que las hicieron procedentes, además del derecho a sustituirlas.

De todos modos, se debe hacer notar que en aquellos casos en que el contribuyente inicia el proceso de reclamación, una vez concluido éste, indefectiblemente la medida deberá ser alzada, en tanto está destinada a producir efectos en el juicio, no justificándose procesalmente su continuidad , con lo cual su implementación se tornará ineficaz, porque el contribuyente podrá disponer de los bienes retenidos o derechos sujetos a la prohibición de celebrar actos o contratos, hasta antes que se inicie el proceso de cobro ejecutivo por parte del Servicio de Tesorerías.

Décimo: Que, en el proceso especial de reclamo por vulneración de derechos, se ha introducido una modificación al artículo 156, la cual, pese a no ser denominada de esa manera, corresponde a la posibilidad que le asiste al juez del TTA de poder decretar medidas para mejor resolver en este tipo de procedimientos.

Sobre esta modificación, cabe reconocer que una propuesta de este tipo morigera o atenúa la adversarialidad que hoy exhibe el procedimiento de reclamación, al conferir poderes probatorios al juez tributario, y dado que no existe un modelo procesal a nivel constitucional ni que una medida de este tipo transgreda la garantía de debido proceso, este es un aspecto en que los colegisladores tienen espacio para avanzar en una propuesta de este tipo.

Undécimo: Que, por otra parte, el artículo 11 numeral 1 del proyecto de ley, modifica el artículo 5 de la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera, e introduce nuevas exigencias para acceder a la terna dispuesta para concursar por el cargo de juez de un TTA.

No podrán conformar la terna quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito. Asimismo, no podrán conformarla quienes hubieren sido sancionados conforme lo dispuesto en el artículo 100 bis, del Código Tributario, a través de una sentencia firme o ejecutoriada, o fueran solidariamente responsables de la multa ahí señalada.

La particularidad de la modificación propuesta radica en que la inhabilidad está ideada únicamente para el proceso de postulación al cargo de juez, más no si se presenta de manera sobreviniente cuando ya se está en posesión del cargo, siendo el actual artículo 11 el que regula las inhabilidades y prohibiciones que se aplican a los jueces de esta magistratura, para lo cual se remite al Párrafo 7 del Título X del Código Orgánico de Tribunales.

Duodécimo: Que, además, el proyecto en estudio contempla otras disposiciones, distintas a las consultadas, que en opinión de esta Corte regulan las atribuciones de los tribunales de justicia. Se trata normas relacionadas con la autorización judicial de acceso a información bancaria de contribuyentes (arts. 62 y 62 bis Código Tributario) y con la apelación subsidiaria a la reposición interpuesta en contra de la resolución que recibe a prueba en los procedimientos para aplicación de sanciones que no consistan en penas privativas de libertad (artículo 161 del Código Tributario). Ambas se analizan a continuación.

a) La autorización judicial de acceso a información bancaria de contribuyentes.

Esta medida de fiscalización es objeto de diversas modificaciones dirigidas a perfeccionar su eficacia.

Una de ellas, es la que exige autorización judicial previa para que el banco respectivo pueda acceder a una solicitud de cierre de la cuenta bancaria respecto de la cual se ha requerido información por el Director del Servicio de Impuestos Internos (modificación propuesta en el segundo punto del número ii de la letra A del número 23 del artículo 1° del proyecto, que incide en el artículo 62 del Código Tributario). Esta propuesta radica la competencia en el tribunal que lo sea en virtud del artículo 62 bis del Código Tributario, que es precisamente aquél que debe prestar la autorización judicial para acceder a la información bancaria solicitada por el Servicio, lo que se estima acertado, pues radica en el mismo tribunal dos actuaciones que se encuentran estrechamente ligadas, facilitando la intervención de los litigantes y el tribunal.

La segunda modificación consiste en el rol que se asigna al tribunal tributario y aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente, para certificar que este no presentó dentro de plazo reclamo en contra de la solicitud del Servicio para acceder a su información bancaria sujeta a reserva o secreto, o, habiéndolo presentado, fue declarado inadmisible y no existen recursos pendientes (modificación al numeral 4 del inciso tercero del artículo 62 del Código Tributario). Esta nueva función es resultado de la racionalización del régimen de autorización judicial para que el Servicio acceda a la referida información que trae el proyecto, régimen que hoy opera siempre que el contribuyente no haya autorizado voluntariamente a la misma, y que en la propuesta operará solo si el contribuyente reclama dentro de plazo. Visto de este modo, resulta clave la coordinación entre el Servicio y el tribunal competente acerca de si efectivamente hay oposición. Entonces, esta función del tribunal es consecuencia directa de su función jurisdiccional por lo que es apropiada y es formulada en el proyecto de manera clara y adecuada.

La tercera modificación establece una nueva atribución para los tribunales tributarios y aduaneros que consistente en verificar el cumplimiento de los requisitos del requerimiento de información bancaria propuesto en el numeral 7 del inciso segundo del artículo 62 del Código Tributario. Este supuesto especial de requerimiento de información bancaria se plantea respecto de procedimientos de fiscalización por aplicación de los artículos 59 ter y el número 10 del artículo 161 del Código Tributario - y de los artículos 41 E, 41 F, y 41 G de la Ley sobre Impuesto a la Renta, siempre que se justifique la importancia de contar con la información bancaria requerida.

Como puede verse, este mecanismo especial operará, grosso modo, respecto de la fiscalización de posibles delitos tributarios y de contribuyentes que sean grupos empresariales o que no tengan domicilio o residencia en el país. Lo peculiar de este mecanismo es que, dadas las especiales hipótesis que la hacen procedente, permite obtener al órgano fiscalizador autorización judicial para acceder a la información bancaria de un contribuyente, sin notificarlo ni oírlo previamente, pues, este tomará conocimiento solo una vez que el banco entrega la información al Servicio. Más allá de la valoración que se pueda tener sobre esta técnica, lo cierto es que, desde el punto de vista del tribunal llamado a prestar autorización, no pareciera ser especialmente precisa o detallada la fórmula propuesta (“importancia de contar con la información bancaria”), pues, en abstracto, siempre los movimientos bancarios de una persona van a ser relevantes para fiscalizar normas tributarias, relacionadas con los ingresos y gastos del contribuyente. Si bien el tribunal además tiene que verificar que la solicitud corresponde a la fiscalización de alguna de las hipótesis señaladas, lo cierto es que pareciera no existir respecto de la citada fórmula propuesta algún supuesto en que no se cumpla. Con todo, esto último, de modo alguno perjudica la propuesta, pues precisamente lo que se requiere en casos como este, en que está en juego la privacidad de las personas, es que un órgano imparcial pondere previamente la concurrencia de los requisitos legales, tal como propone la iniciativa.

b) Modificaciones al artículo 161 del Código Tributario.

El artículo 161 del CT se ubica en el párrafo de procedimiento general para la aplicación de sanciones tributarias (Título IV del Libro III del Código Tributario), y se aplica a la infracción de disposiciones tributarias, siempre que no consistan en penas privativas de libertad, las que son de competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, respecto del cual el proyecto introduce una serie de modificaciones, siendo la más relevante para efectos de este informe aquella que hace procedente el recurso de reposición, con apelación subsidiaria, en contra de la resolución que recibe la causa a prueba.

En efecto, en la actualidad, las reglas de este procedimiento guardan silencio sobre el régimen impugnaticio de esta resolución, en circunstancias que sí se prevé en otros procedimientos tributarios (el art. 132 del Código Tributario, por ejemplo, respecto del procedimiento general de las reclamaciones tributarias), y no hay una razón evidente que haga atendible mantener este orden de cosas. Por el contrario, resulta más adecuado para el avance eficiente de un proceso, y resguarda mejor los derechos de los justiciables, un procedimiento que contempla la posibilidad de impugnar, incluso ante un tribunal superior, resoluciones tan importantes como aquella que recibe la causa prueba, de lo contrario, aumenta la posibilidad de errar sobre qué hechos deben ser probados en juicio, con el evidente riesgo que supone para la corrección de la sentencia y para las partes. Es por ello que esta modificación debe ser celebrada.

Décimo Tercero: Que, en síntesis, a través del presente informe se analizó el proyecto de ley que “Dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, el cual tiene por objeto incrementar la recaudación fiscal, relevar la gravedad de la comisión de delitos tributarios, fortalecer la Defensoría del Contribuyente y fortalecer institucionalmente a los diferentes servicios que componen la administración tributaria.

La consulta elevada a la Excelentísima Corte Suprema ha recaído en tres artículos que modifican el Código Tributario, la Ordenanza de Aduanas y la ley N° 20.322 que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria y aduanera.

En relación a las normas consultadas, cabe destacar principalmente los esfuerzos desplegados para implementar con mayor fuerza la tramitación electrónica en los procedimientos seguidos ante los TTA, así como la simplificación de los procedimientos para el reclamo de los avalúos de bienes raíces, en el cual se han eliminado los Tribunales Especiales de Alzada, todos cambios orientados a la eficiencia del sistema.

Sin perjuicio de ello, se han presentado una serie de observaciones destinadas a corregir incongruencias, tal como se expuso en el sistema recursivo ideado para impugnar la decisión del tribunal de no recibir la causa a prueba.

Finalmente, el análisis se extiende a disposiciones no consultadas, pero que es de especial interés para la labor desarrollada por los tribunales, cual es, aquella que permite acceder a información bancaria de los contribuyentes, en la que se observa que, desde el punto de vista del tribunal llamado a prestar autorización, no pareciera ser especialmente precisa o detallada la fórmula propuesta (“importancia de contar con la información bancaria”), pues, en abstracto, siempre los movimientos bancarios de una persona van a ser relevantes para fiscalizar normas tributarias.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar en los términos antes expuestos el referido proyecto de ley.

Ofíciese.

PL N° 18-2024”

Saluda atentamente a V.S.

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO HERRERA