Boletín N° 9.404-12

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

MENSAJE Nº 161-362/

Honorable Senado:

AS.E. LA PRESIDENTA DEL H. SENADO.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

I.ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

1.Nuestra Evolución Institucional

Los esfuerzos por crear una adecuada institucionalidad pública destinada a enfrentar el dilema de crecer con equidad social y de manera sostenible, tienen su primera expresión normativa relevante en nuestro país, durante el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, con la dictación del Decreto Supremo Nº 240, del Ministerio de Bienes Nacionales, publicado el 5 de junio de 1990 que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya estructura de carácter interministerial y su tarea destinada al estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del Medio Ambiente, sirvieron de base para trascendentes reformas institucionales que en pocos años se asentarían en el país.

También, a comienzos del año 1990 y mediante Decreto Supremo Nº 349, del Ministerio del Interior, publicado el 27 de abril de ese año, se creó la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, cuyo principal aporte fue la elaboración del primer Plan de Descontaminación para la Región Metropolitana, conocido también como “Plan Maestro”, cuya composición, al igual que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, fue de carácter interministerial.

Con la dictación de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada el 9 de marzo del año 1994, finalizando el gobierno del ex Presidente Aylwin, y fruto del trabajo encabezado por el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia don Edgardo Boeninger Kausel, junto a la estrecha colaboración de don Rafael Asenjo Zegers, primer Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, se consolidó en Chile un modelo coordinador y transversal, que se había promovido desde el modelo del “Proyecto de Ley básica de protección ambiental y promoción del desarrollo sostenible” de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

El Mensaje de dicha ley, proyectaba los principales desafíos del país en materia de gestión y regulación ambiental, que quedarían consagrados en ésta a través de distintos instrumentos de gestión ambiental y de las facultades que se otorgaban a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Los objetivos rectores de dicha regulación fueron la necesidad de contar con una política ambiental, la generación de legislación ambiental y la generación de institucionalidad pública ambiental. Asimismo, los principios que transversalmente inspiraron cada una de sus disposiciones, fueron la gradualidad y el realismo.

El modelo transversal y coordinador de la Ley Nº 19.300, cuya justificación inicial encontró sustento en la conveniencia práctica de mantener la institucionalidad preexistente integrando las distintas visiones sectoriales de los organismos competentes, procurando descentralizar sus funciones a través de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, experimentó su primer intento de rediseño institucional durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, el año 1998, quien encargó a una “Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado”, también conocida como "Comisión Jadresic", la evaluación y propuesta de reforma a los organismos encargados, entre otras materias, de proteger el medio ambiente.

A su vez, al menos tres informes sucedieron a dicha Comisión Presidencial: Uno, encargado a fines de 1998 por la propia CONAMA a diversos Centros deEstudios; otro, encargado a la denominada “Comisión de reforma a la Ley Nº19.300” (o “Comisión Castillo”); y un informe preparado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA, en el marco de un programa de asistencia técnica que dicho organismo prestó a CONAMA el año 2000.

La demanda por una gestión ambiental con mayores niveles de eficiencia, fue evidenciando las dificultades que presentaba una institución coordinadora y de carácter transversal en una estructura de Administración Pública eminentemente vertical.

Asimismo, la concentración de las principales funciones de gestión ambiental en un solo organismo –evaluación ambiental de proyectos, fiscalización y generación de política pública–, también fueron mermando la capacidad del Estado de afrontar adecuadamente el creciente número de industrias, proyectos y actividades de alto impacto ambiental que experimentó el país desde el retorno de la democracia.

En tal dirección, el proceso de rediseño institucional continuó gestándose a través de un amplio consenso político, académico y ciudadano, que se vio reflejado con la promulgación el 15 de marzo de 2007, de la Ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, confiriéndole el rango de Ministro de Estado.

Dicha responsabilidad, le correspondió ejercerla a la ex Ministra Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, doña Ana Lya Uriarte, quien recibió el mandato, en cumplimiento de un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, respecto a que correspondería al primer Ministro designado, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Fue así, que junto a un destacado equipo de académicos y expertos, se ingresó a tramitación al Congreso Nacional, con fecha 3 de julio de 2008, una profunda reforma a la institucionalidad ambiental, que reflejaba, además de los esfuerzos mencionados, el intento de diversos parlamentarios a través de más de 80 mociones que se encontraban en tramitación, de introducir cambios en la institucionalidad ambiental vigente desde 1994.

Así, luego de un amplio acuerdo político en el Congreso Nacional de fecha 26 de octubre de 2009, al que concurrieron la ex Senadora Soledad Alvear, el ex Senador Pablo Longueira, el Senador Andrés Allamand, el Senador Antonio Horvath, el Senador Juan Pablo Letelier, el ex Senador Ricardo Nuñez, junto al ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco y la ex Ministra Presidenta de la CONAMA Ana Lya Uriarte, se publicó con fecha 26 de enero de 2010, la Ley N° 20.417, la cual rediseñó nuestra institucionalidad ambiental, optando por un modelo que distinguió las competencias de política y regulación, de las de gestión y de fiscalización.

De esta manera, se dejaba atrás el modelo coordinador, y se creaba formalmente el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, el órgano fiscalizador, de acuerdo al artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.417, sólo comenzaría a ejercer su potestad fiscalizadora y sancionatoria una vez que comenzara su funcionamiento el segundo tribunal ambiental, actual Tribunal Ambiental de Santiago.

El 28 de junio de 2012, se publicó la Ley Nº 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, comenzando sus funciones jurisdiccionales el 4 de marzo de 2013, a través del Tribunal Ambiental de Santiago.

Del mismo modo, el artículo octavo transitorio de la Ley Nº 20.417, estableció la obligación de enviar al Congreso Nacional dentro de un año desde su publicación, uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Dicho mandato legal, fue cumplido durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera Echeñique, a través de la ex Ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez, con fecha 1 de marzo de 2011, que ingresó a tramitación un proyecto de ley denominado: “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas”.

Dicho proyecto ley, cuyos alcances generales y particulares se conocieron una vez que se ingresó a tramitación al Congreso Nacional, no experimentó avance en su tramitación legislativa durante más de dos años de sesiones en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Agricultura del Senado.

Por esta razón, nuestro gobierno, tomó la decisión de incorporar dentro de su programa, el compromiso de “completar la reforma ambiental iniciada en el período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas”.

En tal sentido, nos pareció que lo adecuado era incorporar dentro los 100 primeros días de nuestro gobierno esta medida como un compromiso verificable por parte de la ciudadanía y especialmente de las organizaciones no gubernamentales ambientales, entre las que podemos destacar Fundación TERRAM y Chile Sustentable, las que han abogado por una legislación que proteja la riqueza de nuestra biodiversidad que se encuentra amenazada.

Por tanto, el envío de un nuevo proyecto de ley, no sólo constituye el cumplimiento de un compromiso de nuestro gobierno, sino también, el término de la labor que comenzamos en nuestro primer mandato el año 2006, en orden a crear la última institución pública que compone el rediseño de nuestra institucionalidad ambiental considerada en la Ley Nº 20.417, procurando que la tarea productiva del país, indispensable para nuestro crecimiento, se desarrolle respetandonuestra diversidad biológica. Así, el justo equilibrio para el desarrollo sostenible del país, es también un desafío a conjugar responsablemente en lo que será el valioso debate parlamentario.

2.Compromisos internacionales en materia de biodiversidad

Chile ha suscrito relevantes instrumentos internacionales en materia de biodiversidad, para cuyo efectivo cumplimiento es relevante contar con una institucionalidad acorde en materia de áreas protegidas.

Entre los instrumentos suscritos y actualmente vigentes se cuentan la Convención para la protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas escénicas Naturales de los países de América, promulgada en 1967; la Convención sobre el comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES), promulgada en 1975; la Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR), promulgada en 1981; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada en 1997; la Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas, promulgada en 1979; la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, promulgada en 1980; el Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, promulgado en 1981 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promulgado en 1994, cuya implementación debe verse reflejada en una adecuada protección de la biodiversidad.

3.Recomendaciones de la OCDE

Chile fue objeto de una Evaluación de Desempeño Ambiental en 2005, antes de su incorporación formal a dicha instancia, a través de un proceso que generó importantes recomendaciones en materia de biodiversidad. Pronto nuestro país será objeto de una segunda evaluaciónambiental el año 2015, esta vez como socio pleno.

A este respecto, durante el año 2011, Chile realizó voluntariamente una evaluación de medio término, que evidenció un discreto avance en materia de biodiversidad.

En tal sentido, cabe recordar la recomendación más relevante que se realizó al país sobre biodiversidad el año 2005, que recayó precisamente en la necesidad de contar con institucionalidad pública.

En concreto, la recomendación plantea la necesidad de contar con “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”.

Dicha recomendación, junto a otras necesariamente supeditadas la existencia de una institucionalidad que las haga factible, tales como, la recomendación Nº 19, referida a “completar y ejecutar en su totalidad los planes de acción y estrategias de diversidad biológica nacional y regionales y asignarles los recursos apropiados”, como también, la recomendación Nº 21, en orden a “desarrollar una visión estratégica de los papeles complementarios de las áreas protegidas estatales y privadas con el fin de lograr una red coherente de áreas núcleo protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos”, y finalmente la recomendación Nº 22, referida a “incrementar los esfuerzos financieros para satisfacer el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos en chile (incluidas las áreas costeras y marinas) y fomentar las actividades para la aplicación de la legislación relacionada con la naturaleza”, son tareas ineludibles para el país si consideramos la nueva evaluación de la que seremos objeto el año 2015.

4.Situación de las áreas protegidas en Chile

Las Áreas Protegidas en Chile abarcan una superficie de aproximadamente 30 millones de hectáreas, las cuales se distribuyen en un total de 157 unidades emplazadas en diferentes tipos de ecosistemas. Sin embargo, la distribución por ecosistemas no es homogénea ya que más del 80% corresponde a ecosistemas terrestres; un 14% posee ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos; y solo un 5% de las unidades albergan humedales.

A pesar de la alta concentración de áreas protegidas en el ámbito terrestre -las que cubren prácticamente el 20% del territorio nacional continental e insular-, todavía persisten importantes vacíos y desbalances de representatividad para un número importante de ecosistemas terrestres, toda vez que más del 12% de estos ecosistemas del país no se encuentra incluido en alguna categoría de área protegida y otro 24% posee menos de 1% de sus áreas bajo algún sistema de protección. Dicha situación, es aún más evidente para el ámbito marino, ya que solo un 4% de la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional cuenta con algún tipo de protección.

Sumado a lo anterior, otro punto crítico detectado en materia de áreas protegidas en Chile, es la complejidad del sustento normativo e institucional existente, lo cual se explica en buena medida porque la legislación sobre áreas protegidas se encuentra dispersa, desarticulada e incompleta.

Lo anterior ha implicado debilidad en las medidas que se puedan adoptar con el objeto de proteger y conservar la diversidad biológica nacional, ya que las potestades sobre creación, manejo, administración, control y fiscalización poseen una deficiente efectividad y eficacia.

Precisamente en esta realidad se sustenta la creación de este proyecto de ley, en cuya virtud se pretende crear un Servicio Público especializado, basado en una legislación particularpara el manejo y gestión de las áreas protegidas, concebidas como un instrumento fundamental para la adecuada gestión y conservación de la diversidad biológica del país.

5.Regulación actual de las áreas protegidas

En lo concerniente a la regulación institucional inicial de las áreas protegidas, es pertinente señalar que ésta no obedeció a un criterio integral de regulación, sino más bien a la entrega de competencias sectoriales a medida que se creaban nuevas leyes.

Así, se radicaron competencias en los antiguos Ministerios de Agricultura, Industria y Colonización, en el Ministerio de Tierras y Colonización, en el Servicio Agrícola y Ganadero, en el Ministerio de Bienes Nacionales, en la Subsecretaría de Pesca y en el Servicio Nacional de Pesca en el ámbito marino.

Un hito relevante dentro de la regulación institucional de las áreas protegidas fue la creación, a principios de la década de los 70, de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, persona jurídica de derecho privado constituida por el Servicio Agrícola y Ganadero, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Fomento de la Producción, y la extinta Corporación de Reforma Agraria.

A esa fecha, ya existían cerca de 10 millones de hectáreas en áreas protegidas terrestres para ser administradas por esta Corporación.

Actualmente, la CONAF administra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que corresponde a una porción significativa de los ambientes silvestres, terrestres o acuáticos, que el Estado protege y maneja para lograr su conservación.

Este sistema está formado por las siguientes categorías de manejo: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas Forestales y Monumentos Naturales. Sin embargo, CONAF está constituida como una corporación de derecho privado, sin competencias otorgadas por ley, lo que implica una situación de debilidad jurídica para la administración de las áreas protegidas.

El SNASPE abarca una superficie levemente superior a 14,3 millones de hectáreas. Sin embargo, la distribución territorial del sistema no es homogénea, pues más de un 84% de la superficie protegida por el SNASPE se encuentra entre las regiones australes de Aysén y Magallanes, mientras que en Chile Central las regiones de Coquimbo, del Maule y Metropolitana de Santiago, tienen menos del 1% de su territorio incluido en el SNASPE.

La institucionalidad del SNASPE se estableció mediante la Ley N° 18.362 de 1984, del Ministerio de Agricultura. No obstante, dicho cuerpo legal no ha entrado en vigencia debido a que se encuentra supeditado a la promulgación del marco legal de la institucionalidad forestal, cuestión que a la fecha no ha ocurrido. Por ello, las áreas protegidas que componen este Sistema siguen sustentándose legalmente en la Ley de Bosques de 1931, en la Convención de Washington de 1940 y en el D.L. N° 1.939 de 1977, sobre adquisición y administración de bienes del Estado.

Por otra parte, de acuerdo a la modificación efectuada el año 2010 por la Ley N° 20.417 a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado incluye además los Parques y Reservas Marinas, así como los Santuarios de la Naturaleza, sin que exista a la fecha una regulación integral y clara respecto de dichas áreas.

En cuanto a las áreas protegidas en el ámbito marino, hoy en día se cuenta con dos Parques Marinos, cinco Reservas Marinas y seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas, que son administradas por la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sin coordinación programática ni presupuestaria con el SNASPE.

Respecto de los Santuarios de la Naturaleza, su regulación actual es insuficiente, que se plasma en una ley orientada a la protección del patrimonio histórico, por sobre el patrimonio natural. La ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, que estableció las regulaciones para la creación de Santuarios de la Naturaleza, no obstante haber sido modificada el año 2010 por la Ley N° 20.417, regula someramente esta figura, dejando vacíos en materias vinculadas con su declaración, administración y protección.

Por otra parte, no existe una regulación suficiente y específica para los humedales de importancia internacional. Si bien una zona húmeda puede ser declarada a nivel internacional como un Sitio Ramsar, actualmente dicha declaración no implica una categoría de protección oficial a nivel nacional, lo que deriva en una falta de protección de los humedales.

6.Mociones parlamentarias

Sin lugar a dudas, el aporte que ha realizado el Congreso Nacional desde hace muchos años, en orden a promover iniciativas legales destinadas a fortalecer el marco legal que dote de mayor intensidad jurídica la protección de nuestra biodiversidad, refuerza todavía más la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada que genere más y mejores instrumentos de conservación.

Cabe resaltar el esfuerzo e interés sobre esta materia de una importante cantidad de parlamentarios, Senadores y Diputados, que a través de distintos esfuerzos legislativos, han intentado suplir una carencia institucional objetiva del Estado sobre esta materia y que este proyecto pretende abordar.

Entre otros, los H. Senadores Antonio Horvath, Guido Girardi Lavín, Alejandro Navarro, Fulvio Rossi, Jaime Quintana, Baldo Prokurica, Carlos Bianchi, Isabel Allende, Hernán Larraín, Alfonso De Urresti, Alejandro García-Huidobro y Eugenio Tuma. Como también, los H. Diputados, Roberto León, Ramón Farías, Patricio Vallespín, Paulina Nuñez, Mario Venegas, Marcos Espinosa, Marco Antonio Nuñez, Marcela Hernando, Lautaro Carmona, Guillermo Teillier, Fernando Meza, Daniela Cicardini, Daniel Farcas, Fidel Espinoza, Alejandra Sepúlveda, Roberto Poblete, Alberto Robles, Carlos Abel Jarpa y José Pérez.

De esta manera, el esfuerzo del parlamento, nuestros compromisos internacionales y recomendaciones que se han realizado al país, junto al consenso de académicos, centros de estudios y diversas organizaciones vinculadas a esta materia, sumado al convencimiento de nuestro gobierno, son razones suficientes como para instituir en Chile un Servicio Público como el que se propone.

II.CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1.Objeto

Este proyecto tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Con el propósito de delimitar adecuadamente las competencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se excluyen aquellas materias que por su naturaleza y alcance permanecen en los respectivos servicios públicos con competencias sectoriales especiales, a saber, sanidad animal y vegetal y prevención y control de incendios forestales.

2.Principios

El proyecto consagra una serie de principios a los que deben sujetarse las distintas políticas, planes y programas que se ejecuten en el marco de esta ley.

Tales principios, inspiradores de la acción del Estado en materia de biodiversidad a través de las funciones que ejecutará este Servicio, son los siguientes: Principio de Coordinación, deJerarquía, Participativo, de Precaución, de Prevención, de Responsabilidad, de Sustentabilidad, de Transparencia y de Valoración de los Servicios Ecosistémicos.

3.Definiciones

El proyecto establece distintas definiciones que se han considerado indispensable de establecer, a fin de facilitar la aplicación práctica de los instrumentos que se crean, evitar superposiciones de competencias e incorporar a la legislación nacional definiciones relevantes de manera de focalizar de manera más eficiente las acciones de conservación, sin perjuicio de las que actualmente se establecen en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Destacan como definiciones relevantes del proyecto de ley, la de ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados y servicios ecosistemicos, que constituyen una aproximación directa hacia la conservación, restauración e identificación de los atributos de nuestra biodiversidad a lo largo de todo el territorio nacional, asociadas a medidas específicas de recuperación, manejo y valoración ambiental de las distintas categorías de áreas protegidas en función de su objetivo de protección o como criterio que justifica su creación, así como de otros ecosistemas y especies valiosos y con problemas de conservación.

4. Naturaleza Administrativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se crea como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Asimismo, se establece una desconcentración territorial a través de Direcciones Regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

5.Funciones y atribuciones del Servicio

El proyecto establece funciones comprensivas de uno los aspectos más trascendentes que hemos señalado en nuestro programa de gobierno, referidas al fortalecimiento de la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas.

Así, junto con administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrando las que corresponden al Estado y supervisando las áreas protegidas privadas, se establece el deber de ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70 letra i) de la Ley N° 19.300, a través, entre otros, de la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente de aquellos ecosistemas amenazados o degradados.

También, se encomienda al Servicio elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, conducentes a conocer el estado de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

Cabe destacar también, las funciones de elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de recuperación, conservación y gestión de especies; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes, medidas o acciones destinados a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras presentes en el país; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de restauración de los ecosistemas degradados; entre otras importantes atribuciones, que demuestran que la acción del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no se circunscribe únicamente a las áreas protegidas como ha sido nuestro compromiso.

En tal sentido, algunas de estas funciones son nuevas, esto es, se refieren a materias o instrumentos que no existen en la legislación actual y que son indispensables para mejorar la gestión de la biodiversidad del país.

Tal es el caso, por ejemplo, del monitoreo y elaboración de inventarios de especies y ecosistemas, la clasificación de ecosistemas amenazados, los planes de restauración de ecosistemas degradados y las atribuciones para prevenir, controlar y erradicar especies exóticas y exóticas invasoras por razones de biodiversidad, y no sólo sanitarias.

Otras funciones son traspasadas desde otros servicios, como la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la aplicación de normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas.

Ello responde a que tales funciones tienen como finalidad directa la conservación de algún componente de la diversidad biológica y a que el órgano responsable actualmente tiene como mandato principal el fomento de una actividad productiva.

Finalmente, se contemplan atribuciones de coordinación y colaboración con otros órganos públicos con competencia sobre recursos naturales, como la fiscalización de leyes sectoriales en lugares específicos del territorio –áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados– y la participación o pronunciamiento en procesos contemplados en otras leyes, como la Ley de Pesca Recreativa.

6.Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus Categorías de Protección.

Como se ha señalado, Chile no cuenta con una legislación ordenada que regule la creación y administración de áreas protegidas, constatándose una alta dispersión normativa en el establecimiento de las distintas categorías de áreas protegidas que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico, como de distintas instituciones públicas vinculadas a su gestión y administración.

Lo anterior explica que en la actualidad se reconozcan nueve categorías de protección, a saber: Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Santuarios de la Naturaleza, Parques Marinos, Reservas Marinas y Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos.

Las instituciones que se vinculan más directamente con la creación y administración de áreas protegidas son: el Ministerio de Agricultura (CONAF) y Ministerio de Bienes Nacionales en ambientes terrestres; el Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Marina, DIRECTEMAR), y el Ministerio de Economía (SERNAPESCA) en ambientes marinos. Cabe precisar, que la gran partede las áreas protegidas en Chile son de propiedad del Estado y administradas por servicios públicos: CONAF en ambientes terrestres, y SERNAPESCA y DIRECTEMAR en ambientes marinos.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se propone, se construye sobre la base de tres objetivos generales y para cada categoría de protección, objetivos específicos a los que debe ceñirse todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, como también, debe ser compatible con su respectivo plan de manejo.

Los objetivos generales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son: asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país en las áreas que formen parte del Sistema; mejorar la representatividad de los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales ymarinos, especies y variedades, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como la efectividad de manejo en el corto, mediano y largo plazo, como también, fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local.

7.Creación y modificación de las Áreas Protegidas del Estado.

Este proyecto entrega al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de crear áreas protegidas de conformidad a las categorías que el proyecto reconoce, a través de un procedimiento que exige por parte del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de la elaboración de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.

En tal sentido, se entrega a un reglamento la regulación específica del procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Del mismo modo, las áreas protegidas que se creen, sólo podrán modificarse o perder su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado del Ministerio del Medio Ambiente, que deberá seguir el mismo procedimiento que para su creación.

8.Administración de las áreas protegidas del Estado y Planes de Manejo.

La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio, facultándosele para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas.

La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Los recursos percibidos por este concepto ingresarán al patrimonio del Servicio.

Asimismo, toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ser consistente con el objetivo del área.

9.Guardaparques

Una materia especialmente sensible en este proyecto, es relevar a quienes se desempeñan como guardaparques, a un rol que no sólo dignifique su trascendente tarea en cuanto al fortalecimiento de sus atribuciones, sino también, al justo reconocimiento a la abnegada y muchas veces desconocida labor que realizan desde hace muchos años en nuestro país, indispensable para la protección que se ha dado a nuestras áreas protegidas.

Por esto, estimamos necesario generar las condiciones que permitan otorgar a los guardaparques una carrera funcionaria, dotada de formación, capacitación, nuevas atribuciones e incentivos, de modo tal que con el mismo profesionalismo que se han entregado al país a cuidar nuestras áreas protegidas, puedan también contar con la legítima expectativa, inherente a todo esfuerzo humano, de lograr su mayor desarrollo espiritual y material posible en esta nueva institucionalidad.

10.Concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado

El sistema de concesiones en áreas protegidas que se crea, tiene como objetivo el beneficio del manejo de tales áreas y reviste la particularidad de constituirse en un sistema único de concesiones en áreas protegidas.

De esta forma, se podrán otorgar concesiones en áreas protegidas que cuenten con plan de manejo y hayan sido priorizadas y sólo cuando el fin sea el desarrollo del ecoturismo, la investigación científica o la educación. Dichas concesiones podrán otorgarse mediante licitación pública o privada. Se podrán otorgar directamente cuando éstas sean gratuitas y sólo cuando se trate de concesiones de investigación científica o de educación.

Se establece a su vez la creación de un Comité Técnico con carácter consultivo para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones.

El rol central de este organismo será pronunciarse sobre las propuesta de priorización de áreas protegidas para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones, participando asimismo en el proceso de elaboración de bases de licitación, y en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas, donde le compete proponer al adjudicatario, que luego de la respectiva resolución del Ministerio del Medio ambiente deberá firmar el contrato concesional con el Servicio.

Otra función especialmente relevante de este Comité, consistirá en proponer al Servicio la renta concesional del área, considerando entre otros criterios, los servicios ecosistémicos que ésta provee.

A su vez,mediante resolución del Director Nacional del Servicio y de acuerdo con el respectivo reglamento, podrán otorgarse permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para el desarrollo de actividades que no requieran la instalación de infraestructura o la operación permanente y continua en espacios ubicados en el área, y siempre que no contravengan el respectivo plan de manejo.

11.Áreas Protegidas Privadas

Si bien el actual SNASPE cubre un 19% del territorio nacional, la mayor parte de esta superficie se encuentra enlas regiones extremas del país, existiendo importantes vacíos de representatividad en más de un 50% de los ecosistemas.

Si se consideran los Pisos Vegetacionales de Lubert y Pliscoff como equivalentes a ecosistemas, es posible afirmar que un 53% de los ecosistemas están protegidos en menos de un 5 % de su extensióny que un 20% tiene incluso menos de un 1% de representatividad en el actual sistema de áreas protegidas, ambas cifras muy lejos de las metas establecidas por el Convenio de Diversidad Biológica.

Por otra parte, el conocimiento científico acumulado hasta la fecha indica que no basta con conservar la biodiversidad en los parques tradicionales, sino que es necesario establecer sistemas de conservación efectivos, que sean ecológicamente representativos y bien conectados, lo que es también ratificado por organismos como la OCDE.

En este contexto, cobran relevancia las Áreas Protegidas Privadas, ya que representan unaalternativa viable y costo-efectiva para cubrir estos vacíos de representatividad y realizar una adecuada conservación.

En nuestro país, las Áreas Protegidas Privadas sevienen desarrollando espontáneamente desde la década del 90, existiendo a la fecha un total de 308 iniciativas de conservación privada que cubren1.651.916 ha.

Sin embargo, estas no cuentan hasta ahora con un instrumento formal que las reconozca ni incentive su creación, materia que nuestro proyecto se ha propuesto regular mediante un procedimiento de afectación y desafectación destinado a promover su creación, estableciendo plazos adecuados que incentiven la solicitud de afectación, reservando a ellos su administración, elaboración de los planes de manejo e incorporandobonificaciones a acciones específicas de conservación, procurando al mismo tiempo la supervisión y apoyo técnico del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El procedimiento para la creación de un área protegida de propiedad privada se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio, presentada por el o los propietarios del área, entregándose a un reglamento la regulación específica del procedimiento, los plazos, las condiciones y los requisitos para la creación y desafectación de las áreas protegidas de propiedad privada, así como para optar a los beneficios que se establezcan en la ley, sin perjuicio de las reglas generales que se establecen a su respecto.

12.Instrumentos de Conservación de la Biodiversidad

A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el Servicio estará facultado para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de diversos instrumentos de conservación de la biodiversidad.

Así, además de las áreas protegidas, el proyecto contempla distintos instrumentos destinados a ampliar los conocimientos sobre las especies y ecosistemas del país, a mejorar su gestión y a establecer incentivos para que los particulares colaboren con su preservación y uso sustentable.

En materia de especies, se recoge el sistema de clasificación y los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, ya contemplados en la Ley N° 19.300, y se otorgan atribuciones al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

En ecosistemas, por su parte, se establecen inventarios de los mismos, su clasificación y la creación de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, así como la dictación de planes de restauración de ecosistemas degradados. Particularmente innovadores son los instrumentos económicos que incorpora el proyecto, como la certificación de iniciativas de conservación privadas y los bancos de compensación.

Otro instrumento relevante es el Fondo Nacional de la Biodiversidad, cuyo objeto es financiar principalmente, programas de conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y la educación.

13.Fiscalización, infracción y sanciones

La eficacia de la regulación que establece el presente proyecto de ley depende en buena medida del régimen de fiscalización y sanción que se establezca. A fin de contar con un órgano de ejecución efectivo en materia de biodiversidad, se ha dotado al Servicio de facultades para fiscalizar la aplicación de los instrumentos de conservación, destacando los planes de manejo de las áreas protegidas, a los cuales deben ajustarse todas las actividades que se realicen en aquéllas.

Asimismo, se faculta al Servicio para fiscalizar otras leyes –Ley de Caza, Ley de Pesca Recreativa y Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal–, en zonas determinadas del territorio: áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

Complementando lo anterior, se regula un procedimiento sancionatorio, a cargo de los respectivos directores regionales del Servicio. La resolución que concluye con dicho procedimiento administrativo puede ser recurrida ante los tribunales ambientales.

La decisión de radicar la fiscalización y sanción de la ley en el Servicio, y no en la Superintendencia del Medio Ambiente, responde a la especificidad de la materia y a la eficacia de que sean los mismos guardaparques, con presencia en las respectivas áreas protegidas, quienes puedan fiscalizar y dar fe de incumplimientos que constaten en terreno.

En el mismo sentido, además de los funcionarios del Servicio designados al efecto, tambiénposeerán la calidad de fiscalizadores de la presente ley el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Carabineros de Chile, la Armada de Chile y la Policía de Investigaciones.

14.Modificaciones a otros cuerpos legales

El proyecto deroga la Ley N° 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado e introduce modificaciones a diversos cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al nuevo Servicio que se crea.

Las leyes que se modifican son: Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto Ley Nº 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado; la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la Ley Nº 20.256, sobre Pesca Recreativa; la Ley N° 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por el Artículo Primero de la ley Nº 19.473; la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; el Decreto Supremo Nº 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques; la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, que modifica las leyes N° 16.617 y 16.719, y deroga el decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925; y la Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

15.Disposiciones transitorias

El proyecto contempla las normas necesarias para dotar de gradualidad y realismo la implementación de esta nueva institucionalidad, considerando la revisión de las áreas protegidas existentes, de manera de ratificar o modificar su categoría de protección de acuerdo a contenidos mínimos. En algunos casos, dicha tarea se realizará de manera conjunta con otros Ministerios, a saber, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el de Bienes Nacionales.

III.CONSIDERACIONES FINALES

El último eslabón de la institucionalidad ambiental que comenzó a gestarse con la Ley Nº 20.417, supone para los distintos sectores y actores involucrados en la discusión, una tarea especialmente significativa.

Son contadas las oportunidades que se presentan para los países de crear instituciones que vayan más allá de la necesidad política de superar determinadas coyunturas o cumplir compromisos programáticos.

Este proyecto, se enmarca justamente en aquellos que de algún modo definen la suerte de los países.

Así, en este caso particular, lo que finalmente debatimos, es el nivel de protección que como sociedad estamos dispuestos a otorgarle a la biodiversidad y por tanto, la disposición individual y colectiva de profundizar en aspectos que revisten ciertas complejidades técnicas, pero que explicadas correctamente, encuentran su respuesta en el sentido común, en la solidaridad y en la buena voluntad.

Los teóricos y centros de pensamiento de alto prestigio nos ofrecen definiciones de alto valor científico y académico. Sin embargo, entender que la biodiversidad es la vida del entorno que nos rodea, significará comprender la magnitud del desafío que tenemos por delante.

En el fondo, de lo que se trata, es de definir el límite razonable de la actividad productiva que impacta nuestro hábitat como seres humanos, asegurando por tanto, que las condiciones biológicas que permiten nuestra propia existencia, nos permitan también reflexionar respecto a las medidas idóneas que el país requiere para crecer. Por tanto, no se trata de un debate aislado ni puede ser mercedde ningún tipo de caricaturización que pretenda relegar o postergar su discusión.

El proyecto que sometemos a consideración del Honorable Congreso Nacional, como toda obra humana, ciertamente no cumple por sí solo tan ambicioso desafío. Es por eso, que la capacidad de dialogar y construir acuerdos razonables y con la gradualidad que se requiera, serán elementos determinantes para definir finalmente la suerte, no sólo de este proyecto, sino más bien, de las generaciones venideras y del grado de conciencia que hemos alcanzado con la evidencia científica irrefutable y delicada que no permite continuar teorizando. Esto explica en buena medida la decisión de nuestro gobierno.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales.

Artículo 2°.Principios. Las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la presente ley, se regirán por los siguientes principios:

a)Principio de coordinación: La implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes.

b)Principio de jerarquía: Los impactos sobre la biodiversidad deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación.

c)Principio participativo: Es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona en la conservación de la biodiversidad.

d)Principio de precaución: La falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.

e)Principio de prevención: Todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley, deben propender a evitar efectos perjudiciales para la biodiversidad del país.

f)Principio de responsabilidad: Quien causa daño a los ecosistemas es responsable del mismo en conformidad a la ley, sin perjuicio del deber del Estado de velar por la recuperación del funcionamiento de los ecosistemas degradados.

g)Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige una gestión integrada de los instrumentos de conservación de la biodiversidad, promoviendo un uso sostenible y equitativo de los ecosistemas y especies, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

h)Principio de transparencia: Es deber del Estado facilitar el acceso a la información sobre biodiversidad y especialmente, el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su valoración.

i)Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad debe incorporar la valoración de los servicios ecosistémicos.

Artículo 3°.Definiciones. Se entenderá por:

a)Área protegida: Espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio.

b)Área protegida del Estado: Área protegida creada en espacios de propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público, incluyendo la zona económica exclusiva.

c)Área protegida de propiedad privada: Área protegida creada en espacios de propiedad privada y reconocida por el Estado conforme a las disposiciones de la presente ley.

d)Biodiversidad o diversidad biológica: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.

e)Corredor biológico: Un espacio que conecta de manera continua o discontinua los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético de las mismas.

f)Costa o costero: Comprende los terrenos de playa, fiscales, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República.

g)Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

h)Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta cambios en su extensión, composición, estructura o función, conforme a criterios y umbrales que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza.

i)Ecosistema degradado: Ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento y estructura, causados por actividades o perturbaciones que son demasiado frecuentes o severos para permitir la regeneración natural o la recuperación.

j)Especie exótica: Una especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse. Se considerará además invasora cuando el establecimiento y expansión de ésta, amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño significativo a uno o más componentes del ecosistema.

k)Especie nativa: Cualquier especie biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o animales, originaria del país.

l)Especie silvestre: Cualquier especie que vive en su estado natural en forma libre e independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo.

m)Humedal: Toda extensión de marismas, pantanos, hualves o bosques pantanosos, turberas o superficies cubiertas de aguas en régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, planicies mareales o praderas salinas.

n)Paisaje de conservación: Territorio delimitado geográficamente, de propiedad pública o privada, que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación,y que es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

o)Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión que establece criterios y medidas para el manejo de los recursos naturales, en un área determinada del territorio, a fin de favorecer la recuperación y conservación de los ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 19.300.

p)Plan de manejo de áreasprotegidas: Instrumento de gestión que establece los aspectos técnicos, normativos y las acciones que se requieren para garantizar la conservación del objeto de un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área protegida.

q)Servicio: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

r)Servicios ecosistémicos: Contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano.

s)Sitio prioritario: Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de alto valor para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, y priorizado para la conservación de su biodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

TÍTULO II

DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Párrafo 1°

Normas Generales

Artículo 4°.Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Créase el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Artículo 5°. Objeto. El Servicio tendrá por objeto asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Los organismos sectoriales con competencia en sanidad vegetal y animal y en prevención y combate de incendios forestales mantendrán sus atribuciones en esas materias.

Artículo 6°.Funciones y atribuciones. Serán funciones y atribuciones del Servicio:

a)Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas;

b)Administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas de propiedad privada;

c)Fomentar la creación de áreas protegidas;

d)Elaborar y velar por el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas;

e)Aprobar y velar por el cumplimientode los planes de manejo en las áreas protegidas privadas;

f)Otorgar permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para desarrollar actividades que no requieran instalación de infraestructura, conforme artículo 54 de esta Ley y cobrar una tarifa por el acceso a las mismas;

g)Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión y los permisos otorgados en las áreas protegidas del Estado;

h)Ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70 letra i) de la Ley N° 19.300, a través, entre otros, de la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente de aquellos ecosistemas amenazados o degradados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, prevención y combate de incendios forestales y de bosque nativo;

i)Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, conducentes a conocer el estado de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas;

j)Implementar redes de monitoreo para conocer el estado de conservación de la biodiversidad del país y sus componentes, de manera sistemática y gradual;

k)Elaborar informes sobre el estado de la biodiversidad, como insumo al informe sobre el estado del medio ambiente y el reporte consolidado que debe elaborar el Ministerio del Medio Ambiente;

l)Elaborar y administrar los inventarios de especies y de ecosistemas marinos, terrestres y acuáticos continentales;

m)Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal;

n)Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes, medidas o acciones destinados a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras presentes en el país, en conformidad a la presente ley, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal;

o)Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal y prevención y combate de incendios forestales;

p)Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de restauración de ecosistemas degradados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal y prevención y combate de incendios forestales;

q)Proponer al Servicio Agrícola y Ganadero criterios para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas que afecten la conservación de ecosistemas amenazados;

r)Administrar el Fondo Nacional de la Biodiversidad;

s)Aplicar y fiscalizar normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas;

t)Fiscalizar la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

u)Participar en la definición de criterios para el otorgamiento de autorizaciones de repoblación o siembra; pronunciarse respecto de la identificación de las áreas susceptibles de ser declaradas preferenciales, y fiscalizar la aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

v)Autorizar la caza o captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Caza en tales áreas y en los sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

w)Fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

x)Celebrar convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, para colaborar en materias de competencia del Servicio, y

y)Las demás que establezcan las leyes.

Párrafo 2°

De la organización del Servicio

Artículo 7°.Administración y dirección superior. La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal. El Director Nacional será designado mediante el sistema de Alta Dirección Pública, regulado en la ley Nº 19.882.

Un reglamento expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente determinará la organización interna del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus unidades, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 8°.Atribuciones y funciones del Director Nacional. Corresponderá al Director Nacional:

a)Proponer al Ministerio del Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio e informarle sobre su cumplimiento;

b)Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio;

c)Representar al Servicio ante organizaciones nacionales e internacionales cuyas funciones y/o competencias se relacionen directamente con el objeto del mismo;

d)Delegar en funcionarios de la institución, las funciones y atribuciones que estime conveniente de conformidad a la ley;

e)Coordinar las funciones del Servicio con otros servicios públicos con competencia ambiental;

f)Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

g)Crear y presidir comisiones y subcomisiones, para desarrollar los estudios que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Tales comisiones y/o subcomisiones, se conformarán de acuerdo a lo que señale el Ministerio del Medio Ambiente, previa propuesta del Servicio, y

h)Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 9°.Direcciones Regionales. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien estará afecto al segundo nivel jerárquico del sistema de Alta Dirección Pública de la ley N° 19.882.

Párrafo 3°

Del Patrimonio

Artículo 10. El patrimonio del Servicio estará formado por:

a)Los recursos que se le asignen anualmente en la ley de Presupuestos;

b)Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c)Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten;

d)Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, y

e)Los ingresos propios que obtenga por las tarifas que cobre por el acceso a las áreas protegidas del Estado y por las concesiones y permisos que en ellas se otorguen.

El Servicio estará sujeto a las normas del Decreto Ley N° 1263, de 1975 y sus disposiciones complementarias.

Párrafo 4°

Del Régimen del Personal

Artículo 11. El personal estará afecto a las disposiciones de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, y en materia de remuneraciones a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

TÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Párrafo 1º

Del Establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus Categorías de Protección

Artículo 12.Creación y objetivos del Sistema. Créase un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tendrá los siguientes objetivos:

a)Asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país en las áreas que formen parte del Sistema;

b)Mejorar la representatividad de los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales ymarinos, especies y variedades, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como la efectividad de manejo en el corto, mediano y largo plazo, y

c)Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local.

Artículo 13. Categorías de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las siguientes categorías de protección:

a)Reserva de Región Virgen;

b)Parque Marino;

c)Parque Nacional;

d)Monumento Natural;

e)Reserva Marina;

f)Reserva Nacional;

g)Santuario de la Naturaleza;

h)Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos, y

i)Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar.

Artículo 14. Reserva de Región Virgen.Denomínase Reserva de Región Virgen un área terrestre, de aguascontinentales o marinas, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbada por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica.

El objetivo de esta categoría es proteger la integridad ecológica a largo plazo de áreas naturales, conservando los valores culturales asociados y manteniéndolas libres de intervención humana.

Artículo 15. Parque Marino.Denomínase Parque Marino un área marina, costera, su fondo marino, subsuelo o una combinación de ellos, en la que existen ecosistemas, especies y sus hábitats, conteniendo unidades naturales y procesos ecológicos únicos, representativos a nivel local, nacional o global, así como sus rasgos geológicos y paisajísticos.

El objetivo de esta categoría es preservar ecosistemas, unidades o procesos ecológicos, a fin de mantener la biodiversidad de ambientes marinos y costeros en su estado natural y que en su conjunto contribuyen con la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 16. Parque Nacional. Denomínase Parque Nacional un área, generalmente extensa, en la que existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, y en que la biodiversidad o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo.

El objetivo de esta categoría es la preservación de muestras del patrimonio natural, escénico o cultural asociado, la continuidad de los procesos ecológicos, junto con las especies y ecosistemas característicos del área, la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros, y la mantención de los servicios ecosistémicos que proveen.

Artículo 17. Monumento Natural.Denomínase Monumento Natural un área, generalmente reducida en extensión, caracterizada por la presencia de componentes relevantes de la diversidad biológica, que contengan además sitios o elementos de interés desde el punto de vista geológico,paisajístico, educativo o científico.

El objetivo de esta categoría es la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales, geológicos y paisajísticos y la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 18.Reserva Marina. Denomínase Reserva Marina un área en la que existen comunidades biológicas, especies marinas yhábitats relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es la conservación y uso sustentable de las comunidades biológicas, especies y hábitats, en las cuales puede existir aprovechamiento por parte de las comunidades locales, cuya actividad se desarrolla ancestralmente o de manera sustentable, sin poner en riesgo los servicios ecosistémicos que estas áreas proveen.

Artículo 19. Reserva Nacional. Denomínase Reserva Nacional un área destinada a conservar y utilizar con especial cuidado las especies nativas, los hábitats y los ecosistemas naturales, que pueden verse expuestos a sufrir degradación, así como aquéllas que presentan importancia para el bienestar de la comunidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es proteger una o más especies, hábitats o fragmentos de hábitats determinados, a través de una gestión generalmente activa para la conservación, recuperación o restauración de ecosistemas, procesos ecológicos, así como la conservación y protección del recurso suelo y del recurso hídrico, y la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 20. Santuario de la Naturaleza. Denomínase Santuario de la Naturaleza un sitio terrestre o acuático, cuya conservación es de especial interés científico dada sus características naturales, geológicas, geomorfológicas y paleontológicas, y que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones.

El objetivo de esta categoría es la conservación ymantención de especies y hábitats, terrestres o acuáticos, como de elementos de la diversidad geológica de especial interés científico y educativo.

Artículo 21.Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos. Denomínase Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos un área marina o costera en la que existen especies, hábitats, ecosistemas o condiciones naturales y paisajísticas, asociadas a valores culturales o al uso tradicional y sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos.

El objetivo de esta categoría es asegurar el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos, a través de un manejo integrado del área, utilizando los instrumentos de conservación disponibles en el ordenamiento jurídico.

Artículo 22.Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Denomínase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área.

Artículo 23.Actividades al interior de las áreas protegidas. Todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, deberá respetar el objeto de protección de ésta y ser compatible con su plan de manejo.

Párrafo 2º

De la creación y modificación de las Áreas Protegidas del Estado

Artículo 24.Creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas del Estado, en cualquiera de sus categorías, se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales, y con la firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, cuando se trate de áreas que se extiendan a zonas lacustres, fluviales o marítimas.

El decreto que crea el área protegida deberá contener la categoría de protección, la superficie, los deslindes y el o los objetos de protección. Se entenderá por objetos de protección del área, las especies, ecosistemas, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se pretende proteger a través de la creación del área.

Artículo 25.Procedimiento para la creación de las áreas protegidas. La creación de un área protegida requerirá de la elaboración, por parte del Servicio, de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.

Cuando se trate de inmuebles fiscales, se requerirá un informe previo sobre la situación de dominio y tenencia por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, se solicitará informe a los órganos sectoriales pertinentes para identificar las actividades que se desarrollan en el área respectiva.

Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 26. Modificación y desafectación de las áreas protegidas. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, deslindes u objeto de protección, sólo podrá modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior.

Las áreas protegidas que se creen, sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo.

Párrafo 3º

De la administración de las áreas protegidas del Estado

Artículo 27. Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio.

Artículo 28. Tarifa. El Servicio estará facultado para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas que administre y por los servicios que se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir mediante resolución fundada de dicho pago.

La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar entre otros criterios, los siguientes: escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Los recursos percibidos por este concepto se considerarán ingresos propios del Servicio.

Párrafo 4°

Planes de manejo de áreas protegidas

Artículo 29. Planes de manejo de áreas protegidas. Toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ser consistente con el objetivo del área.

El plan de manejo definirá las prohibiciones o regulaciones al desarrollo de actividades que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del objetivo del área protegida respectiva.

Artículo 30. Características de un plan de manejo. Los planes de manejo de áreas protegidas deberán reunir las siguientes características:

a)Incluir metas medibles y un período para implementarlas, con el fin de evaluar el éxito del plan de manejo, y si corresponde la adecuación de recursos y capacidades;

b)Señalar de manera clara y precisa aquellas prohibiciones y regulaciones de determinadas actividades en el área protegida o en zonas específicas de la misma, en conformidad a la legislación, y

c)Establecer los objetivos específicos, las medidas de manejo y los recursos necesarios para el área en cuestión.

Los planes de manejo podrán dividirse en varios programas o planes de acción que traten funciones específicas: conservación, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, recreación, ecoturismo, aspectos regulatorios, administración y coordinación.

Artículo 31. Contenidos de un plan de manejo. Todo plan de manejo de área protegida deberá contener, al menos, lo siguiente:

a)Los antecedentes jurídicos del área;

b)La descripción general del área, incluyendo los atributos y valores de conservación que justifican su creación;

c)El funcionario encargado de su manejo y otros aspectos pertinentes de su gobernanza;

d)Las principales amenazas y las estrategias de manejo para mitigarlas o suprimirlas;

e)La zonificación;

f)Las actividades compatibles con el área;

g)El plan de monitoreo y seguimiento, y

h)Los indicadores para evaluar el avance de las metas y objetivos, y la eficacia de diversos enfoques específicos de manejo.

En la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades existentes al interior y aledañas a ellas, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

Artículo 32. Programa de manejo de recursos hidrobiológicos. En caso que el plan de manejo de un área protegida contemple un programa de manejo de recursos hidrobiológicos, éste será elaborado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con consulta al Servicio.

Artículo 33. Aprobación del plan de manejo. El plan de manejo será aprobado mediante resolución del Servicio y deberá revisarse al menos cada cinco años.

El plazo para dictar dicho plan será de dos años desde la creación del área respectiva, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello. El cumplimiento de esta disposición deberá incorporarse al respectivo convenio de desempeño que suscriba el Director Nacional del Servicio.

Excepcionalmente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá requerir la revisión del plan de manejo en lo referido a las actividades compatibles.

Artículo 34.Reglamento. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración de los planes de manejo de áreas protegidas, así como los contenidos específicos según categoría.

Dicho procedimiento deberá contemplar la consulta de la opinión de los gobiernos regionales.

Párrafo 5°

De las funciones y atribuciones de los guardaparques dentro de las áreas protegidas

Artículo 35. Cuerpo de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Servicio contará con un cuerpo de guardaparques, el cual cumplirá las funciones que se señalan en el artículo siguiente, el cual será la autoridad competente para el manejo y fiscalización de las áreas protegidas del Estado.

Artículo 36.Atribuciones y funciones de los guardaparques.

Los guardaparques deberán velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro de las áreas protegidas del Estado. Para ello, corresponderá a los guardaparques ejercer funciones de apoyo al proceso de planificación del área protegida, de control de las actividades que se realicen al interior de las áreas, de fiscalización, cuando corresponda, y de extensión hacia la comunidad. Asimismoles corresponderá especialmente ejercer las siguientes atribuciones y funciones:

a)Aplicar y velar por el cumplimiento del plan de manejo del área;

b)Monitorear el estado de la biodiversidad del área y de sus componentes;

c)Supervisar y ejecutar acciones para conservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento y bienes del área;

d)Instruir y exigir a los visitantes el cumplimiento de las normas, usos y restricciones establecidas en el plan de manejo del área;

e)Informar y educar a los visitantes acerca de los valores ecológicos, patrimoniales, culturales y paisajísticos del área y los bienes y servicios ecosistémicos que ella provee;

f)Controlar y fiscalizar el cumplimiento de normativas de manejo y ambientales al interior de las áreas protegidas;

g)Supervisar y controlar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de concesionarios y titulares de permisos que operen al interior del área;

h)Fiscalizar las actividades que se desarrollen al interior del área en conformidad al plan de manejo;

i)Cursar las infracciones que señala esta ley;

j)Apoyar los procesos de planificación y manejo del área, y

k)Cumplir con las demás funciones que se les encomienden.

Artículo 37.Administradores de las áreas. Cada área protegida del Estado podrá contar con un administrador, que formará parte del cuerpo de guardaparques, y será responsable de la dirección y gestión integral del área.

Corresponderá al administrador:

a)Velar por la aplicación y el cumplimiento del plan de manejo del área;

b)Evaluar el desempeño del personal a su cargo;

c)Aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia;

d)Aprobar planes de trabajo para la administración del área, e informar de las acciones de administración de las áreas, de conformidad con las directrices establecidas por el Servicio;

e)Reportar al Director Regional respectivo cualquier evento extraordinario de relevancia que ocurra al interior del área a su cargo;

f)Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurran al interior del área a su cargo;

g)Cumplir con las demás funciones que se le encomienden.

Artículo 38.Requisitos de los guardaparques para ejercer funciones de fiscalización. Sólo podrán cumplir funciones de fiscalización aquellos guardaparques que cumplan con los siguientes requisitos:

a)Contar con licencia de enseñanza media;

b)Haberse desempeñado a lo menos por dos años como guardaparque, y

c)Haber aprobado los cursos de formación y capacitación que disponga el Servicio.

Corresponderá al Director Nacional del Servicio designar a los guardaparques que cumplirán funciones de fiscalización.

Aquellos guardaparques que cumplan funciones de fiscalización tendrán la calidad de ministro de fe.

Artículo 39. Formación y capacitación de los guardaparques. El Servicio contará con programas de formación y capacitación para guardaparques, conforme a las necesidades determinadas por el Servicio y sus disponibilidades presupuestarias.

El Servicio podrá reconocer cursos o programas de capacitación distintos de aquéllos señalados en el inciso anterior que hubiesen sido aprobados por guardaparques.

Párrafo 6º

De las concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado

Artículo 41. Concesiones en áreas protegidas del Estado. En las áreas protegidas del Estado, sólo podrán otorgarse concesiones en beneficio del manejo del área, cuyo fin sea la prestación de servicios en el marco de proyectos de ecoturismo, investigación científica o educación.

Serán objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo y se encuentren priorizadas para tal efecto por el Servicio. En el caso de concesiones para el ecoturismo, la Subsecretaría de Turismo deberá proponer al Servicio dicha priorización.

Las concesiones en áreas protegidas no podrán exceder de treinta años.

Artículo 42. Criterios para el otorgamiento de concesiones. En el otorgamiento de concesiones, se tendrán en consideración los siguientes criterios:

a)Deberán considerar el objetivo del área protegida respectiva, y ajustarse a los planes de manejo;

b)Deberán privilegiar el respeto y participación de las comunidades locales en la prestación del servicio objeto de la concesión y sus beneficios;

c)Las concesiones de ecoturismo deberán desarrollarse bajo la modalidad de un turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural;

d)Las concesiones de investigación científica deberán colaborar como instrumento de apoyo y soporte científico en el proceso de toma de decisiones para la gestión y logro de los objetivos de protección definidos para las áreas protegidas. Asimismo, se privilegiarán las investigaciones orientadas a cubrir vacíos de información en los ámbitos terrestre y marino, y aquellas que apunten a la identificación de amenazas en la biodiversidad, y

e)Las concesiones de educación deberán promover programas y mecanismos a través de los cuales la comunidad tome conciencia pública del valor de la biodiversidad y en particular del rol de las áreas protegidas en la conservación, así como la difusión del conocimiento y capacitación en conservación de la biodiversidad.

Artículo 43.Comité Técnico. Créase un Comité Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones.

Dicho Comité estará integrado por:

a)El Director Nacional del Servicio, quien lo presidirá;

b)Un representante del Ministerio del Medio Ambiente;

c)Un representante de la Subsecretaría de Turismo;

d)Un representante del Ministerio de Bienes Nacionales, y

e)Un representante del Ministerio de Agricultura.

Al Comité le corresponderán las siguientes funciones:

a)Asesorar sobre las áreas protegidas que el Servicio priorice para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones de investigación científica y educación;

b)Formular su opinión sobre la propuesta de priorización de áreas protegidas que efectúe la Subsecretaría de Turismo para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones ecoturísticas;

c)Participar en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas

d)Proponer la renta concesional.

Artículo 44. Fijación y distribución de la renta concesional. La renta concesional será fijada por el Servicio, a propuesta del Comité Técnico. Para estos efectos, considerará la tasación comercial del área a concesionar, así como los servicios ecosistémicos que provee el área; su número de visitantes; accesibilidad y conectividad, entre otros criterios análogos.

Sólo en casos fundados se podrá fijar una renta inferior a la propuesta por el Comité.

Las rentas percibidas por concesiones otorgadas en áreas protegidas del Estado se destinarán, entre otros, a los siguientes objetivos: a la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la gestión del área protegida objeto de la concesión; al monitoreo del área de la concesión; al Fondo Nacional del Biodiversidad.

Artículo 45.Concesiones a título gratuito. En casos excepcionales, y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones de investigación científica o de educación a título gratuito, en favor de municipalidades, organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco, o en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas privadas sin fines de lucro.

En este caso, no le será aplicable lo señalado en el artículo 50.

Las concesiones otorgadas a título gratuito podrán extinguirse por la sola voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, cuando a su juicio existan razones fundadas para ello.

Artículo 46. Concesionario. Conforme a las disposiciones de este párrafo, el Ministerio podrá otorgar las concesiones sobre áreas protegidas a personas jurídicas.

Artículo 47. Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones podrán adjudicarse a través de licitación pública o privada, y a ellas podrán presentarse personas naturales o jurídicas. Asimismo podrán otorgarse concesiones directamente, siempre que sean gratuitas y en casos debidamente fundados.

Un reglamento regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas del Estado, según las reglas siguientes.

Artículo 48. Bases de licitación. Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente llevar a cabo el proceso de licitación, para lo cual el Servicio confeccionará una proposición de las bases para el llamado, debiendo contemplar específicamente, las prohibiciones y regulaciones aplicables contenidas en el plan de manejo respectivo, y demás condiciones y requisitos que se estimen pertinentes.

Asimismo, en cumplimiento del objetivo del área protegida de que trate, las bases podrán indicar actividades cuyo desarrollo podrá restringirse en dicha área.

Artículo 49. Adjudicación de la concesión. La adjudicación de la concesión de las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se efectuará mediante resolución del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial.

A contar de la fecha de publicación de la resolución, el adjudicatario quedará obligado, cuando corresponda, en el plazo y con los requisitos que se indiquen en la resolución, a constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena, con quien se celebrará el respectivo contrato de concesión.

Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, el adjudicatario, deberá suscribir con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el correspondiente contrato de concesión, el cual deberá constar en escritura pública.

La escriturapúblicadeberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces del lugar en que se hallare ubicado el inmueble, como también anotarse al margen de la inscripción de dominio del respectivo predio. Copia de la escritura deberá entregarse para su archivo en el Ministerio.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los incisos anteriores dejará sin efecto la adjudicación respectiva. Dicha circunstancia será declarada por resolución fundada del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 50. Transferencia de la concesión. El concesionario podrá transferir la concesión. La transferencia de la concesión deberá ser total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato de concesión.

El Ministerio aprobará la transferencia de la concesión, previa certificación del Servicio que la transferencia es total y el adquirente cumpla con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario, sin perjuicio de las exigencias señaladas en el respectivo reglamento, y llevará un registro de transferencias.

Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, será nulo.

Artículo 51.Extinción de la concesión. La concesión se extingue por la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a)Vencimiento del plazo;

b)Mutuo acuerdo entre las partes;

c)Pérdida por parte del concesionario de los requisitos o condiciones exigidos para obtener la concesión;

d)Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, declarado previa audiencia del mismo, según lo señalado en el respetivo reglamento;

e)Ocurrencia de algún hecho o circunstancia que haga imposible el objeto de la concesión;

f)Cancelación o extinción de la personalidad jurídica del concesionario, y

g)Las demás causales que se estipulen en las bases de licitación.

El incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere la letra d) de este artículo, será declarada por el servicio mediante resolución fundada

Artículo 52.Mejoras. A falta de estipulación en contrario, todo lo edificado y plantado por el concesionario en el inmueble fiscal y todas las mejoras que le hubiere efectuado, pasarán a dominio del fisco, sin indemnización alguna, una vez extinguida la concesión.

Artículo 53. Otros permisos o autorizaciones. La adjudicación de la concesión no liberará al concesionario de la obligación de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

Artículo 54.Permisos. Mediante resolución del Director Nacional del Servicio y de acuerdo con el respectivo reglamento, podrán otorgarse permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para el desarrollo de actividades que no requieran la instalación de infraestructura o la operación permanente y continua en espacios ubicados en el área, y siempre que no contravengan el plan de manejo.

Lo anterior es sin perjuicio de los permisos o autorizaciones que se establezcan en la legislación sectorial.

Artículo 55.Fiscalización de la concesión o permiso. El Servicio tendrá la atribución de verificar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Párrafo 7°

Áreas protegidas de propiedad privada

Artículo 56. Solicitud de creación. El procedimiento para la creación de un área protegida de propiedad privada se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio, presentada por el o los propietarios del área.

Dicha solicitud deberá contener la siguiente información sobre el área:

a)Ubicación y superficie, incluido el polígono;

b)Información sobre la propiedad del inmueble;

c)Características ecológicas y ambientales del área;

d)Categoría de protección propuesta;

e)Objetivos de conservación;

f)Lineamientos generales de manejo;

g)Administrador del área, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58, y

h)Antecedentes técnicos que justifiquen su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las áreas de propiedad privada que sean propuestas como un área protegida serán consideradas en las prioridades de planificación de conservación si corresponden a sitios prioritarios, corredores biológicos o paisajes de conservación; mantienen poblaciones de especies o ecosistemas amenazados, o proveen servicios ecosistémicos.

Artículo 57. Creación. La creación de las áreas protegidas de propiedad privada se realizará a través de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, el que contendrá lo señalado en el artículo 24.

Dichas áreas tendrán una vigencia que no podrá ser inferior a treinta años. Dicho plazo se renovará automática y sucesivamente por quince años adicionales, a menos que antes del vencimiento del plazo original el propietario manifieste su decisión fundada de ponerle término.

El propietario deberá reducir el decreto supremo a escritura pública e inscribirla en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Artículo 58.Desafectación. La desafectación del área se efectuará mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, por verificarse alguna de las siguientes circunstancias:

a)Manifestación de voluntad del propietario de poner término a la afectación, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, e

b)Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto de afectación del área, así determinado fundadamente por el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio.

Artículo 59.Administración y supervisión. Las áreas protegidas de propiedad privada serán administradas por sus propietarios o por organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la gestión y el manejo adecuado del área.

La supervisión de dicha gestión y manejo por los administradores privados corresponderá al Servicio.

Artículo 60. Planes de manejo. Los planes de manejo de las áreas protegidas de propiedad privada serán elaborados por sus propietarios o las organizaciones que administren el área, y aprobados mediante resolución del Servicio.

Artículo 61. Apoyo técnico. El Servicio prestará apoyo técnico a los propietarios o administradores de áreas protegidas de propiedad privada. En este marco, elaborará un formato tipo de plan de manejo de área protegida y desarrollará programas y talleres de capacitación en gestión y manejo de aquellas áreas, así como de gestores de las mismas.

El Servicio podrá asimismo desarrollar o fomentar programas de cooperación con instituciones públicas o privadas para la realización de actividades específicas en las áreas protegidas de propiedad privada, que sean complementarias a los objetivos establecidos en el plan de manejo.

Artículo 62.Incentivos. Las áreas protegidas de propiedad privada podrán recibir bonificaciones, mediante concursos del fondo de la Biodiversidad, a las acciones específicas de conservación, para mitigar amenazas, recuperar especies o ecosistemas, y que contribuyan a mantener los valores y atributos del área protegida, según lo señale el reglamento.

Artículo 63.Reglamento. Un reglamento regulará el procedimiento, los plazos, las condiciones y los requisitos para la creación y desafectación de las áreas protegidas de propiedad privada, así como para optar a los beneficios que se establezcan en la ley.

Párrafo 8°

Disposiciones comunes a las áreas protegidas

Artículo 64.Integración de las áreas protegidas. Formarán parte de las áreas protegidas, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o tramos de estos, lagos, lagunas, estuarios, y otros humedales situados dentro de su perímetro.

Artículo 65. Actividades de caza y captura. En conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Caza, se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

No obstante lo anterior, el Servicio podrá autorizar la caza o la captura de determinados especímenes en los lugares señalados en el inciso precedente, pero sólo para fines científicos, para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, para establecer centros de reproducción o criaderos, o para permitir una utilización sustentable del recurso, cuando la categoría de protección y el manejo del área lo permitan.

TÍTULO IV

INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Párrafo 1°

Disposiciones generales

Artículo 66. Instrumentos de conservación de biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de lasáreas protegidas, el Servicio estará facultado para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de losinstrumentos de conservación de la biodiversidad que señala este título.

Párrafo 2°

Inventarios

Artículo 67.Inventarios de ecosistemas. El Servicio elaborará y administrará inventarios de ecosistemas, los cuales constituirán un instrumento de gestión para el monitoreo de la biodiversidad y la planificación territorial. Estos tendrán carácter permanente y público y deberán actualizarse cada cuatro años.

Dichos inventarios considerarán los ecosistemas terrestres,marinos y acuáticos continentales, incluidos los humedales.

Respecto de los inventarios de glaciares, que administra la Dirección General de Aguas, el Servicio podrá utilizar dicha información para priorizar la gestión e implementar medidas de conservación sobre glaciares.

Artículo 68. Inventario de especies. El Servicio mantendrá un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales, de carácter permanente y público.

Artículo 69. Requerimiento de información. El Servicio podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, la información necesaria para elaborar y mantener los inventarios actualizados.

Párrafo 3°

Instrumentos para la conservación de ecosistemas

Artículo 70.Sitios prioritarios para la conservación. El Ministerio del Medio Ambiente declarará los sitios prioritarios, los quepodrán ser propuestos para la creación de áreas protegidas, bancos de compensación o para ser objeto de otros instrumentos de conservación establecidos en la presente ley.

El Servicio administrará un registro actualizado de los sitios prioritarios, que contendrá fichas de información para cada uno de ellos.

Artículo 71. Ecosistemas degradados. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Servicio, velará por la restauración de los ecosistemas degradados, a fin de recuperar su estructura y funciones.

Artículo 72.Planes de restauración de ecosistemas. El Ministerio del Medio Ambiente aprobará, a propuesta del Servicio, planes de restauración de ecosistemas degradados.

Dichos planes contendrán los ecosistemas que serán objeto de restauración, su localización, los componentes degradados, la descripción de los valores ecológicos afectados, el objetivo de restauración, las amenazas al ecosistema, las acciones de restauración, el plazo estimado para su implementación, y el diseño de monitoreo y medidas de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las acciones. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, deberán incluirse también los objetos de conservación del área que han sido afectados.

En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el referido plan de manejo.

Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de restauración de ecosistemas, así como reportar periódicamente al Ministerio del Medio Ambiente sobre la efectividad de las acciones.

Cuando los planes de restauración contemplen acciones de otros órganos sectoriales, éstos se someterán al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho caso el Servicio será el encargado de coordinar las labores de todos los organismos relacionados con el plan.

Artículo 73.Ecosistemas amenazados. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías de amenaza y el procedimiento para clasificar los ecosistemas en tales categorías, sobre la base de antecedentes científico-técnicos y según su estado de conservación.

Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 74.Planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. El Servicio elaborará planes de manejo para la conservación de áreas determinadas en las que se localicen ecosistemas amenazados.

Dichos planes podrán establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de cauces superficiales y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies; requerir la elaboración de planes de restauración u otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado.

En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el plan de manejo establecido de conformidad con dicho cuerpo legal.

Un reglamento regulará el contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Párrafo 4°

Instrumentos para la conservación de especies

Artículo 75. Planes de recuperación, conservación o gestión de especies. Clasificada una especie nativa como extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro o vulnerable, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, el Servicio elaborará un plan de recuperación, conservación y gestión de especies.

En tales planes quedarán excluidas las especies hidrobiológicas sujetas a prohibiciones o medidas de administración contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Un reglamento establecerá el contenido y procedimiento para la dictación de tales planes. Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 76.Monumentos Naturales. El Ministerio del Medio Ambiente, en consulta al Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según corresponda, podrá declarar una o más especies como monumentos naturales.

Artículo 77. Mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas.

Artículo 78. Prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, cuando no se trate de poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza o sean de interés comercial, el Servicio podrá:

a)Determinar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el país, acorde con el procedimiento que sea definido para ello;

b)Proponer al Ministerio del Medio Ambiente planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en la letra anterior;

Cuando los planes contemplen acciones de otros órganos sectoriales, éstos se someterán al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho caso el Servicio será el encargado de coordinar las labores de todos los organismo relacionados con el plan;

c)Fomentar y ejecutar programas, planes, proyectos y acciones de investigación, prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, tanto dentro como fuera de áreas protegidas;

d)Fomentar y ejecutar acciones de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre la materia;

e)Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la captura y la caza de especies exóticas, así como la recolección de sus partes o derivados, dentro de las áreas protegidas;

f)Pescar, colectar, cazar y capturar especies exóticas dentro de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con fines de control o erradicación, así como intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de descanso, dormideros y sitios reproductivos;

g)Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, zonas del país que sean vulnerables frente al riesgo de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, en función de lo cual podrá prohibir o regular el ingreso de tales especies a dicho territorio;

h)Autorizar o denegar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la internación de especies exóticas al país que sean calificadas como invasoras o de riesgo para la biodiversidad, y

i)Autorizar o denegar el transporte o traslado de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo a zonas que hubiesen sido o sean declaradas como vulnerables a dichas especies.

Párrafo 5°

Del monitoreo y plataformas de información

Artículo 79. Sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental de la biodiversidad. El Servicio implementará sistemas de monitoreo y de seguimiento ambiental de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, así como de las especies.

Artículo 80.Informes sobre estado de los ecosistemas. El Servicio colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de un informe sobre la condición de los ecosistemas en el país. Dicho informe integrará la información aportada por todos los servicios competentes.

Párrafo 6°

Fondo Nacional de la Biodiversidad

Artículo 81.Financiamiento para biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar, principalmente, programas de conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y la educación, y cuyo patrimonio estará integrado por:

a) Los recursos que el Estado reciba por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional;

b)Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil;

c) Los recursos que para este objeto puedan consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;

d) Los recursos que le asignen otras leyes; y

e) En general, cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.

El Fondo será administrado por el Servicio y su funcionamiento será regulado mediante un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 82.Iniciativas privadas en conservación de biodiversidad. El Fondo podrá financiar iniciativas de organizaciones sin fines de lucro, para desarrollar estudios o proyectos de conservación, fuera o dentro de áreas protegidas, cuyo objetivo sea ampliar la gestión del Estado en relación a especies y ecosistemas.

Las iniciativas que podrán verse beneficiadas por el fondo corresponderán a:

a)Elaboración de instrumentos de gestión: perfeccionamiento o actualización de la línea base de un área de interés para la conservación de la biodiversidad, elaboración del plan de manejo, desarrollo de mecanismos para el monitoreo de los programas de conservación y de su efectividad.

b)Capacitación y formación: formación en gestión financiera de un área protegida, formación de gestores para conservación de la biodiversidad, profesionales que desarrollen planes de manejo para la conservación,desarrollar guías o manuales de buenas prácticas para la conservación de las iniciativa de conservación privada.

El Servicio contará con un mecanismo de incentivos diferenciados a través del cual serán elegibles, mediante concurso, las iniciativas de conservación privada. Entre los criterios se considerarán aquellas áreas de iniciativas privadas que coincidan con un territorio identificado, por el Ministerio del Medio Ambiente, como sitio prioritario de conservación.

Asimismo, el Servicio podrá implementar proyectos y estudios, en conjunto con órganos sectoriales, municipios y actores locales y regionales, que faciliten el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local, promoviendo el uso sustentable de la biodiversidad, la recuperación de especies y ecosistemas degradados o la protección de aquellos frágiles o amenazados.

Párrafo 7°

Instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad

Artículo 83.Certificación de conservación de biodiversidad.El Servicio promoverá prácticas sustentables en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los procesos productivos, a través de certificación de predios que proveen servicios ecosistémicos, como una oportunidad de desarrollo local sustentable.

Artículo 84.Áreas de soporte a la conservación. El Ministerio podrá reconocer territorios como corredores biológicos, paisajes de conservación y sitios prioritarios que cumplan con una función ecológica asociados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas o fuera de éste, en las cuales el Servicio podrá certificar actividades voluntarias.

Artículo 85.Bancos de compensación de biodiversidad. Para asegurar la adecuada compensación de biodiversidad de proyectos o actividades, el Ministerio del Medio Ambiente reglamentará un mecanismo de bancos de compensación.

Los bancos de compensación corresponden a un conjunto de territorios cuyas singularidades y valor por biodiversidad lo convierten en candidato en el esquema de la compensación de impactos de proyectos de inversión.

El Servicio aprobará las solicitudes para constituirse en bancos de compensación y evaluará la equivalencia de la medida propuesta.

El Ministerio del Medio Ambiente mantendrá un registro de instituciones especializadas en materia de conservación que colaborarán con la implementación de los bancos de compensación.

El Servicio aprobará la cartera de proyectos que propongan los bancos de compensación, así como la ejecución de acciones que compensen los impactos residuales de los proyectos, con el objetivo de obtener una pérdida neta cero o incluso una ganancia neta de biodiversidad.

TÍTULO V

De la fiscalización, infracciones y sanciones

Párrafo 1°

De la fiscalización

Artículo 86.Alcance de la fiscalización. Corresponderá al Servicio fiscalizar el cumplimiento de las normas referidas a la conservación de la diversidad biológica del país, de conformidad a las competencias que se establecen en esta ley.

El Servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas, y en general de todas las actividades que se desarrollen en éstas.

Además, le corresponderá ejecutar aquellas labores que se le encomienden en virtud de los programas o subprogramas de fiscalización establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad a lo señalado en el Título II del artículo segundo de la ley Nº 20.417.

Artículo 87.Ministros de fe. Los funcionarios que cumplan funciones de fiscalización, tendrán la calidad de ministros de fe respecto de los hechos constitutivos de infracciones a la presente ley, siempre que se constaten en el ejercicio de sus funciones y que consten en la respectiva acta de fiscalización. Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán presunción legal de haberse cometido la infracción.

Artículo 88.Convenios de encomendación de acciones. El Servicio podrá suscribir convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos, con la finalidad de realizar actividades de fiscalización. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales labores.

Párrafo 2º

De las infracciones

Artículo 89.Alcance de las infracciones. Las sanciones que corresponda aplicar por infracción a las disposiciones de esta ley, serán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectar al infractor.

Artículo 90.Responsabilidad solidaria. Si ante la ocurrencia de una o más infracciones, fuese posible constatar la participación de más de una persona y no fuese posible determinar el grado de participación específico, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 91.Potestad sancionadora. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas administrativamente por el Servicio.

Artículo 92.Infracciones en las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones u omisiones contrarias al plan de manejo del área protegida, con independencia de su carácter de privada o del Estado, y en particular las siguientes:

a)Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, otierra;

b)Intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte aejemplares de la fauna;

c)Cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de plantas, algas,hongos o líquenes;

d)Destruir nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies;

e)Recolectar huevos, semillas o frutos;

f)Introducir ejemplares de especies nativas o exóticas;

g)Introducir ganado u otros animales domésticos al área protegida;

h)Provocar contaminación acústica, lumínica, atmosférica o visual;

i)Causar deterioro en las instalaciones existentes;

j)Liberar, vaciar o depositar basuras, chatarra, productos químicos,sustancias biológicas peligrosas, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen, en los sistemas hídricos o en lugares nohabilitados para el efecto;

k)Ingresar a las áreas protegidas sin haber pagado el derecho a ingreso o sin contar con la debida autorización. Se exceptúa de lo anterior, elingreso a áreas protegidas marinas o acuáticas continentales cuyoplan de manejo permita el libre acceso o la navegación por ellas, y enla forma que dicho plan autorice;

l)Pernoctar, merendar, encender fuego, instalar campamentos o transitar en lugares o sitios que no se encuentren habilitados o autorizados para ello;

m)Alterar las condiciones de un área protegida o de los productos o elementos propios de ésta mediante ocupación, aradura, corta, arranqueu otras acciones semejantes;

n)Interrumpir, bloquear, alterar o drenar cuerpos o cursos de agua, así como humedales o depositar elementos extraños en estos;

o)Instalar carteles de publicidad;

p)Incumplir las órdenes impartidas por quienes administran las áreas;

q)Impedir u obstaculizar las labores de fiscalización de los funcionarios habilitados por esta ley para tales funciones;

r) Entregar información falsa u ocultar cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir una infracción;

s) Impedir deliberadamente la fiscalización, encubriendo una infracción o evitando el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de cualquiera de los funcionarios que señala esta ley;

t)Incumplir alguna de las disposiciones del plan de manejo por parte del titular de un área,su administrador o el concesionario;

u)Incumplir las disposiciones contenidas en los permisos otorgados, e

v) Incumplir las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por el Servicio.

No se considerará infracción aquella conducta que, no obstante su tipificación en este artículo, sea considerada en el respectivo plan de manejo como necesaria para el cumplimiento del objetivo de protección del área, que cuente con la autorización del Servicio o se trate de una conducta realizada en aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate de incendios forestales.

Artículo 93.Infracciones fuera de las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones señaladas en las letras a), b), c), d), n), q), r) y s) del artículo precedente, cometidas en sitios prioritarios para la conservación, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

Constituirá asimismo infracción a la presente ley el incumplimiento de las medidas de prevención, control y erradicación de especies exóticas.

No se considerará infracción aquella conducta realizada en aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate de incendios forestales, así como en cumplimiento de legislación sectorial.

Artículo 94. Categorías de infracciones. Las infracciones a la presente ley se considerarán gravísimas, graves o leves.

1.Constituirán infracciones gravísimas, los hechos actos u omisiones que:

a)Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reponer en sus propiedades básicas;

b)Hayan afectado gravemente los servicios ecosistémicos, o

c)Impidan u obstaculicen deliberadamente el cumplimiento de determinado plan de manejo.

2.Constituirán infracciones graves, los hechos actos u omisiones que:

a)Hayan causado daño ambiental, susceptible de reponer en suspropiedades básicas;

b)Hayan afectado el área, sin comprometer gravemente los servicios ecosistémicos que esta provee, o

c)Afecten negativamente el cumplimiento del plan de manejo de un área protegida.

3.Constituirán infracciones leves, los hechos actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatoria y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores.

Artículo 95. Prescripción. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cuatro años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos cinco años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada.

Párrafo 3°

De las sanciones

Artículo 96.Sanciones. Las infracciones a esta ley podrán ser objeto de alguna de las siguientes sanciones:

1. En el caso de las infracciones gravísimas:

a)Multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales;

b)Desafectación definitiva del área protegida en los casos de áreas protegidas privadas;

c) Revocación de la concesión o permiso, según corresponda; y

d) Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, entre cinco y diez años.

2. En el caso de las infracciones graves:

a)Multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales;

b)Desafectación temporal del área protegida en los casos de áreas protegidas privadas;

c)Suspensión de la concesión o permiso, según corresponda, y

d)Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, entre uno y dos años.

3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales.

Los recursos que se obtengan por la aplicación de las multas que dispone este artículo, deberán ser traspasados por el Fisco al Servicio.

Párrafo 4º

Del procedimiento sancionador

Artículo 97.Acta de fiscalización. Los fiscalizadores que constaten la verificación de alguna de las infracciones reguladas en esta ley o de las disposiciones contenidas en los planes de manejo, levantarán un acta de fiscalización en la que se describirán los hechos constitutivos de la infracción y la identidad del o de los infractores, con expresa indicación de su domicilio. Con el sólo mérito de esta acta podrá iniciarse el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 98.Denuncias.Cualquier persona podrá denunciar las infracciones que trata esta ley, como también, de las disposiciones contenidas en los respectivos planes de manejo.

Las denuncias deberán ser formuladas por escrito al Servicio, señalando lugar y fecha de presentación, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado.

Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

Artículo 99.Admisión del acta o denuncia. El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse por la comunicación escrita del funcionario fiscalizador al Director Regional del Servicio, de la respectiva acta de fiscalización o por denuncia de cualquier persona formulada de conformidad al artículo anterior.

Con todo, la denuncia sólo dará origen a la instrucción del procedimiento sancionador, si ésta, a juicio del Servicio, está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor.

Si el Servicio estimase que carece de seriedad o mérito, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante.

Artículo 100.Medidas provisionales. Constatada por un fiscalizador alguna de las infracciones reguladas en esta ley o en los planes de manejo que correspondan, el Director Regional podrá ordenar las siguientes medidas provisionales:

a)Medidas de corrección, seguridad o control que impidan lacontinuidad en la producción de la infracción, el riesgo o del daño;

b)Retención temporal o traslado de los elementos, insumos, productos o vehículos, o la inmovilización de éstos;

c)Aposición de sellos sobre bienes muebles o inmuebles;

d)Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

e)Suspensión del funcionamiento de las instalaciones;

f)Decomisar los elementos o insumos que hubieren servido para cometer la infracción y los productos resultantes de ella, y

g)Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas.

Las medidas a las que se refiere este artículo sólo podrán ser adoptadas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la adecuada instrucción del procedimiento sancionador o con el objeto de evitar daño inminente al objeto de protección del área protegida, o cuando una demora en su aplicación pudiese dañar el medio ambiente.

Artículo 101.Cese de las medidas provisionales. Las medidas provisionales sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación, para lo cual, el funcionario fiscalizador o instructor deberá confirmar, modificar o levantar las medidas provisionales al momento de la iniciación del procedimiento sancionatorio.

En todo caso, las medidas provisionales, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo establecido en el artículo siguiente, o cuando la decisión de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a petición de algún interesado mediante solicitud fundada ante el Director Regional del Servicio. Las medidas de que trata este artículo, se extinguirán con la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 102.Inicio de instrucción del procedimiento. El acta de fiscalización y/o la denuncia, en su caso, se pondrán en conocimiento del Director Regional quien, en el plazo máximo de 5 días, deberá dar inicio a la instrucción del procedimiento sancionador y designará a un funcionario para que instruya el proceso.

La instrucción del procedimiento sancionatorio se iniciará mediante resolución que contendrá una formulación precisa de los cargos, y se pronunciará sobre las medidas provisionales impuestas, en orden a mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su comisión, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción.

Esta resolución se notificará al infractor por carta certificada, confiriéndole un plazo máximo de 10 días para formular sus descargos y acompañar todos sus medios de prueba. El infractor podrá solicitar que, en lo sucesivo, las notificaciones se practiquen por correo electrónico, caso en el cual sólo se le notificará por esa vía.

Si el infractor tuviese su domicilio en una región distinta de aquella en que se hubiese denunciado la infracción, podrá presentar sus descargos y medios probatorios en la Dirección Regional del Servicio correspondiente a su domicilio.

Artículo 103.Examen de los antecedentes. Recibidos los descargos o vencido el plazo otorgado para ello, el instructor examinará el mérito de los antecedentes y podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. La práctica de todas estas diligencias deberá llevarse a efecto en un plazo que no podrá ser superior a 15 días.

Artículo 104.Medios de prueba. Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

Los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva, gozarán de una presunción de legalidad, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o se generen en el proceso.

Artículo 105.Expediente. El instructor deberá dejar constancia de todo lo obrado en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso.

Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que se dicten en este procedimiento y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso.

Artículo 106.Informe del instructor y resolución sobre la sanción. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 109, el instructor evacuará un informe, remitiendo los antecedentes al Director Regional del Servicio, para que resuelva.

Dicho informe deberá contener la individualización del o de los infractores, la relación de los hechos investigados y la forma cómo se ha llegado a comprobarlos, y la proposición de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más infractores.

Si fuere procedente, la autoridad competente para resolver, podrá devolver los antecedentes al instructor, dentro del plazo máximo de 10 días, para que practique las diligencias que estime necesarias para resolver la materia sometida a su decisión o para que corrija vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos que no podrá exceder a 10 días.

Una vez evacuado o corregido el informe dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio, resolverá en el plazo de 10 días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al presunto infractor o aplicará la sanción en su caso.

Dicha resolución se notificará a través de carta certificada al afectado en su domicilio o a su apoderado, si lo tuviere, a menos que haya solicitado que las notificaciones se realizaran a través de correo electrónico, caso en el cual se le notificará sólo por esta vía.

Artículo 107.Impugnación. Contra las sanciones del Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales.

En contra de dicha resolución se podrá interponer recurso judicial de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente.

El plazo para interponer la reclamación será de 30 días hábiles desde la fecha de la notificación. El plazo para resolver el recurso será de treinta días hábiles.

Artículo 108.Recursos contra la resolución del Tribunal Ambiental. Para recurrir de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental competente que recaiga sobre la reclamación presentada en contra de la resolución del Director Nacional del Servicio se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 20.600.

Párrafo 5°

Normas generales

Artículo 109.Registro público de sanciones. El Servicio deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público en el cuál se señalarán el nombre, apellidos, denominación o razón social, de las personas naturales o jurídicas responsables y la naturaleza de las infracciones y sanciones.

Este registro deberá estar a disposición de cualquier persona que lo requiera, debiendo permitirse su consulta también por vía electrónica.

En el caso de que se imponga como sanción la prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, el Director Nacional deberá informar oportunamente de ello a la administración de cada unidad.

El Reglamento determinará la forma y modo en que deberá elaborarse el precitado registro, la actualización del mismo, así como cualquier otro aspecto que sea relevante incluir para el adecuado acceso y publicidad de las sanciones impuestas.

Artículo 110.Plan de reparación. El infractor sancionado conforme a las normas de esta ley, podrá presentar voluntariamente ante el Servicio, una propuesta de plan de reparación de la pérdida o degradación causada por el hecho infraccional en la biodiversidad.

Cuando el origen de la infracción haya dado competencia al Servicio, el plan de reparación se presentará ante éste, debiendo el Director Nacional emitir un informe de la infracción cometida y los efectos ocasionados y remitirlo junto con el plan propuesto al Ministerio del Medio Ambiente para su aprobación.

Desde la aprobación del plan de reparación y mientras no esté concluida su ejecución, el plazo de prescripción de la acción por daño ambiental se suspenderá. Si se ejecutare dicho plan satisfactoriamente, la acción se extinguirá.

Si existiere daño ambiental y el infractor no presentare voluntariamente un plan de reparación o no se ejecutare éste de manera satisfactoria, se deberá ejercer la acción por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental.

La totalidad de los costos en que se incurra para la implementación del plan debidamente aprobado será de cargo del infractor. Sin perjuicio de ello, podrá transferirse al patrimonio del Servicio los fondos que se requieran para acciones que le corresponda ejecutar a éste conforme al plan.

Un reglamento establecerá el procedimiento que regirá la presentación y aprobación del plan de reparación, así como los contenidos mínimos de éste y los mecanismos de seguimiento de su ejecución.

Artículo 111.Regla supletoria. En todo lo no previsto por la presente ley, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.880.

TITULO VI

Modificaciones a otros cuerpos legales

Artículo 112.Ley N° 18.362. Derógase la Ley Nº 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Artículo 113.Ley N° 19.300. Modifícase la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de la siguiente manera:

1) Reemplázase la letra p) del artículo 10, por la siguiente:

“p)Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;".

2) Reemplázase el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”

3) Modifícase el artículo 35 de la siguiente forma:

a)Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas protegidas de propiedad privada, las que formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y estarán afectas a iguales derechos, obligaciones y cargas que las áreas protegidaspertenecientes al Estado.”.

b)Elimínase la expresión “silvestres” en el inciso segundo.

c) Reemplázanse los incisos tercero y cuarto por el siguiente:

“La creación, desafectación y regulación de estas áreas se regirá por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

4)Reemplázase en el inciso segundo del artículo 37 la expresión “de dichas especies” por “de aquellas especies que sean clasificadas en categoría extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable o datos insuficientes.”

5)En el inciso final del artículo 42, agrégase entre las expresiones “aplicará a” y “aquellos” lo siguiente: “los planes de manejo de áreas protegidas ni a”.

6) Modifícase el artículo 70 de la siguiente manera:

a)Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázase en la letra i) la expresión “la flora, la fauna,” por “las plantas, algas, hongos y animales silvestres,”.

d) Reemplázase la letra j) por la siguiente:

“j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación de su competencia.”

7)Modifícase el artículo 71 de la siguiente manera:

a)Reemplázase en el inciso primero la expresión “, y” por “;”.

b)Agrégase en el inciso primero, entre la palabra “Planificación” y el punto final, la frase “, y de Bienes Nacionales”.

c)Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Pronunciarse sobre las propuestas de creación de áreas protegidas del Estado que efectúe el Ministerio del Medio Ambiente.”

d)Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá crear un comité técnico, o bien designar uno ya existente, con el fin de asesorarle en el cumplimiento de sus funciones.”.

Artículo 114.Decreto Ley N° 1.939. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley Nº 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado:

1) Derógase el artículo 15°.

2)Reemplázase el artículo 21° por el siguiente:

“Artículo 21.- Los predios que hubieren sido declarados como áreas protegidas del Estado, conforme a la legislación respectiva, no podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esa calidad sino en la forma establecida en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

Artículo 115.Ley N° 18.892. Modifícase la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la siguiente forma:

1)Reemplázase en el número 42 del artículo 2° la palabra “marina” por la expresión “de interés pesquero”.

2)Derógase la letra d) del artículo 3º.

3) Reemplázase, en la letra e) del artículo 3° la expresión “Reservas Marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente” por “Reservas de interés pesquero.”

4) Deróganse los artículos 13 A, 13 B, 13 C, 13 D y 13 E.

5) Agrégase en el número 1) del artículo 125, a continuación del punto aparte del inciso primero, que pasa a ser punto seguido la siguiente oración: “Los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que cuenten con facultades de fiscalización estarán asimismo facultados para denunciar las infracciones a la presente ley de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.”.

6) Derógase el artículo 159.

Artículo 116.Ley N° 20.256. Modifícase la Ley Nº 20.256, sobre Pesca Recreativa, de la siguiente manera:

1) Agrégase, en el artículo 7º el siguiente inciso quinto, nuevo:

“No serán susceptibles de pesca recreativa las especies que hayan sido clasificadas en peligro crítico o en peligro, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300.”

2)Agrégase, en el inciso primero del artículo 11 después de la palabra “Ministerio”, la siguiente frase: “, que llevará además la firma del Ministerio del Medio Ambiente,”.

3)Incorpórase en el inciso primero del artículo 13, a continuación de la expresión “a las autoridades públicas que, de acuerdo a sus competencias, deban emitir un pronunciamiento,”, la frase “al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

4)Agrégase en el inciso quinto del artículo 25, entre la palabra “Servicio” y la conjunción “y”, la expresión “y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,”.

5) Reemplázase en el artículo 37, la palabra “marina”, las dos veces que aparece, por la expresión “de interés pesquero”.

6) Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:

“Artículo 38.- Áreas protegidas. La pesca recreativa en las áreas protegidas deberá ser compatible con el objeto del área y ajustarse al respectivo plan de manejo.”

7)Derógase el inciso cuarto del artículo 39.

8)Intercálase, en el artículo 42, la siguiente letra d) adecuándose la ordenación correlativa de los demás literales a continuación de la letra c):

“d) El Director Regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

9)Modifícase el artículo 46 de la siguiente forma:

a)Agrégase, en el inciso primero, después de la palabra “Servicio,” la expresión “del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,”.

b)Elimínase, en el inciso tercero, la expresión “y los guardaparques señalados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”.

10)Elimínase en el artículo 47 lasexpresiones “y guardaparques”, “y guardaparques señalados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE)” y “o en las áreas silvestres protegidas, según corresponda,”.

Artículo 117.Ley N° 4.601. Modifícase la Ley N° 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por el Artículo Primero de la Ley Nº 19.473, de la siguiente manera:

1)Modifícase el artículo 2º, en el siguiente sentido:

a)Reemplázase en la letra g) la frase “comprendido en los listados de especies declaradas en peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas” por la siguiente “clasificado en alguna categoría de conservación en conformidad al artículo 37 de la Ley Nº 19.300,”.

b)Derógase las letras k), l), m) y n), pasando la actual letra ñ) a ser letra k).

2)Reemplázase, en el inciso primero del artículo 3º, la frase “en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas”, por “en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado o datos insuficientes”

3)Reemplazáse, en el artículo 7º, el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 7º.- Se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que constituyen reservas de la biósfera conforme al Programa del Hombre y la Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos, y en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas o aves migratorias protegidas bajo el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.”.

4)Reemplázase en el inciso primero del artículo 22 la frase “peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas” por “clasificadas en alguna categoría de conservación en conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.300”.

5)Incorpórase, en el inciso primero del artículo 25 en el inciso primero, luego de las expresiones “Servicio Agrícola y Ganadero”, la expresión “, en conjunto con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

6)Incorpórase, en el artículo 28, antes del punto final, la oración: “, sin perjuicio de las atribuciones de fiscalización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados”.

7)Modifícase el artículo 39º, en el siguiente sentido:

a)Elimínase en el inciso primero la palabra “Silvestres”.

b)Derógase el inciso segundo.

Artículo 118.Ley N° 20.283. Modifícase la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de la siguiente manera:

1) Modifícase el artículo 2° número 4) de la siguiente forma:

a)Reemplázase en el párrafo primero la expresión “las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

b)Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

2) Modifícase el artículo 15 en el sentido de agregar después de la expresión “ley N°19.300” la frase “y en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

3)Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a)Reemplázase la frase “el Ministerio de Agricultura hubiere definido oficialmente” por “se hubieren definido en conformidad a la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

4)Modifícase el artículo 19 en el sentido de reemplazar, en el inciso primero, la expresión “categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

5)Modifícase el artículo 33 de la siguiente forma:

a)Elimínase en la letra f) la palabra “Silvestres”.

b) Reemplázase la letra h) del artículo 33 por la siguiente:

“h) El Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas;”

6)Agrégase en el artículo 46 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que cuenten con facultades de fiscalización estarán asimismo facultados para denunciar las infracciones a la presente ley de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.”.

7) Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:

a)Agrégase en el inciso primero, después de la palabra “Corporación”, la frase “o por el Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas”.

b)Agrégase en los incisos segundo y tercero, después de la palabra “Corporación”, “o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

Artículo 119. Ley de Bosques. Modificar el Decreto Supremo N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques, de la siguiente manera:

1)Elimínase en el inciso 1° del artículo 10 la expresión “y parques nacionales de turismo”.

2)Reemplázase en el inciso 2° del artículo 10 la expresión “los Parques Nacionales y” por “las”, en ambas ocasiones, y la expresión “esos Parques y” por “esas”.”

3)Elimínase en el artículo 11 la expresión “y los parques nacionales de turismo”.

Artículo 120.Ley N° 17.288. Modifícase la Ley Nº 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales; modifica las Leyes N° 16.617 y 16.719; y deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925, de la siguiente manera:

1) Reemplázase en el artículo 1°, la coma entre “antropoarqueológicos” y “paleontológicos” por la conjunción “o”, y elimínanse las expresiones “o de formación natural” y “los santuarios de la naturaleza;”.

2) En el encabezado del Título VII, reemplázanse las expresiones “los Santuarios de la Naturaleza e” por la palabra “las”.

3) Derógase el artículo 31°.

Artículo 121.Ley N° 20.423. Modifícase la Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en el siguiente sentido:

1)Reemplázase, en el artículo 7°, el número 6 por el siguiente:

“6) El Ministro del Medio Ambiente.”.

2) Derógase el artículo 8° número 8.

3) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en áreas protegidas cuando sean compatibles con su objeto y se ajusten al respectivo plan de manejo del área.

Las concesiones de servicios turísticos en área protegidas se regirán por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

4)Derógase los artículos 19 al 21.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero. Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente y suscritos además por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1)Fijar la planta de personal del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

2) Ordenar el traspaso al Servicio, sin solución de continuidad, disponiendo la calidad jurídica y el grado que les corresponderá, del personal sujeto a contrato de trabajo para la protección de la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas así como de la administración y gestión de las mismas que se encontrare prestando servicios en la Corporación Nacional Forestal.

El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas creado por la presente Ley. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando el tiempo servido de acuerdo al Código del Trabajo en la Corporación Nacional Forestal. Además, se computará el tiempo trabajado en el Servicio que crea la presente ley, cuando se trate de empleos a contrata.La remuneración que se considerará para estos efectos será aquella que estuviere percibiendo a la fecha del cese.

En él o los decretos con fuerza de ley que fijan las plantas se determinará el número de funcionarios que se traspasarán al Servicio desde la Corporación Nacional Forestal, por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, del Ministerio del Medio Ambiente.

3) En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, y en especial podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8º del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, lo dispuesto en el título sexto de la ley N° 19.882. Además, establecerá las normas de encasillamiento del personal en las plantas que fije. Podrá, además, determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto del personal traspasado de la Corporación Nacional de Fomento Forestal. Asimismo, tampoco se aplicará al personal antes señalado que sea traspasado en calidad de contrata del Servicio, ni tampoco a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones.

4)Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará la dotación máxima del personal del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del Estatuto Administrativo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además, establecerá la fecha de iniciación de actividades del Servicio.

5)El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a)No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado;

b)No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento;

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6) Traspasar los recursos y bienes que correspondan de la Corporación Nacional Forestal al Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas;

Artículo segundo. El Presidente de la República, por decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y transferirá a éste los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo tercero. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a las reasignaciones presupuestarias efectuadas desde la partida presupuestaria del Ministerio de Medio Ambientey en lo que faltase con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto. El Ministerio del Medio Ambiente deberá, en un plazo de 2 años contados desde la publicación de esta ley, iniciar un proceso de revisión de las áreas protegidas existentes, bajo criterios fundados, a fin de ratificar o modificar su categoría y sus contenidos mínimos, según lo establecido en la presente ley. Dicha ratificación o modificación deberá efectuarse conforme al procedimiento establecido en el párrafo 2° del Título III de la presente ley.

Dentro del mismo plazo, el Ministerio del Medio Ambiente deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, qué Bienes Nacionales Protegidos deben pasar a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La creación de tales inmuebles como áreas protegidas se regirá por lo dispuesto en la presente ley.

Igualmente, el Ministerio del Medio Ambiente deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, las reservas marinas que deben ser calificadas como reservas de interés pesquero o aquéllas que deben ser reconocidas bajo alguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Artículo quinto. En tanto no se realice la revisión señalada en el artículo anterior, se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas el conjunto de los Parques Marinos, Parques Nacionales, Parques Nacionales de Turismo, Monumentos Naturales, Reservas Marinas, Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Santuarios de la Naturaleza, Áreas Marinas y Costeras Protegidas y Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos creados hasta la fecha de publicación de la presente ley. En el caso de Sitios Ramsar que no cuenten con un decreto de creación de área, deberán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, si se tratase de un área inmueble fiscal o de propiedad privada, según corresponda.

Se aplicará transitoriamente a tales áreas protegidas las categorías que establece esta ley.

Al efecto, se entenderá que los Parques Nacionales de Turismo corresponden a Parques Nacionales, y que las Áreas Marinas y Costeras Protegidas corresponden a Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos.

Para el caso de las Reservas Forestales, éstas corresponderán a Reservas Nacionales cuando cumplan con el objetivo de protección y requisitos de la categoría en cuestión.

Artículo sexto. Las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en las mismas de acuerdo a esta ley, continuarán vigentes y se extinguirán en conformidad con la normativa que les sean aplicables.

La misma regla se aplicará a los contratos que hubiere celebrado la Corporación Nacional Forestal sobre terrenos comprendidos en áreas silvestres protegidas bajo su administración, en conformidad con el inciso segundo del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba Texto Definitivo de la Ley de Bosques, que se encuentren en vigor a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior se entenderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como sucesor legal de la Corporación Nacional Forestal.

Artículo séptimo. Se entenderá que los Santuarios de la Naturaleza existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que se hubieren establecido sobre terrenos de propiedad privada, constituyen áreas protegidas de propiedad privada, por el solo ministerio de la ley.

Artículo octavo. El Servicio deberá iniciar el proceso para actualizar o dictar los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo noveno. Los sitios prioritarios para la conservación que hubieren sido establecidos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente serán reconocidos oficialmente por resolución del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo décimo. Los artículos 13 A, 13 B, 13 C, 13 D y 13 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura se mantendrán vigentes mientras no se dicte el reglamento a que se refiere el artículo 77 de la presente ley.

Artículo undécimo.La funciones y atribuciones del Servicio establecidas en las letras b) primera parte, d), e) y f) del artículo 6, entrarán en vigencia en el plazo de tres años contado desde la publicación de la presente ley, cuando recaigan en áreas protegidas del Estado de las categorías parque nacional, reserva nacional y monumento natural.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ALBERTO ARENAS DE MESA

Ministro de Hacienda

XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ

Ministra Secretaria General de la Presidencia

LUIS F. CÉSPEDES CIFUENTES

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

CARLOS FURCHE GUAJARDO

Ministro de Agricultura

VICTOR OSORIO REYES

Ministro de Bienes Nacionales

PABLO BADENIER MARTÍNEZ

Ministro del Medio Ambiente

N° MA/094/2014

Valparaíso, 9 de septiembre de 2014.

A S.E.EL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales está discutiendo en general el proyecto de ley, iniciando en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente al Boletín N° 9.404-12.

En atención a que el proyecto mencionado contiene normas referidas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la Comisión, en sesión del día de hoy, acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundos y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

PATRICIO WALKER PRIETO

Presidente de la Comisión

PEDRO FADIC RUIZ

Secretario Abogado(A) de la Comisión

Oficio Nº 100-2014

INFORME PROYECTO DE LEY 27-2014

Antecedente: Boletín Nº 9404-12.

Santiago, 9 de octubre de 2014.

Por Oficio N MA/094/2014, recibido el 10 de septiembre de 2014, el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del H. Senado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley - iniciado por mensaje- que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº9404-12).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día siete del presente mes, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Nibaldo Segura Peña, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller Loebenfelder y Haroldo Brito Cruz, señoras Rosa María Maggi Ducommun y María Eugenia Sandoval Gouet, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Lamberto Cisternas Rocha y Ricardo Blanco Herrera, señora Andrea Muñoz Sánchez y señor Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE PATRICIO WALKER PRIETO

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES

H. SENADO VALPARAÍSO

"Santiago, nueve de octubre de dos mil catorce.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N MA/094/2014, recibido el 10 de septiembre de 2014, el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del H. Senado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley -iniciado por mensaje- que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín Nº9404-12).

El proyecto de ley que se somete a la consideración de esta Corte tiene asignada urgencia simple;

Segundo: Que la presente solicitud aconseja recordar que Por Oficio Nº 164/SEC/11, de 1 de marzo de 2011, el señor Presidente del H. Senado, requirió la opinión de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley, iniciado por Mensaje, que tenía por objeto crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, correspondiente al Boletín Nº 7.487-12.

A través de dicho oficio, el H. Senado consultó específicamente por el artículo 64 del referido proyecto, norma que otorgaba competencia para conocer de las infracciones señaladas en su artículo 61, al Juez de Policía Local que fuere abogado, y que tuviere competencia en la comuna en que se hubiese cometido la infracción, para aplicar sanciones de conformidad con el procedimiento establecido en el Título I de la Ley Nº 18.287.

Mediante Oficio Nº 55-2011, de 4 de abril de 2011, esta Corte Suprema informó favorablemente el aludido proyecto, formulando las siguientes observaciones, que deberán considerarse en la medida que guarden relación con el proyecto ahora se informa:

El proyecto derogaba la Ley Nº 18.362, que en sus artículos 22 y 23 establecía un procedimiento de reclamación de la resolución que declaraba la caducidad o revocaba una concesión, cuyo conocimiento se entregaría a un Juez de Letras. Asimismo, el artículo 29 de dicha ley otorgaba competencia al Juez de Policía Local para conocer de las infracciones a las disposiciones de ese cuerpo legal.

La remisión hecha por el artículo 64 del proyecto al procedimiento establecido en el Título I de la Ley Nº 18.287 dejaba fuera las normas relativas a los recursos de apelación y casación, contenidas en el Título 111 de dicho cuerpo legal.

El artículo 64 no establecía regla de subrogación o atribución de competencia tratándose de jueces de policía local que no fueran abogados. No pareció adecuado que la notificación y la citación se realizaran por quien no fuera ministro de fe, toda vez que ello podría implicar una infracción al debido proceso.

La obligación contenida en el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Nº 18.287, en cuanto exigía que la citación se hiciera por escrito entregando al infractor el respectivo documento o dejándolo en un lugar visible de su domicilio y, debiendo acompañar copia de la denuncia, pareció no ser suficiente para garantizar el adecuado emplazamiento del infractor, por lo que debiera la ley entregarle expresamente el carácter de ministro de fe a quienes se encarguen de la notificación de las infracciones.

Consta de la tramitación del referido proyecto de ley en el H. Senado, que este fue retirado por la S.E. Presidenta de la República, con fecha 18 de junio de 2014;

Tercero: Que de acuerdo a lo consignado en el mensaje, el proyecto de ley que ahora se presenta tiene por finalidad cumplir con el rediseño de la institucionalidad ambiental establecido en la Ley Nº 20.417, en orden a procurar que la tarea productiva del país se desarrolle de una forma sustentable - respetando la diversidad biológica nacional-, conforme los compromisos internacionales asumidos a través de un sinnúmero de Convenciones y la recomendación específica de la OCDE que plantea la necesidad de contar con "una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección a la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones";

Cuarto: Que en virtud de la implementación de este proyecto de ley, se persigue la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación requieren de medidas para su conservación. Para el cumplimiento de tal objetivo se propone la creación de un organismo administrativo denominado "Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas", el que basándose en una serie de principios consagrados en el Derecho Ambiental Internacional, le corresponderá, entre otras funciones, administrar el "Sistema Nacional de Áreas Protegidas" que comprenderá, a su vez, las nuevas categorías de áreas protegidas;

Quinto: Que cabe hacer presente que la iniciativa legislativa propone derogar la Ley Nº 18.362 que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, quedando, en consecuencia, también derogadas las disposiciones correspondientes a sus artículos 22 y 23 que establecen un procedimiento de reclamación de la resolución de caducidad o de revocación de una concesión, de competencia del juez de letras que corresponda al lugar en que esté ubicada la concesión;

Sexto: Que el proyecto de ley propone modificar, además, los siguientes cuerpos normativos:

Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente;

Decreto Ley Nº 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado;

Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo);

Ley Nº 20.256, sobre Pesca Recreativa; Ley Nº 4.601, sobre Caza;

Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;

Decreto Supremo Nº 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques;

Ley Nº 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales;

Decreto Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo;

Séptimo: Que la iniciativa legal consta de 121 artículos, divididos en 6 Títulos, y once disposiciones transitorias. A continuación se da a conocer el contenido de aquellas normas que han sido consideradas relevantes a efectos del presente informe, destacando en su parte final las disposiciones orgánicas que la propuesta legislativa contempla.

El artículo 1º establece el objeto de la ley, señalando como tal "la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación". A continuación, pasa a indicar los objetos que se excluyen de esta normativa, los que deberán regirse por sus respectivas normas legales: la sanidad vegetal y animal; y la prevención y combate de incendios forestales.

El artículo 2º identifica una serie de principios jurídicos que deben regir las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la ley que se propone, siendo tales: el principio de coordinación entre órganos competentes; el de jerarquía en el tratamiento de los impactos, donde prima la mitigación por sobre la reparación y la compensación; el participativo, que permite a la ciudadanía actuar en el ámbito de conservación; el de precaución, a efectos de implementar las medidas de conservación necesarias aún a falta de certeza jurídica; el de prevención, a efectos de evitar efectos perjudiciales a la biodiversidad; el de responsabilidad respecto al que cause un daño a los ecosistemas; el de sustentabilidad, que requiere de una gestión integrada de los instrumentos de conservación de la biodiversidad y la promoción del uso sostenible y equitativo de los ecosistemas y especies, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; el de transparencia, que propende al acceso a la información sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos; y el de valoración de los servicios ecosistémicos en el proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad.

El artículo 3º contempla diversas definiciones jurídicas que son utilizadas de forma regular a largo de todo el proyecto de ley. Se destaca, en consideración al

objeto de la norma, la definición contenida en la letra a), que dispone que como Área Protegida se ha de entender el "espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y de valor paisajístico contenidos en dicho espacio"; y la definición contenida en le letra d), con arreglo a la cual la Biodiversidad o diversidad biológica significa "la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas".

El Título II del proyecto de ley (artículos 4º a 11º) reglamenta el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, definiéndolo en su artículo 4º como "un servicio público funcionalmente descentra/izado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente". Este servicio tiene por objeto, conforme lo dispone el artículo 5º, "asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación". Sus funciones y atribuciones están contenidas en el artículo 6º, y corresponden esencialmente al cumplimiento de labores de administración, coordinación, elaboración y ejecución de determinadas políticas, planes y proyectos, celebración de convenios, y fiscalización del cumplimiento normativo y de obligaciones concretas que establece.

El Título 111 del proyecto de ley (artículos 12 a 65) regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyos objetivos son, con arreglo al artículo 12: "a) Asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país en las áreas que formen parte del sistema; b) Mejorar la representatividad de los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales y marinos, especies y variedades, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como la efectividad de manejo en el corto, mediano y largo plazo; y c) Fomentar la integración de los se,vicios ecosistémicos de la áreas protegidas en las estrategias de desarrollo nacional, regional y locaf'. Asimismo, distingue el artículo 13 las categorías de áreas protegidas, señalando respecto de cada una de ellas el objetivo que se persigue con su establecimiento. Son categorías de áreas protegidas: Reserva de Región Virgen; Parque Marino; Parque Nacional; Monumento Natural; Reserva Marina; Reserva Nacional; Santuario de la Naturaleza; Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos; y Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. También en el referido título, se establece el procedimiento de creación y modificación de las Áreas Protegidas del Estado, su administración, y los planes de manejo con las que deben contar. Finalmente, en el artículo 56, se contempla la figura de Áreas Protegidas de Propiedad Privada.

El Título IV del proyecto de ley (artículos 66 a 85) contempla la regulación de los denominados "Instrumentos de Conservación de la Biodiversidad", siendo ejemplos de tales los inventarios de ecosistemas y de especies, herramientas para la conservación y de ecosistemas y de especies, plataformas de información e instrumentos económicos de conservación.

El Título V de la iniciativa legal (artículos 86 a 111) regula la fiscalización, infracciones y sanciones. Conforme lo dispuesto en el artículo 86, le corresponde al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas la fiscalización del cumplimiento "de las normas referidas a la conservación de la diversidad biológica del país, de conformidad a las competencias que se establecen en esta ley (. ..); de los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas, y en general de todas las actividades que se desarrollen en éstas" y la ejecución de "aquellas labores que se le encomienden en virtud de los programas o subprogramas de fiscalización establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad a lo señalado en el Título II del artículo segundo de la ley Nº20.417". Asimismo, señala cuáles son las infracciones, distinguiendo aquellas que se ejercen sobre las áreas protegidas, en su artículo 92 de las que se constituyen fuera de ellas, en su artículo 93, otorgándoles la gradualidad de gravísimas, graves y menos graves en atención a la entidad del daño causado en su artículo 94 y a efectos de determinar la sanción que corresponde a cada cual, conforme lo establecido en el artículo 96. Finaliza regulando el procedimiento sancionador que contempla las etapas de iniciación mediante la comunicación escrita del funcionario fiscalizador o por denuncia; de instrucción; de resolución y de impugnación.

Finalmente, se destaca lo dispuesto en los artículos 107 y 108, que regulan respectivamente, la impugnación de las sanciones administrativas y los recursos contra la resolución del Tribunal Ambiental. En efecto, dichas disposiciones establecen que contra las resoluciones que resuelvan el recurso jerárquico ante el Director Nacional, se podrá interponer recurso judicial de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente. Contra dicha sentencia se podrá recurrir conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 20.600;

Octavo: Que respecto a la potestad sancionadora administrativa, el proyecto de ley determina en su artículo 91, que dicha competencia corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se observa al respecto, que tanto el inicio de la instrucción del procedimiento sancionador, que puede comenzar por comunicación escrita del funcionario fiscalizador o por denuncia realizada por cualquier persona, será de competencia del Director Regional del Servicio, tal como se desprende de lo dispuesto en los artículos 99, 102 y 106 del proyecto de ley. La instrucción propiamente tal del procedimiento sancionador estará a cargo del funcionario del Servicio que designe el Director Regional, conforme lo indica el inciso primero del artículo 102 del proyecto;

Noveno: Que señala el inciso primero del artículo 107 que "contra las sanciones del Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales". Si bien en este procedimiento no se contempla al recurso de reposición como medio de impugnación, la procedencia del recurso jerárquico se establece correctamente conforme a las reglas generales, prescritas en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Sin embargo, el proyecto cae en una impropiedad cuando establece que el recurso tiene por objeto impugnar "las sanciones", toda vez que el objeto perseguido con el recurso jerárquico en este caso no es impugnar cualquier tipo de acto administrativo, sino las resoluciones que se pronuncien dentro de un procedimiento concreto por una autoridad administrativa facultada por ley al efecto. En consecuencia, se desprende del espíritu de la norma que lo que pretendió el legislador señalar es que "contra las resoluciones que establezcan sanciones, dictadas por el Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ...", razón por la cual se sugiere modificar la disposición referida en tal sentido;

Décimo: Que a continuación, el inciso segundo del artículo 107 en comento, dispone que en contra de la resolución dictada por el Director Nacional que resuelve el recurso jerárquico sometido a su conocimiento procederá "recurso judicial de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente". A este respecto, se advierte que la reclamación es un medio de impugnación judicial que procede en contra de ciertos actos administrativos y que no reviste la forma de recurso. Además, si bien puede proceder en contra en la resolución dictada por el Director Nacional que resuelve el recurso jerárquico, no significa que no procederá también en contra de la resolución que impone la sanción dictada por el Director Regional. En consecuencia, se sugiere considerar lo señalado en los términos indicados;

Undécimo: Que con respecto al plazo para interponer la reclamación, el inciso tercero del artículo 107 del proyecto, señala que éste "será de 30 días hábiles desde la fecha de la notificación". De entenderse que se refiere a la competencia señalada en el número 8º del artículo 17 de la Ley N° 20.600 se estaría generando un conflicto normativo, lo que en principio no debiera ser, atendida la naturaleza de la institución de la invalidación, toda vez que ésta norma dispone expresamente que "el plazo para la interposición de la acción será de treinta días contado desde la notificación de la respectiva resolución". Ahora bien, en caso de que la competencia corresponda a la establecida en la cláusula residual del artículo 17 Nº 9º de la Ley Nº 20.600, que es lo que correspondería, podría salvarse la disposición en comento siempre y cuando se determine expresamente a qué notificación hace alusión. Por tanto, a efectos de evitar la dispersión normativa se recomienda tener en consideración lo dispuesto en este punto;

Duodécimo: Que en el mismo inciso referido en el apartado anterior, se establece que "el plazo para resolver el recurso será de treinta días hábiles". Conforme tal redacción, no queda claro desde cuándo se ha de entender que empieza a correr dicho plazo, debiendo entenderse, en observancia de la coherencia legislativa, que se contará desde que el proceso quede en estado de dictarse sentencia, conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 29 de la ley Nº 20.600. Lo que se sugiere a este respecto, es que el proyecto de ley simplemente proceda a hacer una remisión al párrafo 2º del Título 111 de la ley Nº 20.600 que regula el procedimiento referente a las reclamaciones cuyo conocimiento son de competencia de los Tribunales Ambientales;

Decimotercero: Que, asimismo, es del caso señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la propuesta legislativa, para recurrir de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental competente, que recaiga sobre la reclamación regulada en el artículo 107, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Nº 20.600. En conformidad a lo anterior, se advierte tal como señala la norma vigente, que procedería el recurso de apelación y casación en la forma y fondo, en los términos que allí se indican; sin embargo, en el caso de la casación en el fondo, esta procede por las competencias específicas que señala el artículo 17 de la Ley Nº 20.600, específicamente en sus numerales 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7° y 8º. De esta forma, si consideramos que la competencia del Tribunal Ambiental se amplía, según lo dispuesto en el presente proyecto de ley, su incorporación en el artículo 17 se circunscribiría a lo dispuesto en su numeral 9º, que señala: "Los Tribunales Ambientales serán competentes para: conocer de los demás asuntos que señalan las leyes". Lo contrario sucedería, si consideramos que las competencias que el proyecto contempla puedan quedar incorporadas en el Nº 8 del artículo 17.

Por esto, se advierte la conveniencia de variar la redacción que viene propuesta en el sentido de proyectar la norma disponiendo que el procedimiento para reclamar contra la sanción administrativa quedará incorporado en lo preceptuado en el número 9 del artículo 17 de la Ley Nº 20.600 que gobierna a los Tribunales Ambientales, regulando acto seguido lo concerniente al recurso de casación y estableciéndolo expresamente;

Decimocuarto: Que frente a la situación antes descrita y para efectos de simplificar el entendimiento y aplicación del artículo 107 del proyecto -evitando interpretaciones diversas o contrapuestas-, se sugiere estatuir, en general, la facultad de reclamar de las resoluciones que impongan sanciones ante el Tribunal Ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, de acuerdo a las reglas generales;

Decimoquinto: Que, además, en lo que toca a la competencia del Tribunal Ambiental normada en el artículo 17 número 8 de la Ley Nº 20.600, se observa propicio poner de relieve que el reclamo en contra de la resolución que zanja un procedimiento administrativo de invalidación, en rigor, ha de ser entendido procedente sólo para el caso que la Administración invalide un acto y no para el caso que la Administración no decida la invalidación, por estimar que el acto se ajusta a la ley, situación en la que sólo procede el reclamo contra el acto que no ha sido invalidado, pero no contra aquel que niega hacerlo;

Decimosexto: Que, finalmente, esta Corte observa la pertinencia de hacer presente, con ocasión de este informe, la remisión al reglamento que hace el proyecto en materias de reserva legal, tal como sucede en los artículos 47, 63 y 73, referidos a aspectos básicos del procedimiento administrativo que, de acuerdo con el numeral 18 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, son propias de dominio legal. Esta circunstancia que se resalta podría traducirse en el constante cuestionamiento de la legalidad de tales preceptos.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sin perjuicio de las observaciones formuladas en los acápites que preceden, se acuerda informar favorablemente, aunque con las observaciones expresadas, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en lo pertinente a la potestad sancionadora y procedimiento de reclamación en sedes administrativa y judicial. Ofíciese.

PL-27-2014".

Saluda atentamente a V.S.

Sergio Muñoz Gajardo

Presidente

Carolina Palacios Vera

Secretaria (S)

?INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

BOLETÍN Nº 9.404-12

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.

A una o más de las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro Navarro Brain, Jorge Pizarro Soto y Alfonso de Urresti Longton.

Concurrieron, además, especialmente invitados, en representación de las entidades que se indican, las siguientes personas:

Del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministro señor Pablo Badenier Martínez; el Jefe de la División Jurídica, señor Jorge Cash; la Jefa de la División de Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa; la abogada señorita Lorna Püschel; y el asistente legal, del proyecto GEF de creación de un sistema nacional de áreas protegidas, señor Mario Palma.

Del Ministerio de Agricultura, el Ministro señor Carlos Furche Guajardo; el Jefe de Gabinete, señor Ricardo Moyano; y los asesores señores Jaime Naranjo, Alan Espinoza y Gonzalo Cerda.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la asesora legislativa, señora Vanesa Delgado.

Del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Director Nacional, señor Julio Kalazich.

Del Tercer Tribunal Ambiental, el Ministro Presidente, señor Michael Hantke.

De la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Director Ejecutivo, señor Aarón Cavieres; y los asesores señores Jorge Martínez y Rodrigo Herrera.

Del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), el Presidente, señor Manuel Soler; la secretaria, señora Rosa Vásquez; el tesorero, señor Leonardo Araya; y los directores, señores Felipe Jalil y Reinaldo Barrueto. De la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC), el Presidente, señor Erry Leiva; el Vicepresidente, señor Patricio Argandoña; el tesorero, señor Juan Troncoso; el secretario, señor Julio César Vergara; y los directores, señores Bernabé Pavéz, Javier Guamán y Daniel Ariz. Del Consejo Nacional de Guardaparques, el Presidente, señor Osvaldo Herrera; el secretario, señor Máximo Gallardo; el tesorero, señor Eugenio Larenas; y el representante, señor Julio César Vergara.

De la Fundación Terram, la Directora Ejecutiva, señora Flavia Liberona; de Así Conserva Chile A.G., la Presidenta, señora Mariela Núñez Ávila; de la Fundación Sociedades Sustentables, la bióloga señora María Isabel Manzur; de Biodiversidad y Desarrollo, el biólogo señor Eduardo Fuentes Quezada; del Jardín Botánico Chagual, la Directora Ejecutiva, señora Antonia Echeñique; de la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, el Secretario Ejecutivo, señor Alejandro Peirano, y el técnico investigador, señor Patricio Novoa; del Programa Chile Sustentable, la Directora, señora Sara Larraín; de Greenpeace Chile, la consejera política, señora Elizabeth Soto; del Observatorio Ciudadano, el codirector, señor José Aylwin, y la encargada de comunicaciones, señora Paulina Acevedo; el biólogo señor Stefan Gelcich; del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB Chile), el Director señor Juan José Armesto, el Doctor señor Pablo Marquet, la Doctora señora Mary Kalin Arroyo, y la Magíster en Ciencias, señora Marcia Tambutti; la Doctora en Ecología y Biología Evolutiva, señora Bárbara Saavedra; el profesor del Departamento de Ciencias, de la Universidad de Chile, señor Javier Simonetti; de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), el Vicepresidente, señor Sergio Donoso; del Grupo Asesor en Medio Ambiente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (GAMA-UC), la coordinadora, señora Francisca Reyes; y la consultora, señora Bárbara Castillo; el abogado señor Luis Cordero; del Consejo Minero, el Presidente Ejecutivo, señor Joaquín Villarino y el Gerente de Estudios, señor José Tomás Morel; del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, el Presidente, señor Roberto Cornejo; el Presidente sede Región del Maule, señor Jorge Gándara; y el secretario ejecutivo, señor Julio Torres; el Doctor en Biología, Ecología y Conservación Marina, señor Carlos Gaymer; el ingeniero agrónomo, señor Juan Ladrón de Guevara; de Costa Humboldt, el Director, señor Alejandro Correa; y de la Universidad de Concepción, la investigadora del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile y miembro de la Sociedad Chilena de Limnología, doctora Evelyn Habit.

Del Consorcio ICCA (áreas indígenas y comunitarias de conservación), el representante de la comunidad de Quinquén, Lonquimay, Araucanía, señor Joaquín Meliñir; de la Asociación Indígena Mapu Lahuen, Región de Los Ríos, señor Gustavo Paillamanque; y el abogado señor Pablo Cayul.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el asesor señor Enrique Vivanco.

El asesor de la Honorable Senadora Allende, señor Alejandro Sánchez; los asesores del Honorable Senador Espina, señores Martín Covacevich y Leonardo Contreras; las asesoras del Honorable Senador Guirardi, señoras Melissa Mallega y Josefina Correa; los asesores del Honorable Senador Moreira, señores Eduardo Sorensen y Pablo Terrazas; el asesor de la Honorable Senadora Muñoz, señor Elir Rojas; y el asesor del Honorable Senador Walker, don Patricio, señor Luis Espinoza.

De la consultora EELAW Medio Ambiente y Energía, los procuradores señora Daniela Jara y señor Jaime Jeldres; del Instituto Igualdad, la asesora legislativa, señora Daniela Fuentes.

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Se deja constancia que los documentos acompañados por quienes concurrieron a la Comisión fueron conocidos por la y los Honorables integrantes de la misma, y copia de ellos se contienen en Anexo de este informe.

Dichos documentos, asimismo, han sido publicados en la página web del Senado (en www.senado.cl; ir a trámite de proyectos; ingresar N° de boletín 9404-12; hacer click en pestaña “Presentaciones ante Comisión”).

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Cabe destacar que este proyecto fue discutido sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.

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I. OBJETIVO DEL PROYECTO.

La iniciativa tiene como objetivo central la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Con tal propósito, el proyecto crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, el que se desconcentra territorialmente.

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II. NORMAS DE QUÓRUM.

Tienen el rango de ley orgánica constitucional las disposiciones que se indican:

Artículo 25, inciso final; artículo 26; artículo 33, inciso final; artículos 43 y 44; artículo 72, inciso final; artículo 73, inciso final; artículo 74, inciso final; artículo 75, inciso final; artículo 78, letra b); y artículo 113, numeral 7). (Artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso segundo del artículo 66 de la Carta).

Artículos 107 y 108 (Artículo 77 Constitución Política, en relación con el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental).

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III. OPINIÓN DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA.

Mediante Oficio MA 094/2014, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales remitió oficio a la Excma. Corte Suprema, a objeto de requerir su opinión sobre el proyecto de ley en estudio.

La Excma. Corte respondió el Oficio N° 100, de fecha 9 de octubre, emitiendo su parecer favorable al proyecto.

No obstante, efectuó observaciones a la iniciativa en estudio que se señalarán someramente, a objeto sean tomadas en consideración durante la discusión en particular del proyecto. Tales observaciones son las siguientes:

1) El artículo 107 de la iniciativa dispone en su inciso primero que “contra las sanciones del Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales.”.

La Excma. Corte Suprema señala que la procedencia del recurso jerárquico se establece correctamente en la norma, conforme a las reglas generales, prescritas en el artículo 59 de la ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos. Sin embargo, el proyecto cae en una impropiedad cuando establece que el recurso tiene por objeto impugnar “las sanciones”, toda vez que el objeto perseguido con el recurso jerárquico, en este caso, no es impugnar cualquier tipo de acto administrativo, sino que “las resoluciones que establezcan sanciones”, razón por la cual sugiere modificar la disposición en tal sentido.

2) En relación al plazo para interponer el recurso de reclamación, el inciso tercero del artículo 107 del proyecto, señala que éste “será de 30 días hábiles desde la fecha de la notificación”. Debe aclararse, observa, a cuál competencia se refiere la norma, ya que de entenderse que se trata de aquella señalada en el N° 8° del artículo 17 de la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, se estaría generando un conflicto normativo, por las razones que indica. Ahora bien, en caso que la competencia corresponda a la establecida en la cláusula residual del artículo 17 N° 9 de la citada ley N° 20.600, afirmando que es lo que correspondería, podría salvarse la disposición en comento, siempre y cuando se determine expresamente a qué notificación alude.

3) Luego advierte que en el mismo inciso tercero del artículo 107, se establece que “el plazo para resolver el recurso será de treinta días hábiles”. Tal redacción no precisa desde cuando ha de empezar a correr dicho plazo, debiendo entenderse, en observancia de la coherencia legislativa, que se contará desde que el proceso quede en estado de dictarse sentencia, conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 29 de la ley N° 20.600. A este respecto sugiere que el proyecto de ley efectúe una remisión al párrafo 2° del Título III de la ley N° 20.600 que regula el procedimiento referente a las reclamaciones cuyo conocimiento son de competencia de los Tribunales Ambientales.

4) Asimismo, señala que en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la propuesta legislativa, para recurrir de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental competente, que recaiga sobre la reclamación presentada en contra de la resolución del Director Nacional del Servicio se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.600.

Al respecto, advierte que procedería el recurso de apelación y casación en la forma y fondo, en los términos que allí se indican; sin embargo, en el caso de la casación en el fondo, ésta procede por las competencias específicas que señala el número 17 numerales 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la ley N° 20.600.

De esta forma, se está ampliando la competencia del Tribunal Ambiental, advirtiendo la conveniencia de variar la redacción que viene propuesta, en el sentido de proyectar la norma disponiendo que el procedimiento para reclamar contra la sanción administrativa quedará incorporado en lo preceptuado en el número 9 del artículo 17 de la ley N° 19.600, regulando a continuación lo concerniente al recurso de casación, estableciéndolo expresamente.

5) Para efectos de simplificar la aplicación del artículo 107 del proyecto –evitando interpretaciones diversas o contrapuestas- se sugiere estatuir, en general, la facultad de reclamar de las resoluciones que impongan sanciones ante el Tribunal Ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, de acuerdo a las reglas generales.

6) Finalmente, la Excma. Corte Suprema observa la pertinencia de hacer presente, la remisión al reglamento que efectúa el proyecto en materias de reserva legal, tal como sucede en los artículos 47, 63 y 73, referidos a aspectos básicos del procedimiento administrativo, que de acuerdo al numeral 18 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, son propias del dominio legal.

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IV. INFORME FINANCIERO

Acompaña al proyecto el respectivo informe financiero, de fecha 18 de junio de 2014 que señala que el mayor gasto fiscal asociado al mismo, considera los recursos para financiar los gastos en personal y de funcionamiento del Servicio que se crea, estimándose un gasto anual para el primer año de funcionamiento, de $ 12.900 millones; para el segundo año, de $ 17.700 millones; y, para el tercero de $ 18.800 millones.

Los Honorables señores Senadores de la Comisión emitieron su opinión sobre los montos involucrados para el funcionamiento del servicio que se crea, que constan en el cuerpo del presente informe. No obstante ello, corresponde que lo relativo al financiamiento sea conocido por la Comisión de Hacienda, en el segundo trámite reglamentario, una vez emitido el Segundo Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, tal como lo dispuso la Honorable Sala del Senado en sesión de 18 de junio de 2014.

V. ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Artículo 19 N° 8° de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, imponiendo al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

2. Decreto Supremo N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.

3.- Decreto Supremo N° 141, de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

4.- Decreto Supremo N° 771, de 1981, que promulga la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrito en Irán el 2 de febrero de 1971.

5.- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada mediante Decreto Supremo N° 1.363, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.- Decreto Supremo N° 489, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba regulación para caza de ballenas y su anexo.

7.- Decreto Supremo N° 259, de 1980, promulga la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural suscrita en UNESCO, Paris, el 16 de noviembre de 1972.

8.- Decreto Supremo N° 868, de Relaciones Exteriores, de 1981, que promulga el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.

9.- Decreto Supremo N° 1963, de Relaciones Exteriores, de 1994, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

10.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

11.- Ley N° 20.417, crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

12.- Ley N° 20.600, crea los Tribunales Ambientales.

13.- Ley N°19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

14.- Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

15.- El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

16.- Título VI de la ley N° 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

17.- Ley N°. 18.362, crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

18.- Decreto Supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

19.- Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

20.- Decreto Supremo N° 4.363, del año 1931, Ley de Bosques.

21.- Decreto Ley N° 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

22.- Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

23.- Ley N° 4.601, de Caza, cuyo texto fue sustituido por la Ley N° 19.473, conservando el mismo número.

24. Ley N° 20. 256, establece normas sobre pesca recreativa.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que da origen a este proyecto de ley, entre sus fundamentos, señala los siguientes:

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

1.- Nuestra Evolución Institucional

Refiere que los esfuerzos por crear una institucionalidad pública destinada a crecer con equidad social y de manera sostenible, tienen su primera expresión normativa relevante, durante el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin, con la dictación del Decreto Supremo Nº 240, del Ministerio de Bienes Nacionales, que creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente, cuya estructura de carácter interministerial y su tarea destinada al estudio, propuesta, análisis y evaluación de todas aquellas materias relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente, sirvieron de base para las reformas institucionales que pocos años después se asentarían en el país.

Agrega que con la dictación de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994, se consolidó en Chile un modelo coordinador y transversal, que se había promovido desde el modelo del “Proyecto de Ley Básica de Protección Ambiental y Promoción del Desarrollo Sostenible” de 1993, elaborado para América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.

El modelo transversal y coordinador de la ley Nº 19.300, cuya justificación inicial encontró sustento en la conveniencia de mantener la institucionalidad preexistente, integrando las distintas visiones sectoriales de los organismos competentes, experimentó sucesivos intentos de rediseño institucional, debido a que paulatinamente se fue evidenciando las dificultades que presentaba una institución coordinadora y de carácter transversal en una estructura de Administración Pública vertical.

Asimismo, apunta, la concentración de las principales funciones de gestión ambiental en un solo organismo –evaluación ambiental de proyectos, fiscalización y generación de política pública–mermaron la capacidad del Estado para afrontar el creciente número de industrias, proyectos y actividades de alto impacto ambiental que experimentó el país desde el retorno de la democracia.

Es así como continuó el proceso de rediseño institucional, que se vio reflejado en la promulgación de la ley Nº 20.173, que creó el cargo de Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, responsabilidad que recayó en la entonces Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte, quien recibió el mandato, en cumplimiento de un acuerdo con la Honorable Cámara de Diputados, respecto a que correspondería al primer ministro que se designara, en ejercicio de sus funciones propias y dentro del ámbito de sus competencias, formular y presentar al Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental.

Fue así que producto de la labor de la Ministra Uriarte junto a un destacado equipo de académicos y expertos, se ingresó a tramitación legislativa al Congreso Nacional, una profunda reforma a la institucionalidad ambiental, la que luego de un amplio acuerdo político en el Congreso Nacional fue debatida y tramitada, convirtiéndose en la ley N° 20.417 publicada el 26 de enero de 2010, la cual rediseñó nuestra institucionalidad ambiental, optando por un modelo que distinguió las competencias de política y regulación, de las de gestión y de fiscalización.

De esta manera, se dejaba atrás el modelo coordinador, y se creaba formalmente el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, el órgano fiscalizador, de acuerdo al artículo noveno transitorio de la ley Nº 20.417, sólo comenzaría a ejercer su potestad fiscalizadora y sancionatoria una vez que comenzara su funcionamiento el segundo tribunal ambiental, actual Tribunal Ambiental de Santiago.

El 28 de junio de 2012, se publicó la ley Nº 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, comenzando sus funciones jurisdiccionales el 4 de marzo de 2013, a través del Tribunal Ambiental de Santiago.

Del mismo modo, el artículo octavo transitorio de la ley Nº 20.417, estableció la obligación de enviar al Congreso Nacional dentro de un año desde su publicación, uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En tal sentido, puntualiza el Mensaje, pareció adecuado incorporar dentro los 100 primeros días de gobierno esta medida como un compromiso verificable por parte de la ciudadanía y especialmente de las organizaciones no gubernamentales ambientales, entre las que destaca Fundación Terram y Chile Sustentable, las que han abogado por una legislación que proteja la riqueza de nuestra biodiversidad que se encuentra amenazada.

Hace notar que el aludido mandato legal establecido en el artículo 8° transitorio de la ley N° 20.417, fue cumplido durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, ingresando a tramitación legislativa un proyecto de ley denominado “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas“, que no experimentó avance en su tramitación legislativa durante más de dos años en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Agricultura del Senado.

Por esta razón, afirma el Mensaje, el Gobierno, tomó la decisión de incorporar dentro de su programa, el compromiso de “completar la reforma ambiental iniciada en el período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas”.

Reitera que el envío de un nuevo proyecto de ley, constituye el término de la labor de rediseño de la institucionalidad ambiental de nuestro país, creada por la ley N° 20.417, -comenzada durante el primer mandato de S.E. la Presidenta de la República- en orden a crear el último servicio público contemplado en la nueva institucionalidad, procurando que la tarea productiva del país se desarrolle respetando la diversidad biológica. Así, el justo equilibrio para el desarrollo sostenible del país, es también un desafío a conjugar responsablemente en lo que será el valioso debate parlamentario.

2.- Compromisos internacionales en materia de biodiversidad

Enseguida, el mensaje presidencial señala que Chile ha suscrito relevantes instrumentos internacionales en materia de biodiversidad, para cuyo efectivo cumplimiento es relevante contar con una institucionalidad acorde en materia de áreas protegidas.

3.- Recomendaciones de la OCDE

Refiere el Mensaje que el año 2005, Chile fue objeto de una Evaluación de Desempeño Ambiental, antes de su incorporación formal a dicha instancia, a través de un proceso que generó importantes recomendaciones en materia de biodiversidad. Añade que pronto nuestro país será objeto de una segunda evaluación ambiental el año 2015, esta vez como socio pleno.

A este respecto, durante el año 2011, Chile realizó voluntariamente una evaluación de medio término, que evidenció un discreto avance en materia de biodiversidad.

En tal sentido, recordó la recomendación más relevante que se realizó al país sobre biodiversidad el año 2005, que recayó precisamente en la necesidad de contar con institucionalidad pública, que en concreto plantea la necesidad de contar con “una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley de protección de la naturaleza completa y única que sea responsable de la protección de los hábitat terrestres y marítimos, de la protección de las especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones”.

Dicha recomendación, junto a otras necesariamente supeditadas a la existencia de una institucionalidad que las haga factible, son tareas ineludibles para el país si consideramos la evaluación de la que seremos objeto el año 2015.

4.- Situación de las áreas protegidas en Chile

Las áreas protegidas en Chile abarcan una superficie de aproximadamente 30 millones de hectáreas, agregando que la distribución por ecosistemas no es homogénea, ya que más del 80% corresponde a ecosistemas terrestres; un 14% posee ambientes costeros, costeros-marinos, intermareales y marinos; y solo un 5% de las unidades albergan humedales.

Señala el Mensaje que a pesar de la alta concentración de áreas protegidas en el ámbito terrestre -las que cubren prácticamente el 20% del territorio nacional continental e insular-, todavía persisten importantes vacíos y desbalances de representatividad para un número importante de ecosistemas terrestres, toda vez que más del 12% de estos ecosistemas del país no se encuentra incluido en alguna categoría de área protegida y otro 24% posee menos de 1% de sus áreas bajo algún sistema de protección. Dicha situación, es aún más evidente para el ámbito marino, ya que solo un 4% de la Zona Económica Exclusiva de jurisdicción nacional cuenta con algún tipo de protección.

Otro punto crítico detectado en materia de áreas protegidas en Chile, es la complejidad del sustento normativo e institucional existente, que se caracteriza por una legislación dispersa, desarticulada e incompleta, lo que resta eficiencia en la adopción de medidas destinadas a proteger y conservar la diversidad biológica nacional.

En esta realidad, apuntó, se sustenta la creación de este Servicio Público especializado, al que se dota de una legislación particular para el manejo y gestión de las áreas protegidas, concebidas como un instrumento fundamental para la adecuada gestión y conservación de la diversidad biológica del país.

5.- Regulación actual de las áreas protegidas

En lo concerniente a la regulación institucional inicial de las áreas protegidas, señala que ésta obedeció a la entrega de competencias sectoriales a medida que se creaban nuevas leyes, radicándose facultades en diversos ministerios y servicios públicos.

Destaca como hito relevante de la regulación institucional, la creación, a principios de la década de los 70, de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, señalando que ya a esa fecha, existían cerca de 10 millones de hectáreas en áreas protegidas terrestres para ser administradas por esta Corporación.

Actualmente, la CONAF administra el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), que corresponde a una porción significativa de los ambientes silvestres, terrestres o acuáticos, que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. Sin embargo, puntualiza, CONAF está constituida como una corporación de derecho privado, sin competencias otorgadas por ley, lo que conlleva una debilidad jurídica en la administración de las áreas a su cargo.

Expresa que la institucionalidad del SNASPE fue establecida por la ley N° 18.362 de 1984, del Ministerio de Agricultura, cuerpo legal que no se encuentra vigente, por cuanto se encuentra supeditado a la promulgación del marco legal de la institucionalidad forestal, cuestión que a la fecha no ha ocurrido. Por ello, las áreas protegidas que componen este Sistema siguen sustentándose legalmente en la Ley de Bosques de 1931, en la Convención de Washington de 1940 y en el decreto ley N°1.939 de 1977, sobre adquisición y administración de bienes del Estado.

Por otra parte, de acuerdo a la modificación efectuada el año 2010 por la ley N° 20.417, a la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado incluye además los Parques y Reservas Marinas, así como los Santuarios de la Naturaleza, sin que exista a la fecha una regulación integral y clara respecto de dichas áreas.

En cuanto a las áreas protegidas en el ámbito marino, hoy en día se cuenta con dos Parques Marinos, cinco Reservas Marinas y seis Áreas Marinas y Costeras Protegidas, que son administradas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sin coordinación programática ni presupuestaria con el SNASPE.

6.- Mociones parlamentarias

El Mensaje efectúa un especial reconocimiento al aporte que ha realizado el Congreso Nacional, en orden a promover iniciativas legales destinadas a fortalecer el marco legal que regula nuestra biodiversidad, destacando el esfuerzo e interés que han mostrado en la materia una importante cantidad de parlamentarios, Senadores y Diputados, que a través de distintos esfuerzos legislativos, han intentado suplir una carencia institucional objetiva del Estado sobre esta materia y que este proyecto pretende abordar.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1.- Objeto

Tal como se señala en el artículo 1°, el objeto de la iniciativa es la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Con el propósito de delimitar adecuadamente las competencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se excluyen aquellas materias que por su naturaleza y alcance permanecen en los respectivos servicios públicos con competencias sectoriales especiales, a saber, sanidad animal y vegetal y prevención y control de incendios forestales.

2.- Principios

Consagra diversos principios a los que deben sujetarse las distintas políticas, planes y normas y acciones que se ejecuten en el marco de esta ley, los que, según reza el Mensaje, son inspiradores de la acción del Estado en materia de biodiversidad a través de las funciones que ejecutará el Servicio que se crea.

3.- Definiciones

En su artículo 3°, se efectúan diversas definiciones, cuyo propósito es el de facilitar la aplicación práctica de los instrumentos que se crean, evitar superposiciones de competencias, e incorporar a la legislación nacional definiciones relevantes de manera de focalizar eficientemente las acciones de conservación, sin perjuicio de aquéllas que actualmente se consideran en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Destacan como definiciones relevantes, la de ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados y servicios ecosistémicos.

4. Naturaleza Administrativa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se crea como servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente. Agrega que el Servicio se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales.

5. Funciones y atribuciones del Servicio

Señala que el proyecto establece funciones comprensivas de uno de los aspectos más relevantes del programa de gobierno, y que dicen relación con la protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe a las áreas protegidas.

Es así como junto con administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrando las que corresponden al Estado y supervisando las áreas protegidas privadas, se establece el deber de ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70 letra i) de la ley N° 19.300, a través, entre otros, de la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente de aquellos ecosistemas amenazados o degradados.

También, encomienda al Servicio la tarea de elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, conducentes a conocer el estado de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

Asimismo, le corresponde las funciones de elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de recuperación, conservación y gestión de especies; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes destinados a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras presentes en el país; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de restauración de los ecosistemas degradados, entre otras atribuciones.

También se contemplan atribuciones de coordinación y colaboración con otros órganos públicos con competencia sobre recursos naturales, como la fiscalización de leyes sectoriales en lugares específicos del territorio –áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados– y la participación o pronunciamiento en procesos establecidos en otras leyes, como la Ley de Pesca Recreativa.

6.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus Categorías de Protección

Sostiene que nuestro país carece de una legislación ordenada que regule la creación y administración de áreas protegidas, constatándose una dispersión normativa en el establecimiento de las distintas categorías de áreas protegidas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, como también de distintas instituciones públicas vinculadas a su gestión y administración.

Por lo anterior, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se propone, se construye sobre la base de tres objetivos generales, y para cada categoría de protección, objetivos específicos a los que debe ceñirse todo proyecto o actividad que se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, como también, la compatibilidad con su respectivo plan de manejo.

7.- Creación y modificación de las Áreas Protegidas del Estado

El proyecto entrega al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de crear áreas protegidas de conformidad a las categorías que el proyecto reconoce, a través de un procedimiento que exige la elaboración previa de un informe técnico por parte del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que deberá contener las consideraciones científicas que justifican, tanto la creación del área protegida, como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.

Puntualiza que en tal sentido, se entrega a un reglamento la regulación específica del procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Del mismo modo, asevera, las áreas protegidas que se creen, sólo podrán modificarse o perder su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado del Ministerio del Medio Ambiente, que deberá seguir el mismo procedimiento que el señalado para su creación.

8.- Administración de las Áreas Protegidas del Estado y Planes de Manejo

La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio, facultándosele para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas.

La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público. Los recursos percibidos por este concepto ingresarán al patrimonio del Servicio.

Asimismo, toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ser consistente con el objetivo del área.

9.- Guardaparques

El Mensaje efectúa un especial reconocimiento a la labor que realizan desde hace muchos años los guardaparques, la que califica como indispensable para la protección que se ha dado a nuestras áreas protegidas.

Por tal razón, el proyecto genera las condiciones que permitan otorgar a los guardaparques una carrera funcionaria, dotada de formación, capacitación, nuevas atribuciones e incentivos.

10.- Concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado

El sistema de concesiones en áreas protegidas, tiene como objetivo el beneficio del manejo de tales áreas y reviste la particularidad de constituirse en un sistema único de concesiones en áreas protegidas.

De esta forma, se podrán otorgar concesiones en áreas protegidas que cuenten con plan de manejo y hayan sido priorizadas y sólo cuando el fin sea el desarrollo del ecoturismo, la investigación científica o la educación. Dichas concesiones podrán otorgarse mediante licitación pública o privada. Se podrán otorgar directamente cuando éstas sean gratuitas y sólo cuando se trate de concesiones de investigación científica o de educación.

Asimismo, se crea un Comité Técnico con carácter consultivo para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones, cuyo rol será el de pronunciarse sobre las propuesta de priorización de áreas protegidas que serán incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones, participando, además, en el proceso de elaboración de bases de licitación, y en el de evaluación de las propuestas presentadas, donde le compete proponer al adjudicatario.

Destaca que también compete a este Comité proponer al Servicio la renta concesional del área, considerando entre otros criterios, los servicios ecosistémicos que ésta provee.

Por otra parte, mediante resolución del Director Nacional del Servicio y de acuerdo con el respectivo reglamento, podrán otorgarse permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para el desarrollo de actividades que no requieran la instalación de infraestructura o la operación continua en espacios ubicados en el área, y siempre que no contravengan el respectivo plan de manejo.

La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio, facultándosele para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas, para lo cual deberá considerar escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Asimismo, destaca que toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ser consistente con el objetivo del área.

11. Áreas Protegidas Privadas

Si bien el actual SNASPE cubre un 19% del territorio nacional, la mayor parte de esta superficie se encuentra en las regiones extremas del país, afirmando que un 53% de los ecosistemas están protegidos en menos de un 5% de su extensión, y que un 20% tiene incluso menos de un 1% de representatividad en el actual sistema de áreas protegidas, ambas cifras muy lejos de las metas establecidas por el Convenio de Diversidad Biológica.

Asimismo, el Mensaje advierte que no basta con conservar la biodiversidad en los parques tradicionales, sino que es necesario establecer sistemas de conservación efectivos, que sean ecológicamente representativos y bien conectados.

En este contexto, apunta, cobran relevancia las Áreas Protegidas Privadas, ya que representan una alternativa viable para cubrir estos vacíos de representatividad y realizar una adecuada conservación, añadiendo que estas se vienen desarrollando espontáneamente desde la década del 90.

Sin embargo, éstas no cuentan actualmente con un instrumento formal que las reconozca, ni incentive su creación, materia que el proyecto viene a regular mediante un procedimiento de afectación y desafectación destinado a promover su creación, reservando a los interesados su administración y la elaboración de los planes de manejo. Asimismo, incorpora bonificaciones a acciones específicas de conservación, todo ello con la supervisión y apoyo técnico del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

12.- Instrumentos de Conservación de la Biodiversidad

Con el propósito de cumplir con su objetivo, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el Servicio estará facultado para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de diversos instrumentos de conservación de la biodiversidad.

Así, el proyecto contempla instrumentos destinados a ampliar los conocimientos sobre las especies y ecosistemas del país, a mejorar su gestión y a establecer incentivos para que los particulares colaboren con su preservación y uso sustentable.

En ecosistemas, por su parte, se establecen inventarios de los mismos, su clasificación y la creación de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, así como la dictación de planes de restauración de ecosistemas degradados. Especial mención merecen los instrumentos económicos que incorpora el proyecto, como la certificación de iniciativas de conservación privadas y los bancos de compensación.

Otro instrumento relevante es el Fondo Nacional de la Biodiversidad, cuyo objeto es financiar programas de conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y la educación.

13. Fiscalización, infracción y sanciones

Continúa el Mensaje afirmando que la eficacia de la regulación del proyecto de ley depende del régimen de fiscalización y sanción que se establezca. A fin de contar con un órgano de ejecución efectivo en materia de biodiversidad, se ha dotado al Servicio de facultades para fiscalizar la aplicación de los instrumentos de conservación, destacando los planes de manejo de las áreas protegidas, a los cuales deben ajustarse todas las actividades que se realicen en aquéllas.

Asimismo, se faculta al Servicio para fiscalizar otras leyes –Ley de Caza, Ley de Pesca Recreativa y Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal–, en zonas determinadas del territorio: áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

Complementando lo anterior, se regula un procedimiento sancionatorio, a cargo de los respectivos directores regionales del Servicio. La resolución que concluye con dicho procedimiento administrativo puede ser recurrida ante los tribunales ambientales.

Asevera el Mensaje que la decisión de radicar la fiscalización y sanción de la ley en el Servicio, y no en la Superintendencia del Medio Ambiente, responde a la especificidad de la materia y a la eficacia de que sean los mismos guardaparques, con presencia en las respectivas áreas protegidas, quienes puedan fiscalizar y dar fe de incumplimientos que constaten en terreno.

En el mismo sentido, además de los funcionarios del Servicio designados al efecto, también se otorga la calidad de fiscalizadores de la presente ley al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Carabineros de Chile, a la Armada de Chile y la Policía de Investigaciones.

14. Modificaciones a otros cuerpos legales

El proyecto deroga la ley N° 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, introduce modificaciones a diversos cuerpos legales, y deroga otros, con el propósito de adecuar la normativa vigente a las funciones y atribuciones que se otorgan al Servicio que se crea.

15.- Disposiciones transitorias

El proyecto contempla las normas necesarias para dotar de gradualidad la implementación de esta nueva institucionalidad, considerando la revisión de las áreas protegidas existentes, de manera de ratificar o modificar su categoría de protección de acuerdo a contenidos mínimos. En algunos casos, dicha tarea se realizará de manera conjunta con otros ministerios, a saber, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el de Bienes Nacionales.

Asimismo, el artículo primero faculta al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente y suscritos además por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para fijar la planta de personal del Servicio que se crea, y regular las materias atingentes al personal de la Corporación Nacional Forestal que se traspasa.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Finaliza el Mensaje expresando que este último eslabón de la institucionalidad ambiental, supone para los distintos sectores y actores involucrados en la discusión, una tarea especialmente significativa, afirmando que son escasas las oportunidades que se presentan a los países para crear instituciones que vayan más allá de la necesidad política de superar determinadas coyunturas o cumplir compromisos programáticos.

Pone de relieve la importancia del proyecto, que intenta definir el límite razonable de la actividad productiva que impacta nuestro hábitat, asegurando por tanto, que las condiciones biológicas que permiten nuestra existencia, nos permitan también reflexionar respecto a las medidas idóneas que el país requiere para crecer.

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VI. DISCUSIÓN EN GENERAL

Al inicio del estudio del proyecto, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, expuso que el compromiso de crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas fue establecido en la ley N° 20.417, que reformó la institucionalidad ambiental creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Así, contextualizó, el artículo octavo transitorio de la ley referida obligaba al Ejecutivo a enviar, dentro del plazo de un año, al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se creara el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Por esta razón, señaló, la administración anterior ingresó a tramitación el proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Boletín N°7487-12), el cual fue debatido en las Comisiones unidas de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Agricultura del Senado, sin obtener sanción.

El actual Ejecutivo, explicó, en vez de continuar la tramitación del proyecto de ley anterior decidió retirarlo e ingresar la presente iniciativa legal, principalmente, por dos diferencias sustantivas. En primer término, subrayó, el foco del proyecto de ley es la conservación de la biodiversidad, siendo la creación de áreas protegidas un instrumento de gestión para dicha conservación, pero no el único, así, el objetivo de la actual propuesta legislativa es implementar diversos instrumentos de gestión tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Una segunda diferencia, resaltó, se relaciona con la administración de las áreas protegidas como instrumento de conservación de la biodiversidad cuyo régimen no es delegable ni concesionable, pues la administración de todas las áreas protegidas es una función esencial del servicio de biodiversidad y áreas protegidas.

Por otra parte, expresó, la creación del servicio de biodiversidad se enmarca en el Programa de Gobierno 2014 - 2018 de la Presidenta de la República, donde se estableció como una de las 56 medidas para los primeros cien días.

Luego se refirió a cinco ideas matrices que explican el contenido y alcance del proyecto de ley. Primero, reiteró, el objeto es conservar la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas.

Segundo, manifestó, la iniciativa legal permite conducir la planificación para la conservación de la biodiversidad, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, consecuente con los compromisos internacionales suscritos por Chile, como el informe de evaluación ambiental del año 2005 elaborado en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, 1992) y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi.

Asimismo, prosiguió, el proyecto de ley pretende unificar la regulación, administración y manejo de las áreas protegidas del país por medio de un sistema nacional que integre espacios terrestres y marinos, tanto públicos como privados. El régimen actual más conocido, indicó, es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SNASPE), integrado por parques y reservas nacionales, y monumentos naturales, que abarca menos del 50% de las áreas protegidas a nivel nacional. Otras categorías de protección, precisó, como parques y reservas marinos, áreas costeras marinas de uso múltiple y santuarios de la naturaleza, no están bajo la administración del Estado.

Agregó también, que la iniciativa contempla nuevos instrumentos de conservación de la biodiversidad para resguardar especies nativas y ecosistemas amenazados o degradados, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Finalmente, señaló, la propuesta legislativa se inspira en el principio de coordinación y en la necesidad de generar consensos, en el marco del desarrollo sustentable, pues las decisiones más relevantes del sistema serán adoptadas por un cuerpo colegiado.

Más adelante se refirió al contenido específico del proyecto de ley, insistiendo que el objetivo del mismo es la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, excluyendo la sanidad vegetal y animal, y la prevención y combate de incendios forestales; materias que se rigen por otras normas legales.

Posteriormente, comentó que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tendrá por objeto asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por condición de amenaza o degradación, requieran medidas de conservación.

En cuanto a las funciones y atribuciones, continuó, corresponderá al Servicio administrar áreas protegidas públicas, supervisar áreas protegidas privadas, elaborar y actualizar planes de manejo, realizar monitoreo en dichas áreas, y regular y fiscalizar concesiones, tarifas y uso público de tales zonas. Igualmente, afirmó, el Servicio deberá elaborar planes de especies clasificadas y exóticas invasoras, y planes de conservación y restauración de ecosistemas.

Asimismo, declaró que el nuevo organismo público deberá realizar programas de investigación, sistemas de monitoreo y de seguimiento ambiental de ecosistemas y especies, inventarios de especies y ecosistemas, e informes sobre el estado de la biodiversidad del país.

En materia económica, acotó, el Servicio deberá administrar el Fondo Nacional de la Biodiversidad, aprobar solicitudes para bancos de compensación, promover prácticas sustentables mediante incentivos y certificaciones, e instrumentos económicos como el pago por servicios ecosistémicos.

En otro ámbito, señaló, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), conformado por nueve categorías de áreas, definiendo un objetivo de conservación para cada una de ellas. El SNAP, apuntó, tendrá como objetivo asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país; incrementar la representatividad de los ecosistemas terrestres, aguas continentales, marinos y costeros, así como la efectividad de manejo en el largo plazo; y fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local.

Las categorías de áreas protegidas definidas en el proyecto de ley, expresó, no obedecen a una creación de la presente iniciativa legal, sino más bien, han sido recogidas de los conceptos actualmente existentes en diversos cuerpos legales. Las categorías consideradas en el proyecto de ley, puntualizó, son: Reserva de Región Virgen, Parque Marino, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Marina, Reserva Nacional, Santuario de la Naturaleza, Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y Humedales de importancia internacional o Sitios Ramsar.

La importancia de las categorías antes mencionadas, resaltó, radica en la correspondencia de dicha clasificación con el objetivo perseguido por la iniciativa legal al proteger ciertas áreas geográficas, como es preservar, proteger y conservar la biodiversidad. Por cuanto la comunidad nacional, indicó, también ha decidido proteger otras áreas pero con distintos objetivos, como es el caso de las Zonas de Interés Turístico, las Zonas Típicas y Pintorescas o las Zonas Libre de Caza.

No obstante, precisó, todo proyecto o actividad que se pretenda desarrollar dentro o en los límites de un área protegida debe respetar el objeto de protección y ser compatible con el plan de manejo.

Expuso también, que el proyecto de ley establece un procedimiento para crear o modificar áreas protegidas del Estado mediante la dictación de un decreto supremo emanado del Ministerio del Medio Ambiente, el cual deberá considerar la firma del Ministerio de Bienes Nacionales, en caso de tratarse de inmuebles fiscales, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo si contiene áreas lacustres, fluviales o marítimas.

Luego se refirió a los planes de manejo de áreas protegidas, destacando el carácter obligatorio del plan y la coherencia con el objetivo y categoría de protección. Un reglamento, afirmó, establecerá los contenidos mínimos específicos de cada plan de manejo, el cual deberá ser aprobado mediante una resolución del nuevo organismo público y elaborarse en el plazo de dos años, contados desde la creación del área protegida, debiendo actualizarse, al menos, cada cinco años.

Resaltó también, la participación en la elaboración de los planes de manejo de las comunidades residentes tanto al interior como aledañas al área protegida, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

En materia de concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado, aclaró que el proyecto de ley contempla tres tipos de actividades concesionables, que beneficiarán directamente el manejo del área y la mantención de sus valores: ecoturismo, investigación científica y educación. Cada concesión, aseveró, será otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente, previa licitación elaborada por el nuevo servicio.

Sobre este aspecto, reiteró la afirmación sostenida al inicio de la presente exposición, en cuanto a que el contenido de la iniciativa legal impide concesionar la administración de un área protegida, diferencia sustantiva, como ya recalcó, con el proyecto de ley presentado por la administración anterior.

Asimismo, declaró que se creará un comité técnico consultivo en materia de concesiones, que estará conformado por representantes de los ministerios del Medio Ambiente, Agricultura y Bienes Nacionales, de la Subsecretaría de Turismo, y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Las rentas percibidas por concesiones y permisos, informó, ingresarán al patrimonio del Servicio con el objeto de ser destinadas a la administración del sistema de áreas protegidas y al Fondo Nacional de la Biodiversidad, debiendo el nuevo organismo velar por el cumplimiento de dichas autorizaciones.

En seguida, se refirió a la figura del guardaparque en el marco del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Al respecto, afirmó, el proyecto de ley considera un cuerpo nacional de guardaparques integrante del nuevo servicio con funciones específicas, como monitorear el estado de la biodiversidad del área protegida y de sus componentes; y supervisar y ejecutar acciones para conservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento y bienes del área.

Igualmente, corresponderá a los guardaparques controlar y fiscalizar el cumplimiento de normativas ambientales y de manejo al interior de las áreas protegidas; cursar infracciones de acuerdo al marco regulatorio del presente proyecto de ley, para lo cual la iniciativa legal otorgará la calidad de ministro de fe a dichos funcionarios. Asimismo, aseguró, para el cumplimiento de las funciones señaladas, el proyecto de ley contempla la existencia de un programa de formación y capacitación para los guardaparques.

De igual manera, apuntó, cada área protegida podrá nombrar a un guardaparque como administrador, quien tendrá funciones relacionadas con el plan de manejo y el personal a cargo, reportando al Director Nacional del nuevo servicio el cumplimiento de dichas funciones.

Posteriormente, aludió a las materias vinculadas a las áreas protegidas de propiedad privada. En primer lugar, destacó que los solicitantes de la creación de un área protegida de propiedad privada podrán optar a cualquiera de las nuevas categorías de protección consideradas en el presente proyecto de ley, no sólo a la calidad de santuario de la naturaleza, como se concibe en el sistema actual de áreas protegidas, ampliando las posibilidades de los interesados.

La creación de un área protegida de propiedad privada, detalló, se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio del Medio Ambiente presentada por el o los propietarios del área protegida, cuya duración no podrá ser inferior a 30 años.

Declaró además, que de acuerdo a esta iniciativa legal, para la creación de este tipo de zonas protegidas se privilegiarán las áreas priorizadas en la planificación del nuevo servicio. Así, graficó, si el futuro organismo define una estrategia nacional de conservación de la biodiversidad, la idea será fomentar la creación de nuevas áreas protegidas privadas en dichos sitios priorizados.

El plan de manejo de este tipo de áreas protegidas, agregó, debe ser elaborado por el o los propietarios y deberá ser aprobado por el SBAP. En cuanto a la administración, indicó que será responsabilidad de los propietarios, bajo supervisión y apoyo técnico del nuevo servicio.

La desafectación de las áreas protegidas privadas, expresó, será mediante la expedición de un decreto supremo previa verificación de ciertas causales definidas en el proyecto de ley.

En cuanto a los incentivos a las áreas protegidas de propiedad privada, señaló que el nuevo organismo prestará apoyo técnico a los propietarios o administradores, y entregará financiamiento a las acciones específicas de conservación para mitigar amenazas y recuperar especies o ecosistemas a través del Fondo Nacional de la Biodiversidad.

Apuntó también, que aquellas actividades o iniciativas que promuevan buenas prácticas y apoyen el mejoramiento de las condiciones ecológicas de dichas área tendrán prioridad en la adjudicación de fondos concursables.

Luego de exponer sobre el objeto de la ley, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se refirió a los instrumentos de conservación para velar por la protección y conservación de especies y ecosistemas, recordando que tales instrumentos se aplican tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Entre dichos instrumentos, resaltó los inventarios de ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, incluidos humedales; los planes de restauración de ecosistemas degradados y planes de conservación de ecosistemas amenazados; los inventarios de especies y planes de recuperación, conservación y gestión de especies clasificadas; los planes de prevención, erradicación y control de especies exóticas (como el castor en Magallanes); y la implementación de redes de monitoreo y seguimiento ambiental de la biodiversidad, utilizando plataformas de información de manera integral. Ciertos instrumentos, apuntó, requieren el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Más adelante expuso sobre las normas de fiscalización, infracciones y sanciones contempladas en el proyecto de ley. Al respecto, manifestó, el futuro servicio fiscalizará el cumplimiento de las leyes sobre Caza, de Protección del Bosque Nativo y Fomento Forestal, sobre Pesca Recreativa y General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, así como en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

La iniciativa legal, añadió, establece infracciones y sanciones por acciones u omisiones contrarias al marco regulatorio tanto dentro y fuera de las áreas protegidas, siguiendo el modelo de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

En este sentido, aclaró, el nuevo sistema clasifica tres tipos de infracciones: gravísimas, graves y leves, siendo la aplicación de multa la principal sanción, sin perjuicio de otras medidas como prohibir al infractor el ingreso a un área protegida o permitirle la presentación de un plan de recuperación del daño causado como alternativa a la sanción pecuniaria.

La sanción impuesta por el nuevo organismo, acotó, podrá afectar indistintamente a usuarios, concesionarios o administradores de áreas protegidas y ser reclamada tanto por vía administrativa ante el Director Nacional del futuro servicio como por vía judicial ante el tribunal ambiental respectivo.

El proyecto de ley considera además la modificación de otros cuerpos legales que regulan la protección de la biodiversidad. Así, explicó, se traspasa la administración de las áreas protegidas que forman parte del SNASPE, esto es, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al SBAP, en un plazo de tres años desde la fecha de publicación de la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, especificó, CONAF mantiene las atribuciones establecidas en la ley de Bosques sobre las reservas forestales, aun cuando la propia Corporación podrá reclasificar dichas reservas en alguna de las nuevas categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Asimismo, indicó, se deroga el sistema de concesiones de turismo en áreas protegidas regulado en la ley N° 20.423 que establece el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

También se traspasa la administración de parques marinos y reservas marinas establecida en la ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura al SBAP. En este marco, detalló, se faculta al futuro organismo para fiscalizar el cumplimiento de la ley en áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

En el mismo ámbito, afirmó, se crea la categoría de reservas de interés pesquero bajo la administración del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con el objeto de resguardar fines de carácter productivo y aquellas reservas que actualmente cumplan esa función, y que no formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Igualmente, aseveró, se traspasan atribuciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al SBAP, para fijar procedimientos y autorizar medidas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas.

Del mismo modo, expresó que se faculta al SBAP para autorizar la caza o captura en áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Caza en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y degradados, atribuciones actualmente ejercidas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Del Ministerio de Bienes Nacionales, agregó, se traspasa al SBAP la atribución de otorgar concesiones de turismo al interior de las áreas protegidas, facultad actualmente vigente en la ley que establece el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

Finalmente, aludió a las disposiciones transitorias contenidas en el proyecto de ley, en particular, a las normas relativas al traspaso de funcionarios de CONAF, señalando que la iniciativa legal posterga el pago de indemnizaciones, sin perjuicio de respetar asignación de antigüedad, estabilidad del empleo, remuneraciones, derechos previsionales y residencia.

Las normas transitorias fijan también, un plazo máximo de dos años para que el Ministerio del Medio Ambiente inicie un proceso de revisión de categorías de las áreas protegidas existentes.

Las concesiones o contratos otorgados o adjudicados antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en las mismas, continuarán vigentes y se extinguirán en conformidad a las normas aplicables a cada caso.

Los Santuarios de la Naturaleza ubicados actualmente en propiedad privada, indicó, se entenderán áreas protegidas de propiedad privada por el solo ministerio de la ley.

Las normas sobre mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas establecidas en la ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura, acotó, seguirán vigentes mientras no se dicte el reglamento.

Y por último, apuntó, la atribución del SBAP de administrar parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, entrará en vigencia a los tres años de publicada la ley.

A continuación, el Honorable Senador señor Horvath consultó por el monto comprometido por el Ejecutivo destinado al funcionamiento del nuevo organismo para asumir la enorme responsabilidad de preservar la biodiversidad nacional y administrar el sistema de áreas protegidas.

Si bien reconoció que es un aspecto meramente formal, también pidió buscar una sigla más sugerente para identificar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aspecto que facilitará la comunicación de la existencia del nuevo servicio y su competencia.

Por otro lado, preguntó por la forma en que se vinculan las áreas protegidas con las zonas ubicadas alrededor, haciendo especial énfasis en la relevancia del ordenamiento territorial como instrumento de gestión.

La Honorable Senadora Allende, por su parte, consultó por el proyecto de ley comprometido para la creación del servicio público forestal, el cual, sostuvo, debiera ser discutido en paralelo con la presente iniciativa para evitar la superposición de funciones entre ambos organismos.

En segundo lugar, mostró preocupación por el presupuesto que se asignará a la organización y funcionamiento del nuevo servicio, dada la multiplicidad de funciones que deberá cumplir el organismo. Al respecto, consultó si se establecerán prioridades entre los diversos objetivos planteados por la iniciativa legal con el fin de dar cumplimiento a cada uno de ellos en un plazo razonable.

De igual modo, recordó que durante la tramitación del proyecto de ley presentado por la administración anterior no hubo capacidad de diálogo con los trabajadores de CONAF, pues la incertidumbre provocada por el traspaso de funcionarios al nuevo servicio y el régimen laboral sujeto al Código del Trabajo no se solucionaba en la iniciativa legal; garantizar condiciones laborales, dignidad del cargo o carrera funcionaria es un deber del Estado, ya que la Corporación desde su creación ha cumplido siempre con la función de proteger las áreas silvestres nacionales.

El cuerpo de guardaparques de CONAF, insistió, ha velado por el cuidado de las áreas protegidas del país, pese a las condiciones materiales en que funcionan y a las limitaciones presupuestarias. Conocido es el caso en la III Región de Atacama, específicamente en la localidad de Chañaral de Aceituno, donde el guardaparque ejerce funciones en una sede facilitada por los pescadores artesanales de la zona.

Reconociendo la necesidad del país de crear un servicio con estas características, no será una cantidad ambiciosa de tareas y responsabilidades, reflexionó; sin recurso humano y material suficiente, el nuevo servicio será más una declaración de intenciones que un avance concreto.

Por otro lado, expresó que el proyecto de ley se refiere a la existencia de un comité técnico, el cual, a su juicio, debe contar con la capacidad técnica idónea para ser consultado en forma permanente, de esta forma, se podrá arribar a buenas decisiones en políticas públicas, sin repetir las situaciones acaecidas en la tramitación de ciertos proyectos sometidos a evaluación ambiental, que no han concluido de la mejor manera, no obstante basarse en decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, muchas veces en contradicción con la evaluación técnica previa elaborada a nivel regional.

Finalmente, preguntó al señor Ministro si la presente iniciativa legal requería del proceso de consulta indígena establecido en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y si ha de corresponder, cómo se abordaría el mecanismo. Asimismo, consultó si al crearse un servicio de biodiversidad, Chile cumpliría con las convenciones internacionales que ha suscrito.

El Honorable Senador señor Moreira, a su turno, compartió la inquietud de la Honorable Senadora que lo antecedió en el uso de la palabra, sobre los plazos previstos por el Ministerio para la implementación del nuevo servicio que se propone en el presente proyecto de ley.

A su vez, consultó por las razones del Ejecutivo para retirar el proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas presentado por la administración anterior.

El Honorable Senador señor Espina mostró preocupación también, por los recursos humanos y financieros que se destinarán al cumplimiento de las finalidades perseguidas por el proyecto de ley en discusión. Lamentablemente, afirmó, se han creado últimamente servicios públicos que generan expectativas en la sociedad sin los fondos necesarios para cumplir con el objetivo de su creación, provocando la consiguiente desazón de la comunidad, ¿existe la posibilidad de incrementar los recursos públicos considerados para la creación del nuevo servicio?

El Honorable Senador señor De Urresti se sumó a la preocupación por la realidad laboral de los trabajadores de CONAF, pues independiente de si se mantienen en la actual Corporación o se traspasan al nuevo servicio, cualquier modificación de la situación actual de dichos trabajadores debe ser elaborada en conjunto con ellos.

También consultó por los sitios nacionales prioritarios en materia de conservación, ya que, a su juicio, la nueva institucionalidad debiera focalizar sus esfuerzos en los ecosistemas con baja representación en el sistema nacional de áreas protegidas, como la zona central del país, principalmente entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos, pues la mayor cantidad de áreas protegidas se ubica en las zonas extremas de Chile.

A su vez, preguntó por la forma en que se incorporarán las reservas de la biosfera con las categorías propuestas en el proyecto de ley. Del mismo modo, mostró interés por la relación entre la presente iniciativa legal y el proyecto de ley que establece el derecho real de conservación (Boletín 5823-07).

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró que el proyecto de ley haya iniciado la tramitación legislativa en el Senado, permitiendo así conocer los objetivos y contenido del mismo, y atender las consultas que del debate puedan surgir.

Así, al igual que la Honorable Senadora señora Allende, preguntó si la iniciativa legal requiere del proceso de consulta indígena establecido en el Convenio N° 169 de la OIT, suscrito por Chile, preocupación basada, especialmente, en la posibilidad que zonas pertenecientes a comunidades indígenas puedan constituirse en áreas protegidas.

Asimismo, consultó si la afectación o desafectación de áreas protegidas a través de un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, y no por una ley, se ajusta a la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, conocida como Convención de Washington.

También preguntó, si las nuevas atribuciones de fiscalización que ejercerá el futuro servicio no colisionarán con la función que actualmente desarrolla la Superintendencia del Medio Ambiente.

En otro ámbito, consultó al Ejecutivo por la posibilidad de intervenir terrenos fiscales sin uso, con el objeto de proteger la biodiversidad o invertir en planes de conservación de tales terrenos, dado que sólo el 10% del terreno nacional corresponde a áreas privadas productivas, mientras que el 35% es de propiedad de bienes nacionales.

Por último, se sumó a la preocupación manifestada por los Honorables Senadores sobre la situación de los guardaparques nacionales. En el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, Región de Aysén, graficó, se desempeñan sólo tres funcionarios, no obstante ser el parque nacional más extenso del país; sin mencionar las bajas remuneraciones que perciben y las difíciles condiciones en que trabajan.

Dicha preocupación, manifestó, se extiende a todos los trabajadores de CONAF, tanto a aquéllos que serán traspasados al nuevo servicio, por el respeto a los derechos adquiridos durante su relación laboral en la actual Corporación, como a quienes permanecerán en la institución, por la búsqueda de mejorar la situación laboral actual.

A continuación, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, dio respuesta a las inquietudes planteadas, manifestando la voluntad del Ejecutivo en orden a considerar las distintas observaciones sobre el proyecto de ley en discusión, atendida la complejidad de la iniciativa.

Sobre la consulta referida al retiro del proyecto de ley presentado por la administración anterior, indicó que la razón fue principalmente técnica, pues, enfatizó, el objetivo primordial de la iniciativa legal en estudio es la protección de la biodiversidad, la creación de áreas protegidas es sólo un instrumento de gestión para lograr dicho objetivo central.

En materia presupuestaria, expresó que el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), compromete un presupuesto de $33.000 millones anuales para el funcionamiento del nuevo servicio, sin perjuicio de las modificaciones que pudiere sufrir el proyecto de ley original durante la tramitación legislativa.

Sobre la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, se mostró convencido de que el proyecto de ley no afecta sustantivamente a los pueblos originarios, no obstante, una vez en vigencia la ley, subrayó, los actos administrativos que implementen los distintos instrumentos de gestión que afecten a comunidades de pueblos originarios requerirán el proceso previo de consulta indígena.

Así, ejemplificó, si el nuevo servicio requiere la elaboración de un plan de manejo en un área protegida ubicada en un área de desarrollo indígena o donde habitan comunidades de pueblos originarios, necesitará del proceso previo de consulta conforme al convenio citado. Misma situación, acotó, sucederá si se promueve la creación de una nueva área de protección que involucre a comunidades indígenas.

Por otro lado, declaró que si bien el proyecto de ley ha sido impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, fue elaborado con la participación de equipos técnicos de otros ministerios, especialmente, el de Agricultura, siendo el titular de esa Cartera de Estado el que aclarará la oportunidad en que se someterá a tramitación legislativa el proyecto destinado a crear el servicio nacional forestal, compromiso asumido en el programa de gobierno.

En este sentido, manifestó conocer la realidad e importancia de los trabajadores de CONAF y comprender la preocupación de los trabajadores por su eventual transición al SBAP. Sin duda, afirmó, se trata del personal más capacitado en administración de áreas protegidas, experiencia adquirida en la administración de las áreas comprendidas en el SNASPE. Dicha materia, añadió, también será abordada por el Ministerio de Agricultura en una futura presentación.

Disipó también los temores por la posible existencia de contiendas de competencia entre las atribuciones del nuevo servicio y la Superintendencia del Medio Ambiente, aclarando que la ley orgánica de este ente fiscalizador no contempla funciones relacionadas con la biodiversidad, agregando además, que el presente proyecto de ley sólo ha asimilado el procedimiento establecido en la misma normativa para ser implementado por el futuro organismo.

Sobre la posibilidad de privilegiar zonas ubicadas en bienes fiscales para creación de nuevas áreas de protección, informó que el artículo cuarto transitorio del presente proyecto de ley obliga al Ministerio del Medio Ambiente a determinar en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, los bienes nacionales actualmente protegidos que se integrarán al nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas en una de las categorías que define la presente iniciativa legal.

Respecto a la función del comité técnico, explicó que esta entidad se vinculará con el régimen de concesión del SBAP, con el objeto de integrar criterios especializados de otros servicios públicos para determinar en qué áreas protegidas pueden concesionarse actividades económicas. Por ejemplo, señaló, para un eventual uso turístico de un área protegida será relevante escuchar la opinión de la Subsecretaría de Turismo en aspectos relacionados con accesibilidad del lugar o proyecciones de demanda.

En último término, se refirió a la preocupación de los Honorables Senadores por una posible vulneración de la Convención de Washington. Sobre este punto, expuso que el proyecto de ley recoge la categoría de parque nacional como área protegida, definición que genera condiciones especiales, como el principio general que en los parques nacionales no pueden efectuarse actividades de extracción de recursos naturales con fines comerciales, pero dichas condiciones no se extienden a cualquier categoría de áreas protegidas.

La abogada del Ministerio del Medio Ambiente, señorita Lorna Püschel, complementó la información entregada por el señor Ministro, señalando que el Convenio de Washington prohíbe la explotación comercial en parques nacionales, porque el instrumento internacional reconoce a dicha categoría de protección un fin de preservación, es decir, el objetivo es mantener intacto los atributos naturales del área protegida. A diferencia de la conservación, que permite un uso sustentable de los recursos naturales, concepto que se aplica a otras categorías de protección.

Sobre la inquietud manifestada por la desafectación de áreas protegidas en virtud de un acto administrativo, explicó que la convención hace referencia a una autoridad legislativa competente para crear o desafectar áreas protegidas, y la interpretación del Ministerio del Medio Ambiente es que dicha referencia es de carácter amplio, no se asimila únicamente a un instrumento normativo general como la ley, sino que es una alusión a un instrumento o autoridad facultada para dictar normas generales, como en Chile es el caso del Ejecutivo. La misma convención, sostuvo, utiliza un lenguaje similar en otros artículos, refiriéndose indistintamente a autoridad legislativa o legislador, para luego, acto seguido, referirse a los reglamentos y leyes que dicta ese legislador. Otro antecedente tenido a la vista, indicó, es la legislación de naciones que han ratificado la convención, que crean y desafectan áreas protegidas y parques nacionales por medio de un decreto presidencial.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, señor Jorge Cash, agregó que ningún trabajo preparatorio de la Convención de Washington circunscribe el concepto de autoridad legislativa a la necesidad de promulgar una ley para crear o desafectar áreas protegidas, dicha facultad también se extiende a la potestad reglamentaria.

Respecto de la necesidad de un proceso previo de consulta indígena, declaró que, sin perjuicio de la autoejecutabilidad del Convenio N° 169 de la OIT, el decreto supremo N° 66, del Ministerio de Desarrollo Social, aprobó el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, el cual consideró un elevado estándar para la exigencia de un proceso previo de consulta. Dicha normativa, explicó, requiere para la realización de una consulta que los pueblos originarios puedan ser susceptibles de una afectación directa, siempre y cuando se trate de un impacto significativo y específico, y que la medida legislativa sea la causa directa de dicha afectación. En ese sentido, aseguró, ninguna disposición del presente proyecto de ley reúne los requisitos dispuestos por el reglamento.

En cuanto al futuro de los trabajadores de CONAF, declaró que el proyecto de ley establece un estatuto que ha sido catalogado de garantista, por cuanto asegura los derechos de dichos trabajadores en múltiples materias. Como ejemplo, describió, la iniciativa legal faculta al Presidente de la República para que establezca mediante un decreto con fuerza de ley el traspaso de trabajadores de CONAF al nuevo servicio, sin solución de continuidad. Asimismo, resaltó, la norma asegura el pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado, computando el tiempo servido tanto en la Corporación como en el Servicio. Del mismo modo, acotó, el proyecto de ley dispone que los requisitos para el desempeño de los cargos no serán exigibles para efecto del encasillamiento de los trabajadores traspasados.

Igualmente, señaló, el traspaso no tendrá como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral; tampoco producirá pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales. Añadió que no podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento; cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria; y el personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tengan reconocida.

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En sesión celebrada el 22 de julio de 2014, la Comisión recibió al Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, quien expuso sobre la necesidad de avanzar hacia una forma de desarrollo agropecuario y forestal más respetuoso de la naturaleza. En un espacio natural compartido, afirmó, se debe compatibilizar la conservación y el desarrollo productivo.

En cuanto al proyecto de ley en estudio, reconoció la existencia de un trabajo de preparación conjunto entre los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, en especial para evitar la duplicación o superposición de funciones, e incluso las contradicciones entre distintos cuerpos normativos referidos a una misma materia.

Sin duda, acotó, existen muchas zonas grises en la administración pública donde se generan este tipo de problemáticas, aunque destacó que lo importante es establecer mecanismos adecuados de coordinación institucional que permitan resolver los eventuales conflictos.

Con la creación del nuevo servicio, indicó, una situación como la descrita puede suscitarse respecto a las atribuciones referidas a la Ley de Caza en áreas protegidas, cuya potestad radica actualmente en el SAG, pero que de acuerdo al presente proyecto de ley se traspasará al futuro organismo.

Por otra parte, afirmó, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado acciones vinculadas a la protección de la biodiversidad durante muchos años. Así, la primera área protegida existe hace más de 100 años y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) hace 44 años.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Agrícola y Ganadero, ha representado a Chile en numerosas convenciones internacionales, como en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), en la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la Desertificación (UNCCD), en el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, y en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Tal representación se mantiene en la Cartera de Estado.

Luego, señaló la existencia de instrumentos específicos de conservación de la biodiversidad en territorios productivos, fuera de las áreas silvestres protegidas, como la Ley de Caza, que dota de facultades al SAG para otorgar permisos, determinar prohibiciones, controlar el comercio ilegal de fauna silvestre, y llevar el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. Al respecto, afirmó, la modificación más importante que introduce el proyecto de ley corresponde al traspaso de tales atribuciones desde el SAG al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas cuando las solicitudes relativas a la Ley de Caza recaigan en áreas silvestres protegidas, materia que exigirá una coordinación estricta entre el futuro servicio y el SAG.

Otro ámbito relevante donde ejerce funciones el Ministerio de Agricultura, señaló, dice relación con la aplicación de la Ley sobre Fomento Forestal y Recuperación del Bosque Nativo, que comprende 13,2 millones de hectáreas de bosque nativo y 11,5 millones de hectáreas de formaciones xerofíticas. Entre las competencias más destacables, resaltó las acciones que se ejecutan para el uso sustentable de bosque nativo y formaciones xerofíticas, la protección de especies amenazadas de flora, los incentivos de preservación y el fondo de investigación. Dichas materias, informó, seguirán bajo la administración del Ministerio de Agricultura, con excepción de las competencias que deban ejercerse respecto a las áreas protegidas.

Por último, se refirió a otras acciones más generales, como el monitoreo, investigación y catastro en vida silvestre, la participación en la implementación de convenciones internacionales, el monitoreo de las formaciones vegetacionales y del uso del suelo, y la participación en políticas y estrategias sobre el tema.

En consecuencia, expresó, existe un conjunto de atribuciones que históricamente ha ejercido el Ministerio de Agricultura, que en su mayoría seguirá desempeñando, exceptuando las funciones relativas a áreas protegidas, que de aprobarse el presente proyecto de ley, se ubicarán dentro de la competencia del nuevo servicio.

Más adelante, aludió a materias vinculadas a la CONAF, donde destacó como la modificación más importante propuesta por la presente iniciativa legal, el traspaso al SBAP de la administración de las áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) – parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales –, en un plazo de tres años contados desde la publicación de la ley.

La transferencia de las funciones mencionadas, explicó, implicará el traslado de 432 guardaparques desde la CONAF, que junto a un número importante de funcionarios de apoyo y mantención de parques nacionales, completarán alrededor de 600 trabajadores.

Es por eso, agregó, que la preocupación del Ministerio de Agricultura se ha centrado en el mecanismo para transformar la actual CONAF en un servicio forestal de carácter público. La idea, aseguró, es presentar una iniciativa legal para crear un servicio público nacional forestal, cuyas funciones estarán asociadas a fiscalizar el manejo del bosque nativo, las normas vinculadas al fomento productivo y a fortalecer las capacidades de prevención y combate de incendios forestales.

Asimismo, planteó la necesidad de reorganizar el instrumento de gestión para el desarrollo forestal, en orden a incorporar adecuadamente el fomento productivo en áreas de bosques nativo y áreas de plantaciones y procesamiento de productos forestales. Por tal motivo, sostuvo, será necesario también, fomentar en el nuevo servicio forestal el área de evaluación, estudios y proposición de políticas para el desarrollo forestal de Chile.

Para la elaboración de tal iniciativa, afirmó, se ha iniciado un proceso de diálogo con los trabajadores de CONAF, los sindicatos, la Dirección de Presupuestos, y pronto con parlamentarios de ambas Cámaras, con el objeto de presentar al Congreso Nacional en un plazo no superior a 90 días, un proyecto de ley consensuado para la conformación del Servicio Nacional Forestal. Para la creación de dicho servicio, aseguró, el Ministerio de Agricultura considera necesario efectuar un proceso previo de consulta indígena conforme al convenio N° 169 de la OIT.

Con relación a los derechos de los trabajadores de CONAF, expuso que se ha planteado como base una garantía de estabilidad, ya sea por vía de traspasar a los trabajadores al SBAP desde un régimen sujeto a las normas del Código del Trabajo al estatuto que rige a los funcionarios del sector público, o bien, mantener el régimen laboral en el marco de un servicio público.

El Ministerio de Agricultura, enfatizó, defiende la estabilidad laboral y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores, preocupación que estará presente en la elaboración de las plantas de personal tanto del SBAP como del futuro Servicio Nacional Forestal. En este sentido, finalizó, el trato laboral que se determine para los funcionarios del SBAP debe ser equivalente al que recibirán los trabajadores que continúen ejerciendo funciones en CONAF.

El Honorable Senador señor Horvath valoró el cambio de enfoque del presente proyecto de ley, ya que la iniciativa legal presentada por la anterior administración no mostraba con claridad el futuro de la situación laboral de los funcionarios de CONAF.

Ahora bien, señaló, el punto esencial es que en Chile se han subvalorado los servicios ecosistémicos, en particular, por la falta de capacidad del Estado para crear una institucionalidad responsable de la biodiversidad, con una presencia mínima de guardaparques en áreas protegidas. Conocidos son los ejemplos del Parque Nacional Bernardo O´Higgins o el Campo de Hielo Patagónico Sur, ubicado entre las Regiones de Aysén y Magallanes, que posee más de sesenta glaciares, pero que sin personal capacitado no existe ninguna posibilidad de aprovechar el valor científico, turístico y recreativo de dicha zona, menos aún, resguardar debidamente las áreas protegidas. Una desprotección permanente, lamentó, como se ha observado reiteradamente en el Parque Nacional Torres del Paine.

Por tal motivo, destacó la oportunidad de discutir en conjunto con el presente proyecto de ley, la creación de un cuerpo de guardaparques acorde con la cantidad de áreas protegidas a nivel nacional, evitando así mantener la precariedad con que CONAF ha debido batallar durante tanto tiempo. Una iniciativa de este tipo, aclaró, debe cimentarse en una sólida institucionalidad con respaldo presupuestario para emprender debidamente las funciones que se encomendarán al nuevo servicio.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, por su parte, consultó al señor Ministro por la coordinación de su Cartera de Estado con el Ministerio del Medio Ambiente, en materias que aborda el presente proyecto de ley, como la competencia del futuro servicio en el ámbito de la Ley de Caza, que atañen a ambos ministerios.

En base a las preocupaciones manifestadas por distintos integrantes de la Comisión, preguntó también, si el Ministerio ha proyectado un mecanismo para asegurar la protección de los derechos laborales de los trabajadores de CONAF, y fortalecer la situación actual de dicha entidad, con el objeto de superar el carácter híbrido de corporación privada con funciones públicas con el que se ha desempeñado desde su creación hasta hoy.

Por último, consultó la opinión del Ministerio sobre la necesidad de someter el presente proyecto de ley a un proceso previo de consulta indígena conforme al Convenio N° 169 de la OIT.

El Honorable Senador señor Moreira, a su turno, hizo presente la petición formal dirigida a la Sala del Senado, en su calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura, para que el proyecto de ley en discusión fuera conocido también por dicha Comisión, puesto que la actual iniciativa faculta al nuevo servicio para ejercer funciones que hoy desempeña el Ministerio de Agricultura, por sí o por intermedio de alguno de los organismos de su dependencia, aspecto que genera preocupación tanto por la pérdida de facultades como por la situación laboral de quienes ejercen actualmente dicha función.

El Honorable Senador señor De Urresti compartió la inquietud por la situación de los trabajadores de CONAF, asunto en el cual coincidió con la Honorable Senadora señora Allende, en cuanto a la facilidad que otorgaría la tramitación paralela al presente proyecto de ley, de una iniciativa que se hiciera cargo de un servicio público forestal. De esta forma, argumentó, se pueden disipar las dudas sobre las funciones del nuevo organismo y los temores por el futuro laboral de los trabajadores de CONAF.

Por su parte, valoró la opinión del señor Ministro en torno a efectuar el proceso de consulta indígena prescrito en el Convenio N° 169 de la OIT en el proyecto de ley que se ocupará de la creación del servicio público forestal. No obstante, consultó por la exigencia de dicho proceso tanto respecto de la presente iniciativa legal como de una posible prórroga del decreto ley N° 701, que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. En particular, apuntó, respecto del fomento para plantación de especies exóticas en zonas donde habitan pueblos originarios. La aplicación del convenio mencionado, sostuvo, debe constituirse en un estándar legislativo nacional de aplicación general, que obligue al Estado a desarrollar la institucionalidad necesaria para cumplir con dicho objetivo.

Finalmente, reiteró la consulta efectuada al señor Ministro del Medio Ambiente, sobre la relación de los instrumentos para la conservación de la biodiversidad, que se promueven en el proyecto de ley, con la protección de las reservas de la biósfera, ya que, recordó, Chile también ha suscrito compromisos internacionales en la materia.

El Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, respondió a las inquietudes planteadas por los Honorables Senadores, señalando en primer término, que el Ministerio comparte la necesidad de desarrollar un cuerpo de guardaparques especializados de carácter profesional. Con dicho objeto, sostuvo, aspiran a fortalecer la dotación de guardaparques incrementando el presupuesto para el año 2015.

Sobre la coordinación entre los ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura para la tramitación legislativa del actual proyecto de ley, manifestó su disposición a colaborar, ya sea directamente o por intermedio del equipo de asesores del Ministerio, en la forma que Sus Señorías lo estimen pertinente, bien sea discutiendo la iniciativa legal en las Comisiones de Medio Ambiente y Agricultura, o bien radicando el debate sólo en la Comisión de Medio Ambiente.

Además, señaló que la presentación de la iniciativa en estudio es consecuencia de una labor desarrollada en conjunto por ambos ministerios, sobre la base de un diálogo técnico fluido cuyo objetivo principal fue evitar la duplicidad de funciones.

En cuanto a la necesidad de someter el presente proyecto de ley a un proceso previo de consulta indígena conforme al Convenio N° 169 de la OIT, advirtió que la opinión favorable del Ministerio de Agricultura de someter a dicho proceso la futura iniciativa legal que creará el Servicio Público Forestal, se basa en el análisis jurídico efectuado por los equipos técnicos del Ministerio y de CONAF. En tal sentido, manifestó carecer de una opinión formada al respecto sobre el proyecto en discusión, ya que dicha afirmación requeriría un examen jurídico específico.

Respecto a la necesidad de someter también a un proceso de consulta la posible prórroga del decreto ley N° 701, declaró que una eventual extensión de la vigencia del decreto que fomenta la forestación requiere una evaluación exhaustiva de continuidad, ello, luego que el Tribunal Constitucional determinara la imposibilidad de introducir cambios en los instrumentos de fomento mientras no exista un servicio público forestal, restringiendo la potencial prórroga a un máximo de dos años.

Al respecto, mencionó que el Ministerio ha iniciado un proceso de evaluación donde se discute la conveniencia entre prorrogar el decreto de ley mencionado o promover la creación del servicio público forestal, debate que aún no arriba a una definición concluyente, por cuanto una posible prórroga de los incentivos forestales sería aplicable sólo el próximo año, abriendo el escenario para enfrentar la creación de un organismo público habilitado para definir con más precisión y focalización los instrumentos de fomento productivo, con una especial diferenciación en el trato al bosque nativo. Ahora bien, en caso de promoverse una prórroga del decreto ley N° 701, concluyó, el Ministerio de Agricultura no es de la opinión de someter dicha extensión a un proceso de consulta indígena.

La Honorable Senadora señora Allende también se refirió a la coordinación entre los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, en particular, a la futura creación de un servicio público forestal, iniciativa legal que, insistió, debiera someterse al debate legislativo en paralelo a la discusión del proyecto de ley en estudio, pues no observa la necesidad de acelerar un proceso legislativo que impide obtener una mirada amplia de la conservación de la biodiversidad y el servicio público forestal.

En la misma línea, destacó la necesidad de evitar la duplicidad de funciones entre los distintos servicios públicos que se relacionarán con el resguardo de las áreas protegidas, como también la existencia de un comité consultivo eminentemente especializado, cuya labor sea enfocada a respaldar técnicamente las decisiones del nuevo servicio.

Asimismo, reiteró la preocupación de crear expectativas en la comunidad nacional que luego sean imposibles de asumir por los nuevos organismos públicos, por ello instó al Ejecutivo a identificar los temas prioritarios en materia de biodiversidad.

Sin ánimo de mostrarse reiterativa, abogó nuevamente por la situación laboral de los trabajadores de CONAF. En este sentido, concordó con los Honorables Senadores que ya han manifestado su preocupación por el tema, en cuanto a la necesidad de fortalecer los servicios de guardaparques, tanto en financiamiento, infraestructura, capacitación y personal.

En materia de consulta indígena, manifestó su acuerdo con someter a dicho proceso tanto la iniciativa legal que abordará la creación del servicio público forestal como el presente proyecto de ley. En ese orden, consultó al señor Ministro por el mecanismo que empleará el Ministerio de Agricultura para efectuar la consulta a los pueblos originarios, ya que mostró inquietud por la falta de una reglamentación definida y aceptada por las comunidades indígenas, hecho que genera lentitud en la tramitación de los proyectos de ley y postergación de la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT.

El Honorable Senador señor Espina previno que el Convenio N° 169 de la OIT puede observarse bajo dos prismas: la mirada desde las oficinas públicas y la visión en terreno donde habitan las comunidades de pueblos originarios.

La aplicación práctica ha generado múltiples dificultades asociadas a regulaciones elaboradas en distintos ministerios u organismos públicos, que han sido desconocidas por las comunidades indígenas, principalmente, porque alegan no haber sido consultados al respecto. Así, durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet se reguló por un decreto el procedimiento de consulta indígena, que luego fue derogado. Posteriormente, en la administración del Presidente Piñera se expidió el decreto supremo N° 66, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobaba el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, sin embargo, quedaron temas por resolver, como el concepto de afectación directa.

Dicha dificultad, sostuvo, obliga a determinar con responsabilidad los proyectos de ley que se someterán al proceso de consulta, de otra manera la deficiente aplicación del convenio se convertirá en una traba burocrática que paralizará los proyectos de inversión en la Región de la Araucanía, con el consiguiente grado de empobrecimiento que ello conlleva, objetivo totalmente contrario al instrumento internacional.

Localidades como Melipeuco, Collipulli, Ercilla, Traiguén, Lumaco, Los Sauces, Temucuicui, Ercilla o Pidima, sufren a diario el efecto negativo de la aplicación práctica del convenio ideada en una oficina de la capital del país. Por ello, enfatizó, sin desconocer el respeto a los derechos de los pueblos originarios, pidió reflexionar responsablemente sobre la aplicación de la consulta indígena, en especial en la Región de la Araucanía, zona predominantemente agrícola, para determinar con precisión cuándo, qué y cómo consultar a los pueblos originarios, evitando así consultar menos de lo requerido ni más de lo debido.

Muchas veces, continuó, las comunidades se manifiestan a favor de un determinado proyecto de inversión, cuyos resultados son beneficios para los habitantes del sector, han sido dialogados previamente con la comunidad, pero finalmente, se paralizan.

Como representante de una Región con alto índice de habitantes de etnia mapuche, reconoce y respalda las aspiraciones legítimas de las comunidades, porque en dicha zona existen más de 3.000 que ejercen sus derechos dentro del marco legal, y no sólo las 30 o 40 que resaltan públicamente. Por la misma razón, reiteró la inquietud que le provoca una aplicación incorrecta del convenio, ante lo cual instó al Ejecutivo a fijar criteriosamente la aplicación de la convención internacional.

Un segundo punto por el cual llamó la atención, se refiere a las posibles tensiones o controversias que pudiere generar un proyecto de ley como el que se discute entre dos ministerios que persiguen, legítimamente, objetivos diferentes. Por un lado, aseguró, el rol fundamental del Ministerio del Medio Ambiente es velar por la protección del medio ambiente y fomentar el desarrollo sustentable del país; por otro, el Ministerio de Agricultura debe ocuparse del desarrollo agrícola nacional, con un carácter mayoritariamente productivo. Entonces, ¿cómo compatibilizar el adecuado equilibrio entre políticas de prevención, conservación y reparación ambiental con el fomento de actividades productivas?

Concretamente, consultó al señor Ministro por las materias del proyecto de ley en análisis, que resultarían más sensibles para el desarrollo agrícola nacional, en particular, las áreas que podrían afectar a la pequeña y mediana agricultura.

El Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, se refirió a la solicitud de tramitar conjuntamente el presente proyecto de ley con la iniciativa legal que crea el Servicio Público Forestal. Al respecto, declaró que el Ministerio comparte la idea planteada por los Honorables Senadores, no con el ánimo de paralizar la actual tramitación legislativa, sino más bien avanzar, hasta confluir en el debate de ambos proyectos. Actualmente, agregó, el Director Nacional de CONAF dirige el proceso de consulta con los trabajadores de la Corporación para recoger las sugerencias, opiniones y comentarios sobre el nuevo servicio público forestal. Para tal cometido, señaló, la matriz del nuevo organismo público comprende facultades para fiscalizar el desarrollo forestal de plantaciones exóticas y bosques nativos; incentivar el fomento productivo; desarrollar estudios, evaluaciones y propuestas de políticas y estrategias para el desarrollo forestal de Chile; y reforzar las capacidades de prevención, ataque temprano y manejo del fuego. Dicho debate debiera extenderse al sector privado, organizaciones de productores y comunidades indígenas.

Un segundo eje de esta discusión, informó, es el diálogo con los sindicatos de trabajadores de CONAF por los derechos laborales de los funcionarios de la Corporación. En las reuniones sostenidas, subrayó, se ha comprometido la estabilidad laboral de los trabajadores, para lo cual será fundamental el diálogo con la DIPRES. Reiteró que el plazo para la presentación de dicha iniciativa legal se ha estimado en 90 días.

Sobre la consulta indígena, compartió la reflexión del Honorable Senador señor Espina, en cuanto a ser responsables técnica y políticamente en la realización de dicho proceso. El Ministerio, y en particular CONAF, concibe el proceso de consulta como un mecanismo de participación y no como un instrumento para dificultar los proyectos de inversión, acumulando vasta experiencia debido a los procesos de consulta indígena efectuados con ocasión de la prórroga del decreto ley N° 701 y la ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

En cuanto a la compatibilización del objetivo conservativo del Ministerio del Medio Ambiente y productivo del Ministerio de Agricultura, manifestó que el presente proyecto de ley se debatió técnica y políticamente por más tres meses entre ambos ministerios antes de ser presentado al Senado. Durante dicha discusión, surgieron opiniones diferentes que fueron mayoritariamente resueltas, no obstante, identificó tres materias donde el Ministerio de Agricultura puso mayor énfasis: control de residuos y autorización de plaguicidas, atribución que a juicio del Ministerio debía seguir radicada en el SAG, como en definitiva lo expresa el proyecto de ley; manejo, conservación y mejoramiento de las condiciones de suelo productivo, facultad que continúa bajo la administración de la Cartera de Estado; y manejo del agua como recurso productivo, labor del Ministerio, que ejerce funciones no exclusivas por intermedio de la Comisión Nacional de Riego, atribución que mantiene bajo su esfera.

A su juicio, los principales temas entre ambos ministerios están resueltos adecuadamente, aunque sugirió el establecimiento de mecanismos eficientes de coordinación que permitan una resolución colectiva de los asuntos que pudieren surgir en eventuales zonas grises de administración; no recomendó por ningún motivo resolver unilateralmente el conflicto.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia un desarrollo productivo sectorial más sustentable ambiental y socialmente, si bien el Ministerio de Agricultura se inserta en el área económica productiva del Estado, debe elevar los índices de sustentabilidad en el ejercicio de sus funciones públicas.

Asimismo, se comprometió a efectuar de la manera más eficiente y expedita el proceso de consulta indígena en el proyecto de ley que crea el Servicio Público Forestal, de modo de no constituirse en una traba para las políticas de fomento productivo tanto en la Región de la Araucanía como a nivel nacional.

El Honorable Senador señor De Urresti se mostró en desacuerdo con lo señalado por el Honorable Senador señor Espina, pues, a su juicio, no haber cumplido con los estándares nacionales e internacionales en materia de respeto a los derechos de los pueblos originarios ha generado la situación de conflicto que afecta a la sociedad chilena. En ese sentido, manifestó preferencia por desarrollar un proceso legislativo más extenso que permita abrir espacios de solución a cuestiones sociales tan complejas como la relación del Estado de Chile con sus pueblos originarios.

Por tal motivo, declaró observar en la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, suscrito por Chile, una oportunidad para adscribir a dichos estándares internacionales, planteando el desafío de asumir la capacidad de crear un mecanismo de consulta indígena participativo y armónico. Es un proceso de aprendizaje, alegó, que Chile ya ha experimentado con motivo de la implementación de nuevos regímenes, como la creación del sistema de evaluación ambiental a principios de los años 90, cuando existía temor por la posible paralización de los proyectos de inversión.

Manifestó entender la posición del Honorable Senador, en especial, el deber como representantes de la comunidad, de buscar como propósito común la solución al conflicto social y la erradicación de la pobreza, pero con el mismo respeto, sostuvo, corresponde reconocer el largo período que la sociedad chilena ha ignorado a sus pueblos originarios, razón por la cual estimó que la aplicación del citado convenio ayudará a superar dicha etapa histórica para transitar a una sociedad más cohesionada. Además, el cumplimiento de pautas más exigentes permitirá a Chile evitar la existencia de verdaderos desiertos verdes como son las plantaciones forestales de especies exóticas, en zonas donde habitan principalmente comunidades indígenas, cuyo desarrollo industrial, paradojalmente, ha empobrecido gran parte de las comunas de las Provincias de Arauco y Malleco.

Refiriéndose a otro tema, consultó al señor Ministro su opinión sobre la posibilidad de desafectar un área protegida mediante un decreto, y no por una ley, como lo sostuvo el Ministerio del Medio Ambiente en una sesión pasada. Asimismo, preguntó por el futuro del personal que actualmente se desempeña en la Unidad de Fauna Silvestre del SAG, en particular, si serán traspasados a la nueva institucionalidad o se coordinará con el futuro servicio de biodiversidad.

Finalmente, preguntó por el presupuesto disponible para cumplir los compromisos laborales e indemnizatorios asumidos con los trabajadores de CONAF.

La Honorable Senadora señora Allende valoró el debate surgido entre los Honorables Senadores por la importancia de las reflexiones que aluden al Convenio N° 169 de la OIT, tales planteamientos serán de utilidad al momento de definir la aplicación de dicho instrumento internacional. Al mismo tiempo, invitó a Sus Señorías a detenerse en los aspectos fundamentales del proyecto de ley en estudio, para así avanzar en su tramitación.

El Honorable Senador señor Espina declaró entender que un tema tan complejo como la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT no puede ser debatido en pocas sesiones, pero es un diálogo que enriquece el debate de cómo construir el futuro del país. Como Senador de la Región de la Araucanía, afirmó conocer la deuda histórica de Chile con el pueblo mapuche, en especial la disputa por los títulos de merced otorgados a fines del siglo XIX y principios del XX, así como la irresponsabilidad del Estado al entregar idénticos títulos de dominio a agricultores de la zona, sin mencionar las irregularidades cometidas tanto en la entrega de terrenos como en la enajenación posterior de los mismos.

El problema, argumentó, surge al discutir este tipo de iniciativas legales porque tanto el Ejecutivo como el Parlamento deben ser responsables en la aplicación de instrumentos internacionales como el convenio citado. Si bien se mostró partidario de los mecanismos de participación en general, no sólo de la consulta indígena, insistió en la necesidad de asumir, tal como lo señaló el señor Ministro, con responsabilidad social y política tanto la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT como los instrumentos de gestión ambiental. Lo importante, puntualizó, es no asumir posiciones extremas que puedan significar o un desarrollo a cualquier costo o una inmovilidad de los proyectos de inversión.

El Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche, antes de responder las consultas de los Honorables Senadores, se refirió al debate suscitado por la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, reiterando la idea de avanzar hacia un desarrollo agropecuario y silvícola más sustentable social, económico y ambientalmente, aspecto que exige articular un trabajo recíproco entre los ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura.

Por otra parte, aludió a la consulta sobre el futuro de los funcionarios del SAG pertenecientes a la Unidad de Fauna Silvestre, respondiendo que dicho personal mantendrá tal cual las funciones que actualmente ejerce bajo la Dirección de Protección de Recursos Naturales, como lo expresa el proyecto de ley en estudio.

Ahora, en cuanto a los trabajadores de CONAF, insistió en tres pilares básicos para estructurar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Servicio Público Forestal. Primero, trato igualitario tanto a los trabajadores que serán traspasados al nuevo organismo público como para quienes permanecerán bajo el alero de CONAF; segundo, estabilidad laboral para ambos grupos de trabajadores, ya sea mediante la creación de plantas de personal sujetas a las normas de la administración del Estado, o bien, vinculados a los servicios públicos por un contrato regido por el Código del Trabajo; y tercero, pleno respeto de los derechos adquiridos como trabajadores, en particular, en materia de indemnizaciones. El proceso para definir cada tema ha sido dirigido por el Director de CONAF, quien ha mantenido un diálogo abierto y permanente con los sindicatos y trabajadores de la Corporación.

Luego, tomó la palabra el Director de CONAF, señor Aarón Cavieres, quien expuso que la Corporación se ha negado sistemáticamente a la desafectación de áreas protegidas, principalmente por una razón fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado SNASPE. Cuando nace la idea de proteger áreas silvestres, explicó, la CONAF administraba un grupo extenso de áreas protegidas, momento en que se tomó la decisión de migrar a un sistema de protección más efectivo mediante la selección de zonas específicas que representaran ampliamente la biodiversidad nacional, ello sobre la base de un trabajo científico de largo plazo que identificara los ecosistemas domésticos que simbolizaban el patrimonio natural de Chile. Así se crea el SNASPE, concebido como un conjunto de áreas donde se cautelan determinados ecosistemas nacionales, motivo por el cual es de suma relevancia mantener la protección de dichas áreas y no desafectarlas porque esa biodiversidad no se ha resguardado en otro sitio del país. El caso más representativo de la acción decidida de CONAF en esta materia, apuntó, ha sido la defensa del Parque Nacional Lauca, el cual ha tratado de ser desafectado en más de una oportunidad.

Otro punto de vista con relación al tema de desafectación de áreas protegidas, resaltó, es el estándar internacional establecido para la protección de la biodiversidad en los diversos instrumentos suscritos por Chile, que obliga a proteger, al menos, el 10% de cada ecosistema. Si bien el país refleja un elevado índice de protección, aseguró, éste se concentra altamente en las zonas norte y austral del país, pero, lamentablemente, entre las Regiones de Coquimbo y Biobío sólo el 1% de los ecosistemas se han resguardados, por ello, desafectar áreas protegidas en esta zona del país es doblemente grave.

Para ilustrar el punto, comparó la situación de la desafectación de áreas protegidas con eliminar la calidad de monumento histórico nacional a ciertas edificaciones, como sería solicitar la desafectación de la Iglesia San Francisco en Santiago para expandir la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins; claramente, concluyó, no podría haber acuerdo sobre dicha petición.

El Honorable Senador señor De Urresti compartió la visión entregada por el señor Director, sin embargo, insistió en la consulta por la herramienta legal aplicada para desafectar un área protegida, ¿puede ser indistintamente una ley o un decreto?

El Director de CONAF, señor Aarón Cavieres, indicó que a la fecha la desafectación ha seguido las exigencias establecidas en la Convención de Washington, haciendo uso de las potestades allí definidas, pero otro tema es la facultad otorgada por el presente proyecto de ley para desafectar un área protegida mediante un decreto. La Corporación, enfatizó, se inclina siempre por la no desafectación de un área protegida.

Respecto a la relación de las reservas de la biósfera con las áreas protegidas, aclaró que dicha zona corresponde más a un área de amortiguación ubicada alrededor de un área protegida para evitar en ella el impacto de la actividad externa, aun cuando no se ajusta estrictamente a una zona de amortiguación de un área protegida porque es más bien un modelo de sustentabilidad en el uso del territorio.

El Honorable Senador señor Espina solicitó al señor Ministro definir la estructuración del personal tanto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como del Servicio Público Forestal. En su opinión, la labor desempeñada por los trabajadores de CONAF en la protección de las áreas silvestres es trascendental para resguardar la biodiversidad del país, por consiguiente, estimó que el mecanismo más adecuado para vincular al personal de ambos servicios es la creación de una planta de funcionarios sujetos al régimen de las normas de derecho público.

Sobre el punto, reconoció que la solución de delegar en el Presidente de la República la facultad de dictar un decreto con fuerza de ley para crear la planta de funcionarios de un nuevo servicio, fue ideada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado mientras era integrante, aunque aclaró que fue planteada para un caso específico porque siempre se tuvo presente el posible cuestionamiento de constitucionalidad, ya que es el Parlamento el llamado a legislar sobre la materia. Por tal razón, planteó la posibilidad de discutir los aspectos específicos de la creación de la planta de personal, con el objeto de asegurar un número suficiente de funcionarios y de disponibilidad presupuestaria para el nuevo servicio.

La Honorable Senadora señora Allende concordó con el Honorable Senador que la antecedió en el uso de la palabra, respecto al uso de la facultad delegada para la creación de la planta de personal de nuevos servicios públicos, mecanismo que ha suscitado en más de una ocasión el temor de inestabilidad de los funcionarios involucrados.

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En sesión efectuada el 5 de agosto de 2014, se recibió la opinión de la Fundación Terram Chile, y de la entidad denominada “Así Conserva Chile A.G.”.

La Directora Ejecutiva de Fundación Terram, señora Flavia Liberona, expuso que la fundación que dirige es una organización de la sociedad civil que nace en 1997, cuyo trabajo se orienta a efectuar análisis crítico en temáticas ambientales y proponer políticas públicas sobre la materia. La entidad goza de experiencia en institucionalidad ambiental, justicia ambiental, energía, salmonicultura, cambio climático, minería, biodiversidad, silvicultura, entre otros temas. Igualmente, indicó, desde el año 2008 han trabajado activamente en la reforma a la institucionalidad ambiental, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, quedando pendiente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que actualmente se discute.

Para contextualizar, recordó que el año 2005 la OCDE recomendó en el Informe sobre Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile complementar y ejecutar en su totalidad los planes de acción y estrategias de diversidad biológica nacional y regional, asignando los recursos apropiados para el cometido; revisar los acuerdos institucionales y legislativos para el manejo de la naturaleza y la diversidad biológica; y desarrollar una visión estratégica de los roles complementarios de las áreas protegidas estatales y privadas con el fin de lograr una red coherente de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos.

Además, el organismo sugirió incrementar los esfuerzos financieros para satisfacer el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos en Chile (incluidas áreas costeras y marinas), fomentando, a su vez, las actividades para la aplicación de la legislación relacionada con la naturaleza; establecer una iniciativa coordinada de organismos estatales e instituciones académicas para construir una base de conocimientos científicos necesaria para el manejo de la naturaleza (incluida la elaboración de un catálogo de especies vivas); acelerar el avance hacia el establecimiento de un sistema eficaz de ordenamiento territorial que sea capaz de incorporar los valores de la diversidad biológica; e identificar y usar mecanismos adicionales, incluidos los instrumentos económicos, para crear oportunidades en políticas de turismo y naturaleza de beneficio mutuo.

En Chile, señaló el informe, no existe una ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante metas prioritarias de los organismos relevantes. La próxima evaluación de desempeño ambiental que elaborará la OCDE se iniciará el año 2015, y los avances nacionales en diez años, lamentó, son insuficientes.

Como parte de la historia reciente, agregó, el año 2005 la entonces candidata a la Presidencia de la República, señora Michelle Bachelet, suscribió un acuerdo con las organizaciones ambientales denominado “Acuerdo de Chagual: 10 compromisos para la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional”.

Uno de los compromisos adquiridos, recordó, era establecer un Servicio Nacional de Parques Nacionales que asumiera la administración de las áreas protegidas públicas y apoyara la articulación de las áreas protegidas privadas. El Programa de Gobierno para el período presidencial 2006-2010 complementaba la medida con el desarrollo de un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza, que incluiría medidas de orden institucional y legal. Lamentablemente, ninguna de las medidas mencionadas fue cumplida.

Luego, continuó, el Programa de Gobierno para el período presidencial 2014-2018, incluía como medida N° 31 de los 100 primeros días: enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que permitirá ampliar el cuidado de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. Este compromiso, valoró, sí fue cumplido, constituyéndose en una enorme oportunidad para discutir los conceptos asociados a conservación y protección de la biodiversidad.

Por su parte, añadió, el Programa de Gobierno para el período presidencial 2010-2014 presentado por el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, ambiciosamente señalaba, que se instauraría un Servicio de Parques y Biodiversidad, mediante el cual se pondría en marcha una verdadera política para la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. Dicha institución, reseñaba el documento, fomentaría la creación y mantención de las áreas protegidas estatales y privadas, tanto terrestres como marinas, con el fin de lograr una red coherente de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores ecológicos. Asimismo, indicaba que incentivaría la incorporación de privados por medio de beneficios tributarios para la conservación de áreas silvestres protegidas privadas, similares a las leyes de donaciones existente. Además, completaba, se perfeccionarían los mecanismos actuales en la Ley de Bosque Nativo, para fomentar la recuperación de los bosques degradados, con especial énfasis en pequeños y medianos propietarios de suelos forestales. En enero de 2011, recordó, la administración anterior envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín N° 7487-12), cuyo trámite terminó sin sanción legislativa, pese al trabajo de la comisión técnica que se formó al efecto.

Expresó que el problema radica en que la Constitución Política de la República, artículo 19 N° 8, establece como deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza, y tal como señala el informe de la OCDE, Chile no tiene una ley que asegure dicha protección. Las funciones de conservación de la biodiversidad, declaró, se diluyen en la competencia de diversos servicios públicos, en su mayoría ministerios, cuya labor principal es el fomento productivo, siendo de carácter secundario las tareas de conservación. Por ello, sostuvo, desde el punto de vista institucional, dichas carteras de Estado prefieren el desarrollo de proyectos productivos tradicionales, basados en la extracción de recursos naturales, sin el debido resguardo de la naturaleza. Además, pese a ratificar Chile el Convenio sobre la Diversidad Biológica CBD, no ha ratificado dos importantes protocolos que complementan dicha Convención: el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, el cual ni siquiera ha sido suscrito.

Luego, se refirió a la noción de biodiversidad o diversidad biológica, la que sintetizó como la variedad de la vida. Es un concepto reciente que incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones donde se ubican los ecosistemas. Incluye también, los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. En términos simples: naturaleza. La complejidad que agrega el concepto de biodiversidad, especificó, se refiere no sólo a los espacios naturales sin intervención, como comúnmente se concibe el concepto de naturaleza, sino a todos los sistemas naturales, sociales y culturales.

El informe 2000-2001, del World Resources Institute (WRI) financiado por el Banco Mundial, acotó, estableció que en el mundo entero las economías nacionales se basan en bienes y servicios derivados de los ecosistemas. La vida humana depende de la capacidad que tengan tales ecosistemas para continuar proporcionando sus múltiples beneficios. Tanto en países ricos como pobres, indicó, las prioridades del desarrollo se han centrado en los productos extraídos de los ecosistemas, sin considerar el impacto de nuestro actuar, es decir, las economías se han dirigido como si los recursos naturales fueran ilimitados. La idea del proyecto de ley es reconocer la importancia de la biodiversidad, con el objeto de resguardar, valorar y compatibilizar el patrimonio natural con la actividad productiva nacional.

Desde el siglo XVII, afirmó, se ha registrado la extinción de 717 especies animales y 87 especies vegetales. Actualmente, más de 17.000 plantas y animales corren el mismo peligro, de acuerdo a la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La pérdida y deterioro de hábitats, aseguró, es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar bosques, matorrales, pastizales, lagunas y arrecifes en sistemas silvoagropecuarios, centros de cultivo acuícolas, represas, carreteras y zonas urbanas se destruye el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es total, pero se origina un deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta tanto a las especies como a los bienes y servicios que se obtienen de la naturaleza.

Si bien el mundo científico discute hoy por la cantidad de reinos existente en la naturaleza, declaró que por lo menos se pueden reconocer cinco: reino animal, vertebrados e invertebrados; reino planta, musgos, helechos, coníferas y plantas con flores; reino Fungi, hongos; reino protista, eucariontes, algas y hongos unicelulares; y el reino Monera, bacterias. Usar conceptos actualizados sobre biodiversidad permite comprender la complejidad de la iniciativa legal en estudio, así, entender que el origen de la vida en la Tierra sucedió hace 4.000 millones años, mientras que la aparición de los primeros seres humanos ocurrió hace tan sólo 200.000 años, obliga a reflexionar sobre la desaparición de cada forma de vida, ya que se pierde una historia y complejidad inmensa asociada a ella. Desde ese punto de vista, apuntó, es sumamente relevante buscar acuerdos a nivel nacional con el fin de definir los resguardos necesarios para asegurar la existencia de la vida natural, más todavía si se considera la directa relación de la biodiversidad con la vida humana. En Chile, ejemplificó, existen especies tan antiguas como el Alerce, cuya presencia en la Tierra se estima en 3.000 a 4.000 años, así como la Llareta y la Ballena Azul.

En opinión de la Fundación Terram, el presente proyecto de ley debería crear un servicio público que reúna competencias actualmente dispersas; generar un marco normativo para tutelar efectivamente la preservación de la naturaleza, cuyo propósito sea proteger bienes comunes, como el patrimonio natural, con rango de ley orgánica constitucional; respetar los convenios y tratados internacionales sobre la materia suscritos por Chile; organizar un sistema público de información para la decisión de políticas públicas y elaboración de presupuestos sobre biodiversidad; constituir un sistema de áreas protegidas públicas y privadas, tanto terrestres, marinas y acuáticas; y fomentar la valoración de la naturaleza e incentivar espacios de participación ciudadana.

La iniciativa legal, agregó, también debe regular temas complejos, pues pese a no constituir una cuestión de política contingente, es de suma importancia para el país. Así, materias como el resguardo de bienes comunes, la confluencia de aspectos científico-técnicos con regulaciones nacionales e internacionales, el resguardo futuro de la biodiversidad, cuya influencia en la vida humana es casi absoluta (alimentación, medicamentos, vestuario, descanso, recreación, valores culturales, espirituales, etc.), la adaptación al cambio climático y conservación de aguas, no son indiferentes a ningún ámbito del acontecer nacional.

Insistió en la importancia de la biodiversidad porque referirse a dicho concepto comprende la obtención de productos provenientes de los ecosistemas, como alimentos, agua dulce, leña, fibras, bioquímicos o recursos genéticos. Asimismo, la regulación de procesos ecosistémicos produce enormes beneficios, entre ellos: regulación climática y de enfermedades, purificación del agua, regulación de inundaciones y polinización. De igual modo, se obtienen de los ecosistemas beneficios inmateriales, como servicios educacionales, recreacionales y de turismo, espirituales y religiosos, estéticos y de patrimonio cultural.

En materia de biodiversidad, reparó que en Chile alrededor de 33.000 especies no han sido revisadas ni clasificadas, correspondiendo a un 97% de las especies descritas a nivel nacional, incluso más, diez animales chilenos se encuentran amenazados de extinción: zorro chilote, gato andino, huemul, taruca, canquén colorado, gaviotín chico, tricahue, picaflor de Arica, picaflor de Juan Fernández, y rayadito de más afuera.

Más adelante, se refirió a los aspectos generales del presente proyecto de ley, señalando que es una oportunidad para discutir sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza, no obstante, observó que la iniciativa legal en estudio debió ser sometida a un proceso previo de consulta indígena, conforme al Convenio N° 169 de la OIT, ya que involucra territorios ocupados por pueblos originarios.

El órgano colegiado responsable de resolver los asuntos sobre conservación de la biodiversidad, añadió, será el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, cuya integración se compone preferentemente de ministerios de fomento productivo, aspecto al que históricamente la fundación se ha opuesto, pues en su opinión, el Ministerio del Medio Ambiente debiera asumir un rol con mayor incidencia política, sin resultar supeditado a la decisión de secretarías de Estado cuyo fin es el desarrollo productivo, y no la conservación de la naturaleza. El proyecto de ley, acotó, tampoco contempla la dimensión genética ni se vincula con aspectos relacionados al cambio climático y la conservación de aguas, proponiendo incorporar un artículo transitorio que comprometa legislar sobre la materia en un plazo razonable.

Luego, aludió a la posible vulneración de la Convención de Washington, declarando que el presente proyecto de ley transgrede el convenio internacional vigente, que en su artículo III prescribe que los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. Pues bien, argumentó, los artículos 24, 25 y 26 de la iniciativa legal en discusión establecen un procedimiento que implica una infracción a la Convención, toda vez que permite la creación y desafectación de áreas protegidas por medio de la dictación de un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, y no por una ley, como obliga el instrumento internacional. El espíritu de la convención, aseveró, es otorgar facilidad para la creación de áreas protegidas y dificultad para la desafectación.

A continuación, se refirió de un modo general al contenido del proyecto de ley, exponiendo que los principios generales y definiciones, establecidos en el Título I, debieran ser revisados conforme al derecho internacional vigente. Asimismo, sugirió incorporar y/o perfeccionar definiciones como conservación, especie endémica, especie invasora, hábitat, preservación y restauración. Respecto al Título II, señaló que se requiere dotar de mayor autonomía al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en particular, sobre las definiciones técnicas que debiera asumir el futuro organismo, las que no debieran someterse a las decisiones políticas del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; así también, se necesita incorporar mecanismos de participación ciudadana y educación.

En cuanto al Título III, observó la necesidad de revisar las categorías de áreas protegidas definidas en el artículo 13, puesto que los tipos de áreas protegidas sometidas al estudio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debieran coincidir con las zonas que reconoce el presente proyecto de ley. Ya durante la administración anterior, advirtió, las categorías de protección sometidas al proceso de evaluación ambiental fueron reducidas de quince a once, y la actual iniciativa las reduce aún más, dejando sólo nueve tipos. Para la definición de áreas protegidas, indicó, se deben seguir los conceptos establecidos en los convenios internacionales sobre el particular, suscritos por Chile. Igualmente, expresó, se deben incorporar los bienes nacionales protegidos y los sitios prioritarios para la conservación. Además, si bien reconoció los avances respecto al proyecto de ley anterior en materia de concesiones, instó a otorgar dichas autorizaciones fuera de las áreas protegidas, en especial, en las zonas denominadas de amortiguación. También se requiere de un presupuesto adecuado para gestionar áreas protegidas, ya que actualmente sólo se destinan USD 1,5 por hectárea, mientras que países como Costa Rica gastan hasta USD 18 por hectárea.

Finalmente, sobre el Título IV, señaló la necesidad de incorporar otros instrumentos de conservación como paisajes de conservación, reservas de la biosfera, conservación ex situ, que incluyan jardines botánicos, zoológicos, centros de rehabilitación de fauna y bancos de semillas; y de crear un instituto de investigación nacional de carácter público, que genere la información para definir las políticas públicas más adecuadas en materia de biodiversidad.

A continuación, expuso la Presidenta de Así Conserva Chile A.G., señora Mariela Núñez, quien antes de dar inicio a su presentación, manifestó valorar el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo, de presentar un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Enseguida, explicó que el mundo actual se desenvuelve en un escenario de cambio global, denominado por ciertos científicos como Período Antropoceno, debido al enorme impacto de la actividad humana en los ecosistemas. Dicho período abarcaría desde la Revolución Industrial hasta hoy. Tal escenario, afirmó, ha generado uno de los mayores efectos del cambio global: el cambio de uso de suelo, y como consecuencia, la pérdida sostenida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Los componentes de la biodiversidad, detalló, comprenden jerárquicamente desde el nivel genético hasta los ecosistemas, incluyendo individuos, poblaciones y comunidades. Cada elemento de la biodiversidad desarrolla funciones dentro de la naturaleza, originando procesos de formación de suelo, regulación atmosférica y purificación de agua.

Internacionalmente se ha reconocido como concepto de ecosistema, la unidad espacialmente explícita de la Tierra, que incluye a todos los organismos, incluso el ser humano, junto con todos los componentes del medio abiótico, quienes interactúan como un sistema dentro de sus límites. Los humanos interactúan con componentes físicos y químicos, como el suelo, el agua y el aire. El buen funcionamiento de la biosfera determina el bienestar humano.

Los ecosistemas pueden ser considerados a diferentes escalas, declaró, así la Tierra, una cuenca o un bosque, son ecosistemas conforme a la unidad espacial donde se trabaja. A nivel mundial, acotó, la unidad utilizada es la cuenca, espacio geográfico que permite el reconocimiento de límites donde identificar los ecosistemas, evaluar los servicios ecosistémicos y gestionar la biodiversidad. La situación actual de las cuencas demuestra una pérdida de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, erosión, desertificación y deterioro de cantidad y calidad de los recursos hídricos. El ideal, manifestó, es lograr una situación donde cohabiten territorios con uso múltiple de suelo, desde la agricultura a los sistemas urbanos, por medio de la gestión integrada de cuencas.

Buena parte de los problemas ambientales y de uso del territorio en las cuencas, aseguró, se deben a la carencia de una discusión participativa liderada por el Estado para construir una visión de futuro, donde los diferentes actores coordinados asuman decisiones y articulen las acciones a seguir.

Las actividades humanas, insistió, afectan todos los ecosistemas. El cambio de uso de suelo es el principal agente de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, motivo por el cual es esencial manejar todos los ecosistemas, desde el más antropogénico hasta el más natural y prístino. La decisión de no actuar determina el destino de un ecosistema, pues los seres humanos provocan los cambios más importantes en biodiversidad, por ello la sociedad debe asumir una responsabilidad ética en la gestión de los ecosistemas y desarrollar buenas prácticas de manejo.

Agregó que la gestión de los ecosistemas considera el manejo sustentable, incorporando buenas prácticas, flujo sostenible de servicios ecosistémicos, evitando la administración de los servicios para un sólo producto, como la plantación forestal de una sola especie (eucaliptus). Además, se debe reconocer e incorporar interacciones entre procesos biogeoquímicos y sociales, incluyendo al hombre como un componente integral de los ecosistemas.

La definición de sustentabilidad, añadió, supone el uso de recursos naturales para satisfacer las necesidades de la sociedad sin comprometer la provisión para futuras generaciones, considerando los tres pilares fundamentales del desarrollo sustentable: el componente social, el componente económico y la conservación de la biodiversidad, cada uno en su justa medida.

En resumen, expresó, el ecosistema es un círculo donde el sistema biogeofísico – el planeta – provee servicios ecosistémicos, que a su vez influyen en la calidad de vida de los seres humanos, quienes al mismo tiempo desarrollan acciones y políticas que afectan nuevamente al sistema biogeofísico y la capacidad para producir servicios ecosistémicos, así, concluyó, cada acción del ser humano le afecta a sí mismo, más en el caso de Chile que basa su economía en la explotación de recursos naturales (industria forestal, salmonicultura y agrícola). Los pueblos originarios, acotó, reconocen la concepción de ecosistema recién descrita, pues la relación de las comunidades indígenas con la naturaleza es de dependencia, noción que la cultura occidental no ha asimilado.

La biodiversidad es un bien público y estratégico para la seguridad nacional, por ende, la ley que regule la conservación de la diversidad biológica debiera ser de rango orgánica constitucional. Asimismo, señaló que el Ministerio del Medio Ambiente debiera asumir una mayor gravitación política en conservación de la biodiversidad y planificación territorial, especialmente en el último ámbito, ya que actualmente no existe un organismo a nivel nacional que disponga la organización dentro del territorio, desaprovechando la maximización de los servicios ecosistémicos. La planificación territorial debe ser participativa, multisectorial, y desarrollarse tanto a nivel comunal, regional y nacional.

Igualmente, debiera existir en la administración pública un servicio de biodiversidad que implemente y ejecute las políticas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, desempeñando funciones tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Dicho organismo, apuntó, debiera dictar la políticas en materia de biodiversidad que rijan a los demás servicios relacionados con la administración o explotación de recursos naturales (CONAF, SAG, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), independiente del área a que pertenezcan tales servicios. También debiera crearse un servicio de áreas protegidas públicas, privadas y de pueblos originarios.

Por otro lado, sostuvo que la comunidad nacional por medio del manejo adaptativo, debiera ser capaz de manejar desde los ecosistemas menos intervenidos por el ser humano hasta los sistemas con mayor intervención, como los centros urbanos. El manejo de los ecosistemas, acotó, debe basarse en la investigación científica y el monitoreo permanente, afirmando que aunque el proyecto de ley desarrolla de buena forma tal aspecto, no aclara qué institucionalidad se encargará de la investigación científica. La iniciativa legal tampoco fomenta un programa de educación ambiental.

Los servicios ecosistémicos son fundamentales para el bienestar humano y las actividades productivas, así lo demuestra un estudio denominado "Valoración económica detallada de las áreas protegidas", elaborado en conjunto por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility, GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del Medio Ambiente, el año 2010, que valoró los servicios ecosistémicos nacionales en USD 34.149 millones.

Luego, se refirió específicamente a las áreas protegidas privadas en Chile, señalando que actualmente existen 308 iniciativas de conservación privada (ICP), que cubren una superficie total estimada de 1.651.916 hectáreas. De acuerdo a una encuesta socio-ecológica elaborada por la asociación gremial, se obtuvo información de 242 ICP (79%), equivalente a una superficie estimada de 1.248.890 hectáreas, donde el 25% se superponen con territorios de alto valor ecosistémico, como sitios Ramsar y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. La distribución nacional del número de iniciativas de conservación privada es liderada por la Región de Los Lagos, seguida por las Regiones de Los Ríos, Araucanía y Biobío.

En superficie abarcada por las ICP, en cambio, el listado también es encabezado por la Región de Los Lagos, pero es seguida por las Regiones de Magallanes y Atacama. Respecto a la distribución espacial en la zona centro de Chile, que corresponde al área nacional más perturbada y de mayor concentración de biodiversidad, la superficie de áreas protegidas privadas supera a las áreas protegidas públicas, así se puede observar tanto en las Regiones Metropolitana, del Maule y Biobío.

Por su parte, indicó, el 77% de las ICP posee menos de 1.000 hectáreas, y un 60% corresponde a propiedades de superficie menor a 200 hectáreas. En cuanto al tipo de propiedad de los inmuebles, un 53% corresponde a personas naturales, el resto se divide entre propiedades individuales de pueblos originarios, comunidades agrícolas, comunidades de pueblos originarios, corporaciones, fundaciones, sucesiones y sociedades. Aparte, el 83% de las áreas protegidas son administradas por los mismos propietarios y un 95% ha regularizado la propiedad del inmueble.

El 63% de las ICP, reparó, no cuenta con un instrumento de planificación para la conservación, principalmente, por razones de índole financiero, ya que el 34% administra un presupuesto operativo anual entre UF 50 y UF 500, más todavía, un 25% opera con menos de UF 50 anuales, es decir, una de cuatro áreas protegidas funciona con menos de $1.000.000 anual. Respecto a actividades generadoras de ingresos, apuntó, dominan las actividades turísticas de bajo impacto y las educativas o de capacitación, sin embargo, también se desarrollan otras actividades como explotación forestal de bosque nativo y de especies exóticas, agricultura, fruticultura, ganadería y desarrollo inmobiliario, así las ICP no sólo conservan, sino también realizan un uso sustentable de los recursos naturales habidos al interior de cada área protegida.

En dicho contexto, agregó, la CBD reconoce el valor de un único sistema internacional de clasificación para las áreas protegidas – sistema UICN – y el beneficio de ofrecer información que sea comparable entre los distintos países y regiones. Pues bien, alegó, la categoría VI, correspondiente a área protegida con uso sostenible de los recursos naturales no se menciona en el presente proyecto de ley, salvo las reservas marinas y áreas costeras y marinas de uso múltiple, como tampoco se reconoce la categoría VII del sistema, territorios de conservación de pueblos originarios; ambas clasificaciones, propuso, debieran incorporarse en las categorías definidas por la iniciativa legal en estudio.

Posteriormente, aludió a los incentivos monetarios y no monetarios que la organización aspira sean considerados tanto en el presente proyecto de ley como en modificaciones a disposiciones legales vigentes. Dentro de los incentivos, mencionó la protección ante posibles amenazas de las áreas protegidas, dado que los propietarios de áreas protegidas privadas incurren en un enorme esfuerzo económico para la conservación del área. La iniciativa legal regula la situación de los guardaparques de áreas protegidas públicas, sin referencia alguna a los trabajadores que desempeñan idéntica labor en áreas privadas, quienes también debieran revestir el carácter de ministros de fe.

Además, solicitó prioridad en el Fondo de la Biodiversidad para las actividades de conservación de las áreas privadas de protección, o bien, crear un fondo especial para dicho objetivo. Igualmente, pidió fomentar las actividades generadoras de ingresos, con la creación de una nueva categoría de protección de área protegida con uso sustentable de recursos naturales, que habilitaría al cobro por servicios ambientales.

Con respecto al Código de Aguas, la conservación de la biodiversidad debiera ser considerada como un uso, evitando a los propietarios de áreas protegidas privadas el consiguiente pago por el no uso de derechos de agua.

Del mismo modo, instó a considerar una iniciativa legal para establecer la exención del impuesto territorial de las áreas protegidas privadas, como también del impuesto a la herencia, legados y donaciones. La discusión del presente proyecto de ley, observó, es una buena oportunidad para insistir en una modificación a la ley sobre Donaciones con Fines Culturales, que incorpore como objeto de donación el patrimonio natural y cultural. En este ámbito, acotó, se observa una asimetría, toda vez que los propietarios de terrenos declarados como Santuarios de la Naturaleza tienen la opción de obtener beneficios tributarios, mientras que tal posibilidad no está cubierta para las demás categorías de áreas de protección propuestas en el presente proyecto de ley, vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Política. Conjuntamente, sugirió eliminar el impuesto a las donaciones provenientes de donantes nacionales y extranjeros cuando sean aportes a la conservación de la biodiversidad.

Señaló también, que las áreas protegidas privadas constituyen verdaderos laboratorios naturales para la investigación científica y aulas naturales para la educación ambiental, por tanto, propuso incorporar en el texto de la iniciativa legal en estudio una disposición que otorgue a las áreas protegidas privadas la calidad de sujetos receptores de subsidios, subvenciones, subvenciones especiales y donaciones en el marco de la Ley General de Educación.

Por último, insistió en la posibilidad de habilitar a las personas naturales propietarios de áreas protegidas privadas, para postular al Fondo Nacional de la Biodiversidad tal como ocurre con el Fondo de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo.

El Honorable Senador señor Moreira llamó la atención sobre los dichos de la Directora Ejecutiva de la Fundación Terram, quien en su exposición afirmó que el presente proyecto de ley vulneraría la Convención de Washington, mientras que el Ministro del Medio Ambiente aseguró en su presentación que la iniciativa legal no atentaba contra dicha convención. La infracción de un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile es un asunto de enorme gravedad, que puede comprometer la responsabilidad internacional del país, por tal motivo, solicitó al Ejecutivo explicar nuevamente la interpretación de la Secretaría de Estado que garantiza el cumplimiento del instrumento internacional.

Otro aspecto que recogió de las exposiciones fue la carencia de incidencia política del Ministerio del Medio Ambiente manifestada por las exponentes, al punto tal que se ha afirmado en más de una oportunidad, que el Ministerio no está facultado para enviar un proyecto de ley sin anuencia de otras secretarías de Estado, por ello consultó al Ejecutivo si dicha medida es un resguardo político, o bien, un mecanismo de participación intersectorial.

La Honorable Senadora Isabel Allende, por su parte, consultó la posición del Ministerio del Medio Ambiente sobre la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT al presente proyecto de ley, así como la posibilidad de otorgarle rango orgánico constitucional, como solicitaron las expositoras.

Además, mostró preocupación por la eventual vulneración de la Convención de Washington.

Otro tema que le inquieta, manifestó, es el rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por cuanto el organismo representa mayoritariamente a los ministerios de fomento productivo, aspecto que ha sido latamente criticado. Si bien destaca como un órgano consultivo, quizás, opinó, debiera considerarse para dicha tarea un consejo científico independiente, y no una entidad política, salvando así las posibles dificultades futuras en decisiones controvertidas, como ha sucedido con dicho consejo en materia de evaluación ambiental.

El Honorable Senador señor Horvath se refirió a la posibilidad de considerar una Subsecretaría en vez de un servicio público, a cargo de la biodiversidad y áreas silvestres protegidas, que asumiera la conservación de las áreas protegidas públicas y privadas.

Por otra parte, destacó la relación de la biodiversidad con la creación de nuevos productos medicinales, cosméticos, alimenticios u otros, y la consecuente protección de la propiedad intelectual e industrial mediante patentes de invención. En ese sentido, es importante fomentar la creatividad para originar productos derivados de la conservación de la biodiversidad nacional y asegurar la debida protección de los derechos.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, se sumó a las consultas por la posible vulneración de la Convención de Washington, cuán efectivo es, preguntó, que la convención exija una ley para la creación o desafectación de un área protegida, siendo insuficiente el procedimiento establecido en los artículos 24 y siguientes del proyecto de ley.

Asimismo, destacó la propuesta de la Presidenta de Así Conserva Chile A.G., de eliminar el pago por el no uso de los derechos de agua cuando son destinados a fines de conservación. Al respecto, consultó la opinión del Ejecutivo sobre la materia.

El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, se refirió luego a las consultas, expresando que tal como se ha señalado, la Convención de Washington exige para desafectar no cualquier categoría de protección, sino un parque nacional, el concurso de la autoridad legislativa competente. Sobre este punto, afirmó, existe más de una interpretación, pero en el Ejecutivo ha predominado la idea que en Chile la función legislativa es desarrollada tanto por el Parlamento como por el Presidente de la República, en calidad de colegislador, por ende, la exigencia de la autoridad legislativa competente estaría cumplida mediante un acto regulatorio del Estado.

El presente proyecto de ley considera un procedimiento para la desafectación de un área protegida que se inicia con un informe técnico del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, luego se requiere un pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y finalmente, un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente; requisitos muy superiores a los actualmente vigentes. Ahora bien, el Ejecutivo comprende la complejidad del asunto, por tal motivo se mostró dispuesto a sostener un debate al respecto, con el objeto de arribar a una solución normativa conforme con el derecho internacional.

Con respecto a la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT, explicó que la iniciativa legal en estudio no crea categorías de áreas de protección nuevas, sólo recoge las categorías actualmente dispersas en diferentes disposiciones legales vigentes, razón que llevó al Ejecutivo a no considerar un proceso previo de consulta indígena. Sin embargo, los actos administrativos relacionados con administración o planes de manejo de áreas protegidas vinculadas a una zona de desarrollo indígena deberán ser consultados de acuerdo a dicho convenio.

Finalmente aludió a las preguntas relacionadas con el rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, destacando la importancia de la existencia de un órgano cuyas decisiones ambientales vinculan no sólo al ministerio del sector, sino también a todas las secretarías de Estado integrantes del Consejo, incluidos los servicios dependientes de dichas carteras de Estado.

En cuanto a la formulación de proyectos de ley, la participación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad incorpora valor a las políticas ambientales, otorgándole coherencia e integración a las decisiones del Estado en dicha materia, ya que el Ministerio del Medio Ambiente no es el único responsable de las políticas públicas de conservación ambiental.

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En sesión efectuada el día 12 de agosto de 2014, la Comisión recibió a la Fundación Sociedades Sustentables y a la consultora Biodiversidad y Desarrollo.

La representante de la Fundación Sociedades Sustentables, la bióloga señora María Isabel Manzur, expuso que conforme a la Convención de la Diversidad Biológica, el concepto de biodiversidad abarca tres componentes: diversidad entre especies (zorro, puma, huemul, copihue), diversidad dentro de una misma especie o diversidad genética (subespecies, variedades, razas, ejemplo: razas de perros), y diversidad de ecosistemas (bosques, ríos, lagos, desiertos).

Subrayó que la presente exposición se centrará en la diversidad genética, que como ha indicado anteriormente, corresponde a las subespecies, variedades o razas, o más específico aún, a grupos de individuos de una especie con características distintivas, que los diferencian de la especie, pero que aún se pueden reproducir entre sí; las especies, en cambio, no pueden reproducirse entre ellas, como la imposibilidad de reproducción entre un puma y un huemul. Se refiere precisamente a los genes de cada especie, unidad funcional que ocasiona la diferencia en cada ser vivo, en rangos de morfología, tamaño, color o pelaje, como se observa, graficó, con la diversidad de papas (solanum tuberosum).

Otro concepto relevante en la materia es el recurso genético, que corresponde al uso actual o potencial de la diversidad genética, o bien, el material genético con valor o utilidad actual o potencial de uso en el futuro: el ADN y sus derivados (sustancias químicas como biopesticidas o fármacos). Se puede clasificar en recursos genéticos silvestres (quillay) o cultivados (maíz). El presente proyecto de ley, observó, sólo comprende los recursos genéticos silvestres, sin embargo, existe una gama amplia de recursos genéticos cultivados o criados como los vegetales o recursos fitogenéticos, animales o recursos zoogenéticos y microbios o recursos microbianos. En la Región de Atacama, comentó, se ha descubierto una bacteria capaz de mutar su propio ADN, que ha sido prospectada para uso en el extranjero. Además, existen recursos genéticos para uso agrícola, forestal, pesquero, medicinal, cosmético, bioenergía, biorremediación, entre otros.

Manifestó que la diversidad genética de la flora nacional es otro aspecto importante a considerar, ya que Chile es un país con altísimos niveles de endemismo, porque posee especies únicas en el mundo, así, por ejemplo, el 85,5% de la flora nacional se originó en Chile, el 44,6% es endémica y el 40,9% es nativa. Chile, aseguró, es centro de origen de papa, tomate y frutilla; especies que crecen de manera silvestre y se usan para el mejoramiento de las variedades comerciales. Existen, además, especies de tomates silvestres que crecen sin riego alguno, que no se comercializan pero sirven para mejorar la resistencia de las especies cultivadas. Por su parte, la frutilla cultivada se originó como consecuencia de un cruce de frutilla silvestre chilena.

Dentro de las especies de tomates silvestres, destacó las especies Lycopersicum chilense, Lycopersicum peruvianum, Solanum, Solanum sitiens y Solanum lycopersicoides, cuyo alto valor ha sido reconocido por centros de investigación internacional, que visitan el país con el objeto de recolectar muestras, aunque, lamentó, algunas poblaciones de especies se encuentran restringidas porque son amenazadas por el pastoreo, razón por la cual la protección de la diversidad genética debiera ser considerada en el presente proyecto de ley.

Las especies mencionadas, agregó, también aportan compuestos químicos. La flora chilena goza de un alto número de compuestos químicos de estructuras nuevas y actividad biológica por endemismo. Existen 417 plantas nativas con principios químicos, pero sólo el 10% de la flora ha sido estudiada químicamente. Las plantas de zonas áridas y semiáridas, como el boldo y el quillay, son conocidas por el uso como químicos de protección, para adaptaciones a condiciones extremas de calor, desecación o radiación ultra violeta, y son sujetas permanentemente a bioprospección, por la alta demanda que originan los recursos biológicos nacionales.

También se refirió a los recursos genéticos agrícolas, que si bien, declaró, no son objeto de la iniciativa legal en estudio, necesitan ser protegidos mediante una regulación normativa. En Chile existe un importante desarrollo de razas locales y variedades antiguas de cultivos tradicionales; riqueza única y exclusiva, localmente adaptada, como kañihua, kiwicha, ají, achira, arracacha o maíz. Además, el país es centro de diversificación de porotos, garbanzos o quínoa. En la Región de Arica y Parinacota, apuntó, se cultiva en pleno desierto el maíz de Lluta, característica que llamó la atención de Israel.

No obstante, afirmó, la valiosa biodiversidad agrícola nacional no ha sido valorada y conservada. Sólo el 10% de los cultivos chilenos utilizan la diversidad genética, sin mencionar la pérdida de variedades de maíz o papa, o peor aún, el hecho que algunas ya no se cultiven, como el algodón o la madia. El reemplazo por variedades nuevas es un proceso intenso y casi irreversible. En cambio, insistió, dicha riqueza genética ha sido aprovechada por otras naciones, como la generación de un pepino para diabéticos elaborado en Australia a base del pepino dulce nacional.

Por su parte, añadió, también existe una riqueza genética de fauna chilena con alto nivel de endemismo y cualidad de adaptación a una variedad de ecosistemas y condiciones adversas. Además existen muchas especies de fauna de amplia distribución, como el puma o el huemul, que generan un alto potencial de variabilidad intraespecífica. Recursos zoogenéticos nacionales, acotó, como los camélidos andinos o la chinchilla chilena, han servido para mejoras genéticas y el desarrollo de variedades domesticadas; otro tanto han aportado especies como la gallina araucana, el caballo chileno y las abejas silvestres. Las razas indígenas, declaró, poseen rasgos valiosos de cualidad materna y longevidad, que permiten a la población humana sobrevivir en un rango amplio de ambientes, incluyendo los más extremos.

A pesar de la gran riqueza genética de fauna y flora de Chile, reparó, el conocimiento científico sobre la diversidad genética intraespecífica es insuficiente, sólo con escasos estudios de ciertas especies como la papa, el género Nothofagus o la vicuña.

Existen dos formas de conservación de la diversidad genética: in situ y ex situ, o conservación de especies dentro y fuera de su hábitat natural. Los ejemplos más clásicos de conservación ex situ son jardines botánicos, acuarios, bancos de semillas, zoológicos, bancos de semen o de tejidos. Ámbito, lamentó, que tampoco aborda la presente iniciativa en discusión.

Luego se refirió al proyecto de ley, reafirmando la importancia de la conservación de la diversidad genética, en especial, por los potenciales usos de mejoramiento genético y creación de nuevas industrias (fármacos, cosméticos o alimentos). Lamentablemente, sostuvo, no existe ninguna norma en el país relativa a la conservación de los recursos genéticos silvestres, cultivados o domesticados. Si bien declaró no pretender que el presente proyecto de ley aborde cada uno de los temas, al menos, debiera erigirse como una ley marco de la conservación de la diversidad biológica que comprenda todos los componentes. Es una omisión lamentable, que ha llevado a la pérdida de especies de altísimo valor, únicas en el mundo. Además, no incorpora la conservación de especies domesticadas o cultivadas, elementos de la diversidad biológica según la CBD, convención que las define como especies que en su proceso de evolución han influido en los seres humanos para satisfacer sus necesidades. Asimismo, se omite la conservación ex situ como una herramienta de protección de la biodiversidad, pese a la recomendación de la CBD para recolectar e instalar sitios de conservación ex situ para resguardar recursos genéticos de plantas, animales y microorganismos.

Finalmente, propuso una serie de recomendaciones al presente proyecto de ley, con el fin de que sean consideradas en el debate legislativo. Primero, insistió en la necesidad de incluir el componente genético, tanto diversidad genética como recursos genéticos, pues la diversidad genética intraespecífica debe ser asumida de manera similar a la protección de las especies y ecosistemas. Una opción, planteó, es idear una ley marco que incorpore los componentes de la biodiversidad biológica, definiciones y métodos de conservación. Con dicho objeto, precisó, sería necesario incluir definiciones de: diversidad genética, recurso biológico y genético, especie endémica y domesticada, centro de origen, conservación in situ y ex situ, y utilización sostenible.

Sugirió igualmente, incorporar a la iniciativa legal una categoría de reserva genética, que permita conservar poblaciones acotadas de recursos genéticos silvestres, por ejemplo, de tomates nativos. Así también, propuso regular el acceso a los recursos genéticos dentro de las áreas silvestres protegidas; e incluir como medida de conservación, la elaboración de inventarios de recursos genéticos animales, vegetales y microbianos, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. También solicitó introducir instrumentos de conservación de diversidad genética y recursos genéticos, in situ y ex situ. Para el caso de conservación in situ de especies silvestres, explicó, se requieren medidas específicas de conservación de la diversidad genética, conservación en áreas silvestres protegidas y creación de reservas genéticas; en tanto, para las especies cultivadas o domesticadas se puede promover su uso y valoración. En cuanto a la conservación ex situ, reiteró la conveniencia de crear acuarios, zoológicos, bancos de semillas y jardines botánicos.

El Honorable Senador señor Moreira consultó al Ejecutivo por la posibilidad de acoger las recomendaciones sugeridas por la expositora, en particular, aquélla que propone incorporar en el presente proyecto de ley la dimensión genética como componente de la biodiversidad, o al menos, la categoría de reservas genéticas; de no ser así, ¿qué opción existe de regular dichas materias por vía reglamentaria?

El Honorable Senador señor Horvath recordó que el eje de la iniciativa legal en estudio es la biodiversidad, pues las áreas protegidas sólo corresponden a un instrumento de conservación de la misma. En tal sentido, afirmó, es de suma importancia apuntar al resguardo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, aspecto que no ha sido considerado por el proyecto de ley. Asimismo, insistió en la idea de crear una Subsecretaría a cargo de la biodiversidad, en vez de un servicio público.

La Honorable Senadora señora Allende preguntó al Ejecutivo si antes de presentar el proyecto de ley hubo un diálogo con los integrantes de la sociedad científica nacional, ya que la interacción con la comunidad científica u organizaciones especializadas durante el proceso de elaboración de una iniciativa legal determinada incorporan valor al debate y facilitan la discusión legislativa.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, respondió que durante el trámite legislativo se escucharon diversas organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad científica, aunque no específicamente a la Fundación que recién expuso. No obstante, manifestó la disposición del Ministerio a estudiar las recomendaciones e incluir ciertos temas, para lo cual se ha formulado la creación de una mesa de trabajo que defina los ejes pertinentes que debieran ser incorporados al proyecto de ley.

Específicamente, señaló que se ha analizado la opción de incorporar normas que resguarden los recursos genéticos, como también existe voluntad de abrir un espacio para revisar la creación de posibles reservas de conservación genética. Independiente que la diversidad genética puede ser regulada mediante otros mecanismos jurídicos, la norma más adecuada es la ley. Ahora bien, ciertos temas planteados por la exponente, advirtió, como la protección de las especies cultivadas o la regulación de los organismos genéticamente modificados debieran ser trabajados conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.

La abogada del Ministerio del Medio Ambiente, señorita Lorna Püschel, recalcó que, sin perjuicio de acoger ciertas recomendaciones sugeridas recientemente, la regulación del acceso a los recursos genéticos y la protección de las especies cultivadas como componente de la biodiversidad deben incorporarse en iniciativas legales diferentes al presente proyecto de ley, por cuanto inciden en materias que son de competencia del Ministerio de Agricultura.

La representante de la Fundación Sociedades Sustentables, la bióloga señora María Isabel Manzur, declaró comprender la dificultad de incluir todos los temas relacionados con la conservación de la biodiversidad en un solo proyecto de ley, sin embargo, subrayó, es imprescindible asegurar una legislación para cada uno de ellos, y la discusión de la presente iniciativa legal es una buena ocasión para proyectar la futura regulación de materias tan relevantes como la protección de los recursos genéticos, comprometiendo la labor tanto del Ministerio del Medio Ambiente como la de Agricultura.

La Honorable Senadora señora Allende sugirió a la exponente enviar a la Comisión un documento más detallado con la especificación de cada una de las recomendaciones, con el objeto de ponerlas en conocimiento del Ejecutivo para estudiar la posibilidad de incorporar modificaciones al texto propuesto en el presente proyecto de ley durante la tramitación legislativa.

Luego, el representante de Biodiversidad y Desarrollo, el biólogo señor Eduardo Fuentes, expuso que no sólo existen razones biológicas para la creación de un servicio de biodiversidad, sino también argumentos formales, como la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica y la incorporación de Chile a la OCDE.

La idea de la exposición, señaló, es presentar la biodiversidad como una variedad de organismos y procesos que posibilitan su cambio y evolución. Como se ha indicado por otros expositores, dicha diversidad incluye tres componentes: dentro de las especies (papas Chiloé), entre especies (merluza común, merluza austral), y de ecosistemas (mediterráneo, valdiviano). En ese orden, Chile es un gradiente continuo de norte a sur y altitudinal que beneficia la existencia de una riqueza natural única.

Ahora bien, manifestó, los objetivos de conservar la biodiversidad se basan en valores de uso y no uso que tal diversidad proporciona. Así, la biodiversidad genera valores de uso directo consuntivo (extracción de peces, mariscos, fibras, frutos o flores) y no consuntivos (turismo sostenible), cuyos aportes contribuyen a la economía nacional. También se originan valores de uso indirecto, como los servicios ofrecidos por los ecosistemas (calidad y cantidad de recursos hídricos, calidad de suelos silvoagropecuarios, tierra de hoja, descomposición, captura y mantención de carbono, polinización o control de plagas). Si el país eliminara tales servicios ecosistémicos, el costo de reemplazo equivaldría a USD 2.000 millones anuales, para lo cual el Estado debiera, presumiblemente, incrementar los impuestos con el fin de asumir dicho gasto.

Los valores de no uso de la biodiversidad, por su parte, pueden considerarse en valor de uso futuro (medicina, cosmética o biocombustible), pues resguardar los recursos naturales asegura el porvenir de generaciones posteriores; como también en valor de existencia, es decir, el valor que la sociedad es capaz de incurrir por la existencia de la biodiversidad. La geografía nacional, aseveró, brinda al país una enorme biodiversidad endémica, como se puede apreciar en los diferentes parques nacionales a lo largo de Chile. Dicho valor de existencia, declaró, ha movilizado a las comunidades a paralizar proyectos de gran envergadura, por el sólo hecho de proteger una biodiversidad que en muchos casos las personas nunca conocerán. Así ocurrió con los proyectos de generación eléctrica Barrancones e Hidroaysén; iniciativas de defensa ciudadana que promueven un círculo beneficioso de ingresos para proteger ecosistemas calculado en miles de millones de dólares.

La idea de conservar la biodiversidad, planteó, es mantener la base biológica que posibilita la existencia del ser humano y la calidad de vida, por medio del resguardo de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, cuya existencia facilita la vida en todo el territorio nacional. Desde tal punto de vista, afirmó, la protección de la biodiversidad no es opcional, es una tarea social pendiente. No obstante, la estructuración de dicha conservación no se basa en un taxón carismático, ni una biota edáfica o un número indeterminado de parques nacionales, ya que ningún área protegida satisface todos los valores antes descritos. Para el cumplimiento de dicho objetivo, el rol del sector público y privado es fundamental, así como el respeto del principio precautorio establecido en la CBD, que obliga, aun cuando no se conozcan todos los beneficios de la diversidad biológica, a conservar la biodiversidad porque en un futuro sí tendrá un valor.

Como se observa, indicó, se trata de un cambio de paradigma, dado que antiguamente, siguiendo la Convención de Washington, la conservación consideraba crear cierto número de áreas protegidas sin importar el resto del territorio nacional. El punto crucial era instalar muchos parques nacionales de enormes extensiones, bien seleccionados, que constituían muestras discretas del continuo existencial. Tal paradigma generó una polémica taxonómica por la incapacidad del área protegida de ser sustentable, luego que varias especies emigraban del parque al funcionar como islas alrededor de centros urbanos. El modelo actual, que sigue a la Convención sobre la Diversidad Biológica, es el desarrollo sustentable por medio de usos sostenibles variados con restauración de sitios. Al suscribir y ratificar Chile dicho Convenio asumió un compromiso internacional para un cambio de estilo de vida, que puede permitir al país acceder a mercados verdes o al desarrollo de una industria de ecoturismo.

Si la sociedad nacional lograra adaptarse al nuevo paradigma descrito, afirmó, las consecuencias favorables serían infinitas, ya que los variados usos originarían un mosaico espacial de biodiversidad, cuyos componentes del paisaje o teselas serían cambiantes de acuerdo a las condiciones locales y voluntades de los adscritos. Hoy se reconoce que la diversidad biológica cumple roles diferentes según cada tesela: preservación (lugar intocado), conservación (lugar con uso sostenible), cercos, corredores o zonas de amortiguación. Así, mencionó, se pueden apreciar ejemplos de teselas de uso sostenible, como un parque nacional, donde se busca proteger la biodiversidad natural, la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales basales, así como promover la educación y algunos usos recreativos; los parques pueden revestir un carácter público o privado. O las áreas de manejo de hábitats o especies, que también pueden ser de propiedad pública o privada. Y finalmente, los paisajes de conservación, donde el objetivo perseguido es gestionar la implementación de una estrategia consensuada y efectiva de conservación, restauración y desarrollo, a través de acuerdos de adhesión voluntaria de actores locales; en este caso sólo de carácter privado. En Chile, señaló, se han logrado iniciativas de este tipo en la comuna de Alhué y Lago Rupanco.

Mencionó también, como muestras de teselas privadas con protección de la biodiversidad, viñedos y plantaciones de pinos, eucaliptos o paltos con cercos de diversidad biológica, proyectos inmobiliarios urbanos y rurales denominados “verdes”, potreros de "cero labranza", áreas de cultivos orgánicos con poco uso o sin pesticidas, área de restauración forestal (renovales), más todos los usos que surjan como consecuencia de futuras investigaciones o experiencias. Este marco participativo de protección de la biodiversidad en áreas privadas debe ser inclusivo, voluntario y evolutivo.

Luego se refirió a los avances del presente proyecto de ley con relación a la iniciativa presentada por la administración anterior. Al respecto, señaló que el actual proyecto define claramente el objetivo de protección de la biodiversidad al incluir el resguardo de la diversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, limitando, además, las concesiones sólo a actividades de ecoturismo, ciencia y educación. Asimismo, opinó que la presente iniciativa incluye catastros y monitoreos a nivel de especies, ecosistemas y variedades en áreas protegidas, aunque no consideró la gestión de dichos instrumentos.

Del mismo modo, valoró que el actual proyecto encargue al nuevo servicio atribuciones ejercidas hoy por el Ministerio del Medio Ambiente, establecidas en el artículo 70, de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no obstante, observó que debiera otorgarse también al futuro organismo un rol coordinador de las políticas de los distintos ministerios y servicios públicos. Destacó igualmente, los instrumentos de gestión de la biodiversidad, como los servicios ecosistémicos, bancos de compensación y certificaciones a privados, aunque en el último caso, lamentó que sólo hayan sido mencionadas en la iniciativa legal.

Resaltó también, la creación de un servicio público específico encargado de la conservación de la biodiversidad, como también del sistema nacional de áreas protegidas, que incluirá tanto áreas públicas como privadas de protección. El futuro organismo, apuntó, coordinará ciertas acciones con otras entidades públicas como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o el SAG; y crea una carrera funcionaria para los guardaparques con nuevas atribuciones, estableciendo medidas de fiscalización y sanciones expresas y considerables. El nuevo servicio fijará tarifas y retendrá ingresos, aspecto último que deberá ser evaluado en su implementación, pues si no se mantiene el financiamiento obligará a las áreas protegidas a autofinanciarse mediante dicho mecanismo, caso que representaría más un retroceso que un avance. Por último, destacó la permanencia del Fondo de la Biodiversidad, aunque insistió en la necesidad de extender el apoyo económico estatal a la gestión de las áreas protegidas.

Más adelante, aludió a las deficiencias del actual proyecto de ley, señalando que el estatus otorgado a la biodiversidad no dice relación con la vulnerabilidad latente de las áreas protegidas frente a futuros proyectos mineros, hidrológicos, viales o eléctricos, subrayando la necesidad de dotar a los parques nacionales de un estatuto especial. Reparó también, en la debilidad de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el proyecto de ley, rescatando sólo la inclusión de la participación como principio. Además, el actual proyecto carece de definiciones de conservación, preservación y zona de amortiguación, y en otros casos, resultan deficientes, como en paisajes de conservación o planes de manejo. Otro aspecto que debiera perfeccionarse, sostuvo, es el rol de la educación ambiental y la difusión de valores asociados a la biodiversidad, como también la proyección de un banco de información pública de buenas y malas prácticas en preservación y conservación de la diversidad biológica, y la expansión de la protección a todos los vertebrados. Los catastros y monitoreos de biodiversidad, remató, no debieran efectuarse por el mismo servicio que gestionará la diversidad biológica, medida que dotaría de mayor transparencia a la actividad.

Por último, observó también dificultades en la definición de las categorías de áreas protegidas, pues en muchos casos se confunden elementos de hábitat, tipo de uso o tipo de usuarios, tornando similares las zonas de protección, debido a una distinción casuística que no sigue un criterio determinado. Además, criticó que las áreas de protección no se hayan incorporado a los Planes Regionales ni a los Planes de Desarrollo Comunal, como tampoco se diferenció en las concesiones, los tiempos y actividades permisibles (caza, pesca, cosecha o recolección) por tipo de áreas de protección, lamentando, al mismo tiempo, la falta de incentivos monetarios y no monetarios a las iniciativas de conservación privada. En resumen, en su opinión, el actual proyecto de ley presenta avances significativos, pero también ciertas deficiencias que deben ser superadas.

El Honorable Senador señor Horvath valoró la presentación del expositor porque puso en relieve varios temas que debieran ser incluidos en la discusión del actual proyecto en tramitación, tanto en el comité técnico que se formará al efecto, como en la propia Comisión.

El Honorable Senador señor Moreira concordó con el Honorable Senador Horvath en cuanto a la calidad de la presentación, motivo por el cual solicitó al expositor enviar un documento similar al solicitado a la bióloga señora Manzur, detallando las modificaciones sugeridas para el presente proyecto de ley, a fin de que sean puestas en conocimiento tanto del Ejecutivo como de la Comisión, con el objeto de estudiar la posible incorporación al texto propuesto en el mensaje presidencial.

El Honorable Senador señor Horvath solicitó extender el ofrecimiento de enviar un documento detallado con las propuestas específicas de modificación al actual proyecto de ley, a las expositoras de la sesión anterior, Fundación Terram y Así Conserva Chile A.G.

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La Comisión recibió en audiencia el día 2 de septiembre de 2014, al Ministro Presidente del Tercer Tribunal Ambiental, señor Michael Hantke, quien se refirió sólo a aspectos específicos relativos a la regulación de la competencia de los tribunales ambientales ante las decisiones del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Específicamente, aludió a los artículos 107 y 108 del actual proyecto de ley. El primero prescribe que contra las sanciones del Director Regional del futuro servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales. En contra de dicha resolución se podrá interponer recurso judicial de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente. El plazo para interponer la reclamación será de 30 días hábiles desde la fecha de la notificación. El plazo para resolver el recurso será de treinta días hábiles.

Respecto al inciso primero del artículo descrito, observó que la expresión “podrá” tiende a confundir el régimen recursivo, ya que el uso de la vía administrativa previa pareciera tener un carácter facultativo, no obstante, el inciso segundo obliga a agotar dicha instancia antes de ocurrir ante los tribunales de justicia.

Si bien, acotó, se encuentra en concordancia con los artículos 20 y 29 de la ley N° 19.300, donde se establece un régimen de reclamo en un procedimiento autorizatorio, dicha ley dispone también un régimen especial de recursos administrativos que difiere del régimen general señalado en la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. En cambio, apuntó, el artículo 107 regula de forma específica un reclamo ante un procedimiento sancionador, y dicho acto sancionador es dictado por una autoridad competente, como es el Director Regional, el que puede ser recurrido ante el superior jerárquico, que es el Director Nacional, pero no establece un régimen especial recursivo. La norma que regula los recursos en la ley N° 19.880 se construye sobre la base de otorgar al reclamante la facultad de elegir la vía – administrativa o judicial – para recurrir de la decisión de la autoridad; es opcional. En este sentido, sostuvo, el artículo aludido requiere, aparentemente, el agotamiento de la vía administrativa, exigencia que ha sido cuestionada por limitar el derecho de acceso a la justicia.

A ello se suma, indicó, un problema práctico. Exigir el agotamiento de la vía administrativa ante el Director Nacional determina la competencia relativa del Tribunal Ambiental, y en general, el domicilio del reclamado no coincidirá con el lugar en que ha de tener efecto el acto sancionador o aquél en que ocurrieron los hechos que originan la sanción. Así, si un reclamante pretende recurrir de una decisión del Director Regional de Coyhaique deberá ocurrir ante el Director Nacional, y no ante el Tribunal Ambiental competente. La norma es limitativa de la competencia de los Tribunales Ambientales y la exigencia de agotar la vía administrativa no es concordante ni con el régimen general de recursos administrativos ni con la estructura desconcentrada de la potestad sancionadora en el Director Regional del nuevo servicio, de acuerdo al proyecto de ley (artículo 106 propuesto), por ello, sugirió abrir la opción al reclamante de elegir la vía recursiva ante un acto sancionador.

En cuanto al inciso segundo del mismo artículo, señaló, la redacción de la norma de competencia es incompleta, pues no aclara el ámbito de competencia relativa, ya que la ley N° 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, tampoco fijó competencia relativa de una manera genérica, luego que su artículo 17 N° 9, entrega la competencia absoluta a dichos tribunales, sin especificar competencia relativa. Si el reclamante se rigiera por el Código Orgánico de Tribunales debiera presentar el reclamo ante el tribunal competente del domicilio del demandado, cuestión que no es concordante con las normas establecidas en la ley N° 20.600 ni con la naturaleza del objeto reclamado. En definitiva, puntualizó, se requiere precisar la competencia relativa de los tribunales ambientales, proponiendo como opción otorgar competencia relativa al tribunal del lugar donde se haya originado la infracción, principalmente, por razones de armonía legislativa, luego que sigue el criterio establecido en la ley N° 20.600, dado que el artículo 17 N° 3 señala que conocerá de los reclamos en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción.

Por su parte, el artículo 108 prescribe que para recurrir de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental competente que recaiga sobre la reclamación presentada en contra de la resolución del Director Nacional del futuro servicio se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.600, es decir, las normas generales sobre recursos (resoluciones recurribles, competencia, plazo, etc.). Al respecto, explicó que aunque se reitera la regla general no se señala expresamente si se aplicará frente a cualquier resolución del Tribunal Ambiental.

Finalmente, comentó sobre otras decisiones de la autoridad administrativa que establece la presente iniciativa legal que no se incorporan al régimen de impugnación establecido en los artículos 107 y 108 expuestos. Existen otras técnicas, autorizaciones o permisos, indicó, que podrían abrir el debate sobre extender la cobertura de reclamaciones jurisdiccionales frente a actos administrativos. Como ejemplo, apuntó, el decreto supremo que establece la creación, modificación o desafectación de áreas protegidas, la resolución del nuevo servicio que aprueba el plan de manejo, la resolución ministerial que otorga la concesión de áreas protegidas, la resolución del Director Nacional del futuro servicio que otorga permisos al interior de áreas protegidas del Estado para desarrollar actividades que no requieran instalación de infraestructura, entre otras. En este ámbito, aseguró, surgirá la discusión por interpretar cuál es la vía más adecuada para recurrir en contra de este tipo de decisiones administrativas, animada por la presentación de recursos de protección, acciones de nulidad de derecho público y consultas a la Contraloría General de la República, como ha ocurrido ante la controversia de otros asuntos contenciosos administrativos.

Si se incorpora al actual proyecto de ley una solución normativa que defina la competencia de los tribunales ambientales para conocer de dichos asuntos, es necesario, aclaró, precisar aspectos vinculados a la legitimación activa y la competencia relativa, sugiriendo una regla diferente para decisiones administrativas autorizatorias y denegatorias, con una titularidad más amplia para entablar el correspondiente reclamo en el primer caso, y limitando el acceso a los afectados, en el segundo.

El Jefe de la División Jurídica, del Ministerio del Medio Ambiente, señor Jorge Cash, expuso que la idea del actual proyecto de ley fue establecer un sistema de recursos coherente con el régimen de fiscalización y sanción, en cuanto a agotar previamente la vía administrativa, para luego abrir la opción de concurrir a los tribunales de justicia, estructura jurídica acorde con los recientes pronunciamientos del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y la Corte Suprema.

Valoró la sugerencia de extender la cobertura de reclamación a otras decisiones administrativas, por cuanto la competencia de los Tribunales Ambientales no debiera restringirse sólo a las materias señaladas en la ley N° 20.600, sino también, debiera abocarse al conocimiento de otros asuntos establecidos en leyes especiales, razón por la cual, comprometió el estudio de dicha propuesta, así como la eventual inconsistencia en los artículos 107 y 108 de la presente iniciativa legal, referida en la exposición.

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En la siguiente sesión, celebrada el día 9 de septiembre de 2014, la Comisión recibió a los representantes del Jardín Botánico Chagual y de la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

La Directora Ejecutiva del Jardín Botánico Chagual, señora Antonia Echeñique, señaló al inicio, que la presentación representa también la opinión de la Red Chilena de Jardines Botánicos, organización que se ha abocado al estudio del actual proyecto de ley, en particular, al ámbito de conservación ex situ, categoría que comprende a los jardines botánicos.

A continuación, expuso que el concepto de conservación de la biodiversidad es el eje central de la iniciativa legal que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, ni el actual proyecto de ley ni el presentado por la administración anterior incluyó una definición de conservación ex situ.

La conservación ex situ es un componente necesario y complementario para la política de conservación de la biodiversidad (genes, especies, ecosistemas, diversidad cultural), especialmente, cuando las presiones sobre el medio natural son elevadas y no es posible garantizar la conservación en su hábitat natural. Dicha conservación cobra mayor importancia, afirmó, en el caso de especies amenazadas, endémicas y de distribución restringida, área que incluye la conservación de variedades agrícolas y ganaderas.

Luego, mostró una serie de imágenes que dan cuenta de la riqueza endémica de Chile y el peligro de extinción de las especies. En primer término, se refirió a la garra de león (Leontochir ovallei), cuya ubicación geográfica es sumamente restringida, limitándose a algunas zonas de la Región de Atacama, como Llanos de Challe y Carrizal Bajo. Después, mencionó los casos de la palma chilena (Jubaea chilensis), distribuida principalmente en la zona central del país, Regiones de Valparaíso y O’Higgins; copiapoas, localizadas desde Carrizal Bajo hasta Caleta Chungungo; y ciprés de la cordillera (Austrocedurs chilensis), de la zona cordillerana central. Por último, mencionó el ecosistema mediterráneo amenazado por la expansión demográfica y cultivos agrícolas.

Una de las razones que más justifica conservar la biodiversidad vegetal nacional, sostuvo, es la ubicación geográfica nacional en una de las áreas críticas de diversidad botánica del mundo, los denominados hotspots. Prácticamente todo el territorio chileno se ubica en los hotpots de ecosistemas mediterráneos.

Además, explicó, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado y firmado por Chile en 1994, constituye una legislación marco para abordar el tema de la conservación de la biodiversidad del país. Así, el actual proyecto de ley responde al artículo 8° del mencionado Convenio, en relación a la conservación de la biodiversidad in situ (en su hábitat natural o lugar de origen). Sin embargo, insistió, la iniciativa legal omite otro aspecto relevante y absolutamente complementario como es la conservación ex situ, expresamente definida en el artículo 9° del mismo instrumento internacional.

Entre las materias referidas en la Convención a esta modalidad de conservación, destacó la adopción de medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes; el establecimiento y mantención de instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos; y la cooperación en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en países en desarrollo. El convenio es sumamente claro, por ende, debiera servir de base para la regulación de la conservación ex situ en el presente proyecto de ley.

Históricamente, aseguró, la conservación ex situ de las especies vegetales se realiza principalmente en jardines botánicos y arboretos, donde se conservan plantas vivas organizadas en colecciones botánicas; bancos de germoplasma – estructuras u organismos con capacidad reproductiva –, donde se conservan partes vegetativas con capacidad reproductiva (bulbos, tubérculos o yemas), tejidos vegetales (meristema), polen y genes; y bancos de semillas. En la actualidad también se realiza conservación en viveros especializados.

Posteriormente, graficó con una ilustración sobre la biodiversidad vegetal y conservación en jardines botánicos a nivel mundial, la dicotomía habida entre el hemisferio norte, donde el número de jardines botánicos es altamente superior al patrimonio vegetal, frente al hemisferio sur, donde se observa una situación completamente inversa, alto número de especies vegetales con una baja cantidad de jardines botánicos.

Después, aludió a los hitos de la protección de la biodiversidad vegetal en Chile, donde destaca el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política, la creación del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), la ratificación de CITES y la Convención de la Diversidad Biológica.

Declaró que los jardines botánicos son centros relevantes de conservación ex situ, pues son capaces de conservar el máximo de variabilidad genética de especies, con el fin de frenar su extinción, así como colaborar en la clasificación, conservación, evaluación y uso sostenido del patrimonio vegetal. Así se puede apreciar en el Jardín Botánico de Viña del Mar, con la conservación de la flora de Isla de Juan Fernández, cuyo estado de conservación es vulnerable, en peligro o, en algunos casos, extinguida en hábitat natural.

Chile posee una extensa red de jardines botánicos y arboretos, expresó, sobresaliendo el Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile de Valdivia, el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, el Arboreto de la Universidad Austral de Chile de Valdivia, el Parque Botánico Hualpén de Concepción, la Corporación Jardín Botánico Chagual de Santiago, el Jardín Botánico de la Universidad de Talca, el Jardín Botánico Aguas Antofagasta, el Jardín Botánico de la Universidad de Magallanes de Punta Arenas, y los proyectos de jardines botánicos en Copiapó y La Serena. Otras iniciativas de conservación ex situ son el Arboreto de la Universidad de Chile, el Arboreto de Frutillar y el Jardín Mapulemu del Parque Metropolitano.

El año 2009, agregó, se constituyó la Red Chilena de Jardines Botánicos, con la concurrencia de los jardines botánicos de Viña del Mar, Chagual, de la Universidad de Talca, de la Universidad Austral, del Instituto del Desierto y de Atacama (en formación). La institución se legalizó formalmente el año 2012. El objetivo de la asociación es generar un plan de acción, con el fin de promover el desarrollo y racionalización de las actividades de los miembros, como la conservación, investigación, educación y recreación en los jardines botánicos del país, y generar una ley de jardines botánicos, en el marco de la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad.

En cuanto al presente proyecto de ley, lamentó nuevamente, la ausencia de la conservación ex situ, ante lo cual instó al Ejecutivo a incorporar entre las funciones del nuevo servicio las siguientes: adoptar medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, establecer y mantener instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos; y cooperar en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ, siguiendo los lineamientos de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, agradeció la exposición de la representante del Jardín Botánico Chagual, valorando, en especial, la observación sobre la ausencia en el presente proyecto de ley de la conservación fuera de las áreas protegidas, motivo por el cual pidió al Ejecutivo analizar el punto aludido, a fin de considerar la presentación de indicaciones que incorporen dicho capítulo.

La Directora Ejecutiva del Jardín Botánico Chagual, señora Antonia Echeñique, sugirió invitar al Director Nacional del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, organismo público instituido por ley como el curador de la flora nativa de Chile.

Más adelante, el técnico investigador de la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, señor Patricio Novoa, señaló que los jardines botánicos cumplen un rol importante en la conservación de especies vegetales, debido a la pérdida del patrimonio natural en los procesos de extinción, que incluye un detrimento económico, por cuanto al desaparecer una especie se desconoce las posibles propiedades medicinales, cosméticas o alimentarias de la variedad extinta.

Asimismo, indicó, los jardines botánicos cumplen un rol destacado en investigación básica, cuyo desarrollo en Chile ha sido escaso porque la investigación nacional se ha vinculado estrechamente al fomento productivo, en consecuencia, otros tipos de investigación son abandonados o no existen, incluso más, las mismas universidades no cuentan con investigación básica, ya que necesitan financiar los proyectos de estudio, motivo por el cual se concentran en investigaciones de carácter productivo.

Además, el conocimiento de los ciudadanos nacionales de la flora y fauna nativa es segmentado. En este aspecto, aseguró, los jardines botánicos cumplen un rol fundamental porque otorgan a las personas la oportunidad de conocer Chile por medio de la muestra vegetal nacional representativa que conservan dichas áreas protegidas. La riqueza florística nacional es extraordinaria, tanto así, que expertos mundiales se asombran con las particularidades de las especies habidas en el territorio nacional. Desde la infancia, declaró, se enseña a los chilenos la cualidad de isla geográfica del país, por la presencia del desierto al norte, la cordillera al este, el océano pacífico al oeste y los hielos eternos al sur, pero no se pone énfasis en el hecho que la misma cualidad otorga a Chile una riqueza endémica de especies incalculable. El endemismo nacional en flora representa un 51%, cifra superior a la mostrada por países tropicales, como Venezuela y Colombia, que al carecer de barreras geográficas poseen bajos niveles de endemismo. No obstante, lamentó, un alto número de especialistas en plantas chilenas son extranjeros y no nacionales.

El objetivo, resumió, es sociabilizar el conocimiento de la flora nacional por medio de la investigación básica y la educación ambiental.

El Secretario Ejecutivo de la Fundación Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, señor Alejandro Peirano, explicó que el concepto de endemismo corresponde a especies que habitan un solo lugar, son representativos de una zona geográfica, sin presencia en otras áreas del mundo.

El Jardín Botánico de Viña del Mar, recordó, pertenece al Ministerio de Agricultura y fue donado por el filántropo don Pascual Baburizza, en el año 1951. La administración ha estado a cargo de diferentes organismos y actualmente cuenta con un aporte estatal que asciende a un 25% del gasto anual, por tal motivo, propuso incorporar en el presente proyecto de ley la conservación ex situ, con el respectivo financiamiento asociado para un debido desarrollo y funcionamiento de cada jardín botánico. Muchas veces, manifestó, la necesidad de mantener las colecciones vegetales ha obligado a la fundación a desviar el objetivo principal de su creación, asimilándose más a un parque que a un jardín botánico, obligando a la institución a establecer una relación distinta con el público, a fin de sustentarse para poder subsistir.

Todos los jardines botánicos nacionales, afirmó, anhelan un aporte estatal que asegure el funcionamiento anual de cada recinto, mirando con envidia realidades como la de Brasil, cuyos jardines botánicos reciben un presupuesto basal anual, que luego se reintegra al Estado mediante los recursos generados por cada institución. Dicha estructura financiera, enfatizó, permitiría a los jardines botánicos poner el foco en sus actividades primordiales: educación ambiental e investigación.

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En la sesión siguiente, efectuada el día 30 de septiembre de 2014, la Comisión recibió a las siguientes organizaciones: Programa Chile Sustentable, Greenpeace Chile, Observatorio Ciudadano y Consorcio ICCA (áreas indígenas y comunitarias de conservación).

La Directora del Programa Chile Sustentable, señora Sara Larraín, expuso que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es de suma importancia para la sustentabilidad del patrimonio ambiental nacional porque corresponde a un mandato constitucional establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política, que nunca se implementó. La normativa creada para el resguardo de las áreas protegidas nunca entró en vigencia por la naturaleza jurídica del organismo a cargo, CONAF, que corresponde a una corporación de derecho privado. La actual Presidenta de la República comprometió la creación del servicio en el Acuerdo de Chagual, firmado con organizaciones ecologistas en el año 2005, durante la campaña presidencial para el mandato 2006-2010. La creación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se comprometió también, en la reforma a la institucionalidad ambiental que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Durante la administración anterior se envió un mensaje presidencial para cumplir dicho mandato, el que concluyó sin sanción legislativa.

Recordó asimismo, que la creación del futuro servicio surge también de una recomendación de la OCDE, del año 2005, que declaraba la necesidad de Chile de completar y ejecutar planes de acción y estrategias de diversidad biológica nacional y regional, con la asignación de recursos apropiados; de revisar los acuerdos institucionales y legislativos para el manejo de la naturaleza y la diversidad biológica; de desarrollar una visión estratégica de los papeles complementarios de las áreas protegidas estatales y privadas; y de incrementar esfuerzos financieros para satisfacer el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos en Chile (incluidas las áreas costeras y marinas) y fomentar las actividades para la aplicación de la legislación relacionada con la naturaleza.

La OCDE igualmente recomendó, establecer una iniciativa coordinada de organismos estatales e instituciones académicas para construir una base de conocimientos científicos. Solicitó, además, acelerar el establecimiento de un sistema eficaz de ordenamiento territorial capaz de incorporar los valores de la diversidad biológica, y planteó identificar y usar mecanismos adicionales, incluidos los instrumentos económicos, para crear oportunidades en políticas de turismo y naturaleza de beneficio mutuo.

Posteriormente, reiteró los niveles de biodiversidad explicado anteriormente por otros expositores, resumidos en: diversidad de ecosistemas (bosques, ríos, lagos, desiertos); diversidad de especies (fauna, zorro, puma; flora, espino, copihue; fungi, hongos); y diversidad genética, grupos de individuos de una especie con características distintivas, que los diferencian de la especie, pero que aún se pueden reproducir entre sí. Lamentablemente, apuntó, sólo los dos primeros componentes se han considerado en el presente proyecto de ley, ya que la iniciativa carece de disposiciones que regulen la protección de la diversidad genética. Propuso, al menos, asumir un compromiso legislativo para originar un marco jurídico que resguarde dicha diversidad, similar al suscrito para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de lo contrario, argumentó, la protección de los dos primeros niveles de diversidad biológica no será coherente, sino se cautela el componente de diversidad genética.

Para Chile, sostuvo, es de suma importancia el resguardo de la diversidad genética por el alto valor del patrimonio endémico nacional. Así, la flora chilena despunta a nivel mundial en centros de origen de papa, tomate y frutilla, cuyas especies crecen de manera silvestre en Chile, aprovechando el uso de dichos vegetales para el mejoramiento de variedades comerciales. También destacan compuestos químicos únicos en el mundo, pues Chile posee 417 plantas nativas con principios químicos, aunque, reparó, sólo el 10% se ha estudiado adecuadamente. Dicha riqueza, afirmó, ha ocasionado una fuerte demanda por bioprospección sin la debida regulación que proteja los recursos biológicos nacionales. Asimismo, en materia de bioseguridad, los recursos genéticos agrícolas nacionales son constantemente amenazados por transgénicos. En fauna, Chile también sobresale por el alto nivel de endemismo, con especies como la chinchilla, la gallina araucana, entre otros varios mamíferos y reptiles, no obstante, llamó la atención por el peligro de extinción que afecta a muchas de las especies endémicas chilenas.

En cuanto a las observaciones al actual proyecto de ley, resumidamente, manifestó que en el Título I, se debe revisar los principios y definiciones a la luz de la Constitución y los tratados internacionales vigentes, ratificados por Chile. En el Título II, agregó, se debiera reestructurar el futuro servicio con el objeto de otorgarle mayor autonomía, además, se necesita incorporar mecanismos de participación ciudadana y de educación. En el Título III, declaró, existen diferencias entre las categorías de áreas protegidas definidas por el proyecto de ley y las establecidas en los convenios internacionales, igualmente, alegó que en mecanismos de desafectación y apertura de concesiones en áreas protegidas, la iniciativa legal no es concordante con la Convención de Washington. Por último, en el Título IV, se debiera incorporar instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas.

El proyecto de ley, complementó, debiera incorporar como objetivo asegurar la protección de la naturaleza, constantemente amenazada por el hombre y las actividades extractivas, tal como mandata la Constitución Política, en el artículo 19 N° 8; implementar los compromisos de las convenciones y tratados internacionales suscritos por Chile (Washington, CITES, CBD); generar un servicio público y un marco normativo que proteja la biodiversidad utilizada por sectores productivos (pesca, forestal, agricultura), que reúna competencias dispersas en diversas reparticiones de fomento de la administración del Estado; y comprometer recursos financieros suficientes para originar un sistema de información y planes efectivos para el resguardo de especies, ecosistemas y recursos genéticos.

Luego, aludió a materias generales ausentes en el proyecto de ley y que debieran incorporarse. En primer término, la protección de la dimensión genética, como ya se ha señalado recientemente; la conservación ex situ como una herramienta de conservación; normas referidas al resguardo de especies domesticadas o cultivadas (especies en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos), pues son consideradas por la CBD como parte de la diversidad biológica; el respeto irrestricto a la Convención de Washington y el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el ámbito de desafectación y concesiones; y por último, la consulta indígena establecida en el Convenio N° 169 de la OIT, pese a que muchos parques y reservas se emplazan en territorios de pueblos originarios.

Sobre el sistema nacional de áreas protegidas, observó que no se presenta como un sistema integrado, pues se debiera reconocer como prioritarios todos los sitios identificados por los convenios internacionales, ratificados por Chile, porque la mención a los sitios prioritarios es débil y no se advierte la presencia de la concepción de corredores biológicos. El sistema tampoco asegura un mecanismo de financiamiento; las definiciones usadas son ambiguas en aspectos claves como preservación, conservación, uso sustentable, recuperación o restauración; y no asegura la protección de las áreas protegidas frente a proyectos mineros o energéticos, en contravención a la Convención de Washington.

En cuanto a las áreas protegidas del Estado, añadió, el proyecto de ley considera la posibilidad de desafectar un área protegida por medio de un decreto supremo, con infracción a lo dispuesto en la Convención de Washington, que sólo autoriza la desafectación por medio de un acto de la autoridad legislativa competente. Por otra parte, el proceso de creación de un área protegida del Estado no es participativo ni considera la realización de un proceso de consulta indígena. En este sentido, recomendó incluir mecanismos de participación ciudadana, información y consulta en el proceso de creación de áreas protegidas del Estado; contemplar la intervención del Parlamento en la modificación y desafectación de dichas áreas; reconocer el rol de las municipalidades y gobiernos regionales en el proceso de creación de las áreas protegidas, incluyendo nuevas categorías, como parque urbano o regional, así como la existencia de comunidades y tierras indígenas, integrándolas en el proceso de creación de áreas protegidas, con figuras de cogestión para la administración de las mismas, en concordancia con el Convenio N° 169 de la OIT.

Respecto a los planes de manejo, opinó que se restringe la gestión a los planes, sin observar el ciclo íntegro del manejo de un área protegida (diseño, sistema de monitoreo y evaluación). Carecen también de un mecanismo de consulta y consentimiento previo, libre e informado en áreas protegidas creadas en territorios indígenas, ni consideran mecanismos de participación en el ciclo de manejo del área protegida. Para el caso, sugirió otorgar a los planes de manejo un carácter gradual con indicadores que evalúen la efectividad del manejo; indicar las actividades que no pueden desarrollarse en las áreas protegidas; e incluir un reglamento que norme el ciclo completo de manejo del área protegida, los mecanismos de participación, consulta y consentimiento previo en las áreas protegidas creadas en territorios de pueblos originarios.

Con relación a los guardaparques, señaló que el proyecto de ley es débil porque otorga numerosas atribuciones a dichos funcionarios, sin asegurar el adecuado financiamiento, capacitación ni herramientas para validar la labor que desempeñarán. Asimismo, no existe claridad en la iniciativa legal sobre la forma de cumplimiento de las atribuciones ejecutoras y fiscalizadoras, como por ejemplo, en la aplicación y cumplimiento de un plan de manejo, respectivamente. Además, exige un bajo requerimiento de formación académica para cumplir una atribución inspectora y no contempla un cuerpo de guardaparques para las áreas protegidas privadas. En este ámbito, propuso asegurar las condiciones adecuadas al cuerpo de guardaparques en materia de financiamiento, infraestructura y capacitación para un buen desarrollo de las funciones encomendadas; crear un cuerpo de guardaparques para áreas protegidas públicas y privadas, con atribuciones y funciones similares; e incrementar el nivel técnico para que los guardaparques puedan cumplir tanto un rol administrador o fiscalizador.

Expresó también, observaciones sobre las concesiones en áreas protegidas, manifestando que el proyecto de ley autoriza concesiones para actividades turísticas, científicas y educacionales en áreas protegidas del Estado, sin embargo, el comité técnico asesor no es integrado por ningún organismo pertinente. Además, apuntó, la gratuidad para las actividades de ciencia y educación no es la regla general, sino sólo una excepción para casos determinados, por tal motivo consultó si se trata de una estrategia de financiamiento de las áreas protegidas o de privatizar dichas zonas. En la misma línea, indicó que, en materia de turismo, no es conveniente promover un sistema general de concesiones en las áreas protegidas del Estado, dado que la experiencia internacional demuestra una tendencia a privatizar áreas o sectores para dicho uso. Por las razones comentadas, recomendó no permitir la concesión de áreas protegidas del Estado; restringir el uso turístico de dichas áreas al plan de manejo y la capacidad de carga, ubicando la respectiva infraestructura en zonas de amortiguación, fuera de las áreas protegidas; y regular el desarrollo de actividades de uso público en las áreas protegidas mediante un plan de gestión de uso público, enmarcándose en programas de desarrollo local sustentable, que aseguren la integración social y económica de las comunidades locales en el plan de manejo de las áreas protegidas.

Más tarde, declaró que el proyecto de ley no considera para las áreas protegidas privadas incentivos monetarios y no monetarios, estableciendo un sinnúmero de obligaciones (justificación, inscripción, plan de manejo, administración), sin correlato en materia de beneficios. Igualmente, la iniciativa legal limita la creación del área protegida privada a un plazo de 30 años, debilitando el sistema nacional de áreas protegidas. En este ámbito, planteó la necesidad de generar incentivos, como el acceso a programas de investigación y monitoreo, otorgar a las áreas protegidas privadas la calidad de receptores de medidas de compensación de las resoluciones de calificación ambiental o establecer la exención de impuesto a la herencia y al impuesto territorial; y entregar bonificaciones para administración a quienes opten por áreas protegidas privadas a perpetuidad.

Finalmente, insistió en la debilidad estructural del actual proyecto de ley por carecer de normativas que protejan los recursos genéticos, recomendando incluir dicho componente y adicionar las siguientes definiciones: diversidad genética, recursos biológico y genético, especies endémica y domesticada, centro de origen, conservación in situ y ex situ y uso sostenible. Además, se deben incorporar una categoría de reserva genética, con el objeto de conservar poblaciones acotadas de recursos genéticos silvestres; inventarios de recursos genéticos animales, vegetales y microbianos, dentro y fuera de las áreas protegidas, como medida de conservación; y conservación ex situ, como instrumento para la conservación de diversidad genética y recursos genéticos (jardines botánicos, bancos genéticos o de semilla). Por último, mencionó la necesidad de regular el acceso a los recursos genéticos dentro de las áreas protegidas, conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya.

Luego, el Honorable Senador señor Moreira consultó al Ejecutivo por la razón de excluir la protección de la diversidad genética en el actual proyecto de ley, como lo han expuesto diversos representantes de organizaciones ambientales y de la comunidad científica. Así también, se mostró alerta por la constante preocupación manifestada por distintos expositores sobre la posible vulneración de la Convención de Washington por la presente iniciativa legal, al autorizar la desafectación de un área protegida mediante un decreto y no por una ley.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, respondió que, si bien el Ejecutivo mantiene una posición distinta a las organizaciones respecto a la aplicación de la Convención de Washington, en particular, a la interpretación del concepto de autoridad legislativa competente, el Ministerio del Medio Ambiente se abre a la posibilidad de incorporar o perfeccionar conceptos del actual proyecto de ley, tanto en el ámbito del resguardo de la diversidad genética como en el respeto del referido convenio internacional, compromiso ya manifestado por el señor Ministro en una sesión anterior.

A continuación, el codirector del Observatorio Ciudadano, señor José Aylwin, explicó, antes de la exposición, que la organización que representa es un centro defensor de derechos humanos, con particular foco en el trabajo de derechos de pueblos indígenas, con asiento en la Región de la Araucanía, y también integra el Consorcio ICCA (áreas indígenas y comunitarias), que a nivel mundial promueven la conservación de la biodiversidad en áreas protegidas de pueblos originarios. La organización comparte los planteamientos efectuados por las organizaciones ambientalistas y la comunidad científica, sin embargo, señaló que la presentación se abocará al eje de protección del organismo que son los pueblos originarios.

Explicó que los pueblos indígenas han conservado la biodiversidad en sus territorios desde tiempos inmemoriales y el aporte de los conocimientos tradicionales de las comunidades de pueblos originarios a la conservación de la biodiversidad ha sido reconocido por la comunidad internacional. Mostró como ejemplo, el alto porcentaje de conservación de la diversidad biológica en América Latina a cargo de pueblos indígenas y comunidades locales, que se ha estimado en un 80%.

Dicho aporte ha sido reconocido también, por instrumentos internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que en su artículo 8, letra j), dispone que el Estado respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de tales conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.

Paradojalmente, observó, la forma de vida de los pueblos indígenas que ha permitido la conservación en Chile, se ha visto afectada de múltiples formas, como erradicación o usurpación de territorios indígenas, inclusive por la imposición, sin el consentimiento de las comunidades, de áreas protegidas del Estado en sus territorios de ocupación y propiedad ancestral, hoy reconocidas por el Convenio N° 169 de la OIT.

A modo de ejemplo, reseñó, el Parque Nacional Lauca, Región de Arica y Parinacota, se formó en un 90% sobre territorio de propiedad inscrita aimara; la Reserva Nacional Los Flamencos, Región de Atacama, se creó en tierras de ocupación tradicional de pueblos atacameños o lickanantai, único caso actual donde opera un sistema de cogestión o administración compartida con las comunidades; el Parque Nacional Villarrica, Región de la Araucanía, instalado en tierras de propiedad ancestral mapuche; y el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, Región de Magallanes, que ocupa territorio tradicional del pueblo kawésqar.

Desgraciadamente, expresó, el proyecto de ley no contiene una visión nueva de la conservación, conforme a las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre gobernanza de áreas protegidas. Dichas pautas revisan la concepción del modelo clásico de conservación, que fue pensado desde las sociedades dominantes, excluyendo a quienes conservaron. Las directrices postulan como nuevos modelos, la gobernanza: del Estado, compartida, privada y por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales, exhortando a los integrantes del organismo internacional a su reconocimiento, no obstante, el proyecto de ley sólo se refiere a la primera y tercera forma de gobernanza.

El año 2008, informó, la UICN señalaba que las áreas de gobernanza de pueblos indígenas y comunidades locales correspondían a áreas protegidas donde la autoridad administrativa y la responsabilidad recaen en pueblos indígenas y/o comunidades locales, bajo diversas formas de instituciones, normas, consuetudinarias o legales, formales o informales. El mismo año, continuó, el organismo internacional reconoció una figura más específica aún, denominada territorios indígenas de conservación, instando a las partes a reconocer dichos territorios y otras áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades, que comprenden sitios, paisajes terrestres y marinos, y lugares sagrados conservados; a apoyar la justa restitución de los derechos sobre la tierra y los recursos naturales, de conformidad con objetivos de conservación y sociales, a los pueblos indígenas y las comunidades locales; y a asegurar que la inclusión de dichas áreas protegidas dentro de los sistemas nacionales se materialice con el libre consentimiento informado previo de los pueblos indígenas.

Otra realidad observada por la UICN, mencionó, son los sitios naturales sagrados, que incluyen manantiales de agua pura, montañas con glaciares, formaciones geológicas inusuales, bosquecillos, ríos, lagos y cuevas, planteando la necesidad urgente para la conservación de tales sitios; situación de la cual el proyecto de ley no se hace cargo. Sostuvo además, que el mismo organismo había advertido el año 2003, el deber del Estado de establecer, gestionar y vigilar las áreas protegidas públicas que se relacionan o sobreponen a territorios indígenas, con participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales. Experiencias comparadas en la materia se han desarrollado profusamente alrededor del mundo, con presencia de territorios de conservación indígena con apoyo estatal, en Australia, por ejemplo, un 20% de las áreas protegidas corresponde a áreas protegidas indígenas, con financiamiento público; modalidades de participación y cogestión indígena, Argentina, Bolivia y Canadá; y procesos de restitución, en Bolivia, Canadá y Chile, caso Parque Nacional Chiloé.

El actual proyecto de ley, prosiguió, no menciona a los pueblos indígenas, es más, eliminó la referencia del artículo 84 de la iniciativa legal presentada por la administración anterior al artículo 35 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la cual dispone que en la administración de áreas silvestres protegidas, ubicadas en áreas de desarrollo indígena, se debe considerar la participación, de común acuerdo, sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las comunidades indígenas existentes. De acuerdo a un estudio, entre el 50% y el 80% de las áreas protegidas del Estado se superponen con territorios de ocupación tradicional indígena, que conforme al Convenio N° 169 de la OIT, son tierras de propiedad indígena.

En resumen, propuso incorporar en el proyecto de ley la nueva visión de gobernanza de áreas protegidas de la UICN y la categoría de territorios de conservación indígena, así como proteger los sitios sagrados cercanos a áreas protegidas o al interior de ellas; crear modalidades de financiamiento de las áreas protegidas de pueblos indígenas y comunidades locales, que pueden ser consideradas en el Fondo Nacional de la Biodiversidad; prohibir la creación de áreas protegidas en tierras de ocupación tradicional indígena, sin un proceso de consulta previa; establecer modalidades efectivas de participación no consultivas de pueblos indígenas en la administración de las áreas protegidas y mecanismos que aseguren su participación en los beneficios que generan; y otorgar prioridad en la concesión de áreas protegidas del Estado a pueblos indígenas. En último término, al igual que otras organizaciones, subrayó la necesidad de someter la actual iniciativa legal a un proceso de consulta indígena conforme al Convenio N° 169 de la OIT.

Posteriormente, el integrante del Consorcio ICCA (áreas indígenas y comunitarias de conservación), representante de la comunidad de Quinquén, Lonquimay, Región de la Araucanía, señor Joaquín Meliñir, expuso que la comunidad constituye el primer territorio de conservación de pueblos originarios en Chile, a través del proyecto Parque Pehuenche. La comunidad indígena de Quinquén es una agrupación conformada por 52 familias de origen mapuche-pehuenche, quienes habitan en territorios ancestrales ubicados en el sector cordillerano de Lonquimay, en el sector andino de la Araucanía, en un área aproximada de 12.000 hectáreas. Desde la constitución como comunidad indígena con plenos derechos culturales, políticos y sociales, el grupo ha hecho significativas contribuciones al país por medio de la mantención de la diversidad cultural de su pueblo y la conservación de la araucaria.

La base de la economía familiar del pueblo mapuche-pehuenche se basa en la recolección del piñón, fruto de la araucaria o pehuén, cuya comercialización permite sustentar la economía doméstica en un periodo del año, incluyendo también actividades relacionadas con la pequeña ganadería, el manejo forestal y la actividad turística.

Destacó la fuerte lucha que las comunidades indígenas dieron a principios de los 90, para evitar la tala indiscriminada de la araucaria por parte de empresas forestales, cuya consecuencia más favorable fue la declaración de dicho árbol sagrado como monumento natural el año 1991.

La comunidad de Quinquén fue una de las primeras en reivindicar los territorios ancestrales, los cuales se han destinado principalmente a ecoturismo, debido a la demanda creciente de turismo nacional e internacional por servicios turísticos asociados a naturaleza y pueblos originarios, con alta calidad de recursos turísticos con atributos naturales y culturales de enorme valor, gracias a lo cual, la comunidad ha desarrollado un potencial de nuevos líderes combinado con el soporte otorgado por la dirigencia más experimentada. Asimismo, ha elaborado iniciativas complementarias, como proyecto de vías verdes y geoparques, como también de ecoturismo, eje prioritario en el plan de desarrollo de la comunidad.

Con ilustraciones, graficó la conservación de la araucaria conjuntamente con un número indeterminado de especies vegetales y animales de la zona, llevada a cabo por las comunidades locales de pueblos indígenas, cuyo objetivo es mantener dicho espacio de conservación y seguir contribuyendo a la comunidad nacional en la protección del patrimonio natural.

Luego, el también integrante del Consorcio ICCA, y representante de la Asociación Indígena Mapu Lahual, Región de Los Ríos, señor Gustavo Paillamanque, explicó que Mapu Lahual es un territorio de conservación de pueblos originarios que se constituye como estrategia de defensa y conservación de la biodiversidad, ubicado en el sector costero de Osorno, específicamente en la zona de Maicolpué, abarcando un territorio de conservación en tres comunas: San Juan de la Costa, Río Negro y Purranque. Desde el año 1997, la comunidad ha trabajado en la creación de parques destinados a la conservación, iniciativa propia que han intentado enriquecer con colaboración técnica y financiera.

El territorio de conservación, declaró, se usa para el manejo sustentable del bosque nativo, el desarrollo de la agricultura y ganadería de subsistencia, el ejercicio de la pesca y extracción de recursos bentónicos, la ejecución de proyectos de ecoturismo y conservación de la naturaleza, y el rescate de la cultura del pueblo mapuche-huilliche. La idea, señaló, es mantener los usos actuales del territorio, con futuros avances en infraestructura, vivienda, senderos, caminos y puertos.

En materia de gobernanza, manifestó, se ha creado la asociación indígena Mapu Lahual, una cooperativa de trabajo, sindicatos de pescadores artesanales, sociedades forestales, grupos de emprendedores de artesanos y recolectores de orilla, y alianzas con ONG. Igualmente, comentó, nueve comunidades indígenas de la zona han destinado parte de su territorio a la conservación.

Dentro del ámbito del desarrollo sustentable, mencionó que en la comunidad poseen plan de conservación de parques, de ordenamiento territorial, de manejo de alerce y otras especies, de administración de los espacios costeros marinos de pueblos originarios (ECMPO), áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, estrategias de turismo sustentable, artesanía, conservería, recolección de algas y productos forestales no madereros.

Los parques comunitarios que se pueden identificar en el área son: Manquemapu, con 300,84 hectáreas de superficie; Gilberto Cumilef, con un área de 318,43 hectáreas; Pedro Loy Huaquian, con una extensión de 387,17 hectáreas; Juan Melillanca Naguian, con 123,85 hectáreas; y Pichi Mallay, con 12,82 hectáreas.

Mapu Lahual, afirmó, se ha constituido en un modelo de territorio de conservación de pueblo originario, cuya historia data del año 2000 cuando se crearon el plan de conservación de recursos naturales, el plan maestro territorial y los sitios prioritarios de conservación a nivel mundial, reconocidos por el Ministerio del Medio Ambiente y el World Wildlife Fund for Nature (WWF). Luego, el año 2002 nació la red de parques indígenas Mapu Lahual, que el 2004 recibió el apoyo de la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Nueva Zelanda. Al año siguiente, se crearon las áreas protegidas Mahuidantu, Lafquenmapu y Mapu Lahual. Finalmente, el año 2010 se obtuvo el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sello bicentenario y un proyecto GEF y del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) para reconocer los parques indígenas. Como resultado, valoró la elaboración de mapas con usos definidos representados con diferente pigmentación simbólica y validados por todos los actores.

Resaltó como desafíos de los espacios marinos costeros para pueblos originarios (EMCPO), la presentación de nuevas solicitudes para avanzar en la conformación del territorio Mapu Lahual; la creación de planes de administración de cada EMCPO, validado por la mesa del borde costero; la contribución al manejo sustentable de los recursos marinos en los espacios actualmente asignados; la promoción de alianzas con los actores de la pesca artesanal y organizaciones conservacionistas para lograr dichos objetivos; la disminución de la brecha entre productor y consumidor final; y la búsqueda de financiamiento para iniciar la operación de los planes de administración.

En ese sentido, señaló que la comunidad se ha fijado como próximas metas a cumplir, el apoyo a la formación de nuevos líderes tanto en la asociación, como en las comunidades y organizaciones, así como el fortalecimiento de las organizaciones presentes dentro del territorio; la elaboración de planes de ordenamiento y estratégicos para el desarrollo y defensa del territorio; la puesta en marcha del comité de coordinación entre los actores interesados en adherirse a la idea de desarrollo de un área protegida indígena; y el enlace con otras iniciativas nacionales e internacionales del mismo tipo. Asimismo, expresó la necesidad de hacer visible la iniciativa en distintas instancias para llamar la atención tanto del Estado como de la ciudadanía.

Por último, pidió incorporar en el actual proyecto de ley, el trabajo desarrollado por las comunidades indígenas en conservación de biodiversidad, el cual ha constituido un aporte valioso a la sociedad nacional, aunque sólo haya contado hasta ahora con el apoyo de los pueblos originarios.

En último término, el abogado señor Pablo Cayul, integrante del Consorcio ICCA, sostuvo que las recientes exposiciones dan cuenta de la cosmovisión del pueblo mapuche, compartida por otros pueblos originarios, que dice relación con un equilibrio y armonía con el entorno natural. Los ancestros de las distintas comunidades indígenas convivieron en el pasado con la misma filosofía de vida, que hoy las nuevas generaciones intentan rescatar, recuperar y fortalecer. El pueblo mapuche comprende a la naturaleza y el ser como un solo ente.

En este contexto, el actual proyecto de ley significa un avance para la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, luego que intenta coordinar y ordenar normas dispersas en distintos cuerpos legales, cuyo foco no cubre todas las aristas de la diversidad biológica. Lamentablemente, indicó, es insuficiente, dado que hoy existen territorios indígenas de conservación que la institucionalidad del Estado ha desconocido, constituyéndose en un grave problema porque una vez más se desconoce el rol de los pueblos originarios, en este caso, en materia de conservación de biodiversidad. Cuando el rol de las comunidades indígenas se torna invisible se pierde el respeto y el diálogo se quiebra porque no se reconoce al otro como un sujeto.

Pidió que el Estado de Derecho fuera respetado, puesto que Chile ha suscrito y ratificado convenciones internacionales donde se ha obligado a cumplir ciertos estándares en respeto a los derechos indígenas, como el Convenio N° 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Exigen el mismo nivel de rigurosidad que se aplica al pueblo mapuche cuando se moviliza en reivindicación de sus derechos.

El interés de las comunidades de pueblos originarios, manifestó, es ser parte del país, sin embargo, un elemento base de cohesión social para la comunidad nacional es el reconocimiento de existencia, pensamiento y posiciones de los pueblos indígenas. Por dicho motivo, invitó a los integrantes de la Comisión a no convertirse en aliados de la vulneración de derechos indígenas que el Estado ha infligido a las comunidades al ignorar los mismos derechos que Chile ha reconocido.

Asimismo, exigió someter la presente iniciativa legal a un proceso de consulta indígena, para así dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país. Dicho proceso consultivo, aseguró, servirá de experiencia para la consolidación de una nueva relación del Estado con los pueblos originarios, incentivando a los presentes a aprovechar la oportunidad para consultar otros temas relevantes como el uso de los recursos hídricos.

Además, recordó que existe un problema práctico con ciertas áreas protegidas del Estado de sobreposición con tierras de pueblos originarios, como en los casos mencionados de los parques nacionales de Lauca, Villarrica y Bernardo O’Higgins. Ante dicha situación, planteó la necesidad de restituir dicha propiedad a los distintos pueblos originarios titulares de dichos derechos, que han ejercido la posesión y el uso ancestral de tales territorios. Asimismo, puso énfasis en la necesidad de promover apoyo financiero estatal para llevar a cabo la idea de desarrollo de territorios indígenas de conservación.

Concluyó señalando, que existe una situación de hecho conocida ahora por las autoridades, que es imprescindible regular.

Finalmente, la consejera política de Greenpeace Chile, señora Elizabeth Soto, expuso que la fundación trabaja hace años en los procesos legislativos relacionados con la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, así, se ha vinculado tanto en la discusión del proyecto de ley presentado por la administración anterior, como en el actual debate. Si se logra un acuerdo para perfeccionar ciertos aspectos de la presente iniciativa legal, manifestó, la creación del futuro organismo será un significativo paso en regulación, protección y conservación de la biodiversidad en Chile. Un organismo de tales características, indicó, permitirá al país avanzar en el cumplimiento de convenios internacionales de protección de la naturaleza, y en especial, en responder al compromiso de resguardar, al menos, el 10% de los ecosistemas marinos y terrestres de cada región ecológica al 2020, conjuntamente con otorgar un marco normativo a la conservación de la flora y fauna nacional.

Para tal efecto, declaró, se requiere un servicio que garantice efectivamente la protección de la naturaleza, conjugando dicha necesidad con el acceso de la población a conocer la biodiversidad de su entorno. Por tal motivo, expresó, es vital para la conservación de los ecosistemas nacionales resolver los eternos conflictos que se originan en materia de desarrollo y buscar el equilibrio justo entre desarrollo productivo y conservación del ecosistema, evitando la consiguiente judicialización de cada proyecto.

Dentro del contexto de la creación del referido servicio, sostuvo, es prioritario que Chile se comprometa a ratificar los protocolos de Nagoya y Cartagena, antes de proponer cualquier medida o plan sobre especies invasoras, como lo sugiere el presente proyecto de ley.

Luego, comentó sobre la iniciativa legal en particular, que la normativa que crea el nuevo servicio debiera tener rango orgánico constitucional, o al menos, considerar artículos de quórum calificado, así se otorgaría mayor protección al marco jurídico para la conservación de la diversidad biológica ante una futura propuesta de modificación legal que favorezca el desarrollo de planes productivos. No se debe olvidar, indicó, que el futuro servicio dependerá del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, integrado mayoritariamente por ministerios de fomento productivo, con excepción de Salud, Medio Ambiente y Planificación, razón por la cual se cuestiona la capacidad real para proteger la biodiversidad del nuevo servicio, debido a que carece de resolución en temas tan controversiales, como la desafectación de parques nacionales.

Asimismo, agregó, el proyecto de ley no consolida la participación de actores relevantes en protección de la biodiversidad, como la sociedad civil, la ciencia y las comunidades indígenas. Sobre el último grupo, apuntó, la situación es aún más grave, por cuanto no consideró un proceso de consulta indígena, contraviniendo el Convenio N° 169 de la OIT.

Igualmente, señaló, es imprescindible asegurar el financiamiento necesario para la creación, implementación y mantención del nuevo servicio, acorde con la importancia estratégica de la conservación de la biodiversidad para el país. No sería conveniente, aseguró, repetir malas experiencias en implementación de nuevas instituciones ambientales, como aconteció con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuya falta de financiamiento ha entorpecido su labor fiscalizadora.

Otro punto negativo es la falta de visión del proyecto de ley sobre océanos, y en particular, sobre áreas marinas. La iniciativa debiera considerar todos los aspectos involucrados en los ecosistemas marinos, en especial, la cantidad de actividades que se realizan, la forma en que se vinculan y la posible superposición entre ellas, como por ejemplo, la relación habida entre conservación de mamíferos y salmonicultura. Tal es el caso, graficó, de la bahía de Quellón, localizada al sur de la isla de Chiloé, en cuyo alrededor se ubican una serie de islotes donde habita el delfín chileno, especie mamífera endémica cuyo rasgo más característico es su aleta redonda. Lamentablemente, alegó, la rada está saturada de centros salmoneros y cultivos de choritos, actividades que restringen el movimiento de los mamíferos por la bahía, afectando mayormente a las especies nuevas que mueren atrapadas en redes pertenecientes a los establecimientos acuícolas. Dicha situación, aseveró, se repite en el Golfo de Corcovado, zona de tránsito de la ballena azul. El ecosistema marino debe contemplarse en un capítulo completo, incorporando la opinión de las entidades científicas que investigan en áreas costeras y oceánicas, ya que no se puede asimilar el trato de dos ecosistemas tan distintos como el terrestre y el marino.

Por último, mencionó, Greenpeace Chile estima de suma relevancia que el actual proyecto de ley incluya aspectos relacionados con el cambio climático y la protección dentro y fuera de áreas protegidas tanto de glaciares como de recursos hídricos.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, solicitó a los representantes de los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura considerar las observaciones formuladas por los expositores, en particular, sobre temas reiterados en diferentes sesiones de la Comisión, como la incorporación de instrumentos de conservación ex situ, la protección de especies domesticadas o cultivadas, la realización de un proceso previo de consulta indígena, la capacitación y el financiamiento para la formación de guardaparques, la regulación de las concesiones turísticas para que el otorgamiento no tienda a privatizar las áreas protegidas, la promoción de incentivos económicos para la creación y funcionamiento de áreas protegidas privadas y el reconocimiento a la gobernanza de áreas protegidas efectuada por pueblos originarios, señalada por el señor Aylwin y los integrantes del Consorcio ICCA. Asimismo, consultó a los presentes la opinión sobre extender el ámbito de acción de la ley sobre Donaciones con Fines Culturales a contribuciones conservacionistas.

La Directora Ejecutiva de Fundación Terram, señora Flavia Liberona, recordó que la idea de ampliar los beneficios tributarios a los donativos con fines ambientales estuvo presente en la discusión legislativa que modificó dicha ley, liderada principalmente, por los representantes de Así Conserva Chile A.G. y The Nature Conservancy (TNC), sin embargo, la anterior administración se negó a su incorporación.

La Directora del Programa Chile Sustentable, señora Sara Larraín, concordó con la señora Liberona, en cuanto al avance en la discusión de extender los beneficios tributarios a donaciones para la protección del patrimonio natural, suscitada con ocasión de la discusión para modificar la ley de donaciones mencionada. En esa línea, consideró indispensable homogeneizar un marco jurídico transparente que sume fondos a la conservación de la biodiversidad y evite desviaciones irregulares de dinero, ámbito débilmente tratado en el actual proyecto de ley. Si el objetivo es crear una institucionalidad a cargo del resguardo de la diversidad biológica es obligación buscar sinergia en la información, definir atribuciones de los servicios públicos y comprometer el financiamiento de las nuevas funciones, de lo contrario, la iniciativa legal sólo será una declaración de buenas intenciones.

El codirector del Observatorio Ciudadano, señor José Aylwin, compartió la idea de extender los beneficios tributarios, regular la donación privada y buscar nuevas formas de financiamiento para la protección de la biodiversidad, sin embargo, advirtió, es deber fundamental del Estado dotar de un presupuesto suficiente al futuro servicio para cumplir con las futuras atribuciones, posibilitar el apoyo a nuevas formas de gobernanza y financiar el Fondo Nacional de la Biodiversidad. En este sentido, remarcó que actualmente existen recursos fiscales para el cumplimiento de dichas tareas, sólo que han sido mal distribuidos, pues CONAF destina dos tercios del presupuesto asignado cada año a subsidios forestales, cuyas implicancias ambientales son inciertas, y solamente un tercio a la conservación de la diversidad biológica.

El Honorable Senador señor Moreira manifestó que la Comisión ha oído sin prejuicios los temas planteados por los distintos actores interesados en opinar sobre la iniciativa en estudio, por ello, señaló la necesidad de buscar acuerdos en los aspectos elementales de la presente iniciativa legal, ya que la experiencia parlamentaria ha demostrado que la insistencia en regular todas las aristas de un tópico determinado retrasa indebidamente la creación de un marco normativo; es preferible legislar prontamente sobre una realidad existente y, luego, incorporar las modificaciones que se juzguen pertinentes.

La Directora del Programa Chile Sustentable, señora Sara Larraín, manifestó comprender la urgencia de regular un tema tan importante para el país, como es la protección de la biodiversidad, y con tal de cumplir dicho objetivo las organizaciones ambientalistas han demostrado capacidad de diálogo y apertura, como por ejemplo, en la discusión para modificar la matriz energética nacional, donde estuvieron de acuerdo en introducir modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos para incorporar normas que aseguren un porcentaje de fuentes de energía renovable, en vez de derogar la normativa en forma íntegra, como era la aspiración de las organizaciones. No obstante, acentuó, en su opinión, Chile no puede seguir operando en materia de biodiversidad como si fuera un sector informal de la economía, encargando a CONAF, un organismo privado, una función pública, como la conservación de la diversidad biológica nacional, por ello, instó a visibilizar las estrategias modernas de conservación, regular el financiamiento privado de las iniciativas conservacionistas, ya que tampoco es posible que sólo personas adineradas sean capaces de crear un parque nacional o un área protegida. Si se permite el término, declaró, el país debe apoyar a la red de voluntarios organizados como verdaderas pymes de la conservación, cuyo trabajo debiera ser recogido por el actual proyecto de ley.

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La Comisión recibió en la sesión del 30 de septiembre de 2014, a los representantes del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB Chile); a la Doctora en Ecología y Biología Evolutiva, señora Bárbara Saavedra; y al profesor titular del Departamento de Ciencias, de la Universidad de Chile, señor Javier Simonetti.

El representante del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB Chile), Doctor Pablo Marquet, expuso que el trabajo desarrollado por el Instituto se basa en una estructura formada por una red de organizaciones a lo largo de Chile, con once investigadores principales y catorce investigadores adjuntos y jóvenes, reunidos desde el año 2006 bajo la iniciativa científica Milenio, radicada en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y con aportes del Programa de Financiamiento Basal, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Es un centro de ciencias financiado con erario público, a fin de producir ciencia relevante para Chile, integrado por las universidades de La Serena, de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Austral de Chile y de Magallanes, así como por la Fundación Senda Darwin, Fundación Omora y Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).

Declaró que la misión del Instituto es realizar investigación de frontera en ciencia de la biodiversidad, con atención especial a los efectos del cambio climático pasado, presente y futuro, y promover el avance y transferencia del conocimiento tanto al sector público como privado, que respalde la conservación, manejo y uso sostenible del capital natural y los ecosistemas para el desarrollo.

Las líneas de investigación del organismo, informó, se desarrollan en paleoecología, macroecología, ecología de ecosistemas, macro y micro evolución, biología de especies invasoras y ética ambiental, que se proyectan hacia la sociedad a través de estudios para la industria del vino, el ecoturismo, la ecoinformática y la creación de laboratorios de especies invasoras, donde se intenta anticipar y evaluar los riesgos para la biodiversidad en Chile. Además, el instituto cuenta con una red chilena de sitios de estudios socio-ecológico de largo plazo, ubicados en la Estación Experimental Fray Jorge, Región de Coquimbo; Estación Biológica Senda Darwin, Chiloé; y Parque Etnobotánico Omora, Región de Magallanes; investigación efectuada por más de 10 años, y en el caso de Fray Jorge, por más de 25.

Entre los temas más relevantes del proyecto de ley en discusión, destacó el concepto de biodiversidad y la importancia de su protección, el estado de la diversidad biológica en Chile y el valor de establecer un marco normativo para la conservación de la biodiversidad, para lo cual mencionará una serie de sugerencias que la comunidad científica reunida en el Instituto considera indispensable para perfeccionar la actual iniciativa legal.

En cuanto a la noción de biodiversidad, reiteró las ideas explicadas por expositores anteriores, en cuanto a concebir a la biodiversidad como la diversidad de lo vivo en todas sus manifestaciones y componentes, sumado al resultado de lo vivo en su vivir, es decir, todas aquellas cosas que emergen de la interacción entre los seres vivos, y dentro de ello, los servicios que provee la biodiversidad para el bienestar humano por medio de los ecosistemas. La diversidad biológica transita desde el organismo más diminuto, como las moléculas asociadas a la vida, hasta el componente más enorme, la biosfera, incluyendo los procesos globales que posibilitan la vida en general, la presencia del ser humano en particular y el modo de vida que los seres humanos han elegido para su existencia en la Tierra.

La evidencia científica sobre el valor de la conservación biológica, puntualizó, es de larga data, pero un experimento reciente realizado en Portugal, Francia, Alemania, Suiza y España, denominado BIODEPTH (Biodiversity and Ecological Processes in Terrestrial Herbaceous Ecosystems), evaluó la importancia de la diversidad biológica en distintos atributos de los ecosistemas, y demostró, entre otras cosas, que la diversidad de especies incrementa la producción de biomasa, es decir, la productividad se incrementa cuando la biodiversidad se acrecienta, por ejemplo, si existe diversidad biológica, el suelo se torna más productivo, y por ende, la actividad agrícola más económicamente sustentable; sin biodiversidad no es posible el desarrollo de la agricultura. Asimismo, se acreditó que la diversidad de especies reduce la exposición de los seres humanos a las enfermedades y plagas, por un efecto conocido científicamente como de dilución, el cual implica que a mayor presencia de diversidad biológica más se diluye el impacto de la enfermedad sobre los seres humanos.

La importancia del resguardo de la biodiversidad, afirmó, atañe también al ámbito económico, luego que la diversidad biológica en el seno de los ecosistemas genera servicios de valor para la sociedad. Un ejemplo muy en boga, graficó, es la creciente industria de la polinización. Si la abeja desapareciera del planeta, también desaparecería el hombre, fue la célebre frase atribuida a Albert Einstein. Probablemente la preocupación del famoso científico era que sin la presencia de dichos agentes polinizadores la humanidad no podría subsistir por la desaparición de una serie de cultivos fundamentales para la sobrevivencia, que constituyen, además, la base comercial de muchos países, entre ellos Chile, que más de alguna vez ha pretendido convertirse en una potencia agroalimentaria. La cuantificación de los servicios prestados por los polinizadores ha sido avaluada por Estados Unidos en USD 14.000 millones anuales, aunque lamentablemente, alegó, los servicios ecosistémicos ofrecidos por las abejas han sido subvalorados en Chile.

La relación de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano, señaló, se aprecia en un informe elaborado por cientos de investigadores a nivel mundial, denominado evaluación de los ecosistemas del milenio. Dicho estudio divide los servicios que provee el ecosistema en servicios de apoyo, que corresponden a actividades fundamentales para mantener las funciones esenciales, como el ciclo de nutrientes o la formación de suelo; de aprovisionamiento o acceso directo de recursos como alimento, agua dulce, combustible, madera y fibra; de regulación, que moderan el clima, inundaciones, enfermedades o purificación del agua; y culturales, que permiten disfrutar de lugares que sintonizan con la existencia del ser humano, otorgando valores estéticos, espirituales, educacionales y recreativos. Dichos servicios ecosistémicos son fundamentales para el bienestar humano. Como ejemplo, recordó el clima de inseguridad en los días posteriores al terremoto del año 2010 creado por el desabastecimiento de agua; tales servicios cumplen funciones de seguridad personal ante desastres y acceso seguro a recursos, otorgando materiales esenciales para una vida decorosa y salud.

La conservación de la diversidad biológica es fundamental para la subsistencia del ser humano, quien a partir de la primera migración desde el continente africano hasta la actualidad ha provocado una serie de modificaciones a la biosfera, como consecuencia del crecimiento poblacional explosivo y las actividades productivas desarrolladas. El quid del asunto es asumir la responsabilidad de regular dichos cambios con el objeto que no se repitan contra la humanidad. Tales cambios dicen relación con la modificación del uso de suelo y la necesidad de reconvertir áreas urbanas o productivas en hábitats naturales. Igualmente, la sociedad debe comprometerse a disminuir las alteraciones de ciclos biogeoquímicos, como el del carbono, ocasionado por la emisión de dióxido de carbono (CO2) debido al uso de combustibles fósiles, o el del nitrógeno, asociado a la utilización en cultivos de reducida productividad; ambas variaciones interactúan tanto con el cambio climático, por el incremento de gases con efecto invernadero, como con la explotación de especies para el consumo humano, causando un cambio en la biosfera, y por consiguiente, una pérdida de biodiversidad.

El actual proyecto de ley es un buen inicio para enfrentar los efectos del cambio global, siempre y cuando el país sea consciente de la obligación de regular otros temas, como el uso del nitrógeno en compuestos agroquímicos y la descarga de dicho componente a cursos fluviales. El impacto de las actividades humanas ha motivado a ciertos científicos a reconocer la era actual como un nuevo eslabón geológico en la vida del hombre, denominado antropoceno, como fue mencionado por una publicación de la revista internacional The Economist.

Otro aspecto importante, subrayó, es recordar que los sistemas naturales no se comportan de un modo lineal, es decir, no es posible extrapolar las actuales alteraciones a la biosfera como si fueran a mantener un comportamiento homogéneo hacia el futuro. De hecho, la evidencia científica anticipa que durante la mitad del presente siglo la humanidad sufrirá mayores cambios debido al impacto que causará la existencia de una población mundial de, aproximadamente, nueve billones de habitantes; sin duda factores como el uso de la tierra y los ciclos que permiten el funcionamiento de los ecosistemas traspasarán los umbrales conocidos. Amén del cambio global, la sociedad deberá responder a la conservación de la biodiversidad en dicho contexto, pues es imperativo cuidar del patrimonio natural para futuras generaciones.

Para Chile, resaltó, el desafío no sólo será cuidar de la diversidad biológica en general, sino en especial, proteger las zonas reconocidas como puntos calientes de biodiversidad (hotspot), lugares donde habita una enorme diversidad de especies endémicas, cuya área ha sido alterada en más de un 70%, es decir, son zonas geográficas donde se combina una riqueza de flora y fauna, y una gran vulnerabilidad debido a las acciones del hombre sobre los ecosistemas, tal es el caso del hotspot de Chile central y del norte andino.

Un mecanismo para conservar la biodiversidad, reseñó, es la creación de áreas protegidas, aspecto que si bien Chile destaca por el 20,14% de protección del territorio nacional, es deficiente en distribución por el predominio de áreas de protección en los extremos norte y sur del país, con escasa o nula presencia en la zona central, área geográfica donde existe mayor cantidad de actividades productivas y concentración de centros urbanos. No cabe duda que el número de parques nacionales es una enorme inversión estatal, sin embargo, es insuficiente, como se aprecia en un gráfico que muestra un alta concentración de especies en la zona central, pero con una baja superficie de protección, por el contrario, en los extremos del país se aprecia un alto nivel de áreas protegidas, pero una menor cantidad de especies habitantes. La ciencia en general ha desarrollado herramientas científicas para identificar portafolios de sitios para la conservación, así, mostró un mapa de Chile donde se destacan diversos puntos geográficos del país prioritarios para la eventual creación de un área protegida para vertebrados.

Expresó que uno de los grandes desafíos nacionales en biodiversidad es enfrentar la brecha de conocimiento ocasionada por la falta de investigación científica, sobre todo de los procesos que la diversidad biológica sustenta y de los servicios que cada ecosistema ofrece. Solucionar dicha brecha requiere investigación, por supuesto, pero también la creación de una base de datos de uso público, así como la mantención y extensión de una red de sitios de monitoreo de largo plazo.

Valoró el actual proyecto de ley, en especial, porque asume el desafío de resguardar el patrimonio natural de Chile, fundamental para el desarrollo económico y social de futuras generaciones. Destacó igualmente, el enfoque legislativo tanto en la biodiversidad como en los servicios ecosistémicos; la creación de un servicio público a cargo de su protección; la generación de nuevos mecanismos de financiamiento para la conservación, como el banco de conservación y el Fondo Nacional de la Biodiversidad; y el establecimiento de un nuevo sistema nacional de áreas protegidas, que incluye áreas privadas de conservación. Sin perjuicio de lo anterior, puso énfasis en la necesidad de expandir la visión de conservación más allá de la existencia de áreas protegidas, con una mirada global sobre el territorio patrio que permita compatibilizar actividades económicas y conservacionistas, en pos de la gran meta nacional: el desarrollo sustentable de Chile.

Por otra parte, hizo comentarios sobre aspectos de la presente iniciativa legal que pueden ser perfeccionados. Por ejemplo, observó, la normativa debiera incluir explícitamente el Principio Científico, el cual obliga a asegurar que las decisiones de manejo para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se basen en el conocimiento científico disponible y exige realizar el esfuerzo necesario para priorizar su obtención cuando no haya conocimiento suficiente. Además, recomendó reemplazar las definiciones de ecosistema amenazado y degradado por los conceptos sugeridos por la UICN (ecosistemas en peligro crítico, en peligro y amenazados), abriendo mayores espacios de comparación con realidades ambientales extranjeras por el uso de idénticos parámetros de medición.

También, instó por la redefinición de sitio prioritario, ya que el actual proyecto de ley concibe a dicho sitio como el lugar que ha sido priorizado para la conservación de su biodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Si bien valoró que el mecanismo para priorizar los sitios en el plan de acción nacional para la implementación de tal estrategia sea regional y se haya basado en la consulta ciudadana, reparó que dicho ejercicio ciudadano debiera ser complementado con un análisis científico a nivel regional y nacional orientado a la identificación de sitios y a la creación de un portafolio de opciones. Para el cumplimiento de dicho objetivo, en Chile se han desarrollado herramientas cuantitativas, reproducibles y transparentes, que ya han sido aplicadas con éxito.

Del mismo modo, señaló que el objeto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas debiera ser general y no focalizado en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieran de medidas para su conservación. De la misma forma, la aplicación y fiscalización de normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo tampoco debe enfocarse sólo en mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas, sino en todos los componentes de la biodiversidad, contemplando, además, la restauración de servicios ecosistémicos. Manifestó también, que en varios artículos de la actual iniciativa legal no se incluye a anfibios y peces de aguas continentales, aspecto problemático dado el alto nivel de endemismo, fragilidad, escasa protección y alto grado de amenaza soportado por dichas especies.

En cuanto a la administración del nuevo servicio, declaró que el proyecto de ley en discusión, contempla la creación de un comité técnico de carácter consultivo para apoyar los procesos concesionales. Además de dicho comité, a su juicio, la iniciativa legal debiera considerar un comité científico asesor para apoyar tanto al nuevo organismo como al futuro Director Nacional, en especial, para cumplir las atribuciones relacionadas a la creación de nuevas áreas protegidas, la elaboración y ejecución de estudios conducentes a conocer el estado de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, la implementación de redes de monitoreo para conocer el estado de conservación de la diversidad biológica nacional, la elaboración de informes sobre el estado de la biodiversidad e inventarios de especies y ecosistemas, y la implementación de planes de recuperación, conservación y gestión de especies.

Respecto al sistema nacional de áreas protegidas, explicó que aunque el proyecto de ley señala como objetivo del sistema asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país en áreas integrantes de la red nacional, es necesario subrayar como un propósito más general, la conservación de toda la biodiversidad y los servicios ecosistémicos nacionales, más que la sola protección de un modelo representativo. En general, las acciones de conservación no se deben restringir a la creación de áreas protegidas, sino también expandirse a todo el territorio nacional. El objetivo fundamental es definir un marco regulatorio que permita la zonificación diferencial del territorio donde coexistan áreas de conservación con zonas de usos mixtos. Además, la representatividad no asegura que los servicios ofrecidos por los ecosistemas continúen proveyéndose en un futuro.

Finalmente, hizo presente una serie de comentarios menores sobre el presente proyecto de ley, que puso a disposición de Sus Señorías por medio de un documento escrito entregado para tal efecto.

Más adelante, expuso la Doctora en Ecología y Biología Evolutiva, señora Bárbara Saavedra, quien antes de dar inicio a su presentación, explicó que su presencia en esta Comisión respondía además, a su calidad de Directora de Wildlife Conservation Society Chile, ONG internacional dedicada a la protección de la vida silvestre y de sus hábitats naturales, y a promover la coexistencia armoniosa entre naturaleza y seres humanos, con base en New York y presencia en más de 50 países. En Chile, la organización arribó a fines de los 70, aunque formalmente sólo se constituyó en el año 2004, con la creación del Parque Karukinka, en Tierra del Fuego, área protegida donde se protegen los bosques subantárticos más importantes en el mundo.

Asimismo, manifestó representar a la Sociedad de Ecología de Chile, sociedad científica nacional creada en 1978, que promueve y estimula el desarrollo de las ciencias ecológicas en Chile, e integrada por ecólogos profesionales formados en la disciplina, cuyo trabajo científico ha sido reconocido a nivel nacional e internacional mediante la entrega de diversos galardones y por la participación como asesores en organismos públicos y privados.

Al igual que otros científicos, se refirió primeramente al concepto de biodiversidad, señalando que es una noción compleja, nueva y ubicua, que se estructura en distintos niveles: genes, especies y ecosistemas; que se presenta tanto en áreas terrestres como marinas. En cada nivel se forman estructuras, que a su vez crean componentes, que luego realizan procesos específicos, cambiantes en el tiempo. La diversidad biológica es el objeto de estudio de las ciencias ecológicas, razón por la cual destacó la importancia de reconocer a los profesionales formados en la disciplina como los especialistas en la materia.

A nivel genético, continuó, la biodiversidad se caracteriza por las variaciones dentro de cada especie, aspecto donde América, y en particular Chile, han jugado un rol destacado a nivel mundial como reservorios alimentarios esenciales. El país ha provisto alimentos de consumo diario que hoy sostienen la población humana, como por ejemplo, la papa, cuyo centro nacional de diversificación de especies se ubica en Chiloé. La diversidad biológica corresponde también, a adaptaciones locales, soluciones evolutivas únicas e irrepetibles, que cuando desaparecen no suceden nuevamente. Un proceso relevante, como el movimiento de genes, permite mantener la persistencia de la especie y abre la posibilidad de adaptación futura ante escenarios inciertos, como el cambio climático. Aunque sea difícil de creer, en Chile se pueden apreciar especies únicas, imposibles de observar en otra parte del mundo.

A nivel de especies, prosiguió, la biodiversidad involucra a todos los organismos que habitan el planeta. En Chile se han descrito aproximadamente 30.000 especies, pero estudios científicos sostienen que dicha cifra se podría multiplicar diez veces si se conocieran todas las especies nacionales. Así es el nivel de desconocimiento sobre la materia. Agregó que todos los organismos vivos se reproducen, depredan y polinizan, acciones que originan una biodiversidad nacional maravillosa, de una importancia crítica para la sobrevivencia, sumamente conspicua en ciertos casos, como la presencia de grandes cetáceos en el Océano Pacífico, y muy discreta en otros, como la nueva bacteria hallada en el altiplano chileno. La mayor parte de la diversidad biológica, insistió, no ha sido descubierta ni descrita.

En último término, describió, la biodiversidad también contiene un nivel de ecosistemas, que en Chile se distribuyen entre ecosistemas andinos, forestales, marinos, agrícolas e, incluso, urbanos. Dentro de cada ecosistema ocurren distintos procesos: fijación de carbono, provisión de agua, producción de suelo, limpieza de océanos o producción costera; procesos que entregan servicios a la población humana.

La biodiversidad, aseguró, es un factor clave para el bienestar humano, concepción ni siquiera elaborada por las ciencias, sino por la economía, donde se reconoce que el bienestar social se determina por cuatro pilares: salud de la economía, salud de la población, justicia social y salud del ambiente, dentro del cual la conservación de la diversidad biológica cumple un rol crítico, pues es el factor que determina más directamente el bienestar de la población humana. Chile hoy aborda tres ejes, sin embargo, la salud del ambiente ha permanecido invisible durante largo tiempo, abriendo el actual proyecto de ley una oportunidad para incorporar dicho pilar al bienestar de los chilenos. La visión señalada ha sido dirigida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la opinión de la UICN, y ha sido adoptada por la OCDE, el Banco Mundial y el International Council on Mining and Metals (ICMM).

Conservar la biodiversidad es esencial, afirmó, porque personas y naturaleza confluimos en un único sistema, integrado y socio-ecológico, que al resguardar la diversidad biológica asegura la propia existencia humana y su bienestar, pues la biodiversidad sostiene íntegramente a la población humana, tal como fuera identificado en el estudio sobre evaluación de ecosistemas del milenio, mencionado por el anterior exponente.

Luego, resumió los diversos servicios ofrecidos por cada ecosistema, resaltando los servicios de aprovisionamiento, que corresponden a productos obtenidos de los ecosistemas, como alimentos, agua dulce, leña, fibra, bioquímicos o recursos genéticos; servicios regulatorios, que son beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, como la regulación climática, de inundaciones, de enfermedades, purificación del agua o polinización; y los servicios culturales, que son beneficios inmateriales obtenidos de los ecosistemas, como los educacionales, recreacionales y turísticos, espirituales y religiosos, estéticos y el patrimonio cultural. En la base de cada servicio ofrecido por los ecosistemas se ubican los servicios de soporte, como la formación del suelo, el reciclaje de nutrientes y la producción primaria. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos se encuentran amenazados, advirtió, y en la mayoría de los casos son irremplazables.

Comentó que lo señalado anteriormente no constituye una exageración personal. Un trabajo científico elaborado por Wildlife Conservation Society Chile, identificó nueve sistemas planetarios básicos para la subsistencia humana, definiendo un área segura de funcionamiento para cada sistema; operar fuera de los límites de dichas áreas implicaría un nivel de riesgo para la existencia del ser humano. Entre los sistemas definidos se incluía la carga de aerosol, el cambio climático, la acidificación del océano, la cantidad de nitrógeno disponible, el uso de agua fresca, el uso de la tierra y la pérdida de la capa de ozono. Aunque gran parte de las áreas funciona dentro de la barrera de seguridad, declaró, algunos sistemas muestran ciertos niveles de transgresión, como el cambio climático. Sin embargo, apuntó, el estudio demuestra que el problema de mayor gravedad para la sobrevivencia humana es representado por la pérdida de biodiversidad.

Lamentablemente, aclaró, Chile no constituye una excepción, ya que evidencia el mismo patrón de conducta global. Una investigación desarrollada el año 1995 examinó los ecosistemas más característicos del país – bosques, puna, pastizales, etc. –. De los 12 identificados, indicó, 11 presentaban algún grado de peligro o vulnerabilidad, riesgo ratificado posteriormente por un segundo estudio elaborado el año 2013, que analizó 22 ecosistemas nacionales, de los cuales 20 mostraban graves problemas de sobrevivencia.

Reparó además, que el valor de la biodiversidad en Chile sólo aparece cuando se pierde. En la Región de Coquimbo, graficó, el 85% de la superficie regional presenta erosión, consecuencia de la actividad ganadera caprina y la deforestación. El norte del país exhibe un vasto territorio de paisajes degradados, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Dicha situación, explicó, ocasiona pobreza, incertidumbre y baja productividad, como también desembolsos millonarios del Estado, quien subsidia a las comunidades locales para la subsistencia de la población. La erosión afecta el 60% de los suelos nacionales, con una superficie aproximada de 47,3 millones de hectáreas pérdidas, por tal motivo, recalcó, la gestión de la biodiversidad es primordial para la recuperación de los ecosistemas degradados, reparación que provocaría un impacto positivo en la productividad y ayudaría a enfrentar la adaptación a las vicisitudes que originará el cambio climático en el planeta.

Otro ejemplo conocido, expuso, se dio en la zona precordillerana andina de la Región Metropolitana, zona que ha sufrido una degradación vegetal histórica, producto de tala indiscriminada de bosque, incendios, sobrepastoreo y arribo de especies invasoras. La consecuencia más desfavorable fue la pérdida de la capacidad de regular inundaciones del ecosistema. Así quedó demostrado en 1993, cuando un aluvión arrasó con el sector de la Quebrada de Macul, luego de una intensa lluvia acontecida en una época del año en que el agua debió precipitar como nieve. El desastre ocasionó pérdidas humanas, destrucción de inversiones y un enorme costo fiscal para reconstruir la zona. Si la diversidad biológica se hubiese gestionado a tiempo, aseveró, se habría evitado dicha calamidad.

Más recientemente, mencionó el caso de la debacle en la industria salmonera, innovación industrial que se transformó en una maldición, por no considerar el componente de conservación de biodiversidad. El desarrollo explosivo y descontrolado de dicho sector económico provocó la pérdida del 50% de diversidad bentónica, el incremento de floraciones de algas, el aumento de la cantidad de nitrógeno y el escape de salmones invasores. Resultado: los fiordos perdieron la capacidad de regular enfermedades, y no pudieron evitar la aparición del brote de virus que colapsó la industria, ocasionando un impacto económico y social brutal por la pérdida de más de 20.000 puestos trabajo. Nuevamente, insistió, la gestión de la conservación de la biodiversidad marina es vital para mantener las condiciones sostenibles de la producción industrial nacional.

Los graves casos descritos, acentuó, obligan a Chile a recuperar la biodiversidad pérdida, sobre todo por la estructuración del sistema económico nacional, el cual depende fundamentalmente de la explotación de recursos naturales, cuyos sectores productivos más relevantes (pesquería, minería, agricultura, silvicultura, ganadería) enfrentan permanentemente conflictos por la pérdida de diversidad biológica. Un ejemplo de restauración de biodiversidad, apuntó, es la recuperación del recurso bentónico loco, cuyo manejo incorporó el aporte de la ciencia ecológica, la innovación tecnológica y el componente social. En la medida que Chile sea capaz de conservar ecosistemas sanos, cerró, será competente para resolver los temas que hoy aparecen sin solución.

Observó que en la comunidad científica se reconocen diferentes herramientas para gestionar la conservación de la biodiversidad, eje que puede abarcar desde el instrumento más cercano a la preservación hasta el manejo sostenible de recursos. El eje del actual proyecto de ley contempla un sistema de áreas protegidas (parques, reservas, áreas privadas de protección), pero es fundamental otorgarle un funcionamiento sistémico, porque la creación de áreas protegidas en forma independiente no representa ningún valor para la conservación de la biodiversidad. También se refiere a la provisión de servicios ecosistémicos, incorporando variables de certificación y compensaciones ambientales. Ahora, el ideal es la integración coherente de cada elemento; el proyecto de ley abre una oportunidad para articular conservación de diversidad biológica con desarrollo de actividades productivas, y se debiera aprovechar el debate legislativo para buscar el balance entre ambos factores.

La actual iniciativa legal, sostuvo, debiera fundarse en tres pilares: conocimiento científico tradicional, que recoja la experiencia internacional en definición de categorías de áreas protegidas y articule una base de información efectiva en biodiversidad, como ocurre en Colombia, Costa Rica o México; gobernanza, que incorpore la representación a escala regional, local y multicultural, innovando en modelos de administración de áreas protegidas que integren distintos actores, sin olvidar procesos claves como la consulta indígena; y el financiamiento adecuado y permanente para gestionar la conservación de la biodiversidad; aun cuando el proyecto de ley contempla un Fondo Nacional de la Biodiversidad, Chile es uno de los diez países que menos invierte en resguardo de la diversidad biológica.

Un aspecto que no ha sido considerado en la presente iniciativa legal, señaló, es la restauración de ecosistemas degradados, por cuanto no se incluyó la gestión de especies invasoras ni instrumentos de conservación ex situ.

La conservación de la biodiversidad requiere un liderazgo claro y moderno del Ministerio del Medio Ambiente, ente público que debiera convertirse en el defensor principal de la conservación de la diversidad biológica y en el coordinador natural de la labor desempeñada por otros ministerios en la materia.

En definitiva, resumió, Chile no puede aspirar a alcanzar y sostener un desarrollo económico sin un marco jurídico que regule la protección de la diversidad biológica; el bienestar social de largo plazo así lo exige. El país cuenta con una comunidad científica capacitada, experimentada y con voluntad para realizar los aportes necesarios a la discusión legislativa, a fin de lograr una normativa que beneficie a todos los chilenos.

Enseguida, el profesor del Departamento de Ciencias, de la Universidad de Chile, señor Javier Simonetti, comentó al inicio de su presentación, que en forma similar a otros expositores, también representa a otra institución, denominada Asociación Kauyeken, organización creada con el objeto de realzar el valor de la relación entre patrimonio natural y cultura nacional.

Luego, se refirió al concepto de biodiversidad, recalcando nociones ya expuestas por otros científicos, como los pilares que sustentan el bienestar social: estado de conservación de la diversidad biológica, de la economía, de la salud de la población y de la justicia social; la protección de la biodiversidad no sólo posee un valor en sí mismo, sino también constituye una variable que determina el bienestar de la población humana.

También, aludió a los servicios ofrecidos por los ecosistemas, destacando los servicios culturales, que corresponden a los valores espirituales, estéticos (belleza de un parque nacional), educacionales, turísticos y de identidad. Con respecto a este último, subrayó la representatividad nacional de ciertas especies como el copihue, el huemul y el cóndor, o el valor sagrado para un sector de la comunidad nacional del canelo, o bien, la influencia de la diversidad biológica en las artes, por ejemplo, Poema de Chile, el libro de la premio Nobel nacional Gabriela Mistral, es un verdadero texto de biología. Igualmente, los ecosistemas otorgan servicios de provisión, alimento, agua, combustible, fibras o medicamentos; y finalmente, entregan servicios de regulación, polinización, calidad del agua, control del clima, erosión o enfermedades. A su vez, los mencionados servicios se basan en servicios de soporte: formación de suelo, ciclo de nutrientes y producción primaria.

Declaró que la conservación de la biodiversidad debiera importar a Chile, para evitar así pérdida de especies o servicios ecosistémicos, como el hongo de suelo, cuyas propiedades medicinales fueron patentadas por otro país. Asimismo, la biodiversidad cumple un rol relevante a nivel global, así, de los nueve criterios o estrategias definidas para priorizar la conservación de ecosistemas a nivel mundial, Chile tiene presencia en siete. O en el caso de los servicios ecosistémicos, donde se han definido zonas a nivel internacional para priorizar tanto la conservación de especies como el resguardo de los ecosistemas; Chile conjuga ambos intereses.

Respecto del proyecto de ley en estudio, opinó que es un avance, por cuanto fortalece la institucionalidad ambiental nacional, concentrando y coordinando en una entidad especializada, los esfuerzos distribuidos actualmente en diversos organismos del Estado; 28 servicios públicos actúan hoy en una o más dimensiones de la biodiversidad. La iniciativa legal en discusión establecería un nuevo servicio público a cargo de la conservación de la biodiversidad, que en coordinación con agentes públicos y privados, estará facultado para crear y gestionar instrumentos de conservación de la diversidad biológica; generar iniciativas para la incorporación de la biodiversidad al desarrollo social, cultural y económico nacional; administrar un sistema nacional de áreas protegidas, el cual funcionará como un instrumento más de conservación y uso sostenible de la biodiversidad; incentivar la creación de áreas protegidas de propiedad privada; y fomentar la generación de instrumentos e incentivos de gestión de la biodiversidad en sistemas productivos. Ello permitirá generar una multiplicidad de instrumentos de conservación de la diversidad biológica, extendiendo el ámbito actual de protección.

No obstante, sugirió introducir ciertas modificaciones, con el objeto de adecuar la iniciativa legal a los convenios internacionales e incorporar nuevos elementos para la conservación de la biodiversidad. Primero, propuso enmarcar el proyecto de ley en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito y ratificado por Chile, a fin de homologar definiciones y criterios que permitan comparar ambientalmente los avances nacionales con otros países. Asimismo, el proyecto de ley centra el enfoque en la actividad reactiva del nuevo servicio: recuperación de especies y ecosistemas amenazados o degradados, aspecto necesario pero no único, pues la función del organismo, también, debiera incorporar un rol más proactivo: evitar degradación, por medio del uso de instrumentos de gestión, como el incentivo a buenas prácticas. La actual iniciativa carece de dicha perspectiva, cuando debiera haber incluido el concepto como principio. En vez de evitar los problemas se pone énfasis en afrontar las consecuencias.

Para cumplir tal cometido, aseguró, se requiere fortalecer ciertas definiciones, por ejemplo, el proyecto de ley en debate es silente respecto de la protección de la diversidad genética. La Revista del Campo, suplemento del mundo agrícola, mencionó, destaca en un titular: Chile pierde su patrimonio genético. Tal fenómeno negativo se produce porque el acceso, uso y goce de la dimensión genética de la biodiversidad no se ha regulado, vacío legal que ha significado la pérdida de titularidad de especies endémicas, como el organismo microscópico rapamicina, de Isla de Pascua, cuya patente fue tramitada por otro país, incluso más, un producto tan típico del sur de Chile, como la murtilla, anunció, se encuentra actualmente en proceso de registro de patente por una nación extranjera. El resguardo de la diversidad genética debiera aparecer explícitamente en el actual proyecto de ley, aunque la tramitación legislativa sea supeditada a la dictación de una norma posterior, fijando un plazo para la apertura de la discusión.

La definición misma de biodiversidad, afirmó también, debiera ser complementada, porque la versión del proyecto de ley excluye la dimensión funcional de la diversidad biológica. Los servicios ofrecidos por los ecosistemas son procesos ecosistémicos socialmente valorados, sin embargo, si no incorpora la dimensión funcional se disocia la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, el desarrollo y bienestar humano y la influencia en ministerios sectoriales.

Asimismo, sugirió incluir una definición de conservación, ya que pese a ser el objeto de la presente iniciativa legal no se define el concepto. Muchas veces el texto normativo propuesto confunde conservar, preservar y proteger, cuando en realidad no son sinónimos. Al respecto, planteó el uso de nociones conocidas y aceptadas científicamente, como por ejemplo, el texto propuesto por la Estrategia Mundial para la Conservación, de 1980, el cual señala que la conservación es la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de forma que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, manteniendo su potencialidad para satisfacer las necesidades futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y abarca la preservación, el mantenimiento, el uso sostenido, la restauración y la mejora del entorno natural.

Hizo presente también, que las áreas protegidas son instrumentos relevantes de gestión, pero, desafortunadamente, las categorías definidas en el actual proyecto de ley no son reconocidas internacionalmente; Chile debiera acogerse a parámetros internacionales establecidos en las diferentes convenciones multilaterales. Observó igualmente, que el propio Ministerio del Medio Ambiente elaboró hace unos años un trabajo de homologación de conceptos, que bien podría servir de base para la actual iniciativa legal. Cumplir con los objetivos trazados, aseguró, requiere el empleo de nociones vigentes a nivel mundial, desde la concepción de preservación (reserva natural estricta) hasta la idea de gestión sostenible (área protegida con uso sostenible de recursos naturales); tipos y objetivos bien definidos permiten determinar con más exactitud las actividades y concesiones factibles en cada área protegida.

Recordó también, que fuera de las áreas protegidas sobrevive una alta proporción de biodiversidad, motivo por el cual la actual iniciativa legal debiera incluir dicho objetivo de conservación, por medio de la creación de instrumentos que fomenten la participación del sector privado mediante el incentivo a buenas prácticas – gestión proactiva –, como premiar a industrias que implementen planes de producción limpia. Además, si se revisa el compromiso asumido por Chile en las Metas de Aichi para el año 2020, se observa que el instrumento internacional obliga al país a gestionar las zonas destinadas a agricultura, piscicultura y silvicultura de manera sostenible, garantizando la conservación de la diversidad biológica.

En síntesis, expresó, la creación de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas es necesaria para el desarrollo nacional, representando un avance respecto de la actual institucionalidad, aun cuando debieran incluirse las modificaciones antes sugeridas, así, Chile dispondría de un marco jurídico para gestionar efectivamente el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, como un factor de desarrollo sustentable y de bienestar de la población, haciendo un buen uso del patrimonio natural nacional.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, valoró la opinión de la comunidad científica y académica nacional, expresada en las presentaciones recién expuestas, enriqueciendo la discusión legislativa con el criterio técnico especializado manifestado por expertos en el tema. Además, las exposiciones permiten a la Comisión interiorizarse de la discusión actual en la sociedad científica internacional sobre la conservación de la biodiversidad, de esta forma, el actual proyecto de ley puede incorporar nociones renovadas en materia de protección de la diversidad biológica.

La Honorable Senadora señora Allende, concordó con el señor Presidente de la Comisión, destacando el significado e implicancia de las observaciones efectuadas por los científicos, razón por la cual, solicitó al comité técnico mandatado por la Comisión, y liderado por el Ministerio del Medio Ambiente e integrado por los asesores legislativos de los Honorables Senadores y representantes de organizaciones ambientales, considerar las opiniones de los académicos, a fin de perfeccionar el contenido normativo del actual proyecto de ley. Asimismo, consultó si dicho comité se ha otorgado un plazo razonable para debatir los tópicos resaltados en las distintas sesiones habidas en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, pues estimó inconveniente discutir con premura un tema tan importante para Chile.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, recordó que la Comisión que preside se ha fijado un cronograma para recibir en audiencia a los diversos actores interesados en opinar sobre la presente iniciativa legal, plazo por el cual debe regirse el comité técnico ya mencionado, que en un protocolo emanado de él, debiera referirse a los problemas más importantes aludidos en la discusión legislativa, entre ellos, la incorporación del rol proactivo y preventivo del nuevo servicio, la protección de la diversidad genética, el reconocimiento de los instrumentos de conservación ex situ, la homologación al sistema internacional de las categorías de áreas protegidas, el respeto de la Convención de Washington y el proceso de consulta indígena establecido en el Convenio N° 169 de la OIT.

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En sesión celebrada el 7 de octubre de 2014, fueron recibidos el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC) y el Consejo Nacional de Guardaparques.

El Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC), señor Erry Leiva, refirió que la entidad que preside reúne a 15 sindicatos regionales, con un total de 1.200 socios afiliados, que representan el 63% de la dotación de la Corporación y más del 90% de los guardaparques del país.

Enseguida, expresó el malestar de la Federación que preside, y de los trabajadores de CONAF, ya que no fueron considerados en la etapa pre legislativa del proyecto, no obstante haber solicitado audiencias con el señor Ministro del Medio Ambiente en reiteradas ocasiones.

Respecto del objeto del proyecto de ley en estudio, cual es, el de asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente, en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza y degradación, requieren de medidas de conservación, aseveró que la iniciativa no se hace cargo de la relación con los sistemas de producción intensivos en el ámbito minero, plantaciones de monocultivo, producción eléctrica y otros.

Afirmó que la iniciativa carece de un diseño de administración que supere las limitaciones y deficiencias que actualmente presentan las áreas protegidas, a saber: incremento y definición de recursos financieros; incremento en tecnología aplicada; definición e incremento de la cantidad de guardaparques, en función del número de visitas, superficie territorial a proteger y fragilidad del ecosistema.

Enseguida, recordó que el Estado ha tenido una trayectoria de larga data en la protección de la biodiversidad, enfatizando que ésta no comienza con la creación de Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), sino que se remonta al siglo XIX. Es así, señaló, como el año 1879 se promulga el decreto sobre Reservas de Bosques Fiscales; en septiembre del año 1907 se establece la Reserva Fiscal de Malleco; el año 1933 se dicta la Ley General de Bosques; el año 1970 se crea la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y el año 1984 se promulga la ley N° 18.362 que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Concordó con el diagnóstico relativo a la legislación que rige la materia, en cuanto a que es dispersa, desarticulada e incompleta, agregando que a pesar de ello, los trabajadores de CONAF han realizado desde su creación, un trabajo profesional y eficiente, como lo demuestra la cantidad de Parques Nacionales creados por iniciativa de la Institución desde el año 1970 hasta la fecha, la cobertura de protección del SNASPE y el fuerte incremento en la cantidad de visitantes de sitios a su cargo, alcanzando en el año 2013 a 2.400.000 visitantes. El esfuerzo y eficacia de los trabajadores de CONAF, aseveró, es aún más evidente si se considera que nuestro país gasta USD 1 por hectárea para las tareas de conservación, cifra significativamente menor a la que destina Costa Rica, que alcanza a USD 18; Argentina gasta USD 8 por hectárea, en tanto que Uruguay invierte USD 3 por la misma superficie.

Enseguida, se refirió a los aspectos de orden laboral del proyecto, afirmando que presenta deficiencias en su contenido, al no considerar una planta de personal, señalando que la entidad gremial que representa es contraria a los empleos a contrata, dado que precarizan el empleo; asimismo, advirtió, no divisa la razón por la cual se desarticula un servicio eficiente como es CONAF, dividiéndolo, para favorecer la creación de otro.

Concluyó señalando que no existe claridad respecto al costo de implementación del servicio que se crea, asimismo carece de un diseño de estructura organizacional y funcional, y no considera recursos de personal y financieros para la gestión.

A continuación, el Vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC), señor Patricio Argandoña, señaló que durante el proceso pre legislativo las organizaciones sindicales de CONAF no tuvieron participación alguna, desechándose así la experiencia y profesionalismo de sus trabajadores, especialmente la de los guardaparques, quienes con abnegación y sacrificio han aportado durante largo tiempo en la conservación y protección de las Áreas Silvestres Protegidas.

Acotó que el servicio que se crea, debe considerar el traspaso de funcionarios de CONAF a cargos de planta, además, precisó, el cambio de calidad jurídica de los trabajadores de la Corporación, debe realizarse sin menoscabo de las remuneraciones y en igualdad de condiciones a las que actualmente gozan, conservando los derechos previsionales, antigüedad, beneficios de bienestar e impidiendo que el traspaso implique un cambio de residencia del trabajador.

En relación al Cuerpo de Guardaparques, señaló que éste debe ser potenciado y modernizado, para lo cual es preciso crear una carrera funcionaria que establezca de manera transparente el encasillamiento del personal, asignación de grados, ascensos, nivelación, años de servicio, antigüedad y experiencia. También se refirió a la necesidad de entregar a este estamento una capacitación periódica y formal, con el objeto de mejorar e incentivar sus competencias y habilidades. Indicó, además, que los guardaparques deben contar con una asignación de riesgo y un seguro de vida, atendida las funciones que desempeñan.

Concluyó expresando que la ley en estudio debe consignar que los trabajadores de CONAF que se traspasen, continuarán impetrando los beneficios que les conceden las normas contenidas en las leyes N° 19.533, N° 19.882, N° 20.300 y N° 20.305, sobre reparación de daño previsional.

Enseguida, el Presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF), señor Manuel Soler, señaló que la entidad que preside agrupa a 510 profesionales, que sumados a los 1.200 trabajadores afiliados a FENASIC, muestra un 95% de afiliación sindical.

Coincidiendo con los expositores anteriores, reiteró que la legislación ambiental chilena es de larga data, haciendo hincapié en que al leer el Mensaje, da la impresión que el cuidado del medioambiente en Chile comenzó en la década del 90.

Observó que en las consideraciones del Mensaje, se alude al Capítulo 4 del Informe OCDE 2005, que entrega siete recomendaciones a nuestro país respecto a la diversidad biológica, afirmando que no existe una recomendación expresa en orden a crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En relación a los ecosistemas degradados y amenazados, y su relación con las funciones y atribuciones que se entregan al servicio, aseveró que el proyecto establece una superposición de funciones, ya que el artículo 6°, en su letra w), le entrega la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, no sólo en las áreas que forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que también extiende las funciones del mismo, a los sitios prioritarios, a los ecosistemas amenazados y a los ecosistemas degradados. Es decir, no sólo cumpliría sus funciones fiscalizadoras dentro de las áreas protegidas, sino que se superpone a las funciones de la actual CONAF.

Continúo afirmando que no divisa razones para desarmar una institución como CONAF, que funciona eficientemente, señalando que un índice sobre calidad ambiental, efectuado por la Universidad de Yale para el año 2014, que considera calidad del aire, agua y bosque, ubica a nuestro país en el lugar N° 29 en el ranking global, añadiendo que en materia de bosques, lo sitúa en el lugar N° 1, enfatizando que en dicho logro la labor de CONAF ha sido primordial.

Refirió que la Corporación ha sido reconocida internacionalmente por la labor que realiza en el cuidado de las áreas silvestres protegidas, a pesar de la escasez de recursos humanos y materiales que posee, prueba de ello, aseveró que de no mediar la presencia permanente de su personal en el Santuario del Río Cruces, Provincia de Valdivia (Monumento Nacional, que debiera estar al cuidado del Ministerio de Educación), no se hubiera detectado a tiempo el desastre ecológico que allí ocurrió.

Añadió que la iniciativa no considera la modificación de los códigos de Agua y de Minería para hacerlos compatibles con esta nueva legislación; asimismo, advirtió que la iniciativa transgrede la Convención de Washington, al permitir la desafección de áreas mediante decreto; no considera la consulta indígena, y desconoce el artículo 35 de la ley N° 19.253, que establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Luego, planteó las dudas de índole laboral que asisten a sus representados, consultando quiénes serán traspasados, si serán solamente los que laboran directamente en las áreas silvestres protegidas, (guardaparques, personal de mantención, etc.), y en caso de ser así, qué ocurrirá con el personal de apoyo: equipos de ingenieros, personal de informática, etc. Respecto de quienes trabajan indirectamente en las áreas silvestres protegidas, les cabe la interrogante acerca de si la circunstancia de permanecer en la institución constituiría un paso para desvincularlos de sus trabajos.

Finalizó, instando a la Comisión para que incorpore en el proyecto de ley en estudio la planta de personal del nuevo servicio, añadiendo que al personal del organismo que se crea le deben ser aplicables las normas establecidas en el decreto ley N° 3551, de 1981, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público; asimismo, al igual que las organizaciones sindicales que expusieron anteriormente, solicitó que la indemnización a que tienen derechos los trabajadores de CONAF, sea pagada antes de su traspaso al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, expresó que no es casual la presencia de los señores Ministros de Agricultura y del Medio Ambiente en la sesión, ya que una de los temas que produce inquietud en los integrantes de la Comisión, es el debido resguardo de las garantías de los trabajadores de CONAF que serán traspasados, solicitando a ambos Ministros considerar los planteamientos efectuados, en un comité técnico para estudiar y resolver las situaciones laborales señaladas, el que sugirió fuera integrado por representantes de los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente y de la Dirección de Presupuestos.

El Honorable Senador señor Moreira aseveró que, independiente del objetivo del proyecto de ley en análisis, el tema laboral preocupa sobremanera a los integrantes de la Comisión, siendo posible compatibilizar ambas cosas, agregando que existe el compromiso de solucionar los temas planteados, los que deberán plasmarse en un acuerdo que dé garantía a todos.

La Honorable Senadora señora Allende manifestó que las garantías de los trabajadores fueron un tema en el proyecto de ley que se presentó en el Gobierno anterior, aseverando que el proyecto fracasó, entre otras cosas, por la ausencia de garantías explícitas para dicho resguardo. No obstante ello, aseveró, el país requiere de la creación y utilización de los mejores instrumentos para cautelar la biodiversidad, pudiendo conciliarse ambos objetivos.

El representante del Consejo de Guardaparques, señor Julio César Vergara, señaló que la institución que representa se creó el año 1999, con el propósito de aportar al mejoramiento de las áreas protegidas del Estado y al engrandecimiento de los guardaparques, debido a que la realidad laboral, técnica y humana que viven sus representados, es diversa a la de los demás trabajadores de CONAF, añadiendo que la entidad agrupa 430 personas, de las cuales 35 son mujeres y que, en septiembre recién pasado cumplió 100 años de existencia.

Enseguida, se refirió a la importancia de preservar nuestros ecosistemas nativos en áreas protegidas del Estado, advirtiendo que, lamentablemente no es una preocupación que haya sido asimilada por toda la sociedad, como lo demuestran los impactos negativos de la actividad productiva y los desastres ambientales ocurridos en las áreas protegidas, trayendo a colación el último incendio ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine, oportunidad en que se quemaron alrededor de 17 mil hectáreas, cuyo principal culpable es el turismo irresponsable; y la aparición del Didymo, una especie de alga introducida en los equipos de pesca.

Respecto al contenido del proyecto, advirtió que el artículo 29 permite desarrollar actividades dentro de las áreas de protección, conforme a la legislación respectiva, respetando el objeto de protección y su plan de manejo. Sobre el particular, observó que los planes de manejo son instrumentos de gestión ambiental que tienen débil valor legal, por cuanto se establecen mediante resolución del servicio, por tanto, afirmó, para permitir el desarrollo de proyectos o actividades dentro de los límites de las áreas protegidas del Estado, los requisitos fundamentales, y prohibiciones deben quedar establecidos en la ley. También manifestó su preocupación por la omisión del proyecto, en orden a resguardar los derechos de agua para los ecosistemas en las áreas protegidas del Estado.

Continuó su presentación, expresando disconformidad con la norma que faculta al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, conformado por autoridades que, en su opinión, están dedicadas fundamentalmente al fomento productivo, para requerir la revisión del plan de manejo, en lo referido a las actividades compatibles. Ello, habida consideración a que existe el riesgo que se supediten los intereses productivos por sobre los intereses de conservación.

Igual inquietud manifestó, respecto de las facultades que se otorga a la Subsecretaría de Turismo, que determinará la priorización de las concesiones en las áreas de protección, añadiendo que el criterio a utilizar debiera ser precisamente al revés, es decir tal facultad debiera otorgarse al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

También, manifestó ser contrario a la facultad que se otorga para desafectar y reclasificar las áreas existentes en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), al contemplar la posibilidad de reducir la cantidad o parte de las áreas protegidas del Estado actuales, bajo la premisa de conservar sólo el 10% de cada uno de los ecosistemas. Precisó que la protección de sólo el 10% de un sistema, lo hace extremadamente frágil, especialmente si éste queda expuesto a la explotación.

En relación a las inquietudes de índole laboral que le asisten como representante del Consejo de Guardaparques, señaló las siguientes: el artículo 35 indica que el guardaparque es la autoridad competente en el manejo y fiscalización de las áreas protegidas del Estado, no obstante, el artículo 36, establece que los guardaparques deberán velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro del área.

Opinó que para las actividades mencionadas en el artículo 36 de la iniciativa, se debe considerar personal de mantención, agregando que la Dirección Nacional del Trabajo, el año 2000, señaló mediante resolución, que los guardaparques son funcionarios donde prima el esfuerzo intelectual por sobre el esfuerzo físico, dado que son capacitados por la institución y cumplen funciones de fiscalizadores, como lo expresa la ley. De tal manera, prosiguió, debe consignarse claramente que el rol del guardaparque es de autoridad competente en las áreas protegidas del Estado, desarrollando funciones generales de administración, supervisión de terceros, protección, fiscalización, educación, control del uso público, monitoreo, investigación y conservación.

A continuación, señaló que sólo parte del personal pasará al nuevo servicio, en similares condiciones contractuales y los demás quedarán a contrata, es decir, los guardaparques podrán perder el empleo en un año, dependiendo de criterios discrecionales (disposiciones transitorias, artículo 1º, número 3.). Aseveró que los guardaparques que actualmente tienen calidad contractual permanente o indefinida, deberán continuar en tal condición, al ser traspasados a otro servicio y, además, deberán estar contemplados en la planta del servicio que se crea, reiterando la necesidad de ser protegidos por la ley.

En cuanto a los guardaparques que actualmente se desempeñan como transitorios por más de cinco años, laborando permanentemente en áreas protegidas del Estado, deberán pasar a la calidad contractual permanente o indefinida, y ser considerados en la planta de un eventual nuevo servicio.

Enseguida, refirió que el proyecto no aumenta la dotación de guardaparques, es decir, la capacidad real de fiscalización y protección in situ, refiriendo que existe un guardaparque por cada 33.256 hectáreas, o 4,3 guardaparques por área protegida, o bien, un guardaparque por cada 5.600 visitantes. De esta forma, precisó, difícilmente se da cumplimiento a la recomendación Nº 22 de la OCDE, que indica la necesidad de incrementar los esfuerzos financieros para satisfacer el objetivo de resguardar, al menos, las áreas protegidas del Estado.

En relación a lo anterior, afirmó que la dotación mínima para las áreas del Estado es de 1.500 guardaparques y 400 personas de mantención, lo cual permitiría asegurar presencia permanente de personal competente en cada área protegida, permitiendo rotación por turnos y el cumplimiento de sus funciones, todos los días incluyendo fines de semana y festivos, fechas en que existe mayor presencia de visitantes.

Manifestó que es necesario mejorar radicalmente la distribución de la jornada laboral, a objeto de compatibilizar la presencia permanente de guardaparques y una adecuada relación de la vida laboral de los trabajadores con su vida familiar y social.

Finalizó, señalando la necesidad de los guardaparques de obtener el beneficio de vivir en casas independientes en las áreas en que se desempeñan, a objeto de tener una adecuada privacidad y la posibilidad de vivir con la familia o recibirla periódicamente. De igual modo solicitó se establezca legalmente la creación de una carrera funcionaria efectiva para el personal de Áreas Protegidas del Estado.

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En la sesión siguiente, celebrada el 14 de octubre de 2014, la Comisión recibió al abogado señor Luis Cordero, a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) y al Grupo Asesor en Medio Ambiente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (GAMA-UC).

El abogado señor Luis Cordero, inició su exposición expresando que la discusión de esta iniciativa debió realizarse hace cincuenta años, desde entonces, opinó, el país está tratando de resolver un problema de carácter estructural.

Precisó que durante los últimos diez años en materia de regulación ambiental -desde el desastre ambiental ocurrido en el Río Cruces- se ha venido realizando una progresiva regulación ambiental que culminó el año 2010 con la promulgación de la ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Añadió que al analizar la candidatura presidencial del año 2005, se observa que los candidatos que pasaron a segunda vuelta exhibían programas muy ambiciosos e intensos en temas ambientales. No obstante, precisó, si bien ha habido avances en temas regulatorios en materia ambiental, por alguna razón la legislación sobre biodiversidad ha quedado rezagada.

Luego, se refirió al modelo regulatorio ambiental chileno, al que calificó como un modelo de silos sectoriales, agregando que en los modelos regulatorios se pueden distinguir dos grandes ámbitos de regulación ambiental: uno, la regulación sustantiva, que radica en los sectores; y otro, la regulación de instrumentos de gestión ambiental, cuya competencia es de la autoridad ambiental.

Afirmó que en Chile el regulador del medio ambiente, el fiscalizador y el Tribunal Ambiental carecen de competencia sobre componentes específicos del medio ambiente, radicándose su competencia sólo en los instrumentos de gestión ambiental, manifestando que ello es muy relevante para la comprensión del debate que existe actualmente.

Precisó que la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, es una ley que no se fundó en la creación de una regulación sustantiva, sino que se construyó sobre la base de instrumentos de gestión ambiental, aspecto que cobra especial relevancia en el estudio de esta iniciativa, dado que esta Honorable Comisión se encuentra discutiendo un proyecto de ley que replica igual modelo regulatorio.

Agregó que el modelo chileno se ha basado fuertemente en la regulación por infraestructura, que es aquella cuyo objeto es establecer marcos normativos de institucionalidad, y de procedimientos administrativos, y que descansa fundamentalmente en la coordinación institucional.

Continuó, afirmando que el modelo de coordinación institucional presenta altos costos, ya que si bien la coordinación es un objetivo de política pública sensato, el hecho de tener que coordinar todos los instrumentos tiene un costo elevado para el objetivo de protección, ya que al final del día se producen discrepancias entre organismos públicos, resultando afectado, precisamente, el objeto de protección pública.

Aseveró que, si se observa la institucionalidad medioambiental creada por la ley N° 20.417, se aprecia la existencia de un Ministerio del Medio Ambiente y un Consejo de Ministros, que actúan como reguladores, un Servicio de Evaluación Ambiental, que es un gestor de evaluación ambiental, una Superintendencia del Medio Ambiente, con funciones de fiscalización de instrumentos de gestión ambiental, no de componentes medioambientales, y Tribunales Ambientales, cuyas competencias son para conocer las impugnaciones de instrumentos de gestión ambiental, no de componentes ambientales.

Afirmó que lo expuesto, es relevante porque históricamente los temas relativos a la biodiversidad han sido discusiones acerca de la institucionalidad, y no de los componentes ambientales, trayendo a colación que la ley N° 20.417, de 2010, estableció una regla programática que obligó al Presidente de la República a enviar al Congreso Nacional, dentro de un año, un proyecto de ley por medio del cual debía crearse un servicio de biodiversidad, agregando que nos encontramos en la misma situación que el año 2010, existiendo, además, el problema de los trabajadores de CONAF que serán traspasados, al cual se han referido los exponentes y los integrantes de la Comisión.

Señaló que, cuando se está en presencia de una regulación por instrumentos, se sacrifica regulación sustantiva, lo cual es relevante, más aún si se considera que en materia de regulación de recursos naturales el Congreso Nacional no tiene buen récord de tramitación de las iniciativas legales, citando el caso del Código de Aguas y la ley sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, que tardaron 15 años en convertirse en leyes, al igual que la ley General de Pesca y Acuicultura, que ha sido objeto de soluciones de carácter transitoria.

Reiteró que la ley N° 18.362, que establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) se aprobó el año 1984, y la Convención de Washington fue ratificada por nuestro país el año 1967, no habiéndose implementado hasta la fecha la citada ley N° 18.362, aún más, precisó, el Tribunal Constitucional exhortó al Ejecutivo para que dictara los decretos correspondientes, y el Ejecutivo no cumplió, advirtiendo que le asiste el temor de que la iniciativa legal en estudio se transforme en un nuevo fracaso.

Luego, señaló que en nuestra legislación, los instrumentos de gestión ambiental son específicos para determinados componentes ambientales, calidad, emisión, aire y agua, advirtiendo que no todos los componentes ambientales están regulados por un instrumento de gestión ambiental, como ocurre con residuos y químicos, situación que calificó de altamente negativa, ya que, en la realidad, el instrumento de gestión ambiental que regula la mayor cantidad de componentes ambientales es la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y eso es negativo dado que la RCA en general regula situaciones específicas, y por tanto, nos encontramos frente a una regulación absolutamente atomizada.

Expresó que en materia de biodiversidad, que es aquella que tiene mayor cantidad de componentes ambientales, actualmente la autoridad ambiental carece de un instrumento de gestión ambiental sólido funcionando, señalando que lo que existe es solamente un modelo de áreas silvestres protegidas, que es un instrumento de gestión ambiental, en el que de algún u otro modo se debiera avanzar en términos adicionales.

En términos generales, aseveró, se está actualizando una regulación que debió efectuarse hace 50 años, agregando que en la iniciativa el sistema de áreas silvestres protegidas se transforma en el principal instrumento de regulación, señalando que los demás instrumentos de regulación ambiental que contempla el proyecto, a su juicio, son única y exclusivamente enunciaciones de instrumentos, pero no existe una regulación sustantiva que cautele el bien que se quiere proteger. Añadió que el proyecto remite a muchísimas normas reglamentarias de carácter indeterminado, circunstancia que puede complejizar la implementación de esta iniciativa en el evento que esos reglamentos no se dictaren, o contengan algún tipo de regulación que pudiere considerarse lesiva.

Señaló que el proyecto es sólido respecto a lo que ocurre al interior de las áreas protegidas, pero que en lo demás, no sólo es ambiguo, sino que, además, presenta múltiples instancias de coordinación. A este respecto, advirtió que es preciso adoptar las precauciones necesarias, ya que cuando interactúan diversos instrumentos e instituciones, ésta se vuelve ineficiente, siendo aconsejable identificar la autoridad y competencia para implementar esta política pública.

Otro inconveniente que, en su opinión, presenta el proyecto es el de poner énfasis en los planes como instrumentos de gestión, expresando que, si bien se podría afirmar que esa estrategia está dotada de flexibilidad, también es cierto que presenta inconvenientes desde el punto de vista de su implementación. En el caso de los planes de manejo en áreas protegidas, el dilema es flexibilidad o certeza, de hecho se puede afirmar que el proyecto no define que está permitido o prohibido en las áreas protegidas, entregándolo a planes de manejo, los cuales dependen del tipo de proyecto y, por cierto, requieren de una inversión de fondos públicos y de instrumentos que permitan una optimización en el tiempo.

Además, el proyecto considera otros dos tipos de planes para ecosistemas distintos a las áreas protegidas, a saber: planes de restauración y planes de conservación, existiendo en ambos casos remisiones generales y propósitos genéricos, sin considerar especificaciones concretas, agregando que respecto de los planes de restauración nada se dice respecto a su financiamiento, siendo conveniente que se aclare para que el instrumento sea relevante.

Tratándose de planes de conservación, opinó, el proyecto presenta un déficit en lo que respecta a los problemas de compatibilidad, siendo adecuado que en el proyecto se precise la materia, evitando que en la implementación de los planes de conservación se produzcan conflictos entre sectores productivos, ya que sin reglas claras, es probable que se generen incentivos para litigar más que para conservar.

El Vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), señor Sergio Donoso, expresó que es necesario fortalecer la legislación que posibilita la existencia y el desarrollo de las áreas protegidas en nuestro país, coincidiendo con los expositores anteriores en cuanto a que las regulaciones sobre biodiversidad son parciales, inconexas y dispersas.

Manifestó su disconformidad con la modificación propuesta para el decreto supremo N° 4.363, de 1931, Ley de Bosques, que permite la desafectación o modificación de los límites u objetivos de las áreas silvestres protegidas, ya que ello posibilita la explotación económica de sus recursos. Señaló también, que vulnera la Convención de Washington y debilita jurídicamente a las áreas protegidas del país, al no prohibir actividades como la minería al interior de las mismas.

Continuó, señalando que el proyecto en estudio, intenta regular actividades productivas con instrumentos que se reducen básicamente a generar planes de conservación de especies y ecosistemas, sin que se visualice una institucionalidad robusta capaz de fortalecer la sustentabilidad de las áreas protegidas.

Afirmó que el servicio que se crea incursiona en el ámbito propio de un servicio forestal, al efectuar modificaciones a la ley N° 20.283, de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, siendo razonable diseñar funciones complementarias y sinérgicas entre los dos servicios, razón por la cual pide que paralelamente a la tramitación de esta iniciativa, se inicie la tramitación de un proyecto para la creación de un Servicio Público Forestal.

Señaló que el proyecto tiende a profundizar el carácter de islas de las áreas protegidas públicas y privadas, intentando hacer de ellas una excepción dentro del territorio. Agregó que las áreas protegidas constituyen zonas de conservación que deben estar conectadas y depender de la dinámica de su entorno, lo cual implica que el manejo de las mismas y de su entorno territorial productivo, debe realizarse por instituciones que sean robustas en lo funcional.

Al abordar lo concerniente a recursos humanos y materiales, planteó que el proyecto presenta una estructura institucional precaria, que contradice las recomendaciones de la OCDE, entidad que expresamente menciona la conveniencia de asignar los recursos e incrementar los esfuerzos financieros para conseguir los objetivos del nuevo servicio.

Luego, solicitó al Ejecutivo legislar separadamente los aspectos relativos a la biodiversidad y al sistema de administración de áreas protegidas. Igualmente, pidió se introduzca en el actual proyecto las modificaciones que corresponda al Código de Minería y al Código de Aguas, con el propósito de cautelar legalmente las áreas protegidas frente a actividades mineras o de uso hídrico comercial.

Concluyó, señalando que los objetivos y funciones del servicio que crea la iniciativa en estudio, no guardan relación con el exiguo presupuesto que se le asigna.

La coordinadora del Grupo Asesor en Medio Ambiente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile (GAMA-UC), señora Francisca Reyes, expresó que el grupo que integra es parte de un proyecto desarrollado de manera interdisciplinaria en la Universidad y liderado por el Instituto de Ciencia Política de esa Casa de Estudios, la que realiza un seguimiento de la labor parlamentaria en materias ambientales, cuya información se encuentra disponible en el sitio web http://votacionesambientales.uc.cl/, en el que, además, se encuentra información sobre las leyes y proyectos de relevancia ambiental tramitados en el Congreso Nacional desde 1990 a la fecha. Agregó que esta información, así como aquella relativa a los parlamentarios que las votan se presenta de diversas formas, y tiene como propósito fomentar el conocimiento por parte de la ciudadanía y la investigación respecto a la actividad legislativa en materia ambiental.

Opinó que este es un proyecto necesario, por cuanto rescata la aparición de conceptos como la valorización de los servicios ecosistémicos, señalando que es fundamental entender la cantidad de servicios que provee la biodiversidad, destacando la importancia del cambio desde la protección de las especies a la protección de los ecosistemas.

Destacó también, la inclusión de las áreas protegidas privadas en un sistema integrado nacional y coordinado por el Estado. Recordó que en el territorio nacional existe una situación asimétrica, ya que la conservación está básicamente radicada en espacios terrestres, siendo deficitaria en los espacios marinos y, además, está radicada fuertemente en determinadas regiones y sólo en algunas figuras de protección, ya que existiendo diez figuras de protección, la conservación se efectúa sólo en tres de ellas, a saber: los santuarios de la naturaleza, los parques nacionales y los bienes nacionales protegidos.

Puso de relieve que el 98% de las áreas protegidas se encuentra en territorio fiscal, lo que permite inferir que estas áreas tienen un bajo costo de oportunidad de uso del suelo, aseverando que hasta la fecha, la conservación le ha sido fácil al Estado, por ser de su propiedad y no existir otros usos que se puedan dar al territorio.

Continuó, señalando que el problema comienza cuando se trata de conservar en zonas donde hay competencias de uso productivo, o se debe realizar en el mar, o cuando se pretende conservar con una visión más estratégica, que implica la creación de una red coherente que no sólo incluya las áreas protegidas, sino que también incluya corredores y zonas de amortiguamiento.

Afirmó que Chile tiene una obligación que le impone el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en orden a aumentar las zonas de conservación, para lo cual se requiere mayor diversidad interregional y ecosistémica. Señaló que, en tal sentido, cabe preguntar, cómo se puede cumplir con el compromiso a que se refirió, señalando que el proyecto básicamente descansa en la confianza que podría incluir zonas de protección en áreas que actualmente son de propiedad privada. Sin embargo, apuntó, el proyecto, no tiene los instrumentos idóneos para lograr tal objetivo.

Puntualizó que los desafíos mencionados deben abordarse transitando hacia un modelo participativo en el proceso de creación, administración y fiscalización de las áreas protegidas, combinando la participación de los privados y de las comunidades locales, con el apoyo del Estado - en recursos humanos y financieros-. Sin embargo, aseveró, el proyecto no contiene mecanismos que permitan la incorporación de privados, especialmente, en corredores biológicos y zonas de amortiguamiento, debiendo el Estado realizar mayores esfuerzos, buscando mecanismos eficientes para fomentar la incorporación del sector privado y de las comunidades locales.

Precisó que en relación a la participación del nivel local, esto es comunidades y municipios, no sólo no se considera en el proyecto, sino que, por el contrario, se elimina la única forma de participación que actualmente tiene la comunidad en lo relativo a las figuras de protección, que es la iniciativa en la declaración de Santuarios de la Naturaleza, ya que éstos últimos se regirán por las disposiciones de esta iniciativa, que no consideran la participación.

Enfatizó que la incorporación de la comunidad local en la creación de áreas protegidas es relevante, señalando que es preciso proponer un protocolo que permita recoger la participación de la sociedad civil y también de los gobiernos regionales y locales, a objeto de que se articule con las estrategias de desarrollo local, ya que, en su opinión, si las áreas protegidas no son percibidas como un patrimonio local es imposible hacerlo.

Señaló que otra deficiencia del proyecto, radica en que no sincera la tensión entre intereses productivos y de conservación, y que sólo trata de establecer un sistema de cortapisas administrativas a través de la firma del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, lo que complejiza y burocratiza su creación, pero no resuelva dicha tensión.

Agregó que la creación de cualquier servicio público implica otorgarle los medios e instrumentos acordes a la envergadura de los objetivos del mismo, y, en este caso, entendiendo que la conservación es una obligación del Estado, es preocupante constatar el bajo monto de los recursos financieros asignados y la poca claridad en la dotación de los recursos humanos con que se le dotará.

Concluyó que el servicio que se crea carece de herramientas para combinar el modelo centralista de conservación con la participación de los privados y de las comunidades, de manera de asegurar este mapa continuo de conservación que sea sustentable en el largo plazo, abandonando el modelo de isla, transformándolo en un proyecto de desarrollo sustentable para el país. Además, consideró que el proceso establecido en la iniciativa, centraliza el proceso de creación de las áreas protegidas, creando una figura compleja y burocrática, y en el que se le asigna gran importancia al rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que como ya se ha dicho, cuenta con ocho Secretarios de Estado provenientes de ministerios de carácter eminentemente productivo.

La Honorable Senadora señora Allende afirmó que deben tomarse en consideración las observaciones efectuadas por los diversos expositores, y mantener un diálogo fluido con el señor Ministro del Medio Ambiente, a objeto de ir resolviendo las inquietudes planteadas, de manera que las observaciones puedan ser recogidas en las indicaciones que el Ejecutivo efectúe en la discusión particular.

Agregó que le preocupan especialmente la eventual incompatibilidad de la iniciativa con algunas normas de la Convención de Washington, los temas relativos al rol del Estado en la conservación, las categorías de protección, atribuciones del servicio, financiamiento, rol que se otorga al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y, especialmente, la situación de los trabajadores de CONAF.

El Honorable Senador señor Horvath se refirió a la alusión a la demora en la tramitación de la ley sobre Recuperación y Fomento del Bosque Nativo, señalando que obedeció a razones objetivas, ya que el proyecto de ley permitía la sustitución del bosque nativo, no financiaba las buenas prácticas, y tampoco se hacía cargo del Servicio Nacional Forestal, en reemplazo de la CONAF; por tanto, enfatizó, esos 16 años fueron destinados a detener el avance de lo que calificó como un mal proyecto de ley.

Refirió que en ese lapso, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado realizó talleres y seminarios sobre la materia, recorrió Chile, añadiendo que la Agencia de Cooperación Alemana financió un proyecto para simular la ley, para determinar cuál era la respuesta del bosque y la de las personas. Por razones de tiempo, puntualizó, no se detendrá en la mención a los otros proyectos de ley, expresando que esos proyectos tardan porque no cabe duda de que existen conflictos de interés, ya que estamos en un país muy concentrado en lo económico que, indudablemente, influye en las decisiones públicas.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señaló que existe un sentido de urgencia en el despacho del proyecto, pero que ello debe compatibilizarse con la realización de un trabajo bien hecho, agregando que es relevante el trabajo que realiza el comité técnico en orden a incorporar en el Protocolo temas como los que se han señalado durante la discusión del proyecto.

Refirió que en el Protocolo mencionado deben incorporarse las siguientes materias: bancos de semillas; separar la administración de la fiscalización; dar cumplimiento a la Convención de Washington, estableciendo que la desafectación de un área protegida debe efectuarse por ley; el tema de los recursos financieros; el aumento de la dotación de guardaparques; las atribuciones que se otorgan al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y mecanismos de participación de las comunidades locales.

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A la sesión siguiente, celebrada el 21 de octubre de 2014, asistieron el Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), señor Julio Kalazich, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales del Maule, señor Jorge Gándara, el Doctor en Biología, Ecología y Conservación Marina, señor Carlos Gaymer, y el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino.

El Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), señor Julio Kalazich, expuso que la labor de la institución es complementaria al objetivo del presente proyecto de ley, pues una de sus funciones primordiales es ejercer como curador de los recursos fitogenéticos nacionales, cuyo reguardo se efectúa ex situ en bancos de germoplasma del organismo.

Agregó que, de acuerdo al segundo informe nacional del estado de los recursos fitogenéticos, elaborado por el INIA el año 2008, Chile cuenta con 5.000 especies, destacando el carácter endémico de la muestra (50%) y el uso potencial de la flora chilena (23% destinado a uso ornamental, medicinal, forrajero o alimentación). De la cifra total, explicó, muestras de un 20% de las especies han sido almacenadas en bancos del INIA para su conservación. Además, de la infraestructura considerada en Chile para la conservación ex situ, un 55% corresponde a entidades públicas y un 45% a privadas, con más de 31 instituciones que realizan alguna función de conservación en el país. Del número de accesiones conservadas por institución, acotó, 54.789 corresponden al instituto, 8.867 a universidades y 659 a otras entidades.

Recordó que el año 1964 se inició la colección y conservación de recursos cultivados para fines de mejoramiento genético. El año 1990 se desarrolló un proyecto para el establecimiento de bancos de germoplasma, y un año después que Chile suscribiera la Convención sobre la Diversidad Biológica el año 1995, el Ministerio de Agricultura designó al INIA como curador de los recursos fitogenéticos nacionales.

La red de bancos de germoplasma de la institución se distribuye en cinco lugares a lo largo del país. En Vicuña, Región de Coquimbo, se ubica Intihuasi, el banco base del organismo, donde se guardan semillas de especies nativas y de uso común. Los otros cuatro corresponden a La Platina, ubicado en La Pintana, Región Metropolitana; Quilamapu, localizado en Chillán, Región del Biobío; Carillanca, en Vilcún, Región de La Araucanía; y Remehue, en Osorno, Región de Los Lagos. No sólo se conservan recursos fitogenéticos, afirmó, sino también microbianos, cumpliendo dicha labor el Banco de Quilamapu, donde se conservan más de 2.000 germoplasmas microbianos, destacándose como el único banco de su tipo a nivel latinoamericano, desarrollando, además, una importante investigación para la creación de "bioinsumos" que permitan reemplazar el uso de pesticidas.

De las colecciones vegetales inventariadas en los bancos del INIA, resaltó especies como la papa, recurso genético relevante para el país, ya que Chile cuenta con 400 variedades nativas de este tipo de tubérculo, y además, recordó, de dicho germoplasma se originó en el siglo XIX la variedad de mayor cultivo a nivel mundial. Los otros cultivos que destacan en las colecciones, agregó, son cereales, frutales, hortalizas, leguminosas, tubérculos, ornamentales y forrajeras, cuya variedad tradicional o antigua, en algunos casos, alcanza un 100%.

En sus 50 años, resaltó, el INIA ha generado más de 260 variedades de cultivos, hortalizas y frutales; en Chile, el 95% del trigo candeal y el 40% del trigo de pan que se siembra, el 60% de las variedades de papa que se comercializa y el 100% del arroz que se produce proceden de variedades desarrolladas por la institución. A esta importante labor, señaló, cabe agregar la creación de dos variedades de murta, cultivo nativo de Chile, elaboradas recientemente.

Por último, evidenció que el incremento del rendimiento productivo nacional se ha triplicado por el impacto del uso de la genética, especialmente, en el caso del trigo, la avena y la cebada, aunque también existen investigaciones en bromo (forrajera nativa usada para la ganadería, donde destaca por ser una especie más tolerante a la sequía) y murtilla.

Enseguida, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales del Maule, señor Jorge Gándara, señaló que, a juicio de la organización gremial, la actual iniciativa legal busca subsanar problemas como la mala representación de los ecosistemas terrestres en el actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), sumado a la escasa presencia de protección en ecosistemas marinos; y la complejidad y dispersión de la normativa existente; así como cumplir con las recomendaciones efectuadas por la OCDE en su informe del año 2005. Pues bien, apuntó, ninguno de los problemas planteados se resuelve con el nuevo servicio propuesto en el presente proyecto de ley, por tanto, la primera conclusión es que Chile no necesita el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Durante la tramitación legislativa de la actual iniciativa legal, prosiguió, las organizaciones no gubernamentales han solicitado mayores salvaguardias y restricciones para el resguardo de las áreas protegidas, asimismo, han criticado el proyecto por no considerar un proceso previo de consulta indígena, por la falta de incentivos para la promoción de áreas protegidas privadas, por no contemplar los recursos genéticos como parte de la diversidad biológica que se pretende proteger y por la vulneración de convenios internacionales suscritos por Chile, como la Convención de Washington. Por su parte, añadió, los sindicatos de trabajadores de CONAF han alegado la formulación de un proyecto de ley inconsulto y la vulneración de derechos laborales; los empresarios, por otro lado, han manifestado aprensiones por las posibles restricciones en el uso del territorio para el desarrollo de actividades económicas; y la comunidad científica se ha mostrado crítica por la carencia de definiciones y conceptos reconocidos internacionalmente en materia de biodiversidad. Resumiendo, puntualizó, nadie respalda a plenitud la presente iniciativa en estudio.

Dentro de las justificaciones para la creación de un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, reiteró, se ha señalado el desbalance de representatividad de ecosistemas terrestres en el actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y la ausencia de áreas protegidas marinas. Desde la creación del primer parque nacional en 1907 hasta el año 1959, declaró, se crearon 23 áreas protegidas, cubriendo un total de 3,8 millones de hectáreas; luego, durante el mandato del Presidente Frei Montalva se sumaron 14 unidades al SNASPE, incorporando 8 millones de hectáreas; y desde la creación de CONAF hasta hoy se han agregado 64 unidades de manejo al SNASPE, 50 de las cuales se ubican entre Arica y Puerto Montt. Como se observa, indicó, el problema se afronta mediante el incremento presupuestario del actual SNASPE y no con la creación de un nuevo servicio, más aún, cuando el actual proyecto de ley no considera recursos financieros suficientes para ampliar la representatividad del sistema de áreas protegidas en la zona centro norte.

Sobre la complejidad normativa e institucional aludida, continuó, el problema radica en que Chile carece de una normativa específica para áreas protegidas, ya que la ley N° 18.362 que creó el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado nunca entró en vigencia íntegramente, pues pese a servir de base a diversos fallos judiciales, la entrada en vigor de dicho cuerpo legal se supeditó a la creación de un servicio público forestal, que a la fecha aún no ha sido institucionalizado. Las áreas protegidas terrestres nacionales, expresó, se sustentan en una estructura legal precaria e indirecta, como la Ley de Bosques, la Convención de Washington y el decreto ley N° 1.939 del año 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que fijó normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. El SNASPE, aseguró, sólo ha existido como organización administrativa desarrollada por CONAF, motivo por el cual sindicó como el principal problema de la actual estrategia de conservación de la diversidad biológica en Chile, la ausencia de una normativa que otorgue sustento legal al sistema de protección ya existente.

Asimismo, declaró que la amenaza jurídica a la conservación proviene del propio marco legal estatuido por el Estado (Código Minero, de Aguas, etc.). El Código Minero, graficó, autoriza la exploración y explotación minera dentro de las áreas protegidas, facultad que se opone a la Convención de Washington. Por su parte, la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, señala en su artículo 10, letra p), que la ejecución de obras, programas o actividades en áreas protegidas, requerirán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, validando así la intervención en dichas áreas. El actual proyecto de ley, apuntó, no incorpora salvaguardias contra la exploración minera ni la ejecución de obras civiles, como tampoco restricciones a las servidumbres eléctricas ni a la extracción de agua. Las áreas silvestres protegidas actuales no recibirán mayor protección con el nuevo servicio propuesto.

Del mismo modo, aseguró que la OCDE no recomendó la creación de un servicio de biodiversidad distinto a la CONAF ni la elaboración de una ley sobre diversidad biológica. El organismo internacional sólo solicitó un marco jurídico para las áreas protegidas, señalando en su informe que el objetivo para Chile debiera ser crear una entidad dedicada a la protección de la naturaleza constituida al amparo de una ley que sea responsable de la protección de hábitat terrestres y marítimos, de la protección de especies y de los programas de recuperación, así como de la diversidad biológica. Dicha alternativa, sostenía el informe aludido, tendría más probabilidades de éxito que la estructura actual, con sus vacíos y transposiciones.

El problema que presenta el sistema nacional de áreas protegidas en Chile, insistió, es su precariedad jurídica y la solución es elaborar un proyecto de ley acotado que otorgue reconocimiento jurídico al actual sistema, dado que crear un nuevo sistema de áreas protegidas y un servicio que administre dicho sistema genera mayores gastos, al tener que desplegar territorialmente un organismo adicional a CONAF, medida que no se traducirá en mayor eficiencia en la gestión de la conservación. En su opinión, los recursos pueden utilizarse de manera más eficiente si se perfeccionara el actual SNASPE y se implementara la incorporación de las áreas marinas, los santuarios de la naturaleza, las Reservas de la Biosfera y los humedales Ramsar. No existen evidencias, resumió, que a partir del actual proyecto de ley se mejorará la gestión de la conservación de la diversidad biológica.

En cuanto a la gestión de las áreas protegidas, la actual iniciativa, aseveró, no introduce mayor innovación. Por un lado, el proyecto de ley refiere a los planes de manejo, no obstante, dichos planes ya existen en la actual administración; por otro, menciona un reglamento para regular las áreas protegidas privadas, materia pendiente desde la promulgación de ley N°19.300; y considera una normativa sobre concesiones en áreas protegidas, asunto del cual también se ocupa el actual sistema.

Una innovación, acotó, es la creación del Fondo Nacional de la Biodiversidad, aunque es incierto el aporte que realizará. El actual sistema ya sufre urgencias financieras como para dedicar parte del presupuesto estatal a la creación de un nuevo fondo. La similitud entre los instrumentos existentes y los planteados por el presente proyecto de ley, argumentó, es prueba fehaciente que la gestión actual es eficiente. Desde el año 1999, expresó, CONAF ha formulado 28 planes nacionales de conservación (PNC), otorgando prioridad al desarrollo de los planes de especies de flora y fauna clasificada como en peligro o vulnerables, exhibiendo notables éxitos en la mayoría de los casos (huemul, palma chilena, pingüino de Humboldt y picaflor de Juan Fernández). Mostró como ejemplo la situación acontecida en el Parque Nacional Lauca, que hace unos años contaba con 500 mil hectáreas para la protección y cuidado de la vicuña, especie que logró una recuperación significativa, razón por la cual fue necesario reclasificar el parque, destinando un sector del mismo a la actual Reserva Nacional Las Vicuñas. La actividades relacionadas con la implementación de los planes nacionales de conservación se han incrementado gradualmente a través de los años, actividades que durante el año 2013 han alcanzado un número total de 72, distribuidas en todas las Regiones del país, contemplando trabajos de recuperación de chinchilla chilena o costera, huillín, zorro de Darwin y queñoa de altura.

En relación a la gestión fuera de las áreas protegidas, manifestó que el proyecto de ley plantea que a fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el nuevo servicio estará facultado para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de conservación de la biodiversidad. Al respecto, afirmó que la mayoría de dichos instrumentos ya existen bajo distintas modalidades en el actual SNASPE y fuera de él (planes de manejo en las unidades del SNASPE, planes de conservación de especies, catastro vegetacional). La experiencia demuestra que no se requiere una ley para implementar dichos instrumentos de conservación, sino más bien, mayor financiamiento para extender tales instrumentos de gestión a todo el sistema de protección. El punto más preocupante de los instrumentos referidos, aseguró, corresponde a las prohibiciones que se aplicarán a territorios fuera del sistema de áreas protegidas, afectando la normativa sectorial que ya existe, ya que dependerá exclusivamente del Ministerio del Medio Ambiente clasificar los distintos ecosistemas como vulnerables o degradados, y sobre dicha base, aplicar restricciones. Por ejemplo, advirtió, el 70% de los bosques naturales en Chile tienen un nivel de degradación significativo, en consecuencia, la normativa que regula el bosque nativo se colisionará con el actual proyecto de ley, motivo por el cual es imperioso que la presente iniciativa legal sea conocida también por la Comisión de Agricultura del Senado, dado que reduce o elimina potestades del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y CONAF, ocasionando una confusión entre los administrados, dado que los instrumentos de conservación deberán complementarse con las leyes sectoriales.

A modo de ejemplo, reseñó, pequeños propietarios de bosque nativo degradado podrían observar mayor dificultad para el aprovechamiento sustentable de los recursos, en caso que su patrimonio forestal se incorpore en la definición de ecosistema amenazado o degradado. Consideró que la situación puede ser aún más preocupante, luego que el detalle de la implementación de la futura legislación sobre biodiversidad descansará en la dictación de diversos reglamentos, cuerpo legal paralelo que no estará sujeto a deliberación legislativa, otorgando más incertidumbre al contenido final del proyecto de ley y a la coordinación que debiera existir entre organismos públicos sectoriales y el Ministerio del Medio Ambiente.

Comentó, finalmente, que Chile ha implementado una estrategia nacional de conservación de la diversidad biológica, identificando áreas prioritarias de conservación, además, cuenta con un servicio especializado, CONAF, que protege la diversidad biológica a lo largo de todo el país y con un Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, con elevado reconocimiento mundial.

Por otra parte, la iniciativa legal en estudio no enfrenta las principales amenazas a la protección de la biodiversidad al interior de las áreas protegidas e incorpora instrumentos de regulación fuera de ellas que entorpecerán la normativa sectorial. Al mismo tiempo, los costos de coordinación involucrados en el traspaso de atribuciones entre distintos servicios afectarán el cumplimiento de la regulación y la gestión de la biodiversidad.

La OCDE, insistió, no recomendó la creación de un servicio de biodiversidad distinto a CONAF ni la elaboración de una ley marco de biodiversidad. En este sentido, la medida más efectiva y eficiente para mejorar la gestión de la biodiversidad sería un proyecto específico que otorgue sustento jurídico al actual SNASPE y presupuesto para la integración de las áreas marinas, ya que la gestión actual de la biodiversidad a través de los organismos sectoriales es eficiente y no se observa la necesidad de una nueva ley. Para elevar los indicadores nacionales de biodiversidad, puntualizó, se requiere una mayor superficie protegida, más guardaparques y financiamiento para los programas de conservación existentes, aspectos que debieran reflejarse en el presupuesto del sector público.

Si fuese necesario elaborar un balance de los aportes de un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, a su juicio, el presente proyecto de ley no asegura un incremento de la superficie protegida terrestre o marina ni incorpora mayores restricciones de intervención en las áreas protegidas para proyectos de infraestructura, como tampoco establece un financiamiento incremental para el sistema de áreas protegidas, distinto a la Ley de Presupuestos del Sector Público. La iniciativa, continuó, no soluciona el desbalance territorial de las áreas protegidas ni genera ahorros para el Estado en la administración del sistema de áreas protegidas y no posee ni profesionales con experiencia en la gestión territorial de la biodiversidad ni un despliegue territorial regional y provincial. La modificación que propone el presente proyecto de ley es un mero cambio de administrador, que no conlleva un avance real en la gestión de la biodiversidad nacional.

A continuación, el Doctor en Biología, Ecología y Conservación Marina, señor Carlos Gaymer, expuso que, desde un enfoque científico, la implementación de un nuevo servicio de biodiversidad es necesaria, en especial, para fomentar la creación de áreas protegidas marinas, dado que la iniciativa legal se basa en una visión eminentemente terrestre. Actualmente, existen áreas protegidas marinas, pero no cuentan con la administración ni el financiamiento necesario.

Un problema que se observa, indicó, es que el modelo de protección se basa en objetos de conservación, como sucede, por ejemplo, con el pingüino de Humboldt. Dicha ave marina se reproduce y nidifica en tierra, pero se alimenta en el mar, pues bien, como la protección está orientada al objeto, tres organismos se ocupan de su conservación: en el ámbito terrestre, CONAF; en el marino, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); y en la zona de transición (línea de alta marea y 80 metros de playa), la Armada. La visión conservacionista debiera ser global porque muchas especies cumplen funciones elementales para la estructura y funcionamiento de comunidades y ecosistemas marinos.

Ahora, profundizó, si se observan los compromisos asumidos por Chile en materia de conservación de la diversidad biológica, la conclusión puede ser más dramática. Del 17% de los ecosistemas terrestres y del 10% a nivel marino comprometidos por Chile, sólo se ha alcanzado un 20% en la zona central del país. Diversos estudios ahondan en el desbalance regional de la protección de la biodiversidad, así un estudio de su autoría demuestra que la zona de mayor diversidad de plantas vasculares se ubica entre la IV y IX Región, no obstante, lamentó, las áreas protegidas del SNASPE en dicho territorio son mínimas y en algunas Regiones ni siquiera existen áreas de conservación privada. El 80% de la población en Chile habita la zona central, donde sólo se aprecia un 10% de protección marina. Todos los esfuerzos de conservación se concentran en zonas de baja densidad poblacional, ya que se producen menos conflictos por el uso de los espacios terrestres y marinos.

Por otro lado, sostuvo que el proyecto de ley debiera regirse por la clasificación de categorías de protección aprobada por la UICN, además, la conservación debiera considerar la protección in situ y ex situ. Asimismo, señaló que más que pensar en crear nuevas categorías, el objetivo del proyecto de ley debiera apuntar a gestionar aquellas especies que puedan estar amenazadas.

Dentro de los tópicos que debieran ser abordados con mayor profundidad en la discusión legislativa sobre un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, enunció, está la carencia de una definición de ecosistema marino, sin la cual es imposible abordar el objetivo de mejorar la representatividad de los ecosistemas en un sistema nacional de áreas protegidas. Hasta el momento, indicó, se han utilizado aproximaciones funcionales, como las ecorregiones marinas y físicas, como los hábitats bentónicos. De todas formas, el tema requiere ser abordado con urgencia y un buen punto de inicio sería comenzar un proceso de “biorregionalización” de las 200 millas marinas de Chile.

En la definición de los objetivos del sistema nacional de áreas protegidas, continuó, se contempla asegurar una muestra representativa de la biodiversidad, pero al definir diversidad biológica se utiliza una perspectiva obsoleta, sin incluir todos los niveles de biodiversidad conocidos. Dicha falencia, explicó, es especialmente crítica al no existir mención sobre la biodiversidad genética, elemento fundamental para mantener los procesos evolutivos y de especiación. Al respecto, sugirió usar definiciones modernas como la del Doctor Andrew J. Noss (1990), que a nivel de biodiversidad distingue los niveles genético, población-especie, comunidad-ecosistema y paisaje regional.

Respecto al procedimiento para la creación de áreas protegidas, observó, se menciona el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ahora bien, dado que las áreas marinas remotas y de enorme extensión se localizan en zonas estratégicas (Parque Marino Motu Moturo Hiva o Isla Desventurada, en Juan Fernández) es fundamental incluir en dicho organismo al Ministerio de Defensa. Asimismo, en la integración del comité técnico propuesto por la iniciativa legal no aparece ninguna entidad con competencia marina para el otorgamiento de concesiones (Armada, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura o Sernapesca).

También, consignó que la concepción del plan de manejo es ambigua, ya que permite optar por muchas alternativas, sin presentar un marco preciso de regulación, como el definido en el Reglamento sobre Parques Marinos y Reservas Marinas de la ley General de Pesca y Acuicultura. De igual modo, consideró más preciso usar el término plan general de administración, que contenga entre sus programas un plan de manejo, y especificar en el contenido del plan las familias de indicadores usadas normalmente para áreas protegidas (biofísicos, socioeconómicos y de gobernanza). Asimismo, donde se menciona a las comunidades participantes, debería considerarse la participación de los pueblos originarios. En cuanto a su aprobación, sugirió incorporar a los actores relevantes de la comunidad para la validación de cada plan, materia fundamental para la legitimación del área protegida y la integración de los habitantes locales, factores claves en el éxito de la conservación de dicha área.

Del mismo modo, opinó que será imposible encontrar personal capacitado para ejercer la función de guardaparque marino, debido a que el proyecto de ley exige un mínimo de 2 años de experiencia para desempeñar dicho cargo, requisito que actualmente no cumple ninguna persona en Chile porque en el presente no existe personal encargado de resguardar las áreas marinas protegidas.

En otro ámbito, advirtió sobre el peligro de excluir a las especies hidrobiológicas de la legislación propuesta, ya que puede comprometer el objetivo de conservación ecosistémica o comunitaria en un área marina protegida, debido a que muchas especies dentro de la categoría ocupan roles estructuradores de comunidades e ingenieros ecosistémicos, motivo por el que deben ser administradas con una visión integradora de la biodiversidad. También señaló, que en las áreas de soporte a la conservación debería incluirse un trabajo coordinado con los fiscalizadores de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, reconocidas como instrumentos auxiliares a las áreas marinas protegidas.

En materia de infracciones cometidas en áreas protegidas, opinó, también predomina una visión terrestre de la conservación, luego que no se menciona ninguna prohibición de pesca, extracción de especies para comercialización, consumo, recuerdos, ni se restringe los artes de pesca destructivos (redes agalleras o arrastre). Tampoco se menciona, afirmó, la prohibición del anclaje en lugares frágiles, el turismo de avistamiento de fauna o el buceo deportivo, entre otros.

En los instrumentos de conservación, indicó, es preciso incorporar en los inventarios los bancos de germoplasma, herramienta fundamental para la conservación ex situ.

Por último, mencionó como aspecto ausente del proyecto de ley, la necesidad de una planificación sistemática de la conservación, tarea para la cual existen numerosas herramientas de apoyo a las decisiones, que apuntan a maximizar los objetivos y metas de protección, junto con reducir los costos de conservación. Dicha planificación, subrayó, debe evitar un sesgo dirigido por intereses sectoriales o personales.

A continuación, el Honorable Senador señor Horvath consultó al Director Nacional del INIA por la posibilidad de considerar bancos genéticos de especies marinas en la red nacional de bancos administrada por la institución.

A su vez, comentó que la exigencia para la entrada en vigencia de la ley N° 18.362 es la implementación de un servicio público forestal, en consecuencia, una vez que se apruebe la creación del mencionado servicio, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado comenzará a regir en plenitud.

Finalmente, sugirió a los organismos no gubernamentales y al mundo académico nominar a uno o dos representantes especialistas en temas marinos, para que se incorporen al equipo técnico liderado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La Honorable Senadora señora Allende, por su parte, concordó con la idea de incorporar expertos en temas marinos al comité que coordina dicha Cartera de Estado, así se puede extender el ámbito del futuro servicio más allá de las áreas terrestres protegidas.

Recordó que el objetivo de crear dicho comité apuntaba a desarrollar un análisis más detallado del presente proyecto de ley, buscando conciliar entre los distintos actores las visiones sobre la conservación de la diversidad biológica del país. La idea, explicó, es generar un protocolo de acuerdo que reúna los temas ausentes de la iniciativa y las modificaciones sugeridas por los integrantes de la Comisión. Como se ha observado a través de la discusión legislativa, nadie duda de la necesidad de crear un nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas ni de la importancia de considerar instrumentos de conservación dentro y fuera de las áreas protegidas, aun cuando se requiera establecer prioridades entre los distintos temas.

El Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), señor Julio Kalazich, respondió sobre la consulta de la existencia de bancos genéticos de especies marinas, que no ha podido materializarse a la fecha, pero es un objetivo contemplado en los futuros planes del Instituto, en particular, existe preocupación por conservar recursos microbianos marinos.

El Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales del Maule, señor Jorge Gándara, comentó que la entidad gremial concuerda con la necesidad de crear un servicio de biodiversidad y un marco regulatorio para las áreas protegidas, sin embargo, reiteró su disconformidad con el contenido del presente proyecto de ley. En su opinión, alegó, debiera crearse un organismo coordinador de todas las acciones de conservación de la diversidad biológica ejercidas por entes públicos a lo largo del territorio nacional, ya que observan con escepticismo la implementación de un órgano autónomo capaz de administrar la biodiversidad en todo el país, además, sostuvo, si existe actualmente un sistema bien administrado, cuál sería el objeto de duplicar sus funciones con la creación de un nuevo servicio.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, expuso que la protección de la biodiversidad y el medio ambiente es importante para el desarrollo de actividades productivas, formando parte de las bases de la minería moderna, como se observa en los principios de desarrollo sustentable definidos por el propio Consejo Minero, que exhorta a las empresas asociadas a integrar el desarrollo sustentable como un pilar fundamental en la definición e implementación de políticas y prácticas de cada empresa, tanto en relación al proceso productivo como al entorno en que se desempeñan, como también a minimizar el impacto ambiental de las operaciones, desde la etapa de exploración hasta la de cierre.

Asimismo, señaló, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) ha elaborado una guía de buenas prácticas en materia de biodiversidad, invitando a sus socios a contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial.

Luego, planteó ciertas consideraciones previas a las observaciones específicas sobre el presente proyecto de ley, declarando que el Consejo Minero se manifiesta a favor de regular la protección de la biodiversidad, opinión coherente con los principios reseñados. Las áreas protegidas cubren una parte significativa del territorio nacional ? 20% ?, aun así el sistema nacional presenta vacíos y desbalances de representatividad de ecosistemas terrestres y marinos. Además, la legislación sobre resguardo de áreas protegidas vigente se encuentra dispersa, desarticulada e incompleta.

Con ese propósito, manifestó, el Consejo Minero apoya la protección de la biodiversidad mediante la creación de áreas protegidas basada en procedimientos científicos, transparentes y participativos, a cargo de organismos dotados de recursos suficientes y atribuciones definidas, coordinados con toda la institucionalidad ambiental, evitando así prohibiciones o limitaciones a las actividades productivas innecesarias e insuficientemente fundadas, con el objeto de compatibilizar el resguardo de la diversidad biológica con el desarrollo económico y social del país.

Posteriormente, se refirió a aspectos específicos de la iniciativa legal en estudio, señalando que el proyecto de ley hace un buen intento de ordenar las categorías actuales de áreas protegidas, en consonancia con la definición establecida por organismos internacionales, no obstante, la iniciativa pierde la oportunidad de avanzar hacia el estándar internacional definido por la UICN, que define siete categorías de protección, dos menos que el actual proyecto, y la mitad de las vigentes hoy en día.

Adicionalmente, expresó, bajo la figura de instrumentos de conservación, el proyecto de ley, en la práctica, crea seudo categorías de protección, abriendo espacio a un ámbito de discrecionalidad administrativa, por ejemplo, con la definición de sitios prioritarios para la conservación, ecosistemas degradados y ecosistemas amenazados. Como dichas definiciones no corresponden a categorías de protección, no se les aplica el procedimiento de creación, modificación y extinción, en consecuencia, se crea el riesgo de mantener la situación actual de desarticulación que el proyecto de ley busca eliminar.

Si un área es declarada sitio prioritario, ecosistema degradado o amenazado, graficó, inmediatamente se prohibiría la actividad minera, luego que la actual iniciativa legal define como infracción la acción de remover tierra en dichas áreas. Por un lado, apuntó, se seguirá un procedimiento técnico, fundado, transparente y expedito para la creación de un área protegida, en tanto por la vía de los instrumentos de conservación se abrirá un espacio para generar áreas donde se limitará o prohibirá el desarrollo de actividades productivas, sin cumplir con ninguno de los requisitos referidos.

Por otro lado, se mostró de acuerdo con el procedimiento establecido para crear y modificar áreas protegidas, que considera un informe técnico elaborado por el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la realización de una consulta pública, la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y la dictación de un decreto supremo. Dado que las áreas protegidas actuales cubren ya un significativo 20% del territorio nacional, e incluso así, existen ecosistemas subrepresentados, sería razonable esperar la creación de nuevas áreas y la desafectación de otras. Sin embargo, apuntó, el procedimiento de desafectación requiere el impulso del futuro servicio, cuya función principal es fomentar la creación de áreas protegidas, por ende, es casi improbable suponer que el organismo encargado de incentivar la creación de áreas protegidas promueva una iniciativa para desafectar una determinada área. Por ello, puntualizó, se requiere que un organismo distinto pueda impulsar la desafectación de un área protegida, por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El asunto se complica aún más, si se considera que el proyecto de ley estipula un plazo de dos años para iniciar la revisión de las áreas protegidas existentes, sin definir un término para finalizar dicha labor.

También, valoró que el proyecto de ley compatibilice la protección de la biodiversidad con el desarrollo de actividades productivas, pues no establece de antemano prohibiciones para realizar dichas actividades en áreas protegidas. Es un criterio positivo, ya que otras iniciativas legales contemplan anticipadamente la prohibición de ejecutar actividades de este tipo, como el proyecto que establece la ley de protección y preservación de glaciares (Boletín 9364-12), actualmente en tramitación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, afirmó, los planes de manejo para cada área protegida pueden contener prohibiciones, aun cuando sólo son determinados por resolución del nuevo servicio, abriendo inconvenientemente otro espacio de discrecionalidad administrativa mediante la adopción de decisiones, sin sujeción a criterios técnicos. En opinión del Consejo Minero, agregó, el procedimiento para aprobar un plan de manejo debiera ser similar a la creación de un área protegida: informe del nuevo servicio, consulta pública, aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y dictación de un decreto supremo.

Otro problema asociado a la limitación de actividades productivas, declaró, dice relación con los permisos otorgados por el futuro servicio de biodiversidad, instrumentos de menor rango que pueden autorizar actividades que no requieran la instalación de infraestructura o la operación permanente y continua en espacios ubicados en el área, siempre que no contravengan el plan de manejo. Es decir, se prohíbe automáticamente diversas actividades productivas, otorgando al organismo, por dicha vía, la facultad de restringir actividades, sin atenerse al plan de manejo ni al procedimiento de creación de áreas protegidas.

Asimismo, manifestó el acuerdo del Consejo Minero a que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas administre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ejecute políticas de biodiversidad. Con todo, advirtió, el nuevo servicio ostenta facultades fiscalizadoras y sancionadoras, incluso fuera de las áreas protegidas ? sitios prioritarios, ecosistemas degradados y amenazados ?, confirmando la tesis inicial que el proyecto de ley contempla un área gris, al crear seudo categorías de protección que, sin seguir el procedimiento para crear un área protegida, puede fiscalizar y determinar sanciones, independiente que se trate de un bien nacional de uso público, fiscal o privado.

Además, el nuevo servicio competirá con las funciones ejercidas actualmente por otras entidades, como CONAF, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), servicios de salud, etc., y el presente proyecto de ley sólo determina en términos generales la acción del futuro servicio, al señalar que ésta se ejercitará sin perjuicio de la normativa sobre sanidad vegetal y animal. Para evitar posibles conflictos de competencia, aclaró, se requiere una mayor especificación de las atribuciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y mecanismos expeditos para la resolución de contiendas de competencia, por ejemplo, a través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, para evitar así mayor burocracia, incertidumbre jurídica, dilación indebida y pluralidad de revisión de proyectos, efectos perniciosos para el desarrollo de actividades productivas y la oportuna protección de las áreas protegidas.

Enseguida, se refirió a la protección de glaciares, señalando que, según se resuelva a través de la creación de un área protegida, los glaciares podrían contar con un alto grado de protección, luego que el presente proyecto de ley dispone que formarán parte de las áreas protegidas, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, y otros que señala, situados dentro de su perímetro; aspecto que valoró positivamente. Sin embargo, hizo presente la necesidad de un sistema legislativo coherente para evitar una pluralidad de regulaciones, ya que, amén de las iniciativas legales en tramitación sobre protección de glaciares, el sistema de evaluación ambiental también considera el resguardo de dichos cuerpos de agua, que sumado a la facultad del nuevo servicio, completarían tres marcos jurídicos distintos de protección.

Por otra parte, añadió, debido a la regulación propuesta fuera de las áreas protegidas, nuevamente se pierde la predictibilidad de la acción del Estado, con riesgos de limitaciones excesivas a las actividades económicas, cuando la iniciativa legal prescribe que respecto de los inventarios de glaciares que administra la Dirección General Aguas (DGA), el futuro servicio podrá utilizar dicha información para priorizar la gestión e implementar medidas de conservación sobre glaciares, sin tomar en consideración si están o no dentro de un área protegida.

Por último, aludió a la definición del principio de precaución, que el presente proyecto de ley establece cuando señala que la falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país. Es tan amplia la definición del principio, criticó, que el propio Ejecutivo ha propuesto un concepto distinto en las indicaciones presentadas al proyecto de ley que establece un marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (Boletín 9094-12), donde se señala que el principio precautorio consiste en la implementación de medidas costo-eficientes que disminuyan el riesgo de daños para el medio ambiente derivado de la generación de residuos, sobre la base de antecedentes razonables, aunque no exista certidumbre científica concluyente. Dicho criterio de costo, aseguró, también se incluyó en la definición original del principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, condicionando el principio a la existencia de un peligro de daño grave o irreversible. En consecuencia, recomendó modificar la definición planteada en el proyecto de ley, incorporando las calificaciones señaladas, para mantener así el necesario equilibrio entre el objetivo de conservación y las restricciones económicas.

Resumiendo, concluyó, diversos principios a los que adhieren las empresas de la gran minería comprometen a apoyar acciones que protejan la biodiversidad, constituyendo el proyecto de ley una buena herramienta en dicha dirección. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Minero mantiene las siguientes aprensiones: falta de concordancia de las categorías de protección con estándares internacionales; creación de seudo categorías de áreas protegidas (sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y degradados), aún más lejanos de los estándares internacionales, dando origen a potenciales limitaciones a la actividad económica, con alto grado de discrecionalidad; definición insuficiente de los planes de manejo y delimitación ambigua de las funciones del nuevo servicio, junto con carecer de mecanismos expeditos para resolver contiendas de competencia con otros servicios públicos.

Antes de finalizar, hizo entrega de un anexo con comentarios a otras normas del proyecto de ley, para que sea tenido en consideración en la actual discusión.

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En sesión celebrada el 4 de noviembre de 2014, expuso el ingeniero agrónomo, señor Juan Ladrón de Guevara, quien señaló que la presente exposición corresponde a una propuesta de estrategia financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, elaborada para el proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Fund, GEF), el Ministerio del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile.

A modo de introducción, indicó que un área protegida es un proveedor privilegiado de bienes públicos de distinta naturaleza: ambiental (agua, hábitat de especies, control de inundaciones), bien agudizado en un escenario de cambio climático; social (recreación y educación), de alta calidad y a un relativo bajo costo de provisión; cultural, ya que sostiene y conserva modos de vida ancestrales; base de sectores productivos (turismo, pesquero y economías locales); y geopolítica, por el uso y desarrollo de territorios aislados y fronterizos.

Agregó que las áreas protegidas no son territorios excluidos del desarrollo nacional, más bien constituyen espacios privilegiados de alto potencial para proveer la producción de los bienes públicos antes señalados, donde se puede fomentar el desarrollo de algunas actividades productivas, no de todas.

Luego, mostró una gráfica elaborada con datos del año 2012, que compara distintos escenarios para el financiamiento de áreas terrestres, marinas y privadas, y la brecha habida entre ellos. El primer escenario, explicó, corresponde al financiamiento actual del sistema nacional de áreas protegidas, el cual incluye el presupuesto global asignado a la conservación de dichas áreas en los diversos organismos públicos o programas gubernamentales, cifra que asciende a la suma anual de USD 34 millones (CONAF; protección de áreas marinas y santuarios de la naturaleza; Ministerio de Obras Públicas, mediante la construcción de caminos y mantención de infraestructura al interior de parques nacionales; aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR – o la Corporación de Fomento de la Producción – CORFO –, etc.).

Los otros dos escenarios, profundizó, son hipotéticos y corresponden a: un escenario básico, que mantiene la misma cantidad de áreas protegidas, pero considera un incremento de recursos, suficientes para dotar de administración a todas las áreas protegidas; y un escenario óptimo, que contempla, además, nivelar el desbalance en la protección de todos los ecosistemas, independiente de la fuente de financiamiento, proyectando una estimación del costo final de integrar y mantener nuevas áreas de protección, cumpliendo así, las metas de representatividad asumidas por Chile. Si el objetivo fuera alcanzar el escenario básico, apuntó, el país debería triplicar el presupuesto asignado a la conservación de áreas protegidas, sin embargo, si el ideal fuese lograr el escenario óptimo, el esfuerzo financiero debiera ser aún mayor, ya que se necesita multiplicar casi nueve veces el presupuesto actual.

Ahora bien, señaló, para construir una estrategia financiera es necesario definir una visión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el trabajo expuesto, sostuvo, se propone que al año 2030 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas administre unidades que representen a toda la biodiversidad chilena, sistema gestionado sobre la base de altos estándares de eficiencia, efectividad y transparencia; con una estructura de financiamiento estable y diversificada, que refleje los bienes y servicios públicos que provee a la sociedad.

La estrategia financiera formulada sobre la base de la visión anteriormente definida, expresó, fue dividida en dos etapas. Etapa uno (2015-2020), el acento debiera enfocarse en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en instalar un modelo basado en efectividad, eficiencia y transparencia. En estricto rigor, manifestó, la ejecución de dicha fase no requiere la creación de un servicio de biodiversidad, aunque sería ideal la existencia de un organismo que se ocupe de cumplir el objetivo propuesto. Etapa dos (2021 al 2030), el objeto debiese apuntar a expandir el sistema hasta alcanzar las metas nacionales y compromisos internacionales sobre la base del modelo creado en la etapa anterior.

Los ejes de dicha estrategia financiera, acotó, debieran ser la modernización del Estado y el avance hacia una gestión más eficiente de las áreas protegidas públicas; la diversificación de fuentes de financiamiento de dichas áreas; y el desarrollo de mecanismos e instrumentos para el financiamiento de áreas protegidas privadas. Dichos ejes debieran otorgar una sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En el eje de modernización del Estado, precisó, se contemplaron tres líneas de acción: fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas, mediante el reforzamiento en la elaboración de los planes de manejo, con mayor integración del desarrollo al Plan de Uso Público (AUP) y desarrollo de programas con el apoyo de servicios del turismo, como también avanzar en la planificación de cálculo de presupuesto del plan de manejo o de administración y sufragio del costo de provisión de servicios y bienes públicos; complementación de fondos mediante estrategia financiera regional; e incentivos a ampliar la generación de ingresos, principalmente del turismo, mediante un acuerdo con la Dirección de Presupuestos sobre mecanismos de incentivos para ingresos propios.

En materia de nueva fuentes de ingreso, continuó, la línea de acción debiera asociarse a la creación de un Fondo para la Conservación, que permita la canalización y mayor agilidad en la asignación de recursos; y a la realización de campañas públicas masivas de Fundraising.

Sobre el eje financiamiento de áreas protegidas privadas y creación de nuevas áreas públicas o privadas, manifestó que la línea de acción debiera concentrarse en la generación de incentivos para las áreas protegidas privadas, en los proyectos de compensación que actualmente elabora el Servicio de Evaluación Ambiental y la creación de nuevas áreas protegidas en zonas sin representación o subrepresentadas y en las zonas de amortiguación.

Enseguida, se refirió a un cuadro comparativo de cifras, esta vez construido sobre la base del tipo de gasto. El presupuesto actual, declaró, financia el costo de operación, que al año 2012 se estimó en $12.855 millones anuales, y no considera transferencias hacia iniciativas privadas de conservación, aunque para efectos de cálculo el gráfico las consigna en $2.713 millones anuales, que corresponde al gasto que se estima incurren las distintas organizaciones en mantener las áreas protegidas privadas, sin embargo, si se pretende expandir las áreas privadas de conservación o crear nuevas áreas, el Estado debiera considerar un presupuesto similar a dicha cifra. En una tercera columna, prosiguió, se analiza la inversión anualizada, que dice relación con la mantención de la infraestructura existente, que en la actualidad representa un 10% de los recursos disponibles, asignados, principalmente, mediante el FNDR; en total suman $17.423 millones.

Cada columna, detalló, considera la proyección del gasto según las metas definidas para cada escenario, básico y óptimo. Si se observan las dos primeras columnas del escenario óptimo, afirmó, para la operación del sistema de áreas protegidas, el 85% de los recursos se requiere de manera permanente, por tanto, la cifra global estimada para el 2030 – $129.000 millones– corresponde a un presupuesto público anual fijo, y no a un solo aporte fiscal.

Agregó que para completar la elaboración de la estrategia financiera, el estudio se basó, también, en la construcción de otros tres escenarios. Cada escenario, señaló, se aboca a explicar cómo financiar la cantidad y el tipo de gasto ya definidos en los párrafos anteriores, donde se considera, básicamente, la tasa de crecimiento del gasto público. En el escenario uno, comentó, la modernización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) contempla un crecimiento del gasto público similar al actualmente observado, con fuerte impulso en turismo y penetración optimista de nuevos instrumentos. En el escenario dos, la modernización del SNAP considera un crecimiento del gasto público igual al doble del promedio histórico, con mayor presencia del turismo y penetración conservadora de nuevos instrumentos. Finalmente, en el escenario tres, la modernización del SNAP es sólo a partir de gasto público, con crecimiento basado en rangos históricos del turismo y muy limitada penetración de nuevos instrumentos.

Así, expuso, la distribución de montos según fuente de financiamiento para la meta 2020 en los tres escenarios recién explicados, considerarían un incremento paulatino de los recursos fiscales a través de la Administración General del Estado y una disminución proporcional del costo privado de conservación, manteniendo en cada caso el monto anual de operación del sistema en $50.568 millones. En cambio, en la distribución de montos según fuente de financiamiento para la meta 2030, se aprecia un fuerte incremento en los recursos dispuestos por la Administración General del Estado y una brusca caída en el costo privado de conservación, ambos sumados a una firme presencia de subsidios estatales para las iniciativas privadas de conservación y la creación de nuevas áreas de protección; en cada escenario la cifra total estimada es de $129.132 millones.

A continuación, se refirió a ciertas recomendaciones para el financiamiento adecuado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En primer lugar, aludió al financiamiento de la operación regular del SNAP, indicando que se financia, fundamentalmente, mediante una combinación de gasto público, ingresos propios y, eventualmente, por medio de un fondo fiduciario, cuyas rentas anuales sobre el capital genere un flujo constante de recursos, mecanismo que puede otorgar flexibilidad al gasto, útil para enfrentar contingencias (incendios) y/o innovaciones en la gestión. También se podrían considerar nuevos mecanismos, como el pago por servicios ecosistémicos, pese a su calificación desfavorable basada en la evaluación de la relación esfuerzo/capacidad recaudatoria; los bancos o proyectos de compensación en biodiversidad; y la autorización para el cobro de entradas y/o ingreso por concepto de concesiones turísticas y productivas en las áreas marinas protegidas.

En cuanto al financiamiento público de las áreas privadas de conservación, declaró que se observa la necesidad de establecer un pago a privados por la provisión de un área protegida, sobre la base de un contrato de largo plazo y reglas que aseguren dicha provisión, en la medida que implique un menor costo para el Estado subsidiar la operación de áreas protegidas privadas que crear nuevas áreas públicas de conservación.

Con respecto al financiamiento de la inversión y renovación de la infraestructura, detalló que actualmente se asume con recursos del FNDR y el Ministerio de Obras Públicas, seguido de aportes privados provenientes de proyectos de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y, marginalmente, con aportes de CONAF. En este ámbito, apuntó, sería positivo fortalecer aún más la inversión por medio del FNDR, mediante convenios de programación, en el marco de planes de inversión y/o estrategias financieras de mediano plazo para cada Región. Asimismo, sugirió la realización de campañas públicas y, eventualmente, donaciones de privados, las que pueden colaborar con el cumplimiento de dicho objetivo.

Finalmente, manifestó que para lograr expandir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el fin de cubrir la representatividad de todos los ecosistemas, se requiere establecer bancos de compensación de biodiversidad, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, idea limitada geográficamente, pues se debe compensar primeramente los impactos del proyecto en el mismo ecosistema, sin embargo, se observa la posibilidad de orientar una parte de dicho esfuerzo a suplir vacíos en la misma Región definidos estratégicamente en forma previa. Supone, además, consolidar la buena práctica de compensaciones de largo plazo, a perpetuidad o durante toda la vida útil del proyecto. Igualmente, se debe contemplar un subsidio público a privados, sin considerar la adquisición de bienes raíces, o bien, incluir la compra de terrenos a privados, ya sea con recursos del Estado o de donaciones de privados, aspecto último que justifica la creación de un fondo de capital, que debiera atraer recursos de organizaciones, nacionales o internacionales, sin fines de lucro, por ejemplo, por medio de una ley de donaciones.

El Honorable Senador señor Moreira valoró el informe presentado por el expositor, aun cuando consideró difícil que el Estado pueda asumir el compromiso de soportar el nivel de gasto público proyectado en la estrategia financiera, por tal motivo, consultó por las áreas de conservación más deficitarias en materia de presupuesto, que pudieran ser abordadas de manera prioritaria por el presente proyecto de ley.

El ingeniero agrónomo, señor Juan Ladrón de Guevara, respondió que es difícil establecer una escala de prioridades, dado que la operación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas requiere en su conjunto un mayor nivel de gasto para cumplir con su objetivo. No obstante, apuntó, a su juicio, los siguientes temas debieran ser asumidos con mayor urgencia. En primer término, cubrir el déficit en áreas marinas protegidas, ya que, pese al alto nivel de conservación logrado hasta ahora, el ingreso de la industria acuícola, sumado a la actividad minera y geotérmica, puede cambiar el escenario actual, razón por la que se necesita instalar un sistema de fiscalización eficiente y otorgar protección a áreas marinas localizadas en zonas extremas del país.

Luego, indicó, se debiera exigir a la industria del turismo un mayor aporte a la eliminación de las externalidades negativas que la actividad económica genera. Hoy en día, puntualizó, dicha actividad productiva es subsidiada por CONAF, puesto que los guardaparques dedican un tiempo considerable de la jornada laboral a apoyar y contener el turismo. Sin duda, afirmó, se requiere la presencia de dichos funcionarios para evitar los impactos negativos que la actividad origina, pero el Estado debe replantear el uso de los recursos fiscales, dado que tanto los turistas como los concesionarios y operadores del rubro pueden aportar económicamente al uso de tales espacios públicos con el cual generan riquezas. En particular, señaló, la actividad debiera asumir, aunque sea parcialmente, el costo de financiar la eliminación o disminución de las amenazas que el turismo provoca. En esta materia, precisó, es necesario distinguir entre recreación y turismo. Ecuador, por ejemplo, no cobra a los habitantes por el ingreso a los parques nacionales, pues el Estado busca que los ciudadanos usen dichos lugares como espacios de esparcimiento. En ese sentido, añadió, una opción sería crear en Chile políticas tarifarias diferenciadas de acceso a parques nacionales, estableciendo el ingreso gratuito para los habitantes de la Región, fijando un cobro para los visitantes asociados a la actividad turística. Expresó que no existe mayor dificultad metodológica para diferenciar la actividad turística de la recreación, pero el problema se presenta en la generación de información, puesto que para CONAF es complejo discriminar el gasto destinado a conservación del costo soportado para cumplir labores de atención al público.

En último término, destacó la alternativa de fijar lineamientos a la inversión privada para dirigir estratégicamente un flujo de recursos desde los grandes proyectos industriales hacia la conservación de la biodiversidad, ya que dichos emprendimientos económicos destinan presupuestos colosales a la compensación de impactos ambientales, que bien podrían ser aprovechados en la protección de la diversidad biológica. Conjuntamente, advirtió, un área sensible a desarrollar a nivel nacional es la captación de donaciones privadas, donde Chile observa un retraso en la materia, en comparación a los demás países de la región.

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En la sesión celebrada el 18 de noviembre de 2014, asistieron el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, la Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Alejandra Figueroa y los integrantes del Comité Técnico “Proyecto de Ley que crea el SABP y SNAP”.

El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, agradeció el trabajo realizado por el Comité Técnico, grupo que estuvo integrado por profesionales provenientes del mundo académico y de organizaciones no gubernamentales, además de los asesores de los Honorables Senadores.

El Honorable Senador señor Horvath, hizo presente la necesidad de formular un protocolo en conjunto con el Ejecutivo, puesto que muchas de las materias que se pretenden modificar requieren la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.

Enseguida, la Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, expuso los lineamientos generales de la labor efectuada hasta la fecha por el Comité Técnico, destacando la seriedad y eficiencia de su trabajo.

En principio, señaló, el objeto fue elaborar un Protocolo de Acuerdo que permitiera resumir las modificaciones al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas sugeridas por los integrantes del Comité, trabajo que luego sería presentado a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

El Comité Técnico, recordó, fue conformado a solicitud de la instancia legislativa, convocándose a 13 especialistas, además de los asesores legislativos de los Honorables Senadores integrantes de la Comisión. La primera sesión se celebró el 22 de septiembre de 2014, realizándose un total de 11 sesiones.

La metodología de trabajo comprendió un cronograma propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, revisado y aprobado por el Comité Técnico en la primera sesión; todas las sesiones celebradas contaron con más del 50% de asistencia. El comité revisó las modificaciones que debería contener la actual iniciativa legislativa, arribando a diversos acuerdos sobre cada materia. Asimismo, se constituyeron cinco grupos de trabajo: planes de manejo; concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado; ecosistemas acuáticos continentales; modificaciones a otros cuerpos legales, y normas transitorias. Todos los acuerdos se lograron con un alto nivel de aprobación, a excepción del ámbito vinculado a la afectación y desafectación de parques nacionales. En atención al resultado positivo del trabajo desempeñado, propuso que se reanude la labor de dicho comité, una vez abierto el plazo para la presentación de indicaciones.

A continuación, se refirió en términos generales a los acuerdos alcanzados, que, separados por temática, corresponden a los siguientes. Definiciones y principios. Se acordó establecer como objeto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas velar por la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural, terrestre, acuático y marino del país. Del mismo modo, se consideró perfeccionar las definiciones del presente proyecto de ley, como también incluir nuevos conceptos. En cuanto a las atribuciones del nuevo servicio, éste debiera contar con instrumentos y atribuciones para la gestión de la diversidad biológica en todo el territorio nacional.

Respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el Comité Técnico contempló modificar el objetivo y funciones del SNAP propuesto en la iniciativa en trámite, así como homologar las categorías de protección sugeridas por el proyecto de ley a las categorías definidas por la UICN. En este ámbito, también estimó necesario distinguir entre parque nacional y las demás áreas protegidas, para efectos de desafectación y autorización de actividades a desarrollar al interior de las mismas. Al mismo tiempo, se acordó incluir una categoría de Territorios de Conservación de Pueblos Indígenas (TCPO), y otorgar mayor participación a la comunidad, pueblos indígenas, gobiernos regionales y municipios en la gestión de las áreas protegidas. En cuanto a la afectación y desafectación de parques nacionales, reiteró el desacuerdo habido entre los integrantes del comité.

Con relación a las áreas protegidas privadas, el Comité Técnico solicitó considerar instrumentos económicos y tributarios para promover su financiamiento, y apoyar la formación de guardaparques para dichas áreas por parte del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En cuanto a los instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas, expresó, el Comité Técnico convino en perfeccionar los sistemas de información, mejorar la gestión de las especies, considerar la conservación ex situ como otro instrumento, incorporar áreas marinas y costeras, contemplar diferentes escalas de gestión y planes de manejo vinculantes, e incluir otras figuras de gestión de la biodiversidad, como las reservas de la biosfera.

Sobre instrumentos económicos, el Fondo para la Biodiversidad propuesto en el proyecto de ley y los incentivos a la conservación fuera de las áreas protegidas, hubo consenso en la necesidad de enriquecer las definiciones de los señalados instrumentos, precisar el alcance del fondo mencionado e incorporar bancos de compensación como mecanismo de financiamiento.

En materia de fiscalización, infracciones y sanciones, hubo acuerdo en el Comité Técnico en configurar un servicio público con competencias fiscalizadoras en todo el territorio nacional. De igual manera, se tuvo presente perfeccionar, eliminar o incluir causales de sanciones, e incorporar sanciones por infracciones cometidas al interior de ecosistemas marinos. Por último, se convino en aclarar la competencia de los Tribunales Ambientales en materia de biodiversidad.

Más en detalle, comentó que el Comité Técnico propuso como objeto del presente proyecto de ley, la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas en todo el territorio nacional, ya que se insistió en la importancia de que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas vele por la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural, terrestre, acuático y marino del país. De la misma forma, el comité consideró importante integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con la gestión realizada fuera de las áreas y dotar al servicio de instrumentos de gestión preventivos frente a la pérdida de diversidad biológica.

También, previno que el Comité Técnico estimó necesario perfeccionar el listado actual de definiciones que considera el proyecto de ley, como especie endémica, hábitat, conservación de la biodiversidad, humedal, entre otras. Además, indicó que el comité fue de la idea de asegurar un financiamiento adecuado para que el nuevo servicio cumpla adecuadamente las tareas de su competencia.

Un tema que el Comité Técnico debatió con intensidad, pero que no definió, fue la necesidad de crear una entidad para colaborar en las líneas de investigación que requiera el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, discutiéndose tópicos como el origen público o privado de los aportes, la finalidad pública de su cometido o el carácter sin fines de lucro de su organización.

En cuanto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, señaló que el Comité Técnico prefirió utilizar la expresión “gestionar” para definir el SNAP y las áreas que lo conforman, en vez del vocablo “administrar”, pues consideró que gestión expresa una visión más amplia y estratégica sobre la necesidad de articular los distintos instrumentos de conservación de la biodiversidad. En este ámbito, el comité también exhortó a asegurar el financiamiento del sistema de áreas protegidas. Adicionalmente, se revisó el objetivo del sistema, incluyendo la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos asociados, en las áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En último término, el comité instó a considerar las categorías de áreas protegidas definidas por la UICN y definiciones para categorías nacionales y diversos modelos de administración o gestión, como también observar los lineamientos de la Convención de Washington en relación a las áreas protegidas, en especial, en materia de afectación y desafectación de parques nacionales.

Explicó también, que el Comité Técnico sostuvo que el procedimiento de creación y manejo de áreas protegidas privadas debiera configurarse en igualdad de condiciones respecto de las áreas protegidas del Estado. En materia de concesiones, indicó, el grupo acordó constituir una mesa de trabajo liderada por el Ministerio del Medio Ambiente para abordar el tema. Los elementos que dicha mesa revisaría serían: inclusión de otros actores, relación de las concesiones con el objeto de conservación de las áreas protegidas, y orientar los beneficios a la conservación de la diversidad biológica; así también, se requiere diferenciar permisos, contratos y concesiones, e incorporar el concepto de turismo sustentable. Igualmente, el comité acordó que al interior de los parques nacionales sólo se podrá autorizar la construcción de obras que contribuyan al objetivo de preservar la naturaleza y sus aspectos culturales asociados, como también la recreación, educación e investigación científica, en la medida que no impacten dicho objetivo.

En relación a los instrumentos de conservación de la biodiversidad, declaró que el Comité Técnico se pronunció sobre los instrumentos de información, monitoreo y seguimiento, señalando que la información que disponga el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas debería ser actualizada y disponible de manera gratuita, con sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental en red, y estudios de largo plazo de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, integrando datos de instituciones públicas y privadas. Asimismo, se concluyó la necesidad de promover la conservación ex situ, reconocer en las iniciativas de conservación privada áreas de apoyo a la conservación de la biodiversidad en el territorio, y aplicar los instrumentos de manejo y restauración a diferentes escalas (cuenca hidrográfica y subsistemas, hábitats, ecosistemas o sitios). En esta materia, se concordó que la aplicación de los planes de manejo de recursos naturales debería ser vinculante y prioritaria en determinadas áreas.

Agregó que el Comité Técnico también se refirió a los instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, acordando consolidar en el presente proyecto de ley la gestión para la conservación de las especies clasificadas; el manejo y control de las especies acuáticas y su hábitat; y el manejo, control y erradicación sobre las exóticas e invasoras.

A juicio del Comité Técnico, añadió, el Fondo de la Biodiversidad debe ser explícito en su objetivo y mecanismo, debiendo establecer con claridad los potenciales beneficiarios. Del mismo modo, el comité concordó promover y regular mecanismos de compensación, entre ellos, los bancos de compensación; considerar criterios de equivalencia ecológica; incorporar el concepto de pérdida neta cero de biodiversidad; y respetar la jerarquía de mitigación concebida en la ley N° 19.300. Si se aprobara dicho mecanismo, apuntó, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas debiera ser el garante del ejercicio de las acciones de compensación por diversidad biológica.

Más adelante, reseñó el estado de avance de cada materia, señalando que el Comité Técnico ya ha revisado los aspectos referidos a Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, atribuciones y funciones; Sistema Nacional de Áreas Protegidas, objetivos, categorías, creación y administración; áreas protegidas privadas; instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas; instrumentos económicos, Fondo para la Biodiversidad e incentivos; y fiscalización, infracciones y sanciones.

En cambio, indicó, los temas referidos a definiciones y principios; concesiones y permisos; y modificaciones a otros cuerpos legales y nomas transitorias, son tópicos en proceso de revisión, así como la participación ciudadana, que ha sido transversalmente analizada, pero no revisada en su totalidad. El tema de las comunidades indígenas es una tarea pendiente, aun cuando se adoptaron diversos acuerdos en materia de áreas protegidas, como la inclusión de la categoría de Territorios de Conservación de Pueblos Indígenas (TCPO).

Como corolario, anunció que el Protocolo de Acuerdo se formalizaría entre el señor Ministro del Medio Ambiente y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, y tanto el acuerdo como las actas que se acompañen servirían de base al Ministerio del Medio Ambiente para el debate en particular sobre materias que puedan afectar competencias de servicios públicos dependientes de otras carteras de Estado.

Luego, diversos integrantes del Comité Técnico expresaron su punto de vista sobre la labor desempeñada por el grupo de trabajo. En primer lugar, el investigador del Centro de Estudios Públicos, señor Leonel Sierralta, agradeció la oportunidad de participar en el Comité Técnico, y a su vez expresó que, en opinión del centro de estudios, se debe legislar sobre la creación de un servicio nacional de biodiversidad y áreas protegidas, que debiera concentrar las competencias sobre diversidad biológica actualmente dispersas en distintos organismos, y no ser concebido como un mero servicio de administración de áreas protegidas. Tal servicio debiera gestionar la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, y ser competente para fiscalizar y sancionar las posibles infracciones en ambos casos, refiriéndose también al financiamiento adecuado para el funcionamiento del nuevo servicio.

Manifestó también, que en su calidad de participante de la comisión formada al efecto para la discusión del anterior proyecto de ley que creaba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Boletín N° 7487-12), pudo observar un nivel superior en la actual discusión, sobre todo en los acuerdos alcanzados por el Comité Técnico.

El representante de Biodiversidad y Desarrollo, el biólogo señor Eduardo Fuentes, por su parte, consultó si es satisfactorio establecer un acuerdo en términos generales o si la Comisión preferiría mayor precisión en cada uno de los temas que el Comité Técnico abordó.

La Presidenta de Así Conserva Chile A.G., señora Mariela Núñez, a su turno, manifestó la preocupación de la asociación gremial por el mecanismo de financiamiento para la conservación de la diversidad biológica. Actualmente, acotó, la iniciativa legal considera un presupuesto estatal para el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Fondo de la Biodiversidad, sin embargo, no se observan nuevos instrumentos financieros para incentivar el aporte económico a iniciativas privadas de conservación.

El Ministerio del Medio Ambiente, apuntó, presentó un trabajo sobre dos nuevos mecanismos de financiamiento: compensaciones y pago por servicios ambientales. En el pago, el usuario de recursos naturales abona al ente conservador un monto por el servicio prestado, a diferencia del sistema de compensaciones, donde las empresas amortizan el impacto ambiental que generan en el ecosistema. Actualmente, puntualizó, no existe en Chile un sistema de financiamiento sostenido por personas naturales a través de donaciones, razón por la cual es de suma relevancia evaluar el establecimiento de mecanismos que permitan a las personas naturales hacer donativos para la conservación de la biodiversidad. La opción que más se ha discutido en Chile, mencionó, es la propuesta de modificación a la ley sobre Donaciones con Fines Culturales para incorporar el concepto de patrimonio natural como objeto de donación.

Posteriormente, la Doctora en Ecología y Biología Evolutiva, señora Bárbara Saavedra, destacó el proceso de discusión de la actual iniciativa legal al interior del Comité Técnico, a tal punto, resaltó, que científicos extranjeros se mostraron impresionados por el nivel de participación de la comunidad en el debate legislativo, aspecto positivo que refleja una manera de construir democracia.

Seguidamente, el Director de Costa Humboldt, señor Alejandro Correa, opinó que la protección de la biodiversidad marina no ha sido considerada en el presente proyecto, deficiencia que se intensifica por la dificultad de acceder al mar para las iniciativas de conservación privada, acceso que conforme a la legislación nacional exige una concesión marítima o acuícola otorgada por la autoridad competente.

Al respecto, propuso modificar el decreto con fuerza de ley N° 340, sobre Concesiones Marítimas o avanzar en el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín N° 8467-12), con el objeto de otorgar acceso a la costa a las organizaciones no gubernamentales que desarrollen proyectos de conservación marina.

El asesor del Honorable Senador señor Moreira, señor Eduardo Sorensen, también agradeció la oportunidad de integrar el Comité Técnico, destacando los atributos del presente proyecto de ley, sin embargo, advirtió, si no se pone énfasis en la vigilancia y fiscalización de los órganos públicos a cargo de la protección de la biodiversidad y áreas protegidas, el sistema puede resultar un rotundo fracaso; sin vigilancia no es posible tener éxito en conservación.

Enseguida, la Directora Ejecutiva de Fundación Terram, señora Flavia Liberona, manifestó preocupación por concluir de buena forma la labor realizada hasta la fecha; temas primordiales, como la participación integral de la comunidad o de los pueblos originarios en la protección de la biodiversidad deben ser prontamente abordados, conjuntamente con los aspectos relacionados con las concesiones al interior de un área protegida y el presupuesto destinado al funcionamiento del nuevo sistema.

Otros temas que destacó como para ser debatidos con mayor profundidad, preferentemente en regulaciones complementarias, fueron: la relación del nuevo servicio con el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; la diversidad genética; y el financiamiento de las áreas protegidas privadas.

La representante de la Fundación Sociedades Sustentables, la bióloga señora María Isabel Manzur, expresó palabras de agradecimiento por la oportunidad de participar en el Comité Técnico, al igual que los anteriores integrantes. Subrayó también, los acuerdos alcanzados, principalmente en materia de diversidad genética, especies, genes y ecosistemas, logro destacable por el alto nivel de endemismo nacional. Sugirió, igualmente, que la protección y acceso a los recursos genéticos, el resguardo de los conocimientos tradicionales y la distribución de los beneficios sean discutidos latamente en un proyecto de ley posterior.

La investigadora del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción, y miembro de la Sociedad Chilena de Limnología, Doctora Evelyn Habit, antes de opinar sobre el presente proyecto de ley, especificó que los científicos dedicados al estudio de la limnología se ocupan de estudiar los cuerpos de agua dulce (ríos, lagos, pantanos, turberas, bofedales, etc.), integrantes de los ecosistemas acuáticos continentales. En este sentido, coincidió con los representantes de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los ecosistemas marinos, quienes manifestaron que originalmente la actual iniciativa no velaba adecuadamente ni por dichos ecosistemas ni por los sistemas acuáticos continentales. Ahora bien, señaló, el trabajo realizado por el Comité Técnico ha permitido incorporar entre los objetivos del proyecto la conservación de los cuerpos de agua dulce, cuya dinámica y funcionamiento es distinta a los ambientes terrestres.

El asesor de la Honorable Senadora señora Allende, señor Alejandro Sánchez, declaró que existe un amplio consenso en postergar la discusión legislativa de ciertas materias vinculadas a la actual iniciativa legal, así se estimó que asuntos como una normativa que permita estructurar e integrar el sistema de incentivo a la creación de áreas protegidas privadas sean abordados en una iniciativa legislativa posterior, sin perjuicio de establecer ciertos estándares mínimos de regulación funcionalmente acordes con la creación del nuevo servicio. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de asegurar el presupuesto necesario para cumplir con las tareas que se pretende encomendar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como también contemplar la potestad fiscalizadora y sancionadora del nuevo organismo público. Del mismo modo, destacó la importancia de articular un sistema de incentivos económicos y no económicos para la conservación de la diversidad biológica, que debieran incluirse en la presente iniciativa, sin perjuicio de su posterior discusión en otro marco regulatorio, como ya se ha señalado.

La representante del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB Chile), la Magíster en Ciencias, señora Marcia Tambutti, junto con agradecer la posibilidad de integrar el Comité Técnico, felicitó la idea de reunir en una instancia de discusión a académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y asesores parlamentarios, pese a la dificultad que representaba a sus integrantes participar del trabajo a tiempo completo, obstáculo representado por la intensidad y calidad de la labor ejecutada por el grupo de trabajo liderado por el Ministerio. A su vez, manifestó la disposición del Instituto para colaborar en el desarrollo de las materias específicas, cuya discusión se ha acordado postergar, materia muy relacionada con la idea de incorporar en la actual iniciativa legal un comité técnico científico permanente, que pueda asesorar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en las distintas materias de su competencia.

El Doctor en Biología, señor Stefan Gelcich, destacó el acuerdo en orden a incorporar la gestión y conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, aspecto que, si bien es positivo, representará un enorme desafío de coordinación interministerial. Asimismo, concordó con los demás integrantes del Comité Técnico, en cuanto a la necesidad de garantizar un presupuesto adecuado para el buen funcionamiento del nuevo servicio.

El Director de CONAF, señor Aarón Cavieres, resaltó el trabajo sistemático realizado por los integrantes del Comité Técnico. En cuanto a la Corporación que dirige, informó que los distintos temas relacionados con la protección de la biodiversidad han sido analizados conjuntamente con los trabajadores del organismo, con un enfoque especial en las materias relacionadas con la situación laboral de las personas que actualmente se desempeñan en CONAF y que serán traspasadas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El asesor del Honorable Senador señor Espina, señor Leonardo Contreras, coincidió con la Presidenta de Así Conserva Chile AG, señora Mariela Núñez, en la necesidad de buscar un mecanismo que fomente el aporte de personas naturales a las iniciativas privadas de conservación mediante beneficios que incentiven las donaciones particulares.

Por otra parte, afirmó que se requiere la presencia de una entidad o instancia que reúna el conocimiento asociado a la diversidad biológica, que funcione como un ente asesor de las tareas de administración, gestión, supervigilancia y fiscalización de la biodiversidad que ejercerá el nuevo servicio público.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Horvath observó una asimetría entre los servicios prestados por las diferentes áreas silvestres protegidas a nivel nacional y el presupuesto público anual asignado. Aun cuando valoró el trabajo realizado por el Comité Técnico, aseguró que el presente proyecto de ley no hace referencia alguna al derecho real de conservación, ni a los corredores biológicos, ni a los instrumentos de planificación territorial, no obstante la regulación vigente sobre manejo integrado de cuencas y zonificación del borde costero. Sostuvo que, si bien se mencionó el proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín N° 8467-12), advirtió ciertos reparos a la iniciativa, como la propuesta de traspasar las funciones que actualmente ejerce la Comisión Regional del Uso del Borde Costero al Ministerio de Bienes Nacionales; a su juicio, se debe incorporar a las áreas protegidas las áreas de manejo del borde costero de uso múltiple.

En otro ámbito, manifestó preocupación por el uso del concepto de equivalencia ecológica, ya que, aunque se puede garantizar la protección de la biodiversidad empleando dicho concepto, puede ser, también, capaz de afectar significativamente el entorno donde se produce el daño ambiental que se pretende compensar.

También, mencionó el rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde recordó los reparos a dicha instancia esgrimidos por diversos actores, por la composición eminentemente productiva y no ambiental del organismo, que no prioriza la sustentabilidad perseguida.

Por último, reiteró su aprensión por la situación de los trabajadores de CONAF y los guardaparques.

El Honorable Senador señor Moreira, declaró ser partidario de las medidas tendientes a asegurar el crecimiento económico del país y garantizar las fuentes de energía necesaria para ello, sin embargo, aseveró, como representante de una Región abundante en diversidad biológica, como la Región de Los Lagos, manifestó no tener ningún prejuicio con relación a los planteamientos efectuados por los académicos o representantes de las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la protección de la biodiversidad.

En su opinión, para legislar sobre estas materias es importante evitar posiciones extremas, privilegiando la búsqueda de puntos de convergencia entre los diversos actores. Cualquiera iniciativa de desarrollo productivo, añadió, implica un daño ambiental que debe ser atenuado a su mínima expresión, con pleno respeto al medio ambiente y las áreas protegidas.

Destacó también, el carácter fructífero del debate habido tanto en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado como al interior del Comité Técnico, no obstante, llamó a los presentes a ser cautos, por cuanto el consenso generado en la discusión del comité, debe ser extendido a todos los parlamentarios. En ese sentido, sería de mucha utilidad que el futuro Protocolo de Acuerdo sea remitido a cada uno de los Honorables Senadores y Diputados, a fin de informar el estado de avance de la discusión del presente proyecto de ley.

Por otro lado, señaló que las personas que se integren al futuro servicio deben comprometerse con el objetivo de proteger la biodiversidad, aspecto estrechamente vinculado con el traspaso de trabajadores de CONAF y la garantía de estabilidad laboral.

En último término, valoró que el debate se haya referido a todos los temas relacionados con la diversidad biológica, pero invitó a los presentes a definir los ámbitos prioritarios y el presupuesto necesario para el cumplimiento de dicho cometido, de lo contrario, resultará muy difícil cumplir las metas fijadas, con la consiguiente frustración social que ocasionaría tal retroceso.

La Honorable Senadora señora Allende agradeció públicamente a cada uno de los integrantes del Comité Técnico por la labor desarrollada, valorando el trabajo desinteresado de los participantes. Aunque no todos los temas debatidos pueden ser considerados finalmente en el presente proyecto de ley, el valor incalculable de la información reunida no debe desaprovecharse, porque son datos de una enorme utilidad para la discusión de regulaciones posteriores, por tal motivo, sugirió que el Comité Técnico siga apoyando la labor legislativa de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

También, coincidió con quienes han hecho uso de la palabra anteriormente, sobre la necesidad de asegurar un financiamiento adecuado para el funcionamiento del futuro servicio; sin recursos el propósito del proyecto de ley será imposible de alcanzar.

Además, se refirió a la situación laboral de los trabajadores de CONAF que serán traspasados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, manifestándose confiada en la labor de la mesa de trabajo constituida para analizar los temas laborales de dichas personas, cuyos alcances espera sean dados a conocer con prontitud.

Igualmente, mostró preocupación por la conformación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, dada la alta representación de ministerios del área productiva, entidad que no se pretende eliminar, pero sí equilibrar la integración dotándola de una mayor presencia de carteras de Estado de áreas no productivas; organismos como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y CONAF podrían aportar significativamente al objetivo de dicho Consejo. En este punto, mencionó también la posible creación de un comité técnico científico asesor, cuyas decisiones sustenten académicamente las decisiones políticas del Servicio u opere como contraparte del referido Consejo.

Por último, aludió nuevamente al trabajo efectuado por el Comité Técnico, cuyo ejemplo debiera ser replicado en la discusión de otros proyectos legislativos de alta complejidad o de gran envergadura.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, se mostró agradecido con los integrantes del Comité Técnico, cuya labor destacó ampliamente. Como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales resaltó el carácter abierto y transparente de la discusión del presente proyecto de ley. Sin duda, indicó, que muchos de los temas considerados en las distintas sesiones requerirán de una mayor precisión, aunque tomando la debida cautela de evitar extenderse en cada una de las materias, de lo contrario, se corre el riesgo de no culminar con el proceso legislativo, tal cual ha sucedido con proyectos anteriores referidos al mismo tema.

Valoró el trabajo conjunto de la comisión parlamentaria con el Ejecutivo, en especial, por la exigencia constitucional que establece la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República para presentar indicaciones sobre determinadas materias.

Pese a que son muchos los tópicos que se han abordado en la discusión legislativa del presente proyecto de ley, mencionó los siguientes: la creación del comité técnico científico asesor; la participación de la comunidad en la gestión de las áreas protegidas; la conservación ex situ; el reconocimiento y protección de la diversidad genética; el resguardo del patrimonio endémico; la incorporación de los ecosistemas marinos; el financiamiento del sistema; el fomento a las donaciones privadas; y el perfeccionamiento de la gestión y la fiscalización de las áreas protegidas. Ello sin perjuicio de incorporar nuevos temas que no hayan sido contemplados en el Protocolo de Acuerdo, basado en la buena fe que ha conducido el debate de la actual iniciativa.

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En sesión celebrada el 16 de diciembre de 2014, asistieron: del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministro, señor Pablo Badenier; el Jefe de la División Jurídica, señor Jorge Cash; la Jefa de la División Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa. De CONAF: el Director Nacional, señor Aarón Cavieres; de FENASIC, el Director señor Daniel Ariz; de SINAPROF, el Presidente, señor Manuel Soler, y los integrantes del Comité Técnico “Proyecto de Ley que crea el SABP y SNAP”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Walker, don Patricio, anunció la presentación del Protocolo de Acuerdo elaborado por el Comité Técnico, documento comprometido para someter a votación en general el presente proyecto de ley. Antes de dar cuenta del Protocolo, informó de un comunicado conjunto enviado por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de CONAF (FENASIC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales de CONAF (SINAPROF) que, en síntesis, señala las gestiones de las organizaciones sindicales unidas, realizadas recientemente en las dos mesas de trabajo dispuestas por el Ejecutivo para abordar los temas laborales de los trabajadores.

Dicho escrito señala que el 11 de diciembre pasado ambas organizaciones y el Consejo de Guardaparques concurrieron a una tercera reunión con los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura. En las reuniones anteriores habían manifestado el descontento de los gremios por la situación laboral de los trabajadores que serían traspasados al nuevo servicio, quienes, en su mayoría, estarían sujetos al Estatuto Administrativo, bajo la modalidad de contrata, propuesta que, a juicio de los sindicatos, significaba la precariedad del empleo y la inestabilidad laboral de sus afiliados.

Afortunadamente, agrega el comunicado, la demanda de los trabajadores fue escuchada, anunciando el Ministerio del Medio Ambiente que los trabajadores de CONAF que fueran traspasados al futuro servicio mantendrían el régimen actual sujeto al Código del Trabajo, adscrito al decreto ley N° 249, que fija escala única de sueldos para el personal que señala, anuncio que fue ratificado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES).

Las demandas laborales también fueron expuestas en la mesa tripartita compuesta por las organizaciones sindicales de los trabajadores de CONAF, la DIPRES y CONAF, en relación con el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo que creará el Servicio Nacional Forestal. En dicha oportunidad, indica el documento, la DIPRES manifestó que la posición del Ejecutivo es mantener la situación contractual de los trabajadores sujeta al Código del Trabajo, adscrito, igualmente, al decreto ley N° 249; las demás peticiones serían analizadas por la DIPRES para su posterior pronunciamiento.

Luego de la lectura del comunicado, el Presidente de la Comisión solicitó el acuerdo de los integrantes para extender el mandato otorgado a los ministerios del Medio Ambiente y Agricultura que encomendaba el estudio de las demandas de los trabajadores de CONAF, cuyo resultado final sería dado a conocer antes de someter a votación en particular la actual iniciativa legal, solicitud que contó con el acuerdo unánime de los Honorables Senadores presentes.

El Honorable Senador señor Moreira junto con reiterar su posición favorable para que los ministerios continúen la labor con los trabajadores de CONAF, consultó si el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales fue mayoritario, en miras a seguir buscando acuerdos en materias donde no haya habido consenso, además, preguntó si el Ministerio de Agricultura fue informado del compromiso acordado con los trabajadores.

El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, informó que actualmente los ministerios y los trabajadores de CONAF se reúnen en dos mesas de trabajo, una relacionada con la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y otra, con el futuro proyecto de ley que creará el Servicio Nacional Forestal. En este sentido, consideró razonable que ambos servicios se vinculen con sus trabajadores bajo el mismo régimen laboral.

El Presidente de SINAPROF, señor Manuel Soler, a su turno, mencionó una carta dirigida a cada uno de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, donde se informa el avance de la labor realizada por ambas mesas de trabajo. Si bien existe acuerdo en relación al régimen laboral, apuntó, aún se mantienen divergencias en otros aspectos planteados por los trabajadores, por ello no se ha firmado a la fecha un protocolo de acuerdo.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, manifestó que, tanto del comunicado como de las actas de las reuniones de la mesa de trabajo, se pueden reconocer las principales peticiones de los trabajadores de CONAF: régimen laboral sujeto al Código del Trabajo, contrato indefinido, encasillamiento, respeto a los derechos laborales, ascensos, entre otros; por ello reiteró al Ejecutivo la necesidad de continuar reuniéndose con los representantes sindicales para analizar sus demandas.

A continuación, el Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, expuso los lineamientos generales del Protocolo de Acuerdo antes anunciado.

El presente Protocolo, expresó, se enmarca en la necesidad de contar con una ley que, por una parte, cree un servicio público que lidere la gestión para la conservación de la biodiversidad del país y, por otra, establezca instrumentos idóneos, entre ellos, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para prevenir pérdida de la biodiversidad y promover la preservación, restauración y el uso sustentable de genes, especies y ecosistemas en todo el territorio nacional. Ello, indicó, permitirá completar la reforma a la institucionalidad ambiental, así como implementar los compromisos internacionales suscritos por Chile en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el logro de las metas de Aichi al 2020, la Convención de Washington, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.

Atendida la naturaleza de la materia a legislar, continuó, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado estimó pertinente solicitar al Ministerio del Medio Ambiente la constitución de un Comité Técnico destinado a formular propuestas de perfeccionamiento al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N° 9404-12). El referido comité, coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, celebró 17 sesiones entre los días 22 de septiembre y 9 de diciembre de 2014. Las recomendaciones acordadas por el Comité Técnico se encuentran recogidas en actas, las que constituirán el texto de referencia para guiar el proceso de revisión y mejoramiento del proyecto de ley. Para tal efecto, se adjunta un documento consolidado de las actas, ordenado según materias, suscrito por los miembros del comité.

En cumplimiento del acuerdo, enuncia el Protocolo, los Honorables Senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se comprometen a solicitar el respaldo de las respectivas bancadas para las necesarias aprobaciones parlamentarias, de manera de contar con una ley en el más breve plazo. El Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, se compromete a impulsar y trabajar en la formulación de indicaciones al proyecto de ley, en el sentido que se desarrolla a continuación, en conjunto con los demás ministerios competentes que conforman el Ejecutivo.

El señalado Protocolo, mencionó, indica en el acápite sobre las disposiciones generales, que el objeto de la ley debe ser la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional, atendido su carácter patrimonial, y respecto de todos sus componentes, esto es a nivel de genes, especies y ecosistemas, contemplando para ello, la preservación, el uso sustentable y la restauración, cuando así corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la regulación sobre acceso, uso y distribución de beneficios de la diversidad genética será objeto de otra ley.

En relación a las definiciones y los principios del proyecto de ley, el protocolo considera necesario revisar, mejorar e incluir algunas definiciones y principios, en concordancia al alcance de la ley, los objetivos y el carácter técnico-científico de la misma.

En el capítulo sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el acuerdo expresa que el nuevo servicio deberá implementar políticas, planes y programas destinados a conservar la biodiversidad y el patrimonio natural, terrestre, acuático continental y marino del país, así como diseñar e implementar instrumentos para lograr la conservación de la biodiversidad de manera integral en el territorio, esto es, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas.

Asimismo, se debe conformar un comité técnico-científico de carácter consultivo que apoye el cumplimiento de las funciones del servicio.

Del mismo modo, el Servicio debe velar por una gestión integrada de la conservación de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas. Para este efecto, el Servicio se hará cargo de las atribuciones con respecto a biodiversidad que le da la ley N° 19.300 al Ministerio del Medio Ambiente.

También, deberá revisar y complementar las atribuciones del Servicio, a fin de cumplir con la función definida en los párrafos anteriores.

Para implementar lo dispuesto en las leyes N° 19.300 y N° 20.417, en materia de biodiversidad, se requerirá un diálogo interinstitucional con los ministerios correspondientes.

En último término, en base a los estudios existentes y experiencia práctica en relación al gasto para la gestión, investigación, compilación de información y fiscalización que se requiere para la gestión de la conservación de la biodiversidad, es necesario estudiar y reformular el financiamiento del Servicio, procurando su incremento gradual, para que se cumplan cabalmente sus funciones.

En el párrafo sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el protocolo reconoce como finalidad del SNAP, contribuir en forma efectiva y permanente a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural en las áreas que formen parte del sistema, aportando al desarrollo sustentable del país. Para tal efecto, debe ser construido como un sistema integral, conformado por metas, objetivos y reglas de operación, que incluye aspectos técnicos, de monitoreo, de difusión y financieros, aplicables al conjunto de áreas protegidas, públicas y privadas, terrestres y acuáticas, con diferentes categorías de conservación y diversos esquemas de gestión (modelos de gobernanza).

El SNAP requiere un financiamiento de acuerdo a su finalidad y a los compromisos internacionales adoptados por Chile en materia de biodiversidad y debe considerar la participación de la sociedad en su conjunto, tanto en materia de creación de áreas como de su manejo.

En relación a las categorías, se adoptarán las definiciones propuestas por la UICN, que homologarán a las actuales áreas protegidas, incorporando una categoría de conservación de territorios de pueblos originarios. Las actividades permisibles en los parques nacionales contemplarán como mínimo los lineamientos de la Convención de Washington en la materia. Además, se debe incluir la prohibición de realizar actividades que contravengan el plan de manejo.

La creación y desafectación de las áreas protegidas debe realizarse mediante decreto supremo, aunque un grupo mayoritario del Comité consideró que la desafectación debe ser por ley.

Los planes de manejo de las áreas protegidas incorporarán criterios científico-técnicos, deben tener carácter adaptativo y su contenido debe ser consistente con la categoría, el objeto y los objetivos de protección del área.

El Estado es quien debe velar por la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas; las iniciativas de conservación privada y territorios de conservación de pueblos indígenas van en apoyo a esta protección. En este contexto, las áreas protegidas de propiedad privada deben regirse por los mismos lineamientos, procedimiento y manejo que las áreas protegidas del Estado y el proyecto de ley debe incluir instrumentos económicos y otros para su promoción.

En la sección sobre instrumentos de conservación de la biodiversidad, el Protocolo señala que el Servicio creará un sistema nacional de información sobre la biodiversidad, para conocer el estado de salud de ecosistemas, especies y diversidad genética, generar indicadores, evaluar y planificar la gestión de la conservación. Para tal efecto, el Servicio efectuará un trabajo de compilación, validación y generación de datos e información, los que serán de acceso público y gratuito.

La gestión de la biodiversidad y los instrumentos para ello, deberán distinguir entre ecosistemas terrestres, acuáticos continentales (ríos, lagos y humedales) y marinos.

Las iniciativas de conservación privada, que no constituyan áreas protegidas de propiedad privada, también serán consideradas un aporte a la conservación de la biodiversidad del país, y podrán ser beneficiadas por instrumentos económicos, en tanto cumplan criterios y se ajusten a la planificación para la conservación que proponga el Servicio.

Es necesario regular el procedimiento de identificación y declaración de los Sitios Prioritarios para la Conservación, sobre la base de conocimientos técnico-científicos, culturales, locales y con participación de todos los actores relevantes (academia, organizaciones no gubernamentales, comunidad, etc.).

Siendo la conservación ex situ una forma de resguardar la biodiversidad en sus tres niveles (ecosistemas, especies y genes), se contemplará la inclusión de mecanismos para fortalecer y promover su desarrollo.

En el apartado sobre instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad, el Protocolo agrega que los instrumentos económicos del proyecto de ley se desarrollarán y fortalecerán, a fin de incentivar el uso sustentable de la biodiversidad y su pérdida neta cero.

Es necesario evaluar la creación de incentivos tributarios para la conservación, por ejemplo, revisión o mecanismo similar a la ley sobre Donaciones con Fines Culturales, exenciones tributarias, etc.

El Fondo de la Biodiversidad como mecanismo de financiamiento para apoyar la gestión de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas del Estado, podrá beneficiar proyectos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad de personas naturales y personas jurídicas sin fines de lucro.

En el párrafo sobre fiscalización, infracciones y sanciones, señala el Protocolo que el Servicio estará facultado para fiscalizar instrumentos de su competencia en todo el territorio nacional. En la ley deberá evitarse la superposición de competencias; y en caso de existir, el Servicio deberá liderar y coordinar los esfuerzos interinstitucionales que permitan adoptar acuerdos.

En el capítulo de modificaciones a otros cuerpos legales, indica el documento que la adopción del Protocolo implica la necesidad de modificar otras leyes señaladas en el presente proyecto de ley, y, por tanto, el Ministerio del Medio Ambiente coordinará los diálogos interinstitucionales que correspondan, a fin de arribar a los acuerdos legislativos que se requieran.

En las disposiciones transitorias se establecerá la reclasificación de las áreas protegidas, sólo cuando proceda y no podrá traducirse en la reducción del grado de protección ni de superficie del área protegida.

La participación ciudadana comprenderá información, educación, consulta, cogestión y deberá considerarse como un instrumento de gestión significativo en los ámbitos específicos de cada atribución, en la medida que la naturaleza de la misma lo permita.

Por último, el Comité Técnico hizo presente en el Protocolo que la planificación territorial e instrumentos de ordenamiento territorial son relevantes en materia de gestión para la conservación de la biodiversidad, destacando la necesidad de coordinación y de evaluación de sinergias entre instrumentos existentes, así como con el proyecto de ley.

Al finalizar la exposición, reiteró los agradecimientos a cada uno de los integrantes del Comité Técnico por el valioso aporte entregado de manera desinteresada.

Enseguida, el Honorable Senador señor Horvath observó que el Protocolo de Acuerdo recién expuesto por el señor Ministro adolece de ciertas omisiones y debilidades. Por ejemplo, señaló, es positivo que los sindicatos de trabajadores de CONAF hayan arribado a un acuerdo con el Ejecutivo, sin embargo, el Protocolo no hace mención al presupuesto asignado para administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), cuyo nivel es de una alta precariedad, como lo ha conocido la propia Comisión en las presentaciones del ingeniero agrónomo señor Juan Ladrón de Guevara y de los dirigentes sindicales de CONAF.

Por otra parte, el Protocolo menciona los instrumentos de planificación estratégica, como el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas y la zonificación del borde costero, no obstante, el objetivo debiera ser establecer el carácter vinculante de dichos instrumentos. Distintos ministerios trabajan actualmente en la materia, sin embargo, si no se crea una instancia de coordinación de los instrumentos de planificación, el resultado puede ser totalmente contrario al efecto perseguido. La idea, apuntó, es que la presente iniciativa legal considere el carácter relevante de la planificación estratégica o, al menos, promover un proyecto de ley distinto que establezca el carácter vinculante y participativo de dichos instrumentos, dada la importancia para la representatividad de la biodiversidad, de los corredores biológicos y de los sistemas marinos, acuáticos y terrestres.

También, estimó discutible considerar como opinable el tema de la afectación o desafectación de un parque nacional por ley o decreto, cuando la Convención de Washington, suscrita por Chile, obliga a dictar una ley para desafectar un área declarada como parque nacional.

Del mismo modo, mencionó que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad no garantiza el objetivo buscado por dicho organismo, por cuanto la integración del mismo es mayoritariamente de ministerios de carácter productivo. Además, valoró que el Ministerio del Medio Ambiente lidere un diálogo interinstitucional con los ministerios que correspondan, cuando sea pertinente, sin embargo, el protocolo no hace ninguna mención al procedimiento, oportunidad o plazo en que se llevará a efecto dicha comunicación.

Finalmente, se refirió a los glaciares y su protección, sosteniendo que dichas masas de hielo no sólo corresponden a cuerpos perennes de agua solidificada con atractivos turísticos, sino también a ecosistemas glaciares, razón por la cual, propuso incorporar en el Protocolo el resguardo de los glaciares, ya sea por medio de un proyecto de ley distinto, o bien, a través de los instrumentos de planificación estratégica.

El Honorable Senador señor Moreira entiende que el Protocolo representa una voluntad favorable y de buena fe hacia los trabajadores de CONAF, aun cuando debiera considerarse, también, un acuerdo para asegurar el respeto a los derechos laborales y comprometer un presupuesto adecuado para el buen desempeño del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Asimismo, valoró la oportunidad que otorga el presente proyecto de ley para cumplir los compromisos internacionales suscritos por Chile, como la Convención de Washington o el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por otro lado, manifestó que la protección de la biodiversidad no sólo es deber del Estado, sino también, de todas las personas, naturales y jurídicas, motivo por el cual consideró importante avanzar en la creación de un mecanismo de incentivos tributarios para la conservación privada.

También, felicitó la metodología participativa del trabajo de la Comisión, fórmula que permite consensuar los temas del presente proyecto de ley entre los diversos organismos públicos y la sociedad civil. En ese sentido, declaró entender la preocupación manifestada por el Honorable Senador señor Horvath, aunque señaló que en la actual instancia la Comisión sólo se pronunciará en general sobre el proyecto de ley, y aun cuando exista un Protocolo de Acuerdo, se mantiene la potestad de los parlamentarios de presentar indicaciones a la iniciativa legal para perfeccionar su contenido, por dicho motivo, anunció que votará a favor de la idea de legislar, a la espera de continuar el trabajo con el equipo técnico.

La Honorable Senadora señora Allende valoró nuevamente el trabajo conjunto realizado por la Comisión y el Ejecutivo, ya que, si bien el Protocolo de Acuerdo es un documento de carácter general, sirve de base para revisar definiciones, objetivos, principios, presupuesto, respeto de convenciones internacionales, etc.

Asimismo, se sumó a la preocupación manifestada por otros integrantes de la Comisión por la situación de los trabajadores de CONAF, por lo que observa con optimismo el avance anunciado en el comunicado conjunto de las organizaciones sindicales expuesto al inicio de la sesión.

Igualmente, declaró la importancia de incorporar el concepto de protección de la biodiversidad en todo el territorio nacional, y no sólo en las áreas protegidas, para lo cual se requiere un financiamiento adecuado permanente. Del mismo modo, celebró la conformación de un comité científico técnico de carácter consultivo y reiteró las dudas por la labor del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad dado el carácter productivo de la mayoría de las secretarías de Estado que lo integran.

Afirmó también, que la desafectación de un parque nacional debiera efectuarse por ley y no por decreto, tal cual lo dispone la Convención de Washington.

Por último, expresó interés por continuar trabajando con el equipo técnico en las siguientes etapas del proceso legislativo, anunciando su voto favorable a la idea de legislar sobre el presente proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, también destacó el carácter participativo, transparente y de buena fe habido durante la discusión del presente proyecto de ley, aspecto igualmente valorado por la comunidad científica.

Dentro del debate legislativo han relucido diversos temas, como el comité científico técnico asesor, la protección de los ecosistemas marinos, la conservación ex situ, la diversidad genética, el déficit presupuestario del sistema de áreas protegidas, las franquicias tributarias con fines de conservación, entre otros.

También, se refirió a la Convención de Washington, señalando que todos los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales concuerdan en que la desafectación de un parque nacional sea efectuada por ley y no por decreto, independiente de la voluntad manifestada en el Protocolo de Acuerdo sobre la materia.

Consultó a su vez, por el plazo para la presentación de los proyectos de ley para proteger la diversidad genética y el ordenamiento territorial.

Asimismo, se mostró confiado en el apoyo que seguirá prestando el Comité Técnico en el presente proceso legislativo y reiteró que la actual iniciativa no se someterá a votación en particular, mientras no se den a conocer los resultados de la mesa de trabajo integrada por el Ejecutivo y los trabajadores de CONAF, anunciando su voto favorable al proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Horvath solicitó al Ministerio del Medio Ambiente fijar un plazo para presentar tanto el proyecto de ley para la protección de la diversidad genética, como la iniciativa legal para establecer el carácter vinculante del ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas, materia última que fue asumida como un compromiso presidencial por la actual administración.

El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, agradeció a los Honorables Senadores que anunciaron su voto favorable al proyecto de ley. Con todo, solicitó a los parlamentarios no exigirle al Protocolo de Acuerdo abordar materias para las cuales no fue diseñado. Sin duda, manifestó, muchos temas serán objeto de indicaciones, hayan sido o no considerados en el presente acuerdo, y donde no exista coincidencia, simplemente los legisladores ejercerán su derecho a aprobar o rechazar cada punto.

El Honorable Senador señor Navarro resaltó el trabajo legislativo previo llevado a cabo por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sin embargo, manifestó ciertas dudas sobre algunos temas. Primero, la situación laboral de los trabajadores de CONAF; no se debe olvidar, expresó, que el anterior proyecto de ley no avanzó porque no había una definición clara sobre dicho tema. Luego, consultó si las facultades de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) para la protección de las áreas marinas serán traspasadas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Posteriormente, preguntó por la ausencia de los pueblos originarios en la elaboración del Protocolo de Acuerdo y la falta de un proceso previo de consulta indígena, ya que el presente proyecto de ley afectará territorios pertenecientes a pueblos originarios. También, consultó por el objetivo que perseguiría un posible proyecto de ley para proteger la diversidad genética y por la asignación de presupuesto al futuro servicio para el año 2015.

El Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, respondió que tanto la diversidad genética como el ordenamiento territorial fueron temas abordados por el Comité Técnico, acordándose establecer en un artículo transitorio del presente proyecto de ley un compromiso para la presentación de ambas iniciativas, tal cual se hizo con el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aunque declinó referirse a un plazo específico.

Sobre la aprensión por el financiamiento adecuado para el futuro servicio, recordó a los presentes que el actual proyecto de ley considera en su informe financiero un presupuesto de $33 mil millones con el Servicio en pleno régimen, no obstante, en el protocolo se acordó revisar dicha cifra.

Por otra parte, declaró que el Ministerio del Medio Ambiente tiene el convencimiento que el presente proyecto de ley no requiere consulta indígena, pues no crea nuevas áreas de protección, por ende, no existe una afectación directa y específica, como exige el Convenio N° 169 de la OIT, posición que en su calidad de Ministro del ramo ha explicado en el seno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), sin perjuicio de haber incorporado en el Protocolo materias solicitadas por los representantes de la Corporación, como la creación de una categoría de área protegidas, propia de los pueblos originarios.

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A continuación, el señor Presidente de la Comisión puso en votación general el proyecto, que resultó aprobado con los votos favorables del Honorable Senador señor Patricio Walker Prieto (Presidente) y de los Honorables Senadores señora Isabel Allende Bussi, Alberto Espina Otero e Iván Moreira Barros. Se abstuvo el Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss.

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TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con el acuerdo adoptado, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tiene el honor de proponer la aprobación en general del proyecto de ley en informe, cuyo texto es del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales.

Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la presente ley, se regirán por los siguientes principios:

a) Principio de coordinación: La implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes.

b) Principio de jerarquía: Los impactos sobre la biodiversidad deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación.

c) Principio participativo: Es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona en la conservación de la biodiversidad.

d) Principio de precaución: La falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.

e) Principio de prevención: Todas las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley, deben propender a evitar efectos perjudiciales para la biodiversidad del país.

f) Principio de responsabilidad: Quien causa daño a los ecosistemas es responsable del mismo en conformidad a la ley, sin perjuicio del deber del Estado de velar por la recuperación del funcionamiento de los ecosistemas degradados.

g) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige una gestión integrada de los instrumentos de conservación de la biodiversidad, promoviendo un uso sostenible y equitativo de los ecosistemas y especies, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

h) Principio de transparencia: Es deber del Estado facilitar el acceso a la información sobre biodiversidad y especialmente, el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos y su valoración.

i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad debe incorporar la valoración de los servicios ecosistémicos.

Artículo 3°. Definiciones. Se entenderá por:

a) Área protegida: Espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio.

b) Área protegida del Estado: Área protegida creada en espacios de propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público, incluyendo la zona económica exclusiva.

c) Área protegida de propiedad privada: Área protegida creada en espacios de propiedad privada y reconocida por el Estado conforme a las disposiciones de la presente ley.

d) Biodiversidad o diversidad biológica: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.

e) Corredor biológico: Un espacio que conecta de manera continua o discontinua los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético de las mismas.

f) Costa o costero: Comprende los terrenos de playa, fiscales, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República.

g) Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta cambios en su extensión, composición, estructura o función, conforme a criterios y umbrales que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza.

i) Ecosistema degradado: Ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento y estructura, causados por actividades o perturbaciones que son demasiado frecuentes o severos para permitir la regeneración natural o la recuperación.

j) Especie exótica: Una especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse. Se considerará además invasora cuando el establecimiento y expansión de ésta, amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño significativo a uno o más componentes del ecosistema.

k) Especie nativa: Cualquier especie biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o animales, originaria del país.

l) Especie silvestre: Cualquier especie que vive en su estado natural en forma libre e independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo.

m) Humedal: Toda extensión de marismas, pantanos, hualves o bosques pantanosos, turberas o superficies cubiertas de aguas en régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, planicies mareales o praderas salinas.

n) Paisaje de conservación: Territorio delimitado geográficamente, de propiedad pública o privada, que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación, y que es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

o) Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión que establece criterios y medidas para el manejo de los recursos naturales, en un área determinada del territorio, a fin de favorecer la recuperación y conservación de los ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 19.300.

p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión que establece los aspectos técnicos, normativos y las acciones que se requieren para garantizar la conservación del objeto de un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área protegida.

q) Servicio: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

r) Servicios ecosistémicos: Contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar humano.

s) Sitio prioritario: Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de alto valor para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, y priorizado para la conservación de su biodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

TÍTULO II

DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Párrafo 1°

Normas Generales

Artículo 4°. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Créase el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el Título VI de la ley Nº 19.882.

Artículo 5°. Objeto. El Servicio tendrá por objeto asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Los organismos sectoriales con competencia en sanidad vegetal y animal y en prevención y combate de incendios forestales mantendrán sus atribuciones en esas materias.

Artículo 6°. Funciones y atribuciones. Serán funciones y atribuciones del Servicio:

a) Administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas;

b) Administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas de propiedad privada;

c) Fomentar la creación de áreas protegidas;

d) Elaborar y velar por el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas.

e) Aprobar y velar por el cumplimiento de los planes de manejo en las áreas protegidas privadas;

f) Otorgar permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para desarrollar actividades que no requieran instalación de infraestructura, conforme artículo 54 de esta Ley y cobrar una tarifa por el acceso a las mismas

g) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión y los permisos otorgados en las áreas protegidas del Estado;

h) Ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70 letra i) de la Ley N° 19.300, a través, entre otros, de la preservación, restauración y promoción del uso sustentable de las especies y ecosistemas, especialmente de aquellos ecosistemas amenazados o degradados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, prevención y combate de incendios forestales y de bosque nativo.

i) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación, conducentes a conocer el estado de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas;

j) Implementar redes de monitoreo para conocer el estado de conservación de la biodiversidad del país y sus componentes, de manera sistemática y gradual;

k) Elaborar informes sobre el estado de la biodiversidad, como insumo al informe sobre el estado del medio ambiente y el reporte consolidado que debe elaborar el Ministerio del Medio Ambiente;

l) Elaborar y administrar los inventarios de especies y de ecosistemas marinos, terrestres y acuáticos continentales;

m) Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal;

n) Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes, medidas o acciones destinados a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras presentes en el país, en conformidad a la presente ley, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal;

o) Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal y prevención y combate de incendios forestales;

p) Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de restauración de ecosistemas degradados, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal y prevención y combate de incendios forestales;

q) Proponer al Servicio Agrícola y Ganadero criterios para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas que afecten la conservación de ecosistemas amenazados;

r) Administrar el Fondo Nacional de la Biodiversidad;

s) Aplicar y fiscalizar normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas;

t) Fiscalizar la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

u) Participar en la definición de criterios para el otorgamiento de autorizaciones de repoblación o siembra; pronunciarse respecto de la identificación de las áreas susceptibles de ser declaradas preferenciales, y fiscalizar la aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

v) Autorizar la caza o captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Caza en tales áreas y en los sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

w) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados;

x) Celebrar convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, para colaborar en materias de competencia del Servicio, y

y) Las demás que establezcan las leyes.

Párrafo 2°

De la organización del Servicio

Artículo 7°. Administración y dirección superior. La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal. El Director Nacional será designado mediante el sistema de Alta Dirección Pública, regulado en la ley Nº 19.882.

Un reglamento expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente determinará la organización interna del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus unidades, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 8°. Atribuciones y funciones del Director Nacional. Corresponderá al Director Nacional:

a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio e informarle sobre su cumplimiento;

b) Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio;

c) Representar al Servicio ante organizaciones nacionales e internacionales cuyas funciones y/o competencias se relacionen directamente con el objeto del mismo;

d) Delegar en funcionarios de la institución, las funciones y atribuciones que estime conveniente de conformidad a la ley;

e) Coordinar las funciones del Servicio con otros servicios públicos con competencia ambiental;

f) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes a la obtención de los objetivos del servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;

g) Crear y presidir comisiones y subcomisiones, para desarrollar los estudios que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Tales comisiones y/o subcomisiones, se conformarán de acuerdo a lo que señale el Ministerio del Medio Ambiente, previa propuesta del Servicio, y

h) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley.

Artículo 9°. Direcciones Regionales. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se desconcentrará territorialmente a través de Direcciones Regionales del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En cada región del país habrá un Director Regional, quien estará afecto al segundo nivel jerárquico del sistema de Alta Dirección Pública de la ley N° 19.882.

Párrafo 3°

Del Patrimonio

Artículo 10. El patrimonio del Servicio estará formado por:

a) Los recursos que se le asignen anualmente en la ley de Presupuestos;

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

c) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten;

d) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades, y

e) Los ingresos propios que obtenga por las tarifas que cobre por el acceso a las áreas protegidas del Estado y por las concesiones y permisos que en ellas se otorguen.

El Servicio estará sujeto a las normas del Decreto Ley N° 1263, de 1975 y sus disposiciones complementarias.

Párrafo 4°

Del Régimen del Personal

Artículo 11. El personal estará afecto a las disposiciones de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, y en materia de remuneraciones a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, y su legislación complementaria.

TÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Párrafo 1º

Del Establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus Categorías de Protección

Artículo 12. Creación y objetivos del Sistema. Créase un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tendrá los siguientes objetivos:

a) Asegurar la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad del país en las áreas que formen parte del Sistema;

b) Mejorar la representatividad de los ecosistemas terrestres, acuáticos continentales y marinos, especies y variedades, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como la efectividad de manejo en el corto, mediano y largo plazo, y

c) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local.

Artículo 13. Categorías de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas comprenderá las siguientes categorías de protección:

a) Reserva de Región Virgen;

b) Parque Marino;

c) Parque Nacional;

d) Monumento Natural;

e) Reserva Marina;

f) Reserva Nacional;

g) Santuario de la Naturaleza;

h) Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos, y

i) Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar.

Artículo 14. Reserva de Región Virgen. Denomínase Reserva de Región Virgen un área terrestre, de aguas continentales o marinas, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbada por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica.

El objetivo de esta categoría es proteger la integridad ecológica a largo plazo de áreas naturales, conservando los valores culturales asociados y manteniéndolas libres de intervención humana.

Artículo 15. Parque Marino. Denomínase Parque Marino un área marina, costera, su fondo marino, subsuelo o una combinación de ellos, en la que existen ecosistemas, especies y sus hábitats, conteniendo unidades naturales y procesos ecológicos únicos, representativos a nivel local, nacional o global, así como sus rasgos geológicos y paisajísticos.

El objetivo de esta categoría es preservar ecosistemas, unidades o procesos ecológicos, a fin de mantener la biodiversidad de ambientes marinos y costeros en su estado natural y que en su conjunto contribuyen con la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 16. Parque Nacional. Denomínase Parque Nacional un área, generalmente extensa, en la que existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, y en que la biodiversidad o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo.

El objetivo de esta categoría es la preservación de muestras del patrimonio natural, escénico o cultural asociado, la continuidad de los procesos ecológicos, junto con las especies y ecosistemas característicos del área, la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros, y la mantención de los servicios ecosistémicos que proveen.

Artículo 17. Monumento Natural. Denomínase Monumento Natural un área, generalmente reducida en extensión, caracterizada por la presencia de componentes relevantes de la diversidad biológica, que contengan además sitios o elementos de interés desde el punto de vista geológico, paisajístico, educativo o científico.

El objetivo de esta categoría es la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales, geológicos y paisajísticos y la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 18. Reserva Marina. Denomínase Reserva Marina un área en la que existen comunidades biológicas, especies marinas y hábitats relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es la conservación y uso sustentable de las comunidades biológicas, especies y hábitats, en las cuales puede existir aprovechamiento por parte de las comunidades locales, cuya actividad se desarrolla ancestralmente o de manera sustentable, sin poner en riesgo los servicios ecosistémicos que estas áreas proveen.

Artículo 19. Reserva Nacional. Denomínase Reserva Nacional un área destinada a conservar y utilizar con especial cuidado las especies nativas, los hábitats y los ecosistemas naturales, que pueden verse expuestos a sufrir degradación, así como aquéllas que presentan importancia para el bienestar de la comunidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es proteger una o más especies, hábitats o fragmentos de hábitats determinados, a través de una gestión generalmente activa para la conservación, recuperación o restauración de ecosistemas, procesos ecológicos, así como la conservación y protección del recurso suelo y del recurso hídrico, y la mantención de los servicios ecosistémicos.

Artículo 20. Santuario de la Naturaleza. Denomínase Santuario de la Naturaleza un sitio terrestre o acuático, cuya conservación es de especial interés científico dada sus características naturales, geológicas, geomorfológicas y paleontológicas, y que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones.

El objetivo de esta categoría es la conservación y mantención de especies y hábitats, terrestres o acuáticos, como de elementos de la diversidad geológica de especial interés científico y educativo.

Artículo 21. Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos. Denomínase Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos un área marina o costera en la que existen especies, hábitats, ecosistemas o condiciones naturales y paisajísticas, asociadas a valores culturales o al uso tradicional y sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos.

El objetivo de esta categoría es asegurar el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos, a través de un manejo integrado del área, utilizando los instrumentos de conservación disponibles en el ordenamiento jurídico.

Artículo 22. Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Denomínase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área.

Artículo 23. Actividades al interior de las áreas protegidas. Todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, deberá respetar el objeto de protección de ésta y ser compatible con su plan de manejo.

Párrafo 2º

De la creación y modificación de las Áreas Protegidas del Estado

Artículo 24. Creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas del Estado, en cualquiera de sus categorías, se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales, y con la firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, cuando se trate de áreas que se extiendan a zonas lacustres, fluviales o marítimas.

El decreto que crea el área protegida deberá contener la categoría de protección, la superficie, los deslindes y el o los objetos de protección. Se entenderá por objetos de protección del área, las especies, ecosistemas, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se pretende proteger a través de la creación del área.

Artículo 25. Procedimiento para la creación de las áreas protegidas. La creación de un área protegida requerirá de la elaboración, por parte del Servicio, de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.

Cuando se trate de inmuebles fiscales, se requerirá un informe previo sobre la situación de dominio y tenencia por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, se solicitará informe a los órganos sectoriales pertinentes para identificar las actividades que se desarrollan en el área respectiva.

Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 26. Modificación y desafectación de las áreas protegidas. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, deslindes u objeto de protección, sólo podrá modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior.

Las áreas protegidas que se creen, sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo.

Párrafo 3º

De la administración de las áreas protegidas del Estado

Artículo 27. Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio.

Artículo 28. Tarifa. El Servicio estará facultado para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas que administre y por los servicios que se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir mediante resolución fundada de dicho pago.

La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar entre otros criterios, los siguientes: escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Los recursos percibidos por este concepto se considerarán ingresos propios del Servicio.

Párrafo 4°

Planes de manejo de áreas protegidas

Artículo 29. Planes de manejo de áreas protegidas. Toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ser consistente con el objetivo del área.

El plan de manejo definirá las prohibiciones o regulaciones al desarrollo de actividades que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del objetivo del área protegida respectiva.

Artículo 30. Características de un plan de manejo. Los planes de manejo de áreas protegidas deberán reunir las siguientes características:

a) Incluir metas medibles y un período para implementarlas, con el fin de evaluar el éxito del plan de manejo, y si corresponde la adecuación de recursos y capacidades;

b) Señalar de manera clara y precisa aquellas prohibiciones y regulaciones de determinadas actividades en el área protegida o en zonas específicas de la misma, en conformidad a la legislación, y

c) Establecer los objetivos específicos, las medidas de manejo y los recursos necesarios para el área en cuestión.

Los planes de manejo podrán dividirse en varios programas o planes de acción que traten funciones específicas: conservación, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, recreación, ecoturismo, aspectos regulatorios, administración y coordinación.

Artículo 31. Contenidos de un plan de manejo. Todo plan de manejo de área protegida deberá contener, al menos, lo siguiente:

a) Los antecedentes jurídicos del área;

b) La descripción general del área, incluyendo los atributos y valores de conservación que justifican su creación;

c) El funcionario encargado de su manejo y otros aspectos pertinentes de su gobernanza;

d) Las principales amenazas y las estrategias de manejo para mitigarlas o suprimirlas;

e) La zonificación;

f) Las actividades compatibles con el área;

g) El plan de monitoreo y seguimiento, y

h) Los indicadores para evaluar el avance de las metas y objetivos, y la eficacia de diversos enfoques específicos de manejo.

En la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades existentes al interior y aledañas a ellas, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

Artículo 32. Programa de manejo de recursos hidrobiológicos. En caso que el plan de manejo de un área protegida contemple un programa de manejo de recursos hidrobiológicos, éste será elaborado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con consulta al Servicio.

Artículo 33. Aprobación del plan de manejo. El plan de manejo será aprobado mediante resolución del Servicio y deberá revisarse al menos cada cinco años.

El plazo para dictar dicho plan será de dos años desde la creación del área respectiva, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello. El cumplimiento de esta disposición deberá incorporarse al respectivo convenio de desempeño que suscriba el Director Nacional del Servicio.

Excepcionalmente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá requerir la revisión del plan de manejo en lo referido a las actividades compatibles.

Artículo 34. Reglamento. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración de los planes de manejo de áreas protegidas, así como los contenidos específicos según categoría.

Dicho procedimiento deberá contemplar la consulta de la opinión de los gobiernos regionales.

Párrafo 5°

De las funciones y atribuciones de los guardaparques dentro de las áreas protegidas

Artículo 35. Cuerpo de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Servicio contará con un cuerpo de guardaparques, el cual cumplirá las funciones que se señalan en el artículo siguiente, el cual será la autoridad competente para el manejo y fiscalización de las áreas protegidas del Estado.

Artículo 36. Atribuciones y funciones de los guardaparques. Los guardaparques deberán velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro de las áreas protegidas del Estado. Para ello, corresponderá a los guardaparques ejercer funciones de apoyo al proceso de planificación del área protegida, de control de las actividades que se realicen al interior de las áreas, de fiscalización, cuando corresponda, y de extensión hacia la comunidad. Asimismo les corresponderá especialmente ejercer las siguientes atribuciones y funciones:

a) Aplicar y velar por el cumplimiento del plan de manejo del área;

b) Monitorear el estado de la biodiversidad del área y de sus componentes;

c) Supervisar y ejecutar acciones para conservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento y bienes del área;

d) Instruir y exigir a los visitantes el cumplimiento de las normas, usos y restricciones establecidas en el plan de manejo del área;

e) Informar y educar a los visitantes acerca de los valores ecológicos, patrimoniales, culturales y paisajísticos del área y los bienes y servicios ecosistémicos que ella provee;

f) Controlar y fiscalizar el cumplimiento de normativas de manejo y ambientales al interior de las áreas protegidas;

g) Supervisar y controlar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de concesionarios y titulares de permisos que operen al interior del área;

h) Fiscalizar las actividades que se desarrollen al interior del área en conformidad al plan de manejo;

i) Cursar las infracciones que señala esta ley;

j) Apoyar los procesos de planificación y manejo del área, y

k) Cumplir con las demás funciones que se les encomienden.

Artículo 37. Administradores de las áreas. Cada área protegida del Estado podrá contar con un administrador, que formará parte del cuerpo de guardaparques, y será responsable de la dirección y gestión integral del área.

Corresponderá al administrador:

a) Velar por la aplicación y el cumplimiento del plan de manejo del área;

b) Evaluar el desempeño del personal a su cargo;

c) Aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia;

d) Aprobar planes de trabajo para la administración del área, e informar de las acciones de administración de las áreas, de conformidad con las directrices establecidas por el Servicio;

e) Reportar al Director Regional respectivo cualquier evento extraordinario de relevancia que ocurra al interior del área a su cargo;

f) Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurran al interior del área a su cargo;

g) Cumplir con las demás funciones que se le encomienden.

Artículo 38. Requisitos de los guardaparques para ejercer funciones de fiscalización. Sólo podrán cumplir funciones de fiscalización aquellos guardaparques que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Contar con licencia de enseñanza media;

b) Haberse desempeñado a lo menos por dos años como guardaparque, y

c) Haber aprobado los cursos de formación y capacitación que disponga el Servicio.

Corresponderá al Director Nacional del Servicio designar a los guardaparques que cumplirán funciones de fiscalización.

Aquellos guardaparques que cumplan funciones de fiscalización tendrán la calidad de ministro de fe.

Artículo 39. Formación y capacitación de los guardaparques. El Servicio contará con programas de formación y capacitación para guardaparques, conforme a las necesidades determinadas por el Servicio y sus disponibilidades presupuestarias.

El Servicio podrá reconocer cursos o programas de capacitación distintos de aquéllos señalados en el inciso anterior que hubiesen sido aprobados por guardaparques.

Párrafo 6º

De las concesiones y permisos en áreas protegidas del Estado

Artículo 41. Concesiones en áreas protegidas del Estado. En las áreas protegidas del Estado, sólo podrán otorgarse concesiones en beneficio del manejo del área, cuyo fin sea la prestación de servicios en el marco de proyectos de ecoturismo, investigación científica o educación.

Serán objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo y se encuentren priorizadas para tal efecto por el Servicio. En el caso de concesiones para el ecoturismo, la Subsecretaría de Turismo deberá proponer al Servicio dicha priorización.

Las concesiones en áreas protegidas no podrán exceder de treinta años.

Artículo 42. Criterios para el otorgamiento de concesiones. En el otorgamiento de concesiones, se tendrán en consideración los siguientes criterios:

a) Deberán considerar el objetivo del área protegida respectiva, y ajustarse a los planes de manejo;

b) Deberán privilegiar el respeto y participación de las comunidades locales en la prestación del servicio objeto de la concesión y sus beneficios;

c) Las concesiones de ecoturismo deberán desarrollarse bajo la modalidad de un turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto sobre el entorno natural y sociocultural;

d) Las concesiones de investigación científica deberán colaborar como instrumento de apoyo y soporte científico en el proceso de toma de decisiones para la gestión y logro de los objetivos de protección definidos para las áreas protegidas. Asimismo, se privilegiarán las investigaciones orientadas a cubrir vacíos de información en los ámbitos terrestre y marino, y aquellas que apunten a la identificación de amenazas en la biodiversidad, y

e) Las concesiones de educación deberán promover programas y mecanismos a través de los cuales la comunidad tome conciencia pública del valor de la biodiversidad y en particular del rol de las áreas protegidas en la conservación, así como la difusión del conocimiento y capacitación en conservación de la biodiversidad.

Artículo 43. Comité Técnico. Créase un Comité Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones.

Dicho Comité estará integrado por:

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo presidirá;

b) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente;

c) Un representante de la Subsecretaría de Turismo;

d) Un representante del Ministerio de Bienes Nacionales, y

e) Un representante del Ministerio de Agricultura.

Al Comité le corresponderán las siguientes funciones:

a) Asesorar sobre las áreas protegidas que el Servicio priorice para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones de investigación científica y educación;

b) Formular su opinión sobre la propuesta de priorización de áreas protegidas que efectúe la Subsecretaría de Turismo para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones ecoturísticas;

c) Participar en el proceso de evaluación de las propuestas presentadas

d) Proponer la renta concesional.

Artículo 44. Fijación y distribución de la renta concesional. La renta concesional será fijada por el Servicio, a propuesta del Comité Técnico. Para estos efectos, considerará la tasación comercial del área a concesionar, así como los servicios ecosistémicos que provee el área; su número de visitantes; accesibilidad y conectividad, entre otros criterios análogos.

Sólo en casos fundados se podrá fijar una renta inferior a la propuesta por el Comité.

Las rentas percibidas por concesiones otorgadas en áreas protegidas del Estado se destinarán, entre otros, a los siguientes objetivos: a la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la gestión del área protegida objeto de la concesión; al monitoreo del área de la concesión; al Fondo Nacional del Biodiversidad.

Artículo 45. Concesiones a título gratuito. En casos excepcionales, y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones de investigación científica o de educación a título gratuito, en favor de municipalidades, organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco, o en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas privadas sin fines de lucro.

En este caso, no le será aplicable lo señalado en el artículo 50.

Las concesiones otorgadas a título gratuito podrán extinguirse por la sola voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, cuando a su juicio existan razones fundadas para ello.

Artículo 46. Concesionario. Conforme a las disposiciones de este párrafo, el Ministerio podrá otorgar las concesiones sobre áreas protegidas a personas jurídicas.

Artículo 47. Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones podrán adjudicarse a través de licitación pública o privada, y a ellas podrán presentarse personas naturales o jurídicas. Asimismo podrán otorgarse concesiones directamente, siempre que sean gratuitas y en casos debidamente fundados.

Un reglamento regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas del Estado, según las reglas siguientes.

Artículo 48. Bases de licitación. Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente llevar a cabo el proceso de licitación, para lo cual el Servicio confeccionará una proposición de las bases para el llamado, debiendo contemplar específicamente, las prohibiciones y regulaciones aplicables contenidas en el plan de manejo respectivo, y demás condiciones y requisitos que se estimen pertinentes.

Asimismo, en cumplimiento del objetivo del área protegida de que trate, las bases podrán indicar actividades cuyo desarrollo podrá restringirse en dicha área.

Artículo 49. Adjudicación de la concesión. La adjudicación de la concesión de las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se efectuará mediante resolución del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial.

A contar de la fecha de publicación de la resolución, el adjudicatario quedará obligado, cuando corresponda, en el plazo y con los requisitos que se indiquen en la resolución, a constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena, con quien se celebrará el respectivo contrato de concesión.

Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, el adjudicatario, deberá suscribir con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el correspondiente contrato de concesión, el cual deberá constar en escritura pública.

La escritura pública deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces del lugar en que se hallare ubicado el inmueble, como también anotarse al margen de la inscripción de dominio del respectivo predio. Copia de la escritura deberá entregarse para su archivo en el Ministerio.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los incisos anteriores dejará sin efecto la adjudicación respectiva. Dicha circunstancia será declarada por resolución fundada del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 50. Transferencia de la concesión. El concesionario podrá transferir la concesión. La transferencia de la concesión deberá ser total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato de concesión.

El Ministerio aprobará la transferencia de la concesión, previa certificación del Servicio que la transferencia es total y el adquirente cumpla con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario, sin perjuicio de las exigencias señaladas en el respectivo reglamento, y llevará un registro de transferencias.

Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, será nulo.

Artículo 51. Extinción de la concesión. La concesión se extingue por la concurrencia de alguna de las siguientes causales:

a) Vencimiento del plazo;

b) Mutuo acuerdo entre las partes;

c) Pérdida por parte del concesionario de los requisitos o condiciones exigidos para obtener la concesión;

d) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, declarado previa audiencia del mismo, según lo señalado en el respetivo reglamento;

e) Ocurrencia de algún hecho o circunstancia que haga imposible el objeto de la concesión;

f) Cancelación o extinción de la personalidad jurídica del concesionario, y

g) Las demás causales que se estipulen en las bases de licitación.

El incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere la letra d) de este artículo, será declarada por el servicio mediante resolución fundada

Artículo 52. Mejoras. A falta de estipulación en contrario, todo lo edificado y plantado por el concesionario en el inmueble fiscal y todas las mejoras que le hubiere efectuado, pasarán a dominio del fisco, sin indemnización alguna, una vez extinguida la concesión.

Artículo 53. Otros permisos o autorizaciones. La adjudicación de la concesión no liberará al concesionario de la obligación de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo del proyecto.

Artículo 54. Permisos. Mediante resolución del Director Nacional del Servicio y de acuerdo con el respectivo reglamento, podrán otorgarse permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para el desarrollo de actividades que no requieran la instalación de infraestructura o la operación permanente y continua en espacios ubicados en el área, y siempre que no contravengan el plan de manejo.

Lo anterior es sin perjuicio de los permisos o autorizaciones que se establezcan en la legislación sectorial.

Artículo 55. Fiscalización de la concesión o permiso. El Servicio tendrá la atribución de verificar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Párrafo 7°

Áreas protegidas de propiedad privada

Artículo 56. Solicitud de creación. El procedimiento para la creación de un área protegida de propiedad privada se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio, presentada por el o los propietarios del área.

Dicha solicitud deberá contener la siguiente información sobre el área:

a) Ubicación y superficie, incluido el polígono;

b) Información sobre la propiedad del inmueble;

c) Características ecológicas y ambientales del área;

d) Categoría de protección propuesta;

e) Objetivos de conservación;

f) Lineamientos generales de manejo;

g) Administrador del área, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58, y

h) Antecedentes técnicos que justifiquen su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Las áreas de propiedad privada que sean propuestas como un área protegida serán consideradas en las prioridades de planificación de conservación si corresponden a sitios prioritarios, corredores biológicos o paisajes de conservación; mantienen poblaciones de especies o ecosistemas amenazados, o proveen servicios ecosistémicos.

Artículo 57. Creación. La creación de las áreas protegidas de propiedad privada se realizará a través de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, el que contendrá lo señalado en el artículo 24.

Dichas áreas tendrán una vigencia que no podrá ser inferior a treinta años. Dicho plazo se renovará automática y sucesivamente por quince años adicionales, a menos que antes del vencimiento del plazo original el propietario manifieste su decisión fundada de ponerle término.

El propietario deberá reducir el decreto supremo a escritura pública e inscribirla en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Artículo 58. Desafectación. La desafectación del área se efectuará mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, por verificarse alguna de las siguientes circunstancias:

a) Manifestación de voluntad del propietario de poner término a la afectación, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior, y

b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto de afectación del área, así determinado fundadamente por el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio.

Artículo 59. Administración y supervisión. Las áreas protegidas de propiedad privada serán administradas por sus propietarios o por organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la gestión y el manejo adecuado del área.

La supervisión de dicha gestión y manejo por los administradores privados corresponderá al Servicio.

Artículo 60. Planes de manejo. Los planes de manejo de las áreas protegidas de propiedad privada serán elaborados por sus propietarios o las organizaciones que administren el área, y aprobados mediante resolución del Servicio.

Artículo 61. Apoyo técnico. El Servicio prestará apoyo técnico a los propietarios o administradores de áreas protegidas de propiedad privada. En este marco, elaborará un formato tipo de plan de manejo de área protegida y desarrollará programas y talleres de capacitación en gestión y manejo de aquellas áreas, así como de gestores de las mismas.

El Servicio podrá asimismo desarrollar o fomentar programas de cooperación con instituciones públicas o privadas para la realización de actividades específicas en las áreas protegidas de propiedad privada, que sean complementarias a los objetivos establecidos en el plan de manejo.

Artículo 62. Incentivos. Las áreas protegidas de propiedad privada podrán recibir bonificaciones, mediante concursos del fondo de la Biodiversidad, a las acciones específicas de conservación, para mitigar amenazas, recuperar especies o ecosistemas, y que contribuyan a mantener los valores y atributos del área protegida, según lo señale el reglamento.

Artículo 63. Reglamento. Un reglamento regulará el procedimiento, los plazos, las condiciones y los requisitos para la creación y desafectación de las áreas protegidas de propiedad privada, así como para optar a los beneficios que se establezcan en la ley.

Párrafo 8°

Disposiciones comunes a las áreas protegidas

Artículo 64. Integración de las áreas protegidas. Formarán parte de las áreas protegidas, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o tramos de estos, lagos, lagunas, estuarios, y otros humedales situados dentro de su perímetro.

Artículo 65. Actividades de caza y captura. En conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Caza, se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

No obstante lo anterior, el Servicio podrá autorizar la caza o la captura de determinados especímenes en los lugares señalados en el inciso precedente, pero sólo para fines científicos, para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, para establecer centros de reproducción o criaderos, o para permitir una utilización sustentable del recurso, cuando la categoría de protección y el manejo del área lo permitan.

TÍTULO IV

INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Párrafo 1°

Disposiciones generales

Artículo 66. Instrumentos de conservación de biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el Servicio estará facultado para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de conservación de la biodiversidad que señala este título.

Párrafo 2°

Inventarios

Artículo 67. Inventarios de ecosistemas. El Servicio elaborará y administrará inventarios de ecosistemas, los cuales constituirán un instrumento de gestión para el monitoreo de la biodiversidad y la planificación territorial. Estos tendrán carácter permanente y público y deberán actualizarse cada cuatro años.

Dichos inventarios considerarán los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, incluidos los humedales.

Respecto de los inventarios de glaciares, que administra la Dirección General de Aguas, el Servicio podrá utilizar dicha información para priorizar la gestión e implementar medidas de conservación sobre glaciares.

Artículo 68. Inventario de especies. El Servicio mantendrá un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales, de carácter permanente y público.

Artículo 69. Requerimiento de información. El Servicio podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, la información necesaria para elaborar y mantener los inventarios actualizados.

Párrafo 3°

Instrumentos para la conservación de ecosistemas

Artículo 70. Sitios prioritarios para la conservación. El Ministerio del Medio Ambiente declarará los sitios prioritarios, los que podrán ser propuestos para la creación de áreas protegidas, bancos de compensación o para ser objeto de otros instrumentos de conservación establecidos en la presente ley.

El Servicio administrará un registro actualizado de los sitios prioritarios, que contendrá fichas de información para cada uno de ellos.

Artículo 71. Ecosistemas degradados. El Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Servicio, velará por la restauración de los ecosistemas degradados, a fin de recuperar su estructura y funciones.

Artículo 72. Planes de restauración de ecosistemas. El Ministerio del Medio Ambiente aprobará, a propuesta del Servicio, planes de restauración de ecosistemas degradados.

Dichos planes contendrán los ecosistemas que serán objeto de restauración, su localización, los componentes degradados, la descripción de los valores ecológicos afectados, el objetivo de restauración, las amenazas al ecosistema, las acciones de restauración, el plazo estimado para su implementación, y el diseño de monitoreo y medidas de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las acciones. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, deberán incluirse también los objetos de conservación del área que han sido afectados.

En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el referido plan de manejo.

Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de restauración de ecosistemas, así como reportar periódicamente al Ministerio del Medio Ambiente sobre la efectividad de las acciones.

Cuando los planes de restauración contemplen acciones de otros órganos sectoriales, éstos se someterán al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho caso el Servicio será el encargado de coordinar las labores de todos los organismos relacionados con el plan.

Artículo 73. Ecosistemas amenazados. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías de amenaza y el procedimiento para clasificar los ecosistemas en tales categorías, sobre la base de antecedentes científico-técnicos y según su estado de conservación.

Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 74. Planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. El Servicio elaborará planes de manejo para la conservación de áreas determinadas en las que se localicen ecosistemas amenazados.

Dichos planes podrán establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de cauces superficiales y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies; requerir la elaboración de planes de restauración u otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado.

En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el plan de manejo establecido de conformidad con dicho cuerpo legal.

Un reglamento regulará el contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Párrafo 4°

Instrumentos para la conservación de especies

Artículo 75. Planes de recuperación, conservación o gestión de especies. Clasificada una especie nativa como extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro o vulnerable, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, el Servicio elaborará un plan de recuperación, conservación y gestión de especies.

Todo plan que tenga por objeto recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, deberá ser compatible con el plan de manejo establecido de conformidad con dicho cuerpo legal.

Un reglamento establecerá el contenido y procedimiento para la dictación de tales planes. Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 76. Monumentos Naturales. El Ministerio del Medio Ambiente, en consulta al Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según corresponda, podrá declarar una o más especies como monumentos naturales.

Artículo 77. Mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas.

Artículo 78. Prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, cuando no se trate de poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza o sean de interés comercial, el Servicio podrá:

a) Determinar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el país, acorde con el procedimiento que sea definido para ello;

b) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en la letra anterior;

Cuando los planes contemplen acciones de otros órganos sectoriales, éstos se someterán al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho caso el Servicio será el encargado de coordinar las labores de todos los organismo relacionados con el plan;

c) Fomentar y ejecutar programas, planes, proyectos y acciones de investigación, prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, tanto dentro como fuera de áreas protegidas;

d) Fomentar y ejecutar acciones de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre la materia;

e) Autorizar o denegar la pesca, la colecta, la captura y la caza de especies exóticas, así como la recolección de sus partes o derivados, dentro de las áreas protegidas;

f) Pescar, colectar, cazar y capturar especies exóticas dentro de las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con fines de control o erradicación, así como intervenir sus nidos, madrigueras, áreas de descanso, dormideros y sitios reproductivos;

g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, zonas del país que sean vulnerables frente al riesgo de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, en función de lo cual podrá prohibir o regular el ingreso de tales especies a dicho territorio;

h) Autorizar o denegar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la internación de especies exóticas al país que sean calificadas como invasoras o de riesgo para la biodiversidad, y

i) Autorizar o denegar el transporte o traslado de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo a zonas que hubiesen sido o sean declaradas como vulnerables a dichas especies.

Párrafo 5°

Del monitoreo y plataformas de información

Artículo 79. Sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental de la biodiversidad. El Servicio implementará sistemas de monitoreo y de seguimiento ambiental de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, así como de las especies.

Artículo 80. Informes sobre estado de los ecosistemas. El Servicio colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de un informe sobre la condición de los ecosistemas en el país. Dicho informe integrará la información aportada por todos los servicios competentes.

Párrafo 6°

Fondo Nacional de la Biodiversidad

Artículo 81. Financiamiento para biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar, principalmente, programas de conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y la educación, y cuyo patrimonio estará integrado por:

a) Los recursos que el Estado reciba por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil;

c) Los recursos que para este objeto puedan consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;

d) Los recursos que le asignen otras leyes; y

e) En general, cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.

El Fondo será administrado por el Servicio y su funcionamiento será regulado mediante un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 82. Iniciativas privadas en conservación de biodiversidad. El Fondo podrá financiar iniciativas de organizaciones sin fines de lucro, para desarrollar estudios o proyectos de conservación, fuera o dentro de áreas protegidas, cuyo objetivo sea ampliar la gestión del Estado en relación a especies y ecosistemas.

Las iniciativas que podrán verse beneficiadas por el fondo corresponderán a:

a) Elaboración de instrumentos de gestión: perfeccionamiento o actualización de la línea base de un área de interés para la conservación de la biodiversidad, elaboración del plan de manejo, desarrollo de mecanismos para el monitoreo de los programas de conservación y de su efectividad.

b) Capacitación y formación: formación en gestión financiera de un área protegida, formación de gestores para conservación de la biodiversidad, profesionales que desarrollen planes de manejo para la conservación, desarrollar guías o manuales de buenas prácticas para la conservación de las iniciativa de conservación privada.

El Servicio contará con un mecanismo de incentivos diferenciados a través del cual serán elegibles, mediante concurso, las iniciativas de conservación privada. Entre los criterios se considerarán aquellas áreas de iniciativas privadas que coincidan con un territorio identificado, por el Ministerio del Medio Ambiente, como sitio prioritario de conservación.

Asimismo, el Servicio podrá implementar proyectos y estudios, en conjunto con órganos sectoriales, municipios y actores locales y regionales, que faciliten el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental local, promoviendo el uso sustentable de la biodiversidad, la recuperación de especies y ecosistemas degradados o la protección de aquellos frágiles o amenazados.

Párrafo 7°

Instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad

Artículo 83. Certificación de conservación de biodiversidad. El Servicio promoverá prácticas sustentables en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los procesos productivos, a través de certificación de predios que proveen servicios ecosistémicos, como una oportunidad de desarrollo local sustentable.

Artículo 84. Áreas de soporte a la conservación. El Ministerio podrá reconocer territorios como corredores biológicos, paisajes de conservación y sitios prioritarios que cumplan con una función ecológica asociados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas o fuera de éste, en las cuales el Servicio podrá certificar actividades voluntarias.

Artículo 85. Bancos de compensación de biodiversidad. Para asegurar la adecuada compensación de biodiversidad de proyectos o actividades, el Ministerio del Medio Ambiente reglamentará un mecanismo de bancos de compensación.

Los bancos de compensación corresponden a un conjunto de territorios cuyas singularidades y valor por biodiversidad lo convierten en candidato en el esquema de la compensación de impactos de proyectos de inversión.

El Servicio aprobará las solicitudes para constituirse en bancos de compensación y evaluará la equivalencia de la medida propuesta.

El Ministerio del Medio Ambiente mantendrá un registro de instituciones especializadas en materia de conservación que colaborarán con la implementación de los bancos de compensación.

El Servicio aprobará la cartera de proyectos que propongan los bancos de compensación, así como la ejecución de acciones que compensen los impactos residuales de los proyectos, con el objetivo de obtener una pérdida neta cero o incluso una ganancia neta de biodiversidad.

TÍTULO V

De la fiscalización, infracciones y sanciones

Párrafo 1°

De la fiscalización

Artículo 86. Alcance de la fiscalización. Corresponderá al Servicio fiscalizar el cumplimiento de las normas referidas a la conservación de la diversidad biológica del país, de conformidad a las competencias que se establecen en esta ley.

El Servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas, y en general de todas las actividades que se desarrollen en éstas.

Además, le corresponderá ejecutar aquellas labores que se le encomienden en virtud de los programas o subprogramas de fiscalización establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, en conformidad a lo señalado en el Título II del artículo segundo de la ley Nº 20.417.

Artículo 87. Ministros de fe. Los funcionarios que cumplan funciones de fiscalización, tendrán la calidad de ministros de fe respecto de los hechos constitutivos de infracciones a la presente ley, siempre que se constaten en el ejercicio de sus funciones y que consten en la respectiva acta de fiscalización. Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán presunción legal de haberse cometido la infracción.

Artículo 88. Convenios de encomendación de acciones. El Servicio podrá suscribir convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos, con la finalidad de realizar actividades de fiscalización. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales labores.

Párrafo 2º

De las infracciones

Artículo 89. Alcance de las infracciones. Las sanciones que corresponda aplicar por infracción a las disposiciones de esta ley, serán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectar al infractor.

Artículo 90. Responsabilidad solidaria. Si ante la ocurrencia de una o más infracciones, fuese posible constatar la participación de más de una persona y no fuese posible determinar el grado de participación específico, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 91. Potestad sancionadora. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas administrativamente por el Servicio.

Artículo 92. Infracciones en las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones u omisiones contrarias al plan de manejo del área protegida, con independencia de su carácter de privada o del Estado, y en particular las siguientes:

a) Remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, o tierra;

b) Intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna;

c) Cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de plantas, algas, hongos o líquenes;

d) Destruir nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies;

e) Recolectar huevos, semillas o frutos;

f) Introducir ejemplares de especies nativas o exóticas;

g) Introducir ganado u otros animales domésticos al área protegida;

h) Provocar contaminación acústica, lumínica, atmosférica o visual;

i) Causar deterioro en las instalaciones existentes;

j) Liberar, vaciar o depositar basuras, chatarra, productos químicos, sustancias biológicas peligrosas, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen, en los sistemas hídricos o en lugares no habilitados para el efecto;

k) Ingresar a las áreas protegidas sin haber pagado el derecho a ingreso o sin contar con la debida autorización. Se exceptúa de lo anterior, el ingreso a áreas protegidas marinas o acuáticas continentales cuyo plan de manejo permita el libre acceso o la navegación por ellas, y en la forma que dicho plan autorice;

l) Pernoctar, merendar, encender fuego, instalar campamentos o transitar en lugares o sitios que no se encuentren habilitados o autorizados para ello;

m) Alterar las condiciones de un área protegida o de los productos o elementos propios de ésta mediante ocupación, aradura, corta, arranque u otras acciones semejantes;

n) Interrumpir, bloquear, alterar o drenar cuerpos o cursos de agua, así como humedales o depositar elementos extraños en estos;

o) Instalar carteles de publicidad;

p) Incumplir las órdenes impartidas por quienes administran las áreas;

q) Impedir u obstaculizar las labores de fiscalización de los funcionarios habilitados por esta ley para tales funciones;

r) Entregar información falsa u ocultar cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir una infracción;

s) Impedir deliberadamente la fiscalización, encubriendo una infracción o evitando el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de cualquiera de los funcionarios que señala esta ley;

t) Incumplir alguna de las disposiciones del plan de manejo por parte del titular de un área, su administrador o el concesionario;

u) Incumplir las disposiciones contenidas en los permisos otorgados, y

v) Incumplir las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por el Servicio.

No se considerará infracción aquella conducta que, no obstante su tipificación en este artículo, sea considerada en el respectivo plan de manejo como necesaria para el cumplimiento del objetivo de protección del área, que cuente con la autorización del Servicio o se trate de una conducta realizada en aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate de incendios forestales.

Artículo 93. Infracciones fuera de las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones señaladas en las letras a), b), c), d), n), q), r) y s) del artículo precedente, cometidas en sitios prioritarios para la conservación, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.

Constituirá asimismo infracción a la presente ley el incumplimiento de las medidas de prevención, control y erradicación de especies exóticas.

No se considerará infracción aquella conducta realizada en aplicación de normativa especial en materia de sanidad vegetal y animal y de prevención y combate de incendios forestales, así como en cumplimiento de legislación sectorial.

Artículo 94. Categorías de infracciones. Las infracciones a la presente ley se considerarán gravísimas, graves o leves.

1. Constituirán infracciones gravísimas, los hechos actos u omisiones que:

a) Hayan causado daño ambiental, no susceptible de reponer en sus propiedades básicas;

b) Hayan afectado gravemente los servicios ecosistémicos, o

c) Impidan u obstaculicen deliberadamente el cumplimiento de determinado plan de manejo.

2. Constituirán infracciones graves, los hechos actos u omisiones que:

a) Hayan causado daño ambiental, susceptible de reponer en sus propiedades básicas;

b) Hayan afectado el área, sin comprometer gravemente los servicios ecosistémicos que esta provee, o

c) Afecten negativamente el cumplimiento del plan de manejo de un área protegida.

3. Constituirán infracciones leves, los hechos actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatoria y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores.

Artículo 95. Prescripción. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cuatro años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos por los hechos constitutivos de las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio no podrá aplicar sanciones luego de transcurridos cinco años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse la infracción o de ocurrir la omisión sancionada.

Párrafo 3°

De las sanciones

Artículo 96. Sanciones. Las infracciones a esta ley podrán ser objeto de alguna de las siguientes sanciones:

1. En el caso de las infracciones gravísimas:

a) Multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales;

b) Desafectación definitiva del área protegida en los casos de áreas protegidas privadas;

c) Revocación de la concesión o permiso, según corresponda; y

d) Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, entre cinco y diez años.

2. En el caso de las infracciones graves:

a) Multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales;

b) Desafectación temporal del área protegida en los casos de áreas protegidas privadas;

c) Suspensión de la concesión o permiso, según corresponda, y

d) Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, entre uno y dos años.

3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales.

Los recursos que se obtengan por la aplicación de las multas que dispone este artículo, deberán ser traspasados por el Fisco al Servicio.

Párrafo 4º

Del procedimiento sancionador

Artículo 97. Acta de fiscalización. Los fiscalizadores que constaten la verificación de alguna de las infracciones reguladas en esta ley o de las disposiciones contenidas en los planes de manejo, levantarán un acta de fiscalización en la que se describirán los hechos constitutivos de la infracción y la identidad del o de los infractores, con expresa indicación de su domicilio. Con el sólo mérito de esta acta podrá iniciarse el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 98. Denuncias. Cualquier persona podrá denunciar las infracciones que trata esta ley, como también, de las disposiciones contenidas en los respectivos planes de manejo.

Las denuncias deberán ser formuladas por escrito al Servicio, señalando lugar y fecha de presentación, y la individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado.

Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

Artículo 99. Admisión del acta o denuncia. El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse por la comunicación escrita del funcionario fiscalizador al Director Regional del Servicio, de la respectiva acta de fiscalización o por denuncia de cualquier persona formulada de conformidad al artículo anterior.

Con todo, la denuncia sólo dará origen a la instrucción del procedimiento sancionador, si ésta, a juicio del Servicio, está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor.

Si el Servicio estimase que carece de seriedad o mérito, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante.

Artículo 100. Medidas provisionales. Constatada por un fiscalizador alguna de las infracciones reguladas en esta ley o en los planes de manejo que correspondan, el Director Regional podrá ordenar las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción de la infracción, el riesgo o del daño;

b) Retención temporal o traslado de los elementos, insumos, productos o vehículos, o la inmovilización de éstos;

c) Aposición de sellos sobre bienes muebles o inmuebles;

d) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones;

e) Suspensión del funcionamiento de las instalaciones;

f) Decomisar los elementos o insumos que hubieren servido para cometer la infracción y los productos resultantes de ella y,

g) Prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas.

Las medidas a las que se refiere este artículo sólo podrán ser adoptadas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la adecuada instrucción del procedimiento sancionador o con el objeto de evitar daño inminente al objeto de protección del área protegida, o cuando una demora en su aplicación pudiese dañar el medio ambiente.

Artículo 101. Cese de las medidas provisionales. Las medidas provisionales sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación, para lo cual, el funcionario fiscalizador o instructor deberá confirmar, modificar o levantar las medidas provisionales al momento de la iniciación del procedimiento sancionatorio.

En todo caso, las medidas provisionales, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo establecido en el artículo siguiente, o cuando la decisión de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a petición de algún interesado mediante solicitud fundada ante el Director Regional del Servicio. Las medidas de que trata este artículo, se extinguirán con la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 102. Inicio de instrucción del procedimiento. El acta de fiscalización y/o la denuncia, en su caso, se pondrán en conocimiento del Director Regional quien, en el plazo máximo de 5 días, deberá dar inicio a la instrucción del procedimiento sancionador y designará a un funcionario para que instruya el proceso.

La instrucción del procedimiento sancionatorio se iniciará mediante resolución que contendrá una formulación precisa de los cargos, y se pronunciará sobre las medidas provisionales impuestas, en orden a mantenerlas, modificarlas o revocarlas.

La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su comisión, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción.

Esta resolución se notificará al infractor por carta certificada, confiriéndole un plazo máximo de 10 días para formular sus descargos y acompañar todos sus medios de prueba. El infractor podrá solicitar que, en lo sucesivo, las notificaciones se practiquen por correo electrónico, caso en el cual sólo se le notificará por esa vía.

Si el infractor tuviese su domicilio en una región distinta de aquella en que se hubiese denunciado la infracción, podrá presentar sus descargos y medios probatorios en la Dirección Regional del Servicio correspondiente a su domicilio.

Artículo 103. Examen de los antecedentes. Recibidos los descargos o vencido el plazo otorgado para ello, el instructor examinará el mérito de los antecedentes y podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. La práctica de todas estas diligencias deberá llevarse a efecto en un plazo que no podrá ser superior a 15 días.

Artículo 104. Medios de prueba. Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica.

Los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva, gozarán de una presunción de legalidad, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o se generen en el proceso.

Artículo 105. Expediente. El instructor deberá dejar constancia de todo lo obrado en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso.

Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que se dicten en este procedimiento y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso.

Artículo 106. Informe del instructor y resolución sobre la sanción. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 109, el instructor evacuará un informe, remitiendo los antecedentes al Director Regional del Servicio, para que resuelva.

Dicho informe deberá contener la individualización del o de los infractores, la relación de los hechos investigados y la forma cómo se ha llegado a comprobarlos, y la proposición de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más infractores.

Si fuere procedente, la autoridad competente para resolver, podrá devolver los antecedentes al instructor, dentro del plazo máximo de 10 días, para que practique las diligencias que estime necesarias para resolver la materia sometida a su decisión o para que corrija vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos que no podrá exceder a 10 días.

Una vez evacuado o corregido el informe dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio, resolverá en el plazo de 10 días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al presunto infractor o aplicará la sanción en su caso.

Dicha resolución se notificará a través de carta certificada al afectado en su domicilio o a su apoderado, si lo tuviere, a menos que haya solicitado que las notificaciones se realizaran a través de correo electrónico, caso en el cual se le notificará sólo por esta vía.

Artículo 107. Impugnación. Contra las sanciones del Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso jerárquico ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales.

En contra de dicha resolución se podrá interponer recurso judicial de reclamación ante el Tribunal Ambiental competente.

El plazo para interponer la reclamación será de 30 días hábiles desde la fecha de la notificación. El plazo para resolver el recurso será de treinta días hábiles.

Artículo 108. Recursos contra la resolución del Tribunal Ambiental. Para recurrir de la sentencia pronunciada por el Tribunal Ambiental competente que recaiga sobre la reclamación presentada en contra de la resolución del Director Nacional del Servicio se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 20.600.

Párrafo 5°

Normas generales

Artículo 109. Registro público de sanciones. Sea que la sanción haya sido aplicada por el Servicio, el Servicio deberá consignar las sanciones aplicadas en un registro público en el cuál se señalarán el nombre, apellidos, denominación o razón social, de las personas naturales o jurídicas responsables y la naturaleza de las infracciones y sanciones.

Este registro deberá estar a disposición de cualquier persona que lo requiera, debiendo permitirse su consulta también por vía electrónica.

En el caso de que se imponga como sanción la prohibición temporal de ingreso a las áreas protegidas, el Director Nacional deberá informar oportunamente de ello a la administración de cada unidad.

El Reglamento determinará la forma y modo en que deberá elaborarse el precitado registro, la actualización del mismo, así como cualquier otro aspecto que sea relevante incluir para el adecuado acceso y publicidad de las sanciones impuestas.

Artículo 110. Plan de reparación. El infractor sancionado conforme a las normas de esta ley, podrá presentar voluntariamente ante el Servicio, una propuesta de plan de reparación de la pérdida o degradación causada por el hecho infraccional en la biodiversidad.

Cuando el origen de la infracción haya dado competencia al Servicio, el plan de reparación se presentará ante éste, debiendo el Director Nacional emitir un informe de la infracción cometida y los efectos ocasionados y remitirlo junto con el plan propuesto al Ministerio del Medio Ambiente para su aprobación.

Desde la aprobación del plan de reparación y mientras no esté concluida su ejecución, el plazo de prescripción de la acción por daño ambiental se suspenderá. Si se ejecutare dicho plan satisfactoriamente, la acción se extinguirá.

Si existiere daño ambiental y el infractor no presentare voluntariamente un plan de reparación o no se ejecutare éste de manera satisfactoria, se deberá ejercer la acción por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental.

La totalidad de los costos en que se incurra para la implementación del plan debidamente aprobado será de cargo del infractor. Sin perjuicio de ello, podrá transferirse al patrimonio del Servicio los fondos que se requieran para acciones que le corresponda ejecutar a éste conforme al plan.

Un reglamento establecerá el procedimiento que regirá la presentación y aprobación del plan de reparación, así como los contenidos mínimos de éste y los mecanismos de seguimiento de su ejecución.

Artículo 111. Regla supletoria. En todo lo no previsto por la presente ley, se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.880.

TITULO VI

Modificaciones a otros cuerpos legales

Artículo 112. Ley N° 18.362. Derógase la Ley Nº 18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Artículo 113. Ley N° 19.300. Modifícase la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de la siguiente manera:

1) Reemplázase la letra p) del artículo 10, por la siguiente:

“p) Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;".

2) Reemplázase el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”

3) Modifícase el artículo 35 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas protegidas de propiedad privada, las que formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y estarán afectas a iguales derechos, obligaciones y cargas que las áreas protegidas pertenecientes al Estado.”.

b) Elimínase la expresión “silvestres” en el inciso segundo.

c) Reemplázanse los incisos tercero y cuarto por el siguiente:

“La creación, desafectación y regulación de estas áreas se regirá por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”

4) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 37 la expresión “de dichas especies” por “de aquellas especies que sean clasificadas en categoría extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable o datos insuficientes.”

5) En el inciso final del artículo 42, agrégase entre las expresiones “aplicará a” y “aquellos” lo siguiente: “los planes de manejo de áreas protegidas ni a”.

6) Modifícase el artículo 70 de la siguiente manera:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázase en la letra i) la expresión “la flora, la fauna,” por “las plantas, algas, hongos y animales silvestres,”.

d) Reemplázase la letra j) por la siguiente:

“j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación de su competencia.”

7) Modifícase el artículo 71 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “, y” por “;”.

b) Agrégase en el inciso primero, entre la palabra “Planificación” y el punto final, la frase “, y de Bienes Nacionales”.

c) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Pronunciarse sobre las propuestas de creación de áreas protegidas del Estado que efectúe el Ministerio del Medio Ambiente.”

d) Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá crear un comité técnico, o bien designar uno ya existente, con el fin de asesorarle en el cumplimiento de sus funciones.”.

Artículo 114. Decreto Ley N° 1.939. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Decreto Ley Nº 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado:

1) Derógase el artículo 15°.

2) Reemplázase el artículo 21° por el siguiente:

“Artículo 21.- Los predios que hubieren sido declarados como áreas protegidas del Estado, conforme a la legislación respectiva, no podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esa calidad sino en la forma establecida en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

Artículo 115. Ley N° 18.892. Modifícase la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el Decreto Supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en la siguiente forma:

1) Reemplázase en el número 42 del artículo 2° la palabra “marina” por la expresión “de interés pesquero”.

2) Derógase la letra d) del artículo 3º.

3) Reemplázase, en la letra e) del artículo 3° la expresión “Reservas Marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente” por “Reservas de interés pesquero.”

4) Deróganse los artículos 13 A, 13 B, 13 C, 13 D y 13 E.

5) Agrégase en el número 1) del artículo 125, a continuación del punto aparte del inciso primero, que pasa a ser punto seguido la siguiente oración: “Los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que cuenten con facultades de fiscalización estarán asimismo facultados para denunciar las infracciones a la presente ley de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.”.

6) Derógase el artículo 159.

Artículo 116. Ley N° 20.256. Modifícase la Ley Nº 20.256, sobre Pesca Recreativa, de la siguiente manera:

1) Agrégase, en el artículo 7º el siguiente inciso quinto, nuevo:

“No serán susceptibles de pesca recreativa las especies que hayan sido clasificadas en peligro crítico o en peligro, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300.”

2) Agrégase, en el inciso primero del artículo 11 después de la palabra “Ministerio”, la siguiente frase: “, que llevará además la firma del Ministerio del Medio Ambiente,”.

3) Incorpórase en el inciso primero del artículo 13, a continuación de la expresión “a las autoridades públicas que, de acuerdo a sus competencias, deban emitir un pronunciamiento,”, la frase “al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

4) Agrégase en el inciso quinto del artículo 25, entre la palabra “Servicio” y la conjunción “y”, la expresión “y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,”.

5) Reemplázase en el artículo 37, la palabra “marina”, las dos veces que aparece, por la expresión “de interés pesquero”.

6) Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:

“Artículo 38.- Áreas protegidas. La pesca recreativa en las áreas protegidas deberá ser compatible con el objeto del área y ajustarse al respectivo plan de manejo.”

7) Derógase el inciso cuarto del artículo 39.

8) Intercálase, en el artículo 42, la siguiente letra d) adecuándose la ordenación correlativa de los demás literales a continuación de la letra c):

“d) El Director Regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

9) Modifícase el artículo 46 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, después de la palabra “Servicio,” la expresión “del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,”.

b) Elimínase, en el inciso tercero, la expresión “y los guardaparques señalados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”.

10) Elimínase en el artículo 47 las expresiones “y guardaparques”, “y guardaparques señalados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE)” y “o en las áreas silvestres protegidas, según corresponda,”.

Artículo 117. Ley N° 4.601. Modifícase la Ley N° 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por el Artículo Primero de la Ley Nº 19.473, de la siguiente manera:

1) Modifícase el artículo 2º, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en la letra g) la frase “comprendido en los listados de especies declaradas en peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas” por la siguiente “clasificado en alguna categoría de conservación en conformidad al artículo 37 de la Ley Nº 19.300,”.

b) Derógase las letras k), l), m) y n), pasando la actual letra ñ) a ser letra k).

2) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 3º, la frase “en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas”, por “en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado o datos insuficientes”

3) Reemplazáse, en el artículo 7º, el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 7º.- Se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que constituyen reservas de la biósfera conforme al Programa del Hombre y la Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos, y en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas o aves migratorias protegidas bajo el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.”.

4) Reemplázase en el inciso primero del artículo 22 la frase “peligro de extinción, vulnerables, raras o escasamente conocidas” por “clasificadas en alguna categoría de conservación en conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.300”.

5) Incorpórase, en el inciso primero del artículo 25 en el inciso primero, luego de las expresiones “Servicio Agrícola y Ganadero”, la expresión “, en conjunto con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

6) Incorpórase, en el artículo 28, antes del punto final, la oración: “, sin perjuicio de las atribuciones de fiscalización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en las áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados”.

7) Modifícase el artículo 39º, en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la palabra “Silvestres”.

b) Derógase el inciso segundo.

Artículo 118. Ley N° 20.283. Modifícase la Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, de la siguiente manera:

1) Modifícase el artículo 2° número 4) de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el párrafo primero la expresión “las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

2) Modifícase el artículo 15 en el sentido de agregar después de la expresión “ley N°19.300” la frase “y en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

3) Modifícase el artículo 16 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la frase “el Ministerio de Agricultura hubiere definido oficialmente” por “se hubieren definido en conformidad a la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

4) Modifícase el artículo 19 en el sentido de reemplazar, en el inciso primero, la expresión “categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

5) Modifícase el artículo 33 de la siguiente forma:

a) Elimínase en la letra f) la palabra “Silvestres”.

b) Reemplázase la letra h) del artículo 33 por la siguiente:

“h) El Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas;”

6) Agrégase en el artículo 46 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que cuenten con facultades de fiscalización estarán asimismo facultados para denunciar las infracciones a la presente ley de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones.”.

7) Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso primero, después de la palabra “Corporación”, la frase “o por el Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas”.

b) Agrégase en los incisos segundo y tercero, después de la palabra “Corporación”, “o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

Artículo 119. Ley de Bosques. Modificar el Decreto Supremo N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques, de la siguiente manera:

1) Elimínase en el inciso 1° del artículo 10 la expresión “y parques nacionales de turismo”.

2) Reemplázase en el inciso 2° del artículo 10 la expresión “los Parques Nacionales y” por “las”, en ambas ocasiones, y la expresión “esos Parques y” por “esas”.”

3) Elimínase en el artículo 11 la expresión “y los parques nacionales de turismo”.

Artículo 120. Ley N° 17.288. Modifícase la Ley Nº 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales; modifica las Leyes N° 16.617 y 16.719; y deroga el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925, de la siguiente manera:

1) Reemplázase en el artículo 1°, la coma entre “antropoarqueológicos” y “paleontológicos” por la conjunción “o”, y elimínanse las expresiones “o de formación natural” y “los santuarios de la naturaleza;”.

2) En el encabezado del Título VII, reemplázanse las expresiones “los Santuarios de la Naturaleza e” por la palabra “las”.

3) Derógase el artículo 31°.

Artículo 121. Ley N° 20.423. Modifícase la Ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase, en el artículo 7°, el número 6 por el siguiente:

“6) El Ministro del Medio Ambiente.”.

2) Derógase el artículo 8° número 8.

3) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en áreas protegidas cuando sean compatibles con su objeto y se ajusten al respectivo plan de manejo del área.

Las concesiones de servicios turísticos en área protegidas se regirán por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”

4) Derógase los artículos 19 al 21.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero. Facúltase al Presidente de la República para que establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente y suscritos además por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

2) Ordenar el traspaso al Servicio, sin solución de continuidad, disponiendo la calidad jurídica y el grado que les corresponderá, del personal sujeto a contrato de trabajo para la protección de la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas así como de la administración y gestión de las mismas que se encontrare prestando servicios en la Corporación Nacional Forestal.

El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas creado por la presente Ley. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando el tiempo servido de acuerdo al Código del Trabajo en la Corporación Nacional Forestal. Además, se computará el tiempo trabajado en el Servicio que crea la presente ley, cuando se trate de empleos a contrata. La remuneración que se considerará para estos efectos será aquella que estuviere percibiendo a la fecha del cese.

En él o los decretos con fuerza de ley que fijan las plantas se determinará el número de funcionarios que se traspasarán al Servicio desde la Corporación Nacional Forestal, por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, del Ministerio del Medio Ambiente.

3) En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije, y en especial podrá determinar el número de cargos para cada planta, los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8º del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, lo dispuesto en el título sexto de la ley N° 19.882. Además, establecerá las normas de encasillamiento del personal en las plantas que fije. Podrá, además, determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto del personal traspasado de la Corporación Nacional de Fomento Forestal. Asimismo, tampoco se aplicará al personal antes señalado que sea traspasado en calidad de contrata del Servicio, ni tampoco a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones.

4) Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que practique. Igualmente, fijará la dotación máxima del personal del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del Estatuto Administrativo, contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda. Además, establecerá la fecha de iniciación de actividades del Servicio.

5) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado;

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento;

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6) Traspasar los recursos y bienes que correspondan de la Corporación Nacional Forestal al Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas;

Artículo segundo. El Presidente de la República, por decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y transferirá a éste los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar las partidas, capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo tercero. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a las reasignaciones presupuestarias efectuadas desde la partida presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente y en lo que faltase con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto. El Ministerio del Medio Ambiente deberá, en un plazo de 2 años contados desde la publicación de esta ley, iniciar un proceso de revisión de las áreas protegidas existentes, bajo criterios fundados, a fin de ratificar o modificar su categoría y sus contenidos mínimos, según lo establecido en la presente ley. Dicha ratificación o modificación deberá efectuarse conforme al procedimiento establecido en el párrafo 2° del Título III de la presente ley.

Dentro del mismo plazo, el Ministerio del Medio Ambiente deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, qué Bienes Nacionales Protegidos deben pasar a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La creación de tales inmuebles como áreas protegidas se regirá por lo dispuesto en la presente ley.

Igualmente, el Ministerio del Medio Ambiente deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, las reservas marinas que deben ser calificadas como reservas de interés pesquero o aquéllas que deben ser reconocidas bajo alguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Artículo quinto. En tanto no se realice la revisión señalada en el artículo anterior, se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas el conjunto de los Parques Marinos, Parques Nacionales, Parques Nacionales de Turismo, Monumentos Naturales, Reservas Marinas, Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Santuarios de la Naturaleza, Áreas Marinas y Costeras Protegidas y Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos creados hasta la fecha de publicación de la presente ley. En el caso de Sitios Ramsar que no cuenten con un decreto de creación de área, deberán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, si se tratase de un área inmueble fiscal o de propiedad privada, según corresponda.

Se aplicará transitoriamente a tales áreas protegidas las categorías que establece esta ley.

Al efecto, se entenderá que los Parques Nacionales de Turismo corresponden a Parques Nacionales, y que las Áreas Marinas y Costeras Protegidas corresponden a Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos.

Para el caso de las Reservas Forestales, éstas corresponderán a Reservas Nacionales cuando cumplan con el objetivo de protección y requisitos de la categoría en cuestión.

Artículo sexto. Las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en las mismas de acuerdo a esta ley, continuarán vigentes y se extinguirán en conformidad con la normativa que les sean aplicables.

La misma regla se aplicará a los contratos que hubiere celebrado la Corporación Nacional Forestal sobre terrenos comprendidos en áreas silvestres protegidas bajo su administración, en conformidad con el inciso segundo del artículo 10° del Decreto Supremo Nº 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba Texto Definitivo de la Ley de Bosques, que se encuentren en vigor a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior se entenderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como sucesor legal de la Corporación Nacional Forestal.

Artículo séptimo. Se entenderá que los Santuarios de la Naturaleza existentes a la fecha de publicación de la presente ley, que se hubieren establecido sobre terrenos de propiedad privada, constituyen áreas protegidas de propiedad privada, por el solo ministerio de la ley.

Artículo octavo. El Servicio deberá iniciar el proceso para actualizar o dictar los planes de manejo de las áreas protegidas del Estado existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo noveno. Los sitios prioritarios para la conservación que hubieren sido establecidos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente serán reconocidos oficialmente por resolución del Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo décimo. Los artículos 13 A, 13 B, 13 C, 13 D y 13 E de la Ley General de Pesca y Acuicultura se mantendrán vigentes mientras no se dicte el reglamento a que se refiere el artículo 77 de la presente ley.

Artículo undécimo. La funciones y atribuciones del Servicio establecidas en las letras b) primera parte, d), e) y f) del artículo 6, entrarán en vigencia en el plazo de tres años contado desde la publicación de la presente ley, cuando recaigan en áreas protegidas del Estado de las categorías parque nacional, reserva nacional y monumento natural.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 8 y 22 de julio de 2014; 12 de agosto de 2014; 2, 9, 23 y 30 de septiembre de 2014; 7, 14 y 21 de octubre de 2014; 4 y 18 de noviembre de 2014; y 16 de diciembre de 2014.

Sala de la Comisión, a 23 de diciembre de 2014.

MAGDALENA PALUMBO OSSA

Secretario Abogado

RESUMEN EJECUTIVO

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PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

(BOLETIN Nº 9.404-12)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: La iniciativa tiene como objetivo central la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Con tal propósito, el proyecto crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, el que se desconcentra territorialmente.

II. ACUERDOS: aprobación en general 4X1 abstención.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 121 artículos permanentes, agrupados en 6 Títulos, y 11 disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: artículo 25, inciso final; artículo 26; artículo 33, inciso final; artículos 43 y 44; artículo 72, inciso final; artículo 73, inciso final; artículo 74, inciso final; artículo 75, inciso final; artículo 78, letra b); y artículo 113, numeral 7). (Artículo 38 de la Constitución Política de la República, en relación con el inciso segundo del artículo 66 de la Carta).

Artículos 107 y 108 (Artículo 77 Constitución Política, en relación con el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental).

V. URGENCIA: simple.

VI: ORIGEN: Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República.

VI. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VII. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de junio de 2014.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Artículo 19 N° 8° de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, imponiendo al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

2. Decreto Supremo N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.

3.- Decreto Supremo N° 141, de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

4.-Decreto Supremo N° 771, de 1981, que promulga la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrito en Irán el 2 de febrero de 1971.

5.- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada mediante Decreto Supremo N° 1.363, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.- Decreto Supremo N° 489, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba regulación para caza de ballenas y su anexo.

7.- Decreto Supremo N° 259, de 1980, promulga la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural suscrita en UNESCO, Paris, el 16 de noviembre de 1972.

8.- Decreto Supremo N° 868, de Relaciones Exteriores, de 1981, que promulga el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.

9.- Decreto Supremo N° 1.963, de Relaciones Exteriores, de 1994, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

10.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

11.- Ley N° 20.417, crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

12.- Ley N° 20.600, crea los Tribunales Ambientales.

13.- Ley N°19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

14.- Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

15.- El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

16.- Título VI de la ley N° 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

17.- Ley N°. 18.362, crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

18.- Decreto Supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento Y reconstrucción, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

19.- Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

20.- Decreto Supremo N° 4.363, del año 1931, Ley de Bosques.

21.- Decreto Ley N° 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

22.- Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

23.- Ley N° 4.601, de Caza, cuyo texto fue sustituido por la Ley N° 19.473, conservando el mismo número.

24. Ley N° 20. 256, establece normas sobre pesca recreativa.

Sala de la Comisión, a 23 de diciembre de 2014.

MAGDALENA PALUMBO OSSA

Secretario Abogado

CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

El señor TUMA ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.404-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 26ª, en 18 de junio de 2014.

Informe de Comisión:

Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 77ª, en 6 de enero de 2015.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El objetivo de la iniciativa es la conservación de la diversidad biológica del país a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren medidas para su conservación.

Con ese propósito, se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio y sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, que se desconcentra territorialmente.

La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales discutió este proyecto solo en general, aprobando la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señora Allende y señores Espina, Moreira y Patricio Walker y la abstención del Senador señor Horvath.

Cabe tener presente que los artículos 25, inciso final; 26; 33, inciso final; 43 y 44; 72, inciso final; 73, inciso final; 74, inciso final; 75, inciso final; 78, letra b); 107 y 108, y 113, numeral 7), tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señor Presidente , como Titular de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, quiero señalar que aprobamos por amplia mayoría -4 votos a favor y una abstención- este proyecto de ley tan importante.

La iniciativa tiene por objetivo la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren medidas para su conservación.

Con el propósito de delimitar adecuadamente las competencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se excluyen aquellas materias que por su naturaleza y alcance permanecen en los respectivos servicios públicos con competencias sectoriales especiales, a saber, sanidad animal y vegetal y prevención y control de incendios forestales.

El proyecto consagra una serie de principios a los que deben sujetarse las distintas políticas, planes y programas que se ejecuten en el marco de la ley en proyecto.

Tales principios, inspiradores de la acción del Estado en materia de biodiversidad, a través de las funciones que ejecutará este Servicio, son los siguientes: de coordinación, de jerarquía, participativo, de precaución, de prevención, de responsabilidad, de sustentabilidad, de transparencia y de valoración de los servicios ecosistémicos.

El proyecto considera distintas definiciones, cuyo establecimiento se ha considerado indispensable, a fin de facilitar la aplicación práctica de los instrumentos que se crean, evitar superposiciones de competencias e incorporar a la legislación nacional definiciones relevantes, de manera de focalizar en forma más eficiente las acciones de conservación, sin perjuicio de las que actualmente se disponen en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Destacan como definiciones relevantes del proyecto las de ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados y servicios ecosistémicos, que constituyen una aproximación directa hacia la conservación, restauración e identificación de los atributos de nuestra biodiversidad.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se crea como servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Asimismo, se establece una desconcentración territorial a través de Direcciones Regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley N° 19.882.

El proyecto contempla el fortalecimiento de la protección de la biodiversidad, que no solo se restringe a las áreas protegidas. Así, administra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ocupándose de las que corresponden al Estado y supervisando las áreas protegidas privadas.

Cabe destacar las funciones de elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes, medidas o acciones destinados a la prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras presentes en el país; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados; elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de planes de restauración de los ecosistemas degradados, entre otras importantes atribuciones, que demuestran que la acción del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no se circunscribe únicamente a las áreas protegidas. Ese ha sido nuestro compromiso.

En tal sentido, algunas de estas funciones son nuevas, esto es, se refieren a materias o instrumentos que no existen en la legislación actual y que son indispensables para mejorar la gestión de la biodiversidad del país.

Es el caso del monitoreo y elaboración de inventarios de especies y ecosistemas; la clasificación de ecosistemas amenazados; los planes de restauración de ecosistemas degradados, y las atribuciones para prevenir, controlar y erradicar especies exóticas y exóticas invasoras por razones de biodiversidad y no solo sanitarias.

Otras funciones son traspasadas desde otros servicios, como la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la aplicación de normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Ello responde a que tales funciones tienen como finalidad directa la conservación de algún componente de la biodiversidad.

Como he señalado, Chile no cuenta con una legislación ordenada que regule la creación y administración de áreas protegidas, constatándose tanto una alta dispersión normativa en el establecimiento de las distintas categorías de áreas protegidas que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico como distintas instituciones públicas vinculadas a su gestión y administración.

Lo anterior explica que en la actualidad se reconozcan diversas categorías de protección, a saber: reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos.

Las instituciones que se vinculan de manera más directa con la creación y administración de áreas protegidas son CONAF, Ministerio de Bienes Nacionales, DIRECTEMAR , SERNAPESCA, etcétera.

La iniciativa entrega al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de crear áreas protegidas conforme a las categorías que el proyecto reconoce, a través de un procedimiento que exige, por parte del Servicio de Biodiversidad, la elaboración de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas que justifican tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta, o la implementación de las medidas o planes para dicha área.

En tal sentido, se entrega a un reglamento la regulación específica del procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Del mismo modo, las áreas protegidas que se crean solo podrán modificarse o perder su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado del Ministerio del Medio Ambiente, que deberá seguir el mismo procedimiento considerado para su creación.

La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio, facultándosele para fijar las tarifas para el ingreso a esas áreas. La determinación de tales tarifas deberá considerar escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia, rango etario, tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Una materia especialmente sensible en este proyecto es relevar a quienes se desempeñan como guardaparques, a un rol que no solo dignifique su trascendente tarea en cuanto al fortalecimiento de sus atribuciones, sino también que reconozca la abnegada y, muchas veces, desconocida labor que realizan desde hace muchos años en nuestro país, indispensable para la protección que se ha dado a las áreas protegidas.

Por eso, estimamos necesario generar las condiciones que permitan otorgar a los guardaparques una carrera funcionaria, dotada de formación, capacitación, nuevas atribuciones e incentivos, de modo tal que con el mismo profesionalismo que han entregado al país para cuidar nuestras áreas protegidas puedan contar con la legítima expectativa, inherente al esfuerzo humano, de lograr su mayor desarrollo espiritual y material posible en la nueva institucionalidad.

El sistema de concesiones en áreas protegidas que se crea tiene como objetivo el beneficio del manejo de tales áreas y reviste la particularidad de constituirse en un sistema único de concesiones en áreas protegidas.

Se podrán otorgar concesiones en áreas protegidas que cuenten con plan de manejo y hayan sido priorizadas y solo cuando el fin sea el desarrollo del ecoturismo, la investigación científica o la educación. Dichas concesiones se podrán conceder mediante licitación pública o privada. Será posible otorgarlas directamente cuando estas sean gratuitas y solo cuando se trate de concesiones de investigación científica o de educación.

Se establece, a su vez, la creación de un Comité Técnico consultivo para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones.

El rol central de dicho organismo será pronunciarse sobre las propuestas de priorización de áreas protegidas para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones, participando, asimismo, en la elaboración de las bases de licitación y en la evaluación de las propuestas presentadas, donde le competerá proponer al adjudicatario, que luego de la respectiva resolución del Ministerio del Medio Ambiente deberá firmar el contrato concesional con el Servicio.

Otra función relevante del Comité es proponer al Servicio la renta concesional del área.

No voy a referirme al tema de las áreas protegidas, a cuánto representan, a los instrumentos de conservación, a la fiscalización, a las infracciones y sanciones, a las modificaciones de otros cuerpos legales, porque me extendería demasiado y mi tiempo está concluyendo.

Agradezco al señor Ministro del Medio Ambiente ; a la señora Alejandra Figueroa , Jefa de la División de Biodiversidad de dicha Cartera, quien tuvo un rol muy importante en esta materia; al señor Jorge Andrés Cash , hoy presente en esta Sala, y a todos los asesores que acompañaron al señor Ministro .

Hago notar que existe un protocolo de acuerdo, que se va a materializar en el futuro mediante indicaciones, para poder acoger en la discusión particular muchas inquietudes, por ejemplo de los sindicatos de trabajadores, de guardaparques, de la CONAF. El compromiso del Gobierno es patrocinar y presentar dichas indicaciones para que la Comisión de Medio Ambiente pueda aprobarlas.

Son varios temas. Yo entiendo que el señor Ministro se va a referir al acuerdo, y, si no, después en mi fundamentación de voto voy a referirme a algunas de las materias que contiene.

He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Senador.

Le damos la bienvenida al Ministro del Medio Ambiente , don Pablo Badenier.

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , en primer lugar, saludo al señor Ministro y a todo su equipo.

En cuanto al proyecto, debo señalar que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas va a constituir, sin lugar a dudas, uno de los avances más significativos en la institucionalidad ambiental que comenzó a construirse a partir de los años noventa.

Su impacto será particularmente relevante en regiones, como la que yo represento, de gran diversidad biológica y que cuentan con un amplio territorio sujeto a protección, incluyendo algunos de los parques nacionales más antiguos del país.

La legislación actualmente aplicable en la materia es absolutamente insuficiente, y la institucionalidad pública disponible, débil, mientras que el objetivo de conservar la diversidad biológica ha adquirido una relevancia cada vez mayor.

Al legislar en este ámbito estamos asumiendo nuestra responsabilidad, no solo con los chilenos de hoy y de mañana, sino con todo el planeta, por cuanto la conservación del patrimonio natural del que disponemos constituye un imperativo de carácter global.

Es innegable que la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas es un requisito para la sustentabilidad de prácticamente todas las actividades productivas, como la minería, la agricultura, la pesca y el turismo, pero los fundamentos de esta obligación no son solo económicos; es también una exigencia cultural, pues la supervivencia de nuestras culturas originarias está intrínsecamente relacionada con nuestro patrimonio natural, además de que en buena parte Chile ha construido su propia identidad sobre la base de su riqueza natural.

Asimismo, la conservación de nuestra biodiversidad constituye un imperativo ético, por cuanto encarna valores tan preciados como la protección de la vida y la salud de las personas y es expresión de la solidaridad con el género humano y con la propia naturaleza.

La conservación, como se encarga de desarrollar el proyecto, implica la preservación, la restauración y el uso sustentable de los recursos. En todos estos planos se detectan deficiencias en la acción del Estado y del sector privado. En especial, hoy resulta clave emprender acciones de restauración, atendida la situación de vastos territorios degradados y especies de flora y fauna con grave daño.

A modo de ejemplo, expongo dos situaciones necesarias de intervenir en las regiones del sur de nuestro país.

En agosto del 2014 presenté un proyecto de acuerdo para que se realizara una pesca de investigación del salmón escapado, en atención al desconocimiento que existía sobre los daños ocasionados al medio acuático a partir de las pérdidas o fugas desde los centros de cultivo de ejemplares de estos peces, algunas de cuyas especies están consideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dentro de las más invasivas del mundo.

Del mismo modo, menciono la introducción del didymo, alga de aguas dulces que, según un programa del Gobierno y la Universidad de Chile, "provoca severa alteraciones físicoquímicas y biológicas en los ríos con efectos negativos en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas fluviales, deterioro del paisaje y de las actividades productivas en las cuencas afectadas, impactando en las actividades turísticas, especialmente la pesca deportiva". Esta alga fue introducida por la vía de la práctica de algunos deportes acuáticos, mediante kayaks y embarcaciones de rafting y pesca deportiva.

En estas situaciones ha faltado la acción del Estado, a través de un organismo que se preocupe específicamente de nuestro patrimonio biológico. Hoy, los órganos competentes están enfocados en la promoción de las respectivas actividades económicas.

Por todas estas razones, me manifiesto partidario de aprobar sin vacilaciones la idea de legislar. Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que diferentes disposiciones del proyecto de ley que estamos tratando requieren clarificaciones o admiten mejoramientos que han de concretarse en la discusión particular.

Los dos ejemplos que he señalado me permiten ilustrar uno de los déficits del proyecto, relativo a la insuficiente regulación de las áreas marinas y acuáticas en general.

De los más de 90 invitados que recibió la Comisión de Medio Ambiente, apenas dos son reconocibles como gente relacionada con los recursos marinos. Es indudable que la mirada del proyecto atiende, centralmente, a la biodiversidad y la protección de áreas terrestres, sin que se haya producido un debate adecuado acerca de los medios acuáticos, especialmente el marino.

Por lo anterior, solicito que este proyecto sea visto además, de manera conjunta o separada, por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, para que allí se consideren los aspectos vinculados con el medio marino. No podemos olvidarnos, como siempre sucede, de más de la mitad de nuestro territorio, representado por nuestro mar, nuestros ríos y nuestros lagos.

Apoyo la idea de extender beneficios tributarios y de donaciones para financiar la creación y/o mantención de áreas protegidas. Sin embargo, prevengo que estos deben ser estrictos y muy bien fiscalizados, de manera que no se transformen en nuevas formas de elusión fiscal. Del mismo modo, es vital considerarlos solo como un complemento de su financiación y no como parte estructural de su presupuesto, el que debe ser incrementado sustancialmente, a la altura de los propósitos del nuevo servicio.

En otro orden de ideas, quiero relevar la necesidad de incorporar a los pueblos originarios, no solo en la discusión de esta ley, sino también en los planes de administración de las áreas protegidas incluidas en territorios indígenas, preservando, de esta manera, tanto la biodiversidad biológica como la cultural, y junto con eso, los modos que ellos tienen de relacionarse con la naturaleza.

Asimismo, es imprescindible que el nuevo servicio cuente con la suficiente dotación de funcionarios para la adecuada administración y supervisión de las áreas protegidas, públicas y privadas, y que el traspaso de los actuales trabajadores de la CONAF no signifique para estos menoscabo alguno en sus condiciones laborales.

En definitiva, apruebo la idea de legislar, sin perjuicio de lo cual la complejidad del tema exigirá el perfeccionamiento de ciertas materias y, ojalá, el análisis particular de la Comisión de Intereses Marítimos.

Un rol activo del Estado, una institucionalidad fuerte, un servicio con recursos y atribuciones suficientes, e instrumentos modernos para la gestión, son requisitos ineludibles para poner al país a la altura del objetivo de la conservación de nuestra biodiversidad, que, como ya dije, no solo es un compromiso con los chilenos de hoy y de mañana, sino con todo el planeta.

He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , desde 1990 nuestro país ha promulgado varias leyes que incluyen una dimensión de protección de la naturaleza y, a fines de 2003, adoptó una estrategia nacional de diversidad biológica.

Como lo manifestó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, se ha declarado legalmente protegido casi una quinta parte del territorio nacional, incluidas nueve áreas sujetas a la Convención de Ramsar, referida a los humedales, y siete reservas de la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además, los intereses privados (organizaciones no gubernamentales, empresas e individuos) manejan casi 17 mil kilómetros cuadrados -equivalentes a alrededor del 12 por ciento de las áreas estatales protegidas- con fines de conservación. En los últimos años se ha progresado en el establecimiento y consolidación de una base de conocimientos sobre la naturaleza y los ecosistemas.

No obstante, un informe de la OCDE sobre nuestro país, del año 2005, concluyó que "la protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile. No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes".

Esta iniciativa tiene como objetivo central la conservación de la diversidad biológica del país, mediante la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que por su condición de amenaza o degradación requieren medidas para su conservación.

Con tal propósito, el proyecto crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Medio Ambiente, el que se desconcentra territorialmente.

A mi juicio, la iniciativa va en la línea correcta, ya que permite avanzar en la completación de la institucionalidad ambiental diseñada en el año 2010. En ese sentido, una ley que cree el Servicio de Biodiversidad, como la que hoy estamos discutiendo, debe tener como objetivo proteger los bienes comunes -es decir, la naturaleza- y además debe manifestar, en forma explícita, que la conservación de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural son de interés público.

Sin embargo, al igual que otros señores Senadores, tengo algunas prevenciones en lo que respecta a los recursos financieros y humanos que se destinarán al cumplimiento de las finalidades perseguidas por el proyecto de ley en debate.

Para ello, espero que durante la discusión particular el Ejecutivo, único capaz de introducir modificaciones en una materia de su iniciativa exclusiva como esta, se halle en condiciones de asegurar tanto los recursos financieros y humanos como la seguridad laboral, con el objeto de poder lograr los propósitos planteados en esta iniciativa.

He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente , es absolutamente necesario legislar sobre la protección de la biodiversidad a lo largo del territorio nacional, en especial para zonas de tanta biodiversidad como son la Región de Los Lagos y otras del país, sobre todo las más extremas.

Es por eso que parto valorando el que hoy día estemos legislando sobre la protección de la biodiversidad a lo largo de Chile, particularmente en las áreas protegidas, no solo por el compromiso que como sociedad debemos tener con el cuidado de nuestro medioambiente, sino además para completar la nueva institucionalidad ambiental que le tocó impulsar al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera mediante la aplicación de la ley Nº 20.417.

Adicionalmente, es necesario que cumplamos los distintos instrumentos internacionales a los que Chile se ha obligado en materia de biodiversidad. Me refiero, entre otros, a la Convención de Washington, que es muy importante.

Durante el año 2015 Chile va a ser objeto de una segunda Evaluación de Desempeño Ambiental por la OCDE y debemos aspirar, como país, a tener una mejor evaluación que la anterior, en la cual se nos criticó, básicamente, la falta de una ley que protegiera y regulara el cuidado de la biodiversidad. En efecto, la principal recomendación que nos hizo dicho organismo internacional el 2005 fue la de contar con una entidad pública, creada por ley, dedicada a la protección de la biodiversidad.

Así, legislar sobre esta materia pone al día a Chile en sus compromisos relacionados con la protección al medioambiente.

Asimismo, me parece necesario reconocer que el tronco o la matriz del nuevo sistema nacional de protección a la biodiversidad y las áreas protegidas se obtiene de un proyecto del mismo nombre que se tramitó a iniciativa del Gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera .

No obstante, no cabe duda alguna de que hoy estamos frente a un proyecto de ley que mantiene lo central de la iniciativa anterior y le incorpora nuevos elementos que lo enriquecen y que corrigen, a la luz de la mirada del Gobierno, las aprensiones que tuvo presentes en el pasado para rechazarlo.

Debemos reconocer que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se crea tendrá por misión la conservación de la biodiversidad en nuestro país, con amplias facultades de gestión y fiscalización y con una adecuada representación territorial.

Cabe destacar también que hasta el momento existe buena voluntad del Gobierno y de todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, a la cual pertenezco, para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal que serán traspasados a la nueva institución, quienes en ningún caso pueden quedar en una condición desfavorable con relación a su situación actual.

Para tal efecto, es menester indicar que se ha suscrito un acuerdo entre los distintos sindicatos de trabajadores de la CONAF y el Gobierno, el que debe cumplirse, para lo cual estaré muy atento. Por ello, me parece muy importante que el señor Ministro nos dé la seguridad de que se cumplirán los compromisos adquiridos por el Gobierno y la Cartera a su cargo, toda vez que no es aceptable que se perjudique a trabajadores que han tenido un desempeño notable en el cuidado de nuestros parques nacionales y del medioambiente en general.

Se crea también el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Debemos tener conciencia de que estas áreas son un activo valioso para el país.

Además, el proyecto incluye la gestión de la biodiversidad en aquellas zonas ubicadas fuera de las áreas protegidas, a fin de que en estos lugares existan adecuados criterios de desarrollo sustentable.

Se crea el Fondo Nacional de la Biodiversidad, para que distintos actores de la sociedad puedan participar en el cuidado de la biodiversidad en todo el territorio nacional.

Sin embargo, estimo que en materia de incentivos para que los privados participen y colaboren en la protección de nuestra biodiversidad el proyecto de ley se queda corto, porque todavía es posible avanzar mucho más. Espero que así ocurra durante su discusión particular. Así, debemos profundizar más en incentivos fiscales, tales como exenciones, deducciones o reducciones en los impuestos de propiedad, renta y herencia para fomentar que particulares afecten sus propiedades en beneficio del ecosistema; apoyar con más fuerza al turismo de naturaleza o ecoturismo; posibilitar que los dueños de predios privados reciban pagos por los servicios ambientales que presten (por ejemplo, si un particular conserva un área para proteger la cuenca de un río está entregando un servicio a la comunidad toda que debería ser retribuido por el Estado), y extender la aplicación de la Ley de Donaciones Culturales para fines que apunten a la protección de la biodiversidad y el medioambiente.

En fin, hay múltiples posibilidades para mejorar y avanzar más en el propósito de que sean la propia comunidad y las personas las que se comprometan a contribuir a la conservación de la biodiversidad, pues conservar el medioambiente es una tarea no solo del Estado, sino también de todos los ciudadanos.

En esta misma línea, cabe puntualizar que la tendencia mundial apunta a entender que las áreas protegidas privadas son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, especialmente para suplir los vacíos de parques nacionales en zonas geográficas determinadas, como es el caso de la zona central de Chile, que tiene un déficit de áreas destinadas a la protección de nuestro medioambiente.

De esta manera, si bien es cierto que el proyecto de ley puede ser mejorado por el Gobierno mediante la incorporación de más iniciativas que apunten a fomentar e incentivar la participación del sector privado en la conservación de la biodiversidad y el medioambiente, hay que celebrar que estamos avanzando en la legislación a través de un proyecto de ley sobre la protección a la biodiversidad.

Quiero reiterar nuestra preocupación y que creemos en el compromiso del Ejecutivo en materia laboral y de financiamiento. Porque esta iniciativa, sin la garantía del financiamiento adecuado por parte del Gobierno, indudablemente va a ser letra muerta. Aquí hay un compromiso de resguardar el medioambiente, de entender la biodiversidad y las áreas protegidas como una responsabilidad del Estado y de todos, y especialmente de quienes legislamos.

Sé que había interés. Esta Comisión ha trabajado impecablemente. Hemos escuchado a todos los sectores y creo que hemos avanzado, pues gracias a las distintas ONG y entidades que participaron pudimos tener a cabalidad mayor información acerca de cosas que muchas veces desconocíamos.

No todo puede quedar incluido en la ley, porque numerosas cosas requieren más estudio y trabajo, y, obviamente, tenemos que empezar por algo. No vamos a hacer de esto una ley perfecta, obviamente presenta imperfecciones, le pueden faltar bastantes elementos. Pero el paso que debimos haber dado antes, démoslo ahora con un sentido de compromiso con el medioambiente.

Esta es una muy buena oportunidad para legislar. Entiendo que hay distintas aprensiones, y espero que el Ministro del Medio Ambiente pueda dar tranquilidad al país y a todos los legisladores sobre las materias en que requerimos mayor exactitud.

Voy a pronunciarme a favor de este proyecto, por mi compromiso con la Región de Los Lagos, porque tanto esta como todo el territorio necesitan un instrumento legal de tales características.

Voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , la verdad es que en ningún caso podría hacer una intervención tan documentada como la del Senador Moreira. ¡Se ha puesto muy estudioso!

Lo primero que quiero señalar es que hay una serie de situaciones en nuestra historia, nuestra realidad, que están tremendamente atrasadas. No hay ninguna relación entre el ingreso de más de 20 mil dólares per cápita y la política de protección de nuestro ambiente natural y, en este caso, de la biodiversidad.

En ese marco, es muy importante avanzar con este proyecto, más allá de las diversas objeciones existentes. Porque recibimos diversas presiones. Nos dicen: "Mire, no resuelvan esto aún, pues tienen tales y tales deficiencias respecto de los trabajadores". Aquí hay que avanzar, y votaré a favor de la idea de legislar, en el entendido de que el Ejecutivo va a resolver las demandas de los trabajadores, que parece ser el problema más serio.

Quiero agregar un par de cosas: es primordial dar a conocer en este debate, y además en el particular, que hay que enfrentar el tema de la diversificación de la protección. Más del 80 por ciento de las áreas protegidas del país se encuentran en la zona austral, entre Los Lagos y Magallanes . Y otras áreas del país de harta relevancia tienen menos resguardo en su biodiversidad.

Y en esto destaco la situación de la zona central, porque presenta uno de los pocos climas mediterráneos del mundo, solo replicable en algunas porciones de la ribera del mar Mediterráneo y de California y, sin embargo, su protección es muy limitada.

Las áreas protegidas de las Regiones Cuarta a Séptima son escasas en proporción a la superficie total del país.

Solo deseo mencionar la situación del bosque esclerófilo El Panul en el caso de La Florida, que presenta una gran diversidad. En verdad, no tiene ningún tipo de protección y hoy existe gran presión inmobiliaria por construir viviendas en esa zona o lotear esos terrenos para parcelas de agrado y otras cosas. No hay una política que permita proteger algo con una calidad y riqueza ambiental tan evidente situado en Santiago.

Para todo esto se requiere reforzar la protección, mediante el estudio y la generación de nuevas áreas de interés y mecanismos para su cuidado, antes de que el crecimiento de las ciudades termine poniéndolas en riesgo y haciéndolas desaparecer.

Junto con algunos parlamentarios presentamos una iniciativa legal que apunta a promover el esfuerzo privado en estas materias, a través del denominado "derecho real de conservación". Esta se encuentra en segundo trámite en el Senado, y esperamos que en el marco de lo que represente este proyecto también se incentive el avance en esa iniciativa, por último para probar instrumentos que en otros países han dado buenos resultados y ver qué posibilidad existe de que el sector privado se involucre de alguna manera en la protección del medioambiente.

Asimismo, deseo señalar que es muy importante que le demos más espacio al fortalecimiento de la investigación científica en esta materia.

La protección de la biodiversidad implica proteger el patrimonio común de la humanidad y asimismo el nuestro. Sabemos que hoy existen muchas especies y hábitats amenazados de extinción que requieren protección. Pero también sabemos que estas materias han dado lugar al desarrollo de una enorme industria vinculada a las obtenciones vegetales. Y, por lo tanto, es imprescindible fortalecer los esfuerzos científicos como país para proteger nuestro patrimonio.

Se extraña en el proyecto un esfuerzo mayor para alentar la preparación y especialización de profesionales en esta materia y la generación de conocimiento e iniciativa científica en torno a la biodiversidad. CONICYT debería tener, a partir de esta ley, el mandato de destinar parte de sus posibilidades a preparar profesionales, especialistas para que se dediquen a este campo del desarrollo de Chile.

Un ejemplo es el Banco de Germoplasma del SAG en Magallanes, que reúne un destacado catálogo de semillas. Este es un buen ejemplo de proyectos que debieran fortalecerse, replicarse y estar en el espíritu de fondo de la presente iniciativa.

En tercer lugar, deseo subrayar que la biodiversidad no solo implica conservar, sino también generar conciencia en torno al resguardo y a la importancia de estas áreas.

El proyecto aborda la educación muy tangencialmente, casi como un objetivo general, y entre las actividades que podrían concesionarse a privados en las áreas silvestres protegidas. Se requiere ir más allá, a través de fortalecer los contenidos y dinámicas escolares y la difusión a la comunidad de las riquezas del país en estas materias, por sobre lo meramente paisajístico.

Hoy, en que están cuestionados la escuela y los modos de educación actuales, se necesita que los estudiantes estén más en la realidad. Debiera haber una serie de proyectos y posibilidades para que distintas materias se vieran en relación con el medioambiente. Chile tiene grandes condiciones para eso. Entender el resguardo de la biodiversidad y la difusión de las áreas protegidas es un asunto de importancia ambiental, turística, pero también esencialmente cultural. La UNESCO ha entendido que el medioambiente se vincula de manera directa con la cultura de los pueblos.

Con respecto al uso responsable de nuestros parques y zonas protegidas existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, hoy muy saturadas. Extender la ciudad a su entorno, extender la ciudad a la cordillera que bordea Santiago . En fin, se requiere otro concepto de ciudad, vinculado al ambiente y al entorno: una cultura de vivir diferente.

Termino mis palabras repitiendo lo que dije al comienzo: es muy importante analizar y resolver las demandas de los trabajadores que serán transferidos de CONAF. No tiene sentido mirar esto con una perspectiva muy estrecha, porque aquí se precisa generar institucionalidades a la altura de los desafíos aquí planteados.

Cuando se dice que se requieren mil 500 guardaparques y 400 personas para mantención, pero el proyecto -hasta donde entiendo- solo cubre 400 en total, hay algo que no está bien. O sea, se piensa para un país que percibe 5 mil, 8 mil dólares per cápita. Es muy relevante mirar estas instituciones en la perspectiva de hoy y del futuro.

Con respecto al protocolo acordado con los ambientalistas es esencial tomarlo muy en serio, desarrollarlo, comprometer a mucha gente, darlo a conocer, para garantizar que los objetivos del proyecto también adquieren toda la profundidad que en este se plantea.

Voto a favor en general, sabiendo que quedan temas importantes por discutir en particular.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , este proyecto no es nuevo. La idea de legislar en torno a esta materia tiene su historia. Generar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue objeto de debate durante muchos años en el Congreso.

Me tocó en su momento, al igual que al Senador García, presidir la Comisión de Agricultura cuando fue mandatada por la Sala para que, en conjunto con la de Medio Ambiente, asumiera el desafío de generar un Servicio que enfrentara de mejor manera el tema de la biodiversidad a fin de hacer de Chile un país que pudiera preservar, restaurar y usar sustentablemente las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de valor ambiental. O sea, esto ya se planteó.

Y aquí surge un primer punto diferenciador con las opiniones que se formularon con anterioridad.

En esa oportunidad, los parlamentarios de la Concertación -no era Nueva Mayoría todavía- sostuvieron en la Sala algo que no he visto que ahora repitan. Y son los mismos que hoy hacen uso de la palabra. Decían que para crear y entender un sistema de biodiversidad moderno, en primer lugar había que generar una armonía con la CONAF, y que fuera pública, con una institucionalidad diferente. Y manifestaban: "Si queremos que un sistema de este tipo funcione, tenemos que tener una nueva CONAF, un sistema de biodiversidad que contemple el cuidado de los parques nacionales y establecer una armonía con los trabajadores, quienes tendrán que generar espacios en el nuevo y en el antiguo servicio".

Eso, señora Presidenta , le pareció razonable e inteligente a la Sala, y de ahí que se gestara el desafío de buscar por ese camino una nueva institucionalidad.

¿Qué se decía en esa época? Lamento que la ex Senadora Rincón , actual Ministra de Estado , haya salido de la Sala, porque le quería señalar lo siguiente. Ella sostuvo que sería infecundo crear un sistema de biodiversidad si no se generaba una CONAF con facultades bien establecidas para que realmente pudiera funcionar.

¿Sabe lo que pasa, señora Presidenta ? Eso no lo hace esta iniciativa. Aquí se busca crear un nuevo servicio de biodiversidad, pero no se habla de lo relativo a la Corporación Nacional Forestal, que es esencial.

En la actualidad, la CONAF tiene oficinas y agencias en todas las Regiones y provincias del país; administra 100 áreas silvestres protegidas del Estado: ¡100 reservas nacionales, parques nacionales, monumentos naturales! Se trata de 14 millones de hectáreas. Trabajan en ella más de 1.800 personas (profesionales, técnicos, guardaparques, auxiliares). Adicionalmente, hay centenares de ingenieros forestales desarrollando labores vinculadas a esta tarea.

Ni el Gobierno ni el Ministro actuales tienen por qué saber parte de esta historia, pero yo -por su intermedio, señora Presidenta - se las quería transmitir, pues, a mi juicio, aquello que se sostuvo hace cuatro años tiene pleno sentido ahora.

¡Tengo más preguntas que respuestas con relación al proyecto!

¿Qué pasa con la CONAF? La iniciativa no dice ni una sola palabra al respecto. Y no lo hace porque, precisamente, no se la vinculó con lo que se decidió en un momento dado. Por tanto, queda en una situación muy disminuida, carente de institucionalidad. Y eso debió haber formado parte de la discusión que pensé que se iba a dar en torno a esta iniciativa.

A mí me han llegado -no sé si a ustedes- decenas de e-mails, ¡decenas de e-mails!,de trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, de los mismos que fueron oídos en el Gobierno anterior por los entonces sectores de la Oposición, quienes sostenían: "No podemos aprobar un servicio de biodiversidad si no resolvemos bien el problema de la CONAF". Ese era el argumento. No obstante, si era correcto en aquel momento, ¿por qué ahora no?

Más aún, señora Presidenta , este proyecto tiene urgencia de "discusión inmediata". Y les quiero decir a todos quienes manifiestan que van a mejorarlo que si el Gobierno no se la quita tendremos que resolver el día lunes, es decir, deberemos votarlo. Y aún tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, lo cual es una ridiculez -con todo respeto, señora Presidenta -, porque todos han afirmado, al igual que el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que tienen ideas para mejorarlo. ¡Todos tienen ideas! Lo que pasa es que dado el vértigo por tratar de resolver un conflicto no se ha reflexionado en lo que significa realmente la iniciativa.

Yo hice un esfuerzo muy importante durante años anteriores por avanzar en la creación del Servicio de Biodiversidad, pero entendí que era fundamental que existiera armonía con la CONAF, con los trabajadores, con la nueva institucionalidad, para que esto funcionara armónicamente, pues no se sacaba nada con generar un servicio si no se resolvían los tremendos ejes o discusiones que se instalan entre las actuales instituciones, sobre todo si consideramos que hablamos del manejo de más de 14 millones de hectáreas, de más de 100 áreas silvestres protegidas del Estado.

Quiero plantear ese tema, pues, en mi opinión, resulta esencial dentro de la discusión. Aquí se ha hecho solo una parte de la pega, falta fijar una coherencia.

Además, por la falta de acuerdo y avance en lo que respecta a la CONAF, los parlamentarios de la Concertación al final decidieron que era mejor darse un tiempo para buscar un escenario más propicio para que ambos temas se pudieran resolver en conjunto. ¡Ambos temas! Y no lo estamos haciendo.

Entonces, ¿qué les digo yo a los funcionarios de la CONAF? ¿Qué les digo a los de mi zona que me han ido a ver?

Que aquí tienen una institución que pasó a ser más chica. Es lo único que tengo claro. Porque muchas de las facultades que se entregan al nuevo Servicio de Biodiversidad hoy radican en la CONAF.

Esa es la única información que puedo darles.

Se habla de que hay un acuerdo -algunos de los sindicatos me dicen que sí y otros que no- respecto de cómo será el tránsito de los funcionarios de un servicio a otro, o la naturaleza jurídica de este.

Señora Presidenta , honestamente creo que hay una línea motora bien ideada en cuanto a tener un servicio de este tipo, pero no va acompañada de lo que se dijo que era esencial en esta Sala, ¡y quiero ser testigo de ello!

En tales condiciones, no voy a aprobar el proyecto.

De otra parte, quiero hacer una petición formal -se lo pregunté al señor Secretario y entiendo que debo formularla ahora-, a fin de que si se aprueba la idea de legislar, la discusión en particular, independiente del trámite de Hacienda , se realice en las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, unidas. Porque con relación a este tema el mundo agrícola tiene algo que decir. Esto va a incidir de manera muy importante en la agricultura y en las autoridades que han tenido el cuidado de las áreas silvestres protegidas del Estado durante décadas.

Esa es la forma de hacer una legislación más completa. Es la forma de oír a todos. El Senador Moreira dijo que valoraba que se hubiera escuchado a muchas personas. Eso me parece bien, pues son temas de modernidad. Sin embargo, echo de menos que el mundo agrícola pueda darnos su visión, así como la CONAF -no solo la autoridad- y también sus trabajadores, que fueron los mismos que me correspondió recibir en decenas de ocasiones, cuando nos tocó ver este proyecto anteriormente.

No puedo estar más de acuerdo con que haya un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero no puedo estar más en desacuerdo con que esto no se armonice con una CONAF moderna, eficiente. No puedo estar de acuerdo con que no se resuelvan los problemas de los trabajadores que tienen que desarrollar esta actividad. No estoy de acuerdo con que esto no pase por la Comisión de Agricultura, que es la instancia del Senado que debe velar, entre otras cosas, por el patrimonio agrícola, silvícola y global en un mundo de recursos naturales por mandato nuestro.

Por lo anterior, señora Presidenta, no voy a aprobar la iniciativa y me voy a abstener. Pienso que hubiera sido una gran oportunidad para solucionar un tema de fondo que está pendiente. Y no creamos que aquí se resuelve, porque lo relativo a la CONAF no existe en este proyecto.

He dicho.

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero señalar que acabo de hablar con el Ejecutivo , y me manifestó que se le va a quitar la urgencia de "discusión inmediata" a esta iniciativa.

Además, se propondrá un plazo bastante extenso -a lo menos, dos meses- para formular indicaciones. Así se dispondrá de todo el tiempo necesario para analizar su articulado, por su complejidad y por la cantidad de áreas que aborda.

Por último, una vez terminada la votación, en caso de que se apruebe la idea de legislar, se consultará si hay acuerdo para que el proyecto sea visto en particular por las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, unidas, como he propuesto.

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La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

En otro ámbito, hago presente que el Senador Espina, en representación del Comité Renovación Nacional, ha pedido que los proyectos 4 y 5 de la tabla queden para la próxima semana, solicitud que la Mesa comparte.

En realidad, en la iniciativa en estudio hay una lista suficientemente larga de inscritos. En mi opinión, con suerte llegaremos a ver los dos primeros asuntos del Orden del Día.

¿Desea agregar algo más, Senador señor Espina?

El señor ESPINA.-

Señora Presidenta , solo quiero ratificar lo que usted ha señalado.

Pido que los proyectos que determinan conductas terroristas (los números 4 y 5 de la tabla) sean vistos la próxima semana, porque requieren un tiempo mayor para su análisis.

Entiendo que el Honorable señor Harboe secunda la propuesta, quien es el Presidente de la Comisión de Constitución.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Al parecer, hay acuerdo en la Sala para acceder a lo solicitado.

En todo caso, por razones de tiempo, sería prácticamente imposible alcanzar a debatir hoy esas iniciativas.

Pero igual es mejor que la Sala resuelva la petición formulada.

¿Habría acuerdo para postergar el tratamiento de los proyectos 4 y 5 del Orden del Día hasta la próxima semana?

--Así se acuerda.

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La señora ALLENDE (Presidenta).-

Volviendo a la iniciativa que nos ocupa, tiene la palabra el señor Ministro.

El señor BADENIER ( Ministro del Medio Ambiente ).-

Señora Presidenta , agradezco a los señores Senadores por sus comentarios respecto del tema de biodiversidad y su importancia para el país, y también con relación al proyecto de ley en discusión.

Debo compartir con ustedes que me honra cumplir el compromiso de la Presidenta Bachelet, quien en su Programa de Gobierno compromete la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Como lo señaló el Senador Prokurica, este compromiso efectivamente deriva de la nueva institucionalidad ambiental publicada en enero del 2010, mediante la ley Nº 20.417. En un artículo transitorio de esta normativa se señala que, dentro del plazo de un año de la entrada en vigencia de la ley, el Ejecutivo deberá ingresar a trámite legislativo un proyecto para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La iniciativa de ley que hoy se analiza -lo han señalado algunos Senadores- reviste una importancia estratégica de primer orden para el país.

En la evaluación de desempeño ambiental de que fue objeto Chile en 2005, las principales conclusiones y recomendaciones de la OCDE tenían que ver con fortalecer las políticas públicas sobre protección de nuestro patrimonio natural y con darles mayor integralidad. Los especialistas y las organizaciones ambientalistas han hecho ver la carencia del Estado en cuanto a mirar de manera más integral la protección de dicho patrimonio.

Esta es una de las características de este proyecto de ley. No se aborda solamente la administración de las áreas protegidas. No se trata de una propuesta sobre parques nacionales, sino acerca de áreas protegidas y biodiversidad.

En ese plano, permítanme señalarles una modificación, a nuestro juicio, estructural con relación a la otra iniciativa que se presentó en la materia: se fortalecen fundamentalmente los instrumentos que el Estado debe aplicar para la protección de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas.

Ustedes comprenderán -y compartirán la idea conmigo- que las especies, en alguna categoría de conservación, no respetan -obviamente- el límite administrativo que fija la autoridad; o sea, a ellas no les preocupa si se encuentran dentro o fuera de un área protegida.

A mi juicio, los principales problemas de conservación de la biodiversidad del país guardan relación con lo que está fuera de las áreas protegidas. Ello constituye una razón muy relevante para dar mayor integridad a la administración de las actuales áreas protegidas.

Al respecto, el proyecto reconoce, al igual que los especialistas, nueve categorías distintas de tales áreas. Dentro de estas, la CONAF hoy administra tan solo tres. Incluso más, menos del 50 por ciento de las actuales áreas protegidas es administrado por la CONAF.

Por lo tanto, la integralidad del sistema en este ámbito tiene que ver con relevar y dar reconocimiento a las categorías ya existentes, respecto de las cuales muchas veces se genera una protección formal y no necesariamente real.

Me refiero, por ejemplo, a los santuarios de la naturaleza, a los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar, a las reservas y parques marinos, a las áreas costeras protegidas, etcétera.

En la actualidad, contamos con un sistema donde muchos servicios públicos tienen competencia y atribuciones, no solamente el Ministerio de Agricultura y la CONAF. De hecho, proporcionalmente, esta Corporación administra menos de la mitad de la superficie protegida.

El Ministerio de Educación tiene competencia en materia de santuarios de la naturaleza. El MOP, vía Dirección General de Aguas, se preocupa de administrar los humedales o sitios Ramsar . La Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca también tienen obligaciones en alguna categoría de áreas protegidas.

Por lo tanto, el objetivo es establecer un servicio especializado que pueda gestionar las nueve categorías, tanto en ambientes terrestres y marinos como en sectores públicos y privados. Esa es la integralidad que requiere el sistema y sus características, desde el punto de vista de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

Quiero referirme a otros dos temas relevantes.

Antes, y con mucho respeto, quiero señalar que, al parecer, el Senador Coloma argumentó sobre otro proyecto de ley: el que crea el Servicio Nacional Forestal y no el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En todo caso, ambos servicios buscan abordar funciones que competen hoy a la CONAF.

Paso a responder dos consultas que formuló el Honorable señor Moreira y otros Senadores , con relación a materias de carácter laboral y de financiamiento.

El informe financiero de este proyecto indica que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, al tercer año, cuando entre en régimen, tendrá un presupuesto de 33 mil millones de pesos. Considerando que hoy la CONAF cuenta con 12 mil millones de pesos para cumplir su cometido, en términos nominales se está casi triplicando el presupuesto para la administración y gestión de dichas áreas.

Digo "al tercer año" y "cuando entre en régimen", porque un artículo transitorio de la iniciativa consigna que, luego de dos años de la entrada en vigencia de la ley, se traspasarán al Servicio que se crea las áreas protegidas que actualmente administra la CONAF, junto con los funcionarios que en ella desempeñan distintas labores y actividades.

Otro aspecto relevante es el laboral, como lo han planteado ustedes y, sin duda, los sindicatos de la Corporación Nacional Forestal. Lo han hecho presente al Ministerio que dirijo y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Aquí radica una segunda diferencia sustantiva con el proyecto de ley anterior. En el artículo primero transitorio de la iniciativa en comento, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se reconoce explícitamente que su implementación no podrá significar, por causa alguna, "pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado". Y agrega que tampoco "podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios".

A través de un decreto con fuerza de ley, se normará lo relativo a la planta, a las soluciones de continuidad, al encasillamiento y a los plazos para que la planta entre en vigencia, todo lo cual ha sido valorado por los principales sindicatos de la CONAF. En efecto, en un comunicado conjunto de SINAPROF y FENASIC, reconocieron públicamente el tratamiento que han dado a la iniciativa el Ministerio del Medio Ambiente y la Dirección de Presupuestos.

Valoraron el que se posibilitara que los actuales trabajadores de CONAF sigan siendo regidos por el Código del Trabajo una vez que sean traspasados y cumplan funciones en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Repito: eso ha sido reconocido privada y públicamente por los sindicatos aludidos en la propia Comisión de Medio Ambiente del Senado y a través de comunicados.

¿Quedan detalles por trabajar con los funcionarios de la CONAF? Sin duda. En este sentido, el compromiso del Gobierno es explícito: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas necesariamente debe discutirse con dichos trabajadores, quienes van a ser parte sustantiva de la nueva entidad que se crea.

Finalmente, cabe decir que el Servicio que hemos diseñado, el cual contará con un presupuesto en régimen de más de 33 mil millones de pesos, dispondrá, en teoría, de una dotación total de 1.047 funcionarios. De estos, alrededor de 420 se traspasarán desde la CONAF, que corresponde al personal que ahí trabaja en la administración de las áreas protegidas.

El nuevo servicio será más grande, porque operará en un territorio mayor al que actualmente administra la Corporación Nacional Forestal. En efecto, de 15 millones de hectáreas, que es aproximadamente la superficie que suman hoy los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales, se está pasando a 30 millones de hectáreas (alrededor del 20 por ciento del territorio del país), lo que forma parte de las nueve categorías de áreas protegidas. Estas, mayoritariamente, no son resguardadas hoy por la CONAF y cuentan con una protección formal y no real.

A nosotros, como Ministerio del Medio Ambiente, nos interesa que dichas áreas sean parte del activo de las regiones, de las comunas, del país.

Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Sugiero abrir la votación, respetando, por supuesto, el tiempo de los señores Senadores que figuran en la lista de inscritos.

¿Hay acuerdo?

Acordado.

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN .-

Señora Presidenta , aquí se habla de patrimonio medioambiental, y yo me pregunto qué estamos haciendo o qué hemos hecho por evitar los incendios forestales. En La Araucanía y aquí, en Valparaíso, ellos son un mal de todos los años, como una "crónica de un siniestro anunciado". Pasan los días y la situación ha cambiado poco. Y, claramente, la CONAF no da abasto.

En diciembre, junto con los Senadores Guillier y García-Huidobro , pedimos a la Presidenta de la República , mediante un proyecto de acuerdo, que se inyectaran recursos para la creación de un plan de contingencia nacional contra incendios forestales. Porque estos no solo amenazan el medioambiente y la biodiversidad, sino que, además, se transforman en peligros latentes para la población. Eso acá lo hemos vivido dramáticamente.

Por ello, me parece necesario que nos sensibilicemos en torno a este tema.

Por su parte, la iniciativa que nos ocupa, la cual votaré a favor, busca modernizar la institucionalidad en este ámbito.

Sin embargo, observo tres problemas. Y espero que el Ejecutivo tome nota de ello.

En primer lugar, está lo relativo al presupuesto.

Si vamos a mantener la misma pobreza presupuestaria con que cuenta hoy la CONAF, sin dotar de los recursos necesarios al servicio que se crea para que opere de verdad, quedaremos en el mismo punto y no seremos capaces de proteger todos los ecosistemas para las futuras generaciones.

Por otro lado, está lo relacionado con el personal.

Yo sostuve conversaciones y reuniones con trabajadores de la Corporación Nacional Forestal. En total, son 432 los funcionarios que ahí laboran, pero existen varias áreas protegidas que no tienen guardaparques. Según lo que me dijeron, solo para mantener lo que hoy existe, se requiere una dotación de 1.500 personas.

Espero que tal situación, al igual que lo planteado respecto del presupuesto, se tome en cuenta y se dote del personal que realmente se necesita para generar un servicio que cumpla con su cometido.

Y, en tercer lugar, está una solicitud que han planteado varios Senadores: procurar que exista una carrera funcionaria adecuada -así debiera suceder en todos los órganos-, moderna, reconocida y que busque incentivar a quienes hacen bien su trabajo.

Por tal motivo, pienso que lo acordado por la Sala pocos minutos atrás, en cuanto a fijar un plazo amplio para formular indicaciones, es lo correcto. Es lo mismo que yo iba a pedir, pues en este ámbito hay muchas aristas, y se pueden efectuar aportes en diversas materias para mejorar el proyecto.

En consecuencia, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar. Creo que esta es una buena iniciativa.

Pero ojalá no partamos cojeando: no por tratar de ahorrar unos pesos, vamos a dejar de darle la estructura presupuestaria, de personal y de carrera funcionaria que precisa el servicio que se crea, el cual es muy importante para el futuro de Chile.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

No intervendré, señor Presidente .

El señor TUMA ( Vicepresidente ).-

Entonces, le ofrezco la palabra al Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa -todos lo han planteado acá- despierta mucha simpatía. Pero en esta materia la historia nos demuestra que siempre hay más discursos que realidades; que se halla bastante ausente la preocupación real por el medioambiente, y que es violentado frecuentemente el patrimonio ambiental a través de diversas prácticas, como el uso del suelo y la depredación de los recursos naturales. Y a ello se suma la arbitrariedad de ciertas modificaciones, que muchas veces obedecen a fines especulativos.

Por consiguiente, hay que cuidarse de que el discurso no se quede solo en palabras y de que la iniciativa sea más un testimonio que una voluntad real de introducir en nuestro país, a través de la legislación, una adecuada protección y conservación de la biodiversidad.

En ese sentido, quiero creer que el presente proyecto responde a la convicción de que es necesario contar con un servicio público que lidere la gestión para la conservación de la biodiversidad mediante instrumentos idóneos, con el fin de prevenir el deterioro y promover la preservación, la restauración y el uso sustentable de genes, especies y ecosistemas de extraordinaria diversidad en todo el territorio nacional.

Por lo mismo, se precisa un organismo con gran capacidad de planificación para cautelar un territorio diverso y muy rico.

Eso lo entendemos como una contribución para el desarrollo sustentable.

En segundo lugar, pienso que la iniciativa en estudio permitirá conducir un proceso planificado, consistente, coherente, para la conservación de la biodiversidad en las áreas que se resguardan y, también, en otras que no se hallan protegidas de una manera lógica y funcional.

Se crea un sistema nacional que integrará armónicamente las distintas iniciativas: marinas, terrestres, públicas y privadas. Me parece que esa es una buena solución. Es positivo que se aborde la necesidad de preservar recursos que incluso están en manos de particulares.

En efecto, cuando se tiene una visión de Estado y de país, es preciso entender que forman parte del patrimonio nacional tanto lo público como lo privado.

Asimismo, se establece un sistema único de concesiones de turismo en áreas protegidas del Estado. Ello estará a cargo del servicio que se crea, lo que permitirá una gestión más consistente, evitando las contradicciones que uno ve muchas veces en las distintas zonas del territorio nacional.

En definitiva, en el proyecto hay avances significativos para la conformación de una visión ideológica y macro sobre el tema de la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad.

Resulta pertinente destacar que esta propuesta legislativa responde a los lineamientos de las convenciones internacionales que se han elaborado con el propósito de detener la pérdida de biodiversidad y alentar los procesos de recuperación.

Por otra parte, se establece que la administración de las áreas protegidas será responsabilidad del nuevo servicio y no se delegará a ninguna otra institución. Aquella se podrá complementar con los mecanismos de gestión de las comunidades y de los gobiernos locales, pero el Estado no renunciará a administrar las áreas referidas, las cuales están definidas como recursos públicos.

Del mismo modo, se contempla un fondo para fortalecer la conservación de la biodiversidad incluso fuera de las áreas protegidas del Estado; es decir, las de propiedad privada.

Además, la iniciativa dispone un conjunto de nuevos instrumentos de conservación, aplicables tanto a especies como a ecosistemas. Ahí se observa una sutileza importante, que conviene tener presente.

Con todo, cabe señalar que un par de puntos quedan débilmente resueltos. Algunos ya han sido planteados acá.

A mi juicio, todo esto debería estar asociado a una especie de cluster del medioambiente, en orden a incentivar la investigación científica y tecnológica en este ámbito. Así, contaríamos con nuevas formas de abordar la protección de la biodiversidad, a partir del conocimiento científico y tecnológico disponible hoy.

Por otro lado, creo que debe incorporarse también una política de formación de cuadros técnicos y profesionales.

Asimismo, esta materia tiene que ser incluida como objetivo de la educación, dado que estamos en proceso de reforma educacional, por cuanto se trata de una nueva visión de los ecosistemas, de una visión macro de la sociedad con equilibrios y con respeto y valoración de las diversidades.

Hay, pues, cuestiones que quedan por resolver.

También queda pendiente el compromiso de dar una buena solución jurídico laboral a los trabajadores de la CONAF que serían traspasados a este futuro Servicio.

Al respecto, tengo entendido que hay algunos avances, ciertos protocolos de acuerdo en esta materia y que existiría el compromiso de llegar antes del término de este mes a la formalización de dichos acuerdos.

Teniendo presente esas recomendaciones, me parece que esta puede llegar a ser una muy buena iniciativa, que permita realmente abordar en nuestro país la protección de la biodiversidad con un criterio convincente y un compromiso real.

Voto a favor.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).-

Señor Presidente , por cierto voy a votar a favor.

Este proyecto se gestó y se ha trabajado durante muchos años en torno a una idea matriz, a una idea central. Y si el texto no es suficientemente elocuente, creo que la sólida exposición que le escuchamos al Ministro del Medio Ambiente termina por aclarar muchas de las dudas que aquí se han planteado legítimamente.

A mi juicio, se justifica plenamente una iniciativa que se ocupa de la biodiversidad biológica del territorio nacional, esto es, dentro y fuera de las áreas protegidas, cuidando las especies y los ecosistemas; que crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que incluye ciertamente la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Entonces, una idea central, una idea matriz en términos de desarrollo más armónico, sustentable, equilibrado, con sentido futuro se justifica totalmente.

Ahora, al revisar el contenido de esta iniciativa, podemos apreciar que mejora significativamente la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad. Y no solo eso; también tiende a frenar el deterioro de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales.

Adicionalmente, se crean -ello le da un sustento material real importante- instrumentos económicos, que facilitan la participación transversal para la conservación de la biodiversidad.

Se entiende, asimismo, la importancia de contar con la experiencia de los guardaparques. Por ello, se fortalecerá tanto su número como las atribuciones en materia de manejo de las áreas protegidas. Este cuerpo de guardaparques, con toda la experiencia acumulada durante muchos años, pero reforzado, modernizado y actualizado por esta iniciativa, obviamente también da garantía de solvencia y seriedad.

Para qué señalar lo relativo al financiamiento.

El Ministro lo dijo y ha sido muy claro: si hoy la CONAF administra un presupuesto de 12 mil millones de pesos, que a todas luces resulta insuficiente, para este nuevo Servicio se contemplan 33 mil millones de pesos. Ello, por supuesto, se hará en forma gradual. Pero habrá un respaldo financiero desde el punto de vista del erario público para esta nueva institucionalidad.

De otro lado, quiero destacar también la labor hecha por el Ministro del Medio Ambiente , don Pablo Badenier , no solo respecto de este proyecto, sino también a lo largo de toda su gestión de casi un año. Porque ha mostrado a nuestro país un liderazgo serio, con solvencia técnica y política. Él tiene una preparación profesional, académica que lo habilita absolutamente para el cargo que ocupa. Y todo lo desarrolla sin estridencias, ni afanes artificiales de protagonismo.

Por lo tanto, deseo resaltar el liderazgo que el Ministro Pablo Badenier está imprimiendo no solo en la tramitación de este proyecto y del que fomenta el reciclaje, materia que se empieza a conversar a nivel de las organizaciones, de la sociedad civil, sino también en la forma de abordar en general el desafío siempre candente del medio ambiente bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet , quien -insisto- ha tenido en él un tremendo colaborador.

Finalmente, sé que existe mucha inquietud acerca de cómo abordar el estudio de este proyecto durante la discusión particular, qué Comisión o Comisiones se encargarán de ello.

Evidentemente, existe la tentación de complementar el trabajo hecho por la Comisión de Medio Ambiente (el cual felicito) con la mirada de otras Comisiones. Aquí se habló de la Comisión de Agricultura; el Senador Quinteros mencionó a la Comisión de Pesca.

Al revisar esta iniciativa, veo que hay materias relacionadas con el Ministerio de Educación; existen aspectos propios del Ministerio de Obras Públicas, como los humedales; tiene elementos vinculados con el Ministerio de Bienes Nacionales.

Entonces, creo que cometeríamos un error si esto va más allá de la Comisión de Medio Ambiente, que al ser una Comisión especializada le ha dado una mirada global, que incluye aspectos de agricultura, de pesca, de educación, de obras públicas, de bienes nacionales, en fin.

Para qué mencionar la posibilidad de conformar Comisiones unidas. Porque -digámoslo derechamente- no hemos tenido buena experiencia con ellas.

Al respecto, recuerdo el proyecto sobre televisión digital terrestre, cuyo estudio se radicó en las Comisiones de Transportes y de Educación. ¡Fue un desastre toda la tramitación! No resultó, pues es muy difícil juntar dos Comisiones y que funcionen unidas.

Por lo tanto, soy partidario de que no cedamos a la tentación de la mirada legítima de otras Comisiones -podríamos nombrar a varias- y que sea la Comisión del Medio Ambiente, que se halla compenetrada de los aspectos que contiene esta iniciativa, la que concluya el trabajo que ha venido realizando.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , estimados colegas, permítanme en primer lugar saludar al Ministro y desearle éxito en este esfuerzo.

Hace muchos años se creó la CONAF. ¡Gran institución! ¡Tremenda institución! Me siento muy orgulloso: fue fundada en la comuna de Nancagua, provincia de Colchagua.

Ha efectuado un gran aporte a nuestra nación en materia de desarrollo forestal, en la formación de profesionales con capacidad de enfrentar planes de manejo y de transformarnos en un país forestal.

Los combatientes del fuego de la CONAF han hecho sacrificios tremendos, y tienen muchos mártires.

Ha administrado los parques nacionales y las reservas. Y sobre este último aspecto es que quiero conversar en particular.

Producto de nuestro desarrollo, llegó la hora de ponerle fin a la CONAF como corporación privada y establecer los órganos públicos que se requieren para el siglo XXI.

No me voy a meter en el debate forestal, de lo que será el servicio forestal que se debe crear, de qué se hará en materia de incendios, cuestiones propias del ámbito de la Comisión de Agricultura.

El Servicio de Biodiversidad y su dependencia del Ministerio del Medio Ambiente -por ello la Comisión en que se radicó este proyecto- es algo que el Congreso resolvió hace varios años. Para ser precisos: más de cinco. Transcurrido este tiempo, me parece muy bien que estemos realizando este debate.

Por cierto, mi compromiso es votar a favor. Sin embargo, tengo mis reservas. Y, por su intermedio, quiero manifestárselas al señor Ministro , para que después no haya equívocos sobre las inquietudes de algunos de nosotros con respecto a esta iniciativa.

En primer término, estimo que en la institucionalidad vislumbrada se abarca mucho -es un buen marco teórico-, pero el aterrizaje es equívoco.

Pienso que, por cierto, el Estado debe tener un ente institucional para la biodiversidad y su protección y conservación. Me parece espectacular que la iniciativa incluya el concepto de restitución; lo considero un tremendo avance. Pero me preocupa que la política pública general no garantice -y por momentos, observando el mensaje y el informe, tengo la duda- que la ley en proyecto también debe crear un Servicio de Parques Nacionales, con la fuerza de un ente de esta índole, para, entre otras cosas, no dejar en situación precaria a los guardaparques -disculpen mi forma de decirlo-, quienes hoy son parte de la red de parientes pobres de la Administración Pública.

¡Los guardaparques hacen patria!

Tenemos necesidades como país con sobre 11 por ciento de áreas silvestres protegidas. Y -estas son cosas que poco se recuerdan- fue el Presidente Frei Montalva quien más cantidad de ellas incorporó al patrimonio nacional.

Desde ese tiempo, en los últimos 50 años se ha avanzado mucho en la creación de diferentes categorías: reservas, parques, en fin.

Yo soy de aquellos que quieren que pasen a parques varias reservas, incluida una de mi Región -o al menos parte de ella-: la de Los Cipreses.

Vemos que falta una institucionalidad específica para salvaguardar las áreas silvestres protegidas. Y ella debería ser, sin más, como en otros países, el Sistema de Parques Nacionales.

Ese tipo de institucionalidad es muy importante para el desarrollo recreativo, turístico, territorial.

Hoy existe el peligro de que la institucionalidad del Servicio de Biodiversidad se pierda y siga como los parientes pobres.

Al respecto, quiero plantear mi convicción en el sentido de que hay que debatir a los fines de determinar si, para una parte del territorio nacional, dentro del referido Sistema debe existir el Sistema de Parques Nacionales o un ente distinto.

Yo soy un frecuente visitador de los parques de la CONAF. He recorrido más del 80 por ciento de ellos. Y quiero decir que siento que en el siglo XXI necesitamos un sistema de administración de parques nacionales propio, que no se pierda en la otra labor, cuya tremenda importancia nadie desconoce.

Para reflejar cuál es nuestra mirada cuando se habla de los objetivos, solo quiero referirme a algo que se expresa en la página 16 del informe de la Comisión.

En cuanto a lo que dice el punto 8, Administración de las Áreas Protegidas del Estado y Planes de Manejo -CAPÍTULO II: CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY-, yo pregunto: ¿Le va a corresponder al Servicio la facultad de fijar las tarifas para el ingreso a las áreas protegidas? ¿Es la fijación de tarifas basada en los criterios de residencia, de rango etario? ¿Así se va a poder discriminar el cobro en las tarifas? Y se señala que podrá contarse con un plan de manejo.

Discúlpenme por mi preocupación.

Argentina tiene una escuela excepcional para la formación de guardaparques. Ese país tuvo la visión de establecer un Sistema de Parques Nacionales, copiando las cosas buenas de Estados Unidos, que quizá fue precursor en la creación de parques nacionales.

Creo que debemos aprender de las buenas experiencias, señor Presidente.

Es la oportunidad de hacerlo. Porque los parques nacionales son espacios de recreación, de extensión. Los chilenos y chilenas de esta generación declaramos que reservamos para las futuras generaciones una parte del territorio nacional: la sacamos del eje productivo, la sacamos de otros ejes de la actividad humana, para efectos de la conservación, restauración y recreación.

Me interesaba plantear aquello, señor Presidente.

Por último, debo decir que no comparto ni en lo más mínimo el juicio del Senador Coloma, quien propuso discutir el proyecto en Comisiones unidas. Me parece que ello implica confundir los planos.

Esta es una decisión que el Congreso Nacional tomó cuando la Ministra Ana Lya Uriarte trajo al debate la materia hace cinco años y nos comprometimos a crear el Sistema de Biodiversidad y la CONAF, el servicio forestal público, por separado.

No creo que debemos disgregar las dos cosas, menos por un problema cuya solución va a ser difícil: el de los trabajadores, de los sindicatos. Los hemos escuchado una y otra vez. A algunos, durante décadas. Y creemos que llegó la hora de zanjar situaciones.

Esto tiene que ver con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Comisión de Medio Ambiente. Y los miembros de la Comisión de Agricultura que quieren participar en el debate deben hacerlo.

Sin embargo, la razón de crear el Servicio en comento es precisamente separar lo productivo, que es propio de la Comisión de Agricultura, o de la Comisión de Pesca, o de la parte forestal, de los temas de conservación y restauración.

Voto a favor, señor Presidente . Y, por su intermedio, le pido al señor Ministro que en la discusión particular considere la creación del Sistema de Parques Nacionales, con un presupuesto adecuado al aporte que puede hacerle a nuestro país.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra al Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, pienso que este es tal vez uno de los principales problemas que tiene hoy nuestro planeta.

El calentamiento global tiene que ver con el instrumento que está generando los daños. Pero el gran proceso de deterioro de nuestra humanidad tiene que ver con el efecto de ese fenómeno. Y el calentamiento global impacta sobre las aguas y, precisamente, sobre la biodiversidad.

Nosotros somos parte de una trama de vida compleja. Los seres humanos no existiríamos si no fuéramos parte de esa cadena.

A ninguno de ustedes lo veo hacer fotosíntesis. Y si no hubiera organismos fotosintéticos, ninguno de nosotros podría sobrevivir.

De no existir esos organismos, en nuestro planeta no habría oxígeno, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, minerales (las bacterias formaron todos los minerales existentes en el mundo), agua.

Por consiguiente, lo que se halla en cuestión hoy es justamente que estamos viviendo, de acuerdo a todos los científicos, lo que se llama "sexta extinción masiva". Es decir, se han registrado cinco extinciones masivas, que han destruido casi 80 por ciento de todos los seres vivos. En la historia de la humanidad ha habido 50 mil millones de especies. Quedan -se dice- entre 3 y 50 millones. O sea, todos los seres vivos -incluidos los que estamos acá- son especies de arca de Noé, verdaderos sobrevivientes que han plagado la vida. Pero la gran mayoría ha desaparecido.

Ahora somos los seres humanos -ya no por una causa volcánica, de asteroides- los que estamos generando la destrucción masiva.

Algunos dirán "¡Qué importa eso!".

La cosa es muy simple.

Por ejemplo, uno habla de las actuales crisis de tempestades, de invierno, de frío: ello tiene que ver precisamente con el deterioro de los ecosistemas.

Si uno saca la tierra de hojas, las cubiertas forestales, los bosques, el agua que antes se infiltraba ya no se infiltra, ya no llega a los árboles, ya no es evaporada por los árboles, y cae al mar. Como la evaporación del mar es inmensa, esa misma agua tiene efecto de calentador global y genera tempestades enormes en algunas zonas y gran sequía justamente en los lugares donde, por haberse sacado las cubiertas verdes, no se permitió la infiltración, el llenado de los acuíferos.

Un árbol puede producir hasta 500 litros de evaporación de agua al día; un sistema húmedo, hasta 200 litros.

¡Eso es lo que estamos destruyendo!

Estamos destruyendo la capacidad de generar nubes. Estas nacen de unos seres invisibles llamados "microalgas", que generan sulfuros de dimetilo, los cuales, una vez que el agua se evapora, son capaces de producir, por ejemplo, nubes.

En el mar no se están generando suficientes sulfuros de dimetilo. Entonces, la hiperevaporación de agua está provocando más calentamiento global. Porque el vapor de agua, igual que el metano y el CO2, se comporta como factor de calentamiento.

¿Pero por qué ocurre aquello? Porque se están destruyendo las microalgas a un ritmo de cinco por ciento por año.

¡Y eso lo estamos causando nosotros! ¡Nosotros estamos llevando nuestro planeta a una verdadera catástrofe!

Algunos dirán que soy alarmista. Pero basta abrir cualquier revista científica para darse cuenta de que al respecto hay un verdadero consenso.

Entonces, pienso que lo que estamos haciendo hoy se encuentra bien encaminado. Pero veo que, frente a nuestro problema, este es un pequeño chihuahua alerto, atento, pero que no tiene ninguna capacidad para abordar el problema en su verdadera magnitud.

Y quiero señalar algunas de las condiciones que yo pondría para aprobar este proyecto, pues me parecen fundamentales.

Esta iniciativa no habla de los recursos hídricos, que son la base de los procesos ecosistémicos, de la economía y de la relación de esta con el medioambiente.

Sus Señorías saben muy bien que Chile exporta cobre. La minería del metal rojo en la Segunda Región llega a exportar más de 3 millones y medio de toneladas al año. Bueno: por cada tonelada de cobre refinado producido en Antofagasta, por ejemplo, la huella hídrica es de cerca de 90 toneladas de agua. ¿Qué exporta Antofagasta? Agua: ¡el desierto más seco del planeta, principal exportador de agua...!

Si no entendemos esas relaciones, vamos a generarnos problemas sin solución. Y cuando un proyecto no toca esos aspectos, claramente hay una situación compleja.

Muchas cuestiones que debieran dejarse a la potestad legal quedan entregadas a la potestad reglamentaria; a instrumentos como planes de manejo, incentivos económicos, en fin, generándose una protección de la biodiversidad totalmente insuficiente.

Pienso que hay una buena intención. Pero no seamos ingenuos: ¡esto no va a servir! Es una pistola de agua. Y entiendo que no es la voluntad.

No obstante, hay aquí un problema mayor -quiero pensar que es una equivocación-: esta iniciativa destruye la Convención de Washington, porque permite la desafectación del área silvestre protegida, lo que nunca ha ocurrido en Chile. Y les aseguro que no va a ocurrir. Ya en el Gobierno del Presidente Lagos se amenazó con acusar constitucionalmente a un ministro por el intento de perforar los pozos del Parque Lauca, pues ello implicaba violar la referida Convención . Sin embargo, la ley en proyecto expresa textualmente que por decreto se pueden desafectar áreas silvestres protegidas y parques nacionales.

El Ministro nos dijo que era un error que iban a reparar. Y entiendo que se trata de un compromiso. Si no, mi voto será negativo, porque aquello supera los beneficios que podría tener una iniciativa como esta.

Este proyecto no se hace cargo suficientemente de toda nuestra biodiversidad endémica, la que debiera preservarse.

Tampoco se hace cargo de la biodiversidad marina.

Chile es más mar que tierra. ¿Y dónde quedan nuestros ecosistemas marinos? No estoy hablando de los que ya son zonas protegidas, sino preguntando qué sucede con dichos ecosistemas.

Nuestro país tiene una tremenda vocación acuícola, una gran vocación pesquera. Aquí no se consideran esos aspectos. Tampoco, el borde costero. Recuerden que ya permitimos que quedara en prenda, hipotecado. ¡Se privatizó el borde costero!

Aquí no está el principal tema de la biodiversidad del planeta: la biodiversidad genética. No existe como tema.

Pienso que no puede haber un proyecto sobre biodiversidad que no considere el tema central, el núcleo, el futuro. El mundo del futuro va a ser la biotecnología; el mundo del futuro serán los manejos digitales de los genes.

Que no esté la preservación de la diversidad genética quiere decir que esta iniciativa es una buena intención, pero con una pequeña mirada sobre aquel ámbito.

¿Qué pasa con la parte de la diversidad que se halla en terrenos privados?

Aquí estamos hablando de áreas silvestres protegidas, de territorios fiscales. Pero también debiéramos dar cuenta de que en Chile existe biodiversidad en terrenos que son parte no solo del área silvestre protegida sino también del resto del territorio nacional. Y eso ha de incluirse asimismo.

No es admisible el bajo estatus, el bajo estándar que la protección de humedales tiene en este proyecto.

Por cierto, hay cosas positivas. Yo valoro el entusiasmo. Pero voto a favor con la condición de que los temas señalados se traten. De lo contrario -repito-, la ley en proyecto será una pistola de agua; será como muchas de las legislaciones ambientales que se han dictado y a las cuales me he opuesto, como la Ley de Bases del Medio Ambiente, que es deplorable y constituye una vergüenza.

En Chile ni siquiera tenemos delito ambiental. Hay proyectos sobre la materia. Sería bueno que el Ministro les diera urgencia, porque son importantes. No digo que no exista la voluntad: la idea es que avancemos más rápido.

Estoy totalmente de acuerdo en que hay que resolver los problemas de los trabajadores. Debemos dar cuenta de que existen una historia, una biografía.

Yo valoro y respeto a la CONAF, como institución de nuestro país, a pesar de que siempre fue un ente lisiado. En efecto, nunca se quiso darle el estatuto de CONAF pública.

Claro: yo podría responsabilizar a la dictadura. Pero, por desgracia, posteriormente todos los gobiernos democráticos hicieron lo mismo que ella: mantuvieron una CONAF a medias. ¿Para qué? Justamente, para que fuera un perro sin dientes.

¡Pero esta iniciativa de ley no puede ser un perro sin dientes!

Sabemos para qué en este Senado se mandan los proyectos a Agricultura: ¡para que sean podados! Toda iniciativa sobre salud, sobre medioambiente, en fin, remitida a la Comisión de Agricultura va allí para someterse a un régimen cosmético, estético. Y lo sabemos muy bien. Me tocó verlo con la legislación relativa al tabaco; particularmente, con la atinente al etiquetado de alcoholes.

Entiendo: los agricultores tienen que defender sus puntos de vista. Pero aquí nos hallamos ante un bien común superior de nuestro país que no se está resguardando.

En mi concepto, estamos cometiendo un error de diagnóstico en materia de la importancia que reviste para Chile la preservación de la biodiversidad.

Debo decir que el mejor negocio de nuestro país es su propia biodiversidad. Hemos de cautelar nuestra biodiversidad genética. El mundo que viene son los genes. El mundo que viene son la biotecnología y la nanotecnología juntas. El mundo que viene es la generación de productos a partir de nuestro patrimonio genético. Y ello permitirá resolver enfermedades: el ébola se está solucionando a partir de compuestos encontrados en plantas.

Por lo tanto, si no nos damos cuenta de que nuestra riqueza y nuestro potencial se encuentran ahí y en nuestra agua y no establecemos los resguardos del caso, estaremos cometiendo un error.

Yo voy a votar a favor, señor Presidente, pero muy claramente en el entendido de que esta es una intención, un deseo, y de que estamos muy lejos de un instrumento a la altura de las necesidades de nuestro país.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en primer término, debo relevar, tal como se ha hecho en las intervenciones anteriores, la importancia de la biodiversidad no solo en Chile sino en todo el mundo.

Cabe recordar que este proyecto se presentó en el Gobierno pasado y que en las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente lo detuvimos, pues no salvaguardaba la biodiversidad y permitía las concesiones privadas en las áreas silvestres protegidas. Además, todo se sometía a un Consejo de Ministros por la Sustentabilidad -expresión muy manoseada- y, en el fondo, las decisiones quedaban en manos de sectores vinculados con las áreas productivas.

Desde luego, esta iniciativa no tenía viabilidad, pues mantenía las precarias condiciones de la CONAF y de los guardaparques.

Ahora, hallándonos en la discusión general de este nuevo proyecto, debo decir que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, como aquí se ha expresado, alcanza a 20 por ciento del territorio continental. A esto se suman las áreas marinas protegidas (nosotros, como parlamentarios, las introdujimos el año 91 en la Ley General de Pesca y Acuicultura), que se acrecentaron con el parque marino Motu Motiro Hiva , en torno a la isla Salas y Gómez , en la proximidad de Isla de Pascua, con lo que se subió de 0,3 a 4,7 por ciento.

Quedan aún muchas áreas por resguardar.

En el caso del 20 por ciento terrestre protegido, no debemos conformarnos con esa cifra, pues el 80 por ciento se encuentra en la Patagonia chilena. Es decir, la biodiversidad no solo no está resguardada, sino que además se encuentra en una condición muy desmedrada desde Arica a Puerto Montt, agravada por fenómenos de cambio climático.

Sin embargo, hasta la fecha se ha trabajado en esta materia. Lo han hecho los gobiernos y distintas instituciones para definir los sitios prioritarios para la biodiversidad.

En forma paralela a las iniciativas del Estado, están surgiendo los parques privados, lo que en un país que aún no se atreve a hacer planificación participativa genera múltiples visiones. Porque también se están cambiando áreas productivas por áreas protegidas. Y en un proyecto de ley que tenemos aprobado en la Comisión de Medio Ambiente se genera el derecho real de conservación; es decir, se establece que la protección permanece como característica del terreno y no por la voluntad de los distintos propietarios. Es necesario incorporar esto o aprobarlo en forma paralela a la iniciativa que nos ocupa.

Las áreas silvestres protegidas del Estado no se han dimensionado en su justo aporte a la sociedad chilena, y desde luego, a nuestro planeta.

Con el Fondo del Medio Ambiente GEF, del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas, se realizó un proyecto junto con la Universidad de Chile y diversos personeros, como don Rafael Asenjo -uno de los primeros directores de la CONAMA-, quienes valoraron los servicios que las áreas protegidas prestan a la biodiversidad, según se ha mencionado aquí: el agua y el valor turístico.

Todo esto tiene una dimensión económica. Y no se trata de una cifra menor: son 2 mil 600 millones de dólares que las áreas silvestres protegidas del Estado le representan anualmente a nuestro país.

El señor Ministro señaló que en el proyecto se triplican los fondos destinados hoy a las áreas silvestres protegidas del Estado. Sin embargo, 33 mil millones de pesos son una cantidad pequeña: entre 66 y 70 millones de dólares anuales, lo que no se condice con lo que le entregan a la sociedad chilena.

Creo, pues, que en tal sentido estamos todavía muy distantes.

Se ha señalado acá la significación de la biodiversidad. Haciendo una breve nómina de beneficios, cabe mencionar las aplicaciones en medicamentos, alimentos, cosmética (aquí se mueven muchísimos fondos a niveles nacional e internacional), tinturas, turismo, recreación, ciencia, en fin. Son muchos elementos que debemos aprender a valorar.

En la realidad, los guardaparques cuidan las áreas silvestres protegidas del Estado con gran celo, pero también con muy pocos medios.

Un ejemplo claro. El Parque Bernardo O'Higgins es el mayor de nuestro país. Lo comparten las Regiones de Aisén y de Magallanes. Abarca tres comunas: O'Higgins, Natales y Tortel . Y, con suerte, ¡tiene tres o cuatro guardaparques...! Comprende el Campo de Hielo Patagónico Sur completo, con fiordos, selvas y hielos de una magnitud espectacular, del todo desconocidos nacional e internacionalmente.

Entonces, en una legislación de esta índole debemos generar una política que incorpore verdaderamente en el quehacer interno las áreas silvestres protegidas del Estado.

Con los avances registrados en el Camino Austral; con las fuentes de trabajo emprendidas desde Natales hacia la Región de Aisén y desde Aisén hacia Magallanes , y con el complemento de un transbordador que entrará en servicio este año, habrá un mayor conocimiento de las comunidades nacional e internacional y, por consiguiente, vamos a necesitar un Servicio de Biodiversidad con una CONAF que transite hacia este gradualmente y muy empoderada.

En esta materia, señor Presidente, me abstuve en la Comisión por considerar -entiendo que lo consigna el informe- que ciertos aspectos no están debidamente resguardados.

De partida, tenemos la precariedad, en términos relativos (porque existe un avance; hay que reconocerlo), de la CONAF y los guardaparques.

En seguida, echo de menos los instrumentos de planificación territorial y del área marina. No podemos seguir sujetos al tira y afloja del mercado, de los distintos ministerios, con diversas intenciones, sin ser capaces de armonizar el buen uso del territorio y el mar definiendo las compatibilidades y las incompatibilidades.

Me refiero al manejo integrado de cuencas, al ordenamiento territorial previsto en el programa presidencial. Al respecto, debe hacerse un avance real y sustantivo este año.

Hay un Comité de Ministros, presidido precisamente por don Pablo Badenier. Con motivo del proyecto que nos ocupa se tiene que asumir un compromiso real en esta materia.

De otra parte, existe en esta iniciativa algo -se ha señalado- inaceptable: ¡en un proyecto de ley del Ejecutivo se relativiza la Convención de Washington!

No es admisible que un área silvestre protegida del Estado se desafecte mediante una decisión administrativa de un ministro del gobierno de turno . Ello solo puede hacerse por ley. Así lo establece la referida Convención . No podemos prestarnos para una situación como la que se plantea.

En cuanto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la verdad es que el nombre queda casi como una estampilla en un sobre, pues el Ministro del Medio Ambiente está navegando entre los tira y afloja de Minería y otros ministerios, que obviamente son movilizados con intenciones distintas.

Hoy se firmó un protocolo de acuerdo en materia de glaciares. Entiendo que se trata de una iniciativa de ley que desde el año 2006 procura avanzar en contra de proyectos que más bien pretenden destruirlos. Por tanto, hay que lograr nuevamente una armonización al respecto.

En tal sentido se registra un pequeño avance.

Por otro lado, se ha hecho presente acá la necesidad de un proyecto de ley que no solo proteja valores sino que además dé a la diversidad genética los instrumentos de propiedad intelectual que requerimos y que existen en Chile.

Sobre el particular, pienso que no podemos estar sometidos de nuevo a que todo nuestro patrimonio genético se utilice desde el exterior, incluso en contra de nuestro país, y en particular de los pueblos originarios, que al respecto tienen una sabiduría a la que nosotros recién estamos asomándonos.

Señor Presidente , reconozco que, como dijo el señor Ministro , muchas categorías de protección no están bajo el alero de la CONAF.

Un solo ejemplo: las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) que tenemos en Atacama; en la Región de Los Lagos; en Magallanes, y, recientemente, en la desembocadura del Palena. Eso está en los comités regionales del uso del borde costero; y cuando se trata de más de una región, bajo el alero del Ministerio de Defensa. No puede pasar a Bienes Nacionales, porque ello implicaría precarizar todavía más la situación existente. Y están también los Ramsar, los santuarios; todos ellos tienen que comprenderse.

Sin embargo, por intermedio de la Mesa, he de decirle al señor Ministro que debemos empoderar también al Ministerio del Medio Ambiente, que tiene un enorme potencial, pero desde el punto de vista ejecutivo se encuentra muy amarrado de manos.

Entonces, necesitamos un compromiso real del Gobierno.

Me parece muy bien que, para relevar el debate de esta tarde, de la "discusión inmediata" pasemos a un estadio distinto en cuanto a tiempo -dos meses-, para generar un marco que dé garantías a la CONAF, a los guardaparques, a la biodiversidad nacional, y para lograr, ojalá, más que un servicio, una subsecretaría, por la jerarquía que merece la materia.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA .-

Señor Presidente , quiero recordar que esta iniciativa, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es una obligación a la que nos comprometimos cuando se dictó la ley N° 20.417, que en su artículo 8° transitorio estableció que dentro del plazo de un año se debía enviar al Congreso Nacional un proyecto destinado a crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Esa disposición legal se cumplió, puesto que el Presidente Sebastián Piñera remitió el proyecto pertinente a trámite legislativo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos en las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Agricultura, no fue posible tener un acuerdo para despacharlo a su tramitación en la Sala.

Yo tengo convicción en el sentido de que en 2011, cuando el Presidente Piñera envió su iniciativa, para nuestro país era muy importante (me atrevería a decir vital), al igual que hoy, crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El problema estriba -también tengo convicción al respecto- en que en aquella oportunidad la iniciativa no avanzó por razones únicamente políticas: solo para impedir que la ley respectiva fuera realidad dentro del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera .

Me parece que ese tipo de actitudes no solo son profundamente mezquinas, sino que además dañan enormemente el progreso de nuestro país, el avance que debemos experimentar en áreas muy vitales y, al mismo tiempo, muy sensibles.

Yo no voy a cometer igual error: votaré a favor de la idea de legislar. Sin embargo, señor Presidente , por su intermedio le pido encarecidamente al señor Ministro que durante la discusión particular se haga cargo de materias que el año 2011, en el proyecto del Presidente Sebastián Piñera , impidieron que tuviéramos un acuerdo, las que siguen pendientes en la iniciativa que nos ocupa esta tarde.

Por de pronto, la situación de los funcionarios de CONAF y, eventualmente, de otros servicios públicos -Servicio Nacional de Pesca, Servicio Agrícola y Ganadero, en fin- que pudieran ser traspasados al nuevo Servicio.

¿En qué condiciones económicas serán traspasados? ¿Cómo se pondrá término a la relación laboral? ¿Se indemnizará por años de servicios o simplemente se va a traspasar, trasladando al Servicio que se crea la responsabilidad por todos los años que esos servidores públicos han entregado a las distintas tareas? Y me refiero particularmente a los guardaparques, funcionarios -me parece que lo dijo el Senador Letelier- que hacen soberanía y son capaces de todo sacrificio para cumplir fielmente sus obligaciones laborales y proteger aquello que tanto aman: la naturaleza.

Creo que esa situación debe quedar claramente resuelta, ya que, al final, fue un impedimento para avanzar más en el proyecto de ley de CONAF pública.

Sobre el particular, quiero recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades que una corporación privada no puede estar fiscalizando y sancionando al sector privado, pues esa función debe cumplirla un organismo público.

Además, lo ha manifestado en varias ocasiones la Contraloría General de la República.

Sin embargo, nos ha faltado capacidad de diálogo y de construcción de un acuerdo con los dirigentes gremiales de esa corporación para finalmente contar con una CONAF pública.

Siento que si se resuelve bien el traspaso de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal -en particular, los guardaparques- y eventualmente del Servicio Agrícola y Ganadero y del Servicio Nacional de Pesca, estaríamos dando un gran paso para sacar adelante el proyecto de ley de CONAF pública.

Legítimamente, los guardaparques abrigan una esperanza, un sueño, una ilusión: que Chile cuente con un servicio de guardaparques del mejor nivel.

¡Cómo no quererlo, si somos un país privilegiado en reservas nacionales, en parques nacionales! ¡Tenemos paisajes maravillosos, una naturaleza maravillosa! ¿Cómo no van a desear quienes hasta ahora han sido sus celosos custodios -los guardaparques- que exista un servicio que profesionalice su tarea y que les entregue remuneraciones acordes con esa importante responsabilidad?

Por eso, señor Ministro , para avanzar, para que nuestra legislación sobre protección ambiental sea un cuerpo legal moderno, vanguardista, tenemos que hacernos cargo de este tipo de situaciones que hasta hace poco nos impedía legislar.

Reitero, señor Presidente : voto a favor de esta iniciativa. Pero pido encarecidamente que se consideren los aspectos que distintos señoras y señores Senadores hemos planteado: desde la discusión de 2011, cuando no se pudo legislar, hasta lo de hoy.

Ese año, la creación de un Servicio Nacional de la Biodiversidad era muy muy vital para Chile. En la actualidad la necesidad es mayor, porque cuanto más nos demoramos las tareas son más urgentes.

No podemos seguir retrasando este tipo de legislación.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente , en primer lugar, conociendo la labor que por tantos años han realizado quienes laboran en las distintas áreas de la CONAF -fundamentalmente, los guardaparques-, lo primero que uno debe hacer es un reconocimiento a la función que por tanto tiempo se ha llevado adelante en una institución que aún tiene la particularidad de estar en lo privado y no en lo público, tal como han manifestado esta tarde las señoras y los señores Senadores en el transcurso de la discusión de esta iniciativa.

A mi juicio, sostener que el día de mañana se va a tramitar un proyecto sobre una CONAF pública es engañarnos a nosotros mismos.

Siento que la creación hoy del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas nos permitirá a futuro tener la visión que hoy día el país y el mundo nos demandan.

Escuché atentamente al señor Ministro decir que el presupuesto actual que administra la CONAF es del orden de 12 mil millones de pesos y que se tiene presupuestado para todo lo que viene en adelante 33 mil millones.

Lo otro relevante -constituye una preocupación para todos nosotros- es la situación laboral de quienes trabajan en la CONAF.

Al respecto, oímos atentamente al señor Ministro señalar que, por ejemplo, se necesitarán más de mil guardaparques; incluso, algunos Senadores indicaron que la cifra sería mayor a 1.500.

El Secretario de Estado manifestó que el cien por ciento de los cuatrocientos y tantos funcionarios que hoy ejercen esa labor será trasladado a esta nueva organización.

Por lo tanto, no hay un temor latente por la condición laboral en que los guardaparques podrían quedar.

Pero también nos preocupan quienes desarrollan otras actividades.

Por consiguiente, quiero dejar firmemente establecido que mi voto favorable está siempre condicionado a que se asuma el compromiso de mantener y mejorar, no de afectar, la condición laboral de quienes trabajan actualmente en la CONAF.

Otro de los aspectos que me hacen sentido y que son necesarios -espero que el Ministro lo acoja- dice relación con la voluntad señalada denantes por los Senadores Letelier y García -me sumo a ella- de crear un servicio de parques nacionales, fundamentalmente si pensamos en la Región de Magallanes y en toda la Patagonia.

Nuestros parques se conocen en el mundo entero. Por eso, pienso que hay una deuda histórica pendiente para darles la categoría necesaria a fin de entregar el servicio y la dignidad que la administración de esos parques requiere.

En consecuencia, se hace necesario crear este servicio de parques nacionales.

Votaré a favor, como señalé, porque este es un paso gigante.

Sí quiero transmitir -por intermedio de la Mesa- al señor Ministro la preocupación que existe, por ejemplo, en Tierra del Fuego, porque en toda el área de parques de esa zona ¡no hay un solo guardaparques! ¡Ni uno solo!

En tal sentido, nos hemos quedado rezagados respecto de Argentina.

Otro punto que deseo incorporar y que probablemente motivará algunas indicaciones, aun cuando se declaren inadmisibles, es lo que señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra: la creación de escuelas de guardaparques. En este aspecto, Argentina nos lleva una enorme ventaja en cómo administrar, en cómo sacar provecho, en cómo lograr resultados extraordinarios al colocar esa forma de administrar en el resto del mundo.

Como es obvio, ahí están los resultados económicos por las políticas públicas que en esa materia ellos emprendieron.

Valoro lo que significa este proyecto de ley y el incremento importante en dinero. Ojalá que los ingresos que genere el parque Nacional Torres del Paine se destinen a ese lugar y no sean derivados a otras administraciones a lo largo del país. Debería existir mayor descentralización y autonomía para que, en el caso de este parque, los dineros que recaude permitan que se cuente, por ejemplo, con mejores implementos para combatir los incendios, que han sido muy devastadores en un área tan privilegiada como la que he señalado.

Voto que sí, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, este proyecto es de larga data.

Recuerdo que cuando yo integraba la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados hubo un compromiso de la entonces Ministra Ana Lya Uriarte , hoy jefa de gabinete, quien sostuvo la necesidad de avanzar hacia un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Cuando introdujimos modificaciones importantes a la ley N° 19.300 sostuvimos que en esa materia había un vacío.

Con posterioridad, hubo una instancia para poder avanzar al respecto durante el Gobierno del Presidente Piñera. Y uno de los temas que se planteó como prioritario fue, justamente, dar garantías a los funcionarios de que habría estabilidad laboral y de que se efectuaría un traspaso de ellos al Servicio que se iba a crear por ley, que es absolutamente necesario.

Por tanto, uno de los temas que ha sido materia de discusión en las bancadas de la Alianza dice relación con que el mismo argumento que se dio para no aprobar el proyecto de ley presentado en la Administración del Presidente Piñera hoy día se mantiene. Este se refiere, fundamentalmente, a establecer una planta funcionaria y otorgar garantías de estabilidad laboral.

No me cabe la menor duda, conociendo el compromiso que el Ministro Badenier tiene con el medio ambiente, de que se asegurarán esas plantas y habrá un trabajo en tal sentido.

En consecuencia, votaremos favorablemente la iniciativa. Y esperamos que durante el debate en particular podamos presentar indicaciones para garantizar que, efectivamente, se va a contar con esa planta funcionaria.

Otro de los temas que también han mencionado algunos señores Senadores dice relación con los ingresos que se generan en los parques nacionales. El Senador Bianchi mencionó el caso puntual del Parque Nacional Torres del Paine. Y uno podría extrapolarlo a todos y cada uno de los parques nacionales de nuestro país.

En la Región de Valparaíso, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional La Campana, el que también da una lucha sustantiva por generar los ingresos que requiere para mantener desde la señalética hasta asegurar planes de desarrollo.

Por lo mismo, deseamos dejar adelantado ese punto con ocasión de la aprobación en general de la iniciativa.

También se avanzó durante la Administración anterior en la posibilidad de contar con una gran huella de los parques nacionales, entendiendo que hay un cordón biológico que es absolutamente necesario.

Junto con el Ministro Badenier tuvimos la suerte de estar en Tunquén, avanzando en la posibilidad de salvaguardar el humedal que allí existe. Esta es una materia relevante. Debemos entender cómo, finalmente, la naturaleza está absolutamente relacionada, cómo la vegetación de Valparaíso depende de poder mantener y preservar el humedal de Tunquén, que se encuentra a decenas de kilómetros. Entonces, podemos sostener que acá hay un cordón o cadena biológica que hay que conservar, debiendo estimular su cuidado.

Por eso, esta materia es de absoluta necesidad, y en ella tenemos que avanzar.

Reitero que votaremos favorablemente el proyecto en debate. Y esperamos que durante el plazo para presentar indicaciones podamos contar con el compromiso del señor Ministro respecto a la conservación de los puestos de trabajo y a la promoción de la carrera funcionaria, lo cual resulta muy importante para el nuevo Servicio que se crea.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , como aquí se ha señalado, esto se podría haber zanjado, desde el punto de vista legislativo, hace dos o tres años.

En el Gobierno del Presidente Piñera hubo un proyecto de ley que precisamente buscaba como objetivo central lo que propone esta iniciativa: la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Pero eso es lo declarativo, lo general.

Lo cierto es que en esa época se sostuvo un debate bastante tenso en las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente sobre la misma materia que estamos viendo hoy. Sin embargo, claramente, la gran diferencia con la iniciativa en análisis -los señores Senadores de la Alianza que se refirieron al anterior proyecto no lo mencionaron- era que la otra tenía una mirada economicista.

Es decir, se veía un Servicio de Biodiversidad como la posibilidad de hacer negocios, como se ejecutan hoy en cualquier ámbito del quehacer productivo.

No estoy pensando, necesariamente, en resolver este tema como lo han hecho sociedades muy avanzadas, como la canadiense o la de Nueva Zelandia. Pero, efectivamente, los países que han resguardado su biodiversidad han entendido que enfrentar la biodiversidad y la sustentabilidad con responsabilidad es fundamental para detener el deterioro del ecosistema. Entonces, en este ámbito no se puede estar pensando en qué negocios hacemos.

En ese proyecto, en efecto, se le entregaba la administración de las áreas protegidas a un particular, lo cual es totalmente contrario a lo que ahora vemos en esta iniciativa de ley, en donde esa función de administración es completamente indelegable.

No es la única diferencia.

Hay otras en los instrumentos económicos que se ponen en uno y otro caso. Aquí se busca favorecer y fomentar la participación.

También existen diferencias en la manera en que se cautela la biodiversidad. En el proyecto del Presidente Piñera la gestión sobre la biodiversidad se hacía solo en las áreas protegidas, de manera muy acotada. En cambio, aquí se plantea la gestión de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas.

Por consiguiente, quiero destacar que las discrepancias son enormes, hay un abismo de diferencia entre una iniciativa y otra.

Con eso no estoy diciendo que aquí estén resueltos todos los temas de la sustentabilidad. A mi juicio, los Senadores Girardi y Horvath tienen razón cuando señalan que hay algunos aspectos pendientes, específicamente en los temas marítimos, el Convenio de Ramsar, con áreas que no están siendo efectivamente protegidas, como los humedales.

En el proyecto se garantiza la protección de los humedales que están en las reservas. Pero con los que se encuentran en lugares privados me queda la duda. Creo que en ese ámbito debemos fijarnos un objetivo más ambicioso.

¡Y qué decir respecto a la Convención de Washington!

Efectivamente, no es posible desafectar un pedazo o un retazo de área protegida solo por decreto. Podemos tener Gobiernos responsables, pero no sabemos qué podría pasar en determinado momento. Incluso, más allá de la discusión política, puede que se imponga cualquier mirada respecto a estas áreas y se terminen concesionando muchos servicios -no es la idea que eso ocurra- o utilizándose esas áreas para otros efectos.

Entonces, señor Presidente , este paso significativo busca ordenar lo que hoy día claramente está mal planteado. Porque en la actualidad contamos con una Corporación Nacional Forestal cuya naturaleza jurídica, en rigor, la sitúa como un ente privado que tiene a su cargo tanto el fomento como la biodiversidad. Y resulta imposible sostener eso en el tiempo, porque la biodiversidad requiere un órgano que se preocupe, que se especialice, que realice estudios.

Actualmente, si uno desea proponer algo -lo veíamos con algunos alcaldes de la Región de La Araucanía, de comunas como Melipeuco, Cunco , Vilcún , Lonquimay , Curacautín, donde se encuentra la reserva de la biósfera de dicha Región-, no tiene con quién canalizar ese tipo de iniciativas, más allá de celebrar el Día del Medio Ambiente, que son cuestiones testimoniales.

Hoy día necesitamos un organismo público -como va a ser el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas- que se especialice, que cuente con funcionarios, con profesionales, que efectúe estudios que vayan alertando respecto a los riesgos que significa para nuestro país seguir permitiendo el deterioro ambiental de los ecosistemas (por ejemplo, al no hacernos cargo de lo que ocurre con los glaciares).

En la misma Región de La Araucanía, que represento, tenemos áreas silvestres, parques nacionales, áreas protegidas, como el Parque Nacional Nahuelbuta, en Angol, donde solo dos personas están a cargo de decenas de miles de hectáreas.

Algo similar ocurre en la Reserva Nacional Nalcas y en la Reserva Nacional Malalcahuello.

Y si uno va más al sur -como recién plantearon los Senadores de la Patagonia-, nos encontramos con una situación todavía mucho más compleja.

Hace algún tiempo estuve en la Reserva Cerro Castillo, donde entiendo que hay una sola persona, ya no para decenas de miles de hectáreas, sino para decenas de miles de kilómetros cuadrados, porque ahí las distancias, como Sus Señorías saben, son de otra dimensión, de otra magnitud.

Creo que en este caso el tema del personal no es como en cualquier servicio público que se crea y que haya que mirarlo porque sí. Efectivamente, la CONAF también lo ha desatendido. Tradicionalmente, en los distintos Gobiernos -y no digo que necesariamente este vaya a ser la excepción- ha ocurrido esa situación en la Corporación Nacional Forestal.

Valoro, por supuesto, la presencia en esta sesión, donde estamos discutiendo en general el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad, del Ministro Badenier y de algunos jefes de división de su Ministerio, así como la declaración que él ha formulado, que algo de tranquilidad les da a estos trabajadores, especialmente a los guardaparques, que son algunos cientos (no muchos; 534 es el número total, y dentro de ellos están los guardaparques). Dicha declaración al menos garantiza que el traspaso de este personal se llevará a cabo en el marco del Código del Trabajo y bajo adscripción al decreto N° 249. Es un piso que permite avanzar, pero, en mi opinión, resulta insuficiente.

He conversado con el Presidente de la Federación de Sindicatos de la CONAF, don Erry Leiva , quien me ha manifestado que, más allá de que el proyecto pase a la Comisión de Agricultura, como algunos han planteado -a mi juicio, el debate está bien radicado en la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales-, es preciso darse todo el tiempo que sea necesario para acoger las indicaciones que las distintas agrupaciones de trabajadores de la institución han planteado.

Lo que viene por delante es un debate mucho más profundo porque, como aquí también se ha dicho, se está elaborando el borrador del proyecto sobre Servicio Forestal, que va a permitir que las tareas de los planes de manejo, de los temas de administración, que son los asuntos propios de la forestación, queden radicados en la Corporación Nacional Forestal.

Este verano, que aún no termina, se han quemado decenas de miles de hectáreas en Chile y hemos visto a una CONAF bastante ausente. ¡Bastante ausente! En la Región de La Araucanía, provincia de Malleco, entiendo que hay una sola brigada. No hay ninguna en Ercilla, tampoco en Collipulli, donde hace poco tiempo murieron dos bomberos voluntarios combatiendo los siniestros.

Entonces, está muy bien que hagamos este debate con los resguardos que acá se han planteado, pero también debemos tener una mirada mucho más integral respecto del tema forestal en su conjunto.

Creo que el proyecto va a ordenar en mejor forma el cumplimiento de estas áreas, tan importantes hoy día y que hoy se encuentran instaladas, como se ha dicho, en la CONAF.

Por todo lo anterior, señor Presidente, voto a favor.

El señor TUMA (Vicepresidente).-

No se encuentran en la Sala en este momento el Senador Patricio Walker ni la Senadora Von Baer.

Por lo tanto, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Estimado Presidente , señor Ministro , es importante señalar que, después de una tramitación bastante larga y de un acuerdo político, el 26 de enero del 2010 se publicó la ley N° 20.417, que rediseñó absolutamente nuestra institucionalidad ambiental, optando por un modelo que distinguió las competencias de política y regulación de las de gestión y fiscalización.

Después, en junio de 2012, se publicó la ley N° 20.600, que creó los tribunales ambientales, comenzando sus funciones jurisdiccionales el 4 de marzo del año siguiente, a través del Tribunal Ambiental de Santiago .

Cabe hacer notar que el artículo octavo transitorio de la ley N° 20.417 estableció la obligación de enviar al Congreso, dentro de un año contado desde la publicación de dicho cuerpo legal, uno o más proyectos respecto de cómo se iba a crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Tal mandato se cumplió durante el Gobierno del ex Presidente Piñera, ingresando a tramitación legislativa una iniciativa que no experimentó grandes avances en las Comisiones unidas de Medio Ambiente y de Agricultura de nuestra Corporación. El Senador García explicitó bien la situación en cuanto a que no se quiso avanzar por razones políticas. Y el actual Gobierno envió una indicación sustitutiva que tiene muchas semejanzas con el trabajo que se realizó en su oportunidad.

Por lo tanto, valoro la premura que ha existido por traer a este Hemiciclo la recomendación de la OCDE. El 2005, justo antes de ingresar a esta organización, Chile fue objeto de una evaluación de desempeño ambiental. Y entiendo que este año vamos a ser sometidos a una nueva evaluación, ahora ya como parte integrante de dicha entidad internacional.

Por consiguiente, creo que esta normativa ya debiera estar operando como corresponde y no estar sujeta, nuevamente, a una tramitación que no sabemos cuándo terminará, considerando que nos vamos a dar un plazo bastante largo, en todo caso razonable, para analizar las indicaciones que se presenten. Es una situación compleja, porque la OCDE nos hizo una observación el 2005 y ya estamos en el año 2015.

En consecuencia, señor Ministro , tenemos que cumplir, sobre todo las recomendaciones, de una institución que nos está mirando día a día.

Por otro lado, debemos entender que Chile posee al menos 30 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas. ¡30 millones de hectáreas! Y tenemos poco más de 400 guardaparques. En verdad, la relación guardaparques-Sistema Nacional de Áreas Protegidas es ridícula. Por eso, quiero valorar el esfuerzo que han realizado los guardaparques de nuestro país en la persona de su representante, Julio César Vergara , quien asistió a la Comisión a informar la realidad que se vive en los parques nacionales.

Me gustaría que ellos fueran parte, y por eso le pido al señor Ministro que no los deje fuera, ya sea por razones ambientales, por razones políticas, o porque a lo mejor no son del gusto de las autoridades permanentes que existen hoy. Pero es importante escucharlos. Son los que más conocen la realidad de nuestros parques y reservas nacionales.

En tal sentido, no puedo dejar de compartir con la posición que tuvo el señor Vergara cuando se incluyó dentro de las personas que dieron la lucha para que la desafectación de la Reserva Río Los Cipreses se hiciese por ley, tal como lo establece la Convención de Washington. La interpretación del Ejecutivo , sin embargo, ha sido permanentemente distinta. Pese a ser colegislador, puede cambiar esa decisión mediante una medida administrativa. Y, como digo, Chile participa de ese instrumento internacional.

Por otro lado, considero importante que a los guardaparques se les dé facultades de fiscalización que hoy no tienen.

Además, quiero plantear al Senado -y creo que todos estamos de acuerdo en esto- que los parques y las reservas nacionales son bienes nacionales de uso público, igual que una calle. Hoy los chilenos tienen que pagar para ingresar a ellos, por lo que solo lo pueden hacer quienes gozan de mayor poder adquisitivo. Y creo que deberían estar disponibles para todos, incluso para los compatriotas de más bajos recursos. Es cosa de ver los precios que cobran Torres del Paine y otras reservas nacionales.

¿Y por qué se les cobra a los chilenos por ingresar a una reserva y no por ingresar a una calle o a un parque de una ciudad?

¡No corresponde!

Hay 30 millones de hectáreas que los chilenos tienen derecho a conocer. Y debemos profesionalizar y apoyar a los guardaparques con el fin de que puedan mostrar las riquezas de biodiversidad que ofrece nuestro país.

Por eso, señor Ministro, yo hago un llamado a que se abran los parques y las reservas nacionales a todos los chilenos, sin excepción, y en forma gratuita, especialmente para los niños, para los adultos mayores, para quienes no tienen recursos.

Creo que aquí tenemos que dar un salto, obviamente con los recursos, la infraestructura y todo lo necesario para que nuestros guardaparques y las personas que visiten esos lugares tengan las condiciones indispensables para su cuidado y preservación.

Yo, señor Presidente , debiera abstenerme en este proyecto, por la molestia que me causó el que este tema no avanzara en el momento que correspondía. En su oportunidad se alcanzó un acuerdo para tener un Ministerio de Bienes Nacionales, pero, en este caso, las gestiones quedaron paralizadas por razones políticas.

Ahora voy a apoyar esta iniciativa, pero esperando que haya progresos, que se llegue a un entendimiento y que haya respeto por los guardaparques y todos los trabajadores de CONAF.

Valoro el esfuerzo que la Corporación Nacional Forestal está haciendo para enfrentar situaciones dramáticas. Es cosa de que Sus Señorías ingresen a La Araucanía para que vean, a ambos lados del camino, predios quemados en forma, como bien se supone, no explícitamente casual. El 98 por ciento o más de esos incendios, según CONAF, son provocados intencionalmente por el hombre, tanto en La Araucanía como en otras regiones.

Miremos lo que ocurrió también en el incendio de Valparaíso. En la respectiva Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tuvimos paralizada la aprobación de los fondos para CONAF correspondientes al presente año con el propósito de exigirle al Gobierno que le entregara más recursos. Y la verdad es que teníamos toda la razón los Senadores que en forma unánime solicitamos esa medida. Sin embargo, los recursos todavía son pocos. La institución necesita un apoyo mayor: más aviones para combatir los incendios forestales y así no depender de otros países en esta materia.

Sus Señorías han visto los incendios que se han desatado en distintas regiones. ¡Para qué decir lo que ha ocurrido este verano! ¡No alcanzan los aviones! ¡No alcanzan los helicópteros!

Debemos apoyar a CONAF en todo lo que concierne al combate de incendios forestales. Pero también soy partidario de darle todos los recursos necesarios para que nuestro país no solamente viva de su actividad económica, sino que también fomente el turismo y sea capaz de mostrar las riquezas que posee en sus parques y reservas nacionales. Por eso es importante preservarlos con los recursos que se requieren para el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Voy a votar a favor de la idea legislar, pero con una tremenda molestia.

Espero que el Gobierno avance realmente en este proyecto, pues lo están exigiendo la OCDE y también nuestro país. Y necesitamos que sea una realidad lo antes posible, para no seguir dilatando un asunto que, de no haber mediado razones políticas pequeñas, debiéramos haber atendido hace mucho tiempo.

He dicho.

El señor TUMA ( Vicepresidente ).-

Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Andrés Zaldívar, con el objeto de que pueda intervenir en el debate.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental , el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , estimados colegas, saludo al señor Ministro del Medio Ambiente y valoro la actitud que ha tenido el Gobierno al colocarle "discusión inmediata" al proyecto que nos ocupa, pues hace rato que se hallaba en tabla pero no lo discutíamos por haber otras prioridades. Por ello, la decisión del Ejecutivo de ponerle urgencia hace posible que sostengamos este debate hoy día.

No obstante, no se trata de que debamos despacharlo en los plazos que establece tal calificación, sino de tener la capacidad de discutirlo en un lapso razonable. Y para ello le pido al Presidente en ejercicio, Senador Andrés Zaldívar , que concordemos un plazo para formular indicaciones que no sea antes del lunes 4 de mayo -esta podría ser una fecha adecuada- con el objeto de que podamos introducir las modificaciones necesarias a un proyecto que es muy complejo, de gran interés nacional, pero a la vez de gran urgencia.

Por eso, se requiere un plazo limitado -aunque no tan acotado- que nos permita llevar a cabo un debate de las indicaciones que se presenten en la discusión particular para llenar los vacíos que el actual texto exhibe.

Voy a respaldar decididamente la idea de legislar, pero creo que la iniciativa adolece de algunas deficiencias que dicen relación, por ejemplo, con el cumplimiento de convenios internacionales en materia de reconocimiento y protección de las costumbres tradicionales de los pueblos indígenas.

Ahí tenemos un tema: cómo respetamos los derechos de los pueblos originarios y cómo los hacemos participar en la administración de estos territorios.

Estoy claro que el actual Gobierno contará con una nueva institucionalidad del Estado en esta materia. Ya no habrá una corporación nacional de orden privado ni una entidad con múltiples funciones. El principal objetivo será la preservación de la biodiversidad, objetivo que debe ser compatible con la protección de los riquísimos ecosistemas que existen en Chile, desde el norte hasta la Antártica. Y la preservación, conservación y conocimiento de la biodiversidad debe servir no solamente para las futuras generaciones, sino también para las presentes, a fin de que se conozca el valioso patrimonio biológico y cultural que tenemos.

Desde ese punto de vista, pienso que al proyecto le falta poner mayor acento en la diversidad cultural y particularmente en la de los pueblos originarios.

Este proyecto y esta discusión son claves para el desarrollo armónico del país. Tenemos una gran potencialidad. Se habla de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. En ese sentido, felicito a todos los Gobiernos, que han tenido la precaución de fijar múltiples áreas protegidas, bajo diversos títulos y normas legales.

Pero ello no es suficiente para lo que necesitamos.

Debemos equilibrar esas riquezas con la potencialidad de un organismo público que tenga músculos, que tenga espalda, que garantice el acceso a los ecosistemas, que fomente el desarrollo del ecoturismo y que preserve la riqueza no solamente biológica, sino también cultural que tenemos.

Debemos considerar a las comunidades rurales.

Debemos considerar a los pueblos indígenas.

Debemos considerar que no podemos mantener una visión homogénea en esta materia, porque no todo nuestro país ni las zonas protegidas son iguales. Al contrario, son diversas. Un 80 por ciento de nuestros ecosistemas son terrestres; un 14 por ciento, costeros y marítimos, y un 5 por ciento, humedales. Cada uno de ellos requiere una especificidad y un tratamiento focalizado diferente.

Por lo tanto, la estructuración de una institucionalidad encaminada en esa dirección precisa de un debate profundo, con urgencia, como se ha dicho en la Sala, pero también con espacios que permitan proteger los derechos de los trabajadores que hoy laboran en CONAF y que el día de mañana pueden prestar servicios en la nueva entidad que se cree o en otros organismos del Estado.

Ese es un aspecto que no se halla presente en el articulado, por lo que debemos precisar cuál va a ser la situación de esos trabajadores.

Pienso que la riqueza de Chile no solo reviste carácter nacional, sino que también es un patrimonio mundial que nos coloca una doble obligación y responsabilidad en lo que dice relación con la preservación de tales derechos.

Por esa razón, los cambios que se puedan introducir en el futuro a esta legislación, una vez aprobada, necesariamente deben hacerse por ley -no basta una decisión administrativa-, materia que vamos a debatir durante la discusión particular del proyecto.

Con entusiasmo, voto a favor de la idea de legislar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Se encuentran inscritos para intervenir la Senadora señora Von Baer y el Honorable señor Patricio Walker, quienes no se hallan en la Sala.

Por lo tanto, le pido al señor Secretario que consulte a la Sala.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y el señor Coloma.

No votó, por estar pareada, la señora Von Baer.

El señor TUMA ( Vicepresidente ).-

Se deja constancia de la intención de abstención del Honorable señor Horvath.

Consulto al señor Secretario si tenemos el quórum necesario para fijar plazo para la presentación de indicaciones.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Lo hay, señor Presidente .

Se han formulado las siguientes peticiones:

Primero, la relativa a la fijación de plazo para presentar indicaciones.

Segundo, en cuanto a su tratamiento en particular, el Senador señor Coloma pidió que la iniciativa fuera vista por las Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura, unidas.

Tercero, el Honorable señor Quinteros solicitó que pasara también a la Comisión de Pesca. Ello sin perjuicio de que el proyecto debe ser visto obligatoriamente por la de Hacienda.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el lunes 4 de mayo, a las 12.

--Así se acuerda.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

A continuación, hay que votar la petición del Senador señor Coloma para que el proyecto sea visto por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas.

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Señor Secretario , explique cómo será el procedimiento de votación, por favor.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Está establecido que el proyecto sea tramitado por la Comisión de Medio Ambiente. Lo que se debe votar es si va a las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente. Quienes están de acuerdo con que así sea votan a favor, y quienes no, en contra.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor GIRARDI.-

¡Y por qué no lo mandan también a la Comisión de Desafíos del Futuro¿!

El señor LAGOS.-

¡Entonces, los que voten que sí van a privilegiar a la agricultura y quienes votemos que no, al medioambiente¿!

El señor WALKER (don Patricio).-

Con todo respeto, señora Presidenta , nosotros nos pronunciamos en la Comisión¿

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Perdón, señores Senadores, presten atención, por favor.

Vamos a repetir nuevamente cómo se va a votar y después les daré la palabra a quienes deseen fundamentar su voto.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Repito: quienes están de acuerdo con que el proyecto sea visto en discusión particular por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, deben votar que sí, y quienes están en desacuerdo, que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

En votación.

--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta , en la Comisión de Medio Ambiente discutimos este punto, porque varios de sus integrantes también lo somos de la de Agricultura: el Senador Moreira, quien habla, en fin.

El señor COLOMA .-

Entonces, es más fácil todavía.

El señor WALKER (don Patricio).-

A la Comisión de Medio Ambiente siempre fue invitado -de hecho, expuso- el Ministro de Agricultura .

Cuando él no pudo asistir, el ex Senador Jaime Naranjo -ahora asesor del Ministro de Agricultura - estuvo presente y formuló observaciones desde el punto de vista de la agricultura. En consecuencia, este ámbito se ha tenido en consideración.

Si agregamos otra Comisión (ello implicará concordar los horarios, en fin), provocaremos que este sueño de los científicos, de mucha gente que quiere la creación del Servicio de Biodiversidad, se tranque y que el proyecto vea demorada su aprobación. Y ese no es el objetivo.

En consecuencia, a los colegas que no forman parte de la Comisión de Medio Ambiente -como el Senador Moreira lo puede corroborar- les debo decir que hemos tenido toda consideración por la gente del agro. Hemos invitado a la Sociedad Nacional de Agricultura. Y la verdad es que se pueden presentar indicaciones que recojan más la sensibilidad del agro.

En consecuencia, por favor, no retrasemos la tramitación de este tan relevante proyecto de ley. Votemos en contra de esta petición, que respeto, pero obviamente no comparto.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , quiero aclarar un asunto reglamentario.

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

A ver, Senador señor Moreira.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Estamos en votación.

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Así es. Solo estoy dando la palabra para fundamentar el voto. Y con tal fin se la puedo otorgar en su momento, Su Señoría.

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señora Presidenta , deseo señalar que las salvaguardas que quiere fijar este sector, que es más agrícola que forestal, desde luego están presentes en la Comisión de Medio Ambiente.

Entonces, por facilidad, ya que se ha fijado un período de dos meses para presentar indicaciones y esperamos que el Ejecutivo realmente acoja la importante cantidad de observaciones que se han hecho acá, voto por que siga solo en la Comisión de Medio Ambiente.

Y dejo constancia, como lo planteé en mi intervención, de que en la votación en general en la Comisión me abstuve justamente por los resguardos que se requiere incorporar a este proyecto.

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Por favor, señor Secretario , quiero que exista claridad en la votación, porque acabo de darme cuenta de que hay confusión.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Quienes están de acuerdo en que el proyecto vaya a las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente votan que sí, y quienes están en desacuerdo, que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , el Senador Patricio Walker tiene una visión, pero no hay razón para que sea la única.

Me parece bien que se haya recibido al mundo agrícola. Yo valoro al Parlamento, no me basta con el Gobierno. Para mí este no es el cien por ciento.

Estimo bueno que respecto a un proyecto -fíjense- que cambia todas las facultades de la CONAF, que siempre, ¡siempre!, se ha entendido dentro del mundo agrícola, se siga el mismo criterio adoptado por la Sala cuando el Gobierno anterior presentó un proyecto parecido: verlo en Comisiones unidas.

Si el Senador Patricio Walker dice, además, que hay miembros que se repiten en ambas, más fácil aún será analizarlo. O sea, encuentro que nos está dando la solución.

Entonces, considero razonable -pensando en el Parlamento- que una iniciativa de este tipo sea vista en Comisiones unidas. Tenemos un plazo para resolverlo -nadie ha tratado de dilatar nada- junto con la visión del mundo agrícola, que es muy importante en este tipo de materia.

No pido nada distinto de lo que los Senadores del período anterior votaron, y por unanimidad, en el sentido de que estos temas se resuelvan con ambas visiones, pues en esto no hay solo una visión, sino dos. Y ojalá que sean armónicas, pues eso necesita el país: armonía. No sacamos nada con enfrentarnos.

En consecuencia, es bueno que se haya oído a representantes del mundo agrícola, pero sería mucho mejor que el proyecto fuera analizado por las Comisiones que se plantean. Porque no quiero que figure en la historia de la ley que una iniciativa de esta naturaleza simplemente no fue vista por la Comisión de Agricultura, en circunstancias de que lo que propone, en lo medular, es cambiar facultades de la CONAF, que siempre han sido materia del mundo agrícola.

Por eso, pienso que no daña que sesionen ambas Comisiones unidas, sino que ayuda.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señora Presidenta , más allá de fundamentar el voto, quiero decir que no deseo ir en contra de mi colega el Senador Coloma, por lo que me voy a abstener.

Sin embargo, debo agregar que, como Presidente de la Comisión de Agricultura, yo planteé este tema a los dos Ministros.

En honor a la verdad, en esa oportunidad convinimos en que, si la Comisión de Medio Ambiente daba señales de garantía ante las aprensiones de algunos -entre ellos yo- con respecto a la participación del Ministerio de Agricultura, nosotros nos reservábamos el derecho a formular la respectiva petición. Y en esa Comisión se habló al menos sobre dos cosas: del traspaso de competencias y de la continuidad laboral, en los términos planteados por los trabajadores de la CONAF. Y el Gobierno y el Ministro se comprometieron a eso.

Entonces, como parlamentario, el Senador Coloma se halla en su derecho a formular una petición de esta naturaleza. No obstante, tengo que ser franco: conversamos con todos los parlamentarios presentes en ambas Comisiones.

Me voy a abstener para no ir en contra de un colega, pero ese fue el sentido.

El señor MONTES .-

¡Vote en contra de él no más!

El señor MOREIRA.-

No. ¡Están todos en contra mío, pero no importa¿!

Quiero señalar que, si hay un espacio de dos meses para presentar indicaciones y considerando el espíritu de buena fe que tiene el Gobierno en esta materia, hagámoslo. Yo por lo menos reconozco una cosa que no se ha dicho: el tronco de este proyecto lo hizo mi Presidente , Sebastián Piñera , y algunas cosas se cambiaron en la presente Administración.

Lo importante es que salga una buena iniciativa, y durante dos meses podremos discutirla e invitar a los integrantes de ambas Comisiones cuando se vea en particular.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , simplemente quiero insistir en que al parecer se nos olvida que luego vendrá el proyecto que crea el Servicio Forestal, el cual, según entiendo, lo está llevando adelante, lo tiene en borrador, el Ministerio de Agricultura. Y dicha iniciativa, que es bastante compleja y voluminosa, se va a tramitar íntegramente en la Comisión de Agricultura.

Tal como se ha dicho en el transcurso del debate, lo que se busca con la creación del Servicio de la Biodiversidad, tal cual ocurre también con la creación del Servicio Forestal, es separar materias que no tienen por qué mezclarse, como sucede con todas ellas hoy día en la CONAF.

De otra parte, con lo señalado por el Presidente de la Comisión de Agricultura , Senador señor Moreira , creo que están dadas todas las garantías para que la presente iniciativa se vea en la de Medio Ambiente. Y si a ella debe asistir el Ministro de Agricultura para darles respuesta a los trabajadores de la CONAF, así lo hará. Y lo mismo en el caso de la Corporación Nacional Forestal. Entiendo que el Ministro del Medio Ambiente , señor Badenier , ha iniciado todo un camino, un trabajo y una planificación con los trabajadores de la CONAF.

Creo que no tiene ningún sentido convocar a Comisiones unidas, porque además prevalecería la mirada de los integrantes de la de Agricultura -no de todos, por cierto-, la misma que tuvieron hace dos o tres años. En esa oportunidad usted, señora Presidenta , participó en sus sesiones y, por tanto, fue testigo de aquello. Y se trata de una mirada absolutamente economicista, cuando lo que se requiere en este caso es una mirada proteccionista, una mirada de conservación: eso necesita hoy la biodiversidad a fin de detener el deterioro de nuestro ecosistema.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señora Presidenta , solo quiero manifestar un pensamiento.

Es tan importante la agricultura que ni siquiera los proyectos que la afectan están pasando por la Comisión respectiva.

Y eso me preocupa.

El hecho de convocar a Comisiones unidas supone la participación de la Comisión de Agricultura en dicha instancia. El Senador Coloma no ha solicitado que la iniciativa vaya exclusivamente a dicho órgano técnico. Él solo pidió que lo vieran las Comisiones unidas.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE ( Presidenta ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la solicitud de enviar el proyecto a las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas (15 votos en contra, 5 a favor, 2 abstenciones y un pareo).

Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Pizarro, Quintana, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín y Prokurica.

Se abstuvieron los señores Moreira y Ossandón.

No votó, por estar pareada, la señora Von Baer.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

En consecuencia, el proyecto solo será visto por la Comisión de Medio Ambiente.

Señores Senadores, como Presidenta de esta Corporación tengo la obligación de hacerme cargo de la petición del Senador señor Quinteros. No la puedo ignorar.

Por lo tanto, tendríamos que proceder a votarla.

La Sala dirá si está de acuerdo en que la iniciativa vaya solo a la Comisión de Medio Ambiente o si alguien quiere defender la posición del Honorable señor Quinteros -él ya no se encuentra en la Sala-, en el sentido de que también sea vista por la de Pesca.

El señor WALKER (don Patricio).-

Que vaya únicamente a la de Medio Ambiente.

La señora ALLENDE (Presidenta).-

Sería unánime, entonces, si les pareciera a los presentes.

El señor WALKER (don Patricio).-

Sí.

--Por unanimidad, se rechaza el envío del proyecto a la Comisión de Pesca.

BOLETÍN Nº 9.404-12

INDICACIONES

25.05.15

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

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1.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 2.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar en todo el texto del proyecto de ley la palabra “silvestre(s)” entre la palabra “área(s)” y “protegidas(s)”, según corresponda.

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ARTÍCULO 1°

3.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección y conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, conservación, control, restauración y uso sustentable de las especies, genes y ecosistemas en todo el territorio nacional. No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales.

Por la importancia que revisten para el país, y por la necesidad de medidas especiales de conservación, los recursos genéticos cultivados o domesticados, su conservación, uso, acceso y distribución de beneficios serán materia de una ley especial, estableciéndose un plazo mínimo de 3 años, contados desde la publicación de esta ley, para que sea ingresada, tramitada, aprobada y publicada en conformidad a las normas constitucionales vigentes.”.

Inciso primero

4.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 5.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental y de la diversidad biológica de todo el territorio nacional, a través de la preservación, protección, restauración y uso sustentable de ecosistemas, especies y genes, así como la distribución equitativa y justa de sus beneficios y costos.”.

6.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación de la expresión “Objeto.”, lo siguiente: “En consideración a que es deber del Estado proteger la biodiversidad en tanto materia de seguridad nacional y patrimonio natural y cultural,”.

7.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “del país” por la siguiente: “en todo el territorio nacional y en todos sus niveles, incluyendo tanto especies, genes y ecosistemas”.

8.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 9.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “del país,”, la locución “dado su carácter patrimonial,”.

10.- De la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir el texto que señala: “, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”.

11.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 12.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la frase “uso sustentable de las especies y ecosistemas”, por la siguiente: “uso sustentable de los genes, especies y ecosistemas”.

13.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la frase “con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”, por la siguiente: “así como de las múltiples funciones que se deriven de ellos y que contribuyen significativamente al bienestar humano”.

14.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la expresión “valor ambiental”, la siguiente frase: “, o que proveen servicios ambientales y aquellos de valor social y cultural asociados”.

15.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “valor ambiental”, la siguiente: “o de valor social y cultural asociado,”.

16.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar, a continuación de la expresión “para su conservación”, lo siguiente: ", promoviendo la activa participación de las personas y comunidades locales en la conservación de los ecosistemas".

17.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente oración: “Asimismo, tiene por objeto la prohibición de actividades productivamente económicas o antrópicas que generen impacto negativo o intervengan áreas definidas como de alto valor ambiental, cultural o ecosistémico sobre el territorio nacional.”.

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18.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 19.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar como inciso segundo, el siguiente:

“La acción del Estado estará especialmente dirigida a la conservación de aquellos componentes de la biodiversidad de mayor valor ambiental o que presenten mayor amenaza o degradación.”.

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Inciso segundo

20.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para suprimirlo.

21.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Las normas establecidas en la presente ley respetan los tratados y acuerdos internacionales sobre la conservación de la diversidad biológica y los derechos ancestrales de los pueblos originarios, declarándose inviolables e insustituibles.”.

22.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para ello, la presente ley contempla, entre otras medidas que se detallan, la conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de especies y ecosistemas y la restauración.”.

23.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar el siguiente inciso final:

“La regulación sobre acceso, uso y distribución de recursos genéticos será objeto de otra ley.”.

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24.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior las acciones que tengan por objeto la sanidad vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán tener en consideración y priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica.”.

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25.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar el siguiente artículo:

“Artículo … Función ambiental de la propiedad. Para el cumplimiento del objeto y fines de la presente ley podrá limitarse el ejercicio de las facultades o atributos de la propiedad, tanto pública como privada, en conformidad a la Constitución y las leyes.”.

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26.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 27.- del Honorable Senador señor Navarro, para introducir el siguiente artículo:

“Artículo … Derechos indígenas. La conservación de la biodiversidad garantizará los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre los conocimientos tradicionales, los componentes intangibles y los recursos genéticos existentes.”.

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ARTÍCULO 2°

Encabezamiento

28.- Del Honorable Senador señor Navarro y 29.- de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten para la protección y conservación de la biodiversidad, se regirán por los siguientes principios:”.

30.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 31.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la presente ley o que tenga objetivos de conservación ambiental se regirán por los siguientes principios:”.

32.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la frase “en el marco de la presente ley”.

Letra a)

33.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “biodiversidad”, la frase “y de los servicios ecosistémicos”.

34.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del vocablo “competentes”, la siguiente frase: “, incluyendo aquellos órganos encargados de instancias de investigación científica”.

Letra b)

35.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“b) Principio de jerarquía: Los impactos sobre la biodiversidad deben ser evitados, y sólo cuando ello no resulte posible deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación.”.

36.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “deben ser”, la siguiente: “evitados, y sólo cuando ello no es posible”.

37.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la expresión “deben ser”, la siguiente: “prevenidos,”.

Letra c)

38.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Es deber de Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona y las comunidades en la conservación de la biodiversidad.

Dicho principio se incorporará especialmente en la creación, organización y gestión de las áreas protegidas promoviendo la participación de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno regional y en forma especial a las comunidades indígenas y locales que se encuentren al interior o aledañas a las áreas protegidas.”.

Letra d)

39.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 40.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que sigue:

“d) Principio de precaución: Siempre y en todo caso se deberán implementar las medidas necesarias y suficientes para la conservación de la biodiversidad, sin que pueda en caso alguno, invocarse la falta de certeza científica respecto de la potencialidad de amenaza de reducción o pérdida de diversidad biológica.”.

41.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Cuando haya peligro de daño grave, inminente o irreversible a los elementos de la biodiversidad, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para implementar las medidas eficaces para la conservación biológica del país.”.

42.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“d) Principio de precaución: La falta de certeza científica, discrepancias entre cuerpos legales o recursos, no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.”.

43.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar el vocablo “no”, por “en ningún caso”.

Letra e)

44.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 45.- del Honorable Senador señor Navarro, y 46.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“e) Principio de prevención: Se deberá propender a evitar anticipadamente la producción de efectos perjudiciales para la biodiversidad del país.”.

Letra f)

47.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“f) Principio de responsabilidad: Quien cause daño a la biodiversidad es responsable del mismo en conformidad a la ley.”.

48.- Del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la locución “, sin perjuicio del deber del Estado de velar por la recuperación del funcionamiento de los ecosistemas degradados”.

49.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para suprimir la expresión “del funcionamiento”.

Letra g)

50.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 51.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que sigue:

“g) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige promover un uso sostenible y equitativo de los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.”.

52.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“g) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige la gestión integrada de los instrumentos de manejo, control y conservación de la biodiversidad, y promover un uso sostenible y equitativo de los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.”.

Letra h)

53.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 54.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se señala:

“h) Principio de transparencia: Es deber del Estado facilitar el acceso al público a la información sobre biodiversidad, el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos, el estado de conservación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos nativos y/u originarios del país.”.

Letra i)

55.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos deberán ser considerados como criterio para la conservación de la biodiversidad, pero en ningún caso podrán servir como argumento que inhiba la promoción de la conservación y restauración de ésta.”.

56.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos y gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos, debe incorporar la valoración de los servicios ecosistémicos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas de los diversos actores relacionados con ellas como los gobiernos locales, los privados, los pueblos indígenas y las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran y cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

57.- Del Honorable Senador señor De Urresti, y 58.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la que se señala:

“i) Principio de los servicios ecosistémicos: Estos servicios deberán ser considerados como criterio para la conservación de la biodiversidad, pero, en caso alguno, podrán servir como argumento que inhiba la promoción de la conservación y restauración de ésta.”.

59.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituirla por la que se indica:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad debe incorporar la identificación, cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos.”.

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60.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 61.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Enfoque ecosistémico: las acciones del Estado sobre componentes de la biodiversidad deben efectuarse mediante una gestión integrada de los recursos que la integran.”.

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62.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 63.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Conservación: en la ejecución de acciones de intervención de la biodiversidad se deberá garantizar y tener en cuenta siempre la mantención de los procesos biológicos.”.

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64.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 65.- del Honorable Senador señor Navarro, y 66.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra nueva:

“…) Principio de equidad: Se deberá promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad, así también se deberá proteger el conocimiento tradicional asociados a los recursos biológicos.”.

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67.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad, deberá incorporar mecanismos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas por parte de los diversos actores relacionados con ellas. Esto involucra además del Estado, a los gobiernos locales, a los privados, y en especial a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran y cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

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68.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos, deberá incorporar mecanismos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas de los diversos actores relacionados con ellas. Esto involucra además del Estado, a los gobiernos locales, a los privados, y en especial a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

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69.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 70.- del Honorable Senador señor Navarro, y 71.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Principio de no regresión: La normativa legal, reglamentaria y administrativa, así como los actos administrativos dictados por la autoridad no podrán ser revisados si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados con anterioridad.”.

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72.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 73.- del Honorable Senador señor Navarro, y .- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Participación Ciudadana: Es deber del Estado contar con los mecanismos que aseguren la participación informada de toda persona en las gestiones de conservación de la biodiversidad.”.

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74.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para introducir una letra nueva, del tenor que se indica:

“…) Principio de participación en los beneficios: Las comunidades indígenas y locales cuyos territorios tradicionales estén situados en todo o parte al interior de las áreas protegidas, tendrán derecho a participar en los beneficios económicos, culturales, educativos y de otra índole que se deriven de dichas áreas. La participación en dichos beneficios podrá ser extendida a las comunidades indígenas y locales cuyos territorios estén situados en zonas aledañas a las áreas protegidas.”.

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75.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 76.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Perpetuidad: las acciones del Estado sobre componentes de la biodiversidad deben efectuarse con una mirada de largo plazo garantizando y proyectando la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.”.

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77.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de publicidad y acceso electrónico de la información: Todas las plataformas de información aludidas en la presente ley deberán estar disponibles en bases de datos electrónicas, actualizadas y accesibles de manera gratuita. La información será considerada un bien nacional de uso público y podrá ser copiada, transmitida y almacenada sin permiso alguno.”.

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78.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 79.- del Honorable Senador señor Navarro, y .- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de restauración: Es deber del estado velar por la recuperación de los ecosistemas degradados.”.

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ARTÍCULO 3°

Encabezamiento

80.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 81.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 3°. Definiciones. Para todos los efectos legales se entenderá por:”.

Letra a)

82.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituirla por la que sigue:

“a) Área protegida: Espacio geográfico delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, dedicado a lograr a largo plazo la conservación de su biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados.”.

83.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 84.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Área protegida: Espacio geográfico delimitado, reconocido mediante decreto supremo, cuyo propósito es en el presente y a largo plazo asegurar la conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados.”.

85.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 86.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Área protegida: Espacio geográfico, terrestre, marino, costero -incluidos el suelo y subsuelo- y aéreo, específico y delimitado, reconocido oficialmente mediante acto de la autoridad administrativa o legislativa, con la finalidad de preservar o conservar la biodiversidad del país, proteger el patrimonio natural, cultural o su valor paisajístico u otras expresiones relevantes del medio ambiente.”.

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87.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar a la letra a) los siguientes párrafos:

“La declaración de área protegida es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo.

En las áreas protegidas no se podrán desarrollar actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, tampoco se podrán implementar instalaciones, ni desarrollar actividades de turismo o recreación masivas.”.

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Letra b)

88.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 89.- del Honorable Senador señor Navarro, y 89 bis.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Área protegida de gestión estatal: Área protegida creada en bienes nacionales fiscales, de uso público, en el mar territorial o en la zona económica exclusiva.”.

90.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirla por la que se señala:

“b) Área protegida del Estado: Área protegida que constituye patrimonio del Estado y de interés público y social, creada en espacios de propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público, incluyendo la zona económica exclusiva, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales y culturales, investigación científica, para la recreación, educación y promoción del turismo sustentable.”.

Letra c)

91.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 92.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar la expresión “de propiedad”, la primera vez que aparece.

Letra d)

93.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 94.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de la palabra “Incluye”, lo siguiente: “la variabilidad genética de los organismos y”.

95.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar en la última oración, a continuación de la palabra “diversidad”, el vocablo “genética”.

96.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar luego de la expresión “Incluye la diversidad dentro de una misma especie,” la siguiente frase: “o diversidad genética, la diversidad”.

Letra e)

97.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 98.- del Honorable Senador señor Navarro, y 98 bis.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“e) Corredor biológico: Un espacio de hábitat continuo o discontinuo, que conecta los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento e intercambio de las poblaciones y el flujo genético de las mismas.”.

Letra g)

99.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 100.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de la expresión “unidad funcional”, la locución “y que comparten un tiempo y un espacio”.

Letra h)

101.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la que se señala a continuación:

“h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta alteraciones negativas en su extensión, composición, estructura o función, conforme a criterios y umbrales que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza, en términos tales de definir el peligro que ella significa para su regeneración natural o su recuperación.”.

102.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 103.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se indica:

“h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta alteraciones negativas en su extensión, composición o estructura, conforme a criterios que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza, en términos tales de definir el peligro que ella significa para su regeneración natural o su recuperación.”.

104.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 105.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se indica:

“h) Ecosistema amenazado: Corresponde a ecosistemas en estado crítico, vulnerable o en peligro, cuya disminución en distribución o función ecológica, distribución reducida o relicto, o su condición ecológica expresada por indicadores físicos, químicos o bióticos, reflejan disminución o pérdida de la función ecológica, que amerita una acción para detener su pérdida.”.

106.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 107.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que se señala a continuación:

“h) Ecosistema amenazado o vulnerable: Ecosistema que presenta cambios o amenazas en su extensión, composición, estructura o función, ya sea por acción antrópica o natural que representa un deterioro de su biodiversidad conforme a criterios y umbrales objetivos.”.

Letra i)

108.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 109.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que se señala a continuación:

“i) Ecosistema degradado: Ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos originales han sido alterados por acción antrópica o natural, produciendo la disminución significativa de la abundancia de las especies de importancia para la biodiversidad del país.”.

Letra j)

110.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 111.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se indica:

“j) Especie exótica: Toda especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse.”.

112.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la locución “Una especie” por “Toda especie”.

Letra k)

113.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“k) Especie nativa: Es aquella originaria o autóctona de la zona en que habita, pero que no se encuentran necesariamente en forma exclusiva en ese lugar.”.

114.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la Expresión “o animales,”, la siguiente: “incluidos los recursos genéticos,”.

Letra l)

115.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 116.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que se indica:

“l) Especie silvestre, bravía o salvaje: Todo ejemplar de cualquier especie animal, que viva en estado natural, libre o independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cual sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre.”.

117.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se indica:

“l) Especie silvestre, bravía o salvaje: Todo ejemplar de cualquier especie, que viva en estado natural, libre o independiente del ser humano, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre.”.

118.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 119.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“l) Especie silvestre: Cualquier especie que vive en su estado “natural” en forma libre e independiente del ser humano, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo.”.

Letra m)

120.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la siguiente:

“m) Humedal: Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad a marea baja no exceda seis metros.”.

121.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 122.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“m) Humedal: Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad a marea baja no exceda seis metros. Incluye las zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina.”.

123.- Del Honorable Senador señor Giradi, y 124.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“m) Humedal: Toda extensión de marismas, pantanos, hualves o bosques pantanosos, turberas, vegas, bofedales o superficies cubiertas de aguas en régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, planicies mareales o praderas salinas.”.

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125.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para consultar un párrafo segundo en la letra m), del siguiente tenor:

“Para efectos de la delimitación de los humedales, se considerará la presencia y extensión de la vegetación hidrófila. Tratándose de ambientes que carezcan de ésta se utilizará para la delimitación, la presencia de otras expresiones de biota acuática.”.

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Letra n)

126.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 127.- del Honorable Senador señor Navarro, y 127 bis.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar a continuación de la voz “Territorio” la expresión “habitado,”.

Letra o)

128.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“o) Plan de Manejo: Instrumento basado en la ciencia, que establece una estrategia de gestión adaptativa de la biodiversidad en un territorio determinado, pudiendo contemplar el nivel genético, específico y/o ecosistémico.”.

129.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“o) Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión adaptativa que establece criterios y medidas para el manejo de la biodiversidad, en un área determinada del territorio, a fin de evitar su degradación, favorecer la recuperación y conservación de los ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley Nº 19.300.”.

130.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 131.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“o) Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión que establece criterios, medidas y acciones para la gestión del patrimonio natural, en un área determinada del territorio, a fin de favorecer la restauración, recuperación y conservación de los genes, especies y ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley N° 19.300.”.

Letra p)

132.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituirla por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión elaborado de manera participativa y adaptativa, que establece un marco para la toma de decisiones y canaliza los recursos económicos de que se dispone, el cual se aplicará en el área protegida durante un periodo de tiempo determinado, y que contiene aspectos técnicos y normativos, así como las acciones que se requieren para garantizar al interior del área la conservación a largo plazo de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados al área protegida específica, estableciendo una zonificación, objetivos de gestión y programas que definan los usos permitidos dentro del área protegida.”.

133.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirla por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión que establece los aspectos técnicos, normativos y las acciones que se requieren para garantizar la conservación del objeto de un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área protegida y establece las instancias y procedimientos para la participación de las comunidades locales y comunidades indígenas.”.

134.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 135.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión adaptativa, de carácter público, elaborado en base a conocimientos científicos y técnicos que establece los aspectos normativos, técnicos y las acciones, plazos, responsabilidades y metas que garanticen la conservación de la biodiversidad en un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área, que sean compatibles con su categoría de protección.”.

136.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento basado en la ciencia, que establece una estrategia de gestión adaptativa de la biodiversidad en un área protegida en atención a los objetivos de la misma, pudiendo contemplar el nivel genético, específico, especies y/o ecosistémico.”.

Letra r)

137.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 138.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“r) Servicios ambientales o ecosistémicos: Beneficios que brindan los recursos naturales para los ecosistemas y para la comunidad y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente.”.

Letra s)

139.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“s) Sitio prioritario: Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de alto valor para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir un ecosistema amenazado o hábitat de especies amenazadas, y priorizado para la conservación de su biodiversidad.”.

140.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarla por la siguiente:

“s) Sitio prioritario de conservación: Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de alto valor para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, y priorizado para la conservación de su biodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad.”.

141.- Del Honorable Senador señor De Urresti, y 142.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la frase final “en la Estrategia Nacional de Biodiversidad”.

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143.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Áreas conservadas por comunidades locales y Territorios indígenas de conservación: Son áreas naturales y/o ecosistemas modificados que contienen valores significativos de diversidad biológica, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados de manera voluntaria por comunidades indígenas, tanto sedentarias como móviles, o comunidades locales a través de normas y costumbres tradicionales u otras formas efectivas de manejo.”.

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144.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Áreas de Influencia socioeconómica: Son áreas adyacentes a las áreas silvestres protegidas identificadas en los planes de manejo a través de la cuales se promueve un desarrollo ambientalmente sostenible permitiendo la mayor protección de estas zonas e integrando a las comunidades indígenas y locales.

Los planes de manejo establecerán las condiciones en los propietarios y residentes de las áreas de influencia podrán colaborar en la gestión de las áreas protegidas y en la implementación de medidas de conservación de la zona.”.

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145.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 146.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Área protegida de Gobernanza compartida: Área protegida creada en espacios de propiedad pública o privada, gestionada a través de órganos colegiados con participación de diferentes actores sociales, reconocida por el Estado conforme a las disposiciones de la presente ley.”.

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147.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 148.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Área protegida de Gobernanza indígena y comunitaria: Área protegida creada en territorios indígenas o de comunidades tradicionales, gestionada a través de instituciones consuetudinarias, reconocida por el Estado conforme a las disposiciones de la presente ley.”.

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149.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 150.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Comunidades aledañas: Referido al conjunto de los habitantes y localidades en el entorno de las áreas protegidas, que mantienen vinculaciones históricas, culturales o económicas con los valores y funciones que ellas contienen.”.

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151.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 152.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar la letra nueva que se indica:

“…) Conservación de la biodiversidad: Manejo de las interacciones humanas con los genes, las especies y los ecosistemas, de tal manera que se promueva el beneficio máximo para la generación presente y se mantenga el potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. Incluye aspectos como salvar, conocer y utilizar la biodiversidad.”.

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153.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 154.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar la letra nueva que se indica:

“…) Conservación de la naturaleza: Cuidado y preservación de todas las especies de organismos, representativas de un área o zona geográfica generalmente en estado natural.”.

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155.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 156.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Conservación in situ: La conservación de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.”.

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157.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 158.- del Honorable Senador señor Navarro, y 159.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Conservación ex situ: Esta se refiere al cuidado de los componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitat naturales; por lo tanto, implica tanto el almacenamiento de los recursos genéticos en bancos de germoplasma, como el establecimiento de colecciones de campo y manejo de especies en cautiverio.”.

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160.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Conservación ex situ: Se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.”.

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161.- Del Honorable Senador señor Navarro, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Diversidad genética: Variación en la composición genética de los individuos dentro de una misma especie o entre especies diferentes.”.

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162.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la letra nueva que se señala:

“…) Diversidad genética: Es la variabilidad que presentan los individuos dentro de una misma especie. Puede llegar a formar una subespecie, variedad o raza, que son grupos de individuos de una especie con características distintivas, que los diferencian de la especie, pero que aún se pueden reproducir entre sí.”.

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163.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Ecoturismo: Acceso responsable a zonas naturales, que tiene como objetivos: minimizar los impactos ambientales y sociales; aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura; ofrecer experiencia positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones; ofrecer beneficios financieros directos para la conservación; proveer beneficios financieros y participación real para la población local, y aumentar la sensibilidad de los visitantes hacia el país anfitrión en su clima político, cultural y social.”.

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164.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Ecoturismo: modalidad de turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto, que promueve la conservación del medio ambiente incorporando a las poblaciones locales y comunidades indígenas y locales, a través de la participación en los beneficios económicos y sociales.”.

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165.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 166.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Ecoturismo: El turismo responsable en las áreas naturales que contribuye con la conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de las personas locales, y que tiene además los siguientes objetivos: minimizar los impactos ambientales y sociales; aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura; ofrecer experiencia positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones; ofrecer beneficios financieros directos para la conservación; proveer beneficios financieros y participación real para la población local, y; aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el lugar anfitrión.”.

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167.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para introducir una letra nueva, del tenor que sigue:

“…) Espacio costero marino de pueblos originarios: Son aquellos espacios costeros marinos a que refiere la ley N° 20.249, así como aquellos territorios que, de conformidad al Convenio Nº 169 de la OIT, constituyen espacios marinos de uso y ocupación tradicional indígena.”.

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168.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 169.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Especie amenazada: Especie en estado silvestre que aún abunda en su medio natural pero es probable que llegue a estar en peligro de extinción, debido a la disminución en su número o población.”.

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170.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 171.- del Honorable Senador señor Navarro, y 172.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Especie domesticada o cultivada: Especie en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.”.

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173.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Especie endémica: Especie exclusiva de una región geográfica determinada.”.

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174.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Especies endémicas: Se definen porque viven exclusivamente dentro de un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular, siendo por tanto un subconjunto de las especies nativas.”.

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175.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 176.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Especies endémicas: Toda especie que se distribuye exclusivamente dentro de un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas.”.

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177.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 178.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Especie Invasora: Especie cuyo establecimiento y expansión, amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño significativo a uno o más componentes del ecosistema.”.

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179.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 180.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Gestión ambiental: Manejo participativo de los elementos y problemas ambientales de una región determinada por parte de los diversos actores sociales, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, técnicas, de planificación, económicas, financieras y administrativas, para lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad.”.

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181.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Geodiversidad: Comprende al conjunto de todos aquellos elementos geológicos (ej. rocas, minerales, fósiles, paisajes, suelos y otros depósitos superficiales) que constituyen el sustrato de la vida en la Tierra, así como también a la variedad de ambientes, fenómenos y procesos geológicos que dieron origen a dichos elementos. Cabe mencionar que no todos los aspectos de la historia de la Tierra ni todos los elementos de la geodiversidad son significativos, por lo que geodiversidad no es sinónimo de patrimonio geológico.”.

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182.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Geoparque: Refiere a territorios con una geodiversidad de relevancia internacional, donde se concentra un variado conjunto de geositios. Mediante una apropiada gestión de estos geositios, los geoparques conservan el patrimonio geológico para las generaciones futuras, y fomentan el desarrollo socioeconómico y cultural local mediante la generación de programas turísticos y educativos.”.

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183.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Geositios: Son localidades de origen geológico y bien delimitadas geográficamente, que presentan un valor singular desde el punto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico, etc. Los geositios corresponden al patrimonio geológico inmueble, y se diferencian del patrimonio geológico mueble que está formado principalmente por las colecciones de rocas, minerales y fósiles.”.

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184.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 185.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Gestión de la biodiversidad: Actividades que integran una serie de procesos que comprenden la capacidad de convertir en planes, programas y proyectos las ideas e iniciativas de desarrollo, haciendo uso o conservando los recursos de la biodiversidad.”.

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186.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 187.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Hábitat: Ambiente en el cual vive un organismo. Comprende los recursos y las condiciones presentes en una zona determinada que permiten presencia, supervivencia y reproducción de un organismo que existe naturalmente en un lugar o ambiente.”.

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188.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 189.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Hábitat: espacio territorial específico definido por factores abióticos y bióticos donde vive una especie en una de las fases de su ciclo biológico.”.

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190.- Del Honorable Senador señor Navarro, 191.- del Honorable Senador señor Girardi, y 192.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Material Genético: Se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.”.

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193.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) País de Origen de recursos Genéticos: Se entiende el país que posee esos recursos genéticos en condiciones in situ.”.

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194.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar una nueva letra, del tenor siguiente:

“…) Patrimonio Geológico: Es una parte integral del patrimonio natural. Está formado por aquellos elementos de la geodiversidad (localidades, rocas, minerales, fósiles, etc.) que destacan por poseer un elevado valor, ya sea debido a su interés científico o a otro tipo de interés para la sociedad (educativo, cultural, turístico, etc.).”.

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195.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 196.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Patrimonio nacional: Conjunto, por su naturaleza misma indefinido, de aquellos bienes arqueológicos, históricos o naturales que le pertenecen a una nación.”.

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197.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 198.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Plan de manejo de especies: Instrumento de gestión que establece los aspectos técnicos, normativos y las acciones que se requieren para garantizar la conservación o recuperación de especies de flora o fauna nativas, así como la prevención, control y erradicación de especies exóticas e invasoras.”.

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199.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Preservación: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país.”.

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200.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 201.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Preservación: Conjunto de disposiciones y medidas para salvaguardar genes, especies y ecosistemas que por su fragilidad, escasez, y funciones ecosistémicas no deben ser tocados por los seres humanos.”.

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202.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar la siguiente nueva letra:

“…) Recuperación de los servicios de un ecosistema específico en un ecosistema o hábitat degradado.”.

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203.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 204.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente nueva letra:

“…) Recuperación natural: Proceso mediante el cual la misma naturaleza se repone de un impacto ambiental, sea éste antropogénico o natural, siguiendo cambios biogeoquímicos y formas de sucesión normales.”.

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205.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 206.- del Honorable Senador señor Navarro, y 207.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Recursos biológicos: Son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, poblaciones, o cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.”.

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208.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 209.- del Honorable Senador señor Navarro, y 210.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una nueva letra, del tenor que sigue:

“…) Recurso genético: Es el material genético de valor real o potencial.”.

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211.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Rehabilitación: Recuperación de los servicios de un ecosistema específico en un ecosistema o hábitat degradado.”.

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212.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 213.- del Honorable Senador señor Navarro, y 214.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Rehabilitación ecológica: Es el mejoramiento de las funciones de un ecosistema sin necesariamente retornar a las condiciones previas a la perturbación. Generalmente se enfatiza la restauración de los procesos y las funciones del ecosistema para incrementar el flujo de bienes y servicios para los seres humanos.”.

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215.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Reserva de la biosfera: Gran área natural, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y su Programa el Hombre y la Biosfera (Programa MAB, por sus siglas en inglés), por la importancia internacional de su biodiversidad y sus funciones integradas de conservación de la biodiversidad, de promoción del desarrollo económico y el desarrollo humano de las comunidades del entorno, de la investigación, de la educación, y en donde se ejecuten trabajos de gestión conjuntos orientados al uso racional de sus recursos.”.

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216.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Restauración: La restauración ecológica es el proceso de ayudar con el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Teniendo como meta un ecosistema que tiene capacidad de recuperación y que se sostiene por sí solo con respecto a la estructura, composición y función de las especies, y que además, se integra en un paisaje más amplio y que apoya los medios de vida sostenibles.”.

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217.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Restauración ecológica: Es el proceso de ayuda al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido.”.

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218.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 219.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Restauración ecológica: Regreso de un ecosistema o hábitat hacia la estructura original de la comunidad, la composición natural de las especies y las funciones naturales o restauración de tierras degradadas hacia el estado exacto que tenían previamente a una perturbación específica.”.

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220.- De la Honorable Senadora señora Allende, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Conjunto de áreas protegidas, públicas y privadas, terrestres, acuáticas y marinas, que contemplan distintas categorías de protección y distintos sistemas de gestión.”.

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221.- Del Honorable Senador señor Girardi, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Taxón: grupo de organismos con características comunes.”.

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222.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra nueva:

“…) Territorios indígenas de conservación y áreas conservadas por comunidades locales: Son ecosistemas naturales y/o modificados, que contienen valores significativos de diversidad biológica, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados voluntariamente por pueblos indígenas y comunidades locales, tanto sedentarias como móviles, a través de leyes consuetudinarias u otros medios eficaces.

Son comunidades indígenas las constituidas de conformidad con la ley Nº 19.253. Para efectos de esta ley, también se entenderá como comunidad indígena a las instituciones propias de los pueblos indígenas que ejerzan gobernanza sobre su tierra o territorio, de conformidad con los dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.”.

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223.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Tierras indígenas: Son aquellas que corresponden a la definición de tierras indígenas del artículo 12º de la Ley Nº 19.253, así como aquellos territorios que, de conformidad al Convenio Nº 169 de la OIT, constituyen espacios de ocupación tradicional indígena.”.

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224.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 225.- del Honorable Senador señor Navarro, y 226.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Utilización sostenible: Se entiende de la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasionen la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.”.

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227.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para introducir la nueva letra que se señala:

“…) Zona de Amortiguación: Territorio comprendido por las zonas adyacentes a las áreas protegidas tanto de gestión estatal como privadas, regulado participativamente de manera especial, a través de una planificación multidisciplinaria de largo plazo, para procurar su manejo hacia la contribución de beneficios recíprocos tanto ecológicos y de conservación de la biodiversidad para las áreas protegidas, como de desarrollo económico, sociales y culturales para la población en general.”.

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228.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 229.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Zona de Amortiguación: Territorio comprendido por las zonas adyacentes a las zonas núcleo áreas protegidas y que son parte del plan de manejo del área protegida, tanto de gestión estatal como privadas, planificado y gestionado de forma participativa a través de una planificación multidisciplinaria de largo plazo, orientados a garantizar la conservación del área protegida, así como a generar beneficios para las áreas protegidas, como de desarrollo económico, sociales y culturales para la población en general.”.

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230.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 231.- del Honorable Senador señor Navarro, para introducir la nueva letra que se señala:

“…) Zona de amortiguación: Espacio geográfico periférico a un área silvestre bajo protección oficial, que contribuye a la protección o absorción de eventuales efectos negativos resultantes de actividades realizadas en su entorno.”.

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ARTÍCULO 5°

232.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 5°. Objeto. El Servicio tendrá por objeto asegurar la conservación de la biodiversidad, las funciones de los ecosistemas y el patrimonio natural en el territorio nacional.

Los organismos sectoriales con competencia en sanidad vegetal y animal y en prevención y combate de incendios forestales mantendrán sus atribuciones en esas materias.”.

Inciso primero

233.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 234.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el texto que señala: “asegurar la conservación de la biodiversidad en el territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”, por el siguiente: “la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental y la biodiversidad del territorio nacional, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”.

235.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “biodiversidad”, la expresión “y los servicios ecosistémicos”.

236.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la voz “en” el vocablo “todo”.

237.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para suprimir la frase: “, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”.

238.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la frase “, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”, por la siguiente: “, promover incentivos a la conservación sustentable de genes, especies y ecosistemas, promover la investigación y educación sobre los ecosistemas de alto valor ambiental y regular las actividades e intervención de los distintos sectores y actividades antrópicas que atenten sobre la diversidad biológica en el territorio nacional”.

239.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituir la frase “, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”, por la siguiente: “y en todos sus niveles, ya sea a nivel genético, de especies o de ecosistemas.”.

Inciso segundo

240.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 241.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

ARTÍCULO 6°

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242.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar como nueva letra a), la siguiente:

“a) Elaborar y aplicar la Política sobre Biodiversidad que defina el Estado de Chile, en todo el territorio nacional.”.

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Letra a)

243.- De la Honorable Senadora señora Allende, para anteponer al vocablo “Administrar”, las palabras “Gestionar y”.

244.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 245.- del Honorable Senador señor Navarro, y 246.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la palabra “Administrar” por “Gestionar”.

Letra b)

247.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“b) Administrar las áreas protegidas de gestión estatal y supervisar la administración de las áreas protegidas privadas, de gobernanza compartida y de pueblos originarios.”.

248.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 249.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“b) Administrar las áreas protegidas del Estado que no estén bajo la administración de otros servicios públicos y supervisar la administración de las áreas protegidas de propiedad privada.”.

250.- De la Honorable Senadora señora Allende, para anteponer al vocablo “Administrar”, las palabras “Gestionar y”.

251.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir las expresiones “del Estado” por “de gestión estatal” y “de propiedad privada” por “privadas”.

252.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del vocablo “privada”, el siguiente texto: “. El Servicio deberá contemplar la integración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con la gestión que se realice fuera de las áreas protegidas en el marco de los instrumentos de Conservación de la biodiversidad con los que cuente”.

Letra c)

253.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 254.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“c) Fomentar y proponer la creación de áreas protegidas.”.

Letra d)

255.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “protegidas”, la expresión “del Estado”.

Letra f)

256.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la expresión “del Estado”.

257.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 258.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la locución “del Estado” por “de gestión estatal”.

Letra g)

259.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la expresión “del Estado”.

260.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

Letra h)

261.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 262.- del Honorable Senador señor Navarro, y 263.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“h) Ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70 letra i) de la ley N° 19.300.”.

264.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituir la frase “en materia de sanidad vegetal y animal, prevención y combate de incendios forestales y de bosque nativo”, por la siguiente: “en las materias de sanidad vegetal y animal, regulada en la ley Nº 18.755, en las materias de prevención y combate de incendios forestales, regulado en el D.L Nº 733, de 1982, del Ministerio del Interior y en la ley Nº 20.653, y en las materias de bosque nativo, regulado en la ley Nº 20.283”.

Letra i)

265.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “Elaborar” por lo siguiente: “Promover, coordinar, implementar, elaborar”.

266.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 267.- del Honorable Senador señor Navarro, y 268.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del vocablo “biodiversidad”, la frase: “y los servicios ecosistémicos,”.

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269.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar un párrafo segundo, del siguiente tenor:

“Tratándose de investigaciones científicas realizadas en forma pública o privada, se deberá establecer un procedimiento simplificado para la obtención de permisos de investigación científica, con formulario y ventanilla única. El estado, a través del Servicio deberá velar para coordinar tal fin. Los resultados de las investigaciones autorizadas en áreas protegidas deberán ser entregados al Estado.”.

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Letra l)

270.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar después de la palabra “especies”, la frase “, de diversidad genética”.

Letra m)

271.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para suprimir el texto que señala “, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal”.

Letra o)

272.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la locución “materia de sanidad vegetal y animal y prevención y combate de incendios forestales” por “materia de sanidad vegetal y animal, prevención y combate de incendios forestales y de bosque nativo”.

Letra q)

273.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarla.

274.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la siguiente:

“q) Proponer al Servicio Agrícola y Ganadero criterios para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas que no afecten la conservación de ecosistemas amenazados y la biodiversidad.”.

275.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“q) Proponer al Servicio Agrícola y Ganadero criterios para el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas que no afecten la conservación de la biodiversidad.”.

276.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirla por la que sigue.

“q) Proponer al Servicio Agrícola y Ganadero criterios y medidas para el uso, mitigación o prohibición de plaguicidas, fertilizantes y sustancias químicas que afecten la conservación de ecosistemas amenazados o afecten gravemente los ecosistemas de las áreas silvestres protegidas.”.

277.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituir la frase “que afecten la conservación de ecosistemas amenazados;” por la siguiente: “, a fin de resguardar la biodiversidad;”.

278.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la frase “de ecosistemas amenazados” por “de la biodiversidad”.

Letra s)

279.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarla por la siguiente:

“s) Aplicar y fiscalizar las normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de todo tipo de fauna silvestre. En el marco de ésta atribución deberá emitir pronunciamiento sobre las materias de su competencia en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de todo proyecto del art. 10 letra e), p) y r) o que presente los efectos del art.11 letras b), d) y e) de la Ley 19.300, sin perjuicio de todas aquellas otras en que se requiera su pronunciamiento.”.

280.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“s) Aplicar y fiscalizar las normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de todo tipo de fauna silvestre.”.

281.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“s) Establecer lineamientos y criterios para el establecimiento de centros de rescate, rehabilitación, reinserción y observación de especies. Aplicar y fiscalizar normas sobre protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de especies terrestres y acuáticas marinas y continentales de animales, plantas, algas, hongos, microorganismos, y su diversidad genética.”.

282.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la locución “mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas”, por “animales, así como proponer lineamientos o criterios para el establecimiento de centros de rescate, rehabilitación, reinserción y observación de especies”.

Letra t)

283.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 284.- del Honorable Senador señor Navarro, y 285.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“t) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, corredores biológicos, zonas de amortiguación y paisajes de conservación.”.

Letra u)

286.- Del Honorable Senador señor Navarro, para remplazarla por la que se señala:

“u) Participar en la definición de criterios para el otorgamiento de autorizaciones de repoblación o siembra de especies hidrobiológicas; pronunciarse respecto de la identificación de las áreas susceptibles de ser declaradas preferenciales, y fiscalizar la aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, corredores biológicos, zonas de amortiguación y paisajes de conservación.”.

287.- Del Honorable Senador señor Horvath, para remplazarla por la que se señala:

“u) Participar en la definición de criterios para el otorgamiento de autorizaciones de repoblación o siembra de especies hidrobiológicas.”.

Letra v)

288.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 289.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“v) Autorizar la caza o captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Caza en tales áreas y en los sitios prioritarios, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, corredores biológicos, zonas de amortiguación y paisajes de conservación.”.

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290.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar un párrafo segundo, del siguiente tenor:

“Sin embargo, las comunidades indígenas podrán realizar actividades de caza y recolección de alimentos, dentro de sus prácticas tradicionales, e incluyendo aquellas actividades con fines ceremoniales o religiosos.”.

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Letra w)

291.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la frase “Fiscalizar el cumplimiento de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en las áreas que forman parte del”, por la siguiente: “Coordinar acciones o actividades de monitoreo, investigación y educación ambiental en el”.

292.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir el siguiente texto: “, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados”.

293.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, luego de la palabra “degradados”, lo siguiente: “, corredores biológicos, zonas de amortiguación y paisajes de conservación”.

Letra x)

294.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la expresión “privadas,”, lo siguiente: “nacionales o internacionales,”.

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295.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Asegurar un financiamiento público suficiente, permanente y creciente para el cumplimiento óptimo de todas las funciones del Servicio, con gradualidad, sin perjuicio de otras formas de financiamiento, como ingresos por concesiones, donaciones, etc.”.

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296.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Autorizar o denegar acceso a la diversidad genética en áreas protegidas del Estado.”.

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297.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Crear sistemas de almacenamiento de información relativos a la biodiversidad y estado del sistema nacional de áreas protegidas.”.

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298.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 299.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Colaborar con las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la protección de la Biodiversidad.”.

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300.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 301.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Coordinar y administrar el procedimiento de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, clasificación respecto de la cual deberá pronunciarse el Ministerio de Medio Ambiente conforme al Reglamento a que se refiere el artículo 37 de la ley N° 19.300.”.

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302.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 303.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Dar soporte a los procedimientos de información, participación y consulta respecto de la creación, manejo, modificación o desafectación de áreas protegidas, de acuerdo a las normativas vigentes y a los convenios internacionales suscritos.”.

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304.- Del Honorable Senador señor Girardi, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Delegar la administración de un área protegida del Estado en otro órgano o servicio del Estado, regional, provincial o comunal o en el que éste tenga participación o en otro tipo de organizaciones públicas o privadas con competencia para ello.”.

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305.- Del Honorable Senador señor Navarro, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Delegar la administración de un área protegida del Estado en otro órgano o servicio del Estado, regional, provincial o comunal o en el que éste tenga participación.”.

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306.- Del Honorable Senador señor Navarro, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Emitir pronunciamiento sobre las materias de su competencia en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto de todo proyecto del art. 10 letra e), p) y r) o que presente los efectos del art.11 letras b), d) y e) de la Ley 19.300, sin perjuicio de todas aquellas otras en que se requiera su pronunciamiento.”.

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307.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 308.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local, en los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen.”.

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309.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Implementar los planes de gestión de las Reservas de la Biosfera inscritas por Chile en Unesco en el marco del Programa MAB, hombre y biosfera, particularmente las medidas de planificación, zonificación y participación de las comunidades locales y comunidades indígenas.”.

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310.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 311.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Monitorear el estado de la biodiversidad del área y de sus componentes.”.

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312.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 313.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Promover la implementación de programas de desarrollo local en las zonas de influencia de las áreas protegidas, bajo un enfoque ecosistémico que garantice la distribución equitativa de costos y beneficios de la conservación.”.

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314.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Pronunciarse respecto de la identificación de las áreas susceptibles de ser declaradas preferenciales, y fiscalizar la aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, corredores biológicos, zonas de amortiguación y paisajes de conservación.”.

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315.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Resguardar la diversidad genética en las áreas protegidas y regular el acceso y distribución de beneficios por el uso de los recursos genéticos dentro de las áreas protegidas conforme al Convenio sobre Diversidad Biológica y la legislación vigente sobre la materia.”.

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316.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 317.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro de las áreas protegidas de gestión estatal.”.

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318.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 319.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Velar por el manejo adecuado de las áreas protegidas.”.

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ARTÍCULO 8°

Letra a)

320.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 321.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Informar al Ministerio del Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio y su cumplimiento.”.

Letra e)

322.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 323.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que sigue:

“e) Coordinar o delegar, según corresponda, las funciones del Servicio con otros servicios públicos con competencia ambiental.”.

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324.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 325.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir la siguiente letra, nueva:

“…) Designar a los guardaparques que cumplirán funciones de fiscalización.”.

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326.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 327.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Proponer al Ministro de Medio Ambiente las modificaciones legales o reglamentarias que sean procedentes para el mejor cumplimiento de las funciones y objetivos del servicio.”.

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328.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Velar por la implementación de la política sobre Biodiversidad en todo el territorio nacional.”.

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ARTÍCULO 10

Inciso primero

Letra e)

329.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 330.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

ARTÍCULO 11

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331.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 332.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un nuevo inciso, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, el personal del Servicio que fuere traspasado de la Corporación Nacional Forestal o de otro Servicio mantendrá el mismo régimen laboral que gozaba en dicha institución.”.

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ARTÍCULO 12

Encabezamiento

333.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 334.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por la siguiente:

“Artículo 12. Creación y objetivos del Sistema. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas a que se refiere la Ley 19.300, se regulará por las normas de la presente ley y tendrá los siguientes objetivos:”.

Letra a)

335.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Mejorar la conservación de la biodiversidad representativa del país en las áreas que formen parte del Sistema.”.

336.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que sigue:

“a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación y preservación de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos asociados en las áreas que formen parte del Sistema.”.

337.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos asociados en las áreas que formen parte del Sistema.”.

338.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de la biodiversidad y geodiversidad en las áreas que formen parte del sistema para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable del país.”.

339.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituirla por la que sigue:

“a) Contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable del país.”.

Letra b)

340.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después de la palabra “variedades”, la siguiente frase: “y su diversidad genética, como también de la representatividad geológica”.

Letra c)

341.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la expresión “integración de”, lo siguiente: “las áreas protegidas y”.

342.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después de la palabra “ecosistémicos”, lo siguiente: “de carácter biótico y abiótico”.

o o o o o

343.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) El servicio considerará una planificación que permita garantizar un financiamiento permanente y sostenible en el tiempo de las áreas protegidas. Debe ser construido como un sistema integral, conformado por metas, objetivos y reglas de operación, que incluye aspectos técnicos, de monitoreo, de difusión y financieros, aplicables al conjunto de áreas protegidas, públicas y privadas, terrestres y acuáticas, con diferentes categorías de conservación y diversos esquemas de gestión.”.

o o o o o

o o o o o

344.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para consultar la siguiente letra nueva:

“…) Garantizar la protección de elementos del patrimonio natural que sean claves para la identidad, la economía regional y/o comunal, o que generen servicios ecosistémicos claves para el desarrollo sustentable de los territorios.”.

o o o o o

o o o o o

345.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 346.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar la siguiente letra nueva:

“…) Gestionar de manera efectiva las áreas que lo integran mediante su adecuado manejo u otras técnicas apropiadas de conservación.”.

o o o o o

o o o o o

347.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 348.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Integrar y conectar los procesos ecológicos que se producen en el territorio nacional a través de corredores biológicos y demás técnicas de conservación.”.

o o o o o

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349.- Del Honorable Senador señor De Urresti, y 350.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Mantener y mejorar los servicios ecosistémicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

o o o o o

o o o o o

351.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar una nueva letra, del siguiente tenor:

“…) Promover la participación de las personas, comunidades locales y comunidades indígenas en la conservación y gestión de las áreas protegidas, especialmente aquellas cuyos territorios se encuentran en todo o parte en zonas que se encuentran aledañas o al interior de las áreas protegidas, procurando el desarrollo sustentable.”.

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352.- Del Honorable Senador señor Navarro, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Promover la investigación y educación ambiental en todos los niveles de la sociedad, como la inclusión de comunidades rurales e indígenas en los planes de manejo de las unidades pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

o o o o o

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353.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

“…) Promover el desarrollo de áreas o zonas de amortiguación aledañas a las áreas protegidas silvestres pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para generar interconexión entre las unidades de áreas silvestres protegidas, disminuir el impacto de actividades humanas y fomentar el manejo integral ecosistémico.”.

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o o o o o

354.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 354 bis.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“…) Respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

o o o o o

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355.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Respetar, preservar y mantener los conocimientos y las pra?cticas tradicionales y culturales pertinentes para la conservacio?n y la utilizacio?n sostenible de la diversidad biolo?gica.”.

o o o o o

o o o o o

356.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Vincular las áreas protegidas con un ordenamiento territorial que permita cumplir con los objetivos de las letras anteriores.”.

o o o o o

ARTÍCULO 13

357.- De la Honorable Senadora señora Allende para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 13. Homologación de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas adoptará las definiciones de las categorías de áreas protegidas propuestas por la UICN, homologando las áreas protegidas existentes en la nación antes de entrada en vigencia de la presente ley. Se mantendrá el resto de las áreas bajo protección oficial para los efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La reclasificación u homologación en ningún caso reducirá el grado de protección o jerarquía o superficie de un área protegida.

Al margen de la homologación y reclasificación de las categorías de áreas protegidas en conformidad con los criterios de la UICN, se incluirá una categoría que considere áreas de conservación de la biodiversidad en territorios de pueblos originarios.

Comprenderá las siguientes categorías de protección:

a) Reserva de Región Virgen;

b) Parque Marino;

c) Parque Nacional;

d) Monumento Natural;

e) Reserva Marina;

f) Reserva Nacional;

g) Santuario de la Naturaleza;

h) Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos, y

i) Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar.”.

Encabezamiento

358.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 359.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 13. Categorías de áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas estará integrado por áreas protegidas del Estado y áreas protegidas de propiedad privada. Las áreas protegidas del Estado comprenderán las siguientes categorías de protección:”.

Letra i)

360.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 361.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“i) Humedal de Importancia Nacional o Internacional o Sitio Ramsar”.

362.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la palabra “Internacional” por “Ecológica”.

o o o o o

363.- Del Honorable Senador señor Girardi, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Área de Conservación Indígena.”.

o o o o o

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364.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Área Terrestre Protegida de Múltiples Usos.”.

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365.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 366.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Bien Nacional protegido.”.

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367.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Espacio Marino y Costero de Pueblos Originarios.”.

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368.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Humedal de importancia local o regional.”.

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369.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Reserva de la Biosfera, declarada por UNESCO.”.

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370.- Del Honorable Senador señor Horvath, y 371.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Reserva de la Biosfera.”.

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372.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 373.- del Honorable Senador señor Navarro, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Reserva Forestal.”.

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374.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 375.- del Honorable Senador señor Girardi, 376.- del Honorable Senador señor Horvath, y 377.- del Honorable Senador señor Navarro, para introducir una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Reserva Genética.”.

o o o o o

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378.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar una letra nueva, del tenor que se señala:

“…) Reserva Natural Urbana.”.

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379.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar la letra nueva que se indica a continuación:

“…) Sitio Natural de UNESCO.”.

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380.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar una letra nueva, del tenor que se señala:

“…) Territorio Indígena de Conservación.”.

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ARTÍCULO 14

381.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. Reserva de Región Virgen. Denomínase Reserva de Región Virgen un área terrestre, de aguas continentales o marinas, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbada por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica, vedada a toda explotación productiva y comercial, con excepción de la investigación científica, educación y la fiscalización por parte de los organismos públicos.”.

o o o o o

382.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 383.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En ellas no podrán autorizarse ni ejecutarse actividades comerciales o productivas de ninguna clase.”.

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ARTÍCULO 15

Inciso primero

384.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación de la voz “únicos” la expresión “o vulnerables”.

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385.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 386.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“En ellos no se podrán autorizar ni ejecutar actividades comerciales o productivas de ninguna clase.”.

o o o o o

ARTÍCULO 16

387.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 16. Parque Nacional. Denomínese Parque Nacional un área, generalmente extensa, en la que existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, y en que la biodiversidad o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo.

El objetivo de esta categoría es la preservación de muestras del patrimonio natural, escénico o cultural asociado, la continuidad de los procesos ecológicos, junto con las especies y ecosistemas característicos del área, la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros, y la mantención de los servicios ecosistémicos que proveen.

Sólo se podrán hacer obras que contribuyan al objetivo de gestión de los Parques Nacionales, que es la preservación de la naturaleza y sus aspectos culturales asociados y la recreación, educación e investigación científica, en la medida que no impacten dicho objetivo.”.

Inciso primero

388.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 389.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la locución “, no alterados significativamente por la acción humana,”.

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390.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del inciso primero, el siguiente:

“En los parques nacionales sólo se podrán hacer obras que contribuyan al objetivo de gestión de aquellos, el cual es la preservación de la naturaleza y sus aspectos culturales asociados, y la recreación, educación e investigación científica en la medida que no impacten dicho objetivo. Esta disposición se hará efectiva mediante la modificación de otras normas, en particular aquellas que regulan la actividad minera, de energía y de recursos hídricos.”.

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391.- Del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un inciso final, del tenor que se señala:

“Sólo se podrán hacer obras que contribuyan al objetivo de gestión de los Parques Nacionales, que es la preservación de la naturaleza y sus aspectos culturales asociados y la recreación, educación e investigación científica, en la medida que no impacten dicho objetivo.”.

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392.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 393.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“En ellos sólo se admitirán actividades educativas, científicas o recreativas.”.

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ARTÍCULO 17

394.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17. Monumento Natural. Son las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto especifico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.”.

Inciso primero

395.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, después de la expresión “área,”, lo siguiente: “terrestre, marina o dulceacuícola,”.

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396.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 397.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso final, del siguiente tenor:

“En ellos sólo se admitirán actividades educativas, científicas o recreativas.”.

o o o o o

ARTÍCULO 18

Inciso primero

398.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 399.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 18. Reserva Marina. Denomínase Reserva Marina un área marina, incluido el suelo y subsuelo marino, en la que existen comunidades biológicas, especies marinas y hábitats relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional.”.

o o o o o

400.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 401.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente inciso, nuevo:

“En ellas no se admitirán actividades productivas distintas al desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura.”.

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ARTÍCULO 19

o o o o o

402.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 403.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar después del inciso primero el siguiente:

“En ellas sólo se admitirán actividades comerciales o productivas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.”.

o o o o o

Inciso segundo

404.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, después del vocablo “determinados”, la expresión “y ecosistemas”.

405.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después del vocablo “protección”, la locución “de la geodiversidad, particularmente”.

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406.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar, a continuación del artículo 19, el siguiente artículo:

“Artículo… Reserva Genética. Denomínase una reserva genética, aquella área terrestre de límites acotados que incorpora especies que son importantes recursos genéticos valiosos de conservar, especialmente si son recursos en que Chile es el país de origen.”.

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ARTÍCULO 20

o o o o o

407.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 408.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar después del inciso primero el siguiente:

“En ellos sólo se admitirán actividades educativas, científicas o recreativas.”.

o o o o o

Inciso segundo

409.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“El objetivo de esta categoría es la conservación y mantención de especies y hábitats, terrestres o acuáticos, como de elementos de la diversidad geológica de especial interés científico, educativo, cultural u otros. Esta categoría permite la conservación de los lugares considerados como geositios por la comunidad científica nacional.”.

ARTÍCULO 21

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410.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 411.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar después del inciso primero el siguiente:

“En ellas se admitirán actividades comerciales de pesca artesanal, acuicultura o de uso y aprovechamiento tradicional de los recursos naturales allí existentes.”.

o o o o o

Inciso segundo

412.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la locución “ordenamiento jurídico”, la siguiente: “y en el plan de manejo respectivo”.

ARTÍCULO 22

Inciso primero

413.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 414.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 22. Humedal de Importancia Nacional o Internacional o “Sitio Ramsar”. Denomínase Humedal de Importancia Nacional o Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada por la autoridad o en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.”.

415.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, después de la expresión “así declarada”, la siguiente: “por el Estado”.

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416.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 417.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar como inciso final, el siguiente:

“En ellos sólo se admitirán actividades educativas, científicas, recreativas o productivas para la mantención de bienes y servicios ecosistémicos asociados a ellos.”.

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418.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo…. Área de conservación indígena: Denomínese esta categoría a aquellos territorios que albergan ecosistemas y hábitats naturales en conjunto con valores culturales significativos para los pueblos indígenas o comunidades locales.

El objetivo de esta categoría es conservar dichas expresiones naturales y culturales en beneficio de su utilización sustentable a través de las prácticas tradicionales y ancestrales de poblaciones indígenas o locales.”.

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419.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 420.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Bien nacional protegido: Corresponde a aquellos inmuebles fiscales o nacionales de uso público destinados a la conservación en virtud del D.L. 1939.”.

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421.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 422.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo…. Reserva de la Biosfera: territorios declarados como tales conforme al Programa del Hombre y la Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) al que Chile ha adherido, cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad natural y cultural sobre la base de un modelo de ordenamiento territorial.

En ellas se admitirán actividades que importen el desarrollo sustentable del territorio.

No serán admisibles actividades que importen un uso intensivo de los recursos naturales.”.

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423.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para consultar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Reservas de Biosfera. Corresponden a zonas de ecosistemas terrestres o costeros marinos, o una combinación de los mismos, inscritas por Chile en UNESCO en el marco del Programa Hombre y Biosfera y que promueven la integración entre las personas los ecosistemas, propician el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales.”.

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424.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Reserva de la Biosfera: Denominase Reserva de la Biosfera a zonas, generalmente extensas, de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una combinación de los mismos, que albergan una diversidad biológica natural y/o cultural única, cuyo valor haya sido reconocido en un contexto internacional en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

El objetivo de esta categoría es impulsar armónicamente, a través del ordenamiento del territorio, la integración de las poblaciones humanas y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar humano, el respeto a los valores culturales y la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios. Para lograr estos objetivos, en las reservas de la biosfera se define un ordenamiento territorial que distingue dentro de sus límites trazados en un mapa tres tipos de zona: núcleo, amortiguación y transición. Para estos efectos se considerará que: (a) La zona núcleo da protección en el largo plazo a paisajes, ecosistemas y especies de interés y debe ser lo suficientemente grande para cumplir con estos objetivos de conservación. En la zona núcleo, normalmente no se realiza actividad humana alguna, excepto actividades de investigación y seguimiento y, en ciertos casos, actividades de recolección tradicional por parte de las comunidades locales. (b) La zona de amortiguación es contigua al núcleo, y debe contribuir a protegerlo, es decir a "amortiguar" presiones externas. En la zona de amortiguación normalmente se realizan investigaciones experimentales o restauración de áreas degradadas, y en esta zona pueden existir facilidades educativas, para entrenamiento, turísticas y recreativas. (c) La zona de transición es contigua a la de amortiguación y se extiende hacia el exterior de la Reserva de la Biosfera. La zona de transición normalmente incluye asentamientos humanos con diversas actividades productivas desarrolladas de manera sustentable. En esta zona las poblaciones locales, instituciones medioambientales y de ciencia, asociaciones civiles, empresas privadas y otros interesados gestionan participativamente la conservación y el desarrollo sustentable de los recursos naturales para beneficio de la integridad ecosistémica y de las personas que habitan en el lugar. Por esta razón, las zonas de transición de las Reservas de Biosfera tienen un gran significado económico y social para el desarrollo sustentable a nivel local y nacional.”.

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425.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 426.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo…. Reserva Forestal: Denomínase Reserva Forestal un área terrestre destinada a conservar y utilizar con especial cuidado las especies nativas forestales, sus hábitats y los ecosistemas forestales, que pueden verse expuestos a sufrir degradación, así como aquéllas que presentan importancia para el bienestar de la comunidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es proteger y hacer un uso sustentable de una o más especies, hábitats o fragmentos de hábitats forestales, a través de una gestión generalmente activa para la conservación, recuperación o restauración de ecosistemas, procesos ecológicos, así como la conservación y protección del recurso suelo y del recurso hídrico, y la mantención de los servicios ecosistémicos.

En ellas se podrán ejecutar actividades económicas o productivas relacionadas con la producción forestal sustentable o compatibles con ella.”.

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427.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 428.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo…. Reserva Genética: área destinada a la protección, mantención, recuperación y potenciamiento del acervo genético, banco natural o centro productor de semillas de una especie o grupo de ellas y en general, conservar la diversidad genética del área y potenciar las investigaciones científicas relativas al aprovechamiento sostenible como recursos genéticos nativos.

En ellas sólo podrá ejecutarse actividades científicas, educativas o productivas relacionadas con el recurso natural protegido.”.

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429.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para consultar un artículo nuevo, del tenor siguiente:

“Artículo…. Reserva Natural Urbana: área en la que existen diversos ambientes o fragmentos dentro del perímetro urbano, definidos en los planes reguladores comunales o seccionales según corresponda, como bosques, humedales y bordes costeros, que mantienen en alguna medida rasgos de biodiversidad, valores naturales y/o culturales importantes, o en los que es posible la estructura y dinámica característica de los ecosistemas naturales, prestan servicios ecosistémicos de importancia para la ciudad, como de infraestructura básica, y son de especial interés educativo, científico, recreativo o paisajístico.”.

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430.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo…. Sitio Natural de UNESCO: corresponde a aquellos territorios nacionales incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de UNESCO.

En ellos se admitirán actividades que importen el desarrollo sustentable del territorio.

No serán admisibles actividades que importen amenaza, riesgo o menoscabo a los atributos que motivaron su declaratoria.”.

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ARTÍCULO 23

431.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 23. Prohíbense actividades al interior de las áreas protegidas. Prohíbese todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida.”.

432.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la expresión “el objeto de protección de ésta” por “la finalidad de la categoría correspondiente”.

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433.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Servicio, previa declaración judicial, estará facultado para detener o suspender aquellas actividades que hayan dejado de ser compatibles con el respectivo plan de manejo o con el respectivo objeto de protección.”.

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434.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de las prohibiciones, restricciones o regulaciones vigentes establecidas para cada área protegida, todo proyecto o actividad que, conforme a la legislación respectiva, se pretenda desarrollar dentro de los límites de un área protegida, deberá respetar el objeto de protección de ésta y ser compatible con su plan de manejo.”.

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435.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar los siguientes incisos:

“Los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a realizar prácticas tradicionales de subsistencia y prácticas culturales tradicionales en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que se encuentren dentro de las áreas protegidas del Estado. En el caso de las actividades de subsistencia, estas deberán respetar el objeto de protección del área protegida y serán incluidas en el plan de manejo.

En el caso que no se cumpliere o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente de conformidad al artículo 19° inciso final, del Título II, Párrafo 1° de la ley Nº 19.253.”.

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436.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para incorporar los incisos que se indican:

“Las riquezas existentes dentro de los límites de las Reservas de Región Virgen, Parques Marinos y Parques Nacionales, no podrán ser explotadas con fines comerciales. No quedan comprendidas dentro de esta prohibición aquellas actividades económicas complementarias, desarrolladas por comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

Los pueblos indígenas tendrán derecho a realizar comunitariamente actividades de subsistencia y ejercer prácticas tradicionales en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que se encuentren dentro de las áreas protegidas del Estado, debiendo prestarse particular atención a la situación de pueblos nómadas.

En el caso de las actividades de subsistencia, estas deberán respetar el objeto de protección del área protegida y serán incluidas en el plan de manejo.

En el caso que no se cumpliere o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente de conformidad al artículo 19 inciso final, del título II, Párrafo 1° de la Ley 19.253.”.

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437.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes incisos:

“Las riquezas existentes dentro de los límites de las Reservas de Región Virgen, Parques Marinos y Parques Nacionales, no podrán ser explotar con fines comerciales. No quedan comprendidas dentro de esta prohibición aquellas actividades económicas complementarias, desarrolladas por comunidades indígenas y locales, que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

Los pueblos indígenas tendrán derecho a realizar comunitariamente actividades de subsistencia y ejercer prácticas tradicionales en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de guillatún, apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que se encuentren dentro de las áreas protegidas del Estado, debiendo prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas. En el caso de las actividades de subsistencia, estas deberán respetar el objeto de protección del área protegida y serán incluidas en el plan de manejo.

En el caso que no se cumpliere o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente de conformidad al artículo 19 inciso final, del Título II, Párrafo 1° de la Ley Nº 19.253.”.

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438.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar los siguientes incisos:

“Sin perjuicio de lo anterior, los pueblos indígenas podrán realizar las actividades culturales que les son propias y que hayan ejecutado tradicionalmente dentro de las áreas protegidas del Estado, respetando en todo caso el objeto de protección del área protegida.

En el caso que no se cumpliere o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente de conformidad al artículo 19 inciso final, del Título II, Párrafo 1° de la Ley Nº 19.253.”.

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439.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del artículo 23, el siguiente:

“Artículo … Efectos jurídicos de la declaratoria de área protegida. Los territorios y recursos naturales afectos a la condición de área protegida se declaran de utilidad pública, por el sólo ministerio de la ley, para los efectos expropiatorios y demás efectos legales que procedan.”.

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440.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación del artículo 23, el siguiente:

“Artículo … Actividades al interior de los Parques Nacionales: En los Parques Nacionales sólo se podrán hacer obras que contribuyan al objetivo de gestión de los Parques. En este sentido, sólo se podrán realizar actividades de la preservación de la naturaleza y sus aspectos culturales asociados. La recreación, educación e investigación científica se podrán realizar sólo en la medida que no impacten dicho objetivo.

El presente artículo tendrá aplicación por sobre las normas contenidas en otros cuerpos legales, en especial aquellas que regulan la actividad minera, de energía y de recursos hídricos, entre otras.”.

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441.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación el siguiente artículo nuevo:

“Artículo … Existirá un reglamento que regule el procedimiento administrativo único que se tramite ante el Servicio, por el cual se solicita permisos de investigación científica para realizarse en áreas protegidas, ya sean marinas o terrestres. Dicho procedimiento será electrónico y no podrá extenderse más allá de 1 mes desde su inicio.”.

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ARTÍCULO 24

Inciso primero

442.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24. Creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas de gestión estatal, en cualquiera de sus categorías, se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales.”.

443.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24. Creación de las áreas protegidas de gestión estatal. Las áreas protegidas de gestión estatal, en cualquiera de sus categorías, se crearán mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales.”.

444.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 445.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 24. Creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas del Estado, en cualquiera de sus categorías, se crearán por ley o mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales.”.

Inciso segundo

446.- De la Honorable Senadora señora Allende, para suprimirlo.

447.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 448.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“El decreto o la ley que crea el área protegida deberá contener la categoría de protección, la superficie, los deslindes y el o los objetos de protección. Se entenderá por objetos de protección del área, las especies, ecosistemas, genes, hábitats, los servicios ecosistémicos o funciones o procesos ecológicos que se pretende proteger a través de la creación del área.”.

449.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar después de la palabra “deslindes”, la siguiente frase: “, las diversas zonas que se distinguen al interior del área, el ordenamiento territorial al que deberá someterse”.

450.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después de la frase “Se entenderá por objetos de protección del área”, lo siguiente: “los elementos geológicos, geomorfológicos, paleontológicos”.

o o o o o

451.- De la Honorable Senadora señora Allende, para consultar el siguiente inciso final:

“El decreto debe incluir un mapa georreferenciado a través de un sistema de información geográfica con una escala mínima de 1:50000. En casos en que por la gran extensión del área la escala dificulte la logística georreferenciación se permitirá usar una escala menor. Deberá existir una copia digital y de libre acceso del mapa en el sistema nacional de información ambiental.”.

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ARTÍCULO 25

452.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 453.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25. Procedimiento para la creación de las áreas protegidas. Las áreas protegidas podrán crearse por iniciativa pública, en éste caso del Servicio de Biodiversidad, o por iniciativa de personas naturales o jurídicas privadas.

La creación de áreas protegidas por iniciativa privada requerirá de la presentación por parte del solicitante de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas y socioculturales que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área. El Servicio estará obligado a analizar la pertinencia del informe y, en caso de considerarlo admisible, someterlo al pronunciamiento del Ministro del Medio Ambiente.

La creación de un área protegida por iniciativa del Estado requerirá de la elaboración, por parte del Servicio, de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas y socioculturales que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.

Cuando se trate de inmuebles fiscales, se requerirá un informe previo sobre la situación de dominio y tenencia por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, se solicitará informe a los órganos sectoriales pertinentes para identificar las actividades que se desarrollan en el área respectiva.

Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de Participación Ciudadana.”.

454.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 455.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 25. Procedimiento para la creación de las áreas protegidas. La creación de un área protegida requerirá estar respaldada en un informe técnico del Servicio o de terceros, que contenga las consideraciones científicas que justifican, tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área.”.

Inciso primero

456.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “científicas”, la expresión “y culturales”.

457.- De la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir la expresión “, tanto”.

458.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “como la categoría propuesta o”, por la conjunción “y”.

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459.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar como nuevo inciso segundo, el que sigue:

“No obstante lo anterior, las municipalidades y los Gobiernos Regionales podrán requerir al servicio la elaboración de los referidos informes o con su presentación podrán dar inicio a la tramitación para la creación de una nueva área protegida.”.

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460.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso de que la creación de un área protegida del Estado sea susceptible de afectar directamente a pueblos o comunidades indígenas, se requerirá realizar un proceso de consulta previa a los pueblos interesados en conformidad con los estándares del Convenio 169º de la OIT. Se entenderá que la creación de un área protegida del Estado es susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados, al menos, cuando los territorios que se pretenden proteger sean ocupados o utilizados de alguna manera por ellos, o éstos hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.”.

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461.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 462.- del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En el caso de que la creación de un área protegida del Estado sea susceptible de afectar directamente a pueblos o comunidades indígenas, se requerirá realizar un proceso de consulta previa a los pueblos interesados. Se entenderá que la creación de un área protegida del Estado, es susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados, al menos, cuando los territorios que se pretenden proteger sean ocupados o utilizados de alguna manera por estos, o hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.”.

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Inciso tercero

463.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarlo por el siguiente:

“Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta pública y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho reglamento se establecerán las instancias de participación de las comunidades indígenas y locales aledañas a las áreas protegidas, como asimismo la de los gobiernos regionales. A su vez, considerará la consulta previa a pueblos o comunidades indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la creación de una área protegida.”.

464.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituirlo por el que sigue:

“Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá incluir una etapa de consulta a pueblos o comunidades indígenas de ser afectados directamente y una etapa de participación ciudadana. En el caso de los humedales de importancia ecológica y las reservas naturales urbanas, se contemplará además un procedimiento de solicitud ciudadana para su creación ante la autoridad correspondiente.”.

465.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá considerar una etapa de consulta pública y la consulta a los pueblos indígenas si correspondiere.”.

466.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas, el que deberá considerar una etapa de consulta pública.”.

467.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “procedimiento”, la frase “administrativo ante el Servicio”.

468.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “, el que”, por “. El mismo”.

469.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la siguiente oración final: “El procedimiento también incluirá una forma de inicio proveniente de la sociedad civil e indicará las causales por las cuales el Ministerio podrá oponerse a la solicitud.”.

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470.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar los siguientes incisos:

“En el caso que las acciones o medidas que se tomen para la creación de un área protegida del Estado sean susceptibles de afectar directamente a pueblos o comunidades indígenas, se requerirá realizar un proceso de consulta previa a los pueblos interesados.

Se entenderá que la creación de un área protegida del Estado es susceptible de afectar directamente a los pueblos interesados, al menos, cuando los territorios que se pretenden proteger sean o hayan sido ocupados o utilizados de alguna manera por pueblos indígenas o hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales o de subsistencia.

Un reglamento establecerá el procedimiento para la creación de las áreas protegidas que deberá incluir una etapa de consulta a pueblos o comunidades indígenas susceptibles de ser afectados directamente y una etapa de participación ciudadana.”.

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ARTÍCULO 26

471.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 472.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 26. Modificación y desafectación de las áreas protegidas. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, deslindes u objeto de protección, que haya sido establecida por ley sólo podrá modificarse en virtud de otra Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, los Parques Nacionales sólo podrá modificarse o desafectarse por Ley.

El resto de las áreas protegidas podrá modificarse o desafectarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior, si la legislación que les es aplicable lo permite.”.

473.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 26. Modificación y desafectación de las áreas protegidas. A excepción de los Parques Nacionales, la superficie de un área protegida, su categoría de protección, deslindes u objeto de protección, sólo podrá modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior.

Las áreas protegidas que se creen, sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo, a excepción de los Parques Nacionales, quienes perderán su calidad de tal solo en virtud de una ley.”.

Inciso primero

474.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “desafectación de las áreas protegidas”, lo siguiente: “a excepción de los Parques Nacionales”.

475.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la palabra “deslindes”, la locución “, zonas o áreas de amortiguación”.

476.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 477.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación del vocablo “anterior”, lo siguiente: “previa consulta a pueblos o comunidades indígenas susceptibles de ser afectados directamente”.

478.- De la Honorable Senadora señora Allende, para para intercalar, a continuación del vocablo “anterior”, lo siguiente: “, previa consulta pública regional”.

Inciso segundo

479.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la locución “un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este Párrafo.”, por lo siguiente: “una ley, previa consulta pública.”.

480.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 481.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del vocablo “Párrafo”, lo siguiente: “, a excepción de los Parques Nacionales que perderán su calidad de tal sólo en virtud de una ley”.

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482.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar los siguientes nuevos incisos:

“En el caso de los Parques Nacionales, la superficie de un área protegida, deslindes u objeto de protección, sólo podrán modificarse o perderán su calidad de tal en virtud de una ley. Sin embargo, en el caso de los Parques Nacionales creados sobre tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, estos podrán ser desafectados de conformidad al procedimiento señalado en el inciso siguiente.

En el caso de las áreas protegidas del Estado creadas sobre tierras indígenas, se establecerá un procedimiento para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas. Dicho procedimiento se iniciará mediante la solicitud de desafectación del área protegida del Estado ante el Ministerio del Medio Ambiente, a la que se adjuntaran todos los documentos y antecedentes que acrediten que el área protegida del Estado se encuentra sobre tierras indígenas. El reglamento a que se refiere el artículo anterior desarrollará el procedimiento para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas, el que deberá incluir la solicitud de un informe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sobre la efectividad del o los títulos que fundamentan la presentación, así como sobre cualquier antecedente que pudiera complementarla. La transferencia de los bienes se realizará mediante un decreto emanado del Ministerio de Bienes Nacionales.

Las tierras transferidas mediante el procedimiento al que se refiere el inciso anterior, estarán exentas del pago de contribuciones territoriales y no podrán ser enajenadas durante veinticinco años, contados desde el día de su inscripción. Los Conservadores de Bienes Raíces, conjuntamente con la inscripción de las tierras procederán a inscribir esta prohibición por el solo ministerio de la ley. En todo caso será aplicable el artículo 13 de la ley Nº 19.253.

En el caso que la creación de un área protegida requiera el traslado de los habitantes pertenecientes a una comunidad indígena o local, dicho traslado sólo podrá verificarse mediante el consentimiento previo informado de la comunidad en cuestión.”.

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483.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes nuevos incisos:

“En el caso de los Parques Nacionales, la superficie de un área protegida, deslindes u objeto de protección, sólo podrán modificarse o perderán su calidad de tal en virtud de una ley. Sin embargo, en el caso de los Parques Nacionales creados sobre tierras indígenas podrán ser desafectados de conformidad al procedimiento señalado en el inciso siguiente.

En el caso de las áreas protegidas del Estado creadas sobre alguno de los títulos que de conformidad al artículo 12, del Título II, Párrafo 1° de la Ley Nº 19.253, son considerados tierras indígenas, o en aquellas tierras que de conformidad al Convenio 169 constituyen tierras de ocupación tradicional indígena, se establece un procedimiento de reclamación que se iniciará mediante la solicitud de desafectación del área protegida del Estado ante el Ministerio del Medio Ambiente, a la que se deberán adjuntar los documentos y antecedentes que acrediten que el área protegida del Estado se encuentra sobre tierras indígenas. Para tales efectos servirá un informe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sobre la efectividad del o los títulos que fundamentan la presentación, así como sobre cualquier antecedente que pudiera complementar dicha presentación. En el caso de haber, la transferencia del bien se realizará mediante un decreto emanado del Ministerio de Bienes Nacionales.

Las tierras transferidas mediante el procedimiento al que se refiere el inciso anterior, estarán exentas del pago de contribuciones territoriales y no podrán ser enajenados durante veinticinco años, contados desde el día de su inscripción. Los Conservadores de Bienes Raíces, conjuntamente con la inscripción de las tierras procederán a inscribir esta prohibición por el solo ministerio de la ley. En todo caso será aplicable el artículo 13 de la Ley Nº 19.253.”.

o o o o o

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484.- Del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, para incorporar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Con todo, la modificación o desafectación de un Parque Nacional sólo procederá mediante la dictación de una Ley.”.

o o o o o

o o o o o

485.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar un inciso final, del siguiente tenor:

“No serán causales de desafectación proyectos mineros, termoeléctricas, gasoductos u otras actividades productivas en general.”.

o o o o o

o o o o o

486.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 487.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo … Los interesados, de conformidad al artículo 21 de la ley N° 19.880, que estimen que el Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente, a que se refieren los artículos precedentes, no se ajusta a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar del mismo, dentro del plazo de treinta días hábiles, contado desde la publicación del referido decreto supremo en el Diario Oficial, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que se ubique dicha área.”.

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488.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Creación y evaluación de las Reservas de Biosfera. Las Reservas de la Biosfera son creadas a partir de propuestas elaboradas por diversos actores de la sociedad civil y servicios públicos del Estado de Chile. Estas propuestas son enviadas por el Estado de Chile al Programa del Hombre y la Biosfera de UNESCO para su evaluación. De ser favorable esta evaluación, la UNESCO certifica que el territorio propuesto se integra a la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Luego, el Estado de Chile formaliza mediante decreto emitido por el ministerio correspondiente la creación de dicha Reserva de Biosfera y se compromete a velar por el cumplimiento con la normativa internacional establecida por la Red Mundial de Reservas de Biosfera, Programa MaB de UNESCO. Las zonas núcleo de las Reservas de la Biosfera actuales y futuras en Chile están conformadas por las categorías de conservación de Parque Nacional, Reserva Nacional y/o Monumento Natural, y se rigen por la legislación chilena que regula a estas categorías de áreas protegidas públicas. Las zonas de amortiguación y de transición de las Reservas de Biosfera están sujetas al régimen de protección que establecerá el reglamento para esta categoría de conservación. Este reglamento definirá instrumentos de gestión que deberán incluir catastros y monitoreos del estado de conservación de la biodiversidad, fomentar las mejores prácticas de desarrollo sustentable de las comunidades en una dinámica participativa de acuerdos y manejos adaptativos, y ser congruentes con las normas del Programa MaB de UNESCO. La situación de cada Reserva de la Biosfera es revisada cada 10 años por el Programa MaB de UNESCO; si esta evaluación es favorable, la zona correspondiente es ratificada, y si es desfavorable puede dejar de ser considerada como perteneciente a la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Las zonas de amortiguación y de transición de las Reservas de Biosfera permiten el uso consuntivo de los recursos naturales bajo el régimen regulatorio de las normativas ambientales vigentes del país.”.

o o o o o

Párrafo 3°

De la Administración de la áreas protegidas del Estado

489.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

ARTÍCULO 27

490.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarlo por otro, del siguiente tenor:

“Artículo 27. Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá en principio al Servicio.

Con el objeto de obtener una mejor administración y conservación de las áreas protegidas del Estado y generar mecanismos de participación efectiva en la gestión de éstas, el Servicio estará facultado para celebrar con las comunidades indígenas y locales cuyo territorio esté localizado en todo o parte al interior de las áreas protegidas o aledañas a éstas, toda clase de contratos y convenios que afecten dichos bienes, así como ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad.

Los contratos o convenios a que se refiere el inciso anterior podrán incluir los siguientes elementos:

a) Acuerdos de gestión compartida de las áreas protegidas. Dichos acuerdos deberán establecer claramente las instituciones de administración, su composición, competencias y facultades para la gestión del área protegida respectiva.

La celebración de contratos y convenios de gestión compartida será obligatoria para el Servicio tratándose de áreas protegidas del Estado que se encuentran en áreas de desarrollo indígena establecidas en los artículos 26, 27 y 35 de la ley Nº 19.253.

b) Mecanismos de participación equitativa en los diversos beneficios derivados de la conservación de dichas áreas, incluyendo sus posibles beneficios económicos, culturales, sociales, educativos o provenientes de la investigación científica. Los acuerdos de participación en los beneficios deberán especificar los beneficios esperados o la forma en que estos serán determinados en el futuro, así como la forma de distribución de ellos entre los beneficiarios y los responsables de administrar el proceso.

Cuando las comunidades indígenas o locales tengan sus tierras o territorios tradicionales al interior de las áreas protegidas, siempre deberá celebrarse un convenio que contenga un mecanismo equitativo de participación en los beneficios.

En cualquier caso, la aparición de beneficios en las áreas protegidas no determinados en acuerdos preexistentes, deberá incorporarse la participación en ellos mediante acuerdos complementarios.

c) La determinación de los usos y prácticas tradicionales culturales y prácticas económicas de sobrevivencia que reivindican las comunidades indígenas y locales, incluyendo el acceso a las áreas protegidas, la ocupación de ellas en todo o parte. La falta de determinación de dichas prácticas en un acuerdo o la inexistencia de dichos acuerdos no implicará que estas prácticas no puedan ser reconocidas, o bien que no puedan ser objeto de acuerdos posteriores.

En el caso que no se cumplieren los acuerdos de gestión compartida o participación en los beneficios, o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en ellos, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente de conformidad al artículo 19 inciso final, del Título II, Párrafo 1° de la ley Nº 19.253.”.

491.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 27. Administración. La administración de las áreas protegidas del Estado corresponderá al Servicio, sin perjuicio de la administración que corresponda a otros servicios por disposición de la ley o por delegación de su administración conforme a la ley.”.

492.- De la Honorable Senadora señora Allende, para anteponer a la palabra “Administración”, la expresión “Gestión y”.

493.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 494.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

495.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar, a continuación de la voz “Servicio”, lo siguiente: “, sin perjuicio de la administración que corresponda a otros servicios por disposición de la ley o por delegación de su administración conforme a la ley”.

496.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de la voz “Servicio”, lo siguiente: “, que podrá co-administrarlo junto a las comunidades locales o indígenas”.

497.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la siguiente oración final: “En ningún caso se podrá concesionar la administración de las áreas protegidas.”.

o o o o o

498.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente inciso, nuevo:

“El Servicio estará facultado para celebrar con las comunidades indígenas y locales que habiten en el interior de las áreas protegidas o aledañas a éstas, toda clase de contratos y convenios que afecten dichos bienes, incluyendo contratos y convenios de gestión compartida de las áreas protegidas, así como ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. La celebración de tales contratos y convenios de gestión compartida será obligatoria para el Servicio tratándose de áreas protegidas del Estado que se encuentran en áreas de desarrollo indígena establecidas en los artículos 26, 27 y 35 de la Ley Nº 19.253 de 1993, sobre fomento, protección y desarrollo de los indígenas, así como tratándose de áreas protegidas del Estado respecto a las cuales existiera una solicitud de modificación o desafectación fundada en derechos de comunidades indígenas sobre la tierra de conformidad a lo señalado en el artículo 26 de esta ley, y mientras no se resuelva dicha reclamación.”.

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499.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar, a continuación del artículo 27, otro del tenor que se señala:

“Artículo… Con el objeto de obtener una mejor administración y conservación de las áreas protegidas del Estado y generar mecanismos de participación efectiva en la gestión de éstas, se podrá delegar todo o parte de la administración de un área en organizaciones públicas o privadas preferentemente locales que demuestren tener competencia para dicho fin o cumplan o ejecuten actividades reconocida o tradicionalmente de conservación del área.”.

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ARTÍCULO 28

500.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 28. Tarifa. El Servicio estará facultado para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas protegidas y por los servicios que se presten en ellas, pudiendo reducir o eximir mediante resolución fundada de dicho pago.

La fijación de tarifas de ingreso deberá considerar entre otros criterios, los siguientes: escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; medios de transporte del visitante; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Los recursos percibidos por este concepto serán considerados ingresos propios del Servicio.”.

501.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 28. Tarifa. El Servicio estará facultado para fijar tarifas por los servicios que se presten en las áreas protegidas, pudiendo reducir o eximir mediante resolución fundada de dicho pago.

Sin perjuicio de ello, los extranjeros estarán sujetos al pago de tarifa por el ingreso al área.

La fijación de tarifas deberá considerar entre otros criterios, los siguientes: escalas diferenciadas basadas en criterios de residencia; rango etario; tipo y calidad de las instalaciones y servicios existentes para el uso público.

Los recursos percibidos por este concepto se considerarán ingresos propios del Servicio.”.

Inciso primero

502.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la locución “que administre”.

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503.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del inciso primero el siguiente:

“Sin perjuicio de ello, los extranjeros estarán sujetos al pago de tarifa por el ingreso al área.”.

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Inciso segundo

504.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “rango etario;”, la siguiente: “medios de transporte del visitante;”.

PÁRRAFO 4°

Planes de manejo de áreas protegidas

505.- De la Honorable Senadora señora Allende, para eliminar en el epígrafe las palabras “de áreas protegidas”.

ARTÍCULO 29

Inciso primero

506.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 507.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 29. Planes de manejo de áreas protegidas. Toda área protegida, deberá contar con un plan de manejo, de carácter obligatorio, el que deberá ajustarse al objetivo del área.”.

508.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después de la palabra “obligatorio”, la siguiente frase: “y vinculante para efectos del artículo 42”.

509.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 510.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la locución “el objetivo del área”, por “la categoría de protección y con el objetivo específico del área”.

Inciso segundo

511.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 512.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“El plan de manejo definirá las prohibiciones, restricciones y regulaciones al desarrollo de actividades que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del objetivo del área protegida respectiva.”.

513.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 514.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “sean estrictamente necesarias para el cumplimiento del objetivo del área protegida respectiva”, por: “el Servicio estime necesarias para el cumplimiento de los objetivos del área protegida respectiva y de su categoría de protección”.

515.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar la siguiente oración final: “Dicho instrumento definirá las instancias y procedimientos de participación de las comunidades indígenas y locales cuyos territorios estén localizados en todo o parte al interior de las áreas protegidas o aledañas a éstas.”.

o o o o o

516.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso final:

“Los planes de manejo de las áreas protegidas, incorporarán criterios basados en la ciencia, que establece una estrategia de gestión adaptativa de la biodiversidad pudiendo contemplar a nivel de genes, especies y/o ecosistemas, en un territorio determinado, y su contenido debe ser consistente con la categoría, el objeto y los objetivos de protección del área.”.

o o o o o

ARTÍCULO 30

Inciso primero

Encabezamiento

517.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar en su encabezamiento, a continuación de la palabra “protegidas”, la siguiente frase: “, sean éstas terrestres, marinas y/o marino costeras,”.

Letra a)

518.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 519.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“a) Incluir metas medibles de conservación y un período para implementarlas, con el fin de evaluar el éxito del plan de manejo, y si corresponde la adecuación de recursos y capacidades;”.

Letra b)

520.- Del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirla.

521.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la que sigue:

“b) Señalar de manera clara y precisa las actividades permitidas y sus regulaciones en el área protegida o en zonas específicas de la misma, en conformidad a la legislación, y”.

522.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 523.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“b) Señalar de manera clara y precisa aquellas actividades prohibidas, permitidas, restringidas y las regulaciones de determinadas actividades en el área protegida o en zonas específicas de la misma, en conformidad al Plan y a la legislación, y”.

Letra c)

524.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 525.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“c) Establecer los objetivos específicos de conservación, las medidas de manejo y los recursos necesarios para el área en cuestión.”.

o o o o o

526.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra, nueva:

“…) Incluir, tanto en las áreas terrestres, marinas y acuáticas, la delimitación y definición de sus áreas de influencia, y la determinación de los corredores biológicos y los distintos tipos de zona, sea de amortiguación o transición u otras, según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorial o la Zonificación del Borde Costero Correspondiente.”.

o o o o o

o o o o o

527.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

“…) Podrá considerar la participación e involucramiento vinculante de comunidades rurales e indígenas aledañas al área protegida, tanto en los objetivos y gestión de los planes de manejo, como en su implementación y ejecución.”.

o o o o o

o o o o o

528.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Podrá considerar el manejo integrado de cuencas con sus respectivas actividades y manejo del recurso hídrico para satisfacer como primera prioridad el consumo humano.”.

o o o o o

Inciso segundo

529.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “uso sostenible,”, la siguiente: “actividades tradicionales y de subsistencia,”.

Inciso tercero

530.- Del Honorable Senador señor Girardi, sustituirlo por el que sigue:

“Los planes de manejo podrán dividirse en varios programas o planes de acción que traten funciones específicas: conservación, uso sostenible, actividades tradicionales y de subsistencia, investigación científica, monitoreo, educación, recreación, ecoturismo, aspectos regulatorios, administración y coordinación.”.

ARTÍCULO 31

531.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31. Contenidos de un plan de manejo. Todo plan de manejo de área protegida deberá especificar las metas de largo, mediano y corto plazo, objetivos, criterios y medidas para la de gestión adaptativa de la biodiversidad del área y deberá contener, al menos, lo siguiente:

a) Incorporar la visión política y las estrategias para alcanzar los objetivos y metas planteados;

b) La descripción general del área, incluyendo los atributos y valores de conservación que justifican su creación y gestión, incluyendo un análisis de su importancia para la protección de la biodiversidad a escala regional y global y los servicios ecosistémicos que provee;

c) La zonificación con base en atributos y valores además de intervenciones humanas previstas;

d) Las principales amenazas al objeto de gestión y las oportunidades que deben ser abordadas, así como los mecanismos de seguimiento y las estrategias para mitigar y suprimir las amenazas identificadas;

e) Metas con fechas e indicadores objetivos verificables de impacto (no de gestión);

f) Costos y recursos para lograrlas así como los responsables políticos, técnicos y operativos de la implementación (autoridades) para cada una de las metas;

g) Actividades humanas compatibles con el área;

h) Antecedentes jurídicos del área;

i) El sistema del gobernanza, incluyendo el funcionario encargado de su manejo y otros aspectos pertinentes como los recursos para la implementación y el seguimiento;

j) Indicadores verificables de gestión y conservación así como los plazos;

k) El plan de monitoreo y seguimiento y la identificación clara de la autoridad fiscalizadora;

l) Planes de contingencia (incendios, plagas, otros a identificar en un estudio de riesgos);

m) Identificar necesidades de investigación que permitan realizar las actividades de manejo;

n) Basarse en un inventario del área incluyendo principales actores (documento distinto y separado del plan de manejo).

En la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades existentes al interior y aledañas a ellas, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

Los planes de manejo deberán revisarse al menos una vez cada cinco años.”.

Inciso primero

Letra b)

532.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 533.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la frase “, incluyendo los atributos y valores de conservación que justifican su creación”.

Letra c)

534.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

Letra e)

535.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 536.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“e) La zonificación del área y de la zona de amortiguación.”.

Letra f)

537.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 538.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“f) Las actividades compatibles e incompatibles con el área.”.

o o o o o

539.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Comunidades rurales e indígenas aledañas;”.

o o o o o

o o o o o

540.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

“…) Zonas o áreas de amortiguación;”.

o o o o o

Inciso segundo

541.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“En la elaboración, diseño y modificación de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades locales existentes al interior y aledañas a ellas.”.

542.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“En la elaboración, diseño y modificación de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades existentes al interior y aledañas a ellas.”.

543.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirlo por los siguientes:

"En la elaboración y diseño de los planes de manejo el Servicio deberá generar mecanismos de participación efectiva de las comunidades indígenas y locales existentes al interior y aledañas a ellas, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

En el caso de la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas en las que existan comunidades indígenas, cuyos territorios estén localizados en todo o parte al interior de las áreas protegidas o aledañas a éstas, se considerara una etapa previa de consulta.”.

544.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la palabra “participación”, el vocablo “vinculante”.

545.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la expresión “participación de las comunidades”, lo siguiente: “indígenas y locales”.

o o o o o

546.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar un nuevo inciso, del siguiente tenor:

“En el caso de la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas en las que existan comunidades, se considerará una etapa previa de consulta.”.

o o o o o

o o o o o

547.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes incisos, nuevos:

“En la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas se considerará la participación de las comunidades indígenas y locales existentes al interior o aledañas a ellas, incluidas las comunidades de pescadores artesanales.

En el caso de la elaboración y diseño de los planes de manejo de las áreas protegidas en las que existan comunidades indígenas al interior o aledañas a ella, se considerara una etapa previa de consulta.”.

o o o o o

ARTÍCULO 32

548.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 549.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 32. Programa de manejo de especies. En caso que el plan de manejo de un área protegida contemple un programa de manejo de especies sobre las que otros Servicios conserven competencias sectoriales, ya sean hidrobiológicos u otras, éste será elaborado conjuntamente por los Servicios que tengan competencia sobre ellas.”.

550.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “recursos hidrobiológicos”, las dos veces que aparece, por “especies acuáticas”.

551.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la frase “éste será elaborado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, con consulta al Servicio”, por la siguiente: “éste será elaborado por el Servicio, con consulta a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura”.

552.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “elaborado”, la locución “en conjunto”.

553.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del vocablo “por”, la expresión “el Servicio y”.

554.- De la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir la locución “, con consulta al Servicio” y para agregar la siguiente oración final: “El reglamento de Áreas Protegidas establecerá los modos y plazos de esa coordinación.”.

555.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 556.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente oración final: "Para estos efectos se deberá considerar especialmente el uso consuetudinario que realicen los pueblos indígenas o comunidades locales del espacio costero marino de conformidad con las disposiciones de la ley Nº 20.249 de 2008, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.".

o o o o o

557.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación del artículo 32 el siguiente, nuevo:

“Artículo… Plan de manejo de gestión de especies: El Servicio elaborará planes de manejo para la gestión de especies y su diversidad genética, sea para evitar su degradación, como para promover su recuperación y usos sustentables.”.

o o o o o

ARTÍCULO 33

Inciso primero

558.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 33. Aprobación del plan de manejo. El plan de manejo será aprobado mediante resolución del Servicio, previa sanción del o de los Consejos Regionales respectivos donde se encuentra localizada el área protegida y deberá revisarse al menos cada cinco años.”.

559.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 33. Aprobación del plan de manejo. El plan de manejo será aprobado mediante resolución del Servicio que tenga la administración del área y deberá revisarse al menos cada cinco años.”.

Inciso segundo

560.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“El plazo para dictar dicho plan será de dos años desde la creación del área respectiva o desde la promulgación de la presente ley si el área ya ha sido creada. El cumplimiento de esta disposición deberá incorporarse al respectivo convenio de desempeño.”.

561.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“El plazo para dictar dicho plan será de dos años desde la creación del área respectiva o desde la promulgación de la presente ley si el área ya ha sido creada. El cumplimiento de esta disposición deberá incorporarse al respectivo convenio de desempeño que suscriba el Director Nacional del Servicio.”.

562.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituirlo por el siguiente:

“La propuesta de creación de un área protegida, deberá incluir una propuesta preliminar del plan de manejo para dicha área. Los contenidos de esta propuesta preliminar se definirán en el Reglamento de Áreas Protegidas.”.

563.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 564.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la locución “, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello”.

Inciso tercero

565.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, 566.- del Honorable Senador señor Navarro, 567.- del Honorable Senador señor Girardi, y 568.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

569.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituirlo por el siguiente:

“Para las áreas protegidas existentes, el Director del Servicio deberá someter al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en el plazo de dos años de creado el Servicio, un calendario priorizado de actualización de los planes de manejo de las áreas administradas por el servicio. Los criterios de priorización se indicarán en el Reglamento de Áreas Protegidas.”.

ARTÍCULO 34

Inciso primero

570.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación de la palabra “Reglamento”, lo siguiente: “para la elaboración y revisión de planes de manejo y participación ciudadana”.

571.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación de la voz “procedimiento”, el vocablo “administrativo”.

572.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación de la palabra “como”, lo siguiente: “la revisión de los mismos y”.

573.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar a continuación de la palabra “específicos”, la locución “y el modelo de gobernanza”.

Inciso segundo

574.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 575.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

"Dicho procedimiento deberá contemplar la consulta de la opinión de los gobiernos regionales, así como la consulta de las comunidades indígenas existentes al interior y zonas aledañas a ellas.".

576.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

"Dicho procedimiento deberá contemplar la participación de las comunidades a que se refiere el art.31, así como la consulta de la opinión de los gobiernos regionales.".

577.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar a continuación de “gobiernos regionales” la frase “y municipales, así como también de los pueblos originarios presentes en el área”.

578.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de “gobiernos regionales” la frase “, comunidades rurales e indígenas aledañas y miembros de la sociedad civil, representantes y representativos de organizaciones, instituciones, juntas de vecinos, gremios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales que se encuentren dentro del área jurisdiccional territorial comunal”.

579.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación de “gobiernos regionales” la frase “, así como la consulta de las comunidades indígenas existentes al interior y aledañas a ellas”.

580.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la siguiente oración final: “El procedimiento administrativo también incluirá formas de inicio por parte de la sociedad civil y cumpliendo ciertos requisitos mínimos de carácter técnicos, científicos, y culturales, la revisión del plan de manejo será obligatoria por parte del Servicio.”.

o o o o o

581.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 582.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un artículo nuevo, del tenor que sigue:

“Artículo…. Quienes tengan interés, de acuerdo al Artículo 21 de la Ley 19.880, podrán reclamar de la ilegalidad de resolución del Servicio, a que se refiere el Artículo 33 precedente, dentro del plazo de treinta días hábiles desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que se ubique el Área Protegida.”.

o o o o o

PÁRRAFO 5°

De las funciones y atribuciones de los guardaparques dentro de las áreas protegidas

583.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 584.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el epígrafe por el siguiente:

“De los Guardaparques”.

ARTÍCULO 35

585.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 35. Cuerpo de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Créase el cuerpo de guardaparques, encargado de ejercer operativamente las funciones establecidas en la presente ley al interior de las áreas protegidas del Estado.

El guardaparques es la máxima autoridad al interior de cada área protegida del Estado.”.

586.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 35. Cuerpo de guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Servicio contará con un cuerpo de guardaparques, encargado de ejercer operativamente las funciones establecidas en la presente ley al interior de las áreas protegidas del Estado.

El guardaparques es la máxima autoridad al interior de cada área protegida del Estado.”.

587.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 588.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado”, por “de gestión estatal”.

ARTÍCULO 36

Encabezamiento

589.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 590.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 36. Atribuciones y funciones de los guardaparques. Corresponde a los guardaparques ejercer las funciones de administración, de policía, manejo, gestión y fiscalización del área protegida, así como cualquier otra que corresponda ejecutar al interior del área en conformidad a la ley. Asimismo les corresponderá especialmente ejercer las siguientes atribuciones y funciones:”.

591.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir el texto que señala: “Los guardaparques deberán velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro de las áreas protegidas del Estado. Para ello,”.

Letra a)

592.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 593.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“a) Velar por el mantenimiento del equipamiento, infraestructura y bienes dentro de las áreas protegidas del Estado. Para ello, corresponderá a los guardaparques ejercer funciones de apoyo al proceso de planificación del área protegida, de control de las actividades que se realicen al interior de las áreas, de fiscalización, cuando corresponda, y de extensión hacia la comunidad.”.

Letra c)

594.- Del Honorable Senador señor De Urresti y 595.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la frase “y ejecutar acciones para conservar”.

ARTÍCULO 37

Inciso primero

596.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 597.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 37. Administradores de las áreas. Cada área protegida del Estado contará con a lo menos un guardaparque con facultades de policía y fiscalización, responsable de la administración, dirección y gestión integral del área.”.

598.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 599.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la frase “del Estado podrá contar”, por “de gestión estatal contará”.

600.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la voz “podrá” por “deberá”.

Inciso segundo

Letra c)

601.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 602.- del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, antes del vocablo “Aplicar”, lo siguiente: “Aprobar planes de trabajo para la administración del área y”.

Letra d)

603.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 604.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la que se señala:

“d) Administrar las áreas de conformidad con las directrices establecidas por el Servicio;”.

ARTÍCULO 38

605.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 606.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por la que se señala:

“Artículo 38. Ejercicio de la función de policía y fiscalización. La función de policía y de fiscalización autoriza al guardaparque para controlar todas las actividades que se desarrollen al interior del área, incluida el registro de bienes y personas, el uso de armas y la represión de conductas o acciones que de manera flagrante contravengan la seguridad o integridad del área.

Podrán ejercer estas facultades aquellos guardaparques que:

a) Se hayan desempeñado a lo menos por dos años como guardaparque, y

b) Cuenten con cursos de formación o capacitación que demuestren su competencia e idoneidad para el cargo.

Aquellos guardaparques que cumplan funciones de fiscalización tendrán la calidad de ministro de fe.”.

ARTÍCULO 39

Inciso primero

607.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 608.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 39. Formación y capacitación de los guardaparques. Existirán programas permanentes de formación y capacitación para guardaparques, conforme a las necesidades del Servicio.”.

609.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 610.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la locución “y sus disponibilidades presupuestarias”.

o o o o o

611.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 612.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar a continuación del artículo 39, el siguiente:

“Artículo… Un reglamento establecerá las normas aplicables al cuerpo de guardaparques así como su escalafón, carrera funcionaria, incentivos de ascenso y régimen disciplinario.”.

o o o o o

ARTÍCULO 41

613.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 41. Concesiones en áreas protegidas de gestión estatal. El contrato de concesión en un área protegida es aquel por medio del cual el Servicio encarga a título gratuito u oneroso a un particular la administración de parte de un área protegida, o de su infraestructura y/o equipamiento turístico, para la prestación de servicios de ecoturismo, investigación científica o educación, sujeto empero a la limitación de que tales actividades sean compatibles con los objetivos de protección de la categoría del área protegida y se encuentren regulados con anterioridad en su plan de manejo. En todo caso, el Servicio deberá promover que tanto la infraestructura turística y la comercialización de los servicios turísticos se desarrollen preferentemente en los sectores vecinos a las áreas protegidas.

El contrato de concesión se regirá por esta ley y las bases de licitación que para cada contrato en particular, el Servicio elabore al efecto. En todo caso, las concesiones que se otorguen contemplarán la obligación del concesionario de cumplir, en toda la vigencia de concesión, con los niveles de servicio, estándares técnicos o ambos, establecidos en las bases de licitación para las diferentes etapas y condiciones de la concesión.”.

Inciso primero

614.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 615.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 41. Concesiones en áreas protegidas del Estado. En las áreas protegidas del Estado, sólo podrán otorgarse concesiones en beneficio del manejo del área, cuyo fin sea la prestación de servicios turísticos, de investigación científica, educacionales o recreacionales.”.

Inciso segundo

616.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 617.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Serán objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo. En el caso de concesiones para el turismo, la Subsecretaría de Turismo deberá pronunciarse al efecto.”.

Inciso tercero

618.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar la palabra “treinta” por “veinte”.

619.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la voz “treinta” por “cinco”.

o o o o o

620.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para consultar un inciso final, del siguiente tenor:

“No podrá realizarse ninguna actividad de ecoturismo o recreación en las áreas protegidas que no dispongan de plan de manejo.”.

o o o o o

ARTÍCULO 42

Letra a)

621.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 622.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Deberán considerar la categoría y objetivos del área protegida respectiva, y ajustarse a los planes de manejo;”.

623.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 624.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Deberán coadyuvar al cumplimiento del objetivo del área protegida respectiva, y ajustarse a los planes de manejo;”.

Letra b)

625.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar, a continuación de la expresión “comunidades locales”, la locución “y comunidades indígenas”.

Letra c)

626.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar, después de la voz “sociocultural”, lo siguiente: ", incorporando a la comunidad local y comunidades indígenas aledañas en los servicios”.

Letra d)

627.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 628.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Las concesiones de investigación científica deberán colaborar como instrumento de apoyo y soporte científico en el proceso de toma de decisiones para la gestión y logro de los objetivos de protección definidos para las áreas protegidas. Asimismo, se privilegiarán las investigaciones orientadas a cubrir vacíos o déficit de información acerca de los recursos naturales presentes en el área y aquellas que apunten a la identificación de amenazas en la biodiversidad, y”.

629.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 630.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el vocablo “colaborar” por “servir”.

o o o o o

631.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para introducir un párrafo nuevo, del tenor que se indica:

"Las solicitudes de concesión deberán considerar la incorporación de las comunidades indígenas y locales respecto a la divulgación de los resultados de las investigaciones y cuando corresponda de los beneficios de los productos o logros obtenidos a través de éstas y que tengan impacto en su bienestar.".

o o o o o

Letra e)

632.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimirla.

o o o o o

633.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 634.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una nueva letra, del tenor que se indica:

"…) Deberán reportar beneficios al cumplimiento de las finalidades de la categoría de protección y objetivos específicos del área.".

o o o o o

ARTÍCULO 43

635.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 636.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 43. Comité Técnico. Créase un Comité Técnico, de carácter consultivo, para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones.

Dicho Comité estará integrado por:

a) El Director Nacional del Servicio, quien lo presidirá;

b) Un representante del Ministerio del Medio Ambiente;

c) Un representante de la Subsecretaría de Turismo;

d) Un representante de la Subsecretaría de Pesca;

e) Un representante del Ministerio de Educación;

f) Un representante de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología;

g) Un representante de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, y

h) Un representante del Instituto de la Biodiversidad.

Al Comité le corresponderán las siguientes funciones:

a) Asesorar sobre las áreas protegidas que el Servicio priorice para ser incorporadas a procesos de otorgamiento de concesiones.

b) Evaluar las propuestas presentadas.

c) Proponer la renta concesional y las garantías de cumplimiento del contrato de concesión que deberá presentar el proponente.”.

Inciso segundo

Letra e)

637.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

o o o o o

638.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una nueva letra, del tenor que se indica:

"…) Un representante académico.".

o o o o o

o o o o o

639.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 640.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar una nueva letra, del tenor que se indica:

"…) Un representante del Ministerio de Educación, tratándose de concesiones de investigación científica o de educación.".

o o o o o

Inciso tercero

Letra a)

641.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 642.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que se indica:

"a) Asesorar sobre las áreas protegidas concesionables.".

Letra b)

643.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 644.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que se indica:

"b) Formular su opinión y participar en el proceso de evaluación de las propuestas de otorgamiento de concesiones.".

ARTÍCULO 44

Inciso primero

645.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 646.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 44. Fijación y distribución de la renta concesional. La renta concesional y garantías de cumplimiento del contrato de concesión, serán fijadas por el Servicio, a propuesta del Comité Técnico. Para estos efectos, considerará la tasación comercial del área a concesionar, así como los servicios ecosistémicos que provee el área; su número de visitantes; accesibilidad y conectividad, entre otros criterios análogos.”.

Inciso tercero

647.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 648.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Las rentas percibidas por concesiones otorgadas en áreas protegidas del Estado se destinarán, a la autogestión del área protegida, su área de amortiguamiento y corredores biológicos asociados.”.

649.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 650.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

ARTÍCULO 45

651.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 45. Concesiones a título gratuito. En casos excepcionales, y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones de investigación científica o de educación a título gratuito, en favor de municipalidades, organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco, o en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas privadas sin fines de lucro, previa presentación de un proyecto, el cual será evaluado por el Comité Técnico que se refiere el Artículo 42 de esta ley.

En este caso, no le será aplicable lo señalado en el artículo 49.

Las concesiones otorgadas a título gratuito podrán extinguirse por la sola voluntad del Ministerio de Medio Ambiente, cuando a su juicio existan razones fundadas para ello.”.

Inciso primero

652.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 653.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 45. Concesiones a título gratuito. En casos excepcionales, y por razones fundadas en un mejor cumplimiento de los objetivos de conservación, se podrán otorgar concesiones de investigación científica o de educación a título gratuito, en favor de municipalidades, universidades, centros de estudios, organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco, o en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas privadas sin fines de lucro que tengan por objeto social la conservación ambiental.”.

654.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “sin fines de lucro”, lo siguiente: “, previa presentación de un proyecto, el cual será evaluado por el Comité Técnico a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley”.

Inciso segundo

655.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar la siguiente oración final: “Deberán privilegiarse las concesiones ecoturísticas cuya infraestructura se implemente fuera del área protegida respectiva.”.

ARTÍCULO 47

656.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 47. Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones deberán adjudicarse a través de licitación pública y a ellas podrán presentarse personas naturales o jurídicas.”.

Inciso primero

657.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 47. Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones deberán adjudicarse a través de licitación pública y a ellas podrán presentarse personas naturales o jurídicas.”.

658.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar la siguiente oración final: "No se podrá adjudicar la concesión a personas, empresas o sociedades relacionadas que hayan sido sancionadas por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores o por infracción grave o gravísima a la ley N° 19.300.".

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659.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 660.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar un inciso nuevo, del tenor que se indica:

"En el otorgamiento de dichas concesiones deberá considerarse preferentemente a las comunidades indígenas y locales que habiten al interior de las áreas protegidas o en zonas aledañas a ellas.".

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Inciso segundo

661.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Un reglamento contemplará el procedimiento de consulta temprana a los pueblos indígenas y comunidades locales existentes al interior y a las aledañas a las áreas protegidas, o a comunidades que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Se entenderá por consulta temprana a una consulta que se realice previamente al otorgamiento de la concesión respectiva. Este reglamento fijará el procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas del Estado, según las reglas siguientes.”.

662.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 663.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

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664.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

"Dicho reglamento deberá contemplar una procedimiento con miras a consultar de manera temprana y antes del otorgamiento de la concesión respectiva, a los pueblos indígenas y comunidades locales existentes al interior y aledañas a las áreas protegidas, o que tradicionalmente han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.".

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ARTÍCULO 48

Inciso primero

665.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 666.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la expresión “al Ministerio del Medio Ambiente” por “al Servicio”.

667.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación del vocablo “pertinentes”, el siguiente texto: “este llamado deberá publicarse en el Diario Oficial por tres veces, mediando no menos de tres ni más de cinco días hábiles entre cada publicación. La información y antecedentes que proporcionen los postulantes relativos a la identidad de los solicitantes y a los aspectos más relevantes de su postulación, se mantendrán siempre disponibles en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente”.

Inciso segundo

668.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 669.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Asimismo, en cumplimiento del objetivo del área protegida de que trate, las bases deberán indicar actividades cuyo desarrollo se encuentra restringido o prohibido en dicha área.”.

o o o o o

670.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

"En dichas bases se deberá señalar el mecanismo de participación de las comunidades indígenas y locales aledañas al área protegida objeto de la licitación.".

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ARTÍCULO 49

Inciso primero

671.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 672.- del Honorable Senador señor Navarro, y .- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la referencia al “Ministerio del Medio Ambiente” por otra al “Servicio”.

Inciso quinto

673.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 674.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la referencia al “Ministerio del Medio Ambiente” por otra al “Servicio”.

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675.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 676.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

"Los afectados, que estimen que la Resolución del Ministerio del Medio Ambiente no se ajusta a la ley, reglamento y demás normativa que deba aplicar, podrán recurrir de la misma, en un plazo de 15 días hábiles contados desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que se ubique el Área Protegida.".

o o o o o

ARTÍCULO 50

677.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para suprimirlo.

678.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 679.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 50. Transferencia de la concesión. El concesionario podrá transferir la concesión, previa aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, con consulta al Comité Técnico a que se refiere el Artículo 43, previa certificación del Servicio que la transferencia es total y el adquirente cumpla con todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario, sin perjuicio de las exigencias señaladas en el respectivo reglamento, y llevará un registro de transferencias.

Cualquier acto en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, será nulo.”.

Inciso primero

680.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 681.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 50. Transferencia de la concesión. El concesionario podrá transferir la concesión. La transferencia de la concesión podrá ser total o parcial, comprendiendo los derechos y obligaciones que correspondan y emanen del contrato de concesión.”.

Inciso segundo

682.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 683.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la referencia al “Ministerio” por otra al “Servicio”.

ARTÍCULO 51

Inciso primero

o o o o o

684.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 685.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

"…) Daños causados a los recursos naturales o a los bienes amparados por la concesión.".

o o o o o

o o o o o

686.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

"…) En caso que se demuestre que el concesionario entregó documentación falsa para obtener la concesión.".

o o o o o

o o o o o

687.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 688.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente letra, nueva:

"…) Mora o simple retardo en el pago de la renta concesional.".

o o o o o

o o o o o

689.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 690.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra, nueva:

"…) Ocurrencia de algún hecho o circunstancia que haga incompatible la concesión con las finalidades de las categorías de protección y objetivos específicos del área protegida.".

o o o o o

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691.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incorporar un literal nuevo, del siguiente tenor:

"…) Por la infracción grave o gravísima a la ley N° 19.300.".

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692.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 693.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente letra, nueva:

"…) Si el concesionario cayere en insolvencia, fuere declarado en quiebra, solicitare su propia quiebra o propusiere convenios preventivos o se entablaran acciones judiciales en su contra que afecten su capacidad de pago.".

o o o o o

ARTÍCULO 52

694.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 695.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 52. Mejoras. Todo lo edificado y plantado por el concesionario en el inmueble fiscal y todas las mejoras que le hubiere efectuado, pasarán a dominio del fisco, sin indemnización alguna, una vez extinguida la concesión, a excepción de todas aquellas mejoras que puedan retirarse sin serio detrimento del inmueble y conforme se establezca en el contrato de concesión.".

ARTÍCULO 53

696.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 697.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 53. Otros permisos o autorizaciones. La adjudicación de la concesión obliga al concesionario a obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo del proyecto y a informar de ellos al Servicio.".

ARTÍCULO 54

Inciso primero

698.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 699.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 54. Permisos. Mediante resolución del Director Regional respectivo y de acuerdo con el respectivo reglamento, podrán otorgarse permisos al interior de las áreas protegidas del Estado para el desarrollo de actividades complementarias o de apoyo a las propias del área, que no requieran la instalación de infraestructura o la operación permanente y continua en espacios ubicados en el área, y siempre que no contravengan el plan de manejo.".

700.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 701.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

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702.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 703.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar los siguientes incisos, nuevos:

"Cualquier persona que estime que el otorgamiento del permiso a que se refiere el inciso primero es ilegal y/o a quien cause perjuicio, podrá reclamar de la Resolución del Director Nacional dentro de un plazo de 15 días desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que se ubique el Área Protegida.

El solicitante del permiso podrá reclamar del rechazo de éste en los términos señalados en el inciso precedente.".

o o o o o

ARTÍCULO 55

704.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 55. Fiscalización de la concesión o permiso. El administrador del área tendrán la atribución de verificar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.".

705.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 55. Fiscalización de la concesión o permiso. El Servicio y el administrador del área tendrán la atribución de verificar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el contrato de concesión o del permiso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.".

o o o o o

706.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 707.- del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un artículo nuevo, del tenor siguiente:

"Artículo…. Acceso a los recursos genéticos. El Servicio deberá regular el acceso a los recursos genéticos dentro de las áreas protegidas.".

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Párrafo 7°

Áreas protegidas de propiedad privada

708.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “de propiedad privada” por “privadas”.

709.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar, a continuación de la palabra “privada”, la expresión “y comunitarias”.

o o o o o

710.- De la Honorable Senadora señora Allende, para consultar un artículo nuevo, del tenor siguiente:

"Artículo… Es deber del Estado velar por la conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas. Las iniciativas de Conservación Privada y Comunitarias, así como los Territorios de Conservación de Pueblos Indígenas van en apoyo a esta protección. Las Áreas Protegidas de Propiedad Privada y Comunitarias deberán regirse por los lineamientos que establece el Estado para ellas. Adicionalmente, las APPyC deben cumplir un rol social y de conservación de la BD.

Las iniciativas de conservación privada también son también áreas de apoyo a la conservación de la biodiversidad. Las mismas podrán postular, en su mérito, a ser reconocidas como AP en conformidad a las categorías de protección que reconoce este PL. Las ICP serán consideradas dentro de los instrumentos de conservación fuera del SNAP (párrafo 7). Aportando así a la conservación dentro y fuera de las AP y promoviendo el uso de instrumentos de conservación en estas áreas (reconocidas en un catastro actualizado).".

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ARTÍCULO 56

Inciso primero

711.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 712.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 56. Solicitud de creación. El procedimiento para la creación de un área protegida privada se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Servicio, presentada por el propietario o poseedor del área.".

713.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la locución “de propiedad”.

Inciso segundo

Letra a)

714.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la voz “polígono”, la siguiente frase: “, todo incluido mapa georreferenciado a través de un sistema de información geográfica (SIG)”.

Letra c)

715.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, después de la palabra “ecológicas”, lo siguiente: “, geológicas”.

Inciso tercero

716.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 717.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

"Las áreas de propiedad privada que sean propuestas como un área protegida serán consideradas en las prioridades de planificación de conservación.".

ARTÍCULO 57

Inciso primero

718.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 57. La creación de las áreas protegidas privadas se realizará a través de un decreto supremo formulado en los términos del artículo 24.”.

719.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 57. Creación. La creación de las áreas protegidas de propiedad privada se realizará a través de una resolución del Servicio, el que contendrá lo señalado en el artículo 24.”.

720.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 57. Creación. La creación de las áreas protegidas de propiedad privada se realizará a través de una resolución administrativa que contendrá lo señalado en el artículo 24.”.

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721.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 722.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar como inciso segundo, nuevo, el que sigue:

"Previo a la dictación del decreto supremo que apruebe la creación de un área privada de conservación, el Ministerio deberá cerciorarse si existen sobre dichas áreas reclamaciones judiciales o administrativas de parte de comunidades indígenas por constituir estas tierras territorios de propiedad legal o ancestral indígena. En caso de existir dicha reclamación, deberá esperar a su dictación a la resolución del proceso administrativo o judicial a que ha dado origen.".

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Inciso segundo

723.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 724.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Dichas áreas tendrán su calidad de tales en tanto el propietario no manifieste su decisión fundada de ponerle término.”.

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725.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 726.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente inciso, nuevo:

"Sólo las corporaciones o fundaciones del Título XXXIII, de las Personas Jurídicas del Código Civil, que sean propietarios de áreas protegidas privadas podrán optar a que la categoría de protección tenga una vigencia superior a treinta años.".

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ARTÍCULO 58

Encabezamiento

727.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 58. Desafectación. La desafectación del área se efectuará mediante resolución administrativa, por verificarse alguna de las siguientes circunstancias:”.

728.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 58. Desafectación. La desafectación del área se efectuará mediante resolución del Servicio, por verificarse alguna de las siguientes circunstancias:”.

Letra b)

729.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 730.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirla.

o o o o o

731.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 732.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

"…) Pérdida de los atributos que motivaron su afectación.".

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ARTÍCULO 59

Inciso primero

733.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 59. Administración y supervisión. Las áreas protegidas privadas serán administradas por sus propietarios o por organizaciones sin fines de lucro que tengan una acreditada capacidad técnica para la gestión y el manejo adecuado del área, la cual será calificada por el Servicio.”.

734.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 735.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 59. Administración y supervisión. Las áreas protegidas de propiedad privada serán administradas por sus propietarios, poseedores o por quienes éstos designen con las facultades e idoneidad suficientes para ello.”.

736.- De la Honorable Senadora señora Allende, para anteponer a la palabra “Administración”, la expresión “Gestión,”.

737.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del vocablo “administradas”, la expresión “y gestionadas”.

Inciso segundo

738.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el que se indica:

“La autoridad encargada de la administración de las áreas protegidas del Estado supervisará la gestión y manejo del área, limitándose a verificar que se cumplan los objetivos para los cuales ella fue creada.”.

739.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que se indica:

“El Servicio supervisará la gestión y manejo del área, limitándose a verificar que se cumplan los objetivos para los cuales ella fue creada.”.

ARTÍCULO 60

740.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 60. Planes de manejo. Los planes de manejo de las áreas protegidas privadas serán elaborados por sus propietarios, poseedores o administradores y aprobados mediante resolución administrativa.”.

741.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 60. Planes de manejo. Los planes de manejo de las áreas protegidas privadas serán elaborados por sus propietarios, poseedores o administradores y aprobados mediante resolución del Servicio.”.

742.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 743.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar las palabras “de propiedad privada” por “privadas”.

744.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del vocablo “Servicio”, lo siguiente: “en conformidad a las normas y requisitos que regulan los planes de manejo en la presente ley”.

ARTÍCULO 61

Inciso primero

745.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 61. Apoyo técnico. Los propietarios, poseedores o administradores de áreas protegidas privadas tendrán derecho a asesoría y asistencia técnica. En este marco, se elaborará un formato tipo de plan de manejo de área protegida y desarrollará programas y talleres de capacitación en gestión y manejo de aquellas áreas, así como de gestores de las mismas.”.

746.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 61. Apoyo técnico. El Servicio prestará asesoría y asistencia técnica a los propietarios, poseedores o administradores de áreas protegidas privadas. En este marco, elaborará un formato tipo de plan de manejo de área protegida y desarrollará programas y talleres de capacitación en gestión y manejo de aquellas áreas, así como de gestores de las mismas.”.

747.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la locución “de propiedad privada” por “privadas”.

Inciso segundo

748.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la locución “de propiedad privada” por “privadas”.

ARTÍCULO 62

749.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 62. Incentivos. Las áreas protegidas de propiedad privada gozarán de preferencia para recibir bonificaciones, mediante concursos del fondo de la Biodiversidad, a las acciones específicas de conservación, para mitigar amenazas, recuperar o restaurar especies, genes o ecosistemas, y que contribuyan a mantener los valores y atributos del área protegida, según lo señale el reglamento.

Los guardaparques de las áreas protegidas privadas podrán participar de los programas de formación y capacitación a que se refiere el Artículo 39 de esta Ley.

Las áreas protegidas privadas estarán exentas del impuesto territorial, que regula la Ley Nº 17.235.”.

750.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 751.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“Artículo 62. Incentivos. Las áreas protegidas privadas tendrán preferencia para recibir bonificaciones, mediante concursos del fondo de la Biodiversidad, a las acciones específicas de conservación, para mitigar amenazas, recuperar especies o ecosistemas, y que contribuyan a mantener los valores y atributos del área protegida, según lo señale el reglamento.”.

752.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la expresión “de propiedad privada” por la palabra “privadas”.

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753.- De los Honorables Senadores señores Moreira, Horvath, Lagos, Montes y Walker, don Patricio, para incorporar los siguientes incisos, nuevos:

"Los propietarios de los inmuebles que hayan afectado sus predios como áreas protegidas serán beneficiarios bajo el numeral 1 del artículo 1º del artículo 8° de la ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales. Además, todo proyecto en beneficio de un área protegida, sea que lo presente el propietario del predio o alguna fundación o corporación en cuyo objeto se contemplen fines de conservación o de protección ambiental, serán elegibles para ser aprobados por el Comité Calificador de Donaciones Privadas establecido en la misma ley.

Las áreas protegidas privadas estarán exentas del impuesto territorial que regula la ley Nº 17.235.".

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754.- Del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, para agregar los nuevos incisos que se señalan a continuación:

“Los propietarios de los inmuebles que hayan afectado sus predios como Áreas de Protección serán beneficiarios bajo el numeral 1 del artículo 1º del artículo 8° de la Ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales. Además, todo proyecto en beneficio de un Área de Protección, sea que lo presente el propietario del predio o alguna fundación o corporación en cuyo objeto se contemplen fines de conservación o de protección ambiental, serán elegibles para ser aprobados por el Comité de Donaciones bajo la misma ley.

Las áreas protegidas privadas bajo la presente ley, bajo la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y bajo toda otra categoría que aprobare el Comité de Donaciones del artículo 8° de la Ley N° 18.985, estarán exentas del impuesto territorial, que regula la Ley Nº 17.235.”.

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755.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Servicio estará facultado para prestar asistencia técnica a aquellas personas que deseen solicitar la afectación de un área como área protegida de propiedad privada o comunitaria. El servicio también prestará apoyo a la formación de guardaparques de Áreas de Protegidas de Propiedad Privada o Comunitarias.”.

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756.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar los siguientes incisos finales:

“Los guardaparques de las áreas protegidas privadas podrán participar de los programas de formación y capacitación a que se refiere el Artículo 39 de esta Ley.

Las áreas protegidas privadas estarán exentas del impuesto territorial, que regula la Ley Nº 17.235.”.

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757.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 758.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar a continuación del artículo 62, el siguiente, nuevo:

“Artículo … En conformidad a lo establecido en el 35 de la Ley 19.300 los inmuebles que comprendan las áreas protegidas privadas estarán exentas del pago del impuesto territorial.”.

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759.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 760.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar a continuación del artículo 62, el siguiente, nuevo:

“Artículo … Los propietarios de áreas protegidas privadas serán considerados para todos los efectos legales como beneficiarios de donaciones culturales en conformidad a la Ley 18.985.”.

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761.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 762.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar a continuación del artículo 62, el siguiente, nuevo:

“Artículo … Los inmuebles que comprenda el área protegida privada no se considerarán para los efectos de la aplicación de la Ley de Impuesto sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones.”.

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763.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar a continuación del artículo 62, el siguiente, nuevo:

“Artículo … Ley de incentivos económicos y tributarios. Una ley posterior considerará instrumentos económicos y tributarios para la creación de áreas protegidas de propiedad privada y comunitarias. La ley categorizará los incentivos a otorgar a los solicitantes de acuerdo los siguientes ciertos criterios, entre otros:

a) La planificación territorial del Servicio;

b) El plazo por el cual se afecta determinada área;

c) La categoría de protección, así como el carácter de persona natural o jurídica, con o sin fin de lucro, que aparece como solicitante de la afectación de un área.”.

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764.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar a continuación el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo … Derogación por pago por no uso del derecho de aprovechamiento de aguas. En aquellas áreas protegidas privadas o comunitarias que cuenten con derechos de aprovechamiento de aguas se deroga el artículo del código de aguas por el no uso del derecho de aprovechamiento de aguas.”.

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ARTÍCULO 63

765.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 766.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 63. Reglamento. Un reglamento regulará el procedimiento, los plazos, las condiciones y los requisitos para la creación y desafectación de las áreas protegidas de propiedad privada, así como los beneficios que establezcan las leyes.”.

767.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la locución “de propiedad privada” por “privadas”.

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768.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 769.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar a continuación del artículo 63, el siguiente, nuevo:

“Artículo… Paisaje de conservación: Territorio delimitado geográficamente, de propiedad pública y/o privada, que posee un patrimonio natural y/o valores culturales o paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación, y que es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre propietarios, organizaciones o empresas de la comunidad local y/o organismos públicos, estatales o municipales, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El acuerdo de adhesión así como sus estatutos y reglamentación complementaria serán de obligatoria aplicación en el territorio comprendido por el área, debiendo los instrumentos de planificación territorial ajustarse a ellos.”.

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770.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 771.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar a continuación del artículo 63, el siguiente, nuevo:

“Artículo… Acuerdos privados de conservación. A los mismos beneficios y franquicias establecidas para las áreas protegidas privadas se podrán acoger aquellos propietarios de inmuebles que graven sus predios con fines de conservación ambiental.

Dicho gravamen deberá constar en la correspondiente escritura pública, anotarse en la inscripción correspondiente.

Desde el momento del otorgamiento de cualquier beneficio o franquicia el efectivo cumplimiento de sus fines será fiscalizable por la autoridad.”.

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772.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar como párrafo 8°, nuevo, el siguiente:

"Párrafo 8º

Áreas conservadas por comunidades locales y Territorios indígenas de conservación

Artículo 64

. Áreas conservadas por comunidades locales y Territorio indígenas de conservación. Las tierras y territorios de ocupación tradicional de comunidades indígenas y locales, en ecosistemas naturales y/o modificados, que contienen valores significativos de diversidad biológica, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados voluntariamente a través de reglas consuetudinarias u otros medios eficaces, podrán ser reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente como áreas de conservación voluntaria conforme a las disposiciones de la presente ley y formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Para que estas áreas sean reconocidas como tales por el Ministerio de Medio Ambiente será necesario que cumplan los siguientes requisitos:

1. Existencia de un pueblo o comunidad indígena o local con una relación estrecha y profunda con un espacio claramente delimitado (territorio, área, hábitat, sitio cultural o sagrado),

2. Que el pueblo o comunidad sea el principal actor en la toma de decisiones relacionadas con el sitio y tenga la capacidad para desarrollar su reglamentación y hacerla cumplir, y

3. Que las decisiones, esfuerzos y usos tradicionales del pueblo o la comunidad conduzcan a la conservación de la diversidad biológica, de las funciones ecológicas y de los valores culturales asociados, sin importar las motivaciones originales o principales.

Artículo 65

. Procedimiento para el reconocimiento. El procedimiento para el reconocimiento de un territorio indígena de conservación y área de conservación por comunidades locales se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio, que sólo podrá ser presentada por la o las comunidades locales titulares de tierras, o por las comunidades indígenas cuyos territorios de ocupación tradicional estén parcial o totalmente involucrados en la solicitud. Dicha solicitud deberá ser realizada por las autoridades representativas de dichas comunidades y tendrá que contener la información señalada en el artículo 56.

Estas áreas sólo serán incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad mediante un acuerdo de conservación voluntaria que será vinculante y que regulará los elementos básicos sobre el desarrollo, el contenido y aplicación de estos acuerdos, incluyendo su administración y gestión. La decisión del Ministerio de suscribir un acuerdo de conservación voluntaria se realizará a través de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, el que contendrá lo señalado en dicho acuerdo, debiendo ser reducido a escritura pública e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

La desafectación y la supervisión, así como los incentivos que podrán recibir las comunidades gestoras, se regirán por las disposiciones del Párrafo anterior.

Artículo 66

. Manejo de las áreas conservadas por comunidades locales y territorios indígenas de conservación. El manejo de las áreas conservadas por comunidades locales y de los territorios indígenas de conservación será ejecutado por los pueblos o comunidades indígenas o locales, de conformidad con el acuerdo de conservación voluntaria referido en el artículo anterior y del respectivo plan de manejo, a través de sus autoridades representativas.

El plan de manejo será elaborado por las respectivas comunidades, a través de sus propios procedimientos de decisión, en conformidad a esta ley y a los términos de los correspondientes acuerdos de conservación.

Artículo 67

. Modificaciones de la superficie o planes de manejo de las áreas conservadas por comunidades locales y los territorios indígenas de conservación. Cualquier modificación en la superficie o extensión del área o territorio de conservación, o de su plan de manejo tendrá que hacerse mediante el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas o locales que los gestionan y a través de sus propios procedimientos de decisión.

Artículo 68

. Asistencia de Ministerio del Medio Ambiente. Para la creación, modificación y manejo de las áreas conservadas por comunidades locales y los territorios indígenas de conservación, las comunidades que los proponen o gestionan podrán solicitar la asistencia técnica del Ministerio.".

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773.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar como párrafo 8°, nuevo, el siguiente:

"Párrafo 8º

Territorios indígenas de conservación y Áreas conservadas por comunidades locales

Artículo… Los territorios de propiedad ancestral indígena y de comunidades locales, en ecosistemas naturales y/o modificados, que contienen valores significativos de diversidad biológica, beneficios ecológicos y valores culturales, conservados voluntariamente a través de leyes consuetudinarias u otros medios eficaces, podrán ser reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente como áreas de conservación voluntaria conforme a las disposiciones de la presente ley y formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Para que estas áreas sean reconocidas como tales por el Ministerio de Medio Ambiente será necesario que cumplan los siguientes requisitos:

1. Existencia de un pueblo o comunidad indígena o local con una relación estrecha y profunda con un espacio claramente delimitado (territorio, área, hábitat, sitio sagrado),

2. Que el pueblo o comunidad sea el principal actor en la toma de decisiones relacionadas con el sitio y tenga la capacidad para desarrollar su reglamentación y hacerla cumplir, y

3. Que las decisiones, esfuerzo y usos tradicionales del pueblo o la comunidad conduzcan a la conservación de la diversidad biológica, de las funciones ecológicas y de los valores culturales asociados, sin importar las motivaciones originales o principales.

Artículo ….Procedimiento para el reconocimiento.

El procedimiento para el reconocimiento de un territorio indígena de conservación y área de conservación por comunidades locales se iniciará mediante una solicitud voluntaria ante el Ministerio, presentada por la o las comunidades de los territorios de propiedad ancestral indígena y de comunidades locales. Dicha solicitud deberá contener la información señalada en el artículo 56.

Estas áreas sólo serán incorporadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o comunidad mediante un acuerdo de conservación voluntaria que será vinculante y que regulará los elementos básicos sobre el desarrollo, el contenido y aplicación de estos acuerdos. La decisión del Ministerio de suscribir un acuerdo de conservación voluntaria se realizará a través de un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, el que contendrá lo señalado en dicho acuerdo, debiendo ser reducido a escritura pública e inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

La desafectación, la administración y supervisión, la elaboración de los planes de manejo del área de conservación, así como los incentivos que podrán recibir, se regirán por las disposiciones del Párrafo anterior.".

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ARTÍCULO 64

774.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 775.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 64. Integración de las áreas protegidas. Formarán parte de las áreas protegidas, el espacio aéreo, el suelo, subsuelo, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o tramos de estos, lagos, lagunas, estuarios, y otros humedales situados dentro de su perímetro.”.

776.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar, a continuación de la expresión “playas de mar,”, la siguiente: “canales y aguas interiores adyacentes,”.

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777.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incluir un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Para la determinación del perímetro de la porción de mar se tomarán como referencia los puntos geográficos más sobresalientes y en el caso de islas oceánicas comprenderá hasta 2 millas del mar patrimonial.”.

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778.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incluir un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Entre cada área protegida se deberán contemplar los corredores biológicos que sean necesarios para la conservación de los ecosistemas, así como también se deberá ordenar y determinar las zonas núcleo, de amortiguación y transición.”.

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ARTÍCULO 65

Inciso primero

779.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 780.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 65. Actividades de caza y captura. En conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Caza, se prohíbe la caza o la captura de especies nativas en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

781.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación de la expresión “o la captura”, la locución “de ejemplares de especies nativas”.

Inciso segundo

782.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 783.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“No obstante lo anterior, se autoriza la caza o la captura de determinados especímenes cuando la categoría de protección y el manejo del área lo permitan.”.

784.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “que causen graves perjuicios al”, por “perjudiciales al”.

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785.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incorporar un inciso tercero, nuevo, del tenor que se señala:

“Sin embargo, las comunidades indígenas podrán conservar sus actividades tradicionales con fines de caza, recolección de alimentos y ceremoniales o religiosos.”.

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786.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 787.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un inciso tercero, nuevo, del tenor que se señala:

“Estará siempre autorizada la caza o captura de especies exóticas invasoras.”.

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788.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar un artículo, nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo… Actividades de extracción. En atención a su condición de humedal, a su naturaleza biológica y funciones ecosistémicas, así como su aporte a la captura de carbono como método de mitigación al cambio climático, se prohíbe cualquier actividad extractiva en las turberas.”.

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TÍTULO IV

INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

789.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 790.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar su epígrafe por el siguiente:

“OTROS INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”

ARTÍCULO 66

791.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 66. Otros instrumentos de conservación de biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, se diseñará, implementará y dará seguimiento a la aplicación de los siguientes otros instrumentos de conservación de la biodiversidad que señala este título.”.

792.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 66. Otros instrumentos de conservación de biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el Servicio diseñará, implementará y dará seguimiento a la aplicación de los siguientes otros instrumentos de conservación de la biodiversidad que señala este título.”.

Párrafo 2°

Inventarios

793.- De la Honorable Senadora señora Allende, para sustituir su epígrafe por el siguiente:

“Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad”

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794.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar un artículo, nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo… El Servicio creará un sistema nacional de información sobre la biodiversidad, para conocer el estado de salud de ecosistemas, especies y diversidad genética, genera indicadores, evaluar y planificar la gestión de la conservación. Para tal efecto el servicio efectuará un trabajo de complicación, validación y generación de datos e información.”.

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795.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar un artículo, nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo… Publicidad de los datos: Todos los inventarios, plataformas de información, datos ecológicos o de monitoreo u otros, cualesquiera sean su origen o denominación, deberán estar disponibles electrónicamente en línea en el sistema nacional de información sobre biodiversidad y deberá estar disponible de manera gratuita y actualizada para el público general u otros órganos de la administración.”.

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796.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar un artículo, nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo… Los sistemas de información para la biodiversidad estarán conformados por las estaciones y redes de monitoreo, inventarios de especímenes, sitios de estudios de largo plazo, catastros a diferentes escalas temporales y espaciales, bases de datos, entre otras plataformas. El Servicio estará especialmente facultado para crear otros sistemas de información, muestro o levantamiento de datos.

Para la creación, mantención y gestión de sistemas de información, el Servicio deberá coordinarse con las entidades administrativas encargadas de fomentar, gestionar y dirigir la actividad científica. El Servicio estará especialmente facultado para celebrar convenios con instituciones realicen investigación científica para efectos de asesorarse en la creación, mantención y gestión de los mencionados sistemas de información.”.

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797.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar un artículo, nuevo, del tenor que se señala:

“Artículo… Creación de nuevos instrumentos de información: El servicio estará especialmente facultado para crear nuevos inventarios, catastros, sistemas de recolección de información y repositorios, cualquiera sea su origen o denominación, sea biótico, abiótico o social. Para ello, deberá coordinarse con la sociedad civil y las entidades administrativas encargadas de fomentar, gestionar y regular la investigación científica.

El servicio también podrá fomentar la recopilación de información por parte de la sociedad civil para aportar a completitud, utilidad o inteligencia de los catastros o sistemas de información aludidos anteriormente.”.

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798.- De la Honorable Senadora señora Allende, para consultar un nuevo párrafo, con el siguiente epígrafe, antes del artículo 67:

“Párrafo… Inventarios de ecosistemas.”.

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ARTÍCULO 67

Inciso primero

799.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 67. Inventarios de ecosistemas. Existirán inventarios de ecosistemas, según su estado de conservación, los cuales constituirán un instrumento de gestión para el monitoreo y establecimiento de los demás instrumentos de conservación de la biodiversidad y la planificación territorial. Estos inventarios tendrán carácter permanente y público y deberán actualizarse cada cuatro años.”.

800.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 67. Inventarios de ecosistemas. El Servicio elaborará y administrará inventarios de ecosistemas, según su estado de conservación, los cuales constituirán un instrumento de gestión para el monitoreo y establecimiento de los demás instrumentos de conservación de la biodiversidad y la planificación territorial. Estos inventarios tendrán carácter permanente y público y deberán actualizarse cada cuatro años.”.

801.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar después de “biodiversidad”, las palabras “ y geodiversidad”.

Inciso segundo

802.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “En el caso del inventario de recursos vegetacionales, este se basará en la información del Catastro de Recursos Vegetacionales que ejecuta la Corporación Nacional Forestal de acuerdo a la ley Nº 20.283.”.

Inciso tercero

803.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Respecto de los inventarios de glaciares, que administra la Dirección General de Aguas, se utilizará dicha información para priorizar la gestión e implementar medidas de conservación sobre glaciares.”.

804.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Respecto de los inventarios de glaciares, que administra la Dirección General de Aguas, el Servicio utilizará dicha información para priorizar la gestión e implementar medidas de conservación sobre glaciares.”.

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805.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 806.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un inciso final, nuevo, del tenor que se señala:

“Los instrumentos de planificación territorial, así como los proyectos de inversión que se establezcan en los territorios comprendidos por ecosistemas amenazados o degradados, deberán establecer las medidas o regulaciones, según corresponda, tendientes a asegurar la conservación de dichos ecosistemas.”.

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ARTÍCULO 68

807.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 68. Inventario de especies. Se mantendrá un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales, junto a sus hábitats, de carácter permanente y público.”.

808.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 68. Inventario de especies. El Servicio mantendrá un inventario de especies de plantas, algas, hongos y animales, junto a sus hábitats, de carácter permanente y público.”.

809.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “especies”, la primera vez que aparece, la expresión “y diversidad genética”.

810.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “mantendrá”, la locución “en línea”.

811.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la voz “especies”, la segunda vez que aparece, la expresión “y/o géneros”.

812.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del vocablo “hongos”, la locución “, protozoos, procariontes”.

813.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la conjunción “y” que sigue a la palabra “permanente”, por una coma (,).

814.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la voz “público”, lo siguiente: “y gratuito, accesible para el público general. En ese mismo inventario se incluirá diversidad genética en los casos que sea pertinente y las especies invasoras existentes en el territorio nacional”.

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815.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 816.- del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El Servicio coordinará y administrará el procedimiento de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, clasificación respecto de la cual deberá pronunciarse el Ministerio de Medio Ambiente conforme al Reglamento a que se refiere el artículo 37 de la Ley 19.300.”.

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817.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 818.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Los instrumentos de planificación territorial, así como los proyectos de inversión que se establezcan en territorios comprendidos por los inventarios de especies, deberán establecer las medidas o regulaciones, según corresponda, tendientes a asegurar la conservación de dichas especies y hábitats.”.

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819.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del artículo 68 otro, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Inventario de glaciares. El Servicio también contendrá un inventario de glaciares y su estado actual de conservación, así como otra información relativa a la diversidad genética conocida hasta el momento en los mismos y variables bióticas a abióticas que influyan en el mismo.”.

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820.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación del artículo 68 otro, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Inventario de glaciares. El Servicio también contendrá un inventario de glaciares y su estado actual de conservación, así como otra información relativa a la diversidad genética conocida hasta el momento en los mismos y variables bióticas a abióticas que influyan en el mismo.”.

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821.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del artículo 68 otro, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Inventario de patrimonio geológico. Habrá un inventario del patrimonio geológico nacional, el cual será de carácter permanente y público. El Servicio responsable asumirá el deber de velar por la conservación de los elementos o lugares que constituyen este inventario, es decir, seleccionar, caracterizar, proteger (in situ y de forma legal), divulgar, poner en valor y monitorear el patrimonio geológico nacional.”.

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822.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Inventario de Servicios Ecosistémicos: El Servicio tendrá un inventario de Servicios Ecosistémicos, conteniendo al menos su valoración, los métodos que se han utilizado para valorizar los mismos, su estimación de evolución del valor en el tiempo, el área geográfica en concreto de la cual proviene algún servicio ecosistémico y la proyección del estado de ese servicio en el futuro.”.

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823.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Catastro de experiencias de conservación: El Servicio tendrá además un catastro que actualizará semestralmente en torno a las experiencias de conservación y uso sustentable de la biodiversidad, exitosa y no exitosa, como una forma de apoyar la gestión y eficiencia de recursos. El catastro concluirá con un resumen de buenas y malas prácticas en base a la información recopilada.”.

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824.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación del artículo 68, otros, nuevos, del siguiente tenor:

“Artículo… Inventario de recursos genéticos. El Servicio elaborará y administrará un inventario de recursos (variabilidad) genéticos animales, vegetales y microbianos, dentro y fuera de las áreas protegidas.

Artículo... Prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, y la caza, eliminación o captura de especies animales nativas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro crítico", "en peligro", "vulnerables", "casi amenazado" o "datos insuficientes", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat.

Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización del Servicio, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas o fines sanitarios.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.”.

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ARTÍCULO 69

825.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 69. Requerimiento de información. Se podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, y a entidades privadas, nacionales o extranjeras, especializadas, la información necesaria para elaborar y mantener los inventarios actualizados.”.

826.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 69. Requerimiento de información. El Servicio podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, y a entidades privadas, nacionales o extranjeras, especializadas, la información necesaria para elaborar y mantener los inventarios actualizados.”.

827.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la siguiente oración final: “Los demás órganos de la administración estarán obligados a responder de los requerimientos de información en plazo máximo de 10 días hábiles.”.

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828.- Del Honorable Senador señor Navarro, para consultar a continuación del artículo 69 un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo… El Servicio elaborará y administrará un inventario de recursos (variabilidad) genéticos animales, vegetales y microbianos, dentro y fuera de las áreas protegidas.”.

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829.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo artículo, del tenor siguiente:

“Artículo… Prohíbase la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, y la caza, eliminación o captura de especies animales nativas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro crítico", "en peligro", "vulnerables", "casi amenazado" o "datos insuficientes", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat.

Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización del Servicio, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas o fines sanitarios.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.”.

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Párrafo 3°

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830.- De la Honorable Senadora señora Allende, para consultar un nuevo artículo, del siguiente tenor:

“Artículo… Clasificación de ecosistemas. El servicio mantendrá un catastro que clasificará la clasificación de ecosistemas terrestres y acuáticos (marinos y continentales), así como el estado de conservación de los mismos.”.

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ARTÍCULO 70

831.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 70. Sitios prioritarios para la conservación. Existirá un registro actualizado de los sitios prioritarios para la conservación, que contendrá fichas de información para cada uno de ellos.

Los sitios prioritarios, serán propuestos para la creación de áreas protegidas, bancos de compensación o para ser objeto de otros instrumentos de conservación establecidos en la presente ley.”.

832.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 70. Sitios prioritarios para la conservación. El Servicio declarará y administrará un registro actualizado de los sitios prioritarios para la conservación, que contendrá fichas de información para cada uno de ellos.

Los sitios prioritarios, serán propuestos para la creación de áreas protegidas, bancos de compensación o para ser objeto de otros instrumentos de conservación establecidos en la presente ley.”.

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833.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación del inciso primero, los siguientes nuevos:

“El Ministerio del Medio Ambiente generará un procedimiento único para declarar Sitios Prioritarios para la Conservación sobre la base de conocimientos técnicos, científicos, culturales, locales y con participación de la ciudadanía, que incluya el nivel regional en la toma de decisiones.

Adicionalmente, se hará una distinción entre los Sitios Prioritarios reconocidos por acto formal y los que están reconocidos por las Estrategias Regionales de Biodiversidad.”.

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Inciso segundo

834.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Servicio administrará un registro de los sitios prioritarios, que contendrá fichas de información para cada uno de ellos. El Servicio deberá impulsar la gestión de estos sitios con el objeto de dar cumplimiento a las metas de conservación.”.

835.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: “El Servicio deberá impulsar la gestión de estos sitios con el objeto de dar cumplimiento a las metas de conservación.”.

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836.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación del artículo 70, el siguiente nuevo:

“Artículo… El Ministerio del Medio Ambiente definirá criterios para identificar las Áreas de Alto Valor para la Conservación.”.

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ARTÍCULO 71

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837.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 838.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento para clasificar los ecosistemas degradados, sobre la base de antecedentes científico-técnicos y según su estado de degradación.”.

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839.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 840.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Para dicho fin incorporará en los inventarios de ecosistemas aquellos que presenten condición de degradados.”.

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ARTÍCULO 72

Inciso primero

841.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación del vocablo “ecosistemas”, la primera vez que aparece, la palabra “degradados”.

Inciso segundo

842.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la voz “componentes”, la expresión “y/o servicios ecosistémicos”.

Inciso tercero

843.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 844.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

845.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “recursos” por “especies”.

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846.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 847.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso tercero uno nuevo, del siguiente tenor:

“En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que se encuentren intervenidos por actividades productivas, industriales o antrópicas ellas deberán ser compatibles con el plan para cuyo efecto se establecerán las medidas especiales para el cumplimiento de dicho fin, las que formarán parte del plan.”.

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Inciso cuarto

848.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación del vocablo “ejecutar”, la expresión “, en coordinación con los organismos sectoriales,”.

Inciso quinto

849.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 850.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar el texto que expresa: “, éstos se someterán al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En dicho caso”.

ARTÍCULO 73

Inciso primero

851.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “y según su estado de conservación”, por “, según su estado de conservación y con pleno respeto del artículo 19 Nº 24 de la Constitución y de la Ley de Bosque Nativo”.

Inciso segundo

852.- Del Honorable Senador señor Navarro, 853.- del Honorable Senador señor Girardi, y 854.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

ARTÍCULO 74

Inciso primero

855.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación de las palabras “El Servicio”, la locución “en conjunto con los organismos sectoriales”.

Inciso segundo

856.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 857.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por otro, del siguiente tenor:

“Dichos planes podrán establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de cauces superficiales, glaciares y humedales, al uso de aguas superficiales o subterráneas o a la explotación de especies y sus hábitats; requerir la elaboración de planes de restauración u otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado.”.

Inciso tercero

858.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 859.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

860.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “recursos” por “especies”.

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861.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 862.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso tercero uno nuevo, del siguiente tenor:

“En caso que el plan de manejo para la conservación recaiga sobre ecosistemas que se encuentren intervenidos por actividades productivas, industriales o antrópicas ellas deberán ser compatibles con el plan para cuyo efecto se establecerán las medidas especiales para el cumplimiento de dicho fin, las que formarán parte del plan.”.

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863.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar un nuevo inciso, del siguiente tenor:

“En caso que el plan de manejo recaiga sobre un ecosistema marino vulnerable, éste deberá considerar todas las medidas aplicables en conformidad a la Ley de Pesca, sin perjuicio de las que corresponda y se establezcan en conformidad al presente párrafo.”.

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Inciso cuarto

864.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 865.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Un reglamento regulará el contenido y el procedimiento para la dictación de los planes.”.

866.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 867.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la oración final que señala: “Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.”.

ARTÍCULO 75

Inciso primero

868.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 869.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 75. Planes de recuperación, conservación o gestión de especies. Clasificada una especie nativa en alguna de las categorías de amenazas internacionalmente reconocidas, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, se elaborará un plan de recuperación, conservación y gestión de especies.”.

Inciso segundo

870.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 871.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminarlo.

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872.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del inciso segundo uno nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, serán objeto de plan de recuperación, conservación o gestión todas las especies nativas incluidas en los apéndices del Convenio CITES.”.

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Inciso tercero

873.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 874.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Un reglamento establecerá el contenido y procedimiento para la dictación de tales planes.”.

875.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 876.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir la oración final que señala: “Dicho procedimiento contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.”.

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877.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del artículo 75 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… El plan de recuperación, conservación o gestión de especies considerará a lo menos:

1) El diagnóstico del estado de la especie.

2) La determinación de su hábitat.

3) La determinación de las amenazas reales o probables de que es objeto.

4) Las acciones de recuperación, conservación o gestión.

5) Las limitaciones a las actividades o factores de riesgo o amenaza.

6) Un plan de metas medibles.”.

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ARTÍCULO 76

878.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 879.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 76. Monumentos Naturales. El Ministerio del Medio Ambiente podrá declarar una o más especies como monumentos naturales.

Con todo, aquellas que presenten mayor grado de amenaza y reúnan condiciones especialmente relevantes tales como endemismo, función ecosistémica u otras, serán declarados monumentos naturales.”.

880.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 881.- del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar el texto que señala “, en consulta al Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según corresponda,”.

ARTÍCULO 77

882.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 77. Protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de especies. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de especies.”.

883.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 884.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 77. Mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará la protección, rescate, rehabilitación, reinserción, observación y monitoreo de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas, sin perjuicio de la aplicación de los planes de recuperación, conservación o gestión de especies a que haya lugar.”.

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885.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 886.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del artículo 77 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Conservación ex situ. Las especies de flora y fauna amenazadas serán objeto de medidas de conservación ex situ cuando a juicio de la autoridad sea técnicamente factible.

Para estos efectos se establecerán convenios con instituciones o centros dedicados a estos fines.”.

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ARTÍCULO 78

Encabezamiento

887.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 78. Prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, se deberá:”.

888.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 78. Prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, el Servicio deberá:”.

889.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 890.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimir el siguiente texto: “Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal, tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, cuando no se trate de poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza o sean de interés comercial,”.

Letra a)

891.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 892.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Determinar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la nómina de especies calificadas como especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la biodiversidad, estén o no asilvestradas en el país, acorde con el procedimiento que sea definido para ello;”.

893.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 894.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la siguiente:

“a) Determinar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la nómina de especies calificadas como especies exóticas y exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el país, acorde con el procedimiento que sea definido para ello;”.

895.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación de la expresión “Servicio Agrícola y Ganadero”, la siguiente: “, la Corporación Nacional Forestal”.

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896.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 897.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la letra a), la siguiente, nueva:

“…) Determinar, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, la nómina de aquellas especies exóticas y exóticas invasoras que representen poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza o sean de interés comercial;”.

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Letra b)

898.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 899.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“b) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la biodiversidad, definidas en la nómina señalada en la letra anterior.

Cuando los planes contemplen acciones de otros órganos sectoriales el Servicio será el encargado de coordinar las labores de todos los organismos relacionados con el plan;”.

Párrafo primero

900.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación de la expresión “Ministerio del Medio Ambiente”, la frase “, en conjunto con los organismos sectoriales,”.

Párrafo segundo

901.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 902.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

903.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la expresión “estos se someterán” por “deberán contar con la aprobación previa de estos últimos y se someterán”.

Letra c)

904.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 905.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Fomentar y ejecutar programas, planes, proyectos y acciones de investigación, prevención, control y erradicación de especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la biodiversidad, definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, tanto dentro como fuera de áreas protegidas;”.

906.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 907.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Fomentar y ejecutar programas, planes, proyectos y acciones de investigación, prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) y …) del presente artículo, tanto dentro como fuera de áreas protegidas;”.

Letra g)

908.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 909.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que sigue:

“g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, zonas del país que sean vulnerables frente al riesgo de una o más especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la biodiversidad, definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo, en función de lo cual podrá prohibir o regular el ingreso de tales especies a dicho territorio;”.

910.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 911.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“g) Definir, en conjunto con Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, zonas del país que sean vulnerables frente al riesgo de una o más especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en el literal a) y …) del presente artículo, en función de lo cual podrá prohibir o regular el ingreso de tales especies a dicho territorio;”.

Letra i)

912.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“i) Autorizar o denegar el transporte o traslado de una o más especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la biodiversidad, definidas en la nómina señalada en el literal a) del presente artículo a zonas que hubiesen sido o sean declaradas como vulnerables a dichas especies.”.

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913.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 914.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar a continuación del artículo 78, un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Toda persona que estime que el otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren las letras e), h) e i) del Artículo 77 son ilegales y a quien causen perjuicio, podrá reclamar de la Resolución del Servicio dentro de un plazo de 15 días desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que dichas autorizaciones vayan a surtir efectos.

El solicitante del permiso podrá reclamar del rechazo de ésta en los términos señalados en el inciso precedente.”.

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915.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del artículo 78 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Acceso a los recursos genéticos. La recolección, acceso o utilización de material genético de taxones pertenecientes a especies nativas así como los beneficios derivados de su utilización estarán sujetos a las condiciones que establezca un reglamento.

Los organismos genéticamente modificados serán debidamente registrados e informados mediante mecanismos de libre acceso al público.

Un reglamento regulará el régimen registral y de publicidad al que se sujetarán dichos organismos.”.

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916.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar a continuación del artículo 78 lo siguiente:

“Párrafo…

De los instrumentos para la conservación genética.

Artículo…. Instrumentos para la conservación genética. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de genética, el Servicio podrá:

a) Elaborar instrumentos para la conservación de la diversidad genética y de los recursos genéticos, que abarque la conservación in situ y ex situ.

b) Generar Medidas específicas de conservación de la diversidad genética de las especies, conservación en áreas silvestres protegidas, y creación de reservas genéticas.

c) Incentivar el uso y valoración de especies cultivadas o domesticadas: endémicas o nativas.

d) Apoyar medidas de conservación ex-situ, tales como la creación de acuarios, zoológicos, bancos de semillas, bancos de semen, bancos de tejidos, jardines botánicos, etc.”.

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ARTÍCULO 79

917.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 79. Sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental de la biodiversidad. Se implementarán sistemas de monitoreo y de seguimiento ambiental de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, así como de las especies y organismos genéticamente modificados.”.

918.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 79. Sistemas de monitoreo y seguimiento ambiental de la biodiversidad. El Servicio implementará sistemas de monitoreo y de seguimiento ambiental de los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos continentales, así como de las especies y material genético.”.

919.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la frase “de seguimiento ambiental”, la siguiente: “para evaluar el estado”.

920.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la frase “marinos y acuáticos continentales, así como de las especies”, por la siguiente: “, ecosistemas acuáticos continentales y marinos, de los servicios ecosistémicos, así como de las especies y su diversidad genética”.

921.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la siguiente oración final: “Estos sistemas de monitoreo se entenderán incorporados en el sistema nacional de información para la biodiversidad.”.

ARTÍCULO 80

922.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 80. Informes sobre estado de los ecosistemas. Se elaborará un informe sobre la condición de los ecosistemas, especies y patrimonio genético del país. Dicho informe integrará la información aportada por todos los servicios competentes.”.

923.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 80. Informes sobre estado de los ecosistemas. El Servicio elaborará con el Ministerio del Medio Ambiente un informe sobre la condición de los ecosistemas, especies y patrimonio genético del país. Dicho informe integrará la información aportada por todos los servicios competentes.”.

924.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar a continuación de la expresión “un informe” la palabra “anual”.

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925.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo párrafo, del siguiente tenor:

“Párrafo ….

De los instrumentos para la conservación genética

Artículo .... Instrumentos para la conservación genética. Sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de genética, el Servicio podrá:

a) Elaborar instrumentos para la conservación de la diversidad genética y de los recursos genéticos, que abarque la conservación in situ y ex situ.

b) Generar Medidas específicas de conservación de la diversidad genética de las especies, conservación en áreas silvestres protegidas, y creación de reservas genéticas.

c) Incentivar el uso y valoración de especies cultivadas o domesticadas: endémicas o nativas.

d) Apoyar medidas de conservación ex-situ, tales como la creación de acuarios, zoológicos, bancos de semillas, bancos de semen, bancos de tejidos, jardines botánicos, etc.”.”.

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ARTÍCULO 81

Inciso primero

Encabezamiento

926.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 927.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 81. Financiamiento para la biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar, programas de conservación, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y genes y la educación, y cuyo patrimonio estará integrado por:”.

928.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, después del vocablo “conservación”, la expresión “tanto dentro como”.

929.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la palabra “actividades”, la locución: “de conservación, de preservación,”.

ARTÍCULO 82

Inciso primero

930.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 931.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 82. Iniciativas privadas en conservación de la biodiversidad. El Fondo podrá financiar iniciativas de organizaciones o empresas con o sin fines de lucro, para desarrollar estudios o proyectos de conservación, fuera o dentro de áreas protegidas, cuyo objetivo sea ampliar la gestión del Estado en relación a especies, ecosistemas o genes.”.

Inciso segundo

Letra a)

932.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación del vocablo “gestión” y de la locución “monitoreo de los programas de conservación”, la expresión “e investigación”.

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933.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 934.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Contribución en la aplicación, gestión, monitoreo y desarrollo de los instrumentos de conservación de la biodiversidad contenidos en el Título IV.”.

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ARTÍCULO 83

935.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 83. Certificación de conservación de biodiversidad. Se promoverá prácticas sustentables en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los procesos productivos, a través de la certificación de predios que proveen servicios ecosistémicos, o de productos elaborados a partir de prácticas sustentables para la biodiversidad.”.

936.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 83. Certificación de conservación de biodiversidad. El Servicio promoverá prácticas sustentables en materia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los procesos productivos, a través de la certificación de predios que proveen servicios ecosistémicos, o de productos elaborados a partir de prácticas sustentables para la biodiversidad.”.

937.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el vocablo “promoverá” por “garantizará”.

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938.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 939.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Un reglamento establecerá el procedimiento para la certificación a la que se refiere este artículo, a través del enfoque del manejo adaptativo, incluyendo diferentes etapas de análisis de la provisión de servicios ecosistémicos, valoración de los mismos y monitoreo en el corto y largo plazo.”.

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940.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 941.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“Un reglamento regulará el procedimiento de certificación a que se refiere el presente artículo.”.

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ARTÍCULO 84

942.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 943.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 84. Áreas de soporte a la conservación. El Ministerio reconocerá mediante Decreto Supremo los territorios que son corredores biológicos, paisajes de conservación, sitios prioritarios y zonas de amortiguamiento, todos los cuales deberán cumplir con funciones de conectividad ecológica, en los cuales el Servicio podrá certificar actividades voluntarias compatibles con la conservación de las características que justifican su reconocimiento. En el acto de su reconocimiento el Ministerio contemplará necesariamente una descripción de los principales valores y funciones de conservación medioambiental que constituyen el aporte de dichas zonas, así como una relación de las medidas de conservación y usos compatibles del suelo que se consideran recomendables.

Para el funcionamiento de las Áreas de soporte a la conservación, el Servicio podrá celebrar convenios con los Gobiernos Regionales y los Municipios que tengan jurisdicción en dicho territorio, para una más eficiente administración, financiamiento y manejo de las mismas. Un reglamento establecerá el marco jurídico de dichos acuerdos.”.

944.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 84. Áreas de soporte a la conservación. Se reconocerán territorios como corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, paisajes de conservación y sitios prioritarios que cumplan con una función ecológica relevante para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o fuera de éste, en las cuales se podrá certificar actividades voluntarias.”.

945.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 84. Áreas de soporte a la conservación. El Servicio reconocerá territorios como corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, paisajes de conservación y sitios prioritarios que cumplan con una función ecológica relevante para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o fuera de éste, en las cuales el Servicio podrá certificar actividades voluntarias.”.

946.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar la siguiente oración final: “Estas áreas serán reconocidas en los instrumentos comunales o regionales de ordenamiento territorial.”.

ARTÍCULO 85

947.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 948.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

Inciso primero

949.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 950.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 85. Bancos de compensación de biodiversidad. Para asegurar la adecuada compensación por pérdidas de biodiversidad asociada a proyectos o actividades sometidos a evaluación ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente reglamentará un mecanismo de bancos de compensación de biodiversidad.”.

Inciso segundo

951.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 952.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Los bancos de compensación corresponden a un conjunto de territorios o bienes naturales cuyas singularidades y valor en biodiversidad lo convierten en candidato en el esquema de la compensación de impactos de proyectos de inversión.”.

Inciso tercero

953.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para constituir o integrar los bancos de compensación se elevará la correspondiente solicitud a la autoridad que evaluará la equivalencia de la medida propuesta.”.

954.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“El Servicio aprobará las solicitudes para constituir o integrar los bancos de compensación y evaluará la equivalencia de la medida propuesta.”.

Inciso quinto

955.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 956.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Los proyectos o actividades que generen impactos significativos sobre la biodiversidad podrán proponer territorios, inmuebles u otros bienes a los bancos de compensación, así como la ejecución de acciones que compensen los impactos residuales que generen, con el objetivo de obtener una pérdida neta cero o una ganancia neta de biodiversidad.”.

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957.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 958.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del artículo 85 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Captura de Carbono. La captura de carbono por medio de sumideros naturales, tales como plantaciones forestales, podrá ser considerada una medida de mitigación o compensación ambiental a efectos de la evaluación ambiental de proyectos de inversión.

Las transacciones que la captura de carbono diere lugar sólo podrán efectuarse dentro del país.

Un reglamento establecerá las reglas y procedimientos para acogerse a esta medida.”.

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959.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 960.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Pago por servicios ambientales. Los propietarios y poseedores de predios cuyos recursos naturales brinden un servicio real o potencial de agua, energía u otro servicio ambiental cuantificable y medible económicamente tendrán derecho a que se les reconozca y se les pague por los servicios que prestan o se le exima de determinados gravámenes.

El sistema de pago por servicios ambientales podrá ser financiado con cargo al Fondo Nacional de la Biodiversidad y se materializará, caso a caso, mediante acuerdos celebrados entre el prestatario del servicio, el beneficiario y la autoridad competente.

Un reglamento establecerá la forma y condiciones en que se regulará el sistema de pago por servicios ambientales.”.

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961.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Manejo integrado de cuencas. Las cuencas en las que se insertan ecosistemas degradados, amenazados o vulnerables así como los territorios que albergan hábitats de especies amenazadas, serán objeto de un manejo integrado que asegure la sostenibilidad de todas las actividades que se ejecuten en ellos.

Para dicho fin de aplicará el mecanismo de evaluación ambiental estratégica establecido en el párrafo 1 bis de la Ley 19.300.

Sin perjuicio de ello, un reglamento establecerá las directrices generales a las que se someterá el manejo integrado de cuencas.”.

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ARTÍCULO 86

Inciso primero

962.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 963.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la locución “diversidad biológica”, lo siguiente: “y del patrimonio natural”.

Inciso segundo

964.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 965.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la expresión “que se desarrollen en éstas”, la siguiente frase “,así como el cumplimiento de las obligaciones contenidas en todo otro instrumento establecido para la conservación de la biodiversidad, fuera de dichas áreas”.

ARTÍCULO 87

966.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 967.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 87. Ministros de fe. Los funcionarios tendrán la calidad de ministros de fe respecto de los hechos constitutivos de infracciones a la presente ley, siempre que se constaten en el ejercicio de sus funciones y que consten en la respectiva acta de fiscalización. Los hechos establecidos por dichos ministros de fe constituirán presunción legal de haberse cometido la infracción.”.

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968.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del artículo 87 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… En el cumplimiento de la función fiscalizadora se podrá llevar a cabo labores inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que existan, cultiven, produzcan, almacenen, depositen, procesen o vendan bienes o productos objeto de fiscalización y para registrar naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, cajas, embalajes o envases. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su cometido a los inspectores del Servicio.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, los inspectores del Servicio podrán solicitar directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada.

Las inspecciones a que se refiere el presente artículo en lugares que constituyan morada deberán efectuarse previa orden judicial emanada del Juez de Garantías con competencia en el territorio jurisdiccional donde se cometió la infracción.”.

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ARTÍCULO 88

969.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 88. Convenios de encomendación de acciones. Podrá suscribirse convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos, con la finalidad de cumplir las funciones propias del servicio. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales labores.”.

970.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 88. Convenios de encomendación de acciones. El Servicio podrá suscribir convenios de encomendación de acciones con otros servicios públicos, con la finalidad de cumplir las funciones propias del servicio. Dichos convenios deberán señalar las tareas que se deberán realizar, así como la asignación de recursos para llevar a cabo tales labores.”.

ARTÍCULO 89

971.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 972.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 89. Alcance de las infracciones. Las infracciones a las disposiciones de esta ley serán sancionadas administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectar al infractor.”.

973.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 974.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “o penal que pueda afectar al infractor” por “, penal y aquella a que se refieren los artículos 51 y siguientes de la Ley 19.300”.

ARTÍCULO 92

Inciso primero

Letra b)

975.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 976.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“b) Intimidar, capturar, cazar, pescar, extraer, maltratar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna silvestre;”.

977.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar a continuación de la voz “fauna” la palabra “nativa”.

Letra c)

978.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 979.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“c) Cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de plantas, algas, hongos o líquenes o de la flora silvestre, en general;”.

980.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar después de la palabra “líquenes” la frase “en los Parques Nacionales”.

Letra d)

981.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 982.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“d) Destruir o alterar hábitats, nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies;”.

Letra e)

983.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 984.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“e) Extraer, recolectar, destruir o alterar huevos, semillas o frutos;”.

985.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar a continuación de la palabra “frutos” la expresión “en los Parques Nacionales”.

Letra f)

986.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar después de la palabra “exóticas”, la expresión “en los Parques Nacionales”.

987.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar después de la palabra “exóticas”, la locución “y especies transgénicas”.

Letra h)

988.- De la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar después de la palabra “atmosférica”, la frase “, química, térmica, radioactiva”.

989.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la palabra “visual” lo siguiente: “, verter pesticidas u otras sustancias químicas o radiactivas peligrosas en el suelo o el agua”.

Letra u)

990.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“u) Incumplir las disposiciones contenidas en los permisos otorgados, e incumplir las instrucciones, requerimientos y medidas urgentes dispuestas por el Servicio, y”.

Letra v)

991.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“v) Ingresar perros, gatos, ganado o mascotas a las áreas protegidas.”.

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992.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incorporar dos nuevos literales, del tenor que se señala:

“…) Realizar vuelos rasantes o que produzcan corrientes de aire, utilizando aviones, avionetas, hidroaviones o helicópteros, y otro medio;

…) Quienes provoquen contaminación lumínica.”.

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993.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 994.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo literal, del tenor que se señala:

“…) Transitar en vehículos motorizados por lugares no habilitados o señalizados al efecto.”.

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Inciso segundo

995.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “incendios forestales”, lo siguiente: “, o se trate de actos o conductas que sean realizadas como consecuencia de actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas y comunidades locales”.

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996.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para incorporar un inciso tercero, nuevo, del tenor que se señala:

“Asimismo, no se considerará infracción aquellas conductas que, no obstante su tipificación en este artículo, sean realizadas como consecuencia de actividades tradicionales de carácter cultural o espiritual, o relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas y comunidades locales.”.

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ARTÍCULO 93

997.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 93. Infracciones fuera de las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones señaladas en las letras a), b), c), d), n), q), r) y s) del artículo precedente, cometidas en sitios prioritarios para la conservación, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados, paisajes de conservación, corredores biológicos, zonas de amortiguación, y en general, en las áreas de soporte para la conservación.”.

Inciso primero

998.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 93. Infracciones fuera de las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones señaladas en las letras a), b), c), d), n), q), r) y s) del artículo precedente, cometidas en sitios prioritarios para la conservación, áreas de amortiguamiento, corredores biológicos y ecosistemas amenazados, vulnerables o degradados.”.

999.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 93. Infracciones fuera de las áreas protegidas. Constituirán infracciones a esta ley, las acciones señaladas en las letras a), b), c), d), n), q), r) y s) del artículo precedente, cometidas en sitios prioritarios para la conservación, áreas de amortiguamiento, corredores biológicos y ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.”.

1000.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la referencia a la letra “b)”.

1001.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la expresión “r) y s)” por “r), s) y v)”.

1002.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “conservación,”, lo siguiente: “sitios arqueológicos y culturales de importancia para el medio ambiente y pueblos originarios, glaciares,”.

1003.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la frase “y ecosistemas degradados” por “, ecosistemas degradados, paisajes de conservación, corredores biológicos, zonas de amortiguación, y en general, en las áreas de soporte para la conservación”.

Inciso segundo

1004.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1005.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“Constituirá asimismo infracción a la presente ley el incumplimiento de las medidas de prevención, control y erradicación de especies exóticas, así como toda otra medida u obligación contenida en alguno de los instrumentos de conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley.”.

Inciso tercero

1006.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos y 1007.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “legislación sectorial”, el siguiente texto: "ni aquellos actos o acciones realizados como consecuencia de actividades tradicionales de carácter cultural o espiritual y aquellos relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan en áreas protegidas o zonas aledañas.".

ARTÍCULO 94

Número 2

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1008.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1009.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo literal, del tenor que se señala:

“…) Calificadas como infracciones leves se hayan ejecutado al interior de un Parque Nacional, Reserva de Región Virgen o Monumento Natural.”.

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ARTÍCULO 95

1010.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1011.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 95. Prescripción. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cuatro años de la manifestación evidente del daño o infracción, plazo que se interrumpirá con la notificación de la instrucción del proceso sancionatorio correspondiente por los hechos constitutivos de las mismas.”.

PÁRRAFO 3°

De las sanciones

1012.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1013.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir su epígrafe por el siguiente:

“De las sanciones administrativas”

ARTÍCULO 96

Número 1

Letra a)

1014.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1015.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Multa de hasta 10.000 unidades tributarias anuales;”.

Letra b)

1016.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra d)

1017.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “temporal” por “perpetua”.

1018.- De la Honorable Senadora señora Allende, para eliminar la expresión “, entre cinco y diez años”.

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1019.- Del Honorable Senador señor Girardi, para consultar un literal nuevo, del tenor que se señala:

“…) Clausura temporal o definitiva del establecimiento en que se haya cometido o sea responsable de la infracción.”.

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1020.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para consultar un literal nuevo, del tenor que se señala:

“…) No obstante, una vez concluidos los procesos iniciados por los Tribunales de Justicia respectivos, la autoridad administrativa procederá a expulsar u obligar al abandono del país al extranjero por decreto supremo y se aplicará lo dispuesto en el número 6 del artículo 15 del decreto ley N°1.094 de 1975 del Ministerio del Interior.”.

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Número 2

Letra a)

1021.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1022.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales;”.

Letra b)

1023.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra d)

1024.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “uno” por “cinco”.

1025.- De la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la palabra “dos” por “diez”.

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1026.- Del Honorable Senador señor Girardi, para consultar un literal nuevo, del tenor que se señala:

“…) Clausura temporal del establecimiento en que se haya cometido o sea responsable de la infracción.”.

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1027.- De los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para introducir el siguiente nuevo literal:

“…) No obstante, una vez concluidos los procesos iniciados por los Tribunales de Justicia respectivos, la autoridad administrativa procederá a expulsar u obligar al abandono del país al extranjero por decreto supremo y se aplicará lo dispuesto en el número 6 del artículo 15 del decreto ley N°1.094 de 1975 del Ministerio del Interior.”.

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Número 3

1028.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1029.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo el siguiente:

“3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 500 unidades tributarias anuales.”.

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1030.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar a continuación del artículo 96 un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo… Sin perjuicio de la aplicación de las multas, se podrá aplicar la sanción de decomiso de los elementos o insumos que hubieren servido para cometer la infracción y los productos resultantes de ella, y determinar el destino de tales especies.”.

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1031.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1032.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación el siguiente Párrafo 4°, nuevo, integrado por dos artículos:

“Párrafo 4°

De los delitos contra el patrimonio natural y la biodiversidad.

Artículo… El que, sin título o autorización, produjere grave daño al medio ambiente, a los ecosistemas, a alguno de sus elementos esenciales, o a la diversidad biológica será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Si el daño ocasionado es irrecuperable o afectare a ecosistemas o especies amenazados o vulnerables, se aplicará la pena señalada en su grado superior.

Igualmente se aplicará la pena en su grado superior si la conducta se realiza o afecta bienes o elementos integrantes del sistema nacional de áreas silvestres protegidas o que formen parte del patrimonio ambiental o cultural de la Nación reconocido oficialmente.

Si el daño ocasionado, además, pusiere en serio peligro la vida o la salud de las personas la pena será de presidio mayor en su grado mínimo.

Si de las resultas del delito se causare efectivamente la muerte o lesiones graves de una o más personas, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados; a menos que el delito se hubiere cometido con la intención de lesionar gravemente o causar la muerte de una o más personas determinadas, caso en el cual la pena será la de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.

Artículo… El que incurriere en cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior mediante negligencia inexcusable será castigado con las penas señaladas en él rebajadas en un grado.”.

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ARTÍCULO 97

1033.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1034.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 97. Acta de fiscalización. Los fiscalizadores que constaten la verificación de alguna de las infracciones reguladas en esta ley o de las disposiciones contenidas en los planes de manejo, levantarán un acta de fiscalización en la que se describirán los hechos constitutivos de la infracción y la identidad del o de los infractores, con expresa indicación de su domicilio, si se tuviere. Con el sólo mérito de esta acta podrá iniciarse el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de la denuncia ante el Ministerio Público si los hechos pudieren ser constitutivos de delito.”.

ARTÍCULO 98

Inciso segundo

1035.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la locución “Las denuncias deberán ser formuladas por escrito al Servicio,”, por la siguiente: “El Servició atenderá a cualquier persona, a través de su sitio web, o de otros medios, para resolver los reclamos que, en conformidad a la ley y los reglamentos, formulen,”.

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1036.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1037.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso segundo otro, nuevo, del siguiente tenor:

“Para dicho efecto, existirá una plataforma web en la que se podrán formular las denuncias correspondientes.”.

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ARTÍCULO 99

Inciso primero

1038.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1039.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 99. Admisión del acta o denuncia. El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse por la comunicación escrita del funcionario fiscalizador al Director Regional del Servicio, de la respectiva acta de fiscalización, por denuncia de otro servicio público o por denuncia de cualquier persona formulada de conformidad al artículo anterior.”.

Inciso segundo

1040.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Con todo, la denuncia de particulares sólo dará origen a la instrucción del procedimiento sancionador, si ésta, está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor.”.

1041.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Con todo, la denuncia de particulares sólo dará origen a la instrucción del procedimiento sancionador, si ésta, a juicio del Servicio, está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor.”.

ARTÍCULO 100

Inciso primero

Encabezamiento

1042.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1043.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 100 Medidas provisionales. Constatada por un fiscalizador alguna de las infracciones reguladas en esta ley o en los planes de manejo que correspondan, el Director Regional o el funcionario autorizado por éste, podrán ordenar las siguientes medidas provisionales:”.

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1044.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1045.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un nuevo literal, del siguiente tenor:

“…) Controlar la identidad y domicilio de las personas que presumiblemente hayan cometido el ilícito, participado en él o puedan aportar antecedentes sobre el mismo.”.

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1046.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1047.- del Honorable Senador señor Navarro, para consultar un nuevo literal, del siguiente tenor:

“…) Retener a las personas que se encuentren in fraganti en la comisión del ilícito o hayan participado en él, con el sólo objeto de ponerlos a disposición de las autoridades policiales o judiciales competentes.”.

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1048.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1049.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“El afectado por las medidas previamente señaladas, podrá reclamar de la Resolución del Director Regional dentro de un plazo de 15 días desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental del lugar en que dichas medidas debieren surtir efectos.”.

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ARTÍCULO 101

Inciso segundo

1050.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1051.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“En todo caso, las medidas provisionales, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionatorio, o cuando la decisión de iniciación contenga un pronunciamiento fundado expreso acerca de las mismas.”.

ARTÍCULO 102

Inciso primero

1052.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1053.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 102. Inicio de instrucción del procedimiento. El acta de fiscalización y/o la denuncia, en su caso, se pondrán en conocimiento del Director Regional quien, en el plazo máximo de 15 días, deberá dar inicio a la instrucción del procedimiento sancionador y designará a un funcionario para que instruya el proceso.”.

Inciso tercero

1054.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1055.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su comisión, si se conociere, la norma, medidas o condiciones eventualmente infringidas y la disposición que establece la infracción.”.

Inciso cuarto

1056.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1057.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Esta resolución se notificará al infractor, si es habido o se conociere, por carta certificada, confiriéndole un plazo máximo de 10 días para formular sus descargos y acompañar todos sus medios de prueba. El infractor podrá solicitar que, en lo sucesivo, las notificaciones se practiquen por correo electrónico, caso en el cual sólo se le notificará por esa vía.”.

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1058.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1059.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso cuarto dos incisos, nuevos, del siguiente tenor:

“En el evento que el infractor no sea habido o no se conociere su paradero, se publicará un aviso con la formulación de cargos en un diario de circulación nacional o regional, apercibiendo expresamente al infractor de tenerlo por rebelde para todos los efectos legales si no se presentare en el plazo de 10 días.

El proceso continuará en rebeldía del infractor si existieren antecedentes y medios de prueba que permitan establecer su responsabilidad en los hechos.”.

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ARTÍCULO 103

1060.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1061.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 103. Examen de los antecedentes. Recibidos los descargos o vencido el plazo otorgado para ello, el instructor examinará el mérito de los antecedentes y podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. La práctica de todas estas diligencias deberá llevarse a efecto en un plazo que no podrá ser superior a 30 días.”.

ARTÍCULO 104

Inciso segundo

1062.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1063.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva, gozarán de la presunción legal de haberse cometido, sin perjuicio de los demás medios de prueba que se aporten o se generen en el proceso.”.

ARTÍCULO 105

Inciso primero

1064.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1065.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 105. Expediente. El instructor deberá dejar constancia de todo lo obrado en un expediente, escrito y electrónico, de acceso público, en el que se asentarán los documentos presentados, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso.”.

ARTÍCULO 106

Inciso cuarto

1066.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Una vez evacuado o corregido el informe dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se dictará resolución fundada en el plazo de 30 días, en la cual absolverá al presunto infractor o aplicará la sanción en su caso.”.

1067.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Una vez evacuado o corregido el informe dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio, resolverá en el plazo de 30 días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absolverá al presunto infractor o aplicará la sanción en su caso.”.

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1068.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1069.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso cuarto el siguiente, nuevo:

“Asimismo, dispondrá las condiciones y medidas a que quedará sujeto el área protegida o el ecosistema afectado.”.

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ARTÍCULO 107

1070.- Del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarlo por el que se consigna enseguida:

“Artículo 107. Impugnación. Las partes tendrán la facultad de reclamar las resoluciones que impongan sanciones ante el Tribunal Ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos, que procedan de acuerdo a las reglas generales.”.

Inciso primero

1071.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1072.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 107. Impugnación. Las sanciones del Director Regional del Servicio, serán impugnables de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley número 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.”.

1073.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1074.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 107. Impugnación. Contra las sanciones del Director Regional del Servicio, se podrá interponer recurso de reposición ante el mismo Director Regional, y/o jerárquico, en subsidio, para ante el Director Nacional, de acuerdo a las reglas generales.”.

Inciso segundo

1075.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1076.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que sigue:

“En todo caso, será competente para conocer del Recurso de Reclamación procedente, el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción.”.

ARTÍCULO 108

1077.- Del Honorable Senador señor De Urresti, 1078.- del Honorable Senador señor Navarro, y 1079.- del Honorable Senador señor Horvath, para suprimirlo.

1080.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1081.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 108. Recursos contra las resoluciones del Tribunal Ambiental. En contra de las resoluciones del Tribunal Ambiental competente se podrá recurrir de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 20.600.”.

ARTÍCULO 109

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1082.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1083.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso primero el siguiente, nuevo:

“El registro público deberá ser tenido en consideración y consultado a la hora de asignar cualesquiera de los recursos, beneficios o prerrogativas establecidas en la presente ley.”.

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ARTÍCULO 110

Inciso primero

1084.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1085.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 110. Plan de reparación. El infractor que haya sido objeto de formulación de cargos conforme a las normas de esta ley, podrá presentar voluntariamente ante el Servicio, una propuesta de plan de reparación de la pérdida o degradación causada por el hecho infraccional en la biodiversidad.”.

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1086.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1086.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del inciso segundo el siguiente, nuevo:

“La aprobación del plan de reparación constituirá un antecedente que permitirá aminorar la sanción cursada.”.

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ARTÍCULO 113

1087.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1088.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 113. Ley N° 19.300. Modifícase la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de la siguiente manera:

1. Reemplázase la letra i) del artículo 10, y agrégase una letra al artículo, por la siguiente:

“i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos y greda;”

“j) Extracción industrial de turba;”

2. Reemplázase la letra p) del artículo 10, por la siguiente:

“p) Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o en cualquier otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;”.

3. Reemplázase el artículo 34 por el siguiente:

“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

4. Modifícase el artículo 35 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado fomentará e incentivará la creación de áreas protegidas privadas, las que formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las áreas protegidas pertenecientes al Estado.”.

b) Elimínase la expresión “silvestres” en el inciso segundo.

c) Reemplázanse los incisos tercero y cuarto por el siguiente:

“La creación, desafectación y regulación de estas áreas se regirá por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

5. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 37 la expresión “de dichas especies” por “de aquellas especies que sean clasificadas en categoría extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable o datos insuficientes.”

6. En el inciso final del artículo 42, agrégase entre las expresiones “aplicará a” y “aquellos” lo siguiente: “los planes de manejo de áreas protegidas ni a”.

7. Modifícase el artículo 70 de la siguiente manera:

a) Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”

b) Derógase la letra c).

c) Reemplázase en la letra i) la expresión “la flora, la fauna,” por “las plantas, algas, hongos y animales silvestres,”.

d) Reemplázase la letra j) por la siguiente:

“j) Elaborar y ejecutar estudios y programas de investigación de su competencia.”

e) Agrégase la letra k) (después del literal j), la cual señala lo siguiente:

“k) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones de prevención, control y erradicación de especies exóticas, exóticas invasoras y de riesgo para la Biodiversidad.”

8. Modifícase el artículo 71 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “, y” por “;”.

b) Agrégase en el inciso primero, entre la palabra “Planificación” y el punto final, la frase “, y de Bienes Nacionales”.

c) Elimínase la letra c)

d) Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

“El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad podrá crear un comité técnico, o bien designar uno ya existente, con el fin de asesorarle en el cumplimiento de sus funciones.”.”.

Número 1)

1089.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1090.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra p) propuesta, por la siguiente:

“p) Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;”.

Número 2)

1091.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el artículo 34 propuesto por el que sigue:

“Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que incluirá áreas nacionales y reconocidas internacionalmente, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental.”.

1092.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el artículo 34 que propone por siguiente:

“El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

Número 3)

1093.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1094.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

Número 4)

1095.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1096.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

Número 5)

1097.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1098.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“5) Reemplázase el artículo 42 por el siguiente:

“Artículo 42.- Toda conservación, uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables se hará previo plan de manejo aprobado por la autoridad competente.

El organismo público encargado por la ley de regular la conservación, uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables en un área determinada, exigirá la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su protección, en cada caso, y conforme al reglamento y a las directrices técnicas que elabore al efecto.

Estos incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales:

a) Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos

b) Mantención del valor paisajístico y cultural, y

c) Protección de especies, ecosistemas amenazados y su biodiversidad asociada.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará supletoriamente a lo establecido en otros cuerpos legales, sobre planes de manejo de recursos naturales renovables, y no se aplicará a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental.

Un reglamento integrará las normas de general aplicación a todo plan de manejo con las que rijan de manera especial para cada uno de ellos.”.”.

Número 6)

Letra a)

1099.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1100.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra b) propuesta, por la siguiente:

“b) Elaborar las políticas y normas sobre conservación de la biodiversidad, supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y supervisar el manejo de las áreas protegidas privadas.”.

Letra c)

1101.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1102.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Número 7)

1103.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1104.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“7) Modifícase el artículo 71 de la siguiente manera:

a) Derógase la letra c).

b) Derógase la letra e).

c) Derógase la letra f).”.

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Otras modificaciones a la ley N° 19.300

1105.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1106.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra b) del artículo 2°, por la siguiente:

“b) Conservación del Patrimonio Ambiental: la mantención, uso y aprovechamiento racionales de los componentes del medio ambiente especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración;”.

1107.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1108.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra c) del artículo 2°, por la siguiente:

“c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, que pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental o a las establecidas en la legislación vigente;”.

1109.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1110.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar en la letra e) del artículo 10, a continuación de la palabra “autopistas”, la expresión “, carreteras”.

1111.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1112.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra m) del artículo 10, por la siguiente:

“m) Proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo de preservación, conservación o protección, cualesquiera sean sus dimensiones, en terrenos cubiertos de otros tipo de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, de dimensiones industriales;”.

1113.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1114.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar, a continuación de la letra m) del artículo 10, la siguiente:

“…) Proyectos o actividades que sin tener por objeto principal el desarrollo o explotación forestal, requieran como insumos o intervenir bosque nativo de preservación, conservación o protección o especies forestales amenazadas;”.

1115.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1116.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar, a continuación de la letra m) del artículo 10, la siguiente:

“…) Proyectos de cultivo o explotación agrícolas en terrenos cubiertos de bosque nativo de preservación, conservación o protección o de especies forestales amenazadas, de dimensiones industriales;”.

1117.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1118.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar en la letra r) del artículo 10 la locución “en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas”.

1119.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1120.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar al artículo 10 una letra s), del siguiente tenor:

“s) Internación, crianza, reproducción o cultivo de especies exóticas de flora o fauna.”.

1121.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1122.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la letra d) del artículo 11 por el siguiente:

“d) Localización en o próxima a población, recursos, glaciares y áreas protegidas, incluyendo sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, áreas de desarrollo indígena, espacios costeros marinos de pueblos originarios y áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental y cultural del territorio en que se pretende emplazar;”.

1123.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1124.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar al artículo 11 una letra g), del siguiente tenor:

“g) Alteración o efectos adversos, cualquiera sea su magnitud, sobre especies de flora y fauna o sus hábitats o ecosistemas vulnerables, amenazados, frágiles o endémicos.”.

1125.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1126.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes incisos al artículo 39:

“Un reglamento definirá los tipos de suelos o las áreas o porciones de ellos o del territorio que por sus condiciones, funciones ambientales o biodiversidad, ameritan una protección especial.

Los suelos y áreas del territorio definidos conforme al artículo anterior serán integrados obligatoriamente en los instrumentos de ordenación territorial bajo las restricciones que estos establezcan, y a falta de éstos bajo las que defina el reglamento, además de sujetarse a las demás regulaciones que establezcan la ley y el reglamento.

Los suelos y áreas del territorio que formen parte o integren especies o ecosistemas vulnerables que no podrán ser degradados o destruidos.”.

1127.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1128.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el artículo 41 por el siguiente:

“Artículo 41.- La conservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies y ecosistemas vulnerables y amenazadas.”.

1129.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1130.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Artículo 52.- Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a los planes de manejo, a las resoluciones de calificación ambiental, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o sanitaria o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.”.

1131.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1132.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 53:

“Cuando la reparación ambiental no sea posible in natura quien haya ocasionado el daño deberá restablecer sus propiedades básicas y compensar económicamente aquella parte no reparable al afectado.”.

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ARTÍCULO 114

1133.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1134.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 114. Decreto Ley N° 1.939. Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado:

1) Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, para finalidades de conservación y protección del medio ambiente.

La incorporación de terrenos fiscales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas se regirá por la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

2) Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

“Artículo 21.- Los predios que hubieren sido declarados como áreas protegidas de gestión estatal, conforme a la legislación respectiva, no podrán ser destinados a otro objeto ni perderán esa calidad sino en la forma establecida en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.”.

Número 1)

1135.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1136.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Los terrenos fiscales que formen parte del sistema nacional de áreas silvestres del Estado, cuya ocupación y trabajo en cualquier forma comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, para finalidades de conservación y protección del medio ambiente.”.”.

ARTÍCULO 115

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1137.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar en el inciso primero del artículo 3°, a continuación de la expresión “informe técnico”, la frase “del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y“.

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1138.- Del Honorable Senador señor Girardi, para intercalar en el inciso primero del artículo 6°, a continuación de la expresión “informe técnico”, la frase “del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y“.

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Número 4)

1139.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1140.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:.

“4) Reemplázase en los artículos 13 A, 13 B, 13 C, 13 D y 13 E las referencias hechas a “la Subsecretaria” por “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.”.

ARTÍCULO 116

Número 6)

1141.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1142.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el artículo 38 propuesto, por el que sigue:

“Artículo 38.- Áreas protegidas. La pesca recreativa en las áreas protegidas deberá ser compatible con la categoría del área, su objeto específico de protección y ajustarse al respectivo plan de manejo.”.

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1143.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1144.- del Honorable Senador señor Navarro, para agregar en el artículo 38 el siguiente inciso segundo:

“La pesca recreativa en las demás áreas protegidas deberá ser compatible con el objeto del área y ajustarse al respectivo plan de manejo.”.

o o o o o

Número 7)

1145.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1146.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

Número 9)

Letra b)

1147.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1148.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarla.

Número 10)

1149.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1150.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

ARTÍCULO 117

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1151.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1152.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar en todo el texto de la ley N° 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por el Artículo Primero de la ley Nº 19.473, las referencias hechas al “Ministerio de Agricultura” por otras al “Ministerio del Medio Ambiente”.

o o o o o

o o o o o

1153.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1154.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar en todo el texto de la ley N° 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por el Artículo Primero de la ley Nº 19.473, las referencias hechas al “Servicio Agrícola y Ganadero” por otras al “Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

o o o o o

Número 3)

1155.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1156.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el inciso primero propuesto para el artículo 7°, por el que sigue:

“Artículo 7º.- Se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que constituyen reservas de la biósfera conforme al Programa del Hombre y la Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos, y en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas o aves migratorias protegidas bajo el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje, Sitios Prioritarios para la Conservación, Paisajes de Conservación, y Corredores Biológicos.”.

Número 5)

1157.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1158.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

Número 6)

1159.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1160.- del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

Número 7)

Letra a)

1161.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1162.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

ARTÍCULO 118

Número 1)

Letra a)

1163.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1164.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Reemplázase en el párrafo primero la expresión “las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías definidas en conformidad al art. 37 de la Ley 19.300”.”.

o o o o o

1165.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1166.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el inciso primero del artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- Prohíbese la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de árboles y arbustos nativos en una distancia de 500 metros de los glaciares, humedales, vegas y bofedales, medidas en proyección horizontal en el plano.”.

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Número 4)

1167.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1168.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que se señala:

“4) Modifícase el artículo 19 de la siguiente forma:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, la expresión “categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

b) Sustitúyense los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto por los siguientes:

“Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse el hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones no amenacen la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.

Para calificar el interés nacional, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podrá solicitar los informes que estime necesarios a otras entidades del Estado.”.”.

1169.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1170.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el siguiente:

“4) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

“Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de “extinta, extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta prohibición no afectará a los individuos de dichas especies plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de compensación, reparación o mitigación dispuestas por una resolución de calificación ambiental u otra autoridad competente.

Excepcionalmente, podrá intervenirse o alterarse espacios acotados y definidos del hábitat de los individuos de dichas especies, previa autorización de la Corporación, la que se otorgará por resolución fundada, siempre que tales intervenciones garanticen la continuidad y no intervención de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, que sean debidamente compensadas, que sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso cuarto del artículo 7º, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.

Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, la Corporación deberá requerir informes de expertos respecto de si la intervención del hábitat afecta a la continuidad de la especie y sobre las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de las mismas.

Para llevar adelante la intervención, el solicitante deberá elaborar un plan de manejo de preservación, que deberá considerar, entre otras, las medidas que señale la resolución fundada a que se refiere el inciso segundo precedente.

Para calificar el interés nacional, la Corporación podrá solicitar los informes que estime necesarios a otras entidades del Estado.”.”.

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1171.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1172.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar en el artículo 45 la expresión “juez de policía local que sea abogado” por “tribunal ambiental”.

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1173.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1174.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el artículo 51 por el siguiente:

“Toda acción de corta o eliminación de bosque efectuada sin plan de manejo será sancionada con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa equivalente al quíntuplo del valor comercial de los productos cortados o explotados.

Cuando los productos se encontraren en poder del infractor, caerán además en comiso. En caso contrario, la multa se incrementará en un 200%.

Tratándose de bosques fiscales o de bosques o especies nativas la pena de presidio se aplicará en su grado medio.

Si de la acción se siguiere grave daño para los recursos forestales, el suelo, el agua o cualesquiera de los recursos naturales asociados la pena será de presidio mayor en su grado mínimo.”.

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1175.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1176.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar en el artículo 54 el guarismo “5” por “50”; “10” por “100”; “15” por “150” y “2” por “20”.

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ARTÍCULO 119

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1177.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1178.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir el inciso final del artículo 5°.

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Número 1)

1179.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1180.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Elimínase en el inciso primero del artículo 10 la expresión “de turismo”.

Número 2)

1181.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1182.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que se señala:

“2) Elimínase en el artículo 10, el inciso segundo.”.

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1183.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1184.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 10 la expresión “Corporación Nacional Forestal” por “Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

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Número 3)

1185.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1186.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que se señala:

“3) Elimínase en el artículo 11 la expresión “de turismo”.”.

ARTÍCULO 121

Número 3)

1187.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1188.- del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el artículo 18 propuesto por el que se señala:

“Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en áreas protegidas cuando sean compatibles con la categoría de protección del área respectiva, su objeto específico y se ajusten al respectivo plan de manejo del área.

Las concesiones de servicios turísticos en áreas protegidas se regirán por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

1189.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1190.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir el artículo 18 que propone por el siguiente:

“Artículo 18.- Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en Áreas Silvestres Protegidas de propiedad del Estado cuando sean compatibles con su objeto de protección, se ajusten al respectivo plan de manejo del área, debiendo asegurarse la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

Las concesiones de servicios turísticos en área protegidas se regirán por lo dispuesto en la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.

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1191.- Del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 122. Modificase el artículo 8° de la Ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales, en la forma que a continuación se indica:

1. Reemplazar el título de la ley por “Ley sobre Donaciones con Fines Patrimoniales”.

2. En el Artículo 1°, número 1, agregar los siguientes incisos sexto y séptimo, pasando el actual sexto a ser octavo:

“Serán igualmente beneficiarios los propietarios de inmuebles de propiedad privada declarados santuarios de la naturaleza, zonas húmedas de importancia internacional conforme a la Convención de Ramsar, reservas de la biósfera conforme al Programa del Hombre y la Biosfera, y en general aquéllos declarados áreas protegidas en conformidad a la legislación vigente, respecto de proyectos que contribuyan a su gestión.

Adicionalmente, podrán ser beneficiarios los propietarios o administradores de inmuebles de propiedad privada respecto de los cuales se haya constituido un derecho real de conservación en conformidad a la legislación vigente, respecto de proyectos que contribuyan al ejercicio de tal derecho.”.

3. En el Artículo 1°, número 3, agregar, después de “el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o su representante,”, la frase “por un representante del Ministerio del Medio Ambiente,”.

4. En el Artículo 1°, número 4, reemplazar la expresion “culturales o artísticas” por “culturales, artísticas o de conservación del patrimonio natural”.

5. En el Artículo 9°, número 1:

a) Eliminar la palabra “Culturales”.

b) Agregar el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“En el caso de los beneficiarios referidos en el Artículo 1°, número 1, incisos sexto y séptimo, los proyectos sólo podrán estar destinados a la gestión para la conservación de dichos inmuebles.

6. En el Artículo 10°, letra d., agregar, entre la palabra “patrimoniales” y los dos puntos (“:”), la frase “o inmuebles señalados en el Artículo 1°, número 1, incisos sexto y séptimo”.”.

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1192.- De los Honorables Senadores señores Moreira, Horvath, Lagos, Montes y Walker, don Patricio, para consultar los artículos nuevos que se señalan:

"Artículo 122. Ley N° 18.985. Modifícase la ley N° 18.985 SOBRE DONACIONES CON FINES CULTURALES, contenida en el artículo 8° de la referida ley, de la siguiente manera:

1) Modifíquese el artículo 1° del modo que sigue:

a.- En el primer inciso de su numeral 1, reemplácese la frase “cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte” por “en cuyo objeto se contemple de algún modo la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, o la protección del patrimonio cultural o ambiental”.

b.- Elimínese, en el inciso tercero de su numeral 1, la conjunción “y” que antecede a la expresión “los propietarios”, la segunda vez que ésta figura y agréguese entre la palabra “Ordenanza” y el punto aparte (.) que le sucede la frase “, los propietarios de inmuebles afectos como áreas protegidas privadas de acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los propietarios de inmuebles que han afectado sus predios de manera perpetua o indefinida a la conservación de su patrimonio natural o ambiental, de conformidad con la legislación vigente. En este último caso, se requerirá que el Comité Calificador de Donaciones Privadas declare previamente si el tipo de afectación del inmueble es suficiente para los fines de conservación propuestos en cada caso.”.

c.- Reemplácese, en el inciso quinto de su numeral 1, la conjunción “y” que antecede a la expresión “zonas de conservación” por una coma (,) y agréguese entre el adjetivo “histórica” y el punto aparte (.) que le sucede la frase “, natural, ambiental y aquéllas declaradas áreas protegidas de acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

d.- Intercálese en el numeral 2 el siguiente nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto:

“De igual modo, serán considerados como donantes los propietarios de los inmuebles que sean afectados como áreas protegidas y los propietarios de inmuebles que han afectado sus predios de manera perpetua o indefinida a la conservación de su patrimonio natural o ambiental, de conformidad con la legislación vigente. La donación consistirá en la variación negativa que el avalúo comercial de la propiedad experimentare con motivo de la respectiva afectación. Siempre se deberá asegurar el acceso público a estos inmuebles, salvo que dicho acceso fuere perjudicial para los objetivos de conservación.”.

e.- En el numeral 3, elimínese la conjunción “y” que antecede a la expresión “por una persona natural” y agréguese entre la expresión “de Literatura” y el punto (.) final, la frase “ y un representante de organizaciones de conservación del patrimonio natural”; e intercálese el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto: “En la revisión de proyectos destinados a objetivos medioambientales, participará como miembro del Comité un representante del Ministerio de Medio Ambiente”.

f.- Reemplácese en el numeral 4) la conjunción “o” que sucede a la palabra “culturales”, por una coma (,) y agréguese, a continuación de “artísticas” la expresión “o de conservación natural o ambiental”.

2) Modifíquese el artículo 9° del modo que sigue:

a.- Reemplácese el inciso primero del numeral 3) por el siguiente: “3) El proyecto podrá referirse también a la adquisición de bienes destinados permanentemente al cumplimiento de las actividades del beneficiario, a gastos específicos con ocasión de actividades determinadas, al funcionamiento de la institución beneficiaria o a la creación de un fondo o dotación cuyos frutos y rentas se destinen a financiar la labor del donatario.”

b.- En el inciso segundo del numeral 3) agréguese la siguiente oración: “En el caso de la creación de un fondo o dotación, el donatario sólo podrá girar de su capital con la autorización previa del Comité.”.

Artículo 12

3. Decreto ley N° 824. Modifíquese el artículo 40 del Decreto Ley N° 824, de la siguiente manera:

Reemplácese el numeral 4°, por el siguiente:

“Las instituciones de beneficencia que determine el Presidente de la República. Sólo podrán impetrar este beneficio aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que de acuerdo a sus estatutos: a) tengan por objeto principal proporcionar ayuda material o de otra índole a personas de escasos recursos económicos; o b) tengan por objeto exclusivo constituir un fondo o dotación aprobado por el Comité establecido en el artículo 9° de la Ley N° 18.985 o por el Consejo establecido en el artículo 4° de la Ley 19.885.".”.

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1193.- De la Honorable Senadora señora Allende, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Decreto con Fuerza de Ley 1122. Incorpórese en el artículo 129 bis 6 un inciso quinto final que diga: “En todo caso estarán exentos del pago cualquier patente de la cual trata este título aquellos derechos de aprovechamiento que no sean utilizados en un área protegida público, privada o comunitaria, sólo en la proporción que corresponda por el no uso en la respectiva área.”.

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1194.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Modifícase el Código de Aguas, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el inciso 2° del artículo 56 por el siguiente:

“Corresponde a los dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas, solicitar el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación.”.

2) Agrégase en el art. 63 inciso 3° la siguiente expresión después de la palabra “Antofagasta”: “y de Atacama”; y elimínase la letra “y” que precede a la frase “de Antofagasta”.

3) Elimínase en el inciso primero del art. 129 bis 1 la siguiente frase:

“el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan,”.

4) Reemplázase el inciso 2 del art. 129 bis 1 por el siguiente:

"El caudal ecológico mínimo no podrá ser inferior a aquel necesario para garantizar la conservación y preservación de los recursos hidrobiológicos y la biodiversidad existentes en ellos, lo que deberá constar y acreditarse debidamente mediante los correspondientes informes técnicos.".

5) Reemplázase en el inciso segundo del art. 129 bis 1 la palabra “superior” por “inferior”.

6) Elimínase en el inciso tercero del art. 129 bis 1 la siguiente frase:

“no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”.

7) Derógase la siguiente frase final del art. 129 bis 1:

“El caudal ecológico que se fije en virtud de lo dispuesto en el presente inciso, no podrá ser superior al cuarenta por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial.”.

8) Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 129 bis 9, nuevo:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente regulada por el presente Título, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural, los pertenecientes a indígenas y comunidades indígenas y a aquellos que se hayan sido solicitado o se destinen expresamente con fines de conservación y mientras dicho fin se cumpla fehacientemente.”.”.

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1195.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Modifícase el Código de Aguas, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el inciso 2° del artículo 56 por el siguiente:

“Corresponde a los dueños de pertenencias mineras, dentro de ellas, solicitar el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores, mientras conserven el dominio de sus pertenencias y en la medida necesaria para la respectiva explotación.”.

2) Agrégase en el art. 63 inciso 3° la siguiente expresión después de la palabra “Antofagasta”: “y de Atacama”; y elimínase la letra “y” que precede a la frase “de Antofagasta”.

3) Elimínase en el inciso primero del art. 129 bis 1 la siguiente frase:

“el cual sólo afectará a los nuevos derechos que se constituyan,”.

4) Reemplázase el inciso 2 del art. 129 bis 1 por el siguiente:

"El caudal ecológico mínimo no podrá ser inferior a aquel necesario para garantizar la conservación y preservación de los recursos hidrobiológicos y la biodiversidad existentes en ellos, lo que deberá constar y acreditarse debidamente mediante los correspondientes informes técnicos.".

5) Reemplázase en el inciso segundo del art. 129 bis 1 la palabra “superior” por “inferior”.

6) Elimínase en el inciso tercero del art. 129 bis 1 la siguiente frase:

“no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes”.

7) Derógase la siguiente frase final del art. 129 bis 1:

“El caudal ecológico que se fije en virtud de lo dispuesto en el presente inciso, no podrá ser superior al cuarenta por ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial.”.”.

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1196.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1197.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Elimínanse, en el artículo 3°, letra k), de la ley N° 18.755, que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero y deroga la ley N° 16.640, las expresiones “caza,” y “y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos”.

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1198.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1199.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Reemplázase el numeral 2 del artículo 17 del Código de Minería, por el siguiente:

“2°. Del Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para ejecutar labores mineras en las áreas silvestres protegidas del Estado que la legislación permita;”.

Subsidiariamente,

“2°. Del Intendente Regional, para ejecutar labores mineras en las áreas silvestres protegidas del Estado que la legislación permita;”.”.

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1200.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1201.- del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Reemplázase el inciso primero del artículo 54° del Decreto con Fuerza de Ley N°4 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, por el siguiente:

“Artículo 54.- Los edificios y áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado se encuentran excluidos de las servidumbres de obras hidroeléctricas y de líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, a menos que estén destinadas al servicio de aquellos o se proceda a su desafectación en conformidad a la ley.”.

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1202.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Modifícase la Ley Indígena N°19.253, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase la primera oración del artículo 35 por la siguiente:

“En la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí existentes en dicha administración.”.

2) Reemplázase la segunda oración del artículo 35 por la siguiente:

“Se determinará en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades Indígenas.”.

3) Agrégase en el artículo 64, a continuación de la palabra “Aimaras”, la siguiente frase: “, Quechuas, Collas, Diaguitas”.”.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO

Numeral 2)

Párrafo primero

1203.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“2) Ordenar el traspaso al Servicio, disponiendo la calidad jurídica, las nuevas condiciones laborales y el grado que les corresponderá, del personal sujeto a contrato de trabajo que se encontrare prestando servicios en la Corporación Nacional Forestal, asignado o dependiente de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y que no se acoja a algún mecanismo de incentivo al retiro.”.

1204.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“2) Ordenar el traspaso al Servicio, disponiendo la calidad jurídica y el grado que les corresponderá, del personal sujeto a contrato de trabajo para la protección de la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas así como de la administración y gestión de las mismas que se encontrare prestando servicios en la Corporación Nacional Forestal que no se acoja a algún mecanismo de incentivo al retiro.”.

1205.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la palabra “Servicio”, la frase “a contar del sexto año después de promulgada la Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

1206.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la voz “disponiendo” por “manteniendo”.

1207.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituir la frase “del personal sujeto a contrato de trabajo” por “de todo el personal sujeto a contrato de trabajo”.

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1208.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1209.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación del párrafo primero, el siguiente, nuevo:

“Asimismo, ordenar el traspaso de los funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y/o del Servicio Nacional del Pesca, según corresponda, que se encontraren prestando servicios en las áreas de conservación y biodiversidad marina y del Servicio Agrícola y Ganadero que se encontraren asignados al área de vida silvestre.”.

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Párrafo segundo

1210.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1211.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado, por causa que otorgue derecho a percibirlo, hasta el cese de servicios en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas creado por la presente Ley. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando el tiempo servido de acuerdo al Código del Trabajo en la Corporación Nacional Forestal y en el Servicio que crea la presente ley. La remuneración que se considerará para estos efectos será aquella que estuviere percibiendo a la fecha del cese.”.

Párrafo tercero

1212.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la expresión “y calidad jurídica”.

1213.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar, a continuación de la expresión “este proceso”, la siguiente frase: “; con todo, tratándose del personal adherido al Programa de Áreas Silvestres Protegidas de esta Corporación, será traspasada la totalidad de todos ellos en la calidad jurídica de planta”.

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1214.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar, como párrafo final del número 2), el siguiente, nuevo:

“En él o los decretos con fuerza de ley que fijan las plantas se reconocerán y establecerán todos derechos y beneficios a que tienen lugar los funcionarios, incluyendo las mejoras laborales para homologarlos a los funcionarios de similar condición en la administración pública. Para estos efectos se tomará como referencia la condición laboral de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero.”.

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Numeral 3)

Párrafo segundo

1215.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “que sea traspasado en calidad de contrata del Servicio, ni tampoco a aquellos”.

1216.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Ningún funcionario será traspasado a contrata.”.

Numeral 5)

Letra b)

1217.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1218.- del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirla por la que sigue:

“b) No podrá significar pérdida o precariedad del empleo, disminución de remuneraciones, pérdida o modificación de derechos laborales o previsionales o de beneficios reconocidos de otra índole con que cuente el personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera del lugar en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento;”.

ARTÍCULO CUARTO

Inciso primero

1219.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo cuarto. Dentro del plazo de 2 años contados desde la publicación de esta ley, deberá iniciarse un proceso de revisión de las áreas protegidas existentes, bajo criterios fundados, a fin de ratificar o modificar sus categorías y sus contenidos mínimos, según lo establecido en la presente ley. Dicha ratificación o modificación deberá efectuarse conforme al procedimiento establecido en la presente ley.”.

1220.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo cuarto. El Servicio, conjuntamente con la Corporación Nacional Forestal deberán, en un plazo de 2 años contados desde la publicación de esta ley, iniciar un proceso de revisión de las áreas protegidas existentes, bajo criterios fundados, a fin de ratificar o modificar sus categorías y sus contenidos mínimos, según lo establecido en la presente ley. Dicha ratificación o modificación deberá efectuarse conforme al procedimiento establecido en la presente ley.”.

1221.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: “En ningún caso dicha revisión o ratificación significará desafectar las áreas protegidas existentes, aun cuando dichas áreas no cumplan con los requisitos u objetivos que contempla el ordenamiento jurídico vigente.”.

Inciso segundo

1222.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Dentro del mismo plazo, se determinará, qué Bienes Nacionales Protegidos deben pasar a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La creación de tales inmuebles como áreas protegidas se regirá por lo dispuesto en la presente ley.”.

1223.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Dentro del mismo plazo, el Servicio deberá determinar, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, qué Bienes Nacionales Protegidos deben pasar a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La creación de tales inmuebles como áreas protegidas se regirá por lo dispuesto en la presente ley.”.

Inciso tercero

1224.- Del Honorable Senador señor Girardi, para sustituirlo por el que sigue:

“Igualmente, y en el mismo plazo se ratificaran o modificaran los parques marinos y las reservas marinas que deben ser calificadas como reservas de interés pesquero o aquéllas que deben ser reconocidas bajo alguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

1225.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por el que sigue:

“Igualmente, el Servicio deberá determinar, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca, ratificar o modificar los parques marinos y las reservas marinas que deben ser calificadas como reservas de interés pesquero o aquéllas que deben ser reconocidas bajo alguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.”.

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1226.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1227.- del Honorable Senador señor Horvath, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“No podrá, producto del proceso de revisión de las áreas protegidas existentes, rebajarse o eliminarse la categoría de protección a que se encuentre afecta una determinada área.”.

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1228.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar un inciso nuevo, del siguiente tenor:

“En el mismo plazo y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 transitorio, se determinarán las áreas protegidas que permanecerán bajo la administración de la Corporación Nacional Forestal.”.

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ARTÍCULO QUINTO

Inciso primero

1229.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1230.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo quinto. En tanto no se realice la revisión señalada en el artículo anterior, se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas el conjunto de los Parques Marinos, Parques Nacionales, Parques Nacionales de Turismo, Monumentos Naturales, Reservas Marinas, Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Santuarios de la Naturaleza, Áreas Marinas y Costeras Protegidas, Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos, Reservas Genéticas, Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biosfera, Sitios Naturales y Sitios Ramsar creados o reconocidos oficialmente como tales a la fecha de publicación de la presente ley.”.

Inciso cuarto

1231.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1232.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

ARTÍCULO SEXTO

Inciso primero

1234.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1235.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo sexto. Las concesiones o contratos que se hubieren otorgado o adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en las mismas de acuerdo a esta ley, deberán adecuarse a las prescripciones de la presente ley en el plazo de 1 año desde su vigencia.”.

ARTÍCULO SÉPTIMO

1236.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1237.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “áreas protegidas de propiedad privada” por “áreas protegidas privadas”.

ARTÍCULO OCTAVO

1238.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo octavo. En el plazo de 6 meses desde su vigencia se deberá iniciar el proceso para actualizar o dictar los planes de manejo de los distintos instrumentos de conservación de que trata la presente ley.”.

1239.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo octavo. El Servicio deberá iniciar el proceso para actualizar o dictar los planes de manejo de los distintos instrumentos de conservación de que trata la presente ley en el plazo de 6 meses desde su vigencia.”.

1240.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1241.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

ARTÍCULO DÉCIMO

1242.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1243.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

ARTÍCULO UNDÉCIMO

1244.- Del Honorable Senador señor Girardi, y 1245.- del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo undécimo. Las funciones y atribuciones del Servicio establecidas en las letras a), b) primera parte, d), y f) del artículo 6, entrarán en vigencia en el plazo de tres años contado desde la vigencia de la ley que fija las funciones y atribuciones definitivas de la Corporación Nacional Forestal o del Servicio que la reemplace.”.

1246.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la palabra “tres” por “seis”.

1247.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1248.- del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la expresión “del Estado” por “de gestión estatal”.

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1249.- Del Honorable Senador señor Navarro, y 1250.- del Honorable Senador señor Horvath, para consultar un artículo transitorio nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo …. Los reglamentos a que se refiere la presente Ley deberán entrar en vigencia dentro del plazo de 3 años contados desde la publicación de la presente Ley.”.

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o o o o o

1251.- Del Honorable Senador señor Girardi, para consultar un artículo transitorio nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo …. Los reglamentos a que se refiere la presente ley deberán dictarse en el plazo de 2 años desde que ésta entre en vigencia.”.

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FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (Boletín Nº 9.404-12)

Santiago, 02 de noviembre de 2016.

Nº 216-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DEL SENADO.

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1

1) Para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.”.

AL ARTÍCULO 2

2) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Agrégase en la actual letra c), a continuación de la palabra “biodiversidad”, la siguiente expresión final: “, tanto a nivel nacional, como regional y local. El Servicio promoverá la participación ciudadana en materias como la generación de información, la educación y la gestión de las áreas protegidas, entre otras”.

b) Elimínase la actual letra f), adecuando las demás su orden correlativo.

c) Reemplázase la actual letra g), que pasó a ser f), por la siguiente:

“f) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley exige un uso sostenible y equitativo de genes, especies y ecosistemas, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.”.

d) Modifícase la actual letra h), que pasó a ser g), referida al principio de transparencia, en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “transparencia” por la palabra “información”.

ii. Intercálase, entre las expresiones “facilitar” y “el acceso”, la expresión “y promover”.

iii. Intercálase, entre la palabra “biodiversidad” y la conjunción “y”, la expresión “del país”.

AL ARTÍCULO 3

3) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en su encabezado, la expresión “Se entenderá por” por la frase “Para los efectos de esta ley, se entenderá por”.

b) Elimínase en la letra c), la primera vez que aparece, la expresión “de propiedad”.

c) Elimínase la actual letra e), adecuando las demás su orden correlativo.

d) Elimínase la actual letra f), adecuando las demás su orden correlativo.

e) Reemplázase la actual letra h), que pasó a ser f), por la siguiente:

“f) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en su extensión o cambios en su composición, estructura o función, conforme al procedimiento de clasificación según el estado de conservación a que se refiere el artículo 31.”.

f) Reemplázase en la actual letra i), que pasó a ser g), la frase “severos para permitir la regeneración natural o la recuperación” por la siguiente: “severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 33”.

g) Intercálase, a continuación de la actual letra i) que pasó a ser g), la siguiente letra h), nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“h) Especie endémica: Especie nativa que se distribuye únicamente en un territorio o un área geográfica determinada y que no habita naturalmente en otro lugar.”.

h) Reemplázase la actual letra j), que pasó a ser i), por la siguiente:

“i) Especie exótica: Una especie, subespecie o taxón inferior, que se encuentra fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte de ella, tales como gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse.”.

i) Intercálase, a continuación de la actual letra j), que pasó a ser i), la siguiente letra j), nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“j) Especie exótica invasora: Especie exótica cuyo establecimiento o expansión amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño a uno o más componentes del ecosistema.”.

j) Sustitúyese en la letra k), la frase “biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o animales, originaria del país”, por la siguiente frase: “que se distribuya en forma natural en el país.”.

k) Elimínase la letra l), referida a “Especie silvestre”, adecuando las demás su orden correlativo.

l) Reemplázase la actual letra m), que pasó a ser l), por la siguiente:

“l) Humedal: Ecosistema formado de agua en régimen natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina, incluida toda extensión de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”.

m) Reemplázase la actual letra n), que pasó a ser m), por la siguiente:

“m) Paisaje de conservación: Área que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o local para su conservación y que, en el marco de un acuerdo promovido por uno o más municipios, es gestionado de manera sustentable por quienes adscriban a él.”.

n) Intercálase, a continuación de la actual letra n), que pasó a ser m), la siguiente letra n) nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“n) Plan de manejo: Instrumento que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas.”.

o) Reemplázase la letra o), por la siguiente:

“o) Plan de manejo para la conservación: Plan de manejo destinado a preservar, evitar la degradación, restaurar o favorecer el uso sustentable de un ecosistema amenazado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley N° 19.300.”.

p) Reemplázase la letra p) por la siguiente:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Plan de manejo destinado a resguardar el objeto de protección de las áreas protegidas.”.

q) Intercálanse, a continuación de la letra p), las siguientes letras q), r), s), t) y u), nuevas, adecuando las demás su orden correlativo:

“q) Plan de recuperación, conservación y gestión de especies: Plan de manejo destinado a mejorar el estado de conservación de una o más especies clasificadas de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300.

r) Plan de restauración ecológica: Plan de manejo destinado a reponer o reparar un ecosistema degradado, o parte de él, a una calidad similar a la que tenía con anterioridad a su pérdida, disminución o menoscabo.

s) Plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras: Instrumento de gestión destinado a evitar o detener la propagación de especies exóticas invasoras.

t) Preservación: Mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas.

u) Reserva de la biósfera: Área de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de los mismos, reconocida internacionalmente en el marco del Programa del Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera.”.

r) Reemplázase la actual letra s), que pasó a ser x), por la siguiente:

“x) Sitio prioritario: Área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad por el Servicio.”.

s) Agréganse, a continuación de la actual letra s) que pasó a ser x), las siguientes letras y) y z), nuevas:

“y) Uso sustentable: Utilización de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica.

z) Zona de amortiguación: Espacio ubicado en torno a un área, destinado a absorber potenciales impactos negativos o fomentar efectos positivos de actividades para la conservación de tal área.”.

AL ARTÍCULO 4

4) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4. Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Créase el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.

El Servicio será funcionalmente descentralizado, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estará sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley Nº 19.882.”.

AL ARTÍCULO 5

5) Para eliminarlo, pasando el actual artículo 6 a ser 5, y así sucesivamente.

AL ARTÍCULO 6 ACTUAL, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 5

6) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Intercálase la siguiente letra a), nueva, pasando la actual letra a) a ser letra b) y adecuando las demás su orden correlativo:

“a) Ejecutar las políticas, planes y programas dictados en conformidad al artículo 70, letra i), de la ley N° 19.300.”.

b) Reemplázase la letra a) actual que pasó a ser b), por la siguiente:

“b) Gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de las áreas protegidas privadas, en conformidad al título IV, así como fiscalizar las actividades que se realicen en ellas, en conformidad al título V.”.

c) Elimínanse las actuales letras b), c), d), e), f), g) y h), adecuando las demás su orden correlativo.

d) Reemplázase la actual letra i), que pasó a ser c), por la siguiente:

“c) Promover, coordinar, implementar, elaborar y realizar estudios y programas de investigación, conducentes, entre otros, a conocer la biodiversidad y su estado, los servicios ecosistémicos que provee y su relación con el cambio climático.”.

e) Reemplázase la actual letra j), que pasó a ser d), por la siguiente:

“d) Promover, diseñar e implementar redes de monitoreo de la biodiversidad y administrar un sistema de información de la biodiversidad, en conformidad al párrafo 1 del título III.”.

f) Elimínanse las actuales letras k), l), m), n), o) y p), adecuando las demás su orden correlativo.

g) Intercálase, a continuación de la actual letra j) que pasó a ser d), la siguiente letra e), nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“e) Elaborar, ejecutar y coordinar la implementación, así como velar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies; los planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras; los planes de manejo para la conservación; y los planes de restauración ecológica, en conformidad a los párrafos 4 y 6 del título III. Todo lo anterior es sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal. Además, deberán suscribirse los convenios de encomendamientos de funciones cuando corresponda.”.

h) Intercálase, a continuación de la letra e) nueva, la siguiente letra f), nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“f) Apoyar técnicamente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, y coordinar la conservación de especies fuera de sus hábitats y genes con bancos de germoplasma, jardines botánicos, conservatorios botánicos y centros de reproducción de fauna nativa, entre otros, a fin de contribuir con la gestión para la conservación de la biodiversidad.”.

i) Reemplázase, en la actual letra q), que pasó a ser g), la frase “que afecten la conservación de ecosistemas amenazados” por la siguiente expresión: “, a fin de resguardar la biodiversidad”.

j) Intercálanse, a continuación de la letra q), que pasó a ser g), las siguientes letras h) e i), nuevas, adecuando las demás su orden correlativo:

“h) Promover, apoyar y ejecutar acciones de educación, sensibilización, información, capacitación y comunicación sobre el valor de la biodiversidad, sus amenazas y su relación con el cambio climático.

i) Pronunciarse sobre los impactos de los proyectos o actividades sobre la biodiversidad, incluyendo las condiciones o medidas para mitigar, restaurar o compensar esos impactos, en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental.”.

k) Intercálase, a continuación de la actual letra r), que pasó a ser j), la siguiente letra k), nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“k) Otorgar o reconocer certificados a actividades, prácticas o sitios, por su contribución a la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, en conformidad al artículo 50.”.

l) Elimínanse las actuales letras s), t), u), v) y w).

m) Intercálase, a continuación de la letra k) nueva, la siguiente letra l), nueva:

“l) Ejecutar acciones de fiscalización del cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley sobre Caza y la Ley sobre Pesca Recreativa, previo convenio de encomendamiento de funciones celebrado con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o con el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, así como respecto a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en las áreas protegidas, sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y ecosistemas degradados.”.

n) Intercálase, a continuación de la letra l) nueva, la siguiente letra m), nueva adecuando las demás su orden correlativo:

“m) Realizar publicaciones científicas o de divulgación, pudiendo percibir el producto que se obtenga de su venta.”.

o) Modifícase la actual letra x), que pasó a ser n), en el siguiente sentido:

i. Intercálase entre las expresiones “de” y “competencia”, la palabra “su”.

ii. Elimínase la expresión “del Servicio”.

AL ARTÍCULO 8, QUE PASÓ A SER EL ARTÍCULO 7º

7) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a) Designar y contratar personal, y poner término a sus servicios;”.

b) Incorpórase al final de la letra d), la siguiente oración: “, con excepción de aquellas establecidas en las letras a) y g) del presente artículo”.

c) Reemplázase la letra g) por la siguiente:

“g) Crear y presidir comités o subcomités, para que desarrollen estudios, análisis o resuelvan consultas, con el fin de dar cumplimiento al objeto del Servicio.”.

ARTÍCULO 9, NUEVO

8) Para intercalar, a continuación del artículo 9, que pasó a ser 8, el siguiente artículo 9, nuevo, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 9. Comité Científico Asesor. Créase un Comité Científico como un organismo asesor y de consulta en las materias científicas y técnicas necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones y atribuciones del Servicio.

El Comité estará integrado por representantes de instituciones académicas y científicas, dedicadas al conocimiento o conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, marina y continental.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente fijará las normas para la conformación del comité, las causales de inhabilidad e incompatibilidad para integrarlo, su funcionamiento y toma de decisiones.”.

AL ARTÍCULO 10

9) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de la insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271 sobre Impuesto a la Herencia, Asignaciones y Donaciones.”.

b) Sustitúyese, en la letra d), la expresión final “, y” por un punto y aparte.

c) Intercálase, a continuación de la letra e), la siguiente letra f), nueva:

“f) El producto de la venta de bienes que realice y otros ingresos propios que perciba en el ejercicio de sus funciones.”.

AL ARTÍCULO 11

10) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 11. Régimen laboral. El personal se regirá por las normas del Código del Trabajo, por las disposiciones del decreto ley N° 249, de 1974, y las especiales de la presente ley.

En materia de remuneraciones se regirá por el referido decreto ley y su legislación complementaria.”.

ARTÍCULOS 12 AL 23, NUEVOS

11) Para intercalar, a continuación del artículo 11, los siguientes artículos 12 al 23, nuevos, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 12. Distribución de la jornada laboral. Los trabajadores que, por razones del buen funcionamiento del Servicio, deban cumplir funciones en lugares apartados de centros urbanos, o zonas que impliquen riesgo o aislamiento, y aquellos que deban cumplir funciones de riesgo, podrán regirse por una jornada de trabajo diferente a la indicada en el artículo 21 del decreto ley N° 249 de 1974, en lo relativo a la distribución horaria. Una resolución dictada por el Director Nacional del Servicio regulará la flexibilidad en la jornada diaria y semanal, considerando debidamente el descanso compensatorio de los días festivos y feriados.

Además, los trabajadores señalados en el inciso anterior, podrán pactar una jornada bisemanal de trabajo en las condiciones indicadas en el artículo 39 del Código del Trabajo.

Artículo 13

. Normas de probidad. El personal del Servicio estará sujeto a las normas de probidad y los deberes y prohibiciones establecidos en el título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en el título II de la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Asimismo, estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

Le serán también aplicables las normas contenidas en los artículos 61 y 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

Artículo 14

. Del ingreso al Servicio. El personal del Servicio que se contrate con duración indefinida, se seleccionará mediante concurso público.

Excepcionalmente, por resolución fundada del Director Nacional, se podrán utilizar concursos internos de promoción, los que, en todo caso, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, basándose en la evaluación de los méritos e idoneidad del postulante.

Al Director Nacional, o a quien éste le delegue facultades, de conformidad al inciso final del artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, que fija el texto, refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, le corresponderá suscribir los contratos de trabajo del personal seleccionado conforme a los incisos anteriores, los que deberán ser aprobados por resolución.

La contratación del personal que se desempeñe en el Servicio deberá ajustarse estrictamente al marco presupuestario respectivo.

Artículo 15

. Del sistema de evaluación. El personal del Servicio estará sujeto a un sistema de evaluación de desempeño conforme a las reglas y criterios que al efecto determine un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, el que, además, deberá ser suscrito por el Ministerio de Hacienda.

Las evaluaciones servirán de base para la selección del personal a capacitar, el desarrollo de la carrera funcionaria, la remoción o el término del contrato de trabajo en su caso.

Artículo 16

. De la destinación y la subrogación. El Director Nacional del Servicio, sin perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834. Para estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza de ley N° 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda, y al decreto supremo N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda, o el texto que lo reemplace.

Igualmente podrán, en los casos que fuere procedente, aplicarse las normas relativas a subrogación contempladas en el párrafo 4 del título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 17

. Capacitación. Para efectos de la adecuada aplicación de las normas sobre capacitación, previstas en los artículos 179 y siguientes del Código del Trabajo, el Director Nacional aprobará anualmente mediante resolución, los programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento del personal del Servicio, los que, en todo caso, deberán ajustarse a los recursos que para estos efectos contemple la Ley de Presupuestos.

Artículo 18

. Del Servicio de Bienestar. El personal del Servicio tendrá derecho a afiliarse a servicios de bienestar, en los casos y condiciones que establezcan sus estatutos. El Servicio efectuará los aportes de bienestar respecto de cada funcionario, sin sobrepasar el máximo legal de los mismos.

Artículo 19

. De la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria del personal del Servicio por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones podrá hacerse efectiva por la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834.

Artículo 20

. De las infracciones cometidas por el personal y sus sanciones. Las infracciones de los deberes y prohibiciones establecidos en el título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, o en el respectivo contrato de trabajo en que incurra el personal del Servicio, serán sancionadas con alguna de las siguientes medidas:

a) Censura.

b) Multa.

c) Remoción.

Las medidas disciplinarias mencionadas en las letras a) y b) precedentes se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida, la eventual reiteración de la conducta, así como las circunstancias atenuantes y agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.

La remoción es la decisión de la autoridad facultada para contratar, de poner término a la relación laboral del afectado. La remoción procederá toda vez que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad y cuando se incurra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo.

Artículo 21

. Del término de la relación laboral. Sin perjuicio de las causales previstas en los artículos 159 y siguientes del Código del Trabajo, y en el inciso final del artículo anterior de esta ley, la relación laboral del personal del Servicio podrá terminar, además, por evaluación deficiente de su desempeño.

Tratándose de la causal a que se refiere el artículo 161 del Código del Trabajo, su procedencia será determinada por el Director Nacional del Servicio, o a quien éste le delegue funciones, y deberá ser siempre fundada en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio.

No se podrá pactar el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, y en caso alguno se podrá alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas.

Artículo 22

. De la dotación de personal. Una resolución dictada por el Servicio, visada por la Dirección de Presupuestos, establecerá en forma anual la estructura de la dotación de trabajadores del Servicio, indicando el número máximo de trabajadores que podrá ocupar cada estamento y grado correspondiente de la escala única de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974.

Artículo 23

. Del reglamento de concursos y promoción. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente contendrá las normas complementarias orientadas a asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de los concursos para el ingreso, para la promoción y para cualquiera otra finalidad con que éstos se realicen.”.

AL TÍTULO III

12) Para reordenar los títulos III y IV, pasando el actual título III, denominado “DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS”, a ser el nuevo título IV, bajo la misma denominación, y el actual título IV, denominado “INSTRUMENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”, a ser el nuevo título III, bajo la misma denominación, adecuándose la numeración correlativa del articulado.

AL ARTÍCULO 66, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 24

13) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24. Instrumentos de conservación de la biodiversidad. A fin de cumplir con su objeto, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el Servicio propondrá al Ministerio del Medio Ambiente, para su aprobación, los lineamientos generales para diseñar, implementar y dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de conservación de la biodiversidad que señala este título.

El Servicio procurará integrar todos los instrumentos de conservación de la biodiversidad, incluido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo un enfoque ecosistémico en el territorio nacional.”.

AL PÁRRAFO 2

14) Para reemplazar el epígrafe del párrafo 2 del título IV, que pasó a ser título III, por el siguiente:

“Párrafo 2

Sistema de información y monitoreo de la biodiversidad”.

AL ARTÍCULO 67, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 25

15) Para reemplazar el actual artículo 67, que pasó a ser artículo 25, por el siguiente:

“Artículo 25. Sistema de información de la biodiversidad. El Servicio elaborará y administrará un sistema de información de la biodiversidad, el que almacenará y manejará datos de observación sobre ecosistemas y especies y su variabilidad genética; información georreferenciada sobre su entorno abiótico acuático y terrestre; imágenes espaciales; inventarios de ecosistemas, servicios ecosistémicos, y especies y su variabilidad genética; áreas protegidas, ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados y sitios prioritarios, y toda otra información relevante para la gestión de la conservación de la biodiversidad.

La información contenida en este sistema, que deberá ser aprobada mediante resolución fundada del Servicio, será de acceso público y, en lo que corresponda, deberá asegurar la interoperabilidad y evitar la duplicidad con aquella contenida en el Sistema Nacional de Información Ambiental, establecido en el artículo 31 ter de la ley N° 19.300.”.

AL ARTÍCULO 68, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 26

16) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 26. Monitoreo de la biodiversidad. El Servicio definirá e implementará uno o más programas de monitoreo de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, así como de las especies y su variabilidad genética.

El monitoreo tendrá por objeto generar información sistemática sobre la biodiversidad en sus distintos niveles, su estado, servicios ecosistémicos, entre otros, a escalas nacional, regional y local. Para tal efecto, el Servicio procurará que, a través del monitoreo, se genere información para el Sistema de Información de la Biodiversidad a que se refiere el artículo 25.

El monitoreo se hará en consistencia con el conocimiento científico y en base a los protocolos que elaborará el Servicio.

El monitoreo podrá ser realizado directamente por el Servicio, o bien encomendarse por éste a otros órganos de la Administración de Estado, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. El Servicio podrá, asimismo, celebrar convenios con instituciones académicas o científicas calificadas para la realización de monitoreos, así como incluir datos que aporten terceros, los que serán validados de acuerdo a protocolos que dicte el mismo Servicio.”.

AL ARTÍCULO 69 QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 27

17) Para reemplazar el actual artículo 69, que pasó a ser artículo 27, por el siguiente:

“Artículo 27. Requerimiento de información. El Servicio podrá requerir a otros órganos de la Administración del Estado la información necesaria para elaborar y mantener el Sistema de Información de la Biodiversidad.

Mediante resolución fundada, el Servicio podrá requerir información a privados cuando esta hubiere sido generada a partir de fondos públicos, siempre que en los términos a que estuvo sujeta dicha asignación de fondos se hubiese contemplado esta obligación.”.

ARTÍCULO 28, NUEVO

18) Para intercalar a continuación del actual artículo 69, que pasó a ser artículo 27, el siguiente artículo 28, nuevo, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 28. Informes sobre el estado de la biodiversidad. El Servicio colaborará con el Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración del informe cuatrienal y el reporte anual referidos en el artículo 70 letra ñ) de la ley N° 19.300, en lo referido a la biodiversidad.”.

PÁRRAFO 3, NUEVO

19) Para intercalar, a continuación del párrafo 2, el siguiente párrafo 3, nuevo, pasando el actual párrafo 3 a ser párrafo 4 bajo la misma denominación, adecuando los demás párrafos y artículos su orden correlativo:

“Párrafo 3

Planificación para la conservación de la biodiversidad

Artículo 29

. Planificación ecológica. Con el fin de evitar la pérdida de la biodiversidad y gestionar su conservación, el Servicio elaborará periódicamente una planificación ecológica nacional que incluirá:

a) La identificación de los sitios prioritarios en el país, sobre la base de los inventarios de ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, la clasificación de ecosistemas y las cuencas hidrográficas del país. Para efectuar dicha identificación, el Servicio podrá utilizar como referencia el anexo I del Convenio sobre Diversidad Biológica.

b) La identificación de los usos del territorio.

c) La identificación de los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales en la conservación de la biodiversidad en relación a determinadas áreas.

d) La identificación de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad.

e) Otros antecedentes que proponga el Comité Científico Asesor.

La planificación ecológica será de carácter indicativo y se oficializará a través de una resolución del Servicio, la que deberá anexar documentos cartográficos.”.

Artículo 30

. Sitios prioritarios. Los sitios prioritarios que el Servicio identifique en el marco de la planificación ecológica serán categorizados como tales bajo criterios técnico-científicos.

El Servicio mantendrá un registro espacial actualizado de los sitios prioritarios del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 25.

Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos para la conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley.

El Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo aquellos sitios prioritarios de primera prioridad, de acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca un reglamento dictado por tal Ministerio. Dicho procedimiento deberá contemplar la participación de la comunidad, la opinión de autoridades regionales y locales, así como el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Estos sitios prioritarios corresponderán a los señalados en la letra d) del artículo 11 de la ley N° 19.300.”.

AL ARTÍCULO 70, QUE PASÓ A SER 31

20) Para suprimir el actual artículo 70, adecuando los demás su orden correlativo.

A LOS ARTÍCULOS 71, 72, 73 y 74, QUE PASAN A SER 31, 32, 33 y 34

21) Para reemplazar los actuales artículos 71, 72, 73 y 74, que pasaron a ser 31, 32, 33 y 34, por los siguientes artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 31. Clasificación de ecosistemas según estado de conservación. El Servicio evaluará y propondrá al Ministerio del Medio Ambiente una clasificación de los ecosistemas del país según su estado de conservación, sobre la base de antecedentes científico-técnicos.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías y el procedimiento para clasificar los ecosistemas según estado de conservación, debiendo incluir una o más categorías de amenaza. Para tal efecto se utilizarán como referentes el pronunciamiento del Comité Científico Asesor y recomendaciones de organismos internacionales que dicten pautas en la materia, tal como la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.

El procedimiento de clasificación contemplará el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 32

. Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados o parte de ellos.

Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y podrán establecer requisitos para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones o exigencias al uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la explotación de especies; así como realizar acciones de restauración o implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental.

En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3 del título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el plan de manejo establecido de conformidad con dicho cuerpo legal. En caso de verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de conservación del ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los órganos públicos con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos planes en algún medio de comunicación eficaz.

Artículo 33

. Ecosistemas degradados. Sin perjuicio de la clasificación a que se refiere el artículo 31, el Servicio, mediante resolución, podrá declarar áreas determinadas como ecosistemas degradados, a fin de recuperar su estructura y funciones.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios científico-técnicos y el procedimiento para la identificación de tales ecosistemas. Dicho procedimiento deberá contemplar el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Artículo 34

. Planes de restauración ecológica. El Servicio elaborará planes para la restauración ecológica de las áreas determinadas que hayan sido declaradas como ecosistemas degradados.

Los planes de restauración ecológica contendrán las medidas o acciones que se llevarán a cabo para restaurar, las que podrán ser activas o pasivas; las metas y objetivos de restauración; la ubicación de los ecosistemas que serán objeto de la restauración; sus componentes degradados; las amenazas causantes de la degradación y las exigencias para eliminarlas o limitarlas; el plazo estimado para su implementación, y el diseño del monitoreo y medidas de seguimiento, incluyendo indicadores de efectividad de las medidas o acciones, y una estimación de los costos asociados, en un marco de manejo adaptativo. Si el ecosistema respectivo se encuentra en un área protegida, deberán incluirse también los objetos de protección del área que han sido afectados.

En caso que el plan de restauración recaiga sobre ecosistemas que constituyan hábitat de recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado en conformidad con el párrafo 3 del título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, éste deberá ser compatible con el referido plan de manejo. En caso de verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el cumplimiento de los objetivos de restauración del ecosistema, el Servicio deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con el fin de adecuar dicho plan.

El procedimiento para la dictación de los planes de restauración ecológica que recaigan fuera de las áreas protegidas del Estado deberá contemplar la participación de la comunidad local, la consulta a otros órganos públicos competentes y la publicación de dichos planes en algún medio de comunicación eficaz.

Corresponderá al Servicio ejecutar los planes de restauración ecológica. Cuando los planes contemplen medidas o acciones de otros órganos públicos, el Servicio coordinará con éstos su implementación.

Artículo 35

. Iniciativas privadas de conservación marina. El Servicio prestará apoyo técnico a iniciativas que se desarrollen en ecosistemas marinos, costeros e islas oceánicas que sean objeto de concesión o destinación por parte del Ministerio de Defensa y que en sus respectivos instrumentos de manejo se establezca la conservación de la biodiversidad como objetivo. Dicho apoyo se podrá otorgar tanto en la elaboración como en la implementación de tales instrumentos de manejo, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

Artículo 36

. Paisajes de conservación. Las municipalidades, de manera individual o asociada, podrán solicitar al Servicio el reconocimiento de un paisaje de conservación. Para ello deberán acompañar un informe técnico que dé cuenta de los valores naturales y culturales y paisajísticos asociados, la forma de gestión y las cartas de consentimiento de quienes adscriban al paisaje de conservación.

El reconocimiento de un paisaje de conservación se efectuará a través de una resolución del Servicio.

Reconocido un paisaje de conservación, el o los municipios responsables de su gestión deberán elaborar una propuesta de plan de manejo del mismo, el que será aprobado mediante resolución del Servicio. En dicho plan se establecerán los lineamientos para la gestión sustentable del área por parte de quienes adscriban al paisaje de conservación.

Artículo 37

. Reservas de la biósfera. El Servicio promoverá el uso sustentable de los recursos naturales y la utilización de los instrumentos de conservación de la biodiversidad en las reservas de la biósfera declaradas en el marco del Programa del Hombre y la Biósfera, de UNESCO, a fin de mejorar el bienestar social y económico de las comunidades que en ellas habitan.

Cuando la zona núcleo de una reserva de la biósfera constituya un área protegida, el Servicio procurará integrar el manejo de dicha área con la gestión local de la reserva.

El Servicio, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, otorgará asimismo asesoramiento técnico en estas áreas en conformidad a los objetivos planteados por el Programa del Hombre y la Biósfera.

Artículo 38

. Compensaciones de biodiversidad. El Servicio podrá definir criterios y estándares a efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la ley N° 19.300.

Estas medidas de compensación de biodiversidad podrán consistir en acciones de restauración o preservación. Para este último caso, los titulares de proyectos o actividades podrán recurrir a los bancos de compensación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52.

Serán apropiadas aquellas medidas de compensación que sean aplicadas de conformidad al principio de jerarquía y que den cuenta, al menos, de una pérdida neta cero de biodiversidad, de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad.

Los criterios y estándares que defina el Servicio para tales efectos podrán referirse a estudios de línea base en biodiversidad y determinación de impactos residuales; criterios de equivalencia y adicionalidad para compensaciones de biodiversidad; y protocolos para el monitoreo de tales compensaciones.

El Servicio promoverá, además, la coordinación entre las medidas de compensación de diversos proyectos o actividades, con el objetivo de obtener ganancias en biodiversidad eficientes, eficaces y permanentes.”.

PÁRRAFO 5, NUEVO

22) Para agregar, a continuación del artículo 38, el siguiente párrafo 5, nuevo, adecuando los demás su orden correlativo:

“Párrafo 5

Instrumentos para la protección y manejo sustentable de humedales

Artículo 39

. Inventario de humedales. El Servicio llevará un inventario nacional de los humedales del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 25. Dicho inventario contendrá, al menos, localización georreferenciada, límites del cuerpo de agua y de su cuenca hidrográfica expresados en coordenadas, superficie, tipo de humedal, características hidrológicas, variables biológicas, físicas y químicas, variables ambientales y tipos vegetacionales. Este inventario deberá sujetarse a lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 25.

Artículo 40

. Criterios para el uso sustentable de humedales. El Servicio establecerá criterios indicativos para el uso sustentable de humedales, a fin de resguardar sus características ecológicas, su funcionamiento y mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.

Artículo 41

. Permiso para la alteración física de humedales. Toda alteración física de un humedal que constituya sitio prioritario de primera prioridad requerirá del permiso previo del Servicio. Se entenderá por alteración física la extracción de caudales, extracción de áridos, alteración de la barra terminal, alteración de la vegetación azonal hídrica y ripariana, extracción de cubierta vegetal de turberas, entre otros similares.

Dicho permiso tendrá por objeto asegurar que la alteración física no modifique de manera permanente la estructura y funciones del humedal.

Artículo 42

. Humedales de importancia internacional. Los humedales de importancia internacional o Sitios Ramsar, deberán ser declarados áreas protegidas bajo alguna de las categorías establecidas en el artículo 56, según las características y objetivos del área.”.

AL PÁRRAFO 4, QUE PASÓ A SER PÁRRAFO 6

23) Para agregar al final del epígrafe del actual párrafo 4º, que pasó a ser párrafo 6º, la frase “y su variabilidad genética.

AL ARTÍCULO 75, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 43

24) Para reemplazar el artículo 75, que pasó a ser 43, por el siguiente:

“Artículo 43. Planes de recuperación, conservación y gestión de especies. El Servicio elaborará planes de recuperación, conservación y gestión de las especies que hayan sido clasificadas en alguna categoría de conservación, de conformidad con el artículo 37 de la ley Nº 19.300.

Dichos planes no se aplicarán tratándose de recursos hidrobiológicos marinos o continentales cuyo hábitat corresponda a un área estuarina con intrusión salina, sujetos a prohibiciones o medidas de administración contenidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las categorías a las que se aplicarán los planes y su contenido, así como el procedimiento para su dictación.”.

AL ARTÍCULO 76, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 44

25) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Agrégase, al final de su epígrafe, la frase “para la protección de especies”;

b) Reemplázase, en su inciso primero, la frase “una o más especies como monumentos naturales” por la siguiente: “como monumento natural a una o más especies de animales o plantas, con base en su interés estético o a su valor histórico o científico.”.

c) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Se prohíbe intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir, dar muerte, pescar, cazar, cortar, arrancar, extraer, mutilar o descepar toda especie declarada monumento natural.

El Servicio podrá, excepcionalmente, autorizar las actividades anteriores para fines de investigación científica o inspección gubernamental.”.

AL ARTÍCULO 77

26) Elimínase el actual artículo 77.

AL ARTÍCULO 78, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 45

27) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, la frase “tratándose de especies exóticas y especies exóticas invasoras, cuando no se trate de poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza o sean de interés comercial,” por la siguiente: “y siempre que no se trate de poblaciones o especímenes actualmente en cultivo o crianza,”.

b) Reemplázase su letra a) por la siguiente:

“a) Proponer al Ministerio del Medio Ambiente la nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, estén o no asilvestradas en el país, en base a fundamentos técnico-científicos y acorde con el procedimiento que sea definido para ello. La nómina será sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.”.

c) Reemplázase su letra b) por la siguiente:

“b) Elaborar y ejecutar planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras definidas en la nómina señalada en la letra anterior. Toda persona estará obligada a facilitar las acciones o medidas que contemplen dichos planes, siempre que ello no implique una carga económica. En ejecución de dichos planes, el Servicio estará facultado para ingresar a inmuebles públicos o privados y registrar naves, aeronaves, vehículos, personas, animales, bolsos, cajas, envases o embalajes. Para el cumplimiento de lo anterior, en caso de ser necesario y mediante resolución fundada del Servicio, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente señalará la forma y condiciones en que se realizará el ingreso a inmuebles públicos o privados, así como el contenido mínimo que deberán contener los planes.

En la elaboración de tales planes se consultará a los órganos de la Administración del Estado competentes.”.

d) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Ejecutar acciones de control y erradicación que se requieran con urgencia para evitar la propagación de especies exóticas invasoras que puedan afectar irreparablemente ecosistemas o especies endémicas o nativas y sus hábitats, previo aviso y en coordinación con otros órganos de la Administración del Estado.”.

e) Modifícase la letra g) en el siguiente sentido:

i. Sustítuyese, el punto y coma por un punto seguido.

ii. Agrégase la siguiente oración final:

“Para tal efecto, el Servicio podrá establecer barreras de bioseguridad en cualquier parte del territorio nacional y estará facultado para decomisar y destruir todo aquel organismo que haya sido declarado previamente como especie invasora respecto del área en cuestión.”.

f) Sustitúyese, en la letra h), la expresión final “, y” por un punto aparte.

g) Agrégase, a continuación de la actual letra i), la siguiente letra j), nueva:

“j) Definir los criterios de análisis de riesgo de daño a la biodiversidad, los que deberán ser aplicados por el Servicio Agrícola y Ganadero o la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, según corresponda, previo a autorizar la internación de especies exóticas al país.”.

AL PÁRRAFO 5 Y LOS ARTÍCULOS 79 Y 80

28) Para eliminar el actual párrafo 5 y los artículos 79 y 80.

AL ARTÍCULO 81, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 46

29) Para reemplazar el actual artículo 81, que pasó a ser artículo 46, correspondiente al párrafo 6, que pasó a ser párrafo 7, por el siguiente:

“Artículo 46. Fondo Nacional de la Biodiversidad. Créase el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de amenazas, acciones de conservación de especies fuera de sus hábitats, prácticas productivas sustentables, entre otras actividades de gestión privada para la conservación de la biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos.”.

AL ARTÍCULO 82

30) Para eliminar el actual artículo 82.

ARTÍCULOS 47, 48 y 49, NUEVOS

31) Para intercalar, a continuación del actual artículo 81, que pasó a ser artículo 46, los siguientes artículos 47, 48 y 49, nuevos:

“Art. 47. Beneficiarios. Podrán beneficiarse del Fondo las personas naturales y las personas jurídicas sin fines de lucro.

Art. 48. Administración. El Fondo será administrado por el Servicio y su funcionamiento será regulado mediante resolución.

El Servicio podrá establecer líneas de financiamiento, de acuerdo a las prioridades de conservación.

Art. 49. Patrimonio. El Fondo Nacional de la Biodiversidad estará formado por:

a) Herencias, legados y donaciones, cualquiera sea su origen. En el caso de las donaciones, ellas estarán exentas del trámite de insinuación.

b) Recursos destinados para este efecto, en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) Recursos que se le asignen en otras leyes.

d) Cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.”.

AL ARTÍCULO 84, QUE PASÓ A SER 51

32) Para reemplazar el actual artículo 84 que pasó a ser artículo 51, por el siguiente:

“Artículo 51. Contrato de retribución por servicios ecosistémicos. El contrato de retribución por servicios ecosistémicos es una convención en virtud de la que una parte se obliga a preservar, restaurar o hacer uso sustentable de los ecosistemas, en favor de otra, con el fin de mantener o recuperar los servicios ecosistémicos que dichos espacios proveen, a cambio de una contraprestación.

El contrato se perfeccionará por escrito y contendrá los derechos y obligaciones de las partes, sean de carácter personal o real.

El Servicio llevará un registro de los contratos que cumplan con los criterios y contenidos mínimos que establecerá un reglamento.”.

AL ARTÍCULO 85, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 52

33) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 52. Bancos de compensación de biodiversidad. Los bancos de compensación de biodiversidad corresponden a proyectos de conservación en territorios determinados, que generan créditos en biodiversidad, los que pueden ser utilizados por los titulares de proyectos o actividades que, en el marco de la evaluación ambiental de los mismos, deban proponer medidas para compensar los impactos en biodiversidad, de conformidad al artículo 16 de la ley N° 19.300.

Tales créditos deberán ser cuantificados con base en criterios de equivalencia en biodiversidad que establezca el Servicio, según lo dispuesto en el artículo 38.

Para operar como tales, los bancos de compensación de biodiversidad deberán estar previamente registrados en el registro que el Servicio llevará al afecto.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento y los requisitos para el registro de los bancos de compensación, sus obligaciones y las reglas de funcionamiento del registro.”.

AL PÁRRAFO 1 DEL TÍTULO III, QUE PASÓ A SER TÍTULO IV

34) Para reemplazar el epígrafe del párrafo 1 del título III, que pasó a ser el título IV, por el siguiente:

“Párrafo 1

Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

AL ARTÍCULO 12, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 53

35) Para reemplazar el actual artículo 12, que pasó a ser 53, por el siguiente:

“Artículo 53. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Créase el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en adelante “el Sistema”, constituido por el conjunto ecológicamente representativo de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales.

El Servicio gestionará el Sistema de manera eficaz, integral y equitativa, bajo diversas categorías de protección, considerando mecanismos de participación ciudadana, así como estrategias e instrumentos de gestión y de financiamiento, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural asociado del país.”.

ARTÍCULO 54, NUEVO

36) Para intercalar, a continuación del actual artículo 12, que pasó a ser 53, los siguientes artículos 54 y 55, nuevos, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 54. Objetivos del Sistema. El Sistema tendrá los siguientes objetivos:

a) Asegurar la conservación permanente de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural asociado a las áreas que lo conformen.

b) Cumplir las metas de representatividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, comprometidos a nivel internacional, así como en las políticas y estrategias nacionales de biodiversidad, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria.

c) Mantener o recuperar los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas.

d) Integrar en planes, políticas e instrumentos de desarrollo nacional, regional y local, los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas, asegurando la gestión sustentable de la biodiversidad y recursos naturales en el resto del territorio.

e) Reconocer y facilitar las actividades educacionales, recreacionales, turísticas y culturales; facilitar el desarrollo de la investigación científica; y reconocer los valores de las áreas protegidas, de manera consistente con sus respectivos objetos de protección.

Artículo 55

. Gestión del Sistema. La gestión y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas corresponderá al Servicio.

El Servicio elaborará un plan estratégico para el cumplimiento de los objetivos del Sistema, el que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) Revisión y actualización de la planificación del Sistema, incluyendo prioridades de creación, ampliación y cambios de categorías de áreas protegidas; estado de avance en el cumplimiento de metas y objetivos; y definición de los ajustes normativos necesarios para la adecuada gestión del Sistema.

b) Programa de financiamiento del Sistema de acuerdo a lo que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público.

c) Programa de fortalecimiento de capacidades.

d) Programa de información, interpretación y sensibilización.

e) Programa de priorización y planificación del turismo, el cual se realizará en conjunto con la Subsecretaría de Turismo.

f) Programa de cooperación internacional.

g) Mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas.

Con el fin de apoyar la gestión del Sistema, el Servicio podrá crear, a nivel regional, comités público-privados, de carácter consultivos, conformados por autoridades regionales, locales y jefes de servicios públicos; propietarios o administradores de áreas protegidas privadas; representantes del sector académico y de organizaciones no gubernamentales; y representantes del sector productivo. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente, regulará el número mínimo de integrantes, su forma de designación, y demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento.”.

AL PÁRRAFO 2, NUEVO

37) Para intercalar, entre artículo 55 nuevo y el artículo 13 que pasó a ser 56, el siguiente párrafo 2, nuevo, adecuando los demás su orden correlativo:

“Párrafo 2

Categorías de áreas protegidas”.

AL ARTÍCULO 13, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 56

38) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en la letra h) la expresión “, y” por un punto final.

b) Elimínase la letra i).

AL ARTÍCULO 14, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 57

39) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 57. Reserva de Región Virgen. Denomínase Reserva de Región Virgen un área terrestre o acuática, marina o continental, cualquiera sea su tamaño, en la que existen condiciones primitivas naturales, no perturbadas por actividades humanas significativas, reservada para preservar la biodiversidad, así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica.

El objetivo de esta categoría es preservar la integridad ecológica de áreas naturales a largo plazo.”.

AL ARTÍCULO 15, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 58

40) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 58. Parque Marino. Denomínase Parque Marino a un área marina, generalmente extensa, en la que existen ecosistemas, especies y hábitats, conteniendo unidades naturales y procesos ecológicos y unidades de paisajes únicos, representativos a nivel regional, nacional o global, y esenciales para la provisión de servicios ecosistémicos.

El objetivo de esta categoría es preservar ecosistemas, unidades o procesos ecológicos, a fin de mantener la biodiversidad de ambientes marinos en su estado natural y que en su conjunto contribuyen con la mantención de los servicios ecosistémicos.”.

AL ARTÍCULO 16, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 59

41) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 59. Parque Nacional. Denomínase Parque Nacional un área, generalmente extensa, en la que existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterados significativamente por la acción humana, y en que la biodiversidad o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo.

El objetivo de esta categoría es la preservación del patrimonio natural, escénico o cultural asociado, la continuidad de los procesos evolutivos y de las funciones ecológicas, junto con las especies y ecosistemas característicos del área, la protección del suelo, sistemas acuáticos continentales y costeros, y la mantención de los servicios ecosistémicos que proveen.”.

AL ARTÍCULO 17, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 60

42) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 60. Monumento Natural. Denomínase Monumento Natural un área, generalmente reducida en extensión, caracterizada por la presencia de componentes específicos, ya sea de carácter biótico o abiótico, relevantes para la biodiversidad, que contengan además sitios o elementos de interés desde el punto de vista geológico, paisajístico, educativo o científico.

El objetivo de esta categoría es la preservación de un componente específico de la biodiversidad o de elementos o sitios de especial interés geológico, paisajístico, educativo o científico, así como proteger la biodiversidad y los hábitats asociados a dichos elementos.”.

AL ARTÍCULO 18, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 61

43) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 61. Reserva Marina. Denomínase Reserva Marina un área en la que existen comunidades biológicas, especies y hábitats relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional.

El objetivo de esta categoría es desarrollar una gestión activa de las comunidades biológicas, especies nativas y hábitats, a objeto que pueda existir aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades locales.

En esta área podrán desarrollarse actividades de uso sustentable por parte de las comunidades locales, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee.”.

AL ARTÍCULO 19, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 62

44) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 62. Reserva Nacional. Denomínase Reserva Nacional un área en la que existen comunidades biológicas, especies nativas, hábitats y ecosistemas naturales relevantes para la conservación de la biodiversidad local, regional o nacional, y que pueden verse expuestos a sufrir degradación.

El objetivo de esta categoría es el uso sustentable de las comunidades biológicas, especies y hábitats, a través de una gestión generalmente activa para la conservación, restauración de ecosistemas, así como la mantención de los servicios ecosistémicos que el área provee.

En esta área podrán desarrollarse actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee.”.

AL ARTÍCULO 20, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 63

45) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 63. Santuario de la Naturaleza. Denomínase Santuario de la Naturaleza un sitio terrestre o acuático, cuya conservación es de especial interés para la ciencia dada sus características naturales, paisajísticas, geológicas, geomorfológicas y paleontológicas, que proveen servicios ecosistémicos asociados a valores culturales, usos tradicionales o económicos, y que ofrecen posibilidades especiales para estudios e investigaciones, con posibilidades de manejo integrado de recursos.

El objetivo de esta categoría es la conservación y mantención de especies y hábitats, terrestres o acuáticos, así como de elementos de la diversidad geológica de especial interés científico y educativo.

En ésta área podrán desarrollarse actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee.”.

AL ARTÍCULO 21, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 64

46) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 64. Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos. Denomínase Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos un área marina o costera en la que existen especies, hábitats, ecosistemas o condiciones naturales y paisajísticas, asociadas a valores culturales o al uso tradicional y sustentable de los servicios ecosistémicos.

El objetivo de esta categoría es asegurar el uso sustentable de los servicios ecosistémicos, a través de un manejo integrado del área, utilizando los instrumentos de conservación disponibles en el ordenamiento jurídico.

En esta área podrán desarrollarse distintas actividades de uso sustentable, siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que esta área provee.”.

AL ARTÍCULO 22

47) Para eliminarlo.

AL ARTÍCULO 23, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 65

48) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su epígrafe la palabra “Actividades” por la frase “Proyectos o actividades”.

b) Intercálase, entre las palabras “respetar” y “el”, la frase “los objetivos de la categoría y”.

c) Reemplázase la expresión “de ésta” por “del área”.

AL ARTÍCULO 24, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 66

49) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la oración final del inciso primero, desde la preposición “Este” hasta la palabra “marítimas”, por la siguiente:

“Este decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes Nacionales cuando recaiga, en todo o parte, sobre inmuebles fiscales, y con la firma del Ministro de Defensa, cuando recaiga, en todo o parte, sobre áreas que se encuentran bajo su control a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, caso en el que deberá contar, además, con la firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Intercálase, entre las palabras “contener” y “la”, la frase: “, a lo menos,”.

ii. Reemplázase la expresión “los deslindes” por “la ubicación”.

iii. Agrégase, entre la expresión “protección” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “, y deberá adjuntar una cartografía que establezca los límites del área expresados en coordenadas”.

AL ARTÍCULO 26, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 68

50) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 68. Modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, sus límites u objeto de protección, sólo podrán modificarse mediante decreto supremo dictado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

Las áreas protegidas que se creen sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este párrafo.

En todo caso, la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá implicar un detrimento significativo a los objetivos del Sistema.

Copias de los decretos de desafectación o modificación de un área protegida deberán ser remitidas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y, asimismo, a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación.”.

ARTÍCULO 70, NUEVO

51) Para intercalar, a continuación del artículo 27 que pasó a ser artículo 69, el siguiente artículo 70, nuevo, adecuándose los demás en su numeración:

“Artículo 70. Administrador de área protegida del Estado. Las áreas protegidas del Estado podrán contar con un administrador, que será un funcionario del Servicio, responsable de la dirección y administración de una o más áreas.

Corresponderá al administrador:

a) Velar por la aplicación y el cumplimiento del plan de manejo del área.

b) Supervisar y evaluar el desempeño de los guardaparques y demás personal a su cargo.

c) Aplicar las medidas provisionales previstas en esta ley que sean de su competencia.

d) Aprobar planes de trabajo para la administración del área, e informar al Director Regional del Servicio de las acciones de administración de las áreas, de conformidad con las directrices establecidas por el Servicio.

e) Reportar al Director Regional respectivo cualquier evento extraordinario de relevancia que ocurra al interior del área a su cargo.

f) Formular a la autoridad correspondiente las denuncias por infracciones a las leyes que ocurran al interior del área a su cargo.

g) Coordinar acciones de fiscalización con personal de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones.

h) Supervisar las concesiones, cesiones de uso y permisos en áreas protegidas.

i) Cumplir con las demás funciones que se le encomienden.”.

AL ARTÍCULO 29, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 72

52) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Agrégase, al final del epígrafe del artículo, entre la palabra “protegidas” y el punto seguido, la expresión “del Estado”.

b) Reemplázase en el inciso primero la expresión “ser consistente con el objetivo del área” por “considerar los objetos de protección del área y ser consistente con la categoría”.

c) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“El plan de manejo definirá el marco regulatorio del área protegida, tanto para su adecuado manejo como para el desarrollo de actividades en su interior.”.

d) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Los planes de manejo podrán dividirse en varios programas que traten funciones específicas, tales como conservación, uso público, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, aspectos regulatorios, administración y coordinación.”.

AL ARTÍCULO 30

53) Para eliminarlo, adecuando los demás artículos su orden correlativo.

AL ARTÍCULO 31, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 73

54) Para reemplazar el actual artículo 31, que pasó a ser 73, por el siguiente:

“Artículo 73. Contenidos de un plan de manejo. Todo plan de manejo de un área protegida del Estado deberá contener, al menos, lo siguiente:

a) El objeto u objetos de protección.

b) Diagnóstico de presiones y amenazas sobre el o los objetos y las estrategias de manejo para mitigarlas o suprimirlas.

c) Los objetivos de manejo, de conformidad a lo establecido en esta ley.

d) Metas medibles, indicadores de seguimiento y un período para implementarlas.

e) Los antecedentes jurídicos del área, incluyendo su cartografía.

f) La descripción general del área, incluyendo los atributos y valores de conservación que justifican su creación.

g) Modelo de gestión.

h) Programas que establezcan sus objetivos específicos, estrategias, metas medibles e indicadores de seguimiento, con indicación de un período de implementación.

i) Evaluación de la intensidad de uso público, si corresponde.

j) Presupuesto y mecanismos de financiamiento.

k) Plan de inversiones.

l) Zonificación.

m) Definición de la zona de amortiguación, cuando corresponda.”.

AL ARTÍCULO 32

55) Para eliminar el actual artículo 32, adecuando el resto su orden correlativo.

AL ARTÍCULO 33, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 74

56) Para modificar el actual artículo 33, que pasó a ser artículo 74, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“El plan de manejo será elaborado por el Servicio, el que aprobará mediante resolución.”.

b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la frase “, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para ello” por la siguiente “y deberá revisarse al menos cada cinco años”.

c) Elimínase el inciso final.

AL ARTÍCULO 34, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 75

57) Para modificar el actual artículo 34, que pasó a ser artículo 75, del siguiente modo:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Dicho procedimiento deberá contemplar una etapa de participación de las comunidades existentes al interior y aledañas al área protegida, los gobiernos regionales y municipalidades pertinentes.”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Para el caso de áreas protegidas que contemplen la gestión sostenible o recuperación de especies hidrobiológicas de interés comercial, se deberá consultar a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura sobre el programa respectivo.

Asimismo, respecto de las áreas donde sea factible desarrollar turismo, se deberá consultar a la Subsecretaría de Turismo sobre el programa de uso público.”.

AL PÁRRAFO 5, QUE PASÓ A SER PÁRRAFO 6

58) Para agregar en el epígrafe del párrafo 5, que pasó a ser 6, luego de la palabra “protegidas”, la expresión “del Estado”.

AL ARTÍCULO 35, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 76

59) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 76. Cuerpo de guardaparques para áreas protegidas del Estado. El Servicio contará con un cuerpo de guardaparques, que será la autoridad competente para el manejo y fiscalización de las áreas protegidas del Estado.”.

AL ARTÍCULO 36, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 77

60) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 77. Funciones y atribuciones de los guardaparques. Los guardaparques deberán velar por la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas del Estado.

A los guardaparques corresponderá:

a) Apoyar el proceso de elaboración del plan de manejo del área, así como aplicarlo y velar por su cumplimiento.

b) Instruir y exigir a los visitantes el cumplimiento de las normas, usos y restricciones establecidas en la ley y en el respectivo plan de manejo.

c) Monitorear el estado de la biodiversidad del área y de sus componentes, así como registrar datos.

d) Informar y educar a los visitantes acerca de los valores ecológicos, patrimoniales, culturales y paisajísticos del área y los servicios ecosistémicos que ella provee.

e) Supervisar y ejecutar las acciones necesarias para la mantención de la infraestructura, equipamiento y bienes del área.

f) Controlar y fiscalizar las actividades que se desarrollen al interior del área.

g) Controlar y fiscalizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de concesionarios, cesionarios de uso y titulares de permisos que operen al interior del área.

h) Notificar a presuntos infractores sobre el inicio del procedimiento administrativo en su contra, mediante la entrega de copia del acta de fiscalización.

i) Cumplir con las demás funciones que se les encomienden.”.

AL ARTÍCULO 37

61) Para eliminar el actual artículo 37.

AL ARTÍCULO 38, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 78

62) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 78. Funciones de fiscalización. Corresponderá al Director Nacional del Servicio designar a los guardaparques que cumplirán funciones de fiscalización a que se refieren las letras f), g), y h) del artículo anterior, en las áreas protegidas del Estado.

Sólo podrán cumplir funciones de fiscalización aquellos guardaparques que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Contar con licencia de enseñanza media.

b) Haberse desempeñado, a lo menos, por cinco años como guardaparque.

c) Haber aprobado los cursos de formación y capacitación que disponga el Servicio.

Los guardaparques podrán ejercer sus funciones de fiscalización en áreas protegidas privadas, previo requerimiento fundado de su administrador al Director Regional del Servicio.”.

AL ARTÍCULO 39, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 79

63) Para eliminar en el inciso primero la expresión “y sus disponibilidades presupuestarias”.

AL ARTÍCULO 41, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 80

64) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 80. Concesiones en áreas protegidas del Estado. En beneficio de los objetivos del Sistema, el Servicio podrá otorgar concesiones en áreas protegidas situadas en bienes fiscales para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura y tengan una duración mayor a un año.

En aquellas áreas protegidas situadas en bienes que se encuentren bajo el control del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el Servicio podrá ceder el uso para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura permanente y tengan una duración mayor a un año, previo informe de la Subsecretaría referida.

Sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo.

Las concesiones en áreas protegidas no podrán exceder de treinta años.

Las reglas establecidas en la presente ley para las concesiones serán igualmente aplicables a las cesiones de uso.”.

AL ARTÍCULO 43, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 82

65) Para modificarlo, en el siguiente sentido:

a) Elimínanse las letras d) y e) del inciso segundo.

b) Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido:

i. Reemplázase, en la letra b), la expresión “ecoturísticas”, por la expresión “turísticas”.

ii. Reemplázase la letra c), por la siguiente:

“c) Participar en los procesos de otorgamiento de concesiones.”.

AL ARTÍCULO 44, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 83

66) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 83. Fijación y distribución de la renta concesional. La renta concesional será fijada por el Servicio, en base a los siguientes criterios:

a) Renta bruta anual del servicio o actividad a concesionar.

b) Monto de la inversión a ejecutar en el área protegida.

c) Evaluación de la factibilidad económica del proyecto a concesionar.

Las rentas percibidas por concesiones otorgadas en áreas protegidas del Estado se destinarán, entre otros, a la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al monitoreo del área de la concesión y al Fondo Nacional de la Biodiversidad.”.

AL ARTÍCULO 45, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 84

67) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “se podrán”, por la expresión “el Servicio podrá”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, el guarismo “50” por el número “89”.

c) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “Ministerio del Medio Ambiente” por la expresión “Servicio”.

AL ARTÍCULO 46, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 85

68) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 85. Concesionario. El Servicio sólo podrá otorgar concesiones sobre áreas protegidas del Estado a personas jurídicas.

En el caso de concesiones de turismo que se otorguen a título oneroso, el concesionario deberá actuar bajo un rol único tributario exclusivo para el desarrollo de la concesión.”.

AL ARTÍCULO 47, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 86

69) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 86. Procedimiento para el otorgamiento de concesión. Las concesiones podrán otorgarse a través de licitación pública o privada. Excepcionalmente podrán otorgarse directamente, siempre que sean gratuitas y en casos debidamente fundados.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas del Estado, según lo dispuesto en los artículos siguientes.”.

AL ARTÍCULO 48, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 87

70) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 87. Bases de licitación. Corresponderá al Servicio llevar a cabo el proceso de licitación, para lo que confeccionará una proposición de las bases para el llamado.

Tales bases deberán ajustarse a la categoría, objeto de protección y al respectivo plan de manejo del área, y podrán contemplar restricciones a la actividad a concesionar.”.

AL ARTÍCULO 49, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 88

71) Para modificar el actual artículo 49, que pasó a ser 88, en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Elimínase la expresión “de las áreas comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,”.

ii. Reemplázase la expresión “Ministerio del Medio Ambiente” por “Servicio”.

b) Elimínase el inciso segundo, pasando el actual tercero a ser segundo y así sucesivamente.

c) Elimínase en el actual inciso tercero, que pasó a ser segundo, la oración “de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

d) Reemplázase el actual inciso cuarto, que pasó a ser tercero, por el siguiente:

“Asimismo, copia de la escritura pública referida será remitida al Ministerio de Bienes Nacionales para su registro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del decreto ley Nº 1.939 de 1977.”.

e) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“En el caso de las cesiones que otorgue el Servicio en áreas que se encuentran bajo el control del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, copia de la escritura pública referida será remitida a dicha Subsecretaría, quien dictará una resolución que individualizará las coordenadas geográficas de la cesión de uso, entendiéndose otorgada la concesión marítima, para todos los efectos.”.

AL ARTÍCULO 50, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 89

72) Para reemplazar en el inciso segundo, la expresión “Ministerio” por “Servicio”, y eliminar la expresión “del Servicio”.

AL ARTÍCULO 51, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 90

73) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario, en conformidad al procedimiento sancionatorio.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente:

“La verificación de las causales establecidas en las letras c), d) y e) de este artículo será declarada por el Servicio, mediante resolución fundada.”.

AL ARTÍCULO 54

74) Para eliminar el actual artículo 54, adecuando el resto su orden correlativo.

A LOS ARTÍCULOS 93, 94 y 95 NUEVOS

75) Para intercalar, a continuación del actual artículo 53 que pasó a ser artículo 92, los siguientes artículos 93, 94 y 95, nuevos, adecuándose el actual artículo 55 como artículo 96:

“Artículo 93. Concesiones sectoriales. Las concesiones destinadas a fines distintos a los establecidos en el artículo 80 y que recaigan en áreas protegidas se regirán por sus leyes respectivas.

No obstante, para el otorgamiento de concesiones se deberá considerar lo dispuesto en la presente ley. Para tal efecto, el órgano competente deberá solicitar informe al Servicio.

Artículo 94

. Permiso. Toda actividad de carácter transitorio o que no requiera la instalación de infraestructura permanente, que se pretenda desarrollar en un área protegida del Estado y que no sea de aquellas referidas en el artículo 10 de la ley N° 19.300, deberá contar con un permiso del Servicio.

Con todo, no requerirán del permiso anterior las actividades que sean exceptuadas expresamente en el plan de manejo del área o en el decreto de creación de la misma.

Dicho permiso sólo será otorgado en caso que la actividad se ajuste a la categoría, al objeto de protección y al plan de manejo del área, y su duración no podrá exceder el plazo de un año, renovable a solicitud del interesado.

El Servicio podrá establecer obligaciones o condiciones al otorgar un permiso, a fin de garantizar lo dispuesto en el inciso anterior.

Asimismo, el Servicio podrá requerir una retribución monetaria o no monetaria por el otorgamiento de un permiso, cuando éste recaiga en una actividad con fines comerciales.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de permisos, así como los criterios para fijar la retribución.

Artículo 95

. Acceso a recursos genéticos. Sin perjuicio del permiso referido en el artículo anterior, el Servicio podrá regular las condiciones de acceso a recursos genéticos en áreas protegidas del Estado, así como los beneficios que se deriven de su utilización, a través de convenios con los solicitantes.”.

AL PÁRRAFO 7, QUE PASÓ A SER PÁRRAFO 8

76) Para reemplazar el epígrafe del actual párrafo 7, que pasó a ser párrafo 8, por el siguiente:

“Párrafo 8

Áreas protegidas privadas”.

AL ARTÍCULO 97, NUEVO

77) Para intercalar al inicio del párrafo 7, que pasó a ser párrafo 8, el siguiente artículo 97, nuevo, adecuando los demás su numeración correlativa:

“Artículo 97. Áreas protegidas privadas. Las áreas protegidas privadas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, contribuyendo con ello a la conservación de la biodiversidad del país.

Tales áreas deberán acogerse a alguna de las categorías establecidas en el artículo 56, según corresponda.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el procedimiento, los plazos, las condiciones y los requisitos para la creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas privadas, transferencias de dominio, obligaciones del propietario y administrador, así como para optar a los beneficios que se establezcan en la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se seguirá lo dispuesto en los artículos siguientes.”.

AL ARTÍCULO 56, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 98

78) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 98. Solicitud de creación. El procedimiento para la creación de un área protegida privada se iniciará mediante una solicitud voluntaria que presentará el o los propietarios del área ante el Director Regional del Servicio del lugar en que se sitúe el área respectiva, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Una vez presentada la solicitud, el Director Regional verificará que ésta reúna la siguiente información sobre el área:

a) Ubicación y superficie, incluidos sus límites expresados en coordenadas.

b) Propiedad del inmueble, con indicación de los datos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

c) Características ecológicas y ambientales del área.

d) Categoría de protección propuesta.

e) Objetos de protección.

f) Lineamientos generales de manejo.

g) Administrador del área.

h) Antecedentes técnicos que justifiquen su incorporación al Sistema.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el número precedente, se requerirá al solicitante para que subsane la falta, indicando que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición y se concluirá el procedimiento, sin necesidad de dictar una resolución posterior.

3. Admitida a trámite la solicitud, junto con notificar al interesado, el Director Regional remitirá el expediente al Director Nacional del Servicio para su análisis y elaboración de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas y su opinión sobre la necesidad de acoger o rechazar la solicitud.

4. El Servicio remitirá los antecedentes al Ministerio del Medio Ambiente para su pronunciamiento. Si a juicio del Ministerio la solicitud no reúne el mérito suficiente para crear un área protegida privada, se lo comunicará así al solicitante, expresando los fundamentos que respaldan dicha decisión.”.

AL ARTÍCULO 57, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 99

79) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 99. Creación de las áreas protegidas privadas. La creación de las áreas protegidas privadas se realizará a través de un decreto supremo que dictará el Ministerio del Medio Ambiente, previo análisis de fondo de los antecedentes recibidos y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Dicho decreto deberá contener, a lo menos, la categoría de protección, la superficie, la ubicación y el o los objetos de protección, así como una cartografía adjunta que establezca los límites expresados en coordenadas.

El propietario deberá reducir el decreto supremo a escritura pública e inscribirla en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y anotarla al margen de la inscripción de dominio respectiva.”.

AL ARTÍCULO 58, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 100

80) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 100. Modificación y desafectación. La modificación y desafectación de las áreas protegidas privadas se regirán por lo dispuesto en el artículo 68.”.

ARTÍCULO 101, NUEVO

81) Para intercalar, a continuación del artículo 100, el siguiente artículo 101, nuevo, ajustando los demás su numeración correlativamente:

“Artículo 101. Transferencia de dominio. La transferencia de dominio de un área protegida privada no alterará de forma alguna su carácter de tal y su regulación aplicable.

Todo acto o contrato que dé lugar a tal transferencia deberá así señalarlo expresamente. Los conservadores de bienes raíces no inscribirán aquellos actos o contratos que sirvan de título para la transferencia de dominio que no se ajusten a lo señalado. Asimismo, los actos o contratos que contravengan dicha regla serán absolutamente nulos.

El propietario de un área protegida privada deberá informar al Servicio sobre la transferencia de su dominio a un tercero.”.

AL ARTÍCULO 59, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 102

82) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “áreas protegidas de propiedad privada” por “áreas protegidas privadas”.

ii. Reemplázase la expresión “gestión” por “administración”.

iii. Intercálase, entre la palabra “área” y el punto final, la siguiente frase: “, la cual será calificada por el Servicio”;

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “gestión” por “administración”.

ii. Elimínase la expresión “privados”.

c) Agréganse, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Para tal efecto, podrá requerirles los antecedentes o documentos que estime necesarios para verificar que las actividades de manejo que se desarrollen en su interior cumplan con los objetivos del área y con el plan de manejo. Con el mismo objeto, los fiscalizadores designados por el Servicio podrán ingresar a las áreas protegidas privadas y realizar en ellas labores de inspección.

Todo cambio de administrador de un área protegida privada requerirá de la autorización previa del Servicio.

En todo caso, el propietario será solidariamente responsable por los actos del administrador.”.

AL ARTÍCULO 60, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 103

83) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero la frase “de propiedad privada” por “privadas”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con todo, tales planes de manejo contendrán, a lo menos, lo dispuesto en las letras a) a h) del artículo 73.”.

AL ARTÍCULO 61, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 104

84) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Modíficase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Elimínase la expresión “propietarios o”.

ii. Reemplázase la palabra “gestión” por “administración”.

iii. Elimínase la frase final “, así como de gestores de las mismas”.

iv. Sustitúyese la expresión “áreas protegidas de propiedad privada” por “áreas protegidas privadas”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “áreas protegidas de propiedad privada” por “áreas protegidas privadas”.

AL ARTÍCULO 62, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 105

85) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 105. Incentivos. Las áreas protegidas privadas gozarán de los siguientes beneficios:

a) Exención del impuesto territorial, en tanto cumplan con el plan de manejo del área.

b) Exención del impuesto a la herencia.

c) Bonificaciones a través del Fondo Nacional de la Biodiversidad.

d) Participación en los programas de formación y capacitación para guardaparques.”.

AL ARTÍCULO 63

86) Para eliminar el actual artículo 63, adecuando el resto su orden correlativo.

AL ARTÍCULO 65

87) Para eliminar el actual artículo 65, adecuando el resto su orden correlativo.

AL ARTÍCULO 107, NUEVO

88) Para intercalar, a continuación del actual artículo 64 que pasó a ser artículo 106, el siguiente artículo 107, nuevo, adecuando el resto su orden correlativo:

“Artículo 107. Prohibiciones en áreas protegidas. Se prohíbe a toda persona ajena a la administración del área:

a) Remover o extraer hojarasca, humus, turba, arena o ripio.

b) Intimidar, cazar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte a ejemplares de la fauna nativa.

c) Destruir nidos, lugares de aposentamiento, reproducción o crianza o ejecutar acciones que interfieran o impidan el cumplimiento del ciclo de reproducción de las especies nativas.

d) Cortar, arrancar, extraer o mutilar ejemplares de plantas, algas, hongos o líquenes.

e) Recolectar huevos, semillas o frutos.

f) Introducir ejemplares de especies nativas o exóticas.

g) Introducir ganado u otros animales domésticos.

h) Provocar contaminación acústica, lumínica, atmosférica o visual.

i) Liberar, vaciar o depositar residuos en lugares no habilitados para el efecto.

j) Liberar, vaciar o depositar sustancias peligrosas en los sistemas hídricos o en el suelo.

k) Alterar las condiciones de un área protegida o de los componentes propios de ésta mediante ocupación, aradura, corta, arranque u otras acciones semejantes.

l) Interrumpir, bloquear, alterar o drenar cuerpos o cursos de agua, incluyendo humedales.

m) Instalar carteles de publicidad.

n) Causar deterioro en las instalaciones existentes.

o) Usar o portar armas.

p) Pernoctar, comer, encender fuego, instalar campamentos, estacionar, fondear o transitar en lugares o sitios que no se encuentren habilitados o autorizados para ello.

q) Ingresar a las áreas protegidas sin haber pagado el derecho a ingreso, si corresponde.

Esta prohibición no se aplicará a quienes cuenten con el permiso establecido en el artículo 94, ni a quienes ejecuten proyectos o actividades al interior del área, en conformidad a la legislación aplicable. Asimismo, esta prohibición no será considerada para efectos de la evaluación de impacto ambiental ni para el otorgamiento de las concesiones sectoriales a que se refiere el artículo 93, pudiendo el proponente incurrir en ellas una vez obtenida una resolución de calificación ambiental favorable.”.

AL TÍTULO V DE LA FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

89) Para reemplazar el epígrafe del título V por el siguiente:

“TÍTULO V

DE LA FISCALIZACIÓN, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECLAMACIONES”.

AL ARTÍCULO 86, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 108

90) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“El Servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo de las áreas protegidas, de las obligaciones de los propietarios y administradores de las áreas protegidas privadas, de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión, de los permisos otorgados en las áreas protegidas y, en general, de todas las actividades que se desarrollen en éstas.”.

b) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual tercero a ser cuarto:

“Asimismo, el Servicio fiscalizará el cumplimiento de los planes de manejo para la conservación; planes de restauración ecológica, y planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas y especies exóticas invasoras, sin perjuicio de la normativa especial vigente en materia de sanidad vegetal y animal. Para lo dispuesto en este inciso, deberá suscribir previamente con el Servicio Agrícola y Ganadero o con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, cuando corresponda, un convenio de encomendamiento de dichas funciones.”.

ARTÍCULO 116, NUEVO

91) Para intercalar, a continuación del actual artículo 93, que pasó a ser 115, el siguiente artículo 116, nuevo, adecuando el resto su orden correlativo:

“Artículo 116. Concurso de infracciones. Si una conducta constituye al mismo tiempo infracción administrativa de conformidad a ésta y otra ley, se aplicará el procedimiento y sanciones establecidos en aquel cuerpo legal que imponga una sanción de mayor entidad.

La regla anterior no se aplicará cuando la infracción constituya un incumplimiento de una resolución de calificación ambiental. En tal caso, la Superintendencia del Medio Ambiente será el único órgano competente para sancionar.”.

AL ARTÍCULO 95, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 118

92) Para reemplazar en su inciso primero, la expresión “cuatro” por “tres”.

AL ARTÍCULO 96, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 119

93) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la letra b) del número 1 por la siguiente:

“b) Restitución total de los beneficios obtenidos como área protegida privada en virtud de lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 105.”.

b) Modifícase el número 2 en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la letra b) por la siguiente:

“b) Restitución parcial de los beneficios obtenidos como área protegida privada en virtud de lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 105.”.

ii. Reemplázase en la letra c) la expresión “según corresponda,” por “que no podrá superar la mitad del tiempo otorgado al efecto.”.

c) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. En el caso de las infracciones leves:

a) Multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales.

b) Prestación de servicios en beneficio de un área protegida, si el infractor consiente en ello.”.

d) Reemplázase el inciso final por el siguiente:

“El monto específico de la multa se determinará fundadamente, apreciando la gravedad y las consecuencias del hecho, la capacidad económica del infractor, la colaboración que el infractor preste al Servicio antes o durante la investigación y si éste hubiere cometido otras infracciones a la presente ley, de cualquier naturaleza, en los últimos 24 meses.”.

ARTÍCULO 120, NUEVO

94) Para intercalar, a continuación del actual artículo 96 que pasó a ser artículo 119, el siguiente artículo 120, nuevo, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 120. Pago de multa. El monto de las multas impuestas por el Servicio será a beneficio fiscal y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133.

Las resoluciones del Servicio que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.”.

AL PÁRRAFO 4

94) Para reemplazar en el título V, a continuación del artículo 120, el epígrafe del párrafo 4,por el siguiente:

“Párrafo 4

Actos previos al procedimiento sancionatorio”.

AL ARTÍCULO 97, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 121

95) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 121. Acta de fiscalización. Los fiscalizadores que constaten hechos que pudiesen constituir infracciones reguladas en esta ley, levantarán un acta de fiscalización en la que describirán de manera objetiva y detallada tales hechos e identificarán al o los presuntos infractores, con expresa indicación de su domicilio. Con el solo mérito de esta acta podrá iniciarse el procedimiento administrativo sancionador.”.

AL ARTÍCULO 98, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 122

96) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su inciso primero, la frase “, como también, de las disposiciones contenidas en los respectivos planes de manejo.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, deberán contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.”.

AL ARTÍCULO 100, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 124

97) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

i. Reemplázase su encabezado por el siguiente:

”Artículo 124. Medidas provisionales. Constatado por un fiscalizador uno o más hechos que pudiesen constituir infracciones reguladas en esta ley, éste podrá solicitar al Director Regional que ordene las siguientes medidas provisionales:”.

ii. Reemplázase la letra a) por la siguiente:

“a) Medidas de corrección, seguridad o control de los impactos derivados de la infracción.”.

iii. Reemplázase en la letra f) la palabra “Decomisar” por la expresión “Decomiso de”.

b) Modíficase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la primera conjunción disyuntiva “o” por una coma.

ii. Reemplázase la frase “dañar al medio ambiente” por “significar una pérdida, disminución o menoscabo de uno o más componentes de la biodiversidad”.

c) Incorpóranse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Tales medidas serán esencialmente temporales y deberán ser proporcionales al tipo de infracción.

En el caso de las medidas provisionales señaladas en las letras d) y e), el Servicio deberá obtener la autorización previa del Tribunal Ambiental respectivo. La autorización deberá obtenerse por la vía más expedita posible, siendo admisible, incluso, la otorgada vía telefónica, de alguno de sus ministros, según la regla de turno que se determine mediante autoacordado, que deberá contemplar a un titular y a un suplente.”.

AL ARTÍCULO 101, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 125

98) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “el funcionario fiscalizador o instructor” por “el Director Regional”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “artículo siguiente” por “artículo 128”.

A LOS ARTÍCULOS 126 y 127, NUEVOS

99) Para agregar al final del párrafo 4, a continuación del artículo 101 que pasó a ser 125, los siguientes artículos 126 y 127, nuevos, adecuando los demás su orden correlativo:

“Artículo 126. Medidas correctivas. Frente a infracciones flagrantes, y sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que se instruya para establecer la responsabilidad y las sanciones que correspondan, el Servicio podrá ordenar el restablecimiento de la legalidad requiriendo el cumplimiento del instrumento o norma infringida dentro de un plazo prudencial que no exceda los cinco días corridos.

Artículo 12

7. Incumplimientos menores. El Servicio podrá determinar, en consideración a la entidad del hecho, incumplimientos menores que darán lugar a disconformidades. Formulada por escrito una disconformidad, deberá ser subsanada en un plazo que no podrá exceder de diez días corridos. Vencido el plazo, si subsiste la disconformidad, se cursará la infracción, conforme al procedimiento del párrafo siguiente, y si ha sido subsanada, no se cursará la infracción. Las disconformidades sólo podrán formularse respecto de procedimientos, incumplimiento de plazos u otras faltas menores que no configuren infracciones gravísimas o graves.”.

PÁRRAFO 5, NUEVO

100) Para intercalar entre los artículos 127 nuevo y el artículo 102 que pasó a ser 128, el siguiente párrafo 5, nuevo, adecuando los demás su numeración:

“Párrafo 5

Del procedimiento sancionador”

AL ARTÍCULO 102, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 128

101) Para modificarlo de la siguiente manera:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “5 días” por la expresión “diez días”.

b) Intercálase en el inciso tercero, entre las expresiones “la norma,” y “medidas”, la palabra “instrumento,”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “10” por la palabra “quince”, y la expresión “y acompañar todos sus medios de prueba” por “, acompañar sus medios de prueba y ofrecer aquéllos que no puedan ser acompañados en dicho acto”.

AL ARTÍCULO 103, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 129

102) Para reemplazar la expresión “15” por la palabra “treinta”.

AL ARTÍCULO 104, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 130

103) Para reemplazar en su inciso segundo la frase “Los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva, gozarán de una presunción de legalidad” por la siguiente frase: “Se presume legalmente la veracidad de los hechos constatados por los fiscalizadores y que consten en el acta de fiscalización respectiva”.

AL ARTÍCULO 106, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 132

104) Para reemplazar en el inciso primero la expresión “artículo 109” por “artículo 129”.

PÁRRAFO 6, NUEVO

105) Para intercalar en el Título V, el siguiente párrafo 6, nuevo, pasando el actual párrafo 5 a ser 7:

“Párrafo 6

Reclamaciones”.

AL ARTÍCULO 107, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 133

106) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 133. Reclamación. Los siguientes actos administrativos podrán ser reclamados ante los Tribunales Ambientales, en el marco de lo dispuesto en el artículo 17 número 9 de la ley N° 20.600:

a) Resolución del Director Regional del Servicio que imponga una o más sanciones.

b) Resolución del Servicio que apruebe un plan de manejo para la conservación, un plan de restauración ecológica o un plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas y exóticas invasoras.

c) Decreto supremo que cree, modifique o desafecte un área protegida.

d) Resolución que apruebe o modifique un plan de manejo de un área protegida.

e) Resolución que otorgue una concesión en un área protegida del Estado o autorice su transferencia.

f) Resolución del Servicio que autorice o deniegue un permiso para realizar una actividad transitoria, o que no requiera la instalación de infraestructura permanente, en un área protegida del Estado.

g) Decreto supremo que determine aquellos sitios prioritarios de primera prioridad.

Lo anterior es sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, de acuerdo a las reglas generales.”.

ARTÍCULOS 134, 135, 136 y 137, NUEVOS

107) Para intercalar en el párrafo 6, nuevo, a continuación del artículo 107 que pasó a ser artículo 133, los siguientes artículos 134, 135, 136 y 137, nuevos:

“Artículo 134. Competencia. Será competente para conocer la reclamación, dependiendo del acto administrativo señalado en el artículo anterior:

a) En el caso de la letra a), el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado la infracción.

b) En el caso de las letras b) y g), el Tribunal Ambiental del lugar donde se aplique el instrumento contenido en el respectivo acto administrativo.

c) En el caso de las letras c), d), e) y f), el Tribunal Ambiental del lugar donde se ubica la respectiva área protegida.

Artículo 13

5. Legitimación activa. Son titulares de la reclamación referida, dependiendo del literal del artículo 133 de que se trate:

a) En el caso de la letra a), la persona sancionada.

b) En el caso de las letras b) y g), cualquier persona que considere que el instrumento no se ajusta a la ley o su reglamento y le causa perjuicio.

c) En el caso de las letras c), d), e), así como f), en este último caso cuando se autorice un permiso, cualquier persona que considere que se infringe la ley, su reglamento o los objetivos del instrumento.

d) En el caso de la letra f), cuando se deniegue un permiso, la persona directamente afectada.

Artículo 13

6. Plazo. El plazo para interponer la reclamación será de treinta días hábiles, contado desde la fecha de la notificación de la respectiva resolución o publicación del decreto.

Artículo 13

7. Procedimiento. El procedimiento de reclamación se regirá por lo dispuesto en el párrafo 2 del título III de la ley N° 20.600.”.

AL ARTÍCULO 108, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 138

108) Para reemplazar el actual artículo 108, que pasó a ser 138, por el siguiente:

“Artículo 138. Recursos contra la resolución del Tribunal Ambiental. En contra de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Ambiental sólo procederá el recurso de apelación cuando sean de aquéllas que declaran la inadmisibilidad de la reclamación, las que reciben la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su tramitación. Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de diez días contado desde la notificación de la resolución respectiva, y será conocido por la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que haya dictado la resolución apelada.

En contra de la sentencia definitiva procederán los recursos de casación en el fondo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, y en la forma, de acuerdo con el artículo 26 inciso cuarto de la ley N° 20.600, que Crea los Tribunales Ambientales, respectivamente.

El recurso de casación deberá interponerse ante el Tribunal Ambiental que dictó la resolución recurrida para ante la Corte Suprema y tendrá preferencia para su vista y fallo. Para tales efectos, los plazos y procedimientos para el conocimiento del recurso de casación se ajustarán a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

No será aplicable para estos efectos lo dispuesto en los artículos 769 y 775 del mismo Código.”.

AL ARTÍCULO 109, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 139

109) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso segundo, por el siguiente:

“Este registro deberá publicarse en el sitio electrónico del Servicio.”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “El reglamento” por la siguiente frase: “Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente”.

AL ARTÍCULO 110

110) Para eliminar el actual artículo 110, adecuando el resto su orden correlativo.

AL ARTÍCULO 113, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 142

111) Para modificarlo de la siguiente manera:

a) Reemplázase el número 4) por el siguiente:

“4) Reemplázase el inciso segundo del artículo 37 por el siguiente:

“De conformidad a dichas clasificaciones, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deberá aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de especies, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.”.”.

b) Reemplázase el número 5) por el siguiente:

“5) Modifícase el artículo 42 en el siguiente sentido:

a) Reemplázanse en el inciso primero la expresión “El Ministerio del Medio Ambiente” por “El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, y la expresión “la presentación y” por “el”.

b) Agrégase en el inciso final, entre las expresiones “aplicará a” y “aquellos”, lo siguiente: “los planes de manejo de áreas protegidas ni a”.”.

c) Intercálase un nuevo número 6), pasando el actual 6) a ser 7), y así sucesivamente:

“6) Modifícase el artículo 64 en el siguiente sentido:

a. Sustitúyese la coma que sigue a la palabra “Descontaminación” por la conjunción copulativa “y”.

b. Elimínase la frase “así como de los planes de manejo establecidos en la presente ley, cuando correspondan.”.”.

d) Suprímase el literal d) del actual número 7), que pasó a ser número 8) nuevo.

AL ARTÍCULO 143, NUEVO

112) Para agregar el siguiente artículo 143, nuevo:

“Artículo 143. Ley N° 20.417. Modifícase el artículo segundo de la ley N° 20.417, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y fija su ley orgánica, en el siguiente sentido:

1) Elimínase, en el inciso primero, del artículo 2, la frase “y de los Planes de Manejo, cuando corresponda,”.

2) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Elimínase, en la letra c), la frase “y de los Planes de Manejo, cuando procedan,”.

b) Elimínase, en la letra m), la expresión “Manejo,”.

3) Elimínanse en el artículo 35 las letras i) y k).”.

AL ARTÍCULO 115, QUE HA PASADO A SER ARTÍCULO 145

113) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el número 4), por el siguiente:

“4) Incorpórase en el artículo 122 un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Asimismo, los funcionarios del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas podrán ejecutar acciones de fiscalización del cumplimiento de la presente ley en las áreas protegidas, los sitios prioritarios, los ecosistemas amenazados y los ecosistemas degradados, previo convenio de encomendamiento de funciones celebrado con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. En el ejercicio de dicha atribución, tendrán la calidad de ministros de fe.”.”.

b) Reemplázase en el número 5) la frase “estarán asimismo facultados para” por la expresión “deberán”.

c) Intercálase, el siguiente número 6), nuevo, pasando el actual a ser 7:

“6) Reemplázase el artículo 158, por el siguiente:

“Artículo 158. Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales, parques marinos y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura.”.”.

AL ARTÍCULO 116, QUE PASÓ A SER 146

114) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el número 1) la expresión “en peligro crítico o en peligro” por “en peligro crítico, en peligro o vulnerable”.

b) Agrégase, en la letra a) del número 9), a continuación de la coma que sigue a la palabra “Protegidas”, la expresión “en este caso de acuerdo al convenio de encomendamiento de funciones de fiscalización respectivo,”.

AL ARTÍCULO 117, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 147

115) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su número 3) por el siguiente:

“3) Modifícase el artículo 7, en el siguiente sentido:

a) Reemplazáse, el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 7.- Se prohíbe la caza o la captura en áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas que constituyen reservas de la biósfera conforme al Programa del Hombre y la Biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos, y en lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas o aves migratorias protegidas bajo el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Intercálase, entre la palabra “precedente” y la coma que le sigue, la frase “que no sean áreas protegidas”.

ii. Elimínase la oración final “En estos casos, deberán contarse, además, con el permiso de la autoridad que tenga a su cargo la administración del área silvestre protegida”.”.

b) Intercálase, en su número 6), entre las palabras “Protegidas” y “en”, la expresión “, en este caso de acuerdo al convenio de encomendamiento de funciones de fiscalización respectivo,”.

AL ARTÍCULO 118, QUE PASÓ A SER ARTÍCULO 148

116) Para modificarlo en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su número 4) por el siguiente:

“4) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro” por la frase “las categorías en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Para autorizar las intervenciones a que se refiere el inciso anterior, se requerirá del informe favorable del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el sentido que la intervención no amenaza la continuidad de la especie a nivel de la cuenca.”.”.

b) Reemplázase su número 7) por el siguiente:

“7) Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:

a) Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la palabra “Corporación”, la frase “o por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en este caso de acuerdo al convenio de encomendamiento de funciones de fiscalización respectivo”.

b) Agrégase, en los incisos segundo y tercero, a continuación de la palabra “Corporación” la frase “o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en este caso de acuerdo al convenio de encomendamiento de funciones de fiscalización respectivo,”.”.

AL ARTÍCULO 152, NUEVO

117) Para agregar, a continuación del artículo 121 que pasó a ser 151, el siguiente artículo 152, nuevo:

“Artículo 152. Código de Aguas. Agrégase, en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente:

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 de este Código, y considerados en los artículos 2 y 9 de la ley N°19.253, respectivamente; los derechos de aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último caso, un reglamento establecerá las condiciones que deba contener la solicitud del derecho de aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no extraer las aguas; la justificación del caudal requerido; y la zona o tramo del cauce que se verá comprometido.”.”.

AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

118) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo primero. Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, suscritos por el Ministro de Hacienda y por el Ministro de Agricultura, establezca las normas necesarias para:

1) Fijar los grados mínimos y máximos de la escala única de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, para cada uno de los estamentos del Servicio, y para el personal que cumple funciones como guardaparque en dicho Servicio.

2) Fijar la planta de personal de Directivos del Servicio, pudiendo al efecto fijar el número de cargos, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que se encuentren afectos al título VI de la ley N° 19.882, y el grado de la escala única de remuneraciones del decreto ley N° 249, de 1974, asignado a cada uno de esos cargos.

3) Ordenar el traspaso al Servicio, sin solución de continuidad del personal de la Corporación Nacional Forestal que preste servicios para la protección de la biodiversidad y de las áreas silvestres protegidas, así como de la administración y gestión de las mismas, fijando el número máximo de personal a traspasar y el plazo en que se llevará a cabo este proceso el cual deberá partir a los tres años contado desde la entrada en funcionamiento del Servicio. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, el cual señalará la época en que se hará efectivo el traspaso de acuerdo a lo señalado anteriormente.

4) El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado se entenderá postergado por causa que otorgue derecho a percibirlo. En tal caso la indemnización se determinará computando el tiempo servido en la Corporación Nacional Forestal. Además se computará el tiempo trabajado en el Servicio que crea la presente ley.

5) El uso de las facultades señaladas en el numeral 3) quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones o modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) El personal traspasado conservará la asignación de antigüedad que tenga reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

6) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta que fije. Igualmente fijará la dotación máxima de personal del Servicio. También establecerá la fecha en que dicho Servicio entrará en funcionamiento.

7) Traspasar los recursos y bienes que correspondan de la Corporación Nacional Forestal al Servicio.

8) A los funcionarios que sean traspasados desde la Corporación Nacional Forestal al Servicio, de conformidad a lo establecido en el numeral 3) del presente artículo, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley, debiendo regirse en dichas materias por las normas que se encontraban vigentes en la mencionada Corporación al momento del traspaso.

Sin perjuicio de lo anterior, los mencionados trabajadores podrán someterse de manera voluntaria e irrevocable a la regulación de dicho artículo, de lo que se deberá dejar constancia en el respectivo contrato de trabajo.”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

119) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo cuarto. Se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas los parques marinos, parques nacionales, parques nacionales de turismo, monumentos naturales, reservas marinas, reservas nacionales, reservas forestales, santuarios de la naturaleza, áreas marinas y costeras protegidas, bienes nacionales protegidos y humedales de importancia internacional o sitios Ramsar creados hasta la fecha de publicación de la presente ley.

Mientras no se proceda a una modificación de acuerdo al artículo 68 o al artículo transitorio siguiente, según corresponda, a las áreas protegidas existentes se le aplicarán las siguientes categorías de protección:

a) Parque Marino: a los parques marinos.

b) Parque Nacional: a los parques nacionales y los parques nacionales de turismo.

c) Monumento Natural: a los monumentos naturales y los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar que no se encuentren bajo otra categoría de protección.

d) Reserva Marina: a las reservas marinas.

e) Reserva Nacional: a las reservas nacionales y las reservas forestales.

f) Santuario de la Naturaleza: a los santuarios de la naturaleza.

g) Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos: a las áreas marinas y costeras protegidas.

En el caso de los bienes nacionales protegidos, se estará a lo dispuesto en sus respectivos decretos de creación.”.

AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO

120) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo quinto. Las reservas marinas, las reservas forestales, los santuarios de la naturaleza, los humedales de importancia internacional y los bienes nacionales protegidos existentes a la fecha de publicación de la presente ley, deberán someterse a un proceso de homologación a las categorías de protección, de acuerdo a las reglas siguientes:

a) En el caso de las reservas marinas, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio, deberá determinar en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, las áreas que deban ser calificadas como reservas de interés pesquero o aquéllas que deban ser reconocidas como reservas marinas.

b) En el caso de las reservas forestales, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio, deberá determinar en conjunto con el Ministerio de Agricultura las áreas que deban ser calificadas como reservas forestales o aquéllas que deban ser reconocidas como reservas nacionales.

c) En el caso de los santuarios de la naturaleza, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio, deberá determinar si corresponde que mantengan su categoría como santuario o bien si deben adscribirse a otra.

d) En el caso de los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar que no se encuentren bajo otra categoría de protección, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio, deberá determinar la categoría de protección aplicable.

e) En el caso de bienes nacionales protegidos, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del Servicio, deberá determinar en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, qué áreas deben continuar formando parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y bajo qué categoría.”.

AL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

121) Para incorporar un inciso final, del siguiente tenor:

“La creación de un área protegida tampoco obstará el desarrollo de aquellas actividades que, al interior de esta área, contaren con una Resolución de Calificación Ambiental Favorable.”.

AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

122) Para eliminarlo.

AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

123) Para eliminarlo

AL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, QUE PASÓ A SER SÉPTIMO

124) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo séptimo. Mientras no se realice la planificación ecológica referida en el artículo 29, se entenderá que son sitios prioritarios para la conservación aquéllos identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.”.

AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

125) Para eliminarlo.

AL ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO, QUE PASÓ A SER OCTAVO TRANSITORIO

126) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo octavo. Las funciones y atribuciones del Servicio establecidas en la letra b), del artículo 5, entrarán en vigencia en el plazo de tres años contado desde la entrada en funcionamiento del Servicio, cuando recaigan en áreas protegidas del Estado de las categorías parque nacional, reserva nacional y monumento natural.”.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO, NUEVO

127) Para agregar el siguiente artículo noveno transitorio, nuevo:

“Artículo noveno. En los casos en que el área protegida comprenda sectores en que se encuentren ubicadas concesiones de acuicultura, el titular de la misma podrá relocalizar su concesión conforme a la ley N° 20.434, gozando de preferencia frente a otras solicitudes de concesión o relocalización, salvo respecto de las preferencias establecidas en la citada ley. Dicha preferencia regirá aun cuando no exista suspensión de otorgamiento de concesiones de acuicultura en las regiones de Los Lagos y de Aysén.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Defensa Nacional

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro Secretario General de la Presidencia

LUIS FELIPE CÉSPEDES CIFUENTES

Ministro de Economía, Fomento y Turismo

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

CARLOS FURCHE GUAJARDO

Ministro de Agricultura

PABLO BADENIER MARTÍNEZ

Ministro del Medio Ambiente

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. BOLETÍN Nº 9.404-12

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

A la sesión en que la Comisión se ocupó de este asunto asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Alfonso de Urresti, Alejandro García Huidobro, Guido Girardi Lavín, Antonio Horvath Kiss y Jorge Pizarro Soto.

Concurrieron, además, especialmente invitados, en representación de las entidades que se indican, las siguientes personas:

Del Ministerio de Medio Ambiente: el Ministro señor Marcela Mena; el ex Ministro, señor Pablo Badenier; el Subsecretario, señor Jorge Canals; la asesora de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, señora Alejandra Figueroa; el Jefe del Departamento de Legislación Ambiental, señor David Bortnick. (2016); los Abogados de la División Jurídica, señora Lorna Puschel e Isidora Infante y señor Alejandro Correa.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores de la División Jurídico Legislativa, señora Valeria Ortega y señor Vicente Manríquez; los Asesores señores Esteban Contador, Guillermo Briceño y señora Constanza González.

De la Dirección de Presupuestos: la Jefa del Sector Ministerios Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; el abogado de la Subdirección de Racionalización y Función Pública, señor Luis Sánchez; y el abogado, señor Rodrigo Quinteros.

Del Ministerio de Agricultura: el ex asesor del Ministro, señor Jaime Naranjo; el ex asesor legislativo de CONAF y actual Jefe de de Gabinete del Ministro de Agricultura, señor Rodrigo Herrera.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: el asesor, señor Enrique Vivanco; el asesor, señor Erich Schnake

La asesora del Ministerio Público, señora Erika Flores. La Vicepresidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (FENASIC) señora Mónica Muñoz; la Tesorera, señora Patricia Argandoña y la Secretaria, señora Rosa Vásquez.

Los representantes del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF (SINAPROF): el Presidente, señor Manuel Soler; señora Rosa Vasquez; y la representante del Sindicato de Trabajadores, señora Mónica Muñoz.

ASESORES PARLAMENTARIOS

De la H. Senadora Allende, señor Alejandro Sánchez; del H. Senador Moreira, señores Pablo Terrazas, Carlos Oyarzún y Héctor Mery; del H. Senador Girardi, señoras Victoria Fullerton y Josefina Correa; del H. Senador De Urresti, señora Melissa Mallega; del H. Senador Horvath, señor Patricio Araya; del Comité DC, señor Luis Espinoza; del Comité PS, señor Rafael Ferrada; de la Bancada PS, señora Paulin Silva; el periodista del H. Senador Walker, señor Nicolás Gutiérrez.

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Del Instituto de Ecología Política, señora Pamela Poo; de la Fundación Jaime Guzmán, señora Mikaela Romero; de Libertad y Desarrollo, señora Cristina Torres y señor Carlos Oyarzún; la Directora de la Organización Chile Sustentable, señora Sara Larraín y la Asesora, señora María Isabel Manzur; la Coordinadora del Observatorio Parlamentario de Chile Sustentable, señora Nathalie Joignant; de Fundación Terram: la Directora, señora Flavia Liberona, la investigadora de la Fundación, señora Elizabeth Soto; el asesor, señor Ignacio Martínez, y el abogado del Consejo para la Transparencia, señor Alejandro González; el asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Christian Finterbusch.

El dirigente sindical de CONAF, señor Osvaldo Herrera; el Presidente de la Fundación Legado Chile, señor Tomás Saratscheff; el Encargado de Etapa Diseño del proyecto: Llanquihue, ciudad de humedales", señor Germán Guzmán; el Director de The Pew Charitable Trusts, señor Francisco Solís.

El Director de la Organización Observatorio Ciudadano, señor José Aylwin; la representante de la Comunidad Indígena de Toconao, señora Leticia González, el representante de la Comunidad Indígena de Quinquén, señor Joaquín Meliñir; la Presidenta de la Comunidad Indígena Kawesqar residente en Puerto Edén, señora Carolina Huenucoy; la Coordinadora del Cono Sur de la Asociación Consorcio para los territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA), señora Lorena Arce.

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Cabe hacer presente que el proyecto debe ser considerado, además, por la Comisión de Hacienda, según el trámite dispuesto por la Sala del Senado.

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El Senado aprobó en general la iniciativa legal en informe en sesión de fecha 4 de marzo de 2015, fijando un plazo para formular indicaciones que venció el 4 de mayo del mismo año, ocasión en que se formularon numerosas indicaciones al articulado que compone el texto aprobado en general de origen parlamentario.

Con fecha 13 de diciembre de 2016, la Sala abrió un nuevo plazo de indicaciones, hasta el lunes 19 de diciembre de 2016, a las 12.00 horas, período en el cual S.E. la Presidenta de la República y diversos Honorables señores Senadores aportaron nuevas proposiciones de enmienda.

Asimismo, por acuerdo unánime de Comités, se acordó un tercer plazo para presentar nuevas indicaciones, que venció el 12 de junio de 2017, a las 12.00 horas, dentro del cual se presentaron indicaciones tanto del Ejecutivo como de los señores parlamentarios.

Atendida las numerosas indicaciones formuladas al proyecto en estudio y con el objeto de facilitar la comprensión del presente informe, se entenderá como parte integrante del mismo, el Boletín de Indicaciones elaborado por la Secretaría de la Comisión, adecuado con la indicación del Ejecutivo y las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores en el segundo y tercer plazo otorgado para tal efecto, que se acompaña como Anexo, de modo que las Indicaciones declaradas Inadmisibles se individualizarán sólo por el número del referido Boletín de Indicaciones.

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I. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Tienen el rango de ley orgánica constitucional las siguientes disposiciones:

Artículo 9°, inciso segundo del artículo 31, inciso final del artículo 56; artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23; inciso final artículo 31, inciso final artículo 70, artículo 71, artículo 86, artículo 87, numeral 8) del artículo 147. (Artículo 38 de la Constitución Política de la República).

Artículo 128, inciso final, artículos 137 y 142 (artículos 76 y 77 de la Constitución Política de la República).

Las citadas normas deben ser aprobadas por las cuatro séptimas partes de los senadores en ejercicio, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Constitución Política de la República y del artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, mediante Oficio N° 75, de 21 de noviembre de 2017 recabó la opinión de la Excma. Corte Suprema con relación a las normas que la requieren.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 7°, 9°, 90, 91, 111, 112, 120, segundo y tercero transitorios.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: indicación 4 bis, 28, 29, 33, 33, 38 inciso primero, 38 bis a), 38 bis c), 38 bis d), 43, 80 bis a), 80 bis b) 81 a), 80 bis e), 80 bis f), 80 bis g), 80 bis h), 80 bis i), 80 bis k, 123 bis, 80 bis a), 80 bis b), 80 bis, e), 80 bis f), 80 bis g), 80 bis h), 80 bis i), 80 bis k), 80 bis o), 80 bis p), 80 bis q), 80 bis r), 80 bis s), 123 bis, 160, 208, 209, 210, 231 bis, 232 bis, 242 bis a), 242 bis b), 242 bis c), 242 bis d) 242 bis e), 242 bis f), 242 bis g), 242 bis i), 242 bis j), 242 bis k), 242 bis l) 242 bis n), 242 bis o),320 bis a), 320 bis b), 320 bis c), 328 bis, 329 bis a), 329 bis b), 329 bis c), 331 bis, 332 bis, 332 ter, 333 bis, 333 ter, 335 bis encabezamiento, 335 bis c), 335 bis e), 354, 354 bis, 356 bis, 357 ter, 381, 382 bis, 382 ter, 382 quáter, 382 quinquies, 384 bis, 385 bis, 385 ter, 385 quáter, 385 quinquies, 393 bis, 393 ter, 393 quáter, 393 quinquies, 394 bis, 397 bis, 397 ter, 397 quáter, 397 quinquies, 398 bis, 431 bis a), 431 bis b), 431 bis c), 442 bis b), 452 bis, 472 bis, 497 bis, 498 bis b), 498 bis c), 498 bis h), 498 bis i), 505 bis a), 505 bis b), 505 bis d), 517 bis, 532 bis, 537, 538, 548 bis, 558 bis, 569 bis, 583 bis, 585 bis, 589 bis b), 589 bis c), 589 bis d), 589 bis g), 596 bis, 605 bis, 607 bis, 613 bis, 621 bis, 635 bis c), 651 bis, 671 bis a), 671 bis b), 671 bis c), 671 bis d), 671 bis e), 682 bis, 683 bis a), 697 bis artículo 94, 698 bis, 708 bis, 709 bis, 711 bis, 718 bis, 732 bis, 733 bis, 740 bis a), 745 bis, 765 bis, 778 quáter, 779 bis, 793 bis, 825 bis, 828 bis, 831 bis, 835 bis, 835 ter, 835 quáter, 835 quinquies, 867 ter, 868 ter, 870, 882 bis, 887 bis a), 887 bis d), 887 bis e), 887 bis f), 887 bis g), 917 bis, 929 ter, 930 bis, 930 ter, 935 bis, 947 bis, 961 bis, 962 bis b), 974 bis, 997 bis, 1007 bis, 1010 bis, 1014 bis c), 1014 bis d), 1024, 1025, 1029 bis, 1030, 1032 bis, 1033 bis, 1035 bis a), 1042 bis, 1048, 1049, 1050 bis, 1051 bis, 1052 bis, 1053 bis, 1060 bis, 1062 bis, 1066 bis, 1069 bis, 1070 bis, 1076 quáter, 1077 bis, 1082 bis, 1132 bis, 1137 bis, 1140 bis, 1141, 1142, 1151 bis c), 1163, 1163 bis, 1164, 1203 bis,1234 bis,1236 bis, 1237 bis, 1238 bis, 1242 bis, 1248 bis.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Indicaciones 22, 24, 28, 29, 38 inciso primero, 38 bis, letra b), 59, 80 bis c), 80 bis d), 80 bis j), 80 bis l), 80 bis m), 80 bis n); 83, 84, 151, 152; 155, 156; 161, 162; 186, 187; 188, 189, 242 bis h), 334 bis, 344 bis, 335 bis a), 335 bis b), 335 bis d), 336, 344, 344 bis, 347, 348, 351, 356, 387 bis, 402 bis, 407 bis, 410 bis, 414 bis, 442 bis a), 457, 498 bis a), d), e), f) y g), 500 bis, 505 bis c), 531bis, 570, 589 bis a), e), f) h) e i), 635 bis a) y b), 645 bis, 655 bis, 656 bis, 665 bis, 683 bis b), 697 bis artículos 93 y 95, 727 bis, 740 bis b), 749 bis, 791 bis, 799 bis, 807 bis, 829 bis, 837 bis, 867 bis, 877, 878 bis, 887 bis b), 887 bis c), 926 bis, 929 bis, 942 bis, 1014 bis a), 1014 bis b), 1017, 1028 bis), 1030, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1151 bis a), 1151bis b), 1190 bis, 1219 bis, 1229 bis, 1241 bis, 1244 bis, 1232 quinquies, 1232 sexies,

IV.- Indicaciones rechazadas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 bis, 25, 26, 27, 30, 31; 32 , 32 bis y 32 ter; 35, 35 bis, 36, 36 bis, 38 inciso segundo, 39, 40; 40 bis, 40 ter 41, 42; 44, 45, 46,46 bis, 49, 50, 51, 51 bis, 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 57, 58, 58 bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 bis, 72, 73, 73 bis, 74, 75, 76, 78, 79, 79 bis, 79 ter, 80, 81, 85, 86, incisos primero y segundo 87, 88, 89, 89 bis, 90, 91, 92, 92 bis, 93, 94, 95, 96, 97, 97 bis, 98, 98 bis, 98 ter, 98 quáter, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107; 108 y 109; 110, 111; 111 bis, 111 ter, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122; 123, 124, 126; 127, 127 bis; 128, 129, 130, 131, 132, 133; 134; 135, 136, 136 bis, 137, 138, 138 bis, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146; 147, 148, 149, 150, 150 bis; 157, 158, 159; 163, 164, 165, 166, 167; 168, 169; 170, 171, 172; 173; 174, 175, 176; 177, 178; 178 bis, 178 ter, 179, 180;181,182, 183; 184, 185, 190, 191, 192; 193, 194;195, 196; 197, 198, 198 bis; 198 ter; 198 quáter,198 quinquies, 199, 199 bis, 200, 201, 202, 203. 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214; 215, 215 bis; 216, 217, 218, 219; 221, 222, 223, 223 bis, 223 ter, 223 quáter, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 242 bis m), 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344 ter, 345, 346, 349, 350, 350 bis, 352, 353, 355, 357, 357 bis, 358, 359, 360, 361, 362, 362 bis, 363, 363 bis, 364, 365, 366, 367, 368, 368 bis, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 bis, 381 ter, 381 quáter, 381 quinquies, 381 sexies, 382, 383, 383 bis, 383 ter, 383 quáter, 384, 384 ter, 384 quáter, 384 quinquies, 384 sexies, 385, 386, 387, 387 ter, 387 quáter, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 394 ter, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405, 406, 406 bis, 407, 408, 409, 409 bis, 410, 411, 412, 413, 413 bis, 414, 416 417; 417 bis, 417 ter, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 439, 447, 448, 449, 450, 458 bis, 471, 471 bis, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 480, 481, 481 bis, 485, 485 ter, 485 quáter, 487, 505 ter, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 516 bis, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 523 bis, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 531 ter, 531 quáter, 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 540 quáter, 540 quinquies, 541 bis, 541 ter, 541 quáter, 541 quinquies, 542, 545, 546, 560, 562, 564 bis, 564 ter, 573, 578, 579, 581, 582, 606 bis, 613 ter, 620, 675, 676, 702, 703, 708, 708 ter, 713, 713 bis, 713 ter, 715, 716, 717, 720 bis, 723, 724, 725, 726, 726 bis, 731, 732, 734, 735, 742, 743, 744 bis, 745, 746, 747, 748, 748 bis, 748 ter, 752, 767, 767 bis, 768, 769, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 801, 805, 806, 850 bis, 867 bis artículo 42, 870, 871, 872, 872 bis, 903 bis, 913, 914, 915, 951, 952, 957, 958, 960, 960 bis, 961, 971, 972 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984,985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1006 bis, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1013 bis,1014, 1014 bis e), 1015, 1016, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027 bis, 1028, 1029, 1030 bis, 1031, 1032, 1050, 1051, 1062, 1063, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1076 bis, 1076 ter, 1077, 1078, 1079, 1079 bis, 1080, 1081, 1084, 1084 bis, 1085, 1086, 1086 bis, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1143, 1144, 1145, 1146, 1155, 1156, 1161, 1162, 1165, 1166, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1189 bis, 1189 ter, 1189 quáter, 1219 ter, 1221,1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1232 bis, 1232 ter, 1232 quáter, 1232, 1237, 1243 bis, 1254.

V.- Indicaciones retiradas: Indicaciones 6, 7,10, 23, 34, 37, 47, 48, 125, 153, 154, 220, 332 bis (en la parte que intercala artículo 20), 415, 423, 440, 446, 451,456, 458, 478, 479, 484, 485 bis, 486, 505, 531 bis, 540 bis, 540 ter, 541, 550, 555, 556, 570 bis, 571, 572, 709, 710 , 714, 736, 737, 764, 778 bis, 778 ter, 793, 795, 796, 797, 798, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 921, 929, 1035 bis b),

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Indicaciones numero: 651, 652, 653, 749, 749 ter, 753, 754, 756, 757, 758, 761, 762, 763, 926, 928, 929, 1192, 1193 y 1194. (Artículo 65 N° 1 de la Constitución Política de la República).

Indicaciones números: 68 bis, 77, 82, 167 bis ,232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 239 bis, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249 bis, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 258 bis, 259, 260, 260 bis, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 276 bis, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 283 bis, 283 ter, 284, 285, 286, 287, 287 bis, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 328 ter, 328 quáter, 329, 330, 331, 331 bis, 332, 343, 413 ter, 433, 438, 441, 441 bis, 441 ter, 442, 443, 444, 445, 451, 452, 453, 454, 455, 455 bis, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 482, 483, 488, 489, 489 bis, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 501 bis, 502, 504, 505 quáter, 513, 514, 515, 543, 544, 547, 548, 549, 549 bis, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 559, 559 bis, 559 ter, 561, 565, 666, 567, 568, 569, 574, 575, 576, 577, 580, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 590 bis, 591, 592, 593, 594, 595, 595 bis, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611, 612, 613, 616, 617, 622, 623, 627, 630, 634, 635, 636, 636 bis, 637, 638, 639, 640, 641, 641 bis, 642, 643, 644, 644 bis, 645, 646, 647, 649, 650, 654, 656, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 671, 672, 673, 674, 678, 679, 682, 683, 687, 698, 699, 700, 701, 701 bis, 704, 705, 706, 707, 711, 712, 718, 719, 720, 721, 722, 727, 728, 728 bis, 729, 730, 733, 735 bis, 738, 738 bis, 739, 740, 741, 744, 749 ter, 750 bis, 755, 765, 766, 766 bis, 772, 773, 792, 794, 796, 797, 800, 802, 803, 804, 807, 808, 815, 816, 817, 818, 818 bis, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 832 bis, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 839 bis, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 854 bis, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 866 bis, 866 ter, 867, 868, 868 bis, 869, 873, 873 bis, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 882 ter, 883, 884, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 912 bis, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 931, 932, 932 bis, 933, 934, 934 bis, 935, 936, 937 938, 939, 940, 941, 941 bis, 942, 943, 944, 944 bis, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 953, 954, 955, 956, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1020, 1027, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1052, 1053, 1060, 1061, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1087, 1088, 1089, 1090, 1090,1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1137, 1138, 1139, 1140, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1167, 1168, 1169, 1170, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,1208, 1209, 1213, 1215, 1216, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1228, 1228 bis,1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251,1252, 1253. (Artículo 65 N° 2 de la Constitución Política de la República).

Indicaciones números: 1210, 1211, 1214, 1217 y 1218 (artículo 65 N° 4).

Indicaciones números: 329, 330, 482, 483, 497, 500, 501, 501 bis, 503, 504, 563, 564, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 667, 677, 678, 679, 680, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 749, 749 ter, 750, 750 bis, 751, 753, 754, 756, 759, 760, 770 770 bis, 770 ter, 770 quáter, 770 quinquies, 771, 799, 926, 927, 928, 930, 933, 934, 959, 1082, 1083, 1087, 1088, 1133, 1134, 1135, 1136, 1191, 1192, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1234, 1235, 1244, 1245 y 1246. (Artículo 65 inciso tercero).

Indicaciones números: 1177, 1178, 1179, 1180, 1185, 1186, 1195, 1200, 1201, 1202 (Ajenas a las ideas matrices, inciso primero del artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional).

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II. ANTECEDENTES

1.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Artículo 19 N° 8° de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, imponiendo al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

2. Decreto Supremo N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América.

3.- Decreto Supremo N° 141, de 1975, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

4.- Decreto Supremo N° 771, de 1981, que promulga la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, suscrito en Irán el 2 de febrero de 1971.

5.- La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, promulgada mediante Decreto Supremo N° 1.363, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

6.- Decreto Supremo N° 489, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba regulación para caza de ballenas y su anexo.

7.- Decreto Supremo N° 259, de 1980, promulga la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural suscrita en UNESCO, Paris, el 16 de noviembre de 1972.

8.- Decreto Supremo N° 868, de Relaciones Exteriores, de 1981, que promulga el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje.

9.- Decreto Supremo N° 1.963, de Relaciones Exteriores, de 1994, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

10.- Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

11.- Ley N° 20.417, crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

12.- Ley N° 20.600, crea los Tribunales Ambientales.

13.- Ley N° 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

14.- Decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

15.- Decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

16.- Título VI de la ley N° 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

17.- Ley N° 18.362, crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

18.- Ley N° 20.423, Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo.

19.- Decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.

20.- Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

21.- Decreto supremo N° 4.363, del año 1931, Ley de Bosques.

22.- Decreto ley N° 1.939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.

23.- Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

24.- Ley N° 4.601, de Caza, cuyo texto fue sustituido por la ley N° 19.473, conservando el mismo número.

25. Ley N° 20. 256, establece normas sobre pesca recreativa.

III. INFORME FINANCIERO

Se acompañan al proyecto tres informes financieros:

El primero, de fecha 18 de junio de 2014, expresa que el mayor gasto fiscal asociado a la iniciativa, considera los recursos para financiar los gastos en personal y de funcionamiento del Servicio que se crea, estimándose un gasto anual para el primer año de funcionamiento, de $ 12.900 millones; para el segundo año, de $ 17.700 millones; y, para el tercero de $ 18.800 millones.

Con fecha 14 de diciembre de 2016, se recibe Informe Financiero Complementario, que puntualiza que el mayor gasto fiscal anual estimado, en régimen, asciende a $ 1.348.089 miles, más un gasto en equipamiento que se materializa el quinto año por $ 509.152 miles. Agrega que el mayor gasto fiscal que representen las indicaciones formuladas durante su primer año presupuestario, se financiará con cargo a las reasignaciones presupuestarias desde la partida del Ministerio de Medio Ambiente y en lo que faltase, con cargo a la partida Tesoro Público.

Finalmente, el 9 de mayo de 2017 se recibe Informe Financiero Complementario, que acompaña las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, con motivo de la consulta indígena. Ellas implican un mayor gasto fiscal estimado para el primer año de vigencia de $49.014 miles, y un gasto anual en régimen de $163.380 miles.

IV. DISCUSIÓN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado, que se describen o transcriben, según el caso, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

Indicaciones números 1 y 2

Las indicaciones números 1 y 2, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para agregar en todo el texto del proyecto de ley la palabra “silvestre(s)” entre la palabra “área(s)” y “protegidas(s)”, según corresponda.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, expresó que al Ejecutivo le interesa mantener la denominación actual, puesto que la expresión “silvestre” restringe el ámbito de aplicación de la ley sólo a áreas que presentan dicha condición, agregando que la iniciativa extiende la protección a categorías que se incorporan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como lo son los espacios costeros marinos, las reservas y otros bienes y elementos que forman parte de la Convención de la Biodiversidad, de la cual nuestro país es parte desde el año 1994.

En votación las indicaciones números 1 y 2 se rechazaron. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Artículo 1°

Señala como objeto de la presente ley la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

Se excluyen de dicho objetivo la sanidad vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales.

Indicación número 3

La indicación número 3, del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección y conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, conservación, control, restauración y uso sustentable de las especies, genes y ecosistemas en todo el territorio nacional. No se incluyen dentro del objeto la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales.

Por la importancia que revisten para el país, y por la necesidad de medidas especiales de conservación, los recursos genéticos cultivados o domesticados, su conservación, uso, acceso y distribución de beneficios serán materia de una ley especial, estableciéndose un plazo mínimo de 3 años, contados desde la publicación de esta ley, para que sea ingresada, tramitada, aprobada y publicada en conformidad a las normas constitucionales vigentes.”.

Puesta en votación la indicación número 3 fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, señores Moreira, Navarro, y Walker, don Patricio.

Inciso primero

Indicación número 4 bis

La indicación número 4 bis de S.E. la Presidenta de la República para reemplazar el inciso primero del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Figueroa expresó que tal como se estableció en el Protocolo de Acuerdo suscrito con la Comisión, el objeto de la ley viene a resguardar y proteger el patrimonio natural en los tres niveles asociados a la biodiversidad, a saber: genes, especies y ecosistemas.

El Honorable Senador señor Horvath consultó al Ejecutivo, en qué aspecto específico avanza la indicación respecto del objeto de la ley aprobado en general.

La señora Figueroa puntualizó que se incorpora el concepto asociado a genes.

La indicación número 4 bis, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 4 y 5

Las indicaciones números 4 y 5, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio ambiental y de la diversidad biológica de todo el territorio nacional, a través de la preservación, protección, restauración y uso sustentable de ecosistemas, especies y genes, así como la distribución equitativa y justa de sus beneficios y costos.”.

Puestas en votación las indicaciones números 4 y 5 se rechazaron por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, señores Moreira, Navarro, y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 8 y 9

Las indicaciones números 8 y 9, de los Honorables Senadores señores De Urresti y Navarro, respectivamente, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “del país,”, la locución “dado su carácter patrimonial,”.

Puestas en votación las indicaciones números 8 y 9 se rechazaron por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, señores Moreira, Navarro, y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16 y 17

Las indicaciones números 11 y 12 de los Honorables Senadores señores De Urresti y Navarro, respectivamente, para reemplazar, en su inciso primero, la frase “uso sustentable de las especies y ecosistemas”, por la siguiente: “uso sustentable de los genes, especies y ecosistemas”.

Las indicaciones número 13 y 13 bis, del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir, en su inciso primero, la frase “con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación”, por la siguiente: “así como de las múltiples funciones que se deriven de ellos y que contribuyen significativamente al bienestar humano”.

La indicación número 14, del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “valor ambiental”, la siguiente frase: “, o que proveen servicios ambientales y aquellos de valor social y cultural asociados”.

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “valor ambiental”, la siguiente: “o de valor social y cultural asociado,”.

La indicación número 16, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “para su conservación”, lo siguiente: ", promoviendo la activa participación de las personas y comunidades locales en la conservación de los ecosistemas".

La indicación número 17, del Honorable Senador señor Navarro, para agregar, en su inciso primero, la siguiente oración: “Asimismo, tiene por objeto la prohibición de actividades productivamente económicas o antrópicas que generen impacto negativo o intervengan áreas definidas como de alto valor ambiental, cultural o ecosistémico sobre el territorio nacional.”.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación número 4 bis de S.E. la Presidenta de la República, las indicaciones números 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16 y 17 se rechazaron por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, señores Moreira, Navarro, y Walker, don Patricio.

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Indicaciones números 18 y 19

Las indicaciones números 18 y 19, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para intercalar como inciso segundo, nuevo, el siguiente:

“La acción del Estado estará especialmente dirigida a la conservación de aquellos componentes de la biodiversidad de mayor valor ambiental o que presenten mayor amenaza o degradación.”.

La Jefe de la División Recursos Naturales del Ministerio, señora Figueroa expresó que el Ministerio ha acogido diversas opiniones en orden a no restringir el ámbito de gestión de los órganos del Estado a determinados tipos de ecosistemas, sino que ha optado por establecer una definición más amplia, de manera que, en su opinión, la indicación transcrita es incompatible con el objeto del proyecto.

El Honorable Senador señor Navarro se refirió al inciso segundo del artículo 1°, que preceptúa que no se incluyen dentro del objeto de la ley la sanidad vegetal y animal ni la prevención y combate de incendios forestales, materias que se rigen por las respectivas normas legales, consultando si las referidas materias quedaban fuera del ámbito de esta ley.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier explicó que la sanidad vegetal y animal son materias de competencia del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Corporación Nacional Forestal, respectivamente, y que no están consideradas como objeto de esta iniciativa, lo cual no significa que el Servicio Nacional de la Biodiversidad no pueda coordinarse con ambas entidades.

El Honorable Senador señor Navarro destacó la necesidad de dotar de mayores atribuciones a los servicios mencionados, puesto que constituirán un valioso instrumento para ir en apoyo del Servicio Nacional que se crea.

Puesta en votación las indicaciones números 18 y 19 fueron rechazadas por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio, en tanto que a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 20

La indicación número 20, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para suprimir el inciso segundo.

El Honorable Senador señor Horvath, expresó que la supresión propuesta obedece a que las áreas protegidas sufren menoscabo al no tener áreas de amortiguamiento de las actividades que se desarrollan en áreas vecinas, señalando el caso de lo que ocurre con el huemul en el sur que es atacado y contaminado por el ganado ovino y bovino, aseverando que es necesario que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenga competencia en estas materias.

Puesta en votación la indicación número 20 se rechazó por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 21

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir el inciso segundo por el que sigue:

“Las normas establecidas en la presente ley respetan los tratados y acuerdos internacionales sobre la conservación de la diversidad biológica y los derechos ancestrales de los pueblos originarios, declarándose inviolables e insustituibles.”.

El Honorable Senador señor Navarro aseveró que el artículo 1° debiera considerar los principios y relevar los tratados internacionales que en la materia ha suscrito nuestro país.

El ex Ministro de Medio Ambiente, señor Badenier señaló que la incorporación de este nuevo inciso generaría confusiones, puesto que los convenios internacionales suscritos y ratificados por Chile son ley y constituyen, en consecuencia, una limitación al ejercicio de la soberanía, tal como lo señala el artículo 5° de la Carta Fundamental.

El Honorable Senador señor Horvath, solicitó dejar constancia en el presente informe de la absoluta vigencia de los tratados internacionales que en materia de biodiversidad ha suscrito y ratificado nuestro país, destacando el punto, toda vez que el proyecto en estudio contiene una disposición que permite desafectar áreas protegidas mediante decreto supremo, norma que, en su opinión, contraviene la Convención sobre la Biodiversidad.

Puesta en votación la indicación número 21 se rechazó por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

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Indicación número 22

La indicación número 22, de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“Para ello, la presente ley contempla, entre otras medidas que se detallan, la conservación in situ y ex situ, la preservación y uso sustentable de especies, genes y ecosistemas y la restauración.”.

La Honorable Senadora señora Allende aclaró que la idea no es reemplazar el inciso segundo, sino que la indicación se efectuó con el propósito de establecer un nuevo inciso que considere esta materia.

El Honorable Senador señor Walker recordó que al analizar el proyecto en general se escuchó a entidades del ámbito científico y medioambiental, las cuales manifestaron la necesidad de considerar los aspectos referidos a la conservación in situ y ex situ y la preservación de genes, consultando al Ejecutivo si estos temas se encuentran considerados en las indicaciones presentadas por la Presidenta de la República.

La señora Figueroa, expresó que la conservación ex situ está recogida en la indicación propuesta para intercalar una letra f), nueva, al artículo 5°, del siguiente tenor: “f) Apoyar técnicamente, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, y coordinar la conservación de especies fuera de sus hábitats y genes con bancos de germoplasma, jardines botánicos, conservatorios botánicos y centros de reproducción de fauna nativa, entre otros, a fin de contribuir con la gestión para la conservación de la biodiversidad”.

En atención a que la letra f) nueva del artículo 5°, condiciona la conservación ex situ a la disponibilidad presupuestaria, la Comisión acordó aprobar la indicación de la Honorable Senadora Allende, sustituyendo en su encabezamiento la expresión “para reemplazarlo por el siguiente” por “agregar el siguiente inciso tercero”; y suprimir en el inciso propuesto la expresión “Para ello,”. Además, acordó intercalar la palabra “genes,” a continuación de la frase “uso sustentable de”.

Puesta en votación la indicación número 22, se aprobó, con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker.

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Indicación número 24

La indicación número 24, del Honorable Senador señor Girardi, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior las acciones que tengan por objeto la sanidad vegetal y animal y la prevención y combate de incendios forestales deberán tener en consideración y priorizar el debido resguardo de la diversidad biológica.”.

En atención a que el inciso propuesto hace referencia al inciso anterior, en circunstancias que el texto aprobado en general consta de dos incisos, se acordó reemplazar la expresión “en el inciso anterior” por “los incisos anteriores”.

Puesta en votación la indicación número 24 fue aprobada, con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

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Indicación número 25

La indicación número 25, del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Función ambiental de la propiedad. Para el cumplimiento del objeto y fines de la presente ley podrá limitarse el ejercicio de las facultades o atributos de la propiedad, tanto pública como privada, en conformidad a la Constitución y las leyes.”.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Badenier consideró que no corresponde incorporar una disposición de esta naturaleza en la iniciativa en estudio, puesto que la función ambiental de la propiedad se encuentra resguardada en el texto constitucional, números 8 y 24 del artículo 19.

El Honorable Senador señor Navarro, afirmó que no sería la primera vez que un texto constitucional es reiterado en un cuerpo legal, arguyendo que establecer el principio de la función de la propiedad en este cuerpo legal reforzaría los propósitos del objeto del proyecto.

Puesta en votación la indicación número 25 fue rechazada por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

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Indicaciones números 26 y 27

Las indicaciones números 26 y 27, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo… Derechos indígenas. La conservación de la biodiversidad garantizará los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre los conocimientos tradicionales, los componentes intangibles y los recursos genéticos existentes.”.

Cabe destacar que en el III período de indicaciones y luego de efectuar la consulta indígena, S.E. la Presidenta de la República formuló la indicación número 414 bis que crea una nueva figura de protección, denominada Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Tal figura recoge, en lo pertinente, los aspectos que plantean estas indicaciones.

Por lo expuesto, las indicaciones números 26 y 27 se rechazaron por la unanimidad de los Honorables Senadores presentes de la Comisión, Senadora señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

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Artículo 2°

Mediante nueve literales establece diversos principios rectores de la presente ley.

Encabezamiento

Señala que las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la presente ley, se regirán por los principios que establece el artículo.

Indicaciones 28 y 29

A este encabezamiento se presentaron las indicaciones números 28 y 29, de los Honorables Senadores señor Navarro y señora Allende, respectivamente, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, programas, normas, acciones y actos administrativos que se dicten o ejecuten para la protección y conservación de la biodiversidad, se regirán por los siguientes principios:”.

El asesor de la División Jurídica del Ministerio, señor Alejandro Correa, explicó que la indicación podría traer problemas de interpretación, ya que que hace aplicable estos principios a otras leyes sectoriales que también norman la conservación de la biodiversidad, y que se rigen por sus propios principios. Ejemplo de ello, anotó, es la Ley General de Pesca y Acuicultura, que regula la preservación de recursos hidrobiológicos, sugiriendo mantener el texto aprobado en general, que hace aplicable los principios sólo a esta ley.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que las indicaciones siguientes tienen relación con lo ya señalado, ya que los principios deben garantizar la biodiversidad, de manera que tales principios son superiores a esta ley, agregando que con ello nuevamente se restringen las facultades de coordinación y otras del Servicio y del Sistema Nacional que se crean, es por ello que en las indicaciones 32 y 32 bis, se propone suprimir la frase “en el marco de la presente ley”.

Concluyó señalando que por tal motivo es partidario de aprobar la indicación en estudio, afirmando, además, que es positivo que “los actos administrativos”, incorporados en la indicación, también se rijan por estos principios.

El Honorable Senador señor Moreira, estimo conveniente que se incluya a los “actos administrativos”, no obstante señaló que tales principios debieran aplicarse “en el marco de la presente ley”.

En consecuencia, se sometieron a votación las indicaciones números 28 y 29, intercalando entre el vocablo “ejecuten”, y la oración “para la protección”, la expresión “en el marco de la presente ley,”.

Con la modificación señalada, las indicaciones 28 y 29 resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

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Indicaciones números 30, 31, 32, 32 bis y 32 ter

Las indicaciones números 30 y 31, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2°. Principios. Las políticas, planes, programas, normas y acciones que se realicen en el marco de la presente ley o que tenga objetivos de conservación ambiental se regirán por los siguientes principios:”.

Las indicaciones números 32, 32 bis y 32 ter) del Honorable Senador señor Horvath y Senador Navarro, para suprimir la frase “en el marco de la presente ley”.

Consecuente con la señalada aprobación de las indicaciones número 28 y 29, las indicaciones números 30, 31, 32, 32 bis y 32 ter resultaron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra a)

Dispone textualmente lo siguiente:

“a) Principio de coordinación: La implementación de instrumentos de conservación de la biodiversidad deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes.”.

A este literal se presentó la indicación número 33, de la Honorable Senadora señora Allende, para intercalar, a continuación de la palabra “biodiversidad”, la frase “y de los servicios ecosistémicos”.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier aseveró que la expresión “servicios ecosistémicos”, es un concepto que se encuentra vinculado a los servicios que la naturaleza presta al ser humano. A diferencia de las funciones ecosistémicas que cumple la biodiversidad.

El Honorable Senador señor Horvath opinó que los servicios ecosistémicos incluyen elementos que deben considerarse, tales como el agua, siendo necesario que el Servicio tenga la facultad de coordinar estos servicios, evitando limitar sus atribuciones sólo a la biodiversidad.

Puesta en votación la indicación número 33 fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de sus integrantes Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath (Chahuán) Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra b)

Establece el principio de jerarquía de los impactos sobre la biodiversidad, los que en función de la presente ley deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados.

Indicaciónes número 35 y 35 bis

La indicación número 35, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“b) Principio de jerarquía: Los impactos sobre la biodiversidad deben ser evitados, y sólo cuando ello no resulte posible deben ser mitigados, reparados y, en último término, compensados. La compensación procederá únicamente respecto de los impactos que, según se demuestre científicamente, no es posible evitar, minimizar o reparar, y siempre que se admita de acuerdo a la legislación.”.

El Honorable Senador Horvath, afirmó que su indicación tiene por objeto señalar que previo a la mitigación, deben evitarse los impactos ambientales conforme lo establece también el principio precautorio que inspira la legislación ambiental.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Badenier, refirió que en los siguientes literales del artículo 2°, está considerado el principio de precaución, aclarando que estamos frente al análisis del principio de jerarquía y que la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al tratar el Sistema de Evaluación Ambiental, utiliza el verbo mitigar que comprende indistintamente ambas acciones.

El Honorable Senador señor Horvath, replicó que no son sinónimas ambas expresiones, ya que el verbo “mitigar” significa moderar, aplacar o suavizar el resultado de una acción para minimizar el daño; en tanto que “evitar”, apunta a la abstención de realizar una acción que podría ocasionar daño.

Puesta en votación la indicación número 35 se rechazó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 36 y 36 bis

Las indicaciones número 36 y 36 bis del Honorable Senador señor Navarro y del Honorable Senador señor De Urresti, respectivamente, para intercalar, a continuación de la expresión “deben ser”, la siguiente: “evitados, y sólo cuando ello no es posible”.

Puestas en votación las indicaciones números 36 y 36 bis, se rechazaron por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

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En sesión efectuada el 12 de septiembre de 2017, se trataron las indicaciones números 1232 quinquies y 1232 sexies, de los Honorables Senadores señora Allende y señor De Urresti, para agregar en el artículo quinto transitorio un nuevo inciso, del siguiente tenor: “La reclasificación de un área protegida no podrá reducir el grado de protección de la misma ni su superficie.”.

En la ocación, la asesora jurídica del Ministerio, señora Lorna Puschel, apuntó que esta indicación está vinculada con una materia de fondo, que ha sido tema recurrente durante el análisis y debate del proyecto, cúal es el principio de no regresión.

Señaló que para ello el Ejecutivo propone incorporar el señalado principio de no regresión, agregando una letra nueva en el artículo artículo 2° del proyecto. De igual modo propone agregar una oración final en el artículo 68.

El texto propuesto para el artículo 2° del proyecto es del siguiente tenor:

“c) Principio de no regresión: Los actos administrativos no admitirán modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados previamente.”.

En tanto, propone para el artículo 68 del proyecto, incorporar en el inciso tercero la siguiente oración final: “Con todo, se deberá mantener la superficie y representatividad ecológica del Sistema.”.

El asesor del Senador señor Moreira, manifestó entender la motivación para incorporar el principio de no regresión, no obstante estimó inconveniente incorporarlo en este cuerpo legal.

Puestas en votación las indicaciones 1232 quinquies y 1232 sexies, resultaron aprobadas, con modificaciones, con los votos favorables de los Honorables Senadores señora Allende y señor Walker, don Patricio. En tanto, el Honorable Senador señor Moreira, se abstuvo.

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Letra c)

Indicación número 38

Contempla el principio participativo de toda persona en la conservación de la biodiversidad.

La indicación número 38, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para reemplazarla por la siguiente:

“c) Es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona y las comunidades en la conservación de la biodiversidad.

Dicho principio se incorporará especialmente en la creación, organización y gestión de las áreas protegidas promoviendo la participación de las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno regional y en forma especial a las comunidades indígenas y locales que se encuentren al interior o aledañas a las áreas protegidas.”.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier, concordó con el contenido propuesto en el primer inciso de la indicación, para reemplazar la letra c), por cuanto agrega valor y refuerza la idea de la participación.

En tanto estimó que el inciso segundo propuesto es restrictivo, toda vez que se refiere solamente a las áreas protegidas, en tanto que el objeto del proyecto es más amplio.

El Honorable Senador señor Navarro, solicitó división de la votación de ambos incisos, acordando la Comisión proceder de esta manera.

Puesto en votación el inciso primero de la indicación número 38, mediante la cual se reemplaza la actual letra c), se aprobó con los votos favorables de los Honorables Senadores señora Allende y señores Navarro y Walker, don Patricio; en tanto se abstuvo el Honorable Senador señor Moreira.

Puesto en votación el inciso segundo de la indicación número 38, mediante la cual se agrega un nuevo inciso segundo a la letra c), fue rechazada por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación 38 bis a)

La indicación N° 38 bis literal a) de S.E. la Presidenta de la República, para agregar a continuación de la palabra “biodiversidad”, la siguiente expresión final: “, tanto a nivel nacional, como regional y local. El Servicio promoverá la participación ciudadana en materias como la generación de información, la educación y la gestión de las áreas protegidas, entre otras”.

Puesta en votación la indicación número 38 bis, letra a) resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra d)

Prescribe textualmente lo que sigue:

“d) Principio de precaución: La falta de certeza científica no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.”.

Indicaciones números 39, 40, 40 bis y 40 ter

Las indicaciones números 39 y 40, 40 bis y 40 ter de los Honorables Senadores señores De Urresti y Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que sigue:

“d) Principio de precaución: Siempre y en todo caso se deberán implementar las medidas necesarias y suficientes para la conservación de la biodiversidad, sin que pueda en caso alguno, invocarse la falta de certeza científica respecto de la potencialidad de amenaza de reducción o pérdida de diversidad biológica.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Alejandra Figueroa expresó ser partidaria de mantener la redacción del texto aprobado en general.

El Honorable Senador señor Navarro afirmó que la indicación tiene como propósito profundizar en el principio de precaución, desarrollando el contenido del mismo, incluyendo lo que, a su juicio, es de la esencia del principio precautorio, cuál es la potencialidad de la amenaza.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier reiteró que el principio precautorio está bien definido en el texto aprobado en general, aseverando que, probablemente exista una confusión con el principio de prevención consignado en la letra e).

Puesta en votación las indicaciones números 39, 40, 40 bis y 40 ter fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 41

La indicación número 41, de los Honorables Senadores señores Tuma, De Urresti, y Lagos, para reemplazarla por la siguiente:

“d) Cuando haya peligro de daño grave, inminente o irreversible a los elementos de la biodiversidad, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para implementar las medidas eficaces para la conservación biológica del país.”.

Se deja constancia que la indicación fue suscrita originalmente por los Honorables Senadores señora Allende y señor Horvath, quienes posteriormente retiraron su firma de la indicación.

Puesta en votación la indicación número 41 fue rechazada por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor votó el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 42

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“d) Principio de precaución: La falta de certeza científica, discrepancias entre cuerpos legales o recursos, no podrá invocarse para dejar de implementar las medidas necesarias de conservación de la diversidad biológica del país.”.

El Honorable Senador señor Horvath explicó que la redacción propuesta amplía el principio precautorio, estableciéndolo también ante la ausencia o discrepancias entre cuerpos legales, o falta de recursos económicos.

El Honorable Senador señor Navarro coincidió en incluir dentro de este principio, la ausencia o discrepancias entre cuerpos legales, puesto que finalmente la aplicación del principio precautorio podría concluir en un asunto que se terminará dirimiendo en los tribunales de justicia.

El abogado del Ministerio del Medio Ambiente, señor Alejandro Correa, discrepó de las opiniones vertidas en lo relativo a las divergencias entre textos legales, toda vez que las discrepancias legales no deberían aplicar, ya que el encabezamiento del artículo 2°, señala que los principios se aplican en el marco de la presente ley, de modo que mal podría existir discrepancias con otros cuerpos legales.

El Honorable Senador señor Navarro, expresó que la argumentación es a la inversa de aquella planteada por el abogado señor Correa, ya que la discrepancia existiría con otros cuerpos legales, no así con las normas que contiene el proyecto de ley en estudio, según se infiere del propio encabezamiento del artículo.

Puesta en votación la indicación número 42 se rechazó. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 43

La indicación número 43, de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar el vocablo “no”, por “en ningún caso”.

Puesta en votación la indicación número 43 se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra e)

Establece el principio de prevención que obliga a evitar efectos perjudiciales para la biodiversidad del país en las medidas adoptadas para el cumplimiento de la presente ley.

Indicaciones 44, 45, 46 y 46 bis

Las indicaciones números 44, 45, 46 y 46 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para reemplazarla por la siguiente:

“e) Principio de prevención: Se deberá propender a evitar anticipadamente la producción de efectos perjudiciales para la biodiversidad del país.”.

El Honorable Senador señor Navarro aseveró que la expresión “propender” es amplia, de manera que aun cuando no le satisface la expresión mencionada, opinó que el adverbio “anticipadamente”, salvaguarda este principio. Enseguida, consultó al Ejecutivo, en qué circunstancias correspondería la aplicación de este principio, aludiendo al caso ocurrido con los salmones en Chiloé, en el cual se adoptaron ciertas medidas cuando el daño ya estaba consumado.

El Honorable Senador señor Horvath, señaló que se trata de realizar actos anticipados, ya que de lo contrario el principio carecería de sentido.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Figueroa, precisó que la expresión “evitar”, que se usa en el texto aprobado en general, implícitamente conlleva la idea de anticipar.

Puesta en votación las indicaciones números 44, 45, 46 y 46 bis, fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende, y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Letra f)

Dispone textualmente lo siguiente:

“f) Principio de responsabilidad: Quien causa daño a los ecosistemas es responsable del mismo en conformidad a la ley, sin perjuicio del deber del Estado de velar por la recuperación del funcionamiento de los ecosistemas degradados.”.

Indicación número 38

La indicación número 38 bis b) de S.E. la Presidenta de la República, para eliminarla.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Figueroa expresó que el principio de responsabilidad está tácitamente contemplado dentro del principio de prevención como en el de precaución.

La Honorable Senadora señora Allende se mostró partidaria de mantener el principio de responsabilidad, tal como se establece en el texto aprobado en general.

El Honorable Senador señor Navarro aseveró que le preocupa la tendencia existente en orden a minimizar la responsabilidad de los daños provocados por particulares, afirmando que este principio es clave para la protección de los ecosistemas, y que su eliminación es contraria al espíritu que anima este proyecto.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, señora Figueroa señaló que dado las opiniones vertidas, y considerando el tenor de las indicaciones parlamentarias referidas a este literal, el Ejecutivo propone mantener el principio de responsabilidad con el siguiente texto:

“f) principio de responsabilidad: Quien causa daño a la biodiversidad o a uno o más de sus componentes es responsable del mismo en conformidad a la ley”.

Puesta en votación la indicación, con la modificación reseñada, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Horvath.

Indicación número 49

La indicación número 49, del Honorable Senador señor De Urresti, para suprimir la expresión “del funcionamiento”.

Como consecuencia de la aprobación, en la forma que se indicó, de la indicación N° 38 bis, letra b) de S.E. la Presidenta de la República, la indicación número 49 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra g)

Contempla el principio de sustentabilidad, promoviendo un uso sostenible y equitativo de los ecosistemas y especies, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

A esta letra se presentó la indicación número 38 bis literal c), de S.E la Presidenta de la República, para reemplazarla por la siguiente:

Indicación número 38 bis literal c)

“f) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley exige un uso sostenible y equitativo de genes, especies y ecosistemas, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, señaló que la indicación realiza una modificación en el lenguaje utilizado en la norma aprobada en general por el Senado, perfeccionando así los términos en que se plantea el principio. Adicionó que se incluye dentro del mismo a genes, abarcando de este modo todos los componentes de la diversidad biológica.

Puesta en votación la indicación número 38 bis c) fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicaciones 50, 51 y 51 bis

Además, a este literal del artículo 2° se presentaron las indicaciones números 50, 51 y 51 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que sigue:

“g) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige promover un uso sostenible y equitativo de los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.”.

Puesta en votación las indicaciones números 50, 51 y 51bis fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

La indicación número 52, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“g) Principio de sustentabilidad: El cumplimiento del objeto de esta ley, exige la gestión integrada de los instrumentos de manejo, control y conservación de la biodiversidad, y promover un uso sostenible y equitativo de los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.”.

Puesta en votación la indicación número 52 fue desechada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Letra h)

Considera el principio de transparencia en la información sobre biodiversidad y el conocimiento de los servicios ecosistémicos.

Indicación 38 bis, letra d)

A esta letra se presentó la indicación número 38 bis letra d), de S.E la Presidenta de la República, para modificarla en el siguiente sentido:

i. Reemplázase la expresión “transparencia” por la palabra “información”.

ii. Intercálase, entre las expresiones “facilitar” y “el acceso”, la expresión “y promover”.

iii. Intercálase, entre la palabra “biodiversidad” y la conjunción “y”, la expresión “del país”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, recalcó que el ámbito de la transparencia se encuentra regulado en la ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública.

Por su parte, el abogado de la División Jurídica, señor Alejandro Correa, indicó que la propuesta constituye un cambio en la denominación del principio, que responde más al concepto de información y no de transparencia propiamente tal. Lo anterior precisamente porque el ámbito de la transparencia se encuentra debidamente regulado en la ley respectiva.

La Honorable Senadora señora Allende, manifestó su conformidad con los términos de la propuesta del Ejecutivo. Sin perjuicio de lo cual, declaró que, a su juicio, puede no resultar suficiente hablar únicamente de información, en virtud de la pretensión jurídico-social de que dicha información fuese de acceso universal y de fácil disposición, más allá de la capacidad que tengan los servicios públicos de entregar la información ante un requerimiento.

En razón de lo expuesto, consultó sobre el alcance de la expresión información y si ésta permite asegurar que su contenido sea del todo transparente.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, aclaró que respecto del acceso a la información, se encuentra regulado en el artículo 25 del proyecto de ley, que consagra el Sistema de Información de la Biodiversidad elaborado y administrado por el Servicio.

Puesta en votación la indicación número 38 bis letra d), fue aprobada por tres votos a favor y una abstención. Votaron a favor la Honorable Senadora señora Allende, y los Honorables Senadores señores Walker, y Moreira; en tanto se abstuvo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicaciones 53, 54 y 54 bis

También fueron presentadas las indicaciones números 53, 54 y 54 bis, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, para sustituirlo por el siguiente:

“h) Principio de transparencia: Es deber del Estado facilitar el acceso al público a la información sobre biodiversidad, el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos, el estado de conservación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos nativos y/u originarios del país.”.

“Principio de información: Es deber del Estado facilitar y promover el acceso al público a la información sobre biodiversidad, el conocimiento sobre los servicios ecosistémicos, el estado de conservación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos nativos y/u originarios del país.”

Sometidas a votación las indicaciones números 53, 54 y 54 bis, fueron rechazadas por tres votos en contra y una abstención. Votaron en contra la Honorable Senadora señora Allende, y los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio. En tanto se abstuvo el Honorable Senador señor Navarro.

Letra i)

Establece el principio de valoración de los servicios ecosistémicos para la conservación de la biodiversidad.

Indicación número 55

La indicación número 55, del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarla por la que sigue:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos deberán ser considerados como criterio para la conservación de la biodiversidad, pero en ningún caso podrán servir como argumento que inhiba la promoción de la conservación y restauración de ésta.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, consideró que la actual redacción recoge los elementos sustantivos y básicos de valoración de servicios ecosistémicos.

En relación a la indicación, estimó que resulta limitativo y complejo usar como criterio de conservación estos servicios, siendo más apropiado mantener la redacción aprobada en general por la Sala del Senado.

El Honorable Senador señor Navarro hizo presente su disconformidad con los planteamientos del Ministerio del Medio Ambiente, por cuanto el concepto de valoración no se encuentra definido en el contexto del proyecto en discusión, siendo un término ambiguo y del todo subjetivo. Juntamente con lo anterior, afirmó que el término no está delimitado en cuanto a como se llevará a cabo la valoración ni quién la materializará.

Añadió que las valoraciones pueden apuntar en un sentido positivo o negativo, siendo en definitiva elementos que servirán a la interpretación que se haga al momento de aplicar la ley. Por tanto, de no disponer de una adecuada limitación del concepto, la valoración quedará entregada al arbitrio de la autoridad de turno. A su juicio, lo anterior se racionaliza incorporando, derechamente, el concepto de criterio pro conservación, como lo propone la indicación en debate.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, manifestó que lo propuesto por la indicación no resolvería una posible arbitrariedad de la autoridad.

También señaló que las corrientes de estudio científico internacional sobre los servicios ecosistémicos son múltiples, por lo que la valoración no puede reducirse a lo económico o cultural, por el contrario tiene que ser omnicomprensiva de estos y otros aspectos.

Por otra parte, recordó que se trata de un principio y no de una definición legal, que permite contextualizar los servicios ecosistémicos en el marco del proyecto de ley en actual discusión.

El Honorable Senador señor Navarro observó que la indicación de su autoría establece un marco a través del concepto de criterio positivo, el cual impedirá inhibir la promoción, la conservación y la restauración, con una definición del principio orientada al resguardo ecosistémico.

Examinó que la propuesta del Ejecutivo se limita a una valoración genérica, la cual puede recoger cualquier tipo de índice, pudiendo incluso abrir las puertas a intervenciones negativas de los ecosistemas.

Puesta en votación la indicación número 55 fue rechazada por los Honorables Senadores señora Allende, y los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio. Votó a favor el Honorable Senador señor Navarro.

Indicaciones 56, 57, 58, 58 bis, y 59

También se presentó la indicación número 56, del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir el literal i) por el siguiente:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos y gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos, debe incorporar la valoración de los servicios ecosistémicos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas de los diversos actores relacionados con ellas como los gobiernos locales, los privados, los pueblos indígenas y las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran y cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

Las indicaciones números 58 y 58 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti y Horvath, para reemplazarla por la que se señala:

“i) Principio de los servicios ecosistémicos: Estos servicios deberán ser considerados como criterio para la conservación de la biodiversidad, pero, en caso alguno, podrán servir como argumento que inhiba la promoción de la conservación y restauración de ésta.”.

Por su parte la indicación número 58 bis, del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la sigue:

“i) “Principio de los servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos deberán ser considerados como criterio para la conservación de la biodiversidad, pero en ningún caso podrán servir como argumento que inhiba la promoción de la conservación y restauración de ésta.”.

Finalmente, la indicación número 59, del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir el literal i) por el siguiente:

“i) Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad debe incorporar la identificación, cuantificación y valoración de los servicios ecosistémicos.”.

A continuación los representantes del Ministerio del Medio Ambiente, plantearon recoger la redacción propuesta en la indicación número 59 del Honorable Senador señor De Urresti, incorporando las modificaciones pertinentes, quedando el texto final del literal i) como sigue:

“i) “Principio de valoración de los servicios ecosistémicos: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad debe considerar la identificación y valoración de los servicios ecosistémicos, y cuando sea posible su cuantificación.”.

Al respecto el Honorable Senador señor Navarro solicitó a los representantes del Ministerio del Medio Ambiente clarificar el concepto del vocablo cuantificación, en lo que respecta a sus efectos.

En respuesta al requerimiento de Su Señoría, la Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa afirmó que el término cuantificación es amplio, sin que tenga una carga negativa o positiva, en el caso concreto representa un criterio adicional al momento de llevar a cabo la valoración.

Aseguró que lo que en definitiva pretende la nueva redacción del principio, es precisamente recoger algunos de los elementos que han propuesto los señores Senadores, conservando las características que debe revestir un principio para una ley como la que está en discusión.

Puesta en votación la indicación número 59 fue aprobada con las modificaciones propuestas por tres votos a favor y una abstención. Votaron favorablemente la Honorable Senadora señora Allende, y los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio. Se abstuvo el Honorable Senador señor Navarro.

Acto seguido, la Comisión dio por rechazadas con la misma votación anterior las indicaciones número 56, 57, 58 y 58 bis, anteriormente transcritas.

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Indicaciones números 60 y 61

Las indicaciones números 60 y 61, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para incorporar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Enfoque ecosistémico: las acciones del Estado sobre componentes de la biodiversidad deben efectuarse mediante una gestión integrada de los recursos que la integran.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa observó que el enfoque ecosistémico no está adecuadamente establecido como principio en la indicación, resultando más bien un instrumento que permite desarrollar una perspectiva integral en lo ecológico, social y económico, en relación a la protección de la biodiversidad y su uso sustentable.

A mayor abundamiento, afirmó que el enfoque ecosistémico es recogido en el proyecto, en el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entendiendo que se cuenta con un Servicio capaz de administrar estas herramientas de protección.

El Honorable Senador señor Navarro juzgó que la indicación podría incorporar nociones adicionales, que fluyan hacia diferentes ámbitos, los cuales deben ser integrados.

Agregó que el enfoque ecosistémico encarna lo que se ha discutido permanentemente, que es el grado de especialización, sin embargo, en el caso concreto de la protección de la biodiversidad debemos entender que sus dinámicas van desde lo micro a lo macro, de modo que debe estar considerado pues permite integrar los demás principios con una mirada global.

Fue de la opinión que la tendencia a la segmentación en materia medio ambiental debe ser superada, como se ha hecho por medio del principio de la sinergia, por lo cual en este recinto especial de la biodiversidad, es indispensable para su funcionamiento.

En razón de lo anterior planteó que la toma de decisiones vaya más allá de los límites de un ecosistema determinado, teniendo a la vista su interacción con aquellos sistemas superiores que integra, y la forma en que se relaciona con el ser humano.

La Jefa de la División de Recursos Naturales, del Ministerio del Medio Ambiente, subrayó la posición de no incorporar el enfoque ecosistémico como principio, no obstante la posibilidad de evaluar el establecimiento de una definición del mismo de acuerdo a los parámetros del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se conjugue con las normas que contiene la iniciativa legal sobre el particular.

Puesta en votación las indicaciones números 60 y 61 fueron desestimadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 62 y 63

Las indicaciones números 62 y 63, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Conservación: en la ejecución de acciones de intervención de la biodiversidad se deberá garantizar y tener en cuenta siempre la mantención de los procesos biológicos.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente propuso, que al igual que el enfoque ecosistémico, se desarrolle una definición y no un principio, que sea incorporado posteriormente en la discusión.

Por su parte la Honorable Senadora señora Allende manifestó su confianza en que la propuesta que al respecto tenga el Ejecutivo, otorgue importancia a la mantención de los procesos biológicos.

El Honorable Senador señor Navarro puso en relieve la necesidad de que los principios de conservación y principio de la equidad, sean incluidos en la legislación nacional, tomando en cuenta la progresividad, y con independencia de la adopción de acuerdos internacionales que los contemplen.

Puesta en votación las indicaciones números 62 y 63 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 64, 65 y 66

Las indicaciones números 64, 65 y 66 de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para introducir la siguiente letra nueva:

“…) Principio de equidad: Se deberá promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad, así también se deberá proteger el conocimiento tradicional asociados a los recursos biológicos.”.

Puestas en votación las indicaciones números 64, 65 y 66 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicación número 67

La indicación número 67, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad, deberá incorporar mecanismos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas por parte de los diversos actores relacionados con ellas. Esto involucra además del Estado, a los gobiernos locales, a los privados, y en especial a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran y cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, sostuvo en primer término que las indicaciones en debate aluden a materias de orden indígena, las cuales serán discutidas una vez que se finalice la correspondiente consulta.

Por otro lado, expuso que la posición de la Secretaría de Estado apunta a la gobernanza mirada como un modelo de gestión y no como un principio, bajo este paradigma no correspondería regularlo en esta parte del proyecto.

El Honorable Senador señor Navarro puso en relieve que el principio de gobernanza debe ser obligatorio, de modo que informe el funcionamiento en conjunto de la institucionalidad y no sólo las acciones del gobernante.

En este sentido, afirmó que la única manera de que la gestión involucre acciones que trascienden a la actividad gubernamental, es involucrando a gobiernos locales, comunidades y privados.

Aseveró que una buena administración puede llegar a ser excluyente de grupos y sectores de la población, tal como ha ocurrido con ciertos pueblos indígenas y como se materializa en el centralismo que existe en el país.

Además consideró que al incorporar el principio en comento, quien esté a cargo de le ejecución de la ley, estará también obligado a integrar a los diferentes actores o interesados, superando la subjetividad de la autoridad de turno, por el contrario si se inserta una definición del concepto, esta podrá ser o no respetada al momento de tomar ese tipo de decisiones.

Al concluir aseguró que la inclusión de la gobernanza, es ineludible en el contexto del cambio climático y en el marco de la destrucción progresiva de ecosistemas a nivel mundial. La calificó como la única herramienta para detener los procesos negativos que experimenta la biodiversidad global.

En el mismo orden de materias, la Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa estuvo de acuerdo con el espíritu de lo señalado y el contenido de las indicaciones, pero, a su entender, este ha sido acogido en el texto del proyecto de ley, tanto en la regulación de las áreas protegidas, como en la aplicación de otros instrumentos de conservación.

Por su parte, comunicó que una vez finalizada la consulta indígena y su análisis, se podrán ver plasmadas en algunas indicaciones que incorporarán a las comunidades locales.

Sometida a votación la indicación número 67, contó con el voto a favor de la Honorable Senadora señora Allende y del Honorable Senador señor Navarro y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio. Producido el empate se procedió de acuerdo al artículo 182 del Reglamento del Senado, repetida la votación contó con el mismo resultado.

En la siguiente sesión ordinaria de la Comisión, se reiteró la votación, habiéndose mantenido el empate con el voto a favor de la Honorable Senadora señora Allende y del Honorable Senador señor Navarro y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio, dándose por desechada la proposición.

En relación al principio de gobernanza también se presentó la indicación número 68, del Honorable Senador señor De Urresti, busca agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Gobernanza: El proceso de toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos, deberá incorporar mecanismos que reconozcan y permitan el involucramiento efectivo y la gestión de las áreas protegidas de los diversos actores relacionados con ellas. Esto involucra además del Estado, a los gobiernos locales, a los privados, y en especial a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que tradicionalmente han hecho uso de estas áreas y los recursos que en ellas se encuentran cuyas prácticas entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.”.

Sometida a votación la indicación número 68, contó con el voto a favor de la Honorable Senadora señora Allende y del Honorable Senador señor Navarro y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Moreira y Walker. Producido el empate se procedió de acuerdo al artículo 182 del Reglamento del Senado, repetida la votación contó con el mismo resultado.

En la siguiente sesión ordinaria de la Comisión, se reiteró la votación, habiéndose mantenido el empate con el voto a favor de la Honorable Senadora señora Allende y del Honorable Senador señor Navarro y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio, dándose por desechada la proposición.

Indicaciones números 69, 70 y 71

Las indicaciones números 69, 70 y 71, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para incorporar la siguiente letra nueva:

“…) Principio de no regresión: La normativa legal, reglamentaria y administrativa, así como los actos administrativos dictados por la autoridad no podrán ser revisados si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados con anterioridad.”.

El Honorable Senador señor Navarro aseguró que toda protección de la biodiversidad debe ser ascendente, por lo cual el establecimiento del principio de la no regresión constituye una piedra angular para este proyecto de ley.

Por su intermedio, aseguró que se estará velando para que aquello que se ha alcanzado no pueda sufrir retrocesos en el proceso de conservación, pudiendo ser modificados aspectos de la ley, pero sin disminuir los márgenes alcanzados con anterioridad.

Calificó el principio como un mecanismo de resguardo sano, apuntando a la estabilidad de las leyes y su efectividad, evitando que intereses contrarios, que no comprueben ser superiores a los parámetros público-ambientales establecidos, sean aceptados sin contar con un debate político superior y diferente a la mera modificación legislativa.

A mayor abundamiento señaló que la desregulación o desmontaje de los derechos, son situaciones que se presentan en gobiernos no democráticos, y por otro lado, una mayoría circunstancial no debería tener la posibilidad de destruir niveles de protección conquistados con anterioridad.

A propósito del principio en discusión el Honorable Senador señor Walker, consultó si este principio se encuentra contenido en el recientemente aprobado Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Paris, el 12 de diciembre de 2015.

El abogado de la División Jurídica, señor Alejandro Correa reconoció que resulta complejo establecer el principio de la no regresión, pudiendo limitar y restringir el actuar del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el futuro.

En razón de lo indicado, precisó que se ha incorporado a través de las indicaciones del Ejecutivo algunas medidas concretas que recogen el principio.

Así es como en el artículo 68 nuevo, que establece la modificación y desafectación de las Áreas Protegidas del Estado, se contempla una regla aplicable a todos los casos de modificación y desafectación, consistente en que dichas acciones tendrán un carácter excepcional y no podrán significar un detrimento significativo a los objetivos del Sistema de Áreas Protegidas.

Argumentó que con esta norma cualquier eventual modificación en un área será considerada de manera sistémica.

Finalmente, estimó que bajo los supuestos explicados, la propuesta parlamentaria contenida en las indicaciones en debate debe ser rechazada.

El Honorable Senador señor Navarro objetó lo señalado diciendo que el concepto de impacto significativo resulta una propuesta ambigua, del mismo modo que la excepcionalidad, que ha quedado entregada al criterio del Ministro, quien podrá incluso disminuir los estándares establecidos en instrumentos normativos internacionales ratificados por nuestro país.

Acto seguido, manifestó su rechazo a la norma descrita por el abogado de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, por cuanto, lo que a su juicio se pretende, es establecer la discrecionalidad absoluta en materia de desafectación de áreas protegidas, constituyendo una directa violación al principio de no regresión, quitando valor a la normativa, que en definitiva, opinó, privilegia los intereses económicos.

Al concluir, consultó a los representantes del Ejecutivo, quien será el encargado de definir los conceptos contenidos en el citado artículo 68 nuevo del proyecto de ley, esto es, el impacto sustantivo y la excepcionalidad al momento de modificar o desafectar un área.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa hizo presente que para el Ministerio la norma del artículo 68 nuevo, resguarda de manera suficiente la no regresión en el contexto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio hizo hincapié en que la desafectación y la forma de llevarla a cabo será un tema latamente discutido en su momento en los términos de la Convención de Washington.

En el mismo orden de ideas, la Honorable Senadora señora Allende sostuvo estar de acuerdo con el establecimiento en esta iniciativa del principio de no regresión, pero no comparte la forma en que se encuentra redactada en las indicaciones en debate.

Solicitó al Ejecutivo tener en consideración una inclusión directa del principio, asegurando de ese modo no perder aquellos avances que se hayan alcanzado en materia de protección de la biodiversidad.

El Honorable Senador señor García Huidobro hizo saber que es de la posición que las afectaciones y desafectaciones realizadas sobre áreas declaradas protegidas se materialicen mediante un instrumento normativo de tramitación legislativa, que represente un acuerdo político de carácter público.

Señaló que como Diputado, el año 2004 [1], presentó una iniciativa en ese sentido, a propósito de una situación compleja experimentada en la Reserva Nacional Río Los Cipreses en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, en que incluso se recurrió a la justicia, razón que estimó suficiente para no dejar, en este proyecto, al arbitrio de la autoridad administrativa este tipo de determinaciones.

Sometidas a votación las indicaciones números 69, 70 y 71 fueron rechazadas por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio, a favor votó el Honorable Senador señor Navarro.

Indicaciones números 72, 73 y 73 bis,

Las indicaciones números 72, 73 y 73 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Participación Ciudadana: Es deber del Estado contar con los mecanismos que aseguren la participación informada de toda persona en las gestiones de conservación de la biodiversidad.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa adujo que el principio que se busca establecer por medio de la propuesta, ha sido recogido con la aprobación del principio participativo contemplado en el literal c) del artículo 2° del proyecto de ley.

Al respecto el Honorable Senador señor Navarro trajo a colación la regulación contemplada en el artículo 26 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la que utiliza la expresión asegurar, al referirse a los mecanismos de participación ciudadana en el contexto del sistema de evaluación ambiental (SEA).

Añadió que sin perjuicio de que la norma citada es acotada al SEA, el concepto asegurar es un elemento clave, consagrado en la ley marco de la institucionalidad medioambiental en nuestro país.

Continuó argumentando que el no asegurar la participación en los términos antes expuestos, supone la afectación a un concepto previamente establecido, mediante una ley sectorial posterior. En este sentido, dijo que el principio debe contener la forma verbal propuesta, siendo la única forma de respetar al estándar normativo vigente.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente examinó que la indicación propuesta no utiliza el vocablo asegurar. Agregó que no existe un cambio de criterio a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.

El Honorable Senador señor Navarro alegó que la indicación de su autoría si contempla el concepto de aseguramiento, en línea con la norma del artículo 26 de la Ley N° 19.300, siendo del siguiente tenor: “Es deber del Estado contar con los mecanismos que aseguren la participación informada de toda persona en las gestiones de conservación de la biodiversidad.”.

Continuando su análisis, recalcó que el concepto permitir, usado en la propuesta del Ejecutivo, constituye un retroceso en relación a la ley N° 19.300, ya que no garantiza la efectiva participación, no así la indicación, cuyo propósito es precisamente otorgar esa garantía.

Puestas en votación las indicaciones números 72, 73 y 73 bis fueron rechazadas por tres votos en contra de la Honorable Senadora señora Allende y los Honorables Senadores señores Moreira y Walker, don Patricio y uno a favor del Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 74

La indicación número 74, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para introducir una letra nueva, del tenor que se indica:

“…) Principio de participación en los beneficios: Las comunidades indígenas y locales cuyos territorios tradicionales estén situados en todo o parte al interior de las áreas protegidas, tendrán derecho a participar en los beneficios económicos, culturales, educativos y de otra índole que se deriven de dichas áreas. La participación en dichos beneficios podrá ser extendida a las comunidades indígenas y locales cuyos territorios estén situados en zonas aledañas a las áreas protegidas.”.

En el III Período de indicaciones, el Ejecutivo formuló la indicación número 414 bis, previa consulta a los pueblos originarios, mediante la cual se propone la creación de un Área de Conservación Indígena, que recoge los elementos contenidos en esta propuesta.

Consecuente con lo anterior, la indicación número 74 se desestimó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 75 y 76

Las indicaciones números 75 y 76, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para agregar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de Perpetuidad: las acciones del Estado sobre componentes de la biodiversidad deben efectuarse con una mirada de largo plazo garantizando y proyectando la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.”.

El Honorable Senador señor Navarro aseveró que la era de la industrialización no se ha preocupado de las generaciones futuras, de manera que la política medio ambiental así como los preceptos que establece esta ley, debieran tener en consideración una visión de largo plazo y el impacto que tendrá en las generaciones venideras, atendido que el impacto acumulativo de los impactos ambientales.

El señor Ministro del Medio Ambiente expresó que este principio es innecesario, ya que se encuentra comprendido en el principio de la sustentabilidad, aprobado en la letra g) del artículo 2° en análisis.

Puestas en votación las indicaciones números 75 y 76 fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicaciones números 78, 79 y 79 bis

Las indicaciones números 78, 79 y 79 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para consultar una letra nueva, del siguiente tenor:

“…) Principio de restauración: Es deber del estado velar por la recuperación de los ecosistemas degradados.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Figueroa, consideró innecesario la incorporación de este principio, ya que el proyecto considera la materia en el artículo 33, nuevo, que propone incorporar.

Puesta en votación las indicaciones números 78, 79 y 79 bis fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende, Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

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Indicación número 79 ter

La indicación 79 ter del Honorable Senador señor Horvath, para consultar las siguientes letras nuevas, del siguiente tenor:

“…) Principio de participación ciudadana: Es deber del Estado contar con los mecanismos que aseguren la participación informada de toda persona en las gestiones de la conservación de la biodiversidad.

“…) Principio de no regresión: La normativa legal, reglamentaria y administrativa, así como los actos administrativos dictados por la autoridad no podrán ser revisados si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados con anterioridad.

“…) Principio de equidad: Se deberá promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad, así también se deberá proteger el conocimiento tradicional asociado a los recursos biológicos.

“…) Principio de restauración: Es deber del Estado velar por la recuperación de los ecosistemas degradados.”.

Puesta en votación la indicación número 79 ter, fue rechazada por los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. Votó a favor el Honorable Senador señor Navarro.

Artículo 3°

Define en diecinueve literales diversos conceptos relacionados con el presente proyecto de ley.

En atención a que con ocasión de la discusión de las indicaciones, la Comisión aprobó nuevas definiciones que exceden las letras del abecedario, se acordó autorizar a la Secretaría para sustituir los literales por números. Asimismo, se le encomendó ordenar alfabéticamente las definiciones contenidas en el artículo en análisis.

Acordado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. (Unanimidad 3x0. Inciso final del artículo 121 del Reglamento).

Encabezamiento

Dispone textualmente:

“Artículo 3°. Definiciones. Se entenderá por:”.

A este literal se presentó la indicación número 80 bis a) de S.E. la Presidenta de la República para introducir las siguientes modificaciones al artículo 3°:

a) Sustituir en su encabezamiento, la expresión “Se entenderá por” por la frase “Para los efectos de esta ley, se entenderá por”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa, explicó que la indicación tiene por objeto circunscribir las definiciones a la presente ley, evitando aludir a otros cuerpos legales, precaviendo eventuales confusiones.

El Honorable Senador señor Navarro discrepó de la opinión del Ejecutivo, en orden a circunscribir las definiciones al ámbito del proyecto de ley en estudio, por estimar que la legislación que nos ocupa persigue otorgar un marco integral a la protección de la biodiversidad, solicitando una aclaración al Ejecutivo acerca del alcance de la indicación.

El asesor jurídico del Ministerio, señor Alejandro Correa opinó que el Ejecutivo pretende evitar problemas de interpretación por existir definiciones similares en otros cuerpos legales.

Puesta en votación la indicación número 80 bis a), se aprobó con el voto favorable de los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; en tanto que el Honorable Senador señor Navarro se abstuvo.

Indicaciones números 80 y 80 bis

A este encabezamiento se presentaron también las indicaciones números 80 y 81, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para reemplazarlo por el que sigue:

“Artículo 3°. Definiciones. Para todos los efectos legales se entenderá por:”.

Como consecuencia de la aprobación de la letra a) de la indicación número 80 bis, las indicaciones números 80 y 81 se rechazaron con los votos en contra de los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Letra a)

Señala en forma textual lo siguiente:

“a) Área protegida: Espacio geográfico específico y delimitado, reconocido mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico contenidos en dicho espacio.”.

Las indicaciones números 83 y 84, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Área protegida: Espacio geográfico delimitado, reconocido mediante decreto supremo, cuyo propósito es en el presente y a largo plazo asegurar la conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Alejandra Figueroa, aseveró que el Ejecutivo opta por mantener la definición de área protegida que consigna el texto aprobado en general, toda vez que es un texto simple que incluye los elementos que debe contener una definición de área protegida.

El Honorable Senador señor Navarro, expresó que el texto aprobado en general, hace referencia a un espacio geográfico y “delimitado”, sin considerar la interacción que existe entre las áreas protegidas con los ecosistemas próximos. Puntualizó, además, que la indicación que propone alude a la conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales asociados, elementos que, en su opinión, tienen una connotación más amplia que la contenida en el patrimonio natural, cultural y paisajístico que consigna el texto aprobado, todos los cuales debieran considerarse para ser incorporados en la definición.

La Honorable Senadora señora Allende aseveró que la indicación en análisis, considera la conservación a largo plazo, que le parece un elemento a considerar.

El señor Ministro del Medio Ambiente coincidió con el planteamiento de la Honorable Senadora señora Allende, en lo relativo a considerar el elemento del largo plazo, razón por la cual, y acogiendo parcialmente la indicación en análisis, propuso a la Comisión la siguiente redacción:

-en la letra a) del artículo 3°, intercalar entre el verbo “asegurar”, y las palabras “la preservación y conservación”, la oración: “en el presente y a largo plazo”.

El Honorable Senador señor Navarro aseveró no entender las razones para que se incluya el sustantivo país en la definición, expresando que no puede haber delimitación geográfica en ecosistemas, cuyos límites son más amplios que los límites territoriales.

El Honorable Senador señor Horvath, pidió poner atención en el instrumento que se utilizará para afectar o desafectar áreas protegidas.

La Honorable Senadora señora Allende consultó al señor Ministro sobre la posibilidad de dejar pendiente esta definición, hasta que la Comisión inicie el debate relativo a la afectación y desafectación de las áreas protegidas.

El señor Ministro del Medio Ambiente, afirmó que las áreas protegidas se crean por decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros, en tanto que la desafectación de las mismas será una materia que se tratará detalladamente en los artículos 25 y 26 del proyecto.

En votación las indicaciones 83 y 84 resultaron aprobadas con la modificación consignada anteriormente. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio; en contra lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate del artículo 3° en análisis, la letra a), ha pasado a ser número 1).

Indicaciones números 85 y 86

Las indicaciones números 85 y 86, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para reemplazarla por la siguiente:

“a) Área protegida: Espacio geográfico, terrestre, marino, costero -incluidos el suelo y subsuelo- y aéreo, específico y delimitado, reconocido oficialmente mediante acto de la autoridad administrativa o legislativa, con la finalidad de preservar o conservar la biodiversidad del país, proteger el patrimonio natural, cultural o su valor paisajístico u otras expresiones relevantes del medio ambiente.”.

La Honorable Senadora señora Allende expresó que la definición de las indicaciones en análisis incorpora los elementos terrestre, marino, costero -incluído suelo y subsuelo- y aéreo, dentro de la definición de área protegida, consultando al señor Ministro del Medio Ambiente su opinión al respecto.

El señor Ministro del Medio Ambiente, aseveró que la incorporación de los elementos mencionados no le agrega valor a la definición.

El Honorable Senador señor Navarro consultó si este proyecto considera la incorporación de las áreas marinas protegidas y de los ecosistemas costeros marinos como áreas de protección. Al efecto trajo a colación, la necesidad de realizar un Censo Nacional de Especies del Mar, refiriendo que un alto porcentaje de especies marinas son desconocidas, no existiendo registro de ellas.

El señor Ministro del Medio Ambiente respondió que el artículo 56 del proyecto aprobado en general, considera dentro de las áreas de protección a parques marinos, reservas marinas y áreas marinas costeras protegidas.

Puestas en votación las indicaciones números 85 y 86 se rechazaron. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Moreira y Walker, don Patricio. Se abstuvo el Honorable Senador señor Navarro.

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Indicación número 87

La indicación número 87, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para agregar a la letra a) los siguientes párrafos:

“La declaración de área protegida es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo.

En las áreas protegidas no se podrán desarrollar actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, tampoco se podrán implementar instalaciones, ni desarrollar actividades de turismo o recreación masivas.”.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Badenier manifestó su rechazo a la incorporación de los nuevos párrafos propuestos, toda vez que este literal establece una definición, no siendo procedente que la definición contenga regulaciones o restricciones que pueden aplicarse para ciertas categorías de áreas protegidas y para otras no.

El Honorable Senador señor Navarro, aseveró que, en su opinión, el problema radica en la minería del norte, que realiza tareas extractivas en áreas protegidas hace varias décadas, consultando en qué disposición del proyecto en estudio se prohibirán estas actividades extractivas.

La Honorable Senadora señora Allende aseveró que debiera postergarse el análisis del primer inciso, hasta que ingresen las indicaciones que dan cuenta de la consulta indígena, como ha ocurrido con otras que guardan relación con el mismo tema.

Respecto del segundo párrafo coincidió con el Ejecutivo en cuanto a que no es conveniente regular o restringir actividades en una definición.

El señor Ministro del Medio Ambiente, reiteró que en esta definición se incluyen distintas categorías de áreas protegidas y que establecer cualquier restricción general sería inconveniente, toda vez que cada categoría de área protegida es objeto de una regulación distinta, de acuerdo a su caracterización.

El Honorable Senador señor Horvath pidió votación separada de cada uno de los incisos, señalando que establecer la compatibilidad de las áreas protegidas con la existencia de comunidades tradicionales constituye un valioso aporte.

Previo acuerdo de la Comisión, se procedió a la votación separada de los incisos propuestos.

Puesto en votación el inciso primero propuesto en la indicación número 87 se rechazó. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende, Moreira y Walker, don Patricio; a favor lo hicieron los Honorables Senadores señores Chahuán y Navarro.

Puesto en votación el inciso segundo propuesto en la indicación se rechazó. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio; en tanto que a favor votó el Honorable Senador señor Navarro.

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Letra b)

Define el concepto de área protegida del Estado.

Indicaciones números 88, 89 y 89 bis

A esta letra se presentaron las indicaciones números 88, 89 y 89 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para reemplazarla por la siguiente:

“b) Área protegida de gestión estatal: Área protegida creada en bienes nacionales fiscales, de uso público, en el mar territorial o en la zona económica exclusiva.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Figueroa, opinó que la indicación propuesta adolece de un problema conceptual puesto que en el texto aprobado en general se establece que la gestión del Estado solo se hará en áreas protegidas de su propiedad, precisando, además, que el Sistema que se crea acoge a las áreas privadas protegidas, las que serán gestionadas por sus propietarios.

El Honorable Senador señor Navarro opinó que la manera cómo se está estructurando este proyecto está provocando reacciones, señalando el caso de ciertos predios de propiedad de CONAF que pretender ser traspasados al Ministerio de Bienes , como ocurre con la Reserva río Clarillo, consultando a quién le compete gestionar o administrar los bienes de propiedad fiscal que se entregan en concesión a particulares.

El Honorable Senador señor Horvath explicó que la indicación propuesta permite la gestión de los bienes nacionales de uso público y de los santuarios de la naturaleza que pueden ser incluso privados, aseverando que el vocablo “gestión” no es sinónimo de “administración”, admitiendo que la administración puede ser delegada, posibilitando así la suscripción de acuerdos con privados o pueblos originarios, reafirmando que la gestión sí le compete al Estado.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier aclaró que la definición de área protegida del Estado, en la forma en que se aprobó en general, incorpora espacios de propiedad fiscal y bienes nacionales de uso público, admitiendo que, naturalmente, el concepto propiedad es distinto al de gestión, por lo que estimó inconveniente introducirle modificación alguna.

En relación a la Reserva Río Clarillo, puntualizó que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad acordó declarar Parque Nacional a dicha Reserva, refiriendo que se encuentra pendiente el traspaso de los bienes de propiedad de CORFO al Fisco, de modo que falta esa condición para que Río Clarillo sea un Parque Nacional.

Puesta en votación las indicaciones números 88, 89 y 89 bis fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. A favor votó el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 90

La indicación número 90, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirla por la que se señala:

“b) Área protegida del Estado: Área protegida que constituye patrimonio del Estado y de interés público y social, creada en espacios de propiedad fiscal o en bienes nacionales de uso público, incluyendo la zona económica exclusiva, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales y culturales, investigación científica, para la recreación, educación y promoción del turismo sustentable.”.

El ex Ministro del Medio Ambiente, señor Pablo Badenier expresó que para mejor entendimiento de la definición es innecesario reiterar precisiones o redundar ciertos aspectos que podrían generar problemas de interpretación, razón por la cual se mostró partidario de rechazar la indicación.

Puesta en votación la indicación número 90 se rechazó. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. A favor votó el Honorable Senador señor Navarro.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra b), ha pasado a ser número 2).

Letra c)

Define área protegida de propiedad privada.

A esta letra se presentaron las siguientes indicaciones:

Indicación número 80 bis, letra b)

La indicación número 80 bis, letra b) de S.E. la Presidenta de la República para eliminar, la primera vez que aparece, la expresión “de propiedad”.

Puesta en votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira, Navarro y Walker.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra c), ha pasado a ser número 3).

Indicaciones números 91 y 92

Las indicaciones números 91 y 92, de los Honorables Senadores señores De Urresti y Navarro, respectivamente, para eliminar la expresión “de propiedad”, la primera vez que aparece.

En consideración a que se aprobó la indicación 80 bis, letra b), las indicaciones números 91 y 92, se entienden subsumidas en las anteriores y por tal razón fueron rechazadas por la la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

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Indicación número 92 bis

La indicación número 92 bis del Honorable Senador señor De Urresti para consultar un nuevo literal a continuación del actual c), del siguiente tenor:

“…) Área protegida de uso ancestral: Área de protección creada en terrenos particulares de personas, comunidades u organizaciones indígenas reconocidas por el Estado y cuyos recursos biológicos se conservan mediante actividades asociadas a las prácticas y conocimiento de los pueblos originarios que las ocupan.”

La Comisión estimó que la indicación en análisis se encuentra recogida en la indicación número 414 bis, formulada por el Ejecutivo durante el III período de indicaciones, que crea la figura de protección denominada Área de Conservación de Pueblos Indígenas, aprobada por la unanimidad de la Comisión.

En consideración a lo expuesto, la indicación 92 bis se rechazó por la la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores, Moreira, y Walker, don Patricio.

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Letra d)

Dispone textualmente lo siguiente:

“d) Biodiversidad o diversidad biológica: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.”.

Indicaciones números 93 y 94

A este literal se presentaron las indicaciones números 93 y 94, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para intercalar, a continuación de la palabra “Incluye”, lo siguiente: “la variabilidad genética de los organismos y”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Alejandra Figueroa expresó que la definición aprobada en el primer informe, incluye la variabilidad genética de los organismos toda vez que se refiere a la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.

El Honorable Senador señor Navarro afirmó que la indicación de su autoría pretende considerar las eventuales mutaciones que pudieren afectar a una especie.

Puesta en votación las indicaciones números 93 y 94 fueron rechazadas. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra d), ha pasado a ser número 4).

Indicación número 95

La indicación número 95, del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar en la última oración, a continuación de la palabra “diversidad”, el vocablo “genética”.

Consecuente con el rechazo de las indicaciones anteriores, la indicación número 95 se desechó con la misma votación. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Indicación número 96

La indicación número 96, del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar luego de la expresión “Incluye la diversidad dentro de una misma especie,” la siguiente frase: “o diversidad genética, la diversidad”.

La indicación número 96 se rechazó con la misma votación anterior. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. A favor lo hizo el Honorable Senador señor Navarro.

Letra e)

Precisa la noción de corredor biológico.

Indicación número 80 bis, letra c)

La Indicación número 80 bis c) de S.E. la Presidenta de la República para eliminarlo, adecuando las demás letras por su orden correlativo.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Figueroa, explicó que el Ministerio ha considerado más adecuado mantener la definición de corredor biológico, reemplazándola por la siguiente:

“e) Corredor biológico: Un espacio que conecta paisajes, ecosistemas y hábitats, facilitando el desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético de las mismas, que permite asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y procesos ecológicos y evolutivos.”.

Puesta en votación la indicación número 80 bis c), se aprobó con la modificación transcrita, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra e), ha pasado a ser número 8).

Indicaciones números 97, 98 y 98 bis

Las indicaciones números 97, 98 y 98 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que sigue:

“e) Corredor biológico: Un espacio de hábitat continuo o discontinuo, que conecta los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento e intercambio de las poblaciones y el flujo genético de las mismas.”.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, expresó que las indicaciones en estudio incluyen elementos que también consideró la nueva definición de corredor biológico, de manera que estas indicaciones deben considerarse subsumidas en la indicación aprobada anteriormente.

Por las consideraciones expresadas, las indicaciones números 97, 98 y 98 bis se rechazaron unánimemente por los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira, Navarro y Walker, don Patricio.

Letra f)

Precisa el concepto de costa o costero

Indicación número 80 bis, letra d)

La indicación número 80 bis d) de S.E. la Presidenta de la República para eliminar la actual letra f), adecuando las demás letras a su orden correlativo.

El asesor del Ministerio, señor Alejandro Correa, señaló que a la luz de antecedentes surgidos en el debate de la Comisión, el Ejecutivo desestima la eliminación de la norma, proponiendo, en su reemplazo, la siguiente definición:

“f) Costa o zona costera: Espacio o interfase dinámica donde interactúan los ecosistemas terrestres con los acuáticos marinos, y en algunos de ellos con los continentales.”.

El Honorable Senador señor Navarro, opinó que la definición propuesta no establece un ámbito para el mar territorial, considerando que esta nueva definición podría aplicarse a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En votación la indicación 80 bis d), se aprobó, con la redacción transcrita, con los votos a favor de los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Moreira y Walker, don Patricio. Se abstuvo el Honorable Senador señor Navarro.

Como consecuencia de lo anterior, las indicaciones números 98 ter y 98 quáter, resultaron rechazadas con la misma votación.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra f), ha pasado a ser número 9).

Letra g)

Prescribe en forma textual lo que sigue:

“g) Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.”.

Indicaciones números 99 y 100

Las indicaciones números 99 y 100, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para intercalar, a continuación de la expresión “unidad funcional”, la locución “y que comparten un tiempo y un espacio”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Figueroa, expresó que el Ejecutivo opta por el texto de la letra g), aprobado en general, señalando que la indicación propuesta no le agrega valor a la definición de ecosistema

Puesta en votación las indicaciones números 99 y 100 fueron rechazadas, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra g), ha pasado a ser número 11).

Letra h)

Indicación número 80 bis, letra e)

Define ecosistema amenazado.

La indicación 80 bis e) de S.E. la Presidenta de la República para reemplazar la letra h), por la siguiente:

“h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta riesgos que pueden producir disminución en su extensión o cambios en su composición, estructura o función, conforme al procedimiento de clasificación según el estado de conservación a que se refiere el artículo 31.”.

Puesta en votación, la Indicación 80 bis e) se aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

Indicación número 101

La indicación número 101, del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazarla por la siguiente:

“h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta alteraciones negativas en su extensión, composición, estructura o función, conforme a criterios y umbrales que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza, en términos tales de definir el peligro que ella significa para su regeneración natural o su recuperación.”.

Indicaciones números 102 y 103

Las indicaciones números 102 y 103, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que se indica:

“h) Ecosistema amenazado: Ecosistema que presenta alteraciones negativas en su extensión, composición o estructura, conforme a criterios que permitan cuantificar estos cambios y calificar el grado de amenaza, en términos tales de definir el peligro que ella significa para su regeneración natural o su recuperación.”.

Indicaciones números 104 y 105

Las indicaciones números 104 y 105, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que se indica:

“h) Ecosistema amenazado: Corresponde a ecosistemas en estado crítico, vulnerable o en peligro, cuya disminución en distribución o función ecológica, distribución reducida o relicto, o su condición ecológica expresada por indicadores físicos, químicos o bióticos, reflejan disminución o pérdida de la función ecológica, que amerita una acción para detener su pérdida.”.

Indicaciones números 106 y 107

Las indicaciones números 106 y 107, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para reemplazarla por la que se señala a continuación:

“h) Ecosistema amenazado o vulnerable: Ecosistema que presenta cambios o amenazas en su extensión, composición, estructura o función, ya sea por acción antrópica o natural que representa un deterioro de su biodiversidad conforme a criterios y umbrales objetivos.”.

Puestas en votación las indicaciones números 101; 102 y 103; 104 y 105; y 106 y 107 se rechazaron, por la unanimidad de los miembros presentes, que lo fueron los Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate del artículo 3°, la letra h), ha pasado a ser número 12).

Letra i)

Define ecosistema degradado.

Indicación número 80 bis, letra f)

La indicación N° 80 bis f) de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar en la letra i), la frase “severos para permitir la regeneración natural o la recuperación” por la siguiente: “severas, de acuerdo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 33”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Figueroa, aseveró que el Ejecutivo ha perfeccionado esta definición, remitiendo al procedimiento de declaración que establezca el reglamento.

Puesta en votación, la Indicación 80 bis f) se aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 108 y 109

A esta letra se presentaron también las indicaciones números 108 y 109, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, para reemplazarla por la que se señala a continuación:

“i) Ecosistema degradado: Ecosistema cuyos elementos físicos, químicos o biológicos originales han sido alterados por acción antrópica o natural, produciendo la disminución significativa de la abundancia de las especies de importancia para la biodiversidad del país.”.

Las indicaciones números 108 y 109 se rechazaron, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra i), ha pasado a ser número 13).

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Indicación número 80 bis, letra g)

La indicación número 80 bis g) de S.E. la Presidenta de la República para intercalar, a continuación de la actual letra i) la siguiente letra nueva.

“j) Especie endémica: Especie nativa que se distribuye únicamente en un territorio o un área geográfica determinada y que no habita naturalmente en otro lugar.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que el Ejecutivo estimó pertinente incorporar esta definición en atención a que es utilizada con frecuencia en el articulado del proyecto.

Puesta en votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker.

Letra j)

Define especie exótica.

Indicación número 80 bis letra h)

La indicación número 80 bis, letra h) de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar la actual letra j), por la siguiente:

“k) Especie exótica: Una especie, subespecie o taxón inferior, que se encuentra fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte de ella, tales como gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse.”.

La señora Figueroa, Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, afirmó que la sustitución propuesta tiene por objeto conceptualizar dos definiciones distintas que se encontraban fundidas en el texto aprobado en general, definiendo separadamente, especie exótica y especie exótica invasora.

Puesta en votación la indicación se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 110 y 111

Las indicaciones números 110 y 111, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que se indica:

“) Especie exótica: Toda especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies, que pueden sobrevivir y reproducirse.”.

La Honorable Senadora señora Allende hizo presente que ambas indicaciones comprenden los mismos elementos que la indicación del Ejecutivo recientemente aprobada.

Puestas en votación las indicaciones 110 y 111, se rechazaron, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 111 bis y 112

La indicación número 111 bis del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarla por la siguiente:

“) Especie exótica: Toda especie, subespecie o taxón inferior, introducida fuera de su distribución natural, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos de tales especies que puedan sobrevivir y reproducirse en el medio terrestre, marino o dulceacuícola.

La indicación número 112, del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la locución “Una especie” por “Toda especie”.

Puestas en votación las indicaciones números 111 bis y 112 se rechazaron, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate del artículo 3° en análisis, la letra j), ha pasado a ser número 15).

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Indicación número 80 bis, letra i)

La indicación número 80 bis, letra i) de S.E. la Presidenta de la República, para incorporar a continuación de la letra j), la siguiente letra nueva.

“l) Especie exótica invasora: Especie exótica cuyo establecimiento o expansión amenaza ecosistemas, hábitats o especies, por ser capaz de producir daño a uno o más componentes del ecosistema.”.

Puesta en votación la indicación 80 bis, letra i) se aprobó, por la unanimidad de los miembros presentes Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

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Letra k)

Define especie nativa.

Indicación número 80 bis, letra j)

La indicación número 80 bis, letra j) de S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la expresión “biológica, ya sea plantas, algas, bacterias, hongos o animales, originaria del país”, por la siguiente frase: “que se distribuya en forma natural en el país.”.

La Jefe de la División Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, aseveró que ya se ha definido especie endémica, y ahora se precisa la definición de especie nativa, con el propósito de destacar la singularidad de la especie endémica, que se distribuye en una zona geográfica determinada.

Puesta en votación la indicación 80 bis, letra j) se aprobó, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En el transcurso de la misma sesión, el Honorable Senador señor Walker solicitó reapertura del debate de este literal, acordándose así por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, y señores Horvath y Walker, don Patricio.

El asesor del Ministerio, señor Correa, sugirió agregar en la letra m), a continuación de la expresión “especie”, la expresión “autóctona”, manteniendo, en lo demás, la indicación en la forma que fue aprobada.

La enmienda propuesta resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Horvath y Walker, don Patricio.

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A continuación, el Honorable Senador señor Horvath, recordó que en sesión celebrada el 9 de enero solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional un comparado entre los acuerdos adoptados por la Comisión Técnica Asesora y las indicaciones que el Ejecutivo presentó, con el objeto de conocer cuáles son las indicaciones que dan cuenta de los acuerdos adoptados, explicando que el proyecto debiera mejorar sustancialmente si se hubiesen considerado las recomendaciones de la Comisión Técnica.

Agregó que la propuesta del Comité fue ampliamente reconocida por el mundo científico, académico y ambientalista; que asimismo fue acogida por el Ejecutivo y el Parlamento, transformándose en una guía para avanzar en este proyecto, aseverando que antes de continuar con la discusión, es preciso tener a la vista los antecedentes requeridos a la BCN.

El asesor de la BCN, señor Enrique Vivanco se comprometió a tener disponibles los antecedentes requeridos para la sesión a efectuarse el día lunes 23 de enero de 2017.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Patricio Walker, planteó que es de la opinión de tener a la vista el informe de la BCN, cotejar detenidamente si las indicaciones aprobadas se ajustan a lo señalado en los acuerdos de la Comisión Técnica y luego adoptar una decisión.

El Honorable Senador señor Horvath, reiteró que a petición de esta instancia legislativa, se formó una Comisión Técnica Multidisciplinaria con integrantes del mundo académico, científico y ambientalista, de gobierno y asesores parlamentarios, que valoran técnicamente la biodiversidad. Esta Comisión realizó un informe sobre el contenido del proyecto y las materias que debía abordar, para que éstas últimas fueran consideradas en este segundo informe, señalando que debiera efectuarse una revisión para cotejar lo acuerdo adoptados y las materias que fueron indicadas por el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio (Presidente), solicitó el asentimiento de la Comisión para los efectos de efectuar tal revisión.

--Así se acuerda por unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Chahuán y Walker, don Patricio.

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Indicación número 113

La indicación número 113, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“k) Especie nativa: Es aquella originaria o autóctona de la zona en que habita, pero que no se encuentran necesariamente en forma exclusiva en ese lugar.”.

Indicación número 114

La indicación número 114, del Honorable Senador señor De Urresti, para intercalar, a continuación de la expresión “o animales,”, la siguiente: “incluidos los recursos genéticos,”.

Las indicaciones números 113 y 114 se rechazaron por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al citado acuerdo de la Comisión adoptado al inicio del debate del artículo 3°, la letra k), ha pasado a ser número 17).

Letra l)

Considera el concepto de especie silvestre.

Indicación número 80 bis letra k)

La indicación número 80 bis k, de S.E. la Presidente de la República, para eliminarla, adecuando las demás letras en su orden correlativo.

Puesta en votación la indicación 80 bis, letra k) se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 115, 116, 117, 118 y 119

Las indicaciones números 115 y 116, de los Honorables Senadores señores De Urresti y Navarro, respectivamente, para sustituirla por la siguiente:

“l) Especie silvestre, bravía o salvaje: Todo ejemplar de cualquier especie animal, que viva en estado natural, libre o independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cual sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre.”.

La indicación número 117, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la que se indica:

“l) Especie silvestre, bravía o salvaje: Todo ejemplar de cualquier especie, que viva en estado natural, libre o independiente del ser humano, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre.”.

Las indicaciones números 118 y 119, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que sigue:

“l) Especie silvestre: Cualquier especie que vive en su estado “natural” en forma libre e independiente del ser humano, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su origen, nativo o exótico, ni su fase de desarrollo.”.

Puestas en votación las indicaciones números 115, 116, 117, 118 y 119 fueron desechadas por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Letra m)

Define el concepto de humedal.

La indicación número 80 bis l), de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“) Humedal: Ecosistema formado de agua en régimen natural, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina, incluida toda extensión de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”.

La señora Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Figueroa aseveró que esta nueva definición efectúa una disección conceptual de los distintos tipos de humedales, posibilitando así una comprensión más amplia, sin dejar afuera ningún tipo de ellos. Sugirió, además, se incluya en la definición bosques pantanosos y turberas, puesto que se trata de ambientes especiales que estaban considerados en la definición del texto aprobado en general.

La Comisión concordó con la propuesta del Ejecutivo, proponiendo aprobar el artículo, reemplazando la voz “incluida”, por “incluidos”, intercalando entre esta última voz y las palabras “toda extensión”, la oración “bosques pantanosos y turberas y”.

En votación la indicación número 80 bis l, se aprobó con la modificación indicada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Con posterioridad a la votación, la Honorable Senadora señora Allende solicitó reabrir el debate, a objeto de incluir las extensiones a que aluden las indicaciones números 123 y 124, mencionándolas a modo de ejemplo, citando entre ellas, marismas, pantanos y turberas, etc.

Así se acordó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, y Walker, don Patricio

La Jefa de la División de Recursos Naturales señora Figueroa, explicó que la indicación del Ejecutivo apunta a la definición del concepto, señalando las características de un ecosistema denominado humedal, más que a efectuar una descripción ejemplar de los diferentes tipos del mismo, aseverando que la propuesta de la Honorable señora Senadora podría excluir algún tipo de humedal o bien, dejar a la interpretación de un tercero la tipología de los mismos.

La Honorable Senadora señora Allende discrepó de los argumentos del Ejecutivo, toda vez que su proposición es a modo meramente ejemplar, y de ninguna manera podría tener carácter taxativo, consultando si existe apoyo de la Comisión al respecto.

El Honorable Senador señor Horvath, puso de relieve la importancia de los humedales como ecosistemas que garantizan la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, solicitando conocer previamente la definición que efectúa la Convención Internacional sobre Protección de los Humedales, advirtiendo que trae a colación este aspecto, atendido que investigadores internacionales acordaron años atrás no publicar sus informes e investigaciones en español, puesto que Chile no estaba dando cumplimiento a las normas de la citada Convención.

El Honorable Senador señor Horvath consultó si en la definición propuesta están consideradas las cubiertas de agua artificial, relatando que cuando se construyen ciertas obras públicas se forman lagunas de origen artificial, a las que llegan flamencos y distintos tipos de aves, opinando que estos ecosistemas no pueden quedar al margen de la protección de esta ley.

La Jefe de la División de Recursos Naturales, señora Figueroa opinó que es peligroso incluir cubiertas de agua artificial en la definición de humedales, ya que en algunos ámbitos se discute si los relaves o embalses son lagunas artificiales y, eventualmente podría ocurrir que una laguna artificial sea beneficiosa para una especie, no obstante ser absolutamente perjudicial para el ecosistema como ocurre con los relaves. Por ello pidió expresamente no incluir la expresión “artificial”.

El Honorable Senador señor Horvath, señaló que, naturalmente, no piensa que los tranques de relaves sean beneficiosos para los ecosistemas, aseverando que las lagunas artificiales que se forman al hacer caminos generan humedales, de manera que se establecen corredores biológicos que debieran ser objeto de evaluación ambiental. No hay duda, continuó señalando, que la intervención del ser humano en el medio natural, altera la naturaleza y genera en ciertos casos humedales, y si ahí se instalan colonias de aves que se deben proteger. Señaló que una manera de considerar las lagunas artificiales, sería agregando en el texto, cuando corresponda, pero excluirlas, precisó, es constreñir el objeto del proyecto.

La Honorable Senadora señora Allende pidió mayor precisión en el tema de las lagunas artificiales.

El Honorable Senador señor Horvath, reiteró que Chile es miembro de la Convención Internacional Ramsar, sobre Protección de Humedales, afirmando que hay que ser extremadamente cuidadoso, ya que si una ley nacional considera un elemento restrictivo, estaría incumpliendo el Convenio.

Agregó que existen diversos humedales artificiales, sean por caminos, embalses o diversas obras, las cuales no pueden quedar al margen de la ley.

La señora Alejandra Figueroa, estimó que podría constituir una arbitrariedad exigir al Servicio Nacional de la Biodiversidad que se ocupe de humedales artificiales, en circunstancias que existe una superficie vasta de humedales naturales que se encuentran fuera de las áreas protegidas, y de los que también hay que ocuparse y darle el uso sustentable que merecen.

Enseguida, el abogado ayudante de la Comisión, dio lectura a la definición de humedal contenida en la Convención Internacional sobre Protección de los Humedales, cuyo texto es del siguiente tenor:

“Para el propósito de esta Convención, las zonas húmedas se dividen en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean estas naturales o artificiales, permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, frescas con helechos o saladas, incluyendo zonas de área de mar cuya profundidad no exceda de seis metros durante la marea baja.”.

A su vez, el Honorable Senador señor Chahuán pidió dejar constancia que para los efectos de esta ley, no se incluye a los relaves dentro de la definición de humedales.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, reiteró que el objeto de la ley debe recaer en ambientes naturales, y que acoger el texto de la Convención Ramsar en lo relativo a los humedales artificiales, podría implicar también la protección de regadíos, embalses y otros.

El Honorable Senador señor De Urresti, puntualizó que la definición de humedal debe ser de la mayor claridad, puesto que determinará el ámbito de protección de estos ecosistemas en nuestro país. Enseguida, trajo a colación un fallo que condenó al Estado de Chile, en el que se incorpora y se reconoce la Convención Ramsar, estableciendo la protección que se debía al Humedal Carlos Andwanter, señalando que si se aprobara la indicación como la propone el Ejecutivo no se hubiera podido condenar al Estado de Chile en el caso de la contaminación del citado Humedal.

Agregó que el Santuario Carlos Andwanter se formó a raíz de un cataclismo que trajo como consecuencias inundaciones posteriores, especificando que en la Región se han ido formando humedales urbanos, reiterando que el aludido fallo, ya ejecutoriado, se fundamentó en el artículo 1° de la Convención citada.

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En la sesión siguiente, celebrada el día 23 de enero de 2017, el analista de la BCN, señor Enrique Vivanco, efectuó una relación del Informe Comparado entre los contenidos del Protocolo de Acuerdo del Comité Técnico Asesor y las Indicaciones formuladas por la Presidenta de la República al proyecto de ley en estudio.

Los temas, explicó, se agruparon en siete materias, a saber: Disposiciones Generales; Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas (SBAP); Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), incluye áreas protegidas de propiedad privada; instrumentos de conservación de la biodiversidad; instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad; fiscalización, infracciones y sanciones; y Disposiciones Transitorias.

El documento elaborado, se anexa al presente informe y forma parte del contenido del mismo.

A continuación, la Secretaría de la Comisión trajo a colación que en la sesión anterior quedó pendiente la definición de “humedal”, en atención a lo solicitado por los Honorables Senadores señores Chahuán y Horvath, en orden a adoptar la definición establecida en la Convención sobre Protección de los Humedales, incorporando, asimismo, a los humedales de origen artificial.

El Honorable Senador señor Moreira coincidió con los planteamientos de los Senadores señores Chahuán y Horvath, relativos a la incorporación en la definición de humedal a dichos ecosistemas artificiales, consultando a los representantes del Ejecutivo si es efectivo que se oponen a ello, atendido que el Servicio que se crea no tendría capacidad para fiscalizarlos.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Figueroa manifestó la disposición a concordar una definición que reúna tales características, explicando que el Ejecutivo trata de dirigir la focalización de la protección, señalando que en general los humedales existentes están muy abandonados, existiendo una diversidad de instituciones que inciden sobre ellos. Enseguida, dio lectura a la proposición que ha redactado el Ejecutivo para ello.

“ ) Humedal: Ecosistema formado de agua, estancada o corriente, permanente o temporal, dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina y toda extensión de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Se reconocen como tipos de humedales, entre otros, los siguientes: lagos, lagunas, arroyos o vertientes, estuarios, marismas, vegas, bofedales, bosques pantanosos y turberas.”.

Explicó que la definición transcrita elimina el concepto de régimen natural, y de esa manera no se excluye la posibilidad de considerar a los humedales artificiales.

El Honorable Senador señor Horvath, consultó cúal es la dificultad que existe en orden a incorporar la definición de la Convención sobre Protección de Humedales.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio señora Figueroa, expresó que la definición que propone no altera aquella considerada por la Convención Ramsar, aclarando que entiende que las Convenciones generan lineamientos para que las Partes las adapten en función de sus diversas realidades, reiterando que la definición propuesta elimina la expresión régimen natural, de manera que no se omite la posibilidad que un sistema artificial pueda ser considerado como un tipo de humedal.

El Honorable Senador señor De Urresti, consultó donde cabría en esta definición la categoría de humedales urbanos, señalando que estos son los lugares más expuestos actualmente, los cuales, además, constituyen un patrimonio de las ciudades en que se encuentran, como sucede en Valdivia y Concepción.

A su vez, el Honorable Senador señor Guirardi solicitó respeto en la consideración de las indicaciones de aquellos Senadores que no integran la Comisión, señalando que si se aprueban solo las Indicaciones del Ejecutivo, sin considerar la línea argumental de las indicaciones formuladas por los parlamentarios, quienes las plantearon se ven en la necesidad de reponer sus indicaciones en la Sala.

Enseguida, afirmó que este proyecto ha sido intervenido de manera irregular por el Ministerio de Hacienda, el que incluso contraviene la Convención de Washington, al establecer que los parques nacionales pueden desafectarse por decreto supremo.

En relación a la definición de humedal, opinó que se debe redactar claramente, ya que a posteriori la interpretación del concepto resulta compleja, por lo que reiteró se debe explicitar que dicho concepto incluye ecosistemas naturales o artificiales, evitando que se pueda efectuar una interpretación arbitraria de humedal, sea administrativa o judicial.

El Honorable Senador señor Moreira pidió mayor rigurosidad y prudencia al emitir juicios como los vertidos en esta sesión, aseverando que las indicaciones se han analizado y debatido debidamente, con prescindencia de su autoría.

El Honorable Senador señor Chahuán, manifestó extrañeza por los juicios vertidos en esta discusión, solicitando que si existen antecedentes sobre una eventual intervención del Ministerio de Hacienda en la iniciativa, es necesario que se pongan los antecedentes a disposición de la Comisión, a fin de proceder en consecuencia.

El Honorable Senador señor Walker (Presidente), expresó enfáticamente su molestia por lo afirmado respecto al tratamiento que se habría dado a las indicaciones de los Honorables Senadores que no integran la Comisión, que en opinión de algunos señores Senadores presentes no han sido debidamente analizadas, aseverando que ello no es efectivo.

Enseguida, manifestó que también se han emitido juicios ajenos a la realidad, poniendo de relieve la aseveración en torno a la afectación y desafectación de parques naturales, en circunstancias que durante el primer trámite reglamentario, la totalidad de los integrantes de la Comisión opinó, y así consta en el primer informe, que esta Comisión no aceptará que la afectación o desafectación se efectué mediante un decreto.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, también aludió a las afirmaciones relativas a una supuesta intervención por parte del Ministerio de Hacienda en la tramitación del proyecto, destacando que en la formulación de las indicaciones del Ejecutivo se han coordinados distintas Secretarías de Estado, y que por tal razón las indicaciones están suscritas por S.E. la Presidenta de la República y los siete Ministros de Estado de las carteras que tienen vinculación con la materia, agregando que en esta Comisión se ha hecho un trabajo colaborativo y participativo en la discusión de cada una de ellas.

Enseguida, el Honorable Senador señor Horvath, reiteró la necesidad de no cercenar la definición de humedal e incluir todo aquello que califique como tal, y esa definición, precisó, es la que contiene el Convenio.

A su vez, el Honorable Senador señor Girardi, señaló que la Convención sobre Protección de los Humedales es ley de la República, señalando que cualquiera sea la definición, siempre prevalecerá aquella contenida en la Convención.

Independiente de lo anterior, opinó que a consecuencia del cambio climático, en el futuro la mayoría de los ecosistemas será artificial, los que deberán ser objeto de la protección adecuada dado la función ecológica que realizan, ya que son los únicos ecosistemas que generan, guardan, y purifican el agua.

El Honorable Senador Horvath, enfatizó que en la pasada sesión se acordó incorporar la definición de la Convención Ramsar.

La señora Alejandra Figueroa, reiteró que la definición de la Convención Ramsar contiene los mismos elementos que ha propuesto y redactado el Ejecutivo en esta sesión, la que deberá incluir, además, la expresión “o artificial”, a objeto de acoger los planteamientos de los señores Senadores que han intervenido en el debate.

A continuación el señor Presidente de la Comisión, puso en votación la definición del concepto de humedal, con la siguiente redacción:

) Humedal: Ecosistema formado de agua, en régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente dulce, salobre o salada, planicie mareal o pradera salina y toda extensión de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Se reconocen como tipos de humedales, entre otros, los siguientes: lagos, lagunas, arroyos o vertientes, estuarios, marismas, vegas, bofedales, bosques pantanosos y turberas.”.

El señor Presidente, solicitó la unanimidad para reabrir el debate, que se acordó por la unanimidad, de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, Moreira y Walker, don Patricio.

Puesta en votación la proposición del Ejecutivo, recién transcrita, resultó aprobada por la unanimidad. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, Moreira y Walker, don Patricio.

En consecuencia la indicación 80 bis l), resultó aprobada, con modificaciones, con la misma votación. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, Moreira y Walker, don Patricio.

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Indicación número 123 bis

La indicación número 123 bis del Honorable Senador señor De Urresti, para agregar a continuación del actual punto final, que pasa a ser coma, la siguiente expresión:

“, sean éstas urbanas o rurales y se encuentren en terrenos públicos o particulares.”.

El Honorable Senador señor De Urresti, señaló que la indicación de su autoría perfecciona el concepto de humedal, otorgando un instrumento para el resguardo de humedales urbanos.

El Honorable Senador señor Chahuán aseveró que la aprobación de esta indicación es adecuada para proteger aquellos humedales que se encuentran en terrenos privados, señalando que en la Región de Valparaíso han existido problemas en la declaratoria, refiriendo que en el Balneario de Quintero se construye un hotel próximo a un humedal.

La indicación 123 bis, se aprobó unánimente, con los votos favorables de los Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, Moreira y Walker, don Patricio.

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El Honorable Senador señor Chahuán solicitó dejar constancia en el informe que la voluntad de los señores Senadores al concurrir a la votación y aprobación de la definición de “humedal”, ha sido que esta contenga todos los elementos considerados en la Convención Ramsar sobre Protección de Humedales, consignándolo así para la historia fidedigna de la ley.

-Así se acordó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Allende y señores Chahuán, Horvath, Moreira y Walker, don Patricio.

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Indicaciones número 120, 121, 122, 123 y 124

La indicación número 120, del Honorable Senador señor De Urresti, para reemplazar la definición de humedal.

Las indicaciones números 121 y 122, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla la definición de humedal.

Las indicaciones números 123 y 124, de los Honorables Senadores señores Girardi y Navarro, respectivamente, también proponer una nueva definición para humedal.

A consecuencia de la definición aprobada para el concepto de “humedal”, las indicaciones números 120, 121, 122, 123 y 124 se rechazaron con los votos en contra de la Honorable Senadora señora Allende y de los Honorables Senadores señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión señalado al comienzo del debate del artículo 3°, la letra m), ha pasado a ser número 19).

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Letra n).

Dispone en forma textual lo siguiente:

“n) Paisaje de conservación: Territorio delimitado geográficamente, de propiedad pública o privada, que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación, y que es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.”.

Indicación número 80 bis, letra m

La indicación número 80 bis m) de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar este literal por el siguiente:

Paisaje de conservación: Área que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o local para su conservación y que, en el marco de un acuerdo promovido por uno o más municipios, es gestionado de manera sustentable por quienes adscriban a él.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, aseveró que se trata de perfeccionar y redirigir la intencionalidad de esta figura, precisando que la definición propuesta la acota a un área determinada y no a todo un territorio, puesto que al Ministerio le interesa que desde el punto de vista de la gestión exista una posibilidad real y efectiva de gestión de públicos y privados y también de las comunidades locales.

La Honorable Senadora señora Allende solicitó mayor información, ya que, a su juicio, la nueva definición es más restrictiva, añadiendo que para efectuar conservación se requiere de un acuerdo promovido por uno o más municipios, en tanto que la definición original considera una adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, consultando el motivo por el cual el Ejecutivo optó por esta nueva conceptualización.

La señora Alejandra Figueroa, aseveró que actualmente se están gestionando dos paisajes de conservación en el territorio con el apoyo de los respectivos municipios, añadiendo que no obstante que existen acuerdos voluntarios entre los habitantes de un mismo territorio, se requiere de la promoción de una entidad local que facilite instrumentos de gestión, económicos y de conservación, posibilitando que el futuro Servicio Nacional de la Biodiversidad tenga una alianza público- privada de esas características.

La Honorable Senadora señora Allende se mostró partidaria de incorporar en la definición el acuerdo de adhesión voluntaria de la comunidad local, opinando que si se omite aquello se estaría restando el énfasis que en estas materias compete a las comunidades locales.

El abogado del Ministerio, señor Alejandro Correa, aclaró que la indicación propuesta se refiere a la gestión sustentable de quienes adhieren al acuerdo de conservación, de manera que, a su juicio, el acuerdo continúa siendo voluntario, añadiendo que el mismo debe ser promovido por un municipio.

La Honorable Senadora señora Allende reiteró su voluntad en orden que dichos acuerdos se realicen a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local.

Concordante con lo anterior, la Comisión acordó reemplazar la frase “de manera sustentable por quienes adscriban a él.”, por la siguiente: “a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local.”.

La indicación número 80 bis m), se aprobó con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión señalado al comienzo del debate del artículo 3°, la letra n), ha pasado a ser número 20).

Indicaciones números 126, 127 y 127 bis

Las indicaciones números 126, 127 y 127 bis, de los Honorables Senadores señores De Urresti, Navarro y Horvath, respectivamente, para intercalar a continuación de la voz “Territorio” la expresión “habitado,”.

Como consecuencia de la aprobación de la indicación 80 bis m), las indicaciones números 126, 127 y 127 bis resultaron rechazadas con la misma votación. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señora Allende, Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

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Indicación número 80 bis n)

La indicación 80 bis n) de S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la actual letra n), la siguiente letra nueva, adecuando las demás su orden correlativo:

“p) Plan de manejo: Instrumento que establece metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio, señora Alejandra Figueroa, señaló que la indicación pretende explicitar qué se entiende genéricamente por plan de manejo, y luego focalizar el concepto en los diversos tipos de planes de manejo, como aquellos asociados a las áreas protegidas, y a los instrumentos de conservación.

La Honorable Senadora señora Allende puso énfasis en la necesidad de que este instrumento se base en la ciencia, como lo propone en la indicación número 128 de su autoría, ya que obviamente se debe contar con la información científica, datos y diagnóstico para establecer un plan en un territorio determinado.

La señora Alejandra Figueroa, concordó con lo planteado por la Honorable Senadora señora Allende, explicando que la totalidad de los instrumentos que se consideran en el proyecto están basados en la ciencia. No obstante, se mostró contraria a incorporar la ciencia en esta definición, sugiriendo incorporar el concepto “basado en la ciencia”, al analizar los instrumentos de conservación.

La Comisión coincidió con los planteamientos de la Honorable Senadora señora Allende, razón por la cual acordó reemplazar el punto final (.) que aparece a continuación del vocablo “ecosistemas”, por una coma (,), agregando a continuación de la siguiente frase “basado en la ciencia, cuando corresponda.”.

Puesta en votación la indicación número 80 bis n), se aprobó, con la modificación consignada, por la unanimidad de los miembros presentes Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

Indicación número 128

La indicación número 128, de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la letra o) por por la que sigue:

“o) Plan de Manejo: Instrumento basado en la ciencia, que establece una estrategia de gestión adaptativa de la biodiversidad en un territorio determinado, pudiendo contemplar el nivel genético, específico y/o ecosistémico.”.

En atención a que el contenido de la indicación se recogió en la indicación recientemente aprobada del Ejecutivo, ésta se entiende subsumida.

Como consecuencia de lo anterior, la indicación 128 se rechaza con los votos de los Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

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Letra o)

Define Plan de manejo para la conservación.

Indicación número 80 bis, letra o)

La indicación número 80 bis o) de S.E. la Presidenta de la República para reemplazarla por la siguiente:

“o ) Plan de manejo para la conservación: Plan de manejo destinado a preservar, evitar la degradación, restaurar o favorecer el uso sustentable de un ecosistema amenazado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley N° 19.300.”.

La indicación número 80 bis letra o) se aprobó, sin modificaciones, por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

Indicación número 129

La indicación número 129, de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazar la letra o) por la que sigue:

“o) Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión adaptativa que establece criterios y medidas para el manejo de la biodiversidad, en un área determinada del territorio, a fin de evitar su degradación, favorecer la recuperación y conservación de los ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley Nº 19.300.”.

Puesta en votación la indicación número 129 fue desechada por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

Indicaciones números 130 y 131

Las indicaciones números 130 y 131, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para sustituirla por la que sigue:

“o) Plan de manejo para la conservación: Instrumento de gestión que establece criterios, medidas y acciones para la gestión del patrimonio natural, en un área determinada del territorio, a fin de favorecer la restauración, recuperación y conservación de los genes, especies y ecosistemas, en especial los amenazados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la ley N° 19.300.”.

Puestas en votación las indicaciones número 130 y 131 fueron rechazadas por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra o), ha pasado a ser número 22).

Letra p)

Define el instrumento de gestión plan de manejo de áreas protegidas.

Indicación número 80 bis, letra p)

La indicación número 80 bis, p) de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarla por la siguiente:

“) Plan de manejo de áreas protegidas: Plan de manejo destinado a resguardar el objeto de protección de las áreas protegidas.”.

La Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente afirmó que tal como lo señaló, se ha dado una definición de plan de manejo, otra de plan de manejo para la conservación, y en este literal se define plan de manejo de áreas protegidas, perfeccionándola y especificándola, agregando que las demás características se efectuarán en el articulado correspondiente.

La Honorable Senadora señora Allende, manifestó su coincidencia con la nueva definición, en el entendido que las especificaciones a que se refirió la señora Figueroa, efectivamente se lleven a la norma correspondiente, puesto que esta definición ha quedado, en su opinión, muy restringida.

A petición de la Honorable Senadora señora Allende, la Comisión acordó dejar constancia que entiende que las especificidades de las definiciones de los literales p), q) y r), se incorporarán en el artículo correspondiente de esta ley en proyecto.

Con la constancia reseñada, la Comisión aprobó la indicación número 80 p), por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira), y Walker, don Patricio.

Indicación número 132

La indicación número 132, del Honorable Senador señor De Urresti, para sustituir la definición de Plan de Manejo de áreas protegidas por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión elaborado de manera participativa y adaptativa, que establece un marco para la toma de decisiones y canaliza los recursos económicos de que se dispone, el cual se aplicará en el área protegida durante un periodo de tiempo determinado, y que contiene aspectos técnicos y normativos, así como las acciones que se requieren para garantizar al interior del área la conservación a largo plazo de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados al área protegida específica, estableciendo una zonificación, objetivos de gestión y programas que definan los usos permitidos dentro del área protegida.”.

Indicación número 133

La indicación número 133, de los Honorables Senadores señor Tuma, señora Allende y señores De Urresti, Horvath y Lagos, para sustituirla por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión que establece los aspectos técnicos, normativos y las acciones que se requieren para garantizar la conservación del objeto de un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área protegida y establece las instancias y procedimientos para la participación de las comunidades locales y comunidades indígenas.”.

Indicaciones números 134 y 135

Las indicaciones números 134 y 135, de los Honorables Senadores señores Navarro y Horvath, respectivamente, para reemplazarla por la siguiente:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento de gestión adaptativa, de carácter público, elaborado en base a conocimientos científicos y técnicos que establece los aspectos normativos, técnicos y las acciones, plazos, responsabilidades y metas que garanticen la conservación de la biodiversidad en un área protegida, estableciendo una zonificación, objetivos y programas que definan los usos y prohibiciones dentro del área, que sean compatibles con su categoría de protección.”.

Indicación número 136

La indicación número 136, de la Honorable Senadora señora Allende, para reemplazarla por la que sigue:

“p) Plan de manejo de áreas protegidas: Instrumento basado en la ciencia, que establece una estrategia de gestión adaptativa de la biodiversidad en un área protegida en atención a los objetivos de la misma, pudiendo contemplar el nivel genético, específico, especies y/o ecosistémico.”.

Puestas en votación las indicaciones números 132, 133, 134, 135, y 136 se rechazaron por los Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

En atención al acuerdo de la Comisión aludido al inicio del debate de este artículo, la letra p), ha pasado a ser número 23).

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Indicación número 80 bis, letra q)

La indicación número 80 bis q), de S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la letra p), las siguientes letras nuevas, adecuando las demás su orden correlativo:

“s) Plan de recuperación, conservación y gestión de especies: Plan de manejo destinado a mejorar el estado de conservación de una o más especies clasificadas de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300.

t) Plan de restauración ecológica: Plan de manejo destinado a reponer o reparar un ecosistema degradado, o parte de él, a una calidad similar a la que tenía con anterioridad a su pérdida, disminución o menoscabo.

u) Plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras: Instrumento de gestión destinado a evitar o detener la propagación de especies exóticas invasoras.

v) Preservación: Mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y ecosistemas.

w) Reserva de la biósfera: Área de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de los mismos, reconocida internacionalmente en el marco del Programa del Hombre y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera.”.

La Jefa de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, señora Figueroa, expresó que mediante estos nuevos literales se está facilitando la comprensión de los conceptos definidos y, en ciertos casos, acoge las propuestas sugeridas en la Comisión Asesora Parlamentaria.

Puesta en votación la indicación número 80 bis q), se aprobó, sin modificaciones por la unanimidad de los presentes, Honorables Senadores señora Allende y señores Pérez Varela (Moreira) y Walker, don Patricio.

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Letra r)

Precisa el concepto de servicios ecosistémicos.