Boletín N° 8.924-07

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Escalona, Lagos y Letelier, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

Al Honorable Senado de la República de Chile.

Sometemos a su consideración un proyecto de ley que mejorará la vida de cientos de personas en Chile y ayudará a que nuestro país cumpla con las obligaciones internacionales contraídas en materias de derechos humanos.

Esta iniciativa es producto del concurso del esfuerzo, trabajo e investigación de diversos actores nacionales, tanto del mundo social y del activismo, como del ámbito académico a través del apoyo y la participación en su elaboración de profesores y estudiantes, y del mundo político, por medio del apoyo de parlamentarios y actores públicos.

Cuenta con el respaldo de gran parte de la ciudadanía que se expresa en organizaciones civiles de todo el país comprometidas con los derechos humanos, como son principalmente la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD) -que ha impulsado la iniciativa- y la Fundación Iguales, y en la firma de respaldo a este proyecto que han dado cientos de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con un Chile que incluya y respete a todas las personas.

Exposición de motivos:

I. DEL PROPÓSITO Y FIN DE ESTA LEY.

La presente ley tiene como propósito y fin terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y vivencia personal del cuerpo.

II. DEL OBJETO DE ESTA LEY.

El objeto entonces de la ley es establecer una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales, para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante.

III. DE LOS FUNDAMENTOS DE ESTA LEY.

Los fundamentos de esta ley se relacionan con la necesidad de seguir avanzando contra la discriminación que sufren ciertos grupos en situación de vulneración en el país; reformar las normas legales sobre registro de nombre y sexo, para que respondan a las necesidades de las personas cuyo nombre y sexo registrado es incongruente con su identidad de género; y cumplir con obligaciones y deberes internacionales del estado en materia de derechos humanos.

ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su Identidad de Género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad de Género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su Identidad de Género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.

ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género.

ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género.

INCISO SEGUNDO. Será suficiente para fundar la solicitud con el ofrecimiento de información sumaria, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 6° de la presente ley, sin perjuicio de todo antecedente documental que se quiera acompañar por el o la solicitante.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos.

ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y fundarse en una de las dos causales siguientes.

a) Existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante.

b) Existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria, que acredite que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental y en cuaderno separado.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO SÉPTIMO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.

ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.

ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente Ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 10°.CONFIDENCIALIDAD.

Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que esta sea aplicable.

ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, todas las personas que hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes 17.344 y 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.

Valparaíso, 7 de mayo de 2013.

Nº 321/SEC/13

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, en sesión del Senado del día de hoy, se dio cuenta del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, correspondiente al Boletín Nº 8.924-07.

En atención a que el proyecto de ley mencionado contiene normas que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento de lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77, incisos segundo y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto copia del referido proyecto de ley.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

Oficio N°79 -2013

INFORME PROYECTO DE LEY 16-2013

Antecedente: Boletín N° 8924-07

Santiago, 18 de junio de 2013.

Por Oficio N° 321/SEC/13, de 7 de mayo último, el señor Presidente Senado ha solicitado informe a esta Corte Suprema respecto del proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del 14 del mes en curso, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, Carlos Künsemüller y Haroldo Brito Cruz, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar y Ricardo Blanco Herrera y suplente señor Carlos Cerda Fernández, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

AL SEÑOR PRESIDENTE

JORGE PIZARRO SOTO

H. SENADO

VALPARAÍSO

"Santiago, diecisiete de junio de dos mil trece.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que por Oficio N° 321/SEC/13, de 7 de mayo último, el señor Presidente Senado ha solicitado informe a esta Corte Suprema respecto del proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Conforme a lo señalado en los fundamentos del proyecto, ellos "(...) se relacionan con la necesidad de seguir avanzando contra la discriminación que sufren ciertos grupos en situación de vulneración en el país; reformar las normas legales sobre registro de nombre y sexo, para que respondan a las necesidades de las personas cuyo nombre y sexo registrado es incongruente con su identidad de género; y cumplir con obligaciones y deberes internacionales del estado en materia de derechos humanos".

De acuerdo a la iniciativa, su objeto es "(...) establecer una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e intemacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales, para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e ldentificación, cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante".

Segundo: Que el proyecto consultado consta de 11 artículos y de una disposición transitoria y busca dar reconocimiento y protección a la identidad de género, permitiendo de esta forma el libre desarrollo de la persona. Manifiesta expresamente el proyecto que toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar tal reconocimiento y protección.

El ejercicio del derecho permite a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su identidad de género.

Se da competencia para conocer de la gestión al Juez de Familia del domicilio del peticionario, con un procedimiento que se sujetará a lo que dispone el presente proyecto de ley.

Tercero: Que en cuanto a la competencia, se estima del todo inconveniente otorgarla en esta materia al Juez de Familia, por las siguientes razones:

1.- El cambio de nombre está regulado en la Ley N° 17.344 y su procedimiento se encuentra radicado en la justicia civil.

2.- La Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación consagra expresamente que el conocimiento de las acciones que en virtud de esa ley se ejerzan recae en la justicia civil.

3.- En el artículo 8° de la Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia, que establece las materias de su competencia, no existe número alguno que permita incluir el procedimiento de rectificación que contempla el proyecto en estudio.

El numeral 8 del artículo 8°, que se refiere a las materias que dicen relación con el estado civil, tampoco lo contempla, ya que el procedimiento permite rectificar nombre y antecedentes, pero sin que ello implique un cambio del estado civil, sobre todo considerando lo que disponen los incisos segundo y tercero del artículo 8° del proyecto, al señalar: "(...) la nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieren corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento(...)" ''(...) tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados los que se mantendrán inmodificables

4.- No se justifica disponer que una justicia especializada como es la de Familia conozca de las acciones que contempla este proyecto, que buscan reconocer una identidad de género pero que no se vinculan con los fundamentos que inspiran el Derecho de Familia.

Por todo lo anterior se considera más adecuado otorgar competencia al Juez Civil para conocer de la gestión que contempla este proyecto de ley.

Atendido lo anterior, en relación al procedimiento aplicable se estima, asimismo, que corresponde que sea el que contempla la ley civil para ese tipo de materias.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, en los términos precedentemente expuestos.

Se previene que los Ministros señor Valdés, señoras Egnem y Sandoval y señor Blanco no comparten lo expuesto en el párrafo final del motivo tercero y fueron de parecer de no emitir opinión sobre dicho punto.

Ofíciese.

PL-16-2013."

Saluda atentamente a VS.

Rubén Ballesteros Cárcamo

Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza

Secretaria

?INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

BOLETÍN Nº 8.924-07

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su primer informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señoras Lily Pérez San Martín y Ximena Rincón y señores Camilo Escalona, Ricardo Lagos y Juan Pablo Letelier.

Se dio cuenta del proyecto en análisis en la Sala del Senado en sesión de 7 mayo de 2013, y se dispuso que fuera estudiada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36, inciso sexto, del Reglamento de la Corporación, procede la discusión del proyecto sólo en general.

A la sesión en que se trató el proyecto de ley en estudio, concurrieron, especialmente invitados:

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Asesor señor Pedro Pizarro.

Por el Ministerio de Justicia, el Asesor señor José Miguel Poblete.

Por la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD: la Abogada especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, señora Ximena Gauché; el Director, señor Andrés Rivera; la Encargada de Incidencia Política, señora Jenny Arriaza; la Coordinadora, señora Michel Riquelme, y las Encargadas de OTD Rancagua del Área Femenina, señora Victoria Yáñez, y de Comunicaciones y Finanzas, señora Rosa Navarro.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Asesora Legislativa, señora Elvira Oyanguren.

Por el Instituto Igualdad, la Asesora Legislativa, señora Karina Uribe.

Por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la Concejala por Valparaíso, señora Zuliana Araya.

Por ACCIÓNGAY, el Director Regional Valparaíso, señor Marcelo Aguilar.

Por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Investigador señor Christian Finsterbusch y la Profesional de Inclusión BCN, señora Paola Santibáñez.

El Asesor del Senador Juan Pablo Letelier, señor José Fuentes.

Por Televisión Nacional, el Productor periodístico, señor Mathias Maier.

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OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto de ley busca reconocer y dar protección al derecho a la identidad de género de las personas. Para estos efectos, propone establecer una regulación adecuada que permita a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil e Identificación, cuando no coincidan con su verdadera identidad de género, en conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo el artículo 5° del proyecto debe ser aprobado como norma orgánica constitucional, de conformidad al artículo 77, en relación con el artículo 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

Se hace presente que la Sala del Honorable Senado solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental y el artículo 16 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.

El Máximo Tribunal emitió su opinión, mediante Oficio N° 79-2013, y expresó que no se justifica disponer que una justicia especializada como es la de Familia conozca de las acciones que contempla este proyecto y consideró más adecuado otorgar competencia al juez civil para conocer de dicha gestión. En el mismo sentido, estimó que el procedimiento aplicable sea el que contempla la ley civil para este tipo de materias.

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ANTECEDENTES

Para el estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I. ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Constitución Política de la República, en sus artículos 1° y 19 numeral 2°.

2.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

4.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

7.- La Convención Sobre los Derechos del Niño.

8.- Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género.

9.- La ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

10.- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

11.- La ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en acciones vinculadas a su atención de salud.

12.- La ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellido en los casos que indica y modifica la ley N° 4.808 sobre Registro Civil.

13.- La ley N° 4.808, sobre Registro Civil, y el decreto con fuerza de ley N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, que aprueba el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

La Moción que da inicio al proyecto de ley señala que la iniciativa, sin duda, mejorará la vida de cientos de personas en Chile y que ayudará a que nuestro país cumpla con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.

Informa que la iniciativa es producto de un esfuerzo, trabajo e investigación conjunta de diversos actores nacionales del mundo social; del ámbito académico, con el apoyo de profesores y estudiantes, que han participado en su elaboración, y del mundo político, que se ha reflejado en el apoyo de parlamentarios de todos los sectores y de diversos actores públicos.

Enfatiza, además, que cuenta con el respaldo de gran parte de la ciudadanía, expresada en el apoyo de distintas organizaciones civiles de todo el país, comprometidas con los derechos humanos, como son la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD), y la Fundación Iguales, lo que se suma al respaldo dado por cientos de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con un Chile que incluya y respete a todas las personas.

A continuación, destaca que el proyecto tiene como propósito y fin terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, la apariencia y la vivencia personal del cuerpo.

Del mismo modo, agrega que la iniciativa tiene por objetivo establecer una regulación eficaz y adecuada para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y al nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales.

Finalmente, comenta que los fundamentos de esta ley se relacionan con la necesidad de seguir avanzando contra la discriminación que sufren ciertos grupos en situación de vulneración en el país; reformar las normas legales sobre el registro de nombre y sexo, para que respondan a las necesidades de las personas cuyo nombre y sexo registrado es incongruente con su identidad de género; y cumplir con las obligaciones y los deberes internacionales que el Estado de Chile ha adquirido en materia de derechos humanos.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciar la discusión del proyecto de ley, la Comisión recibió a la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad representada por la abogada especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, señora Ximena Gauché quien hizo entrega de un documento de consideraciones normativas que fundamentan el proyecto, tanto desde el punto de vista del derecho nacional como de estándares internacionales, como antecedentes de causas estimadas emblemáticas en uno u otro sentido por la sociedad civil trans.

Al comenzar su presentación, expresó que el proyecto mejorará la vida de muchas personas y ayudará a que nuestro país cumpla con obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.

Informó que la iniciativa ha sido producto del concurso, esfuerzo, trabajo e investigación de diversos actores nacionales, desde el mundo del activismo como del académico, con la participación de profesores de derecho internacional, constitucional, de familia, civil, penal y expertos en infancia y adolescencia, de estudiantes, además de actores políticos.

Cuenta, además con el respaldo y opinión favorable de gran parte de la ciudadanía expresada en organizaciones civiles con presencia en todo el país, comprometida con los derechos humanos, como son, principalmente, la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD y la Fundación Iguales y en la firma de respaldo que le han dado cientos de ciudadanos, las cuales acompaña.

En seguida, desarrolló tres ejes en torno al proyecto que, a su juicio, corresponderá debatir:

1.- El concepto de identidad desde el enfoque de derechos;

2.- Los fundamentos del proyecto de ley, con énfasis en las consideraciones normativas y los estándares internacionales que lo sustentan, y

3.- El proyecto de ley y su contenido.

Respecto del primer punto, indicó que el proyecto tiene que ver con el “derecho a la identidad” de las personas trans en Chile y su adecuado reconocimiento, teniendo presente que son quienes tienen una vivencia interna individual del género que no corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que puede o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Por tanto, apuntó, personas trans son quienes tienen una identidad de género que no corresponde al sexo asignado y que podemos llamar para estos fines también personas transexuales o transgénero.

El derecho a la identidad, continuó, ha sido un derecho de compleja y escaza conceptualización en la doctrina, resultando nada menor que en su reconocimiento debamos partir la discusión sobre las vulneraciones que sufren las personas trans. Esta sola constatación, enfatizó, nos debe convencer en el inicio de porqué un cuerpo normativo como la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, no es idóneo para el propósito y fin de esta ley, que tiene un objeto diferente.

Al respecto, refirió alguna doctrina que ayuda a la comprensión del concepto, en particular, al profesor peruano Carlos Fernández Sessarego, quien señala que “la identidad personal es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Este plexo de características de cada cual se proyecta hacia el mundo exterior y permite a los demás conocer una persona en cuanto específico ser humano. Es la suma de los pensamientos, opiniones, creencias y actitudes de cada persona. Es lo que la define en sus relaciones sociales."

Bajo estos lineamientos, expresó, se debe entender que la vivencia sexual de cada persona conforma una parte muy especial de la identidad, que es la identidad sexual.

Del mismo modo, mencionó que una autora chilena expresa que, dado que la identidad es un sentido otorgado por el sujeto a su propia experiencia, la identidad no puede ser compartida y tampoco impuesta. Cada actor construye su propia identidad aunque pueda compartir historias, entornos y experiencias con otros. Agregó que hay tantas identidades como sujetos en el mundo. Lograr el reconocimiento de todas las identidades particulares es determinante para que Chile avance hacia una mejor vida en sociedad. Este proyecto ley, destacó, es uno de los caminos para terminar con la exclusión de las personas trans por no reconocer su particular identidad de género como parte de su identidad.

En segundo lugar, se refirió a los fundamentos del proyecto de ley y expresó que éstos se relacionan con la necesidad de seguir avanzando contra la discriminación que sufren ciertos grupos en situación de vulneración en el país; reformar las normas legales sobre registro de nombre y sexo, para que respondan a las necesidades de las personas cuyo nombre y sexto registrado es incongruente con su identidad de género, y cumplir con obligaciones y deberes internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

A continuación, expuso las consideraciones normativas que fundamentan el proyecto. En particular, la situación desde el punto de vista del derecho nacional y la protección constitucional de los derechos de todas las personas y la jurisprudencia nacional sobre la actual aplicación de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sus vacíos, problemas prácticos y las decisiones adoptadas por los tribunales de justicia.

La Constitución Política recoge como la primera de las bases de nuestra institucionalidad en su artículo 1° inciso 1° la consagración de que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, estableciendo luego que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, por lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece…”.

La persona se concibe en nuestra Carta Fundamental como centro de todo accionar, siendo el Estado un instrumento creado para satisfacer sus necesidades, por lo cual éste debe propender a crear las condiciones que le permitan a cada ser humano el disfrute de la vida y su mayor realización espiritual y material posible.

Para esta total realización espiritual y material el nombre, el sexo y el respeto a la identidad de género de cada quien es un requisito básico. Sólo cuando se reconocen puede aspirarse a una vida plena, con pleno respeto al orden público e institucional y pleno goce y ejercicio de los derechos esenciales como la igualdad y la no discriminación; la identidad en su amplio sentido, la integridad psíquica, al nombre, a la libertad de expresión y conciencia, a la vida privada y a la honra, entre otros.

Desde el punto de vista del ordenamiento constitucional hizo presente, además de los derechos contemplados en el artículo 19°, los derechos garantizados “por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, como reza el artículo 5° en su inciso segundo.

Por tanto, continuó, si bien la Constitución no incluye expresamente el “derecho a la identidad”, las bases del orden constitucional chileno y lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo, complementa nuestro derecho nacional con el derecho internacional de los Derechos Humanos, donde existe base suficiente para entender que debe ser protegido como un derecho fundamental.

Precisó que el derecho a la identidad está reconocido y garantizado en el artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño, y que el derecho a la integridad, la honra y la intimidad en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Además, mencionó que el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha referido a la orientación sexual y a la identidad de género como características propias de las personas que no son modificables sin un detrimento a su identidad.

Hizo presente que si el Estado no permite las condiciones para el reconocimiento de la identidad de género de las personas, incumple con los mandatos constitucionales indicados. El mismo incumplimiento se produce cuando el Estado ampara la aplicación de una legislación insuficiente e inadecuada, que permite sólo el cambio de nombre y no de sexo, debiendo iniciarse otra acción judicial en que queda a la decisión del tribunal este reconocimiento de la identidad de las personas trans.

De esta forma, la ausencia de ley que regule la situación de las personas con disociación entre su sexo y su género -personas transexuales- posibilita que existan casos en los cuales los derechos fundamentales son vulnerados en nuestro país para una parte de la población.

Al respecto, recordó que las leyes N° 17.344 y N° 4.808, permiten el cambio de nombre y de apellidos, pero no indican nada sobre el sexo. Este vacío deja a la decisión del juez el futuro de una persona trans, incluso dejando a la autoridad administrativa, al Servicio de Registro Civil, tomar un rol activo que estiman no se corresponde con el derecho.

De esta forma, continuó, se observan tres grandes irregularidades que con este proyecto se persigue terminar.

En primer lugar, existen gestiones de cambio de nombre y sexo en que un juez sólo accede al cambio de nombre pero no de sexo, otorgando en los hechos y en la práctica a una persona una cédula de identidad que dirá un nombre concordante con su identidad, por ejemplo, María, cuando estamos en la situación de una mujer trans, pero tendrá un M, de masculino.

Desde el punto de vista de los atributos de la personalidad jurídica, como es el nombre, claramente es una situación contraria a derecho.

En segundo lugar, indicó que en estos juicios llevados adelante por personas trans, algunos jueces estiman necesario exigir intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, lo cual tampoco parece conforme a derechos humanos y, a su vez, provoca una discriminación especial, esta vez respecto de quienes utilizan dichos cuerpos normativos por otras causales y no son obligados – en los hechos – a mutilar sus cuerpos o al menos a intervenirlos contra su voluntad en muchos casos. Estas intervenciones, enfatizó, sólo pueden ocurrir por decisiones libres, soberanas e informadas de quien la toma y el Estado no puede intervenir en ello.

Por último, apuntó que la aplicación de la actual exigencia legal del plazo de cinco años como requisito para el cambio de nombre, puede suponer en algunos casos un obstáculo complejo y peligroso ya que ese lapso de tiempo conlleva una espera que crea una condición de riesgo latente e inaceptable, pues a diferencia de todos los demás solicitantes por cambio de nombre por otras causas legales, la persona transexual está cada día expuesta a discriminación, la que se produce justamente porque su identidad no es reconocida.

Destacó que si bien se reconoce una tendencia evolutiva positiva algunos tribunales en estos tres temas, la pervivencia de un desconocimiento generalizado sobre la identidad de las personas trans y la aplicación de cuerpos normativos que no tuvieron por propósito el reconocimiento de la identidad de ellos y ellas, justifican la necesidad de una ley que consagre el derecho de las personas al reconocimiento y protección de su identidad de género y defina qué se entenderá por identidad de género, además de establecer un procedimiento más idóneo con la prohibición absoluta de exigencia de operaciones como una condición base para el reconocimiento. Por el contrario, el espíritu de este proyecto tiene por idea el que las operaciones pueden ser sólo elementos accidentales que aporten a la formación de la convicción del juez pero en caso alguno la pueden determinar.

En síntesis, expresó, no es sostenible en Chile la aplicación de una legislación inadecuada para solucionar la realidad de las personas trans por su identidad de género. Consideran que esta nueva ley llenará un vacío y mejorará la eficacia del derecho doméstico al regular la situación de cambio de sexo y nombre de las personas trans, evitando situaciones que menoscaban moralmente a seres humanos y permitiendo, además, ajustarse a los mandatos internacionales.

En seguida, se refirió a la jurisprudencia internacional y a las obligaciones de Chile en materia de derechos y libertades fundamentales.

En este ámbito, apuntó, con la nueva legislación se logrará satisfacer de manera adecuada obligaciones internacionales sobre igualdad y no discriminación; integración social; reconocimiento de las diferencias y protección especial que requieren los grupos particularmente vulnerables, como son las personas de la diversidad sexual, los trans e incluso intersex.

Señaló que el Pacto de San José de Costa Rica -del cual Chile es parte - establece en su artículo 2° que “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1° no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, lo cual debe entenderse en conexión con el artículo 1° de dicho instrumento internacional, que consagra la no discriminación. A este mandato, explicó, se debe adicionar una serie de recomendaciones efectuadas al Estado de Chile por organismos internacionales en materia de derechos de la diversidad sexual, como por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Comités de las Naciones Unidas.

La evolución internacional, por medio de tratados y otros instrumentos y el trabajo de los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos, ha permitido un desarrollo y posterior reconocimiento de la sensible realidad de las personas trans, que son discriminadas en el goce y ejercicio de numerosos derechos, lo que ha contribuido a terminar la tendencia a definir la Identidad de Género como una patología que requiere tratamiento médico y analizar la cuestión desde la óptica de derechos.

A continuación, presentó el estado actual de desarrollo en derecho internacional de la obligación de no discriminación, incluyendo las obligaciones que pesan sobre Chile; y el estado del reconocimiento de la necesidad de protección especial a la identidad de género desde una óptica de derechos y los desarrollos internacionales.

En primer lugar, sobre la no discriminación y su reconocimiento en el Derecho Internacional contemporáneo, hizo presente que el derecho a la igualdad y a la no discriminación encuentra reconocimiento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de 1966, y en casi la totalidad de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte.

Informó que por discriminación el Sistema de Naciones Unidas, a través del trabajo principalmente del Comité de Derechos Humanos, entiende “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el idioma, la religión, el origen nacional o social, el nacimiento o cualquiera otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”. Este mismo órgano internacional ha dicho que se trata de una enumeración abierta y que se pueden incluir otros motivos o categorías sospechosas de discriminación. Por tanto, se deduce que también la integra la identidad de género, tanto como la orientación sexual.

A partir de esta norma y en consonancia con el artículo 24 que consagra la igualdad ante la ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha gestado un interesante trabajo jurisprudencial que tiene a Chile como uno de los grandes y tristes protagonistas.

En efecto, continuó, el pronunciamiento contra Chile en el Caso Karen Atala y Niñas, de 21 de febrero de 2012, ha marcado un hito para los reclamos de la diversidad sexual en contra de la discriminación y es parte de un gran acervo que nos obliga como Estado a respetar la igualdad y la no discriminación.

Recordó, asimismo, que el caso Karen Atala y Niñas contra Chile tiene que ver con la alegada responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. También se relaciona con la alegada inobservancia del interés superior de las niñas cuya custodia y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de supuestos prejuicios discriminatorios.

Destacó que la Corte hizo un potente pronunciamiento en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual refiriéndose a los alcances del derecho a la igualdad y no discriminación (párrafos 79 al 82); a la orientación sexual como categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana (párrafos 83 al 93; al hecho de si existió una diferencia de trato basada en la orientación sexual (párrafos 94 al 99); y a si dicha diferencia de trato constituyó discriminación, evaluando en forma estricta las razones que esgrimió el Estado que claramente no fueron atendibles a derechos (párrafos 100 a 146).

En el pronunciamiento, los jueces interamericanos extienden su razonamiento también a la identidad de género como categoría sospechosa, toda vez que hacen mención al carácter vivo de los instrumentos internacionales de derechos humanos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actual; a la prohibición de discriminación por cualquier causa, señalando que el listado no es taxativo sino meramente enunciativo y que, por lo tanto, debe ser incluida la protección a la identidad de género.

Al finalizar las referencias a los estándares internacionales, hizo presente que en junio de 2013 fueron aprobados dos nuevos tratados internacionales a favor de la igualdad y la no discriminación en el Sistema Interamericano: la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

Ambas Convenciones reafirman los principios de igualdad y no discriminación, reconociendo que la diversidad humana es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general e indican que las actitudes discriminatorias representan una negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos, principios y garantías contenidos en la Carta de la OEA, como en otros tratados.

Informó que el segundo de estos tratados, enfatiza lo que es la discriminación e intolerancia -en todas sus manifestaciones: individuales, estructurales e institucionales- que puede estar basada en una largo listado de motivos o categorías sospechosas de discriminación, entre ellas el sexo, la orientación sexual, y la identidad y expresión de género, llamando a que toda sociedad pluralista y democrática respete las diferentes identidades –incluida la de género y sexual de toda persona- y cree las condiciones que le permitan expresarlas, preservarlas y desarrollarlas.

Precisó que estas convenciones fueron firmadas por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, requiriendo que sólo dos de ellos ratifiquen para que entren en vigor internacional y pasen a formar parte de la batería de tratados protectores de la dignidad y los derechos de las personas en nuestro continente.

Indicó que si bien Chile no ha firmado ninguna de estas Convenciones, se debe tener presente que una vez en vigor la Corte Interamericana podrá considerarlas en sus decisiones como parte del acervo continental en no discriminación. En efecto, dijo, ella es la intérprete auténtica y última del Pacto de San José de Costa Rica, lo que supone que, en algún momento, el estándar sobre diversidad sexual, se construya a partir de estos tratados.

En segundo lugar, hizo presente el reconocimiento a la necesidad de una protección especial a la identidad de género desde una óptica de derechos.

En coherencia con los mandatos internacionales para terminar con las discriminaciones odiosas y sus consecuencias negativas en la psiquis y cuerpos de los discriminados, el derecho internacional ha avanzado también por medio de instrumentos y decisiones que ayudan a la precisión conceptual y a determinar los ámbitos en que se producen la mayor cantidad de vulneraciones de derechos de las personas trans, por falta de reconocimiento.

En tal sentido, el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de ONU de 2010, define la Identidad de Género como: “La experiencia profunda del género, vivida interna e individualmente por cada persona y que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluido el sentido personal de la expresión corporal y otras expresiones del género”.

Un avance también ha sido el Documento de Trabajo temático “Human Rights and Gender Identity”, preparado por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa para el período 2006-2012, Thomas Hammarberg, presentado en Copenhague, Dinamarca, el 2009 y que declara que la patologización de las personas trans puede convertirse en un obstáculo en el cumplimiento de sus derechos humanos. El documento concluye con un catálogo de 12 recomendaciones, una de las cuales es “Involucrar y consultar a las personas trans y sus organizaciones en el desarrollo y la implementación de medidas políticas y legales que les conciernan”.

Destacó, en la misma línea conceptual, el gran avance que se ha producido con la adopción de los llamados “Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de las Leyes Internacionales de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”, que en su Preámbulo indica que la identidad de género se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, definición que es la que toma el proyecto de ley.

De esta forma, afirmó, el proyecto de ley va en consonancia con el Derecho internacional vigente, siguiendo además el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 ha señalado: “…la Comisión observa que el derecho a la Identidad de Género de las personas trans es esencial para el ejercicio de sus Derechos Humanos. La CIDH insta a los Estados a tomar las medidas necesarias en todas las esferas de la intervención pública para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas trans, sin discriminación alguna. Para ello, es esencial, entre otros, la adopción de políticas públicas y protocolos que incluyan una perspectiva que tome en cuenta la identidad de género de las personas trans y sus necesidades específicas”.

Resaltó el Principio 3° referido al derecho a la igualdad ante la ley, haciendo énfasis en que la definición sexual de cada persona es parte integral de su personalidad y uno de los aspectos más básicos de la autodeterminación, la dignidad y la libertad de las personas, en el cual expresamente señala que “Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género”.

Luego, continuó, el reconocimiento de la Identidad de Género es un derecho fundamental y por lo tanto debe estar protegido. Su negación y no reconocimiento es un claro acto de discriminación en conformidad al derecho internacional de los derechos humanos que se traduce además en la vulneración de una serie de otros derechos, particularmente en el ámbito de las relaciones privadas y de familia.

Informó, también, que el tribunal europeo de derechos humanos se ha pronunciado por medio de sus sentencias, las cuales han ido constituyendo una doctrina en la materia. Específicamente en lo que toca a las cuestiones de identidad de género y que hoy resulta posible afirmar que se entiende que toda la cuestión de la determinación de la identidad sexual y de género forma parte de la “vida privada” de las personas, al mismo modo que las preferencias sexuales.

En América en tanto, explicó, el sistema interamericano viene evidenciando hace ya un tiempo la preocupación que merece la situación de las personas trans, desde la perspectiva de sus derechos, como lo prueba que ininterrumpidamente desde 2008 durante sus sesiones plenaria la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos viene aprobando Resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que exhortan a los estados a trabajar a favor del reconocimiento de las personas trans y su identidad, por el término de la violencia contra ellas, y a adoptar políticas públicas adecuadas contra la discriminación. En su conjunto, forman entonces un marco normativo que Chile debe tener presente como Estado parte del sistema.

Luego, desde la óptica del Derecho Internacional, Chile está obligado por el marco constitucional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la serie de recomendaciones de los órganos internacionales en temas de derechos de la diversidad sexual. El Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en 2004, el Comité de Derechos Humanos en 2007, el Consejo de Derechos Humanos en 2009 o el Comité de la Eliminación de discriminación contra la mujer en 2012.

De esta forma, hay un entendimiento que es marco y fundamento de este proyecto de ley y que conduce a la necesidad de revisar la normativa y convenir en la necesidad de cambios legales inmediatos.

Finalmente, en relación al proyecto de ley y su contenido destacó diversos aspectos:

1.- Propósito y fin de esta ley. Al respecto, hizo presente que esta iniciativa legal tiene como propósito y fin terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a personas en Chile, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, en los casos en que existe una incongruencia entre el sexo asignado registralmente, el nombre, y la apariencia y vivencia personal del cuerpo.

2.- Objetivo. El objetivo de la ley consiste en establecer una regulación eficaz y adecuada, en conformidad con las disposiciones constitucionales e internacionales ya referidas, para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, cuando dicha inscripción no se corresponde o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante.

3.- Descripción y Contenido de la ley. El proyecto en estudio consta de 11 artículos y una disposición transitoria y ha tenido a la vista el procedimiento judicial que hoy se sigue, introduciendo las adecuaciones necesarias para que resulte en una aplicación conforme a derecho, consagrando derechos y estableciendo un procedimiento a partir de un acto judicial no contencioso, radicando la competencia en la justicia ordinaria.

Desde el punto de vista sustantivo, destacó la definición de identidad de género conforme los estándares internacionales y la consagración de que toda norma o procedimiento administrativo judicial deberá respetar el derecho a la identidad de las personas

Desde el punto de vista procesal, los requisitos para el ejercicio del derecho son presentar la solicitud por escrito, siendo suficiente fundamento el ofrecimiento de información sumaria, sin perjuicio de todo antecedente documental que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Enfatizó que el proyecto deja expresamente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos. Este un aspecto relevante y que por sí solo justifica la necesidad de una ley y se entronca con la necesidad de “despatologizar” algo que no es una enfermedad.

Informó que para conocer de la gestión a que se refiere la ley se ha fijado como competente al Juez de Familia del domicilio del peticionario. Si bien la actual normativa en aplicación está radicada en sede civil, se estima que la mayor especialización de esta judicatura, por ejemplo, frente a los temas de estado civil, lo hace el foro más adecuado. Sobre este punto iré con alguna más detención enseguida.

En cuanto al procedimiento, el proyecto contempla que recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

A fin de garantizar el derecho de los terceros, dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud fundado en una de las dos causales siguientes: existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante, o existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante.

Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.

Sobre el particular, indicó que la restricción de la intervención de un órgano administrativo – como es el Registro Civil – y la prohibición de que se ordenen exámenes ante el Servicio Médico Legal, marcan también una sustancial diferencia con lo que puede ocurrir hoy, a falta de texto expreso.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, para lo cual tendrá el plazo de sesenta días. Esta sentencia tendrá un efecto constitutivo.

Si acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, no se afectará el número de rol único nacional del peticionario y este deberá concurrir al Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que le emitan nuevos documentos.

Desde el punto de vista de los efectos ante terceros, la ley debe estar en concordancia tanto desde el punto de vista penal como civil sobre tales efectos, a fin de garantizar la seguridad jurídica de la comunidad nacional, dejando claro el momento en que comienza a surtir los efectos y regulando la oponibilidad respecto a terceros, lo cual será desde la “nueva inscripción”, es decir, desde la rectificación, trámite que será gratuito y esperando que se proceda con celeridad y sin dilaciones innecesarias en el Servicio de Registro Civil e Identificación para la rectificación indicada.

De esta forma, continuó una de las bases del proyecto es la necesidad de resguardar el interés de terceros y velar por la seguridad jurídica de la sociedad.

En ese sentido, si bien es necesario dar esta opción de oponerse si se tiene un legítimo interés en que eso le afectará, insistió en regular cuidadosamente esta oposición a fin de que no se preste para una oposición por intereses que no son válidos, máxime cuando el proyecto de ley busca solucionar un problema social grave en este país y su sentido es reconocer un derecho de parte de la población.

No puede tratarse entonces de una oposición pura y simple, sino debidamente justificada y conforme a causales expresamente detalladas:

a)Existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante.

b)Existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante.

Sobre el particular, expresó que luego de haber ingresado el proyecto al Congreso, han seguido trabajando el tema, estimando que es posible reconducir las causales de oposición a la idea de fraude de ley, lo cual generaría mayor certeza jurídica y evitaría posibles artilugios para burlar su espíritu, cual es, el reconocimiento de la identidad de género.

Por otra parte, respecto a la sede judicial, indicó que el proyecto ha optado por la justicia de familia.

Al respecto, hizo presente que la Corte Suprema en su informe del 18 de junio recién pasado, manifestó su parecer en cuanto a que la jurisdicción apropiada es la civil, por lo que considera más adecuado otorgar competencia al Juez Civil para conocer de la gestión que contempla este proyecto de ley. Argumentó esa Alta Magistratura, entre otras consideraciones, que no se justifica disponer que una justicia especializada como es la de Familia conozca de las acciones que contempla este proyecto, que busca reconocer una identidad de género pero que no se vincula con los fundamentos que inspiran el Derecho de Familia.

Sobre esta diferencia de opinión, cabe preguntarse cuál es la razón de fondo, y la respuesta, dijo, tiene que ver con la idea original de incorporar en el articulado alguna consideración relativa a la infancia y adolescencia trans, lo cual lleva a optar por la judicatura de familia por su especialización y porque serían los que están en mejor condición de velar por la protección integral y superior que niños, niñas y adolescentes requieren conforme los estándares nacionales e internacionales.

De esta manera, continuó, el tema de la jurisdicción va de la mano con otro que está ausente en el proyecto y que considera de especial interés para la discusión en particular, cual es, la situación de los niños, niñas y adolescentes trans.

En el proyecto, expresó, se ha omitido toda referencia a los menores de 18 años. Frente a ello, reflexionó si es una opción correcta desde el punto de los derechos humanos y desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.

A modo referencial, refirió que la sexualidad de los niños es un tema que no es considerado sino hasta la adultez.

Explicó, en esta materia, que una reconocida especialista en educación sexual infantil señala que “El cuerpo sexual femenino o masculino comienza desde la concepción un proceso evolutivo de construcción de su papel sexual asignado históricamente por la cultura de la sociedad donde se nace.”. En el caso del niño y la niña en edad preescolar “necesitan aprender sobre expresión de sexualidad en forma natural. En esta edad los patrones de convivencia familiar orientan la mayoría de sus formas de comportamiento. El hogar se convierte en el primer laboratorio de educación de expresión de la sexualidad, donde el niño y la niña aprenden cómo un hombre y una mujer conviven. Las personas adultas consciente o inconscientemente son ejemplos vivientes con sus actos cotidianos y por lo tanto, les corresponde clarificar y fortalecer sus actitudes, valores y conocimientos de su propia expresión de la sexualidad para sistematizar conscientemente una serie de acciones para la educación de la expresión de sexualidad y la inteligencia emocional de niños y niñas” (CARBALLO, 2008).

Si a ello, enfatizó, adicionamos el deber jurídico de protección especial que debe darse a la infancia y adolescencia, conforme a los estándares internacionales de los cuales Chile es parte, no parece tan fácil descartar a los menores de 18 años en este proyecto.

Socialmente, agregó, esto es evidente: los estigmas también repercuten fuertemente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Si consideramos a esta población desde un enfoque de derechos, es decir, como sujetos con poder de decisión sobre lo que ocurre en sus propias vidas, y tomando en cuenta los estándares internacionales, que impone los principios de derechos de igualdad y no discriminación, interés superior, protección efectiva, autonomía progresiva, derecho de opinar, participación y libertad de expresión, entre otros, es que surge la necesidad de dar cumplimiento a estos principios desde un rol jurídico, que constituya un marco para el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas en general y en particular de los niños, niñas y adolescentes.

Explicó que existen abundantes casos de discriminación de menores de 18 años, en que la Identidad de Género es una causa de esto. Informó que en Chile no se han realizado estudios específicos sobre la ocurrencia de la intimidación entre estudiantes. Sin embargo, el Ministerio del Interior señala que el 51,5% de docentes y el 34,8% de los estudiantes perciben alta ocurrencia de agresiones. El 91,7% de los estudiantes reconoce la existencia de agresiones psicológicas, el 82,3% agresiones físicas; el 40,1% atentados contra la propiedad, el 24,2% amenaza permanente, el 11,7% amenazas con armas y el 3,1% agresiones sexuales. El 38,3% declara haber sido agredido por otro estudiante. Estas cifras apoyan la hipótesis de que los porcentajes de intimidación entre estudiantes en nuestro país sería más alto debido a que se asocia a stress familiar y prácticas parentales coercitivas y Chile presenta altos índices de violencia intrafamiliar y prácticas culturales como el humor, que favorecen la intimidación.

Resaltó que las normas sobre la materia de este proyecto de ley, deben conjugarse con el resguardo a la integridad de los infantes y adolescentes para velar por la protección de sus derechos, y también porque tiene que ver con la libertad de conciencia. Sobre el particular, citó a Jaime Guzmán Errázuriz en las actas constitucionales, sesión N° 130 página 121: “La Libertad de conciencia es la libertad del fuero interno, que se entiende siempre en forma absoluta e inviolable en la cual nadie puede penetrar y a la cual la esfera del derecho no alcanza… pero se puede extender a otras materias”.

Mencionó, también, que Chile ha sido llamado en distintas ocasiones por el Comité de Derechos del Niño a cumplir con los imperativos de la Convención al analizar sus informes y formular sus recomendaciones.

A mayor abundamiento, mencionó que Chile firmó en febrero de 2012 el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que crea un procedimiento de comunicación para que niños, niñas y adolescentes (o sus representantes) denuncien la vulneración de sus derechos y presenten una queja ante el Comité, con lo cual debe ser consecuente con su actuar internacional y acoger la demanda de un grupo especialmente excluido de las normas y políticas chilenas sobre infancia.

De esta forma, continuó, incorporar a infantes y adolescentes en esta nueva ley permitirá por fin poner atención a la infancia trans e intersex, con el objeto de garantizar que sus cuerpos no sean intervenidos sin ninguna participación o aún contra su opinión, libre e informada, a fin de imponerle una identidad de género, teniendo siempre en vista el principio de autonomía progresiva para tomar sus decisiones según edad y madurez, sin discriminación y conforme el principio del interés superior, debiendo tenerse presente que este interés debe analizarse caso a caso, sin estándares para todos los niños, niñas y adolescentes en condiciones similares y dejando de lado los estereotipos y estigmas negativos que vinculan la diversidad en la identidad sexual en la niñez, adolescencia y juventud con el libertinaje, la promiscuidad o la prostitución o, aún peor, con la terrible experiencia de ser abusado sexualmente en la infancia, fenómeno del que Chile debe hacerse cargo pero que no está vinculado a la diversidad sexual ni es causa o consecuencia directa de la disociación entre sexo y género que puede presentar una persona desde sus primeros años.

Al concluir, señaló que los fundamentos para apoyar este proyecto de ley dicen relación con la necesidad de reconocer que no obstante el avance que ha supuesto contar con una ley de no discriminación - que recoge por cierto la identidad de género como categoría sospechosa – se debe asumir como cuestión de derechos el problema social de identidad que afecta a personas trans en Chile y avanzar en una respuesta normativa que se complete con políticas públicas adecuadas que materialicen condiciones para el ejercicio de los derechos por todas las personas.

La necesidad de trabajar como sociedad por una verdadera cultura de respeto a la diferencia y reconocimiento a las identidades, desde las diversidades, terminando con los prejuicios y estereotipos que sirven de nido a las discriminaciones.

La necesidad de asumir que las diferencias – desde las discrepancias de opinión política hasta las diversas formas de entender el proyecto de vida social o individual y la forma de vivir nuestra sexualidad y manifestar nuestros afectos y erotismo – son legítimas y la expresión más viva de la dignidad humana, si se respeta el derecho de los demás.

Finalmente, resaltó la necesidad de defender el ideal de que mientras se respete el derecho de los demás, cada quien es dueño o dueña de dar a su vida el sentido que mejor le parezca y tiene derecho a exigir respeto por ello.

El asesor del Ministerio de Justicia don José Miguel Poblete expuso la opinión que representa a esa Cartera de Estado y señaló que le compete un triple interés en esta iniciativa legal.

En primer lugar, expresó que como función orgánica del Ministerio de Justicia, existe la crítica de la constitucionalidad de la legislación existente pues, como bien lo explicó la profesora Gauché, la normativa que se utiliza para esta situación específica son de antigua data y refirió, al efecto, la ley N° 17.344, sobre cambio de nombre y la Ley Orgánica del Registro Civil, las cuales claramente no abordan este tipo de materias.

En segundo lugar, coincidió en que efectivamente existe un problema registral. El Servicio de Registro Civil es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y en ese sentido, se requiere una estandarización legal en el actuar del procedimiento en relación a las solicitudes de las personas trans.

Por último, destacó la importancia que tiene desde el punto de vista de los derechos humanos y, recordó el interés del Ministerio de Justicia en el proyecto de ley que crea una Subsecretaría de Derechos Humanos, actualmente en tramitación en el Senado. Sobre el particular, señaló que en la legislación comparada, este tipo de materias se radica en los tribunales constitucionales y en los tribunales supranacionales sobre derechos humanos; sin embargo, se ha observado diversas situaciones de inconstitucionalidades o de normas contrarias a derechos humanos.

En consecuencia, teniendo presente esos antecedentes y considerando la realidad jurídica nacional informó que están trabajando en conjunto con la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD, en el estudio de indicaciones que recojan las observaciones planteadas y que permitan mejorar determinados aspectos del proyecto, con la participación del Servicio de Registro Civil.

El Honorable Senador señor Orpis hizo presente que si bien se trabajará intensamente en la discusión particular de este proyecto, existe unanimidad en la necesidad de legislar sobre la materia y que una manera positiva de avanzar en su estudio es precisamente aprobar en esta sesión la idea de legislar. Afirmación que fue compartida por los miembros presentes de la Comisión.

- Puesto en votación la idea de legislar del proyecto de ley, fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes con los votos de los Honorables Senadores señores José Antonio Gómez Urrutia, Jaime Orpis Bouchon y Juan Pablo Letelier Morel.

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TEXTO DEL PROYECTO

En conformidad con los acuerdos anteriormente expresados, vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación en general del siguiente el proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su Identidad de Género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad de Género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su Identidad de Género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.

ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género.

ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género.

Será suficiente para fundar la solicitud con el ofrecimiento de información sumaria, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 6° de la presente ley, sin perjuicio de todo antecedente documental que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos.

ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y fundarse en una de las dos causales siguientes.

a) Existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante.

b) Existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante.

Si no hubiere oposición, el juez procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria, que acredite que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral.

Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental y en cuaderno separado.

Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.

ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.

ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente Ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 10°.CONFIDENCIALIDAD.

Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que esta sea aplicable.

ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.584.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el sólo ministerio de esta ley, todas las personas que hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes 17.344 y 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2013, con asistencia de los Honorables Senadores señor Jaime Orpis Bouchon (Presidente), José Antonio Gómez Urrutia y Juan Pablo Letelier Morel.

Sala de la Comisión, a 27 de agosto de 2013.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE RENONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

(BOLETÍN Nº 8.924-07)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley busca reconocer y dar protección al derecho a la identidad de género de las personas. Para estos efectos, propone establecer una regulación adecuada que permita a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil e Identificación, cuando no coincidan con su verdadera identidad de género, en conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales.

II. ACUERDOS: aprobada la idea de legislar por unanimidad (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de once artículos permanentes y de una disposición transitoria.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo el artículo 5° del proyecto de ser aprobado, debe serlo como norma orgánica constitucional, de conformidad al artículo 77, en relación con el artículo 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables señoras Alvear y Pérez San Martín, y señores Cantero, Chahuan y Horvath.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 mayo de 2013.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

X. LEYES QUE MODIFICA O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La Constitución Política de la República, en sus artículos 1° y 19 numeral 2°.

2.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

4.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

7.- La Convención Sobre los Derechos del Niño.

8.- Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género.

9.- La ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

10.-La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

11.-La ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en acciones vinculadas a su atención de salud.

12.-La ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellido en los casos que indica y modifica la ley N° 4.808 sobre Registro Civil.

13.-La ley N° 4.808, sobre Registro Civil, y el decreto con fuerza de ley N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, que aprueba el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil.

Valparaíso, a 27 de agosto de 2013.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Lily Pérez y Rincón y señores Escalona, Lagos y Letelier, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

--Los antecedentes sobre el proyecto (8924-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Escalona, Lagos y Letelier):

En primer trámite, sesión 20ª, en 7 de mayo de 2013.

Informe de Comisión:

Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 49ª, en 27 de agosto de 2013.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de la iniciativa es establecer una regulación adecuada que permita a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre en el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando no coincidan con su verdadera identidad de género, de conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Gómez, Orpis y Letelier.

Cabe tener presente que el artículo 5° de la iniciativa tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación de 21 votos favorables.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 23 a 28 del primer informe de la Comisión.

El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, tal como se consigna en el informe, concurrí con mi voto favorable a aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa.

La jurisprudencia de las leyes números 17.344 y 4.808 regula el cambio de nombre pero no el de sexo. Esta última circunstancia se deja a criterio del juez si se genera como consecuencia del cambio de nombre.

Lo que hace este proyecto es abordar directamente el cambio de sexo.

Las personas transexuales presentan una diferencia entre su sexo genético y su sexo psicológico.

Tal como se consigna en la página 23 del informe, concurrí a aprobar la idea de legislar, pero dejé expresa constancia de que -abro comillas- "trabajaré en la discusión particular de este proyecto" porque tengo diferencias importantes en cuanto a su texto.

¿Dónde están mis diferencias, señor Presidente?

Una se halla relacionada con el artículo 2°, relativo a la definición de identidad de género. Esta norma parte señalando que se trata de una "vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente".

Desde mi punto de vista, el cambio de sexo va más allá de una vivencia interna, como lo indica el texto. A mi parecer, tiene que ver además con aspectos psicológicos y genéticos cuya prueba no solo depende de la voluntad del solicitante. El tribunal debe contar con elementos de juicio para comprobar tal circunstancia.

Esa es la diferencia fundamental que tengo con el proyecto, porque este se estructura sobre la base de una gestión no contenciosa del solicitante, quien solo debe probar mediante información sumaria que es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral (artículo 4°). Se le prohíbe al tribunal "decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud" (artículo 6°). Además, para acreditar dicha circunstancia respecto de las personas que deseen cambiar de sexo, tampoco será exigible por parte de aquellos el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos (artículo 4°).

Creo sinceramente, señor Presidente , que debemos abordar el problema que viven los transexuales. Sin embargo, la solución no puede quedar supeditada solo al sentir íntimo y profundo de la persona y a cómo esta sea conocida en sus relaciones sociales, sino que debe complementarse con otro tipo de pruebas, especialmente de carácter médico, sea del ámbito psicológico, quirúrgico o farmacológico, decretadas por el propio tribunal.

Aprobada la normativa en sus actuales términos, se pueden generar múltiples problemas: con los hijos, con el carácter confidencial, al momento de contraer matrimonio, con el estado civil, etcétera.

Por eso, señor Presidente, hechas estas observaciones, anuncio que voy a aprobar la idea de legislar, pero que concurriré con un conjunto de indicaciones en la discusión particular.

He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, me alegro de que estemos analizando hoy un proyecto que fue presentado hace varios meses.

Efectivamente, como dice la moción, creo que va a ayudar a que mucha gente sea más feliz y, para ser feliz, hay que vivir la vida de manera coherente, con congruencia. En la actualidad, numerosos transexuales deben asumir por obligación una profunda inconsistencia entre su sexo biológico y su identidad de género.

Es bien importante despejar esto, porque por ahí alguien podría pensar que la transexualidad es una enfermedad determinada por elementos genéticos, ambientales, en fin. Claramente eso no es así. La transexualidad tiene que ver con una vivencia muy particular, íntima, de la sexualidad y con cómo ejerce esa sexualidad un ser humano.

Por eso, no estoy de acuerdo en que se planteen una serie de requisitos para poder gozar de este "beneficio" -entre comillas-, a fin de no pasar por lo que pasan hoy numerosas personas que viven de cierta manera la sexualidad, que poseen una identidad de género, que se ven a sí mismas y se reconocen de determinado modo y a las cuales, sin embargo, la sociedad les impone un género y, muchas veces, hasta el nombre.

Conozco múltiples casos. En el último tiempo conocí uno en Arica. Se trata de una persona que no solo se siente de género masculino, sino que además se hizo algunas intervenciones quirúrgicas, aun cuando no es necesario entrar al quirófano para que alguien pida cambiar su género o su sexo registral. Esta persona interpuso una demanda en Valparaíso y ha estado esperando una resolución como cuatro o cinco años. O sea, aquello depende hoy de la voluntad de un juez, sin que se respeten en absoluto los derechos de los individuos a vivir -insisto- de manera coherente y en congruencia con su vida sexual y su vida en general dentro de la sociedad.

Por lo anterior, me parece que este es un proyecto muy necesario para que Chile cuente con una legislación que, además, se adapte a la normativa internacional, a los tratados que nuestro país ha suscrito en materia de derechos humanos y de no discriminación. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo.

Así que comparto el espíritu de esta iniciativa.

Ahora bien, es muy importante señalar -porque se han hecho algunas preguntas en debates anteriores- cómo y quién evalúa, al final del día, la transexualidad. ¿Lo hace un juez, un psicólogo? ¿Depende de la intervención quirúrgica que la persona se haya hecho?

La verdad es que aquello no es así. Se trata de una vivencia íntima, personal, de cómo un individuo percibe su sexualidad. Por eso se habla justamente de "identidad de género". Y lo que permite este proyecto es que las personas puedan vivir y desarrollarse de acuerdo a la identidad que tienen, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva social.

Habrá una discusión particular, pero yo quiero fijar mi punto de vista. Quien mejor puede definir su sexualidad, su sexo, su género, es justamente la persona que se halla dentro de su cuerpo, que se mira y se relaciona con el resto del mundo de determinada manera.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- Voy a abrir la votación para que vayan fundamentando el voto. Creo que es lo mejor.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, el proyecto que patrocinamos algunos Senadores y Senadoras es de autoría, en términos reales, de la Organización de Transexuales por la Dignidad y la Diversidad, la cual fue representada en la Comisión por una especialista en derechos humanos de la Universidad de Concepción: la abogada Ximena Gauché .

Lo que está en discusión es si Chile, en primer término, se pone al día con sus obligaciones internacionales. Existe un marco básico del derecho a la identidad. Y esta dice relación con diferentes aspectos, incluyendo la identidad sexual y de género.

Nuestro país no reconoce plenamente, en la práctica, el ejercicio de este derecho de identidad, a pesar de que la Constitución plantea en su artículo 1° que el Estado está al servicio de la felicidad de las personas, y establece en el artículo 19 nuestra obligación de respetar los convenios internacionales.

Por razones de Derecho y por doctrina de derechos humanos, es evidente que nos hallamos en deuda con quienes son transexuales.

En Chile uno puede cambiarse de nombre, puede ponerse un nombre masculino o femenino. Eso no está en discusión. El problema es si en el carné de identidad se reconoce el cambio de acuerdo a la vivencia interna de uno. Y eso es parte del debate que tendremos en particular.

Este proyecto establece el procedimiento de definición de la identidad de género de manera no contenciosa, como ha planteado el Senador Orpis . Por eso, la Comisión se abrió a aprobarlo en general. Se trata de una evidencia interna individual del género que no corresponde con el sexo asignado de manera administrativa en el certificado de nacimiento.

Este debate viene de larga data. Y mi mayor inquietud al plantear por qué varios vamos a votar a favor -invitamos a todos a proceder en igual sentido- es que las personas puedan ejercer su derecho de identidad. ¿Cómo el Estado puede negarle la identidad a un ser humano? ¿Cómo puede la sociedad imponerle la identidad a una persona? La identidad no se funda solo en aspectos físicos, como algunos creen. Puede tener ese componente por momentos. Pero la identidad sexual es un elemento constitutivo de la identidad de todo ser humano.

Lo que queremos aquí, señor Presidente , bajo los lineamientos que están en la iniciativa, es que se entienda que la vivencia sexual de cada persona conforma una parte muy importante y especial de la identidad, que debe ser valorada por el Estado. Y, a través de este procedimiento no contencioso, se debe permitir que una persona, con una convicción de vivencia interna, pueda ir a un tribunal, cumpliendo ciertas formalidades, y solicitar el cambio de género.

Es importante destacar, como se ha hecho aquí, que no se puede poner como obligación en ningún momento -porque este es uno de los problemas cotidianos en nuestro país-, para que el tribunal se pronuncie, el uso de medios farmacológicos, sicológicos, siquiátricos o, lo que es más brutal, el tratamiento quirúrgico. Lo señalo, porque hoy existen juzgados que se abren a este debate, pero solo si hay mutilaciones quirúrgicas. De realizarse alguna intervención quirúrgica, debe ser algo complementario, de decisión de cada persona.

Señor Presidente , hay un tema que quiero dejar planteado y que no está en el texto que vemos hoy: en qué momento se puede acceder a los tratamientos hormonales. Ello es particularmente importante para personas que se sienten mujeres como identidad pero que están en cuerpo de hombre, a fin de evitar cierto desarrollo fisiológico que no desean. Este es un aspecto que no viene en este articulado, pero tenemos interés en discutirlo.

Vamos a votar a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , obviamente quiero adherir a este proyecto que hemos presentado un grupo transversal de Senadoras y Senadores. La verdad es que es muy necesario para dar respuesta legal a aquellas personas que son transexuales. La transexualidad no es un problema, como algunos lo quieren mostrar; no es una anormalidad, como otros lo manifiestan; no es una enfermedad ni una patología. La transexualidad es una condición con la que nacen hombres y mujeres que sicológica y emocionalmente tienen un sexo distinto a su genitalidad. Eso es, en términos médicos.

Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer, como Congreso Nacional y particularmente como Senadores y Senadoras, es dar una respuesta legal y ayudar, por esa vía, a las personas que viven situaciones de discriminación producto de esta condición. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar.

A mi juicio, este es un proyecto en el cual debemos avanzar, tal como progresamos en su momento con la promulgación de la Ley Antidiscriminación y tal como hemos avanzado en el acuerdo de vida en pareja. Porque es preciso darle carne a lo que significa la identidad de género, que es una de las categorías que dejamos establecidas al interior de la Ley Antidiscriminación. En efecto, esta incluye la categoría "identidad de género". Y hay que dotar de contenido esa definición. Y eso es lo que nosotros queremos intentar hacer con esta iniciativa.

Obviamente, hay muchísimos casos. Probablemente algunos de ellos nunca van a salir en los medios de comunicación, porque son muy fuertes, muy duros y las personas y sus familias prefieren tenerlos guardados para sí, pues cuesta mucho darlos a entender. Porque todavía hay gente que se ríe, que frivoliza, que desprecia, que clasifica y etiqueta a las personas por cómo se ven y no por cómo son.

La importancia de este proyecto radica en que apunta a lo más profundo del ser humano, pues tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas. Las personas no eligen nacer con una determinada condición. Las personas son como son, y hay que respetarlas en su dignidad. La labor del Estado, del Poder Ejecutivo , es ayudar a que se implementen normativas que les permitan resolver su vida y alcanzar su plena realización y felicidad. Y una de las tareas que tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo es entregar esas herramientas a través de las leyes.

De ahí la relevancia de esta iniciativa. Y en el nombre de muchas personas - Valentina , Alejandra , Andrés - a quienes hemos tenido la fortuna de conocer, a ellas y a sus familias, durante la tramitación de este proyecto, creo que es muy importante dar esta señal.

Por eso, obviamente voto que sí.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Les ruego a los asistentes en las tribunas no hacer ningún tipo de manifestación.

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente , como se ha señalado, este proyecto se inició en moción de las Senadoras Pérez San Martín y Rincón y de los Senadores Escalona, Lagos y Letelier , y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos.

Esta iniciativa apunta a reconocer y proteger el derecho a la identidad de género de las personas, para lo cual se propone regular la posibilidad de que toda persona, por una sola vez, pueda rectificar su partida de nacimiento y cambiar de sexo y de nombre en el Registro Civil e Identificación, cuando no coincida con su identidad sexual.

La idea viene a dar cumplimiento a numerosas legislaciones internas e internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y las leyes números 20.609, que establece medidas contra la discriminación; 19.628, sobre protección de la vida privada; 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en acciones vinculadas a su atención de salud, entre muchas otras.

No existen antecedentes respecto a la cifra de eventuales beneficiarios, pero, en este caso, no se trata de un asunto numérico, sino de dignidad y de respeto al derecho a la identidad de cada persona.

Por otra parte, el Ejecutivo informó su pleno respaldo a esta iniciativa, lo que refuerza nuestra voluntad de aprobarla en general. Asimismo, es posible que la discusión en particular no sea tan sencilla, pero nadie puede negar que la condición sexual de la persona debe ir acompañada del reconocimiento a su derecho a ser identificada de la forma que desee.

Naturalmente, voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos, por un minuto.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, efectivamente, tengo un compromiso con usted, porque estamos en Fácil Despacho.

Solo quiero intervenir para decir que voy a votar entusiastamente este proyecto por todas las consideraciones que han señalado los Senadores Letelier, Lily Pérez, Sabag.

Con entusiasmo lo haré¿

El señor WALKER (don Ignacio) .- ¿A favor?

El señor LAGOS.-¿ a favor. Sí, Su Señoría.

Cabe señalar que este no es solo un tema de discriminación y de ponerse al día con nuestros compromisos internacionales, sino que tiene que ver también con la dignidad de las personas. Y a eso apunta la iniciativa.

Hemos ido avanzando de a poco en los últimos 15 años -¡me quedan 10 segundos!-: ya terminamos con los hijos ilegítimos en Chile, pusimos fin a la discriminación, al menos en la ley; avanzamos en el acuerdo de vida en pareja, y, hoy día, estamos dando un paso adelante -si conseguimos los votos para aprobar la idea de legislar de este proyecto- que nos encamina hacia un Chile un poquito mejor, señor Presidente .

Muchas gracias.

¿Estuve en el tiempo?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Muy bien, señor Senador. Ocupó 50 segundos.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tal como se ha expresado esta tarde en la Sala, pienso que efectivamente estamos dando un paso por hacer un mejor país, una mejor sociedad, lo cual nos hace mucha falta.

Hemos avanzado lentamente, pero lo vamos logrando. Y lo hemos hecho en términos de luchar contra la discriminación que lamentablemente subyace en nuestro país.

Tengo la impresión de que todavía nos dejamos llevar mucho por la apariencia de las personas. Las juzgamos por su físico, por sus características y, en realidad, nos preocupamos poco de conocer su esencia.

A mi juicio, hoy día, el proyecto reviste una tremenda importancia en ese sentido. Nosotros estamos haciendo justicia con un grupo particularmente discriminado, vulnerable, maltratado y que muchas veces ha sufrido de una tremenda violencia, como por desgracia hemos conocido.

A través de esta iniciativa, entonces, les mejoraremos la vida a muchas personas, y vamos a ser capaces, además, de dar cumplimiento a las normativas internacionales, las cuales hemos suscrito como país, como Estado.

Por eso, felicito al conjunto de investigadores, a quienes trabajaron en este proyecto. Al mismo tiempo, me alegro de que la Comisión de Derechos Humanos haya adherido a él y que hoy día lleve la firma de todos sus integrantes, porque, claramente, también es un tema de derechos humanos. Como ya señalé, se trata de un grupo particularmente vulnerable y discriminado.

Estimo importante, además, reconocer el trabajo de la Organización de Transexuales por la Dignidad y la Diversidad, como también el de la Fundación Iguales, las que han apoyado esta moción.

Por esas razones, señor Presidente, y porque soy consciente de que no se le puede impedir a una persona, a la cual se le asignó un nombre con el que no tiene identificación ni vivencia algunas, adaptarse a su realidad y tener el nombre que necesita y con el que se identifica plenamente.

Considero importante que las personas vivan su identidad de género abiertamente, y no haya esa incongruencia, que se ha dado muchas veces, entre el nombre y sexo asignado con que se les registra y su verdadera identidad de género.

Por todas esas razones, voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , me sumo a la votación favorable del proyecto de ley.

En mi concepto, esta iniciativa pone a nuestra legislación en consonancia con lo que hemos reclamado durante mucho tiempo: la identidad de género y la no discriminación.

Reconocer y proteger la identidad de género es nuestra obligación como Parlamento, y dentro de nuestra legislación debemos mantenerla en la forma más precisa.

Me parece bien el proyecto de ley. Sin embargo, me llamó mucho la atención el artículo 6°, porque obliga a la persona que tramite una solicitud de rectificación de identidad de género a publicarla en un extracto en el Diario Oficial los días 1° y 15 del mes o el día hábil siguiente.

A mi juicio, con dicho requisito se vulnera la privacidad con la que se tiene que resguardar la identidad de género, por las mismas razones que aquí se han señalado. Hay gente que no entiende acerca de esto e, incluso, muchas veces se presta más bien para hacer bromas o realizar acciones que van en desmedro de quienes viven esta condición y que desean resolver su situación.

El referido precepto establece que cualquiera podrá oponerse a la solicitud y que la oposición deberá fundarse en dos causales. La primera de ellas dice relación con la "existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante". Si alguna persona solicita el cambio de identidad de género, no veo que eso vaya a provocar un daño moral o patrimonial a otra. Habría que explicar el hecho de que se publique ese tipo de solicitud en el Diario Oficial , en determinados días.

En seguida, también puede constituir motivo de oposición la "existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante".

Por lo tanto, yo pediría a la Comisión que revisara dicho artículo. Porque se trata de una tramitación voluntaria que no es controversial.

En consecuencia, no es necesario este tipo de publicación. Y, en ese sentido, debemos resguardar la privacidad de las acciones que pretenda realizar una persona para fijar su identidad de género.

Por las razones expuestas, en la Comisión se debería revisar el artículo 6°, sin perjuicio de hacer lo mismo con otros preceptos para perfeccionar el proyecto.

Voto que sí.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señor Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente , seré muy breve, porque ese es el acuerdo.

Felicito a quienes han estado detrás de esta iniciativa. Y a riesgo de nombrar solo a algunos, en especial a Luis, a Valentina y a Andrés -que sé que están en las tribunas-, debo decir que hay muchos y muchas más que nos acompañan el día de hoy.

No entraré a relatar el proyecto, ya lo han hecho mis colegas, solo deseo agradecer a todos los Comités que permitieron que en la tabla de Fácil Despacho lo viéramos en general el día de hoy.

Sé que hay muchas cosas que debemos mejorar en la discusión en particular. Algunas ya las han mencionado los Honorables colegas. Pero esta es una señal -prácticamente al término de esta legislatura- potente, porque se cumple con nuestros compromisos internacionales, genera igualdad en la tratativa nacional y permite dar una muestra poderosa al país para poner fin a la persecución y al bullying que muchas veces afecta a estas personas. Así pudimos verlo en Talca, junto a Andrés, cuando quemaron la casa de una familia transgénero. Y, en esos momentos, nos acompañó uno de los dirigentes de estas agrupaciones.

El paso que da el Senado de la República el día de hoy es contundente, y espero que, a la brevedad, se materialice en la aprobación en particular del proyecto de ley.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente , yo me alegro sobremanera de que durante la discusión de esta iniciativa el Senado haya ido evolucionando positivamente desde sus visiones de prejuicio muchas veces, de distancia, de temor. Y lo más probable es que ella se apruebe, con algunas abstenciones (igual las valoro) y casi sin ninguna oposición.

Creo que ello expresa que la sociedad chilena cambió; que la política, que es conservadora, va detrás de las reformas.

El esfuerzo de entender el mundo que viene y de comprender la sociedad y hacerse cargo de las alteraciones que se registran en ella me parece muy importante. Y lo valoro.

Lo que estamos discutiendo es quizá de los temas más esenciales de la vida misma. No hay elemento más autónomo, más relevante, que defina mejor la presencia de la vida que la sexualidad y la existencia de seres humanos con una sexualidad particular.

A lo largo de la historia, en las visiones más conservadoras ha habido un intento por reducir la sexualidad a la reproducción, negándole al ser humano la expresión maravillosa de una sexualidad que trasciende lo reproductivo; que tiene que ver con la belleza, con el arte, con la emoción, con la conciencia propia, con una suerte de mirada de la evolución y de la trascendencia de la persona.

Por eso, uno podría decir que, desde el punto de vista médico, biológico, hay un sexo genético, un sexo fenotípico y un sexo conductual o sicológico.

Sin embargo, a mí me da lo mismo la definición que determine si el sexo que va a primar será el genético, el fenotípico o el de opción, el conductual. Yo pienso que, dado que esto es lo que define al ser humano, debe tratarse de una decisión libre de cada cual.

Cada ser humano ha de poder determinar en qué sexualidad quiere desenvolverse. ¿Por qué? Porque la sexualidad es lo más trascendente de los seres vivos.

Lo que somos y todo lo que conocemos en la vida tiene que ver con la sexualidad.

En la naturaleza, sus colores verdes, su belleza, el agua, el aire, los olores, todo lo que nos rodea es producto de la sexualidad. Somos seres vivos en la sexualidad, y ello nos ha permitido llegar acá.

Por lo tanto, al hablar de esta materia tal vez estamos mirando la punta del iceberg, haciendo una reflexión muy esencial.

Quizás una visión más compleja de la sexualidad tiene que ver no solo con el imperativo de devolverle a cada ser humano la autonomía, la dignidad, el respeto para vivir su sexualidad como le parezca, sino también con la necesidad de que se entienda lo que a muchos les cuesta asimilar: que somos parte de una familia evolutiva extendida; que provenimos de una sexualidad común; que tenemos una hermandad con las plantas, con los seres vivos, con todo lo que nos rodea.

Y eso también forma parte de una reflexión en el sentido de que tal vez la misma evolución que hoy día estamos experimentando al entender que todos los seres humanos tenemos iguales derechos y la misma dignidad -independiente del color de nuestra piel, de nuestras opciones sexual, religiosa o política- nos permitirá discutir en el Congreso Nacional, dentro de algunos años, los lazos indisolubles que nos relacionan con el resto de los seres vivos, de los que nos hemos separado, a los que vemos como cosa separada, a los que no sentimos parte de la naturaleza, la que estamos destruyendo de la misma manera como lo hicimos durante siglos con quienes tenían colores, visiones, religiones, convicciones y orientaciones sexuales diferentes.

A mi entender, este es un paso terapéutico para la sociedad chilena. Y espero que ella siga evolucionando, pues falta mucho más.

Tenemos una visión económica que niega al resto de nuestra hermandad de seres vivos, que nos aísla de nuestra naturaleza, y en nombre de esa ceguera estamos provocando daños que finalmente se van a volver contra nosotros, contra esta especie que ha dominado el planeta y que debe humanizarse.

Y un sentido de esa humanización se expresa precisamente en la discusión que sostenemos ahora, que es mucho más profunda.

Este proyecto es bastante más relevante que varios otros que hemos debatido, porque habla de elementos esenciales: de lo que nos define como especie, como seres humanos, como personas con dignidad.

Así que valoro mucho esta discusión y el coraje de quienes presentaron la iniciativa que nos ocupa.

Por eso, voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero.

El señor CANTERO.- No voy a abundar en los antecedentes ya entregados, señor Presidente.

Tengo un juicio muy positivo sobre este proyecto. Creo que es una expresión de valoración de la diversidad y del pluralismo que deben existir en nuestra sociedad.

Pero deseo marcar un aspecto que no se ha mencionado y que considero en extremo relevante.

Con respecto a la dicotomía que se da entre la declaración médica de determinado sexo en su momento y la identidad que siente una persona y su posibilidad de modificar por una sola vez, sea con relación al sexo o al nombre, esa definición, establecida en un acta del Registro Civil , vale la pena señalar que se rompe con el carácter objetivo (de objeto) del procedimiento y surge la subjetividad (esta tiene que ver con el sujeto).

Dicho punto me parece muy relevante en materia de legislación.

Porque, en su argumentación, las distintas instituciones que concurrieron al debate de la Comisión reclamaron por el concepto de identidad desde un enfoque del Derecho.

La identidad tiene que ver con los elementos a que hice referencia. Primero, el valor de la diversidad y del pluralismo, que exige una tolerancia no siempre observada, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Y segundo, el reconocimiento de que lo objetivo tiene mucha significación en los objetos.

Pero en materia de Derecho la subjetividad es muy importante, pues la identidad surge respecto de las emociones y los sentimientos, de las interpretaciones o experiencias del sujeto; o sea, estos elementos son subjetivos, propios, individuales, únicos.

Por consiguiente, es muy relevante asimilar aquello, porque la objetividad que en algunos momentos se reclama tiene que ver con enfoques de intersubjetividad. Esto es, varios se ponen de acuerdo sobre algo y creen, piensan o declaran que es objetivo. Pero ello siempre choca con la subjetividad.

La verdad nunca es objetiva, en mi opinión. Siempre es subjetiva, porque impacta a un sujeto; es procesada, asimilada o rechazada por él. Entonces, es de la esencia que tiene carácter subjetivo.

Además, si la experiencia de que se hace mención es relevante, ella tiene que ver con elementos condicionantes del sujeto, los que se encuentran en la estructura de su entorno o ethos; es decir, tiene que ver con lo histórico, con lo político, con lo cultural y, por cierto, con los elementos biológicos que calificamos como basales al momento de la definición.

Por eso, me parece valiosísimo que la subjetividad pueda darle primacía al momento de enfrentarse a la objetividad. Objetivamente, en tal momento la persona fue declarada hombre o mujer -lo que fuere-, y ella, subjetivamente, interpretó y sintió otra cosa.

Aquello, además, me parece coherente con aspectos teológicos que hablan de la materialidad y la espiritualidad, del dualismo. No siempre coincide lo material, la expresión biológica, con la subjetividad, la expresión espiritual, cultural, filosófica, emocional de una persona.

Por lo tanto, considero sobremanera relevante que, en un momento único, de madurez, ello pueda ser revisado.

Voto a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la identidad no puede ser compartida ni impuesta. Está claro. Cada actor construye la suya a través de sus vivencias y de la experiencia personal propia e íntima. Así lo hemos repetido.

El lograr reconocimiento para todas las identidades existentes en Chile forma parte de nuestra política para enfrentar la discriminación. Hay que avanzar contra esta. Sobre todo, la incongruencia de nuestra legislación respecto al nombre y el sexo daña fuertemente la identidad.

Si bien la Carta Fundamental establece tanto nuestra obligación de incorporar a la legislación interna los tratados internacionales acerca de los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana cuanto el deber del Estado de respetarlos y promoverlos, un conjunto de ellos no obligan.

Existen obligaciones consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 8°) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a la integridad, la honra y la intimidad. Y el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha referido a la orientación sexual y a la identidad de género como características esenciales de las personas, características que no son modificables sin alterar gravemente la identidad.

En la actualidad nuestro Estado no permite condiciones para el reconocimiento del género. Hay ausencia de ley; ello señala discriminación.

La ley N° 17.344 y la N° 4.808 posibilitan el cambio de nombre y apellido. Sin embargo, existe un vacío: es el juez quien decide si toma un rol activo al momento del cambio; y en muchos casos es el oficial del Registro Civil.

Dejar que el oficial del Registro Civil determine que una persona que cambia su nombre empiece a llamarse María , por ejemplo, pero siga figurando con sexo masculino forma parte de una incoherencia que hoy queremos enfrentar.

La exigencia de intervenciones quirúrgicas o de tratamientos hormonales tampoco parece conforme a derechos humanos. Ello provoca una discriminación especial que con la ley en proyecto deseamos eliminar.

De otro lado, la actual exigencia legal del plazo de cinco años para el cambio de nombre les genera una situación gravísima a quienes optan por él.

Por eso, señor Presidente, al discutir este proyecto actuamos con la claridad de que no estamos afectando sino consagrando derechos, en particular la libertad de conciencia.

Y quiero citar a Jaime Guzmán Errázuriz , quien, según consta en el Acta Constitucional de la sesión 130ª, página 121, dijo: "La libertad de conciencia es la libertad del fuero interno," -del fuero interno- "que se entiende siempre en forma absoluta e inviolable en la cual nadie puede penetrar y a la cual la esfera del derecho no alcanza... pero se puede extender a otras materias".

El derecho a la intimidad, la libertad de conciencia de quien decide tener una identidad de género distinta de la biológica.

Y quiero despejar las múltiples dudas que se han planteado, señor Presidente.

Aquí estamos hablando de identidad: lo que uno hace, cómo se conforma, sus relaciones sociales.

Otro asunto es la condición biológica para el ámbito del deporte o de otras disciplinas, donde pudiera haber mayores precisiones.

Estamos hablando de la identidad: del deber ser, del deber ser en sociedad, de la integración.

Sobre eso se ha discurrido bastante y, en mi concepto, hay un consenso: estamos estableciendo por la vía legal un derecho que hasta ahora le es vedado a un número importante de ciudadanos: el mismo derecho que tienen otros ciudadanos para optar por su propia identidad, esta vez la de género.

Por ello, voto a favor. Habrá tiempo para discutir, para formular indicaciones. Pero lo importante es llegar a acuerdo, tal vez no por unanimidad, sobre una decisión que debiera llenarnos de orgullo: la de trabajar firmemente para terminar con todo tipo de discriminación en nuestro país.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Me inscribí, señor Presidente , no con el ánimo de alargar innecesariamente la sesión, sino porque estoy convencido de que esta es una materia de gran significación: se trata de derechos humanos y está involucrado el respeto del Estado de Chile a cada persona.

Aquello se refleja en que debiese existir una legislación donde la identidad de género fuera respetada por el Estado. Sin embargo, no ocurre así en nuestro país. Se da la paradoja o la incongruencia de que una persona puede modificar su nombre y, con ello, la denominación de su sexo en su identidad formal, en su cédula de identidad, y sin embargo, para el reconocimiento de su identidad de género, un juez de la república, es decir un funcionario del Estado, puede llegar al extremo de pedirle una amputación, o que ingiera hormonas, o que modifique su propia contextura física con el propósito de hacer corresponder el nombre que aparece en su carné, como expresión de su propia configuración como persona humana.

Esa es la gran contradicción de fondo que esta iniciativa apunta a resolver.

En consecuencia, creo que la ley en proyecto aborda un retraso y una incomprensible incoherencia existentes en la legislación de nuestro país, al mismo tiempo que, en mi concepto, actualiza la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de cada persona nacida en el territorio nacional al ejercicio libre de su propia condición como ser humano.

En este caso, por consiguiente, el texto que nos ocupa esta tarde no hará sino que lo que señalan nuestras propias normas fundamentales guarde correspondencia con la legislación que espero seamos capaces de aprobar.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y 3 tres abstenciones).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvieron los señores Coloma, García y Larraín (don Carlos).

BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES

10.03.14

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

ARTÍCULO 3°

1.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

2.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

ARTÍCULO 4°

Inciso primero

3.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

4.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

5.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

Inciso segundo

6.- Del Honorable Senador señor Letelier, para eliminarlo.

7.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

8.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de el o la solicitante.”.

ARTÍCULO 5°

9.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

Inciso segundo

10.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

11.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”, y suprimir los literales a) y b).

Inciso quinto

12.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

Inciso sexto

13.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

14.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

ARTÍCULO 7°

Inciso segundo

15.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

16.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

o o o

17.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad Litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad Litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 11

Inciso primero

18.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

19.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

20.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

21.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

o o o

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BOLETÍN Nº 8.924-07 II, DE 14.04.14

QUE INCLUYE TODAS LAS INDICACIONES

Y REEMPLAZA AL BOLETÍN DE

INDICACIONES DE 10.03.14

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°

1.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

ARTÍCULO 2°

2.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

ARTÍCULO 3°

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

5.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

6.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

7.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

ARTÍCULO 4°

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

Inciso primero

9.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

10.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

11.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”

12.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

13.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

Inciso segundo

14.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 15.- del Honorable Senador señor Letelier, para eliminarlo.

16.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

17.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de el o la solicitante.”.

18.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

ARTÍCULO 5°

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

20.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

21.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

22.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

Inciso segundo

23.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”.

24.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

25.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

26.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

27.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 28.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b).

Inciso cuarto

29.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

Inciso quinto

30.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

31.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

Inciso sexto

32.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

33.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

34.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

ARTÍCULO 7°

35.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

36.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

37.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

o o o

38.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad Litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad Litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 8°

39.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

ARTÍCULO 9°

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

ARTÍCULO 11

41.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

42.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”

43.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

o o o

44.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 45.- del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

o o o

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

46.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

47.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

48.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

49.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

o o o

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BOLETÍN Nº 8.924-07 III, DE 03.11.14

QUE INCLUYE TODAS LAS INDICACIONES

Y REEMPLAZA AL BOLETÍN DE

INDICACIONES DE 14.04.14

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°

1.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

ARTÍCULO 2°

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón y 5.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

6.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

7.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICION DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

ARTÍCULO 3°

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

9.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

10.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

11.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

12.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

13.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

14.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agregar después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

ARTÍCULO 4°

15.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

Inciso primero

16.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

17.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

18.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

20.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

21.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”

22.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

24.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

25.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

Inciso segundo

26.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 27.- del Honorable Senador señor Letelier 28.- de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora y 29.- de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para eliminarlo.

30.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

31.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

32.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”

33.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

34.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

35.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

ARTÍCULO 5°

36.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

37.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

38.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 38.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

39.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

41.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

Inciso primero

42.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

Inciso segundo

43.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”.

44.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

45.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

46.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

47.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

48.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 49.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b).

Inciso cuarto

50.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

51.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

52.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

Inciso quinto

53.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

54.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 54.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

Inciso sexto

55.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

56.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

57.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”.

58.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

Inciso séptimo

59.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

o o o

60.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 7°

61.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

62.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

63.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece.

64.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para intercalar entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

65.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

66.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

67.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

Inciso tercero

68.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

69.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un inciso final, nuevo, en los siguientes términos:

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina”.

ooo

70.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

71.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

72.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

Inciso primero

73.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

ARTÍCULO 9°

74.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

75.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

ARTÍCULO 11

76.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 76.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

77.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

78.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”

79.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

80.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

o o o

81.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 82.- del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

o o o

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

83.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

84.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

85.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

86.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

87.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

o o o

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BOLETÍN Nº 8.924-07 IV, DE 17.11.14

QUE INCLUYE TODAS LAS INDICACIONES

Y REEMPLAZA AL BOLETÍN DE

INDICACIONES DE 3.11.14

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°

1.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

Inciso segundo

4.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las palabras “naturaleza administrativa”, los siguientes vocablos “público y/o privada,”.

5.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las expresiones “favor del acceso” lo siguiente: “y/o reconocimiento”.

ARTÍCULO 2°

6.- Del Honorable Senador señor Ossandón y 7.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

9.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICION DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

ARTÍCULO 3°

10.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

11.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

13.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

14.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

15.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “por una vez”, lo siguiente “por vía administrativa, y en caso de menores de 18 años por vía judicial en el Tribunal de Familia”.

16.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo y” lo siguiente “/o”.

17.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

18.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agregar después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

ARTÍCULO 4°

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

Inciso primero

20.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

21.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

22.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

25.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”

26.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de las palabras “Toda persona” la siguiente frase “chilena o con residencia permanente en Chile”.

27.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

28.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

29.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo” lo siguiente “y/o”.

30.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

31.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “identidad de género” y antes del punto aparte (.) la siguiente frase “en organismos públicos o privados.”

32.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

Inciso segundo

33.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 34.- del Honorable Senador señor Letelier 35.- de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora y 36.- de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para eliminarlo.

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

38.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

39.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

41.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

42.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “no será exigible por el Tribunal” la siguiente oración “organismo competente, y en caso de ser menor de 18 años en tribunal de familia,”.

43.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

44.- El Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “tratamientos quirúrgicos.” la siguiente oración “Así mismo no se solicitará ningún otro requisito de carácter legal o civil.”.

ARTÍCULO 5°

45.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

46.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

47.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DEL ORGANISMO COMPETENTE.

Será competente de tramitar esta solicitud el servicio de Registro Civil e Identificación del domicilio de la persona solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

Toda persona de nacionalidad chilena y extranjeras (QUE OBTENGAN LA NACIONALIDAD CHILENA) con residencia permanente en Chile, mayor de edad, podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo en la partida de nacimiento. Para las personas extranjeras con residencia permanente en Chile, sólo se rectificará el sexo y/o nombre en la cédula de identidad chilena.

Para ello la solicitud de rectificación podría incluir la elección de nuevos nombres conforme a los deseos de la persona solicitante.

La solicitud de rectificación deberá presentarse ante el oficial civil competente, en la circunscripción que corresponda al domicilio de la persona solicitante y se tramitará por vía administrativa, para mayores de 18 años, no siendo necesaria sentencia judicial de ninguna clase para proceder a dicha rectificación, ni publicación anterior y posterior alguna para que ésta produzca efectos.

El trámite se hará en el Servicio de Registro Civil e Identificación a costa de la persona interesada con un valor de 0,1 UTM, pagados por una única vez cubriendo todo el trámite.

El trámite tendrá una duración máxima de 45 días hábiles y se completará con la rectificación de la partida de Nacimiento en todos los registros.

La persona solicitante deberá pedir en la misma solicitud la expedición de una nueva cédula de identidad que refleje la rectificación solicitada, la que será expedida y entregada a la persona solicitante una vez practicada la rectificación.

El Registro Civil e Identificación realizará las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para la persona solicitante y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y/o nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; y todos los organismos públicos que requieran de su intervención.

A partir de ese momento, la persona solicitante sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo sexo y/o nombre.”.

48.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la siguiente frase “para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del”.

49.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

51.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar el texto “y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”

52.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

53.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el título del artículo por el siguiente “DE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE.”.

54.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

55.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

56.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para sustituirlo por el siguiente:

ARTICULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar los términos “Recibida la solicitud, el Juez”.

58.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimir el texto “publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.”.

59.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar en la primera línea el texto original por “El o la directora del Registro Civil e Identificación” siguiendo la frase “ordenará que…”.

60.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…las rectificaciones;” la frase “que proceda a emitir un nuevo registro para el reconocimiento de la identidad de la persona solicitante; y que se informe” seguido por los términos “en el plazo de…”.

61.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “nacimiento de” la frase “la persona solicitante” seguido de los términos “, a fin de que realice”.

62.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

63.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo” los términos “y/o” siguiendo la frase “nombre al Servicio Electoral…”.

64.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “…Tesorería General de la República” el siguiente texto “y todos los organismos públicos que requieran de su intervención”, finalizando con un punto a parte.

Inciso segundo

65.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”.

67.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

68.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

69.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

70.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

71.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

72.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 73.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b).

Inciso cuarto

74.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

75.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

76.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

77.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

Inciso quinto

78.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimirlo.

79.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

80.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 81.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

Inciso sexto

82.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

83.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 84.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para sustituir la frase “si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie”, por la forma verbal “oficiará”.

85.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “Tribunal” por los términos “Servicio de Registro Civil e Identificación.”

86.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

87.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

88.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”.

89.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

Inciso séptimo

90.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

91.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…En ningún caso podrá el” la frase “Servicio de Registro Civil e Identificación podrá solicitar que se realicen” le sigue el texto original.

o o o

92.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 7°

93.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

94.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

95.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece.

96.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “su sexo y” los ilativos “y/o”, luego sigue la palabra “nombre”.

97.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para intercalar entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

98.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

99.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

100.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

Inciso tercero

101.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

102.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de las palabras “…Civil e Identificación,” la oración “para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad”, luego sigue la frase “con una nueva fotografía…”

103.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un inciso final, nuevo, en los siguientes términos:

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina”.

Inciso cuarto

104.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “… rol único nacional” las palabras “de la persona solicitante”.

ooo

105.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

106.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

107.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo, pasando el 8° a ser 7°, y así sucesivamente.

108.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

Inciso primero

109.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

110.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de los términos “de la rectificación del” los términos “del sexo y/o nombre”.

Inciso cuarto

111.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 112.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

ARTÍCULO 9°

113.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

114.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

115.- Del Honorable Senador señor Girardi, luego de la frase “podrá negarse a”, reemplazar el término “atender” por la frase “entregar el servicio solicitado,”

116.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “irrespetuoso” por “respetuoso”.

ARTÍCULO 10

117.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 118.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para intercalar entre la coma (,) a continuación de la palabra “oficiales” y el pronombre “quienes”, la siguiente frase: “los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y”.

ARTÍCULO 11

119.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 120.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

121.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

122.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”

123.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo”, los términos “y/o”, siguiendo “nombre cuando…”.

124.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

125.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

o o o

126.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 127.- del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

o o o

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

128.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

129.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

130.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar el término “tribunal” por el término “organismo”.

131.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar “dictación de la sentencia” por “su cumplimiento”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

132.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

133.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

134.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

o o o

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BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES V

DE 30.04.15

QUE REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 17.11.14

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°

1.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

Letra a)

3a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar en la letra a) la frase “de su identidad de género” por “de lo que esta ley denomina identidad de género”.

Letra b)

3b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar la letra b) pasando la letra c) a ser b).

Letra c)

3c.- Del Honorable Senador señor Coloma, para la letra c) por lo siguiente:

“b) A ser denominada por en nombre en que figura inscrita en el Registro Civil, aunque no sea indiciario del sexo originario y a petición de parte, este nombre será coincidente con las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil deberá contener un sistema especial de respaldo interno en que conste el sexo masculino o femenino de cada persona al nacer, con la sola finalidad de resguardar el derecho de los terceros que deseen contraer matrimonio con personas que se han acogido a la identidad de género, pero que por no manifestación de éstas, sea desconocida la nueva identidad civil en el momento de contraer matrimonio.”.

Inciso segundo

3d.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

4.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las palabras “naturaleza administrativa”, los siguientes vocablos “público y/o privada,”.

5.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las expresiones “favor del acceso” lo siguiente: “y/o reconocimiento”.

ARTÍCULO 2°

6.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 7.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

9.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

9a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género el derecho que tiene toda persona a no ser discriminada arbitrariamente en razón de tener un sexo psicológico distinto del sexo biológico de conformidad al procedimiento establecido en esta ley.”

9b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se entenderá por identidad de género la representación psicológica que tenga una persona sobre la concepción de sí misma con relación a su identidad sexual o de género, independiente, de su estructura fisiológica y hormonal original acreditada en el momento del nacimiento.”.

ARTÍCULO 3°

9c.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo reordenando correlativamente los artículos posteriores.

10.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

11.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

13.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

14.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

15.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “por una vez”, lo siguiente “por vía administrativa, y en caso de menores de 18 años por vía judicial en el Tribunal de Familia”.

16.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo y” lo siguiente “/o”.

17.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

18.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agregar después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”. PENDIENTE

18a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar el punto final por un punto seguido y agregar lo siguiente:

“Con todo, será obligación del Servicio de Registro Civil mantener vigente y debidamente actualizado el Registro Interno al que se refiere al artículo 1° letra c) de la presente ley.”.

ARTÍCULO 4°

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

Inciso primero

20.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

21.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente: PENDIENTE

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

21a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

22.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

25.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”. RETIRADA

26.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de las palabras “Toda persona” la siguiente frase “chilena o con residencia permanente en Chile”.

26a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión “Toda persona” la frase siguiente: “que hubiere alcanzado la mayoría de edad y no se encontrare casada”.

27.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

28.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

29.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo” lo siguiente “y/o”.

30.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

31.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “identidad de género” y antes del punto aparte (.) la siguiente frase “en organismos públicos o privados.”

31a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar al final del inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Para este efecto, la persona deberá acompañar un informe suscrito por un médico psiquiatra o psicólogo clínico que acredite, en primer lugar, la disonancia entre el sexo biológico y su identidad de género; en segundo lugar, la circunstancia de haber persistido esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y respaldada mediante prueba documental donde conste la fecha de inicio del seguimiento médico; y en tercer lugar, la ausencia de trastornos de personalidad que pudieren influir, de manera determinante, en la existencia de la disonancia entre el sexo biológico y la identidad de género del solicitante.”.

32.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

Inciso segundo

33.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 34.- del Honorable Senador señor Letelier 35.- de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora y 36.- de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para eliminarlo.

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

37a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de dos médicos especialistas que acrediten que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

38.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

39.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

41.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

41a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo registral no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos o de tratamientos quirúrgicos”.

42.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “no será exigible por el Tribunal” la siguiente oración “organismo competente, y en caso de ser menor de 18 años en tribunal de familia,”.

43.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

44.- El Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “tratamientos quirúrgicos.” la siguiente oración “Así mismo no se solicitará ningún otro requisito de carácter legal o civil.”.

ARTÍCULO 5°

45.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

46.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

47.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DEL ORGANISMO COMPETENTE.

Será competente de tramitar esta solicitud el servicio de Registro Civil e Identificación del domicilio de la persona solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

Toda persona de nacionalidad chilena y extranjeras (QUE OBTENGAN LA NACIONALIDAD CHILENA) con residencia permanente en Chile, mayor de edad, podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo en la partida de nacimiento. Para las personas extranjeras con residencia permanente en Chile, sólo se rectificará el sexo y/o nombre en la cédula de identidad chilena.

Para ello la solicitud de rectificación podría incluir la elección de nuevos nombres conforme a los deseos de la persona solicitante.

La solicitud de rectificación deberá presentarse ante el oficial civil competente, en la circunscripción que corresponda al domicilio de la persona solicitante y se tramitará por vía administrativa, para mayores de 18 años, no siendo necesaria sentencia judicial de ninguna clase para proceder a dicha rectificación, ni publicación anterior y posterior alguna para que ésta produzca efectos.

El trámite se hará en el Servicio de Registro Civil e Identificación a costa de la persona interesada con un valor de 0,1 UTM, pagados por una única vez cubriendo todo el trámite.

El trámite tendrá una duración máxima de 45 días hábiles y se completará con la rectificación de la partida de Nacimiento en todos los registros.

La persona solicitante deberá pedir en la misma solicitud la expedición de una nueva cédula de identidad que refleje la rectificación solicitada, la que será expedida y entregada a la persona solicitante una vez practicada la rectificación.

El Registro Civil e Identificación realizará las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para la persona solicitante y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y/o nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; y todos los organismos públicos que requieran de su intervención.

A partir de ese momento, la persona solicitante sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo sexo y/o nombre.”.

47a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“La competencia para conocer de la gestión voluntaria que establece en esta ley será exclusivamente de los Tribunales Ordinarios de Justicia, mediante el procedimiento especial establecido para ello.”

48.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la siguiente frase “para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del”.

49.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

51.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar el texto “y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”

52.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

53.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el título del artículo por el siguiente “DE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE.”.

54.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

55.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

56.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para sustituirlo por el siguiente:

ARTICULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar los términos “Recibida la solicitud, el Juez”.

58.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimir el texto “publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.”.

59.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar en la primera línea el texto original por “El o la directora del Registro Civil e Identificación” siguiendo la frase “ordenará que…”.

60.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…las rectificaciones;” la frase “que proceda a emitir un nuevo registro para el reconocimiento de la identidad de la persona solicitante; y que se informe” seguido por los términos “en el plazo de…”.

61.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “nacimiento de” la frase “la persona solicitante” seguido de los términos “, a fin de que realice”.

62.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

62a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y”, la voz “registral”.

63.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo” los términos “y/o” siguiendo la frase “nombre al Servicio Electoral…”.

64.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “…Tesorería General de la República” el siguiente texto “y todos los organismos públicos que requieran de su intervención”, finalizando con un punto a parte. PENDIENTE

Inciso segundo

65.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”. RETIRADA

67.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

68.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

69.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

70.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

71.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

71a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar, en el inciso tercero, la palabra “dos” por el término “tres”.

72.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 73.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b). RETIRADA indicación número 73.

73a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir en el texto de la letra a) la expresión “o indirecto”.

73b.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso tercero una letra c), nueva, cuyo texto es el siguiente:

“c) Ausencia de alguno de los requisitos señalados en el artículo cuarto, en especial la exigencia referida a la mayoría de edad de la persona.”.

Inciso cuarto

74.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

75.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

76.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

77.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

77a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar, luego de la voz “sumaria”, la siguiente frase: “y el cumplimiento de los demás requisitos que establece la ley,”.

Inciso quinto

78.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimirlo.

79.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

80.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín RETIRADA y 81.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

81a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar a continuación del punto a parte lo siguiente:

“No obstante, será obligación del Servicio de Registro Civil confeccionar, mantener vigente y actualizado un Registro Interno donde se consigne, mediante el número de cédula de identidad, las personas que detentan un sexo diferente del original determinado al momento del nacimiento y que hayan realizado una solicitud de identidad de género, con la finalidad de resguardar a los posibles contrayentes del contrato de matrimonio que no tengan conocimiento de las modificaciones de la partida de nacimiento y demás registros.”.

Inciso sexto

82.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo. RETIRADA

83.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación u otras entidades a fin de que se informe si la persona solicitante tiene tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos menores de edad, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito del respectivo oficio, las entidades deberán pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

84.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 85.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para sustituir la frase “si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie”, por la forma verbal “oficiará”.

86.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “Tribunal” por los términos “Servicio de Registro Civil e Identificación.”

87.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

88.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

89.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”. RETIRADA

90.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso sexto, a continuación de la frase “órdenes de detención pendientes”, la expresión “, vínculo matrimonial no disuelto”.

91.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

Inciso séptimo

92.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 93.- de la Honorable Senadora señora Van Ryssleberghe, para suprimirlo.

94.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…En ningún caso podrá el” la frase “Servicio de Registro Civil e Identificación podrá solicitar que se realicen” le sigue el texto original.

o o o

95.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 7°

96.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

97.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

98.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece. RETIRADA

99.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y” en las dos veces que aparece, la voz “registral”.

100.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “su sexo y” los ilativos “y/o”, luego sigue la palabra “nombre”.

101.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para intercalar entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

102.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

103.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

104.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que él o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

Inciso tercero

105.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”. RETIRADA

106.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de las palabras “…Civil e Identificación,” la oración “para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad”, luego sigue la frase “con una nueva fotografía…”

107.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto con el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, deberá quedar registrado el sexo biológico para todos los efectos legales en que el mismo sea necesario como por ejemplo jubilación, matrimonio, beneficios de maternidad, entre otras”.

Inciso cuarto

108.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Rectificada la partida de nacimiento y el sexo registral y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente y en el artículo 11 de la presente ley.”

109.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “… rol único nacional” las palabras “de la persona solicitante”.

110.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el artículo 7°, a continuación del punto final, lo siguiente:

“Finalmente, se dejará constancia de la sentencia en el Registro Interno que deberá llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación sobre el otorgamiento de un cambio de identidad de sexo o género.”

111.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un inciso final, nuevo, en los siguientes términos: RETIRADA

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina”.

ooo

112.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

113.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

114.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo, pasando el 8° a ser 7°, y así sucesivamente.

115.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

Inciso primero

116.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo registral, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 7° de esta ley.”.

117.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

118.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de los términos “de la rectificación del” los términos “del sexo y/o nombre”. RETIRADA RETIRADA

Inciso segundo

119.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, si la persona que solicitó el cambio de sexo tiene un vínculo matrimonial vigente, se producirá de pleno derecho a la disolución del vínculo matrimonial y a la rectificación del estado civil.”

Inciso tercero

120.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

Inciso cuarto

121.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 122.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

ARTÍCULO 9°

123.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

124.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

125.- Del Honorable Senador señor Girardi, luego de la frase “podrá negarse a”, reemplazar el término “atender” por la frase “entregar el servicio solicitado,”

126.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “irrespetuoso” por “respetuoso”.

ARTÍCULO 10

127.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 128.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para intercalar entre la coma (,) a continuación de la palabra “oficiales” y el pronombre “quienes”, la siguiente frase: “los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y”.

129.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar antes de punto final, lo siguiente: “y a lo señalado en el artículo 1° respecto del Registro Interno.”

ARTÍCULO 11

130.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 131.- del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA, para eliminarlo.

132.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

133.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”

134.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo”, los términos “y/o”, siguiendo “nombre cuando…”.

135.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

136.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

o o o

137.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 138.- del Honorable Senador señor Ossandón, RETIRADA para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

139.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“Artículo….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19947 que establece una Nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

o o o

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

140.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo. RETIRADA

141.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

142.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar el término “tribunal” por el término “organismo”.

143.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar “dictación de la sentencia” por “su cumplimiento”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

144.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

145.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

146.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

o o o

- - -

BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES VI

DE 01.06.15

QUE REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 30.04.15

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 1°

1.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

Letra a)

3a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar en la letra a) la frase “de su identidad de género” por “de lo que esta ley denomina identidad de género”.

Letra b)

3b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar la letra b) pasando la letra c) a ser b).

Letra c)

3c.- Del Honorable Senador señor Coloma, para la letra c) por lo siguiente:

“b) A ser denominada por en nombre en que figura inscrita en el Registro Civil, aunque no sea indiciario del sexo originario y a petición de parte, este nombre será coincidente con las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil deberá contener un sistema especial de respaldo interno en que conste el sexo masculino o femenino de cada persona al nacer, con la sola finalidad de resguardar el derecho de los terceros que deseen contraer matrimonio con personas que se han acogido a la identidad de género, pero que por no manifestación de éstas, sea desconocida la nueva identidad civil en el momento de contraer matrimonio.”.

Inciso segundo

3d.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

4.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las palabras “naturaleza administrativa”, los siguientes vocablos “público y/o privada,”.

5.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las expresiones “favor del acceso” lo siguiente: “y/o reconocimiento”.

ARTÍCULO 2°

6.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 7.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

9.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

9a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género el derecho que tiene toda persona a no ser discriminada arbitrariamente en razón de tener un sexo psicológico distinto del sexo biológico de conformidad al procedimiento establecido en esta ley.”

9b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se entenderá por identidad de género la representación psicológica que tenga una persona sobre la concepción de sí misma con relación a su identidad sexual o de género, independiente, de su estructura fisiológica y hormonal original acreditada en el momento del nacimiento.”.

ARTÍCULO 3°

9c.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo reordenando correlativamente los artículos posteriores.

10.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

11.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

13.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

14.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

15.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “por una vez”, lo siguiente “por vía administrativa, y en caso de menores de 18 años por vía judicial en el Tribunal de Familia”.

16.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo y” lo siguiente “/o”.

17.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

18.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agregar después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”. PENDIENTE

18a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar el punto final por un punto seguido y agregar lo siguiente:

“Con todo, será obligación del Servicio de Registro Civil mantener vigente y debidamente actualizado el Registro Interno al que se refiere al artículo 1° letra c) de la presente ley.”.

ARTÍCULO 4°

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

Inciso primero

20.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

21.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente: PENDIENTE

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

21a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

22.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

25.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”. RETIRADA

26.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de las palabras “Toda persona” la siguiente frase “chilena o con residencia permanente en Chile”.

26a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión “Toda persona” la frase siguiente: “que hubiere alcanzado la mayoría de edad y no se encontrare casada”.

27.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

28.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

29.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo” lo siguiente “y/o”.

30.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

31.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “identidad de género” y antes del punto aparte (.) la siguiente frase “en organismos públicos o privados.”

31a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar al final del inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Para este efecto, la persona deberá acompañar un informe suscrito por un médico psiquiatra o psicólogo clínico que acredite, en primer lugar, la disonancia entre el sexo biológico y su identidad de género; en segundo lugar, la circunstancia de haber persistido esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y respaldada mediante prueba documental donde conste la fecha de inicio del seguimiento médico; y en tercer lugar, la ausencia de trastornos de personalidad que pudieren influir, de manera determinante, en la existencia de la disonancia entre el sexo biológico y la identidad de género del solicitante.”.

32.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

Inciso segundo

33.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 34.- del Honorable Senador señor Letelier 35.- de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora y 36.- de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para eliminarlo.

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

37a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de dos médicos especialistas que acrediten que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

38.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

39.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

41.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

41a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo registral no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos o de tratamientos quirúrgicos”.

42.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “no será exigible por el Tribunal” la siguiente oración “organismo competente, y en caso de ser menor de 18 años en tribunal de familia,”.

43.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

44.- El Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “tratamientos quirúrgicos.” la siguiente oración “Así mismo no se solicitará ningún otro requisito de carácter legal o civil.”.

ARTÍCULO 5°

45.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

46.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

47.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DEL ORGANISMO COMPETENTE.

Será competente de tramitar esta solicitud el servicio de Registro Civil e Identificación del domicilio de la persona solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

Toda persona de nacionalidad chilena y extranjeras (QUE OBTENGAN LA NACIONALIDAD CHILENA) con residencia permanente en Chile, mayor de edad, podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo en la partida de nacimiento. Para las personas extranjeras con residencia permanente en Chile, sólo se rectificará el sexo y/o nombre en la cédula de identidad chilena.

Para ello la solicitud de rectificación podría incluir la elección de nuevos nombres conforme a los deseos de la persona solicitante.

La solicitud de rectificación deberá presentarse ante el oficial civil competente, en la circunscripción que corresponda al domicilio de la persona solicitante y se tramitará por vía administrativa, para mayores de 18 años, no siendo necesaria sentencia judicial de ninguna clase para proceder a dicha rectificación, ni publicación anterior y posterior alguna para que ésta produzca efectos.

El trámite se hará en el Servicio de Registro Civil e Identificación a costa de la persona interesada con un valor de 0,1 UTM, pagados por una única vez cubriendo todo el trámite.

El trámite tendrá una duración máxima de 45 días hábiles y se completará con la rectificación de la partida de Nacimiento en todos los registros.

La persona solicitante deberá pedir en la misma solicitud la expedición de una nueva cédula de identidad que refleje la rectificación solicitada, la que será expedida y entregada a la persona solicitante una vez practicada la rectificación.

El Registro Civil e Identificación realizará las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para la persona solicitante y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y/o nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; y todos los organismos públicos que requieran de su intervención.

A partir de ese momento, la persona solicitante sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo sexo y/o nombre.”.

47a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“La competencia para conocer de la gestión voluntaria que establece en esta ley será exclusivamente de los Tribunales Ordinarios de Justicia, mediante el procedimiento especial establecido para ello.”

48.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la siguiente frase “para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del”.

49.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

51.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar el texto “y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”

52.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

53.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el título del artículo por el siguiente “DE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE.”.

54.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

55.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

56.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para sustituirlo por el siguiente:

ARTICULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar los términos “Recibida la solicitud, el Juez”.

58.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimir el texto “publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.”.

59.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar en la primera línea el texto original por “El o la directora del Registro Civil e Identificación” siguiendo la frase “ordenará que…”.

60.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…las rectificaciones;” la frase “que proceda a emitir un nuevo registro para el reconocimiento de la identidad de la persona solicitante; y que se informe” seguido por los términos “en el plazo de…”.

61.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “nacimiento de” la frase “la persona solicitante” seguido de los términos “, a fin de que realice”.

62.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

62a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y”, la voz “registral”.

63.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo” los términos “y/o” siguiendo la frase “nombre al Servicio Electoral…”.

64.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “…Tesorería General de la República” el siguiente texto “y todos los organismos públicos que requieran de su intervención”, finalizando con un punto a parte. PENDIENTE

Inciso segundo

65.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”. RETIRADA

67.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

68.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

69.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

70.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

71.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

71a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar, en el inciso tercero, la palabra “dos” por el término “tres”.

72.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 73.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b). RETIRADA indicación número 73.

73a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir en el texto de la letra a) la expresión “o indirecto”.

73b.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso tercero una letra c), nueva, cuyo texto es el siguiente:

“c) Ausencia de alguno de los requisitos señalados en el artículo cuarto, en especial la exigencia referida a la mayoría de edad de la persona.”.

Inciso cuarto

74.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

75.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

76.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

77.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

77a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar, luego de la voz “sumaria”, la siguiente frase: “y el cumplimiento de los demás requisitos que establece la ley,”.

Inciso quinto

78.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimirlo.

79.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

80.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín RETIRADA y 81.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

81a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar a continuación del punto a parte lo siguiente:

“No obstante, será obligación del Servicio de Registro Civil confeccionar, mantener vigente y actualizado un Registro Interno donde se consigne, mediante el número de cédula de identidad, las personas que detentan un sexo diferente del original determinado al momento del nacimiento y que hayan realizado una solicitud de identidad de género, con la finalidad de resguardar a los posibles contrayentes del contrato de matrimonio que no tengan conocimiento de las modificaciones de la partida de nacimiento y demás registros.”.

Inciso sexto

82.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo. RETIRADA

83.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación u otras entidades a fin de que se informe si la persona solicitante tiene tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos menores de edad, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito del respectivo oficio, las entidades deberán pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

84.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 85.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para sustituir la frase “si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie”, por la forma verbal “oficiará”.

86.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “Tribunal” por los términos “Servicio de Registro Civil e Identificación.”

87.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

88.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

89.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”. RETIRADA

90.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso sexto, a continuación de la frase “órdenes de detención pendientes”, la expresión “, vínculo matrimonial no disuelto”.

91.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

Inciso séptimo

92.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 93.- de la Honorable Senadora señora Van Ryssleberghe, para suprimirlo.

94.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…En ningún caso podrá el” la frase “Servicio de Registro Civil e Identificación podrá solicitar que se realicen” le sigue el texto original.

o o o

95.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 7°

96.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

97.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

98.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece. RETIRADA

99.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y” en las dos veces que aparece, la voz “registral”.

100.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “su sexo y” los ilativos “y/o”, luego sigue la palabra “nombre”.

101.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para intercalar entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

102.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

103.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

104.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que él o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

Inciso tercero

105.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”. RETIRADA

106.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de las palabras “…Civil e Identificación,” la oración “para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad”, luego sigue la frase “con una nueva fotografía…”

107.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto con el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, deberá quedar registrado el sexo biológico para todos los efectos legales en que el mismo sea necesario como por ejemplo jubilación, matrimonio, beneficios de maternidad, entre otras”.

Inciso cuarto

108.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Rectificada la partida de nacimiento y el sexo registral y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente y en el artículo 11 de la presente ley.”

109.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “… rol único nacional” las palabras “de la persona solicitante”.

110.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el artículo 7°, a continuación del punto final, lo siguiente:

“Finalmente, se dejará constancia de la sentencia en el Registro Interno que deberá llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación sobre el otorgamiento de un cambio de identidad de sexo o género.”

111.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un inciso final, nuevo, en los siguientes términos: RETIRADA

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina”.

ooo

112.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

113.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

114.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO NUEVO….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

115.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo, pasando el 8° a ser 7°, y así sucesivamente.

116.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

Inciso primero

117.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo registral, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 7° de esta ley.”.

118.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

119.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de los términos “de la rectificación del” los términos “del sexo y/o nombre”. RETIRADA RETIRADA

Inciso segundo

120.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, si la persona que solicitó el cambio de sexo tiene un vínculo matrimonial vigente, se producirá de pleno derecho a la disolución del vínculo matrimonial y a la rectificación del estado civil.”

Inciso tercero

121.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

Inciso cuarto

122.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 123.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

ARTÍCULO 9°

124.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

125.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

126.- Del Honorable Senador señor Girardi, luego de la frase “podrá negarse a”, reemplazar el término “atender” por la frase “entregar el servicio solicitado,”

127.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “irrespetuoso” por “respetuoso”.

o o o

128.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO. Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”.

o o o

ARTÍCULO 10

129.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 130.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para intercalar entre la coma (,) a continuación de la palabra “oficiales” y el pronombre “quienes”, la siguiente frase: “los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y”.

131.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar antes de punto final, lo siguiente: “y a lo señalado en el artículo 1° respecto del Registro Interno.”

ARTÍCULO 11

132.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 133.- del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA, para eliminarlo.

134.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

135.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”.

136.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo”, los términos “y/o”, siguiendo “nombre cuando…”.

137.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

138.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

o o o

139.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 140.- del Honorable Senador señor Ossandón, RETIRADA para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

141.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“Artículo….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19947 que establece una Nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

o o o

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

142.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo. RETIRADA

143.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

144.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar el término “tribunal” por el término “organismo”.

145.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar “dictación de la sentencia” por “su cumplimiento”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

146.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

o o o

147.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

o o o

148.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

149.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO TRANSITORIO ….- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

o o o

- - -

BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES VII

DE 13.07.15

QUE REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 01.06.15

INDICACIONES FORMULADAS AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

1a.- De Su excelencia la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 1° el siguiente título:

“TÍTULO I: DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”.

ARTÍCULO 1°

1.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

2.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

Letra a)

3a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar en la letra a) la frase “de su identidad de género” por “de lo que esta ley denomina identidad de género”.

Letra b)

3b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar la letra b) pasando la letra c) a ser b).

Letra c)

3c.- Del Honorable Senador señor Coloma, para la letra c) por lo siguiente:

“b) A ser denominada por en nombre en que figura inscrita en el Registro Civil, aunque no sea indiciario del sexo originario y a petición de parte, este nombre será coincidente con las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil deberá contener un sistema especial de respaldo interno en que conste el sexo masculino o femenino de cada persona al nacer, con la sola finalidad de resguardar el derecho de los terceros que deseen contraer matrimonio con personas que se han acogido a la identidad de género, pero que por no manifestación de éstas, sea desconocida la nueva identidad civil en el momento de contraer matrimonio.”.

Inciso segundo

3d.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

4.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las palabras “naturaleza administrativa”, los siguientes vocablos “público y/o privada,”.

5.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar a continuación de las expresiones “favor del acceso” lo siguiente: “y/o reconocimiento”.

ARTÍCULO 2°

6.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 7.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

8.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

9.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

9a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género el derecho que tiene toda persona a no ser discriminada arbitrariamente en razón de tener un sexo psicológico distinto del sexo biológico de conformidad al procedimiento establecido en esta ley.”

9b.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se entenderá por identidad de género la representación psicológica que tenga una persona sobre la concepción de sí misma con relación a su identidad sexual o de género, independiente, de su estructura fisiológica y hormonal original acreditada en el momento del nacimiento.”.

ARTÍCULO 3°

9c.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo reordenando correlativamente los artículos posteriores.

10.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

10a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 3° por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez la rectificación de su partida de nacimiento, sus documentos de identificación y cualquier otro documento público o privado en que conste la identificación, y el cambio de sexo y/o nombre, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

11.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

12.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

13.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

14.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

15.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “por una vez”, lo siguiente “por vía administrativa, y en caso de menores de 18 años por vía judicial en el Tribunal de Familia”.

16.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo y” lo siguiente “/o”.

17.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

18.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agregar después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”. PENDIENTE

18a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazar el punto final por un punto seguido y agregar lo siguiente:

“Con todo, será obligación del Servicio de Registro Civil mantener vigente y debidamente actualizado el Registro Interno al que se refiere al artículo 1° letra c) de la presente ley.”.

ooo

18 b.- De su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 4°, nuevo, del tenor que sigue, adecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

“ARTÍCULO 4°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.”.

ooo

ARTÍCULO 4°

19.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

19 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 4°, que ha pasado a ser artículo 5° por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”.

Inciso primero

20.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

21.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazarlo por el siguiente: PENDIENTE

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

21a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

22.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

25.- De la Honorable Senadora señora Allende, para agregar la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”. RETIRADA

26.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de las palabras “Toda persona” la siguiente frase “chilena o con residencia permanente en Chile”.

26a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión “Toda persona” la frase siguiente: “que hubiere alcanzado la mayoría de edad y no se encontrare casada”.

27.- Del Honorable Senador señor Letelier, para incorporar luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

28.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

29.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “el cambio de sexo” lo siguiente “y/o”.

30.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

31.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “identidad de género” y antes del punto aparte (.) la siguiente frase “en organismos públicos o privados.”

31a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar al final del inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Para este efecto, la persona deberá acompañar un informe suscrito por un médico psiquiatra o psicólogo clínico que acredite, en primer lugar, la disonancia entre el sexo biológico y su identidad de género; en segundo lugar, la circunstancia de haber persistido esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y respaldada mediante prueba documental donde conste la fecha de inicio del seguimiento médico; y en tercer lugar, la ausencia de trastornos de personalidad que pudieren influir, de manera determinante, en la existencia de la disonancia entre el sexo biológico y la identidad de género del solicitante.”.

32.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido:

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

Inciso segundo

33.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 34.- del Honorable Senador señor Letelier 35.- de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora y 36.- de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para eliminarlo.

37.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

37a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de dos médicos especialistas que acrediten que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

38.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

Inciso tercero

39.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”.

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

41.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazarlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

41a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo registral no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos o de tratamientos quirúrgicos”.

42.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “no será exigible por el Tribunal” la siguiente oración “organismo competente, y en caso de ser menor de 18 años en tribunal de familia,”.

43.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

44.- El Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “tratamientos quirúrgicos.” la siguiente oración “Así mismo no se solicitará ningún otro requisito de carácter legal o civil.”.

ARTÍCULO 5°

44 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar el actual artículo 5°.

45.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

46.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

47.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DEL ORGANISMO COMPETENTE.

Será competente de tramitar esta solicitud el servicio de Registro Civil e Identificación del domicilio de la persona solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

Toda persona de nacionalidad chilena y extranjeras (QUE OBTENGAN LA NACIONALIDAD CHILENA) con residencia permanente en Chile, mayor de edad, podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo en la partida de nacimiento. Para las personas extranjeras con residencia permanente en Chile, sólo se rectificará el sexo y/o nombre en la cédula de identidad chilena.

Para ello la solicitud de rectificación podría incluir la elección de nuevos nombres conforme a los deseos de la persona solicitante.

La solicitud de rectificación deberá presentarse ante el oficial civil competente, en la circunscripción que corresponda al domicilio de la persona solicitante y se tramitará por vía administrativa, para mayores de 18 años, no siendo necesaria sentencia judicial de ninguna clase para proceder a dicha rectificación, ni publicación anterior y posterior alguna para que ésta produzca efectos.

El trámite se hará en el Servicio de Registro Civil e Identificación a costa de la persona interesada con un valor de 0,1 UTM, pagados por una única vez cubriendo todo el trámite.

El trámite tendrá una duración máxima de 45 días hábiles y se completará con la rectificación de la partida de Nacimiento en todos los registros.

La persona solicitante deberá pedir en la misma solicitud la expedición de una nueva cédula de identidad que refleje la rectificación solicitada, la que será expedida y entregada a la persona solicitante una vez practicada la rectificación.

El Registro Civil e Identificación realizará las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para la persona solicitante y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y/o nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; y todos los organismos públicos que requieran de su intervención.

A partir de ese momento, la persona solicitante sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo sexo y/o nombre.”.

47a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para reemplazarlo por el siguiente:

“La competencia para conocer de la gestión voluntaria que establece en esta ley será exclusivamente de los Tribunales Ordinarios de Justicia, mediante el procedimiento especial establecido para ello.”

48.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar la siguiente frase “para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del”.

49.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

51.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar el texto “y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”

52.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

ARTÍCULO 6°

53.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el título del artículo por el siguiente “DE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE.”.

54.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

54 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el actual artículo 6°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DEL PROCEDIMIENTO.

Recibida la solicitud, y verificado el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en el artículo 5°, el juez declarará su admisibilidad y citará al o la solicitante a una audiencia, la que deberá sustanciarse dentro de los 15 días siguientes a dicha resolución. A esta audiencia concurrirá el o la solicitante, personalmente, quien deberá ratificar lo expuesto en la solicitud y sus fundamentos. El juez procederá al análisis de los antecedentes y concederá en ella la cuestión sometida a su conocimiento.

En contra de la solicitud de la que trata la presente ley, no será admitida oposición alguna de terceros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7°, respecto de la solicitud presentada por el niño, niña o adolescente.

Los procedimientos regulados en esta ley tendrán un plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud.

En lo no contemplado en esta ley, serán aplicables supletoriamente las normas de los procedimientos no contenciosos en materia de familia del párrafo tercero, del título IV de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, siempre que no sean incompatibles con la esencia del ejercicio del derecho a la identidad de género.”.

55.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

56.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para sustituirlo por el siguiente:

ARTICULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

Inciso primero

57.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminar los términos “Recibida la solicitud, el Juez”.

58.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimir el texto “publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.”.

59.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar en la primera línea el texto original por “El o la directora del Registro Civil e Identificación” siguiendo la frase “ordenará que…”.

60.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…las rectificaciones;” la frase “que proceda a emitir un nuevo registro para el reconocimiento de la identidad de la persona solicitante; y que se informe” seguido por los términos “en el plazo de…”.

61.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “nacimiento de” la frase “la persona solicitante” seguido de los términos “, a fin de que realice”.

62.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

62a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y”, la voz “registral”.

63.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo” los términos “y/o” siguiendo la frase “nombre al Servicio Electoral…”.

64.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “…Tesorería General de la República” el siguiente texto “y todos los organismos públicos que requieran de su intervención”, finalizando con un punto a parte. PENDIENTE

Inciso segundo

65.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

66.- De la Honorable Senadora señora Allende, para cambiar la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agregar la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva como: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”. RETIRADA

67.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

Inciso tercero

68.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

69.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

70.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

71.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para reemplazar, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

71a.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar, en el inciso tercero, la palabra “dos” por el término “tres”.

72.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y 73.- de la Honorable Senadora señora Allende, para suprimir los literales a) y b). RETIRADA indicación número 73.

73a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir en el texto de la letra a) la expresión “o indirecto”.

73b.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso tercero una letra c), nueva, cuyo texto es el siguiente:

“c) Ausencia de alguno de los requisitos señalados en el artículo cuarto, en especial la exigencia referida a la mayoría de edad de la persona.”.

Inciso cuarto

74.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo.

75.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

76.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

77.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

77a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar, luego de la voz “sumaria”, la siguiente frase: “y el cumplimiento de los demás requisitos que establece la ley,”.

Inciso quinto

78.- Del Honorable Senador señor Girardi, para suprimirlo.

79.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”

80.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín RETIRADA y 81.- del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “y en cuaderno separado”.

81a.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar a continuación del punto a parte lo siguiente:

“No obstante, será obligación del Servicio de Registro Civil confeccionar, mantener vigente y actualizado un Registro Interno donde se consigne, mediante el número de cédula de identidad, las personas que detentan un sexo diferente del original determinado al momento del nacimiento y que hayan realizado una solicitud de identidad de género, con la finalidad de resguardar a los posibles contrayentes del contrato de matrimonio que no tengan conocimiento de las modificaciones de la partida de nacimiento y demás registros.”.

Inciso sexto

82.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo. RETIRADA

83.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación u otras entidades a fin de que se informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos menores de edad, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito del respectivo oficio, las entidades deberán pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

84.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 85.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para sustituir la frase “si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie”, por la forma verbal “oficiará”.

86.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “Tribunal” por los términos “Servicio de Registro Civil e Identificación.”

87.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

88.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

89.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”. RETIRADA

90.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso sexto, a continuación de la frase “órdenes de detención pendientes”, la expresión “, vínculo matrimonial no disuelto”.

91.- Del Honorable Senador señor Letelier, para añadir a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

Inciso séptimo

92.- Del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA y 93.- de la Honorable Senadora señora Van Ryssleberghe, para suprimirlo.

94.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de la frase “…En ningún caso podrá el” la frase “Servicio de Registro Civil e Identificación podrá solicitar que se realicen” le sigue el texto original.

o o o

95.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar los siguientes artículos 7°, 8° y 9°, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un Curador Ad Litem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5°, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.

ARTÍCULO 8°. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.

ARTICULO 9°. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.”.

96.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

o o o

ARTÍCULO 7°

97.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

98.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el actual artículo 7°, que ha pasado a ser 10, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registral de la persona solicitante; y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.”.

99.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

Inciso segundo

100.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece. RETIRADA

101.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “sexo” y la conjunción “y” en las dos veces que aparece, la voz “registral”.

102.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “su sexo y” los ilativos “y/o”, luego sigue la palabra “nombre”.

103.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para intercalar entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

104.- Del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

105.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

106.- De la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, para reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que él o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

Inciso tercero

107.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”. RETIRADA

108.- Del Honorable Senador señor Girardi, para incorporar luego de las palabras “…Civil e Identificación,” la oración “para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad”, luego sigue la frase “con una nueva fotografía…”

109.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto con el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, deberá quedar registrado el sexo biológico para todos los efectos legales en que el mismo sea necesario como por ejemplo jubilación, matrimonio, beneficios de maternidad, entre otras”.

Inciso cuarto

110.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“Rectificada la partida de nacimiento y el sexo registral y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente y en el artículo 11 de la presente ley.”

111.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “… rol único nacional” las palabras “de la persona solicitante”.

112.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el artículo 7°, a continuación del punto final, lo siguiente:

“Finalmente, se dejará constancia de la sentencia en el Registro Interno que deberá llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación sobre el otorgamiento de un cambio de identidad de sexo o género.”

113.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un inciso final, nuevo, en los siguientes términos: RETIRADA

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina”.

ooo

114.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un Curador Ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un Curador Ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

115.- De los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

116.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO NUEVO….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

117.- Del Honorable Senador señor Girardi, para eliminarlo, pasando el 8° a ser 7°, y así sucesivamente.

118.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

Inciso primero

119.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo registral, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 7° de esta ley.”.

120.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir las siguientes modificaciones en su inciso primero:

a) Reemplazar el ilativo “y” entre las palabras “nombre” y “sexo” por la expresión “y/o”, y la expresión “nueva inscripción” por la expresión “inscripción rectificada”.

b) Intercalar el pronombre personal “se” entre la palabra “que” y la palabra “extienda”.

121.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

122.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de los términos “de la rectificación del” los términos “del sexo y/o nombre”. RETIRADA

Inciso segundo

123.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo la expresión “nueva inscripción” por “rectificación”, y la palabra “jurídicas” por “patrimoniales”.

124.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, si la persona que solicitó el cambio de sexo tiene un vínculo matrimonial vigente, se producirá de pleno derecho a la disolución del vínculo matrimonial y a la rectificación del estado civil.”

Inciso tercero

125.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

Inciso cuarto

126.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 127.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para reemplazarlo por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

ARTÍCULO 9°

128.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

129.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para sustituirlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

130.- Del Honorable Senador señor Girardi, luego de la frase “podrá negarse a”, reemplazar el término “atender” por la frase “entregar el servicio solicitado,”

131.- Del Honorable Senador señor Girardi, para reemplazar el término “irrespetuoso” por “respetuoso”.

o o o

132.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO. Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”.

o o o

ARTÍCULO 10

133.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el actual artículo 10, que ha pasado a ser 13, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

134- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 135.- de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para intercalar entre la coma (,) a continuación de la palabra “oficiales” y el pronombre “quienes”, la siguiente frase: “los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y”.

136.- Del Honorable Senador señor Coloma, para agregar antes de punto final, lo siguiente: “y a lo señalado en el artículo 1° respecto del Registro Interno.”

ARTÍCULO 11

137.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 138.- del Honorable Senador señor Ossandón RETIRADA, para eliminarlo.

139.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

Inciso primero

140.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”.

141.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para modificar el inciso primero del actual artículo 11, que ha pasado a ser 14, en el siguiente sentido:

a) Agrégase luego de la expresión “partida de nacimiento” la expresión “y documentos de identificación,”.

b) Reemplázase la expresión “y el”, antes de la expresión “cambio de sexo” por la preposición “por”.

c) Reemplázase el término “y” entre las expresiones “cambio de sexo” y “nombre”, por el término “y/o”.

d) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.”.

142.- Del Honorable Senador señor Girardi, para agregar luego de la frase “cambio de sexo”, los términos “y/o”, siguiendo “nombre cuando…”.

143.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para agregar a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

144.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para incorporar un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

o o o

145.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 146.- del Honorable Senador señor Ossandón, RETIRADA para incorporar el siguiente artículo …, nuevo:

“ARTÍCULO ….- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

147.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“Artículo….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19947 que establece una Nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

o o o

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

148.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el epígrafe “DISPOSICIÓN TRANSITORIA” por el siguiente:

“TÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

149.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para sustituir este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

AL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO

150.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo. RETIRADA

151.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar el artículo único transitorio por el siguiente: RETIRADA

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

152.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para modificar la disposición transitoria en el siguiente sentido:

a) Sustitúyase el encabezado del inciso primero del actual artículo único que ha pasado a ser artículo primero por el siguiente “ARTÍCULO PRIMERO.-”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 5°” por “artículo 4° y siguientes”.

153.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar el término “tribunal” por el término “organismo”.

154.- Del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, para reemplazar “dictación de la sentencia” por “su cumplimiento”.

o o o

155.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para incorporar a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

156.- De la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, para introducir el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO ….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

157.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO TRANSITORIO ….- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

158.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducir un artículo segundo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente ley comenzará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.”.

o o o

- - -

OFICIO N° DDHH/74/15.

Valparaíso, 17 de noviembre de 2015.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado aprobó el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (Boletín Nº 8.924-07), cuya copia se acompaña, con urgencia calificada de" sum a" .

Al respecto la Comisión acordó oficiar a V.E. con el objeto de conocer su opinión respecto de esta iniciativa y, en particular, si el inciso segundo del artículo 5º; el inciso final del artículo 6º, y el artículo 9º, corresponden a disposiciones que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y como tal requieren recabar el parecer de la Excelentísima Corte Suprema, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de la República, de conformidad a lo establecido en los artículos 77, inciso segundo y siguientes, y artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica titucional del Congreso Nacional.

AL PRESIDENTE DE LA EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA DE CHILE SEÑOR SERGIO MUÑOZ GAJARDO

PRESENTE.

PROYECTO DE LEY:

"ARTÍCULO 1º. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

DE GÉNERO.

Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de lo que esta ley denomina identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho.

ARTICULO 2º. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

ARTÍCULO 3º. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.

ARTÍCULO 4º. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.

ARTÍCULO 5º. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley Nº 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.

ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En caso de que exista fraude de ley, esto es, cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 3º con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el sólo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género, deberán acompañarse los antecedentes documentales que acrediten el fraude invocado.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que éste informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.

ARTÍCULO 7º. DE LA PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

SOLICITUD

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un curador ad /ítem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5º, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.

ARTÍCULO 8º. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.

ARTICULO 9º. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.

ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones de Chile;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registra!, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registra! de la persona solicitante, y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

ARTÍCULO 11. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y/o sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada en conformidad al artículo 104 del decreto con fuerza de ley Nº 2.128, de 1O de agosto de 1930.

La rectificación en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.

ARTÍCULO DESARROLLO PERSONAL.

14. DERECHO AL LIBRE

Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y documentos de identificación por cambio de sexo y/o nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley Nº 20.584. Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979 y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley Nº 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley Nº 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1792-27 DEL CÓDIGO CIVIL.

Agréguese el siguiente numeral 7), nuevo, al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

"7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5º del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO.- Por el sólo ministerio de esta ley, todas las personas que hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes Nºs 17.344 y 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 4º y siguientes de esta ley para la determinación del tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.".

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

BOLETÍN N° 8.924-07

___________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su segundo informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Lily Pérez San Martín y señores Ricardo Lagos y Juan Pablo Letelier, y de los ex Senadores señora Ximena Rincón y señor Camilo Escalona, con urgencia calificada de suma.

Cabe consignar que en esta iniciativa legal, por acuerdo de los Comités adoptado en su oportunidad, se reabrió en seis oportunidades el plazo para presentar indicaciones en la Secretaría de la Comisión, las que constan los respectivos boletines de indicaciones, a saber: 14 de abril de 2014; 3 de noviembre de 2014; 17 de noviembre de 2014; 30 de abril de 2015; 1 de junio de 2015, y 13 de julio de 2015. Es necesario aclarar, que el último boletín de indicaciones reemplaza a todos los anteriores y contiene todas las indicaciones presentadas a este proyecto de ley con la numeración definitiva que sigue el articulado del proyecto en informe.

Asimismo, es preciso señalar que la Comisión por acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta y Ossandón y el voto en contra de la Honorable Senadora señora Pérez, acordó remitir este proyecto de ley a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por contener aspectos de constitucionalidad que ameritan su pronunciamiento, en conformidad al artículo 27, inciso final, del Reglamento del Senado.

A una o más sesiones en que la Comisión trató el proyecto asistieron los Honorables Senadores señora Carolina Goic y señores Carlos Bianchi, Alejandro Guillier, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Jorge Pizarro.

Asimismo, concurrieron, especialmente invitados:

Del Ministerio Secretaría General de Gobierno: el Ministro, señor Marcelo Díaz; el entonces Jefe de la Unidad Jurídica, señor Cristóbal Osorio; la Jefa de la Unidad Jurídica, señora Josefina Escobar; el Abogado señor Gerardo Ramírez; la Asesora, señora Javiera Fuentes; la Jefa de Prensa, señora Mariana Arellano y la Jefa de Comunicaciones, señora Ginette Joignant.

Del Ministerio de Justicia: el entonces Subsecretario, señor Marcelo Albornoz; la entonces Jefa de la División Jurídica, señora Paulina González; el Asesor del Departamento de Asesoría y Estudios, señor José Miguel Poblete; las Abogadas de la Unidad de Derechos Humanos, señoras Nadia Silhi y Bernardita Vega; los Asesores Subsecretario de Justicia, señores Roberto Rodríguez y David Herrera; el Asesor, señor Eduardo Chia y el Asesor de Comunicaciones, señor Cristián Guzmán.

Del Ministerio de Salud: la Doctora Raquel Child, Experta en Género, Diversidad y Sida; el Doctor Enrique Accorsi, Asesor de la Ministra de Salud; la Asesora de Gabinete, Doctora Ana García y el Asesor Legislativo de la Subsecretaría, señor Felipe Vargas.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Asesor de la División de Relaciones Políticas, señor Carlos Arrué y los Asesores Legislativos señora Marta Valenzuela y señores Luis Batallé, Guillermo Briceño, Octavio Del Favero, Ítalo Jaque, Hermes Ortega, Felipe Ponce, Giovanni Semería y Daniel Portilla.

Del Instituto Nacional de Derechos Humanos: la Directora señora Lorena Fries; de la Unidad de Seguimiento Legislativo, los Abogados señora Patricia Rada y señor Juan Cristóbal González y la entonces Abogada Legislativa, señora Diana Maquilón; la Asesora de Red de Organizaciones Sociales y Civiles, señora Ximena Zavala y la ex Periodista señora Beatriz Michell.

La Abogada y Profesora de Derecho Civil y Directora del Centro de la Familia de la Pontificia Universidad Católica, señora Carmen Domínguez.

Del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica, el Director Doctor Mauricio Besio.

El Abogado y Profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica, señor Álvaro Ferrer.

La Abogada, señora Fabiola Lathrop, Profesora de la Universidad de Chile e Investigadora de la Universidad Central de Chile.

El Abogado, señor Tomás Vial, Investigador del Centro de Derechos Humanos y Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El Abogado, señor Nicolás Espejo, Director de Investigación y Postgrados Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile y Profesor Visitante, Universidad de Oxford.

El Abogado y Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paul.

El Profesor de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Ética Profesional de la Universidad Bernardo O´Higgins, señor Marco Antonio Navarro.

El Abogado y Profesor, señor Ian Henríquez.

Las estudiantes de la Universidad de Valparaíso, señoras Diana Arriado y Carolina Castillo.

De Amnistía Internacional-Chile: la Directora Ejecutiva, señora Ana Piquer y la integrante del Equipo por los Derechos de la Diversidad Sexual, señora Sara Bertschik.

El Médico Cirujano y Psiquiatra, Doctor Francisco Javier Bustamante.

El Jefe de Departamento de Urología del Hospital Carlos Van Buren, Doctor Guillermo Mac Millan.

El Representante de la Organización Mundial de la Salud, Doctor Roberto del Águila.

El Doctor Carlos Güida, Profesor del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Asesor del Honorable Senador Alejandro Navarro.

De la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad: la Abogada y Profesora de la Universidad de Concepción, señora Ximena Gauché; el Experto y Consultor en Identidad de Género, señor Andrés Rivera, quién además asistió en representante del Observatorio Derechos Humanos y Legislación y como Asesor de la Honorable Senadora Lily Pérez; el Coordinador Legislativo, señor Franco Fuica, quién además asistió en calidad de Asesor de los Honorables Senadores señora Adriana Muñoz y señor Alejandro Navarro y los socios señores Fernando Escobar y José Escobar.

Del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual MOVILH: el Director del Área Derechos Humanos, señor Rolando Jiménez, quién además asistió como Asesor de la Honorable Senadora Lily Pérez; la Encargada del Área Trans Región Metropolitana, señora Paula Dinamarca y la representante del Área Trans, señora Isabella Aguayo.

De Fundación Iguales, la Coordinadora Comisión Trans, señorita Cris Córdova y la Voluntaria, señora Patricia Nieto.

De Fundación "Daniel Zamudio", el Coordinador Político, señor Rodrigo Chandia.

De Fundación “Sin Odio”, la Encargada Área Trans y Prevención de la Transfobia, señora Claudia Ancapán.

De Fundación Jaime Guzmán, el Asesor Legislativo, señor Héctor Mery.

De Fundación de Abogados Cristianos de Chile, la Abogada, señora Carmen Gloria Moreira.

De Fuerza Trans, el Presidente, señor Michel Riquelme, quién además asistió como Asesor del Honorable Senador Alejandro Navarro y la Coordinadora, señora Daniela Arraño.

Del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales 3“Amanda Jofré”, la Presidenta, señora Alejandra Soto, quién además asistió en representación de la Red Trans Chile, junto a la señora Gia Lessandra Gil.

De Valpo Trans, el Coordinador, señor Máximo Cáceres.

De la Ilustre Municipalidad de Lampa, la Concejala, señora Alejandra González.

De “Acción Familia”, el Director, señor Juan Antonio Montes.

De “Confía”, la Directora Ejecutiva, señora Myriam Parra.

Del “Movimiento Unidos por la Vida de la Familia”, la Sicóloga, señora Marcela Ferrer.

De la "Red por la Vida y la Familia", la Coordinadora señora Carmen Croxatto.

Del Proyecto Esperanza y de "Maternitas", la Directora Ejecutiva, señora Patricia Gonnelle, quién además asistió como Asesora del Honorable Senador Francisco Chahuán.

De "Súmate Somos Más", los Representantes, señores Walter y Héctor Vega.

De la ONG colectivo Universitario lésbico trans-feminista “Camión Rosa”, la Presidenta, señora Andrea Lizama.

De la ONG de Desarrollo "Red de Mujeres Cristianas de Chile", la Presidenta, señora Marcela Aranda, quién además asistió como Asesora de los Honorables Senadores Jacqueline Van Rysselberghe y Francisco Chahuán y la Asesora, señora Rita Valencia.

De la ONG "OIKONOMOS", los Representantes, señores Mariano Casera y Javier Castro.

De la Organización de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer ISFEM, la Presidenta, señora Ismini Anastassiou, quien además asistió como Asesora del Honorable Senador Francisco Chahuán y las voluntarias señoras Adriana Avendaño y Sara Rodríguez.

El señor Josaphat Jarpa, miembro del Observatorio Iglesia y Sociedad OIS.

Del Centro Democracia y Comunidad, la Asesora Legislativa, señora Laura Mancilla, quién además asistió en representación de la Bancada de la Democracia Cristiana del Senado.

De Comunidad y Justicia: el Director Ejecutivo, Abogado Tomás Henríquez; el Asesor señor Cristóbal Aguilera y el entonces Director Legislativo, señor Pablo Urquízar, quién además asistió como Asesor de la Honorable Senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

De Corporación Humanas, la Asesora, señora Camila Maturana.

De la Corporación IdeaPaís, el Investigador de la Dirección de Estudios, señor Luis Robert y la Directora de Comunicaciones, señora Christel LindHorst.

De la Corporación de Educación, Orientación y Mediación Familiar "Familia Viva", la Presidenta, señora Emilia Ferrada.

Del Instituto Igualdad, los Asesores señora Rocío Sánchez, quién además asistió como Asesora del Honorable Senador Rabindranath Quinteros, y señor Juan Pablo Castillo.

Del Instituto de Estudios de la Sociedad, la Investigadora señora Catalina Siles.

De NCK, las Consultoras señoras Paula Lira y Caterina Klein.

De la Coordinadora de Unidades Pastorales Evangélicas de Chile, el Asesor, señor Héctor Cancino.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, las Analistas señoras Pamela Cifuentes y María Pilar Lampert, y señor Matías Meza-Lopehandía.

La Asesora Legislativa de la Bancada de la Democracia Cristiana del Senado, señora María Jesús Mella.

Los Asesores del Honorable Senador Francisco Chahuán, señoras Paz Figueroa y Katty Vorphal y señores Luis Gormas, Erick Schuchhardt y Christian Yunge.

La Asesora del Honorable Senador Manuel Antonio Matta, señora Nancy Masbernat.

El Asesor de la Honorable Senadora Adriana Muñoz D´Albora, señor Leonardo Estradé-Brancoli.

La Jefa de Gabinete del Honorable Senador Manuel José Ossandón: señora María Angélica Villadangos y los Asesores señores José Huerta, Cristian Loewe, Alberto Jara, Antonio Collados y Arturo Du Monceau y el Fotógrafo, señor Juan Carlos Cáceres.

Los Asesores de la Honorable Senadora Lily Pérez: el entonces Jefe de Gabinete, señor Gonzalo Quiroz; el Abogado y Asesor Legislativo, señor Renato Rodríguez, la señora Daniela Santana y los señores Camilo Godoy, Oscar Rementería, Eduardo Faúndez y Luis Larraín, quién además asistió como Asesor del Honorable Senador Rabindranath Quinteros.

Los Asesores del Honorable Senador Alejandro Navarro, señora Constanza Valdés y señores Felipe Parada y Matías Valenzuela, quien además participó como Asesor de la Honorable Senadora señora Lily Pérez.

Los Asesores del Honorable Senador Rabindranath Quinteros, señores Jorge Frites, Eduardo Toscani y Patrick Thelen.

El Jefe de Gabinete y los Asesores de la Honorable Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, señor Juan Paulo Morales y señores Elías Ramos y Walter Vega, respectivamente.

El Periodista de la Honorable Senadora Carolina Goic, señor Germán Flores.

Los Asesores del Honorable Diputado Iván Norambuena, señores Ricardo Rodríguez y Andrés Aguilera.

Los Asesores del Honorable Diputado Jorge Sabag, señores Benjamín Lorca y Cristóbal Aguilera.

De la Mesa Temática del Senado, el Secretario Técnico, señor Ronald Wilson.

Del Diario La Tercera, la Periodista, señora Daniela Artraleb.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El artículo 4° del proyecto de ser aprobado, debe serlo como norma orgánica constitucional, de conformidad al artículo 77, en relación con el artículo 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

Se hace presente que la Sala del Honorable Senado solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 77 de la Carta Fundamental y el artículo 16 de la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, toda vez que dicha iniciativa incide en las atribuciones de los tribunales de justicia.

El Máximo Tribunal emitió su opinión, mediante Oficio N° 79-2013, y expresó que no se justifica disponer que una justicia especializada como es la de Familia conozca de las acciones que contempla este proyecto y consideró más adecuado otorgar competencia al juez civil para conocer de dicha gestión. En el mismo sentido, estimó que el procedimiento aplicable sea el que contempla la ley civil para este tipo de materias.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones N°s: 3a, 4, 10a, 18b, 19a, 29, 33, 34, 35, 36, 44a, 65, 68, 72, 74, 78, 90, 95, 105, 120, 123, 126, 127, 133, 141, 152 y 156.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones N°s: 3d, 9, 11, 20, 27, 39, 46, 55, 56, 64, 67, 71, 98, 102, 104, 106, 108, 111, 114, 115, 116, 142, 143 y 158.

4.- Indicaciones rechazadas: 1, 3, 3b, 5, 7, 9a, 9b, 9c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21a, 22, 23, 24, 26, 26a, 28, 30, 31, 31a, 32, 37, 37a, 38, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54a, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 99, 103, 109, 117, 124, 125, 130, 131, 134, 135, 140, 147, 153 y 154.

5.- Indicaciones retiradas: N°s: 1a, 2, 6, 8, 10, 18, 19, 21, 25, 45, 54, 62a, 66, 71a, 73, 73a, 73b, 77a, 80, 82, 87, 89, 92, 96, 97, 100, 101, 107, 110, 113, 118, 119, 121, 122, 128, 129, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151 y 155.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles N°s: 3c, 18a, 81a, 84, 85, 112, 132, 136 y 157.

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CUESTIÓN PREVIA

Informe de la Excelentísima Corte Suprema

En sesión de 18 de noviembre de 2015, la Comisión debatió el quórum de las normas legales aprobadas al texto en particular y se planteó si correspondería conferir el carácter de norma orgánica constitucional a las siguientes disposiciones: el inciso segundo del artículo 5°, el inciso del artículo 6° y el artículo 9° del texto aprobado por esta Comisión.

Sobre el particular y consultada la Excelentísima Corte Suprema, se plantearon dos posturas en el seno de la Comisión: la mayoritaria, consideró que las normas citadas no dicen relación con la organización o atribuciones de los tribunales de justicia, sino que regulan materias de prueba, y como tal no tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, como sí lo es el artículo 4° del proyecto de ley que establece la competencia del juez competente, norma que no está en discusión. Y, la postura minoritaria, sostuvo lo contrario, esto es, que las normas sí afectan las atribuciones de los tribunales de justicia y por ende, deben ser consideras con el quórum requerido para estas materias.

A continuación, se efectúa una síntesis de los argumentos de minoría y de mayoría. La Honorable Senador señora Van Rysselberghe estimó que dichas normas restringen la facultad que tienen los tribunales de justicia para conocer, resolver y juzgar las causas sometidas a su competencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República. En efecto, a su juicio, limitan la libertad que tienen los tribunales de justicia para pedir todas las pruebas que estimen necesarias para decidir los asuntos que conocen. Resaltó que es de la esencia la facultad de resolver que tienen los jueces, sin embargo, en este proceso, son meros buzones de tramitación, lo que es un cambio sustancial en el ámbito de sus atribuciones.

Bajo este escenario, recordó que consultado el señor Ministro Secretario General de Gobierno respecto a por qué no se regulaba esta figura como un trámite de carácter administrativo seguido ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, y de esa manera, no afectar la esencia del funcionamiento de los tribunales de justicia, respondió que el interés de radicar esta solicitud en los tribunales de justicia se funda en que tenga el peso de una sentencia judicial.

Hizo presente que pueden darse casos en que el juez puede tener una duda legítima sobre la procedencia de esta acción y requerir de mayores antecedentes para su decisión, pero, de acuerdo al texto aprobado por la Comisión, el juez no podría solicitar un informe médico, psiquiátrico o psicológico.

De esta manera, concluyó que estas tres disposiciones deberían tener el quórum de una norma orgánica constitucional según lo dispone el artículo 77 de la Carta Fundamental, por cuanto afectan a la organización y a las atribuciones de los tribunales de justicia.

Por su parte, el Abogado del Ministerio Secretaría General de Gobierno manifestó una opinión contraria, por considerar que dichas normas regulan, por un lado, los requisitos de admisibilidad de la acción y, por otro, la prueba. Señaló que las normas en materia de prueba no han sido calificadas por el Tribunal Constitucional como normas orgánicas constitucionales. A mayor abundamiento, expresó, que el Máximo Tribunal ha resuelto que el artículo 77 de la Constitución Política de la República, que establece que una ley orgánica constitucional regulará la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia, debe interpretarse en un sentido restringido, limitándose a los casos en que una ley concede competencia a los tribunales de justicia para conocer de un determinado asunto.

A su vez, el Honorable Senador señor Matta dejó en claro que el procedimiento aprobado en este proyecto de ley, no significa, bajo ningún aspecto, que el juez de familia se convertirá en un mero buzón tramitador, ya que el juez seguirá siendo el encargado de resolver la solicitud de cambio de sexo, de acuerdo al mérito de los antecedentes que se acompañan en la petición fundada.

La Honorable Senadora señora Pérez compartió lo expuesto por el Honorable Senador señor Matta, y complementó que el requirente deberá presentar una solicitud fundada y acompañar todos los antecedentes necesarios que justifiquen su petición de cambio de sexo y, al tribunal, se le prohíbe exigir al solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o tratamientos quirúrgicos como condición para acceder a la solicitud.

En seguida, se mostró partidaria de radicar este procedimiento en los tribunales de justicia, porque se resguardan los derechos de terceros frente a intenciones dolosas de que quienes presenten esta solicitud. En esa línea, recordó que el artículo 11 del proyecto de ley sanciona como delito la utilización fraudulenta de quienes hagan mal uso de los primitivos o nuevos nombres de las personas que han cambiado su sexo.

El Honorable Senador señor Ossandón señaló que considera fundamental que el juez pueda solicitar exámenes médicos o psicológicos al peticionario para determinar la procedencia de la solicitud de cambio de sexo, de lo contrario, observó, se limitará excesivamente su facultad de resolver. Luego, preguntó si el juez puede rechazar una solicitud de cambio de sexo.

El Abogado del Ministerio Secretaría General de Gobierno respondió afirmativamente en el evento en que la solicitud no sea fundada.

Antes de pronunciarse sobre el quórum de estas tres disposiciones, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, planteó oficiar a la Excelentísima Corte Suprema para conocer su opinión sobre esta materia.

De esta forma, la Comisión se dirigió a la Excelentísima Corte Suprema, mediante Oficio N° DDHH/74/15, de 17 de noviembre de 2015, con el objeto de consultar su opinión respecto del texto aprobado y, en particular, si el inciso segundo del artículo 5°, el inciso final del artículo 6° y el artículo 9° corresponden a disposiciones que dicen relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, y como tal requieren recabar su parecer, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

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En sesión de 9 de diciembre de 2015, la Comisión tomó conocimiento del oficio de respuesta que envió la Excelentísima Corte Suprema, el que a continuación se transcribe:

“Oficio N° 129 -2015.

INFORME PROYECTO DE LEY 46-2015

Antecedente: Boletín N° 8.924-07.

Santiago, 23 de noviembre de 2015.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 20 de noviembre en curso, presidida por el subscrito y con la asistencia de los ministros señores Milton Juica Arancibia, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau y Haroldo Brito Cruz, señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías, señor Ricardo Blanco Herrera, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz, señora Andrea Muñoz Sánchez, señores Carlos Cerda Fernández, Manuel Valderrama Rebolledo y Jorge Dahm Oyarzún, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:

Visto y teniendo presente:

Primero: Que mediante Oficio N° DDHH/74/15, recibido el 17 de noviembre de 2015, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, doña Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 incisos 2° y siguientes de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte Suprema el proyecto de ley -iniciado por moción- que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, boletín N° 8.924-07, que ingresó a tramitación legislativa el 7 de mayo de 2013, que en la actualidad tiene asignada suma urgencia.

Respecto de este proyecto, con anterioridad se requirió informe a esta Corte por Oficio N° 321/SEC/13, de 7 de mayo de 2013, el cual fue evacuado mediante Oficio N° 79-2013, de 18 de junio de 2013;

Segundo: Que durante la tramitación legislativa del presente proyecto de ley se han presentado indicaciones que han modificado el texto original del mismo, dando forma al que ahora ha sido puesto en conocimiento de esta Corte para recabar nuevamente su parecer.

Del articulado que se envía en esta oportunidad para ser informado por la Corte Suprema, se desprende que subsisten los objetivos de regular la identidad de género, que puede dar origen al procedimiento para proceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro Civil e Identificación, cuando tal inscripción no sea consistente con la identidad de género del o la solicitante, que el mismo articulado se encarga de definir y reconocer;

Tercero: Que el proyecto consta de quince artículos y dos disposiciones transitorias, de lo que da cuenta el siguiente resumen.

ArtículoNombre1Del Derecho a la Identidad de Género2De la Definición de la Identidad de Género3De la solicitud para ejercer el derecho4Tribunal Competente5De los requisitos para el ejercicio del derecho6De la tramitación7De la solicitud presentada por el niño, niña o adolescente8Del derecho de los niños, niñas y adolescentes a una nueva rectificación9De la prohibición de decretar exámenes médicos al solicitante10De la rectificación de la partida de nacimiento y los documentos de identificación11De los efectos de la rectificación prevista en esta ley12Obligación de atención13De la reserva del procedimiento y la confidencialidad de los documentos rectificados14Derecho al libre desarrollo personal15Modificación del artículo 1792-27 del Código Civil

Cuarto: Que el artículo 1°, establece que toda persona tiene derecho: a) al reconocimiento y protección de su identidad de género; b) al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y c) a ser tratada conforme a su identidad de género y, en particular, a que su identificación en documentos públicos corresponda con su identidad de género.

Por tal motivo en el inciso final se dispone que toda norma o procedimiento de naturaleza judicial, entre otras, deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas, por ello ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho.

Tal normativa corresponderá ser respetada por los tribunales y las autoridades judiciales en los términos dispuestos por el legislador, aspecto que motivará capacitar e instruir a los funcionarios, profesionales y jueces en tal sentido;

Quinto: Que la identidad de género se define en el artículo 2°, como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”. Esta definición se basa en la contenida en los Principios de Yogyakarta, que fueron adoptados en una reunión de especialistas en legislación internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006 [1].

Las normas ahora expresamente consultadas del inciso segundo del artículo 5°, inciso final del artículo 6° y artículo 9°, consagran limitaciones a la labor jurisdiccional que describe el artículo 76 de la Carta Fundamental, en cuanto a la labor de conocimiento de las materias sometidas a los tribunales, al expresar:

a) El tribunal no podrá exigir “el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de que trata esta ley”;

b) El tribunal no podrá, en ningún caso, “decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud”, y

c) El tribunal no podrá, para formar su convencimiento sobre la solicitud, decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición”, prohibición que rige “para todos los casos estipulados en la presente ley.

Tales disposiciones, por su carácter restrictivo en un procedimiento de la jurisdicción no contenciosa, además están en pugna con el artículo 820, el inciso segundo del artículo 824 y el inciso primero del artículo 826, todos del Código de Procedimiento Civil. Es por tales motivos, como por estar radicada fundamentalmente la gestión en la voluntad del o la peticionaria interesada, que el procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud esté referida a menores de edad.

De todos modos, se observa necesario hacer presente que esta prohibición habrá de regir única y exclusivamente en la medida que el asunto se mantenga en carácter de no contencioso, no así a partir del momento en que se transforme en contencioso, al que se aplicará el procedimiento conforme a las reglas generales, según lo dispuesto en el artículo 102;

Sexto: Que sin perjuicio de lo anterior, informando sobre los demás aspectos del proyecto, es necesario expresar que la identidad de género puede dar origen a una gestión judicial de rectificación del nombre o sexo de una persona, que el proyecto entrega a un juez de familia del domicilio del peticionario y el procedimiento se sujetará a lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley N° 19.968.

Si bien esta Corte manifestó que al estar referido el proyecto a la rectificación de nombre, procede que conozca de la solicitud un juez civil, sin embargo, ahora se regula más ampliamente lo anterior, abarcando tanto a personas mayores o menores, con reservas propias de aspectos que se refieren a la intimidad, por lo cual puede tener una justificación racional la asignación de competencia a los tribunales de familia;

Séptimo: Que específicamente en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° se regula el procedimiento a través del cual se puede hacer efectiva la protección al derecho a la identidad de género, estableciendo que toda persona puede obtener por una sola vez la rectificación de su nombre y/o sexo cuando este no coincida con su identidad de género. Posteriormente señala los requisitos que debe contener la solicitud indicando expresamente, como se ha dicho, que “no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley”, cuestión que repite en el inciso final del artículo 6° y en el artículo 9° del proyecto de ley, aspecto ya comentado.

En los artículos 7° y 8°, el proyecto de ley se refiere en particular a las solicitudes en esta materia, cuando el titular de la solicitud sea una niña, niño o adolescente. Establece en primer lugar que la solicitud podrá hacerla el niño, niña o adolescente personalmente, así como a través de sus representantes legales o por quien lo tenga a su cuidado cuando se cuente con el consentimiento expreso del niño, niña o adolescente. En cuanto al procedimiento, el articulado establece que recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia en un plazo no superior a 15 días, y le designará un curador ad litem. El articulado establece que debe resguardarse el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en un ambiente adecuado y que su opinión será considerada por el juez “en consonancia con la evolución de sus facultades”. Efectuada esta audiencia, oído el solicitante y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5° del proyecto, éste señala que el “juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente” a una audiencia donde se podrá deducir oposición. Posteriormente, el articulado del proyecto de ley preceptúa que habiéndose otorgado la rectificación del cambio de nombre y sexo a un niño, niña o adolescente, estos, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, podrán solicitar una nueva rectificación.

El artículo 10 del proyecto de ley se refiere al hecho que, una vez finalizado el procedimiento, el juez informará de la rectificación a diversas instituciones y ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad del peticionario, regulando específicamente la forma en que se llevará a cabo tal renovación. En el inciso quinto del citado artículo se establece: “En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación”. Adicionalmente agrega que el procedimiento que la ley establece no alterará el número de rol único nacional del peticionario.

El artículo 11 de la iniciativa en comento, preceptúa que los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y/o sexo serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada, y que esta rectificación no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales anteriores a la inscripción ni las relaciones propias del derecho de familia.

Los artículos finales del proyecto de ley se refieren a aspectos específicos relacionados con el reconocimiento del derecho a la identidad de género y el procedimiento de rectificación de nombre y/o sexo antes indicado. Así, el artículo 12 establece que ninguna persona o institución podrá negarse a atender, dar trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a las personas en razón de su identidad de género. Por su parte, el artículo 13 fija la obligación de la reserva del procedimiento y la confidencialidad de los documentos rectificados; y el artículo 14 consagra el derecho de toda persona a acceder a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello solamente su consentimiento informado. Finalmente, el artículo 15 establece una modificación al Código Civil, aunque no del todo clara, razón por la cual será analizada en las observaciones procedimentales del acápite siguiente;

Octavo: Que en ese orden de cosas, es menester destacar que el nuevo articulado modifica en varios aspectos lo establecido en el proyecto de ley original. Como se ha dicho, en el nuevo artículo 10 inciso 5°, se contempla una modificación, al parecer de pleno derecho, en el estado civil de las personas, específicamente estableciendo una causal de disolución del matrimonio, cuestión que propiamente corresponde sea conocida por los tribunales con competencia en materias de familia, como lo preceptúa el artículo 8° número 8) de la Ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia.

Particularmente en este punto, llaman la atención dos elementos: por un lado al parecer el proyecto de ley consagra una disolución del matrimonio de pleno derecho o contempla una nueva causal de divorcio, como lo sería la existencia de una sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo sobre base del reconocimiento del derecho a la identidad de género, pero el mismo proyecto de ley no se hace cargo de modificar el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, agregando esta causal. Esta circunstancia parece ser una omisión involuntaria, toda vez que el nuevo artículo 15 de la iniciativa establece una modificación al artículo 1792-27 del Código Civil, haciendo referencia al número 5) del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, el cuál no existe. Por otro lado, la disolución del matrimonio requiere que se resuelvan una serie de asuntos patrimoniales y jurídicos relativos, por ejemplo, a los derechos y deberes de los cónyuges entre sí y para con su descendencia, asuntos que tienen fijada por ley una reglamentación procedimental específica y que actualmente son entregados al conocimiento de los tribunales con competencia en materia de familia, de acuerdo a lo establecido en los numerales 8) y 15) de la Ley N° 19.968. En este sentido, si la disolución del vínculo matrimonial es uno de los efectos que se ha querido que tenga la sentencia que acoge la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo, parece acertado que la competencia para el conocimiento de estos procedimientos quede radicado en los tribunales de familia;

Noveno: Que procede igualmente tener en consideración en este punto que las personas que han contraído matrimonio no pueden ser afectadas en sus derechos por un acontecimiento posterior en el cual no ha consentido y que puede quedar radicado en la voluntad de uno solo de los cónyuges. Ante la falta de reglamentación en tal sentido, a lo menos resulta indispensable que se otorgue la posibilidad de sustituir el régimen matrimonial por el Acuerdo de Unión Civil actualmente vigente en nuestro país;

Décimo: Que adicionalmente, los nuevos artículos 7° y 8° del proyecto de ley establecen normas especiales del procedimiento de rectificación de nombre y/o sexo sobre la base del reconocimiento del derecho a la identidad de género, para el caso en que los solicitantes sean niños, niñas o adolescentes, consagrando garantías procedimentales específicas, como el derecho a ser oído “en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica”, a que se considere su opinión en virtud de su autonomía, a que se asegure su derecho a una nueva rectificación al llegar a la mayoría de edad, y a que se respete su interés superior, entre otros. El artículo 16 de la Ley N° 19.968 señala que la misma tiene por objetivo “garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías”, agregando que “[e]l interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento.”. Por otro lado, entre las materias de conocimiento de los tribunales con competencia en materia de familia establecidas en el artículo 8° de la Ley N° 19.968, es posible observar que el legislador entrega en particular a estos tribunales, el conocimiento de aquellas causas en las que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes;

Undécimo: Que por las consideraciones anteriores, en virtud del cambio en el articulado del proyecto de ley, y a las consecuencias que dichos cambios implican para el sistema judicial, es que parece razonable considerar que el tribunal competente para conocer de la rectificación del nombre y/o sexo en base al reconocimiento del derecho a la identidad de género, sea el tribunal con competencia en materias de familia, habida cuenta de que son estos los tribunales creados especialmente para el conocimiento y fallo de asuntos donde aparecen comprometidos los intereses de niños, niñas y adolescentes, y de aquellos donde se ventilan cuestiones relativas al estado civil de las personas y su modificación;

Duodécimo: Que el proyecto de ley establece que el procedimiento aplicable es el contemplado en el artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, relativo a los actos judiciales no contenciosos. Posteriormente en los artículos 7° y 8° la iniciativa consagra un procedimiento especial para el caso en que los solicitantes sean niños, niñas o adolescentes.

Específicamente en lo relativo al inciso segundo del artículo 5°, al inciso final del artículo 6° y a lo señalado en el artículo 9°, que son las normas respecto de las cuales se ha requerido específicamente conocer el parecer de esta Corte Suprema, se puede informar lo siguiente:

a) La primera norma en consulta es la que se contiene en el inciso segundo del artículo 5°, que establece, grosso modo, dos cosas distintas: primero, permite al solicitante fundar su solicitud de rectificación de nombre y/o sexo en todos los antecedentes que considere pertinentes; segundo, prohíbe al juez exigir a quien solicita la rectificación de su nombre y/o sexo, el uso de los siguientes medios de prueba: farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos, tratamientos quirúrgicos.

Aunque el tenor de la norma no lo señala en esos términos, lo que esta hace no es otra cosa que regular, al menos en alguna medida, la prueba. Concretamente, establece la libertad probatoria para el solicitante y restricciones para el tribunal, consistentes estas últimas en acotar el espectro de medios que podrá pedir el juzgador para resolver.

Lo primero que podría cuestionarse de lo preceptuado en este artículo es la necesidad de prueba, pues si se logra comprender la diferencia entre género y sexo, no se observan razones para que el juez deba alcanzar su convicción con mayores antecedentes que los que el propio solicitante ha puesto a su disposición. De ningún aspecto se debe convencer el juez, dado que no requiere persuadirlo de la identidad de género de quien acude a él en busca de su pronunciamiento. El propio proyecto entiende por identidad de género en el artículo 2°: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma…”. En tan materia es bastante con la pretensión que formule el solicitante.

Se debe advertir que estos cuestionamientos no tienen que ver con la antigua y consabida discusión sobre si los actos judiciales no contenciosos –naturaleza que tiene el procedimiento que establece este proyecto, según su artículo 6°- requieren o no de prueba e, incluso más, deben o no ser conocidos por tribunales de justicia, pues ello ya viene resuelto por el legislador, que estableció un Libro Cuarto en el Código de Procedimiento Civil (CPC), destinado, precisamente, a los actos judiciales no contenciosos y en cuyo contexto se previó que el juez pueda verse en la necesidad de requerir y apreciar prueba (artículos 819 y 820 del CPC). Antes bien, a lo que apuntan estas interrogantes es a otra cosa: el objeto de la prueba (“¿qué se prueba?”). Y lo cierto es que la iniciativa legal en comento, en los términos en que se encuentra redactado el inciso segundo del artículo 5°, habilita al tribunal para exigir, de oficio, mayores antecedentes al solicitante, a fin de llevar al juez al convencimiento de –he aquí la paradoja- su “vivencia interna e individual”.

Llama la atención que el propio proyecto parece “intuir” que la necesidad de pruebas es un contrasentido en pretensiones como estas, pues el mismo artículo 2°, inciso segundo, descarta que elementos como la apariencia, la vestimenta, el modo de hablar, los modales, los tratamientos quirúrgicos, médicos u otros análogos, puedan ser demostrativos de la identidad de género. Pues bien, si tales elementos no deben dar luces de la identidad de género de una persona, pocos medios le van quedando al tribunal para acceder a la solicitud de rectificación de nombre y/o sexo, que no sea la sola solicitud del interesado. Tal parece, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° inciso segundo, del proyecto de ley que se tuvo conciencia de la particularidad de esta pretensión y, en consecuencia, de la contradicción a la que lo conduce el inciso segundo del artículo 5°.

b) Las otras normas por las que se pide recabar opinión de esta Corte Suprema son las contenidas en el artículo 6° inciso final y el artículo 9°. Ambas serán analizadas conjuntamente en este apartado, pues apuntan, con similar redacción, a impedir que el tribunal ordene al solicitante la realización de exámenes médicos en el Servicio Médico Legal (SML) o cualquier otra repartición.

Por supuesto, y habida consideración de que ambas normas, por la vía de impedir al juez ordenar cierta prueba (exámenes médicos del SML), dan a entender (contrario sensu) que sí puede hacerlo respecto de otra, se debe tener por reproducida en esta parte del informe lo señalado respecto del inciso segundo del artículo 5°.

Además de lo anterior, se observa que entre esta última y los artículos 6° inciso final y 9°, así como entre estos últimos dos, existen problemas de coherencia que deberían subsanarse adecuando la técnica de redacción. Esta falta de coherencia consiste en que la limitación que se impone al juez -consistente en vedarle la posibilidad de requerir cierto tipo de prueba- tiene un alcance o extensión diferente en cada una de esas normas. Así, en el inciso segundo del artículo 5° se impide al juez exigir al o a la solicitante “medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos”, con absoluta prescindencia del órgano que emita esos antecedentes (SML, clínica u hospital, psicólogo, etc.); el artículo 6° inciso final, en cambio, solo le impide al tribunal pedir la realización de exámenes médicos al “SML u otra repartición”, redacción que deja abierta la posibilidad de pedir exámenes que no tengan naturaleza médica (v. gr. psicológicos) y, además, de pedir cualquier tipo de examen (v. gr. médico o no médico) a personas naturales o jurídicas que no sean el SML u otra repartición; por último, el artículo 9° del proyecto vuelve –en consonancia con el inciso segundo del artículo 5°- al referirse a los exámenes psicológicos como una prueba prohibida para el juez, pero, al igual que el artículo 6° inciso final, deja abierta la posibilidad de requerir antecedentes a otra persona o institución que no sean el “SML u otra repartición”, lo cual también se rebela insuficiente a la luz del tenor del inciso segundo del artículo 5°;

Decimotercero: Que respecto de las normas relativas a las solicitudes efectuadas por niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, para este Poder del Estado, es importante que el Congreso, al discutir este proyecto de ley, tenga en consideración el conjunto de proyectos de ley que el Ejecutivo está promoviendo y que pretende promover, para establecer un sistema de garantías de los derechos de la niñez. En este sentido, las modificaciones que este proyecto de ley establece deben considerarse dentro del marco normativo que está en discusión en materia de infancia y adolescencia y al cuál esta Corte ya se ha referido en fechas recientes.

En particular los niños, niñas y adolescentes que podrían solicitar rectificación de nombre y/o sexo en virtud del presente proyecto de ley, pueden constituir un grupo especialmente susceptible de sufrir privaciones, limitaciones o amenazas de sus derechos humanos. En este sentido junto al procedimiento especial establecido en este proyecto de ley y a las consideraciones del debido proceso que el proyecto contiene con especial acento en el derecho a ser oído, a que se considere su opinión en virtud de su autonomía, a que se asegure su derecho a una nueva rectificación al llegar a la mayoría de edad, y a que se respete el interés superior de niños, niñas y adolescentes, para este Poder del Estado es relevante que en el análisis de este proyecto de ley se discutan las medidas especiales que el Estado puede o debe adoptar a fin de dar efectividad a los derechos humanos y en especial al derecho a la identidad de género, de este grupo en particular. Así lo ha determinado el Comité de Derechos del Niño al señalar a propósito de la obligación de no discriminación contenida en la Convención que la “obligación de no discriminación exige que los Estados identifiquen activamente a los niños y grupos de niños cuando el reconocimiento y la efectividad de sus derechos pueda exigir la adopción de medidas especiales (…) Hay que poner de relieve que la aplicación del principio no discriminatorio de la igualdad de acceso a los derechos no significa que haya que dar un trato idéntico. En una Observación general del Comité de Derechos Humanos se ha subrayado la importancia de tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones que llevan a la discriminación” (CRC, ´Observación General N°5: Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño´ (27 de Noviembre de 2003), Doc ONU CRC/GC/2003/5, párrafo 12);

Decimocuarto: Que, finalmente, cabe poner de relieve que tratándose de menores de edad el proyecto hace referencia a los recursos procesales y autoriza la apelación respecto de la resolución que resuelve, circunstancia que no amerita ser resaltada toda vez que en materia no contenciosa proceden todos los recursos, incluyendo la casación. Así, el hecho que moción mencione específicamente la apelación podría llevar al entendimiento de que no procedería el recurso de casación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 18 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar en los términos precedentemente expuestos las indicaciones de S.E. la Presidenta de la República al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho de identidad de género. Ofíciese.

Se previene que el Presidente señor Muñoz y el ministro señor Dahm, además de lo expuesto en los párrafos precedentes, tienen presente:

1º) Que ante una norma como la del artículo 10 del proyecto que se revisa, pocas veces fue tan evidente la deuda del Estado chileno en materia de matrimonio igualitario. Y es que en sus efectos –la cancelación de la inscripción matrimonial- dejan en evidencia que por más que la propia Ley Nº 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, discutida por años en el Congreso Nacional, intenta asimilar dicho acuerdo a la institución del matrimonio, este último –o sea, el estado civil de casado- abandona a quien hace uso de su derecho de obtener la rectificación del nombre y/o sexo que le fue entregado en su partida de nacimiento. Así, el solicitante, aunque por expresa disposición del proyecto conservará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que le correspondían con anterioridad a la inscripción del cambio de partidas de nacimiento, como también los derechos y obligaciones patrimoniales provenientes de sus relaciones de familia (artículo 11 incisos segundo y tercero), perderá el estado civil de casado, cuestión que resulta de toda lógica en un país como Chile, donde el matrimonio está reservado para las personas de distinto sexo;

2º) Que, además, el tenor literal del inciso tercero del artículo 11 del proyecto, concordado con el inciso que lo precede, hace patente el mayor aprecio que el legislador tiene por el matrimonio, en comparación con cualquier otro tipo de unión afectiva entre personas del mismo sexo, y, en consecuencia, la desmedrada situación en la que quedarían quienes estando unidos por vínculo matrimonial, lo pierden porque uno de ellos hace valer su derecho a rectificar su nombre y/o sexo. En efecto, el inciso tercero refiere que la rectificación en la partida de nacimiento “tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia (…)” (lo ennegrecido es nuestro), y como este inciso debe comprenderse a partir del inciso que lo precede, es evidente que cuando el legislador ha usado la expresión “las” está queriendo aludir a aquellas obligaciones de naturaleza patrimonial que devienen de las relaciones de familia, marginando entonces a aquellas obligaciones que, aun perteneciendo a dicho ámbito, carecen del carácter patrimonial, o bien a aquellas que más que obligaciones constituyen deberes, cuyo es el caso del deber de fidelidad, socorro, ayuda mutua o asistencia, respeto, protección, auxilio, cohabitación, etc.;

3º) Que lo hasta acá dicho –que pretende poner de relieve no otra cosa que la deuda del Estado chileno con las parejas del mismo sexo- queda mejor sintetizado de la siguiente manera: el artículo 10, inciso quinto, del proyecto de ley en comento es una consecuencia natural del tipo de matrimonio con que contamos en Chile: sólo entre personas de distinto sexto. Como a ojos del legislador chileno, las parejas del mismo sexo no pueden tener vínculo matrimonial, las personas unidas en matrimonio que devengan del mismo sexo por virtud de esta nueva legislación, perderán dicho lazo matrimonial. Y aun cuando en el artículo 11 la iniciativa pretende camuflar la drasticidad de estos efectos haciendo pervivir los derechos y las obligaciones de las que el solicitante de cambio de sexo y/o nombre era titular, lo cierto es que lo único que pervivirá son los derechos y obligaciones de contenido patrimonial, mas no aquellos de contenido moral que más caracterizan a la unión del matrimonio. La opción que ha tomado, pues, el legislador en el presente proyecto es bastante clara: no sólo confirma la añosa obcecación por blindar la institución del matrimonio ante los embates de la realidad, sino que también pretende borrar todo vestigio de matrimonio que pudiera quedar entre dos personas de un mismo sexo.

Se previene que el ministro señor Juica fue de opinión de informar favorablemente el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Ello, pues no divisa inconveniente para que un asunto como el que aborda la moción sea tratado como una cuestión no contenciosa entregada a los tribunales con competencia en materias de familia. Considera al efecto que, en materia de cambio de nombre la petición admite diversas variantes: existe un procedimiento simple en sede administrativa y para cuestiones más complejas se creó la Ley N° 17.344 que asigna competencia a los juzgados en lo civil para conocer de la solicitud de tal sentido, también como una cuestión no contenciosa en la que, conforme a las reglas generales, el juez procede con conocimiento de causa para el logro del cual se apoya en los antecedentes que se le presentan y puede, además, decretar medidas probatorias. En el proyecto en estudio, se aborda de una circunstancia especial -que va más allá de una simple nueva causal de cambio de nombre- y nuevamente no se trata de un juicio, sino de una cuestión que no excede del ámbito voluntario o no contencioso en que el juez está llamado a decidir con los antecedentes privados que le presente el interesado, resultando comprensible que la persona no sea sometida a informes médicos adicionales, pudiendo transformarse en un proceso o asunto contencioso en el caso de oposición por parte del representante o tutor del menor de edad o al requerimiento de informe por parte del tribunal al Servicio de Registro Civil acerca de la existencia de antecedentes o causas penales que afecten al solicitante.

Se previene que los ministros señor Brito y señora Egnem estuvieron por limitar el informe requerido por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado a las primeras cinco motivaciones de la presente resolución.

Se previene que el ministro señor Blanco estuvo por expresar que no comparte la limitación probatoria estatuida para el tribunal en los artículos 6º y 9º de la moción examinada.

Se previene que la ministra señora Muñoz estuvo por no dejar expresada la afirmación contenida en la segunda parte de la novena motivación –después del punto seguido-, por considerar que, si bien la situación del cónyuge afectado por la disolución del matrimonio a raíz de la rectificación de la partida de nacimiento y de los demás documentos de identificación del otro cónyuge es digna de atención, parece aconsejable esperar a que el legislador defina convenientemente la manera en que tendrá lugar esa disolución del vínculo matrimonial, atendida la omisión advertida en el acápite octavo del presente informe.

La ministra señora Muñoz previene, además, que cree razonable la restricción impuesta a la judicatura en lo que hace a solicitar exámenes médicos para formar convicción, atendida la naturaleza de la materia planteada y la necesidad de no someter al peticionario o peticionaria a diligencias que eventualmente pudieran resultar atentatorias contra su dignidad.”.

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La Comisión tomó conocimiento de la respuesta de la Excelentísima Corte Suprema y retomó la discusión respecto del quórum de los artículos consultados, esto es, el inciso segundo del artículo 5°, el inciso final del artículo 6° y el artículo 9°.

La Honorable Senador señora Van Rysselberghe insistió en su argumentación respecto a que corresponden a materias que inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia, porque restringen la facultad que tienen los jueces de familia para solicitar nuevas diligencias probatorias.

Enfatizó que los tribunales deben tener la libertad para solicitar las pruebas que estimen convenientes y resolver los asuntos que conocen y, de acuerdo a esta ley, se está restringiendo esta facultad. Por todo lo anterior, reiteró que se trata de normas de carácter orgánico constitucional.

Por el contrario, el señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente que existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que las normas en materia de prueba no requieren de quórum especial para ser aprobadas.

En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Matta coincidió con el señor Ministro en cuanto a que las disposiciones consultadas regulan materias probatorias, por lo que no requerirían de un quórum especial para su aprobación.

- A continuación, la Comisión procedió a votar si el inciso segundo del artículo 5° de este proyecto de ley, requiere de un quórum especial para su aprobación. La mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Ossandón, consideró que se trata de una norma de carácter ordinario. Por su parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe afirmó que es una norma orgánica constitucional.

En cuanto al inciso final del artículo 6° de este proyecto, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que impide al juez pedir exámenes médicos al Servicio Médico Legal y a cualquier otra repartición, lo que no obsta a que pueda solicitar exámenes de carácter psicológico.

- Con la misma votación anterior, la mayoría de los miembros presentes de la Comisión estimó que el inciso final del artículo 6° y el artículo 9° son normas de quórum ordinario.

En consecuencia, la mayoría de los miembros presentes de la Comisión acordó que el inciso segundo del artículo 5°, inciso final del artículo 6° y artículo 9° de este proyecto son normas de carácter ordinario, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Con todo, el Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que si bien votó que las mencionadas disposiciones son de quórum simple, ello no implica que esté de acuerdo con el proyecto de ley. Al efecto, expresó que no aprueba que se restrinja la faculta de los jueces para pedir exámenes médicos y psicológicos, y que no considere la opinión de los padres en el caso de las solicitudes que presenten los menores de edad.

En ese sentido, puso de relieve que, además, la Excelentísima Corte Suprema formuló una serie de observaciones al presente proyecto de ley, que confirman su falta de coherencia.

A continuación, la Comisión intercambió opiniones respecto a la observación formulada por la Excelentísima Corte Suprema sobre la falta de sintonía en la redacción del inciso segundo del artículo 5°, inciso final del artículo 6° y artículo 9°.

Al respecto, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe resaltó que el Tribunal Supremo señaló que estas tres disposiciones limitan la labor jurisdiccional de los tribunales de justicia, que consagra el artículo 76 de la Constitución Política de la República y que están en pugna con el artículo 820, con el inciso segundo del artículo 824 y con el inciso primero del artículo 826, todos del Código de Procedimiento Civil.

Por todo lo anterior, Su Señoría estimó que existen dudas razonable acerca de su constitucionalidad y como tal amerita que este proyecto de ley sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, para que emita un informe sobre la materia, de acuerdo al artículo 27, inciso final, del Reglamento del Senado.

A su vez, hizo presente que el Máximo Tribunal consideró que el trámite propuesto en el proyecto para el cambio de sexo, debería haber sido regulado como una gestión administrativa seguida ante el Oficial de Registro Civil, a fin de resguardar la dignidad de las personas y no exponerlas a un procedimiento judicial, reservando la sede judicial para los casos en que existe oposición de la autoridad administrativa o en que la solicitud fue presentada por un menor de edad.

El Honorable Senador señor Ossandón coincidió con la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, ya que entendió que la Excelentísima Corte Suprema señaló que una ley no puede limitar la facultad que tienen los jueces para pedir exámenes médicos o psicológicos a quien haya presentado una solicitud de cambio de sexo.

En otra línea, el señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que de los dichos de la Corte Suprema no se infiere que se haya manifestado en contra de este proyecto de ley, pero sí puso de relieve que incluye algunas normas que no son coherentes entre sí, que en ningún caso restringen las facultades que tienen los jueces.

Luego, comentó que el informe de la Corte Suprema en su considerando duodécimo señaló que el proyecto parece intuir que la necesidad de pruebas es un contrasentido, pues el propio artículo 2° del proyecto descarta elementos como la apariencia, la vestimenta o el modo de hablar para demostrar la identidad de género de una persona, lo que implica que al juez le quedan pocos medios de prueba para acceder a la solicitud del interesado, más que su propia petición fundada.

Con todo, resaltó que el Ejecutivo está analizando el conjunto de recomendaciones que realizó la Corte Suprema, a fin de proponer las modificaciones que correspondan.

Al efecto, indicó que el Máximo Tribunal sugirió regular un procedimiento administrativo seguido ante el Oficial del Servicio de Registro Civil, en que no habría nada que probar y en que bastaría la sola voluntad del solicitante, lo que en su opinión sólo podría regir para el caso de los adultos solteros.

Justificó su propuesta de radicar todos los casos en los tribunales de familia para no consagrar dos procedimientos distintos: uno, para los menores de edad y para los adultos con vínculo matrimonial no disuelto, y, otro, para los adultos solteros. No obstante, se mostró abierto a considerar el caso de los adultos solteros como un trámite administrativo.

En consecuencia, dijo que no prevé mayores inconsistencias, ya que los demás casos deben necesariamente deberían ser conocidos por los tribunales de familia.

La Honorable Senadora señora Pérez compartió lo expuesto por el señor Ministro y complementó que al haberse presentado tantas indicaciones al proyecto de ley, se aprobaron algunas con una línea más amplia y otras más restrictivas, lo que podría haber generado una cierta incoherencia que debe ser corregida, especialmente en materia probatoria.

El Honorable Senador señor Matta recalcó que la Corte Suprema señaló que la gestión al estar radicada sólo en la voluntad del o la peticionaria interesada no debería ser materia de competencia de los tribunales de justicia, por tratarse de una gestión netamente administrativa que necesariamente debe ser asignada a un Oficial de Registro Civil. Lo anterior, evitaría que las normas limitante de la pruebas se constituyan en una grave restricción a la labor jurisdiccional de los tribunales de justicia, que consagra el artículo 76 de la Carta Fundamental.

Hizo presente que este aspecto será un punto controversial en la Sala del Senado, por lo que sería conveniente llegar a un acuerdo en Comisiones.

Resaltó Su Señoría que el informe de la Excelentísima Corte Suprema no es una sugerencia, sino una opinión fundada en que no existen votos en contra, salvo las prevenciones de los Ministros señores Muñoz y Dahm sobre el matrimonio igualitario.

El Honorable Senador señor Ossandón instó al Ejecutivo a estudiar una nueva propuesta que recoja el planteamiento de la Corte Suprema, el cual comparte desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley, a fin de simplificar este procedimiento y convertirlo en un trámite que sea seguido ante el Oficial del Servicio de Registro Civil, y que se recurra ante el juez cuando hay oposición o cuando se trate de la solicitud de un menor de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que están abiertos a avanzar en buscar una nueva fórmula como la planteada por la Corte Suprema para el caso de los adultos solteros, pese al inconveniente de que este procedimiento quede radicado en dos órganos distintos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en la necesidad de enviar este proyecto de ley a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, ya que existen aspectos de constitucionalidad que deben ser revisados por esa instancia. Con todo, anunció que si la Comisión no accede a esta propuesta, volverá a plantearlo en la Sala del Senado.

A continuación, la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta y Ossandón, acordó remitir este proyecto de ley a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, por contener aspectos de constitucionalidad que ameritan su pronunciamiento. Votó en contra de esta propuesta la Honorable Senadora señora Pérez.

Los Honorables Senadores señores Matta y Ossandón dejaron constancia que su voto a favor de la moción antes votada, se justifica en el entendido de que el Ejecutivo presentará una nueva propuesta para recoger las recomendaciones que realizó la Excelentísima Corte Suprema.

Al respecto, cabe recordar que la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de ley en estudio, como dan cuenta las constancias en el cuerpo de este informe.

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Antes de comenzar el estudio pormenorizado de las indicaciones, concurrieron especialmente invitados a exponer sus puntos de vista las siguientes entidades y especialistas en la materia, representados de manera que en cada caso se indica:

1.- Por el Ministerio de Justicia, la ex Jefa de la División Jurídica, señora Paulina González.

2.- Por la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, la Abogada y Profesora de la Universidad de Concepción, señora Ximena Gauché.

3.- La Abogada y Profesora de Derecho Civil y Directora del Centro de la Familia de la Pontificia Universidad Católica, señora Carmen Domínguez.

4.- Por el Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica, el Director Doctor Mauricio Besio.

5.- Por el Instituto de Estudios de la Sociedad, la Investigadora señora Catalina Siles.

6.- El Abogado y Profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica, señor Álvaro Ferrer.

7.- Por Comunidad y Justicia, su Director Ejecutivo, el Abogado Tomás Henríquez.

8.- Por Acción Familia, el Director, señor Juan Antonio Montes.

9.- Por la Red Trans Chile, la Representante, señora Alejandra Soto.

10.- Por el Sindicato de Trabajadoras Sexuales "Amanda Jofré", la Representante, señora Gia Lessandra Gil.

11.- Por Valpo Trans, el Coordinador, señor Máximo Cáceres.

12.- Por Trans MOVILH, la Representante, señora Isabella Aguayo.

13.- Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, su Directora, señora Lorena Fries.

14.- El Psiquiatra, señor Francisco Javier Bustamante.

15.- Por la Comisión Trans de Fundación Iguales, la Coordinadora, señorita Cris Córdova.

16.- El señor Josaphat Jarpa, miembro del Observatorio Iglesia y Sociedad OIS.

17.- Por Amnistía Internacional-Chile, la Directora Ejecutiva, señora Ana Piquer.

18.- El Abogado, señor Tomas Vial, Investigador del Centro de Derechos Humanos y Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

19.- El Abogado, señor Nicolás Espejo, Director de Investigación y Postgrados Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile y Profesor Visitante, Universidad de Oxford.

20.- La Abogada, señora Fabiola Lathrop, Profesora de la Universidad de Chile e Investigadora de la Universidad Central de Chile.

21.- Por el Movimiento Unido por la Vida de la Familia, la Sicóloga Marcela Ferrer.

22.- El Profesor de Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Ética Profesional de la Universidad Bernardo O´Higgins, señor Marco Antonio Navarro.

23.- El Abogado y Profesor de Derecho Civil, señor Ian Henríquez.

24.- El Representante de la Organización Mundial de la Salud, Doctor Roberto del Águila.

25.- La Encargada Área Trans y Prevención de la Transfobia de Fundación Sin Odio y de la ONG Colectivo Universitario lésbico trans-feminista “Camión Rosa”, señorita Claudia Ancapán.

26.- Del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, la responsable del Área Trans Región Metropolitana, señorita Paula Dinamarca.

27.- De la Corporación IdeaPaís, el Investigador de la Dirección de Estudios, señor Luis Robert.

28.- De Corporación Humanas, la Asesora Camila Maturana.

29.- De "Súmate Somos Más", el señor Walter Vega.

30.- De la Ong "OIKONOMOS", los Representantes, señores Mariano Casera y Javier Castro.

31.- El Profesor del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Doctor Carlos Güida.

32.- De la Asociación Acción Familia, el Director, señor Juan Carlos Montes.

33.- De la Corporación de Educación, Orientación y Mediación Familiar "Familia Viva", la Presidenta, señora Emilia Ferrada.

34.- De la ONG de Desarrollo "Red de Mujeres Cristianas de Chile", la Presidenta, señora Marcela Aranda y la Asesora, señorita Rita Valencia.

35.- El Abogado y Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paúl.

36.- De la Organización de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer ISFEM, la Presidenta, señora Ismini Anastassiou.

37.- El Consultor Independiente y Asesor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación señor Andrés Rivera.

38.- De la Fundación "Daniel Zamudio" el Coordinador Político, señor Rodrigo Chandia, y la Concejala de la Ilustre Municipalidad de Lampa, señorita Alejandra González.

39.- De la "Red por la Vida y la Familia", la Coordinadora señora Carmén Croxatto.

40.- De la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD, el Coordinador Legislativo, señor Franco Fuica.

41.- Del Ministerio de Salud, la Experta en Género, Diversidad y Sida, Doctora Raquel Child.

42.- El Jefe de Urología del Hospital Carlos Van Buren, Doctor Guillermo Mac Millan.

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En sesión de 9 de abril de 2014, la ex Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señora Paulina González, hizo presente el apoyo del Ejecutivo a este proyecto de ley y manifestó que una de las líneas programática del Gobierno es contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, para avanzar hacia un Chile en que cada vez existan menos grupos y personas discriminadas. Al efecto, comentó que la señora Presidenta de la República, en su Programa, se comprometió a impulsar esta iniciativa, porque entiende que es insuficiente el procedimiento de cambio de nombre para las personas transexuales. En esta misma línea, resaltó que a través de este proyecto de ley se reconoce el derecho a la identidad de género.

A continuación, indicó que actualmente existe una gran disparidad de criterios en la aplicación del procedimiento de cambio de nombre. Al efecto, refirió que existen jueces que lo deniegan, otros que acceden únicamente al cambio de nombre sin autorizar el cambio de sexo, y otros que acceden al cambio de sexo, siempre que se acrediten un sinnúmero de exámenes y tratamientos hormonales o quirúrgicos. Hizo notar a Sus Señorías que el sólo hecho de que exista esta desigualdad de trato se está ante un atentado a las garantías fundamentales, en particular, al derecho de la identidad de género.

En seguida, dio cuenta del apoyo del Ejecutivo a las indicaciones presentadas por la Honorables Senadora señora Pérez y por el Honorable Senador señor Letelier, que enriquecen el texto aprobado en general, al dar mayor especificidad y certeza a la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento y, en consecuencia, al ejercicio del derecho a la identidad de género.

En particular, destacó el aporte de la indicación del Honorable Senador señor Letelier que permite al juez oficiar y solicitar antecedentes no sólo al Servicio de Registro Civil, sino también a la Policía de Investigaciones, a Carabineros y a todos aquellos organismos que estime conveniente. Lo mismo respecto de la indicación que amplía los organismos a los cuales se les deberá comunicar la sentencia que acoge la solicitud de cambio de nombre y de sexo.

También, consideró un aporte la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez que amplía la posibilidad de presentar la solicitud a los menores de edad, con todos los resguardos del caso. Por ello, continuó, permite a el o la solicitante, una vez que ha alcanzado la mayoría de edad, a pedir personalmente una nueva rectificación. Resaltó que esta propuesta busca que los niños puedan desarrollarse desde una vivencia que efectivamente corresponda a su género y, al efecto, resaltó que resulta bastante traumático crecer desde una óptica que no concuerde con el sexo al cual se siente pertenecer.

Adicionalmente, estimó un aporte la indicación que agrega como parte de los antecedentes para fundar la solicitud, la necesidad de acompañar certificado otorgado por psiquiatra o médico, para acreditar la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir en la decisión de presentar esta solicitud. De esta forma, se elimina toda posibilidad que la presentación esté motivada por alguna enfermedad que afecte al solicitante.

Luego, se refirió a las causales de oposición y señaló la necesidad de regular dicha materia. A su juicio, no basta fundar la oposición en una causal excesivamente amplia, como la que consagra la letra a) del inciso tercero, del artículo 6° aprobado en general por el Senado, que únicamente exige la existencia de perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial. Por ello, manifestó su apoyo a las indicaciones de la Honorable Senadora señora Pérez, que centran el argumento de la oposición en el fraude de ley, en el sentido de que la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento por un cambio de sexo o nombre se funde, exclusivamente, en un ánimo fraudulento.

Por todo lo anterior, reiteró la voluntad del Ejecutivo de apoyar el proyecto de ley y las indicaciones comentadas, sin perjuicio de otros planteamientos que pueda formular durante su discusión en particular.

La Honorable Senadora señor Pérez, en su calidad de autora del proyecto de ley, enfatizó que esta iniciativa legal se centra en la naturaleza, en la dignidad y en el respecto de las personas, con énfasis en el desarrollo de las libertades individuales, más que en los temas de igualdad.

Asimismo, comentó que este proyecto de ley fue apoyado tanto por el Gobierno anterior como por el actual, porque consideran necesario legislar en la materia. Resaltó que esta iniciativa no sólo obedece a una respuesta política e ideológica, sino que da cuenta de una realidad que viven personas en nuestro país, aunque sus detractores dicen que son sólo casos aislados, lo que en su opinión evidencia un gran desconocimiento de la realidad y de la confusión que existe respecto a lo qué es la transexualidad, la homosexualidad y el travestismo. Estimó que este proyecto de ley ayudará a nuestra sociedad a construir las imágenes que corresponden a la situación que están viviendo miles de personas.

En lo personal, comentó que le ha tocado conocer varios casos de personas que han vivido un cambio de identidad, de las cuales varias están presentes en esta sesión y exteriorizó su respeto por el complejo proceso que les toca vivir. Advirtió que es fundamental que los legisladores conozcan esta realidad, especialmente porque tienen el deber de legislar para las personas y no para números ni estadísticas, y agregó que cada persona tiene el derecho de vivir su vida como la quiera vivir. Por estas consideraciones, enfatizó, presentaron este proyecto de ley junto a un pequeño grupo de Senadores.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, recordó que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, durante la discusión de la Ley sobre Antidiscriminación, se debatió extensamente respecto de la conveniencia de incorporar dentro de las categorías de discriminación la identidad de género como un criterio distinto a la orientación sexual.

En seguida, intervino, la Abogada de la Universidad de Concepción, señora Ximena Gauché quien expresó que el proyecto de ley es una iniciativa breve, ordenada, rigurosa, bien estructurada y justificada, que facilitará su aplicación práctica y evitará los problemas procesales y sustantivos que hoy se presentan con la regulación judicial vigente, los que se generan por una falta de reconocimiento a la identidad de género de muchas personas y por la aplicación de normativas que no son idóneas en la materia. Al efecto, subrayó que este proyecto de ley pretende la aplicación de un nuevo procedimiento con la seguridad jurídica que brinda la sede jurisdiccional.

Explicó que en su exposición comentará las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señor Letelier que considera más relevantes.

En seguida, destacó la importancia que este proyecto de ley defina en su artículo 2° la identidad de género. Desde el punto de vista sustantivo, se trata de una definición conforme a los estándares internacionales, específicamente a los que se han seguido en los Principios de Yogyakarta, y que dice relación con la aplicación de las leyes internacionales de los derechos humanos en concordancia con la orientación sexual y la identidad de género.

En seguida, explicó que los Principios de Yogyakarta fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2007 y que han sido recogidos por el derecho comparado, como en el caso de Argentina con la ley N° 26.743, del año 2012, que establece el derecho a la identidad de género de las personas y que utiliza esta definición.

Bajo este contexto, valoró que se haya optado por esta definición, por cuanto frecuentemente se produce una confusión en materia de diversidad sexual respecto de las personas homosexuales y de las personas transgéneros en un sentido global. Además, indicó que el adoptar este concepto cumple con lo recomendado a Chile por distintos órganos de derechos humanos, como ha sucedido con el Examen Periódico Universal, que se rinde ante el Consejo de Derechos Humanos. Informó que ya en el 2009 se le señaló al Estado de Chile que debía abordar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en programas y políticas de igualdad utilizando para ello los Principios de Yogyakarta como guía en su formulación.

Lamentó que en materia de derechos de las personas transexuales no ha habido un avance sustancial en el país, como lo demuestra la ausencia de cualquier referencia que no sea la incorporación de la categoría identidad de género en la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

En relación con el artículo 3°, planteó aprobar dos indicaciones, una que establece que sólo podrán ejercer el derecho que establece esta ley a quienes tengan inscrito su nacimiento en Chile, evitando así problemas registrales en el caso de los extranjeros cuyo nacimiento no esté inscrito en Chile, y la segunda, prosiguió, es consecuencia de la introducción de un artículo, nuevo, que permite a los niños, niñas y adolescentes que se sientan vulnerados en su derecho a la identidad de género a presentar esta rectificación de su partida de nacimiento.

Respecto al artículo 4°, sobre los requisitos para el ejercicio de este derecho, comentó las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Letelier, para suprimirlo y la de la Honorable Senadora señora Pérez, que pretende darle una nueva redacción a este inciso, a fin de establecer que para fundar la solicitud será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo, que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir en la decisión adoptada por el solicitante.

Sobre el particular, estimó que el proyecto aprobado en general por el Senado optó por una fórmula más coherente con la necesidad de acreditar los fundamentos de la solicitud que se ejerce en virtud de una ley, conforme al derecho general para cualquier tipo de petición. No obstante, consideró que la eliminación de este inciso sería una señal más consistente con el reconocimiento de la identidad de género, y con la necesidad de respetar y dejar atrás la patologización de las diversidades sexuales de las personas transgénero.

Por otra parte, señaló que solicitar un certificado de disforia de género, como propone la indicación, es excesivamente riguroso, no obstante que la ley española así lo requiere. Sin perjuicio de lo anterior, advirtió a Sus Señorías que la legislación española no es una ley de identidad de género propiamente tal. En efecto, informó que la ley N° 3/2007 sólo regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, lo que es distinto al objetivo de este proyecto de ley, que tiene un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos, por lo que no le aparece adecuado seguir ese modelo.

Agregó que si bien la ley española utiliza la expresión identidad de género, no la define, ni contiene un artículo que haga referencia al derecho de identidad de género. En sintonía con lo anterior, advirtió que si el proyecto de ley únicamente fuera una reforma al sistema registral podría ser adecuado seguir el modelo español.

Además, consignó que el modelo español es anterior a la época en que se aceptó internacionalmente que ninguna persona puede ser obligada a someterse a procedimientos médicos de ningún tipo como requisito para el reconocimiento de su identidad de género, lo que hoy está consagrado en los Principios de Yogyakarta. Observó que es en esta situación a la que se colocaría a una persona, si tuviera que presentar el certificado propuesto en la indicación.

Por otro lado, hizo presente que la exigencia de un certificado de tal naturaleza podría dar lugar, para las personas transexuales, a una discriminación por resultado o discriminación indirecta respecto de otras personas que requieran también un cambio de su partida de nacimiento por otras razones y bajo el mérito de otros cuerpos normativos, a quienes no se les obligaría a presentar dichos certificados médicos.

En este sentido, señaló que parece más conforme a derecho y a los correctos estándares de derechos humanos que se acojan las indicaciones que proponen eliminar el inciso segundo del artículo 4°. Con todo, señaló que si se estimare insuficiente la fórmula propuesta, se podría agregar en el inciso primero que él o la solicitante deberán fundar debidamente esta solicitud, dejando a su criterio el determinar qué antecedentes acompañarán en su petición.

Con respecto al inciso tercero, consideró más mantener el texto aprobado en general, por cuanto la indicación presentada es más restrictiva que el texto aprobado en general por el Senado, porque sólo prohíbe al tribunal exigir algún tipo de intervención quirúrgica. Advirtió a Sus Señorías que este punto es trascendental, porque prohíbe una práctica judicial habitual de los últimos años en Chile y que entronca con la necesidad de despatologizar esta condición de algunos seres humanos, asumiendo que no es una enfermedad, ni una patología, como algunos sectores creen, dejando así a cada uno la decisión si quiere o no que su cuerpo sea intervenido.

Expuso que al artículo 5°, que se refiere al tribunal competente, se formuló la indicación que es coherente con la introducción de un artículo nuevo sobre los menores de dieciocho años. Además, hizo referencia al informe que evacuó la Excelentísima Corte Suprema, en el trámite de consulta, en el que expresa que no comparte la sede jurisdiccional elegida por este proyecto de ley, la que en su parecer tendría bastante lógica si se aprueba la indicación que se refiere a los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, consideró que la competencia para conocer este tipo de peticiones debe quedar radicada en los tribunales de familia.

Sobre el artículo 6°, expresó que, en lo sustancial, las indicaciones mejoran la redacción original y como tal las apoya, al restringir la intervención de un órgano administrativo, como es el Servicio de Registro Civil y al prohibir que se ordenen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal. Acotó que ambos puntos marcan también una diferencia con lo que ocurre en la práctica judicial por la falta de un texto adecuado.

En relación con el resguardo de terceros y la seguridad jurídica de la sociedad, se manifestó partidaria de las indicaciones que consideran la opción de que cualquier persona podrá oponerse a la solitud si tiene un legítimo interés fundado en que el cambio de sexo le afectará. Subrayó que debe regularse cuidadosamente esta oposición, a fin de que no se preste para una oposición por intereses que no son válidos desde el enfoque de los derechos humanos, más aún cuando esta iniciativa busca solucionar un problema y no agravar la situación de las personas.

Por ello, sostuvo que no puede ser una oposición pura y simple, sino una basada en causales justificadas. En este sentido, valoró la reconducción de las causales hacia la idea de fraude de ley. De esta forma, aprobó la conceptualización que se hace del fraude de ley, que evitar dejar un tema personal e íntimo, como el derecho al reconocimiento de la identidad de género, al uso malicioso de terceros por meros caprichos o ideologías personales.

Del mismo modo, manifestó que no le parece necesario que la oposición, desde el punto de vista procesal, sea tramitada en cuaderno separado.

Por otra parte, hizo presente la conveniencia de que la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación informe si él o la solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto, por lo sugirió aprobar las indicaciones que lo proponen, por cuanto, dijo, de no hacerlo se podría dar lugar a la existencia de un matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual no existe en Chile al tenor de la legislación civil. Así también, la indicación que propone agregar en la Ley de Matrimonio Civil una nueva causal de término del matrimonio, referida a la sentencia que acoge la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento por cambio de sexo.

Luego, resaltó las indicaciones que incorporan la solicitud de los niños, niñas o adolescentes, que considera fundamental por el carácter sustantivo que tiene. Al respecto, informó que como consta en el proyecto de ley original se omitió toda referencia a los menores de dieciocho años, lo que estimó una decisión errada, que debe ser corregida, conforme a los derechos humanos, y a los derechos de la infancia y de la adolescencia.

Sobre este tema, observó que existe una creencia errada de considerar que los niños menores de dieciocho años son asexuados y señaló que las indicaciones corrigen este error permitiendo a los niños, niñas y adolescentes solicitar el cambio de sexo por sí o a través de su representante legal.

Comentó que la Doctora Carvallo, reconocida especialista en educación sexual e infantil, ha señalado que el cuerpo sexual femenino y masculino comienza a desarrollarse desde la concepción como un proceso evolutivo de construcción de su papel sexual, asignado históricamente por la cultura de la sociedad donde se nace y, que exige que el niña o niña desde edad preescolar debe aprender a expresar su sexualidad de forma natural. Agregó la obligación de cumplir con la especial protección que se debe dar a la infancia y adolescencia, considerando el mandato integral de seguir el interés superior del niño, lo que implica que el menor debe ser oído, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Niño, y no aparece correcto dejarlo fuera de este proyecto de ley.

Además, indicó que esto es socialmente evidente, porque los estigmas también repercuten fuertemente en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, especialmente si se les considera como sujetos con poder de decisión sobre lo que ocurre con sus propias vidas y se observan los estándares internacionales que obligan a Chile a garantizar la igualdad, la no discriminación, el interés superior, la protección efectiva, la autonomía progresiva, el derecho a opinar, a participar y a expresarse libremente. Así, consignó, surge la necesidad de dar cumplimiento a estos principios desde un rol jurídico, lo que constituye un marco para el desarrollo de una cultura más respetuosa de los derechos de las personas y de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, precisó que la propia Convención de los Derechos del Niño prevé que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para garantizar que el niño sea protegido de toda forma de discriminación y que no sea castigado por causa alguna. Refirió que existen numerosos casos de discriminación en Chile a niños menores de dieciocho años por su diversidad sexual.

En esta misma línea, expresó que las normas de este proyecto de ley deben conjugarse con el resguardo a la integridad de los infantes y adolescentes, principio por el cual debe velar la sociedad y el Estado. De esta forma, sostuvo que le parece que debe garantizarse una normativa que asegure y prevea que los cuerpos de los niños no sean intervenidos bajo ninguna circunstancia. De esta manera, precisó que se persigue un camino legislativo para abordar uno de los tantos problemas sociales de la infancia en Chile.

Posteriormente, se refirió al artículo 11 y, en particular, a la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, que establece que los tratamientos a que voluntariamente se someta la persona que pide el cambio de sexo se realizarán de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que haya elegido. Precisó que esta indicación si bien es congruente con los objetivos de este proyecto de ley no lo es con los estándares internacionales a que Chile está obligado, como los ya citados Principios de Yogyakarta, que consagran que es un deber de los Estados adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar el acceso igualitario a las prestaciones de salud, por ejemplo el acceso a beneficios para modificar el cuerpo vinculadas con la identidad de género. Insistió que los Estados deben facilitar el tratamiento, atención y apoyo competente y no discriminatorio a aquellas personas que tengan modificaciones corporales relacionadas con la identidad de género, debiendo adoptar políticas y acciones en tal sentido.

Desde esa perspectiva, señaló que no es necesario aprobar la indicación en comento, por el compromiso internacional que tiene Chile con la diversidad sexual y con las personas transexuales, que implica que el Estado debe adoptar acciones y políticas en el ámbito de la salud que le permitan a estas personas acceder a los tratamientos que ellos libremente escojan, sin la limitación que hoy existe, que les impide acceder a sistemas previsionales adecuados a este fin, lo que en su opinión se funda en razones de discriminación y en la falta de reconocimiento a su identidad, lo cual, obviamente, no es materia de esta ley.

En sintonía con lo anterior, consignó que la regulación de las políticas públicas en el área de la salud no es materia de esta ley, dado su propósito específico. No obstante considerar que este tema debería tratarse en una gran discusión sobre el derecho a la salud de todas las personas.

En cuanto a los cambios que deben realizarse a la legislación vigente, se refirió a las indicaciones que regulan el caso de que el solicitante tenga un vínculo matrimonial no disuelto. Al efecto, remarcó la necesidad de agregar un nuevo numeral al artículo 42 de la ley N° 19.947, para incluir como causal de término del matrimonio la sentencia que acoja la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento por cambio de sexo, por no existir en Chile el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de ello, estimó que este proyecto de ley podría requerir de otras modificaciones registrales.

Por último, indicó que existen cuatro ideas basales en este proyecto de ley, que deben estar presentes en esta discusión por tratarse de derechos no transables, a saber: el establecimiento del derecho de toda persona al reconocimiento y protección de su identidad de género; el establecimiento de un procedimiento adecuado que no sea vejatorio y que no involucre intervenciones quirúrgicas, ni tratamientos que vayan en contra de la voluntad de él o la solicitante; el regular la situación de los niños, niñas y adolescentes en conformidad con los estándares de la infancia a que Chile está obligado, y que se garantice debidamente el derecho de los terceros, por vía del fraude de ley, para evitar que se aprovechen de este cuerpo normativo.

A continuación, el ex Consultor de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y actual Coordinador del Observatorio Derechos Humanos y Legislación, señor Andrés Rivera, al iniciar su exposición comentó a Sus Señorías que su nombre original es María Georgina de los Ángeles Rivera Duarte, que es una persona transexual y como tal ha pasado por todo el proceso legal para intentar el reconocimiento de su identidad de género. Enseguida, puso de relieve que exponer en diez minutos sobre lo que significa para las personas transexuales este proyecto de ley es una tarea realmente ambiciosa, ya que se trata de un tema complejo y sobre el cual existe escasa información.

En general, señaló que el desconocimiento que se tiene de este tema lleva a relacionar a la transexualidad con algo oscuro, pervertido e incluso satánico, lo que, a su vez, es causa de permanente discriminación y estigmatización que las personas transexuales son víctimas diariamente.

Por ello, acotó que centrará su presentación en sólo dos aspectos que le parecen esenciales para guiar la discusión de este proyecto de ley: la identidad de género y cómo ésta se manifiesta en la infancia y en la adolescencia.

Explicó que durante su exposición presentará, en primer lugar, una definición y reflexión sobre la identidad de género que permitirá evitar confusiones y errores conceptuales. En segundo lugar, expondrá sobre aspectos fundamentales de la transexualidad durante la infancia y adolescencia, y finalizará compartiendo algunas historias de menores transexuales, que ayudarán a entender mejor el tema que aborda esta iniciativa.

Resaltó que el mensaje central que le gustaría entregar es que el reconocimiento de la identidad de género de una persona es un derecho humano y como tal el Estado de Chile tiene el imperativo legal y ético de legislar en la materia, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se hace mención expresa de la identidad de género, sí lo hacen interpretaciones más recientes del derecho internacional de los derechos humanos, que incluye el respeto a la identidad de género como un derecho humano básico. Así, los Principios de Yogyakarta, que fueron desarrollados en el año 2006 y que son aceptados por las Naciones Unidas, son hoy una guía de cómo debe aplicarse el derecho internacional para respetar la orientación sexual e identidad de género de todas y todos.

Expresó que si bien la falta de reconocimiento de la identidad de género es en sí misma una violación a los derechos humanos por la ausencia de marcos legales de protección, de ella se pueden generar una serie de violaciones conexas, como violación a los derechos del niño, el uso de tortura, tratos inhumanos y degradantes, la detención arbitraria y la negación de empleo, de vivienda, de salud y de otros derechos protegidos por el derecho internacional.

Al mismo tiempo, reparó que la ausencia de legislación genera impunidad y, por tanto, la perpetuación y reproducción de estas violaciones. Por ello, refirió que se hace imperativo y urgente contar con una legislación moderna sobre la materia, que se adecúe a los estándares internacionales vigentes.

Subrayó que un elemento central para una discusión informada sobre la materia es tener claro la distinción conceptual entre orientación sexual e identidad de género. Al efecto, explicó que la identidad de género según los Principios de Yogyakarta se vincula a la vivencia interna o individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, y que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Complementó que la identidad de género también incluye la vivencia personal del cuerpo que puede involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal, a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogida, así como otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, el modo de hablar y modales.

Luego, señaló que la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas, definición que también recogió de los Principios de Yogyakarta.

Hizo notar que el no reconocimiento a la identidad de género se traduce en que los colegios mantienen el uniforme escolar basado en modelos establecidos para hombre y mujer y que no se ajustan a cómo la persona vive y siente su género. Hizo presente que en la educación superior y en los trabajos se nombra a las personas transexuales por su nombre legal y no por su nombre social. Así, las mujeres transexuales, es decir, a quienes se les asignó un sexo masculino al nacer pero cuya identidad es femenina sufren discriminación por ejercer su derecho a vestirse de acuerdo a su sentir íntimo de género, lo mismo el hombre transexual que es objeto de innumerables discriminaciones al realizar actividades cotidianas como estudiar, buscar empleo o al acogerse a beneficios del Estado.

Por estas consideraciones, estimó fundamental tener una definición legal sobre la materia y valoró que este proyecto de ley siga los Principios de Yogyakarta, que es el fruto del trabajo serio de académicos y expertos que definieron la identidad de género.

Luego, reflexionó sobre la importancia de incorporar a los niños, niñas y adolescentes en este proyecto de ley y expresó que dejarlos fuera sería un acto discriminatorio. Complementó que resguardar sus derechos, protegerlos de la discriminación y de la estigmatización es fundamental, ya que lo vivido y experimentado en la temprana infancia puede generar marcas profundas en la vida de un ser humano.

Acotó que es poco habitual hablar de identidad de género en la niñez, no obstante estimó que es imperativo hacerlo, ya que el reconocimiento de la propia identidad no es un proceso que empieza a los dieciocho años de edad, por el contrario, un niño adquiere su identidad de género cuando es capaz de reconocerse a sí mismo como perteneciente a un género y de etiquetar el de los demás correctamente. Puntualizó que de acuerdo a los estudios de psicología infantil utilizados a nivel internacional, esto ocurre a partir de los dos años y medio, cuando se hace la identificación de género a partir de las características externas, como la longitud del pelo y el tipo de ropa.

Resaltó que en la infancia una identidad de género distinta de la asignada al momento de nacer se manifiesta de múltiples maneras. A modo de ejemplo, mencionó la insistencia en que se es del otro sexo, en la preferencia por simular vestimenta del sexo opuesto, el deseo intenso de participar en juegos y pasatiempos del otro sexo, y también en manifestar un malestar persistente con el propio sexo. En el caso de las niñas transexuales, esto se manifiesta, por ejemplo, en el rechazo al pene o a los testículos o en el desarrollo a una aversión hacia los juegos violentos y juguetes propios de los varones. Los niños transexuales, por su parte, pueden expresar un sentimiento de rechazo a orinar en posición sentado o en el deseo de tener un pene y de no tener pechos, ni menstruación.

Comentó que hasta el momento son escasos los estudios sobre adolescentes y los que existen indican que una vez aceptada la transexualidad es importante facilitar el acceso, inicio y desarrollo del proceso de reasignación sexual, lo que evitará futuras dificultades psicosociales y un mejor desarrollo personal.

Indicó que en parte por el modelo normativo de la sociedad, las personas transexuales se enfrentan a una dura circunstancia vital que es acentuada por el estigma social y la discriminación. Todo ello, continuó, genera desesperanza, angustia, incapacidad e impotencia en la lucha por la aceptación personal y por la integración social, llegando incluso a cuestionarse la propia existencia. Por ello, dijo, los estudios realizados reflejan un alto índice de intentos de suicidio y de mortalidad en las personas transexuales.

A continuación, relató los nombres de las personas que viven esta realidad para que Sus Señorías no olviden que están legislando sobre seres humanos. En primer lugar, mencionó a Selena Paz una niña transexual de cinco años, cuyo nombre legal dice que es un hombre, que comenzó a usar vestidos ya no sólo en privado, sino que también en público. Refirió el cambio radical que vivió cuando su familia aceptó su identidad de género y le permitió vestirse como la hermosa niña que se siente y es. Si bien para su familia esto no ha sido un proceso fácil, hoy su madre, abuelas y hermanas disfrutan al verla feliz.

En segundo lugar, mencionó a Camilo, diecinueve años, en que después de un intento de suicidio decidió enfrentar a su familia y comunicarles que era un hombre transexual. Relató que el mero reconocimiento de su identidad de género por parte de sus padres le ha cambiado su vida, quien hoy sigue su tratamiento hormonal y mira la vida con esperanza.

En tercer lugar, nombró a Matías, quien legalmente tiene nombre de mujer y es un menor de trece años que ha sufrido en carne propia la estigmatización, abuso y discriminación que habitualmente sufren las personas transexuales. Contó que Matías fue discriminado por profesores y compañeros. Cada mañana sus compañeros lo metían en el tarro de la basura a la vista de los adultos y le gritaban insultos, sin que ningún docente interviniera, lo que le provocó un gran daño emocional y moral. Su hermana de tan sólo nueve años de edad fue increpada por la profesora de música, por tener una hermana que al morirse se iría al infierno y se quemaría en él, porque quería ser niño y Dios la había hecho niña. Relató que después de varios meses de apoyo profesional, Matías, ha comprendido y aceptado su identidad de género y hoy conversa con sus pares para transmitirles lo que significa ser transexual y que ahora se siente seguro porque es amado y respetado por sus padres.

Explicó que con estos ejemplos pretende demostrar que este proyecto de ley le devuelve a todos una cualidad de la que nunca nadie debe ser excluido, que es la de ser un ser humano. En este sentido, señaló que el reconocimiento a la identidad de género devuelve la dignidad a cada persona y que, en este contexto, el cambio de nombre y sexo tiene la connotación de garantizar un profundo respeto a la dignidad humana. Así, arguyó que si no se reconoce la identidad de género de niños, niñas y adolescentes en este proyecto de ley no sólo seremos responsables de nuevas discriminaciones y estigmatizaciones sino que se habría fracasado en la construcción de un Chile más respetuoso, inclusivo, digno y justo.

En seguida, el Asesor del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia, señor José Miguel Poblete, se centró a la indicación del Honorable Senador señor Letelier, que se refiere al oficio que el juez debe enviar después que se dicte la sentencia que acoge la solicitud de cambio de sexo. Explicó que el sistema de sexo registral tiene tres áreas: la partida de nacimiento, los registros públicos en general que contienen el sexo de las personas y los registros privados. Indicó que este proyecto de ley modifica la partida de nacimiento y la idea es que a partir de su modificación se produzca por dispersión la modificación de los demás registros públicos que incluyen el sexo, que aproximadamente llegan a unos doscientos ochenta registros, según lo informa el Servicio de Registro Civil.

Adicionalmente, con esta indicación esta difusión de la sentencia podría extenderse hacia los registros privados, tales como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Isapres y casas comerciales. Al efecto, señaló que esta indicación faculta al juez a oficiar el cambio de sexo a todas las instituciones que considere pertinentes e incluso a las que le sugiera el mismo solicitante. Así, se configura una comunicación oficial del Estado de que una persona ha cambiado su sexo y su nombre.

Con respecto a la observación de la Excelentísima Corte Suprema al artículo 5° de este proyecto de ley, expuso que la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, salvaría estos comentarios, porque se consideraría a los niños como legitimados activos para pedir el cambio de sexo. En el mismo sentido, mencionó la indicación que incluye a la sentencia estimatoria como causal de terminación del matrimonio, ya que se trata de un tema propio del estado civil y como tal sería propio de la jurisdicción de familia. Bajo este contexto, estimó que la opinión de la Excelentísima Corte Suprema debería ser distinta.

El Honorable Senador señor Quinteros felicitó a la Honorable Senadora señora Pérez por haber presentado esta iniciativa legal, porque coloca en su justo lugar el desarrollo de las libertades individuales, lo que permitirá el desarrollo de una sociedad más inclusiva. Sin perjuicio de lo anterior, preguntó que qué pasará con el certificado de nacimiento del menor, en que uno de sus padres solicitó el cambio de sexo.

El Asesor del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia respondió que en base a la información que le proporcionó el Servicio de Registro Civil esta hipótesis no es parte de este proyecto de ley. Al efecto, indicó que en esta iniciativa no se cuestiona que la calidad de la madre esté asociada el sexo femenino, aunque reconoció que se estaría ante un caso en que un menor tendría dos progenitores del mismo sexo. Consignó que la calidad de madre o padre es más bien un tema reglamentario del Servicio de Registro Civil y como tal no tendría que resolverlo este proyecto de ley. No obstante, señaló que entiende que la palabra padre o madre tiene una connotación de género muy fuerte, que uno podrá o no compartir, pero que sin duda es un tema que debe tenerse presente.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Quinteros planteó la inquietud de analizar la conveniencia de mantener en la cédula de identidad la indicación del sexo de las personas.

El Asesor del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia respondió que una de las observaciones que formuló el Profesor de Derecho Civil Hernán Corral tiene que ver con esta idea. En efecto, con el fin de evitar tipo de problemas, planteó eliminar de la cédula de identidad la referencia al sexo de las personas o reemplazar esta información por su género. Dijo que el problema se radica en que la palabra sexo se vincula a una cuestión biológica o cromosómica, por lo que opinó sería más adecuado utilizar la palabra género. Además, resaltó la necesidad de analizar otros temas, como la presunción de paternidad, y otras normas del Código Civil y del Código Sanitario.

Por su parte, el Honorable Senador señor García consultó por los Principios de Yogyakarta.

La Abogada señora Ximena Gauché explicó que los Principios de Yogyakarta tienen un origen en la sociedad civil, que intentó configurar una serie de principios de interpretación para las normas de los derechos humanos cuando son aplicados en el ámbito de la diversidad sexual. Informó que en este documento participaron más de cien expertos, que representaban a la judicatura internacional, al activismo y a la academia. Una vez terminado, fueron presentados ante las Naciones Unidas y acogidos por su Asamblea General. Destacó que hoy se han constituido en el estándar que utiliza las Naciones Unidas frente a los Estados en esta materia.

Complementó que en el Derecho Internacional forman parte del “soft law”, como también lo son la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en el ámbito de los derechos de la mujer, y las Directrices de Riad, en materia de justicia penal adolescente, que inspiró la ley N° 20.084. Además, en el caso particular de Chile, indicó que estos Principios se hacen más potentes, porque en el Examen Periódico Universal, que se rinde ante el Consejo de Derechos Humanos de los Estados pares, se le ha dicho a Chile y, en general, a todos los Estados que deben seguir estos estándares en materia de derechos a la diversidad sexual.

En sesión de 16 de abril de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la Profesora de Derecho Civil y Directora del Centro de Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez, quien señaló que le gustaría centrarse en las motivaciones generales de este proyecto de ley, pero antes manifestó su inquietud en señalar que se está abordando un derecho de la personalidad y como tal no puede desaprovechar esta oportunidad para hacer presente la necesidad de nuestro país de regular en forma sistemática los derechos de la personalidad, lo que hoy no existe en nuestro Código Civil, ya que únicamente norma el principio y el fin de la existencia de las personas y nada dice sobre el derecho al nombre, a la identidad o a la imagen, que en otros países están regulados en sede civil y no sólo a nivel constitucional.

En relación con este proyecto de ley, se refirió, en primer lugar, a uno de sus fundamentos, el cual descansa en la idea de que el derecho interno está obligado a legislar en esta materia para dar cumplimiento a obligaciones internacionales que pesan sobre Chile, lo que en su opinión supone realizar dos afirmaciones: una, que existe este deber y, dos, que este deber sólo se cumple de la manera que este proyecto está siendo formulado.

Al respecto, consideró que estas dos premisas son debatibles, porque no existe ningún deber internacional por parte del Estado chileno de reconocer un derecho de identidad de género en los términos que este proyecto de ley lo hace, puesto que no existe ningún tratado, ni documento internacional vinculante para Chile en esta materia. A su vez, advirtió a Sus Señorías que los Principios de Yogyakarta que se invocan no son vinculantes, ya que son simples declaraciones.

Luego, señaló que tampoco es efectivo que exista un derecho a la identidad de género como se plantea en este proyecto de ley, aunque sí reconoció que existe un derecho consagrado internacionalmente sobre la identidad, pero que no hace referencia al género. Ahora bien, comentó que en nuestro ordenamiento jurídico la identidad de género, por efecto de la Ley de No Discriminación, sí puede ser invocada para fundar una discriminación, porque fue regulada como una categoría a proteger.

Indicó que aun asumiendo que existe este derecho, ello no sería un argumento suficiente que obligue al Estado a darle un reconocimiento absoluto a la decisión unilateral de una persona de invocar la identidad de género como fundamento para solicitar la rectificación de la partida de nacimiento para el cambio de sexo y nombre en los términos en que viene formulado en esta iniciativa legal, en que el tribunal requerido está prácticamente obligado a concederla.

Al revés, apuntó, que si se observa el derecho comparado se puede concluir que existen infinidad de países que no tienen esta legislación especial y que los que sí la tienen no han seguido una solución uniforme, ya que existen diversas fórmulas de tratamiento. Además, dejó en claro que los países que no han regulado esta materia no han sido objeto de ningún reproche internacional. Asimismo, hizo presente que lo países que han aprobado una ley de identidad género aún siguen debatiendo sobre la materia, por lo que tampoco se podría afirmar que estas legislaciones contienen reglas consolidadas. En el caso de este proyecto de ley, refirió que es una reproducción de la ley de Argentina, por lo que no se trata de una norma original.

Complementó que este proyecto de ley también descansa en la idea de que esta reforma es necesaria en razón del principio de igualdad y de la autonomía que se busca reconocer a las personas en esta materia, en dos áreas que son propias del orden público. Al efecto, resaltó que no se trata de autonomía contractual para celebrar un contrato de compraventa, sino que del ejercicio de la autonomía en un derecho de la personalidad, como es el nombre y el estado civil.

Además, subrayó que este proyecto de ley, en lo que dice relación con sus efectos, importa modificaciones en las relaciones de familia, por lo que se está incidiendo en un segundo ámbito de orden público, cual es el derecho de familia, en donde el espacio de la autonomía es aún más restringido, lo que obliga a enfrentar a este proyecto con mayor cuidado.

En cuanto al articulado del proyecto de ley, en primer lugar, observó que tanto en el artículo 1° como en el 2° se alude al derecho a la identidad de género, no obstante que no existe este derecho propiamente tal. Además, consideró que la expresión identidad de género es indeterminada, aunque se intente definirla tomando los Principios de Yogyakarta.

Asimismo, dio cuenta que el artículo 3° reconoce este derecho a toda persona, lo que se ve reforzado por el artículo 4°, que menciona los requisitos necesarios para ejercerlo. No obstante, reparó que prácticamente no le coloca ninguna condición adicional para su ejercicio, a diferencia de lo ocurre en el derecho comparado.

Al efecto, observó que para el cambio de sexo no se exige ninguna certificación médica, a diferencia de lo que exige la ley española, que pide que se haya diagnosticado disforia de género y que haya sido tratada médicamente al menos por dos años, a fin de acomodar las características físicas a las propias del sexo reclamado. Algo similar acontece en la ley uruguaya, que requiere que en la presentación de la demanda se acompañe un informe técnico de un equipo multidisciplinario. En esta misma línea, citó las leyes de Italia, Holanda, Alemania, Reino Unido, México, Brasil, Colombia, Turquía e Irlanda, que exige un dictamen de facultativo. Incluso, informó que en algunos países se exige una cirugía previa de reafirmación de sexo.

De esta manera, concluyó, existen un sinnúmero de soluciones y se observa en la legislación comparadas que la mayoría exige algún tipo de certificación médica, no por una arbitrariedad, sino para proteger el interés del solicitante, ya que se ha descubierto la existencia de síndromes semejantes al transexualismo mal diagnosticados, que inducirían a la operación de cambio de caracteres sexuales externos y que terminan en depresiones profundas o en suicidios. Por ello, hizo presente a Sus Señorías la necesidad de contar con la exigencia de un diagnóstico médico previo.

Luego, se refirió al tema del interés de los derechos de terceros y de la sociedad que, en general, pueden resultar afectados por el cambio de sexo y de la apariencia, como puede suceder en el caso del cónyuge que no fue informado previamente del cambio de sexo de su marido o mujer, o de los padres o hijos, en cuyo caso los hijos pasarían a tener dos madres o dos padres, lo que sin duda generará un impacto en ellos.

Posteriormente, observó que este proyecto de ley permite a toda persona, cualquiera sea su estado civil, solicitar la rectificación de su partida de nacimiento para el cambio de sexo. Advirtió a Sus Señorías que esta iniciativa no sólo produce efectos en la persona que pide el cambio de sexo, sino que también se proyecta a terceros, como todo lo que se vincula con los estatutos de la persona. Para evitar estos problemas, comentó que en varios países se exige que la persona sea soltera o que el solicitante sea incapaz de procrear, como sucede en Suecia, que fue el primer país en regular este tema. Algo similar, ocurre en Alemania y en Holanda, que no corresponden a países que puedan ser catalogados de conservadores.

En cuanto al derecho a oposición, señaló que el artículo 6° exige un perjuicio directo e indirecto, de carácter moral o patrimonial, lo que en su opinión no es suficiente, ya que para acreditar un perjuicio se debe recurrir a los tribunales, y como todos saben el ejercer una acción jurisdiccional constituye un importante disuasivo en nuestro país. También, dijo, supone una restricción al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona que de alguna manera está siendo afectada, porque impone la carga de la prueba a la persona afectada, que está obligada a demostrar que ese cambio le genera un perjuicio.

Asimismo, reparó que este proyecto de ley dispone que la oposición tendrá una tramitación incidental, procedimiento que tiene un término probatorio brevísimo, en el que probablemente el afectado no podrá obtener la prueba que requiere para acreditar el perjuicio, en particular las pruebas médicas. Peor aún, continuó, el afectado no tendrá la facultad para forzar al solicitante a que se realice alguna especie de prueba médica.

Por otra parte, dijo que el proyecto no advierte que estos eventuales terceros, tales como cónyuges, hijos y otros, puedan demandar una indemnización de perjuicios por los daños que le cause el cambio de sexo del solicitante.

En vista de ello, expresó que para evitar cualquier posibilidad de afectar a terceros y generar más problemas y conflictos, la mayoría de las legislaciones han optado por aprobar los resguardos antes mencionados, como el consagrar que sólo podrán ejercer la solicitud del cambio de sexo quienes no pueda procrear, a fin de evitar posibles conflictos con los hijos.

En lo que dice relación con el tribunal competente, señaló que el proyecto opta por darle la competencia a los tribunales de familia, lo que consideró bastante curioso, porque no existe ninguna relación de familia que se afecte y, por lo tanto, no entiende por qué estos tribunales tienen que conocer un conflicto que no es materia de familia.

No obstante, comentó que algunos apoyan que estas causas sean conocidas por los tribunales de familia en el entendido de que se apruebe la indicación que extiende este derecho a los menores de edad, ya que al estar éstos involucrados la jurisdicción competente sería los tribunales de familia.

Por otro lado, afirmó que la opción de extender este derecho a los niños es una alternativa que claramente debe ser descartada, ya que todavía no existe evidencia alguna que demuestre que se puede reparar el daño que produce un cambio errado de sexo a una edad en que aún no existe pleno discernimiento, por más que se hable del desarrollo progresivo del niño y del adolescente. Por eso, continuó, las legislaciones comparadas exigen que se trate de mayores de edad, como sucede en Suecia, Reino Unido y en Alemania.

En cuanto al procedimiento, concordó en que se opte por entregar la tramitación de esta solicitud a los tribunales de justicia y así, la tramitación sería coherente con el tratamiento que se da en nuestro derecho al cambio de estado civil, el cual en principio es inmutable e indisponible, por lo que sólo excepcionalmente se permiten ciertas rectificaciones, amparadas en la Ley que Autoriza el Cambio de Nombre y Apellido, que se tramita en sede judicial, lo que ha permitido que en Chile no existan grandes problemas con la identificación de las personas. Comentó que revisó las estadísticas entre los años 1995 y 2006 del Servicio de Registro Civil y sólo existen 332 casos de cambio de nombre. Apuntó que este reducido número de casos se debe a que esta gestión debe ser tramitada en sede judicial.

En seguida, insistió en reparar el procedimiento elegido para la oposición a esta gestión, puesto que consideró insuficiente la tramitación incidental para fundar, acreditar y probar una posición fundada de afectación. En su opinión, este procedimiento a lo menos debiera tramitarse conforme a un procedimiento sumario.

Además, manifestó su desacuerdo con el cercenamiento a las facultades probatorias del tribunal que el proyecto propone. En primer lugar, enunció que se prohíbe al tribunal recurrir a medios farmacológicos, psicológicos y psiquiátricos para acreditar la identidad de género. En segundo lugar, se le constriñe a valerse sólo de una información sumaria de testigos que el solicitante acompaña y de un oficio de la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil, y en tercer lugar, se dispone que en ningún caso el tribunal podrá decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal o ante otras reparticiones para formar su convencimiento.

De este modo, arguyó, se impide al tribunal formarse convicción sobre los hechos planteados, lo que no ocurre en ningún otro procedimiento. Así, se transforma a los tribunales en meros buzones de estas solicitudes, lo que se complica aún más con la materia que se pretende abordar cual es el cambio de sexo, que además tiene una proyección en la salud de la persona y como tal sería la única materia sanitaria en que el tribunal no tiene facultad para procurarse pruebas biológicas básicas.

A continuación, se refirió a los efectos de este proyecto de ley, consagrados en su artículo 9°, que señala que no afectará las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados. Al respecto, advirtió a Sus Señorías que dado que no se exige que el solicitante sea soltero se estaría tácitamente autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que no está permitido en nuestra legislación. De este modo, remarcó que se estaría aprobando una ley que abiertamente permite incumplir otra ley. Además, indicó que supone una desaprensión respecto de lo que es el matrimonio y, particularmente, de los derechos del cónyuge que puede estar casado con esta persona que no necesariamente le ha informado sobre su cambio de sexo, por lo que se puede afectar su vínculo matrimonial.

De este modo, consignó que también se afecta el mandato constitucional de fortalecer la familia y el deber legal que establece que el matrimonio es la base principal de la familia, por cuanto se genera un conflicto con la afectación de los derechos de uno de los cónyuges, sin ninguna consideración.

Comentó que esto implica abrir las puertas a la afectación de los hijos que puedan existir, lo que consideró más grave aún, ya que se trata de menores de edad que no tienen la capacidad y tampoco los medios para poder protegerse y obtener los medios necesarios para enfrentar lo que este cambio importa para ellos, al pasar a tener dos padres o dos madres.

Resaltó que se olvida la primacía del interés superior del niño frente al interés del adulto, lo que es un principio internacional, que establece que frente a un conflicto de intereses se debe optar por el interés del menor y como tal se debe evitar que haya una afectación indebida de sus derechos. Complementó que la Convención de los Derechos del Niño asegura a los menores tener una familia idónea, lo que tampoco se cumpliría con esta fórmula de tener dos padres o madres del mismo sexo.

Finalmente, se refirió a la indicación que pretende sustituir el derecho a la oposición fundada en la noción de perjuicio por el fraude de ley. Resaltó que si bien el concepto de fraude de ley que se propone incluir es bastante amplio, no se debe olvidar que es distinto fundar una oposición en la existencia de un perjuicio que en un fraude, porque el fraude obliga al eventual afectado a demostrar la intención dolosa de causar perjuicio y, en la mayoría de los casos la persona que está solicitando el cambio de sexo no está buscando engañar a nadie, por lo que en la práctica la acreditación del fraude de ley sería inviable. Por ello, consideró que es mejor mantener la noción de perjuicio.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica, señor Mauricio Besio, quien hizo presente a Sus Señorías que existe evidencia que las personas caracterizadas como transexuales o con disforia de género llevan una vida con bastante sufrimiento, que no se supera con una reasignación biológica de sexo, lo que se logra con un tratamiento hormonal o quirúrgico.

En sintonía con lo anterior, trajo a colación el trabajo del Profesor Dhejne, de Suecia, que en el año 2011 dio a conocer los resultados de un seguimiento de 324 pacientes transexuales suecos que se sometieron a una reasignación sexual hormonal y quirúrgica entre los años 1973 y 2003. Informó que a pesar de tener una reasignación exitosa estas personas tuvieron una mayor tasa de mortalidad. Al efecto, comentó que tuvieron diecinueve veces más posibilidades de morir por suicidio y que varios de ellos, al menos en tres oportunidades, fueron hospitalizados por trastornos psiquiátricos.

Así, sostuvo que no es fácil describir la condición de ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa, pero que además existen otros datos y discusiones en que se demuestra que pueden existir diversos trastornos psiquiátricos, como la llamada autoginofilia, que es una especie de parafilia o desviación sexual.

En rigor, apuntó que existe un intenso debate sobre el tema y que ni siquiera los psiquiatras han llegado a un acuerdo, por lo que estimó que aparece bastante arriesgado aceptar un cambio legal de sexo, sin una evaluación médica previa.

Luego, se refirió al artículo 11 del proyecto de ley, que se vincula con la ética médica y que justamente corresponde a su campo de estudio. Al efecto, indicó que esta norma permite a todas las personas, sin necesidad de autorización judicial o administrativa, acceder a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género.

Sobre el particular, precisó que desde la óptica de la profesión médica no se puede entender que un facultativo realice intervenciones con un elevado riesgo, como son la mastectomía, histerectomía, y extirpación testículo y pene, por la mera petición de un paciente. Subrayó que el médico, antes de realizarlas, debe llegar al convencimiento que esa intervención generará un beneficio total al paciente, a pesar de los riesgos que involucra. Bajo este contexto, consideró que es imposible que un urólogo, endocrinólogo o ginecólogo pueda hacer un juicio previo sin una evaluación psiquiátrica.

Por último, apuntó que en el caso de los menores de edad la ambigüedad sexual es un tema controversial, cuya discusión está pendiente, en especial, determinar si es o no adecuado realizarles intervenciones médicas. Así, hizo notar a Sus Señorías que los niños y adolescentes no tienen la madurez suficiente para pedir un cambio de sexo, por lo que estimó que sería arriesgado dejar esta decisión sólo a ellos o a sus padres.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, señora Catalina Siles, quien señaló que el proyecto de ley toma como modelo la ley Argentina del año 2012, que reconoce legalmente el cambio de sexo, basado únicamente en el deseo personal de la propia autopercepción del solicitante.

En seguida, comentó que el proyecto de ley pretende consagrar el derecho de todo individuo a vivir de acuerdo a su identidad de género, aun cuando ésta presente una incongruencia respecto de su sexo biológico. Reconoció que no se puede dudar sobre la dicotomía que sufren las personas transexuales y el sinnúmero de problemas que presentan, los que deben ser siempre resueltos considerando la dignidad de las personas e impidiendo que sean víctimas de tratos vejatorios y discriminaciones arbitrarias.

No obstante, resaltó que existe la duda si este proyecto efectivamente resuelve dichos problemas. En razón de lo anterior, explicó que su exposición pretende demostrar algunas de las dificultades e inconsistencias que puede generar esta ley, sobre las que vale la pena reflexionar antes de legislar en la materia.

Observó que esta propuesta parece desconocer un dato objetivo, cual es el sexo biológico. Acotó que este hecho es más que un elemento accidental, porque implica una carga genética, órganos sexuales masculinos y femeninos, diferencias hormonales que actúan en circuitos cerebrales distintos. En definitiva, puntualizó que el cuerpo es constitutivo de la identidad personal. Sin perjuicio de ello, detalló que bajo la lógica de esta ley se tiende a considerar la corporalidad humana como un apéndice mecánico o como un mero instrumento de expresión de la conciencia personal carente de sentido, lo que implica una cierta minusvaloración del cuerpo que no está exenta de ciertos peligros.

En rigor, subrayó que se deben preguntar si esta modificación no es sólo en apariencia y, por tanto, si este cambio registral constituiría una especie de artificio, pues una persona no puede pertenecer realmente a otro sexo con todas las características fisiológicas ya mencionadas. Precisó que nuestra identidad no parte de la nada, sino de una realidad concreta y tangible que establece ciertos límites a lo que se puede hacer.

En esta misma línea, hizo presente que la condición humana tiene sus propias condiciones. Dicho de otro modo, reconoció que la entidad humana puede adquirir distintas variantes, no obstante, éstas no pueden ser arbitrarias, sino que deben tener en cuenta todas las dimensiones de la persona que otorgan los marcos de referencia para la propia autorrealización.

De lo anterior, coligió que el concepto de sexo y género no pueden estar completamente disociados, si bien es cierto que la categoría de género hace referencia a roles masculinos y femeninos, socialmente construidos, asignados a varones y mujeres respectivamente, eso no significa que sean completamente arbitrarios, sino que deben atender a la realidad de la diferenciación sexual que no puede ser desconocida, más aún si se considera que el sexo y el género son dos categorías completamente distintas y no vinculadas entre sí.

En este contexto, se preguntó por qué mediante la identidad de género se pretende modificar el sexo registral que hace referencia a una dimensión distinta, que corresponde a la realidad biológica que en rigor no puede modificarse. En su opinión, eso parece ser una contradicción.

Asimismo, cuestionó que la identidad de género dependa de la autopercepción del sujeto, como se expone en este proyecto de ley. En el mismo sentido, apuntó que esta iniciativa permite que el cambio de sexo registral sea posible sólo una vez en la vida, lo que consideró restrictivo, si se entiende que la identidad de género depende solamente del deseo subjetivo, basado en la voluntad de la persona. Luego, de acuerdo a esta premisa, sería perfectamente posible que la voluntad varíe innumerables veces, al ser esencialmente dinámica.

Señaló que el proyecto sostiene que la identidad de género proviene más bien de un sentimiento personal y, en ese contexto, el cuerpo pasaría a ser un mero accidente. Pero, puntualizó, existen numerosas razones para pensar que esto no es así y a modo de ejemplo, mencionó el conocido caso Reimer, que corresponde a un experimento llevado a cabo por el doctor John Mornig, que inventó el concepto de identidad de género a propósito del caso de dos hermanos gemelos, en que demostró la relevancia de la biología respecto de la educación y de la cultura.

Informó que uno de ellos perdió el pene al ser operado de fimosis cuando tenía seis meses y el doctor Mornig convenció a sus padres para que fuera educado como una niña y lo llamaron Brenda. Relató que Brenda nunca se sintió mujer y, a los quince años, pasó a ser David y, posteriormente, a los treinta y nueve años se suicidó. Obviamente, concluyó, que se está ante un caso dramático que no debería replicarse en Chile, no obstante, arguyó que se trata de un ejemplo que se debe tener en consideración.

Reconoció que la conexión entre la biología y la personalidad no es inexistente. Así, al negar por completo la realidad biológica se desvirtúa el sentido propio del registro civil. Al parecer, observó, esta institución ya no registrará hechos, sino meras declaraciones de voluntad con todas las complicaciones que supone para un sinnúmero de materias.

Asimismo, subrayó que es importante tener claro que de la sexualidad se desprenden relaciones básicas que fundan la familia, sociedad, maternidad, paternidad y vínculo conyugal, todos elementos que no pueden ser desconocidos por la legislación.

En consecuencia, resaltó que la identidad sexual tiene una trascendencia jurídica que va más allá de la voluntad y subjetividad personal. En este sentido, reseñó que afecta radicalmente a terceros involucrados, como podría suceder en el caso de una persona casada que modifica su sexo registral sin avisarle a su cónyuge.

En seguida, formuló una serie de preguntas que no resuelve el presente proyecto de ley, a saber: qué pasará con el matrimonio en que uno de sus cónyuges modifica su sexo, será inexistente; qué sucederá si la mujer da a luz un hijo y luego cambia su sexo registral, pasa a ser padre, y que sucederá con los hijos que antes tenían un padre y una madre, ahora tendrá dos padres o dos madres. Sin embargo, reparó que este proyecto de ley sostiene que el cambio de sexo no afectará las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

En otro ámbito, puso de relieve que esta iniciativa permite el cambio de sexo registral a menores de edad. Al respecto, se preguntó si un menor puede tomar una decisión tan radical. En efecto, destacó que es importante considerar que un niño puede verse influido negativamente en este sentido por no poseer la madurez de vida requerida, ni tampoco el criterio para una decisión de esta envergadura, más aún si no cuenta con la autorización de sus padres.

Posteriormente, citó al jurista italiano Francesco de Agostino e indicó que la pregunta fundamental no es responder qué sexo quiere una persona, sino cómo puede ser acogida en su diversidad, respetando siempre la realidad de las cosas y la identidad del afectado.

Finalmente, consideró que este proyecto de ley evidencia una visión un tanto reduccionista y disyuntiva de la sexualidad, que no integra ambos aspectos: el biológico y el socio psicológico, sino que tiende a desconocer el primero y no considera los derechos de los terceros involucrados y las consecuencias en el ordenamiento jurídico y social.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Profesor de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica, señor Álvaro Ferrer, quien señaló que el proyecto establece el reconocimiento y protección a la identidad de género, y al hacerlo introduce un antecedente inédito, curioso y riesgoso en nuestro ordenamiento jurídico, pues crea un derecho subjetivo, cuyo antecedente o causa no es más que la concepción que la persona tiene de sí misma, es decir, su opinión, sentimiento y conciencia pasan a ser causa eficiente de dicha acción, lo que faculta a esta persona a exigir de la autoridad una serie de prestaciones, como el cambio registral del sexo y nombre, e intervenciones quirúrgicas mutilantes e irreversibles.

Resaltó que no existe en el resto del ordenamiento jurídico algo semejante, porque en nuestro derecho el mero sentimiento personal no constituye fuente de derecho. Desde luego, indicó, en la doctrina tradicional sobre los títulos o la causal del derecho no existe nada parecido. Complementó que algunos podrán pensar que el sentimiento o la vivencia interior es fuente de derecho, como en el caso del derecho a adherir a una religión, pero no es así, pues si bien la religión va acompañada de un importante sentimiento, no es el sentimiento su causa, sino un efecto de la firme adhesión y comportamiento de la persona conforme a un credo determinado.

A continuación, puso de relieve que otros podrán pensar que esto sí ocurre en los casos de calumnias e injurias, pero aclaró que esto tampoco es así, puesto que no basta que la persona se sienta ofendida para que el juez tenga por acreditado el delito y castigue al ofensor.

Bajo este contexto, consignó que es inédito que en nuestro ordenamiento jurídico se establezca que la mera subjetividad sea la causa para la existencia, el reconocimiento y el ejercicio de un derecho. Detalló que las consecuencias de este antecedente son importantes para la certeza jurídica y para materias de orden público.

A propósito del concepto de identidad, informó que el Diccionario de la Real Academia Española nos entrega varias acepciones sobre este concepto, las que a su juicio no son suficientemente rigurosas para reflexionar sobre esta materia. Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, explicó que se entiende por identidad “aquello por lo que cada ser es igual a sí mismo”, vale decir, que se trata de una expresión sustantiva del principio universal, por el cual cada cosa es idéntica a sí misma, lo que es evidente. Acotó que esta evidencia permite concluir que la identidad de una cosa es aquello que nos permite reconocerla en su particular y unívoca especificidad, pues si todas las cosas son iguales a todas las demás, sería imposible distinguir una de otra. Por tanto, afirmó que la identidad es lo que otorga inteligibilidad intrínseca a cada cosa y que permite distinguirla y conocerla tal como es a diferencia de las demás.

Puntualizó que si la identidad es el fundamento intrínseco de la inteligibilidad de todo lo real, se entiende que existe desde que la cosa existe y mientras exista. Así, concluyó que la identidad es simultánea y permanente a la existencia de las cosas, de ahí arguyó que resulta ilógico sostener que las personas pueden modificar o determinar, a posteriori su identidad, porque mientras existan serán siempre seres racionales sexuados, por lo que pretender que la deliberación, el sentimiento o la experiencia posterior puede realmente modificar lo que somos, es contradictorio con la misma noción de identidad.

Por ello, estimó que este proyecto de ley se basa en un concepto de identidad débil, esencialmente cambiante, determinado ya no por lo que la persona es, sino por lo que piensa o siente sobre sí misma, por tanto, reflexionó que constituye un giro copernicano, que pone al hombre cerrado sobre sí mismo como principio y fin de la verdad sobre su identidad, cuestión lógicamente absurda, puesto que la unidad de medida siempre tiene que ser distinta de la cosa que se mide, lo que se ignora en este proyecto de ley, porque la identidad es causada y evaluada por la misma subjetividad de la persona.

En este contexto, sostuvo que este proyecto de ley tiene un carácter ideológico, pues lo propio de toda ideología es constituir un pensamiento alejado de lo real, cerrado sobre sí mismo, donde la auto comprensión reemplaza a la realidad y, desde ella misma, pretende modificar la realidad. Así, el viejo adagio “pensar bien consiste en pensar las cosas como son” es sustituido por “las cosas son lo que yo pienso que son”.

En la misma línea, dijo que el proyecto al fundar la regla de la realidad en la pura subjetividad, adolece del añejo vicio inmanentista, incompatible con el sentido común y con la misma práctica parlamentaria, ya que si la verdad es causada sólo por lo que cada persona siente o piensa, el diálogo pierde todo sentido, porque la verdad de cada cual será incapaz de persuadir a quien piensa distinto. Para ello, continuó, cada cual tendría que abrirse a la realidad exterior, al menos, para escuchar sinceramente al otro.

En cuanto a las consideraciones particulares, se refirió al artículo 2º, inciso primero y observó que la redacción adolece del inmanentismo y subjetivismo ideológico ya comentado, pero además incurre en un vicio grave al contravenir las reglas lógicas de las definiciones, puesto que la definición debe ser más clara que el término definido, luego no ha de contener términos que, a su vez, requieren de otra definición.

Complementando lo anterior, dio cuenta que este artículo establece que se entenderá por identidad de género “la vivencia interna e individual del género,…, siempre que la misma sea libremente escogida”. Así, reparó, no se define lo que se entiende por género. Este artículo adolece de falta total de inteligibilidad y abre las puertas a que el contenido de la misma definición sea completado por la interpretación jurisdiccional que, frente a esta total indefinición, podría arribar a conclusiones diversas y contrarias, con lo cual la intención de proteger a determinadas personas con este proyecto de ley se termina diluyendo.

En el mismo sentido, no compartió la indicación sugerida por el Honorable Senador Ossandón a este inciso, pues adolece del mismo subjetivismo al pretender radicar la determinación de la identidad en la conciencia mudable de cada persona.

Sobre el artículo 2º, inciso segundo, apuntó que resulta irracional subordinar el orden jurídico al deseo y a la concepción subjetiva que la persona tiene de sí misma. En efecto, el artículo señala que toda norma o procedimiento debe respetar y no podrá limitar, restringir, suprimir, ni imponer requisitos a este derecho, por lo tanto, reconociendo que la doctrina moderna de derechos humanos considera la identidad de género como una categoría protegida, tal como lo hace la ley Nº 20.609, esta categoría se transforma en la categoría reinante, frente a la cual quien quiera y cuando quiera, según dicte su fuero interno, podrá obligar a subordinarse a los demás y al mismo ordenamiento jurídico, a fin de interpretar y aplicar las normas siempre a favor del acceso a este derecho, que es determinado por la vivencia interna de la persona.

Por tanto, arguyó, esta redacción proclama que por sobre el derecho está la subjetividad de las personas. Lo anterior, elimina la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que objetivamente es suyo, y no lo que subjetivamente considera como tal.

Con respecto al artículo 3º, indicó que si se quiere ser coherente con la primacía de la subjetividad como causa del derecho subjetivo, no sería congruente limitar la rectificación de la partida de nacimiento a una sola vez, puesto que resulta contradictorio fundar la existencia del derecho en la subjetividad y, acto seguido, negar que la misma subjetividad pueda cambiar y exigir un derecho proporcionado.

Con todo, estimó que la solución que plantea la indicación del Honorable Senador señor Ossandón deja el asunto en una situación aún más desventajosa, porque entrega todo a la primacía de la subjetividad, que puede invocarse, en un sentido u otro, de modo indefinido. En este mismo sentido, consideró que la indicación propuesta por la Honorable Senadora señora Pérez, que faculta a los menores de edad a pedir una segunda rectificación de la partida de nacimiento, tampoco solucionaría el problema, puesto que reconoce que la vivencia interior que determina la identidad puede cambiar.

Luego, compartió el resto de las indicaciones formuladas al mismo artículo, principalmente las propuestas por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que limitan la primacía de la subjetividad, al restringirla a personas mayores de edad, no casadas y sin hijos, cuyo nacimiento esté inscrito en Chile. Sin perjuicio de ello, hizo notar que tales restricciones se fundan en datos objetivos de la realidad frente a los cuales el mundo interior del sujeto cede paso, lo cual constituye otra muestra más de la incoherencia radical y transversal que afecta a este proyecto de ley.

Sobre el artículo 4º, observó que no exige más que información sumaria, aportada por el mismo solicitante, para ejercer el derecho y obtener la rectificación de la partida de nacimiento. Al respecto, sostuvo que no existe en el ordenamiento jurídico ningún procedimiento jurisdiccional, en el cual lo que sienten las personas, mostrado o dado a conocer por el medio que fuere, constituya per se la prueba suficiente y vinculante para que el juez deba actuar necesariamente en una dirección con exclusión de toda otra.

En cuanto al artículo 6º, reparó sobre la oposición de terceros a la rectificación de la partida de nacimiento, ya que el proyecto establece causales de interés patrimonial o moral, y la existencia de una causa criminal pendiente entre opositor y solicitante. Lo anterior, resulta especialmente compleja, puesto que dado que la rectificación de partida aún no se ha realizado, es de suyo imposible probar que el solicitante ya ha alcanzado algún beneficio patrimonial para el cual sea requisito estar inscrito como persona del sexo opuesto. Lo mismo se puede decir sobre la prueba de un perjuicio patrimonial, que debe originarse en el cambio de sexo registral. Reparó que estos perjuicios se basarían en meras presunciones sobre hechos futuros eventuales, lo que hace que la prueba se torne más compleja, más aun tratándose de la identidad de género, que como categoría protegida por la ley N° 20.609 exige un estándar probatorio mayor.

Adicionalmente hizo presente otro problema, cual es que tratándose del juicio de proporcionalidad que se hace en referencia a una categoría protegida de discriminación, es siempre indispensable que dicha categoría tenga fundamento en una condición objetiva, de lo contrario el mismo juicio de proporcionalidad entre la categoría y la acción u omisión resultaría imposible de probar.

Finalmente, sentenció que esto ocurre porque el proyecto establece que la identidad de género no es una cuestión objetiva, puesto que se basa en la mera subjetividad, lo que implica que el juicio de proporcionalidad referido a la discriminación arbitraria resulta imposible, lo que se suma a que será la víctima la que deberá llenar esta categoría protegida de contenido, con lo cual en la práctica terminará siendo juez y parte.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al Director Legislativo de Comunidad y Justicia, señor Tomás Henríquez, quien centró su exposición en los fundamentos de este proyecto de ley. En primer lugar, se refirió a las supuestas obligaciones de derechos humanos que tiene nuestro país en la materia. Resaltó que el punto de partida de este análisis debe ser el hecho de que no existe ningún tratado en específico que se encuentre suscrito y ratificado por nuestro país que mencione a la identidad de género y que, además, la consagre como un derecho humano básico, como consta en la idea fundante de esta iniciativa, en que se establece que el país tiene el deber de cumplir con esta obligación internacional, lo que se complementa con lo señalado por la Profesora Gauché, quien expresó que el derecho a la identidad de género está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y en el Pacto de San José de Costa Rica.

Afirmó que esto no es así, porque las fuentes del derecho internacional son los tratados internacionales y la costumbre, según lo establece el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. A partir de ello, acotó, se puede entender que el Estado se obliga como Estado soberano en la medida de que exista un tratado o una costumbre, fuentes que en este caso no existen.

Además, apuntó que las observaciones y recomendaciones que realizan los organismos internacionales monitores de tratados u otros organismos, como ONU Mujeres o la Organización de las Naciones Unidas no son fuentes de derecho, sino “soft law” y como tal no son vinculantes, ni tampoco son obligatorias para el Estado de Chile.

De lo anterior, coligió que el proyecto se funda en un error, al asumir que las observaciones y declaraciones que hacen los organismos internacionales son fuentes del derecho internacional, sin serlo. Del mismo modo, subrayó que tampoco son parte del ordenamiento jurídico internacional los proyectos de tratados que no se encuentran en pleno vigor en el ámbito internacional.

En seguida, preguntó si los tratados internacionales propiamente tales o la costumbre consagran efectivamente el derecho humano básico a la identidad de género y respondió negativamente porque en ninguna de las normas jurídicas que se dan como fundamento a este proyecto de ley, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW y la Convención de Derechos del Niño, se menciona la identidad de género, a lo más se hace una referencia al concepto de identidad en la Convención de los Derechos del Niño, pero centrada en la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, todos criterios objetivos.

Luego, citó al profesor Douglas Sunders que es miembro de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, quien reconoció que ninguno de los instrumentos internacionales de derechos humanos hace referencia a la orientación sexual o la identidad de género, puesto que el Sistema Internacional de los Derechos Humanos se concentra en grupos específicos. De hecho, detalló que la mayoría de los tratados y programas tratan sobre la raza y el sexo, y sobre preocupaciones relativas a grupos específicos, como los refugiados, niños, minorías culturales, pueblos indígenas, trabajadores migrantes y discapacitados.

Señaló que sólo en la medida en que se han invocado normas relacionadas a la privacidad y normas generales sobre la igualdad es que lesbianas y gays han obtenido algún tipo de reconocimiento. Al efecto, explicó que esta privacidad se ha entendido como un derecho a la vida privada, que también puede derivar en un derecho a la honra y a la prohibición de parte del Estado de intervenir arbitraria o ilegalmente en la vida de los ciudadanos.

Por parte, trajo a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Karen Atala, en el que se podría entender que la identidad de género se encuentra reconocida, afirmación que estimó bastante cuestionable, porque se funda sobre hechos relativos a la orientación sexual, más que en la identidad de género, la que constituye una categoría distinta.

En cuanto a los fallos de otros tribunales internacionales y, en particular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dio cuenta que efectivamente existe jurisprudencia fundada en el derecho a la privacidad en relación con la derecho a la identidad, pero que también es necesario tener en consideración de que esto no es un antecedente vinculante para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni menos para nuestro país.

Posteriormente, observó que algunos han planteado como antecedente jurídico de este proyecto de ley a los Principios de Yogyakarta. Al respecto, insistió en que el concepto de identidad de género no se encuentra definido a nivel internacional, porque es una materia controvertida. Al efecto, señaló que no existe referencia en los tratados, ni en las resoluciones que han emanado de la Asamblea de las Naciones Unidas y que, por lo mismo, ninguno de éstos lo reconoce, ni lo define, razón por la cual se recurre a los Principios de Yogyakarta, documento no vinculante que contiene derechos integrales y especiales para personas que se identifican como parte de la población LGBTI.

Detalló que los Principios de Yogyakarta son veintinueve principios, que fueron redactados en el año 2006 por un grupo de veintinueve personas, integrado por académicos, ex funcionarios electos y activistas de este tipo de derechos, quienes en conjunto plantearon un documento que, en sí, es una agenda de política social y no verdaderamente principios de derecho vinculantes.

Observó que estos Principios no han sido negociados, ni acordados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y que, por lo mismo, no son aplicables, por lo que manifestó preocupación por el hecho de que se les comience a reconocer como una norma jurídica, no obstante que han sido sistemáticamente rechazados a nivel internacional.

Además, reparó que los Principios de Yogyakarta son incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como también respecto de nuestra Carta Fundamental, puesto que promueven un cambio radical en nuestro Derecho de Familia, modificando la concepción del matrimonio y dando a lugar a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, lo que sería una aplicación literal de estos Principios.

Sentenció que el reconocimiento a los Principios de Yogyakarta constituye una violación a los principios del derecho internacional, ya que el reconocimiento de la igualdad soberana de todos los miembros es el principio organizativo sobre el cual se construye la organización de las Naciones Unidas, consagrado en su Carta Fundamental. Al mismo, tiempo comentó que los Estados se rigen además por el principio de la autodeterminación, de tal forma que ninguna disposición de esta Carta y del derecho internacional autoriza a las Naciones Unidas para intervenir en los asuntos que son esencialmente parte de la jurisdicción interna de los Estados, como sucede en este caso.

Por todo lo anterior, concluyó que no existe nada en el derecho internacional de los derechos humanos que obligue a Chile a dar lugar al reconocimiento de la identidad de género.

Con todo, en caso de que Sus Señorías persistan en la idea de legislar en la materia, sugirió seguir el modelo europeo y no el argentino.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Director de Acción Familia, señor Juan Antonio Montes, quien señaló que no le queda claro si este proyecto de ley regula derechos humanos o derechos de carácter biológico. Indicó que, a su modo de ver, se trata de una iniciativa fuertemente ideologizada que pretende imponer una nueva filosofía y un modo de ser en la legislación chilena. Al igual que el expositor anterior, remarcó que no existe ninguna norma internacional que obligue al Estado de Chile a regular esta materia.

En seguida, lamentó que este proyecto de ley no tomara en consideración el caso de Francia, que en el año 2008 planteó una propuesta similar sobre identidad de género, la que fue rechazada por cincuenta y siete países, y respecto de la cual importantes personajes se pronunciaron en su contra, como su Santidad, el Papa Benedicto XVI, quien señaló que en el concepto de identidad de género está en juego la visión del ser mismo y de lo que realmente significa ser hombre.

Por ello, calificó a esta filosofía como la falacia profunda de la teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella, es decir, se está ante una verdadera revolución del ser mismo. Indicó que a estas palabras se suman los comentarios de todos los Obispos de América del Sur, quienes señalaron que la identidad de género ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y a la identidad de la familia. Además, complementó, se han sumado las Conferencias Episcopales de España y de Perú, que han sostenido exactamente lo mismo.

Recalcó que todos resaltan que esta nueva ideología de género se funda en un concepto marxista y freudiano de la persona que reemplaza la lucha de clases por la lucha de sexos. Así, se está ante un nuevo concepto del hombre, en que el ser humano ya no es una identidad creada naturalmente, sino que se estaría ante una entidad autocreada.

Con el fin de fundamentar que este proyecto de ley implica la aceptación de una nueva ideología, que niega las bases mismas del concepto natural y cristiano de la familia, leyó lo señalado por el Honorable Senador señor Girardi, al fundamentar su voto favorable a la idea de legislar sobre este proyecto de ley en la Sala del Senado, lo que a continuación se transcribe:

“…por lo tanto al hablar de esta materia tal vez estamos mirando la punta del iceberg haciendo una reflexión muy esencial, quizás una visión más completa de la sexualidad tiene que ver no sólo con un imperativo de devolverle a cada ser humano la autonomía sino que también con la necesidad que se entienda lo que a muchos les cuesta asimilar, que somos parte de una familia evolutiva extendida que venimos de una sexualidad común que tenemos una hermandad con las plantas, los seres vivos y con todo lo que nos rodea. Nos permitirá discutir en el Congreso en algunos años más que este proyecto de ley acepta esta filosofía de la identidad de género, que les permitirá legislar en algunos años más de cómo nos unimos con lazos indisolubles que nos relacionan con el resto de los seres vivos de los que hemos separado y a los que nos sentimos parte de la naturaleza, la que estamos destruyendo de la misma manera como lo hicimos durante siglos con quienes tenían colores, visiones, religiones y orientaciones sexuales diferentes. A mi entender, éste es un paso terapéutico para la sociedad chilena y falta mucho más…”.

Luego, se refirió a la indicación presentada por la Honorable Senadora señora Pérez, a propósito de los menores de edad. Al respecto, señaló que el proyecto no estipula ningún concepto de mayoría o minoría de edad y que así fue estratégicamente acordado con la entonces Ministra de Justicia, señora Cecilia Pérez, época en que se optó por dejar para la discusión en particular el análisis de una indicación de esta naturaleza. Apuntó que la indicación en comento habla de un “curador ad litem”, para defender los derechos sexuales del niño, lo que en su opinión contraviene los derechos de la patria potestad de los padres que tienen el derecho prioritario para educar a sus hijos.

Ahora bien, dijo que si se acepta que tanto los mayores como los menores de edad pueden pedir el cambio de sexo, se cae ipso facto el artículo 365 del Código Penal, el cual fue trabajado, entre otros, por el Honorable Senador señor Patricio Walker, para prevenir los delitos sexuales y el abuso de menores, porque si un menor de edad puede cambiar su registro y su identidad sexual también puede tener libre consentimiento a partir de una mínima edad para entablar relaciones con otra persona, cosa que por lo demás está contemplado en el presente proyecto de ley en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. De este modo, resaltó que se daría paso a una despenalización de la pedofilia.

Luego, se refirió al artículo 9° de este proyecto de ley, que señala: ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse, ni impedir el ejercicio de los derechos establecidos por esta ley. Observó que este artículo viola las garantías constitucionales a la libertad de enseñanza, porque obligaría a todos los colegios del país a aceptar la identidad de género con todas las consecuencias que esto pueda tener, lo que implica una negación de los manuales de convivencia de los proyectos educativos.

También, hizo presente que el proyecto niega el derecho de los padres a educar a sus hijos y el derecho a la libertad religiosa. Al respecto, recordó que la Iglesia Católica y muchas confesiones religiosas consideran las conductas homosexuales como intrínsecamente desordenadas y como tal se prohíben para sus fieles, por tratarse de un pecado mortal. Acotó que la Iglesia al predicar este mensaje está haciendo una negación del derecho de la identidad de género, por lo que tácitamente estaría negando al artículo 9°.

Por todo lo anterior, estimó que este proyecto de ley es gravemente perjudicial para el bien común del país y sugirió a Sus Señorías rechazarlo en su integridad.

En sesión de 7 de mayo de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la representante de Red Trans Chile, señora Alejandra Soto, quien señaló que la organización que lidera está compuesta por ocho organizaciones a nivel nacional y que, en general, todos sus integrantes conocen y apoyan el presente proyecto de ley.

En seguida, se mostró partidaria de permitir a los mayores de catorce años solicitar el cambio de sexo, que cuenten con la autorización de sus padres, ya que, argumentó, en la mayoría de los casos la feminización del cuerpo comienza a los doce años de edad.

Posteriormente, puso de relieve el drama que viven las personas transexuales, que a pesar de sentirse y vivir como una mujer mantienen el nombre de un hombre, o viceversa, lo que les impide optar a un trabajo más estable y son fuertemente discriminadas, especialmente si se trata de un hombre que se siente y viste como una mujer, exacerbado por una sociedad excesivamente machista, porque no sucede lo mismo cuando se está ante una mujer que se siente y viste como un hombre.

También, dio cuenta de la situación de las personas transexuales que se han realizado una vaginoplastía y que, a pesar de ello, no pueden acceder al cambio de nombre y de sexo en forma inmediata, teniendo que recurrir a una gestión judicial larga y engorrosa, que depende de la buena voluntad de un juez.

Finalmente, subrayó la importancia de este proyecto de ley y consignó la necesidad de que también beneficie a las personas transgénero privadas de libertad.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Representante del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré, señora Gia Lessandra Gil, quien señaló que como mujer colombiana lidera a esta organización a nivel Sudamericano y expresó su interés por asistir a esta sesión, porque considera fundamental que se apruebe este proyecto que ya existe en otros países de América del Sur. Hizo presente que ha conocido varios casos de chilenas que han llegado a Colombia y que han sido ridiculizadas en la Aduana o en la Oficina de Migración por su nombre masculino y su apariencia femenina.

En rigor, apuntó, apoya esta iniciativa en la medida que chilenas y chilenos puedan pedir su cambio de sexo y de nombre en sede administrativa, ya sea ante el Servicio de Registro Civil o ante un Notario Público, porque mantener esta propuesta en sede jurisdiccional implica perpetuar un procedimiento largo y costoso. Al efecto, destacó la necesidad de aprobar un proceso rápido como la mejor alternativa para las personas transexuales, más aun asumiendo que en Chile existe una Ley Antidiscriminación, conocida como la Ley Zamudio, que impide toda forma de discriminación, lo que implica que toda persona tiene el derecho a vivir en sociedad con la identidad de género que quiera. De lo contrario, estimó que la persona estaría siendo vulnerada en sus derechos y, por ende, discriminada.

Posteriormente, la Comisión escuchó a la Representante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), señora Isabella Aguayo, quien apoyó la necesidad de formular una indicación que permita a las personas transexuales rectificar su partida de nacimiento para cambiar su sexo y nombre en un procedimiento rápido ante el Servicio de Registro Civil y no ante los tribunales ordinarios de justicia.

Al efecto, refirió que uno de los problemas que experimenta la población transexual es la tardanza en la regularización de su identidad y el que se trate de un trámite en sede judicial implica que tendrán que entablar una demanda ante los tribunales de justicia y que transcurrirán varios años en que estas personas quedarán en una especie de limbo, mientras el juez decide.

En su opinión, se trata de un proceso netamente de Derecho Civil y como tal debe quedar radicado ante el Servicio de Registro Civil. De esta manera, acotó que se facilita el proceso de regularización de la identidad de las personas transexuales y se abaratan sus costos. Complementó que la elección del género escapa del ámbito de competencia de los jueces, porque se trata de un asunto del fuero interno de las personas y como tal no tiene por qué un juez deliberar sobre el sexo de las personas.

Por lo anterior, pidió a Sus Señorías formular una indicación al presente proyecto de ley para que este trámite se radique en el Servicio de Registro Civil.

Luego, la Comisión recibió en audiencia al Coordinador de Valpo Trans, señor Máximo Cáceres, quien señaló que encabeza una organización de la sociedad civil, que trabaja por los derechos de las personas transexuales en el Gran Valparaíso, e informó que elaboraron un documento que recoge algunas de las vivencias que experimentaron personas transexuales hoy adultas, que en su infancia y adolescencia vivieron momentos difíciles debido a la transfobia de nuestra sociedad. Reseñó que en esta oportunidad compartirá dos de estos testimonios.

En primer lugar, relató el caso de Max, de veintitrés años que nació y creció en la Región de Valparaíso. Su época de colegio no fue buena debido a su identidad de género, sufrió “bulling” y nadie se quería juntar con él, por ser un niño raro al que nadie le hablaba. Cada inicio del año escolar soñaba que ese año sí tendría amigos, pero esto no sucedía. Usaba el uniforme de mujer y para no mostrar sus piernas se colocaba calcetines largos, en varias ocasiones lo encerraron en el baño de niños para gritarle otras expresiones de carácter ofensivas.

También, sufrió burlas de sus primos por su afán de pintarse la cara con lápiz de ojos color negro para dibujarse barba y peinarse como un niño. Cuando tenía once años le preguntó a su madre llorando, si se iría al infierno por sentirse hombre siendo mujer, a lo que ella respondió que no, porque lo que vivía era normal y que en algún momento de su vida todo este dolor pasaría, lo que nunca sucedió.

En su adolescencia, su padre lo llevó al psicólogo para cambiar este sentimiento, pero no resultó ya que todavía siente ese deseo de ser hombre.

En segundo lugar, trajo a colación el caso de Claudia, quien tiene treinta y seis años y es matrona de profesión, pero no puede ejercer porque su cédula de identidad y su título profesional dicen que se llama Juan Carlos. Refirió que durante su niñez comenzó bruscamente a darse cuenta de que era una niña, se vestía de niña con la ropa de sus hermanas y madre y lo hacía como algo inocente, porque la llenaba de felicidad.

Una vez en el colegio, la profesora ordenó a los hombres jugar fútbol y a las mujeres hacer una ronda, en medio de llantos, la maestra la separó de sus amigas y la obligó a jugar fútbol con los hombres que se burlaron de ella.

Luego, se convenció de ocultar este sentimiento para sobrevivir y así llegó a la universidad viviendo una doble vida. En ese período experimentó el maltrato por ser transexual por los grupos neonazis, que la golpearon y le dejaron grandes cicatrices. Fue en aquella época que descubrió que lo que vivía se llamaba transexualidad.

Hoy, el maltrato y la discriminación continúan, no tiene trabajo por ser mujer transexual, a pesar de tener un título profesional.

Después de relatar estas historias, comentó a Sus Señorías que la infancia y la adolescencia de una persona transexual está marcada por el dolor y el sufrimiento, porque viven en una sociedad en donde el desconocimiento y la discriminación son la base de una transfobia brutal. Afortunadamente, expresó, hoy existen padres y madres conscientes y responsables, que acogen con amor a sus hijos e hijas trans, que luchan porque se les respeten sus derechos, en especial su derecho a la identidad de género.

Sin embargo, lamentó que no sea el caso de todas las familias y colegios, porque todavía existen personas transexuales menores de edad que son vulneradas en sus derechos, como sucede con el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la educación y a la protección de la salud, entre otros. Acotó que esto ocurre porque no se respeta su identidad de género y, en tal contexto, este proyecto de ley es una oportunidad para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas transexuales.

Asimismo, consideró que es una oportunidad para avanzar en materia de protección de la infancia con un enfoque de derechos y para construir una sociedad más justa, democrática y respetuosa de todos sus integrantes.

En consecuencia, manifestó su apoyo al proyecto de ley y estimó que las indicaciones formuladas por la Honorable Senadora señora Pérez van en la línea correcta, porque les devuelve la dignidad, algo que se les quita constantemente con comentarios que los satanizan o encasillan como enajenados mentales. Al efecto, dejó en claro que no son enfermos mentales y tampoco una equivocación de la naturaleza, son simplemente seres humanos que no necesitan patologizarse para decidir sobre sus vidas y su cuerpo.

La señora Soto, representante de Red Trans Chile, lamentó que las personas transexuales no existan para la sociedad, porque se les asume como hombres en cuerpo de una mujer y viceversa. En esta misma línea, reparó que no existe ningún catastro a nivel nacional de quiénes son las personas transexuales, ni siquiera en el Programa de VIH del Ministerio de Salud.

Según los antecedentes que maneja, refirió que la población transgénera llega al 90% de la población transexual de Chile y valoró que, por lo menos, en el área de la salud están siendo más respetadas con el proyecto de la vía clínica, en el cual se les individualiza de acuerdo a su nombre social, lo que constituye el primer reconocimiento oficial de su identidad.

Luego, la señora Isabella Aguayo, representante de MOVILH complementó que en Chile desde el año 2011 existe una vía clínica que coloca a disposición de los usuarios los procedimientos que necesiten para regularizar su situación corporal, independientemente de su situación económica, lo que constituye una política pública en nuestro país, que además ha permitido a las personas transexuales a ser tratadas por su nombre social en las distintas instituciones de la salud pública y que, incluso, existen escuelas que están enseñando a los niños a respetar a las personas transexuales.

Destacó la importancia de educar, porque se tiende a discriminar lo diverso, por ello hizo un llamado a Sus Señorías y a la sociedad, en general, a conversar estos temas para que las personas transexuales puedan ser tratadas como ciudadanos de plenos derechos y que no se vean obligadas a trabajar en el comercio sexual, si no lo quieren.

El Honorable Senador señor Walker, don Patricio, consultó a los invitados a partir de qué edad las personas transexuales pueden acceder a estos procedimientos médicos.

La señora Isabella Aguayo representante de MOVILH respondió que a partir de los dieciocho años.

Enseguida, el señor Subsecretario de Justicia informó que el Gobierno le quitó la urgencia a este proyecto de ley, para que la Comisión pudiera recibir todas las audiencias que estime pertinente. Acotó que una vez que éstas terminen, plantearán algunas observaciones al proyecto de ley, que recogen algunas de las visiones que han formulado los invitados.

A su turno, el Honorable Senador señor Navarro pidió a la Comisión que una vez que terminadas las audiencias se abra un nuevo plazo de indicaciones para recoger los planteamientos formulados por las diversas entidades recibidas por la Comisión.

El Honorable Senador señor Ossandón apoyó la propuesta del Honorable Senador señor Navarro de abrir un nuevo plazo de indicaciones una vez que hayan escuchado a todos los interesados, e indicó que si bien le parece una buena idea el proyecto de ley, considera que para acceder al cambio de sexo se debe exigir un informe médico o psiquiátrico, que respalde la solicitud, tal como lo hace la ley de Uruguay. Aclaró que esta medida no implica colocar nuevas trabas, sino que intenta proteger a las personas que están en esta situación.

Además, hizo presente su intención de retirar la indicación que establece que no podrán contraer matrimonio las personas que han obtenido, mediante una sentencia judicial, el cambio de sexo, porque entendió que las personas transexuales perfectamente están capacitadas para contraer matrimonio.

Por último, hizo un llamado a Sus Señorías para tomarse todo el tiempo que sea necesario para el estudio del presente proyecto de ley, a fin de escuchar a todos los sectores y conocer la legislación comparada que existe en la materia y a no restringirse con la legislación Argentina.

En sesión de 11 de junio de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Lorena Fries, quien destacó que el Estado de Chile en los últimos años ha logrado importantes avances con el propósito de dotarse de una institucionalidad y un marco normativo eficaz que garantice el respecto de los derechos de todas las personas, sin discriminación.

Al efecto, trajo a colación la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la cual consagra un mecanismo judicial específico al cual pueden acceder las personas que han sido víctimas de discriminación y que incorpora a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías sospechosas. Reconoció que si bien la alusión a la identidad de género y a la orientación sexual constituye un hito para el reconocimiento de los derechos del grupo de Lesbiana, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (LGBTI), aún existen desafíos pendientes y vacíos legislativos, ya que nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una normativa específica y adecuada que reconozca plenamente el derecho a la identidad de las personas transexuales.

En seguida, dio cuenta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual 2013 abordó la situación de las personas transexuales, resaltando que este grupo ha sido y sigue siendo víctima de abuso, discriminación y de violencia. Refirió que en dicho Informe se asumió que la discriminación que padecen las personas transexuales es constitutiva de una discriminación estructural, vale decir, que se reconoce que este sector de la población se encuentra en desventaja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales y fácticos, por lo que se requiere de la adopción de medidas especiales de equiparación.

Resaltó que, dado que la mayoría de las sociedades están estructuradas bajo la distinción de sexo entre hombres y mujeres, el análisis de la identidad de género de las personas transexuales es un desafío. Al efecto, señaló que las categorías de sexo femenino y masculino dejan en una zona confusa a un conjunto de personas para las que no existe correspondencia entre su sexo y su género y que en sociedades tan dicotómicas como la nuestra quedan fuera del margen de protección de la ley. Acotó que, justamente, la misión que tiene el Instituto es relevar este tipo de situaciones y mostrar que existe un déficit en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas trasnsexuales.

A continuación, hizo presente que el derecho comparado ha entendido que las personas transexuales requieren de protección, tal como ha sucedido en Australia, Alemania y Argentina. En el caso de Alemania, se aprobó la existencia de un tercer sexo o categoría indeterminada, permitiendo que los bebés con una genitalidad no definida no sean inscritos al momento de nacer bajo ningún género. En Argentina, comentó, se promulgó una ley de identidad de género, que la reconoce y consagra el derecho a rectificar el sexo registral y el cambio de nombre cuando éstos no coincidan con la identidad de género autopercibida.

En el Sistema de las Naciones Unidas destacó que se han producido importantes avances al comprender que existe un vacío en la protección y en el respecto de los derechos de las personas transexuales. A modo ilustrativo, mencionó la Resolución del Consejo de Derechos Humanos del año 2011, que mandató a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a realizar un estudio a nivel global de la situación que viven las personas transexuales, producto del cual el Alto Comisionado de las Naciones Unidas elaboró una guía llamada “Nacidos Libres e Iguales”, en que se constata que las personas trans no logran el reconocimiento legal de su género preferido, ni la modificación del sexo y nombre en los documentos de identidad expedidos por los Estados, por lo que se recomienda a los Estados “a que faciliten el reconocimiento legal y se disponga la expedición de documentos de identidad sin conculcar otros derechos humanos”.

En el marco del sistema interamericano, comentó que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el año 2013 dictó una resolución, que condena todas las formas de discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, e instó a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas, que eliminen las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays, bisexuales, trans e intersex en el acceso equitativo a la participación política y a otros ámbitos de la vida pública.

Asimismo, señaló que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos de los Niños en su observaciones finales han manifestado su preocupación por la afectación y el menoscabo al derecho a la igualdad y no discriminación en Chile, por lo que han recomendado al Estado a dirigir todos sus esfuerzos para la adopción de un marco normativo en conformidad con los estándares internacionales en materia de no discriminación.

También, apuntó que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el mes de enero de este año, en el marco del Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal, formuló una serie de recomendaciones a nuestro país. En particular, mencionó la recomendación de los Países Bajos, que llamó a nuestro país “a prestar apoyo a las nuevas leyes y medidas para luchar contra las actitudes discriminatorias en la sociedad y para evitar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en la educación pública y apoyar iniciativas en materia de igualdad”.

A nivel nacional, reconoció que la Constitución Política del Estado no contiene una referencia expresa al derecho de identidad, no obstante indicó que el Tribunal Constitucional, a propósito de un caso en que se cuestiona la paternidad de un menor, ha resuelto que es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico interno. Al efecto, reseñó que el Tribunal Constitucional planteó que si bien no existe el derecho a la identidad en la Carta Fundamental, este derecho tiene un vínculo tan cercano con la dignidad humana que es imposible no darle reconocimiento a nivel nacional, más aún, porque se encuentra consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito, los que en virtud del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental se entienden incorporados a la legislación nacional.

Actualmente, reparó que ante la ausencia de normas específicas, las personas transexuales han utilizado, para ejercer su derecho a la identidad, una interpretación extensiva de la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellidos y modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil. Informó que para fundar sus solicitudes han invocado las dos causales de cambio de nombre, a saber: cuando éstos sean ridículos, risibles o produzca un menoscabo moral o material a la persona y cuando las personas sean conocidas durante cinco años por otro nombre o apellido y existan motivos plausibles para fundar la solicitud.

Subrayó que dado que la interposición de las solicitudes de cambio de nombre de las personas trans se han basado en una interpretación extensiva de la legislación vigente, las decisiones de los tribunales han sido disímiles y, por regla general, desfavorables. Al respecto, consignó que las sentencias se han fundado en los siguientes argumentos: no se procede al cambio de nombre porque no existe norma específica que reconozca la identidad de género; autoriza el cambio de nombre más no el de sexo, o rechaza el cambio de nombre por no acreditarse intervención quirúrgica.

En relación a este último punto, lamentó que el cambio de nombre y de sexo se asocie a la obligación de realizarse una intervención quirúrgica que no necesariamente es deseada por la persona que hace la solicitud. En esta misma línea, comentó que el Relator contra la Tortura, señor Juan Méndez, señaló en su último informe que la imposición de un tratamiento quirúrgico, psiquiátrico o psicológico a personas transexuales constituye un trato cruel inhumano, e incluso un acto de tortura.

Posteriormente, resaltó que el ejercicio de los derechos de las personas en condiciones de igualdad es un requisito esencial de toda sociedad democrática y así lo ha entendido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al establecer la prohibición de los Estados de discriminar. Refirió, en este mismo sentido, que nuestra Constitución Política de la República en su artículo 1°, inciso primero consagra el principio de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Explicó que la igualdad exige un reconocimiento formal de la misma y que el ejercicio de este derecho no sea obstruido por impedimentos fácticos, vale decir, que el derecho sea reconocido y ejercido libremente sin restricciones. Complementó que el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que “la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos”. Detalló que algo similar planteó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Adicionalmente, señaló que el principio de igualdad y no discriminación también tiene una concreción específica en la igualdad ante la ley, es decir, en el derecho de toda persona a ser tratada igual ante la ley y a ser protegida por la misma. Así, consideró que no sólo es una cláusula general, sino también un conjunto de derechos específicos, que Chile ha ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta misma línea, comentó que las Cortes y los Comités de Tratados han sostenido que los listados en que se detallan los tipos de discriminación no son exhaustivos y que los Estados deben estar abiertos a nuevas categorías, como la orientación sexual y la identidad de género.

Bajo este contexto, reconoció que no existe ningún instrumento internacional que aborde los derechos de las personas trans, ni una norma específica sobre la identidad de género. No obstante, apuntó que sí existen principios fundantes del derecho internacional de los derechos humanos que avalan la protección de este derecho dentro de los parámetros y estándares de los derechos humanos. A modo ilustrativo, trajo a colación a los Principios de Yogyakarta, que constituyen orientaciones para los Estados, a partir de la reafirmación de normas legales vinculantes que todos los Estados deben cumplir, en relación a los mentados principios de igualdad y no discriminación.

A continuación, subrayó que el artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes consagra el derecho a la identidad, por lo que sostuvo que no es nuevo en la comunidad internacional hablar de preservar la identidad, como el elemento fundamental que determina el carácter único de las personas. Complementó que la identidad es un derecho que tiene, por una parte, una variante dinámica que se va construyendo en el tiempo y, por otra, que es fija y que corresponde a las características físicas con que nace cada persona.

Posteriormente, hizo presente a Sus Señorías que el derecho a la identidad debe vincularse a otro estándar en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cual es el derecho a la vida privada. Al efecto, comentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, a propósito del caso Artavia Murillo y Otros contra Costa Rica, señaló que la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo la capacidad para desarrollar la personalidad y aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales, vale decir, que el derecho a la identidad está directamente vinculado con el respecto al derecho a la vida privada de la persona.

A nivel nacional, remarcó que no obstante la ausencia de una normativa que permita el reconocimiento legal de la identidad existen algunos avances, aunque exiguos. Consignó que uno de ellos es la Circular N° 21 del Ministerio de Salud, que exige dar un trato digno a las personas trans que acuden a la red asistencial y, otro, que emana del Servicio Médico Legal, por el cual instruyó modificar sus protocolos y eliminar las referencias a las categorías de sexo masculino y femenino, a fin de dar un trato digno a las personas transexuales en el marco de solicitudes de cambio de nombre y sexo registral.

En cuanto al proyecto de ley, comentó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su sesión del pasado lunes, acordó hacer presente a esta Comisión que valora esta iniciativa legal, porque consagra un reconocimiento legal del derecho a la identidad de las personas transexuales y porque establece un mecanismo judicial, que permite el cambio de nombre y de sexo registrado en las partidas de nacimiento y en otros documentos públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, hizo notar a Sus Señorías que este proyecto de ley no incluye a las personas intersex, que son aquellas en que concurre genitalidad masculina y femenina a la vez, por lo que hizo un llamado a tenerlas presentes. Informó que respecto de ellas la comunidad internacional ha acordado que estas personas pueden ser operadas sólo una vez que hayan alcanzado la mayoría de edad.

Por otra parte, sugirió mejorar la definición de identidad de género que se consagra en el artículo 2° de este proyecto de ley, porque si bien es concordante con los Principios de Yogyakarta, consideró que debiera ser más precisa y no utilizar fórmulas condicionales, ni tampoco paréntesis, que deterioran el sentido normativo de la definición y, consecuencialmente, su función como criterio orientador de significados. Así, planteó mantener como criterios los Principios de Yogyakarta, que son recogidos en el artículo 1° de este proyecto de ley y estudiar la posibilidad de eliminar los elementos condicionales del artículo 2° para hacerlo más claro en términos de definición.

Asimismo, subrayó la importancia de evitar la confusión en la terminología. Al efecto, comentó que las indicaciones del Honorable Senador señor Ossandón confunden a la identidad de género con la identidad sexual. Al respecto, opinó que dada la complejidad de la materia sería preferible seguir los lineamientos internacionales para operar bajo los mismos conceptos.

En cuanto a los legitimados activos para ejercer el derecho a solicitar el cambio de sexo, manifestó su apoyo a la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, que faculta a los menores de edad a pedir el cambio de nombre y sexo, con la debida representación legal y siempre que se les escuche previamente. La idea, continuó, es proteger el interés superior del niño, que no es otra cosa que velar porque a través de ese interés el niño, niña o adolescente pueda ejercer todos los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, el derecho a ser escuchados y oídos. De esta manera, sostuvo que le parece apropiado que los menores de edad puedan por sí optar al cambio de sexo, debidamente representados o autorizados por sus padres o por un curador ad litem, como se propone en la mentada indicación. En estos casos, valoró que esta indicación considere que una vez que los menores cumplan la mayoría de edad puedan contar con un período de un año para rectificar, si lo desearen.

Acto seguido, previno que no se puede exigir como antecedentes a esta solicitud el uso de medios o de tratamientos farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o quirúrgicos, porque existen normas internacionales que determinan que estos antecedentes pueden constituir un acto de tortura, al obligar a una persona a someterse a algunos de estos tratamientos. Por lo anterior, formuló un llamado a Sus Señorías a rechazar este tipo de indicaciones que exigen una intervención quirúrgica para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de sexo.

Posteriormente y a nombre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, afirmó que, si bien no existe ningún instrumento internacional que obligue a Chile a legislar específicamente sobre la identidad de género, existen estándares internacionales que sí obligan a nuestro Estado a avanzar en el reconocimiento de las personas transexuales, dado que existen actos concretos de discriminación que impiden el ejercicio efectivo y el goce de todos los derechos humanos a estas personas.

Finalmente, destacó la importancia de este proyecto de ley, que coloca a Chile en la senda correcta para enfrentar uno de los problemas más profundos que hoy vive, a propósito de las innumerables situaciones de discriminación que padecen distintos grupos de la población.

Antes de continuar con la siguiente exposición, el Honorable Senador señor Matta pidió a la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos una propuesta de definición para el concepto identidad de género.

En seguida, la Comisión recibió en audiencia al Psiquiatra, señor Francisco Javier Bustamante, narró un caso que ocurrió a principios de los años sesenta en Estados Unidos referido a dos gemelos que nacieron en Canadá, en que a uno de ellos, por error, se le amputó el pene al momento de hacérsele una circuncisión.

Apuntó que en esa época estaba en boga la teoría de la identidad de género y que uno de sus principales exponentes era el psicólogo John Money, quien pregonaba que no se podía hablar de identidad sexual, sino de identidad de género, por corresponder a un constructo social.

La familia de este menor acudió al psicólogo para resolver el problema de su hijo, quien le propuso educar a este menor como si fuera una mujer. Así, los padres lo vistieron de niña y lo matricularon en un colegio para mujeres. Sin embargo, el menor en su adolescencia comenzó a presentar conductas masculinas y a sentirse atraído por las mujeres, lo que fue captado por sus compañeras y comenzó a ser duramente discriminado por sus pares.

Más tarde, los padres decidieron consultar a otro especialista, quien les recomendó decirle la verdad a su hijo, lo que significó un gran golpe para ese menor. Posteriormente, se sometió a varias terapias para adecuarse a su sexo, sin resultados, lo que lo llevó a suicidarse a los veinticinco años.

Luego, informó que en nuestro país también existe un caso similar, que sucedió en la década de los noventa en el Hospital de Talca. Relató que en el año 1993 nació un niño a las treinta semanas de gestación, al nacer prematuro evidenciaba cierta ambigüedad en sus genitales. Los médicos tratantes detectaron que presentaba dos bultos inguinales y pensaron que eran hernias, por lo que decidieron operarlo, pero durante la cirugía se percataron que no eran hernias sino genitales y sin consultarle a sus padres le extrajeron los testículos y la mayor parte de sus genitales. Tras ocultar esta información, le comunicaron a la familia que el niño era niña, sólo que tenía un clítoris de un tamaño mayor que lo normal. Así, los padres educaron a su hijo como a una niña y lo inscribieron en el Registro Civil bajo el nombre de Maricarmen.

Con el pasar de los años, Maricarmen comenzó a exteriorizar conductas masculinas, a tal punto que sus compañeros la apodaron Marimacho, lo que le causó un gran sufrimiento. Posteriormente, su madre consultó a un nuevo pediatra en el Hospital Gustavo Fricke, en donde se le realizó un cariotipo, que arrojó que el sexo genético de Maricarmen era XY, por lo que biológicamente era un hombre, lo que motivó que la familia demandar al Servicio de Salud del Maule, la que fue acogida por los tribunales.

Hoy, continuó, Maricarmen tiene otro nombre, sin embargo, no ha podido superar este trauma, a pesar de que está pololeando y estudia la carrera de técnico en ganadería.

Resaltó que estos dos casos demuestran, empíricamente, que el sexo no es una construcción cultural, sino algo que se da conforme al cuerpo. Por estas razones, consideró que es más adecuado hablar de identidad sexual, que de identidad de género.

En seguida, se refirió al fenómeno de la transexualidad y citó a la Organización Mundial de la Salud, que en su Catálogo Internacional de Enfermedades, Versión X, definió a la transexualidad como un trastorno de identidad sexual, lo mismo que la Academia Americana de Psiquiatría, que la clasifica como una disforia de género. Explicó que la identidad de género de estas personas no coincide con su identidad corporal y acotó que se trata de una condición poco frecuente, ya que se estima que existe un hombre por cada diez mil habitantes masculinos y una mujer por cada treinta mil habitantes femeninos. Informó, además, que se le considera como un trastorno, porque la identidad psicológica de estas personas no coincide con su cuerpo, ni con su sexo genético, que es el que determina el sexo corporal.

Al efecto, afirmó, existen dos tipos de sexos: el genético y el corporal. Apuntó que el sexo corporal se desprende y se desarrolla de acuerdo al sexo genético. De esta manera, concluyó, el único sexo que existe es el sexo genético, porque el cuerpo se desarrolla en base a la transcripción de moléculas y proteínas del sexo genético y la identidad sexual psicológica se va conformando de acuerdo a la identidad corporal.

Posteriormente, indicó que existe consenso en el área de la salud que la homosexualidad y la transexualidad son dos temas distintos y como tal es inadecuado agruparlos bajo la sigla LGBTI -Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales-.

Luego, preguntó por qué se da esta discordancia entre lo que siente la persona en el ámbito de su identidad sexual y su cuerpo. Explicó que, a principios de siglos, el padre de la psicología moderna Sigmund Freud estableció que el desarrollo de la identidad sexual se va dando en distintas etapas. Reseñó que en los primeros años de desarrollo de las personas existe una fuerte influencia de los padres y que distintos estudios han demostrados que las personas transexuales generalmente han vivido situaciones traumáticas o de abusos durante su infancia, lo que les puede generar una distorsión en su identidad sexual y sentirse más identificados con el sexo opuesto.

Al efecto, trajo a colación el caso de un paciente que fue sistemáticamente abusado por un hombre a los 5 años de edad, lo que provocó que ese niño no deseara ser como el hombre que lo abusó y empezara a sentirse más cómodo con las mujeres. Refirió que este sentimiento provoca, claramente, que la persona desarrolle una identidad no acorde a su propio sexo biológico. De ahí, coligió, existe una mayor vinculación con el sexo opuesto.

Por otra parte, informó que en la década de los sesenta el Hospital Johns Hopkins, de Baltimore, fue el primer hospital universitario que realizó una cirugía de asignación de sexo, con fines experimentales y comenzaron a operar a diversas personas con trastornos de identidad sexual. Luego de dos décadas de realizar esta intervención, comentó, que el cirujano principal llegó a la siguiente conclusión “…la cirugía no es el tratamiento apropiado para este trastorno psiquiátrico y está claro que estos pacientes tienen severos problemas psicológicos y que no deben ser sometidos a esta cirugía…”. Complementó que la evidencia científica ha demostrado la veracidad de la afirmación que realizó este cirujano hace más treinta años atrás, ya que la cirugía de cambio de sexo no ha tenido los resultados psiquiátricos esperados por las personas transexuales.

Actualmente, indicó que en nuestro país no se prohíbe la cirugía de asignación de sexo, de manera que no se requiere de una ley que así lo autorice, más aun asumiendo que esta intervención no garantiza que la persona superará su problema. Además, apuntó, tiene la agravante de que si se arrepiente, no se puede volver a su sexo anterior.

Al concluir, resaltó que desde la perspectiva de la psiquiátrica internacional existe consenso tanto de la Organización Mundial de la Salud, como en la Academia Americana de Psiquiatría de que la transexualidad es un trastorno psiquiátrico, ya que existe una disconformidad entre el sexo corporal y la identidad de género, asociada generalmente a un abuso o a un maltrato en la infancia de la persona. Asimismo, reiteró que existe evidencia científica que el sexo no es una construcción cultural que se impone desde el mundo exterior, sino que viene en los genes de cada persona. Por lo anterior, subrayó que el problema de fondo no es el cambio de sexo, sino evitar el abuso y el maltrato infantil.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Coordinadora de la Comisión Trans de Fundación Iguales, señorita Cris Córdova, quien indicó que cualquier reflexión sobre este asunto debe ser pensada desde el enfoque de los derechos humanos, que tiene su origen en el reconocimiento de la dignidad de las personas desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación. Al efecto, resaltó que todas las personas son iguales, todos tienen la misma dignidad y no existen personas superiores a otras. Consignó que la identidad de la persona se construye dentro de estas características, entre las que se encuentran la identidad de género, cuya presencia es esencial para su dignidad.

Luego, destacó la importancia de la identidad, que regula y construye durante toda la vida quiénes somos. Así, indicó que desconocer la identidad es negar la identidad de las personas y, por lo tanto, mellar en su dignidad y en el reconocimiento de sus derechos.

Comentó que el proyecto se inserta en la perspectiva de los derechos humanos, inmerso en un proceso mundial de reconocimiento y desarrollo progresivo de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que han sido excluidas de los ritmos sociales en forma igualitaria. Apuntó que se trata de una iniciativa que se gesta desde el respeto a las diferencias y no desde la mera e insostenible tolerancia. Acotó que hasta ahora las personas trans, día a día, ven como sus derechos humanos son vulnerados.

Posteriormente, citó los artículos 7°, 12, 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, relativos a la protección contra la discriminación, a la protección de la intimidad y el acceso al trabajo y a la seguridad social, derechos que han sido restringidos para miles de personas en nuestro país y, en especial, para las personas transexuales, lo que se evidencia cuando solicitan documentación personal, sacan un bono, postulan a un puesto de trabajo o, simplemente, al salir a la calle.

En este contexto, remarcó que el respecto a la identidad de género es clave para el ejercicio pleno de las capacidades de las personas, aunque en la práctica el derecho básico e inalienable a la identidad es sólo un privilegio de algunos.

Para entender la magnitud de la realidad de las personas transexuales, citó como ejemplo el que una persona se dirija a una Senadora pero como Senador, porque la percibe como un hombre de acuerdo a los parámetros de consenso de la sociedad. Consignó que, obviamente, esto es absolutamente opuesto a su sentir y a sus certezas internas. Resaltó que esa es la misma sensación que experimentan día a día, las personas transexuales, quienes tienen que soportar innumerables episodios similares a lo largo de toda su vida y que son obligadas a regir su identidad por lo que dice un documento de identificación.

Luego, invitó a descartar las voces que catalogan a la transexualidad como una situación patológica y reiteró que la diversidad no es una enfermedad, como ha sido reafirmado por los cambios en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DMS) 5, de la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría, que reflejan como la comunidad de psicólogos ha avanzado en este reconocimiento, al trasladar la transexualidad desde la definición de trastorno a disforia. Agregó que este paso, aún insuficiente, evidencia una progresiva concientización de la comunidad mundial en el entendimiento de las realidades desde adentro y no sólo desde las miradas externas y consensuadas.

En consecuencia, dijo que la certeza de cómo se es o cómo se siente una persona es propia y personal, por lo que no se puede seguir abordando la identidad de género desde el prisma de la normalización de los cuerpos de hombre y mujer, porque la corporalidad no es la definición última de quién es un ser humano.

Reconoció que si bien se ha avanzado en la capacidad de discutir y de abordar este tema, no se ha progresado lo suficiente como para proteger la vida y la dignidad de las personas transexuales. Al efecto, subrayó que es necesario reconocer la identidad de género como un ejercicio de coherencia enmarcado en el respeto integral de los derechos humanos de la diversidad sexual, lo que implica dejar de lado el paradigma de los sexos y propender hacia el entendimiento de que no existe nada en el sexo biológico que sea concluyente para determinar cómo las personas deben actuar, ya que no existe ninguna actividad social que sea, en esencia, exclusiva para hombres y mujeres.

A modo de ejemplo, indicó que la maternidad forma parte de la dimensión biológica de la mujer, pero no define su identidad, porque no todas las mujeres son madres. Al efecto, señaló que todos están de acuerdo que no deja de ser mujer por el hecho de que no pueda tener hijos, pues bien, desde esa perspectiva también se puede entender que existen personas que se identifican con un género determinado, a pesar de tener otro sexo biológico.

Por otra parte, dejó en claro que las personas intersex no son lo mismo que las personas transexuales y como tal hay que tener presente que no están incorporadas en esta iniciativa legal.

En seguida, subrayó que este proyecto de ley pretende llenar el vacío legal que existe en materia de garantías básicas, y que urge establecer una regulación lo suficientemente eficaz y adecuada para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuando tal inscripción no se condice con la verdadera identidad de género de él o la solicitante.

De esta manera, reseñó que las personas transexuales podrán contar con un cuerpo legal que ponga fin al uso de normas que no son adecuadas y, al mismo tiempo, avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, en conformidad con las disposiciones constitucionales sobre igualdad, no discriminación y protección de la dignidad humana.

En sintonía con lo anterior, sostuvo que la identidad de género no es un tema valórico, ni tampoco una patología psiquiátrica, por el contrario, señaló que se trata de un tema netamente de derechos humanos. Bajo este contexto, destacó que este proyecto de ley asume el pleno reconocimiento del derecho de identidad de cada persona y valoró que este entendimiento y avance representan un paso de coherencia hacia la significación de la diversidad como un valor inherente para el perfeccionamiento de la democracia, el desarrollo y la modernidad de nuestro país y, por sobre todo, de la seguridad e inclusión de sus personas.

A continuación, intervino el señor Subsecretario de Justicia, quien señaló que el Ejecutivo, una vez, que concluyan las audiencias estará disponible para intercambiar ideas con los distintos sectores y con los señores Parlamentarios miembros de esta Comisión.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó sobre la posibilidad de incluir nuevas audiencias.

El Honorable Senador señor Matta se mostró abierto a esta propuesta y señaló que es fundamental escuchar a todos los sectores que están interesados en dar su opinión.

El Honorable Senador señor Quinteros apoyó la propuesta, pero sin perder de vista la urgencia de legislar en la materia, ya que no se puede seguir dilatando la tramitación de una iniciativa de esta naturaleza, fundamental para la convivencia social de nuestro país. Por ello, hizo presente la necesidad de colocar un límite a las audiencias, de manera de ir acotando la discusión.

A su turno, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó a la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por los motivos por los cuales aprueba a los Principios de Yogyakarta, como fundamentos de la definición del concepto de identidad de género y advirtió que no constituyen un tratado y como tal no son vinculantes para Chile.

La señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos coincidió en que los Principios de Yogyakarta no son un tratado y, como tal, no son vinculantes para Chile. No obstante, enfatizó que sí son vinculantes la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño, y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Posteriormente, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe le preguntó su opinión respecto del caso de Alemania que en el año 2013 aprobó un tercer sexo, de carácter indeterminado, para incluir a las personas transexuales.

La señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos respondió que en su opinión la solución de Alemania no resuelve el problema de las personas transexuales, que sí aborda este proyecto de ley siguiendo el modelo de Argentina. Enseguida, aclaró que hablar de identidad sexual no es lo mismo que hablar de identidad de género, por lo que al incluir un tercer sexo indeterminado no necesariamente se está asumiendo que existe participación de genitales de ambos sexos o que no existe correspondencia entre el sexo y el género. Así, concluyó que sólo se reconocen como las únicas categorías explicables al sexo masculino y al sexo femenino, y que sólo aquel que ginecológicamente o genitalmente tiene ambos sexos podría caber en esta tercera categoría indeterminada.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe replicó que el tercer sexo en Alemania no incluye a quienes tienen dualidad de sexos biológicos, sino a quienes experimentan una identidad de género distinta. Luego, pidió su parecer respecto del caso español, en que ya no se habla de padre y madre, sino de progenitor A y de progenitor B, sin hacer referencia al sexo. Ello, debido a que el cambio de sexo permite que un niño tenga dos padres o dos madres.

Al respecto, la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respondió que en materia de filiación el Instituto no tiene problema con que un hijo tenga dos padres o dos madres producto del cambio de sexo de uno de sus progenitores. Asimismo, resaltó que la protección de la familia es otro estándar que Chile debe cumplir y que en el ámbito del derecho internacional no existe una definición única de lo que se entiende por familia, por lo que cabe una multiplicidad de variantes. Adicionalmente, hizo presente que apoyan la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, que establece que la sentencia que acoge la solicitud de cambio de sexo disuelve el vínculo matrimonial preexistente.

Por otra parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó sus dudas respecto al cambio de categoría de la transexualidad en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). Al efecto, dio cuenta que la mayoría de la comunidad médica internacional considera a la transexualidad como una patología psiquiátrica y, desde esta perspectiva, consultó al Psiquiatra sobre su experiencia como médico tratante en relación a este trastorno y a la discriminación que viven estos pacientes.

El Psiquiatra, señor Francisco Bustamante, hizo notar a Sus Señorías la discriminación que viven en general todos los pacientes psiquiátricos, ya que la sociedad considera a estos enfermos como un estigma social, lo que en su opinión puede ser revertido, en parte, con la Ley Antidiscriminación.

En esta misma línea, indicó que el trastorno de identidad de sexual a pesar de ser asumido como un trastorno por la Organización de las Naciones Unidas no debe interpretarse como algo peyorativo. Con todo, señaló que esto es un tema del cual deben preocuparse y legislar, en términos generales, abarcando toda el área de la psiquiatría.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que si bien esta ley es necesaria se debe poner un límite para saber de antemano hasta dónde se desea legislar. Enseguida, preguntó al Psiquiatra si cree que con esta ley se resolverá el problema de las personas transexuales.

El Psiquiatra indicó que, desde el punto de vista médico, los seguimientos que se han hecho a las personas que se han sometido a procedimientos de reasignación sexual no han demostrado diferencias significativas respecto de su condición previa, a lo más, dijo, existen algunos estudios que evidencian un cierto grado de satisfacción de corto plazo. Por ello, opinó que no es necesario legislar en la materia, porque tampoco se solucionará su patología psiquiátrica.

Eso sí, subrayó la urgencia de contar con una ley que garantice la cobertura en atención de salud mental a todas las personas que presentan una enfermedad psiquiátrica. Al respecto, complementó que Chile es uno de los países a nivel Sudamericano que tiene la más alta prevalencia de muertes por suicidios y enfatizó que se debe terminar con la discriminación hacia los pacientes psiquiátricos.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe pidió a la Biblioteca del Congreso Nacional dos estudios: uno, sobre el concepto de género según nuestro ordenamiento jurídico y, otro, sobre el reconocimiento constitucional del eventual derecho a la identidad de género.

En sesión de 18 de junio de 2014, la Comisión recibió en audiencia al señor Josaphat Jarpa, quien antes de comenzar su exposición aclaró a Sus Señorías que asiste a esta sesión a título meramente personal y no como representante de las Iglesias Evangélicas. Luego, informó que es Teólogo, egresado de la Facultad Evangélica de Teología y que se desempeña en el Observatorio Iglesia y Sociedad (OIS), el cual es un centro de pensamiento que se formó hace un par de años para elaborar líneas de pensamiento que se vinculan al mundo ecuménico de las Iglesias Evangélicas Protestantes, Luteranas y Metodistas.

En seguida, narró su experiencia de cómo se acercó al mundo de las personas transexuales. Al efecto, refirió que en el año 2011 participó en la Escuela de Formación Permanente, que realizó la Corporación Sur y Fundación Ideas, que tiene por finalidad construir liderazgos desde una mirada generacional y de equidad de género. Comentó que el participar en esa escuela constituyó para él un cambio de paradigma y un gran desafío, dada su educación cristiana. Allí, tuvo la oportunidad de trabajar con un grupo de jóvenes, entre los cuales estaba el Coordinador de la Organización de Transexuales (OTD), señor Michel Riquelme.

Relató que en un taller sobre discriminación, hizo presente a sus compañeros la discriminación que experimentaba por ser evangélico, y que en esa ocasión una joven lo enfrentó diciéndole que las personas evangélicas eran discriminadas por ser prejuiciosos, homofóbicos y extremadamente conservadores. Luego, recordó que Michel le dijo que había sentido terror cuando se enteró que él era evangélico y que no entendía qué hacía una persona como él en este tipo de escuelas.

Después de este episodio, reflexionó por qué personas como Michel sienten terror por su identidad cristiana y desde allí comenzó un proceso de acompañamiento con personas transexuales, para conocerlas y entenderlas, bajo la premisa que Dios ama a toda su creación y a las personas tal como son.

Gracias a esta experiencia, participó en una marcha del día del trabajo y desfiló llevando un letrero en que pedía reivindicaciones laborales para las personas transexuales. Refirió que nunca antes había sentido tantas miradas de reproche y que a su entender se debía a que las personas lo veían como un transexual más, lo que lo involucró aún más en este proceso.

Posteriormente, informó que el año pasado en la Pastoral de Jóvenes de la Iglesia Luterana se realizó un campamento sobre derechos sexuales y reproductivos, en el que participó la señora Laura Jerez, que también integra la Organización de Transexuales por la Dignidad y quien lo animó a participar en la campaña a favor de la Ley de Identidad de Género, motivado por su experiencia de acompañamiento, en la cual vio cómo las personas transexuales eran discriminadas en los servicios públicos por no tener un nombre y sexo que correspondiera con su identidad de género. Peor aún, comentó que él también fue discriminado por el sólo hecho de acompañarlos, sin ser transexual.

Por otra parte, hizo notar que en el mundo cristiano existe una gran diversidad de pensamientos, y advirtió que cuando se alude al mundo evangélico normalmente se hace referencia al sector más conservador, pero que dentro de la gama protestante existen distintas vertientes con diversas formas de pensar. A modo de ejemplo, dijo que hubo sectores que apoyaron al Gobierno Militar y otros que lucharon por la defensa de los derechos humanos, como el Obispo de la Iglesia Luterana, el señor Helmut Frenz.

Bajo este contexto, resaltó que el discurso religioso y el motivo de su participación en este debate se debe a que entiende que este proyecto de ley no debe estar argumentado desde una perspectiva religiosa hegemónica, porque cada vez que se habla de fundamentos religiosos se habla de argumentos colonizadores cercanos a la elite, que no representa los pensamientos de las comunidades de base del mundo protestante.

Señaló, asimismo que su compromiso es intentar generar espacios y procesos de reflexión teológica, por lo que ha ayudado a organizar cinco escuelas de sexualidad e identidad de género, en que han participado representantes de la Organización de Transexuales por la Dignidad. Resaltó que en esas escuelas se pretende la reeducación de los jóvenes evangélicos y que, en este mismo sentido, espera que esta ley permita a sus Iglesias locales avanzar hacia una sociedad más inclusiva y no discriminatoria, en que todos puedan convivir en paz.

Posteriormente, lamentó que las personas transexuales viven una identidad que no corresponde con la identificación que tienen registrada ante el Servicio de Registro Civil, lo que les causa un conflicto con otras personas e instituciones, lo que a su entender es una violación a sus derechos humanos en asuntos simples y cotidianos, como buscar trabajo o recibir atención en los servicios públicos. Complementó que esta violación se debe a una suerte de desconocimiento de este sector y a la permanente patologización de la cual son objeto.

Comentó que se asume a la población transexual como personas que padecen un trastorno de identidad de género o un desorden físico y mental, como han sido catalogados en la Clasificación Estadística Internacional de los Trastornos Mentales (DSM), que se opone a los pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales de derechos humanos, que han llamado a terminar con esta categorización.

Actualmente, hizo presente que el cambio de nombre está sujeto a un trámite burocrático que no garantiza que se obtendrá además el cambio de sexo, ya que los jueces exigen que los interesados se sometan a una cirugía de readecuación corporal completa, a la cual no siempre pueden acceder debido al restringido acceso a la atención de salud.

Bajo este contexto, sostuvo que esta ley pretende garantizar la dignidad de las personas transexuales y reeducar a las familias chilenas, para promover el respeto, la tolerancia y la eliminación de toda discriminación por identidad de género. Resaltó que apoyar esta iniciativa permitirá vidas más plenas y libres a la población transexual y a sus familiares.

Por último, reiteró su compromiso de acompañar a este grupo fuertemente discriminado desde el interior de las comunidades de fe, para visibilizar los signos de los tiempos, sus cambios de paradigma y permitir espacios de reflexión teológica que permitan una sociedad más justa y una convivencia más sana.

El Honorable Senador señor Matta consultó a quiénes aglutina la organización de la cual es miembro.

El señor Josaphat Jara, aclaró que asistió a esta sesión a título meramente personal y luego, informó que el Observatorio que integra está compuesto por catorce personas, entre las cuales hay bautistas, pentecostales, metodistas, luteranos y evangélicos carismáticos. Agregó que la mayoría son estudiantes y profesionales ligados al área de las ciencias sociales y a la reflexión teológica.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pérez, felicitó al expositor por la vivencia que les compartió, especialmente por tratarse de una persona vinculada a la religión, que les entregó una visión abierta e integradora y que no usa como argumento una religión que castiga a quienes son distintos.

En general, reflexionó que en la discusión de estos temas siempre ha visto confrontación, la que también se dio cuando se tramitó la Ley Antidiscriminación. En su opinión, se está ante temas de carácter personal, que tienen que ver con las experiencias de cada uno, con la religión y con las posturas filosóficas que se tengan de la vida. Agregó que la religión, independientemente de cómo se busque la fe, debe unir a las personas y no sólo resaltar sus diferencias. Por ello, agradeció al señor Josaphat Jarpa su mira integradora y le hizo presente que esta Comisión está abierta a recibir sus comentarios y observaciones sobre este proyecto de ley.

Asimismo, confidenció que ella también vivió la experiencia de acompañar a una persona transexual en sus actividades cotidianas y que también se percató de la brutal discriminación que viven día a día.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró positivo y sano aceptar las realidades distintas a las que uno vive, lo que también debería ocurrir desde la fe. No obstante, indicó que la fe y la religión, según ella las entiende, no son castigadoras, por el contrario, promueven el amor y aclaró que el amor no significa, necesariamente, tener que estar de acuerdo en todo.

Luego, valoró la experiencia relatada por el señor Josaphat Jarpa, sin perjuicio de ello, hizo notar que esta Comisión ha sido convocada para estudiar el proyecto de ley sobre identidad de género y como tal, sería interesante conocer su opinión respecto del mismo y de las indicaciones formuladas a su respecto.

El señor Josaphat Jarpa explicó que el motivo de su participación en esta discusión se da en el contexto de que existe una fuerte oposición del sector evangélico conservador a este proyecto de ley y que su presencia tiene por objetivo dar a conocer otra mirada del mundo evangélico. Además, reveló que las Iglesias Evangélicas tienen una gran deficiencia en la educación de temas de género, puesto que existe una resistencia que les impide explorar en el enfoque de los derechos humanos, en lo que dice relación con la identidad de género y con los derechos sexuales y reproductivos, ya que prima una mirada ideológica centrada en la heterosexualidad que no les permite avanzar. Algo similar sucede con los temas vinculados al aborto y al matrimonio igualitario.

Por lo anterior, sostuvo que no se encuentra capacitado para expresar la opinión de las Iglesias Evangélicas, pero sí puede señalar que personalmente apoya este proyecto de ley. Por otro lado, valoró que esta ley permitirá a las Iglesias Evangélicas reeducarse y asumir como desafío los avance de nuestra sociedad a partir de un Estado laico.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia a la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile, señorita Ana Piquer, quien señaló que Amnistía Internacional es una organización de alcance global de defensa de los derechos humanos y que su trabajo se apoya en los tratados internacionales de derechos humanos y en las interpretaciones que los organismos internacionales han hecho de los mismos. Acotó que una de sus líneas de trabajo ha sido la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, lo que no se restringe al tema reproductivo, sino también se vincula a la vivencia de la sexualidad. Resaltó que estos derechos deben partir desde el reconocimiento de que ciertas personas que no perciben sus identidades de género con arreglo a un único patrón, de masculino y femenino.

En rigor, detalló que en estos casos la identidad de género o su expresión puede diferir de las expectativas tradicionales, basadas en el sexo físico que se le asignó a una persona al nacer. Complementó que estas personas son usualmente llamadas transgénero. Más aún, reseñó, no todas las personas transgénero se identifican, necesariamente, con lo masculino o femenino, pudiendo incluir a una tercera identidad de género, identificarse con ambos géneros o con ninguno.

Así, apuntó que podría incluirse a las personas intersex, que son aquellas que poseen características genitales, cromosómicas u hormonales que no corresponden a las categorías estándar de lo masculino o lo femenino.

Lamentó que las personas transgénero son particularmente vulnerables a violaciones de derechos humanos de la más amplia gama. Al efecto, precisó que esta vulneración afecta su derecho a la vida, por los ataques y crímenes de odio de que son objeto; su derecho a la no discriminación en todas las esferas de la vida, y sus derechos económicos, sociales y culturales, porque no tienen acceso al derecho a la salud, al trabajo o a la vivienda.

Apuntó que hoy, también, se entienden afectados el derecho a la personalidad jurídica y el derecho a la privacidad, especialmente cuando sus documentos oficiales de identificación no coinciden con su identidad de género, lo que los obliga a revelar información respecto de su identidad de género cada vez que tengan que probar su identidad.

Por ello, destacó la importancia de este debate, puesto que las personas transgénero deben conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género, mediante procedimientos rápidos, accesibles y transparentes, que concuerden con su propia percepción de identidad de género, y que, al mismo tiempo, preserven su derecho a la intimidad.

En consecuencia, señaló que los Estados deben garantizar que las personas transgénero puedan conseguir documentos que reflejen su identidad de género sin tener que cumplir requisitos que supongan una violación a sus derechos humanos, tales como la exigencia de diagnósticos psiquiátricos, tratamientos médicos, estado civil o edad. Acotó que esto debe suponer, además, volver a expedir todos sus documentos con indicadores de género correctos y modificar la información relativa al género que figura en los registros oficiales.

En seguida, destacó que Amnistía Internacional ha identificado siete contenidos mínimos que este proyecto de ley debe considerar para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, a saber:

1.- Permitir a las personas cambiar su nombre e indicadores de género en todos los documentos, que sean emitidos por el Estado, o por otras instituciones, tales como certificados de educación, documentos relacionados con el empleo, lo que implica facilitar el cambio de nombre y los indicadores de género en todas las categorías legales, como certificados de nacimientos, documentos de identidad, pasaportes y otros que emite el Servicio de Registro Civil, certificados educacionales y otros documentos similares.

2.- Permitir a las personas que se identifican con un género que no es ni masculino ni femenino que sus documentos oficiales también reflejen esa identidad de género.

3.- Desarrollar procedimientos rápidos, accesibles y transparentes para el reconocimiento legal del género sobre la base de la declaración de la propia persona solicitante. No debe requerirse la inclusión de terceras personas en los cambios de género, tales como padres o cónyuges.

4.- Asegurar que el proceso para emitir la documentación refleje la identidad de género de una persona respete su derecho a la privacidad, y que el acceso a su nombre y género anteriores esté limitada.

5.- Asegurar que las personas transgénero tengan acceso a tratamientos de reasignación de género, si desean someterse a ellos, sin tener que pasar por interferencias o retrasos indebidos de carácter burocrático, financiero, médico, social o político. Los procedimientos de reasignación de género, tales como tratamientos hormonales, cirugía y apoyo sicológico, deben ser accesibles a todas las personas transgénero, en base al consentimiento informado, y asegurando que estén incluidos en los sistemas de seguros de salud y de salud pública.

6.- Proteger a las personas transgénero de tratamientos médicos forzados o de la obtención de un diagnóstico o monitoreo psiquiátrico, no deseado. Reconoció que algunas personas transgénero pueden estar dispuestas a someterse a los tratamientos médicos disponibles, incluidos tratamientos quirúrgicos para modificar sus cuerpos de acuerdo con su identidad de género, o a buscar apoyo psiquiátrico para su proceso de transición. Resaltó que, en ningún caso, el tratamiento médico para la reasignación de género debe ser un pre requisito para un reconocimiento legal del género. De manera similar, observó que un diagnóstico psiquiátrico obligado puede ser considerado degradante e innecesario para el fin de conseguir el reconocimiento legal de la identidad de género, además de que perpetúa la concepción errada de que ser transgénero implica que la persona padece un trastorno mental.

7.- Asegurar que las personas transgénero disfruten de derechos en el matrimonio y otras formas de unión civil, de acuerdo a su identidad de género, lo que implica que no se les debe exigir la disolución del vínculo, como pre requisito para hacer un cambio de nombre y género y que tampoco debe ser un impedimento para formar una familia y tener hijos, por lo que no es aceptable exigir una esterilización forzada. Tampoco debe afectarse los derechos en la custodia de hijos existentes, ni su posibilidad de solicitar la adopción de hijos o de acceder a tecnologías de reproducción asistida.

Posteriormente, se refirió a los temas del proyecto de ley que según Amnistía Internacional merecen alguna observación. En primer lugar, al concepto de identidad de género, y señaló que el texto aprobado en general por el Senado define, correctamente, la identidad de género de manera amplia, basándose en la definición de los Principios de Yogyakarta, que reconoce diferentes géneros, desde la perspectiva tanto de la vivencia personal del cuerpo y de las expresiones de género.

En este sentido, recomendó mantener esta definición, en lugar de aprobar la definición propuesta mediante indicación, que habla de identidad sexual en lugar de identidad de género, lo que en su opinión es una limitación innecesaria a la visión del género como algo más amplio, puesto que se reduce a la dualidad de lo masculino y de lo femenino, siendo que pudiesen haber casos en que una persona se identifica con ambos, con otro diferente o con ninguno.

En segundo lugar, se refirió a algunos requerimientos para solicitar el cambio de nombre y género que están en el texto del proyecto de ley y en algunas indicaciones. En particular, indicó que se trata de tres supuestos:

1.- La obligación de publicar las solicitudes de cambio de género en el Diario Oficial para que los terceros tomen conocimiento de la presentación y formulen su oposición. Se trata de establecer una medida de publicidad para la solicitud, pero reparó que ésta no resguarda el derecho a la privacidad de las personas transexuales, por lo que estimó que sería conveniente buscar otros mecanismos para proteger los derechos patrimoniales o los derechos de los terceros.

2.- La exigencia de acompañar un certificado de psiquiatra o de psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad en el solicitante. Apuntó que entiende que esta medida pretende evitar una mala utilización del mecanismo judicial y descartar la presencia de algún trastorno que pueda afectarle.

Al respecto, señaló que Amnistía Internacional ha estudiado los efectos de este requisito en algunos países de Europa, que en la práctica se ha constituido como una suerte de autorización para pedir esta solicitud, que debiera fundarse únicamente en la decisión de cada persona. Por otro lado, observó que estos certificados pueden basarse en estereotipos de género que tiene el mismo profesional que emite el certificado y no sirve para descartar otros trastornos psiquiátricos. Por lo anterior, consignó que este requisito no debería estar en esta ley por ser innecesario y no conseguir el objetivo buscado.

3.- Sobre la indicación de la Honorable Senadora señor Van Rysselberghe que exige al solicitante demostrar que haya sido conocido en sus relaciones sociales con una identidad distinta a su sexo registral. Consideró que este supuesto puede presentar dificultades desde el punto de vista probatorio e imponer al solicitante la obligación de hacer pública la forma en que ha decidido expresar su género, lo que podría entorpecer innecesariamente el proceso de cambio de nombre y género.

En tercer lugar, se pronunció sobre la situación de los menores de edad. Al respecto, refirió que Amnistía Internacional apoya la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez que permite a los menores de edad acceder a un proceso de cambio de nombre y sexo. Sobre este punto, comentó que la Convención de los Derechos del Niño ha interpretado que en todas estas materias debe primar el interés superior del niño, que incluye el derecho del menor a ser oído y a que se tome debidamente en cuenta su opinión, atendida sus capacidades. Consignó que en el caso del adolescente, que ya es capaz de expresar su voluntad, con mayor razón se debe consagrar la posibilidad de que pueda acceder a un proceso de cambio de nombre y sexo, más aun considerando el nivel de discriminación que pueden experimentar los jóvenes transexuales en los establecimientos educacionales.

En cuarto lugar, se centró en las normas vinculadas al derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia. Hizo presente que Amnistía Internacional considera que la legislación en materia de unión civil y de matrimonio debe ser igual para todas las personas y que cualquier discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género es arbitraria y contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Por lo anterior, no corresponde incluir la exigencia de que el solicitante sea soltero y que no tenga hijos. Tampoco, dijo, está de acuerdo con que la resolución que acoge el cambio de nombre y género sea una causal de disolución del matrimonio forzada. Además, sostuvo que, en ningún, caso debiera aprobarse una prohibición para contraer matrimonio a las personas que hayan cambiado de sexo. Resaltó que el optar al cambio de sexo no los inhabilita para contraer matrimonio, formar una familia, y para la protección de su privacidad.

En quinto lugar, se refirió a la indicación de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que establece que el solicitante podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del tribunal competente y preste su consentimiento informado. A su juicio estos dos supuestos implican un nivel de exigencia innecesario y desmedido en el sentido de que cualquier cirugía o tratamiento de este tipo está dentro del marco de autonomía de cada persona.

Por último, valoró que se esté discutiendo este tema y de que esta Comisión esté abierta a escuchar las distintas posiciones para acordar un texto de ley que avance en reconocer los derechos humanos de las personas transexuales.

A continuación, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó sus dudas respecto a la afirmación que hizo la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional de que una persona transexual puede identificarse con un hombre, mujer u otra cosa. Al respecto, pidió que precise qué entiende por “otra cosa”.

La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional respondió que la idea es resaltar la libertad que tiene cada persona de identificarse con lo que ella sienta. Al efecto, precisó que puede haber personas que se sientan hombre o mujer, pero que también puede darse el caso de otra persona que se siente hombre y mujer a la vez o, simplemente, que no se identifique con ningún género.

Retomó la palabra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y aclaró que los Principios de Yogyakarta fueron suscritos por un grupo de activistas, que se juntaron para darle el carácter de derechos humanos a los derechos reproductivos y a los de identidad de género. Subrayó que Chile no ha suscrito estos Principios, por lo que no está obligado a cumplirlos, pero sí está obligado a observar las normas del Tratado de San José de Costa Rica, el cual reconoce como un derecho humano el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no entre dos personas del mismo sexo.

Posteriormente, remarcó que no comparte la discriminación que son objeto las personas transexuales, pero ello no puede servir de fundamento para modificar la legislación de manera que afecte a terceros, como podría darse en el caso del solicitante que tenga hijos nacidos antes del cambio de sexo.

Por otra parte, señaló que la naturaleza humana entrega a la persona un sexo biológico, que incluye hormonas femeninas, órganos genitales femeninos, ovarios y un cerebro que funciona como mujer, que es justamente lo que está determinado en el sexo registral. Al efecto, afirmó que en el Servicio de Registro Civil se registra el sexo biológico y no sexo psicológico. Así, indicó que el hombre que tiene un trastorno de género aunque tome hormonas o se haga una intervención quirúrgica sigue siendo hombre en términos biológicos.

A mayor abundamiento, resaltó que la transexualidad con todas complicaciones y dificultades que conlleva está calificada por las instituciones internacionales de salud mental como un trastorno de identidad de género, ya sea por la Sociedad Americana de Psiquiatría que lo califica como una disforia de género, como por la Organización Mundial de la Salud que en el X Versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades volvió a catalogarla como trastorno de identidad. Bajo este contexto, reparó que no se puede argumentar que las personas transexuales no padecen un trastorno mental de carácter patológico.

Por otro lado, observó que permitir el matrimonio entre dos personas que tienen el mismo sexo biológico, aunque se cambien el sexo registral de uno de los contrayentes, se está tácitamente aprobando el matrimonio homosexual. Al respecto, consideró que esta discusión debe darse en un contexto más general y no mediante esta situación encubierta en que una persona se cambia su sexo registral para casarse con otra persona de su mismo sexo biológico. Esto, dijo, sería una fórmula “fast track” del matrimonio homosexual, que en su opinión no corresponde.

La Honorable Senadora señora Pérez San Martín dejó en claro que las personas transexuales no son homosexuales, y expresó que es diferente la transexualidad de la homosexualidad, ya que la persona transexual siente que su verdadero sexo no es su sexo biológico. Complementó que, normalmente, esa persona intentará realizarse intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales e, incluso, pedir el cambio de sexo registral, tal como lo hizo excepcionalmente bajo la legislación vigente, el señor Andrés Rivera, quien nació como María, pero que hoy es Andrés y que luego de su cambio de sexo pudo asumir su rol masculino para formar una familia junto a su señora e hijos.

En consecuencia, reiteró, la transexualidad no es equivalente a la homosexualidad, máxima que consideró básica para captar el espíritu de este proyecto de ley, que se restringe a las personas transexuales, que son sujetos y objetos de discriminación producto de su transexualidad. En esa línea, recordó que el Ministro de Salud del Gobierno anterior, señor Jaime Mañalich, emitió un decreto para que las personas transexuales fueran atendidas en todos los consultorios públicos bajo su nombre social. Enfatizó que nuestro país requiere de una ley general y abstracta que aborde la necesidad de las personas trasnsexuales para dar una respuesta jurídica a quienes viven esta situación discriminatoria. Por último, resaltó que el matrimonio igualitario es tema de otra discusión.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que entiende que son realidades distintas, pero acotó que le interesa resaltar que esta ley estaría permitiendo el matrimonio de personas del mismo sexo, porque aunque uno de los contrayentes se cambie de sexo registral, biológicamente siguen siendo dos personas del mismo sexo biológico, en consecuencia, de aceptar esta tesis, no se tendría ningún argumento para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo que no sean transexuales.

La Honorable Senadora señora Pérez San Martín indicó que, sin duda, todas las personas que estuvieron a favor de la Ley de Antidiscriminación, están de acuerdo en aprobar el proyecto de ley acuerdo de vida en pareja, el del matrimonio igualitario y éste sobre identidad de género, porque se trata de personas que están en contra de la discriminación de los seres humanos. Así, reconoció que todos estos temas estén concadenados porque existe una búsqueda de mayor integración. Se trata de seres humanos, que no se distinguen únicamente por sus aspectos biológicos o genitales, sino por su emocionalidad, valores y principios.

Posteriormente, pidió a la Comisión escuchar el testimonio del señor Andrés Rivera, que se encuentra presente en la sesión.

El señor Andrés Rivera, afirmó que tras este proyecto de ley jamás ha habido una doble intención de relacionar la identidad de género con el matrimonio igualitario. Refirió que él obtuvo su cambio de nombre y sexo en el año 2007 y que contrajo matrimonio con una mujer el año 2008. Agregó que mantiene sus genitales femeninos, por lo que consideró que él es una realidad existente y excepcional. Dijo que si siguiera la línea argumentativa de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe se podría decir que su matrimonio es un matrimonio igualitario, o bien, que está casada, como lesbiana u homosexual, con una mujer divorciada que tiene dos hijos de dieciséis y diecisiete años, que lo reconocen como su padre, ya que los ha criado durante once años.

Hizo presente que este tema no se puede restringir al tipo de genitales que tiene cada persona, sino a la calidad de seres humanos que se es. En su caso, advirtió que ser hombre no significa el tener genitales masculinos, sino el actuar como un ser humano correcto en la vida y criar a sus hijos de la mejor manera. Por ello, hizo un llamado a terminar con la idea de que este proyecto de ley pretende encubrir un matrimonio igualitario, ya que no existen homosexuales que quieran operarse o cambiar su sexo registral para contraer matrimonio. Acotó que existe una tremenda diferencia entre la homosexualidad y la identidad de género, que corresponde a algo netamente psicológico y lamentó que aún siga dentro de los manuales de la psiquiatría como una patología.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional coincidió con la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe que los Principios de Yogyakarta no son un tratado internacional vinculante para Chile, lo que sí aclaró que no son una creación arbitraria de un grupo de personas que están planteando una postura personal, ya que fueron desarrollados por un grupo de expertos que se apoyaron en el derecho internacional de los derechos humanos. Además, informó que corresponden a una suerte de recopilación del estado del arte de todo lo que el derecho internacional de los derechos humanos había resuelto en materia de diversidad sexual.

Subrayó que los derechos a contraer matrimonio y a formar una familia están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros y precisó que la interpretación que se ha hecho a nivel internacional es que toda discriminación fundada en la orientación sexual o en la identidad de género es arbitraria, lo que coincide con la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica a propósito del caso de Karen Atala.

En lo que se refiere al tema de afectar a los hijos de una persona, indicó que finalmente todas las decisiones de los padres pueden afectar a los hijos. Apuntó que son decisiones del ámbito privado de cada familia y que cada persona deberá enfrentará este proceso junto a sus hijos.

En cuanto al sexo biológico, señaló que es importante distinguir lo que es el sexo biológico de la identidad de género. Apuntó que la identidad de género se vincula a la manera en que cada persona vive su propia su visión de lo que esa persona es, por lo que es un tema que tiene que ver con la percepción personal del cuerpo y como desea expresar su género.

En la sociedad actual, resaltó que existen ciertas expresiones de género tradicionalmente asociadas con un sexo determinado, pero acotó que esto no siempre coincide, lo que no obsta a que toda persona tenga el derecho a ejercer cualquier derecho humano desde su identidad de género y no necesariamente desde su sexo, ni desde las expectativas tradicionales que provienen del sexo que se le asignó al nacer.

Luego, reconoció que este proyecto de ley podría generar un problema con las personas que están casadas al momento de pedir el cambio de sexo, puesto que para efectos registrales ese matrimonio quedaría conformado por dos hombres o dos mujeres. Al respecto, entendió que esto requeriría una reforma legal que va más allá de este proyecto de ley, que aún no se ha abordado, por lo que podría servir de argumento para aprobar la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, que establece que la sentencia que acoge el cambio de nombre y sexo pone término al matrimonio preexistente, mientras no se corrija el resto de la legislación. Eso sí, no sería justificación para impedir que esa persona contraiga matrimonio en el futuro con su nueva identidad de género. Reparó a Sus Señorías que este proyecto de ley no debe retroceder, ni restringir aún más los derechos humanos de las personas.

El Honorable Senador señor Ossandón expresó que no entiende a qué otro género hizo referencia la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en su exposición y señaló que el espíritu de esta ley es buscar una solución para las personas transexuales, pero que a la vez tienen la obligación de resguardar los derechos de las personas que no son transexuales, que sufren un problema temporal de identidad y expresó que consideró que no se debe asumir este asunto con tanta liviandad.

Luego, hizo presente que no se puede separar el sexo hormonal del sexo psicológico, porque el ser humano es un todo compuesto de cuerpo y alma, sin perjuicio de que puede haber personas que sientan algo distinto, como sucede en el caso de las personas transexuales. Advirtió que esta ley no acabará con la discriminación que sufren los transexuales ya que existe un tema cultural que nada tiene que ver con esta ley, aunque sí reconoció que podría ayudar para solucionar algunos de los problemas que viven en el ámbito laboral.

Por otra parte, afirmó que no está de acuerdo en que los niños puedan pedir el cambio de sexo. Explicó que su afirmación la funda en los informes de los psiquiatras norteamericanos, quienes han señalado que la transexualidad es un trastorno mental y que la mayoría de los casos terminan en suicidio. Con mayor razón, arguyó, el solicitante debe tratarse de una persona madura.

Luego, valoró el caso del señor Andrés Rivera porque los ilustra acerca de la realidad que viven las personas transexuales y de la necesidad de aprobar este proyecto de ley. No obstante, indicó que se debe ser extremadamente cuidadoso con las decisiones que se tomen. Sin duda, apuntó, una persona que cambia su sexo causará un grave conflicto a sus hijos y a su cónyuge y como tal esta ley debe buscar la fórmula que menos afecte a la familia del solicitante.

Por último, pidió a la Directora de Amnistía Internacional que precise quién asigna el sexo al nacer y cuál es el tercer sexo al que hizo alusión.

El Honorable Senador señor Navarro consideró fundamental conocer los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de Salud (OPS) sobre la transexualidad. Luego, aclaró que este proyecto de ley no pretende crear un tercer sexo, sino más bien reafirmar una identidad de género, por ello, se discuten las condiciones para reafirmar esa identidad en un cuerpo que no coincide con la forma en que esa persona se siente.

En su opinión, el debate sobre el sexo biológico y el psicológico no debiera darse en esta Comisión, porque para ello debieran conocer la experiencia de especialistas y comenzar un gran debate. Además, señaló que lo que hace o siente un hombre o una mujer es un tema netamente cultural, así señaló que existen culturas en que la mujer asume roles masculinos proveyendo las necesidades del hogar o defendiendo el territorio familiar.

Con esta iniciativa, dijo, se trata de brindar mayor igualdad a los ciudadanos al permitirles que puedan decidir sobre su cuerpo, lo que hoy no se puede hacer, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de propiedad que está latamente regulado y protegido.

Lamentó que hoy no la persona no pueda decidir sobre su propio cuerpo porque un grupo de mal llamados libertarios, que propugnan la libertad de elegir, lo impiden, lo que implica una flagrante contradicción, puesto que reclaman libertad para elegir el colegio de sus hijos o para escoger el sistema de salud, pero no para decidir qué hacer con su cuerpo.

Bajo este contexto, consideró fundamental dar el espacio que requieren las personas para vivir de acuerdo a su emocionalidad y vivencia, y no según su genitalidad. Acotó que éste es el debate que deben hacer y no restringirse a la genitalidad o a la biología. En sintonía con lo anterior, hizo presente a Sus Señorías que no están ante una ley biológica, ni de propiedad, sino de derechos de la vida y del cuerpo de cada persona. Por último, resaltó la necesidad de aportar con un poco más igualdad en esta sociedad tan desigual.

En sesión 2 de julio de 2014, la Comisión recibió en audiencia al Abogado, Investigador del Centro de Derechos Humanos y Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, señor Tomás Vial, quien señaló que en su exposición abordará el derecho a la identidad y, en concreto, del derecho a la identidad de género. En primer lugar, expondrá sobre cómo se ha entendido el género en el sistema internacional de derechos humanos, para luego referirse al derecho a la identidad en nuestro Derecho Constitucional. Asimismo, informó que realizará un breve resumen sobre el concepto de identidad de género y que también hará un análisis respecto de la construcción del derecho de la identidad en el sistema constitucional chileno.

En seguida, señaló que el concepto de identidad de género está claramente reconocido en el sistema interamericano, como se constata en la sentencia del caso de Karen Atala contra el Estado Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derecho Humanos entendió que dentro de la clasificación del término “otras clasificaciones” se incluye a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías de discriminación.

Indicó que existen varias resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la materia. En especial, destacó la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del año 2008, en la que expresamente se declara la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Informó que dicha Asamblea pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizara un estudio sobre orientación sexual e identidad de género, el que fue terminado el año 2012. Comentó que en dicho estudio, la Comisión, adoptó la definición de identidad de género de los Principios de Yogyakarta, que dice textual “es la idea, vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente profundamente lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y esto incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones”, algo similar hará más adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En relación con los principios de Yogyakarta, reconoció que estos Principios si bien no son derecho convencional al ser reconocidos e incorporados en diversos documentos del sistema internacional han sido integrados como parte del entendimiento común del Sistema.

Por otra parte, señaló que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en el mes de julio del año 2013, aprobó la Convención Interamericana contra todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, en la que se reconoce la identidad de género. Con todo, dejó en claro que Chile si bien no ha firmado esta Convención igual forma parte del estado del arte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Además, consignó que en el Sistema de Naciones Unidas existe un sinnúmero de declaraciones o documentos de sus órganos de tratados como, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Consejo de Derechos Humanos, en los cuales expresamente se consagra la prohibición de discriminación por orientación sexual o identidad de género y en que se reconoce el derecho de identidad de género.

En el caso del sistema europeo, refirió que desde el año 2002 existen sentencias en que se da un expreso reconocimiento a la identidad de género como una categoría protegida. Complementó que en el sistema europeo la identidad sexual se incluye originalmente dentro del término sexo, porque no existe un concepto distinto en la Convención Europea.

Luego, comentó el fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos del año 2002 en el caso “Goodwin con Reino Unido”, en que una mujer transexual solicita a las autoridades británicas que se reconozca su identidad de género para efectos de cobrar el seguro social de desempleo, puesto que no existía legislación para su caso, la que recién se aprobó el año 2004. Indicó que la Corte Europea determinó que la falta de reconocimiento a esta persona transexual de su identidad de género implicaba una violación al derecho a la vida privada. La Corte, agregó, que en la medida que el país no cuente con un procedimiento para permitir el reconocimiento a las personas transexuales se está infringiendo un derecho de la Convención, cual es, el derecho a la vida privada. Así, reseñó que la Corte Europea de Derechos Humanos relaciona los temas de orientación sexual e identidad de género con el derecho a la vida privada.

Además, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que habría una violación al derecho a establecer una familia y a contraer matrimonio. Resaltó que en la Convención Europea los términos son hombre y mujer, y la Corte dijo que el hecho de que esta persona no pudiera contraer matrimonio aún con el cambio de sexo implicaba, también, una violación a ese derecho, porque los términos hombre y mujer no pueden restringirse a lo puramente biológico y, en consecuencia, debe dárseles una interpretación más extensa. Desde ese momento, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Europea comenzó a reconocer la identidad de género y los derechos de las personas transexuales.

Asimismo, apuntó que el Consejo de Europa y la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea declararon que el no reconocimiento a las personas transexuales en sus derechos sociales implicaba una violación al principio de no discriminación.

En materia de derecho constitucional comparado, refirió que este derecho es algo nuevo y que al analizar las constituciones observa que sólo existen dos ejemplos de de prohibición de discriminar por identidad de género la verdad, lo que demuestra lo reciente que es este tema. Acotó que los ejemplos son los casos de Bolivia en el 2009 y el de Fiyi en el 2013, en ambos se incluye la discriminación por identidad de género en forma expresa, lo que no significa que en otros lugares no exista jurisprudencia que haya incluido dentro de las categorías de sexo a la orientación sexual y a la identidad de género.

En cuanto al derecho a la identidad, precisó que también se trata de un derecho novedoso, porque únicamente las Constituciones de Perú del año 1993 y la de Portugal reconocen el derecho a la identidad a nivel constitucional.

Luego, consignó que existe un gran número de países que, expresamente, reconocen la identidad de género y que cuentan con un procedimiento para el cambio de sexo registral y de nombre. Al respecto, mencionó a Suecia (1972), de Alemania (1980), Reino Unido (2004), España (2007), Uruguay (2009) y Argentina (2012), entre otros.

En lo que dice relación con el Derecho Constitucional chileno, apuntó que en nuestra Carta Fundamental no está, expresamente, consagrado el derecho a la identidad, sin embargo, precisó que este derecho se puede construir sobre la base de otros derechos constitucionales, lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional al fallar dos recursos de inaplicabilidad. Al efecto, comentó que el Tribunal Constitucional ha resuelto teniendo a la vista la dignidad humana y las normas de la Convención de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho a la identidad, el que ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho bastante amplio.

Señaló que el Tribunal Constitucional en la sentencia Rol N° 1340, de 2009, estableció que el derecho a la identidad implica “la posibilidad de que toda persona pueda ser ella misma y no otra”, lo que se tradujo en modificaciones a las normas del Código Civil, en particular a las normas referidas al derecho del menor a tener un nombre y a saber quiénes son sus padres.

Complementó que este derecho también implica el poder que tiene cada persona para definir sus características centrales, lo que se refuerza en el fallo del caso “Forneron e Hija contra el Estado de Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se define al derecho a la identidad “como un conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos, por lo que la identidad personal está unida a su individualidad específica y vida privada sustentada ambas en una experiencia histórica biológica.”.

De hecho, acotó, existe una estrecha conexión entre el derecho a la identidad, y el derecho a la vida privada y a la libertad personal. Subrayó que estos dos últimos han sido extensamente desarrollados en nuestra Constitución Política de la República y en la jurisprudencia nacional. Explicó que el derecho a la vida privada se ha entendido siempre como un derecho que implica o contiene el resguardo y la capacidad de definirse en lo personal y afectivo, así como en las relaciones sociales, sexuales y en la identidad sexual.

Por otra parte, refirió que la libertad personal es un principio basal en nuestra Carta Fundamental, que implica el poder decidir quién es uno, y que nuestra Constitución Política de la República no sólo lo reconoce, sino que considera que está contenida en varios derechos específicos, como la libertad de conciencia y la libertad de expresión, entre otros.

A continuación, señaló que intentará realizar una breve construcción del derecho de la identidad en el sistema constitucional chileno. Advirtió a Sus Señorías que esto no es un tema que haya sido debatido en nuestro Derecho Constitucional, puesto que se trata de un tema novedoso, por lo que nada de lo se diga debe asumirse como algo definitivo. Así, aclaró que se trata de una reflexión.

Luego de realizar esta aclaración, precisó el contenido del derecho a la identidad. Al respecto, sostuvo que, siguiendo a la jurisprudencia interamericana y a nuestro Tribunal Constitucional, este derecho implica, entre otros, el derecho a un nombre, el derecho a definir las relaciones familiares, el derecho a tener las características exteriores que individualizan a cada persona, su orientación sexual y su identidad de género. Todos, continuó, aspectos que definen al sujeto, y que, a su vez, facultan a la persona a exigir el reconocimiento de todos estos aspectos a la sociedad.

Luego, se preguntó por las obligaciones del derecho a la identidad. Señaló que de reconocerse este derecho debe tenerse presente que todo derecho o libertad tienen aspectos que implican deberes negativos, que el Estado no puede hacer hacia la persona y aspectos positivos, vale decir, obligaciones del Estado. Al efecto, detalló que en este caso la obligación negativa implica todo aquello que el Estado y los demás no deben hacer respecto a este derecho a la identidad, a saber:

1.- No negarlo, ni desconocerlo, lo que implica una obligación negativa de no negar.

2.- Reconocerlo en los diversos actos, particularmente a través de los actos del Estado y de la ley, lo que conlleva un derecho al reconocimiento y a la aceptación de un procedimiento legal y administrativo que tome en cuenta las características auto asignadas, lo que equivale al aspecto positivo.

En consecuencia, subrayó que el Estado tiene dos tipos de deberes: uno, no negarlo y, el otro, reconocerlo, lo que implica en la práctica ejecutar acciones de diversa naturaleza. Esto, dijo, genera efectos en la discusión legislativa porque hoy nuestra legislación niega a las personas que tienen una identidad de género distinta al sexo registral.

Después, reflexionó que si se asume el derecho a la identidad como parte del principio a la libertad humana, debe responderse la pregunta cuál es la justificación que tiene el Estado para intervenir esa libertad y registrar a las personas de una cierta forma. Obviamente, apuntó, existen razones de interés público para tener un registro como el que lleva el Servicio de Registro Civil, que hoy no sólo incluye el nombre y un número, sino también contiene una clasificación por sexo, pero que perfectamente podría tener otras categorías.

A modo ilustrativo, informó que en otros países en que existen leyes de cuota también se incluye el tema racial o las características religiosas de las personas. Hoy, comentó, tenemos al sexo como categoría registrada, lo que en su opinión tiene algún sentido, porque en la sociedad existen diferencias de poderes entre hombres y mujeres, lo que incide en las políticas públicas que se diseñen.

Por otro lado, se preguntó cómo se afectan los intereses públicos del registro si una persona decide cambiarse de categoría sexual o tener otra categoría, como acaba de suceder en Australia en que se reconoció que existen “otras categorías”. En este mismo sentido, cuestionó los intereses del registro y sugirió cambiar el énfasis del problema, ya que no sólo tenemos un derecho, sino que existen varios derechos de las personas transexuales, por lo que corresponde preguntarse cuál sería la justificación del registro y en qué medida se vería afectado si las personas transexuales pueden modificar su sexo registral.

En su opinión aunque se afecten las justificaciones del registro igual se debe reconocer el derecho a la identidad, más aun considerando que no existe ningún efecto relevante, como lo resolvió la Corte Europea en el caso “Goodwin contra Reino Unido”, ya mencionado. Por ello, concluyó que debe darse una vuelta a los efectos de la intervención en algo tan personal, y en las razones que se tienen para hacerlo y si éstas razones son realmente de peso para intervenir por medio de una ley todas estas circunstancias.

Por último, aclaró que si bien todas estas reflexiones las ha hecho con ocasión del estudio de este proyecto de ley ellas tienen una incidencia sobre todos los temas que tienen que ver con los aspectos personales de la vida de las personas.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Abogado y Director de Investigación y de Postgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, señor Nicolás Espejo, quien señaló que se referirá a la incidencia de este proyecto de ley en los niños y niñas. Explicó que, primero, indicará las disposiciones fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño que son pertinentes para esta discusión y, en segundo lugar, dará algunas recomendaciones y comentarios respecto de esta iniciativa, teniendo presente las disposiciones de la Convención antes mencionada.

Al comenzar su exposición, resaltó que existen cuatro derechos que se derivan de la Convención de los Derechos del Niño pertinentes para la discusión de este proyecto de ley. Al respecto, detalló que estos derechos son: el interés superior del niño (artículo 3°); el derecho de los niños a su identidad (artículo 8°); el derecho de los niños, que estén en condiciones de formarse su juicio propio, para dar su opinión sobre un tema y para que esa opinión se tome en cuenta al momento de decidir algo que les pueda afectar (artículo 12), y los derechos y responsabilidades de los padres y otros representantes legales para acompañar a los hijos, de acuerdo a sus facultades, otorgándoles dirección y orientación apropiada para el ejercicio de sus derechos (artículo 5°).

En su opinión éstos son los cuatro derechos de la Convención de los Derechos del Niño más atinentes para esta discusión y que si este proyecto de ley no los conjuga de manera coherente, el Estado de Chile no estaría respondiendo a los mandatos de la citada Convención.

Posteriormente, analizó cada uno de los derechos antes mencionados. En primer lugar, abordó el interés superior del niño. Al respecto, informó que se trata de un principio bastante antiguo, que se remonta al derecho anglosajón, que tiene más de cien años de evolución, tanto de su jurisprudencia, como del derecho comparado y del derecho internacional de los derechos humanos. En general, subrayó que al hablar de interés superior no se está aludiendo a aquello que creemos que es mejor para los niños en un sentido coloquial de la expresión. Al efecto, resaltó que la expresión interés superior del niño significa dar una priorización a los intereses o derechos de los niños en toda decisión que los afecte por sobre otras consideraciones.

Entonces, destacó que cuando se habla de interés superior del niño se busca maximizar los derechos de los niños y darle una priorización, no absoluta, a esos intereses por sobre otras consideraciones. Por eso, apuntó, la jurisprudencia ha resuelto que no busca determinar la justicia en cada caso, sino los factores que determinan específicamente los derechos en cada caso concreto. De modo tal, refirió, el interés superior del niño y los derechos del niño se encuentran en una relación indisoluble.

En segundo lugar, trató el derecho a la identidad. Sobre el particular, detalló que el derecho a la identidad de los niños es un derecho que se consagra expresamente en la Convención de los Derechos del Niño, por lo que no existe el problema de saber si los niños tienen o no este derecho, pero igual se debe precisar qué se entiende por este derecho.

En este sentido, comentó que tanto el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su Observación General del mes mayo 2013, sobre interés superior, y la jurisprudencia han expresado que a pesar de que en artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño se habla de nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, el derecho a la identidad se debe extender más allá de estas tres categorías, incluyendo al sexo, a la orientación sexual, a la religión, a las creencias, a la identidad cultural y a la personalidad, entre otras.

De este modo, acotó que por vía interpretativa se ha entendido que el derecho a la identidad incluye otros aspectos más dinámicos de la personalidad en el proceso de construcción de cómo es el niño o niña, que van definiendo quién es, y cómo se diferencia y relaciona con otros niños. A modo ilustrativo, mencionó la importancia que tiene para los niños ser parte de un grupo determinado o la forma de vestirse, lo que refleja una señal de reconocimiento con respecto de los demás.

Además, dijo que dentro del concepto de identidad se ha entendido incluida la identidad de género. En este mismo sentido, señaló que la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, del año 2008, define a la identidad en forma amplia, a fin de extenderla a la identidad de género y a la orientación sexual.

Luego, trajo a colación el caso “Fornerón e hijas contra el Estado de Argentina”, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que si bien el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños entraña una importancia especial durante la niñez, por lo que concluyó que el derecho a la identidad, incluida la identidad de género es fundamental para los niños.

En sintonía con lo anterior, consideró que este proyecto de ley debe incluir a los menores y no sólo en forma tangencial, porque los niños están en un proceso de formación de su identidad y personalidad, por lo que debe dárseles el espacio necesario para el desarrollo progresivo de su autonomía en el ejercicio de sus derechos.

En tercer lugar, mencionó el derecho del niño a ser oído y que se le tome en cuenta. Señaló que es un derecho trascendental de la Convención de los Derechos del Niño que en la práctica ha sido entendido no sólo como un derecho, sino también un principio estructural de esta Convención, puesto que no puede garantizarse una protección de los derechos del niño, ni privilegiar su interés superior si no se escucha la opinión del menor sobre cómo él entiende el derecho. Aclaró que esto no significa que la opinión del niño será la que decidirá el asunto, sino que el juez o las autoridades deben tomar en cuenta su opinión, de manera que toda decisión debe incluir, necesariamente, la opinión razonada del niño, es decir, la ponderación del peso que tiene su opinión de acuerdo a su edad y madurez. Además, comentó que este derecho supone que, con posterioridad, se debe explicar al niño en qué términos su opinión fue aceptada como el criterio fundamental de la decisión adoptada.

Asimismo, hizo presente que este derecho implica que los niños no sólo son objeto de protección o sujetos vulnerables que requieren protección, sino que también son sujetos titulares de derecho y que experimentan una autonomía progresiva en el desarrollo de sus propios derechos.

Por otra parte, indicó que la Convención se refiere al niño que está en condiciones de formarse un juicio propio. Al respecto, detalló que el Comité de Derechos del Niño ha sido bastante preciso al indicar que la expresión “que estén en condiciones de formarse un juicio propio” no debe verse como una limitante, sino como una obligación para los Estados de evaluar la capacidad del niño de formarse una opinión autónoma en la mayor medida posible, lo que significa que los Estados no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Al contrario, sostuvo que se debe dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tienen derecho a expresarlas. Por ello, resaltó que no corresponde al niño probar que tiene esa capacidad.

A su vez, precisó que la Convención señala que la opinión del niño debe considerarse teniendo “debidamente en cuenta la opinión de los niños, en función de su edad y madurez”. Sobre este punto, informó que el Comité de Derechos del Niño ha recomendado no fijar límites de edad para ejercer este derecho, porque la Convención no lo hace y porque se trata de un derecho de todos los niños, independientemente de su edad, aunque se reconoce que pueden cambiar los instrumentos para escucharlo dependiendo de la edad del menor.

No obstante, observó que existen legislaciones comparadas que establecen que los niños mayores de doce años siempre deben ser escuchados, mientras que los menores de doce pueden ser escuchados. Obviamente, indicó que escuchar a un adolescente de dieciséis años sobre su identidad de género no es lo mismo que escuchar a un menor de cuatro años. Remarcó que el problema no es del menor, por lo que no le corresponde cargar el costo de dar a entender lo que piensa. Al efecto, subrayó que el problema es de los adultos y, en este caso en específico, del legislador de reconocer los instrumentos idóneos para generar procedimientos amigables que faciliten el ejercicio del derecho por parte del niño, es decir, instrumentos que permitan levantar la información del niño que no sólo sea la expresión verbal, sino que también se incluya otras formas para recogen su sentir, como pueden ser los informes periciales.

En este mismo sentido, indicó que el Comité ha dicho que la expresión central del artículo 12 de la Convención no es tanto la edad que tiene el menor, sino que la madurez que se puede expresar en la manera en que el niño justifica sus actos. De este modo, arguyó que el Comité ha entendido que los niveles de comprensión de los niños no van unidos de manera uniforme a la edad biológica y que la madurez significa la capacidad de comprender y de evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Así, resaltó que para el Comité la madurez se refiere a la capacidad del niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones en forma razonable e independiente, es decir, razonabilidad en el juicio, no verdad, e independencia, lo que implica que sus actos y su opinión son de él y que no han sido fruto de coacción o coerción. En consecuencia, destacó que es importante analizar cómo el menor justifica sus dichos.

En cuarto lugar, mencionó al artículo 5° de la Convención, que se refiere a la responsabilidad, derecho y deberes de los padres o de quienes tienen la responsabilidad legal de los hijos de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que los niños puedan ejercer su derecho. Indicó que este artículo es fundamental para comprender la relación que se produce entre los niños y los adultos en el ámbito familiar. Desde el año 1990, continuó, la Convención reemplazó la idea de autoridad paterna por responsabilidad parental, lo que implica que los padres o representantes legales no tienen derechos sobre sus hijos o los niños, porque ahora los niños son concebidos como personas legales y titulares de derechos.

De modo tal, señaló que mal podría entenderse que los derechos que consagra la Convención de los Derechos del Niño permiten a los padres ejercer estos derechos en contra de sus hijos. Acotó que la Convención entiende que éstos son derechos que los padres ejercen en contra del Estado, toda vez que los padres o representantes legales juegan un rol fundamental y prioritario en el proceso de formación de la autonomía de la personalidad de los niños, quienes pueden decidir qué es lo que le hace bien a un hijo. De ello, se deriva que al establecer medidas de protección en favor de un menor se debe separar al menor de su medio familiar, pero también fortalecer las habilidades parentales, porque quien debe acompañarlo, no es el Estado, sino sus familiares.

De este modo, explicó que el citado artículo 5° reconoce esta idea de responsabilidad parental y no derechos de los padres en contra de los hijos, sino de responsabilidades de los padres que deben ejercer estrictamente y que en caso de una intromisión del Estado en este ejercicio puedan decirle que no tiene título para intervenir, salvo cuando se amenazan o se violan gravemente los derechos de los niños, como ocurre ante una medida de protección por abuso o maltrato parental.

Agregó que el Comité ha dicho, a apropósito de cómo conjugar la opinión del niño y la responsabilidad parental, lo siguiente “Cuanto más cosas sepa el niño, haya experimentado y comprenda el niño más deben los padres u otras personas legalmente responsables transformar la dirección y orientación en recordatorio y consejos y más adelante en un intercambio en pie de igualdad.” En otras palabras, dijo, que a medida que los niños adquieren facultades tienen derecho a asumir un nivel cada vez mayor de responsabilidad respecto de la regulación de los asuntos que los afectan, incluida su identidad de género.

De modo tal, afirmó que la responsabilidad parental presupone no sólo el ejercicio privilegiado de las funciones de guía y de orientación de los padres o de sus representantes legales, en el curso del progresivo desarrollo de sus derechos. Acotó que la responsabilidad parental presupone siempre el que dicha función se ejerza de un modo compatible con el progresivo desarrollo de la autonomía de los niños. Al efecto, destacó que la responsabilidad parental es una posición de privilegio que el Derecho reconoce a ciertos adultos para que guíen y orienten a los niños, en consonancia con la evolución de sus facultades, para el ejercicio pleno de sus derechos.

Posteriormente, y teniendo como base los cuatro derechos antes comentados, formuló los siguientes comentarios al presente proyecto de ley:

1.- La ley debe reconocer expresamente el derecho a la identidad, incluida la identidad de género a los niños y niñas, toda vez que éste es un derecho reconocido expresamente en el artículo 8° de la Convención de los Derechos del Niño, la que ha sido ratificada por Chile y que se encuentra vigente, que por la vía del artículo 5° de la Constitución Política de la República se incorpora a la legislación nacional, lo que está con concordancia con los esfuerzos que el Estado de Chile está realizando.

2.- Sobre quién puede efectuar la solicitud a que se refiere este proyecto de ley. En su opinión se debe dejar en claro que si se reconoce el derecho a la identidad de género a los niños debe facilitársele el ejercicio de este derecho por sí o por sus representantes legales, lo que genera un desafío porque existen graves problemas de acceso tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales para los niños en Chile. En sintonía con lo anterior, apoyó la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez, que incluye a los niños dentro de los legitimados activos para solicitar el cambio de sexo, no obstante, sugirió modificar la redacción del inciso primero de esta norma al momento de señalar quiénes pueden presentar la solicitud, a fin de que diga en primer lugar que el niño podrá ejercer este derecho personalmente y, sólo si éste no puedo hacerlo por sí mismo, podrán hacerlo sus representantes legales. De esta manera, acotó se deja expresa constancia que el titular del derecho es el niño.

3.- No fijar un límite de edad para ejercer esta solicitud, dado que la Convención no consagra una edad mínima para ejercer los derechos, por lo que tampoco sería dable que las legislaciones establezcan una edad mínima para ejercerlos. Aquí, dijo, lo relevante es que la justificación de la solicitud refleje la madurez del niño o niña, lo que podría concretarse en que las solicitudes presentadas por los niños estén debidamente fundadas, es decir, que la solicitud incluya una manifestación de causa, porque quien decidirá sobre la solicitud tendrá que revisar si existe una justificación razonable para acogerla. Así, subrayó que el juez podrá verificar que la solicitud refleja que el niño posee la madurez suficiente para que su opinión sea tomada en cuenta y aceptada como válida para proceder a la rectificación de su sexo.

4.- Con respecto al procedimiento para solicitar la rectificación, dijo que si esta ley regula la identidad de género registral bastaría con los procedimientos administrativos para facilitar el ejercicio del derecho, porque en principio no significa un conflicto de derechos, que deba resolver el juez. Apuntó que la ley parte del supuesto que éste es un ejercicio legítimo del derecho y como tal el procedimiento debe facilitar su ejercicio. Sugirió que se trate de un procedimiento administrativo o no contencioso en sede de familia, salvo que terceros se opongan a la solicitud, pues en este caso, debería transformarse en un procedimiento contencioso seguido ante el tribunal de familia.

5.- En cuanto a la propuesta de designar a un curador ad litem, la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez establece que se debe nombrar a un curador ad litem cuando el niño realice la solicitud personalmente y también cuando exista oposición de los padres o representantes legales. En su opinión esta designación se debiera restringir al caso que exista oposición de los padres o del representante legal, porque el juez estaría en condiciones de resolver si se exige que la solicitud sea debidamente fundada, ya que este razonamiento podría bastarle para formarse la convicción de la realidad y de la madurez del niño.

Por otra parte, previno a Sus Señorías que en nuestro país los curadores ad litem no se encuentran capacitados para llevar este tipo de procedimientos, ya que en general juegan un rol bastante más formal en los casos en los que son llamados a actuar.

6.- Sobre la posibilidad de rectificar las partidas una vez que se concedió el cambio de sexo. Al respecto, señaló que la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez ya mencionada, en su inciso final establece que si se hizo una rectificación del sexo registral, cuando el solicitante era menor de edad, una vez que ha cumplido la mayoría de edad el titular tendrá el plazo de un año después de cumplidos los dieciocho años de edad para realizar una nueva rectificación y, excepcionalmente, en los casos calificados y fundados de menores de edad se podrá solicitar una rectificación adicional.

En su opinión, permitir la rectificación a las personas que han solicitado el cambio de sexo siendo menores de edad es un principio fundamental en materia de autonomía de la voluntad progresiva, que conlleva el principio de revisibilidad de sus actos, que reconoce que los menores pueden cometer errores o cambiar de opinión y, en consecuencia, tratar de disminuir el impacto de esas decisiones en su vida futura de manera permanente. Por ello, le pareció adecuado que esta ley no considere operaciones o intervenciones quirúrgicas para garantizar la identidad de género, porque para el caso de los niños sería una decisión irreversible.

Por lo anterior, indicó que bastará que el juez constate que la solicitud de revisión esté fundada o no y que según esos razonamientos concederla o rechazarla.

Por último, puso de relieve la necesidad de aumentar el plazo de un año para pedir una nueva rectificación.

Luego, la Comisión recibió en audiencia a la Abogada, Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central y Profesora de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop, quien señaló que hará su exposición desde la perspectiva del Derecho de Familia. En primer lugar, indicó que el proyecto que va más allá del cambio de nombre y de sexo, pues se trata de una ley de identidad de género más holística que la mayoría de las normativas comparadas, que sólo se refieren a la rectificación de partidas. Remarcó que el carácter holístico de este proyecto de ley implica un enorme desafío, cual es, no limitarse al reconocimiento formal de la identidad de género sin abordar los efectos de este reconocimiento. De lo contrario, apuntó, cuando las consecuencias derivadas de tal reconocimiento comiencen a funcionar, éste no pasará de ser más que una mera declaración. Explicó que esto quiere decir que las instituciones reguladas antes y después de la entrada en vigencia de esta ley deben reconocer y proteger este derecho, en el ámbito de la filiación, la adopción y el matrimonio, pero también en las normas relativas a la seguridad social y a la salud.

En suma, consignó que este proyecto de ley busca proteger al individuo en importantes aspectos de sus relaciones sociales, puesto que afecta a la persona en su estado civil, vínculos patrimoniales con terceros, derechos de la personalidad y relaciones familiares, entre otras materias.

Por otra parte, señaló que el sexo y el nombre son algunos de los elementos que configuran la identidad de la persona, porque contribuyen a individualizar al sujeto de derecho en sus relaciones sociales patrimoniales y extrapatrimoniales, no obstante, no son los únicos institutos que cumplen esta función. Así, expresó que la identidad de una persona importa al ordenamiento jurídico en cuanto los sujetos entran en relaciones con terceros con todo lo que su individualidad implica y que dentro de esa individualidad está la identidad de género, por eso importan cómo esos terceros ven a esa persona con la cual se están relacionando. No obstante lo anterior, indicó que intereses de terceras personas, ya sean miembros de la familia o terceros contratantes, no pueden restringir ilegítimamente los derechos fundamentales del ser humano, puesto que cualquier restricción al reconocimiento y al ejercicio del derecho a la identidad debe superar un estricto escrutinio de razonabilidad.

En este sentido, estimó que la única exigencia que podría aceptarse a la solicitud de cambio de sexo es que esté debidamente fundada, es decir, que explicite los fundamentos que motivan la petición a objeto de determinar si el derecho invocado cae efectivamente en el ámbito de regulación de esta ley.

De esta forma, consideró que resultan injustificadas las exigencias, tales como que el sujeto no se encuentre casado, que no tenga descendencia, o las que supeditan, a priori, el ejercicio de este derecho a otros intereses, como pudieran ser los de los hijos o de los acreedores. Incluso, estimó, injustificadas las disposiciones paternalistas que pretenden proteger al individuo de las manifestaciones de su identidad de género, revistiendo así de formalismos inútiles al procedimiento. Acotó que estas situaciones podrían, eventualmente, generar colisiones de derechos y restringir el ejercicio de este derecho en forma anticipada e injustamente.

Por lo anterior, hizo notar que no es pertinente la publicidad de la solicitud de reconocimiento de la identidad de género para que posibles terceros involucrados puedan oponerse, ya que basta la publicidad que procede luego de la rectificación de las partidas.

Al respecto, indicó que resulta útil observar la evolución del derecho comparado. A modo de ejemplo, mencionó el caso de España, en que el Tribunal Supremo fue sentando las bases de lo que sería la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que no es propiamente tal una ley de identidad de género. Comentó que en tres sentencias dictadas por el Tribunal Supremo entre los años 2002 y 2008 se otorgó el cambio de sexo sin exigir el sometimiento previo a cirugía de reasignación. A partir del año 2001, apuntó, la jurisprudencia administrativa española al acceder a un cambio de sexo permitió al solicitante contraer matrimonio en el futuro, dejando así de limitar la libertad matrimonial, que había sido la práctica que se había dado hasta esa fecha.

También, comentó la normativa alemana del año 1980 que exigía un sinnúmero de requisitos para acceder al cambio de sexo, a saber: intervención quirúrgica, apariencia exterior acorde con el nuevo sexo, que el solicitante haya cumplido veinticinco años de edad y que tenga tres años de pertenencia al nuevo sexo, que presumible el sujeto favorecido con el cambio de sexo no lo fuera a modificar en el futuro, que no estuviera casado y que fuera estéril. Refirió que, paulatinamente, la jurisprudencia constitucional alemana declaró inconstitucional algunas de estas exigencias. Así, consignó que en el año 2009, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008, se dictó una ley que permite el cambio de sexo sin necesidad de ser soltero. A su vez, detalló que en el año 2011, este Tribunal impidió exigir la esterilidad del sujeto y, finalmente, el 7 de marzo de 2013 el legislador alemán dictó una ley que introdujo una tercera categoría de sexo.

Posteriormente, abordó algunos aspectos de este proyecto de ley que se vinculan al Derecho de Familia. Al efecto, valoró que este proyecto de ley consagre que el reconocimiento de la identidad de género no altera las relaciones familiares del solicitante, tal como lo establece su artículo 8°, que dice que las relaciones propias del Derecho de Familia son inmodificables y que se mantienen en todos sus órdenes y grados. Estimó que esta norma es adecuada, en cuanto aclara que las relaciones de familia del individuo a quien se reconoce su identidad de género no tienen por qué verse afectadas.

Sin perjuicio de lo anterior, reparó que en materia de relaciones familiares este proyecto de ley es escueto, al igual que la mayoría de los ordenamientos de otros países. En efecto, indicó que el silencio del legislador en estos temas, salvo escasas excepciones, es una constante en el derecho comparado, dada la dificultad para tratar este tipo de temas. En este contexto, aconsejó efectuar las adecuaciones normativas necesarias y previsibles al momento de legislar o, al menos, mencionar los principios que en el futuro pudiesen contribuir a la interpretación e integración normativa. Con todo, valoró que el texto actual consagra el principio de continuidad en las relaciones familiares.

Luego, señaló que existen ciertas instituciones que previsiblemente deberían adecuarse a esta ley, para evitar que de su funcionamiento surjan posibles colisiones de derechos. En particular, se refirió al matrimonio y a las relaciones filiales.

En cuanto al matrimonio, explicó que el principio de continuidad implica que el vínculo que une al solicitante con otra persona debe subsistir mientras no termine por muerte, nulidad o divorcio. En cuanto a la nulidad, detalló que es dable y perfectamente legítimo que el consorte del solicitante quiera seguir unido por ese vínculo, no obstante la modificación de la identidad sexual del otro. Por esta razón, no apoyó la propuesta de agregar el reconocimiento de la identidad de género como nueva causal de terminación del matrimonio. En cambio, si aprobó que este hecho podría configurarse como una causal de nulidad matrimonial, conforme a las reglas generales, en especial la establecida en el número 1 del artículo 8° de la Ley de Matrimonio Civil.

Además, señaló que una vez que el solicitante cambia de sexo el matrimonio que éste celebre no debe ser considerado como matrimonio homosexual, en el entendido que éste es un vínculo que une a personas del mismo sexo registral, salvo que habiendo cambiado de sexo masculino a femenino quisiera casarse con alguien de sexo femenino, o si siendo de sexo femenino ha pasado a tenerlo masculino y quisiera contraer matrimonio con otro individuo de sexo masculino. Previno a Sus Señorías que la orientación sexual no es lo mismo que la identidad de género y precisó que dado que en Chile no existe el matrimonio homosexual la hipótesis a solucionar es si, como consecuencia del cambio de sexo, se produjera un matrimonio con contrayentes del mismo sexo, lo que en la práctica implicaría la existencia de un matrimonio homosexual sobreviniente. Este caso, acotó, podría solucionarse por vía no judicial, para dejar sin efecto dicho matrimonio.

En materia de filiación, precisó que el reconocimiento de la identidad de género podría generar algún tipo de conflicto en dos grandes ámbitos. El primero, detalló, tiene que ver con el acceso a la paternidad o la maternidad y con la figuración formal de la relación filial con el hijo y, el segundo, se refiere a los efectos de la filiación previamente determinada.

En cuanto al acceso a la paternidad y maternidad, indicó que si la filiación es por naturaleza, dependerá de la condición reproductora del solicitante a quien se le ha reconocido su identidad de género. En caso de no tener capacidad reproductora, precisó que entrarán en juego dos grandes instituciones del Derecho de Familia, a saber: la adopción y las técnicas de reproducción asistida. Comentó que la adopción está siendo objeto de reforma legislativa y las técnicas de reproducción asistida todavía no se encuentran reguladas en nuestro país.

En adopción, recordó que en Chile sólo pueden adoptar los matrimonios y las personas solteras, mas no las personas que mantienen una unión de hecho. Por lo tanto, concluyó, el sujeto a quien se le ha reconocido su identidad de género, sea que se encuentre soltero o casado, debe poder acceder a la adopción, sin discriminaciones de ningún tipo. Agregó que el procedimiento de adopción deberá sustanciarse conforme a los principios de interés superior del niño, niña o adolescente y de subsidiariedad.

Luego, se refirió al caso español que regula la situación de los matrimonios integrados por una persona a quien se le ha reconocido su identidad de género. Al efecto, reseñó que en España esta discusión se sostuvo con ocasión del reconocimiento del matrimonio homosexual y no como una consecuencia de la rectificación de partida de nacimiento por cambio de sexo. Sin embargo, entendió que algunas de sus normas podrían servir de modelo a los casos en que la persona a quien se le ha reconocido su identidad de género esté casada o pueda casarse en el futuro. Así, mencionó el artículo 175.4 del Código Civil español, que permite la adopción simultánea por ambos cónyuges, con independencia del sexo y orientación sexual de ellos, así como la adopción por uno sólo de los cónyuges, cualquiera sea su sexo, del hijo de su consorte después de contraer matrimonio con éste. Complementó que esta situación se replica para el caso de las parejas de hecho a través de la denominada adopción sucesiva, que de acuerdo a artículo 178.2 del Código Civil español permite la adopción al componente de una pareja de hecho del hijo del otro.

Indicó que si no se reforma la Ley de Adopción a propósito del debate de este proyecto de ley y se pospone su discusión para cuando se analice una futura modificación a la Ley de Adopción o cuando se apruebe una Ley sobre Reproducción Asistida, se deberá tener presente que el reconocimiento de la identidad de género debe guardar sintonía con las instituciones relacionadas, debiendo efectuarse las correspondientes adecuaciones.

Así, manifestó que dado que nuestra actual legislación no regula expresamente a las familias homoparentales, los hijos ya nacidos de la persona a quien se le ha reconocido su identidad de género figurarían, formalmente, con dos padres o dos madres. En este caso, sugirió aprobar que la filiación del hijo no esté asociada a las denominaciones culturales de padre y madre, sino a figuras más objetivas, como progenitor “A” o progenitor “B”, o bien autorizar que el registro evidencie su realidad familiar, esto es, que pueda aparecer con dos padres o dos madres.

En cuanto a los efectos de la filiación determinada con anterioridad al reconocimiento de la identidad de género de un sujeto, hizo presente que en conformidad con el principio de continuidad, el sujeto solicitante que tiene descendencia al momento de reconocerse su identidad de género debe seguir ejerciendo todos sus derechos y deberes parentales, como el continuar proporcionando alimentos o ejerciendo el cuidado personal de que es titular.

En sintonía con lo anterior, preguntó si puede restringirse automáticamente el régimen de relación directa y regular que se ha establecido a favor de quien se le ha reconocido su verdadera identidad de género, por el hecho de haber modificado su identidad sexual. Al respecto, consignó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 30 de noviembre de 2010, ha señalado que no es la transexualidad del padre, sino la falta de su estabilidad emocional la que puede justificar la restricción del derecho y el deber a mantener relaciones directas y regulares con su hijo, así como la efectiva repercusión en el niño de esta inestabilidad. En rigor, resaltó que el referido Tribunal afirmó que el cambio de sexo del progenitor de ese hijo no implica necesariamente la alteración del régimen de visita establecido.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pérez San Martín agradeció a los tres expositores por la contundencia de sus presentaciones.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe dejó planteada la inquietud de cómo una discusión jurídica de gran profundidad, basada en tratados internacionales, omite el hecho de que la Organización Mundial de la Salud considera a la identidad de género como un trastorno psiquiátrico, y que la Asociación Interamericana de Enfermedades Mentales la clasifica como dentro de las patológicas. Bajo este contexto, manifestó su asombro de que se proponga incluir a los niños como titulares para pedir el cambio de sexo.

En cuanto al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citado por la Profesora Lathrop, que planteó que sólo se puede alterar el derecho de visita por la inestabilidad emocional del progenitor que procedió al cambio de sexo, consideró que lo más probable es que esta inestabilidad provenga de la propia sintomatología del trastorno de identidad de género. Por todo lo anterior, hizo presente su total rechazo a los planteamientos expuestos por los expositores que participaron en esta sesión.

En sesión de 9 de julio de 2014, la Asesora del Movimiento Unido por la Vida de la Familia, señora Patricia Gonelle, señaló que la organización que representa trabaja por el bienestar de la familia y que realiza distintas actividades de formación, conferencias y encuentros con diversos especialistas, como la Doctora Marcela Ferrer, quien es psicóloga con un Magíster en Bioética de la Pontificia Universidad Católica y profesora de la Universidad Santo Tomás. Relató que, también, se desempeña en el Centro de Especialidad Pediátrica del Hospital Clínico de la Universidad Católica en el tema desarrollo y manejo parental y que hace más de diez años trabaja, en forma particular, con personas que presentan problemas de identidad de género y atracción hacia el mismo sexo.

Luego de esta presentación la Psicóloga, señora Marcela Ferrer, en representación del Movimiento Unido por la Vida de la Familia, comenzó su exposición haciendo presente a Sus Señorías la importancia de definir el concepto de identidad. Comentó que desde la perspectiva de la Psicología la identidad es la experiencia interna de mismidad, es decir, de ser nosotros mismos en forma coherente y continua. Así, acotó, la identidad es una experiencia interna de ser uno mismo desde el comienzo hasta el fin, de mantener cierta coherencia con aquello que uno es, independiente de los cambios que se vayan experimentando durante la vida.

Señaló que durante la adolescencia normalmente se produce una crisis de identidad y que una de las metas más importantes de esta etapa es lograr una identidad con cierta coherencia y continuidad, que hace que la persona sea lo que es. No obstante, indicó, existen ciertas situaciones que se vinculan con la identidad en que la persona tiene una percepción distinta de lo que realmente es, como en el caso del hombre tigre o el hombre serpiente. Al respecto, apuntó, por mucho que uno se sienta que es algo distinto a lo que se es, objetivamente, nunca se llegará a ser lo que se pretende ser. Por ello, resaltó que la identidad debe, necesariamente, relacionarse con que lo que efectivamente se es.

En seguida, puso de relieve que se tiende a confundir la transexualidad con el hermafroditismo. Informó que el hermafroditismo tiene dos variantes: el pseudo hermafroditismo y el hermafroditismo verdadero. Explicó que el primero es un problema a nivel genético, que produce una mala formación de los genitales externos, que no implica que la persona tenga los dos sexos, ya que tanto a nivel interior como a nivel genético la persona es hombre o mujer. En cambio, en el hermafroditismo verdadero la persona tiene, al mismo tiempo, genitales masculinos y femeninos por una mala formación de los órganos internos que hace que tenga los dos sexos. Aclaró que estos niños no presentan atracción hacia el mismo sexo, ni tampoco tienen un problema de identidad de género, ya que sólo existe un trastorno genético, por lo que una vez que es detectado el hermafroditismo se deben realizar las operaciones que sean necesarias para que el niño o niña concuerde su genética con su aspecto físico. Complementó que actualmente las ecografías permiten detectar estas malformaciones antes de que el niño nazca. Así, una vez que nace, el menor puede ser intervenido, a fin de que tenga un desarrollo normal de su identidad.

También, existe el caso de las personas homosexuales, que no tienen una malformación ni en sus genes, ni en su aspecto físico, pero que sí sienten una atracción hacia personas de su mismo sexo y que se sienten conformes con el sexo genético que tienen.

Por último, señaló que están las personas transexuales, que sienten que su cuerpo no se condice con su identidad de género y como tal no se reconocen como realmente son. Al respecto, reconoció que existe una teoría que ha planteado que el sexo genético se relaciona con la identidad, la que se construye dependiendo de las vivencias que cada persona tenga, no obstante, manifestó su disconformidad con esta teoría y señaló que existen varios testimonios de que esto no es tan así. De hecho, apuntó, hay varios casos en la época de la antigüedad de niños que nacían con problemas genéticos, que eran operados y transformados en niñas, pero que durante su desarrollo comenzaban a presentar rasgos masculinos, dado que genéticamente seguían siendo varones, y que generalmente terminaban suicidándose. Actualmente, acotó, esto ya no ocurre porque existe la posibilidad de conocer el sexo genético de cada persona y de realizar las cirugías que correspondan para adecuar su cuerpo a su genética.

Después, se refirió al caso contemporáneo del niño que en el momento de su nacimiento el médico le cortó la mitad de su pene y, por ende, los doctores decidieron operarlo para transformarlo en niña. Relató que esta niña a medida que fue creciendo se empezó a sentir más cómoda como hombre, por lo que sus padres decidieron contarle la verdad, lo que motivó que pidiera ser transformada en varón. Desgraciadamente, agregó, también, se suicidó.

Asimismo, comentó que existe un estudio que realizó un seguimiento a cuarenta y cuatro niños con disforia de género en una clínica que se dedicaba a transformar los cuerpos de las personas transexuales. Acotó que sólo uno de los cuarenta y cuatro chicos que de pequeños manifestaban no estar conformes con su identidad de género de adulto continuó con el deseo de cambiar de sexo. Por lo anterior, consideró que mientras la persona sea menor de edad no debiese autorizarse ningún tipo de intervención, porque los niños están en una etapa de desarrollo y pueden tener crisis de identidad, lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo que están viviendo y cómo se sienten. Resaltó que este proceso, normalmente, se acaba cuando termina la adolescencia.

Luego, mencionó el caso del transexual belga Nathan Verhelst, que nació como Nancy y que por una disforia de género se cambió de sexo. Con el pasar de los años, comenzó a sentir que tampoco era feliz con su cambio de sexo y dijo: “cuando me miré al espejo me di asco”. En opinión de la doctora Ferrer, este caso demuestra que la disforia de género no tiene que ver sólo con un problema con los órganos sexuales o con el rol de mujer o de hombre, sino que se trata de una situación bastante más profunda.

Posteriormente, trajo a colación el caso de Thomas Lobel, quien fue adoptado por una pareja de madres lesbianas y que a los once años manifestó su deseo de ser niña, por lo que fue operado y transformado en mujer. Otro caso que relató, fue el de una mujer que cambió su sexo a hombre y que se convirtió en Thomas Beatie, no obstante, mantuvo sus órganos femeninos, dado que su mujer no podía tener familia se embarazó y tuvo un hijo.

En general, resaltó que, si bien no existen estudios en la materia, es fácil darse cuenta que en todos estos casos se afecta el desarrollo de los niños, porque resulta extremadamente complejo que el niño presencie en su medio vivencias y experiencias que no corresponden a situaciones normales para su desarrollo. Señaló que, probablemente, estos niños tendrán problemas en su desarrollo psicológico. En sintonía con lo anterior, previno que la niñez es una etapa de cambios y de crisis que debe ser guiada y protegida, y que la identidad significa una interpretación exitosa de la imagen de la persona y de su adecuación en la sociedad.

Asimismo, indicó que el DSM-5, Catálogo de las Enfermedades Psiquiátricas y Psicológicas, mantuvo al trastorno de identidad sexual dentro de las patologías, cambiándolo a la categoría de disforia de género, con lo cual queda en evidencia que tanto para la psicología como para la psiquiatría la persona con disforia de género debe ser acompañada con un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Desde el punto de vista de la salud pública, comentó que existen un sinnúmero de enfermedades raras potencialmente mortales que en este momento no tienen cobertura. Detalló que cada cien mil habitantes se dan cincuenta casos de este tipo de enfermedades. En cambio, por cada cien mil habitantes sólo se dan cinco casos de transexualidad, lo que demuestra que tampoco se trata de un problema general que afecta a un gran número de la población.

Luego, se refirió a un estudio de la Clínica John Hopkins que buscaba mejorar la calidad de vida de las personas transexuales. Al respecto, informó que se hizo un estudio longitudinal en cincuenta mujeres y varones valorados antes y después del tratamiento de cambio de sexo. Indicó que este estudio reveló que la cirugía de reasignación de sexo no confiere una ventaja objetiva en términos de rehabilitación social a estas personas, ya que se detectó que seguían teniendo los mismos problemas en sus relaciones personales, laborales y emocionales. Así, se concluyó que las intervenciones que realizaban no mejoraban la calidad vida de estas personas, puesto que sólo validaban una situación aún más compleja, por lo se decidió cerrar este hospital.

Asimismo, señaló que es importante comprender que cuando se habla de una operación de reasignación de sexo no solamente se trata de un cambio a nivel de hormonas o de una operación de los genitales, sino que también se trata de una serie de operaciones dolorosas y lentas, que a lo mejor un adulto está en condiciones de soportar, pero no un niño.

En Suecia, informó, se produjo un seguimiento a 324 pacientes transexuales, que se sometieron a una reasignación sexual hormonal y quirúrgica entre los años 1973 y 2003. Relató que estas personas demostraron una mayor tasa de mortalidad que los transexuales que no fueron operados. Asimismo, consignó que tuvieron diecinueve veces más posibilidades de morir por suicidio y que fueron hospitalizados, por trastornos psiquiátricos, cerca de tres veces más que los transexuales no operados.

Comentó que hoy en Chile el Fondo Nacional de Salud (FONASA) cubre las operaciones de cambio de sexo, ello en virtud de un decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud, que permite a las personas adultas acceder a este tipo de intervenciones, siempre que cuenten con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Al respecto, previno a Sus Señoría que si esta práctica se convierte en ley se crearía un problema médico complejo, porque se eliminaría la facultad que tiene el médico para evaluar si esta intervención es necesaria o no para el paciente. Consideró que esta medida tiene más argumentos negativos que positivos, como lo han demostrado las cifras y estudios que antes dio a conocer a la Comisión e hizo notar que tampoco existe certeza de que estas intervenciones pondrán fin al dolor que sufren las personas transexuales.

A continuación, el Honorable Senador señor Ossandón señaló que, a su entender, las intervenciones de cambio de sexo cubiertas por FONASA deben estar, necesariamente, respaldadas por un fallo que autoriza el cambio de sexo registral. De ser así, estimó, no tendrá sentido aprobar esta ley, porque por la vía jurisprudencial se estaría autorizando el cambio de sexo de las personas transexuales.

La Honorable Senadora señora Pérez San Martín informó que el aludido decreto del Ministerio de Salud del año 2011 se encuentra reflejado en la Cartera de Salud en la Ley de Presupuestos del año 2013, que incluye dentro de los planes de FONASA las operaciones de cambio de sexo de las personas transexuales. Complementó que el entonces Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, envió una Circular a todos los consultorios de la Red de Salud Pública a comienzos del año 2012 para instruir al personal que todas las personas transexuales que acudían al sistema de salud pública debían ser tratadas por su nombre social para evitar discriminaciones. Recordó que al aprobar la Ley de Antidiscriminación, se incluyó dentro de las categoría de no discriminación a la orientación sexual y a la identidad de género, por lo que a través de este proyecto de ley se estaría dando cuerpo y consistencia a la categoría de identidad de género de la citada ley.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo notar la dificultad que existe para compatibilizar la bibliografía psiquiátrica, como el CIE-10 y el DMS-5, que califican como una patología a los trastornos de identidad de género con el derecho internacional de los derechos humanos, que consagra a la identidad de género como un derecho. Efectivamente, señaló, la existencia de un trastorno de género o una disforia de género es algo mucho más profundo que un simple sentimiento o emoción, lo que motivó a los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud a no eliminar esta patología de la clasificación de las enfermedades, a pesar de la presión de los movimientos internacionales que abogaban por excluirla de estas clasificaciones, tal como ocurrió hace algunos años atrás con la homosexualidad.

En su opinión, la transexualidad se debe a una falta de congruencia entre la identidad y el sexo genético de un sujeto. Al efecto, acotó que existen algunos casos en que esta compatibilidad no se da, lo que evidentemente genera una dificultad tremenda en la vida de estas personas y advirtió a Sus Señorías que ello no se superará con una ley, que intenta consagrar la identidad de género como un derecho de todas las personas. Por el contrario, indicó que tiene el firme convencimiento de que generará más daños que beneficios, especialmente, porque se afectará la vida de los niños. Al efecto, hizo notar que cuando un niño tiene una crisis existencial por su identidad sexual el problema no es del niño, sino de los padres de ese menor o de quien está a su cargo. Entonces, consideró que tratar de reducir este problema al derecho que tendrán las personas para cambiar su sexo no es el camino más adecuado, ya que estas personas requieren de mayor atención y ayuda.

La Psicóloga, señora Marcela Ferrer, coincidió con la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y relató a la Comisión que ha trabajado con niños de tres y cuatro años que presentan disforia de género. Comentó que cuando se comienza a trabajar la relación con sus padres esa disforia, normalmente, empieza a desaparecer, porque a veces los padres han tenido un mal manejo del tema, especialmente porque no han considerado las variables propias del niño.

En general, reseñó, los niños que presentan este tipo de trastornos tienen una hipersensibilidad desde temprana edad, por lo que necesitan un trato especial y en este sentido se intenta educar a los padres para que aprendan a manejarse con estos niños que son un poco distintos a los demás, sin reprocharle el cómo deberían ser según su sexo biológico. Al efecto, apuntó que se les debe dar la posibilidad de ser aceptados, amados y respetados tal como son, sin colocarle el título de que se trata de un niño transexual.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo presente que le llama la atención que los abogados tiendan a catalogar a la transexualidad como algo normal y que aboguen por elevar a la identidad de género a la categoría de derecho subjetivo, cuando los especialistas del área de la salud la ven como una patología mental. Por ello, mostró su sorpresa de que se discuta una ley que permita solicitar el cambio de sexo sin un informe médico que avale dicha petición y que, en consecuencia, sólo baste el sentir de la persona, siendo que puede estar experimentando una disforia de género producto de una patología psiquiátrica, como puede ser un estado psicótico.

También, exteriorizó su inquietud respecto del caso planteado por la Psicóloga, Marcela Ferrer, en que una mujer que cambió su sexo registral mantuvo sus genitales femeninos y que luego se embarazó a pesar de que tenía su nueva condición de hombre. En su opinión, con este caso se estaría aceptando que un hombre también puede ser madre. De esta forma, se relativizan los conceptos de padre y madre, que son conceptos fundamentales para la sociedad y la familia.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al Profesor de Filosofía del Derecho y Ética de la Universidad Bernardo O´Higgins, señor Marco Antonio Navarro, quien hizo presente que uno de los problemas con que se enfrentan los jueces y los operadores jurídicos es que en la legislación nacional no se encuentra un marco conceptual coherente que les permita llegar a la decisión más adecuada para cada caso concreto y, en este sentido, consideró fundamental clarificar cuál es el marco conceptual de este proyecto de ley. Por ello, detalló que su exposición se centrará en el marco conceptual de las teorías de género para luego analizar algunos aspectos de este proyecto de ley que le merecieron su atención.

En seguida, explicó que el marco conceptual aludido es el marco de las teorías de género, en las que se distingue entre el género y el sexo. Informó que existen tres modos para relacionar los conceptos de sexo y género. Refirió que el sexo se vincula más bien a un concepto de carácter biológico, fijo, propio de la naturaleza y que, por lo tanto, es indisponible a nivel genético. En cambio, precisó, el concepto de género se asume como un sentir cultural, producto de la libertad de los hombres, que se ve plasmado en las costumbres de los pueblos y en la legislación.

En primer lugar, mencionó al modelo biologicista, en que los dos conceptos se identifican completamente y corresponden a expresiones culturales fijas. Como representante de esta corriente citó a Hegel, quien consideraba que las mujeres, por su propia naturaleza, no eran aptas para la vida pública, ni para el conocimiento filosófico.

En segundo lugar, se refirió al modelo que plantea una separación radical entre el sexo y el género, que considera que no existe ninguna vinculación entre ambos. Destacó que una de las fundadoras de esta corriente es la filósofa Judith Butler, quien en su libro “Gender Trouble” señaló lo siguiente: “El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es el resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, varón y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino.”. Destacó que el énfasis de esta autora está en que el género es una construcción netamente cultural producto de los acuerdos y que no existe ningún límite en el modo de asignar esta categoría, por lo que debe predominar la autonomía individual y, por lo tanto, podrían configurarse ya no sólo dos o tres géneros, sino muchos géneros. Incluso, complementó, algunos prefieren no hablar de tipos de géneros, ni tampoco definir este concepto para que cada uno pueda identificarse con lo que quiera.

En tercer lugar, nombró el modelo mixto que reconoce la distinción entre el sexo como un elemento biológico y el género como un elemento cultural, que a su vez detecta en los usos y costumbres normas que son producto de acuerdos, que van cambiando a lo largo del tiempo. Por otro lado, consignó que este modelo reconoce que existe una vinculación entre el factor cultural y el biológico.

En su opinión, aquí se aplica una discusión más amplia que intenta entender cómo se conjuga la libertad humana con el mundo de la naturaleza. Al respecto, acotó que en ciertos ámbitos como en el cuidado del medio ambiente se reconoce que existen ciertos límites que el hombre no puede trasgredir libremente. De alguna manera, apuntó, la realidad natural de los ecosistemas se debe extender y aplicar al propio cuerpo y a la condición de ser humano. Al efecto, reconoció que todos tenemos una realidad biológica y otra genética, lo que no significa volver a recrear todos los patrones culturales que tradicionalmente se han asignado a hombres y a mujeres, como algo fijo, sino como un tema que debe ser discutido en cada época.

Luego, se refirió al fondo de este proyecto de ley y comentó que existen algunas disposiciones que parecen identificarse con la teoría que separa radicalmente el sexo del género. Por ello, previno que se estaría adoptando una de las posturas más extremas de la discusión, lo que se deduce de la definición que se da para el concepto identidad de género en el artículo 2°.

Con todo, reconoció que existen personas que no se encuentran conformes con su identidad de género. Acotó que la discusión en estos casos es determinar si su solución debe ser entregada a la libre autodeterminación de las personas, de manera de desvincular completamente los conceptos de sexo y género o asumir que este problema debe, también, ser abordado desde una perspectiva psicológica y psiquiátrica.

A su entender, esta discusión aún no está zanjada y para fundar esta afirmación citó un fallo del Tribunal Constitucional del Perú, de 18 de marzo de 2014, en que una persona transexual solicitó el cambio de su sexo registral. Al respecto, el Tribunal indicó que la razón de registrar el sexo de una persona es simplemente constatar una realidad biológica, razón por la cual existe este Registro y, por lo tanto, si se desea darle otra finalidad a dicho registro se debe, necesariamente, cambiar la legislación vigente. En general, consignó que en el derecho comparado se reconoce a las personas su sexo como una realidad biológica, lo que en la práctica se materializa en los registros de hombre y de mujer, por lo que si se desea darle otro carácter a estos registros necesariamente deben hacer las adecuaciones que correspondientes.

Asimismo, señaló que la Organización Mundial de la Salud clasifica al transexualismo dentro de los trastornos de la personalidad y del comportamiento, definiéndolo como “el deseo del individuo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto que suele acompañarse de sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio”. Por ello, sugirió dejar esta discusión a los médicos.

Luego, se refirió al artículo 4° del presente proyecto de ley, que establece los requisitos para el ejercicio del derecho a solicitar el cambio de sexo, el cual señala en su inciso tercero que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o tratamientos quirúrgicos. En su opinión, esta disposición al prescindir de antecedentes médicos también opta por la posición más extrema, en la cual prima la libertad de las personas para autodeterminarse por sobre la realidad biológica.

En esta misma línea, subrayó que existe un sinnúmero de especialistas que consideran al transexualismo como una patología psiquiátrica, por ende, aprobar esta norma implicaría dejar a estas personas en la más completa indefensión por no resguardar sus derechos. Al efecto, apuntó, si alguien padece una enfermedad y pide el cambio de sexo sin hacer ninguna referencia a un tratamiento médico, tal vez se podría estar vulnerando el derecho que tiene toda persona de ser asistida.

Con respecto a la indicación que permite a los menores de edad pedir el cambio de sexo, señaló que se debe analizar si estos menores se encuentran en condiciones de tomar decisiones de tal envergadura, a fin de resguardar adecuadamente sus derechos y los de sus padres.

Posteriormente, hizo presente que si lo que se busca es otorgar ciertos derechos para hacerlos efectivos, deben tener un marco conceptual adecuado y, en este caso tal como está hoy el texto de este proyecto de ley, ese marco opta por la postura más radical dentro de las teorías de género, que aún sigue siendo discutida, porque no existe un consenso filosófico, ni antropológico a su respecto. Bajo este contexto, sugirió esperar un tiempo para ver cómo avanza la discusión en la materia en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología y no legislar de un modo apresurado.

Sin perjuicio de lo anterior, reconoció que existen ciertos ámbitos en que este proyecto de ley podría resguardar los derechos de las personas que tienen un problema de identidad de género, siempre que cuenten con ayuda médica y que se apruebe un procedimiento adecuado para el cambio del sexo registral. Ello, complementó, implicaría preguntarse por la naturaleza del actual registro, si éste debe ser cambiado y si tiene alguna importancia para nuestra legislación.

Al efecto, comentó que el Profesor de Derecho Civil, señor Hernán Corral, planteó la posibilidad de que a las personas transexuales adicionalmente se les registre en la categoría de identidad de género o de sexo social, así se mantendría el registro biológico y contarían con otro que indique cómo quieren ser tratadas públicamente. Ello, amortiguaría las repercusiones que podría generar esta iniciativa en el Derecho de Familia, particularmente en materia de filiación, ya que de lo contrario, observó, debería realizarse un gran esfuerzo para adecuar el ordenamiento jurídico vigente.

Finalmente, hizo presente que este proyecto de ley podría ayudar en la protección de los menores que tengan este tipo de problemas dándoles un cauce judicial, pero siempre teniendo el cuidado de resguardar los derechos de los padres sobre el bienestar de sus hijos. Además, resaltó que los procedimientos debieran resguardar la reserva del caso para garantizar la dignidad de las personas y evitar discriminaciones futuras y no exigir, bajo ninguna circunstancia, la intervención quirúrgica para autorizar un cambio en el registro, porque estas intervenciones no tienen vuelta atrás.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Abogado y Profesor de Derecho Civil, señor Ian Henríquez, quien anunció que este proyecto de ley generará enormes consecuencias en la vida de las personas y por ello exige el máximo de nuestras capacidades deliberativas y de raciocinio crítico. Luego, informó que su exposición aludirá, en primer término, a cuestiones de técnica legislativa, para continuar con aspectos de sistemática jurídica y que finalizará con algunas observaciones puntuales sobre cuestiones de fondo y de forma.

En cuanto a las cuestiones de técnica legislativa, observó que el proyecto contiene, de manera entrelazada, dos proyectos distintos: uno, que consagra el derecho a la identidad de género, y otro, que regula el cambio de la documentación para las personas trans. Advirtió que se trata de materias que, no obstante las evidentes vinculaciones, son distintas y como tal merecen un tratamiento separado. Así, planteó a Sus Señorías distinguirlas con claridad, a fin de determinar si este proyecto consagrará la identidad de género como un derecho o bien se ocupará de facilitar las partidas identitarias de las personas trans.

Al efecto, advirtió que un tratamiento conjunto e indiferenciado podría tener un resultado deficiente para los dos intereses. Por lo anterior, sugirió focalizarse en los intereses de las personas trans, específicamente en la regulación de la documentación identitaria.

Posteriormente, se refirió a la técnica legislativa que utiliza este proyecto de ley. En abstracto, comentó, el Estado puede tomar las siguientes posiciones frente a las conductas de las personas: perseguir, prohibir, tolerar, permitir, proteger y promover. Cada una de ellas, dijo, implica una valoración y un tipo de acción. Además, reseñó que en nuestra cotidianeidad transcurre las más de las veces entre lo tolerado y lo permitido. De hecho, acotó, en los estados totalitarios hay una hiper inflación de las técnicas de persecución y de promoción. Indicó que esto es muy importante tenerlo presente, porque una mala elección de la técnica puede contribuir a configurar un Estado menos respetuoso de la libertad de las personas.

Resaltó que la promoción por parte del Estado de una determinada conducta implica una toma de posición del soberano respecto de una específica noción de bien. Por consiguiente, apuntó que el test que ha de pasar toda política de promoción es preguntarse si el interés protegido satisface o no un estándar serio de razonabilidad sobre su bondad específica.

Señaló que mezclar el derecho a la identidad de género con las dificultades en el cambio de nombre de las personas trans, implica también el entrecruce de las técnicas apropiadas. Al efecto, detalló que el proyecto de ley eleva a la categoría de derecho subjetivo la identidad de género, lo que significa que el género es para el Estado un interés jurídicamente protegido y como tal debe promoverlo.

Por otra parte, consideró que a nivel normativo el estándar de protección ya está satisfecho, por cuanto nuestro ordenamiento contempla tanto normas generales como especiales, y aun sectoriales, que protegen a las personas contra toda forma de discriminación. Complementó que la intangibilidad y la indemnidad de las personas es un verdadero principio del derecho chileno. En sintonía con lo anterior, estimó que para proteger a las personas no se requieren nuevas normas.

Con todo, consignó que otra cosa distinta es la promoción del derecho. Por ello, preguntó si el Estado está dispuesto a interferir en la vida de sus ciudadanos y ciudadanas para promover la identidad de género. En concreto, se refirió al caso de las personas trans y subrayó que para analizar este tema no se puede prescindir de un análisis más interdisciplinario. Al efecto, mencionó el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, que cataloga al transexualismo como una patología, específicamente como una disforia sexual. Comentó que siguiendo el sentido común se puede detectar un profundo sufrimiento, que implica el rechazo por parte de la psique del propio ser, que no justifica que deba considerarse a la identidad de género como un objeto de promoción por parte del Estado.

Al efecto, hizo presente que respetar y acompañar a quien lo padece, es distinto que consagrar una patología como un derecho subjetivo. Desde luego, aclaró que la patología no sería un interés jurídicamente protegido, sino su rehabilitación. Si ello fuere así, expresó, con razón no puede considerarse a la identidad de género como un derecho subjetivo, puesto que presupone el carácter anómalo de aquello que se quiere promover.

Por otra parte, consignó que el objeto del interés, es decir, hacia lo cual debe tender el derecho subjetivo, que en este caso corresponde a la prestación rehabilitadora, se vincula al ámbito de los derechos sociales y económicos.

De tal forma, previno, se estaría avalando el absurdo de considerar al transexualismo como una patología y, al mismo tiempo, se le estaría confiriendo, bajo un título anómalo, diversas potestades jurídicas, como el solicitar intervenciones quirúrgicas o el pedir a la autoridad judicial el cambio de sexo. Señaló que algo similar podría darse con el caso del alcoholismo, que también es considerado como una patología, y que el Estado, bajo el pretexto de respetar a la dignidad humana, podría cometer el absurdo de promover el consumo de alcohol para garantizar los derechos subjetivos de las personas.

En sintonía con lo anterior, consideró que la noción de identidad de género no es idónea para legitimar un derecho subjetivo, partiendo de la premisa de que una persona puede tener diversos atributos, como la edad o la identidad de género. Acotó que de esta afirmación no se sigue la existencia de un derecho subjetivo a la edad, de modo tal que la persona pueda afirmar “yo tengo la edad que quiero, que es aquella que siento y que me identifica”. En rigor, apuntó, el Estado no tiene por qué prohibir que una persona se opere una y otra vez para adecuar su cuerpo a la edad que siente. Pero de todo ello, advirtió, no se deriva una fundamentación que justifique elevar dicha aspiración a un derecho subjetivo.

En suma, estimó que la opción de utilizar la técnica de la promoción, a través de la consagración de un derecho subjetivo, no sería apropiada, más aún cuando se mezclan dos materias diversas, que ameritan un tratamiento separado y diferenciado.

Posteriormente, hizo presente a Sus Señorías que en este proyecto de ley no aparece suficientemente fundada la diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género, como dos criterios distintos y autónomos, haciendo primar la identidad por sobre el sexo, incluso al extremo de invisibilizar al sexo biológico. En su opinión, el sexo es una categoría relevante e imprescindible en la configuración de todo ordenamiento jurídico como para pretender omitirlo. Al efecto, indicó que todas las normas de discriminación positiva en razón del sexo quedarían en entredicho y que la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se tornaría superflua.

En esta misma línea, dio cuenta que en materia de Derecho Penal resultarían inaplicables las agravantes de los números 6 y 18 del artículo 12 del Código Penal, que presuponen la diferencia entre varón y mujer. Otro tanto, podría ocurrir con el delito de femicidio regulado en el artículo 390 del mismo cuerpo legal. Además, preguntó cómo se materializaría la regla de los recintos carcelarios separados para varones y para mujeres, si existen reos que han solicitado el cambio de sexo.

En Derecho del Trabajo, puso de relieve el problema que se produciría con el empleador para dar aplicabilidad al artículo 203 del Código del Trabajo referido a la obligación de construir sala cunas si tiene diecinueve trabajadoras y existe un varón con identidad de género femenino. Asimismo, planteó una inquietud similar con el permiso de maternidad que se aplica a la mujer, en el evento en que se embarace una persona con identidad de género masculina, lo mismo, a propósito de la seguridad social, del monto de las cotizaciones, de los tramos y de las edades para jubilarse.

En materia de Derecho Civil, refirió que podría producirse un conflicto con la capacidad contractual, que es más temprana en las mujeres que en los varones como se constata en los artículos 26 y 1447 del Código Civil, con el vicio del consentimiento por fuerza regulado en el artículo 1456 y con las reglas sobre las curadurías artículos 449 y 478, todos del mismo cuerpo legal. Hizo notar que en esta somera revisión, ni siquiera aludió a las normas del Derecho de Familia, las que presuponen la diferencia sexual entre el hombre y la mujer.

En seguida, se refirió a las cuestiones de fondo. Al respecto, señaló que no comparte que este proyecto de ley dentro de sus antecedentes jurídicos mencione a los Principios de Yogyakarta, porque es una declaración meramente privada, no vinculante, que ni siquiera califica como “soft law”. De igual manera, expresó que tampoco apoya que, desde el punto de vista jurídico, se argumente que este proyecto es necesario para cumplir con las obligaciones y los deberes internacionales que el Estado de Chile ha adquirido en materia de derechos humanos. En cuanto a las cuestiones de forma, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la redacción del texto de esta iniciativa para evitar confusiones o aporías jurídicas.

Por todo lo anterior, sugirió dividir el presente proyecto de ley, y abocar todo el esfuerzo legislativo en la búsqueda de una solución al problema documental de las personas transexuales. Ello, porque no se advierten razones poderosas para que el legislador promueva como un interés jurídico relevante a la identidad de género y menos para consagrarlo como un derecho subjetivo, que disocia al sexo del género, haciendo primer al género por sobre el sexo.

En sesión 6 de agosto de 2014, la Comisión recibió en audiencia al Representante de la Organización Mundial de la Salud, doctor Roberto del Águila, quien trajo a colación una serie de documentos emanados de las organizaciones internacionales que se refieren a la identidad de género, a saber: consideraciones acerca de la situación de las personas y de las comunidades trans; resolución del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que en sesión de 4 de octubre de 2013 aprobó un documento sobre el tratamiento y la utilización de los servicios de salud por las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales en relación con el ejercicio del derecho a la salud; documento de la Asociación Americana de Psiquiatría, que en su quinta revisión del DMS cambia el diagnóstico de las personas trans a disforia de género; documento por la salud de las personas trans, y una guía para los servicios de salud en relación con la atención a las personas trans de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud.

A continuación, señaló que desde la perspectiva de la salud se reconocen una serie de características biológicas que se utilizan para describir a las personas como hombres o mujeres dentro de la especie humana. Informó que normalmente se aplica en la asignación del sexo, que se basa en la observación de los genitales externos del recién nacido, lo que se conoce como el sexo de asignación o sexo natal.

También, dijo que la identidad de género es la percepción que tiene una persona de ser hombre, mujer, o alguna alternativa de género distinta o combinación de géneros. Al efecto, apuntó que la identidad de género de una persona puede corresponder o no con su sexo asignado al nacer. Comentó que en un gran número de culturas se da la coincidencia entre el sexo natal y la identidad de género, coincidencia que se manifiesta a través de las expresiones de género que están adjudicadas a algún sexo en particular. No obstante, puso de relieve que existe un segmento de la población mayor de 15 años, estimado entre un 0.1% a un 0.3%, que manifiesta tener una identidad de género diferente de la que corresponde con el sexo asignado al nacer.

Al respecto, informó que esta falta de conformidad entre el sexo asignado y el género ha sido tradicionalmente considerada como una patología fundada en una disociación entre el sexo natal y el género, que motivó a los especialistas a entenderla como un trastorno disociativo. Destacó que esta visión ha ido cambiando, pues ya no se le considera como una enfermedad psiquiátrica. Sin perjuicio de ello, observó que aún persiste dentro de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), en su Décima Revisión, en el apartado de Trastornos Mentales y del Comportamiento, en el que se le categoriza bajo el acápite F.64 denominado “Trastornos de la Identidad de Género”. Complementó que estas categorías son definidas por un conjunto de expertos que deciden sobre el contenido de la clasificación y sobre las patologías que deben incluir o excluir.

Refirió que hoy una comisión de expertos se encuentra discutiendo la Undécima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Acotó que tanto la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud como el Grupo Asesor de la Organización Mundial de la Salud han hecho valer la propuesta de eliminar a la transexualidad dentro del bloque o sección de los trastornos mentales y del comportamiento. A modo ilustrativo, informó que la homosexualidad fue removida de esta Clasificación, en el año 1990, en la Décima Revisión.

Indicó que, dado que es necesario que los sistemas de salud sigan prestándole atención de salud a las personas trans, sin exclusión y discriminación, se ha planteado el problema si su exclusión de la Clasificación Internacional de Enfermedades podría afectar la prestación de los servicios de salud que se les otorga. Por ello, se publicó la guía para los servicios de salud en relación con la atención a las personas trans. Pero, advirtió que esta guía se refiere a los servicios de salud médicos y no psiquiátricos, lo que implica que la atención psiquiátrica es una opción personal. Al efecto, resaltó que se reconoce como una obligación el ofrecer servicios de salud a las personas que experimentan una divergencia entre su identidad de género y su sexo natal. Para subsanar este posible vacío, anunció que se ha propuesto crear una sección especial en la Clasificación Internacional de Enfermedades, que incluya los casos de transgénero y los relacionados con salud sexual, sin vincularlos con ninguna psicopatología.

En cuanto a la Clasificación de la Asociación de Psiquiatría Americana, que consta en el Quinto Manual Diagnóstico y Estadístico, DSM-5 de 2013, comentó que los expertos concluyeron que las personas trans viven en un estado general de insatisfacción derivado del hecho de tener el deseo permanente de ser alguien que su cuerpo no expresa plenamente, por lo que resolvieron no excluirlos de la Clasificación, pero sí cambiarlos de categoría de trastorno mental a disforia de género.

Del mismo modo, se refirió al 52° Consejo Directivo, de la sesión del Comité Regional de 4 de octubre de 2013, en el cual participaron todos los ministros de salud del continente americano. En dicha instancia, se trataron las causas y las disparidades en cuanto al acceso y a la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. El Consejo Directivo, resolvió, que los Estados deben darle prioridad al acceso igualitario a los servicios de salud en las políticas, planes y en las legislaciones nacionales a las personas trans. En sintonía con lo anterior, comentó que en Chile se realizó un estudio sobre la discriminación que padecen las personas trans en los servicios de salud y que producto de ello el Estado dictó un decreto sobre el trato que deben recibir estas personas en área de la salud.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pérez San Martín resaltó que la Organización Mundial de la Salud les mostró una postura clara sobre el tema y agradeció su exposición, porque justifica la presentación de este proyecto de ley, que intenta resolver los problemas que tienen las personas transexuales en cuanto a la falta de reconocimiento al ejercicio de sus derechos civiles.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe apuntó que el DMS 5 es un clasificador de enfermedades que usan las sociedades psiquiátricas nacionales, que fue actualizado en el año 2013. Advirtió que en esta actualización el trastorno de identidad de género no fue excluido de la clasificación, a diferencia de lo que ocurrió con la homosexualidad, ya que sólo fue trasladado a la categoría de disforia de género. Por lo anterior, subrayó, sigue siendo una enfermedad psiquiátrica, aunque ahora asume características distintas.

Luego, aunque reconoció los avances de la Undécima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y consignó que normalmente ambas clasificaciones asumen criterios bastante parecidos, por lo que consideraría extraño que en una se clasifique a la identidad de género como una enfermedad y en la otra no. Resaltó que, sin duda, se está ante un tema complejo tras el cual existe un problema social, que afecta la calidad de vida de las personas trans, lo que en su opinión no sirve de fundamento para avalar la propuesta de reconocer a la identidad de género como un derecho.

El Honorable Senador señor Navarro destacó el prestigio de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y manifestó que debiera tener un rol más relevante en temas como éste, en que no sólo está en juego el derecho a la salud sino también otros derechos. En general, indicó, nuestro país no se ha caracterizado por un avance progresivo en los derechos sociales, como sucede con el tema indígena, respecto del cual se va a la retaguardia del quehacer internacional. Aclaró que aquí están discutiendo sobre derechos civiles que debieran tener un reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico.

No obstante, acotó que la identidad de género también tiene un componente de salud, por ello, consultó al representante de la Organización Mundial de la Salud si existen estudios que avalen que las personas transexuales padecen una enfermad o es una condición sobre la cual se debe privilegiar el derecho de la persona a elegir su género. Resaltó, se está ante un segmento de la población que desea elegir su género.

A su vez, la Honorable Senadora señora Pérez preguntó si considera un error reconocer el derecho a la identidad de género a las personas transexuales por el hecho de que aún están incluidas en las clasificaciones internacionales bajo la condición de un trastorno mental.

El Doctor del Águila aclaró a Sus Señorías que la exposición que presentó a la Comisión representa la opinión de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en la materia y que, en ningún caso, expuso su opinión personal. Explicó que la idea era mostrar cómo ha variado la percepción que tenía la Asociación de Psiquiatría Americana sobre la población transexual, lo mismo respecto del grupo de experto que trabaja en la Undécima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que tiene la intención de cambiar la categoría de la identidad de género o de excluirla definitivamente de esta clasificación de enfermedades.

La razón de ello, dijo, es que actualmente no sólo se considera al sexo natal para determinar el sexo de una persona, sino también al género, ya que los especialistas se han percatado que se puede generar un problema psiquiátrico en las personas que tienen una disconformidad entre el sexo y el género. Al efecto, refirió que si bien se trata de un pequeño porcentaje de la población, este grupo tiene el derecho de asumir su identidad y de ser reconocido como se siente en cuanto a su género. Acotó que ésta es la gran diferencia de enfoque que se está dando a propósito de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, puesto que se asumió la importancia del género, incluso por sobre el sexo. Así, dejó en claro que ésta es la postura de la Organización Mundial de la Salud, en especial respecto de aquellas personas que se sienten con un género diferente al sexo asignado, que implica que se les debe reconocer su sexo en armonía con su identidad y también el derecho a modificar su sexo físicamente, si así lo desearen.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Encargada del Área Trans y Prevención de la Transfobia de Fundación Sin Odio y de la ONG Camión Rosa, señorita Claudia Ancapán, quien informó a Sus Señorías que es una mujer transexual y activista, que representa a organizaciones nuevas que intentan prevenir la transfobia a través de la visibilización sin patologización. Además, refirió que es matrona de profesión y que tiene un diplomado en materia de salud. Comentó que nació con un sexo asignado, pero que desde los cuatro años se empezó a sentir mujer y que ha vivido como tal, gracias a la comprensión de sus padres evangélicos.

Luego, explicó que su presentación refleja la forma en que ella piensa como mujer transexual y como profesional de la salud, porque se formó en una Facultad de Medicina, en donde aprendió todo lo que el Doctor Águila dijo sobre clasificaciones de enfermedades y de trastornos. Señaló que al acceder a esta información comenzó a cuestionarse por qué las personas transexuales eran consideradas como enfermas mentales. Sin embargo, comentó que sus estudios le permitieron descubrir que existían antecedentes suficientes para cuestionar la definición de la identidad de género como un trastorno psiquiátrico.

Acotó que a fines de los años cuarenta las personas trans tuvieron que trasgredir las normas del género y en los años cincuenta el Doctor Harry Benjamin ayudó a las primeras mujeres trans a realizarse una operación de reasignación de sexo. Fue este médico quien denominó a esta condición “transexualidad”. Luego, apuntó que en el año 1968 el Doctor Osvaldo Quijada, publicó su libro “Cambio de Sexo”, que sirvió de base para trazar el camino de la patologización de la condición de las personas transexuales. Así, la Medicina los clasificó en categorías bastante denigrantes, lo que hoy está cambiando.

Al efecto, comentó que la Doctora Tamara Adrian ha cuestionado el por qué la Medicina clasificó a la transexualidad como una patología, lo que contribuyó a la estigmatización de las personas transexuales. Asimismo, señaló que la evidencia científica está demostrando que no se puede seguir patologizando a la transexualidad. Sobre el particular, indicó que un grupo de expertos a nivel mundial está intentando eliminar a la transexualidad de la clasificación de las enfermedades mentales y de hacerle entender a la sociedad psiquiátrica que la Medicina ha sido la culpable del prejuicio que se ha forjado en torno a las personas trans.

Subrayó que la Medicina debe asumir que hoy se vive en un contexto de los derechos humanos y como tal se debe velar por los derechos civiles de las personas. Previno que los psiquiatras y los psicólogos tendrán un enorme trabajo cuando entre en vigencia la Clasificación Internacional de Enfermedades en su Undécima Versión y cuando se aplique el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos V, porque ambos reformulan la categoría de la transexualidad.

Por otro lado, dio cuenta que recién en la actualidad la sociedad civil está visibilizando la realidad de las personas transexuales, lo que ha costado varias vidas producto de la transfobia, que es el odio a lo desconocido y a lo diferente. Relató que la historia trans se remonta incluso a la época de la colonia, no obstante, el primer caso que salió a la luz pública en Chile fue el de Marcia Alejandra Torres Mostajo, en el año 1973, quien buscó ayuda en la Medicina para lograr una cirugía de reasignación sexual. Posteriormente, reseñó, durante el Gobierno Militar el tema trans nunca se abordó, pero igual hubo dos médicos realizaban operaciones de cirugía de reasignación de sexo.

Además, indicó que las personas trans han adquirido el valor de visibilizarse en la sociedad para decir que no están enfermas, enfrentándose con los argumentos médicos y haciendo presente que es injusto clasificarlas por una vivencia interna. En el año 1973, se dio la primera marcha de homosexuales y transexuales, lo que constituyó un hito en la historia de Chile y reiteró que Marcia Alejandra Torres fue una de las primeras mujeres trans que abrió las puertas para tratar este tema. También, valoró la labor de las organizaciones civiles, como la Red de Personas Trans de Latinoamérica, que trabaja con mujeres trans que se dedican al comercio sexual porque no tienen otra opción laboral, lo cual experimentó personalmente.

En seguida, se refirió a las categorizaciones y a los crímenes cometidos contra las personas transexuales. Al efecto, comunicó que a nivel mundial existe un observatorio de asesinatos contra personas trans, que año a año, informa cuántos transexuales han sido víctima de asesinatos. Lamentó que existan personas fundamentalistas que no entienden que pueden dañar la visión que se tiene del ser humano al cometer actos tan horrorosos y que justamente el día de ayer hubo un asesinato de una mujer trans en comuna de La Cisterna. En sintonía con lo anterior, reflexionó si será necesario que exista otro Daniel Zamudio para aprobar este proyecto de ley.

En esta misma línea, puso de relieve que en Chile las mujeres trans son víctimas de la intolerancia, materia que debería ser objeto de un estudio cualitativo. Observó que hoy la Medicina ha sido incapaz de incorporar el aspecto cualitativo y la metodología testimonial para realizar un estudio serio sobre la transexualidad.

Además, apuntó que existe una transfobia hacia la población trans que parte en la infancia, porque en esta etapa se ha detectado que existe un común denominador cual es el prejuicio contra lo distinto, que sigue en la adolescencia, lo que ha motivado a gran parte de la población transexual a abandonar sus estudios para evitar las agresiones.

Informó que en Chile no existen estudios de la población trans y que tampoco han sido catastrados, sin embargo el Ministerio de Salud en el año 2012 emitió un informe que, por primera vez, incorpora la variable transgénero a fin de reconocer a las mujeres trans, producto de la presión que ejerció la sociedad civil.

Por otra parte, resaltó que las mujeres trans no pueden ser consideradas como hombres que tienen sexo con otros hombres, porque implica una drástica categorización. Luego, contó a la Comisión que se cambió de nombre y sexo, sin haberse sometido a ninguna cirugía, y que hace dos meses que tiene su nueva cédula de identidad, no obstante, aún no ha podido trabajar porque el sistema público le ha negado la posibilidad de ejercer su profesión de matrona. Refirió que existe una falsa creencia de que todas las personas trans desean operarse. Al respecto, apuntó que existen personas cristianas que temen atentar contra la naturaleza de Dios y como tal no desean someterse a ninguna cirugía de reasignación de sexo.

Relató que para obtener el cambio de nombre y sexo tuvo que ser evaluada, previamente, por el Psiquiatra, señor Mario Quijada, quien con una actitud bastante visionaria comprendió que ella no padecía ninguna patología mental por el hecho de ser transexual. Asimismo, consideró que no es correcta la hipótesis planteada por algunos psiquiatras de que las mujeres y hombres trans que se han sometido a una cirugía de reasignación de sexo tienen mayor tendencia al suicidio y a las patologías de carácter psiquiátrico.

Con todo, señaló que de aprobarse la despatologización de la transexualidad en las Comisiones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud se podría correr el riesgo de dejar fuera de la cobertura del sistema de salud a la población trans, con lo que se perdería la garantía de que el Estado financie las cirugías y los tratamientos hormonales que sean necesarios. Por eso, consideró valorable que estas comisiones plateen una reformulación de su categorización, aunque reconoció que el ideal sería excluir a la transexualidad de las clasificaciones de las enfermedades.

Señaló que la sociedad tácitamente ha autorizado las agresiones en contra de las personas trans, por ser un grupo vulnerable, invisibilizado y considerado como enfermos mentales. En este contexto, trajo a colación el proyecto de ley presentado por la Honorable Senadora señora Pérez, que tipifica la incitación al odio racial y religioso, y planteó la necesidad de incluir a la población transexual. Al efecto, refirió que países como Alemania y Francia han sido capaces de transformar sus leyes en instrumentos que buscan evitar la incitación al odio de una manera preventiva, educando a su población.

A continuación, valoró el quehacer del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVIHL) y de la Fundación Iguales, que han creado áreas trans y han colocado el tema en el debate. No obstante, reparó, hoy las personas trans no tienen visibilización en Chile para sus demandas, a pesar del trabajo de estas organizaciones. En su opinión aún falta que la sociedad entienda que se trata de una negación de derechos humanos a una comunidad y que es un error sostener que Chile no está obligado a acatar las normas internacionales de derechos humanos. Hizo notar que los prejuicios y los dogmas que existen en torno a este tema atentan contra el desarrollo que se merecen las personas transexuales.

En lo personal, comentó que diversas personas de la Facultad de Medicina, que también consideraban a la transexualidad como un trastorno le aconsejaron que no expusiera públicamente su condición, no obstante, igual lo hizo y por eso hoy está luchando por el reconocimiento a la identidad de género.

Finalmente, señaló que está postulando a un doctorado en la Universidad de Chile y que quiere hacer de su vida un aporte para la construcción de políticas en beneficio de la población trans para evitar que las personas les sigan negando sus derechos y ejerciendo actos de incitación al odio en su contra. También, refirió que ella es una sobreviviente, porque en el año 2005 un grupo de neonazis la golpearon brutalmente en la ciudad de Valdivia y casi pierde la vida. Consideró que este tipo de ideologías no pueden ser validadas y que por ello se requiere que se apruebe en forma urgente el presente proyecto de ley y el que tipifica la incitación al odio.

En sesión de 3 de septiembre de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la Responsable del Área Trans de la Región Metropolitana del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), señorita Paula Dinamarca, quien manifestó su preocupación por este proyecto de ley por cuanto no resuelve el fondo del problema que afecta a las personas transgénero, transexuales e intersexuales, en adelante llamadas personas trans. Estimó que gran parte de sus artículos son una mera declaración de principios, porque no precisa cómo se harán efectivos los derechos allí consagrados y porque no hace más que repetir los derechos ya garantizados en otras normas legales.

Además, reparó que no acoge la petición de un importante número de organizaciones trans del país que piden que el trámite del cambio de nombre y de sexo legal sea trasladado desde los tribunales de justicia al Servicio de Registro Civil e Identificación. Informó que esta demanda es apoyada por el Sindicato Trans Amanda Jofré, el Área Trans del MOVILH, la Organización Ambigüas de Coquimbo, el SIPRODE de Quillota, la Red Trans de San Antonio, el Frente Femenino de Valparaíso, las Transgéneras por el Cambio de Talca y por la Red Trans a nivel nacional. Hizo presente a Sus Señorías que esta propuesta fue presentada a esta Comisión en el mes de mayo de este año y que se centra en que el cambio de nombre y de sexo legal sea un trámite administrativo seguido ante el Servicio de Registro Civil e Identificación y no ante el poder judicial, ya que ello permitiría erradicar los principales problemas que enfrentan las personas trans, como la discrecionalidad y la arbitrariedad de algunos jueces, los altos costos y el injustificado tiempo destinado a este proceso, lo que es un obstáculo desmedido para el derecho básico de cualquier persona a ser identificada con el nombre y sexo acorde a su propia realidad. Así, acotó que trasladar este proceso al Servicio de Registro Civil e Identificación responde a una realidad concreta de la población trans femenina que es la más vulnerable, que carece de estudios y que se ve obligada a ejercer el comercio sexual.

Destacó que la realización del trámite ante el Servicio de Registro Civil e Identificación promoverá una mayor igualdad de oportunidades y de derechos de las personas trans para cambiar su identidad legal. Observó que el texto actual de este proyecto de ley determina que el cambio de sexo debe pasar por los tribunales de justicia, lo que en su opinión atenta contra la Ley de Antidiscriminación y contra la plena inclusión de las personas transexuales.

A continuación, analizó algunos de los artículos del presente proyecto de ley, a saber:

- Artículo 1°, que establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento, protección y al libre desarrollo y a ser tratada y reconocida en todo momento de acuerdo a su identidad de género. Al respecto, preguntó cuándo se harán efectivos estos derechos antes o después que el tribunal falle a favor o en contra del cambio de nombre y del sexo legal. Si es después, cuestionó qué sentido tendría este artículo, puesto que los derechos deben hacerse efectivos antes del cambio de nombre y de sexo legal, porque así también se garantizan los derechos de la persona que no ha cambiado su sexo. Hizo presente que este proyecto de ley no se hace cargo de estas observaciones y no explica por qué y cómo se regula en la legislación el derecho de las personas transexuales para acceder al sistema de salud.

En relación a la indicación que propone reemplazar el concepto “identidad de género” por “identidad sexual”, consideró que esta propuesta confunde conceptos, puesto que la orientación sexual no tiene relación con la identidad de género, a lo más se podría hablar de identidad y de expresión de género, conceptos que usan las leyes de identidad de España y de Argentina.

- Artículo 2° se mostró conforme con la definición propuesta por este proyecto de ley.

- Artículo 3° recordó que las leyes N°s 17.734 sobre cambio de nombre y apellidos y 4.808 sobre el Registro Civil permiten el cambio de nombre y, la innovación de este artículo, radica en que se refiere al cambio de sexo, sin embargo, no resuelve la discrecionalidad de los tribunales. Se mostró contraria a la indicación número que limita este derecho a los mayores de edad, solteros y sin hijos por considerarla regresiva en relación con la actual legislación, además de establecer una legislación injustificada.

- Artículo 4°, que en principio busca terminar con la discrecionalidad y arbitrariedad de los jueces, porque para acreditar la solicitud de cambio de nombre y sexo no será exigible por el tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos o psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos. Comentó que en la actualidad la ley no exige este tipo de pruebas, pero que algunos jueces insisten en exigirlas arbitrariamente.

En su opinión, esta propuesta no resolverá la discrecionalidad de los jueces, ya que el juez con su sola convicción y conocimiento deberá decidir si accede o no al cambio de sexo solicitado, lo que consideró gravísimo, por la ignorancia del poder judicial en estos temas, lo que reafirma la pertinencia de que este trámite sea de carácter administrativo.

En relación con las indicaciones que pretenden limitar este derecho a los mayores de edad, consideró que los menores de edad también están facultados para acceder a este derecho, con autorización de sus tutores.

- Artículo 5°, que establece que el juez de familia del domicilio del solicitante será competente para conocer este tipo de procedimiento, insistió en la necesidad de aprobar un trámite administrativo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

- Artículos 6°, 7° y 8°, planteó que estos mismos actos pueden realizarse para el trámite administrativo que se siga ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Consideró que la oposición para el cambio de nombre, que se basa en la existencia de perjuicios directos o indirectos de carácter moral debe ser rechazada, por tratarse de un argumento discrecional, que no tiene relación alguna con los derechos que aquí se resguardan.

- Artículo 9°, indicó que el principio de atención y equidad consagrado en esta disposición ya está regulado en la Ley de Antidiscriminación. Por ello, planteó incluir mecanismos concretos para garantizar los derechos expuestos en este artículo.

- Artículo 10, señaló que el mismo criterio de confidencialidad sobre el cambio de nombre y sexo legal se puede aplicar a la normativa o protocolo de la tramitación administrativa que se lleve ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

- Artículo 11, comentó que en la actualidad las personas pueden acceder a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género, por tanto, estimó que este artículo no hace ningún aporte. Por eso, propuso incluir la obligación del Estado de garantizar estos procedimientos en forma gratuita.

En seguida, resaltó que las leyes deben resolver los problemas no contemplados en la legislación actual, de manera que las personas puedan hacer un real y efectivo uso de sus derechos. Acotó que la experiencia de la Ley de Antidiscriminación, que en su carácter punitivo ha sido totalmente deficiente, los obliga a asumir que las declaraciones de principios no bastan para hacer frente a los atropellos que padecen los grupos vulnerables, como los transexuales.

Asimismo, hizo un llamado a Sus Señorías a considerar su propuesta, que es apoyada por las organizaciones de diversidad sexual, que atienden al 90% de esta población y que no han sido consideradas en este proyecto de ley, e instó al Gobierno a involucrarse en este debate, ya que de él depende el trasladar este trámite al Servicio de Registro Civil e Identificación.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Investigador de la Dirección de Estudios de la Corporación IdeaPaís, señor Luis Robert, quien señaló que el tema que los convoca es uno de los más controvertidos y complejos en materia de la persona, como ser humano integral, principalmente desde la perspectiva filosófica jurídica. Resaltó que están en contra de toda discriminación arbitraria, por cuanto la persona debe ser dignificada y valorada por el sólo hecho de ser tal

En relación con el proyecto, señaló que no cumple con el fin reivindicatorio de recuperar la dignidad de las personas discriminadas por su identidad de género y que tampoco soluciona el problema de fondo. Además, puso de relieve que no existe tratado internacional ratificado por Chile que haya elevado la identidad de género a la categoría de derecho humano. Acotó que nuestro derecho reconoce en el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, pleno valor a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Sin embargo, advirtió, ninguno de ellos menciona al derecho de identidad de género como un derecho fundamental o derecho humano. Consignó que las disposiciones contenidas en orden a lo no discriminación no apuntan al sentido de garantizar como derecho humano a la identidad de género, puesto que el principio de no discriminación se dirige a diferencias arbitrarias y a la no discriminación como un principio fundamental y transversal, que se enmarca dentro de la dignidad del ser humano, entendida ésta como fuente esencial de los derechos fundamentales.

Señaló que nuestra legislación contiene una Ley contra la Discriminación Arbitraria, la que considera una acción cuando una persona se sienta a discriminada y que en su artículo 2° vez define a la discriminación como “toda aquella distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación racional, ya sea por el Estado o los particulares y que con ocasión de ello cauce perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución o los tratados internacionales fundándose entre otros en la orientación sexual o en la identidad de género.”. A su modo de ver, ni esta ley, ni los tratados internacionales elevan a la identidad de género a la categoría de un derecho fundamental.

En cuanto a los Principios de Yogyakarta, comentó que éstos por ser sólo principios, que no provienen de ningún representante de los Estados Partes no son un tratado internacional y tampoco son vinculantes, ni tienen fuerza jurídica alguna. No son fuente de formal de derecho internacional, aun cuando algunos lo definen como un “soft law” o leyes blandas. Apuntó que es sólo un texto de meros principios difundidos, que pretenden crear una redefinición de los derechos humanos en virtud de la ideología de género.

Sostuvo que la transexualidad se trata de una enfermedad a la que se le denomina trastorno de identidad sexual y comentó que la Organización Mundial de la Salud señala que la transexualidad se trataría de un trastorno de la personalidad y del comportamiento. Resaltó que se refiere a la transexualidad, al travestismo no fetichista y al trastorno de la identidad sexual en la adolescencia o en la edad adulta.

Por su parte, indicó que la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) en su DMS 5 señala que la transexualidad se define como una disforia de género lo que es conocido en el mundo psiquiátrico como trastorno de identidad de género (TIG) y que se entiende como un trastorno de la personalidad en que la persona siente contradicciones el sexo biológico y el género, con el cual se siente identificada, manifestando un absoluto rechazo por su cuerpo. Precisó que este trastorno se conoce como transexualismo, disforia de género o trastorno de la identidad sexual. Complementó que la APA señala que la disforia de género es una condición mental que viene acompañada de una serie de dificultades de orden social y de estados psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad o la idea de suicidio.

Indicó que el tratamiento para la disforia de género es una terapia interdisciplinaria donde se requiere de un neurólogo, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un endocrinólogo y un especialista en tratamientos hormonales. Por tanto, ya sea que se trate de un trastorno de la personalidad o de una disforia de género, de igual modo, la persona afectada debe recurrir a una unidad médica especializada. En consecuencia, observó que reducir la identidad de género a un simple asunto de genitalidad es restar importancia a la dignidad del ser humano, que no sólo merece el reconocimiento de tal calidad, sino de la empatía del otro que no vive esa realidad.

Resaltó que no se trata de proteger jurídicamente sólo aquello que viene dado por la naturaleza humana, como generalmente se ha señalado, sino que también proteger a la persona que padece un dolor incuantificable, que no se alivia con soluciones normativas o con reasignaciones quirúrgicas, puesto que se trata de no dañar más al ser humano y de entender que las personas que padecen esta enfermedad no son experimentos.

Luego, mencionó el caso de Suecia en que los suicidios de personas transexuales que se han sometido a una cirugía de reasignación sexual son mayores que los casos de los transexuales que no se han sometido a ninguna intervención. Asimismo, citó el caso emblemático de Nathan Verhelst quien después de someterse a dos cirugías y terapias hormonales para ser hombre decide solicitar a los cuarenta y cuatro años la eutanasia por el sufrimiento que padece por sentirse asqueado con su cuerpo.

Resaltó que los derechos humanos fundan todo su contenido en la dignidad del hombre. Al efecto, precisó, el ser humano no es una cosa, ni un instrumento de la ciencia, por el contrario, se le debe concebir como una persona íntegra, una unidad entre cuerpo y mente. Así, la medicina está al servicio de la vida del hombre para sanarlo y que no se puede cuestionar en términos científicos el precio que tendrá para el paciente una decisión que implicará consecuencias para el resto de su vida de un modo irreversible. Del mismo modo, consideró que la medicina no es desiderativa, es decir, una medicina del deseo, que se ocupa de remodelar a la personas con criterios ajenos a la ciencia.

Comentó que se ha argumentado que esta decisión respecto del cuerpo se funda en la libertad y autonomía del ser humano, pues bien, estimó, la autonomía no puede ser arbitraria ni subjetiva, porque implica una relación con otros. Así, esta autonomía y libertad exige un grado de responsabilidad. Resaltó que el cuerpo como representación de la vida es un fin en sí mismo que exige de cuidados y que el deseo de tener otro cuerpo es un querer arbitrario y subjetivo. Además, señaló que dado que la psiquis es moldeable y dinámica nadie puede asegurar que la intervención quirúrgica el día de mañana no sea un error para quien se somete a ella.

Posteriormente, indicó que si se admitiera la dualidad de sexos, biológico y psicológico, la intervención quirúrgica tampoco solucionaría los problemas de los transgénero, por el contrario, la experiencia de países como Alemania dan cuenta que muchos luego de practicarse esta operación han pretendido volver a su estado anterior, lo que es imposible, generándoseles un mayor conflicto en lo emocional y lo psicológico.

Subrayó que esto tiene una explicación tanto científica como lógica, ya que el hombre o la mujer que decide una intervención quirúrgica no hace más que modificar su anatomía sexual en lo externo, simulando genitales ya sean femeninos o masculinos, pero advirtió que la genitalidad interior seguirá siendo la misma y la función ejecutora del aparato sexual continuará su relato biológico asignado desde su nacimiento. Además, observó que el sexo cromosómico no resultará alterado, tanto es así que una mujer que ha reasignado su cuerpo a hombre será incapaz de realizar una cópula sexual. Explicó que la teoría del sexo psicosocial propugna que se debe dar prioridad al sexo psicológico por sobre el biológico, siendo que éste último es el que define el sexo de la persona.

Remarcó que el daño que se produce con la intervención quirúrgica es de proporciones y que una vez hecha esta transformación se deben seguir tratamientos hormonales de por vida con frecuente efectos secundarios. Advirtió a Sus Señorías que pese a estos cambios muchos transexuales sienten verdadera frustración post operatoria, pues existen elementos imposibles de cambiar como son la existencia de la próstata y de la vesícula seminal. En el caso de la mujer, no podrá lograr la cúpula fisiológica. Luego, acotó, no se ha hecho un cambio de sexo real, sino una meramente cosmético, porque la identidad sexual es y seguirá siendo masculina o femenina según sea el caso, aun cuando existan tratamientos hormonales y quirúrgicos.

Por otro lado, indicó que este proyecto de ley consagra la posibilidad de realizar un cambio del sexo registral por una sola vez, que implica al igual que la intervención quirúrgica una irreversibilidad, vale decir, que se garantiza un derecho en virtud de la subjetividad del ser humano para luego prohibirle retractarse. Opinó que el ser humano es un todo complejo y admitir una arbitrariedad en estas materias sin la posibilidad cierta de arrepentimiento puede llegar a causar un mal mucho mayor que el dolor que sufren estas personas.

Luego, hizo notar que este proyecto de ley no aborda cómo acompañar y auxiliar a estas personas desde la esfera social y del Estado, para proteger su dignidad en cuanto persona. Asimismo, apuntó que este proyecto de ley da soluciones drásticas e inmediatas de modo muy simplista, sin resolver el tema de la dignidad humana tal como se plantea en los diversos tratados y declaraciones del sistema universal.

Consideró que permitir el cambio de sexo a los menores de edad es una vulneración a sus derechos. Al respecto, hizo presente su más absoluto rechazo a esta propuesta por razones de salud emocional y por la ausencia de capacidad del menor para decidir por sí mismo en el ámbito biológico y jurídico. En su opinión, el cambio del sexo registral de los menores de edad es incongruente con lo que actualmente la ley establece en materia patrimonial y penal, en que el menor es considerado como un ser incapaz, que no tiene la debida facultad para administrar sus bienes. Reparó que este proyecto de ley no incluye medidas de prevención y de precaución, y que sólo atiende al sentir del niño, que aún no ha alcanzado su pleno desarrollo psicológico, intelectual, emocional y físico, que se alcanza a plenitud con la mayoría de edad.

Refirió que el CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud señala que el trastorno de identidad sexual en la infancia se manifiesta durante la primera infancia en donde tiene lugar un malestar intenso y permanente con su propio sexo y un deseo constante de pertenecer al sexo opuesto, ya sea en cuanto vestuario, a roles contrarios a su sexo de origen, así como una disconformidad en cuanto a un rol socialmente aceptado para su condición.

Indicó que es preciso que el diagnóstico del menor presente una profunda alteración en cuanto al sentimiento de normalidad entre lo masculino o lo femenino, según sea el caso. Sin embargo, apuntó, no basta con tener un comportamiento o hábitos propios del otro sexo, ya que el trastorno de la identidad en la infancia tiene varios rasgos comunes con otros trastornos, tales como el hipercinético y las emociones mixtas. Precisó que es poco frecuente que el niño o niña que padece de un trastorno de identidad sexual en la infancia mantenga este rechazo en su adultez. Además, consideró que no resulta lógica esta propuesta en atención al principio del interés superior del niño.

Por tanto, no basta la sola percepción del menor, puesto que es imprescindible realizar un diagnóstico exhaustivo y riguroso, por lo que fomentar el cambio de sexo registral sin que previamente se tomen los debidos resguardos es, por lo menos, irresponsable y no se vela por el menor en su integridad, por el contrario, se le trata como objeto. Si el deber fundamental es velar siempre por el interés superior del niño como consignan los tratados internacionales y nuestra propia legislación no es posible que un proyecto de ley se encargue de romper esta protección.

Finalmente, señaló que la Convención sobre Derechos del Niño no consagra, como se ha pretendido sostener, el reconocimiento de la identidad de género de los menores, pero sí reconoce en sus artículos 8° y 29 el derecho a la identidad, lo que es distinto. Así, estimó que no es justo para el menor agregar un apellido inexistente en la Convención para justificar esta medida.

Respecto de la categorización de la transexualidad, indicó que se encuentran con dos visiones distintas, la de la Organización Mundial de la Salud y la del APA, sin embargo ambas definiciones convergen en la necesidad de que la persona afectada se someta a un tratamiento. Manifestó su preocupación por el error que existe en torno al concepto transexual, ya que se le confunde con la homosexualidad o el travestismo. La indisponibilidad del sexo biológico apunta justamente a ver al ser humano como una constitución única de cuerpo y mente y no por separado, pues ello implica necesariamente la instrumentalización de la persona. Consideró que el disponer del sexo biológico es un grave error, que fomenta una solución equivocada, toda vez que la cirugía cosmética de reasignación de sexo no soluciona el conflicto emocional del sujeto y, peor aún, no cumple con el fin anhelado, que es mejorar la calidad de vida del sujeto. Aun cuando la persona afectada recurra a una intervención quirúrgica no podrá actuar en su vida plena como hombre o mujer, según corresponda.

Agregó que está en contra del cambio de sexo registral en menores, porque no considera el desarrollo físico y psicológico del menor, ni la transitoriedad del niño a la adolescencia, época en que existen muchos cambios, y tampoco se considera el parecer de los principales cuidadores de los menores, vulnerando así el derecho parental preferente de educar a los hijos consagrados en los tratados internacionales y en nuestra Carta Fundamental.

En sintonía con lo anterior, valoró la restricción propuesta por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe de condicionar el cambio de sexo a personas mayores de edad, no casadas y sin hijos. Subrayó que este proyecto de ley está ante un error conceptual en donde la subjetividad prima por sobre la objetividad y donde el trato digno y justo tiene menor relevancia. Lamentó que no privilegia el principio del interés superior del niño, que es un principio integral, porque busca legislar en función del gusto de cada persona.

En sesión de 24 de septiembre de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la Encargada del Programa de Seguimiento Legislativo de Corporación Humanas, señora Camila Maturana, quien señaló que la dignidad humana, la igualdad de derechos y la prohibición de discriminación, se vinculan al derecho a la identidad de género.

Acotó que la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la naciente Organización de Naciones Unidas consagra que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Refirió que esta norma fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es recogida por nuestra Constitución Política, que comienza señalando “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Además, apuntó, nuestra Carta Política en su artículo 1° define que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece” y que a su vez el artículo 5°, inciso segundo establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En este contexto, resaltó que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad propia de toda persona humana, cualidad compartida por todo ser humano por el sólo hecho de ser persona, de la cual deriva la titularidad de sus derechos como tal, así como el conjunto de obligaciones estatales en materia de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos y libertades.

Dentro del conjunto de derechos y libertades de que toda persona es titular se encuentra la identidad, puesto que cada persona es un ser único e irrepetible, diverso de las otras personas, por lo que resulta un imperativo el reconocimiento y la protección de su identidad. Indicó que si bien la identidad es un derecho que no se encuentra explícitamente protegido dentro de las garantías constitucionales, ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha reconocido que se trata de un derecho derivado de la dignidad humana, que todas las personas comparten por el sólo hecho de ser tales y del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Señaló que los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección constitucional anteriormente referida, se encuentran consagrados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención sobre Eliminación de todas las Formas Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre Derechos del Niño, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Al respecto, consignó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que de la noción de igualdad se desprende directamente el de la unidad del género humano, que es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine el goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Precisó que la jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens, sobre el cual descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional.

Además, subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por el pacto San José de Costa Rica, por lo que está prohibido cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

Asimismo, trajo a colación lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia al señalar que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no son características estáticas de la persona, sino por el contrario son dinámicas y dependen de la construcción que cada persona haga de sí misma, así como de la percepción social que se tenga respecto de éstas. Al mismo tiempo, consignó que en el ámbito del derecho internacional la orientación sexual y la identidad de género se han entendido dentro de las características personales inherentes e inmutables de la persona.

Lamentó que las personas transexuales sean uno de los colectivos más discriminados en el ejercicio de sus derechos, padeciendo la estigmatización y la violencia en sus más variadas expresiones, agravadas por carecer de las garantías jurídicas mínimas para el reconocimiento y protección de sus derechos. Por ello, resaltó que la comunidad internacional ha adoptado un conjunto de instrumentos para la protección de las personas frente a la violencia y discriminación en razón de su orientación sexual e identidad de género, comprometiéndose los Estados a adoptar medidas concretas para la protección eficaz de todas las personas sin discriminación.

Al efecto, informó que en el año 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que reafirma el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen a todos por igual, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y en que expresa la preocupación internacional por las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género.

En el mes de marzo de 2011, refirió, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración conjunta para poner término a los actos de violencia, y a las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las personas por su orientación sexual e identidad de género, y en el mes de junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, expresando su preocupación por los actos de violencia y discriminación que se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género.

A su vez, en el año 2008 la Asamblea General de la OEA manifestó su preocupación por los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.

En el 2009, junto con condenar los actos de violencia perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género instó a los Estados a asegurar que se investiguen los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

En el 2010, continuó, se llamó a los Estados a considerar medios para combatir la discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.

En el 2011, indicó que entre otras medidas la Organización de Estados Americanos alienta a los Estados Miembros a que consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.

Comentó que en el 2012, se condenó la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, y se instó a los Estados a eliminar las barreras que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGTBI) en el acceso a la participación política y otros ámbitos de la vida pública, así como evitar interferencias en su vida privada, y la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género.

En el 2013, en tanto, se llamó a los Estados a producir datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan los derechos humanos de las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

Más reciente, en el mes de junio de 2014, señaló que la OEA refuerza sus resoluciones e insta a los Estados a asegurar una protección adecuada a las personas intersex y a implementar políticas y procedimientos, que aseguren la conformidad de las prácticas médicas con los estándares reconocidos en materia de derechos humanos.

Por otra parte, señaló que en marzo del año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió dar un énfasis especial a los derechos de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI), por los niveles de violencia a los que están sujetos. Además, precisó que el 5 de junio de 2013 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que condena la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, entre otras causales de discriminación, cuya entrada en vigor se encuentra pendiente.

Resaltó que en los últimos años la sociedad chilena ha evolucionado y ha avanzado en reconocer la diversidad sexual, lo que motivó la aprobación de una Ley contra la Discriminación, que expresamente proscribe, entre otras, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y hoy el Parlamento debate sobre las relaciones familiares a fin de proteger a las personas de orientación sexual diversa, y que en ello ha sido clave el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero, acotó, aún queda pendiente dar cumplimiento pleno a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en materia de igualdad de derechos y de no discriminación, esto es, en la prevención, educación, capacitación, institucionalidad pública, medidas de acción afirmativa, en la dictación de marcos normativos igualitarios y en la implementación de políticas públicas que garanticen en plenitud los derechos humanos de todas las personas.

Dio cuenta que el Estado de Chile asumió el compromiso de adoptar políticas públicas contra la discriminación que afecta a las personas a causa de su orientación sexual o su identidad de género y que una legislación como la que están estudiando se enmarca precisamente en aquellas medidas que los Estados deben adoptar para evitar la discriminación, que genera horribles consecuencias para las personas transexual.

En cuanto al proyecto, puso de relieve que Corporación Humanas valora su presentación, por cuanto representa un paso fundamental en el reconocimiento y protección de un derecho humano básico que es la identidad personal. Al efecto, consideró, Chile debe contar con una ley que asegure a todas las personas su derecho irrestricto a ser quien se es y ser reconocido y tratado como tal. Consignó que se trata de una iniciativa muy simple, pero fundamental para que el sexo y el nombre de las personas que consta en el Servicio de Registro Civil e Identificación corresponda a la realidad de esa persona.

Asimismo, apoyó que la propuesta en lugar de limitarse a consagrar un procedimiento para la rectificación del sexo registral, se oriente además a reconocer expresamente el derecho a la identidad de género, señalando que este derecho debe ser reconocido y protegido, al igual que el derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a su identidad de género y el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo a su identidad de género lo que, entre otras cosas, significa ser reconocida e identificada como tal en los instrumentos públicos y en todo registro oficial, incluyendo imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento.

Igualmente, aprobó, la consagración expresa de que toda norma o procedimiento administrativo o judicial debe respetar el derecho a la identidad de género de las personas y que se impida limitar, restringir, excluir o suprimir este derecho o exigir requisitos adicionales para el ejercicio del derecho a la identidad.

En cuanto a la conceptualización de la identidad de género, apuntó que el proyecto de ley recoge la definición utilizada en los Principios de Yogyakarta, que no equivalen a un tratado internacional de carácter vinculante, pero que sí gozan de una amplísima aceptación a nivel de la comunidad internacional, especialmente por los órganos de Naciones Unidas, por lo que son referidos por numerosos otros instrumentos internacionales. Inclusive han sido incorporados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de un informe preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012.

Detalló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mandato de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizó un estudio sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. La Comisión adoptó el documento titulado “Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes”, que recoge ésta y otras nociones en función del reconocimiento y la exigibilidad de derechos, por tratarse de elementos legalmente protegidos para la construcción de la identidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans o intersex. Por ello, hizo notar que las indicaciones orientadas a conceptualizar la identidad de género de manera distinta en nada contribuyen a asegurar el reconocimiento y la protección de la identidad de género.

En lo que dice relación con la solicitud de rectificación, expresó que el proyecto consagra un procedimiento para que aquellas personas cuyo sexo y nombre registrados no correspondan a su identidad de género para que puedan solicitar la rectificación de su partida de nacimiento en lo que se refiere al sexo y a su nombre, así como de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumentos con que esté registrada.

Al respecto, señaló que ante la falta de una regulación jurídica adecuada las personas trans con frecuencia han resuelto esta discrepancia recurriendo a la legislación sobre cambio de nombre, con muy variados resultados. Informó que excepcionalmente se han acogido las solicitudes de cambio de sexo y de nombre, mientras en otros casos se ha acogido únicamente el cambio de nombre manteniéndose el sexo asignado al nacer. Además, comentó que en numerosas ocasiones se ha exigido la realización de intervenciones quirúrgicas sin atender a la imperativa voluntariedad que dichos cambios corporales requieren, y que también se han exigido determinados exámenes o peritajes contrarios a la dignidad propia de cualquier ser humano.

Por ello, valoró, el procedimiento contenido en el proyecto de ley, puesto que si bien esta iniciativa se ha estructurado en base a un procedimiento de carácter jurisdiccional, no se está ante una controversia propiamente tal, ni menos ante un conflicto de derechos entre partes, que es lo propio que conocen y resuelven los tribunales de justicia. De mantenerse esta opción, estimó que este procedimiento judicial corresponde a los tribunales de familia.

No obstante lo anterior, precisó que dado que el Servicio de Registro Civil e Identificación es el organismo público encargado de las inscripciones de nacimiento e identificación de las personas podría considerarse, durante la discusión de esta iniciativa, que el procedimiento de rectificación de la partida de nacimiento por cambio de sexo y de nombre se pueda llevar a cabo ante este organismo, sin necesidad de un procedimiento judicial, tal como lo recogen la legislación argentina y la española.

En cuanto a la prueba de la identidad de género, consideró que erróneamente este proyecto de ley parte de la base de que la identidad de género debe ser acreditada en juicio. Por el contrario, dijo, no se advierte cómo ello puede conciliarse con los fundamentos que sustentan esta propuesta fundada en la dignidad inherente a toda persona y en que el derecho a la identidad se deriva del libre desarrollo de la personalidad.

Acotó que la discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer usualmente es expresada de diversos modos y que no siempre los familiares, amigos y otras personas lo perciben, por lo que exigir que la identidad de género sea acreditada en un proceso judicial puede dificultar innecesariamente el reconocimiento de esta identidad. Agregó que esta dificultad se podría agravar con la exigencia de que la solicitud debe fundarse con el ofrecimiento de información sumaria y de todo antecedente documental que se quiera acompañar por el o la solicitante. Consideró que ello no contribuye a hacer expedita la prueba, puesto que abre la posibilidad de que sean otros elementos probatorios.

En su opinión, la norma tal como está formulada introduce una innecesaria inseguridad jurídica respecto de los medios probatorios que se requieren ofrecer y acompañar y, consiguientemente, los estándares probatorios que los tribunales pueden establecer.

Por otra parte, señaló que este proyecto de ley en su artículo 6° establece que si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que informe si el solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud. Al respecto, estimó que esta norma no resguarda el derecho a la identidad de género que el proyecto buscar cautelar y que en nada contribuye a la certeza jurídica.

A su turno, valoró, el impedimento legal de requerir tratamientos médicos en los artículos 4° y 6° y reseñó que estas normas son coherentes con los acuerdos internacionales en materia de identidad de género, orientados al reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans y a su despatologización, a fin de evitar su estigmatización, discriminación y violencia.

No obstante, alertó que se advierten algunas indicaciones que buscan disminuir la protección de las personas transexuales, limitando el impedimento únicamente a las intervenciones quirúrgicas, pero admitiendo que se pueda requerir tratamientos psicológicos, psiquiátricos o el uso de fármacos.

Con respecto al derecho al libre desarrollo personal, apoyó que el proyecto consagre como un derecho el acceso a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad con lo establecido en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

Además, observó que este proyecto de ley establece que el juez ordenará publicar, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial la solicitud de cambio de sexo. Detalló que dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y de nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realizará de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Hizo notar a Sus Señorías que no se entiende cuáles serían las razones que justifican dicha exigencia, más aun considerando los principios que inspiran a este proyecto de ley.

Asimismo, reparó que este proyecto considera la posibilidad de que terceras puedan oponerse al reconocimiento de la identidad de género de una persona transexual. Ello, al parecer, en base al procedimiento de oposición contenido en la legislación sobre cambio de nombre. Sin embargo, apuntó, que esta medida se olvida que se trata de una normativa orientada a fines distintos y que no cabe copiar o trasplantar mecanismos de otras leyes. Por ello, sostuvo que no se observan razones ni argumentos claros como para considerar la posibilidad de oposición.

Señaló que eventuales fraudes a derechos de terceras personas o a la legislación vigente deben enfrentarse por los mecanismos idóneos y no por la vía de abrir la posibilidad de que algunas personas puedan obstaculizar el reconocimiento del derecho a la identidad de las personas transexuales.

Detalló que el proyecto de ley dispone que acogida la solicitud el tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones que correspondan, lo mismo respecto de otros organismos públicos, tales como el Servicio Electoral, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Al respecto, le pareció adecuada la indicación propuesta por el Senador Juan Pablo Letelier en orden a incluir a continuación de Carabineros de Chile a cualquier otra institución que resulte pertinente.

Luego, indicó que el proyecto de ley señala que los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción, y valoró que se disponga que los derechos y obligaciones que corresponden a una persona que cambio su sexo se mantendrán luego de la nueva inscripción en la partida de nacimiento conforme a la identidad de género. Complementó que tampoco afectará las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables. Ello comprende los derechos y obligaciones derivados tanto de las relaciones filiales, como matrimoniales aunque supone ciertos ajustes normativos. En su opinión, se trata de normas fundamentales que aseguran la conservación y la continuidad de la personalidad jurídica de toda persona.

Tratándose de las relaciones filiales, acotó, nada justificaría suprimir o limitar la relación con los ascendientes o el estado civil de hijo o hija de quien ha obtenido el reconocimiento de su identidad de género, ni los derechos hereditarios, ni las obligaciones alimentarias que de ello se derivan. Tampoco, cabe considerar que la rectificación de sexo y nombre limite la relación con los hijos o hijas que la persona tenga o que altere su estado civil de progenitor, es decir, deben mantenerse los derechos y obligaciones que a padres y madres corresponden respecto de sus hijos, como las relativas al cuidado, protección, crianza y manutención de sus hijos.

No obstante, alertó a Sus Señorías que se genera una circunstancia que la propuesta no contempla, puesto que las partidas de nacimiento que el Servicio de Registro Civil e Identificación utiliza sólo contemplan casillas de padre y de madre. Al respecto, hizo hincapié que ante el cambio de sexo de una persona debe asegurarse la identidad de los hijos y la adecuada identificación de sus relaciones familiares.

Por otra parte, señaló que se podría presentarse la situación de la rectificación registral de una persona casada y opinó que no se pueden limitar los vínculos afectivos, jurídicos, sociales y previsionales que del matrimonio emanan con prescindencia o en contra de la voluntad de las personas involucradas, es decir, de los cónyuges, más aun si una pareja legalmente casada no desea romper sus vínculos familiares. Asimismo, dejó en claro que el cambio de sexo y nombre registrales es una cuestión distinta al denominado matrimonio igualitario.

En sintonía con lo anterior, considera adecuado priorizar la mantención de los vínculos conyugales y familiares si las personas involucradas así lo deciden autónomamente. Ello importa no incluir limitaciones a la protección de la familia, como la disolución automática del matrimonio o el requisito de encontrarse divorciado para requerir la rectificación que el proyecto aborda.

En cuanto a la obligación de atención y de dar una trato respetuoso a las personas en razón de su identidad de género consagrado en el artículo 9° de este proyecto de ley, estimó que se trata de un buen punto de partida, pero requiere ser complementado, asegurando el derecho a ser tratado en conformidad a la identidad de género por toda institución pública y privada, además de regular las respectivas consecuencias de incumplirse esta obligación. Asimismo, sugirió incluir dentro de la obligación de dar el trato correspondiente a la identidad de género que la persona indica aun cuando no haya obtenido la rectificación de su nombre y sexo registral.

Dijo que, acertadamente, el proyecto en una disposición transitoria incluye una norma especial para cautelar el derecho a la identidad de género de quienes habiendo recurrido al resquicio legal de cambio de nombre sin haber obtenido el cambio de sexo registral puedan acceder al procedimiento que la presente normativa regula a fin de obtener dicho cambio de sexo.

Por otra parte, señaló que la normativa propuesta plantea que sólo por una vez se podrá obtenerse la rectificación de la partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con la identidad de género. Al respecto, opinó que si bien debe priorizarse la estabilidad y la certeza jurídica, también es cierto que cabe admitir la posibilidad que en determinadas circunstancias excepcionales debidamente fundadas y acreditadas ante un tribunal de justicia, pueda definirse la posibilidad de una nueva rectificación. Por lo excepcional y complejo de una situación como la planteada, consideró que la nueva solicitud de cambio de sexo y nombre, para revertir una rectificación obtenida, debe ser tramitada conforme a un procedimiento de carácter jurisdiccional, ante el cual se rinda la prueba de las circunstancias que ameritan la nueva rectificación.

A reglón seguido, consignó la necesidad de reconocer y proteger el derecho a la identidad de género a los niños, niñas y adolescentes, lo que es abordado por una indicación presentada por la Honorable Senadora señora Pérez. Refirió que en la actualidad la infancia trans se encuentra en total desprotección y desamparo jurídico por la inexistencia en el país de un marco jurídico que los reconozca y proteja. Esto tiene especial relevancia en el trato que reciben de la institucionalidad educacional, de la respectiva comunidad escolar y de las instituciones de salud. Agregó que el reconocimiento y protección de la identidad de género de niños, niñas y adolescentes se deriva de normas y principios contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño, vigente en el país desde el año 1990.

Particularmente, resaltó el imperativo de cautelar el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes, aun siendo menores de edad, que emana de la obligación estatal de atender al interés superior del niño de manera primordial; el derecho a la identidad de que todo niño o niña es titular; así como el derecho de todo niño o niña que se encuentre en condiciones de formarse un juicio propio a expresar su opinión libremente en los asuntos que le conciernen y que sea tomada en cuenta dicha opinión en base a su edad y madurez, que se complementa con el derecho de todo niño o niña a ser oído en cualquier procedimiento judicial que le afecte. Todo ello, en consonancia con las responsabilidades, derechos y deberes preferentes que corresponde a los padres en cuanto a orientar a los niños en el ejercicio de sus derechos.

En definitiva, apuntó, en cumplimiento de las obligaciones de igualdad de derechos y de la prohibición de discriminación, y en respeto a la dignidad inherente a toda persona de la que derivan el conjunto de derechos humanos incluyendo el derecho a la identidad de cada persona, Chile debe contar con una ley sobre reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género, que asegure a todas las personas su derecho irrestricto a ser quien se es y a ser reconocido y tratado como tal.

Resaltó que se trata de una medida fundamental para materializar la dignidad humana como pilar del ordenamiento jurídico nacional y una contribución enorme para cautelar los derechos de las personas transexuales, además de una poderosa herramienta para enfrentar la estigmatización, violencia y discriminación que estas personas padecen debido a la ausencia de garantías a sus derechos fundamentales.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al Representante de Súmate Somos Más, señor Walter Vega, quien señaló que la llamada identidad de género intenta crear una institución que pretende satisfacer una necesidad ética social respecto de personas que demandan un reconocimiento legal de la disforia de género para que sea reconocida como un derecho de identidad de género. Bajo este contexto, consideró que este proyecto de ley busca imponer una ideología, o sistema de creencias con raíces subjetivas y metafísicas a la cual llaman identidad de género. Al efecto, según su parecer la identidad de género planteada en este proyecto obedece a la ideología de género, que corresponde a un sistema de creencias que busca construir un proyecto de sociedad que ataca la esencia misma del ser humano en su orden natural, estableciendo un dualismo entre el sexo y el género, destruyendo y obviando el orden natural en sus expresiones, biológicas, fisiológicas y genéticas.

Informó que la ideología de género surge a partir de las teorías feministas de Donna Haraway, Teresa de Lauretis y Rosi Braidotti y detalló que el concepto de género procede del campo lingüística. Apuntó que en la década de los cincuenta John Money y Patricia Tucken utilizaron el concepto de identidad de género en su libro “Asignaturas Sexuales”. En 1968 el término género, también, aparece en el título del libro de Robert Stoller “Sex and Gender” y en el de Ann Oakley titulado “Sex, Gender and Society”. Asimismo, reseñó que en la teoría feminista el antecedente del concepto de género se puede encontrar en la obra de Simone de Beauvoir “El Segundo Sexo”, publicada en 1949 y en la que afirma que la mujer no nace, sino que se hace.

Luego, reparó que comprender el género como una categoría histórica es aceptar que el género es una forma cultural que configura el cuerpo, que está abierto a una continua reforma, por lo que los términos de masculino y femenino son notoriamente intercambiables y que según Judith Butler el género está siempre siendo re-hecho.

Al efecto, expresó que la ideología de género usa el término género y no de sexo, porque el sexo los ata a dos realidades morfológicas, anatómicas y genéticas, es decir, al hombre y a la mujer. En cambio el género, es un término que se recoge tanto en la gramática como en la lingüística que tiene más variedades. Para empezar, acotó, en el campo de la gramática ya hay tres géneros: femenino, masculino y neutro. Así, puso de relieve, según la ideología de género que éste indica cualquier construcción social y cultural que define un papel social de hombres, mujeres o transexuales, entre otros. En consecuencia, subrayó no es indiferente sustituir el término sexo por el género.

Consignó que la ideología de género, a primera vista, podría ser mirada como una cosmovisión, vale decir, como visión para la vida que determina nuestros valores y que su fin es hacer interpretable la vida, construir la realidad y mejorarla. Dio cuenta del peligro de algunas cosmovisiones que se pueden desencadenar en ideologías, las que a diferencia de un sistema filosófico o de una cosmovisión acabada, son realidades cerradas en sí mismas basadas en unos pocos principios, tales como la lucha de clases, la superioridad de la raza o la lucha entre hombres y mujeres. Observó que la ideología intenta explicarlo todo a la luz de unos pocos principios, obviando datos, realidad y la experiencia probada por las ciencias.

Por lo tanto, concluyó, las ideologías son reduccionismos. Al efecto, señaló que el nazismo intentó reducir la historia motivando a la sociedad a un enfrentamiento de razas. Por su parte, continuó, el marxismo quiso reducir la historia a la explicación de la sociedad basada en la lucha de clases entre ricos y pobres y ahora, relató, la ideología de género quiere explicar la historia según el dualismo entre el sexo y el género.

En seguida, manifestó que es difícil creer que existe una intencionalidad de legislar en este proyecto de ley sobre esta ideología de género, y peor aún de consagrarla como un derecho humano, que va a vulnerar la libertad de conciencia de las personas, que obligará a las instituciones públicas y privadas, seculares y religiosas a creer y asumir la veracidad de una ideología de minorías de minorías, tal como se desprende de los artículos 2°, 4°, 7° y 9° de este proyecto de ley. Resaltó que de esta ley se refleja una intención clara de imponer una visión ideologizada, que busca destruir a la mujer en la mujer, y al hombre dentro del hombre.

Aclaró que se habla de personas con disforia de género, que necesitan una ayuda seria por medio de profesionales responsables. En esta misma línea, reflexionó, este proyecto de ley intenta de cortar las raíces judeo cristianas de las cuales Chile nació, y que busca imponer un nuevo constructo socio cultural, que no busca reconocer derechos sobre la igualdad del hombre y la mujer, sino sobre la ambigüedad, con el fin de imponer presupuestos y criterios pseudo científicos.

Por último, instó a Sus Señorías, por el bien de la familia natural, del bien común y de la paz social, a considerar las siguientes observaciones al presente proyecto de ley. En primer lugar, apuntó, el derecho a la identidad de género no es un derecho reconocido, puesto que no existe tratado internacional que haya elevado a la identidad de género a la categoría de derecho humano y, en segundo lugar, reduce al hombre según su atracción sexual.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a los Representantes de ONG OIKONOMOS, señores Mariano Casera y Javier Castro. El señor Mariano Casera expresó que representa a una Corporación que nace como una necesidad de plasmar los lineamientos teóricos conforme al Reino de Dios en los asuntos públicos de la Nación para presentar ideas convincentes y prácticas en el área de las influencias políticas, económicas, educacionales y familiares, entre otras, con el objetivo de generar acciones y cambios favorables en la sociedad. Como cuestión previa, hizo presente, que su organización condena como injustos e ilegales todos los actos que impliquen discriminación arbitraria en contra de cualquier persona y, en particular, en contra de las personas transexuales iguales en dignidad y derechos.

Luego, preguntó por qué la orientación sexual y la identidad de género no son un derecho humano, en contraposición a lo que plantea el artículo 2° del proyecto de ley. En sintonía con lo anterior, citó al Doctor Jorge Scala, que en su libro “La ideología de género o el género como herramienta de poder”, señaló que existe un género distinto del sexo y que se puede construir por el sujeto en base a la sola autopercepción. En su opinión, esta afirmación es completamente falsa, ya que la evidencia es que lo masculino tiene relación con un cuerpo de varón y que lo femenino con uno de mujer, lo que constata desde los primeros años de vida.

Sentenció que declarar a la identidad de género como un derecho humano significa afirmar que la homosexualidad y la unión de parejas del mismo sexo también son derechos humanos, aun cuando sean contrarios a la ley de la naturaleza y a las leyes de la Nación. Advirtió que su reconocimiento destruiría el concepto de derecho humano y que además concebiría una libertad sexual sin límites, lo que abriría las puertas para legislar sobre la poligamia, la pedofilia y otras conductas contrarias a las leyes de la Nación.

Al efecto, dio cuenta que si no se restringen las relaciones sexuales para que sólo sean parte del matrimonio y si no coloca una restricción a la orientación sexual y a los derechos sexuales se podría sostener que los pedófilos tienen una identidad de género y orientación sexual hacia los niños y como tal se podría declarar que tienen derecho a tener relaciones sexuales con niños, siempre que consigan su consentimiento.

Así, acotó, un hombre homosexual podría declarar que tiene derecho a tener relaciones sexuales con todos los hombres que a él le plazca siempre y cuando ellos estén de acuerdo, lo mismo respecto de un hombre casado que justificándose que tiene una orientación sexual hacia otras mujeres incumple su obligación de fidelidad. Por ello, afirmó, definir la identidad de género como un derecho humano sería extremadamente perturbador para los matrimonios, la familia y el país.

Advirtió a Sus Señorías que consagrar a la identidad de género como un derecho humano servirá para presionar a los legisladores para aprobar el matrimonio homosexual. Indicó que si el país acata esta proclamación se colocará en un curso descendiente de su creencia moral y enfrentará una presión adicional de redefinir el matrimonio y, por consiguiente, la legalización de las uniones de parejas del mismo sexo.

Comentó que algunos grupos internacionales y un pequeño número de países han acudido a las Naciones Unidas para promover su agenda a favor de la homosexualidad con la esperanza de imponer su agenda sobre el mundo entero por medio de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Expresó que la identidad de género ha sido enmarcada como un asunto de discriminación cegando los ojos de muchas personas.

Informó que el propósito del Sistema Internacional de los Derechos Humanos se basa en el hecho de que cada ser humano tiene derechos inalienables debido a su dignidad intrínseca, vale decir, que estos derechos existen porque cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. En consecuencia, señaló, la fuente básica de estos derechos no está en los gobiernos, ni en las organizaciones internacionales, sino en las leyes naturales y divinas.

En seguida, consignó, la comunidad como respuesta a las atrocidades cometidas por el régimen nazi creó un sistema de protección de los derechos humanos, cuya piedra angular es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual de acuerdo al señor René Cassin uno de sus autores, está fundada en Los Diez Mandamientos de la Biblia. Así se constata la influencia de la ley natural en el reconocimiento del derecho a la vida, de la familia y el derecho a la libertad de religión, entre otros.

Señaló que de acuerdo al artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia. Asimismo, consagra que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Por otra parte, mencionó al artículo 18 de la misma Declaración, que consagra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Complementó que existen otros instrumentos internacionales que también reconocen el derecho al matrimonio y a la familia como derechos humanos esenciales, como el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lamentó que los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos estén siendo atacados por organizaciones que tratan de destruir el significado del derecho a la familia y del matrimonio. En esta misma línea, citó a Habib Malik, hijo del ex Ministro Libanés de Asuntos Exteriores, cuyo padre Charles Malik fue otro de los autores de la Declaración Universal, quien señaló que un fenómeno perturbador está ganando terreno actualmente, el cual se está apropiando de los derechos humanos para servir a intereses especiales y promover agendas de dudosa naturaleza política y generalmente secular.

Posteriormente, consideró que se está destruyendo el significado y contenido de los derechos humanos al promover la conducta homosexual como un derecho humano, también se destruye el derecho a constituir una familia y la libertad de religión.

Acotó que la jurisprudencia feminista y la teoría jurídica homosexual están aumentando su predominio como resultado de una creciente influencia de la perspectiva de los estudios jurídicos críticos. Explicó que a la luz de la teoría jurídica homosexual se considera al derecho como un instrumento para promover su agenda y resaltó que como parte de la influencia de esta teoría existe una tendencia a destruir el significado de los derechos humanos, con acciones de ataque directo al concepto de los derechos humanos, que de triunfar nos llevarán a la destrucción del significado e importancia del concepto de los derechos humanos y la política del poder se convertirá en el único criterio utilizado para definir el contenido de los derechos humanos internacionales.

Bajo este contexto, consideró que el significado de las palabras está siendo constantemente modificado en este mundo post moderno, lo que se refleja en el nuevo concepto de derecho humano, que incluye los términos de salud reproductiva, el aborto, la identidad de género, la homosexualidad y un nuevo concepto de familia, que se extiende a las parejas homosexuales y a otros tipos. A modo de ilustrar este proceso, hizo presente los esfuerzos de algunos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para aprobar una resolución que reconoce a la orientación sexual como un derecho humano.

En su opinión, el reconocimiento de la identidad como un derecho humano destruirá la naturaleza universal de los derechos humanos. En la práctica, indicó, que el reconocer la orientación sexual como un derecho humano significará que los homosexuales tendrán derecho al matrimonio y a adoptar niños, con lo que se atentará contra el significado universal de la familia. Reiteró a Sus Señorías que esto también podría abrir la puerta para aceptar los derechos de los pedófilos o de los polígamos. Por lo anterior, remarcó que la homosexualidad no es un derecho y que ni siquiera puede ser concebida como una necesidad humana, puesto que no es más que un deseo que no puede ser protegido legalmente.

En segundo lugar, intervino el señor Javier Castro quien aclaró que la organización que representan no está a favor de discriminar arbitrariamente a las personas transexuales, sin embargo, apuntó que desean enfatizar que probablemente con este proyecto de ley se está legislando un cambio cultural que se basa en una batalla de ideas, que los lleva a legalizar sobre un sofisma acientífico basado en la autopercepción, como se estipula en el artículo 2° de este proyecto de ley. Asimismo, señaló a Sus Señorías que no deben olvidar quienes los eligieron y que la comunidad homosexual sólo representa un 0,27% de la población.

Por ello, sugirió a Sus Señorías volcar sus esfuerzos en potenciar la unidad de la familia chilena y acotó que hoy existe una problemática en la identidad nacional de los menores, puesto que se vive una declarada crisis de paternidad. Complementó que esto es un problema endógeno, que genera una orfandad por una ausencia de presencia paterna, que provoca una distorsión y una disfuncionalidad en la identidad permanente de nuestros niños. Actualmente, lamentó que un 70% de los niños chilenos nacen fuera del matrimonio y que cerca de un 20% son hijos de madres solteras, por lo tanto, indicó que si existe un problema de identidad que resolver no es el de la identidad de género, sino el de la identidad paterna.

En sesión celebrada el 6 de octubre de 2014, la Comisión recibió en audiencia al Doctor Carlos Güida, Profesor Adjunto del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien informó que ha trabajado más de quince años en las Naciones Unidas en temas vinculados a la temática de este proyecto y, en atención al tiempo disponible, su exposición se centrará en la identidad de género o identidad sexual.

Sobre el particular, formuló las siguientes consideraciones:

Uno, Identidad de Género e Identidad Sexual no son conceptos sinónimos y propuso definir la identidad de género, como lo hace la propuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es del siguiente tenor:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no comprender la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Dos, la identidad de género es socialmente construida desde los primeros años de vida, y no necesariamente coincide con el sexo asignado al momento del nacimiento. La construcción de la identidad de género es un proceso continuo y complejo, que supone distintas etapas de acuerdo a los niveles de desarrollo y socialización de la persona.

Tres, la identidad de género es construida en la intersubjetividad, siendo que desde los primeros años de vida existe una interacción entre la realidad social del niño/niña y sus referentes afectivos. Lo anterior, permite el sentido de pertenencia, singularidad e identidad de la persona. La identidad de género abarca aspectos de la sexualidad humana y otros aspectos del desarrollo humano.

Cuatro, el grado de malestar y el sufrimiento de las personas al tener una determinada identidad de género que no coincidente con el sexo biológico, son potenciados en gran medida por los fuertes estereotipos sociales al respecto. Muchas veces existe una profunda contradicción interna entre la pertenencia religiosa y la identidad en construcción, entre los sentimientos y los mandatos sociales, lo que ha constatado durante las dos décadas que ha ejercido como médico especializado en sexualidad humana. Asimismo, el bullying homofóbico y transfóbico generan graves problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes que no son reconocidos legal e institucionalmente. Estas formas de violencia y atentado a los derechos humanos generan suicidios, tal como lo indican estudios internacionales y chilenos.

Cinco, la identidad sexual genera un grado de pertenencia a uno u otro sexo, macho o hembra, mientras que la identidad de género abarca otras dimensiones del ser y del estar en el mundo de acuerdo a las pautas sociales y a los roles de género.

Seis, la identidad de género se vincula al sentimiento íntimo de sentirse varón o mujer, y no es lo mismo que la orientación sexual, a modo de ejemplo señaló que una persona puede identificarse como mujer y sentir atracción por personas de uno u otro sexo o de ambos sexos.

Siete, el concepto de género alude a la construcción que cada sociedad realiza sobre los sujetos, moldeando roles sociales, prescribiendo comportamientos, promoviendo o inhibiendo determinadas capacidades, en la vida pública y privada de las personas, que abarcan desde el campo de la política, la economía, las relaciones sociales, familiares e interpersonales. Y los sujetos son partícipes de dicha construcción, adaptándose en mayor o menor medida.

Ocho, una serie de errores conceptuales favorecen la confusión entre los conceptos de género, sexo, identidad y sexualidad. Uno de ellos resulta al sustituir el concepto de “sexo” con el concepto de “género”. A modo de ejemplo, explicó que es habitual que algunos estudios epidemiológicos y demográficos nominen a una variable del orden biológico, sexo, como si fuese una categoría de análisis, género, y al revisar algunos estudios publicados, se observa lo habitual de este error. Ello, enfatizó, acaba naturalizando las diferencias sociales que se analizan desde el enfoque de género, con el sexo de pertenencia de los individuos. Otro error frecuente consiste en identificar “género” con un “tema de mujeres”, desconociendo que se trata de una categoría de análisis relacional, que incluye a hombres, mujeres y personas transgénero.

Indicó que en los escritos persiste otro error, que identifican “género” con “sexualidad humana”. Si bien, dijo, hay un campo de intersección entre las relaciones sociales de género y las manifestaciones sociales de la sexualidad, estamos ante dos constructos teóricos distintos. En los hechos, apuntó, podemos ver cómo las relaciones de género prescriben modelos de sexualidad diferenciados para mujeres y varones. Así también, podemos observar en qué medida las relaciones de poder o de dominación de género se traslucen en la vida sexual de las personas.

Explicó, que resulta frecuente que exista una sinonimia semántica, que identifica “sexo” y “género” y que termina socializando lo biológico. Este error conduce a hablar de dos géneros como si se refiriese a dos sexos masculino y femenino.

Nueve, el sexo se refiere a las características biológicas que distinguen a los machos y a las hembras de cualquier especie sexuada. Las diferencias sexuales cromosómicas que distinguen a los hombres de las mujeres son claramente conocidas: los hombres presentan XY, mientras que las mujeres dos cromosomas X. Otras diferencias se aprecian en la proporción de tejido adiposo y tejido muscular, las hormonas y los órganos reproductivos. Algunas de estas diferencias en lo metabólico, en la anatomía, resultan explicativas de la predisposición a procesos patológicos en mujeres o varones, así como a tratamientos instituidos, pero en estrecha relación con otros determinantes sociales de la salud.

Diez, desde hace algunas décadas, se discute en la academia acerca de los límites entre “lo femenino” y “lo masculino”. Sobre el particular, indicó que la Sociedad Norteamericana de Intersexualidad señala que “la naturaleza no decide dónde termina la categoría de hombre y dónde comienza la de intersexo, ni dónde termina la categoría de intersexo y comienza la de mujer. Los seres humanos son quienes lo deciden”.

Once, en muchos textos, se utilizan como sinónimos “identidad sexual e “identidad de género” y ello se presta para la confusión.

Antes de concluir su exposición, recomendó utilizar el término “identidad de género” y no el de “identidad de género o sexual”. Del mismo modo, planteó el uso de bibliografía y evidencia académica sobre los procesos de construcción de identidad de género, superando los posicionamientos ciegos a los avances científicos.

Por último, expresó que se entiende que esta legislación promoverá la disminución del sufrimiento de personas y familias, al respetar los derechos humanos, basándose en la buena ciencia y en las creencias en una sociedad más inclusiva, diversa, democrática, tolerante y justa. En ese sentido, manifestó su total respaldo a esta iniciativa, integrando las indicaciones pertinentes que promuevan el derecho a la identidad de género como uno de los derechos humanos, aún a conquistar.

En seguida, la Comisión escuchó al Director de Acción Familia, señor Juan Carlos Montes, quien destacó la importancia de referirse a los fines que este proyecto de ley persigue. El primero, consiste en restringir sus efectos a un conjunto minoritario de personas que desean adecuar sus datos en el Registro Civil de acuerdo a su identidad de género.

El segundo, pretende justificar este proyecto con el propósito y fin de terminar con las situaciones de discriminación y exclusión, que impediría a las personas transexuales manifestar abiertamente y vivir conforme con su identidad de género.

Al respecto, hizo presente que, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución Política de la República y más, recientemente, con la Ley de No Discriminación, en donde la identidad de género está explícitamente citada, no habría razón de dictar otra ley que garantice un reconocimiento a la identidad de género.

Además, en cuanto a la necesidad de cambio de nombre, indicó, bastaría hacer una modificación a la ley N° 17.344, que regula esa materia y suprimir la norma que establece que el cambio deberá estar de acuerdo con al sexo del solicitante, y así se podría obtener lo que se pretende.

Recordó, también, que en este sentido existen dos proyectos de ley recientes relativos al cambio de nombre. El primero del 2006, que propone modificar la mencionada ley con el fin de precisar una causal de menoscabo moral que justifique solicitar el cambio de nombre, y el segundo, del año 2007, que propone que todo órgano del Estado y persona deberá respetar la voluntad del titular de los nombres, quien podrá precisar cuáles son el o los nombres y los apellidos por los que desea ser llamado.

En rigor, insistió, para alcanzar lo que esta nueva iniciativa busca, habría bastado con presentar otro proyecto que modifique la ley que actualmente rige los cambios de nombres.

De esta forma, continuó, queda claro que no se trata meramente de dar satisfacción a algunas decenas de personas, o de evitar que ellas sean discriminadas injustamente, sino de imponer una ideología que viene siendo impulsada desde la Cumbre de Pekín de 1995, llamada la “Identidad de Género”.

Señaló que los autores del proyecto argumentan que esta iniciativa ayudará a que nuestro país cumpla con las obligaciones internacionales contraídas en materias de derechos humanos. Sobre el particular, observó que este proyecto de ley no repara en que hace ya cerca de veinte años que la comunidad internacional discute la aceptación de ese y de otros derechos anexos, como el del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de uniones homosexuales, comprendidos todos en lo que se llama “Derechos sexuales y Reproductivos”.

Tampoco, considera que la reciente propuesta presentada por los gobiernos socialistas de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fuera aprobada sólo por una pequeña minoría de votos, 25 países contra 21 que se opusieron o abstuvieron.

En sentido, destacó que hay opiniones valiosas y ponderadas que se oponen al reconocimiento de estos derechos y citó el discurso de Navidad del 2012, de S.S. Benedicto XVI, quien llamó a la ideología de identidad de género como una “falacia” y dijo “Si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres... La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano”.

Más recientemente, continuó, el Papa Francisco declaró que la “identidad de género” era una doctrina “diabólica”, según informa el Obispo de Viena.

A su vez, informó que los Obispos de toda América Latina reunidos en Aparecida el año 2007 declararon respecto de la ideología de identidad de género, lo siguiente: “Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar, encontramos la ideología de género… Esto ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la identidad de la familia”.

En el mismo sentido, destacó las declaraciones de las Conferencias Episcopales del Perú y de España que recuerdan el origen marxista freudiano y espiritualista de la concepción de identidad de género.

De esta forma, agregó, existe una amplia y ponderada exposición de las personas con autoridad moral que se oponen frontalmente a este reconocimiento y de la cual la gran mayoría de los chilenos también comparte, como la doctrina católica.

Por otra parte, hizo presente que de acuerdo a estas concepciones, nacidas al alero de las reivindicaciones feministas, que reemplazaron la lucha de clases por la lucha de sexos, se pretende una deconstrucción de todas las verdades y conductas aceptadas como normales, y que se afirma la existencia de un origen común, proveniente de un magma inicial de energía.

En seguida, recordó la ponderación que hizo el Honorable Senador señor Girardi en la Sala del Senado al justificar su voto a favor de esta iniciativa, en los siguientes términos: “Por lo tanto, al hablar de esta materia tal vez estamos mirando la punta del iceberg, haciendo una reflexión muy esencial…Quizás una visión más compleja de la sexualidad tiene que ver no sólo con el imperativo de devolverle a cada ser humano la autonomía… sino también con la necesidad de que se entienda lo que a muchos les cuesta asimilar que somos parte de una familia evolutiva extendida; que provenimos de una sexualidad común; que tenemos una hermandad con las plantas, con los seres vivos, con todo lo que nos rodea…

Y eso también forma parte de una reflexión en el sentido de que tal vez la misma evolución que hoy día estamos experimentando al entender que todos los seres humanos tenemos iguales derechos y la misma dignidad -independiente del color de nuestra piel, de nuestras opción sexual, religiosa o política- nos permitirá discutir en el Congreso Nacional, dentro de algunos años, los lazos indisolubles que nos relacionan con el resto de los seres vivos, de los que nos hemos separado, a los que vemos como cosa separada, a los que nos sentimos parte de la naturaleza, la que estamos destruyendo de la misma manera como lo hicimos durante siglos con quienes tenían colores, visiones, religiones, convicciones y orientaciones sexuales diferentes.”.

A continuación, el señor Montes expresó que conforme a la lógica de lo expresado por el Honorable Senador señor Girardi, este proyecto de ley sería un primer paso para reconocer nuestra común pertenencia a la naturaleza original y que en virtud de la común pertenencia al mismo origen se podría considerar en algunos años más como discriminatorio el no reconocimiento de la identidad de especie, es decir, el no poder optar por una especie vegetal o animal con la cual exista una vivencia interior más profunda. Sobre el particular, preguntó si esto es a lo que se refiere el Honorable Senador Girardi al hablar de “los lazos indisolubles que nos relacionan con el resto de los seres vivos”. Al respecto, cuestionó si se podrá considerar esto como un derecho humano, al cual el Estado deberá amparar.

Llamó la atención sobre su presentación y señaló que su objetivo es mostrar que esto es una ideología que conduce a extremos coherentes con una ideología que sostiene que aquéllos son derechos que unen a todas las especies y que reconoce una identidad de a los hombres marcados como género y especie, lo que podría incentivar en el futuro a exigir una identidad de especie, debiendo el Estado garantizar al hombre esa vivencia, profunda e interior que lo hace reconocerse como planta o animal. Lo anterior, afirmó, son los absurdos que nos genera este proyecto de ley.

En seguida, se refirió al carácter invasivo que, a su juicio, tiene esta iniciativa legal y manifestó que es común a todas las concepciones ideológicas contrarias al orden natural de las cosas poseer un carácter totalitario e invasivo, en este sentido, señaló que la fuerza de la imposición, les parece a sus autores, que suple la ausencia de argumentos lógicos y racionales. Este proyecto, acotó, no es una excepción a la regla.

En relación con los menores de edad, llamó la atención respecto a que en ningún artículo del proyecto distinga, para el ejercicio de este supuesto derecho de cambio de nombre conforme a su identidad de género, el hecho de ser mayor o menor de edad.

Luego, se refirió a la indicación presentada por la Honorable Senadora señora Pérez, que incluye a los menores de edad en el reconocimiento de estos derechos, y al nombramiento de un “curador ad litem” para defender al menor contra la voluntad de sus padres.

Por otra parte, mencionó la indicación propuesta por el Honorable Senador señor Ossandón, que reconoce sólo a los mayores de edad el derecho de identidad de género, que al menos atenúa los extremos a los cuales el proyecto pretende llegar. Enseguida, destacó la indicación de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe que exige que el requirente no sea casado ni padre de familia.

Finalmente, hizo presente que este carácter invasivo, no se limita sólo a la familia sino que también al derecho de libertad religiosa. Chile, indicó, es un país mayoritariamente cristiano y que dicha doctrina considera a la Sagrada Escritura como el Libro base, y en el Génesis se señala varón y hembra. Luego, si se aprueba este proyecto de ley, se consideraría a las Sagradas Escrituras como discriminatorias e intolerantes y, por lo tanto, se cercenaría el derecho a la libertad religiosa.

A continuación, intervino la Corporación de Educación, Orientación y Mediación Familiar “Familia Viva”, representada por su Presidenta señora Emilia Ferrada, quien antes de comenzar su exposición representó el hecho de que en la Sala sólo estuvieran dos Senadores presentes del total de los miembros de la Comisión.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Matta hizo presente que la Comisión se inició con el quórum correspondiente de conformidad al Reglamento del Senado, esto es, tres Senadores y que si bien un Senador se tuvo que retirar para asistir a otra Comisión, la sesión se constituyó oficialmente.

En el mismo sentido, la Honorable Senadora señora Pérez agregó que la observación debieran representarla a los demás miembros que no han participado de la Comisión.

Enseguida, la señora Ferrada mencionó algunas observaciones que consideró importante tener presente en el contexto de este proyecto de ley. En primer lugar, estimó que esta iniciativa socaba el derecho personalísimo a la identidad en sus dimensiones individual y social. La persona no es una mera creación cultural, su sexualidad es un atributo inherente a la identidad del ser humano, que incluye la dimensión sexual y no puede el legislador alterar, por la vía legal, una sexualidad que viene dada y expresada en forma compleja en la identidad humana.

Manifestó que la identidad sexual está inscrita en cada célula del cuerpo humano y puede determinarse mediante exámenes de ADN; puede modificarse la apariencia, pero su estructura genética es inmodificable. El dato natural no puede ser relegado a un segundo plano, esto no significa desentenderse del sufrimiento humano, de alguien que integra nuestra sociedad, pero, el amor al prójimo no pasa por negar la realidad evidente que surge de la naturaleza.

Afirmó que la prohibición de discriminación arbitraria ya existe, es un derecho reconocido en las convenciones internacionales; sin embargo, este proyecto busca la posibilidad de un cambio de sexo registral, argumentado que existiría un supuesto derecho a la identidad de género reconocido por tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Al respecto, indicó que no existe un instrumento internacional con fuerza vinculante que obligue a nuestro país a reconocer la identidad de género como un derecho humano, como lo es, el derecho a la vida.

Expresó que el hecho de que el sexo registral sea discordante de la sexualidad integral de una persona, supone una profunda alteración de la vida social, y al respecto preguntó, cómo contempla el proyecto de ley situaciones que se darían por ejemplo en el caso de un padre que siente que es mujer y se cambia de sexo registral y que pasa a ser madre, el hijo pasaría a tener dos madres y ningún padre, acotó. Del mismo modo, preguntó, por la unión de personas del mismo sexo femenino pero distinto sexo registral, en resumen, dijo, cómo se van a explicar estas realidades que se darían en la sociedad civil.

Esta transposición y confusión de género, continuó, provocará mayores problemas de autoestima con sus consiguientes consecuencias nocivas para las personas y su entorno, pues cómo podrá autoestimarse una vez que la propia identidad se ha desvanecido por borrarse o hacerse más impreciso en sus contornos más característicos.

Hizo presente, también, que el proyecto de ley privilegia una actitud individualista basada en la auto percepción, por encima de la realidad sexual del ser humano, los derechos de terceros, la seguridad jurídica y el bien común.

Del mismo modo, señaló que establece un nuevo orden jurídico y social al dar reconocimiento legal a nuevas categorías de personas, lo que supone una modificación de normas vigentes en el Código Civil sin que se cuente con los estudios sobre las consecuencias de las mismas, o si existen, no han sido dadas a conocer a la ciudadanía.

Observó que es un proyecto de ley que no ha sido informado a la sociedad civil en todos sus alcances y consecuencias, que pretende generalizar un modelo de pensamiento que privilegia proyectos de vidas individuales y personales en desmedro de valores y principios de la sociedad.

Comentó que es una estrategia política impuesta desde la cúpula de los poderes del Estado, que han sido comandados por la ciudadanía pero no para esto, acotó. Luego, reparó que se le ha colocado suma urgencia a esta iniciativa legal y estimó que este proyecto afectará a los hijos, nietos y familia, porque no considera el interés superior del niño, pues crea las condiciones para que se fomente el abuso infantil en todas sus formas.

Indicó que los posibles cambios en los caracteres sexuales secundarios son irreversibles, los niños, pre púberes y adolescentes, pueden no tener plena comprensión de las consecuencias de sus acciones o de las decisiones de sus representantes legales.

Insistió en que vulnera el interés superior del niño, criterio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues incluye la pretensión de tener descendencia, ya sea por técnica de procreación artificial o por adopción. Los niños, dijo, tienen el derecho a crecer y a desarrollarse en su dimensión psicosexual, a partir de la complementariedad de varón y de mujer.

Así, precisó que vulnera el derecho a la identidad reconocido por el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional y la ley N 20.061, sobre Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

De este modo, señaló, parece ser que es más trascendental para los legisladores la ideología, que el cambio profundo que afectará a la estructura fundamental de la sociedad. La familia es anterior al Estado, agregó, y los gobiernos existen para proteger y apoyar a la familia, que, además de ser fundamento de la sociedad, es la principal fuente de prosperidad económica y social.

La familia, continuó, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La familia natural se basa en la unión voluntaria y libre de un hombre y de una mujer en la institución matrimonial. Tiene como objetivo la procreación y la educación de los hijos, siendo los padres quienes tienen el derecho de educarlos, sin interferencia del Estado.

Destacó que el respeto de la persona humana va más allá de cualquier diferencia y constituye un valor ganado a costa de arduas luchas, no obstante que una democracia llame bueno a lo malo, justo a lo injusto a través de representantes que ya no representa sino el activismo de minoría que exhiben un gran poder frente al común de los ciudadanos, al punto que cualquier capricho que posean, se eleva a categoría de derecho individual, como es el caso de este proyecto de ley.

Hizo presente que si para los legisladores basta la autopercepción para ser un varón, una mujer o viceversa, se deberían tomar en cuenta todas las otras autopercepciones ciudadanas que afectan a millones de personas, como el transantiago, la delincuencia, la contaminación ambiental, y otras.

Finalmente, expresó que con la supuesta guerra de sexos nadie gana y todos pierden.

A continuación, intervino la Presidenta de la ONG de Desarrollo “Red de Mujeres Cristianas de Chile”, señora Marcela Aranda, quien hizo presente que la organización que representa promueve el valor y la dignidad a través del desarrollo y la participación de todas las mujeres de la nación, según su naturaleza intrínseca, respetando su diversidad, en todos los espacios del quehacer nacional. Lo anterior, en alianza con diversas organizaciones de la sociedad civil.

Mencionó, como una de las acciones que la Red realiza la observación del proceso legislativo proponiendo que todos y todas sean escuchados sin discriminación, sin peso ideológico y en igualdad de condiciones. Por ello, lamentó el poco tiempo que a su juicio tienen para exponer. Argumentó que viven en una democracia proporcional y que el electorado cristiano es más del 86% de las personas que viven en Chile y proporcionalmente han sido escuchados en menor medida. Por lo anterior, manifestó su preocupación por la ideologización de esta discusión y aclaró que todavía queda más de una decena de organizaciones que no han sido invitadas a representar sus observaciones.

El Honorable Senador señor Matta respondió que la Comisión ha mantenido el mayor equilibrio posible de todas las posturas y enfatizó que se ha respetado, ante todo, la diversidad de posiciones e informó que desde que asumió la presidencia de la Comisión, las audiencias se han realizado con la mayor pluralidad, proporcionalidad y respeto.

En seguida, por la Red de Mujeres Cristianas expuso la profesional señora Rita Valencia, quien expresó que su propuesta lleva por título “Mujer, ¿naturaleza intrínseca o construcción social? Esta pregunta, dijo, se origina en la definición de género que da el proyecto de ley, y mencionó a la novelista chilena Mercedes Valdivieso, que ha trabajado el tema del feminismo, con la siguiente cita: “Nadie más que yo en el mundo. Nadie podría alcanzarme, nunca estaría donde me quisieran, igual que mi abuelo nunca estuvo donde lo querían. Yo y entera”. Resaltó que el feminismo es un movimiento que aparece para reivindicar a la mujer los derechos naturales, sociales, políticos y civiles, reclamando igualdad. Pero, aclaró que cuando se exige igualdad se refiere a un trato digno.

Refirió que en la IV Conferencia de la Mujer, realizada en Beijing, en 1995, se acunó un nuevo concepto de género, impulsado por la línea extrema del movimiento feminista radical, que más tarde se conoció con el nombre de ideología de género. Por tanto, afirmó, el género sería una ideología que toma el concepto de igualdad y lo traslada a un plano ontológico, promoviendo la idea de que se debe luchar por la igualdad de género. Resaltó que la premisa más importante de la ideología de género, apunta hacia la identidad de las personas, señalando que no existe tal cosa como naturaleza intrínseca, sino que sería un constructo social.

Igualdad, continuó, no es sinónimo de justicia, pero es usada como tal en la promoción de esta ideología. Por su parte, justicia, es dar a cada uno lo suyo. En algunos casos, ello significará tener un trato diferenciado como por ejemplo, en el caso de la maternidad que conlleva dar un trato diferente a las mujeres. Es un hecho, agregó, que existe una naturaleza intrínseca femenina o masculina. La naturaleza es algo pre científico en el sentido de existencia. Es un hecho tácito que existe un ser que posee rasgos identitarios físicos, sicológicos y espirituales que conforman una integralidad que es denominada y se reconoce como mujer y, lo mismo ocurre con el hombre.

El hombre y la mujer, primero existen y luego se reconocen a través de los rasgos naturales que los identifican. De esta forma, se establecen leyes para proteger sus derechos y así se puede afirmar que la familia es de origen natural, porque primero existe y luego se establece la normativa que resguarda los derechos de sus integrantes. La unión familiar es, por tanto, pre científica y pre teórica, es decir, natural de la misma forma que lo es la naturaleza femenina y masculina.

Lo anterior, conforma lo que se conoce como identidad, la cual está determinada por el cuerpo, por la anatomía que determina su sexualidad y por los rasgos sociales de una cultura. Indicó que puede haber personas que manifiestan atracción hacia personas del mismo sexo, pero siguen constituyendo una identidad sexual natural. Alertó que decir que la identidad de las personas es un constructo social se está negando la naturaleza intrínseca y como consecuencia vulnera los derechos intrínsecos de la identidad.

Indicó que el proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género, parte de la premisa que no existe tal cosa como identidad intrínseca preestablecida, sino que puede ser intercambiable. Así, el artículo 3° de este proyecto de ley dispone que toda persona podrá obtener por una sola vez la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su identidad de género.

Luego, enfatizó la importancia de entender la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual.

Respecto al concepto de igualdad, recordó que se acuna en la Revolución Francesa y que fue un derecho reclamado primeramente por los hombres y luego, por las mujeres. Estos derechos, apuntaban hacia los roles que tienen que ver con lo social, civil y político y no con la entidad. Posteriormente, aseveró, el término de igualdad no es sinónimo de justicia sino de trato justo, justo y diferenciado, no como la ideología de género, que propugna que somos todos iguales.

Así también, justicia, según el derecho romano es dar a cada uno lo suyo. Por tanto, hay cosas que identifica naturalmente al hombre y a la mujer, y citó como ejemplo, el que sólo la mujer puede ser madre, y expresó que la RED se alegra de esta diferencia porque el hombre se da naturalmente a la mujer y viceversa.

En cuanto al derecho a la protección y a la identidad de género, indicó que toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad de género. El decir que tenga derecho, otorga una novedad que no queda claro si incluye a quienes reconocen en sí mismos una identidad acorde con su sexo biológico y preguntó: hombre y mujer, nacen o se hacen.

En seguida, reprodujo el artículo 1°, letra c) que dispone que toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo. Sobre el particular, señaló que nunca se escuchó que hubiese un derecho para que el hombre y la mujer sean respetados por su sexo. La ley debe velar porque las personas con otras opciones no sean discriminadas pero no parece natural crear un derecho especial.

Si fuera un derecho reconocerse con un sexo distinto al que se tiene por naturaleza, la ley tiene que respetar el derecho de los que se reconocen conformes con el sexo que tienen y estas mismas protecciones deben ser garantizadas a estos últimos. La igualdad debe garantizar igualdad, no con derechos especiales o exclusivos de quienes quieren optar por otro sexo.

Finalmente, mencionó a la Doctora Burggarf, que ha trabajado el tema del feminismo y el género desde una perspectiva integral, incluyendo valores cristianos y destacó la siguiente cita de su libro: “El desarrollo de una sociedad depende del empleo de todos los recursos humanos. Por tanto, mujeres y varones deben participar en todas las esferas de la vida pública y privada. Los intentos que procuran conseguir esta meta justa a niveles de gobierno político, empresarial, cultural, social y familiar, pueden abordarse bajo el concepto de perspectiva de igualdad de género si esta igualdad incluye el derecho a ser diferentes… Esta perspectiva de género, que defiende el derecho a la diferencia entre varones y mujeres promueve la corresponsabilidad en el trabajo y la familia, no debe confundirse con el planteamiento radical, que ignora y aplasta la diversidad natural”. (Burggraf, 2004: 31-32).

Por último, dijo, la ideología de género al plantear que todos somos iguales, que es en lo que se basa el proyecto de ley, entra en la intimidad de cada uno.

A continuación, expuso el Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos, de la Pontificia Universidad de Católica de Chile, señor Álvaro Paúl, quien agradeció la oportunidad de exponer ante la Comisión y precisó que no se referirá al contenido del proyecto de ley sino a la situación obligacional de Chile a nivel internacional respecto del cambio registral de sexo, según identidad de género. Lo anterior, con el objeto de que Sus Señorías puedan tomar una decisión más informada al momento de votar este proyecto de ley.

Suele afirmarse, indicó, entre quienes buscan la aprobación de una legislación de esta naturaleza, que nuestro país estaría faltando a sus obligaciones internacionales al no contar con una ley que establezca la posibilidad de cambiar el sexo registral según lo que las personas consideren que sea su identidad de género. Al respecto, informó que su presentación busca mostrar que dicha afirmación no es acertada, para lo cual explicará cuáles son las fuentes del derecho internacional y los instrumentos que suelen ser citados en esta materia.

Recordó que en derecho internacional existen instrumentos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos no vinculantes no constituyen una obligación internacional, con independencia de la importancia que tenga el órgano que los emita. Ello, porque el grueso del derecho internacional descansa sobre el principio de que los Estados son libres para obligarse o no. Esto puede hacerse a través de los tratados internacionales o de la costumbre internacional.

Comentó que esta afirmación tiene ciertos matices, como sucede con las normas ius cogens, que son normas internacionales en contra de la cual los Estados no pueden pactar nada que implique una vulneración a las mismas. Sin embargo, expresó que son muy pocas y que además se discute cuáles son. Agregó que el nacimiento de este tipo de normas exige altos grados de claridad internacional y que es difícil que una norma alcance tales estándares. Afirmó que es indiscutible que el no contemplar la posibilidad de modificar el registro de nacimiento no viola ninguna norma de ius cogens. Lo anterior, se dedujo al observar el compartimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estas materias.

Una vez hecha esta distinción, indicó que es posible referirse a los instrumentos y opiniones que se refieren al derecho a la identidad de género, pero teniendo siempre presente la distinción entre instrumentos vinculantes y no vinculantes.

Respecto a la existencia de una obligación de reconocer registralmente la identidad de género en los tratados internacionales, señaló que es necesario hacer una distinción, porque hay dos cuestiones que se suelen confundir. Una, es la discriminación y la violencia contra personas transexuales, y otra, muy distinta, es el reconocimiento registral de lo que ellos consideran su identidad de género.

El proyecto de ley en estudio no dice relación con la violencia, ni con la discriminación en contra de las personas transexuales. En efecto, argumentó, la ley penal es la que se ocupa de la violencia ejercida en contra de estas personas, y la Ley de Antidiscriminación es la que regula la discriminación arbitraria en contra de las personas trans. Este proyecto, en cambio, se refiere sólo al cambio registral de sexo según la identidad de género.

Ahora bien, dentro de las normas vinculantes se encuentran los tratados que han sido firmados y ratificados por Chile y, sobre el particular, afirmó que ningún tratado internacional establece el derecho al registro de la identidad de género. Más aún, agregó, hay un sólo tratado que se refiere a la identidad de género en forma explícita, que es la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, pero, advirtió que este Tratado si bien fue firmado por siete países, no ha sido ratificado por ninguno, probablemente, porque tiene una técnica legislativa muy deficiente, que vulneraría varios derechos, como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Luego, argumentó, atendido que Chile, al igual que todos los demás Estados de América, no ha ratificado esta Convención, no se encuentra obligada por ella.

Señaló que motivados por esta inexistencia de normativa internacional vinculante en la materia hay quienes afirman la existencia de un derecho a la identidad de género en tratados internacionales que resguardan otros bienes, como ocurre con el artículo 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual algunos reconocen la existencia de un derecho a la identidad de género. Esta afirmación, indicó, es errada, por cuanto dicha norma al usar la expresión “identidad” se refiere a una cuestión bastante más básica, como el derecho del niño a saber quién es y quiénes son sus padres, entre otras consideraciones.

Sobre el particular, citó como ejemplo el caso Gelman que analizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que una mujer embarazada es detenida y hecha desaparecer junto a su marido durante la dictadura de Argentina y llevada a Uruguay, donde nace su hija, niña que fue entregada en adopción por las fuerzas militares. Esta niña, dijo, fue separada de su madre, entregada a una familia distinta y sacada de su país de origen, por lo que no conocía cuál era su identidad. Precisó que a esta identidad es a la que se refiere la Convención de los Derechos del Niño. Lo anterior, también se fundamenta en la ubicación de esta norma en la misma Convención, ya que está antes del artículo 7°, que establece que el niño tiene derecho a conocer a sus padres y a ser inscrito como hijo de ellos, y después del artículo 9°, que señala que los niños no deberán ser separados de sus padres.

En este sentido, resalto que es importante distinguir entre dos conceptos absolutamente distintos: uno, el derecho a la identidad a secas, es decir, a la verdad biológica, familiar y social de una persona, referido en el párrafo precedente, y que sí está consagrada a nivel internacional e, incluso, reconocida por nuestro Tribunal Constitucional, en un caso sobre filiación, y, dos, el derecho a la identidad de género, que no se encuentra establecido en ningún instrumento vinculante para Chile.

Por otra parte, argumentan que el derecho a la identidad se basa en el principio de la no discriminación, sin embargo, el proyecto de ley no busca evitar que se discrimine a las personas por el género con el que se identifican, pues para ello existe la Ley de Antidiscriminación. Este proyecto de ley busca algo distinto, cual es modificar registralmente el sexo de la persona sobre la base de sus deseos.

En definitiva, concluyó, no puede afirmarse que Chile se encuentra obligado en virtud de algún instrumento internacional vinculante para regular esta materia.

A nivel de costumbre internacional, explicó que también es una fuente de obligaciones a nivel internacional y para que exista una costumbre, es necesario que se dé una práctica uniforme y continua de los Estados, y que dicha práctica se realice con opinio iuris, es decir, con la conciencia de que se está cumpliendo una obligación internacional. En materia de modificación registral por identidad de género, consideró que no es posible afirmar que haya una práctica consistente de los Estados, y mucho menos que ella se realice basada en una opinio iuris.

En consecuencia, dijo, no existen instrumentos ni recomendaciones que obliguen a Chile, sin embargo, algunos utilizan las resoluciones de organismos internaciones y de comités de monitoreo de tratados para fundar la obligación de nuestro de país de permitir el cambio de sexo registral según la identidad de género de cada persona, a modo de ejemplo mencionó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, al Comité de Monitoreo de Tratados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Comité de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ACNUDH).

Estos instrumentos, por regla general, se refieren a la identidad de género pero no a una obligación de reconocer registralmente la identidad de género que manifiesta tener una persona cuando es diferente al sexo que se le ha asignado al nacer.

Otro instrumento que se menciona para argumentar que Chile tendría una obligación internacional para establecer este reconocimiento registral, son los Principios de Yogyakarta. Estos principios, dijo, emanan de un documento que fue elaborado y firmado por personas naturales que no representan a los Estados y, por lo tanto, no lo vinculan, sólo tiene valor de autoridad entre Estados que reconocen una autoridad común.

Señaló que otro instrumento que se utiliza para argumentar que Chile está obligado internacionalmente en esta materia, es el “caso del Estado de Chile contra Karen Atala”. Sin embargo, dijo, este caso se refiere, principalmente, a cuestiones relativas a discriminación por orientación sexual, que es distinto a la identidad de género. Es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una referencia a la identidad de género, pero sólo para afirmar que debe prohibirse la discriminación en base en ella. Atendido que este proyecto de ley no se refiere a la discriminación, consideró que no es necesario entrar a analizar la naturaleza de esa sentencia.

Por todo lo anterior, concluyó que las diversas normas de derecho internacional demuestran que no existe un derecho al reconocimiento registral de la identidad de género, puesto que no hay tratados internacionales, ni costumbre internacional que obliguen al país a legislar en esta materia y que tampoco existen recomendaciones de los órganos de tratados que se pronuncien sobre este derecho en forma directa.

La Honorable Senadora señora Pérez San Martín, respecto del caso de Karen Atala recordó que en la sentencia de febrero de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la orientación sexual y la identidad de género, no deben tener efecto alguno sobre el cuidado y la crianza de los hijos y enfatizó que, efectivamente, la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual.

A continuación la Comisión recibió en audiencia a la Organización de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer “ISFEM”, representada por su Presidenta, señora Ismini Anastassiou, quien junto con agradecer la oportunidad de exponer, manifestó su sorpresa por no contar con la presencia de todos los miembros de la Comisión dada la importancia de este proyecto de ley.

En seguida, destacó la importancia de este proyecto de ley al expresar que mejorará la vida de cientos de personas en Chile y que dentro de sus objetivos pretende dar protección a la dignidad humana y a los derechos y libertades fundamentales. En esta misma línea, indicó que se han dado interesantes discusiones en torno a la deuda pendiente respecto de la dignidad y derechos de las personas transexuales. Incluso, manifestó, se dice que se está avanzando hacia un Chile, en donde el ser humano es el eje principal, sin importar si trata de hombres o de mujeres.

Expresó que coincide con los autores del proyecto de ley en relación al hecho de que debemos preocuparnos de los derechos humanos, del bien común de nuestra nación y que se debe proteger la dignidad de cada persona. Explicó que se motivó a participar en esta discusión por el hecho de que este proyecto de ley menciona que el ser humano es el eje principal del país.

En efecto, consideró fundamental que se reconozca primeramente la dignidad de cada ser humano, varón o mujer, como naturalmente han sido creados, pues la grandeza de cada país está dada por su población, su identidad, por cómo acoge a cada ser humano sin distinción ni discriminación. En fin, dijo, todos tenemos naturalmente una identidad y vivimos con ella, seamos hombre o mujer.

Por ello, le incumbe resaltar y reconocer la gran responsabilidad que tiene los Honorables Senadores en lo que legislan. Expresó que es imposible negar el poder pedagógico de cualquier ley, pues para el común de los chilenos lo que es ley es bueno, porque entienden que los legisladores y el Ejecutivo buscan el bien común de los ciudadanos. Luego, señaló que lo primero que se debe preguntar es si el género es un aporte o es sólo una nueva ideología de moda. Enseguida, expresó que el enfoque de género busca promover y garantizar que toda persona pueda construir libremente su sexo psicológico, es decir, autoconstruir a su antojo su propia sexualidad u opción sexual, por lo que el género sería el sexo socialmente construido y cada persona podría elegir si quiere ser varón o mujer.

El proyecto de ley, continuó, busca legislar y legitimar el deseo de vivir conforme como se quiera en los casos en que existan incongruencias entre el sexo asignado registralmente, el nombre, la apariencia y la vivencia personal del cuerpo, pero, preguntó, dónde estará el límite y resaltó que el proyecto señala que el objeto de la ley es poder acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo y al nombre de una persona en el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuando dicha inscripción no se corresponda o no es congruente con la verdadera identidad de género del o la solicitante.

Pero, preguntó, no estábamos de acuerdo al comienzo, en que todos somos iguales en dignidad, sin importar si nacemos varones o mujeres, o si existe un sexo intermedio distinto al que se está mencionando en esta presentación. Afirmó que es evidente que somos distintos en el aspecto antropológico, físico, psicológico y sociológico. Agregó que el ser humano es una unidad sustancial de espíritu y materia compuesto de cuerpo y alma, un ser corpóreo, animal y racional. El sexo es un componente intrínseco de cada persona, por eso el hombre se entrega recibiendo y la mujer recibe entregándose. Así, se expresan las principales características del ser varón con la paternidad y del ser mujer con la maternidad.

Argumentó que la sexualidad femenina enfatiza naturalmente la intimidad y la permanencia; en cambio, la masculina hace hincapié en la iniciativa y en la expansividad, más ligada a su actividad.

El sexo, entonces, no es una mera diferencia en los órganos para la procreación, sino que es un constitutivo de toda la personalidad humana, desde la célula más pequeña hasta el núcleo íntimo del alma de un ser humano, por lo que sí importa si somos hombres o mujeres, pues el aporte a la sociedad será distinto y complementario. Difícilmente podrían ser idénticos e intercambiables como lo insinúa esta ideología, acotó.

Por esta razón, sostuvo, el sexo no es algo secundario frente al género, que sería esta construcción cultural que pretende re definir el concepto de persona.

Indicó que la ideología del género socavará los pilares sobre los que se estructura la familia y la sociedad, eliminando el concepto de naturaleza, hombre y mujer, relativizando el concepto de familia, que surge de la relación sexual diversa y complementaria, con el fin de unión y fecundidad.

En seguida, mencionó una carta del señor Carlos Frontaura, Importancia de la Familia, que fue publicada en el Diario El Mercurio, el 30 de diciembre del 2012, que señala: “Sin referencia a su corporeidad, lo natural en el hombre sería cualquier expresión de identidad sexual, siempre que nazca de una decisión autónoma. De este modo, la familia, no sería una realidad anterior, sino una construcción sin forma precisa fruto de una decisión individual. En ella, evidentemente la prole no tiene dignidad por sí misma, sino en función de él o los progenitores, dejando de ser sujeto pasando a ser objeto al que ellos tienen derecho y, por tanto, pueden adquirir y por qué no, preguntó, disponer a su arbitrio”.

Por otra parte, expresó que está de acuerdo en que no se puede discriminar por sexo, tamaño, capacidad o discapacidad, raza, etnia y deseos, entre otros. Por ello, y para resguardar a todo ciudadano recordó que ya existe la Ley de No Discriminación, que garantiza la igualdad en dignidad de todos los ciudadanos de Chile.

Sin embargo, una ley, como la que da cuenta el proyecto de ley en estudio, que legisla según los deseos de las personas, para manifestarse abiertamente y vivir conforme con su identidad de género, se impone a la naturaleza humana, permitiendo el cambio de identidad, facilitando la opción sexual que la persona determine querer ser en ese momento. Ello, impone una nueva antropología que es el origen de una nueva cosmología y promueve un cambio total en las pautas morales de la sociedad, según señala el jurista argentino, Jorge Scala, en Género y Derechos Humanos.

Indicó que la ideología de género intenta establecer la noción de que todos los derechos humanos serían construidos socialmente por lo que serían relativos y deberían ser continuamente reinterpretados. Al respecto, preguntó por qué se niega la naturaleza de las personas y de las cosas, inventando nuevos términos que son eufemismos de algo que se quiere encubar en los organismos de poder, pero que no solucionarán los verdaderos problemas a las personas que buscan vivir en familia, en paz, alimentarse, educarse, trabajar y amar a sus hijos y a su país.

El propósito de este proyecto de ley, según sus autores, es mejorar la vida de cientos de personas en Chile, asignándole el carácter de necesario y urgente. Sobre el particular, y en representación de un gran grupo de la sociedad civil, hizo presente que Chile es un país en vías de desarrollo, en el que urge el apoyo de proyectos para un número mayor de ciudadanos, que necesitan ayuda en el acceso a la salud y a la educación, en derechos humanos básicos, como nacer y morir dignamente; acceder a mejoras en el sistema de pensiones para enfrentar la mayor esperanza de vida al momento de su jubilación e integrar a la mujer en el campo laboral.

Con respecto a lo anterior, afirmó, es claro que una minoría se impone a una mayoría y que lo políticamente correcto prima por sobre lo lógico.

Posteriormente, informó que según “The Williams Institute”, en los Estados Unidos, los adultos que se identificaron como LGBT en los distintos estudios desde el 2006 hasta 2014 son del 2.2% hasta un 4% de la población de ese país. A su vez, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, en 2010, determinó que el 1,5% de los británicos se identificaron como gay o bisexual, en consonancia con otros estudios que muestran que está entre el 0,3% y el 3% de la población. Sin embargo, parece curioso que en Chile habiendo cientos de personas identificadas como LGTBI no haya ningún dato significativo y fiable sobre el cual basar la legislación. Indicó que el único dato que se tiene es el CENSO del 2012, que determinó que la población que convive del mismo sexo es el 0,3%, no obstante haberse descartado por sus altos márgenes de error.

Resaltó que es incomprensible que esta ley además quiera proporcionar la facilidad del cambio de sexo para menores de edad, niño, niña o adolescente, con la sola petición de su representante legal o quien lo tenga a su cuidado, más aun teniendo presente que el menor de edad no puede manejar, ni comprar alcohol, entre otras cosas. Lo anterior, dijo, lleva a una contradicción mayor, porque se permitiría al menor de edad tomar una decisión única y trascendental en su vida como es el solicitar el cambio de sexo, siendo que todavía no tiene la madurez suficiente como para adoptar una decisión tan sea personal, sin influencias de sus representantes legales.

Finalmente, destacó que el ISFEM está en total desacuerdo con que se legisle para satisfacer el deseo de unos pocos ciudadanos, y aspiran a que Sus Señorías legislen de acuerdo al bien común, reconociendo la naturaleza humana.

Después, intervino don Andrés Rivera, consultor independiente y asesor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación, quien aclaró algunos de los comentarios y apreciaciones esgrimidas durante esta sesión por considerarlas altamente ofensivas. En efecto, hizo presente que es una persona transexual y que su nombre legal era María Georgina Rivera y que al escuchar afirmaciones del tenor de las expresadas, como que este proyecto de ley permitirá el abuso de menores, no puede dejar de manifestar su rechazo y desacuerdo más aun considerando que se está en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que es, precisamente la que debe velar por el respeto y la protección de todos los seres humanos.

A continuación, se refirió al proyecto de ley que mejorará la vida de muchas personas en Chile y que ayudará a que el país cumpla con sus obligaciones internacionales contraídas en materias de derechos humanos y, sobre todo, en avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, por medio del reconocimiento de las diferentes identidades, como así lo han dejado en claro los expertos y organizaciones que han concurrido ante esta Comisión aportando seriamente desde el derecho y otras disciplinas.

El proyecto que nos ocupa, expresó, comprende 11 artículos y una disposición transitoria. Se trata de un proyecto de ley breve, pero estructurado, que busca mejorar los problemas procesales y sustantivos que presenta hoy en la regulación judicial la falta de reconocimiento de la identidad de género de muchas personas por medio del uso de normas antiguas que no son adecuadas para la realidad de personas trans, esto es, transexuales, transgéneros, travestis e intersex.

A continuación, se referirá a algunos aspectos del articulado en particular y a las indicaciones en el siguiente orden: la importancia del concepto de identidad de género usado en el proyecto de ley; la necesidad de incorporar por medio de una indicación una disposición sobre los menores de 18 años; la urgencia de modificar la norma procesal adecuada a la ley chilena, y un breve análisis de algunas indicaciones ingresadas.

En primer lugar, respecto a la definición de identidad de género, comentó la necesidad de tener una definición seria, reconocida, validada y que tenga el consenso internacional y el de las entidades expertas en la materia. Así, tal como lo sugiriera el Instituto Nacional de Derechos Humanos la definición dada por los Principios de Yogyakarta no sólo es la más adecuada, sino que también la más validada, por lo que sugirió adoptarla como definición.

En segundo lugar, en cuanto a incorporar a los menores de dieciocho años, recordó los aportes que hicieron a esta Comisión las Abogadas Fabiola Latrhop y Ximena Gauche; el Abogado Nicolás Espejo y la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Lorena Fríes, sobre esta materia.

En efecto, señaló que existe consenso en los profesores y académicos que han expresado su opinión sobre este proyecto de ley, que fue un error no haber incorporado una norma sobre niños, niñas y adolescentes, materia que fue corregida por medio de la indicación presentada por la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, que sugiere establecer claramente que el niño, niña o adolescente puede, personalmente, presentar la solicitud de cambio de sexo, y con ello reforzar la importancia de su autonomía progresiva y de su participación en el procedimiento.

Manifestó compartir las observaciones que hiciera el Abogado señor Nicolás Espejo en esta Comisión, que dicen relación con no incluir límite de edad a este derecho y, en cuanto a la representación del niño, niña o adolescente, planteó no considerar la figura del curador ad litem en el proceso no contencioso.

Asimismo, recordó que el abogado Espejo dijo “Si la ley obliga a que la solicitud hecha por el niño, niña o adolescente se funde debidamente, sumado a la obligación del juez de oír al niño o niña en el proceso, no debiera ser necesario contemplar la intervención de un tercero que vele por los supuesto del derecho del niño, niña o adolescente. Distinta es la cuestión en caso que, por oposición del adulto responsable o quien lo tenga bajo cuidado el asunto se trate por vía de un procedimiento contencioso. En ese caso, acotó, sí sería pertinente la presencia de un tercero independiente que vele por los intereses del menor en el proceso. Dicho lo anterior, tengo serias dudas de la capacidad y competencia de los curadores ad litem para atender debidamente estas materias particulares, pero podría ser una buena oportunidad para que ello ocurra.”.

En seguida, respecto al proceso de rectificación registral de un menor de edad, recomendó que a la luz del principio de revisibilidad, sería adecuado reconocer la posibilidad de que el NNA, tanto antes de cumplir los 18 años de edad, como cuando se transforma en adulto, pueda rectificar las nuevas partidas concedidas en el ejercicio de su derecho a la identidad.

Por lo anterior, afirmó que no se justifica establecer un límite de una sola rectificación de la inscripción del sexo del niño, niña o adolescente antes de cumplir los 18 años de edad. El criterio determinante debiera ser el de una solicitud debidamente fundada y en virtud de ese mérito, el juez de familia debiera acoger o rechazar la petición.

Respecto de aquellos niños, niñas o adolescentes que ya han cumplido 18 años de edad y que, como adultos estimen pertinente solicitar una nueva rectificación, estimó que no aparece adecuado fijar un límite expreso de un año desde la mayoría de edad para hacerlo. Nuevamente, el criterio rector debiera ser el de la justificación de la solicitud.

En tercer lugar, sobre la necesidad de modificar la norma procesal adecuada a la ley chilena, expresó que, considerando la incorporación de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud debe ser presentada en sede jurisdiccional y no administrativa, con el objeto de dar una mayor certeza jurídica al o la solicitante y evitar que, eventualmente, quede abierta la opción de futuras reformas reglamentarias al Servicio de Registro Civil e Identificación que afecten el ejercicio del derecho al reconocimiento de identidad de género.

Hizo hincapié que si el tribunal idóneo es un tribunal de familia, debiera optarse por una sola judicatura para evitar futuros problemas procesales con dos sedes jurisdiccionales que pudiesen declararse competentes. En este caso, sugirió, modificar el procedimiento y tramitarse como un acto no contencioso, de aquellos que regula la ley respectiva, en que se omiten las publicaciones, y analizar si se hacen ajustes para una posible oposición de terceros, de mantener la idea de fraude de ley, como lo señala la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez.

Así, también, manifestó la necesidad de regular la situación del o la solicitante casado o casada al momento de pedir el cambio. En efecto, refirió, la validez jurídica del matrimonio vigente entre quien cambia su partida de sexo y su cónyuge, pues ello daría lugar a la posible existencia en los hechos de un matrimonio entre personas del mismo sexo registral, lo cual no existe en Chile al tenor del artículo 102 del Código Civil y de las normas pertinentes de la ley N° 19.947 de Matrimonio Civil y N° 4.808 de Registro Civil.

Por lo anterior, expuso que resulta conveniente que la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación informe durante el procedimiento si el o la solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto. Lo anterior, en conformidad con la modificación que sugiere la Honorable Senadora señora Pérez a la primera ley citada, para agregar en su artículo 42, sobre la terminación del matrimonio, una quinta causal. Todo ello, en el entendido que aún no se permite en Chile el matrimonio entre personas del mismo sexo registral y porque la opción de anular ese matrimonio no corresponde a la regulación actual en Chile de la nulidad de matrimonio, puesto que la causal debe ser existente al tiempo de celebración del matrimonio y debe ser declarada judicialmente.

Respecto de los efectos de esta terminación, señaló que se deberían seguir las reglas generales de terminación del matrimonio. Para estos efectos, sugirió la siguiente redacción para los artículos 5° y 6° del proyecto de ley:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN. INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

En cuanto a las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, manifestó que basado en los análisis y aportes que han entregado juristas, académicos y expertos en la materia, no son adecuadas, porque hablan de la identidad sexual, lo que implica confundir ese término con la identidad de género, sin duda, esta confusión, se debe al desconocimiento involuntario sobre la materia, pero que debería haber quedado clarificado después de las opiniones de expertos manifestadas durante la discusión de este proyecto, como así también en los antecedentes entregados en las citas de las exposiciones, en la bibliografía actualizada, en investigaciones y en avances en las Naciones Unidas, como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo anterior, invitó a Sus Señorías a retirar dichas indicaciones, de manera de poder centrar la discusión legislativa en el tema de fondo.

En relación con las indicaciones que limitan este proyecto de ley a personas mayores de edad, no casadas y sin hijos, enfatizó que ellas coartan el ejercicio de diferentes derechos y que no son coherentes con el consenso que hay de incorporar a los menores de edad. Por ello, insistió en remitirse a las opiniones vertidas por los expertos en esta materia, abogados señoras Latrhop y Gauche y señores Vial y Espejo.

Sobre la indicación de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, para incorporar un artículo nuevo a la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil, referido a las prohibiciones para contraer matrimonio, que agrega al artículo 5° el siguiente numeral: “6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”, consideró que es absolutamente improcedente pues afecta un derecho humano fundamental, reconocido en los tratados e instrumento internacionales que vinculan a Chile.

Indicó que parece relevante aportar al debate en este punto que en el actual sistema chileno lo que determina la autorización para casarse es el sexo registral, de modo que ya ocurre, y seguirá ocurriendo con la ley de identidad de género aprobada, por lo que quienes cambien su sexo registral podrán perfectamente contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto. La indicación propuesta, afirmó, tiene un carácter biologizante del sexo y del género al entender que aunque se produzca el cambio el nuevo sexo registral no habilita para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto.

Del mismo modo, no le parece adecuado enmarcar este tema en la supuesta intención del proyecto de ley de validar el matrimonio igualitario en Chile, ya que tal discusión legislativa no se ha iniciado en el Congreso Nacional.

Por otra parte, respecto de la indicación al artículo 11 de la Honorable Senadora señora Pérez, estimó que no sería necesaria, ya que la salud es un derecho garantizado para todos y no es parte del objeto de esta ley regular la salud de las personas trans.

Reconoció que es difícil en pocos minutos hacer un análisis del proyecto de ley, por ello se ha concentrado en estos 4 puntos, no obstante tener observaciones y opiniones bastante más extensas.

Finalmente, sugirió abrir un nuevo período de indicaciones para mejorar sustantivamente algunas de las ya ingresadas, para fortalecer y mejorar este proyecto de ley y comenzar la votación de las mismas para avanzar en el trámite legislativo de esta iniciativa legal basada en derechos humanos.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Fundación Daniel Zamudio, representada por su Coordinador Político, don Rodrigo Chandía y la Concejala de la Comuna de Lampa, doña Alejandra González.

El señor Chandía hizo presente que su nombre es que es una persona gay y que apoya toda ley que los beneficie. Enseguida, reflexionó que estos cambios no afectan a todas las personas sino que, en particular, a él y a los que están en su situación. Luego, señaló que también intervendrá la Concejala, señora Alejandra González, que obtuvo la primera mayoría en la Comuna de Lampa y que ha demostrado que el cambió sí es posible y que Chile puede crecer en igualdad.

La Concejala de la Ilustre Municipalidad de Lampa, señora Alejandra González destacó la gran oportunidad desde la mirada social y no sólo desde el ámbito técnico y específico de elaborar una ley en esta materia. Para la Fundación es un honor poder manifestar su opinión y, también, una gran responsabilidad social y política. Expresó que son agentes de cambio, activistas que sueñan con un Chile mejor, donde el respeto a las personas sea la base y desde allí cimentar una sociedad y un Estado más justo.

Hizo presente que es transexual y explicó que dado el marco en que se vive actualmente en la sociedad, en que existe una desigualdad total, con mucha resiliencia ha podido alcanzar el lugar que ocupa, sin embargo, reconoció, que muchos otros compañeros y compañeras transexuales no han tenido la oportunidad de desarrollarse económica y laboralmente, porque no existen derechos para todos y para todas.

Señaló que Chile, en los últimos años, ha dado pasos para construir una sociedad mejor, pero, lamentablemente, a veces, esos pasos están manchados con sangre, como es el caso de la Ley de Antidiscriminación, que después de largos años de tramitación sin mayor avance, se logró aprobarla dada la brutalidad del ataque en contra de Daniel Zamudio por su orientación sexual, que remeció al país y al Congreso Nacional. Como Fundación Daniel Zamudio esperan que esa lamentable experiencia sirva para que la sociedad no vuelva a mancharse de sangre. Enfatizó que no pueden esperar que alguien muera para hacer lo que debe hacer, respetar, dignificar y proteger a la personas.

Expresó que Sus Señorías tienen una responsabilidad de vida, cual es, legislar sobre los derechos de quienes son transexuales.

Asimismo, hizo presente que la Comisión ha escuchado a expertos que hablan a favor o en contra de legislar en la materia y que se han presentado diversas indicaciones a este proyecto de ley, una para protegerlos y otras para anularlos como seres humanos, y destacó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha querido escuchar el testimonio de las personas transexuales, que son quienes enfrentan día a día diversas dificultades, que deben mostrar su cédula de identidad a quienes aún los limitan y se les denigra por ser quienes son.

Llamó la atención de que es la primera concejala transexual desde el año 2004, representando a una comuna rural y machista y expresó lo difícil que es el diario vivir por ser transexual, en que se les discrimina y se les obliga a vivir situaciones cotidianas no son fáciles, como por ejemplo que en el banco se les llame por su nombre inscrito y no por su verdadera identidad.

Resaltó que es un gran desafío salir adelante, pues significa una lucha diaria que enfrentan con el apoyo de la familia, pero con la crítica y discriminación de la sociedad. Informó que son alrededor de 4 mil transexuales en Chile, aunque no hay estudios concretos que puedan ratificar esta cifra, porque lamentablemente se oculta la identidad para proteger el entorno familiar.

Manifestó que la resiliencia en las transexuales es una fortaleza y no una debilidad. Afirmó, que quiere ver un Chile justo, un Chile que progrese, un Chile equitativo en que se distinga la igualdad y se den las condiciones necesarias para enfrentar la sociedad en materias económicas, sociales y familiares.

Hizo presente su interés en dejar una reflexión ante los expertos y expertas que analizan la conformación del ser humano y expresó que la familia es el motor que permite que los hijos e hijas se puedan desarrollar y mantener en un futuro, sin embargo, agregó, muchas de ellas no tienen educación para enfrentar con dignidad la identidad de género de sus hijos y, ese es precisamente el trabajo que se debe realizar, cómo integrar a estas familias en una sociedad distinta.

En seguida, solicitó rechazar las indicaciones de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, que incurren en errores como por ejemplo hablar de identidad sexual, o bien les coartan sus derechos, como si hubiese derechos que sí se pueden coartar y otros no. Insistió en que son seres humanos y, por ende, deben gozar de los mismos derechos que tienen los Honorables Senadores y Senadoras.

Finalmente, agradeció la instancia de poder expresar los puntos de vista de la Fundación Zamudio y resaltó que espera confiada que la Comisión aprobará un proyecto de ley basado en los más altos estándares de dignidad y derechos humanos.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a la Red por la Vida y la Familia, representada por su Coordinadora, señora Carmen Croxatto, quien agradeció en nombre de la Red la posibilidad de hacer ver y aportar con algunos puntos que les parecen importantes en el desarrollo de este proyecto de ley, no obstante lamentar que no estuvieran presentes todos los miembros de la Comisión.

Posteriormente, manifestó compartir y afirmar que respetan la dignidad y el valor de todos los seres humanos, y que condenan la violencia dirigida contra las personas, a causa de sus sentimientos o comportamientos sexuales.

A través de la historia, han visto cómo las personas han ido ganando espacios, que les ha costado conseguir. Así, mencionó, como ejemplo, la lucha que emprendió la mujer para conseguir que se le permitiera votar o estudiar, entre otras materias. Valoran estos logros que están dentro del ámbito en que las mujeres mejoraron su calidad de vida, siendo un aporte a la sociedad y a su familia, ya que con sus estudios y feminidad han puesto su natural sensibilidad en los trabajos que emprenden. La dignidad de la mujer queda plasmada en distintos ámbitos de la sociedad donde actúa, por el sólo hecho, de ser mujer, acotó.

Informó que la plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing de 1995, pidió a los gobiernos incorporar la “Perspectiva de Género” en todos los programas y políticas públicas y privadas. El concepto introducido de género consiste en que las diferencias obvias que existen entre hombres y mujeres no son naturales, sino que fueron construidas y pueden y deben ser modificables.

Después, preguntó, qué modelo de mujer es la que ofrece esta ideología feminista, manejada por activistas que pretenden transformar la familia, los hogares, escuelas, la educación permeando los estratos y haciendo creer erróneos conceptos. Expresó que ven con preocupación que en el país se está impulsando a la mujer a ser igual al hombre y a competir en contra de él, olvidando que ella es única en su dignidad y que hay que rescatarla de proyectos ideológicos, que la instrumentalizan a través del ofrecimiento de un falso feminismo.

Sostuvo que el hombre, desde el principio, es creado varón y mujer, con diferenciación sexual, pero no en términos antagónicos como se pretende, sino como una condición de complementariedad, en la que se despliega lo humano. Esta dualidad originaria, es vínculo y también riqueza, es relación y el hombre no puede eliminar dicha dualidad.

Hizo presente que la sexualidad humana no es algo que se limite exclusivamente a lo físico o biológico, ni vinculado exclusivamente a la procreación. La sexualidad impregna la persona en todas sus dimensiones, física, psíquica, espiritual y también en su dimensión social y relacional, puesto que el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes, también difiere el modo de relacionarse, el modo de habitar el mundo y el modo de procrear, porque se trata en definitiva de una co-tarea a la que están llamados el varón y la mujer.

Desde esta perspectiva, indicó, las propuestas que ven en este proyecto de ley y del feminismo radical de liberarse de lo biológico, se presentan como una ingenuidad que conduce a una patología, al intentar negar la realidad. En efecto, se niega la riqueza social de la reciprocidad en la relación familiar entre los sexos. En este sentido, citó las palabras de la escritora alemana Jutta Burggraf “La ruptura con la biología no libera a la mujer ni al varón; es más, así por ejemplo, respecto a los hijos, existe una función de madre y una de padre, y ambas son complementarias y no intercambiables”.

Hizo presente que está demostrado que el varón y la mujer nace con condiciones innatas para desarrollar determinadas funciones y con capacidad para desarrollar todas las funciones complementarias mediante el aprendizaje. Al respecto, destacó que la neurocientista, Natalia López-Moratalla, describe con precisión cómo desde las primeras etapas de la vida las hormonas sexuales al enviar sus señales a los genes dejan en el cerebro una impronta de varón o de mujer, es decir, la llegada de las hormonas a las neuronas cerebrales induce a la feminización o a la masculinización del cerebro.

Esta diferenciación, afirmó, es tanto anatómica como funcional, puesto que hay dos modos de procesar la información, uno femenino y otro masculino. Sin embargo, nada de esto es determinante, ya que el ser humano es libre, y puede aceptar o rechazar, inhibir o potenciar los impulsos y las tendencias y puede desarrollar capacidades para las que cuenta con una predisposición innata, así como otras capacidades para las que necesita un mayor esfuerzo de aprendizaje.

Expresó que todo lo descrito y estudiado por la neurociencia se está dejando de lado, negándole en este incierto proyecto la capacidad que tiene la persona de superar problemas emocionales u otros producidos durante el desarrollo de su vida.

Enfatizó que la familia, entendida desde la sociología relacional como un nexo de relaciones y vínculos afectivo-generativos, en el que destaca el carácter esencialmente irremplazable de las relaciones funcionales y de sentido, constituye el fundamento primario, en el que se adquiere la identidad sexual y personal, y donde se viven las experiencias más profundas y duraderas de la persona.

Señaló que para los sociólogos Pierpaolo Donati y Giulia Di Nicola “la familia, tanto para el individuo como para la sociedad, es un vínculo simbólico que va más allá de la naturaleza biológica e instala el orden de la cultura, entendida como orden significativo del mundo, en el cual los individuos, con dificultades, distorsiones y fallos, encuentran su identidad y su posición, en el espacio y en el tiempo social, con referencia particular al sexo y a la edad.”.

Agregó que el pretendido intercambio o reversibilidad de roles del hombre y la mujer en la familia topa con un límite básico y fundamental, cual es, la diferenciación biológica, que resulta innegable. También, señaló que hay límites sociales, que se acentúan a medida que se interactúa en el tiempo. Esto es así, porque es en la familia, donde la sexualidad tiene un especial significado de encuentro y donación, de fecundidad. No se puede vivir en familia prescindiendo de las diferencias que existen entre ambos sexos. Si el género femenino y masculino se vuelven irrelevantes, entonces tenemos otro tipo de relación, pero no una familia, acotó.

En la familia cada uno, hombre y mujer, dona al otro su especificidad, su alteridad. La familia emerge así, como un bien que interactúa y las diferencias entre los sexos ya no es conflicto, para convertirse en un enriquecimiento mutuo, dado por el amor.

Hizo notar que durante el 26° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en GINEBRA, de 28 de junio de 2014, se aprobó la resolución de “Protección a la Familia”, que reconoce a la familia como el núcleo natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado.

Sostuvo que el reconocimiento de la naturaleza de la familia en un foro de Naciones Unidas es una buena oportunidad, para relanzar la educación de la persona, desde la familia, que es el mejor camino para el futuro de la humanidad.

Una vez mencionado la diferencia entre los sexos y la relación que debe existir entre ellos para vivir en una sociedad en paz y armonía que emana de la propia naturaleza creada, les merece especial preocupación el anuncio en julio de 2014, de la Ministra de Salud, señora Helia Molina, quien mencionó la inclusión de procesos quirúrgicos en la readecuación corporal de transexuales, con cargo a FONASA.

Todos sabemos, expresó, los peligros que conllevan una operación y sus consecuencias. Pero ven, con brutal simpleza, que se ofrece operar a un individuo, por el simple deseo de satisfacer y de contradecir su naturaleza humana, amputando o negando su biología que lo hace ser lo que es: hombre o mujer.

En Chile cada día mueren pacientes niños, mujeres y hombres que sí necesitan de ayuda médica y sin embargo no hay recursos para salvar sus vidas, qué explicación se les puede dar, preguntó, cuando se ven discriminados y a otros se les da, por el sólo deseo personal, operaciones gratis sin que sus vidas estén en peligro. Vislumbra que este proyecto de ley, de ser aprobado, traerá profundos conflictos en nuestra sociedad que deberían ser evitados, sobre todo cuando se ha dicho que se intervendrá a niños menores cambiando sus genitales y al respecto, recordó el fracaso del experimento del Doctor Money con los gemelos que terminaron suicidándose.

Llamó la atención respecto a que el principio de que la educación afectivo-sexual de los niños y niñas debe planificarse con una sensibilidad de género, es decir, que la naturaleza, los hechos, los datos y la responsabilidad de los padres debe someterse a los dogmas de la sensibilidad de género, lo que no significa arrogarse un derecho que está por sobre el derecho que sí tienen los padres en la educación de sus hijos.

Indicó que el proyecto de ley carece del fortalecimiento que se necesita para lograr personas felices. Es el momento, para transformarlo en el reconocimiento de la naturaleza propia del ser humano, y relanzar la educación de la persona humana desde la familia que es reconocido como el mejor camino para el futuro de la humanidad.

Finalmente, expresó que tienen el deber de enseñar a los hijos en la verdad, que fueron creados hombre o mujer, y de decir a la mujer que no permita que la sociedad le diga lo que debe ser, porque ella es mujer, madre y esposa, única e irrepetible.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia a don Franco Fuica, representante de la Organización de Transexuales por la Dignidad por la Diversidad, quien agradeció la oportunidad de participar en esta instancia de audiencias y explicó que, anteriormente, su nombre era Margarita, que es una persona transexual y que logró el cambio de nombre y sexo mediante la vía judicial.

Luego, se refirió al texto de este proyecto de ley y señaló que considera importante que se trate la identidad de género, como la vivencia interna, personal y profunda y no como una identidad sexual, que hace referencia a una dimensión biológica, la misma que los ha encasillado en un género que no sienten. Por tanto, afirmó, incluir la identidad sexual en el texto sería un error conceptual y de interpretación del derecho en la práctica.

En cuanto al artículo 2°, expresó que le preocupa que exista una indicación que lo suprima. Al respecto preguntó, qué sentido tiene suprimir esta norma que define lo que es la identidad de género.

Del mismo modo, llamó la atención respecto a que la identidad de género no es un reconocimiento social externo que se hace de alguien, sino una vivencia interna, propia y particular, tal cual como la vivencia que se tiene de su propio género, la que no es cuestionada de manera externa.

Respecto del artículo 3°, preguntó cuál es la razón de limitar a una persona con una identidad de género distinta a pedir una sola vez el cambio de su sexo registral. Al efecto, precisó que puede ocurrir que esta decisión no haya sido correcta, o que tal vez fue forzada por la sociedad o que no tuvo la claridad sobre qué le sucedía. Asimismo, se cuestionó por qué esta ley va a poner fin a un matrimonio y a una familia cuando una persona decide pedir el cambio de su sexo registral y cuenta con el apoyo de su cónyuge. Tampoco, expresó, debe afectar la vida de los hijos, si han decidido de común acuerdo estar juntos. Distinto es el caso del cónyuge que no está de acuerdo con el cambio de sexo de su otro cónyuge y advirtió que aquí existen distintos caminos legales para finalizar un matrimonio cuando los cónyuges quieren hacerlo.

También, comentó que existen indicaciones a este artículo que prescriben que el cambio de sexo sólo podrá solicitarlo personas mayores de edad. Sobre el particular, hizo notar que excluir a los niños, niñas y adolescentes implicará que ellos tendrán que convivir en un mundo que lo bombardea con información para formar su género en todas las esferas de su vida, familiar, educativa y social, y que deberán seguir buscando la anuencia del colegio, del hospital, de los vecinos y de toda la sociedad para vivir su propio género, luchando contra el mundo, porque esta ley no los considera como sujetos de derecho y en el camino sufrir fuertes discriminaciones.

En seguida, señaló que el sentirse parte de un género, tanto para las personas bisexuales, como para las personas trans, se manifiesta antes de los cinco años. Esta exclusión provocará que los años de mayor desarrollo intelectual, social, afectivo y de asentamiento de las bases de la personalidad se vean suprimidos, por tener una problemática mayor de ser aceptado en el medio siendo una persona trans. Indicó que el no tener una identidad que lo represente supone esconderse para evitar los problemas sociales que esto le acarrea. Por ello, se preguntó, no será mejor legislar desde ya, teniendo a la vista el bien superior de los niños, niñas y adolescentes.

En cuanto al artículo 4°, que establece los requisitos para el ejercicio de este derecho, le parece denigrante que al plantear un cambio tan importante en la vida de una persona se le entregue la responsabilidad de ello a una persona que no es la misma que tiene la vivencia de género, más aun teniendo en consideración que la gran mayoría los psicólogos y psiquiatras no tienen formación de esta realidad, lo que además consideró un error, porque prima una visión patologizante de las personas transexuales. Hizo presente que la persona al nacer se le asigna su sexo según sus órganos genitales; en cambio, cuando una persona dice que su sexo registral no se condice con su género se le exige que un tercero lo corrobore.

Sobre el particular, preguntó qué sucederá si en los establecimientos donde se atienden a la persona trans, existe un profesional que no maneja la información o peor aún no está de acuerdo con que sea trans, cómo se regula ello.

Respecto del artículo 5°, sobre el tribunal competente, planteó que dado que se trata de un dato registral que se ingresa en el seno de una familia, que se remonta al momento del nacimiento de la persona y dada las facultades que tiene el tribunal de familia en temas de la infancia, sería conveniente que el tribunal competente para conocer este tipo de causas sea el juez de familia.

No obstante, también subrayó la necesidad de estudiar la opción administrativa, mientras ello no influya en la posibilidad que tengan las personas menores de edad de acceder a un cambio de nombre y sexo registral en igualdad de condiciones.

En cuanto al artículo 6°, sobre la tramitación, sugirió retirar del articulado la obligación de publicar en diario oficial un extracto de la solicitud, ya que se trata de datos sensibles, que no deben estar a disposición de las demás. Insistió que esta exigencia es totalmente innecesaria y que sólo denigrará a quien no quiera darle publicidad.

Asimismo, solicitó suprimir del articulado, la oposición en todos los casos, pues la persona sólo cambia su nombre y su género y no su número de cédula de identidad, por lo que sigue siendo responsable de sus obligaciones y mantiene todos sus derechos.

Respecto de quienes pueden solicitar el cambio de sexo, expresó que no existe ninguna causal que permita restringir el derecho a la identidad, por lo que enfatizó que el reconocimiento de la identidad de género no puede ser un derecho que esté supeditado a la conducta de una persona. Complementó que aun cuando hubiesen detenciones pendientes o antecedentes penales o un matrimonio vigente, no debería haber inconveniente en respetar y garantizar el derecho a la identidad de género, porque la persona no dejaría de estar detenida, debiendo cumplir su pena y responder ante la ley, y que en su esfera privada o en su matrimonio seguirá teniendo las mismas responsabilidades. En consecuencia, consideró que no es necesario que esta ley haga un juicio valórico respecto de las acciones de una persona para velar por garantizar el derecho a la identidad de género de quienes necesiten acogerse a ella.

Asimismo, se preguntó cuál sería el interés legítimo para oponerse a un cambio de sexo y reparó que se le entrega al juez esta decisión, lo que podría ser arbitrario y dilatar más el proceso.

Por último, dijo que respecto del resto del articulado no tienen comentarios.

Terminada la ronda de audiencias, la Honorable Senadora señora Pérez San Martín solicitó la palabra para hacer presente como coautora del proyecto de ley en estudio, que es madre, que está casada, que sus padres llevan 52 años de matrimonio, que no existe ninguna persona de orientación sexual gay en su familia y que, no obstante ello, es tremendamente empática con los derechos de las minorías y que considera muy importante que las personas puedan ser felices en sus vidas. Agregó que es creyente en Dios y que practica la religión judía y que, precisamente, uno de los mandatos de Dios, es ser feliz de acuerdo a ciertas normas básicas como no hacer daño a terceros y no desear el mal a nadie.

Sobre el particular, llamó la atención por el carácter ofensivo que tuvieron para los autores del proyecto, ciertas expresiones que se hicieron en algunas de las exposiciones realizadas durante la sesión, argumentando que “estaría en contra de la familia o que quieren destruirla”. Rechazó tales conceptos y reiteró que cree en la familia y que si bien es madre y está felizmente casada, no por ello se considera dueña de la verdad absoluta en esta materia y enfatizó su deseo para que otras personas también puedan constituir una familia y alcanzar la felicidad.

Así también, consideró, ofensivo la afirmación que hicieran algunos expositores en cuanto a que: “los impulsores de este proyecto obedecen a una ideología marxista”. Al respecto, manifestó que el marxismo está muy lejos de quienes son creyentes y que, por el contrario, es una ideología destructiva parecida a la nazista y que, por lo mismo, está muy distante a sus creencias o motivaciones.

En seguida, reparó, otra afirmación que se hiciera en el seno de la Comisión y que considera absolutamente inapropiada y dice relación con que “el proyecto busca garantías absurdas de derechos, de distintas especies y que el día de mañana podrían reconocer a plantas o a animales como sujetos de derechos”, expresó su total rechazo a ese tipo de aseveraciones más aun teniendo presente que entre los invitados a la sesión hay personas gay o que tienen una orientación sexual distinta e incluso, un padre de familia que fue transexual y que hoy es un hombre con familia e hijos, y que por tanto son personas que merecen un trato digno.

Aclaró que no se refiere a las dos últimas intervenciones, que probablemente son las que recogieron con mayor argumentación sus dichos; no obstante, manifestó, que no las comparte.

De esta manera, hizo hincapié en que la Comisión está abierta a recibir a todas las personas y entidades que quieran dar su opinión, pero, advirtió, en el entendido que sean respetuosas y empáticas con las personas que las están escuchando. Insistió en que se han formulado expresiones ofensivas tanto para los autores como para el público presente y destacó que más allá de estar a favor o en contra del proyecto, no se debe ofender al otro con los argumentos propios.

Hizo presente que el proyecto nace debido a la situación que deben enfrentar las personas transexuales, que viven un calvario personal por la falta de atención en servicios del Estado y dio a conocer el caso de Valentina Verval, quien es una persona transexual, que tuvo muchos problemas con su familia hasta que finalmente pudo salir a adelante y contar su verdad. Es licenciada en historia y dirigente de un partido político y aspiraba a ser candidata a diputada, sin embargo, el proceso de cambio de nombre y sexo se dilató y no pudo inscribir su candidatura puesto que aparecía con el nombre registral de Gonzalo.

Resaltó que como ella hay muchos casos de personas que son dirigentes sociales y recordó que en una oportunidad fue a la Ilustre Municipalidad de Lampa para entrevistarse con la concejala Alejandra González, sin embargo, un funcionario municipal la negó. Enfatizó que es distinto ser transexual que homosexual y que no es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género.

En definitiva, señaló que su intención es transmitir a las personas que se oponen a este proyecto de ley, que entiende y respeta su derecho de estar en contra y de expresar sus argumentos y que el origen del proyecto no está en contra de la familia sino que obedece al convencimiento de que los legisladores tienen la obligación de entregar herramientas legislativas que ayuden a resolver la vida de personas que enfrentan una situación determinada para que puedan remediar esos conflictos.

Afirmó que si el proyecto prospera, no significa que van a dejar de existir los niños que nacen niños y las niñas que nacen niñas, pero sí hay casos que es bueno considerar y resolver para las personas. Recordó que fue el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, quien comenzó a hablar de la identidad de género y que estuvo de acuerdo con este proyecto de ley e instruyó a la Ministra de Justicia de la época a apoyar esta iniciativa. Detalló que el ex Ministro de Salud, señor Mañalich, fue quien dio origen a las circulares e instrucciones a los consultorios de la red del Estado a tratar a las personas por su nombre social y no por su nombre registral.

Finalmente, agradeció a todas las personas que asistieron a la sesión a manifestar sus puntos de vista en contra del proyecto, por considerar que hay algunos que son atendibles y porque siempre, frente a un proyecto controversial que regula valores de las personas como lo fue la Ley Antidiscriminación o el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, es positivo escuchar distintos argumentos.

A continuación, se produjo un intercambio de opiniones entre los expositores, quienes precisaron algunas consideraciones vertidas durante la discusión del proyecto de ley en estudio.

Intervino, el señor Juan Carlos Montes, quien manifestó que entiende que las consideraciones efectuadas por la Honorable Senadora señora Pérez apuntaban a su exposición por lo que solicita poder explicarla. Destacó que no es el ánimo de la Asociación que representa herir el sentimiento ni la dignidad de las personas. Por el contrario, expresó que le se les debe respeto por ser hijos de Dios, por tanto, se trata de una dignidad sagrada sobre la cual nadie ni nada puede pasar.

Sin embargo, lo anterior no lo exime de reafirmar lo dicho en su exposición y reiteró que el proyecto de ley lesiona gravemente los derechos de la familia, en especial uno de sus derechos fundamentales, cual es la educación de los hijos.

Señaló que permitir la indicación presentada por la Honorable Senadora señora Pérez, que autoriza a los niños menores de edad a optar por el cambio de sexo, incluso contra de la voluntad de sus padres, le da a los niños un derecho que los extrae de la casa, de la soberanía de la patria potestad, lo que consideró brutal, por cuanto uno de los principales derechos de los padres es educar a los niños, por tanto vulnera gravemente los derechos de los padres.

Respecto de la referencia al marxismo, aclaró que no fueron sus palabras sino que lo expresó la Conferencia Episcopal Latinoamericana, lo cual comparte, puesto que la lógica del marxismo era la lucha de clases y la concepción ideológica que está en el proyecto establece una confrontación de los sexos, que ha sido la política que viene desde el año 1968 y que transforma los postulados marxistas en postulados culturales.

Finalmente, en relación con la identidad de especies, señaló que fue un comentario del Honorable Senador señor Girardi al fundamentar su voto a favor de este proyecto, lo cual dijo, también es compartido por algunos autores en Europa, lo que indica que está dentro de la lógica y que no es una novedad. Indicó que hay teóricos que sostienen que los derechos humanos ya están obsoletos porque es una visión antropocéntrica de la creación de los seres y, en ese sentido, sería discriminatorio de los otros seres vivos y, por tanto, habría que llegar a una declaración universal de los derechos de los seres vivos.

A su turno, el señor Andrés Rivera, expresó que con gran dolor ha escuchado algunas opiniones vertidas en esta sesión, como la que afirma que “este proyecto de ley crea condiciones para el abuso infantil”, o aquella que sostiene “que propenderá a la intervención de los niños y adolescentes”. Al respecto, afirmó que estas opiniones son una ofensa y que constituyen una grave acusación, sin asidero alguno, que evidencian un alto nivel de estigmatización y discriminación. En efecto, argumentó que para quienes son parte de este proyecto de ley estas afirmaciones involucran una tremenda irresponsabilidad.

También, llamó la atención sobre el nivel de ignorancia y desconocimiento del proyecto de ley, ya que éste en ninguno de sus artículos dice que se operará a niños, niñas o adolescentes, únicamente se refiere al reconocimiento a la identidad de género para los menores de edad. Informó que si bien es una persona transexual, no es operado, pero defiende que las decisiones en esta materia corresponden a cada ser humano en particular. Enfatizó que no se puede opinar livianamente del proyecto de ley si no se conoce en profundidad su contenido.

Apuntó que el debate y el análisis enriquecen al ser humano y al proyecto de ley, pero cuando a través de prejuicios, ideologías o pobreza de espíritu se busca denigrar, mentir, ofender y hacer graves acusaciones, más aun en la Comisión de Derechos Humanos del Senado cuya finalidad es el respeto de los derechos humanos, es sin lugar a dudas delicado y grave.

Asimismo, valoró la calma y fortaleza de la Honorable Senadora señora Pérez para responder a las expresiones ofensivas que se han vertido en esta sesión y, enseguida, señaló que siente mucho dolor por la forma en que son brutalmente atacados y denostados como seres humanos. Hizo presente que si bien hay citas textuales de los dichos de un Senador, otra cosa muy distinta es la interpretación que se haga de ellos y enfatizó que la interpretación que se le ha dado a las expresiones del Honorable Senador señor Girardi llevan a una reflexión profunda que es determinar hasta cuándo las interpretaciones van a seguir humillándolos como personas, al nivel de llegar al extremo para decir que a futuro habrá un proyecto que considerará la identidad de las especies.

Con respecto a la afirmación que se hiciera sobre el anuncio de las operaciones de reasignación sexual, indicó que también se cae en un error conceptual, porque este anuncio fue del entonces Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich.

En cuanto a la observación de ausencia de estadísticas, expresó que el asesinato, la discriminación y la humillación a una persona, tiene el mismo valor que si fuera a miles de personas afectadas. Al respecto, indicó que precisamente esta ausencia de estadística está en consonancia con el no reconocimiento o invisibilización de las personas trans en todas las políticas públicas, porque no tienen registro de ninguna especie. Frecuentemente, agregó, se une la transexualidad con la prostitución, con la drogadicción y con otras actividades bastante nefastas.

Dio a conocer que es profesor y educador de párvulos, que obtuvo su cambio de nombre y sexo legal en el año 2007, pero que recién en el 2014 obtuvo el cambio de sexo en su título profesional. Todo esto, continuó, es parte de la falta de oportunidades que viven las personas trans.

Por último, agradeció el debate y el análisis del proyecto, pero acotó que no está de acuerdo con que se traten de imponer ideas religiosas o valóricas, o que se les denigre como ser humano y menos aún que se les hagan graves acusaciones, como que el proyecto está propiciando las condiciones para el abuso de menores.

Por su parte, la señora Marcela Aranda expresó que las palabras del señor Rivera reflejan exactamente lo que quisieron decir respecto a que entienden la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género y que piensan que el proyecto, al tratar de legislar esta realidad, está introduciendo definiciones que sí afectan a la familia. Agregó que las ideologías son reduccionistas, porque reducen al hombre a conceptos, a diferencia de las grandes cosmovisiones.

Luego, manifestó estar profundamente triste, porque éste no es el único proyecto de ley que se basa en la ideología de género, y precisó que ésta tiene entre sus principios la desmaternalización de la mujer, como el que propone el Ministerio de la Mujer. Así también, mencionó el proyecto que regula las uniones de hecho y resaltó que actualmente estas iniciativas son muy distintas a las que ingresaron.

Insistió en que le preocupa que se esté legislando sobre ideologías y no sobre realidades. Compartió lo difícil que puede ser tener un conflicto de identidad de género y se mostró sensible a ello, y aclaró que no está en contra de esta realidad o de que el Estado la asuma. Sí está en contra de someter a las personas a una ideología que vulnera derechos naturales, por cuanto el proyecto de ley protege el derecho a la identidad de género. Refirió que según estudios se observa como la ideología de género ha limitado derechos civiles en otros países. Insistió en que entienden que existen los transexuales y que tienen derecho a ser representados, porque son personas y, por ende, seres humanos. Pero, afirmó que en ninguna de las exposiciones se ha logrado encontrar el eslabón perdido entre los derechos humanos y el derecho a la identidad de género. Afirmó que darle derechos a una entidad ideologizada como la que se presenta en este proyecto de ley, que no considera la naturaleza, lo considera grave porque abre la puerta a otras discusiones y obliga a legislar nuevamente.

Hizo presente que esto se ha hecho en otros países de manera planificada y se refirió a un artículo de los autores de esta ideología, en que dicen abiertamente que en las culturas conservadoras como la chilena, no se ingresa inmediatamente la discusión de la orientación sexual, sino que primero se debe jugar con los conceptos y la posesión de las palabras. Aclaró que no pretenden imponer una ideología religiosa, pero recordó que la mayoría de los chilenos son cristianos.

Además, alertó que no se ha mostrado la experiencia de otros países que han apoyado este tipo de legislación con la definición de identidad de género ya señalada y reiteró que la discusión sobre la ideología de género reduce al hombre a una lucha de sexos.

Finalmente, llamó la atención respecto del amplio espectro del artículo 7°, nuevo, puesto que no fija un límite de edad y estimó que los niños están siendo vulnerados en sus derechos y en su etapa de crecimiento sicológica y fisiológica al entregarles esta libertad para elegir su sexo.

Luego, intervino el señor Rodrigo Chandía, quien señaló que es cristiano y que participa de la demócrata cristiana, sus padres son católicos, su padrino cura y que fue formado por monjas y no por ello va a usar a la religión para discriminar y perseguir a las personas. Lamentó que se utilice el nombre de la iglesia y de Dios para esta persecución. Hizo hincapié que las personas que se oponen a este proyecto de ley no les afecta la identidad de género, en cambio, a él y sus compañeros sí. Como cristiano, solicitó a Sus Señorías que se expresen desde el amor y no retrasen más la tramitación de esta iniciativa. Señaló su padre es siquiatra y su madre asistente social y que ellos lo valoran porque es un ser humano.

Por su parte, el Doctor Carlos Güida informó que Uruguay y Argentina han legislado con respecto a esta temática y destacó que en Argentina, sólo en un año, tres mil personas hicieron uso de esta legislación. Así también, indicó que no ha visto ninguna consecuencia dramática en ningún medio de comunicación en relación con la consagración de este derecho, no obstante que coincidió que sería interesante estudiarlo desde todos los puntos de vista para ver cuáles son esas consecuencias nefastas que muchas veces se piensa que van acontecer.

Argumentó que desde su experiencia clínica ha observado el dolor de las personas que viven esta profunda discriminación y el esfuerzo de los padres que intentan comprender qué hicieron mal, sumado al peso de la Iglesia Católica. Consideró que es bastante desigual la lucha por los derechos y apuntó que hay más de una ideología de género, al igual que existen diferentes ideologías religiosas en el cristianismo. Enseguida, rebatió lo dicho por la Honorable Senadora señora Pérez en cuanto a que el marxismo es similar al nazismo y afirmó que hay una distancia enorme entre uno y otro, y recordó en la época del nazismo murieron miles de personas católicas, cristianas y judías. Finalmente, agregó que también es casado, que tiene hijos y que fue educado en la religión católica.

Por último, hizo uso de la palabra el Profesor señor Álvaro Paúl, quien destacó el esfuerzo de la Honorable Senadora señora Pérez por calmar el debate, considerando que se han escuchado expresiones que pueden ofender a ambas partes, por lo que instó a tratar estos temas con una mirada más desapasionada. Remarcó que este proyecto de ley no se trata de discriminación específicamente, sino del establecimiento registral del cambio de sexo.

En seguida, hizo presente los estándares internacionales en el establecimiento de condiciones y el derecho al matrimonio. Sobre el particular, informó, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en materia de identidad de género es el más liberal, interpreta que la Convención que establece un derecho a la identidad de género exige determinados requisitos, por ejemplo la operación de reasignación de sexo. Incluso, dijo, esta jurisprudencia permite que los Estados establezcan ciertas condiciones para modificar registralmente el sexo. Por tanto, no es contrario a los derechos humanos exigir estas condiciones.

En esta materia, citó un caso reciente contra el Estado de Finlandia, país que exige para poder obtener el cambio de sexo registral, que la persona se divorcie o que modifique su matrimonio, es decir, no permite que personas que estén casadas puedan obtener un cambio de sexo. Al respecto, detalló que el Tribunal dijo que no había inconveniente en establecer este tipo de requisitos, puesto que el derecho al matrimonio que se establece en la mayoría de los tratados de derechos humanos es una ley especial para los casos de hombre y mujer y, por lo tanto, no es contrario a los derechos humanos fijar requisitos en ese sentido, dado el carácter de ley especial.

En sesión de 15 de octubre de 2014, la Comisión recibió en audiencia a la Experta en Género, Diversidad y Sida del Ministerio de Salud, Doctora Raquel Child, quien señaló que ha trabajado en el plan para incrementar la calidad de vida y el respeto de los derechos de toda la población, con inclusión de las personas con identidad trans, que también han sido reconocidas por su diversidad sexual.

Destacó que el Ministerio está trabajando en base a acuerdos internacionales que han sido firmados por Chile y, en especial, mencionó una resolución reciente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de septiembre de 2014, que apoya todo el trabajo que ha desplegado el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el sentido de respetar y de apoyar los derechos de las personas transexuales, basándose en las Carta de las Naciones Unidas, la que a pesar de ser bastante antigua no ha sido aplicada en todo su dimensión ym, mencionó, además, a la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia y la ley N° 20.609 de Antidiscriminación.

En seguida, hizo presente la importancia de las observaciones que organismos de Naciones Unidas han hecho en esta materia. Al efecto, comentó que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos efectuó importantes recomendaciones a Chile en su última sesión, que inducen al Estado a mejorar su legislación interna. Resaltó que para ellos es básico responder a los tratados internacionales y a las observaciones que han hecho los Comités de Naciones Unidas en este sentido.

Posteriormente, manifestó su apoyo a la definición de identidad de género de los Principios de Yogyakarta, que incluye este proyecto de ley, que es adecuado para abordar el tema de la diversidad sexual. Consignó que para el Ministerio de Salud la identidad de género es un tremendo problema, puesto que existe un significativo número de chilenos y de chilenas que son afectados por discriminación o abusos, maltratos y por tener una pésima calidad de vida. Acotó que se piensa que el 1% de la población chilena podría pertenecer a este grupo de personas. Así, subrayó, para la Cartera que representa es fundamental el enfoque en derechos humanos, en lo que dice relación con la forma de enfrentar las políticas de este Ministerio, al reconocer a la identidad de género como el elemento clave para entender y cambiar las políticas y acciones de este Gobierno.

Agregó que en un documento del Ministerio de Salud el tema de identidad de género ha sido considerado dentro de la estrategia nacional de salud años 2010 a 2020. Explicó que está incluida desde la lógica de los determinantes sociales de la salud, en las políticas de género del Ministerio y en la Medida N° 29 de la señora Presidenta de la República, que también incluye el apoyo en el trabajo para mejorar las condiciones de vida y el ejercicio del derecho de las personas transexuales.

Por otra parte, reconoció la existencia de brechas que en su entender no están trabajando de manera adecuada, porque persisten programas que aún no reconocen el tema de la diversidad sexual. Precisó que se trata de programas que tienen una perspectiva de género, basada esencialmente en el concepto de mujer, ya que sólo hablan de violencia contra la mujer, mas no de violencia de género.

Asimismo, expresó que existen algunas propuestas para mejorar el acceso a la salud de las personas trans, pero reparó que éstas sólo se miran desde la óptica de la medicalización, puesto que no existen propuestas que eviten la discriminación y que promuevan la inclusión de estas personas en la sociedad, en general. Puso de relieve que en el área de la salud los equipos no están lo suficientemente sensibilizados, no tienen conocimiento y tampoco capacitación para responder a los problemas que presenta esta comunidad, porque se han focalizado en un concepto de sexualidad asociado al riesgo, a partir del SIDA.

También, señaló que se ha utilizado un concepto de sexualidad y de un género hétero normativo, que sólo se mira a la esencia de ser hombre o mujer, sin reconocer ninguna categoría intermedia entre estos dos polos. Relató que existen varias investigaciones en Chile sobre la calidad de vida y la violación de los derechos de estas personas. A modo ilustrativo, mencionó un informe que se realizó en el año 2012 siguiendo un estudio que se hizo a nivel global sobre discriminación a las personas trans, que concluyó que los jueces no protegen a las personas trans femeninas, ni gays, lo que tiene un impacto en su calidad de vida y en el bienestar de esta población. Acotó que prácticamente el 80% de las personas trans entrevistadas habían sufrido burlas o “bullying” en su vida y que la mitad de ellas habían sufrido violencia física.

Luego, se refirió a las acciones que el Ministerio de Salud ha efectuado en la mirada de considerar a la población transexual como un grupo que requiere preocupación, dedicación y un cambio de acciones en el ámbito de la salud.

En primer lugar, detalló que el sistema de vigilancia tecnológica de VIH-SIDA incorporó la variable trans en la notificación de esta enfermedad a partir del año 2007, antes eran calificadas como hombres o mujeres. Curiosamente según las estadísticas este grupo sólo representa el 1% del total de la población infectada con VIH, siendo que en realidad saben que es el grupo más afectado por esta enfermedad. Al efecto, el 40% de las personas transexuales estarían viviendo con el virus. Asimismo, se definió que es una población prioritaria, porque es altamente vulnerable y discriminada, lo que las expone más al riesgo.

Posteriormente, en el año 2010 gracias al trabajo del Doctor Mac Millan y de otras personas, se creó una vía clínica para la adecuación corporal de personas con incongruencia entre el sexo físico y la identidad de género. Ello, se materializó mediante la Circular N° 34 del mes septiembre de 2011, que además establece los elementos clínicos de salud que se deben seguir para apoyar a las personas trans, la exigencia de que se les identifique por su nombre social y no por el nombre que aparece en su cédula de identidad, que los registros de su ficha clínica contengan los dos nombres, el oficial y social y que, en caso de haber hospitalización de estas personas, se hiciera en áreas acordes a su identidad de género y no a su identidad de origen.

Informó que, posteriormente, la citada Circular fue complementada con la Circular N° 21 del año 2012, la que además de reiterar la Circular anterior, obliga a los agentes de salud a preguntar si están en tratamientos hormonales o si están en proceso de vía clínica, a fin de hacer más fácil su accionar en el sector salud.

Comentó que la vía clínica es un documento, que en base a estándares internacionales, propone intervenciones a las personas que tienen una incongruencia entre su sexo físico y su identidad de género, incluyendo tratamientos de salud mental y de adecuación hormonal y quirúrgica. Destacó que sirvió como herramienta para reestructurar las prestaciones de salud en este ámbito y refirió que en el año 2012 se realizó un cálculo de cuánto costaría atender a las personas que necesiten de una adecuación corporal. Expuso que para 200 personas, de las cuales sólo 20 requerirían adecuación corporal quirúrgica, el costo anual para el Estado sería de 500 millones de pesos.

Por otra parte, resaltó que el Ministerio de Salud basándose en la vía clínica ha trabajado en la sensibilización de los servicios de salud para mejorar la atención a las personas de la diversidad sexual y que a la fecha han sido operadas 14 personas en Talcahuano y, otras 28, en Valparaíso y San Antonio. Destacó que el Doctor Mac Millan ha realizado la mayoría de estas intervenciones y que también ha trabajado en capacitar a los médicos para hacerlas.

Indicó que FONASA tiene todas las prestaciones aranceladas que se requieren para la adecuación corporal, salud mental y tratamiento hormonales, pero lamentó que éstas no están colocadas en un canasto, sino que son prestaciones aisladas que se le pueden dar a cualquier persona. Asimismo, comentó que FONASA ha capacitado a su personal para que atienda de manera especial al público trans, pero lamentó que tiene un problema central en sus registros en el acceso a bonos, porque sólo considera la variable sexo y no de género.

Resaltó que a partir de este año el Ministerio de Salud está comprometido en fortalecer el enfoque de derechos humanos y que, bajo este contexto, están considerando a esta población desde su niñez, para brindarle apoyo y acciones que mejoren su calidad de vida. Para ello, están en un trabajo intersectorial con el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia.

Finalmente, reseñó que se creó un Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se hará cargo de la diversidad sexual en sus diferentes acciones, y que se están fortaleciendo los centros de atención. Finalmente, comentó que en el Gabinete de la señora Ministra de Salud se ha creado una unidad de género que va a acompañar todas las acciones que se realicen en el sistema propiamente tal en materia de diversidad sexual.

A continuación, la Comisión recibió en audiencia al Jefe de Urología del Hospital Carlos Van Buren, Doctor Guillermo Mac Millan, quien expresó que es urólogo de profesión y tiene más de cuarenta años de ejercicio y que es Jefe de Servicio del Hospital Van Buren. Hizo presente que realiza operaciones de cambio de sexo, aunque reconoció que el sexo no se puede cambiar porque está en el cerebro de las personas, por eso, con el fin adecuar el sexo físico al psíquico de las personas se realiza esta cirugía de adaptación desde hace varios años, conocida como genitoplastía.

Informó que En 1976, efectuó la primera cirugía de genitoplastía en pacientes trans. Refirió que dentro de los transgénero hay un grupo pequeño que aborrece sus genitales y que no puede vivir con ellos, los que se llaman transexuales y que la psiquiatría está de acuerdo con ello. Precisó que su experiencia se refiere a los transexuales que corresponden entre un 10% a un 20% de los transgénero, que son pacientes que buscan un cambio irreversible de su sexo físico, para vivir de acuerdo a su sexo psíquico, de manera que esta operación es un acto médico apropiado y lícito. Consignó que, también, existen las personas que no quieren someterse a esta cirugía, pero que sí desean cambiar su identidad de género.

Detalló que opera entre diez a doce personas al año, a pesar, de que en algunos períodos fue bloqueado por las autoridades locales, que entendían a esta cirugía como un acto médico ilícito, por no corresponder a una patología reconocida.

Relató que en 1994, presentó este problema al Comité de Ética del Hospital Van Buren para ver si podía seguir realizando esta operación. Se demoraron dos años en resolver y decidieron que esa intervención era un acto lícito y adecuado desde el punto de vista médico, pero que debía hacerse sin ninguna mención a los medios, porque podría afectar el prestigio del hospital. Hasta la fecha, indicó, la mitad de su trabajo se ha enfocado en pacientes beneficiarios a los cuales no se les ha cobrado nada, ya que se han manejado con codificaciones alternativas de FONASA, a pesar de que existe una intervención que no está codificada, cual es, la vaginoplastía, por lo que las ISAPRES rechazan esta prestación.

Detalló que ha efectuado más de 200 cirugías de genitoplastía en pacientes transexuales genuinos en el sistema institucional, a pesar, de que hasta hace un par de no contaba con ninguna autorización escrita de los directivos de salud y con frecuencia esta cirugía fue negada a los medios, porque manejaban la información en forma escandalosa, lo que podía motivar la detención del programa. Por ello, siempre ha trabajado en forma más reservada.

Si bien valoró que en el 2010 la Subsecretaría de Salud aprobara una vía clínica, que considera todos los aspectos y facilita las atenciones, observó que esta vía clínica es un poco letra muerta. En efecto, entre los años 2011 y 2012, aparecen las Circulares N°s 21 y 34, que no aportan mucho, pero que por lo menos permiten que la persona sea tratada por su nombre social por los funcionarios de los servicios de salud pública. Relató que, al menos, unas cuatro veces al año visita las distintas regiones del país para asistir a reuniones, motivadas por las redes, en que se reúnen unas cincuenta a sesenta personas para socializar la Circular N° 21 de que a esa persona se le nombra por su nombre social.

En el año 2012, el señor Ministro de Salud de la época dijo que se codificarían las actividades médicas por FONASA. Ese mismo año, se promulgó la Ley de Antidiscriminación, que explicita la condición de la identidad de género. Agregó que la Dirección del Hospital Van Buren reconoció que realiza esta cirugía, por lo que es reconocido por el Ministerio de Salud como un punto de término para esta intervención. Comentó que en Argentina no existen especialistas que hagan esta cirugía, de hecho, informó que hace unas semanas estuvo en Rosario y en Mar de Plata enseñándoles cómo debe hacerse la genitoplastía, lo que demuestra que no se saca nada con tener una ley de cambio de sexo si en la práctica no existen los médicos que saben hacerla.

Hoy, destacó el Hospital Van Buren es reconocido como un centro de derivación. En esa línea, informó que realizó un curso para formar a tres urólogos, uno, para el Hospital Van Buren, otro, en Talcahuano y un tercero para La Serena. Dijo que el año pasado hicieron un curso de genitoplastía femenizante y este año de genitoplastía masculinizante. Resaltó que esta capacitación fue respaldada por el Gobierno anterior, pero lamentó que su financiamiento se diluyó.

En la actualidad, el Hospital Van Buren tiene más de treinta pacientes en lista de espera, por tanto, dijo, para ser operado el paciente debe esperar unos tres años. En seguida, relató que con ocasión de un reconocimiento que le hicieron en el Hospital Van Buren, solicitó a sus autoridades lo siguiente:

1.- Apoyar y respaldar administrativamente los nuevos centros de cirugía de adaptación de genitales para transexuales, que serían Las Higueras, La Serena y Salvador.

2.- Lograr la codificación de FONASA para la cirugía de transexuales como paquete, incluyendo la vaginoplastía, lo que legitimaría este tipo de cirugías y, además, permitiría que las personas de ISAPRES puedan acceder a una genitoplastía. Consideró óptimo que las operaciones relacionadas a transexuales fueran codificadas como prestaciones valoradas, para que los hospitales tuvieran un retorno por realizar esta cirugía.

3.- Promover el cumplimiento de todas las acciones consideradas en la vía clínica. Observó que el Hospital Van Buren no hay ningún endocrinólogo que vea a sus pacientes y advirtió que no dispone de un equipo de transformismo, sino a que él llegan pacientes que cumplen todas las condiciones, vale decir: certificado psiquiátrico; que vivan como mujer u hombre, según sea el caso, y con cambios físicos. Ante esto, él los opera prescindiendo del examen del endocrinólogo, sin embargo, reparó que cuando llega un paciente joven que requiere apoyo no existen endocrinólogos que quieran atenderlos. Con todo, valoró que los psiquiatras los atiendan.

4.- Dictar el Ministerio de Educación una circular similar a la Circular N° 21 del Ministerio de Salud, para promover que los adolescentes trans puedan terminar sus estudios sin el “bullying” que sufren constantemente.

El Honorable Senador señor Ossandón valoró el trabajo que realiza el Doctor Mac Millan, porque comparte que estas personas lo pasan muy mal, y apoya la exigencia de un informe psiquiátrico como requisito para operar a estos pacientes. En sintonía con lo anterior, subrayó la importancia de que este proyecto de ley también exija un informe psiquiátrico como fundamento de la solicitud de cambio de sexo, aunque comentó que para los autores de la moción, ello no es relevante porque entienden que las personas transexuales no padecen ninguna enfermedad.

Por otra parte, consultó al Doctor Mac Millan su opinión sobre el cambio de sexo en menores de edad y si apoya un procedimiento que involucre tanto la genitoplastía como el procedimiento judicial de cambio de sexo.

El Doctor Mac Millan informó que él exige el certificado de un psiquiatra, por cuanto la operación constituye una mutilación irreversible, lo cual no es lo mismo, aclaró, que cambiar el sexo y nombre registral de una persona. Además, dejó en claro que sólo opera a mayores de 18 años.

Con respecto a los menores de edad, consideró que se les debería facilitar terminar sus estudios, obligar a que se les nombre por su nombre social y darles un trato según el sexo que desean tener y que cuenten con apoyo psicológico, al igual que sus padres, que normalmente se oponen a la transexualidad de sus hijos.

Explicó que el psiquiatra en su informe debe demostrar que el paciente no padece ninguna psicosis. Apuntó que no sería una mala solución que la ley que autoriza el cambio de sexo y género, pida un certificado de psiquiatra para fundar su solicitud. Además, explicó que normalmente la persona trans que pide el cambio de género sin cirugía, lo hace porque tiene cambios físicos irreversibles que le impiden desenvolverse con su sexo físico.

A su juicio, el certificado psiquiátrico no tendría por qué ser descartado ya que asegura, al menos, que no existe una psicosis. Además, reseñó que desde el punto psiquiátrico si uno ve las pautas del diagnóstico basta con la historia de vida del paciente para ser catalogado como trans. Por ello, considera que el pedir un informe psiquiátrico no debe ser un bloqueo para esta ley.

La Honorable Senadora señora Pérez San Martín valoró el trabajo que realiza el Doctor Mac Millan y relató que conoce varias personas que han sido operadas por él, que lo adoran por su falta de prejuicios y por su ayuda a mejorar la sociedad.

Informó que es una de las autoras de esta iniciativa y manifestó su molestia por los dichos de algunas personas respecto de este proyecto de ley, que no son reales y que atribuye a la falta de lectura de su texto. Aclaró que jamás esta iniciativa ha considerado que los menores de 18 años se puedan someter a tratamientos quirúrgicos, y comentó que presentó una indicación para permitir a los menores, no por imposición de sus padres o tutores, solicitar un trato distinto, que le permita hacer su camino de transición de una manera más digna.

Recordó que este proyecto de ley contó con el respaldo del Gobierno anterior y que, efectivamente, las Circulares que citó la Doctora Child fueron aprobadas por el entonces Ministro de Salud. Destacó que el espíritu inclusivo se ha mantenido durante este Gobierno y expresó que ahora espera que se incrementen los recursos para este sector.

Complementó que esta propuesta es absolutamente transversal y que no obedece a una ideología homosexual, como algunos expositores lo han hecho presente y afirmó que se debe dar una salida con herramientas legales a las personas que viven esta realidad. En seguida, aclaró que el proyecto tampoco exime de un certificado de psiquiatra para las personas que desean operarse, porque la intervención quirúrgica es algo irreversible.

Asimismo, señaló que el proyecto busca darle contenido a una de las categorías que se aprobó en la Ley de Antidiscriminación. Al efecto, precisó que se prohíbe discriminar por identidad de género, lo que implica garantizar que las personas puedan vivir de acuerdo a su emocionalidad. Acotó que para darle materialidad a este criterio se presentó este proyecto de ley, que busca que estas personas puedan ser llamadas por su nombre social, como una medida contenida en una ley y no en una simple circular.

El Doctor Mac Millan hizo presente que continúa realizando estas operaciones, a pesar de los prejuicios y de la falta de apoyo, porque es tremendamente gratificante resolver un problema vital definitivo y que incluso le gratifica más realizar una genitoplastía que un trasplante renal. Señaló que hay una cirugía de equipo que requiere de varios especialistas y de recursos mensuales, que sin duda cambia la vida de una persona.

Hizo presente que el sistema de Argentina es excesivamente permisivo, porque no exige medios probatorios, ni apoyo psicológico, puesto que se trate de un mero trámite administrativo. En Rosario y Santa Fé, le informaron que 400 personas trans, sin cirugía, se habían cambiado su documentación, y que en total en la Argentina esta cifra llega a más de 2000 personas. Con todo, expuso que probablemente todas esas personas presentan cambios físicos irreversibles y que viven de acuerdo a su género.

El Honorable Senador señor Ossandón dejó en claro que nunca ha dicho que este proyecto de ley fomente la operación de reasignación de sexo a los menores de edad y señaló que el problema de las personas transexuales no se resolverá con un cambio de su nombre y sexo en su cédula de identidad, porque el “bullying” y la discriminación están muy enraizadas en nuestra sociedad.

En seguida, manifestó que es fundamental que el proyecto exija la opinión de un psiquiatra, dado que para las organizaciones médicas internacionales la transexualidad sigue siendo una enfermedad. Con todo, manifestó su apoyo a esta iniciativa legal, porque aminora parte del sufrimiento que viven estas personas. Además, resaltó que el solicitante debe tratarse de una persona con opinión formada ya que los menores de edad aún no tienen la formación necesaria para decidir temas tan trascendentales como su sexo.

Por ello, insistió en que la solicitud debe contar con el apoyo de profesionales para abordarlo el tema de manera integral, que involucre a urólogos, psiquiatras, endocrinólogos, entre otros.

El Asesor del Ministerio de Salud, Doctor Enrique Accorsi, indicó que este tema es preocupante y reconoció que se tiene una deuda con las personas trans, puesto que la ayuda que el Estado les ha prestado ha sido prácticamente nula. Por ello, felicitó al doctor Mac Millan por su labor desplegada desde hace más de treinta años y destacó que comenzó a operar a pesar de todos los prejuicios que habían en esa época y del “bullying” que se les hacía a los pacientes y a los médicos.

Informó que en del Gabinete de la señora Ministra de Salud existe una persona dedicada al tema de género en forma especial y expresó que este Gobierno seguirá apoyando este tipo de políticas y pidió a Sus Señoría apoyo para incrementar los recursos de esta área.

Refirió que una vez que FONASA integre en un sólo paquete toda esta cirugía se abrirán nuevas puertas para estas personas, que sufren por esta situación, por no tener la comprensión, ni la ayuda del Estado, que debiera ser igual que para otras las patologías.

En definitiva, subrayó que el Ministerio de Salud apoya este proyecto de ley y aprobó la propuesta que formuló el doctor Mac Millan de oficiar al Ministerio de Educación para que dicte una circular parecida a la N° 21 de la Cartera de Salud.

El Honorable Senador señor Navarro, en relación con la Unidad de Género que acaba de ser formada, consultó si desarrollará una política pública respecto de FONASA y si este apoyo a la población transexual se reflejará en el presupuesto de la Partida correspondiente al Ministerio de Salud. Asimismo, hizo presente la necesidad de contar con más especialistas y destacó la labor realizada por el doctor Mac Millan de formar a cuatro doctores de distintas unidades del país y preguntó si esta iniciativa contará con el financiamiento del Ministerio de Salud.

El doctor Mac Millan informó que para el curso que dictó el año pasado requirió de un presupuesto de 6 millones de pesos, que considera 30 horas de cirugía, pago de honorarios al anestesista y otros gastos que fueron costeados de su patrimonio. Este año, continuó, ya está haciendo otro curso, no obstante, le advirtió a la autoridad que no viajaría a La Serena, ni a Concepción, mientras no le costeen los pasajes. Pero que, de todos modos, cumplirá su misión de que al retirarse del servicio público dejará, al menos, tres centros funcionando.

El Honorable Senador señor Navarro dijo que revisará la Partida del Ministerio de Salud para identificar la fuente de estos recursos e hizo notar que la formación de especialistas debiera ser responsabilidad del Ministerio de Salud y no de un médico comprometido con el tema, por tanto, le pidió a la Unidad de Identidad de Género de esta Cartera apoyar la formación de especialistas en una proporcionalidad que posibilite que estas intervenciones se sigan realizando en el servicio público.

El doctor Mac Millan agregó que la idea es completar toda la ficha clínica y asegurar, entre otras medidas, la formación de cirujanos plásticos y de endocrinólogos que se interesen en este tipo de intervenciones, puesto que existen requerimientos de la parte institucional.

El Doctor Accorsi indicó que se abrió una puerta que no se cerrará y que se continuará realizando estas políticas públicas en forma escalonada. Complementó que el compromiso de la señora Ministra de Salud es darle una solución a este problema y que realmente tenga un programa formulado en los mismos términos que otros programas médicos quirúrgicos que respalda este Ministerio. Además, señaló que el Estado debería acompañar a estas personas y a sus familias desde el momento en que nacen y no sólo desde son operados. Apoyó una visión integral del tema.

El Honorable Senador señor Ossandón le pidió al doctor Mac Millan revisar el texto del presente proyecto de ley y dar su opinión al respecto.

Antes de terminar la sesión, la Comisión acordó oficiar al Ministerio de Educación, a fin de que esta Cartera emita una circular en el mismo sentido que la N° 21 del Ministerio de Salud.

En seguida, cabe señalar que la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), representada por los Miembros del Comité: Doctora Virginia Pérez, Doctor Patricio Michaud, Doctor Alejandro Martínez, Doctor Rafael Ríos y Doctor Enzo Devoto, coordinador, elaboraron el siguiente documento en el que formulan diversas recomendaciones, que a continuación se transcribe:

“El año 2013 las organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero (antiguamente llamados transexuales) y actualmente en la literatura médica Trastorno de Identidad de Género (TIG), lograron la presentación en el Parlamento (Senado) de un proyecto de ley sobre identidad de género.

La ley persigue el objetivo de obtener el cambio de nombre y sexo civil en las personas con TIG de masculino a femenino o viceversa; no se pronuncia sobre el aspecto médico de la readecuación corporal que incluye la terapia endocrina en los casos que la persona con TIG desee realizarla.

Si bien Chile fue uno de los primeros en Latinoamérica en realizar una terapia completa de reasignación en marzo de 1973, no ha existido legislación alguna y la formación médica es absolutamente deficiente al respecto. Existen leyes sobre reasignación de sexo desde la década del setenta en países como Suecia, Holanda y desde los ochenta en Italia, España y otros.

El Doctor Enzo Devoto motivado por la presentación de esta ley y la experiencia lograda en años de atención de estas personas, además del contacto mantenido con dirigentes de las organizaciones sociales impulsadoras del proyecto de ley, solicitó a la directiva de la SOCHED que se pronunciara sobre el tema e interviniera en la discusión parlamentaria.

La directiva de la SOCHED, entonces presidida por el Doctor Gilberto González designó una comisión para que redactara una ponencia para ser discutida.

La comisión fue coordinada por el Doctor Enzo Devoto e integrada por los Doctores: Patricio Michaud, quien aportó la visión bioética; Rafael Ríos, quien organizó la atención en el servicio público (Hospital San Borja), y los endocrinólogos pediatras María Virginia Pérez y Alejandro Martínez. Se estimó muy importante la participación de la endocrinología pediátrica considerando que en el mundo es un desafío emergente la atención de niños y adolescentes con TIG.

La comisión revisó la literatura, se discutió las experiencias personales y se entrevistó con el presidente de la Organización por la Diversidad Sexual. El coordinador fue recibido por el entonces Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Honorable Senador señor Felipe Harboe, a quien se le informó el interés de que la SOCHED pudiera realizar un aporte en la discusión del proyecto de ley, petición que fue acogida y programada para el 2015.

La comisión redactó dos documentos: el primero, que abordó, entre otros, aspectos participación del endocrinólogo en TIG ante el desafío del proyecto de ley; implementación de la atención endocrina en el proceso de readecuación corporal y sugiriendo incorporar la problemática del TIG a la formación médica de pre y posgrado, especialmente al subespecializarse en endocrinología. El segundo, incluye los puntos que deben integrar la ponencia a presentar por la SOCHED en el Parlamento.

El primer documento fue discutido por el directorio en la última parte del período del Doctor González y el segundo fue entregado a nuestro actual presidente Doctor Jorge Sapunar.

A continuación, se presentan ambos documentos para ser difundidos entre los miembros de la SOCHED.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DESIGNADO POR SOCHED PARA EMITIR UN INFORME SOBRE LA LEY DE CAMBIO DE SEXO CIVIL EN TRANSGENERO

1.- Apoyar una ley de Identidad de Género, que permita el cambio de sexo civil en las personas con Trastornos de Identidad de Género. Sugerimos que esta ley también debe aplicarse cuando hay una incongruencia entre la identidad de género y el sexo civil asignado erróneamente al nacer por un sexo ambiguo (hoy llamados trastornos del Desarrollo Sexual) de causa no diagnosticada o bien mal asignado a consecuencia de un procedimiento médico-quirúrgico.

Los Trastorno del Desarrollo sexual, llamado antiguamente estados intersexuales, se producen por alteraciones cromosómicas, hormonales o genéticas que afectan a la determinación y diferenciación sexual, constituyen un problema médico debiendo ser adecuadamente diagnosticada, tratadas hormonalmente muchas de ellas de por vida y ser considerado muy atentamente la asignación de sexo civil.

La legislación alemana recientemente dictaminó que en los Trastornos de Desarrollo Sexual, puede postergarse la asignación de masculino o femenino (colocando sexo X en los documentos civiles), hasta que el trabajo conjunto de la familia, equipo médico y la persona afectada, tomando el tiempo necesario, decidan la asignación del sexo civil, teniendo siempre en consideración el interés del niño.

2.- Respaldamos el derecho humano de la persona Transgénero a solicitar el cambio de sexo civil, pues estamos conscientes del dolor, exclusión y discriminación que sufren en la sociedad civil, familia, establecimiento educacional y medio laboral, pudiendo llegar a situaciones tan lamentables como automutilación o suicidio.

Como endocrinólogos de acuerdo las normas científicas internacionales y a la legislación de muchos países, tenemos la obligación de acompañarlos, jugando un rol importante en el equipo tratante cuando decidan incorporarse a un proceso de reasignación de sexo o readecuación corporal. En dicho proceso se debe respetar la etapa hasta la cual la persona decida llegar, por ejemplo no realizar cirugía genital externa y sí todos los procedimientos anteriores a ésta, como apoyo psicológico, terapia hormonal, extirpación de mama y genitales internos femeninos y otras cirugías cosméticas.

3.- La persona con Trastorno de Identidad de Género, es sana desde el punto de vista cromosómico, endocrinológico y mental, solamente puede presentar sintomatología de orden psíquico secundaria al sufrimiento que la afecta por su condición (Disforia de género). Sin embargo, debemos advertir que ocurre en la práctica clínica, que una persona que no es transgénero, y está afectada por una patología mental pueda solicitar acceder a los beneficios de cambio de sexo civil, con las consecuencias de todo tipo que esto puede provocar si no es sometida a ninguna evaluación previa.

Igualmente una persona que sufre un trastorno del desarrollo sexual a los que hemos hecho referencia, puede presentar una incongruencia entre el sexo civil asignado y su identidad de género, medicamente requiere ser diagnosticada y tratada endocrinológicamente, sin perjuicio de lograr el cambio del sexo civil mal asignado, sometiéndose al procedimiento que la ley determine. Debe realizarse el diagnóstico diferencial entre el trastorno de la identidad de género en una persona transgénero y el que afecta a una persona con Trastorno del Desarrollo Sexual. La falta de tratamiento de un trastorno del Desarrollo sexual puede implicar riesgo vital por ejemplo insuficiencia suprarrenal o desarrollo tumoral en gónadas de localización intraabdominal.

4.- Para prevenir las situaciones mencionadas que exponen a un riesgo a personas con trastornos mentales que no son real problema de identidad de género y a las portadoras de Trastornos del desarrollo sexual, sería aconsejable se realizara una consejería, previo al cambio de sexo en los documentos civiles pertinentes.

Detectados los portadores de trastornos mentales o del desarrollo gonadal deberían recibir la atención psiquiátrica y/o endocrinológica según el caso. Esta consejería no afectara en absoluto a que la persona transgénero pueda obtener el cambio de su sexo civil, ya que como se señaló no está en las situaciones explicadas anteriormente.

Para las personas transgénero que decidan voluntariamente realizar el proceso de reasignación corporal hormonal y quirúrgico completo o parcial, de acuerdo a su decisión, el resultado de esta consejería les debería permitir ingresar en forma expedita a la atención por el equipo de salud especializado, tanto en el sector público como privado.

Hay que señalar que desde el punto de vista ético, las personas son libres para gestionar su cuerpo, siempre que ello no implique daños a terceros, esto forma parte de su autonomía. Para que una persona pueda ejercer su autonomía debe:

a) Ser libre de toda coacción.

b) Competente para tomar sus decisiones.

c) Debidamente informada.

Es recomendable que la persona antes de iniciar el proceso de reasignación firme un consentimiento informado sobre: ventajas, riesgos y limitaciones de acuerdo a la tecnología actual del proceso de reasignación corporal. Debe comprometerse a realizar la terapia y controles señalados en un protocolo, dado que existen complicaciones metabólicas, óseas, cardiovasculares, de trombosis venosa o arterial y las oncológicas ya señaladas.

Antes de comenzar el proceso de reasignación deberá ser informado el varón trans que debe mantener una terapia hormonal con testosterona, por un largo periodo de su vida, y la permanencia de mamas y órganos genitales internos, conlleva un riego de cáncer en dichos órganos. Debe comprometerse a vigilar el estado de su próstata, especialmente en cierto periodo etario.

La mujer trans igualmente sometida por años a terapia estrogénica deberá ser controlada periódicamente por el riego de cáncer de mama.

Si la persona no acepta las recomendaciones quirúrgicas señaladas, deberá realizar una declaración legal adicional que ratifique su decisión y libere de responsabilidad al equipo médico por las consecuencias para su salud que dicha decisión podría implicar. Deberá estudiarse si esta decisión podría ser utilizado por el sistema asegurador privado para no cubrir las atenciones que se podrían generar.

La cirugía de genitales externos deberá ser una opción de la persona, tal como lo establece la ley española.

Se recomienda informar respecto a fertilidad futura a objeto que la persona decida los pasos a seguir, antes de iniciar la terapia hormonal.

La ley deberá establecer claramente el derecho a recibir esta consejería y para quien lo requiera, el tratamiento de reasignación en todas sus etapas, tanto en el sector público como privado de salud. Deben implementarse los cambios legales y reglamentarios, el financiamiento adecuado y la organización de equipos en centros especializados en determinadas zonas del país.

El sistema de seguro de salud privado no podrá alegar preexistencia o exclusiones para realizar las atenciones médicas y otras que el tratamiento de reasignación o readecuación corporal implique.

6.- Todo endocrinólogo u otro profesional participante además de la acogida y apoyo, debe informar claramente en un ambiente de buena relación clínica y ausente de todo paternalismo, de que se trata el proceso, alternativas, que gana y que arriesga la persona, de manera que la firma del consentimiento informado sea la etapa final de este proceso de diálogo. Debe existir la apertura para considerar el derecho de las personas de solicitar otras opiniones médicas, de líderes religiosos y de cualquier otra fuente, que permita que la persona tomándose el tiempo que estime necesario, consulte para tomar su decisión final.

Se sugiere se elabore un documento tipo para el consentimiento informado y para respaldar las decisiones de la persona (no aceptar bajo su responsabilidad cirugía de mamas y genitales internos en el varón trans), para ser utilizado en forma única en todo el país. Se sugiere adjuntarle un anexo que detalle los riegos de cada etapa del proceso de reasignación.

7.- Sugerencias para el Directorio a realizar a nivel SOCHED:

- Coordinarse con otras sociedades científicas que participen en el equipo de salud, a objeto de actuar con un criterio común y con protocolos que tengan respaldo internacional.

- Considerando la deficiente formación en Medicina Sexual que se recibe en pre grado y post grado, la comisión de docencia debería estudiar cual es la situación actual, para presentar sugerencias a la formación en estos niveles, lo que facilitará la apertura y conocimiento científico para enfrentar este y otros problemas. Sería deseable que el programa de formación de nuestros becados comenzara a introducir estos contenidos en forma sistemática y a la brevedad posible.

- Ante nuestra falta de preparación para enfrentar responsablemente esta situación en una consulta, es de esperar que estas materias formen parte de nuestros cursos y congresos para informar adecuadamente a los socios y otros participantes.

La pronta formación mínima tiene carácter urgente ya que muchos colegas están recibiendo consultas de pacientes, frente a los cuales carecemos de una semiología mínima para iniciar un diálogo en forma científica, y otros médicos están siendo nominados para incorporarse a equipos de atención sin tener la capacitación básica para asumir responsablemente estas labores.

Una posibilidad práctica es organizar en el futuro mediato un simposio donde ojalá se logre una buena convocatoria tanto de endocrinólogos infantiles como de adultos siendo obligatoria para todos los colegas en formación endocrinológica. Su objetivo más importante es reafirmar el rol del endocrinólogo y ofrecerle una base de conocimientos para comenzar a actuar responsable y eficazmente en este campo.

Se sugiere que dicho simposio cuente con la participación de miembros de las sociedades científicas y profesionales involucrados. Una realización coordinada y promovida también con el Ministerio de Salud, debería asegurar la participación de profesionales de los servicios de todas las regiones. Sería ideal contar con algunos invitados extranjeros de alta experiencia en dicho seminario o curso.

Es posible que los laboratorios productores de estrógenos, testosterona, antiandrógenos, agonistas del GNRH y otros medicamentos a utilizar en la terapia endocrinológica, pudieran colaborar en su financiamiento.

Esperamos que el Directorio de nuestra Sociedad tome en consideración estas recomendaciones y los anexos que se adjuntan, para tomar una posición oficial y participar constructivamente en la discusión legislativa del proyecto de ley.

Considerando que como Sociedad tenemos el precedente histórico de dos ex presidentes de SOCHED Doctores Julio Parada y Rafael Téllez, participantes en el equipo que en marzo de 1973 realizó la primera reasignación de sexo en Chile en el Hospital San Francisco de Borja ubicado en esos años en la Alameda Bernardo O`Higgins. Como sus continuadores en la endocrinología nacional no podemos restarnos a enfrentar constructivamente el desafío de los cambios legales en marcha.

SUGERENCIAS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE ENDOCRINOLOGÍA Y DIABETES REFERENTE A INDICACIONES A LA LEY DE CAMBIO DE SEXO CIVIL EN TRÁNSGENERO

1. Apoyamos se dicte una ley que regule el procedimiento de obtener un cambio de nombre y sexo en las personas Transgénero.

2. Respaldamos el derecho humano de los solicitantes de solicitarla para su plena realización como persona humana y lograr su inclusión en nuestra sociedad, aliviando su sufrimiento y exclusión.

3. La experiencia clínica internacional y nacional demuestra que puede requerir este cambio una persona que a diferencia de la transgénero que es mental y endocrinológicamente normal no lo sea, por presentar un trastorno mental que confunde su identidad o presentan enfermedad endocrinológica que determino mala asignación del sexo civil al nacer.

Estas personas requieren ser detectadas para ser tratadas tanto psiquiátricamente o endocrinológicamente y sería inconveniente que solamente ante su solicitud se procediera a realizar el cambio de sexo civil, con las consecuencias legales, personales y familiares que se presenten a futuro.

4. Proponemos que previo al cambio de sexo civil se ofrezca tanto por parte del sector público como privado de salud, una consejería que permita detectar estos casos de anomalías mentales o endocrinológicas a objeto que reciban su tratamiento específico.

Las personas transgénero son normales biológica y mentalmente, una vez que esto esta refrendado deben si lo solicitan, tener en el aspecto de salud garantizada la terapia de reasignación corporal hormonal, psicosocial y si lo requieren quirúrgica.

5. En los últimos años a nivel mundial y también nacional se están presentando cada vez más casos de niños o púberes que manifiestan su incongruencia entre su identidad de género, su biología y el rol social de género. Muchos de estos casos manifestados ya en la infancia deben ser acogidos, apoyados y acompañados durante este proceso por la familia, escuela y profesionales especialistas.

Al llegar a la edad prepuberal o puberal inicial en muchos de ellos desaparece la incongruencia entre la identidad de género, la corporalidad, el rol social y su sexo legal. Ante esta evidencia avalada por trabajos científicos de seguimiento, no corresponde plantear el cambio de sexo civil en la niñez ni antes del inicio de la pubertad. Quienes llegados a la pubertad, ante los cambios iniciales corporales de este periodo, agraven su sufrimiento y reafirmen la discordancia entre la identidad de género, su biología y el rol social deben recibir atención médica.

Esta atención médica debe postergar la pubertad, aliviando su disforia de género y permitiendo evaluar la mantención de su deseo de reasignación. La terapia de detener o retardar el desarrollo puberal es reversible, si la persona desistiese de su reasignación, vuelve a reiniciarse su desarrollo puberal correspondiente a su biología.

6. En los casos que luego de un periodo de tiempo persiste de deseo de reasignación, alrededor de los 15 o 16 años y con el consentimiento informado que corresponda, se puede iniciar el tratamiento con hormonas: testosterona o estradiol y vivir en tiempo real su rol de género. A la edad que concuerdan todos los protocolos internacionales (mayor de 18 años) se puede recurrir a la cirugía, respetando el nivel de esta hasta donde cada persona desee llegar.

7. El requerimiento legal existente en muchos países, de cumplir la etapa quirúrgica para proceder solamente al fin de todo el proceso cambiar el sexo civil, debería ser flexibilizado posibilitándolo adelantarlo especialmente en el periodo de transición de los estudios secundarios a los superiores o antes de ingresar al mundo laboral.

8. Respetamos la autonomía de las personas trans que solo deseen el cambio legal y cumplir el rol social del genero al cual pertenecen y no deseen la readecuación física.

Quienes deseen participar en la reasignación corporal, se someten a un tratamiento médico que debe ejecutarse: en una persona que otorga su consentimiento informado; de acuerdo a los protocolos internacionales por un equipo profesional especializado y con el respaldo legal para su adecuada realización y financiamiento tanto en el sector público como privado de salud.”.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Antes de iniciar la votación de las indicaciones el Ministro de la Secretaría General de Gobierno, señor Marcelo Díaz expuso sobre las indicaciones que presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley, que constan en el Boletín de Indicaciones del 13 de julio. Al efecto, señaló que estas recogen la voluntad del Gobierno de crear un nuevo Chile, con una sociedad más inclusiva, tolerante, receptiva a los cambios y a la integración de nuestra diversidad.

Bajo este contexto, destacó el diálogo que han tenido con la sociedad civil, puesto que han recibido y atendido a decenas de organizaciones sociales, escuchando diversas posturas sobre este proyecto de ley. Resaltó que el Gobierno de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, ha cumplido con su deber de recoger y promover, en cumplimiento de su Programa, la voluntad democrática del reconocimiento del derecho a la identidad de género de todas las personas.

Así, reseñó, han trabajado acuciosamente y durante un extenso período esta iniciativa que no tuvo su origen en el Poder Ejecutivo, sino en el esfuerzo de un grupo de Senadores, quienes en conjunto con las organizaciones de la diversidad sexual, presentaron este proyecto de ley en el año 2013, con la finalidad de consagrar en Chile el reconocimiento y la protección de un derecho tan relevante como es la identidad de género.

Resaltó que en este trabajo han presenciado y valorado enormemente el rol desempeñado por los patrocinantes de esta iniciativa, a saber los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Lagos Weber y Letelier Morel, y los ex Senadores señora Ximena Rincón y señor Camilo Escalona.

Asimismo, reconoció el aporte que han hecho los integrantes de esta Comisión y de todos quienes han presentado indicaciones al proyecto con el objetivo de apoyar la inclusión y mejorar su articulado.

Junto con ello, valoró el rol de las organizaciones, que desde la perspectiva de la sociedad civil han dedicado gran parte de su trabajo a que este proyecto de ley sea cada vez más sólido. Dio cuenta que, en particular, se refiere a la Fuerza Trans, integrada por la Asociación OTD, el Sindicato Amanda Jofré, el Mums, el Movilh y la Fundación Iguales. También, destacó el excelente trabajo de la Abogada Ximena Gauche y del señor Andrés Rivera.

Indicó que como Gobierno asumen que dentro de la diversidad sexual la población transgénero es la más afectada por la discriminación en Chile, pues al no coincidir su identidad de género con lo expresado en su cédula de identidad, se ve imposibilitada de encontrar trabajo y de tener acceso a una educación en igualdad de condiciones. Al respecto, señaló que un alto porcentaje de mujeres transgénero debe, por obligación y no por opción, ejercer el comercio sexual como el único mecanismo de sobrevivencia.

Por ello, sostuvo, han decidido mantener en el proyecto de ley la definición de identidad de género que entregan los Principios de Yogyakarta, y que recoge que todos y todas, sin discriminación alguna, tienen el mismo derecho de ejercer sus derechos humanos.

Coherente con ello, expresó, es necesario reconocer el derecho de todas las personas a solicitar la rectificación de sus documentos de identificación, para que coincidan con su identidad de género, otorgándole competencia para esto a los Tribunales de Familia, órganos que por sus herramientas jurídicas pueden resguardar de mejor forma la reserva y la confidencialidad de estos procedimientos, y que por su experiencia y trayectoria son los mejores preparados para velar por los derechos de los solicitantes, en particular de los niños, niñas y adolescentes involucrados.

A continuación, enunció los criterios que fundamentan las indicaciones que presentó el Ejecutivo:

1.- Procedimiento simple y rápido. Señaló que se optó por simplificar la tramitación de la rectificación del sexo y nombre de la persona, estableciendo un procedimiento rápido, que no podrá durar más de seis meses desde la presentación de la solicitud, que no exige patrocinio de un abogado, y en el cual el solicitante puede acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes.

2.- Prohibición de exigencia de tratamientos farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos. Ello, en atención a que las personas transgénero han tenido que someterse durante gran parte de su vida a tratos vejatorios y discriminatorios, por lo que han establecido expresamente que el Tribunal no podrá exigir al o a la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata este proyecto de ley. Más aun, acotó, han optado para que en los procedimientos en que los solicitantes sean mayores de edad no sea admitida oposición alguna de terceros.

3.- Personas extranjeras. De acuerdo al marco establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo consagrado en nuestro Código Civil respecto del goce de los derechos civiles, señaló que les parece justo incluir el reconocimiento de un derecho tan relevante a las personas extranjeras con residencia definitiva en nuestro país, las que podrán optar también por el procedimiento que regula este proyecto de ley, pudiendo rectificar sus documentos oficiales chilenos.

4.- Menores de edad. Dado que en varias ocasiones la identidad de género se desarrolla a muy temprana edad, y que no se les permite a los niños, niñas y adolescentes transgénero la rectificación registral de su identidad, deben pasar momentos muy difíciles, cargando con estigmas y discriminación desde muy pequeños, lo cual los afecta gravemente, llegando en muchas ocasiones al suicidio. Por ello, y teniendo en especial consideración que la Convención sobre los Derechos del Niño consagra expresamente el derecho a la no discriminación y su derecho a crecer sanos física, mental y espiritualmente, es que se incluyó un procedimiento especial para los niños, niñas y adolescentes.

5.- Procedimiento especial de menores. Informó que este procedimiento está orientado por el principio del interés superior del niño y como tal se ha consignado que en los casos en que la solicitud provenga de un menor de edad el juez debe citarlo a una audiencia, la que deberá celebrarse dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído en garantía de su interés superior y en consonancia con la evolución de sus facultades. Además, se le designará un curador ad litem para la legítima defensa de sus intereses, ya que éstos no siempre pueden estar en armonía con los intereses de sus padres.

Pero, entendiendo la complejidad del asunto, se reconoce como legítimos opositores a esta solicitud, a sus representantes legales, a su tutor o a quien lo tenga bajo su cuidado. Para la protección de su integridad, se dispone que sus intervenciones se realizarán en un ambiente adecuado que garantice su salud física y mental, y para evitar el desgaste emocional del menor el juez deberá dictar sentencia dentro de treinta días, la cual podrá ser apelada en ambos efectos y resaltó que dicho recurso gozará de preferencia para su vista y fallo.

Además, reseñó, se permite a los menores que, por una sola vez, puedan solicitar una nueva rectificación de su sexo registral cuando hayan alcanzado la mayoría de edad. Con todo, dejó en claro que todas estas decisiones se han tomado velando por el mayor resguardo posible de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

6.- Trámites posteriores a la sentencia. Para resguardar la coherencia de nuestro sistema de identificación y el derecho de las personas para la adecuación de todos sus documentos oficiales y registros con su verdadera identidad de género, se estipuló que, una vez acogida la solicitud, el juez deberá informar de la rectificación al Servicio Electoral; al Servicio de Impuesto Internos; a la Tesorería General de la República; a la Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile; a la Superintendencia de Salud; a FONASA, y a toda otra institución pública o privada que se estime pertinente o que sea solicitada por el peticionario.

Además, se ordenará al Servicio de Registro Civil que emita los nuevos documentos de identidad, para tales efectos y se citará al solicitante dentro de veinte días hábiles. Acotó que dicha modificación no afectará su número de cédula de identidad, la filiación determinada, ni otras relaciones patrimoniales previamente constituidas.

7.- Deber de confidencialidad y reserva. Consignó que este procedimiento deberá estar protegido en todo momento por el deber de confidencialidad, incluso una vez finalizado, y que sólo tendrán acceso a los antecedentes originales quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o quienes hayan obtenido una orden judicial fundada.

Asimismo, informó que han incorporado una indicación que permite la rectificación del sexo registral a quienes habían realizado, previamente, el trámite de cambio de nombre.

Finalmente, resaltó el compromiso de este Gobierno con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, por lo que expresó que seguirán impulsando iniciativas como ésta, que hacen de nuestro país un lugar mejor para todos y todas.

A continuación, la Honorable Senadora señora Pérez agradeció el trabajo que ha realizado el Ejecutivo en las indicaciones presentadas que son coherentes con el espíritu de este proyecto de ley. A su vez, recordó que esta iniciativa no se trataba desde el mes de noviembre de 2014, lo que evidencia el atraso que tiene en su tramitación.

El Honorable Senador señor Matta destacó la presencia del señor Ministro y trajo a colación un reportaje sobre los niños transexuales que se difundió por uno de los canales nacionales, en el cual se dieron a conocer sus vivencias y testimonios.

Por su parte, el Honorable Senador señor Ossandón expresó que cada día se convence más de la importancia de este proyecto de ley, aunque reconoció que no comparte la posición del Gobierno, en relación a la posibilidad de permitir a los niños ser legitimarios activos para presentar una solicitud de cambio de sexo, porque en su opinión los padres tienen un rol fundamental y el Estado no puede reemplazarlos.

Apuntó que el resto de las indicaciones le parecen bastantes adecuadas y consignó que espera que el Gobierno aplique los mismos criterios en el proyecto de ley que despenaliza el aborto.

Expresó, que le causa extrañeza que en esta solicitud no se exija la opinión de un psiquiatra, siendo que el doctor Mac Millan que se dedica a operar a personas transgénero explicó que existe todo un proceso previo a la intervención de estas personas.

Con todo, pidió no transformar esta ley en una guerra santa. La idea, continuó, es que efectivamente se convierta en una solución para las personas que sufren con motivo de su identidad de género.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que este proyecto de ley lleva más de tres años en el Senado y la última vez que trataron las indicaciones presentadas a su respecto fue el 19 de noviembre del año 2014. Hizo notar que todos han expresado sus opiniones y puntos de vistas, por lo que llegó el momento de acelerar su tramitación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe aclaró que la tardanza en la tramitación de este proyecto de ley se debió a los diversos plazos de indicaciones que se han pedido, incluso algunos, a solicitud del propio Ejecutivo.

Además, coincidió con el señor Ministro que dentro de las minorías sexuales la situación de los transexuales es la más compleja, ya que tienen el mayor nivel de discriminación, por lo que la sociedad y el Estado debe generar las instancias necesarias para evitar que esta discriminación continúe, a fin de permitir que estas personas puedan desarrollar su vida de la mejor manera posible.

Pero, expresó que para construir este camino existen diversos acercamientos y como tal le parece sano y necesario compartir las distintas inquietudes que cada uno tenga, para que esta ley se apruebe en los mejores términos posibles.

El Ministro de la Secretaría General de Gobierno, reconoció que este proyecto de ley lleva bastante tiempo en tramitación y justificó la solicitud que hizo el Gobierno para abrir nuevos plazos de indicaciones, porque requerían de un tiempo para conocer la opinión de los interesados y formular las indicaciones que fueren necesarias, en especial, porque en el mes de marzo de este año asumió el cargo de Ministro de Estado.

Subrayó que el propósito del Gobierno es aprobar una buena ley y apuntó que han procurado hacer un texto legal que se haga cargo del fondo de este asunto, para acabar con la discriminación que sufre la población transgénero.

Para ello, comunicó, han propuesto un procedimiento con la celeridad y la dignidad que se requiere para este caso, lo mismo respecto de la situación de los menores. Al efecto, informó que han propuesto un procedimiento especialísimo en que no se anula el interés de los padres.

Señaló que, dado que a veces el interés de los padres puede ser contrapuesto al de los menores, y teniendo en consideración la Convención de los Derecho del Niño, les pareció importante que los padres puedan acompañar la decisión del menor u oponerse a su voluntad. En tal caso, se establece la figura del curador ad litem, como en otros institutos procesales.

En seguida, se mostró abierto al diálogo e hizo presente que tiene toda la voluntad de estar presente en la mayoría de las sesiones que la Comisión dedique al estudio de esta iniciativa legal. Manifestó que coincide con el Honorable Senador señor Ossandón, porque también entiende que se trata de temas sensibles y complejos, y que no deben ser sede de ninguna guerra religiosa, puesto que se trata de un asunto ligado al derecho de las personas y al principio de no discriminación.

Por último, agradeció la excelente disposición que han mostrado Sus Señorías hacia la Cartera que encabeza.

La Honorable Senadora señor Van Rysselberghe comentó que uno de los puntos de discrepancias se centra en la concepción que se tiene acerca de la identidad de género, en el sentido de que sea efectivamente o no entendido como un derecho a la identidad de las personas. Pero, reconoció que pueden existir algunas personas que lo conciban como un concepto mucho más amplio.

La indicación número 1a de S. E. la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 1°, el siguiente título:

“TITULO I: DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”.

Al efecto, cabe señalar que se hizo presente que esta indicación está relacionada con la indicación número 148, ambas del Ejecutivo.

La primera agrega un epígrafe, nuevo, para incluir un título I del siguiente tenor: “TÍTULO I: DEL DERECHO A LA IDENTODAD DE GÉNERO”, y el segundo un título II, cuyo texto es el siguiente: “TÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

Al respecto, la Honorable Senadora señor Van Rysselberghe consideró que es complejo incluir un título sobre la identidad de género, cuando aún no se define el concepto de identidad de género.

El Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Cristóbal Osorio, indicó que, por regla general, las leyes incluyen títulos para ordenar las materias tratadas, aunque aún no se defina a la identidad de género. Lo anterior, se observa en el Código Civil en que se usan Libros, Títulos y Párrafos; en la Ley de Antidiscriminación, o en la ley N° 20.417, que regula las modificaciones que se realizaron a la ley N° 19.300, que creó la Superintendencia de Medio Ambiente.

En estos casos, en el Título aparece el concepto que sintetiza lo tratado en esos artículos y dentro de su articulado, normalmente, se define dicho concepto. No obstante, acotó, son formas que sirven para ubicar y simplificar la lectura de una ley.

El Abogado del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Gerardo Ramírez, complementó que para interpretar una norma se utiliza conocer dónde está ubicada, así si está dentro un determinado título se entiende que todas esas disposiciones se refieren a esa materia.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, señor Urquizar, señaló, en cuanto a la forma, que se está ante un proyecto que tiene un sólo título, por lo que de todas maneras tendría que interpretarse la ley de acuerdo a su contenido, en consecuencia, en este caso y como técnica legislativa, le parece absolutamente innecesario aprobar la indicación. En cuanto al fondo, estimó que es complejo aprobar un epígrafe sobre el derecho de identidad de género, sin haberse discutido previamente dicho concepto.

El Asesor del Honorable Senador señor Ossandón, señor Jara, precisó que la discusión se centra más bien en la técnica legislativa y es de carácter netamente formal y se mostró partidario de mantener la técnica original del proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Pérez recordó que una de las finalidades de este proyecto de ley es darle contenido a una de las categorías de discriminación incluida dentro de la Ley de Antidiscriminación, cual es, la identidad de género. Desde esa perspectiva, acotó, se define qué es la identidad de género, lo que ayudará a la labor de los jueces al momento de aplicar la legislación vigente.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe también consideró que se trata de un tema de técnica legislativa y como tal, señaló, correspondería rechazar la presente indicación.

En ese contexto, la Honorable Senadora señora Pérez pidió al Ejecutivo que retire la indicación número 1a.

- A continuación, el señor Ministro Secretario General de Gobierno, retiró las indicaciones números 1a y 148.

Artículo 1°

El artículo aprobado en general por la Sala de la Corporación establece el derecho a la identidad de género. Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su Identidad de Género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad de Género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su Identidad de Género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

La indicación número 1, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo suprime.

- Puesta en votación la indicación número 1, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senadores señor Ossandón.

La indicación número 2, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL

INCISO PRIMERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género o sexual.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su Identidad Sexual, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género o sexual y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

INCISO SEGUNDO. Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género o sexual de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que luego de estudiar esta materia decidió presentar una nueva propuesta que se refleja en las indicaciones que presentó el pasado 17 de noviembre, que plantean una idea completamente distinta, lo que motivó retirar las indicaciones que había presentado con anterioridad, como el caso de esta número 2. Explicó que su propuesta separa la identidad de género del sexo biológico y también se incluye a los intersexuales como sujetos activos para pedir el cambio de sexo. Complementó que en su propuesta se incluye la figura “IG” (identidad de género) en la cédula de identidad y que faculta al solicitante a cambiar su género más de una vez, sin alterar su sexo biológico.

- La indicación número 2 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 3, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE LA LEY. Esta ley tiene por objetivo fundamental dar reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género.

Para los efectos de esta ley, por género, se entiende aquella expresión cultural, variable según las circunstancias históricas y sociales, de aquellos aspectos y características naturalmente constituidas por la configuración genética, hormonal, morfológica, sicológica, afectiva, cognitiva y conductual de la persona sexualmente diferenciada ya sea como hombre o como mujer”.

- En votación la indicación número 3, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

Letra a)

La indicación número 3a, del Honorable Senador señor Coloma, que reemplaza en la letra a) la frase “de su identidad de género” por “de lo que esta ley denomina identidad de género”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que el Honorable Senador señor Coloma presentó esta indicación porque asume que existen distintas definiciones del término identidad de género y que, justamente, una de ellas es el concepto de proviene de los Principios de Yogyakarta, que recoge este proyecto de ley.

Por ello, más allá de la definición que opte esta ley, le pareció adecuado hacer esta precisión en la letra a), del artículo 1° de esta ley. En su opinión, de aprobarse la indicación en nada se coarta la aplicación de esta disposición.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo notar que se trata de una indicación de fondo, ya que la ley define el concepto de identidad de género con el objeto de hacerlo extensivo al conjunto de las normas que existen en la materia. En su parecer, la indicación relativiza el ámbito de aplicación del concepto de identidad de género que propone el proyecto.

La Honorable Senadora señora Pérez coincidió que están ante un tema de fondo y que generará conflicto, ya que esta indicación no es inocua, porque da discrecionalidad a los tribunales de justicia para interpretar el concepto de identidad de género en forma restrictiva. Así, entendió, se redefine el concepto.

- En votación, la indicación número 3 a, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón y en contra, la Honorable Senadora señora Pérez

Letra b)

La indicación número 3b, del Honorable Senador señor Coloma, para eliminar la letra b), pasando la letra c) a ser b).

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe anunció que se abstendrá de votar esta indicación.

- En votación la indicación número 3 b, fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez y señor Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Letra c)

La indicación número 3c, del Honorable Senador señor Coloma, agrega una letra c), nueva, del siguiente tenor:

“b) A ser denominada por el nombre en que figura inscrita en el Registro Civil, aunque no sea indiciario del sexo originario y a petición de parte, este nombre será coincidente con las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales. Sin embargo, el Servicio de Registro Civil deberá contener un sistema especial de respaldo interno en que conste el sexo masculino o femenino de cada persona al nacer, con la sola finalidad de resguardar el derecho de los terceros que deseen contraer matrimonio con personas que se han acogido a la identidad de género, pero que por no manifestación de éstas, sea desconocida la nueva identidad civil en el momento de contraer matrimonio.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno estimó que la indicación es inadmisible, por cuanto entrega nuevas facultades a los servicios públicos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que la indicación consagra la existencia de un registro que permita conocer el sexo que tenía la persona que cambió su sexo registral al momento de nacer, a fin de que no pueda engañar hipotéticamente a un futuro contrayente matrimonial. Además, resaltó que en Chile se permite únicamente el matrimonio entre heterosexuales, vale decir, entre un hombre y una mujer, según sus sexos biológicos.

La Honorable Senadora señora Pérez mostró una postura contraria y dijo que pueden contraer matrimonio un hombre y una mujer, independientemente del sexo biológico que tuvieron al momento de nacer.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en que para contraer matrimonio debe tratarse de contrayentes de distintos sexos biológicos. Resaltó que el sexo biológico es el que determina si una persona puede o no casarse con otra.

Hizo presente que si la Nueva Mayoría desea avanzar en el matrimonio de personas del mismo sexo biológico, ello debe ser discutido en forma abierta y transparente, y no encubierta a través de este proyecto de ley.

Asimismo, consideró necesario que el Servicio de Registro Civil tenga un registro del sexo biológico que las personas tenían al momento de nacer, porque existe una serie de derechos que están ligados al sexo biológico de las personas, como el derecho al prenatal.

La Honorable Senadora señora Pérez consideró aberrante el tenor de la indicación, porque impide que esta ley cause efectos. Acotó que la idea es que toda persona transexual tenga el derecho a cambiar su sexo de acuerdo a su identidad de género, lo que no puede ser un impedimento para que pueda contraer matrimonio con una persona del otro sexo, porque se trata de un matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que en nada se apartaría de lo que prescribe la ley. Insistió en que no habría un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, sino entre dos contrayentes de distintos sexos, de lo contrario, se estaría negando a que una persona transexual pueda ejercer su derecho de identidad de género.

Subrayó que aprobar la indicación, en el fondo, sería seguir insistiendo en la confusión que existe entre la transexualidad y la homosexualidad. Resaltó que esta ley busca establecer un derecho para los transexuales, y dejó en claro que no se trata de una ley que avale el matrimonio homosexual. Por tanto, en su opinión esta indicación no debe ser aprobada.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno compartió lo expuesto por la Honorable Senadora señora Pérez e hizo hincapié que no es la intención del Ejecutivo introducir un debate que tiene que darse en sus propios términos y méritos. De hecho, anunció, tienen un compromiso de trabajar un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario, lo que no es el objetivo de esta iniciativa. Aclaró que este proyecto de ley se refiere al derecho a la identidad de género.

Con todo, hizo presente a Sus Señorías que la indicación le parece inadmisible, porque trata una materia reservada a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por cuanto concede nuevas facultades a organismos públicos y, además, afecta el principio de confidencialidad que está establecido en el propio proyecto de ley respecto de quienes pueden tener acceso y bajo qué condiciones a los antecedentes del procedimiento consagrado en este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe reconoció que claramente la transexualidad y la homosexualidad son condiciones absolutamente distintas, pero que entiende que es un hecho de que existe un sexo biológico y un sexo psicológico, y que esta ley, en particular, está intentando homologar ambos tipos de sexos, mediante un sexo registral.

Refirió que la convivencia entre personas del mismo sexo biológico está regulada en la Ley de Acuerdo de Vida en Pareja, pero que eventualmente podría pasar a la categoría de matrimonio si es que este Parlamento así lo decide, pero dado que esta discusión no se ha hecho, no se podría aprobar una ley que permita el matrimonio entre dos personas del mismo sexo biológico, pero con distinto sexo registral. Así, se llegaría al matrimonio igualitario por un camino más corto, sin que se dé la discusión de fondo que debe darse para una ley de esta envergadura.

No obstante lo anterior, concordó con el Ejecutivo que se trata de una indicación inadmisible.

- En consecuencia, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, en su calidad de Presidenta de la Comisión, declaró inadmisible la indicación número 3 c, por cuanto incide en materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, al establecer nuevas funciones para un servicio público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

Inciso segundo

La indicación número 3d, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, elimina la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que al igual que como lo establece el proyecto de ley que modifica la Ley de Antidiscriminación, no puede existir una jerarquía de derechos fundamentales y los derechos humanos deben asumirse en plena igualdad, por ello, el juez dependiendo de las circunstancias tendrá que resolver, caso a caso, si existe o no un acto de discriminación. En consecuencia, acotó, el derecho a la identidad de género debe ser interpretado y aplicado en igualdad de condiciones, al igual que los otros derechos y no corresponde darle una supremacía, lo que podría caer en la inconstitucionalidad si no se expresa ningún fundamento que lo justifique.

El Jefe de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno indicó que los conflictos entre derechos fundamentales en la legislación nacional, por regla general, se solucionan usando el principio de proporcionalidad, que aplica tres reglas básicas para su resolución, a saber: la idoneidad; la necesariedad, y la proporcionalidad en estricto sentido.

Bajo este contexto, preguntó si esta forma de interpretación que utiliza el Tribunal Constitucional y la Excelentísima Corte Suprema para la resolución de conflictos, se vería restringida por la aplicación de este tipo de norma. La respuesta, dijo, es negativa, porque la mayoría de estas leyes son normas de afirmación positiva, que corresponden a compromisos que se adoptan para mejorar la posición del sujeto pasivo.

Además, señaló que para hacer valer el derecho de identidad de género no se deben establecer requisitos que no sean necesarios, ni inidóneos y que no cumplan la proporcionalidad con que se debe ejercer este derecho, es decir, se trata de una norma que se debe interpretar de forma coherente con el principio de proporcionalidad e instó por mantener el texto aprobado en general, por tratarse de una norma de afirmación positiva, más aun considerando que ante un eventual conflicto entre derechos fundamentales éstos se solucionan utilizando los principios de la proporcionalidad. Resaltó que ningún tribunal considerará que una norma puede restringir un derecho fundamental definido en nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 19.

El Asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Ramírez, complementó que esta norma se dirige al Servicio de Registro Civil, porque no puede imponer una decisión que pueda interpretarse en contra del ejercicio de un derecho garantizado por la Constitución Política de la República. Advirtió a Sus Señorías que en este caso se regula un derecho de existencia previa y previno que nunca un derecho fundamental se puede ver limitado por una norma que tenga un rango legal.

Por lo anterior, el señor Ministro Secretario General de Gobierno se manifestó en contra de la indicación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe sugirió aprobar la indicación número 3 d con modificaciones, eliminando la parte final del inciso segundo, que corresponde al siguiente texto: “debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno se mostró de acuerdo con la propuesta.

- En votación la indicación número 3 d, fue aprobada con la modificación propuesta, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe y señores Ossandón y Quinteros.

Consecuencialmente, la Comisión dio por rechazada la indicación número 5, con la misma votación anterior.

La indicación número 4, del Honorable Senador señor Girardi, agrega a continuación de las palabras “naturaleza administrativa”, los siguientes vocablos “público y/o privada,”.

- La indicación número 4 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Girardi, agrega a continuación de las expresiones “favor del acceso” lo siguiente: “y/o reconocimiento”.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que recién, el día de ayer, se publicó el último boletín de indicaciones, de manera que no ha tenido el tiempo necesario para estudiarlas, razón por la cual se abstendrá en la mayoría de las votaciones, ya que considera una irresponsabilidad votar bajo estas circunstancias.

En principio, la indicación número 5 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión con la misma votación anterior; sin embargo, con posterioridad y con motivo de haberse aprobado la indicación número 3 d, corresponde dar por rechazada la indicación número 5, con la misma votación con que se aprobó la indicación número 3d.

Artículo 2°

La norma aprobada en general por el Senado define el concepto de identidad de género de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

La indicación número 6, del Honorable Senador señor Ossandón y la indicación número 7, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo eliminan, pasando el artículo 3°, a ser artículo 2° y así sucesivamente.

El Honorable Senador señor Ossandón retiró su indicación 6, debido a que mediante la indicación 3 planteó una definición para la identidad de género.

- En consecuencia, la indicación número 6 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

- La indicación número 7 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 8, del Honorable Senador señor Ossandón, reemplaza el artículo 2°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO O SEXUAL.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género o sexual la conciencia que cada persona tiene respecto de pertenecer al sexo masculino o al sexo femenino, fundada en sus sentimientos y/o en el reconocimiento que el medio social haga de ella, y en sus características genéticas, y fisiológicas o neurológicas, sea que dicha percepción se corresponda o no con el sexo registrado.”.

- La indicación número 8 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 9, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICION DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder a la modificación de la apariencia o la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

La mayoría de los miembros de la Comisión coincidió que el texto de la indicación mejora la redacción de la norma con dos enmiendas formales al inciso segundo. El primero, agrega el vocablo “de” antes de las palabras “la función corporal” y, el segundo, reemplaza las expresiones “a la modificación” por “con la modificación”.

En consecuencia, se aprueba la indicación número 9, con dos enmiendas formales al inciso segundo, quedando su texto de la siguiente manera:

“Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

- La indicación número 9, fue aprobada con enmiendas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 9a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por identidad de género el derecho que tiene toda persona a no ser discriminada arbitrariamente en razón de tener un sexo psicológico distinto del sexo biológico de conformidad al procedimiento establecido en esta ley.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que la indicación tiene por objeto evitar la discriminación que sufre la población transgénero y sugirió aprobar la definición que propone esta indicación.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pérez manifestó su conformidad con el texto aprobado anteriormente para el artículo 2°, con ocasión de la indicación número 9.

El Honorable Senador señor Quinteros se sumó a la opinión de la Honorable Senadora señora Pérez y agregó que la indicación número 9a restringe el ámbito de aplicación de esta ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que la indicación número 9a busca evitar la discriminación que se produce cuando una persona tiene un sexo biológico distinto a su sexo psicológico. Por tanto, estimó que si esa es la finalidad de esta ley, sería más adecuado aprobar la definición de identidad de género que propone la indicación de su autoría.

La Honorable Senadora señora Pérez subrayó que esta ley pretende dar la arquitectura legal al derecho de identidad de género, que fue reconocido en la Ley de Antidiscriminación, por tanto, advirtió que no corresponde a esta Comisión aprobar una nueva definición que se aleja del espíritu de la ley que garantiza y consagra este derecho e insistió en mantener la definición que aprobó la Comisión contenida en la indicación número 9.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno se manifestó partidario de mantener la definición aprobada recientemente mediante la indicación 9, porque se hace cargo del concepto del derecho a la identidad de género que el Ejecutivo busca reglar porque cubre todas las dimensiones y se hace cargo del reconocimiento de este derecho, incluyendo las distintas perspectivas desde el punto de vista de su titular. Asimismo, señaló que tiene la amplitud suficiente como para sostener el resto del articulado de este proyecto de ley.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe informó que de los 192 Estados que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, menos de un 10% tiene una legislación sobre el cambio de sexo y, de ese porcentaje, menos del 1% tiene una definición de identidad de género. Por tanto, hoy, no más de cinco países tienen una definición legal del concepto de identidad de género, como ocurre en el caso de Argentina.

En su opinión, ello se debe a que es una temática relativamente nueva y como tal está en absoluta evolución, lo que se constata desde la perspectiva en el CIE10 del año 1993, DSM4 y DSM5 en que se cambia su clasificación de trastorno psiquiátrico a disforia de género. Supuestamente, refirió, en el 2017 se eliminará al transexualismo de los trastornos de la identidad en el CIE11. En consecuencia, manifestó que existe una evolución del concepto de identidad de género y la mayoría de los países han optado por no consagrar una definición legal sobre el mismo y expresó que sería conveniente seguir esa línea.

Luego, dio cuenta que la definición propuesta por la indicación número 9 adolece de problemas conceptuales, ya que se obtiene de los Principios de Yogyakarta, que no son vinculantes porque no constituyen un tratado y tampoco un estándar internacional.

Además, hizo notar que el concepto “género” tampoco está definido en nuestro país y comentó que con ocasión de la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se propuso a la señora Ministra del Ramo definir el concepto “género” y dado su alta complejidad, en esa oportunidad, prefirió no conceptualizarlo, sin perjuicio de que aparece en innumerables oportunidades en el texto legal. Se trata de un concepto altamente discutible que no reúne consenso, ni siquiera a nivel internacional. En rigor, apuntó, en este caso la Comisión estaría definiendo un concepto con otro que no está conceptualizado en nuestro ordenamiento jurídico.

Subrayó, la indicación número 9a ataca el problema de fondo y da sustento al presente proyecto para abordar la discriminación de las personas transexuales. Para ello, utiliza un concepto definido en la ley, cual es discriminación arbitraria, que está consagrado en la Ley de Antidiscriminación.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente que en varios temas Chile ha sido un país innovador, por tanto, no considera un argumento de peso decir que Chile, de aprobar esta ley, sería uno de los pocos países que tiene una ley de cambio de sexo. Además, indicó que la definición legal de un derecho es un elemento fundamental que ayuda a la interpretación del conjunto de las disposiciones que regulan la materia y también sirve para afirmar dicho derecho.

Reconoció que es cierto que en otros países el régimen normativo difiere con el texto que se busca aprobar, pero resaltó que está en consonancia con las definiciones que se entregan en el marco de las Naciones Unidas, que otorga los elementos que ayudan a la incorporación en el derecho interno de estos aspectos.

El Honorable Senador señor Quinteros aclaró que este proyecto de ley no pretende regular enfermedades mentales, y trajo a colación el caso planteado por un canal de la televisión chilena, en que se mostró la vida de una menor transexual. Lo anterior, dijo, lo ayudó a convencerse de que están legislando en la línea correcta, por lo que pidió votar la indicación número 9a.

- En votación, la indicación número 9a, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señoras Pérez y Goic, y señor Quinteros y por su aprobación votaron, los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor García (Rechazada 3x2 a favor).

La indicación número 9b, del Honorable Senador señor Coloma, lo sustituye por el siguiente:

“Se entenderá por identidad de género la representación psicológica que tenga una persona sobre la concepción de sí misma con relación a su identidad sexual o de género, independiente, de su estructura fisiológica y hormonal original acreditada en el momento del nacimiento.”.

El Asesor del Honorable Senador señor Ossandón, señor Jara, hizo presente que el contenido de la indicación número 9b es prácticamente igual a la número 9, aprobada por la Comisión, pero que la indicación en estudio tiene una redacción más clara al definir a la identidad de género como una representación psicológica y no como una vivencia, y como tal le da mayor objetividad a la norma.

El Honorable Senador señor García anunció que se abstendrá de votar la indicación 9b, porque no entiende el sentido que tiene esta indicación al definir la identidad de género como una representación psicológica. Con todo, consideró que está claro que no se trata de una enfermedad o de un trastorno mental.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pérez, señaló que la indicación pareciera asimilar la transexualidad a una patología o una disfuncionalidad psicológica, por lo que insistió en mantener la definición de la identidad de género como una vivencia emocional.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe comentó que hoy día la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud asumen que el trastorno de identidad de género es catalogado como un trastorno de adaptación, porque las personas deben tener la capacidad para adaptarse a su realidad y, cuando esto no sucede, la persona suele tener un trastorno de ansiedad, que en este caso, en particular, se denomina trastorno o disforia de género.

Luego, explicó que una representación psicológica es el pensamiento que una persona tiene acerca de algo, por lo que no se trata de una patología.

El Honorable Senador señor Quinteros estimó que la definición de identidad de género que hace referencia a la vivencia interna es más representativa y más completa que la representación psicológica que una persona tiene de sí misma.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de Gobierno alertó a Sus Señorías que esta indicación hace sinónimos la identidad de género con la identidad sexual por lo que sugirió rechazarla.

- En votación la indicación número 9b, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señoras Goic y Pérez, y señor Quinteros; por su aprobación, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvo el Honorable Senador señor García.

Artículo 3°

El tenor literal del artículo 3°, aprobado en general por el Senado, es el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género.”.

La indicación número 9c, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo suprime, reordenando correlativamente los artículos posteriores.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó la indicación sugiere suprimir el artículo 3° con el objeto de regular estos requisitos en los artículos siguientes.

El Honorable Senador señor García hizo presente que tuvo la oportunidad de conocer a una persona que bajo la legislación vigente obtuvo el cambio de sexo y pidió mayores antecedentes sobre este punto.

En particular, consultó si existen otros casos similares y qué criterios ha tenido la jurisprudencia sobre la materia. Resaltó que este aspecto es fundamental porque incide en la pertinencia y en la necesidad de que se legisle sobre la materia.

El Asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Osorio, informó que en la legislación nacional existe la Ley de Cambio de Nombre, que en algunas ocasiones se ha utilizado para modificar simultáneamente el nombre y sexo de una peticionario, pero que en virtud del artículo 3° del Código Civil, que establece el efecto relativo de las sentencias, han existido distintos fallos de las Cortes de Apelaciones sobre esta materia que no han sido unánimes para acoger el cambio de sexo por esta vía.

Resaltó que se debe tener presente que en la mayoría de las sentencias en que se ha acogido el cambio de nombre y sexo se ha exigido algún tipo de tratamiento de carácter quirúrgico, por lo que, concluyó, no existe una visión unívoca por parte de la jurisprudencia nacional respecto de la procedencia del cambio del género, con ocasión de la utilización de la Ley de Cambio de Nombre.

Bajo este contexto, remarcó, la necesidad de legislar en la materia.

El Honorable Senador señor García consultó por el número de personas que por esta vía han obtenido un cambio de sexo.

El Asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Meza, informó que es difícil determinar el número de personas a quienes se les ha autorizado un cambio de sexo, porque no se tiene acceso a los fallos de primera instancia en que el tribunal accede a esta solicitud, ya que sólo se registran los casos en que ha habido un pronunciamiento de un Tribunal Superior, cuando han sido apelados.

Por ello, dijo, tienen mayor claridad respecto de los casos que son revisados a nivel de Corte de Apelaciones.

En cuanto a las apelaciones rechazadas, indicó, no existe un criterio uniforme respecto de los requisitos de procedencia de la solicitud de cambio de sexo y, en ese sentido, estimó que una legislación que regule estas materias podría dar mayor claridad y seguridad jurídica en los casos en que procede o no la solicitud de cambio de sexo.

La Honorable Senadora señora Pérez argumentó que en Chile para que una persona obtenga un cambio de sexo debe interponer una acción ante los tribunales de justicia, previo haberse sometido a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales, puesto que la mayoría de los jueces que han autorizado el cambio de sexo así lo han exigido.

Expresó que existe una necesidad de varias personas que requieren contar con una ley que les permita su cambio de sexo, sin que se les obligue someterse a intervenciones quirúrgicas o a tratamientos hormonales, y que les permita tener derecho a un trato digno.

Recordó, que el ex Ministro de Salud durante el Gobierno del Presidente Piñera, emitió una circular para que las personas transgénero, en el sistema de salud público, tuvieran un trato digno, debiendo llamársele por su nombre social y no por nombre registral.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, destacó que este artículo es necesario porque define el objeto de este proyecto de ley y como tal debe mantenerse y, sugirió revisar la indicación 10a presentada por la Presidenta de la República, que recoge gran parte de lo aprobado por la Comisión.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su rechazo a que la rectificación de la partida de nacimiento por cambio de sexo pueda ser ejercida por una sola vez, como lo señala el artículo en comento. En el contexto de que, según lo aprobado, la identidad de género es concebida como un derecho, y como tal debería ejercerse cuántas veces lo desee su titular. Además, estimó que esta norma debiera estar incorporada en la disposición que se refiere a los requisitos de procedencia para el cambio de sexo.

El Honorable Senador señor Letelier, señaló, como autor del proyecto de ley, que su gran duda es definir si es necesario regular el derecho a la identidad de género en una ley. Informó que algunos países europeos han evolucionado en este debate y han reconocido legalmente que no existe un “él” o “la”, sino que ahora hablan de “lo”, con lo cual han ido más allá de la identidad de género.

Lo anterior, sostuvo, es una discusión que le apasionaría tener en esta Comisión, pero no sabe si nuestra sociedad está en condiciones de aceptar las consecuencias de una visión tan avanzada.

Estimó que es un avance derribar las barreras que existen hacia el derecho de la identidad de género y expresó que no existe una presunción de que las personas transexuales tengan un problema psiquiátrico o psicológico respecto de su identidad.

Manifestó que entregar la posibilidad de definirse por una sola vez es lo correcto como criterio general, y no tiene claridad si se requiere una excepción, porque cuando una persona toma la decisión de solicitar el cambio de sexo, lo hace porque tiene la convicción de su verdadera identidad.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en que esta discusión debiera darse en el contexto de los requisitos y condiciones para ejercer el derecho de cambio de sexo y por eso sugirió suprimir este artículo.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno informó que la petición de cambio de nombre, también, se autoriza por una sola vez, por tanto, se trata de mantener el criterio de una norma vigente. Asimismo, detalló, la indicación número 10a del Ejecutivo, no entra en el detalle del ejercicio del derecho, sino que únicamente amplía el deber de rectificación de los documentos, extendiéndolo a todo tipo de instrumento privado o público, y concede valor a la copia de la sentencia que autoriza la rectificación, después de haber ejercido el derecho. Aclaró que las normas posteriores son las que entran en el detalle de lo sustantivo de este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que al tratarse de procesos psicológicos complejos que generan situaciones de sufrimiento, pudiera darse el caso de una persona que no tiene la madurez necesaria para tomar una decisión de esta naturaleza y pudiera querer revertir su decisión años después.

En seguida, el Honorable Senador señor García se refirió a la redacción del inciso primero del artículo 3°, que propone la indicación número 10a del Ejecutivo y señaló que si bien entiende su espíritu, la norma no es clara e induce a confusión, por lo que pidió revisar su redacción.

El Honorable Senador señor Letelier explicó que esta norma permite rectificar la partida de nacimiento, los documentos de identificación y cualquier otro instrumento público o privado en que consta la identidad de la persona, vale decir, en que se exprese su sexo y su nombre, cuando su sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, comentó que se aprobó una definición de identidad de género eminentemente subjetiva, y que de acuerdo a este concepto una persona puede tener una identidad de género hoy día y otra en diez años, lo que se contrapone con lo que plantea el artículo 3° en que expresamente se limita la solicitud de cambio de sexo a una sola vez.

Con esta restricción, dijo, se afecta el derecho en su esencia, cual es, que toda persona puede cambiar su sexo registral de acuerdo a su vivencia interna de identidad de género y que, en este sentido, la redacción propuesta por el Ejecutivo podría ser inconstitucional, porque vulneraría el artículo 19 número 26° de la Constitución Política de la República, que establece que no se pueden alterar o vulnerar los derechos fundamentales en su esencia.

Incluso, indicó que en la legislación argentina, de donde emana este proyecto de ley, se establece expresamente el concepto de identidad de género, sin limitar esta solicitud a una sola vez, por lo que se autoriza a pedirlo cuantas veces desee la persona.

El Honorable Senador señor Letelier enfatizó que el artículo 3° tiene que ver con las formas y como tal no se trata de un aspecto sustantivo, por lo que pidió votar las indicaciones números 9c y 10a.

- En votación la indicación número 9c, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorable Senadores señoras Goic y Pérez, y señor Letelier; a favor la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvo el Honorable Senador señor García.

La indicación número 10, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona mayor podrá obtener la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad Sexual.”.

- La indicación número 10 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad autor.

La indicación número 10a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 3° por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez la rectificación de su partida de nacimiento, sus documentos de identificación y cualquier otro documento público o privado en que conste la identificación, y el cambio de sexo y/o nombre, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

El Honorable Senador señor Letelier pidió a la Comisión votar la indicación 10a.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó sus reparos con la indicación porque, entre otros puntos, autoriza a los menores de edad a pedir el cambio de sexo.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que la facultad de los menores para solicitar su cambio de sexo está regulada en otros artículos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en su postura y procedió a leer el texto del inciso segundo del artículo 3° propuesto por la indicación 10a, en el cual se hace referencia al caso de la solicitud presentada por un niño o niña.

El Honorable Senador señor Letelier dejó en claro que el derecho de petición existe constitucionalmente, por lo que ninguna ley lo puede limitar. Acotó que este inciso señala que el procedimiento de las peticiones de cambio de sexo de menores no se regulará por esta norma, puesto que se trata de una situación excepcional, y que se regirá por lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la presente ley. En efecto, resaltó, se busca que la norma general no se aplique a los menores de edad.

Reseñó que esta indicación no hace más que precisar el objeto de regulación de esta ley, que en lo medular se aplica cuando no existe coincidencia entre el nombre y/o sexo con la identidad de género de una persona. En este caso, subrayó, la persona está autorizada para pedir la rectificación de los documentos públicos y privados que dicen relación a estas materias.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe sugirió, dado la complejidad del tema de los niños, votar en forma separada los incisos de la indicación número 10a.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que por un tema de técnica legislativa esta sugerencia no sería apropiada, ya que tal como lo indicó el Honorable Senador señor Letelier el derecho de petición siempre existe. Además, señaló que en los artículos 7° y 8° de este proyecto de ley se debatirá abiertamente sobre la solicitud de los niños, niñas y adolescentes para pedir su cambio de sexo y/o nombre.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe anunció que votará en contra los incisos primero y tercero, porque no comparte que la solicitud de cambio de sexo sea por una sola vez y porque consideró que están mal redactados.

El Honorable Senador señor García indicó que se abstendrá de votar estos incisos y coincidió en su mala redacción.

- En votación, los incisos primero y tercero del artículo 3° de la indicación número 10a, fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señoras Goic y Pérez, y señor Letelier. En contra, votó la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvo el Honorable Senador señor García.

A continuación, la mayoría de los miembros de la Comisión aprobó el inciso segundo del artículo 3° propuesto por la indicación 10a. Votaron a favor los Honorables Senadores señoras Goic y Pérez, y señor Letelier, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor García.

Consecuencialmente, se da por aprobada, con modificaciones la indicación número 11, y por rechazadas las indicaciones números 12 y 17.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Letelier pidió dejar constancia que votó a favor del inciso segundo de la indicación número 10a, y argumentó que es partidario de que exista una norma distinta para el caso de los niños y niñas.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe advirtió que en la mayoría de los países europeos, como Finlandia y Alemania, no se autoriza el cambio de sexo registral a los niños, porque no tienen la madurez necesaria para tomar una decisión de esta envergadura. Por eso, recalcó que hubiera preferido votar este inciso durante la discusión de fondo de la solicitud de cambio de sexo de menores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que le parece de toda lógica que, cuando se llegue al estudio de las normas específicas que tratan la solicitud de cambio de sexo de los menores de edad, revisar lo anteriormente obrado para ver si se dan resultados contradictorios con lo aprobado por la Comisión.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en la necesidad de revisar el texto del inciso primero del artículo 3° aprobado por la Comisión, dada su poco feliz redacción.

En la sesión siguiente, la Honorable Senadora Van Rysselberghe, pidió dejar constancia que la aprobación de la indicación número 10a no implica, necesariamente, que esta Comisión haya aprobado la solicitud del cambio del sexo registral de los menores, ya que únicamente el texto refiere que los menores se regirán por los artículos 7° y 8° de esta ley.

En seguida, manifestó su inquietud sobre la alternativa que considera la indicación 10a de cambio de nombre, dado que existe una ley especial para ello. De mantener la aprobación de esta norma, consultó, si no se estaría promoviendo una modificación tácita a la ley N° 17.344.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno dejó en claro a Sus Señorías que en la sesión pasada se aprobó la indicación 10a, no obstante, se planteó buscar una mejor redacción para el inciso primero.

Con respecto a la inquietud de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, indicó, este artículo se refiere al “cambio de sexo y/o nombre”, porque el derecho de identidad de género tiene consecuencias sobre el sexo registral y el nombre de la persona.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe precisó que le preocupa que se permita la posibilidad de cambiar el “sexo y/o nombre” y expresó que esto no tendría sentido si la persona sólo desea cambiarse el nombre, puesto que en este caso debería recurrir a la ley N° 17.344.

El Honorable Senador señor García señaló que entiende que ambas normas quedan vigentes. Hoy el cambio de nombre y de apellido está reconocido en nuestra legislación y funciona sin ninguna dificultad y este proyecto sólo regiría para aquellos casos en que el sexo no coincide con la identidad de género de una persona. Tal vez, planteó, podrían eliminarse los vocablos “y/o”, que no ayudan a una buena técnica legislativa.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que puede existir una persona que desea mantener su nombre, lo que justifica la inclusión del término “o”, como podría darse en el caso de los nombres que no están vinculados a un sexo determinado, como Michell o Jesús. Por ello, prefirió el texto original del inciso primero de la indicación número 10a, que centra el problema en el fondo de este proyecto, cual es la falta de coincidencia entre el sexo y/o nombre con la identidad de género de una persona, lo que explica porque no presentaron una nueva propuesta de texto.

El Asesor Jurídico de la Biblioteca del Congreso Nacional hizo presente que de acuerdo a un estudio que realizaron sobre la jurisprudencia actual de los casos en que se ha concedido conjuntamente el cambio de nombre y sexo bajo el imperio de la ley vigente, existen casos minoritarios en que los tribunales de justicia se negaron a cambiar el nombre de personas transgénero, en función, de que el nuevo nombre no iba a corresponder con su sexo. Por este motivo, consideró un aporte el incluir los vocablos “y/o” que cubre todas las alternativas.

A continuación, el Honorable Senador señor García recordó que se acordó mejorar la redacción del inciso primero del artículo 3° aprobado.

Al efecto, el Honorable Senador señor Ossandón sugirió la siguiente redacción:

“Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.”.

- En votación el inciso primero del artículo 3°, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez, y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 11, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 3°. Toda persona, podrá obtener por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre, cuando no coincidan con su Identidad de Género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

Cabe hacer presente que el citado artículo 8°, se refiere a los efectos jurídicos que tiene la rectificación del nombre y sexo.

- Puesta en votación la indicación número 11, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros. Se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, y dada la aprobación de la indicación número 10a para este mismo artículo que comprende la misma materia, se dio por aprobada indicación número 11, con modificaciones.

La indicación número 12, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, intercala la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”, luego de la palabra “persona”.

- En votación la indicación número 12, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, y por haberse aprobado la indicación número 10a, se dar por rechazada la indicación número 12, con la misma votación por ser incompatible.

La indicación número 13, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

- La indicación número 13 fue rechazada por la mayoría miembros presentes de la Comisión, por la negativa votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 14, del Honorable Senador señor Ossandón, suprime las frases: “por una sola vez,” y “de sexo y”.

El Honorable Senador señor Ossandón comentó que el objeto de la indicación es facultar a las personas a cambiar su identidad de género más de una vez, pero no su sexo, lo que está en sintonía con la indicación número 3, de su autoría, que esta Comisión rechazó.

- La indicación número 14 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “por una vez”, lo siguiente “por vía administrativa, y en caso de menores de 18 años por vía judicial en el Tribunal de Familia”.

La indicación número 16, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “el cambio de sexo y” lo siguiente “/o”.

Al respecto, el Honorable Senador señor Letelier mencionó el caso de una persona que nació biológicamente hombre, que se llama María Jesús y que se siente mujer. Aquí, dijo, se trata de un caso en que la persona sólo quiere cambiar su sexo, pero observó que esta ley hace copulativo el cambio de sexo y de nombre.

La Honorable Senadora señora Pérez indicó que prefiere mantener la norma en los términos en que está y que en este caso habría que pedir la reinscripción de la persona con el mismo nombre que tenía antes de la solicitud del cambio de sexo.

- Las indicaciones números 15 y 16 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 17, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega a continuación de la expresión “Identidad de Género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

- La indicación número 17 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Posteriormente, como consecuencia de haberse aprobado la indicación número 10a, se da por rechazada la indicación número 17, por ser incompatibles.

La indicación número 18, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agrega después de la palabra Género y antes del punto final la siguiente frase final: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora explicó que la referencia al artículo 7° se justifica, porque se propone un enlace con el artículo que consagra los efectos de la sentencia, básicamente por un tema de orden y de técnica legislativa, ya que el texto es igual al propuesto por la indicación de la Honorable Senadora señora Pérez.

El Honorable Senador señor Letelier propuso dejar pendiente la votación de esta indicación, porque presupone que habrá un cambio en el orden de los artículos 6°, 7° y 8°.

- La Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora retiró la indicación número 18, de su autoría.

La indicación número 18a, del Honorable Senador señor Coloma, reemplaza el punto final (.) por un punto seguido (.) y agrega lo siguiente:

“Con todo, será obligación del Servicio de Registro Civil mantener vigente y debidamente actualizado el Registro Interno al que se refiere al artículo 1° letra c) de la presente ley.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que entiende que se trata de una indicación inadmisible, no obstante, indicó que desea consultar si el derecho a la identidad de género es un derecho autónomo o es parte del derecho a la identidad. Resaltó que existen derechos que existen en la legislación vigente y que están adscritos al sexo biológico de una persona y que tienen su razón de ser en el sexo de una persona, como el derecho a jubilarse y precisó que las mujeres tienen derecho a jubilarse antes que los hombres.

También, mencionó como ejemplo el delito de femicidio, en el supuesto de que existen diferentes sexos, en uno más fuerte que el otro, en el entendido de que, en general, la mujer es el sexo más débil. Incluso, sostuvo, existen diferencias respecto del sexo biológico en relación con enfermedades propias de los hombres y de las mujeres.

Dio cuenta que en la mayoría de los países que regulan el derecho a la identidad de género existe un registro confidencial, que en este caso debería llevar el Servicio de Registro Civil, que da cuenta del sexo registrado el sexo biológico de una persona, y preguntó al Ejecutivo si está dispuesto a patrocinar alguna iniciativa en esa línea.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno consideró que se trata de una indicación inadmisible y con respecto a la pregunta formulada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, respondió que no está dentro de las inquietudes del Gobierno el patrocinar un nuevo registro que mantenga este tipo de información confidencial. Detalló que el objetivo de este proyecto de ley es radicar el procedimiento de cambio de sexo y/o nombre en sede jurisdiccional y, por esta vía, garantizar los derechos de terceros y de la persona que tiene que ver con la identidad de la persona.

En conciencia, precisó, esta propuesta no está en la línea de lo plantea el Gobierno y tampoco en las ideas matrices de este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe complementó su postura e informó que, incluso, en la legislación argentina, que es inspiradora de este proyecto de ley, existe un registro de esta naturaleza.

El Asesor del Honorable Senador señor Ossandón consultó por el alcance del artículo 10 de este proyecto de ley, que dice que refiere los documentos originales de los registros oficiales, como el acta de nacimiento, a los cuales tendrán acceso sólo aquellas personas que han sido autorizadas por el titular o el por juez. Resaltó, el citado artículo contiene una suerte de registro que es confidencial, lo que en su opinión podría tratarse de una institución parecida a la plantea la indicación del Honorable Senador señor Coloma.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que el artículo de este proyecto de ley hace referencia a los documentos que hoy existen sobre la identidad de las personas y no a registro especial administrado por el Servicio de Registro Civil. Indicó que la idea es precaver los derechos de terceros, pero deberá ser parte del resultado del propio procedimiento que tiene lugar en sede jurisdiccional y no en el Servicio de Registro Civil.

La Honorable Senadora señora Pérez recordó que en la sesión pasada se discutió una indicación, también, de autoría del Honorable Senador señor Coloma, en que se proponía crear un registro especial en el Servicio de Registro Civil de las personas transexuales que obtenía el cambio de sexo, para que en el evento de que llegaran a contraer matrimonio, el contrayente tuviera acceso a dicha información.

En su opinión esto es aberrante, porque la persona transexual, que obtiene un cambio de sexo, no tiene por qué remitirse a su sexo original. Con ello, se atentaría contra su dignidad, porque se trata de un empadronamiento de los personas transgénero, por tanto, dijo, no corresponde aprobar la indicación número 18a que va en la misma línea que la 3c.

El Honorable Senador señor García consultó a qué tipo de registro hace alusión esta indicación, vale decir, si se trata de un registro que ya existe, en cuyo caso la indicación sería admisible, o si trata de uno nuevo.

Se deja constancia, por la Secretaría, que esta indicación hace referencia a la indicación 3c, en que se propone crear este registro especial, la que fue declarada inadmisible.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en la necesidad de que quede registrado en algún medio el sexo original de la persona, dado los numerosos derechos que existen en nuestra legislación asociados al sexo biológico de una persona. De lo contrario, apuntó, habría que modificar el resto de la legislación.

El Honorable Senador señor García acotó que el artículo 10 de este proyecto de ley establece que se mantendrán los registros oficiales en que se incluye el sexo original de una persona, como el acta de nacimiento, pero que sólo podrán acceder a ellos quienes cuenten con autorización expresa del titular o de una resolución judicial que así lo permita.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe puso de relieve el caso de una persona que ha obtenido un cambio de sexo y preguntó a qué edad le corresponderá jubilarse.

La Honorable Senadora señora Pérez respondió que en ese caso podrá jubilarse a la edad que corresponda al sexo que está vigente al momento de jubilarse.

La Asesora del Honorable Senador señor Quinteros, señora Sánchez, explicó que como consecuencia de la aprobación de esta ley la persona que cambia de sexo pasaría a tener los mismos derechos que cualquier persona de su nuevo sexo, ya sea hombre o mujer. Ello, en virtud de que no se está creando una tercera categoría de género.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe en relación a los derechos vinculados a la maternidad y, en particular, al fuero maternal que está prescrito para la madre, planteó el caso de una mujer que se cambió de sexo, manteniendo sus órganos sexuales femeninos y que luego tiene un hijo, siendo hombre registralmente y para todos los efectos legales.

Resaltó que este proyecto de ley se ha justificado por que es una forma de avanzar hacia la no discriminación, que involucra que la sociedad acepte, cada vez de mejor manera, la transexualidad como una realidad que viven ciertas personas y, por lo tanto, consideró que no es malo que esto quede registrado, con la confidencialidad que estime cada persona, de lo contrario, estimó, se escondería el sexo biológico de la persona, lo que no cree sea el espíritu de esta ley.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que la posibilidad de acceder a los documentos oficiales de la identidad de la persona como la partida de nacimiento, está previsto en este proyecto de ley en su artículo 10, en que se contienen los mecanismos que protegen la identidad de las personas y los derechos de terceros, que podrán acceder a esta información si lo autoriza un juez o su titular. Pero que, en ningún caso, consideró como alternativa para salvar este punto el crear un registro especial.

A modo de ejemplo, señaló que en el ámbito previsional la persona que cambió su sexo deberá atenerse al régimen normativo que regula ese sexo que tiene cuando haga valer su derecho a jubilarse.

En cuanto a los derechos vinculados a la maternidad, estimó, existe un tema distinto porque además existe una dimensión biológica, que no se soluciona con la creación de este registro especial. Acotó que no se crea un tercer sexo, porque lo que se plantea es que las personas transgénero puedan ajustar su sexo a su identidad de género.

La Honorable Senadora señora Pérez reiteró que este proyecto de ley no busca crear un tercer sexo, ya que se pretende que una persona transexual tenga las herramientas legales para adecuar su vivencia interna y emocional a lo que es su sexualidad.

Por lo tanto, en el caso planteado por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe sobre la mujer transexual que cambia su sexo a hombre y que con posterioridad se embaraza, advirtió a Sus Señorías que nuestra ley habla de los derechos de la maternidad, en términos generales, y no de la mujer embarazada propiamente tal, por lo que esa persona debiera tener derecho a gozar de todos los beneficios que conllevan la maternidad. Con todo, consideró, éstos deben ser casos bien excepcionales.

Resaltó que esta ley no busca que las personas cambien su sexo para que puedan burlar la ley cuando han sido condenados por algún delito, tampoco para que dos personas del mismo sexo biológico puedan contraer matrimonio, ya que existen algunos que creen que esta iniciativa pretende autorizar el matrimonio homosexual y reparó que eso es materia de otro proyecto de ley.

En este escenario, consideró que la propuesta de generar un registro especial para incluir a todas las personas que han cambiado su sexo registral no tiene sentido y menos cuando ese registro, según la indicación 3c, pretendía constituirse en un soporte en que consta el sexo de una persona al nacer para que sea consultado por los terceros que deseen contraer matrimonio con quienes se han acogido a esta ley y cuya antigua identidad sea desconocida por estos terceros.

Enfatizó que el crear un registro especial para transexuales es un acto discriminatorio hacia las personas que tienen una identidad de género distinta.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno insistió que para el Ejecutivo este punto está resuelto con el artículo 10 de este proyecto de ley, que permite acceder a las partidas originales de nacimiento de las personas que han obtenido un cambio de sexo con autorización de un juez o del titular.

- La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, procedió a declarar inadmisible la indicación número 18a, por cuanto incide en materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero de la Constitución Política de la República, al referirse temas propios de la administración financiera del Estado; e inciso cuarto, número 2°, de la misma norma, al establecer una nueva función para un servicio público.

La indicación número 18 b, de su Excelencia la Presidenta de la República, intercala un artículo 4°, nuevo, del tenor que sigue, adecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes:

“ARTÍCULO 4°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.”.

Se hace presente que esta misma indicación ya fue aprobada por la Comisión, a apropósito de las indicaciones números 46, 51 y 52 formuladas al artículo 5° del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, que entrega la competencia para conocer este tipo de procedimientos a los juzgados de familia, con el alcance de que la indicación del Ejecutivo readecúa su numeración y lo consulta como artículo 4°.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe sostuvo que esta indicación debe ser analizada en conjunto con la número 47a, que también se refiere a la competencia para conocer de los procedimientos de cambio de sexo.

El Honorable Senador señor Quinteros recordó que la Comisión ya aprobó radicar la competencia de estos procedimientos en los juzgados de familia, por lo que anunció su voto en contra de esta indicación.

El Asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señor Osorio, ratificó lo expuesto por el Honorable Senador señor Quinteros y complementó que en este caso el Ejecutivo busca mejorar su redacción y modificar su numeración.

Con respecto a la indicación número 47a, se manifestó contrario a su aprobación, por cuanto consideró que es preferible radicar la competencia de estos asuntos en los tribunales de familia, dada su especialidad para conocer este tipo de materias, especialmente en lo que dice relación con la protección de la reserva de la identidad de las personas que accederán a este tipo de procedimientos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que si bien no suscribió la indicación número 47a, la comparte, porque hoy los temas que se refieren a los atributos de la personalidad están radicado en los tribunales civiles y, sin duda, el género de las personas es parte de su personalidad y señaló que no tiene nada que ver con la competencia de los tribunales de familia.

Además, dio cuenta que revisó el informe que evacuó la Excelentísima Corte Suprema, en el cual se plantea que es del todo inconveniente otorgar esta materia a los jueces de familia y, entre otras razones, menciona el hecho de que la Ley de Antidiscriminación, que protege a la identidad de género se conoce en los tribunales civiles, por lo que a su juicio parece más adecuado mantener en estos tribunales el conocimiento de estos procedimientos.

Resaltó que la Comisión no puede desconocer la opinión de este Máximo Tribunal, que si bien no es vinculante, pero que debe ser tomada en cuenta.

El Honorable Senador señor Quinteros insistió en la necesidad de radicar la competencia de estos procedimientos en los jueces de familia, porque son más idóneos para conocer de estos temas, argumentó que pueden aplicar un rápido procedimiento y permiten guardar la confidencialidad que requieren estos asuntos.

La Honorable Senadora señora Pérez hizo presente que prefiere mantener el texto aprobado por la Comisión, que entrega la competencia a los juzgados de familia, teniendo a la vista que la opinión de la Excelentísima Corte Suprema es previa a la presentación de las indicaciones que permiten a los niños, niñas y adolescentes como legitimados activos pedir el cambio de sexo. De aprobarse, estas indicaciones es obvio que la competencia de estos asuntos debe quedar radicada en los tribunales de familias, porque son jueces que están habilitados para tratar con menores y no los jueces civiles.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe observó que en este caso en concreto el juez no tendrá mayores facultades para evaluar la procedencia de estas solicitudes, más aun considerando que no se exigirá al solicitante ni siquiera la presentación de informes médicos y psiquiátricos.

Con todo, consideró, en el caso de las solicitudes de niños y niñas, en que el sexo sigue siendo un atributo de la personalidad, como lo son el nombre, domicilio y otros, necesario radicar la competencia de estos asuntos en los jueces civiles, porque las características personales de cada sujetos son siempre materias civiles.

Por otra parte, expresó, no entiende el argumento de que los tribunales de familia sean más idóneos para garantizar la confidencialidad de estos procesos.

En seguida, la Honorable Senadora señora Pérez preguntó qué sucede con aquellas personas que tuvieron un matrimonio previo y termina el matrimonio, luego, uno de los ex cónyuges decide pedir un cambio de sexo registral. Las consecuencias de ese cambio de sexo tendrán efectos sobre la familia y, por lo tanto, es de toda lógica que la competencia de esta solicitud esté radicada en los jueces de familia.

Además, indicó, los jueces de familia a diferencia de los jueces civiles cuentan con apoyo de profesionales, por ejemplo del ámbito psicológico que no disponen los jueces civiles, lo que sin duda justifica que este procedimiento se radique en los tribunales de familia.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que el fallo de la Excelentísima Corte Suprema señala que este proyecto de ley no se vincula en forma alguna con los fundamentos que inspiran el derecho de familia, porque se trata de una materia que forma parte de los atributos de la personalidad.

La Asesora del Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que hoy regulan una situación especial de las personas que tienen un problema con su identidad de género, que no encuentran una respuesta en las normas vigentes. Bajo este contexto, acotó, deben responder cómo abordar orgánica y procedimentalmente esta necesidad, saliendo del esquema tradicional de que sexo sea un atributo de la personalidad, dándole dignidad a las personas transgénero.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, se manifestó conforme de que todos estén contestes de que se trata de un procedimiento que debe ser radicado en sede jurisdiccional, y lo que ahora corresponde decidir es si es conveniente que se radique en la justicia civil o en la de familia.

Dio cuenta, que para el Ejecutivo lo más apropiado sería los tribunales de familia, porque más allá de lo sustantivo y de reconocer que los atributos de la personalidad son de conocimiento de los tribunales civiles, le parece que en razón de la especialización y al hecho de que se incorpora a los menores, el instrumental de que están dotados los tribunales de familia es más pertinente que se hagan cargo en su conjunto de la dimensión que tiene este derecho.

Ello, sin perjuicio, de lo respetable que es la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, que su consulta es un trámite obligatorio para las normas que afectan a sus atribuciones. Insistió en que prefiere radicar esta materia en los tribunales de familia, más aun considerando, que ello se hace cargo de lo sustantivo y no sólo de la ubicación normativo o de la tradición jurídica, sino de las capacidades que tiene el órgano al cual se le concede esta función para abordar el ejercicio de un derecho que es complejo, porque entre otras cosas se vincula con la no discriminación.

Así, consideró, la opción de los tribunales de familia resuelve de buen modo, no sólo por la vía del procedimiento especial, sino también por las competencias de las que gozan los tribunales de familia para hacerse cargo de esta materia.

El Honorable Senador señor García indicó que le hace bastante sentido el oficio de respuesta de la Excelentísima Corte Suprema y como tal, opinó que esta materia debiera quedar radicada en los tribunales ordinarios, pero para el caso de los niños y niñas explorar una alternativa especial.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe advirtió a Su Señoría que el tema de los niños aún no se ha tratado y consultó al Ejecutivo por las ventajas de los tribunales civiles para conocer este tipo de asuntos. En su opinión, la confidencialidad, también, se puede regular en sede civil.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno destacó que éste punto no es lo esencial de este proyecto de ley y como Ejecutivo les parece importante hacerse cargo de que hoy los tribunales de familia cuentan con un mayor acervo y con mejores capacidades técnicas para abordar, entre otros aspectos, el tema de los menores.

Complementó que manejan mejor la reserva y la confidencialidad en el trato de estas materias tan sensibles, dada su especialización en temas más delicados, sin tener una visión económica o contractual de los asuntos que conoce, puesto que también se rigen por criterios más vinculados a temas valóricos, como es la familia.

Subrayó que el procedimiento será el mismo en cualquiera de los dos tribunales, pero que la diferencia está en los tipos de trato que pueden darle a las partes quienes estén a cargo de estas materias.

- En votación la indicación número 18b, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez, y señores Matta y Quinteros; y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor García.

En consecuencia, se da por rechazada la indicación número 47a con la misma votación anterior.

En la sesión siguiente, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, pidió dejar constancia en el informe que en la legislación argentina existe una norma que mantiene las actas de nacimiento originales de las personas que han obtenido un cambio de sexo.

A continuación, dio lectura el artículo 9° de ley argentina sobre identidad de género, que dice lo siguiente:

“ARTICULO 9°.- Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada.”.

ARTÍCULO 4°

La norma aprobada en general por la Sala de la Corporación establece, en tres incisos, los requisitos para ejercer el derecho a la identidad de género. Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

Toda persona podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género.

Será suficiente para fundar la solicitud con el ofrecimiento de información sumaria, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 6° de la presente ley, sin perjuicio de todo antecedente documental que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos.”.

La indicación número 19, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género o sexual.

INCISO SEGUNDO. Se podrá acreditar la identidad de género o sexual por todos los medios que franquea la ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

INCISO TERCERO. Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género o sexual y solicitar el cambio de nombre y sexo no será exigible por el Tribunal el uso de tratamientos quirúrgicos.”.

- La indicación número 19 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 19 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 4°, que ha pasado a ser artículo 5° por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”.

Cabe hacer presente que previo a la presentación de la indicación 19 a, la Comisión había aprobado las indicaciones números 20, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 39 que inciden en este artículo.

Ahora bien, la propuesta del Ejecutivo, mediante la indicación 19a, innova en los siguientes aspectos:

- En el inciso primero, agrega un nuevo texto final, para establecer que el solicitante deberá señalar en su solicitud el género y nombre que deberá aparecer en los documentos rectificados, y

- Se incorpora un inciso tercero, nuevo, que permite a las personas extranjeras rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

Asimismo, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que la indicación 19 a, está relacionada con las indicaciones números 21a, 26a, 31a, 37a y 41a, y pidió su tratamiento conjunto.

En seguida, explicó que la indicación número 21a, de su autoría, plantea que sólo podrán solicitar el cambio de sexo registral las personas mayores de edad, no casadas y sin hijos.

El Honorable Senador señor Ossandón, coincidió con la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe en que los titulares de esta solicitud deben ser personas mayores de edad y no casadas.

Por otra parte, comentó que en la ley española sobre identidad de género se exigen informes psicológicos o psiquiátricos para fundamentar la petición de cambio de sexo registral. Al respecto, señaló que este tipo de procesos debe tener un sustento médico que certifique que la persona es transgénero, con ello, apuntó, se evita que la persona se arrepienta y, a la vez, se deja en claro que no se está ante un caso de psicosis, sino de un problema real que hará a la persona asumir su nuevo sexo, sin vuelta atrás.

Insistió en que es insuficiente la sola presentación de la solicitud para que los jueces chilenos puedan evaluar la procedencia de esta petición. Al efecto, consideró que el texto que aprobado por la Comisión es bastante simple, y que se debe buscar otra solución con mayor sustento para apoyar a la persona que desea cambiar su sexo e iniciar este proceso difícil.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que de acuerdo al informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, en la legislación comparada existen dos posturas, a saber: una, referida a los países que exigen tratamientos quirúrgicos u hormonales y, otra, más flexible, como el caso de la legislación argentina en que no se pide ningún requisito para entablar esta solicitud.

Concluyó, la mayoría de los países que regulan el cambio de sexo registral tienen una legislación más ecléctica y señaló que ese es el criterio más prudente y el que se debe adoptar en nuestro país, lo cual se recoge en las nuevas indicaciones presentadas.

En esta materia, destacó que la ley española exige, al menos, dos años de disonancia entre la vivencia que tiene una persona respecto de su sexo biológico versus su sexo psicológico, y que no exista ninguna patología que sea la causante de esta disonancia.

Por otra parte, relató que algunas de las indicaciones presentadas plantean que el cambio de sexo registral debe ser una causal de término del matrimonio, sin embargo, a su juicio, sería más lógico que la persona ponga fin a su matrimonio antes de solicitar su cambio de sexo. Además, reiteró su postura respecto a que sólo puedan presentar esta petición las personas mayores de edad, dada la madurez que se requiere para asumir una decisión de esta naturaleza.

La Honorable Senadora señora Pérez señaló que las indicaciones presentadas por los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón pretenden agregar una serie de requisitos para él o la solicitante del cambio de sexo registral.

Detalló, en primer lugar, que busca que el titular de esta acción sea una persona que no esté casada, lo que consideró un acto discriminatorio y expresó que como legisladores no pueden imponer un tratamiento legal distinto al resto de las personas respecto de su situación conyugal.

Lo anterior, dijo, la traslada a épocas antiguas en que la homosexualidad de uno de los cónyuges era considerada como una causal para pedir la nulidad matrimonial, postura que considera poco adecuada para las circunstancias actuales en que se trata de una decisión absolutamente libre de ambos cónyuges, por tanto, si una persona transexual decide cambiar su sexo registral y permanecer casada con su cónyuge, por diversas razones, ya sea familiares o económicas, no tiene por qué el legislador entrar a alterar su voluntad, acotó.

En segundo lugar, reparó, se propone que sólo puedan entablar esta petición los mayores de edad, lo que también ha sido discutido latamente y es una de las razones por las que la “Fundación Transitar” desea exponer ante esta Comisión, ya que existen varios casos de niños y de jóvenes menores de edad que tienen este conflicto y se estima que mientras más temprano tomen esta decisión, sufrirán menos discriminación de parte de la sociedad.

En tercer lugar, manifestó su preocupación por el espíritu que observa en estas indicaciones, porque se da a entender que se está legislando para personas que padecen una patología y resaltó que las personas transgénero no están enfermas, sólo tienen un conflicto, cual es el haber nacido en un cuerpo equivocado. Por tanto, dijo, darle el carácter de enfermedad psiquiátrica a su vivencia y aprobar que la decisión de cambiar su sexo registral sea fundada en un informe psicológico o psiquiátrico es algo bastante traumático para ellas.

Bajo este contexto, enfatizó que la iniciativa busca darle a las personas transexuales la posibilidad de tener una vida normal, en que puedan ejercer todos los derechos y que el Estado debe respetar y resguardar como ciudadanos y ciudadanas, y, agregó, que los legisladores no pueden invadir la libertad individual que tiene cada persona de vivir la vida que desean vivir.

De aprobarse estas indicaciones, observó, una persona transexual, casada y con hijos, no podrá pedir su cambio de sexo registral. En esos términos, apuntó, esta ley no tendrá mucho sentido, porque impide que estas personas puedan asumirse tal como son.

El Honorable Senador señor Ossandón dejó en claro que estas indicaciones se fundan en un estudio que se realizó de la legislación comparada, en el que se ha constatado que la mayoría de los países exige que exista un sustento psiquiátrico o psicológico que avale que estas personas sean, efectivamente, transgénero y enfatizó que por ningún motivo se intenta tratarlos como enfermos.

Manifestó que comparte que esta ley debe ser aprobada, porque es un hecho irrefutable que las personas transgénero son discriminadas, pero ello no obsta a que su decisión deba tener un sustento médico, más aun considerando la carga de trabajo que tienen los jueces en Chile, lo que hará difícil que puedan conocer cada caso en particular con detalle.

Remarcó que no existen buenos, ni malos, ni quienes están a favor o en contra de este proyecto de ley, como se ha intentado demostrar por algunos sectores, y que todas las opiniones son respetables.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que el Ejecutivo, al presentar la indicación número 19a, busca establecer un conjunto de requisitos que deben verificarse para activar el ejercicio de este derecho, a saber: que la solicitud conste por escrito, lo que es la regla general en materia de actos no contenciosos; que exista una exposición fundada del solicitante; que exista una petición expresa de rectificar la partida de nacimiento, de cambiar el nombre y/o sexo, o sólo del sexo, si la persona modificó su nombre con anterioridad bajo el imperio de la ley vigente; que se indique el nombre y el género por el cual el solicitante desea ser conocido y aparecer en sus documentos de identificación, y los procedimientos o las medidas que deberá aplicar el juez para tales efectos.

En seguida, dio cuenta que el Gobierno no entiende el ejercicio de este derecho como parte de un fenómeno patológico. En consecuencia, subrayó, no les parece adecuada una línea que restrinja el ejercicio de este derecho. Incluso, consideró que algunas de estas indicaciones restringen las facultades del juez al exigir exámenes o peritajes psicológicos, no obstante que se trata únicamente de personas que tienen una identidad de género distinta a su sexo biológico y que asumida esta realidad la ley debe amparar el ejercicio de su derecho para que su nombre y sexo sea coincidente con su identidad de género.

Por otra parte, señaló que no les parece razonable que para poder ejercer el derecho de identidad de género, previamente, la persona tenga que invocar alguna de las causales vigentes para disolver el matrimonio, cuando ninguna de ellas será realmente la razón por la cual se pondrá término a esa relación matrimonial.

Luego, compartió lo planteado por la Honorable Senadora señora Pérez, en el sentido de que no le parece efectivo un reconocimiento de este derecho con limitaciones, como el que la persona no se encuentre casada o que no tenga hijos, ya que el ejercicio de este derecho tiene que ver con un razonamiento de orden personal y no con las circunstancias legales, ni el estado civil de las personas.

Indicó que existen otras formas para salvaguardar los derechos e intereses de terceros, que pueden corresponder a relaciones familiares o de orden patrimonial o contractual, por lo que consideró que, restringir el ejercicio de este derecho por situaciones que pueden resolverse de otro modo, no haría más que consagrar de manera imperfecta el derecho que se está intentando de regular.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que no puede dejar de comentar algunas afirmaciones que se han vertido en esta sesión. Acotó que más allá de que las personas transgénero son una realidad, quienes determinan si tienen o no una patología son los especialistas de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Psiquiatría, lo que se puede compartir o no, pero, de todas formas, se debe reconocer que se trata de instituciones internacionales de reconocida trayectoria, por lo que no se trata de una opinión arbitraria, ni antojadiza.

Señaló para que las personas transgénero puedan desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles es necesario hacer compatible su sexo biológico con su sexo psicológico, por lo que se debe avanzar en esa línea, aunque reconoció que ella no hubiera tomado este camino.

Sin perjuicio de lo anterior, expresó que la identidad de género en varias ocasiones puede verse distorsionada por otras realidades, ya que existen ciertas patologías que no tienen nada que ver con la transexualidad, y que el juez no siempre estará en condiciones de detectar la causa de este conflicto, más aun considerando que la ley que aprobó esta Comisión autoriza que el cambio de sexo sólo pueda pedirse una sola vez en la vida.

En su opinión, debe haber un criterio de temporalidad, es decir, que se demuestre que esta disonancia la ha tenido la persona por un determinado lapso de tiempo, que la habilita para pedir este cambio de sexo, ya que si después la persona se arrepiente, porque resultó tener un conflicto distinto a un trastorno de identidad de género, no podrá retractarse, porque ya hizo uso de este derecho. Lo anterior, especialmente, si se entiende a la identidad de género como un derecho y como tal debiera ser ejercido todas las veces que su titular lo estime necesario.

En el tema de los niños, manifestó su reparo, y detalló que existe un porcentaje no menor de niños que tienen un problema de identidad de género y que, posteriormente, no se cristaliza en una diferencia entre su sexo biológico y psicológico, puesto que finalmente logran empalmar su sexo con su identidad de género.

Hizo presente que resulta compleja la afirmación que por esta vía podrían superar cualquier forma de discriminación y, le llama la atención que, en países europeos, como Alemania, Italia, Bélgica, España y Reino Unido, esta ley esté enfocada sólo en personas mayores de dieciocho años. En el caso de Bélgica, expresó, se exige incluso intervenciones quirúrgicas previas al cambio de sexo registral.

Ello, en razón de que los niños aún no tienen desarrollada sus características sexuales secundarias, las que se comienzan a desarrollan a partir de los trece o catorce años, por lo que aún no se les puede tratar con hormonas y menos realizar una intervención quirúrgica, por lo que consideró de toda lógica que no sean incluidos en esta ley. Al efecto, señaló que siguiendo el ejemplo de los países europeos más desarrollados sería más conveniente esperar que el menor, al menos, se haya desarrollado psicológicamente.

Aclaró que la exclusión de los niños, no implica que Chile tendrá una legislación retrógrada e insistió en que no es correcto pensar que los niños transgénero terminarán sus problemas por solicitar el cambio de su sexo registral, ya que es probable que tengan otros conflictos. Afirmó que es complejo experimentar con nuestros niños y que se debe tener en cuenta la experiencia de otros países.

El Honorable Senador señor Matta estimó que la indicación del Ejecutivo mejora sustancialmente lo aprobado por la Comisión en el mes de noviembre pasado, manteniendo los temas de fondo. De esta manera, manifestó su apoyo a la indicación número 19a sobre la base que enriquece el texto legal.

Asimismo, indicó que no está de acuerdo con ningún tipo de restricción o fórmulas para el ejercicio del derecho que desarrolla este proyecto de ley, y pidió poner en votación la indicación número 19a.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó al señor Ministro por el alcance de las expresiones “solicitud fundada”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, antes de responder la consulta formulada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, se hizo cargo de algunos planteamientos que se han hecho presentes en esta discusión.

Al efecto, indicó que el Ejecutivo incluyó tres normas especiales para el caso de niños, niñas y adolescentes, de manera tal que con ocasión del estudio de la respectiva indicación, se podrá realizar el debate que corresponda para tratar el caso de los menores de edad. Con todo, asumió que se trata de un tema complejo, que tiene diversas miradas y que han intentado buscar una fórmula que propone un tratamiento legal distinto para el caso de los mayores de edad.

De partida, apuntó, se les permite pedir una segunda rectificación de su sexo registral, asumiendo que su desarrollo emocional aún está en curso, pero haciéndose cargo de su realidad, ya que es un hecho que hoy existen varios casos de niños, que han sido dados a conocer por los medios de comunicación, que sufren por no tener la posibilidad de ejercer este derecho.

Expresó que, en el caso de los mayores de edad, cuando ejerzan el derecho que consagra este proyecto de ley, deben hacerlo por medio de una decisión fundada, sólida y definitiva, puesto que la rectificación sólo podrán pedirla por una sola vez.

Sin perjuicio de lo anterior, no corresponde al juez solicitar el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o tratamientos quirúrgicos como condición para acceder a la solicitud de cambio de sexo, ya que existe una reflexión personal previa, antes de pedir esta solicitud. Al efecto, estimó que aquí se está ante un proceso de discernimiento personal.

Respecto de la consulta de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, respondió que proponen que el solicitante debe proveer al juez de la mayor cantidad de antecedentes posibles y como tal le han dado al titular amplias facultades para que acompañe todos los antecedentes que estime pertinentes, porque desean que sea un procedimiento, que sin perjuicio de su reserva o privacidad, le permita al juez tener todos los elementos para dictar su sentencia,

En definitiva, resaltó, quieren que este procedimiento se radique en sede jurisdiccional y no ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, para así otorgarle a esta rectificación el efecto erga omnes que tiene toda resolución que emana de un tribunal de justicia, pero ello, reparó, no significa entregarle al juez la capacidad para decidir respecto de la petición de ejercer el derecho.

El Honorable Senador señor Ossandón observó que de los dichos del señor Ministro se aprecia una contradicción absoluta y por ello, preguntó por qué no se deja este procedimiento en manos del Servicio de Registro Civil e Identificación, ya que en la propuesta del Ejecutivo la actuación del juez se limita recibir una solicitud fundada, sin poder decidir sobre el fondo del asunto, lo que parece una contradicción vital en lo que se está planteando.

Por otro lado, expresó que se habla de autonomía de la personas, pero, reparó por el tipo de autonomía que puede tener un niño y resaltó el papel de los padres en ello. Reconoció que existe el problema, no obstante considerar que es mejor esperar que el menor madure y, en el intertanto, apoyarlo en este proceso.

Por todo lo anterior, refirió que en sus indicaciones se plantea la exigencia de informes psicológicos o psiquiátricos para apoyar al juez en la decisión que tomará. En esta misma línea, alertó a Sus Señorías de los inconvenientes que se podrían generar de aprobar una norma de este tipo, en que el juez no tendrá mayores atribuciones sobre los asuntos sometido bajo la esfera de su competencia.

Por ello, insistió, en la conveniencia de aprobar un procedimiento más simple ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, para no exponer públicamente a las personas transgénero, porque a pesar de que se regule su confidencialidad siempre se sabrá que se han sometido a este proceso por alguna vía.

Por último, relató que hace unos días recibió a una persona que trabajaba en la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de esta Región, que en el mes de enero decidió empezar a vestirse como mujer, motivo por el cual fue despedida por este Gobierno. Hizo presente la necesidad de apoyo que requieren para enfrentar este tremendo cambio y que, dado que se trata de un proceso de años de reflexión, no sería adecuado extenderlo a los menores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno pidió a Su Señoría que le remita todos los antecedentes del caso, porque un asunto de esta naturaleza amerita un sumario y la aplicación de todas las sanciones y las medidas que corresponda y, a nombre del Gobierno, afirmó, no comparte un acto de esa naturaleza.

Luego, indicó que la razón por la cual decidieron radicar este procedimiento en sede jurisdiccional, se debe a que les interesa que la resolución que decida sobre esta solicitud tenga efecto erga omnes y la fuerza de una sentencia judicial.

En el caso de los mayores de edad, acotó que siempre apoyaron que la actividad del juez deba limitarse a conocer los antecedentes, acoger la solicitud y verificar que se cumplan con los requisitos de forma previstos en la ley.

Con la misma claridad, indicó, respecto de los niños y adolescentes se propone un procedimiento distinto, contenido en la indicación número 95, en que se consagran diferencias en su tratamiento, un rol distinto del juez y de los padres, incluso se incluye la figura del curador ad litem, por estimar que, en este caso, existen otras consideraciones a tener presente.

Además, subrayó, se altera la norma general que consagra que este derecho se puede ejercer por una sola vez, permitiendo a los menores a ejercerlo en dos ocasiones, una de ellas después de adquirir la mayoría de edad, porque entienden que el proceso de los niños requiere de un tratamiento distinto, con lo cual se hacen cargo de esta diferenciación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe indicó que la única diferencia que detectó en su tratamiento, es la que se refiere a la posibilidad de ejercer por más de una vez este derecho, ya que tampoco para el caso de los menores de edad, se exige la opinión de un médico especialista, ni se abren a investigar si se trata de otro tipo de conflicto o problema que tenga el menor.

Resaltó que la personalidad humana es extremadamente compleja, por lo que cree que si una persona tiene una disociación entre su sexo biológico y su identidad hay que entregarle todas las herramientas para adaptarse, y también abrirse a que esta disociación pueda deberse a otras circunstancias. Expresó que en la indicación del Ejecutivo, el juez no estaría capacitado para determinar lo que genera esta diferencia, en el sentido de si es una psicosis o un problema de identidad de género.

En estos casos, reparó, el juez no podrá pedir informes médicos, a pesar de que tenga la sospecha de que ese niño tiene un cuadro distinto a un conflicto de identidad de género. Además, señaló que esta indicación podría incentivar a que los padres adelanten este proceso, sin avalar su decisión en un informe psicológico o psiquiátrico.

Consignó que, dada la escasa experiencia clínica, sería conveniente revisar las experiencias que han tenido mayor éxito para poder darle una mejor una calidad de vida a las personas transgénero y destacó que países como Bélgica, España o Alemania tengan leyes sobre el derecho a la identidad de género, en que exigen una serie de requisitos para los mayores de dieciocho años, y, sin embargo, en Chile, que no se tiene experiencia en el tema, se propone aprobar una ley que extiende este derecho a los menores de edad, sin exigir un certificado o informe médico, y estimó que no parece prudente para una sociedad como la nuestra.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno se mostró dispuesto a analizar la situación de los niños y niñas en detalle al momento de estudiar la indicación número 95 y expresó su disposición a escuchar nuevas propuestas que puedan contribuir a mejorar el presente proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo notar a Sus Señorías que si se aprueba la indicación número 19a, tácitamente se estaría autorizando el cambio de sexo para los menores de edad, ya que en este artículo, en que se votan los requisitos para el ejercicio del derecho de identidad de género, no se establece que los titulares de este derecho son las personas mayores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno discrepó de lo planteado por Su Señoría y señaló que en el texto aprobado para el artículo 3°, se establece expresamente que el ejercicio de este derecho en el caso de niños, niñas y adolescentes se regulará por lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de esta ley, y no en el artículo 5°.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que su afirmación se funda en que al aprobar la indicación número 19a se inhiben de considerar otros requisitos para ejercer este derecho, tales como que su titular sea una persona mayor de dieciocho años, soltera y sin hijos, porque la citada indicación propone una fórmula abierta. En particular, dijo que si se hubiera aprobado la exigencia de la mayoría de edad automáticamente quedarían fuera los menores de edad.

- En votación la indicación número 19a, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y por la negativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso primero

La indicación número 20, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo sustituye por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley.”.

- La indicación número 20 fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 21, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, lo reemplaza por el siguiente:

“Toda persona cuyo nacimiento esté inscrito en Chile, podrá solicitar por escrito, ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5° y exponiendo fundadamente los antecedentes que justifican su petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada en virtud de la presente ley cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley.”.

- La Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora retiró la indicación número 21, de su autoría.

La indicación número 21a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

- La indicación número 21a fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Por el rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros y por su aprobación, los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 22, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, intercala luego de la palabra “persona”, la frase “cuyo nacimiento esté inscrito en Chile”.

- La indicación número 22 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votan por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, la Comisión aprobó la indicación número 19a, quedando en consecuencia rechazada la indicación número 22.

La indicación número 23, del Honorable Senador señor Ossandón, intercala la frase “mayor de edad, no casada”, luego de la palabra “persona”.

- La indicación número 23 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 24, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala la frase “mayor de edad, no casada y sin hijos”, luego de la palabra “persona”.

- La indicación número 24 rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 25, de la Honorable Senadora señora Allende, agrega la frase “mayor de edad” entre las palabras: persona y podrá. Quedando en definitiva: “Toda persona mayor de edad, podrá solicitar por escrito…”.

- Esta indicación fue retirada por la Honorable Senadora señor Allende, en su calidad de autora.

La indicación número 26, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de las palabras “Toda persona” la siguiente frase “chilena o con residencia permanente en Chile”.

- La indicación número 26 rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 26a, del Honorable Senador señor Ossandón, propone intercalar en el inciso primero, a continuación de la expresión “Toda persona” la frase siguiente: “que hubiere alcanzado la mayoría de edad y no se encontrare casada”.

- La indicación número 26a fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Por el rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros y por su aprobación, los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 27, del Honorable Senador señor Letelier, incorpora luego de la voz “escrito”, la expresión “ante el tribunal competente al que se refiere el artículo 5°”.

- La indicación número 27 fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 28, del Honorable Senador señor Ossandón, elimina las frases “, el cambio de sexo” y “sexo y”.

- La indicación número 28 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, por la negativa votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y por la afirmativa el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 29, del Honorable Senador señor Girardi, agrega, luego de la frase “el cambio de sexo” lo siguiente “y/o”.

- La indicación número 29 rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, dado que la Comisión aprobó la indicación número 19a, se dio por aprobada la indicación número 29.

La indicación número 30, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega a continuación de la expresión “identidad de género”, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la presente ley”.

La indicación número 31, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “identidad de género” y antes del punto aparte (.) la siguiente frase “en organismos públicos o privados.”

- Las indicaciones números 30 y 31 fueron aprobadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. A favor votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, la Comisión aprobó la indicación número 19a, por lo que se da por rechazadas las indicaciones números 30 y 31.

La indicación número 31a, del Honorable Senador señor Ossandón, agrega al final del inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:

“Para este efecto, la persona deberá acompañar un informe suscrito por un médico psiquiatra o psicólogo clínico que acredite, en primer lugar, la disonancia entre el sexo biológico y su identidad de género; en segundo lugar, la circunstancia de haber persistido esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y respaldada mediante prueba documental donde conste la fecha de inicio del seguimiento médico; y en tercer lugar, la ausencia de trastornos de personalidad que pudieren influir, de manera determinante, en la existencia de la disonancia entre el sexo biológico y la identidad de género del solicitante.”.

- La indicación número 31a fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 32, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, incorpora la siguiente frase luego del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.):

“Para ello será necesario que la persona acredite:

1. Que le ha sido diagnosticado transexualismo, el cual consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como una persona del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo biológico propio y de deseos de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido.

2. Que dicha identidad se encuentre presente constantemente por al menos durante dos años.

3. Que dicha identidad no sea síntoma de otro trastorno mental.”.

- La indicación número 32 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Inciso segundo

La indicación número 33, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe; la indicación número 34, del Honorable Senador señor Letelier; la indicación número 35, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, y la indicación número 36, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo eliminan.

- En votación las indicaciones números 33, 34, 35 y 36 se produjo el siguiente resultado, por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señor Quinteros y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Matta y Ossandón. En virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado se procedió a repetir la votación, dado que las abstenciones incidían en el resultado.

En segunda votación, los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Ossandón y Quinteros votaron por su aprobación, y el Honorable Senador señor Matta mantuvo su abstención. En consecuencia, las indicaciones números 33, 34, 35 y 36 fueron aprobadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión por tres votos a favor y una abstención.

La indicación número 37, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“Se hará lugar al cambio registral de la mención del nombre, toda vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informes de dos médicos especialistas, los cuales deberán hacer referencia a la existencia de disonancia entre el sexo y la identidad de género del solicitante, así como la estabilidad y persistencia de ésta por al menos dos años.

b) Ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia señalada en la letra a).”.

En concordancia con la aprobación de las indicaciones números 33, 34, 35 y 36 que suprimen el inciso segundo del artículo 4°, la indicación número 37 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Ossandón y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

La indicación número 37a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de dos médicos especialistas que acrediten que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar.”.

- En votación la indicación número 37a. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta y Quinteros; a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Pérez.

Dado que la abstención incide en el resultado, se procedió a repetir la votación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado. Repetida la votación, la indicación número 37 a, resultó rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 38, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, reemplaza la frase “Será suficiente para fundar la solicitud con” por “Para fundar la solicitud, será suficiente el certificado otorgado por un psiquiatra o psicólogo que acredite la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la decisión adoptada por el o la solicitante y”.

- En concordancia con la aprobación de las indicaciones números 33, 34, 35 y 36 que suprimen el inciso segundo del artículo 4°, la indicación número 38 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Ossandón y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

Inciso tercero

La indicación número 39, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agrega el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las disposiciones sobre comparendo de la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”

- La indicación número 39 fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 40, del Honorable Senador señor Ossandón, lo suprime.

- La indicación número 40 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 41, del Honorable Senador señor Letelier, lo reemplaza por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo, no será exigible por el Tribunal ningún tipo de intervención quirúrgica de parte de él o la solicitante.”.

- La indicación número 41 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 41a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“Se deja especialmente establecido que para acreditar la identidad de género y solicitar el cambio de nombre y sexo registral no será exigible por el Tribunal el uso de medios farmacológicos o de tratamientos quirúrgicos”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que esta indicación no es lo mismo que lo planteado por el inciso segundo del artículo 5° de la indicación número 19a, por lo que debe ser rechazada.

- La indicación número 41a fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. En contra votaron, los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Girardi, agrega, luego de la frase “no será exigible por el Tribunal” la siguiente oración “organismo competente, y en caso de ser menor de 18 años en tribunal de familia,”.

La indicación número 43, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, elimina la frase “de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o”.

La indicación número 44, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “tratamientos quirúrgicos.” la siguiente oración “Asimismo no se solicitará ningún otro requisito de carácter legal o civil.”.

- Las indicaciones números 42, 43 y 44 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Antes de iniciar el estudio de la próxima indicación, el Honorable Senador señor Ossandón pidió dejar constancia que no tiene ningún problema de que ingresen a la sesión todas las personas que lo soliciten, pero hizo notar que le parece de muy poca educación que quienes ingresan, como asesores de algunos señores Parlamentarios, se dediquen a twitear y a insultar por las redes sociales a los integrantes de esta Comisión.

Enfatizó que el hecho de opinar distinto no necesariamente significa estar ante un enemigo y, justamente, estas personas, que son las que más reclaman ser discriminadas, han sido extremadamente violentas en las redes sociales. Resaltó que todos tienen derecho a pensar distinto, y que ello no significa discriminar al otro.

ARTÍCULO 5°

El texto del artículo 5° aprobado en general por el Senado es el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

La indicación número 44a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, lo elimina.

En seguida, el señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación sólo plantea un cambio formal de numeración del articulado.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que votará en contra para mantener la coherencia con la votación que ha tenido en todo este proyecto de ley.

- La indicación número 44a fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Ossandón y Quinteros, y por su rechazo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 45, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Letras en lo Civil del domicilio de él o la solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”.

- La indicación número 45 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad su autor.

La indicación número 46, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. TRIBUNAL COMPETENTE. Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del domicilio del peticionario.”.

La Honorable Senadora señora Pérez explicó que esta indicación reconoce la identidad de género a los menores de edad, lo que justifica que esta solicitud quede radicada en los tribunales de familia.

Cabe hacer presente que esta indicación quedó subsumida en la indicación número 18b del Ejecutivo, que fue aprobada como artículo 4°.

- La indicación número 46 fue aprobada con modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 47, del Honorable Senador señor Girardi, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DEL ORGANISMO COMPETENTE.

Será competente de tramitar esta solicitud el servicio de Registro Civil e Identificación del domicilio de la persona solicitante, y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.

Toda persona de nacionalidad chilena y extranjeras (QUE OBTENGAN LA NACIONALIDAD CHILENA) con residencia permanente en Chile, mayor de edad, podrá solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo en la partida de nacimiento. Para las personas extranjeras con residencia permanente en Chile, sólo se rectificará el sexo y/o nombre en la cédula de identidad chilena.

Para ello la solicitud de rectificación podría incluir la elección de nuevos nombres conforme a los deseos de la persona solicitante.

La solicitud de rectificación deberá presentarse ante el oficial civil competente, en la circunscripción que corresponda al domicilio de la persona solicitante y se tramitará por vía administrativa, para mayores de 18 años, no siendo necesaria sentencia judicial de ninguna clase para proceder a dicha rectificación, ni publicación anterior y posterior alguna para que ésta produzca efectos.

El trámite se hará en el Servicio de Registro Civil e Identificación a costa de la persona interesada con un valor de 0,1 UTM, pagados por una única vez cubriendo todo el trámite.

El trámite tendrá una duración máxima de 45 días hábiles y se completará con la rectificación de la partida de Nacimiento en todos los registros.

La persona solicitante deberá pedir en la misma solicitud la expedición de una nueva cédula de identidad que refleje la rectificación solicitada, la que será expedida y entregada a la persona solicitante una vez practicada la rectificación.

El Registro Civil e Identificación realizará las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para la persona solicitante y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y/o nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; y todos los organismos públicos que requieran de su intervención.

A partir de ese momento, la persona solicitante sólo podrá usar, en todas sus actuaciones, su nuevo sexo y/o nombre.”.

- La indicación número 47 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 47a, del Honorable Senador señor Coloma, lo reemplaza por el siguiente:

“La competencia para conocer de la gestión voluntaria que establece en esta ley será exclusivamente de los Tribunales Ordinarios de Justicia, mediante el procedimiento especial establecido para ello.”

- La indicación número 47a fue rechazada como consecuencia de la aprobación de la indicación número 18b. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 48, del Honorable Senador señor Girardi, elimina la siguiente frase “para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley el Juez de Familia del”.

- La indicación número 48 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 49, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 50, del Honorable Senador señor Ossandón, reemplazan la frase “Juez de Familia” por la frase “Juez de Letras en lo Civil”.

- Las indicaciones números 49 y 50 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y por su aprobación votó el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 51, del Honorable Senador señor Girardi, elimina el texto “y el procedimiento se sujetará a lo que dispone la presente ley.”

La indicación número 52, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega luego de la expresión “la presente ley”, la segunda vez que aparece, lo siguiente: “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°”.

- Las indicaciones números 51 y 52, fueron aprobadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, la Comisión aprobó la indicación número 19a, por lo que se dan por rechazadas las indicaciones números 51 y 52 con la siguiente votación. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Ossandón.

ARTÍCULO 6°

El artículo 6° aprobado en general por el Senado establece el procedimiento para la tramitación de la solicitud de cambio de sexo. Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y fundarse en una de las dos causales siguientes.

a) Existencia de un perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante.

b) Existencia de una causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante.

Si no hubiere oposición, el juez procederá con conocimiento de causa, previa información sumaria, que acredite que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad de género que no coincide con su sexo registral.

Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental y en cuaderno separado.

Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

La indicación número 53, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza el título del artículo por el siguiente “DE LOS EFECTOS DEL TRÁMITE.”.

- La indicación número 53 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 54, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. Recibida la solicitud, el Juez ordenará que se publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

INCISO SEGUNDO. Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del aviso, cualquiera podrá oponerse a la solicitud.

INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.

INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el Juez procederá a declarar, previa acreditación de los elementos del artículo 2 de la presente ley, que la Identidad Sexual de él o la solicitante no coincide con su sexo registrado.

INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará en forma incidental.

INCISO SEXTO. Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

- La indicación número 54 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 55, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

INCISO PRIMERO. El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

INCISO SEGUNDO. El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

INCISO TERCERO. En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

- En votación, la indicación número 55, votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señor Quinteros, se abstuvo el Honorable Senador señor Matta, y en contra el Honorable Senador señor Ossandón.

Repetida la votación, en conformidad con el artículo 178 del Reglamento del Senado, se registró el mismo resultado, por consiguiente, quedó aprobada la indicación número 55 al considerarse la abstención como favorable a los votos de la mayoría.

Dado que, la Comisión aprobó las indicaciones números 67 y 71, que incluyen el concepto de fraude de ley en el artículo 6°, la indicación número 55 fue aprobada con modificaciones.

La indicación número 56, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, lo sustituye por el siguiente:

“ARTICULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

La Honorable Senadora señor Pérez hizo presente a Sus Señorías que esta indicación está subsumida en la indicación número 55, por ser prácticamente igual a la anterior.

- La Comisión aprobó con modificaciones la indicación número 56 con la misma votación anterior, por considerar que está subsumida en la indicación número 55.

Con posterioridad, Su Excelencia la Presidenta de la República presentó la indicación número 54a que reemplaza el actual artículo 6°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DEL PROCEDIMIENTO.

Recibida la solicitud, y verificado el cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en el artículo 5°, el juez declarará su admisibilidad y citará al o la solicitante a una audiencia, la que deberá sustanciarse dentro de los 15 días siguientes a dicha resolución. A esta audiencia concurrirá el o la solicitante, personalmente, quien deberá ratificar lo expuesto en la solicitud y sus fundamentos. El juez procederá al análisis de los antecedentes y concederá en ella la cuestión sometida a su conocimiento.

En contra de la solicitud de la que trata la presente ley, no será admitida oposición alguna de terceros, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7°, respecto de la solicitud presentada por el niño, niña o adolescente.

Los procedimientos regulados en esta ley tendrán un plazo máximo de seis meses, contados desde la presentación de la solicitud.

En lo no contemplado en esta ley, serán aplicables supletoriamente las normas de los procedimientos no contenciosos en materia de familia del párrafo tercero, del título IV de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, siempre que no sean incompatibles con la esencia del ejercicio del derecho a la identidad de género.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe pidió votación separada para cada inciso.

En cuanto al texto del inciso primero, manifestó su preocupación por la expresión “concederá” que se incluye en su oración final, por considerar que es propio de la competencia de los jueces el conocer, resolver y juzgar los asuntos sometidos a su competencia, y no conceder una solicitud.

La Honorable Senadora señora Pérez aclaró que en el nuevo artículo 6° se establece el procedimiento al cual se sujetará el ejercicio de esta solicitud ante los tribunales de familia. El juez, en primer lugar, debe declarar la admisibilidad de la presentación, luego citar a una audiencia al solicitante, en la cual debe acompañar todos los antecedentes que considere necesarios para justificar su solicitud.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia explicó que la indicación número 54a propone un procedimiento especial radicado en los tribunales de familia, porque les interesa el efecto erga omnes que producen las resoluciones judiciales. Acotó que no se trata de un asunto contencioso y, en consecuencia, es un procedimiento especialísimo, que busca el respeto de la dignidad de las personas que ejercen este derecho. Por ello, verificados los requisitos por el juez, éste debe conceder la solicitud, puesto que no se trata de un asunto sometido a su consideración en el que debe determinar si procede o no.

El Honorable Senador señor Ossandón estimó que si la intervención del juez se limita a verificar los requisitos de procedencia para el ejercicio de este derecho, no tiene sentido radicar esta solicitud en los tribunales de justicia, ya que perfectamente podría tratarse de un trámite meramente administrativo en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Honorable Senador señor Quinteros precisó que el inciso primero establece que el juez concederá la petición siempre que se cumplan con los requisitos para el ejercicio de este derecho, por tanto, si no se cumplen, deberá rechazar la solicitud.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe enfatizó que es propio del juez resolver el fondo de los asuntos de acuerdo a los antecedentes que disponga, y que para ello requiere de peticiones fundadas, por tanto, si está ante una solicitud que no es fundada deberá, necesariamente, rechazarla. Pero, observa, de acuerdo al tenor de este texto, que se le quita esta facultad al juez, lo que estimó extremadamente grave, ya que es de la esencia de los jueces el conocer, juzgar y resolver los asuntos sometidos a su competencia, sean contenciosos o no contenciosos, en base a todos los antecedentes de que dispongan.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que en este procedimiento el juez verificará la existencia de ciertos requisitos y que una vez constatados declarará la admisibilidad de la presentación, citando al peticionario a una audiencia en que deberá ratificar lo solicitado y sus fundamentos. Con ello, el juez procederá al análisis de los antecedentes y concederá la cuestión sometida a su conocimiento.

Resaltó que con este procedimiento no se está cercenando ninguna atribución del poder judicial, ni de ningún tribunal de justicia.

Reconoció que en algún momento se planteó radicar este trámite en el Servicio de Registro Civil e Identificación, pero que la opción del Ejecutivo fue mantenerlo en los tribunales de familia, porque les interesa que no sea una resolución meramente administrativa, que pueda entrar en colisión con otras resoluciones.

Al efecto, subrayó que prefieren el efecto de una sentencia judicial, que es inoponible a terceros de pleno derecho, y que goza de fuerza vinculante y de cosa juzgada, para que el derecho sea reconocido como tal por todos y para todos los efectos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que el inciso final que propone esta indicación hace referencia a los actos judiciales no contenciosos regulados en el Título IV de la ley N° 19.968. Informó que esta norma señala que la solicitud será presentada por escrito y que el juez podrá resolverla de plano, a menos que considere necesario oír a un interesado, y que en este caso citará a una audiencia en la que se deberán acompañar todos los antecedentes necesarios para resolver el asunto. En sintonía con lo anterior, puso de relieve que la propia ley a la cual esta norma hace referencia dice que el juez resolverá el asunto y no utiliza la expresión “concederá” la cuestión.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que, finalmente, el juez siempre dictará su resolución sobre la base de la verificación de los requisitos que exige la ley, eso sí que sin hacer una valoración personal de dichos requisitos. Aclaró que las normas del Título IV de la ley N° 19.968 son normas de carácter supletorias al procedimiento que propone esta indicación, y que éstas se aplicarán siempre que no sean incompatibles con la esencia del ejercicio del derecho a la identidad de género.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe luego de manifestar que votará en contra de esta indicación, hizo reserva de constitucionalidad, por considerar que vulnera el artículo 76 de la Carta Fundamental, en particular, al atentar contra las facultades de los tribunales de justicia de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, por cuanto se le cercena al Tribunal una de las facultades esenciales de la jurisdicción que es de resolver, de acuerdo a los motivos ya expuestos.

- En votación el inciso primero de la indicación número 54a. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, quedando rechazado el inciso primero en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado.

Con respecto al inciso segundo, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe pidió excluir el tema de los niños y niñas de este debate, a fin de postergar su discusión y abordarlo durante el estudio de las indicaciones que tratan esta materia.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que prefiere votar el inciso segundo de la indicación número 54a en los mismos términos en que está propuesto.

- En votación el inciso segundo de la indicación número 54a. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, quedando rechazado el inciso segundo en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado.

- En votación el inciso tercero de la indicación número 54a. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, quedando rechazado el inciso tercero en conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado.

- En votación el inciso cuarto de la indicación número 54a fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Ossandón y Quinteros, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente que la aprobación del inciso final del artículo 6°, propuesto por la indicación número 54a, podría resultar incoherente, por cuanto se trata de una norma supletoria para un procedimiento que ya fue rechazado, por tanto, dijo, no le parece adecuado mantener su texto.

En la sesión siguiente, a fin de privilegiar la coherencia de esta norma, se planteó la necesidad de definir entre el inciso final aprobado a propósito de la indicación número 54ª, y el inciso primero de las indicaciones números 55 y 56, puesto que ambos hacen referencia al procedimiento no contencioso regulado en el artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que las indicaciones números 55 y 56 establecen la aplicación del procedimiento no contencioso de la ley N° 19.968 como regla general y la indicación número 54a permite la aplicación de este procedimiento sólo en forma supletoria al proceso que contempla la indicación número 54a, el cual fue rechazado en la sesión pasada.

- La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe y señores Ossandón y Quinteros, votó por mantener el texto propuesto como inciso primero de las indicaciones números 55 y 56, y, en consecuencia, rechazar el inciso cuarto de la indicación número 54a.

Ante el rechazo de la indicación 54a, la Honorable Senadora señora Pérez consultó por el texto que quedará para el artículo 6°.

Se hizo presente que se mantiene el texto propuesto por las indicaciones números 55 y 56 para el artículo 6°, que fue aprobado por la Comisión en el mes de noviembre del año pasado.

Inciso primero

La indicación número 57, del Honorable Senador señor Girardi, propone eliminar los términos “Recibida la solicitud, el Juez”.

La indicación número 58, del Honorable Senador señor Girardi, suprime el texto “publique, por una sola vez, un extracto en el Diario Oficial de los días 1° o 15, o al día hábil siguiente si este no se publicara en las citadas fechas. Dicho extracto será redactado por el Tribunal y deberá contener la individualización del o la solicitante, la indicación de que se solicita la rectificación de la partida de nacimiento en cuanto a cambiar de sexo y nombre, la fecha en que dicha solicitud se ha efectuado, y la indicación expresa de que dicha diligencia se realiza de conformidad con las disposiciones de la presente ley.”.

La indicación número 59, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza en la primera línea el texto original por “El o la directora del Registro Civil e Identificación” siguiendo la frase “ordenará que…”.

La indicación número 60, del Honorable Senador señor Girardi, incorpora luego de la frase “…las rectificaciones;” la frase “que proceda a emitir un nuevo registro para el reconocimiento de la identidad de la persona solicitante; y que se informe” seguido por los términos “en el plazo de…”.

La indicación número 61, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “nacimiento de” la frase “la persona solicitante” seguido de los términos “, a fin de que realice”.

- Las indicaciones números 57, 58, 59, 60 y 61 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 62, del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminar la frase “sexo y”.

- La indicación número 62 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 62a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala entre la palabra “sexo” y la conjunción “y”, la voz “registral”.

- La indicación número 62a fue retirada por su autora.

La indicación número 63, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “cambio de sexo” los términos “y/o” siguiendo la frase “nombre al Servicio Electoral…”.

- La indicación número 63 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 64, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “…Tesorería General de la República” el siguiente texto “y todos los organismos públicos que requieran de su intervención”, finalizando con un punto a parte.

La Honorable Senadora señora Pérez se manifestó conforme con esta indicación, pero dado que en el texto para el artículo 6° no aparece ninguna referencia a la Tesorería General de la República, planteó en qué lugar correspondería incluir la frase “y todos los organismos públicos competentes”.

Con posterioridad, el Ejecutivo presentó la indicación número 98, que incorpora esta referencia.

- En consecuencia, la indicación número 64 se aprobó con modificaciones, al aprobarse la indicación número 98, con la siguiente votación. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso segundo

La indicación número 65, del Honorable Senador señor Girardi, lo elimina.

- La indicación número 65 fue aprobada, como consecuencia de la aprobación de las indicaciones números 55 y 56, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 66, de la Honorable Senadora señora Allende, cambia la palabra “aviso” por la palabra “extracto”, y agrega la frase: “persona con interés legítimo”. Quedando en definitiva lo siguiente: “Dentro del plazo de quince días corridos contados desde la publicación del extracto, cualquiera persona con interés legítimo podrá oponerse a la solicitud”.

- La indicación número 66 fue retirada por la Honorable Senadora señora Allende en su calidad de autora.

La indicación número 67, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, incorpora a continuación de la palabra solicitud, lo siguiente: “en el caso de que exista fraude de ley. Se entenderá que existe fraude de ley cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el solo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género”.

La Comisión acordó incluir como inciso segundo del artículo 6° aprobado con ocasión de la indicación número 55, un texto que integre las indicaciones números 67 y 71, al

- En consecuencia, las indicaciones números 67 y 71 fueros aprobadas, con modificaciones, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con posterioridad, el señor Ministro Secretario General de Gobierno consultó si esto sería una causal de oposición al ejercicio de este derecho y de ser así podría contraponerse a otras normas de esta ley. Al efecto, consideró que ésta es una norma incompatible con el procedimiento que presentó el Ejecutivo, que establece que no será admitida oposición alguna de terceros.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe le respondió que el procedimiento propuesto por la indicación del Ejecutivo fue rechazado.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno anunció que el Ejecutivo repondrá la indicación número 54a en la Sala, e insistió en que el texto propone una causal de oposición, que no es compatible con lo planteado por el Gobierno y resaltó que la opinión del Ejecutivo es contraria a este texto.

La Honorable Senadora señora Pérez recordó que el texto original de esta iniciativa contó con el apoyo de la señora Ministra de Justicia del Gobierno anterior y que nunca hubo una diferencia respecto de esta indicación. Agregó que radicar el conocimiento de este tipo de materias en los tribunales de familia permite a las personas ejercer su derecho y, a la vez, oponerse cuando el derecho pretendido no busca el bienestar de la persona, sino defraudar a la ley para ocultar un delito.

La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Ossandón y Quinteros, aprobó el siguiente inciso segundo para artículo 6° aprobado:

“En caso de que exista fraude de ley, esto es, cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 4° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el sólo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género, deberán acompañarse los antecedentes documentales que acrediten el fraude invocado.”.

Inciso tercero

La indicación número 68, del Honorable Senador señor Girardi, lo elimina.

La indicación número 68 fue aprobada, como consecuencia de la aprobación de las indicaciones números 55 y 56, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. A favor votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 69, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“INCISO TERCERO. La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser suficientemente fundada.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó la necesidad de fundar la petición y refirió al caso de una persona que solicita el cambio de sexo teniendo una psicosis u otra patología psiquiátrica, lo que es sospechado por el juez que conoce la solicitud de cambio de sexo; sin embargo, según lo aprobado por esta Comisión, el juez se verá imposibilitado de pedir un peritaje psiquiátrico.

Manifestó que cree firmemente que existen personas que requieren del cambio de sexo registral, pero observó que, en general, el ser humano tiene capacidad para aceptarse, adaptarse y para vivir de acuerdo a lo que es. Expresó que en psiquiatría la persona que tiene una disconformidad con lo que es, se entiende que padece una disforia de género. Informó que existen personas que nunca lo superan y que respecto de ellas, es válido solicitar el cambio de su sexo registral.

- La indicación número 69 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez, Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 70, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“La oposición deberá formularse por escrito ante el mismo Tribunal y ser fundada.”.

- La indicación número 70 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 71, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, reemplaza, en el encabezamiento, la frase “y fundarse en una de las dos causales siguientes” por “y acompañarse de los antecedentes documentales que acrediten el fraude de ley invocado”.

- De acuerdo con lo aprobado por la Comisión, a propósito de la indicación número 67, la indicación número 71 fue aprobada, con modificaciones, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 71a, del Honorable Senador señor Ossandón, reemplaza, en el inciso tercero, la palabra “dos” por el término “tres”.

- La indicación número 71a fue retirada por su autor.

La indicación número 72, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y la indicación número 73, de la Honorable Senadora señora Allende, suprimen los literales a) y b).

En consonancia con la aprobación de las indicaciones números 55 y 56, esta indicación fue aprobada.

- La indicación número 72 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Por su parte, la indicación número 73 fue retirada por la Honorable Senadora señora Allende, en su calidad de autora.

La indicación número 73a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, suprime en el texto de la letra a) la expresión “o indirecto”.

La indicación número 73b, del Honorable Senador señor Ossandón, agrega en el inciso tercero una letra c), nueva, cuyo texto es el siguiente:

“c) Ausencia de alguno de los requisitos señalados en el artículo cuarto, en especial la exigencia referida a la mayoría de edad de la persona.”.

- Las indicaciones número 73a y 73b fueron retiradas por su autores, respectivamente.

Inciso cuarto

La indicación número 74, del Honorable Senador señor Girardi, lo elimina.

- La indicación número 74 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 75, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que configuran la identidad de género, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”

La indicación número 76, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“INCISO CUARTO. Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de los hechos y circunstancias que exigen en la presente ley, que él o la solicitante es conocido en sus relaciones sociales con una identidad que no coincide con su sexo registrado.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que estas indicaciones asumen que el cambio de sexo es algo permanente y, como tal, debe obedecer a una conducta particular del solicitante en sus relaciones sociales.

- Las indicaciones números 75 y 76 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 77, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“Si no hubiere oposición, el juez procederá a declarar, previa acreditación de lo señalado en el artículo 4° de la presente ley que su identidad de género es distinta a su sexo, procediendo al cambio de nombre.”.

- La indicación número 77 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 77a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala, luego de la voz “sumaria”, la siguiente frase: “y el cumplimiento de los demás requisitos que establece la ley,”.

- La indicación número 77a fue retirada por su autora.

Inciso quinto

La indicación número 78, del Honorable Senador señor Girardi, lo suprime.

- La indicación número 78 fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 79, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“INCISO QUINTO. Si hubiere oposición, ella se tramitará conforme a las reglas del Título XI del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que esta indicación pretende establecer el procedimiento para la oposición al cambio de sexo, que en su opinión debería conocer el juez en lo civil. Hizo notar que este proceso no se refiere a un caso de familia, como lo ha determinado esta Comisión, sino que se trata de un tema netamente personal y de carácter civil.

- La indicación número 79 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. En contra votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 80, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín y la indicación número 81, del Honorable Senador señor Ossandón, eliminan la frase “y en cuaderno separado”.

- La indicación número 80 fue retirada por la Honorable Senadora señora Pérez, en su calidad de autora.

- La indicación número 81 fue rechazada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Por la negativa votaron los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Matta y Quinteros, y a favor el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 81a, del Honorable Senador señor Coloma, agrega a continuación del punto a parte (.) lo siguiente:

“No obstante, será obligación del Servicio de Registro Civil confeccionar, mantener vigente y actualizado un Registro Interno donde se consigne, mediante el número de cédula de identidad, las personas que detentan un sexo diferente del original determinado al momento del nacimiento y que hayan realizado una solicitud de identidad de género, con la finalidad de resguardar a los posibles contrayentes del contrato de matrimonio que no tengan conocimiento de las modificaciones de la partida de nacimiento y demás registros.”.

- En sintonía con lo resuelto a propósito de la indicación número 3c, la indicación número 81a fue declarada inadmisible, por incidir en materias de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, al establecer nuevas funciones para un servicio público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

Inciso sexto

La indicación número 82, del Honorable Senador señor Girardi, lo elimina.

- La indicación número 82 fue retirada por su autor.

La indicación número 83, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“Resuelta la oposición o sin ella, si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación u otras entidades a fin de que se informe si la persona solicitante tiene vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos menores de edad, órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito del respectivo oficio, las entidades deberán pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”.

- La oración final de la indicación número 83 desde las expresiones “En mérito del respectivo oficio, las entidades deberán pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.”, fue declarada inadmisible, por cuanto se impone una obligación para los servicios públicos, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación permite al juez pedir informes a las distintas instituciones para tener un mejor conocimiento de la solicitud del cambio de sexo.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de Gobierno recordó que no está dentro de los supuestos para entablar esta acción que el legitimado activo sea soltero y que no tenga hijos, por lo que sugirió rechazar esta indicación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que si una persona pide cambiar su sexo, lo menos, que puede hacer el juez es preguntar a su cónyuge si está de acuerdo con esta petición.

La Honorable Senadora señora Pérez expresó que el juez, para acoger la petición de cambio de sexo, no debe considerar si el solicitante tiene hijos menores de edad, ni su situación marital, por lo que sugirió eliminar estas referencias. Valoró el resto del texto de la indicación, que permite al juez solicitar antecedentes penales y otros para tener a la vista al momento de decidir sobre el asunto.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en mantener la indicación y se procedió a votarla.

- En votación la indicación número 83, salvo su oración final. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, por lo que, aplicado el artículo 182 del Reglamento del Senado, quedó rechazada la indicación número 83, debido a la urgencia con que está calificado el proyecto.

La indicación número 84, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 85, de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, para sustituir la frase “si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el peticionario, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie”, por la forma verbal “oficiará”.

- La Presidenta de la Comisión declaró inadmisibles las indicaciones números 84 y 85, dada la redacción imperativa que tienen, puesto que reemplazan las expresiones “podrá decretar que se oficie” por “oficiará”.

La indicación número 86, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza el término “Tribunal” por los términos “Servicio de Registro Civil e Identificación.”

- La indicación número 86 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Ossandón y Quinteros.

La indicación número 87, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega a continuación de la expresión “si la persona solicitante tiene”, lo siguiente: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena,”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno manifestó que entiende el sentido de esta indicación, pero precisó que esta idea ya está considerada en el texto aprobado para el artículo 5°, en términos más amplios.

- A continuación, la indicación número 87 fue retirada por su autora.

La indicación número 88, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala la frase “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena, hijos,”, luego de la palabra “solicitante”.

El Honorable Senador señor Quinteros anunció que rechazará esta indicación, porque indirectamente establece, como requisito del peticionario, no tener hijos.

Por el contrario, el Honorable Senador señor Ossandón señaló que la votará a favor al considerar que el juez debe tener a la vista esta información al momento de fallar.

- En votación la indicación número 88. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, por lo que debe aplicarse el artículo 182 del Reglamento del Senado, quedó rechazada de inmediato la indicación número 88, a causa de la urgencia con que está calificado este proyecto.

La indicación número 89, del Honorable Senador señor Ossandón, intercala luego de la frase “a fin de que este informe si la persona solicitante tiene” y antes de la frase “, órdenes de detención pendientes”, la siguiente locución: “vínculo matrimonial no disuelto en conformidad a la ley chilena”.

- La indicación número 89, fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 90, del Honorable Senador señor Ossandón, intercala en el inciso sexto, a continuación de la frase “órdenes de detención pendientes”, la expresión “, vínculo matrimonial no disuelto”.

Se hizo presente que esta indicación está incorporada en el texto aprobado para el artículo 6°.

- Por lo anterior, la indicación número 90 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Pérez y Van Rysselberghe, y señores Ossandón y Quinteros.

La indicación número 91, del Honorable Senador señor Letelier, añade a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:

“El oficio al que se refiere el presente inciso se hará extensivo, con la misma limitación, a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunales de Familia, y a cualquier institución que resulte pertinente.”.

- En votación la indicación número 91. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, por lo que, aplicado el artículo 182 del Reglamento del Senado, quedó rechazada de inmediato la indicación número 91, a causa de la urgencia con que está calificado este proyecto.

Inciso séptimo

La indicación número 92, del Honorable Senador señor Ossandón, y la indicación número 93 de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo suprimen.

- La indicación número 92 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón.

- En votación la indicación número 93. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros.

Repetida la votación, por el empate producido, se produjo el mismo resultado, por lo que, aplicado el artículo 182 del Reglamento del Senado, quedó rechazada de inmediato la indicación número 93, a causa de la urgencia con que está calificado este proyecto.

La indicación número 94, del Honorable Senador señor Girardi, incorpora luego de la frase “…En ningún caso podrá el” la frase “Servicio de Registro Civil e Identificación podrá solicitar que se realicen” le sigue el texto original.

- La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Ossandón y Matta, rechazó la indicación número 94.

La indicación número 95, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala los siguientes artículos 7°, 8° y 9°, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un curador ad litem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5°, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.

ARTÍCULO 8°. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.

ARTICULO 9°. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe planteó analizar y votar por separado los tres artículos que propone la indicación número 95. Además, sugirió que las indicaciones que sean similares a las disposiciones propuestas por esta indicación se den por aprobadas o rechazadas, según el resultado de la votación de la indicación número 95.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo reserva constitucional respecto del articulado propuesto por la indicación número 95, porque vulnera la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 1°, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y número 10° que se refiere al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos, y la obligación del Estado de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Sobre el particular Su Señoría acompañó la siguiente fundamentación de su reserva de constitucionalidad:

“Con respecto al primer derecho vulnerado, la posibilidad de un cambio registral en los menores de edad es incongruente con lo que actualmente la ley establece en materia penal o en materia patrimonial, donde el menor es tratado como un ser no capaz, sin las debidas facultades para administrar sus bienes, o el tratamiento diverso en cuanto a considerar a un menor como responsable en la comisión de delitos. Sin embargo, al articulado propuesto, estas medidas de prevención y precaución no son tomadas en cuenta, se pasan por alto y sólo atienden al sentir de un niño que aún no ha alcanzado su pleno desarrollo psicológico ni intelectual ni emocional, de madurez. Cómo es posible entender que para asumir la responsabilidad penal el menor tenga un tratamiento distinto en atención a un criterio no formado e igual antecedente suceda con toda materia patrimonial pero, para un cambio registral y eventual operación, un hecho que cambiará toda su vida, este proyecto considera al menor como un ser adulto, maduro, con capacidad de discernimiento y reconocimiento de lo que procede en un mayor de edad.

Por otro lado, el menor de edad, no ha alcanzado su pleno desarrollo sexual sino hasta llegada la mayoría de edad, estando sujeto a constantes cambios físicos y también psicológicos. Tomar una decisión de tal envergadura es, por lejos, el mayor perjuicio que se le puede causar a una persona en vías de desarrollo.

A mayor abundamiento, el Clasificador Internacional de Enfermedades Mentales de la OMS, CIE-10 señala que el Trastorno de la Identidad Sexual en la Infancia, se manifiesta mucho antes de la pubertad, durante la primera infancia, donde tiene lugar un malestar intenso, permanente con su propio sexo y un deseo constante por pertenecer al sexo opuesto, ya sea en cuanto a vestuario o roles contrarios a su sexo de origen, así como una disconformidad en cuanto al rol socialmente aceptado para su condición.

El articulado propuesto por la indicación no toma en cuenta que el trastorno de identidad en la infancia tiene muchos rasgos en común con otros trastornos, tales como: trastornos hipercinéticos, disociales y de las emociones mixtos, trastornos de las emociones de comienzo habitual de la infancia, trastornos del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia, entre otros.

Por tanto, no basta la sola percepción del menor, es imprescindible realizar un diagnóstico exhaustivo, riguroso. Fomentar el cambio registral sin que previamente se tomen los resguardos debidos es, por lo menos, irresponsable, pues no se está velando por el menor en su integridad, por el contrario, se le trata como objeto, cosificándolo. Esto puede generar, a medida que crezca y se desarrolle, problemas enormes de orden psicosocial.

El proyecto de ley no contempla el hecho que la definición sexual se presenta entrada la adolescencia, no antes, y es negligente promover y fomentar un cambio registral en estas edades cuando lo que el niño tiene o siente puede ser perfectamente una transición hacia la madurez.

Si el deber fundamental es velar siempre por el interés superior del menor, como consignan los tratados y nuestra propia legislación no es posible que un proyecto de ley se encargue justamente de romper esta protección por una idea que puede ser de suyo arbitraria y transitoria, y que afecta a su integridad física y psíquica, derecho resguardado en el artículo 1° de la Constitución.

Por otro lado, se vulnera el artículo 19 N°10 de nuestra Carta Fundamental que se refiere al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos, y la obligación del Estado de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, toda vez que en el caso de que los padres se opongan al cambio de sexo, el proyecto exige que el tema lo resuelva un tribunal de justicia, arrogándose el Estado una decisión que les compete a los padres, conforme a su derecho preferente de educar a sus hijos.”.

Con respecto al artículo 7°, el Honorable Senador señor Ossandón anunció que votará en contra, porque permite a los representantes legales de los menores o a quienes lo tengan bajo su cuidado entablar esta solicitud, siempre que cuenten con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente. Al respecto, observó que no puede hablarse de consentimiento cuando se trata de un infante.

En esa misma línea, consideró que es un principio básico que los padres participen en las decisiones que toman los menores, especialmente en la de cambiar su sexo. No obstante, reparó, el procedimiento propuesto en esta indicación, los padres sólo son escuchados, y quien decide, finalmente, es el juez. En su opinión, en estos casos los padres y los psiquiatras tienen mucho que decir, porque la niñez y la adolescencia son dos etapas complejas, en que la personalidad del niño está en formación, por lo que, insistió, los padres deben tener derecho a oponerse, especialmente, cuando el menor comparece por sí mismo.

El Honorable Senador señor Quinteros indicó que Chile siempre se ha caracterizado por ser un país que cumple con sus compromisos internacionales y que esta norma surgió a propósito de las obligaciones que emanan de la Convención de los Derechos de Niño. Detalló que esta Convención, en su artículo 5°, reconoce el derecho a la identidad de los niños.

Por otra parte, consignó, a los niños se les reconoce un principio de autonomía progresiva, que implica que son plenos sujetos de derecho, y como tal deben ser protegidos y respetados por sus padres y por el Estado. Según el Profesor Miguel Sillero, acotó, la autonomía progresiva del niño en el ejercicio de los derechos constituye uno de los principios que estructura el sistema de derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño.

Por lo anterior, resaltó que el artículo 7° propuesto por el Ejecutivo está en línea con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Chile, y aclaró que no se está pasando a llevar a nadie y menos a los padres.

La Honorable Senadora señora Pérez hizo presente que este artículo no vulnera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por el contrario, el artículo 7° permite a los niños y adolescentes expresar su opinión ante un juez para modificar su sexo registral de acuerdo a su identidad de género, acompañados de sus padres, de sus representantes legales o cuidadores y, sólo, si no hay acuerdo podrán ejercer esta solicitud apoyados por un curador ad litem.

Recordó que planteó invitar a la Fundación Transitar, que acoge a familiares de niños y jóvenes transexuales, pero lamentablemente esta propuesta fue desechada, y con ello se perdió la oportunidad para constatar que, en la mayoría de los casos, los padres de estos niños son los principales promotores de su cambio de sexo.

El Honorable Senador señor Ossandón observó que este artículo permite a un niño comparecer por sí solo para entablar una solicitud de cambio de sexo, sin ni siquiera establecer un límite de edad, por tanto, expresó, sí se vulneran los derechos de los padres, más aun considerando que la decisión sobre el sexo del menor se deja a un juez.

Resaltó que la voz de los padres es fundamental y si ellos desean cambiar el sexo de su hijo están en todo su derecho, pero si el hijo decide cambiar su sexo en contra de la voluntad de sus padres el Estado no puede amparar esta decisión, por lo que confirmó su voto en contra de esta norma, si no se consagra un rol más activo de los padres en este proceso. Además, manifestó sus reparos respecto de la utilidad real de las figuras de los curadores y de los defensores.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe se manifestó en contra de que la solicitud pueda ser presentada personalmente por el niño, por sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado. En particular, hizo presente que le complica la figura de “quien lo tenga bajo su cuidado”, porque no es una figura reconocida legalmente. Observó que de mantenerse esta norma podría incluirse cualquier persona que cuida al menor, incluso la vecina.

En esta misma línea, llamó la atención de Sus Señorías respecto a la redacción del inciso cuarto del artículo 7°, ya que de acuerdo a su texto pareciera que el juez sólo puede citar a una audiencia a quien cuide al menor, asentándose un derecho de preferencia a favor de estas personas, por sobre el derecho preferente de los padres en el cuidado de sus hijos.

Por otra parte, dijo que en la indicación presentada por el Ejecutivo no se cubren todas las hipótesis, como el caso de los padres que viven separados, que tienen la custodia compartida de los niños y en que sólo uno de ellos está de acuerdo con la presentación de esta solicitud.

El Honorable Senador señor Quinteros dio cuenta que el inciso cuarto del artículo 7° dice que oído el niño y verificados los requisitos de admisibilidad el juez ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutores y/o quien lo tenga bajo su cuidado, a una audiencia en que dichos intervinientes podrán deducir oposición fundada a la solicitud del menor. Con ello, subrayó, esta norma permite a los padres oponerse.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, en primer lugar, se refirió a la reserva de constitucionalidad que formuló la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe respecto de la indicación número 95. Al respecto, señaló que para el Ejecutivo esta disposición satisface exigencias constitucionales, en especial el artículo 19 número 2° que consagra el derecho de igualdad ante la ley y el artículo 5° que acoge en el derecho interno las obligaciones internacionales que emanan de tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Así, subrayó, este artículo no adolece de ninguna inconstitucionalidad.

En segundo lugar, resaltó que es una realidad que existe y que está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes, y quienes tienen responsabilidades públicas no pueden desconocer esta realidad, aunque se tenga una opinión distinta.

En tercer lugar, acotó, la expresión “que lo tenga bajo su cuidado” tiene un sentido legal y no se utiliza para referirse a la vecina que cuida al menor. Subrayó que nuestro ordenamiento jurídico recoge esta figura en los artículos 224 y siguientes del Código Civil.

En cuarto lugar, comentó que se incluye a la figura del curador ad litem con el propósito establecer una medida de protección especial en favor del menor o adolescente.

En quinto lugar, consignó, se considera el derecho de retracto del menor y se concede el derecho de apelación en contra de la sentencia definitiva, sea que acoja o rechace la solicitud, en ambos efectos.

En consecuencia, estimó que este procedimiento especial garantiza el pleno respecto de los derechos del niño, y la adecuada intervención de sus padres, asumiendo que los niños son sujetos de derecho y no objeto, con características especiales, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño y como lo ha recogido nuestro ordenamiento jurídico.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe dejó en claro que ninguno de los integrantes de esta Comisión considera que los niños son objetos, por el contrario, expresó que todos coinciden en que son personas y como tal deben ser respetados.

Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que de acuerdo a su madurez y edad no pueden estar sometidos al mismo régimen legal que los adultos, por ello, en el derecho penal, sólo al cumplir catorce años de edad se les considera como imputables y en el derecho civil a los menores adultos se les concibe como capaces relativos, restringiendo su capacidad para contratar y para adquirir obligaciones. Con todo, subrayó, mientras son impúberes son incapaces absolutos e inimputables penalmente.

Pero en este caso, observó, se está abriendo la posibilidad de que los impúberes puedan por sí mismos presentar una solicitud de cambio de sexo ante los tribunales de familia, incluso con la oposición de sus padres. Además, reparó, no se exige que acompañen ningún antecedente para fundamentar su solicitud.

Por último, destacó que países como España, Reino Unido o Brasil, que cuentan con legislaciones más avanzadas, no incluyen a los menores.

Por todo lo anterior, insistió en la reserva de constitucionalidad que formuló respecto de todo el articulado propuesto por la indicación número 95.

El Honorable Senador señor Ossandón pidió dejar constancia que en España se reconoce este derecho sólo para los mayores de edad, e indicó que los casos planteados por la Honorable Senadora señora Pérez son totalmente distintos a lo que propone esta ley, porque detrás de ellos existe una decisión familiar, en donde los niños y sus padres han decidido en conjunto someterse a este proceso, previa certificación de un experto.

Dejó en claro que si bien no está contra de este proyecto de ley, no aprueba que los menores puedan ejercer este derecho en contra de la voluntad de sus padres y que se entregue esta decisión al juez, que es un extraño que no conoce a la familia. Al efecto, resaltó que para él la figura de los padres no puede ser reemplazada por un juez, ni por un curador ad litem.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que es fundamental, especialmente en el caso de los menores, el contar con informes médicos, psiquiátricos o psicológicos. Incluso, comentó que en la legislación comparada se exige la preexistencia de, al menos, un año de la disconformidad del género en la persona del peticionario, requisito que tampoco considera esta ley.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que este artículo plantea el caso de los niños, niñas y adolescentes que deciden ir ante un tribunal para solicitar un cambio de sexo. El juez, si declara admisible la solicitud, la somete a tramitación, lo que bajo ninguna circunstancia implica un juicio previo del juez. Luego, debe citar al menor y a los padres, tutores o a quien lo tenga bajo cuidado a una audiencia, a fin de ratificar sus dichos y de darles la posibilidad de deducir oposición a esta solicitud y, sobre los antecedentes de que consten en su poder, deberá resolver fundamente si acoge o no la solicitud.

En su opinión, este procedimiento está bien cubierto y es la forma correcta de hacerlo, sin pasar a llevar a los adultos que están a cargo del niño y, a la vez, respeta la petición del niño o niña. Todo ello, en un ambiente de apoyo psicológico y psíquico para el menor, como lo establece el inciso tercero de este artículo.

- En votación el artículo 7° propuesto por la indicación número 95, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Pizarro y Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

En relación con el artículo 8°, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó que tiene varias aprensiones, ya que indicó que si un niño de cinco años puede presentar por sí mismo una solicitud para cambiar su sexo, no ve que exista ninguna razón para hacerlo esperar que cumpla los dieciocho años para ejercer su derecho de retracto.

En esta misma línea, preguntó por qué no puede rebajarse la edad para hacer valer su derecho de arrepentimiento, considerando que están en pleno proceso de maduración emocional y que algunos de estos niños viven conflictos psicológicos que pueden inducirlos, incluso, al suicidio. En este sentido, consideró que este artículo atenta en contra la salud física y psíquica de los niños.

Además, señaló que su propuesta está en línea con la idea de que la identidad es un derecho y como tal se debería ejercer todas las veces que su titular lo desee. A su entender, esta norma restringe el ejercicio de este derecho a una sola vez.

Luego, hizo presente que la indicación se refiere a los niños, niñas y adolescentes sin ningún límite de edad, y preguntó si se incluye a los menores que sufren alguna discapacidad, en particular, consultó si considera a los niños con síndrome down.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, con respecto a menores discapacitados, indicó que se aplican las reglas generales, esto es, que mientras el menor tenga la capacidad de expresar su voluntad está plenamente facultado para ejercer este derecho, siempre que cumpla con los requisitos que exige esta ley.

En el caso de los niños con síndrome down, dio cuenta que no es especialista en la materia, pero que entiende que se debe aplicar el mismo criterio.

Asimismo, dijo que existen varios derechos que se ejercen por una sola vez y como tal no sería una anomalía el considerar el retracto en estos términos.

- En votación el artículo 8° propuesto por la indicación número 95, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Pizarro y Quinteros, en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Con respecto al artículo 9°, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó su rechazo y argumentó que no es partidaria de consagrar en la ley, la prohibición de que el juez pueda decretar exámenes médicos o psicológicos para fundamentar su decisión. Resaltó que estas decisiones afectan a menores y como tal se debe contar con la opinión de los especialistas que el juez requiera.

Comentó que hoy, el transexualismo sigue siendo catalogado, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Sociedad Americana de Psiquiatría, como una disforia de género y, en el caso de los niños, se le clasifica como un trastorno de la identidad de género.

Por ello, afirmó que en estos casos se debe tener la certeza de que corresponde acoger la solicitud de cambio de sexo del menor, sin que exista ninguna duda de que el problema del menor es algo transitorio.

Expresó que según el estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional, se demostró que en la mayoría de los países se autoriza el cambio de sexo a las personas mayores de dieciocho años y que todos exigen acreditar que, efectivamente, existe una disparidad entre el sexo biológico y el psicológico del peticionario. Por ello, insistió en que se debe exigir un examen médico para fundar la solicitud de cambio de sexo de un menor, y expresó que no hacerlo sería una tremenda falta de prudencia.

Insistió en su reserva de constitucionalidad respecto de todo el articulado de la indicación número 95, artículos 7°, 8° y 9°, que vulneran la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 1° y 10°, como consta al inicio de la discusión de esta indicación.

La Honorable Senadora señora Pérez explicó que el artículo 9° da cuenta de la intención del legislador de que no se siga asumiendo el derecho a la identidad de género como una patología. Por el contrario, apuntó, esta iniciativa busca dar coherencia a una de las categorías de discriminación que contempla la Ley de Antidiscriminación, cual es la identidad de género. Al efecto, precisó que para darle contexto y contenido a esta categoría se presentó este proyecto de ley.

Desde esta perspectiva, subrayó, no se puede seguir patologizando a la identidad de género, y bajo esta premisa estimó inadecuado que el solicitante tenga que ser sometido a un examen médico para fundar su derecho y comprobar que no es un demente.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que, efectivamente, existe una dicotomía entre el sexo psicológico y el sexo registral, y que así ha sido reconocido por la Sociedad Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Detalló que a partir de esta situación se generan síntomas, como la angustia, que afecta el devenir de estas personas.

Bajo este contexto, la mayoría de los países en que se aprobó esta ley exigen que se trate de una situación que se ha prolongado en el tiempo, por lo menos, dos años, y que no sea una situación transitoria de un conflicto de identidad. Asimismo, señaló, se piden exámenes médicos, para comprobar que no se trata de otras situaciones similares derivadas, por ejemplo, de una esquizofrenia.

Sin embargo, apuntó, de acuerdo con el artículo 9° propuesto, el juez no tiene ninguna facultad para exigir exámenes médicos y para negarse a esta solicitud cuando se trata de mayores de edad.

Por todo lo anterior, estimó que es prudente y responsable que el juez pueda pedir mayores antecedentes para tener la certeza de que la decisión que está tomando es la correcta, especialmente en el caso de los menores de edad, en que además se debe buscar el bien superior del niño, niña o adolescente.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que en el caso de los menores el juez sí tiene la facultad de acoger o rechazar la solicitud. Recalcó que este artículo recoge la idea de que este derecho se funda en una convicción íntima de una falta de coincidencia entre el sexo biológico y la identidad de género de una persona, lo que no obsta a que se apliquen las normas de procedimiento que se exigen para los adultos, como es el entregar todos los antecedentes que justifican la petición.

Precisó que se prohíbe la realización de exámenes médicos o psicológicos al solicitante y, en este sentido, no se restringe al juez conocer todos los antecedentes que funden la petición, por el contrario, uno de los requisitos de admisibilidad de la solicitud del niño o niña es que acompañe todos los antecedentes que justifiquen su petición.

En seguida, el Honorable Senador señor Pizarro pidió que se precise si este artículo sólo se aplica a los menores de edad o si se aplica en forma extensiva a todos los procedimientos de cambio de sexo. Además, solicitó ejemplos concretos de los antecedentes con los que el juez podrá contar para formarse su convicción sobre el asunto sometido a su decisión.

El señor Ministro Secretaría General de Gobierno aclaró que el artículo 9° propuesto se aplica en forma extensiva a todos quienes presenten una solicitud de cambio de sexo, y no sólo a menores. Al efecto, resaltó, se trata de una norma general.

La Jefa de la Unidad Jurídica del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señora Josefina Escobar consignó que el artículo 9° establece una prohibición general en materia de prueba, que impide decretar exámenes médicos o psicológicos al solicitante, y resaltó que no existe otra prohibición respecto de otros medios de prueba, sin perjuicio de que a la audiencia no se podrán llamar a testigos, porque sólo se autoriza citar al menor, a sus representantes legales, tutores o a quien lo tenga bajo su cuidado. Lo anterior, se fundamenta en el resguardo de la confidencialidad del proceso, lo que no obsta a pedir informes sociales o familiares.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe previno que no siempre se deben seguir los deseos de los niños, porque dada su falta de madurez a veces puede tratarse de un mero capricho. En su opinión, los padres o sus representantes legales deben ejercer siempre su derecho de educación preferente.

La Jefa de la Unidad Jurídica del Ministro Secretaría General de Gobierno señaló que en este procedimiento se prioriza la voluntad del menor y apuntó que toda la legislación internacional ha reconocido que los niños son sujetos de derecho. De esta manera, indicó, los menores de edad tienen la capacidad para declarar su voluntad e intención para ejercer su derecho a la identidad de género.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo notar que no se puede igualar a una persona adulta con un niño.

- En votación, el artículo 9° de la indicación número 95, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Pizarro y Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 96, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, agrega el siguiente artículo 7°, nuevo, pasando los actuales artículos 7° al 11° a ser artículos 8° al 12, respectivamente:

“ARTICULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley, podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, procediendo el tribunal en este caso a ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, y en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso, la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida ésta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el procedimiento se transformará en contencioso y en ese caso el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que haga lugar la solicitud presentada por una persona menor de dieciocho años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, niña o adolescente el menor de dieciocho años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

- La Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora retiró la indicación número 96, de su autoría.

ARTÍCULO 7°

El artículo 7°, aprobado en general por el Senado, se refiere a la dictación de la sentencia. Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

La indicación número 97, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el Juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

INCISO SEGUNDO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento de él o la solicitante, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

INCISO TERCERO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, él o la solicitante deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO CUARTO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

- La indicación número 97 fue retirada por su autor.

La indicación número 98, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el actual artículo 7°, que ha pasado a ser 10, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registral de la persona solicitante; y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que la indicación reemplaza al artículo 7° del texto aprobado en general, con el objeto de que todo lo relativo al procedimiento quede recogido en el artículo 6° y patrocinar las atribuciones que se conceden al Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que es materia de iniciativa exclusiva del Presidenta de la República.

- En votación, la indicación número 98 fue aprobada con modificaciones, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Pizarro y Quinteros, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Consecuencialmente, se dio por aprobada, con modificaciones, la indicación número 64, con la misma votación, por estar subsumida en esta indicación.

La indicación número 99, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, lo sustituye por el siguiente:

“ARTICULO 7°. DE LA SENTENCIA.

INCISO PRIMERO. Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones; a Carabineros de Chile y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación, conforme las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre terminación de matrimonio.

INCISO SEGUNDO. Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

INCISO TERCERO. La rectificación de la partida de nacimiento de que trata esta ley, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su apoyo a la indicación número 99, porque permite al juez tener mayor flexibilidad para acoger o rechazar la solicitud de cambio de sexo.

En seguida, los Honorables Senadores señora Pérez y señor Pizarro retiraron su patrocinio de la indicación número 99, no obstante se sometió a votación dado que también fue firmada por otros autores.

- En votación la indicación número 99, votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón; en contra el Honorable Senador señor Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Pérez.

Repetida la votación, en conformidad al artículo 178 del Reglamento del Senado, por el voto de abstención, se produjo el siguiente resultado, votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros.

A continuación, se repitió la votación por el empate producido, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, produciéndose el mismo resultado, en consecuencia, quedó rechazada la indicación número 99, a causa de la urgencia con que está calificado este proyecto de ley.

Inciso segundo

La indicación número 100, del Honorable Senador señor Ossandón, suprime la frase “su sexo y”, las dos veces que aparece.

- La indicación número 100 fue retirada por su autor.

La indicación número 101, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala entre la palabra “sexo” y la conjunción “y” en las dos veces que aparece, la voz “registral”.

Se dejó constancia que el contenido de esta indicación es similar a la indicación número 62a que fue retirada.

- En concordancia con lo anterior, la indicación número 101 fue retirada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 102, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “su sexo y” los ilativos “y/o”, luego sigue la palabra “nombre”.

Se hizo presente que el contenido de esta indicación está incluido en el texto aprobado por la Comisión, por lo que corresponde darla por aprobada.

- La indicación número 102 fue aprobada, con modificaciones por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 103, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, intercala entre: las palabras “cambio” y “su”, la expresión “de”; entre la letra “y” y la palabra “su” el vocablo “de”, y entre la letra “a” y la palabra “Policía” la palabra “la”.

- La indicación número 103 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta, Ossandón y Quinteros.

La indicación número 104, del Honorable Senador señor Letelier, reemplaza la expresión “y a Carabineros de Chile”, por lo siguiente: “; a Carabineros de Chile, y cualquier otra institución que resulte pertinente”.

El contenido de la indicación número 104 ya está incorporado en el artículo 10 aprobado por la Comisión, por lo que corresponde aprobarla con modificaciones.

- La indicación número 104 fue aprobada, con modificaciones, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 105, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente:

“En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.”.

Se hizo presente que esta indicación busca el mismo objetivo que la indicación número 99, que fue rechazada por la Comisión, que establece que el juez decretará la cancelación de la inscripción matrimonial en caso de que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que esta indicación es coherente con el texto aprobado por la Comisión para el artículo 6°, que establece que el tribunal podrá decretar que se oficie al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que informe si el solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto.

La Honorable Senadora señora Pérez señaló que no es lo mismo terminar un matrimonio, que cancelar su inscripción matrimonial. Luego, consideró que el hecho de que el solicitante sea una persona casada no puede ser un obstáculo para que solicite el cambio de sexo y pidió someter a votación la indicación número 105.

- La indicación número 105 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta, Ossandón y Quinteros (Aprobada 5x0).

La indicación número 106, de la Honorable Senadora señora Muñoz D´Albora, reemplaza el punto aparte (.) por una coma (,), y agregar a continuación el siguiente texto:

“y cualquier otra institución que resulte pertinente. En el caso que él o la solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio del Registro Civil e Identificación para que proceda a dicha cancelación, conforme a las disposiciones de la Ley de Matrimonio Civil sobre la terminación del matrimonio.”

- Como consecuencia de aprobación de la indicación número 105, la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta, Ossandón y Quinteros aprobó con modificaciones, la indicación número 106.

Inciso tercero

La indicación número 107, del Honorable Senador señor Ossandón, elimina la frase “sexo y”.

- La indicación número 107 fue retirada por su autor.

La indicación número 108, del Honorable Senador señor Girardi, incorpora luego de las palabras “…Civil e Identificación,” la oración “para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad”, luego sigue la frase “con una nueva fotografía…”

El contenido de esta indicación ya está incorporado en el artículo 10 aprobado por la Comisión.

- La indicación número 108 fue aprobada, con modificaciones, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 109, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, incorpora un inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser inciso cuarto con el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, deberá quedar registrado el sexo biológico para todos los efectos legales en que el mismo sea necesario como por ejemplo jubilación, matrimonio, beneficios de maternidad, entre otras”.

El Honorable Senador señor Quinteros estimó que esta indicación es incompatible con la esencia del proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que su intención es que exista un registro del sexo biológico del solicitante, ya que existen una serie de derechos que surgen a partir del sexo biológico, tales como el derecho a jubilación, a contraer matrimonio y a los beneficios de la maternidad.

La Honorable Senadora señora Pérez enfatizó que la persona deja de tener su sexo primitivo al cambiar su sexo registral, por tanto, no tiene sentido tener un empadronamiento del sexo original de los solicitantes.

- La indicación número 109, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; y por su aprobación los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso cuarto

La indicación número 110, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo reemplaza por el siguiente:

“Rectificada la partida de nacimiento y el sexo registral y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente y en el artículo 11 de la presente ley.”.

- La indicación número 110 fue retirada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 111, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “… rol único nacional” las palabras “de la persona solicitante”.

- La indicación número 111 fue aprobada, con modificaciones, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 112, del Honorable Senador señor Coloma, agrega en el artículo 7°, a continuación del punto final (.), lo siguiente:

“Finalmente, se dejará constancia de la sentencia en el Registro Interno que deberá llevar el Servicio de Registro Civil e Identificación sobre el otorgamiento de un cambio de identidad de sexo o género.”

- La indicación número 112 fue declarada inadmisible, en concordancia con lo resuelto a propósito de la indicación número 3c, por cuanto establece nuevas atribuciones para un servicio público, lo que es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

La indicación número 113, del Honorable Senador señor Ossandón, incorpora un inciso final, nuevo, en los siguientes términos:

“A toda persona en cuyo favor se haya dictado una sentencia en virtud de la presente ley, se le incorporará en todos sus documentos oficiales, incluida la partida de nacimiento y la cédula única de identificación, además del nuevo nombre, la sigla “IG” correspondiente a su identidad de género significando con la letra M si es masculina o F si es femenina.”.

- La indicación número 113 fue retirada por su autor.

La indicación número 114, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, intercala a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO .- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, y con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente o, personalmente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

Recibida la solicitud, el juez deberá oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente, el Tribunal podrá, por resolución fundada, ordenar o rechazar la designación de un curador ad litem para que vele por su representación e intereses durante la tramitación de la solicitud. En todo caso, de efectuar personalmente la solicitud el niño, niña o adolescente o existir oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado a la solicitud interpuesta por el menor de edad, el tribunal deberá siempre nombrársele un curador ad litem.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá por una sola vez solicitar personalmente una nueva rectificación, hasta un año contado desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

La indicación número 115, de los Honorables Senadores señoras Allende, Goic, y Pérez San Martín y señores Girardi, Lagos, Pizarro y Tuma, intercala a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad. La solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

La indicación número 116, del Honorable Senador señor Navarro, intercala a continuación del artículo 7°, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO NUEVO….- DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un curador ad litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

La Honorable Senadora señora Pérez comentó que las indicaciones números 114, 115 y 116 fueron presentadas con anterioridad a la indicación número 95 del Ejecutivo, y dio cuenta que están incorporadas en el texto aprobado por la Comisión para los artículos 7° y 8°, que trata sobre la solicitud de los niños.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe reiteró la reserva de constitucionalidad que formuló respecto del articulado propuesto por la indicación número 95, porque vulnera la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 1° que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y también el número 10° que se refiere al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos, y la obligación del Estado de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que está en contra de todas indicaciones que permiten a los niños pedir el cambio de sexo.

- La indicaciones números 114, 115 y 116, fueron aprobadas con modificaciones por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; y por su rechazo los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

ARTÍCULO 8°

El artículo 8°, aprobado en general por el Senado, se refiere a los efectos de la rectificación del nombre y sexo. Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del decreto con fuerza de ley. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo. “.

La indicación número 117, del Honorable Senador señor Girardi, lo elimina, pasando el 8° a ser 7°, y así sucesivamente.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno sugirió rechazar esta indicación, porque deja sin efecto la inscripción de la sentencia que acoge la solicitud de cambio de sexo respecto de terceros.

- La indicación número 117, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 118, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

INCISO PRIMERO. Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104° del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

INCISO SEGUNDO. La nueva inscripción en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

INCISO TERCERO. La calidad de padre o madre tanto actual como potencial de él o la solicitante no se alterará en virtud de la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y nombre de conformidad al procedimiento indicado en esta ley.

INCISO CUARTO. El uso malicioso de los primitivos nombres y la utilización fraudulenta del nuevo nombre para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”.

- La indicación número 118 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

Inciso primero

La indicación número 119, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y sexo registral, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del D.F.L. N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, sin perjuicio de lo establecido en el inciso tercero del artículo 7° de esta ley.”.

- La indicación número 119 fue retirada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, en su calidad de autora.

La indicación número 120, de Su Excelencia la Presidenta de la República, introduce las siguientes modificaciones en su inciso primero:

a) Reemplazar el ilativo “y” entre las palabras “nombre” y “sexo” por la expresión “y/o”, y la expresión “nueva inscripción” por la expresión “inscripción rectificada”.

b) Intercalar el pronombre personal “se” entre la palabra “que” y la palabra “extienda”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que esta indicación es meramente formal y que toma como referencia la indicación número 122, que fue retirada.

- La indicación número 120 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 121, del Honorable Senador señor Ossandón, elimina la frase “sexo y”.

- La indicación número 121 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

La indicación número 122, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de los términos “de la rectificación del” los términos “del sexo y/o nombre”.

- La indicación número 122 fue retirada por su autor.

Inciso segundo

La indicación número 123, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza, en el inciso segundo, la expresión “nueva inscripción” por “rectificación”, y la palabra “jurídicas” por “patrimoniales”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación tiene dos objetivos: uno, corregir la terminología y, dos, acotar los efectos de la rectificación de la partida de nacimiento a lo patrimonial, en el entendido de que en el inciso tercero se regulan sus efectos en el derecho de familia.

La Honorable Senadora señora Pérez se mostró partidaria de aprobar esta indicación, porque establece expresamente que la rectificación también genera efectos patrimoniales.

- La indicación número 123 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe

La indicación número 124, del Honorable Senador señor Coloma, agrega en el inciso segundo, a continuación del punto seguido (.) lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, si la persona que solicitó el cambio de sexo tiene un vínculo matrimonial vigente, se producirá de pleno derecho a la disolución del vínculo matrimonial y a la rectificación del estado civil.”

La Honorable Senadora señora Pérez anunció que votará en contra de esta indicación, porque no apoya que el cambio del sexo registral de una persona sea una causal de término del matrimonio. Lo anterior, atenta contra la libertad de la persona que desea mantener su vínculo y refirió que los contrayentes pueden desear seguir estando casados por razones de carácter emocionales o económicas, por mencionar algunas.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno precisó que la Ley de Matrimonio Civil no contempla la disolución de pleno derecho como una causal de término del matrimonio.

- La indicación número 124 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; y por su aprobación los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso tercero

La indicación número 125, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo elimina.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno observó que esta indicación pretende eliminar el inciso tercero del artículo 8° del texto aprobado en general por el Senado, que pasaría a ser 11, en que se establece que la sentencia que acoge una solicitud de cambio de sexo no afectará las relaciones propias del derecho de familia, por lo que llamó a Sus Señorías a rechazarla.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que el texto del artículo 8°, que pasó a ser 11, es inconstitucional, y como tal hizo reserva de constitucionalidad y acompañó la siguiente fundamentación:

“Vulnera el inciso cuarto del artículo 1° que establece el deber del Estado de dar protección a la familia, toda vez que el artículo 55º del Código Civil nombra el sexo como uno de los elementos caracterizadores de la personalidad. El Código Civil considera el sexo como una cuestión de status y no como un elemento modificable y elegible por parte de las personas. La relevancia de esta realidad inalterable, radica principalmente en las relaciones de familia. Por lo mismo, las instituciones jurídicas que se regulan en el Derecho de Familia, se fundan en la distinción sexual, es decir, asumiendo que el ser humano es un ser sexuado. Esto se advierte ya en el mismo lenguaje con que se denominan las relaciones familiares, haciendo siempre referencia al sexo, viéndose con más claridad en la institución matrimonial, que requiere, por los fines y características que la ley dispone, que los cónyuges sean un hombre y una mujer.

Más allá de que remplazar la categoría de sexo por la categoría de género -a pesar de que no se modifique nominalmente la categoría en el registro- afecta la certeza de las relaciones sociales en general, esto tiene una importante repercusión en el ámbito jurídico. Tanto las relación jurídica que se desarrollan a través del matrimonio y a través de la figura de la filiación se ven gravemente deterioradas y, aún más, se ven expuestas a ser desvirtuada y con ello afectar a toda la familia, al ser ambas relaciones -entre esposo e hijos- fundamental para la familia. En efecto: si el matrimonio tiene como elemento esencial la distinción de sexo –artículo 102 Código Civil- no da lo mismo que los esposos puedan modificar su sexo registral. Lo mismo ocurre con las relaciones filiales: nuestro derecho sólo contempla la relación filial entre un padre (hombre) y su hijo o entre una madre (mujer) y su hijo o entre un padre (hombre) y madre (mujer) y su hijo. No existe en nuestro derecho la filiación madre-madre e hijo o padre-padre e hijo.

Así entonces que se señale que la nueva inscripción -cambio de nombre y sexo- no afectará las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, es, por un lado falso y por otro grave. Es falso porque no es posible que las relaciones familiares no se modifiquen una vez realizado el cambio de nombre y sexo. Por de pronto, los estados civiles varían: si antes la persona que ejerce el derecho a la identidad de género era soltero luego será soltera o si era viudo será viuda. Lo mismo con lo grados colaterales: si era hermana será hermano; o los grados en línea recta: si era madre será padre y si eran hijo será hija. Y es grave ya que esto distorsiona las relaciones de familia, que en todas las variantes, grados, órdenes y alcances tiene como elemento fundamental la diferencia sexual que ahora se pretende eliminar.

El Estado tiene el deber constitucional de proteger la familia conforme al artículo 1° de la Carta Fundamental. Por lo tanto, toda las leyes que la afectan, ya sea desprotegiéndola o desvirtuándola, debe ser declarada inconstitucional. Esta ley, como vimos, desvirtúa la familia.”.

- La indicación número 125 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; por su aprobación la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

Inciso cuarto

La indicación número 126, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 127, de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, lo reemplazan por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que la indicación propone aumentar la pena a presidio menor en su grado medio, por considerar que el uso fraudulento del cambio de sexo y del nombre es una conducta extremadamente grave.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que prefiere el texto aprobado en general, por cuanto la pena que establece es coherente con la sanción para el delito de usurpación de identidad. De aprobarse la indicación, podría establecerse una sanción desproporcionada en relación con el hecho punible.

La Honorable Senadora señora Pérez recordó que esta Comisión aprobó la figura del fraude de ley en el artículo en el artículo 6° de este proyecto de ley. Con todo, manifestó que no le molesta que se regulen penas altas cuando se intenta defraudar a la ley.

Se tuvo presente que efectivamente se aprobó el fraude de ley, como causal de oposición a la solicitud del cambio de sexo, sin establecer una sanción para esta conducta.

- Las indicaciones números 126 y 127 fueron aprobadas por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señor Ossandón; y por su rechazo los Honorables Senadores señores Matta y Quinteros.

ARTÍCULO 9°

La norma se refiere a la obligación de atención y a la prohibición de dar un trato irrespetuoso a las personas en razón de su identidad de género. Su tenor es el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”.

La indicación número 128, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. DE LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y TRATO DIGNO. Ninguna persona, institución o grupo podrá discriminar arbitrariamente a otra con motivo de su identidad de género. Su vulneración da derecho a ejercer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en lo señalado precedentemente, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.

Con todo, queda prohibido cualquier trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana hacia una persona con motivo de su identidad de género.”.

- La indicación número 128 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

No obstante lo anterior, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su rechazo al texto aprobado en general por el Senado como artículo 9°, que pasó a ser 12, y expresó que prefiere el texto propuesto de la indicación número 128, porque permite realizar distinciones, exclusiones o restricciones razonables cuando se fundan en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales consagrados en los numerales 4°, 6°, 11°, 12°, 15°, 16° y 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por lo anterior, hizo reserva de constitucionalidad respecto del artículo 9°, que pasó a ser 12, por considerar que afecta la libertad de conciencia, consagrada en el artículo 19 número 6° de la Constitución Política de la República. En su opinión, en este caso debe primar el derecho de objeción de conciencia por sobre el derecho de atención.

La indicación número 129, del Honorable Senador señor Ossandón, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 9°. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su Identidad Sexual, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”

- La indicación número 129 fue retirada por su autor.

La indicación número 130, del Honorable Senador señor Girardi, luego de la frase “podrá negarse a”, reemplaza el término “atender” por la frase “entregar el servicio solicitado,”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno manifestó su apoyó esta indicación, que le da un sentido más amplio a la obligación de atención.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió que en esta norma se debe consagrar la objeción de conciencia, por sobre el derecho de atención.

- La indicación número 130 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta y Ossandón; y por su aprobación los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros.

La indicación número 131, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza el término “irrespetuoso” por “respetuoso”.

- La indicación número 131 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta, Ossandón y Quinteros.

La indicación número 132, del Honorable Senador señor Navarro, agrega el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO .- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO. Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”.

- La indicación número 132 fue declarada inadmisible, por cuanto incide en la administración financiera del Estado, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

ARTÍCULO 10

El artículo 10 del texto aprobado en general por el Senado regula la confidencialidad que tiene el acta de nacimiento y las imágenes o fotografías con los que la persona, que cambió su sexo y nombre, figuraba originalmente. Su texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 10°.CONFIDENCIALIDAD.

Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que esta sea aplicable.”.

La indicación número 133, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el actual artículo 10, que ha pasado a ser 13, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo presente que el Ministerio Público y Carabineros de Chile también debieran tener acceso a las actas originales de nacimiento.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió que pueden las instituciones señaladas por Su Señoría tienen acceso siempre que cuenten con autorización judicial.

- La indicación número 133 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; por su rechazo el Honorable Senador señor Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 134, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 135, de los Honorables Senadores señores Coloma y Larraín, intercalan entre la coma (,) a continuación de la palabra “oficiales” y el pronombre “quienes”, la siguiente frase: “los fiscales del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y”.

- Las indicaciones números 134 y 135 fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta y Quinteros; por su aprobación la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 136, del Honorable Senador señor Coloma, agrega antes de punto final (.), lo siguiente: “y a lo señalado en el artículo 1° respecto del Registro Interno.”

- La indicación número 136 fue declarada inadmisible, en concordancia con lo resuelto a propósito de la indicación número 3c, por cuanto establece nuevas atribuciones para un servicio público, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República.

ARTÍCULO 11

Este artículo establece el derecho al libre desarrollo personal, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.584.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

La indicación número 137, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 138, del Honorable Senador señor Ossandón, lo eliminan.

- Las indicaciones números número 137 y 138 fueron retiradas por sus autores.

La indicación número 139, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO 11°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

INCISO PRIMERO. Toda persona mayor, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.

INCISO SEGUNDO. En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

- La indicación número 139 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón, en su calidad de autor.

Inciso primero

La indicación número 140, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“INCISO PRIMERO. Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos, luego de haber obtenido la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre cuando no coincidan con su Identidad Sexual, podrá acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que requiera para adecuar su cuerpo a su Identidad Sexual, siendo para ello necesario que la persona tenga la certificación del Tribunal competente y preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584.”

- La indicación número 140 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y a favor la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 141, de Su Excelencia la Presidenta de la República, modifica el inciso primero del actual artículo 11, que ha pasado a ser 14, en el siguiente sentido:

a) Agrégase luego de la expresión “partida de nacimiento” la expresión “y documentos de identificación,”.

b) Reemplázase la expresión “y el”, antes de la expresión “cambio de sexo” por la preposición “por”.

c) Reemplázase el término “y” entre las expresiones “cambio de sexo” y “nombre”, por el término “y/o”.

d) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.”.

- La indicación número 141 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, Ossandón y Quinteros, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 142, del Honorable Senador señor Girardi, agrega luego de la frase “cambio de sexo”, los términos “y/o”, siguiendo “nombre cuando…”.

La indicación número 143, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, agrega a continuación de la expresión “si lo estiman necesario”, lo siguiente: “y de acuerdo a la normativa del sistema de salud previsional que hayan elegido”.

- Como consecuencia de haber aprobado la indicación número 141, se dieron por aprobadas con modificaciones las indicaciones números 142 y 143, con la misma votación anterior.

La indicación número 144, del Honorable Senador señor Ossandón, incorpora un artículo 11, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 11°. DEL CAMBIO DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES. Toda persona intersexual podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su sexo biológico.

Será suficiente para fundar la solicitud con un informe de médico especialista que acredite dicha circunstancia, sin perjuicio de todo antecedente otro medio de prueba que se quiera acompañar por el o la solicitante.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere el presente artículo el Juez de Letras en lo Civil del domicilio del peticionario, y el procedimiento se sujetará a lo que se dispone a continuación.

Si el Tribunal estima insuficiente la prueba rendida por el solicitante, lo que deberá señalar por resolución fundada, podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que este informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes, u otros antecedentes penales, o para que entregue información relevante a juicio del Tribunal para la resolución de la solicitud y que esté en el marco de sus competencias. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

Recibida la prueba ofrecida y cumplidas que sean las diligencias de oficio decretadas por el Tribunal, el juez decretará, mediante resolución fundada, si acoge o no la solicitud, en el plazo de sesenta días.

Si el Tribunal acoge la solicitud, ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio su sexo y su nombre, oficiando al Director del Registro Civil e Identificación a fin de que realice las rectificaciones; que proceda a emitir un nuevo registro de identidad para el peticionario y que informe en el plazo de veinte días hábiles desde la rectificación en la partida de nacimiento, del cambio de sexo y nombre al Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral; al Servicio de Impuestos Internos; a Tesorería General de la República; a Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile.

Rectificada la partida de nacimiento y el sexo y nombre, el peticionario deberá concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, con copia autorizada de la sentencia, para que este Servicio emita nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores, que no podrán ser usados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada.

La rectificación de la partida de nacimiento de que trata este artículo, no afectará el número de rol único nacional del peticionario.”.

- El Honorable Senador señor Ossandón retiró la indicación número 144, en su calidad de autor.

La indicación número 145, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 146, del Honorable Senador señor Ossandón, incorporan un artículo, nuevo, para agregar un numeral en el artículo 5° de la Ley de Matrimonio Civil. El texto de la indicación es el siguiente:

“ARTÍCULO .- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 19.947 QUE ESTABLECE UNA NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL. Agréguese en el artículo 5° el siguiente numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género”.”.

Cabe señalar que el citado artículo 5° señala quienes no podrán contraer matrimonio, y su tenor literal es el siguiente:

“Artículo 5º.- No podrán contraer matrimonio:

1° Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto;

2° Los menores de dieciséis años;

3º Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio;

4º Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, y

5º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas.”.

- Las indicaciones número 145 y 146 fueron retiradas por los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y seños Ossandón, respectivamente.

La indicación número 147, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, introduce un nuevo artículo en los siguientes términos:

“Artículo….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19.947 que establece una Nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación busca que las personas que cambian su sexo no puedan contraer matrimonio, lo que no obsta a que puedan celebrar un Acuerdo de Unión Civil.

Argumentó que de no aprobarse su indicación, dado los términos del proyecto, no existiría ninguna razón legal para que dos personas del mismo sexo biológico, pero con distinto sexo registral, puedan contraer matrimonio, lo que perfectamente podría extenderse en el futuro a las personas del mismo sexo que no han ejercido su derecho de cambio de sexo.

En este sentido, señaló que prefiere discutir abiertamente el tema sobre el matrimonio igualitario y no de esta manera encubierta, como lo hace este proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Pérez manifestó una opinión contraria, y expresó que la indicación es discriminatoria, porque impide que quien cambie su sexo registral pueda contraer matrimonio con su pareja. Resaltó que esa persona al cambiar su sexo registral deja de tener su sexo original, por tanto, está perfectamente habilitada para contraer matrimonio con quien desee.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe acotó que sólo se cambia el sexo registral y no el biológico. Anunció que de no aprobarse esta indicación hará reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto de ley.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que el matrimonio es un contrato civil entre un hombre y una mujer, sin precisar que si se trata o no del sexo biológico de las personas, por lo que basta el sexo registral para determinar si se está ante un hombre o una mujer.

Por otra parte, dejó en claro que mediante esta iniciativa legal no pretenden por una vía oblicua resolver y abordar el debate sobre el matrimonio igualitario. Informó que tienen comprometido para el año 2017 presentar un proyecto de ley que permita el matrimonio igualitario.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consignó que el proyecto se refiere a la identidad de género y no a la identidad sexual, y asume que el género es un constructo psicológico, al definirlo como una vivencia interna.

Por otro lado, dio cuenta que la definición de matrimonio no hace referencia al género de los contrayentes y, en este sentido, destacó que se refiere al sexo biológico, porque a ese concepto se le vincula con la facultad de procrear y puso de relieve que es biológicamente imposible que dos personas del mismo sexo biológico puedan procrear.

Por todo lo anterior, hizo reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto de ley, porque promueve el matrimonio igualitario y atenta contra el artículo 102 del Código Civil y el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que consagra a la familia, cuya base es el matrimonio, como el núcleo fundamental de la sociedad.

La Honorable Senadora señora Pérez señaló que la procreación no es una finalidad del matrimonio, porque existen muchas parejas que se casan sin la intención de tener hijos.

- Puesta en votación la indicación número 147, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón; por la negativa los Honorables Senadores señora Pérez y señor Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta. Repetida la votación, en conformidad al artículo 178 del Reglamento del Senado, por el voto de abstención, se registró el mismo resultado.

En consecuencia, corresponde aplicar el artículo 182 del Reglamento del Senado por el empate producido. Repetida la votación, se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la indicación número 147, a causa de la urgencia con que está calificado el presente proyecto de ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La indicación número 148, de Su Excelencia la Presidenta de la República, sustituye el epígrafe “DISPOSICIÓN TRANSITORIA” por el siguiente:

“TÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

- El señor Ministro de la Secretaría General de Gobierno retiró la indicación número 148.

La indicación número 149, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, reemplaza este epígrafe, por el siguiente: “DISPOSICIONES VARIAS”.

Se hizo presente que esta indicación está relacionada con la indicación número 155, que incorpora un nuevo artículo transitorio, lo que justificaría reemplazar el epígrafe “DISPOSICIÓN TRANSITORIA” por “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

- Las indicaciones números 149 y 155 fueron retiradas por la Honorable Senadora señora Pérez, en su calidad de autora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El texto aprobado en general por el Senado para el artículo transitorio es el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Por el sólo ministerio de esta ley, todas las personas que hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes N°s 17.344 y 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

La indicación número 150, del Honorable Senador señor Ossandón, propone eliminarlo.

- La indicación número 150 fue retirada por su autor.

La indicación número 151, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza por el siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO.

INCISO PRIMERO. Por el sólo ministerio de esta ley, toda persona que haya obtenido su cambio de nombre por razón de Identidad Sexual, en conformidad a las disposiciones de las leyes N° 17.344 y N° 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrá recurrir al Tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

INCISO SEGUNDO. Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes de esta ley para la determinación del Tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.”.

- El Honorable Senador señor Ossandón retiró la indicación número 151, en su calidad de autor de la misma.

La indicación número 152, de Su Excelencia la Presidenta de la República, modifica la disposición transitoria en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el encabezado del inciso primero del actual artículo único que ha pasado a ser artículo primero por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO.-”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “artículo 5°” por “artículo 4° y siguientes”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que esta indicación es de mera concordancia.

- La indicación número 152 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Pérez y señores Matta, y Quinteros, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y Ossandón.

La indicación número 153, del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, reemplaza el término “tribunal” por el término “organismo”.

La indicación número 154, del Honorable Senador señor Girardi, en su inciso segundo, reemplaza la frase “dictación de la sentencia” por “su cumplimiento”.

- Las indicaciones números 153 y 154 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta, Ossandón y Quinteros.

La indicación número 155, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, incorpora a continuación del artículo único, el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO .- Agrégase el siguiente numeral 5° al artículo 42 de la ley N° 19.947, que establece nueva Ley de Matrimonio Civil:

“5° Por sentencia que acoja la solicitud de rectificación de partida de nacimiento en cuanto al sexo del solicitante.”.”.

Cabe señalar que el artículo 42 citado, señala las causales por las cuales termina el matrimonio, en los siguientes términos:

“Artículo 42.- El matrimonio termina:

1º Por la muerte de uno de los cónyuges;

2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;

3º Por sentencia firme de nulidad, y

4º Por sentencia firme de divorcio.”.

- La indicación número 155 fue retirada por la Honorable Senadora señora Pérez, en su calidad de autora.

La indicación número 156, de la Honorable Senadora señora Pérez San Martín, introduce el siguiente artículo, nuevo:

“ARTÍCULO….- Agrégase el siguiente numeral 7) al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2.000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 1792-27, se refiere al régimen de participación en los gananciales, el cual termina por las siguientes causas:

1) Por la muerte de uno de los cónyuges.

2) Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el Título II, "Del principio y fin de la existencia de las personas", del Libro Primero del Código Civil.

3) Por la declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio.

4) Por la separación judicial de los cónyuges.

5) Por la sentencia que declare la separación de bienes.

6) Por el pacto de separación de bienes.

Cabe señalar que la indicación establece una nueva causal de término del régimen de participación en los gananciales, que se sustentaba en la indicación número 155, que fue retirada. En ese entendido, consultada la Honorable Senadora señora Pérez si retiraba su indicación, optó por someterla a votación.

- En votación, la indicación número 156, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señoras Pérez y Van Rysselberghe, y señores Matta y Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

A continuación, el señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que examinarán el texto final de este proyecto de ley para realizar las adecuaciones que sean necesarias y tener una mayor coherencia de la ley. Al efecto, observó que la indicación 156 recientemente aprobada, está directamente relacionada con la indicación número 155, que fue retirada.

Dado que no hubo el quórum necesario para reabrir el debate respecto de la indicación número 156, se mantuvo el texto aprobado por la Comisión con la prevención del Ejecutivo que realizarán las adecuaciones necesarias en la Sala del Senado para revertir esta situación.

Con posterioridad y teniendo presente el alcance formulado por la Excelentísima Corte Suprema en el mismo sentido, esto es, que el texto del artículo 15 hace referencia a una norma que no existe, se instó a Sus Señorías a considerar la reapertura del debate para proceder a su rechazo o retiro.

Sometido a consideración, no se dio la unanimidad necesaria para reabrir el debate respecto de la citada norma y se mantuvo el texto del artículo 15, nuevo.

La indicación número 157, del Honorable Senador señor Navarro, agrega el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO TRANSITORIO .- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

- La indicación número 157 fue declarada inadmisible, por cuanto incide en la administración financiera del Estado al involucrar nuevos gastos y establecer nuevas funciones para los servicios públicos, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, incisos tercero y cuarto número 2° de la Constitución Política de la República.

La indicación número 158, de Su Excelencia la Presidenta de la República, introduce un artículo segundo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente ley comenzará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.”.

La Honorable Senadora señora Pérez planteó rebajar el plazo de entrada en vigencia de esta ley a seis meses.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno se mostró dispuesto para acoger esta propuesta.

En atención a lo anterior, la Honorable Senadora señora Pérez presentó una moción, que modifica la indicación número 158, para reemplazar los términos “un año” por “seis meses”.

Se hizo presente que el rebajar el plazo de la entrada en vigencia de esta ley podría involucrar nuevos recursos para el Estado, por lo que se instó a Sus Señorías a votar la admisibilidad de esta propuesta.

- En votación, la admisibilidad de la propuesta de reducir el plazo de un año a seis meses. Votaron por su admisibilidad los Honorables Senadores señora Pérez, y señores Matta y Quinteros, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Van Russelberghe y señor Ossandón.

Con la misma votación anterior, se aprobó la indicación número 158, con la modificación propuesta.

Finalizada la votación de las indicaciones, la Honorable Senadora señora Van Rysselberg dejó constancia que no tuvo responsabilidad en la demora de la tramitación de esta iniciativa, sino que, a petición del Ejecutivo, y en su calidad de Presidenta de la Comisión, tuvo que solicitar a la Sala del Senado, en diversas oportunidades, nuevo plazo para presentar indicaciones.

A continuación, el señor Ministro Secretario General de Gobierno agradeció a la Comisión el despacho de este proyecto de ley y expresó que, sin dudas, es un tremendo avance en materia de derechos humanos.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al texto del proyecto de ley aprobado en general por el Senado:

ARTÍCULO 1°

Inciso primero

Letra a)

Sustituir la frase “de su identidad de género” por “de lo que esta ley denomina identidad de género”.

(Indicación N° 3a, mayoría 2x1).

Inciso segundo

Introducir las siguientes modificaciones:

a) Intercalar entre las expresiones “administrativa” y “o judicial” lo siguiente: “público y/o privada,”.

(Indicación N°4, mayoría 3x1 abs).

b) Suprimir la frase final:

“, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

(Indicación N° 3d, unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 2°

Sustituirlo por el siguiente:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior, podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

(Indicación N° 9, mayoría 3x1 abs).

ARTÍCULO 3°

Reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

(Indicaciones N°s 10 a, inciso primero 4x1 abs; inciso segundo aprobado 3x2, e inciso tercero 3x1x1; indicación N° 11 3x1 abs).

° ° °

Incorporar el siguiente artículo 4°, nuevo:

“ARTÍCULO 4°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.”.

(Indicaciones N°s 18b, mayoría 3x2; 44ª, mayoría 3x1, y 46, mayoría 3x1 abs).

° ° °

ARTÍCULO 4°

Consultarlo como artículo 5° con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 5°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”.

(Indicaciones N°s 19a y 29, mayoría 3x2; 20, 27 y 39 3x1 abs; 33, 34, 35 y 36 mayoría 3x1 abs).

ARTÍCULO 5°

Suprimirlo

(Indicación N° 44a, mayoría 3x1).

ARTÍCULO 6°

Sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En caso de que exista fraude de ley, esto es, cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 3° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el sólo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género, deberán acompañarse los antecedentes documentales que acrediten el fraude invocado.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que éste informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

(Indicaciones N°s 55 y 56, mayoría 3x1; 65, mayoría 3x1; 67, 71 y 72 mayoría 3x1 abs; 68, 74 y 78 mayoría 3x1 abs, y 90 unanimidad 4x0).

° ° °

Intercalar los siguientes artículos 7°, 8° y 9°, nuevos:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un curador ad litem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5°, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.”.

(Indicaciones N°s 95, mayoría 3x2, y 114, 115 y 116 mayoría 3x2).

“ARTÍCULO 8°. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.”.

(Indicaciones N°s 95, mayoría 3x1x1, y 114, 115 y 116, mayoría 3x2).

“ARTICULO 9°. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.”.

(Indicación N° 95, mayoría 3x2).

ARTÍCULO 7°

Pasa a ser artículo 10 con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones de Chile;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registral de la persona solicitante, y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.”.

(Indicaciones N°s 98 y 64 , mayoría 3x2; 102, 104, 108 y 111, mayoría 4x1 abs; 105 y 106, unanimidad 5x0).

ARTÍCULO 8°

Pasa a ser artículo 11, con las siguientes enmiendas:

Inciso primero

Reemplazar la conjunción “y” por “y/o”, y la frase “extienda la nueva inscripción” por “se extienda la inscripción rectificada”.

(Indicación N° 120, mayoría 4x1 abs).

Inciso segundo

Sustituir los vocablos “nueva inscripción” por “rectificación”, y el término “jurídicas” por “patrimoniales”.

(Indicación N° 123, mayoría 4x1 abs).

Inciso cuarto

Sustituirlo por el siguiente:

“La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

(Indicaciones N°s 126 y 127, mayoría 3x2).

ARTÍCULO 9°

Pasa a ser artículo 12, sin enmiendas.

ARTÍCULO 10

Consultarlo como artículo 13, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

(Indicación N° 133, mayoría 3x1x1).

ARTÍCULO 11

Inciso primero

Pasa a ser artículo 14, con las siguientes enmiendas:

- Agregar luego de las expresiones “partida de nacimiento y” la siguiente frase “documentos de identificación por”.

- Sustituir la conjunción “y” entre los vocablos “cambio de sexo” y “nombre” por “y/o”.

- Agregar a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente texto:

“Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.”.

(Indicaciones N°s 141, mayoría 4x1 abs, y 142 y 143, mayoría 4x1 abs).

° ° °

Agregar el siguiente artículo 15, nuevo:

“ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1792-27 DEL CÓDIGO CIVIL.

Agréguese el siguiente numeral 7), nuevo, al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.”.

(Indicación N° 156, mayoría 4x1 abs).

° ° °

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Reemplazar el epígrafe “DISPOSICIÓN TRANSITORIA” por “DISPOSICIONES TRANSITORIAS”.

(Artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0).

ARTÍCULO ÚNICO

Pasa a ser ARTÍCULO PRIMERO, con la siguiente enmienda:

Reemplazar, en su inciso segundo, el guarismo “5°” por “4°”.

(Indicación N° 152 3x2 abs).

° ° °

Agregar el siguiente artículo segundo, nuevo

“ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.”.”.

(Indicación N° 158, mayoría 3x2 abs).

° ° °

- - -

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de lo que esta ley denomina identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho.

ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

ARTÍCULO 3°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.

ARTÍCULO 4°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.

ARTÍCULO 5°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.

ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En caso de que exista fraude de ley, esto es, cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 3° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el sólo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género, deberán acompañarse los antecedentes documentales que acrediten el fraude invocado.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que éste informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.

ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un curador ad litem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5°, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.

ARTÍCULO 8°. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.

ARTICULO 9°. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.

ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones de Chile;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registral de la persona solicitante, y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

ARTÍCULO 11. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y/o sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada en conformidad al artículo 104 del decreto con fuerza de ley N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

La rectificación en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.

ARTÍCULO 14. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y documentos de identificación por cambio de sexo y/o nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.

ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1792-27 DEL CÓDIGO CIVIL.

Agréguese el siguiente numeral 7), nuevo, al artículo 1792-27 del decreto con fuerza de ley N° 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la ley Nº 16.618, Ley de Menores; de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

“7) Por disolución del matrimonio en el caso previsto por el numeral 5° del artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO.- Por el sólo ministerio de esta ley, todas las personas que hayan obtenido su cambio de nombre por razón de identidad de género, en conformidad a las disposiciones de las leyes N°s 17.344 y 4.808, sin haber obtenido la rectificación de su sexo, podrán recurrir por una sola vez al tribunal competente para obtener la rectificación de su sexo.

Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 4° y siguientes de esta ley para la determinación del tribunal competente, la tramitación y la dictación de la sentencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.”.

- - -

Acordado en las sesiones celebradas el 9 y 16 de abril de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Patricio Walker Prieto (Presidente), señora Lily Pérez San Martín y señores Andrés Allamand Zavala (José García Ruminot) y Rabindranath Quinteros Lara.

En sesión 7 de mayo de 2014, con la asistencia de los Honorables Senadores señor Patricio Walker Prieto (Presidente), señora Lily Pérez San Martín, y señores Alejandro Navarro Brain y Manuel José Ossandón Irarrázabal.

En sesiones 11 y 18 de junio, 2 y 9 de julio, 6 de agosto, 3 y 24 de septiembre, 6 y 15 de octubre, 19 de noviembre de 2014 con la asistencia de los Honorables Senadores señor Manuel Antonio Matta Aragay (Presidente), señora Lily Pérez San Martín y señores Manuel José Ossandón Irarrázabal (Jacqueline Van Rysselberghe Herrera), Rabindranath Quinteros Lara (Carlos Montes Cisternas) y Alejandro Navarro Brain.

En sesiones 5, 12 y 19 de agosto, 2 y 30 de septiembre, 14 de octubre, 4, 17, 18 de noviembre, y 9 de diciembre de 2015 con la asistencia de los Honorables Senadores señora Jacqueline Van Rysselberghe Herrera (Presidente), señora Lily Pérez San Martín y señores Manuel Antonio Matta Aragay (Carolina Goic Boroevic y Jorge Pizarro Soto), Manuel José Ossandón Irarrázabal (José García Ruminot) y Rabindranath Quinteros Lara (Juan Pablo Letelier Morel).

Sala de la Comisión, a 15 de diciembre de 2015.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

(BOLETÍN N°8.924-07)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: reconocer y dar protección al derecho a la identidad de género de las personas. Para estos efectos, propone establecer una regulación adecuada que permita a toda persona obtener, por una sola vez, la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil e Identificación, cuando no coincidan con su verdadera identidad de género, en conformidad con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de igualdad, no discriminación, derecho a la identidad y protección en general de la dignidad humana, y los derechos y libertades fundamentales.

II. ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1a.- Retirada.

1.- Rechazada 3x1 abstención.

2.- Retirada.

3.- Rechazada 3x1 a favor.

3a.- Aprobada 2x1 en contra.

3b.- Rechazada 2x1 abstención.

3c.- Inadmisible.

3d.- Aprobada con modificaciones 4x0.

4.- Aprobada 3x1 abstención.

5.- Rechazada 4x0.

6.- Retirada.

7.- Rechazada 3x1 abstención.

8.- Retirada.

9.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

9a.- Rechazada 3x2 a favor.

9b y 9c.- Rechazadas 3x1 a favor x1 abstención.

10.- Retirada.

10a.- Inciso primero aprobado 4x1 abstención.

Inciso segundo aprobado 3x2 en contra.

Inciso tercero aprobado 3x1 en contra x1 abstención.

11.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

12.- Rechazada 3x1 a favor x 1 abstención.

13.- Rechazada 3x1 abstención.

14.- Rechazada 3x1 a favor.

15 y 16.- Rechazadas 3x1 abstención.

17.- Rechazada 3x1 a favor x 1 abstención.

18.- Retirada.

18a.- Inadmisible.

18b.- Aprobada 3x2 en contra.

19.- Retirada.

19a.- Aprobada 3x2 en contra.

20.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

21.- Retirada.

21a.- Rechazada 3x2 a favor.

22.- Rechazada 3x2 a favor.

23.- Rechazada 3x1 a favor.

24.- Rechazada 3x1 abstención.

25.- Retirada.

26.- Rechazada 3x1 abstención.

26a.- Rechazada 3x2 a favor.

27.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

28.- Rechazada 3x1 a favor.

29.- Aprobada 3x2 en contra.

30, 31 y 31a.- Rechazadas 3x2 a favor.

32.- Rechazada 3x1 abstención.

33, 34, 35 y 36.- Aprobadas 3x1 abstención.

37.- Rechazada 3x1 abstención.

37a.- Rechazada 3x2 a favor.

38.- Rechazada 3x1 abstención.

39.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

40.- Rechazada 3x1 a favor.

41.- Rechazada 3x1 abstención.

41a.- Rechazada 3x2 a favor.

42, 43 y 44.- Rechazadas 3x1 abstención.

44a.- Aprobada 3x1 en contra.

45.- Retirada.

46.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

47.- Rechazada 3x1 abstención.

47a.- Rechazada 3x2 a favor.

48.- Rechazada 3x1 abstención.

49 y 50.- Rechazadas 3x1 a favor.

51 y 52.- Rechazadas 3x2 en contra.

53.- Rechazada 3x1 abstención.

54.- Retirada.

54a.- Inciso primero rechazado por artículo 182 del Reglamento del Senado.

Inciso segundo rechazado por artículo 182 del Reglamento del Senado.

Inciso tercero rechazado por artículo 182 del Reglamento del Senado.

Inciso cuarto rechazado 4x0.

55 y 56.- Aprobadas con modificaciones 3x1 en contra.

57, 58, 59, 60 y 61.- Rechazadas 3x1 abstención.

62.- Rechazada 3x1 a favor.

62a.- Retirada.

63.- Rechazada 3x1 abstención.

64.- Aprobada con modificaciones 3x2 en contra.

65.- Aprobada 3x1 en contra.

66.- Retirada.

67.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

68.- Aprobada 3x1 abstención.

69.- Rechazadas 3x1 abstención.

70.- Rechazada 3x1 a favor.

71.- Aprobada con modificaciones 3x1 abstención.

71a.- Retirada.

72.- Aprobada 3x1 abstención.

73.- Retirada.

73a y 73b.- Retiradas.

74.- Aprobada 3x1 abstención.

75 y 76.- Rechazadas 3x1 abstención.

77.- Rechazada 3x1 a favor.

77a.- Retiradas.

78.- Aprobada 3x1 abstención.

79.- Rechazada 3x1 abstención.

80.- Retirada.

81.- Rechazada 3x1 a favor.

81a.-Inadmisible.

82.- Retirada.

83.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

84 y 85.- Inadmisibles.

86.- Rechazada 3x0.

87.- Retirada.

88.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

89.- Retirada.

90.- Aprobada 4x0.

91.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

92.- Retirada.

93.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

94.- Rechazada 4x0.

95.- Artículo 7° aprobado 3x2 en contra.

Artículo 8° aprobado 3 x1 en contra x 1 abstención.

Artículo 9° aprobado 3x2 en contra.

96 y 97.- Retiradas.

98.- Aprobada con modificaciones 3x2 en contra.

99.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

100 y 101.- Retiradas.

102.- Aprobadas con modificaciones 4x1 abstención.

103.- Rechazada 5x0.

104.- Aprobada con modificaciones 4x1 abstención.

105.- Aprobada 5x0.

106.- Aprobada con modificaciones 5x0.

107.- Retirada.

108.- Aprobada con modificaciones 4x1 abstención.

109.- Rechazada 3x2 a favor.

110.- Retirada.

111.- Aprobada con modificaciones 4x1 abstención.

112.- Inadmisible.

113.- Retirada.

114, 115 y 116.- Aprobadas con modificaciones 3x2 en contra.

117.- Rechazada 4x1 abstención.

118 y 119.- Retiradas.

120.- Aprobada 4x 1 abstención.

121 y 122.- Retiradas.

123.- Aprobada 4x1 abstención.

124.- Rechazada 3x2 a favor.

125.- Rechazada 3x 1 a favor x 1 abstención.

126 y 127.- Aprobadas 3x2 en contra.

128 y 129.- Retiradas.

130.- Rechazada 3x2 a favor.

131.- Rechazada 5x0.

132.- Inadmisible.

133.- Aprobada 3x 1 en contra x 1 abstención.

134 y 135.- Rechazadas 3x 1 a favor x 1 abstención.

136.- Inadmisible.

137, 138 y 139.- Retiradas.

140.- Rechazada 4x 1 a favor.

141.- Aprobada 4x 1 abstención.

142 y 143.- Aprobadas con modificaciones 4x 1 abstención.

144, 145 y 146.- Retiradas.

147.- Rechazada por artículo 182 del Reglamento del Senado.

148, 149, 150 y 151.- Retiradas.

152.- Aprobadas 3x2 abstenciones.

153 y 154.- Rechazadas 5x0.

155.- Retirada.

156.- Aprobada 4x 1 abstención.

157.- Inadmisible.

158.- Aprobada con modificaciones 3x2 abstenciones.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de quince artículos permanentes y de dos disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo el artículo 4° del proyecto de ser aprobado, debe serlo como norma orgánica constitucional, de conformidad al artículo 77, en relación con el artículo 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: suma.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Lagos y Letelier, y de los ex Senadores señora Rincón y señor Escalona.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 mayo de 2013.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

X. NORMAS QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- La Constitución Política de la República, en sus artículos 1° y 19 numeral 2°.

2.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3.- La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica".

4.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6.- La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

7.- La Convención Sobre los Derechos del Niño.

8.- Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género.

9.- La ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

10.- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

11.- La ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en acciones vinculadas a su atención de salud.

12.- La ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellido en los casos que indica y modifica la ley N° 4.808 sobre Registro Civil.

13.- La ley N° 4.808, sobre Registro Civil, y el decreto con fuerza de ley N° 2.128, de 10 de agosto de 1930, que aprueba el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil.

Valparaíso, 15 de diciembre de 2015.

XIMENA BELMAR STEGMANN

Secretario

BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES VIII

DE 13.06.16

REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 13.07.15

INDICACIONES FORMULADAS AL TEXTO QUE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS APROBÓ EN SEGUNDO INFORME AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

ooo

TÍTULO I, NUEVO

1.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 1° el siguiente título:

“Título I

Del derecho a la identidad de género”.

ooo

ARTÍCULO 1°

2.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. CONCEPTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS QUE RECONOCE ESTA LEY.”.

ooo

3.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para intercalar los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes incisos:

“Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogida. Asimismo, podrá o no corresponder a otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

ooo

Inciso primero

4.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Conforme a lo anterior, toda persona tiene derecho:”.

5.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazar la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Toda persona mayor de 18 años tiene derecho:”

6.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero luego de la palabra “derecho” la siguiente expresión: “con sujeción a los límites prescritos por ley y que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás:”.

Letra c)

7.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para intercalar en la letra c) entre las palabras “tratada” y “en”, la siguiente frase “una vez realizada la rectificación que regula esta ley”.

8.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en la letra c) del inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “y privados” luego de “instrumentos públicos” y antes de “que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo”.

Inciso segundo

9.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial” por “Toda persona o autoridad”; y, luego del punto seguido, la frase “Ninguna norma o procedimiento” por “Ninguna persona o autoridad”.

10.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “público y/o privada”.

11.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

12.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“No será condición necesaria para el ejercicio de los derechos que emanan del reconocimiento del derecho a la identidad de género haberse sometido a algún tipo de intervención y/o tratamiento modificatorio de la apariencia.”.

ARTÍCULO 2°

13.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, y 14.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar el artículo 2°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Inciso primero

15.- Del Honorable Senador señor Letelier, y 16.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la frase: “Para los efectos de esta ley”.

17.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma” por la siguiente: “la vivencia interna e individual del sexo tal como cada persona la siente respecto de sí misma”.

18.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar el concepto “asignado” por el vocablo “inscrito”.

ARTÍCULO 3°

19.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 3°, que ha pasado a ser el artículo 2°, por el siguiente:

“Artículo 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género, con la sola excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta ley.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña, adolescente o por persona con vínculo matrimonial no disuelto, se estará a lo dispuesto en el Título III de la presente ley.

La copia de la resolución administrativa o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

Inciso primero

20.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre las expresiones “persona” y “podrá”, la frase “mayor de 18 años”.

21.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “persona” y “podrá”, la expresión “que hubiere alcanzado la mayoría de edad”.

22.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar entre la voz “persona” y “podrá”, la expresión “sin vínculo matrimonial”.

23.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir después de la palabra “persona” y antes de la expresión “podrá”, la frase “sin hijos menores de edad”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “por una sola vez”.

Inciso segundo

25.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 26.- del Honorable Senador señor Ossandón, y 27.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo.

Inciso tercero

28.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar el inciso tercero.

29.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso tercero entre la palabra “privada” y la coma que le sigue, la siguiente frase: “que lleve registro de nombre y sexo en conformidad a la ley”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL. Todas las personas podrán, si lo estiman necesario, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

ooo

ARTÍCULO 4°

31.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En el caso de solicitantes menores de edad, o personas con vínculo matrimonial no disuelto, será competente el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados siempre que éstos se encuentren en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la solicitante.”.

ooo

TÍTULO II, NUEVO

32.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre los artículos 4° y 5° el siguiente título:

“Título II

Del procedimiento general de rectificación”.

ooo

ARTÍCULO 5°

33.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. No podrá requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad, debiendo informar al requirente del procedimiento especial que se establece en el artículo 6° de la presente ley.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por haberse efectuado ya en forma previa la rectificación del sexo y nombre de la misma persona, salvo la excepción prevista en el artículo 7° de esta ley.

Con todo, en caso de rechazo de la solicitud por existencia de vínculo matrimonial no disuelto, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al o la solicitante del procedimiento especial de terminación del matrimonio, que se establece en el artículo 8° de la presente ley.

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

Inciso primero

34.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

35.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero entre la palabra “formularse” y la palabra “por” la siguiente frase: “por una persona mayor de edad”.

36.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase: “señalar en su solicitud el género y/o nombre” por la siguiente: “señalar en su solicitud el sexo y/o nombre”.

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37.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso segundo nuevo pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de un médico especialista que acredite que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

ooo

Inciso segundo

38.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la palabra “farmacológico”.

39.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la expresión “o de tratamientos quirúrgicos”.

ooo

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar un inciso quinto final del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género. Esto lo hará a través de la presentación de un informe extendido por un especialista, ya sea médico psiquiatra o bien psicólogo clínico, en donde debe constar la permanencia de esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

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ARTÍCULO 6°

41.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar el artículo 6°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Inciso segundo

42.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo entre la palabra “exista” y “fraude “el siguiente vocablo: “posible”.

43.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso segundo la expresión “fraude de ley” por la siguiente: “fraude a la ley”.

44.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo luego de la palabra “invocado” y el punto aparte que le sigue, la siguiente frase: “por quienes crean que podrían verse afectados”.

Inciso tercero

45.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “penales,” y la conjunción “o”, la expresión “hijos”.

Inciso cuarto

46.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar el inciso final.

47.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso cuarto final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:

“Antes bien, su convencimiento deberá formarlo con especial consideración al informe extendido por el especialista, a fin de comprobar la seriedad de los motivos que fundamentan la solicitud y que la voluntad manifestada por el interesado es libre y espontánea.”.

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48.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, al tiempo de presentarse la solicitud el Tribunal oficiará a todas las instituciones públicas o privadas en las que la persona se encuentre registrada y frente a las cuales busque hacer valer el cambio, a fin de que tengan oportunidad de expresar sus eventuales reparos ante un posible fraude.“.

ooo

TÍTULO III, NUEVO

49.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente título:

“Título III

De los procedimientos excepcionales seguidos ante el tribunal con competencia en materias de familia”.

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ARTÍCULO 7°

50.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y 51.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo.

52.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

53.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo íntegramente por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 7º. DE LA PROHIBICIÓN REFERIDA A LOS MENORES DE EDAD.

En ningún caso se dará curso a la solicitud de cambio de sexo y nombre que sea presentada por un niño, niña o adolescente, o bien efectuada por sus representantes legales, sino hasta que los primeros hubieren alcanzado la mayoría de edad.”.

Inciso primero

54.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso primero la frase “deberá presentarse ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, y”, a continuación de “la solicitud que se refiere la presente ley” y antes de “podrá ser efectuada personalmente”.

55.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero la frase “o por quien lo tenga bajo su cuidado” por la frase “o quien tenga el cuidado personal”.

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56.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para fundar la presentación, podrá el o la solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes.”.

ooo

Inciso segundo

57.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase final “curador ad litem, para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento.” por la frase “curador ad litem o el defensor que establezca el sistema de protección de los derechos del niño vigente, quien asumirá su representación judicial.”.

Inciso cuarto

58.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “en el artículo 5°” por “en el inciso tercero del artículo 4°”.

59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto la frase “quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente” por “quien tenga el cuidado personal,”.

Inciso quinto

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“En caso de existir oposición del o los representantes legales, una vez oída ésta, el juez resolverá de plano y sin forma de juicio si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días. En ningún caso el juez podrá decretar la realización de exámenes físicos, psíquicos, sicológicos o farmacológicos al niño, niña o adolescente para resolver la oposición. En caso de no existir oposición, el juez concederá derechamente la solicitud sin más trámite.”.

Inciso sexto

61.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, por el siguiente:

“De ser rechazada la solicitud por el juez, la sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicables a los asuntos no contenciosos en materias de familia. Su vista gozará de preferencia.”.

Inciso séptimo

62.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso final, la expresión “y/o” por la conjunción “y”.

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63.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

64.- Del Honorable Senador señor Letelier y 65.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 8 DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, instará a las partes a efectuar la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

66.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.

Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.

ARTÍCULO 8°

67.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 68.- del Honorable Senador señor Ossandón, y 69.- del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

70.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 71.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 72.- del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

ARTÍCULO 10

73.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 10, que ha pasado a ser artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°. DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL PARA EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. Finalizado el procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tanto para el caso de la solicitud efectuada por un niño, niña o adolescente, como de la efectuada por una persona sujeta a vínculo matrimonial no disuelto, el tribunal ordenará en la misma sentencia al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento y las subinscripciones al margen. Una vez practicadas éstas, se emitirán los nuevos documentos de identidad para el o la solicitante, de conformidad a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

Inciso primero

74.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes numerales nuevos:

“…) Ministerio de Educación;

…) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

…) Corporación de Universidades Privadas (CUP);

…) Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos);”.

75.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar en el inciso primero el numeral octavo.

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TÍTULO IV, NUEVO

76.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 10, que ha pasado a ser 9°, y el artículo 10, nuevo, el siguiente título:

“Título IV

De la rectificación de la partida de nacimiento y documentos de identificación en razón a la identidad de género y sus efectos”.

ooo

ARTÍCULO 10, NUEVO

77.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 10°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Articulo 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación o recibida la orden del juez con competencia en materias de familia, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

ooo

ARTÍCULO 11

Inciso primero

78.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 79.- del Honorable Senador señor Navarro y 80.- del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar en el inciso primero la expresión “nombre y/o sexo” por la expresión “sexo y nombre”.

Inciso segundo

81.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 82.- del Honorable Senador señor Navarro y 83.- del Honorable Senador señor Letelier, para eliminar en el inciso segundo las expresiones “en la partida de nacimiento”.

84.- Del Honorable Senador señor Navarro y 85.- del Honorable Senador señor Letelier, para suprimir el vocablo “patrimoniales”.

Inciso tercero

86.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

ARTÍCULO 12

87.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE TRATO DIGNO. Ninguna persona o institución pública o privada podrá dar un trato irrespetuoso, contrario a la dignidad humana o que implique una discriminación arbitraria a otra persona en razón de su identidad de género.”

ooo

Inciso segundo, nuevo

88.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La infracción a lo señalado precedentemente será sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley N° 20.609.”.

ooo

ARTÍCULO 13

Inciso primero

89.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 13.- LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Tanto el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa como ante el Tribunal con competencia en materias de familia tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible.”.

90.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la expresión “, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.”.

ooo

91.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, la persona que haya rectificado su sexo y nombre, así como quienes gocen de su autorización expresa o de orden judicial emitida al efecto, podrán solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que se emitan certificados de nacimiento de sus hijos y/o de matrimonio de su ex cónyuge, en que conste la subinscripción relativa a su rectificación de sexo y nombre por motivo de identidad de género. Dichos certificados se consideran datos sensibles.”.

ooo

92.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar nuevo artículo del siguiente tenor:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO.

Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”

ooo

93.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para agregar el siguiente nuevo artículo:

“ARTÍCULO ….- PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY. Los órganos de la Administración del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley. Para ello deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas, especialmente en lo referido a la información del procedimiento judicial de rectificación de sexo y/o nombre. Deberán, asimismo, propender a asegurar la disponibilidad, al menos en la red pública de salud, de las prestaciones referidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente.”.

ooo

TÍTULO V, NUEVO

94.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 14, nuevo, el siguiente título:

“Título V

Adecuación de otros cuerpos legales”.

ooo

ARTÍCULO 14

95.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo.

96.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.

97.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5°. Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.”.

Inciso primero

98.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituir la frase “Todas las personas” por “Todas las personas mayores de 18 años”.

ooo

Inciso segundo, nuevo

99.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para intercalar en el artículo el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Con el objeto de asegurar el acceso a las terapias señaladas en el inciso precedente, todas las intervenciones y tratamientos respectivos se encontrarán incorporadas en el arancel del Fondo Nacional de Salud a que se refiere el artículo 159 del D.F.L. N° 1 de 2005, citado precedentemente, o el que lo reemplace en otras modalidades de atención.”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

100.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un nuevo artículo en el siguiente modo:

“ARTÍCULO ….- Reemplácese el actual artículo 42 de la ley N° 19.947 que establece nueva Ley de Matrimonio Civil por el siguiente:

“Artículo 42.- El matrimonio termina:

1º Por la muerte de uno de los cónyuges;

2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;

3º Por sentencia firme de nulidad,

4º Por sentencia firme de divorcio y

5° Por sentencia firme de cambio de sexo.”.”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

101.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“ARTÍCULO ….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19.947 que establece una nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral del siguiente tenor:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

ooo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

Inciso primero

102.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para modificar el artículo primero transitorio, en el siguiente sentido:

a) Intercálase la frase “, a la entrada de su vigencia,”, a continuación de la frase “todas las personas que” y antes de la frase “hayan obtenido su cambio de nombre”.

b) Reemplázase en la parte final del inciso primero la palabra “tribunal” por la expresión “órgano”.

Inciso segundo

103.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 4° y siguientes de esta ley para efectos de la tramitación y dictación de la resolución, ya sea judicial o administrativa.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

104.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir en el artículo segundo transitorio la expresión “seis meses” por la expresión “un año”.

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105.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente nueva disposición transitoria:

“ARTÍCULO (…).- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

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BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES IX

DE 06.09.16

REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 13.06.16

INDICACIONES FORMULADAS AL TEXTO QUE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS APROBÓ EN SEGUNDO INFORME AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

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TÍTULO I, NUEVO

1.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 1° el siguiente título:

“Título I

Del derecho a la identidad de género”.

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ARTÍCULO 1°

2.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. CONCEPTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS QUE RECONOCE ESTA LEY.”.

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3.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para intercalar los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes incisos:

“Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogida. Asimismo, podrá o no corresponder a otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

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Inciso primero

4.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Conforme a lo anterior, toda persona tiene derecho:”.

5.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazar la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Toda persona mayor de 18 años tiene derecho:”

6.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero luego de la palabra “derecho” la siguiente expresión: “con sujeción a los límites prescritos por ley y que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás:”.

Letra c)

7.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para intercalar en la letra c) entre las palabras “tratada” y “en”, la siguiente frase “una vez realizada la rectificación que regula esta ley”.

8.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en la letra c) del inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “y privados” luego de “instrumentos públicos” y antes de “que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo”.

Inciso segundo

9.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial” por “Toda persona o autoridad”; y, luego del punto seguido, la frase “Ninguna norma o procedimiento” por “Ninguna persona o autoridad”.

10.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “público y/o privada”.

11.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

12.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“No será condición necesaria para el ejercicio de los derechos que emanan del reconocimiento del derecho a la identidad de género haberse sometido a algún tipo de intervención y/o tratamiento modificatorio de la apariencia.”.

ARTÍCULO 2°

13.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, y 14.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar el artículo 2°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Inciso primero

15.- Del Honorable Senador señor Letelier, y 16.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la frase: “Para los efectos de esta ley”.

17.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma” por la siguiente: “la vivencia interna e individual del sexo tal como cada persona la siente respecto de sí misma”.

18.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar el concepto “asignado” por el vocablo “inscrito”.

ARTÍCULO 3°

19.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 3°, que ha pasado a ser el artículo 2°, por el siguiente:

“Artículo 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género, con la sola excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta ley.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña, adolescente o por persona con vínculo matrimonial no disuelto, se estará a lo dispuesto en el Título III de la presente ley.

La copia de la resolución administrativa o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

Inciso primero

20.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre las expresiones “persona” y “podrá”, la frase “mayor de 18 años”.

21.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “persona” y “podrá”, la expresión “que hubiere alcanzado la mayoría de edad”.

22.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar entre la voz “persona” y “podrá”, la expresión “sin vínculo matrimonial”.

23.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir después de la palabra “persona” y antes de la expresión “podrá”, la frase “sin hijos menores de edad”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “por una sola vez”.

Inciso segundo

25.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 26.- del Honorable Senador señor Ossandón, y 27.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo.

Inciso tercero

28.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar el inciso tercero.

29.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso tercero entre la palabra “privada” y la coma que le sigue, la siguiente frase: “que lleve registro de nombre y sexo en conformidad a la ley”.

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ARTÍCULO, NUEVO

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL. Todas las personas podrán, si lo estiman necesario, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

30 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y TRATAMIENTOS. Todas las personas podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y a las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

Las atenciones de salud a las que se refiere el inciso anterior se ejecutarán de conformidad a los protocolos y las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584.

Con todo, en ningún caso se podrán practicar intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual a personas transgénero que no hayan alcanzado la mayoría de edad.”.

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ARTÍCULO 4°

31.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En el caso de solicitantes menores de edad, o personas con vínculo matrimonial no disuelto, será competente el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados siempre que éstos se encuentren en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la solicitante.”.

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TÍTULO II, NUEVO

32.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre los artículos 4° y 5° el siguiente título:

“Título II

Del procedimiento general de rectificación”.

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ARTÍCULO 5°

33.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. No podrá requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad, debiendo informar al requirente del procedimiento especial que se establece en el artículo 6° de la presente ley.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por haberse efectuado ya en forma previa la rectificación del sexo y nombre de la misma persona, salvo la excepción prevista en el artículo 7° de esta ley.

Con todo, en caso de rechazo de la solicitud por existencia de vínculo matrimonial no disuelto, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al o la solicitante del procedimiento especial de terminación del matrimonio, que se establece en el artículo 8° de la presente ley.

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

Inciso primero

34.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

35.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero entre la palabra “formularse” y la palabra “por” la siguiente frase: “por una persona mayor de edad”.

36.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase: “señalar en su solicitud el género y/o nombre” por la siguiente: “señalar en su solicitud el sexo y/o nombre”.

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37.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso segundo nuevo pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de un médico especialista que acredite que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

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Inciso segundo

38.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la palabra “farmacológico”.

39.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la expresión “o de tratamientos quirúrgicos”.

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40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar un inciso quinto final del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género. Esto lo hará a través de la presentación de un informe extendido por un especialista, ya sea médico psiquiatra o bien psicólogo clínico, en donde debe constar la permanencia de esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

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ARTÍCULO 6°

41.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar el artículo 6°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Inciso segundo

42.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo entre la palabra “exista” y “fraude “el siguiente vocablo: “posible”.

43.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso segundo la expresión “fraude de ley” por la siguiente: “fraude a la ley”.

44.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo luego de la palabra “invocado” y el punto aparte que le sigue, la siguiente frase: “por quienes crean que podrían verse afectados”.

Inciso tercero

45.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “penales,” y la conjunción “o”, la expresión “hijos”.

Inciso cuarto

46.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar el inciso final.

47.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso cuarto final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:

“Antes bien, su convencimiento deberá formarlo con especial consideración al informe extendido por el especialista, a fin de comprobar la seriedad de los motivos que fundamentan la solicitud y que la voluntad manifestada por el interesado es libre y espontánea.”.

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48.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, al tiempo de presentarse la solicitud el Tribunal oficiará a todas las instituciones públicas o privadas en las que la persona se encuentre registrada y frente a las cuales busque hacer valer el cambio, a fin de que tengan oportunidad de expresar sus eventuales reparos ante un posible fraude.“.

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TÍTULO III, NUEVO

49.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente título:

“Título III

De los procedimientos excepcionales seguidos ante el tribunal con competencia en materias de familia”.

49 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente epígrafe de Título III:

“Título III

De los procedimientos excepcionales”.

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ARTÍCULO 7°

50.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y 51.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo.

51 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, por el siguiente:

“Artículo 6°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO O NIÑA. En el caso de los niños o niñas, que son aquellos que no han cumplido los catorce años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, por el padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal.

Para fundar la solicitud, podrán acompañarse todos los antecedentes que se consideren pertinentes, especialmente los siguientes:

a) Informe de salud mental del niño o niña, que descarte la presencia de trastornos de personalidad que le estén provocando una convicción errónea sobre su identidad de género.

b) Informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia determinante de la voluntad del padre, madre, representante legal o cuidador que haya o hayan formulado la solicitud, sobre la voluntad expresada por el niño o niña en cuanto a su identidad de género.

c) Informe que acredite que el niño o niña y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación especialista por, al menos, un año previo a la solicitud.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño o niña a una audiencia dentro de un plazo no mayor a quince días. En esta audiencia el juez oirá al niño o niña, quien deberá ratificar los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestar expresamente su voluntad a través de las vías adecuadas para su edad. El juez podrá pronunciarse respecto de la suficiencia de los informes acompañados, y siempre podrá ordenar la realización o reiteración de éstos ante un profesional o institución idóneos. Toda intervención del niño o niña deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que aseguren su salud física y psíquica, en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad y seguridad, y que permitan controlar la presencia de otras personas. Asimismo, su opinión siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

En el eventual caso que el niño o niña presentare dificultades de comunicación, serán aplicables las reglas contenidas en los artículos 42 y 43 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Oído el niño o niña, conforme a las reglas establecidas en los incisos precedentes, habiéndose o no presentado los informes dispuestos en el inciso segundo, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia del solicitante y del padre, madre, representante legal o cuidador que no hubiere concurrido a la solicitud, a una audiencia fijada dentro de un plazo no mayor a quince días. En la resolución que ordene la comparecencia se informará a los citados sobre la posibilidad de presentar oposición fundada, caso en el cual deberán acompañar los medios de prueba que estimen pertinentes, todo dentro de la misma audiencia. Si a la audiencia no compareciere la totalidad de los citados, ésta se suspenderá y se citará para una nueva fecha, bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención.

La oposición podrá ser formulada sólo por el padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente su cuidado personal, lo que volverá contencioso el procedimiento, aplicándose supletoriamente las normas de los Títulos I, II y III de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, en lo que no resulte contradictorio con la presente ley.

En caso de no deducirse oposición, el juez actuará conforme a lo previsto en el artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

En todo caso, el juez siempre podrá ordenar la realización de los informes señalados en el inciso segundo para formar su convicción, hasta antes de la dictación de la sentencia, asegurándose, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, que las partes y el consejo técnico puedan formular las observaciones que les merezca esta prueba. Con todo, el juez no podrá decretar la realización de exámenes físicos al niño o niña.

La sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicable a los asuntos contenciosos o no contenciosos en materias de familia, según sea el caso. La vista de estos recursos gozará de preferencia.

La sentencia definitiva que acogiere la solicitud ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento del niño o niña, procediendo al cambio de su sexo y de su nombre, o sólo del sexo de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero transitorio, de acuerdo a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

52.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

53.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo íntegramente por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 7º. DE LA PROHIBICIÓN REFERIDA A LOS MENORES DE EDAD.

En ningún caso se dará curso a la solicitud de cambio de sexo y nombre que sea presentada por un niño, niña o adolescente, o bien efectuada por sus representantes legales, sino hasta que los primeros hubieren alcanzado la mayoría de edad.”.

Inciso primero

54.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso primero la frase “deberá presentarse ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, y”, a continuación de “la solicitud que se refiere la presente ley” y antes de “podrá ser efectuada personalmente”.

55.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero la frase “o por quien lo tenga bajo su cuidado” por la frase “o quien tenga el cuidado personal”.

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56.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para fundar la presentación, podrá el o la solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes.”.

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Inciso segundo

57.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase final “curador ad litem, para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento.” por la frase “curador ad litem o el defensor que establezca el sistema de protección de los derechos del niño vigente, quien asumirá su representación judicial.”.

Inciso cuarto

58.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “en el artículo 5°” por “en el inciso tercero del artículo 4°”.

59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto la frase “quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente” por “quien tenga el cuidado personal,”.

Inciso quinto

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“En caso de existir oposición del o los representantes legales, una vez oída ésta, el juez resolverá de plano y sin forma de juicio si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días. En ningún caso el juez podrá decretar la realización de exámenes físicos, psíquicos, sicológicos o farmacológicos al niño, niña o adolescente para resolver la oposición. En caso de no existir oposición, el juez concederá derechamente la solicitud sin más trámite.”.

Inciso sexto

61.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, por el siguiente:

“De ser rechazada la solicitud por el juez, la sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicables a los asuntos no contenciosos en materias de familia. Su vista gozará de preferencia.”.

Inciso séptimo

62.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso final, la expresión “y/o” por la conjunción “y”.

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62 a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, reordenándose la numeración de los artículos correlativos posteriores:

“Artículo 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL O LA ADOLESCENTE. Las personas que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán efectuar la solicitud a que se refiere esta ley de manera personal ante el tribunal con competencia en materias de familia de su domicilio, acompañando todos los antecedentes que considere pertinentes para fundar su solicitud.

En caso de concurrir sin su padre, madre, representante legal o cuidador, el juez nombrará un defensor conforme al sistema de protección de menores que exista al momento de la solicitud.

La tramitación de la solicitud se regirá por las mismas reglas establecidas en el artículo anterior, con la salvedad que el juez sólo podrá ordenar la realización de informes o pericias en caso de haberse deducido oposición por alguno de los intervinientes.

Con todo, en caso de contar con el consentimiento tanto del padre como de la madre, o en su defecto, de todos quienes lo representen legalmente o tengan legalmente su cuidado personal, según corresponda, la solicitud se tramitará de acuerdo a lo establecido en el título II de esta ley, debiendo ser suscrita por todos ellos.”.

63.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

64.- Del Honorable Senador señor Letelier y 65.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 8 DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, instará a las partes a efectuar la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

66.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.

Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.

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ARTÍCULO 8°

67.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 68.- del Honorable Senador señor Ossandón, y 69.- del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

70.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 71.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 72.- del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

ARTÍCULO 10

73.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 10, que ha pasado a ser artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°. DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL PARA EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. Finalizado el procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tanto para el caso de la solicitud efectuada por un niño, niña o adolescente, como de la efectuada por una persona sujeta a vínculo matrimonial no disuelto, el tribunal ordenará en la misma sentencia al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento y las subinscripciones al margen. Una vez practicadas éstas, se emitirán los nuevos documentos de identidad para el o la solicitante, de conformidad a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

Inciso primero

74.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes numerales nuevos:

“…) Ministerio de Educación;

…) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

…) Corporación de Universidades Privadas (CUP);

…) Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos);”.

75.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar en el inciso primero el numeral octavo.

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TÍTULO IV, NUEVO

76.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 10, que ha pasado a ser 9°, y el artículo 10, nuevo, el siguiente título:

“Título IV

De la rectificación de la partida de nacimiento y documentos de identificación en razón a la identidad de género y sus efectos”.

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ARTÍCULO 10, NUEVO

77.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 10°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Articulo 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación o recibida la orden del juez con competencia en materias de familia, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

ooo

ARTÍCULO 11

Inciso primero

78.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 79.- del Honorable Senador señor Navarro y 80.- del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar en el inciso primero la expresión “nombre y/o sexo” por la expresión “sexo y nombre”.

Inciso segundo

81.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 82.- del Honorable Senador señor Navarro y 83.- del Honorable Senador señor Letelier, para eliminar en el inciso segundo las expresiones “en la partida de nacimiento”.

84.- Del Honorable Senador señor Navarro y 85.- del Honorable Senador señor Letelier, para suprimir el vocablo “patrimoniales”.

Inciso tercero

86.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

ARTÍCULO 12

87.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE TRATO DIGNO. Ninguna persona o institución pública o privada podrá dar un trato irrespetuoso, contrario a la dignidad humana o que implique una discriminación arbitraria a otra persona en razón de su identidad de género.”

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Inciso segundo, nuevo

88.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La infracción a lo señalado precedentemente será sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley N° 20.609.”.

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ARTÍCULO 13

Inciso primero

89.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 13.- LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Tanto el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa como ante el Tribunal con competencia en materias de familia tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible.”.

90.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la expresión “, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.”.

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91.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, la persona que haya rectificado su sexo y nombre, así como quienes gocen de su autorización expresa o de orden judicial emitida al efecto, podrán solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que se emitan certificados de nacimiento de sus hijos y/o de matrimonio de su ex cónyuge, en que conste la subinscripción relativa a su rectificación de sexo y nombre por motivo de identidad de género. Dichos certificados se consideran datos sensibles.”.

ooo

92.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar nuevo artículo del siguiente tenor:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO.

Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”

ooo

93.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para agregar el siguiente nuevo artículo:

“ARTÍCULO ….- PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY. Los órganos de la Administración del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley. Para ello deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas, especialmente en lo referido a la información del procedimiento judicial de rectificación de sexo y/o nombre. Deberán, asimismo, propender a asegurar la disponibilidad, al menos en la red pública de salud, de las prestaciones referidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente.”.

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TÍTULO V, NUEVO

94.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 14, nuevo, el siguiente título:

“Título V

Adecuación de otros cuerpos legales”.

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ARTÍCULO 14

95.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo.

96.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.

97.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5°. Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.”.

Inciso primero

98.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituir la frase “Todas las personas” por “Todas las personas mayores de 18 años”.

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Inciso segundo, nuevo

99.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para intercalar en el artículo el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Con el objeto de asegurar el acceso a las terapias señaladas en el inciso precedente, todas las intervenciones y tratamientos respectivos se encontrarán incorporadas en el arancel del Fondo Nacional de Salud a que se refiere el artículo 159 del D.F.L. N° 1 de 2005, citado precedentemente, o el que lo reemplace en otras modalidades de atención.”.

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ARTÍCULO, NUEVO

100.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un nuevo artículo en el siguiente modo:

“ARTÍCULO ….- Reemplácese el actual artículo 42 de la ley N° 19.947 que establece nueva Ley de Matrimonio Civil por el siguiente:

“Artículo 42.- El matrimonio termina:

1º Por la muerte de uno de los cónyuges;

2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;

3º Por sentencia firme de nulidad,

4º Por sentencia firme de divorcio y

5° Por sentencia firme de cambio de sexo.”.”.

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ARTÍCULO, NUEVO

101.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“ARTÍCULO ….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19.947 que establece una nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral del siguiente tenor:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

Inciso primero

102.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para modificar el artículo primero transitorio, en el siguiente sentido:

a) Intercálase la frase “, a la entrada de su vigencia,”, a continuación de la frase “todas las personas que” y antes de la frase “hayan obtenido su cambio de nombre”.

b) Reemplázase en la parte final del inciso primero la palabra “tribunal” por la expresión “órgano”.

Inciso segundo

103.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 4° y siguientes de esta ley para efectos de la tramitación y dictación de la resolución, ya sea judicial o administrativa.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

104.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir en el artículo segundo transitorio la expresión “seis meses” por la expresión “un año”.

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105.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente nueva disposición transitoria:

“ARTÍCULO (…).- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

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BOLETÍN Nº 8.924-07

INDICACIONES X

DE 23.09.16

REEMPLAZA AL BOLETÍN DE INDICACIONES DE 06.09.16

INDICACIONES FORMULADAS AL TEXTO QUE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS APROBÓ EN SEGUNDO INFORME AL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO

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TÍTULO I, NUEVO

1.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 1° el siguiente título:

“Título I

Del derecho a la identidad de género”.

1a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“TÍTULO I

De la identidad de género”.

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ARTÍCULO 1°

2.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. CONCEPTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS QUE RECONOCE ESTA LEY.”.

2a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el epígrafe del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por el siguiente: “DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO”.

2b.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 1°. DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de la identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada, una vez realizada la rectificación que regula esta ley, en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos y/o privados que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Las personas tendrán derecho a que se respete su identidad de género, sin perjuicio del ejercicio legítimo de derechos fundamentales por parte de terceros.”.

2c.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar la identidad de género de las personas.”.

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3.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para intercalar los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes incisos:

“Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogida. Asimismo, podrá o no corresponder a otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

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Inciso primero

4.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Conforme a lo anterior, toda persona tiene derecho:”.

5.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazar la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Toda persona mayor de 18 años tiene derecho:”

6.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero luego de la palabra “derecho” la siguiente expresión: “con sujeción a los límites prescritos por ley y que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás:”.

Letra a)

6a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar la letra a) del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por la siguiente:

“a) al reconocimiento y protección de la identidad de género.”.

Letra c)

7.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para intercalar en la letra c) entre las palabras “tratada” y “en”, la siguiente frase “una vez realizada la rectificación que regula esta ley”.

8.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en la letra c) del inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “y privados” luego de “instrumentos públicos” y antes de “que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo”.

Inciso segundo

8a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el inciso segundo del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por el siguiente:

“Las personas tendrán derecho a que se respete su identidad de género, sin perjuicio del ejercicio legítimo de derechos fundamentales por parte de terceros.”.

9.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial” por “Toda persona o autoridad”; y, luego del punto seguido, la frase “Ninguna norma o procedimiento” por “Ninguna persona o autoridad”.

10.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “público y/o privada”.

11.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo”.

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12.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“No será condición necesaria para el ejercicio de los derechos que emanan del reconocimiento del derecho a la identidad de género haberse sometido a algún tipo de intervención y/o tratamiento modificatorio de la apariencia.”.

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ARTÍCULO 2°

13.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, y 14.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar el artículo 2°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

14a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el artículo 2°, “DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, o incorporarlo en la correlación que corresponda, por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona mayor de edad podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando estos no coincidan con su identidad de género.

La copia de la resolución administrativa, o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

14b.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL CAMBIO DE SEXO Y NOMBRE.

Toda persona mayor de 18 años y sin vínculo matrimonial vigente, podrá obtener la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

La copia de la resolución administrativa que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

Inciso primero

15.- Del Honorable Senador señor Letelier, y 16.- del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir la frase: “Para los efectos de esta ley”.

17.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma” por la siguiente: “la vivencia interna e individual del sexo tal como cada persona la siente respecto de sí misma”.

18.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar el concepto “asignado” por el vocablo “inscrito”.

ARTÍCULO 3°

18a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

19.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 3°, que ha pasado a ser el artículo 2°, por el siguiente:

“Artículo 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género, con la sola excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta ley.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña, adolescente o por persona con vínculo matrimonial no disuelto, se estará a lo dispuesto en el Título III de la presente ley.

La copia de la resolución administrativa o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

Inciso primero

20.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre las expresiones “persona” y “podrá”, la frase “mayor de 18 años”.

21.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar en el inciso primero, entre las palabras “persona” y “podrá”, la expresión “que hubiere alcanzado la mayoría de edad”.

22.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar entre la voz “persona” y “podrá”, la expresión “sin vínculo matrimonial”.

23.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir después de la palabra “persona” y antes de la expresión “podrá”, la frase “sin hijos menores de edad”.

24.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la frase “por una sola vez”.

Inciso segundo

25.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 26.- del Honorable Senador señor Ossandón, 27.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo y 27a.- del Honorable Senador señor Allamand.

Inciso tercero

28.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar el inciso tercero.

29.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso tercero entre la palabra “privada” y la coma que le sigue, la siguiente frase: “que lleve registro de nombre y sexo en conformidad a la ley”.

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ARTÍCULO, NUEVO

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL. Todas las personas podrán, si lo estiman necesario, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

30a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y TRATAMIENTOS. Todas las personas podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y a las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

Las atenciones de salud a las que se refiere el inciso anterior se ejecutarán de conformidad a los protocolos y las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584.

Con todo, en ningún caso se podrán practicar intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual a personas transgénero que no hayan alcanzado la mayoría de edad.”.

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ARTÍCULO 4°

31.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En el caso de solicitantes menores de edad, o personas con vínculo matrimonial no disuelto, será competente el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados siempre que éstos se encuentren en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la solicitante.”.

31a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el artículo 4°, “DEL TRIBUNAL COMPETENTE”, o incorporarlo en la correlación que corresponda, por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 4. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio, sin importar cuál sea el domicilio del o la solicitante.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila sustitutivos de la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que estos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género. El solicitante deberá expresar en esta, que comprende que el cambio tiene carácter irreversible.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar su nombre de pila podrán mantenerlos registrados.

Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género, a través de la presentación de uno o más informes extendidos por un especialista médico psiquiatra o bien psicólogo clínico en el que debe constar la condición, y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.

Recibida la solicitud deberá notificarse de ella, mediante carta certificada, a los ascendientes y descendientes de primer grado, así como al cónyuge o conviviente civil, si los hubiere. Dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación, los interesados podrán oponerse a la solicitud. En el evento de que exista oposición, el asunto devendrá en contencioso, y será remitido mediante oficio al tribunal que tenga competencia en materia de familia del domicilio del peticionario.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.”.

31b.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO. Será competente para conocer de la solicitud de cambio de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio, sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que estos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten su voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la lo oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.”.

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TÍTULO II, NUEVO

32.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre los artículos 4° y 5° el siguiente título:

“Título II

Del procedimiento general de rectificación”.

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ARTÍCULO 5°

33.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. No podrá requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad, debiendo informar al requirente del procedimiento especial que se establece en el artículo 6° de la presente ley.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por haberse efectuado ya en forma previa la rectificación del sexo y nombre de la misma persona, salvo la excepción prevista en el artículo 7° de esta ley.

Con todo, en caso de rechazo de la solicitud por existencia de vínculo matrimonial no disuelto, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al o la solicitante del procedimiento especial de terminación del matrimonio, que se establece en el artículo 8° de la presente ley.

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

33a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por no haberse cumplido con uno o más de los requisitos que exige esta ley

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

Inciso primero

34.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley”.

34a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar en el inciso primero del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación, la frase “Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados” por otra, del siguiente tenor:

“En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila sustitutivos de la partida de nacimiento.”

35.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso primero entre la palabra “formularse” y la palabra “por” la siguiente frase: “por una persona mayor de edad”.

36.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso primero la frase: “señalar en su solicitud el género y/o nombre” por la siguiente: “señalar en su solicitud el sexo y/o nombre”.

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37.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un inciso segundo nuevo pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de un médico especialista que acredite que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar”.

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Inciso segundo

37a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el inciso segundo del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación, por uno del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género, a través de la presentación de uno o más informes extendidos por un especialista médico psiquiatra o bien psicólogo clínico en el que debe constar la condición, y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

38.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la palabra “farmacológico”.

39.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar la expresión “o de tratamientos quirúrgicos”.

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39a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar un nuevo inciso tercero del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación, del siguiente tenor:

“El solicitante deberá expresar en esta, que comprende que el cambio tiene carácter irreversible.”.

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Inciso cuarto

39b.- Del Honorable Senador señor Allamand, para eliminar el inciso final del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación.

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40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar un inciso quinto final del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género. Esto lo hará a través de la presentación de un informe extendido por un especialista, ya sea médico psiquiatra o bien psicólogo clínico, en donde debe constar la permanencia de esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

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ARTÍCULO 5° BIS, NUEVO

40a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un artículo 5° bis, nuevo, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 5° BIS. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CAMBIO DE SEXO REGISTRAL. La rectificación registral de la mención del sexo se realizará una vez que la persona solicitante mayor de edad acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, el cual deberá hacer referencia:

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos 1 año para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento.

No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.”.

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ARTÍCULO 6°

41.- De Su Excelencia la Presidenta de la República y 41a.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminar el artículo 6° adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Inciso segundo

42.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo entre la palabra “exista” y “fraude “el siguiente vocablo: “posible”.

43.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para remplazar en el inciso segundo la expresión “fraude de ley” por la siguiente: “fraude a la ley”.

44.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar en el inciso segundo luego de la palabra “invocado” y el punto aparte que le sigue, la siguiente frase: “por quienes crean que podrían verse afectados”.

Inciso tercero

45.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para intercalar entre la palabra “penales,” y la conjunción “o”, la expresión “hijos”.

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45a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar un nuevo inciso cuarto al artículo 6°, “DE LA TRAMITACIÓN”, o en el que corresponda según su nueva correlación, en el siguiente tenor:

“Recibida la solicitud deberá notificarse de ella, mediante carta certificada, a los ascendientes y descendientes por consanguinidad del primer grado, así como al cónyuge o conviviente civil, si los hubiere. Dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación, los interesados podrán oponerse a la solicitud la cual, de existir, deberá ser resuelta por el Tribunal.”.

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Inciso cuarto

46.- Del Honorable Senador señor Chahuán y 46a.- del Honorable Senador señor Allamand, para eliminar el inciso final del artículo 6°, “DE LA TRAMITACIÓN”, o en el que corresponda según su nueva correlación.

47.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar en el inciso cuarto final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:

“Antes bien, su convencimiento deberá formarlo con especial consideración al informe extendido por el especialista, a fin de comprobar la seriedad de los motivos que fundamentan la solicitud y que la voluntad manifestada por el interesado es libre y espontánea.”.

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48.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, al tiempo de presentarse la solicitud el Tribunal oficiará a todas las instituciones públicas o privadas en las que la persona se encuentre registrada y frente a las cuales busque hacer valer el cambio, a fin de que tengan oportunidad de expresar sus eventuales reparos ante un posible fraude.“.

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TÍTULO III, NUEVO

49.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente título:

“Título III

De los procedimientos excepcionales seguidos ante el tribunal con competencia en materias de familia”.

49a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente epígrafe de Título III:

“Título III

De los procedimientos excepcionales”.

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ARTÍCULO 7°

49b.- Del Honorable Senador señor Allamand y 49c.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir todos los artículos que se refieran a la solicitud de cambio de sexo de los niños, niñas y adolescentes.

50.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y 51.- del Honorable Senador señor Chahuán, para suprimirlo.

51a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, por el siguiente:

“Artículo 6°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO O NIÑA. En el caso de los niños o niñas, que son aquellos que no han cumplido los catorce años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, por el padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal.

Para fundar la solicitud, podrán acompañarse todos los antecedentes que se consideren pertinentes, especialmente los siguientes:

a) Informe de salud mental del niño o niña, que descarte la presencia de trastornos de personalidad que le estén provocando una convicción errónea sobre su identidad de género.

b) Informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia determinante de la voluntad del padre, madre, representante legal o cuidador que haya o hayan formulado la solicitud, sobre la voluntad expresada por el niño o niña en cuanto a su identidad de género.

c) Informe que acredite que el niño o niña y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación especialista por, al menos, un año previo a la solicitud.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño o niña a una audiencia dentro de un plazo no mayor a quince días. En esta audiencia el juez oirá al niño o niña, quien deberá ratificar los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestar expresamente su voluntad a través de las vías adecuadas para su edad. El juez podrá pronunciarse respecto de la suficiencia de los informes acompañados, y siempre podrá ordenar la realización o reiteración de éstos ante un profesional o institución idóneos. Toda intervención del niño o niña deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que aseguren su salud física y psíquica, en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad y seguridad, y que permitan controlar la presencia de otras personas. Asimismo, su opinión siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

En el eventual caso que el niño o niña presentare dificultades de comunicación, serán aplicables las reglas contenidas en los artículos 42 y 43 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Oído el niño o niña, conforme a las reglas establecidas en los incisos precedentes, habiéndose o no presentado los informes dispuestos en el inciso segundo, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia del solicitante y del padre, madre, representante legal o cuidador que no hubiere concurrido a la solicitud, a una audiencia fijada dentro de un plazo no mayor a quince días. En la resolución que ordene la comparecencia se informará a los citados sobre la posibilidad de presentar oposición fundada, caso en el cual deberán acompañar los medios de prueba que estimen pertinentes, todo dentro de la misma audiencia. Si a la audiencia no compareciere la totalidad de los citados, ésta se suspenderá y se citará para una nueva fecha, bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención.

La oposición podrá ser formulada sólo por el padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente su cuidado personal, lo que volverá contencioso el procedimiento, aplicándose supletoriamente las normas de los Títulos I, II y III de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, en lo que no resulte contradictorio con la presente ley.

En caso de no deducirse oposición, el juez actuará conforme a lo previsto en el artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

En todo caso, el juez siempre podrá ordenar la realización de los informes señalados en el inciso segundo para formar su convicción, hasta antes de la dictación de la sentencia, asegurándose, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, que las partes y el consejo técnico puedan formular las observaciones que les merezca esta prueba. Con todo, el juez no podrá decretar la realización de exámenes físicos al niño o niña.

La sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicable a los asuntos contenciosos o no contenciosos en materias de familia, según sea el caso. La vista de estos recursos gozará de preferencia.

La sentencia definitiva que acogiere la solicitud ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento del niño o niña, procediendo al cambio de su sexo y de su nombre, o sólo del sexo de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero transitorio, de acuerdo a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

52.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

53.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazarlo íntegramente por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 7º. DE LA PROHIBICIÓN REFERIDA A LOS MENORES DE EDAD.

En ningún caso se dará curso a la solicitud de cambio de sexo y nombre que sea presentada por un niño, niña o adolescente, o bien efectuada por sus representantes legales, sino hasta que los primeros hubieren alcanzado la mayoría de edad.”.

Inciso primero

54.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso primero la frase “deberá presentarse ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, y”, a continuación de “la solicitud que se refiere la presente ley” y antes de “podrá ser efectuada personalmente”.

55.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso primero la frase “o por quien lo tenga bajo su cuidado” por la frase “o quien tenga el cuidado personal”.

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56.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para fundar la presentación, podrá el o la solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes.”.

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Inciso segundo

57.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase final “curador ad litem, para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento.” por la frase “curador ad litem o el defensor que establezca el sistema de protección de los derechos del niño vigente, quien asumirá su representación judicial.”.

Inciso cuarto

58.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “en el artículo 5°” por “en el inciso tercero del artículo 4°”.

59.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto la frase “quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente” por “quien tenga el cuidado personal,”.

Inciso quinto

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“En caso de existir oposición del o los representantes legales, una vez oída ésta, el juez resolverá de plano y sin forma de juicio si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días. En ningún caso el juez podrá decretar la realización de exámenes físicos, psíquicos, sicológicos o farmacológicos al niño, niña o adolescente para resolver la oposición. En caso de no existir oposición, el juez concederá derechamente la solicitud sin más trámite.”.

Inciso sexto

61.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, por el siguiente:

“De ser rechazada la solicitud por el juez, la sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicables a los asuntos no contenciosos en materias de familia. Su vista gozará de preferencia.”.

Inciso séptimo

62.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso final, la expresión “y/o” por la conjunción “y”.

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62a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente artículo 7°, nuevo, reordenándose la numeración de los artículos correlativos posteriores:

“Artículo 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL O LA ADOLESCENTE. Las personas que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán efectuar la solicitud a que se refiere esta ley de manera personal ante el tribunal con competencia en materias de familia de su domicilio, acompañando todos los antecedentes que considere pertinentes para fundar su solicitud.

En caso de concurrir sin su padre, madre, representante legal o cuidador, el juez nombrará un defensor conforme al sistema de protección de menores que exista al momento de la solicitud.

La tramitación de la solicitud se regirá por las mismas reglas establecidas en el artículo anterior, con la salvedad que el juez sólo podrá ordenar la realización de informes o pericias en caso de haberse deducido oposición por alguno de los intervinientes.

Con todo, en caso de contar con el consentimiento tanto del padre como de la madre, o en su defecto, de todos quienes lo representen legalmente o tengan legalmente su cuidado personal, según corresponda, la solicitud se tramitará de acuerdo a lo establecido en el título II de esta ley, debiendo ser suscrita por todos ellos.”.

63.- y 63a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

64.- Del Honorable Senador señor Letelier y 65.- del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, instará a las partes a efectuar la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

65a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar un artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“ARTÍCULO 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO O CON ACUERDO DE UNIÓN CIVIL VIGENTE. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, o acuerdo de unión civil vigente, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con los requisitos señalados previamente en esta ley.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, o al o la conviviente civil, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio o de acuerdo de unión civil, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges o convivientes civiles podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947 o en el artículo 27 de la ley Nº 20.830, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, o del o la conviviente civil, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947, o en el artículo 22 de la ley Nº 20.830, según sea el caso y que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo completo y suficiente entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 o bien la causal g) del artículo 26 de la ley Nº 20.830, según sea el caso. Si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, o el o la conviviente civil, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio o del acuerdo de unión civil como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto o acuerdo de unión civil vigente, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

66.- y 66a.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.

Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.

ooo

ARTÍCULO 8°

67.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 68.- del Honorable Senador señor Ossandón, 69.- del Honorable Senador señor Chahuán, 69a.- del Honorable Senador señor Allamand y 69b.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

70.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 71.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, 72.- del Honorable Senador señor Chahuán y 72a.- de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

ARTÍCULO 10

73.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 10, que ha pasado a ser artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°. DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL PARA EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. Finalizado el procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tanto para el caso de la solicitud efectuada por un niño, niña o adolescente, como de la efectuada por una persona sujeta a vínculo matrimonial no disuelto, el tribunal ordenará en la misma sentencia al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento y las subinscripciones al margen. Una vez practicadas éstas, se emitirán los nuevos documentos de identidad para el o la solicitante, de conformidad a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

73a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

Inciso primero

74.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar los siguientes numerales nuevos:

“…) Ministerio de Educación;

…) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

…) Corporación de Universidades Privadas (CUP);

…) Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos);”.

75.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminar en el inciso primero el numeral octavo.

ooo

TÍTULO IV, NUEVO

76.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar entre el artículo 10, que ha pasado a ser 9°, y el artículo 10, nuevo, el siguiente título:

“Título IV

De la rectificación de la partida de nacimiento y documentos de identificación en razón a la identidad de género y sus efectos”.

ooo

ARTÍCULO 10, NUEVO

77.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente artículo 10°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación o recibida la orden del juez con competencia en materias de familia, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

ooo

ARTÍCULO 11

Inciso primero

78.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 79.- del Honorable Senador señor Navarro y 80.- del Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar en el inciso primero la expresión “nombre y/o sexo” por la expresión “sexo y nombre”.

Inciso segundo

81.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, 82.- del Honorable Senador señor Navarro y 83.- del Honorable Senador señor Letelier, para eliminar en el inciso segundo las expresiones “en la partida de nacimiento”.

84.- Del Honorable Senador señor Navarro y 85.- del Honorable Senador señor Letelier, para suprimir el vocablo “patrimoniales”.

Inciso tercero

86.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

ARTÍCULO 12

87.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE TRATO DIGNO. Ninguna persona o institución pública o privada podrá dar un trato irrespetuoso, contrario a la dignidad humana o que implique una discriminación arbitraria a otra persona en razón de su identidad de género.”

ooo

Inciso segundo, nuevo

88.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La infracción a lo señalado precedentemente será sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley N° 20.609.”.

ooo

ARTÍCULO 13

88a.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el artículo 13, “DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS”, o el que corresponda según su nueva correlación, en el siguiente tenor:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Los procedimientos regulados por esta ley tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible, sin perjuicio de los deberes de notificación antes señalados.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos, o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

Inciso primero

89.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 13.- LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Tanto el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa como ante el Tribunal con competencia en materias de familia tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible.”.

90.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimir la expresión “, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.”.

ooo

91.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, la persona que haya rectificado su sexo y nombre, así como quienes gocen de su autorización expresa o de orden judicial emitida al efecto, podrán solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que se emitan certificados de nacimiento de sus hijos y/o de matrimonio de su ex cónyuge, en que conste la subinscripción relativa a su rectificación de sexo y nombre por motivo de identidad de género. Dichos certificados se consideran datos sensibles.”.

ooo

92.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar nuevo artículo del siguiente tenor:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO.

Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”

ooo

93.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para agregar el siguiente nuevo artículo:

“ARTÍCULO ….- PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY. Los órganos de la Administración del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley. Para ello deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas, especialmente en lo referido a la información del procedimiento judicial de rectificación de sexo y/o nombre. Deberán, asimismo, propender a asegurar la disponibilidad, al menos en la red pública de salud, de las prestaciones referidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente.”.

ooo

TÍTULO V, NUEVO

94.- y 94a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 14, nuevo, el siguiente título:

“Título V

Adecuación de otros cuerpos legales”.

94b.- Del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar un nuevo título V, del siguiente tenor:

“Título V

De la adecuación de otros cuerpos legales”.

ooo

ARTÍCULO 14

95.- Del Honorable Senador señor Chahuán, para eliminarlo.

96.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.”.

96a.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, EN EL SIGUIENTE MODO:

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma.

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.”.

97.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5°. Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.”.

Inciso primero

98.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para sustituir la frase “Todas las personas” por “Todas las personas mayores de 18 años”.

ooo

Inciso segundo, nuevo

99.- De la Honorable Senadora señora Muñoz, para intercalar en el artículo el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Con el objeto de asegurar el acceso a las terapias señaladas en el inciso precedente, todas las intervenciones y tratamientos respectivos se encontrarán incorporadas en el arancel del Fondo Nacional de Salud a que se refiere el artículo 159 del D.F.L. N° 1 de 2005, citado precedentemente, o el que lo reemplace en otras modalidades de atención.”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

100.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para incorporar un nuevo artículo en el siguiente modo:

“ARTÍCULO ….- Reemplácese el actual artículo 42 de la ley N° 19.947 que establece nueva Ley de Matrimonio Civil por el siguiente:

“Artículo 42.- El matrimonio termina:

1º Por la muerte de uno de los cónyuges;

2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;

3º Por sentencia firme de nulidad,

4º Por sentencia firme de divorcio y

5° Por sentencia firme de cambio de sexo.”.”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

101.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo en los siguientes términos:

“ARTÍCULO ….- Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19.947 que establece una nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral del siguiente tenor:

“6° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad al artículo 6° de la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830”.”.

101a.- De la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para introducir un nuevo artículo nuevo en los siguientes términos:

“Modifíquese el artículo 5° de la ley N° 19947 que establece una Nueva Ley de Matrimonio Civil, agregando un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…° Los que hubiesen cambiado su sexo registrado, de conformidad a la Ley que reconoce y da protección al derecho a la Identidad de Género, sin perjuicio del derecho a celebrar un Acuerdo de Unión Civil, conforme a la ley N° 20.830.”.

ooo

ARTÍCULO 15

101b.- Del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el artículo 15, “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1792-27 DEL CÓDIGO CIVIL”, o el que corresponda conforme al orden definitivo, en el siguiente tenor:

“ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY Nº 19.947 QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.”.

a) Reemplazase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplazase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agregase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.

ooo

ARTÍCULO, NUEVO

101c.- Del Honorable Senador señor Allamand, para incorporar un nuevo artículo 16, o el que corresponda conforme al orden definitivo, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 16. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY Nº 20.830 DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL: Agrégase la siguiente nueva letra (g) a continuación de la causal contenida en la letra (f):

“g) Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex convivientes recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el acuerdo de unión civil que termina por esta causal.”.

ooo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

Inciso primero

102.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para modificar el artículo primero transitorio, en el siguiente sentido:

a) Intercálase la frase “, a la entrada de su vigencia,”, a continuación de la frase “todas las personas que” y antes de la frase “hayan obtenido su cambio de nombre”.

b) Reemplázase en la parte final del inciso primero la palabra “tribunal” por la expresión “órgano”.

Inciso segundo

103.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Se seguirá en este caso lo dispuesto en los artículos 4° y siguientes de esta ley para efectos de la tramitación y dictación de la resolución, ya sea judicial o administrativa.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

104.- De Su Excelencia, la Presidenta de la República, para sustituir en el artículo segundo transitorio la expresión “seis meses” por la expresión “un año”.

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105.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar la siguiente nueva disposición transitoria:

“ARTÍCULO (…).- Pasados 180 días corridos desde la aprobación de la ley, todos los estamentos del Estado deberán adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.”.

ooo

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?SEGUNDO INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.

BOLETÍN N° 8.924-07

___________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el honor de presentaros su segundo informe complementario acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Lily Pérez San Martín y señores Ricardo Lagos y Juan Pablo Letelier, y de los ex Senadores señora Ximena Rincón y señor Camilo Escalona, con urgencia calificada de “simple”.

Cabe consignar que este proyecto de ley, por acuerdo de la Sala, adoptado en Sesión de 31 de mayo de 2016, fue enviado nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para que se pronuncie respecto de las nuevas indicaciones que serían formuladas. En sintonía con lo anterior, la Sala acordó abrir en tres oportunidades un nuevo plazo para presentar indicaciones al texto aprobado en particular por esta Comisión, las que constan los boletines octavo, de 13 de junio, noveno y décimo, de 9 y 23 de septiembre, respectivamente, de 2016.

A una o más sesiones en que la Comisión trató el proyecto asistieron los Honorables Senadores Rabindranath Quinteros Lara, Víctor Pérez Varela y Eugenio Tuma Zedán.

Asimismo, concurrieron, especialmente invitados:

Por el Ministerio Secretaría General de Gobierno: el Ministro, señor Marcelo Díaz; la Jefa de la Unidad Jurídica, señora Josefina Escobar; el Asesor Legislativo, señor Nicolás Facuse; los Abogados, señora Florencia Díaz y señor Gerardo Ramírez y el Asesor, señor Omar Jara.

Por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Subsecretario, señor Ignacio Suárez; el Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinoza; la Asesora Legislativa de la División Jurídica, señora Loreto Neumann; el Asesor, señor Gonzalo Neira y el Asesor de Comunicaciones, señor Rodolfo Carrasco.

Por el Ministerio de Salud, la Abogada, señora Carolina Mora; el Asesor del Gabinete de la Ministra, señor Pablo Ríos y la Profesional de Seguimiento Legislativo, señora Paulina Palazzo.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Asesora Legislativa, señora Vanessa Astete.

Por el Consejo Nacional de la Infancia, los Asesores señora Daniela González y señor Hermes Ortega.

Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Abogado, señor Yerko Ljubetic y la Abogada de Seguimiento Legislativo, señorita Diana Maquilón.

Por la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, la Representante, Doctora Francisca Ugarte.

Por la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, el Presidente, Doctor Pedro-José López.

El Doctor René Panozo, Pediatra.

Por ONG Comunidad y Justicia, el Coordinador Legislativo, señor Cristóbal Aguilera.

Por la ONG Padres Objetores Chile, la Secretaria, señora Roxana Rojas.

Por “ISFEM” Investigación, Formación y Estudio sobre la Mujer, la Encargada de Comunicaciones, señora María Inés Jara.

Por Red por la Vida, la Coordinadora, señora Carmen Croxatto.

Por Fundación Iguales, el Presidente, señor Luis Larraín y las Directoras Jurídicas, señoras Jimena Lizama y Daniela Santana.

Por Fundación Soñando Chile, el Presidente, señor Henry Boys.

Por Fundación Renaciendo, el Fundador, señor Gonzalo Araya y la Asesora Legislativa, señora Mónica Flores.

Por “Organizando Trans Diversidades” OTD Chile, el Vicepresidente, señor Franco Fuica y la Asesora Jurídica, señora Gabriela Sanzana.

Por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual MOVILH, el Director Área DDHH, señor Rolando Jiménez.

Por la Biblioteca del Congreso Nacional, los Analistas, señores Matías Meza-Lopehandia y Pedro Harris y la Asesora, señora María Pilar Lampert.

La Asesora de los Honorables Senadores Manuel Antonio Matta y Alejandro Navarro, señora Elisa Franzani, quién además es Directora de Fundación Renaciendo.

Los Asesores del Honorable Senador Alejandro Navarro, señores Jamadier Uribe y Fabián Luengo.

La Asesora del Honorable Senador Manuel Antonio Matta, señora Francesca Andreani.

La Jefa de Gabinete y los Asesores del Honorable Senador Manuel José Ossandón, señora María Angélica Villadangos y señores Alberto Jara y José Huerta.

El Jefe de Gabinete y el Asesor de la Honorable Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, señores Juan Paulo Morales y Pablo Urquízar.

El Asesor de los Honorables Senadores señora Lily Pérez y señor Juan Pablo Letelier, señor Andrés Rivera.

Los Asesores del Honorable Senador Francisco Chahuán, señora María Inés Jara y señores Elías Ramos y Benjamín Lorca.

La Asesora de los Honorables Senador Francisco Chahuán y Diputado Jorge Sabag, señora Marcela Aranda.

El Asesor de la Honorable Senadora Adriana Muñoz-D´Albora, señor Leonardo Estradé-Brancoli.

El Asesor del Comité P.P.D. del Senado, señor Sebastián Abarca.

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NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL

El inciso segundo del artículo 4 del proyecto de ser aprobado, debe serlo como norma orgánica constitucional, de conformidad al artículo 77, en relación con el artículo 66, inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

Se hace presente que, en su oportunidad, la Sala del Honorable Senado solicitó el parecer de la Excelentísima Corte Suprema respecto del texto que se propone y el máximo Tribunal emitió su opinión, mediante Oficios N° 79-2013 y 129-2015. Asimismo, la Comisión, con motivo de haber aprobado modificaciones al artículo 4°, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió el día 21 de octubre, el correspondiente oficio a la Excelentísima Corte Suprema.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia que la Comisión se pronunció respecto a dos boletines de indicaciones: uno, al proyecto aprobado en general por la Sala, Boletín VII de 13 de julio de 2015; y, otro, al proyecto aprobado en el segundo informe, Boletín X de 23 de septiembre de 2016, se presentan dos cuadros resumen correspondiente al artículo 124 del Reglamento de la Corporación:

ARTÍCULO 124, BOLETÍN VII DE 13 DE JULIO DE 2015.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones N°s: 3a, 4, 33, 34, 35, 36, 44a, 65, 68, 72, 74, 78, 95 que agrega artículo 8°, 120 letra a) segunda parte y letra b), 123, 126, 127, 152 y 158.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones N°s: 3d, 9, 10a, 11, 39, 64, 104, 105, 106, 108 y 111.

4.- Indicaciones rechazadas: 1, 3, 3b, 5, 7, 9a, 9b, 9c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18b, 19a, 20, 21a, 22, 23, 24, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 37, 37a, 38, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54a, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95 que agrega artículos 7° y 9°, 98, 99, 102, 103, 109, 114, 115, 116, 117, 120 letra a) primera parte, 124, 125, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143, 147, 153, 154 y 156.

5.- Indicaciones retiradas: N°s: 1a, 2, 6, 8, 10, 18, 19, 21, 25, 45, 54, 62a, 66, 71a, 73, 73a, 73b, 77a, 80, 82, 87, 89, 92, 96, 97, 100, 101, 107, 110, 113, 118, 119, 121, 122, 128, 129, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151 y 155.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles N°s: 3c, 18a, 81a, 84, 85, 112, 132, 136 y 157.

ARTÍCULO 124, BOLETÍN X DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones N°s: 1, 2, 4, 8, 12, 13, 14, 19, 31 incisos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, 32, 33, 41, 41a, 46, 46a, 49a, 63, 63a, 70, 71, 72, 72a, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 94, 94a, 95, 96a, 102, 103 y 104.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones N°s: 3, 30a, 31 inciso cuarto, 51a, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62a, 74, 77, 94b, 96, y 101b.

4.- Indicaciones rechazadas: 1a, 2a, 2b, 5, 6, 6a, 7, 8a, 9, 11, 14a, 14b, 16, 17, 18, 18a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27a, 28, 29, 30, 31a, 31b, 33a, 34, 34a, 35, 36, 37, 37a, 39a, 39b, 40, 40a, 42, 43, 44, 45a, 48, 49, 49b, 49c, 50, 51, 54, 65a, 66a, 67, 69, 69a, 69b, 73a, 75, 84, 85, 88a, 90, 97, 98, 100, 101, 101a y 101c.

5.- Indicaciones retiradas: N°s: 2c, 10, 15, 26, 38, 39, 45, 47, 52, 53, 64, 65, 66, 68 y 86.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles N°s: 92, 93, 99 y 105.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Antes de iniciar la votación de las indicaciones, en sesión de 15 de junio de 2016, la Comisión recibió al Ministro de la Secretaría General de Gobierno, señor Marcelo Díaz, quien luego de agradecer a Sus Señorías la disposición para solicitar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto, explicó el sentido de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo.

Al efecto, dio cuenta que la nueva propuesta del Gobierno busca hacerse cargo de que el derecho de identidad de género es una vivencia interna e individual de la persona, y como tal debe ser respetada y reconocida, procurando siempre el resguardo de los derechos de los terceros. Acotó que nuestra Carta Fundamental establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos. Dentro de esta dignidad, acotó, está la orientación sexual y la identidad de género, concebidos como aspectos esenciales que deben reconocerse a todos los seres humanos, sin que sea motivo de discriminación o de abusos.

Por el contrario, señaló, cuando no se reconoce a las personas el derecho básico de vivir de acuerdo a su identidad de género, otros derechos fundamentales se ven afectados, como el derecho a la educación o la libertad de trabajo y su protección. Enfatizó que los prejuicios y la ignorancia llevan a actitudes de exclusión, estigmatización, de hostigamiento y de violencia en contra de las personas por su identidad de género, lo cual menoscaba su integridad y dignidad, debilitando su estima personal y su sentido de pertenencia a una comunidad que la rechaza.

Lo anterior, apuntó, da origen a situaciones de marginalidad y de ocultamiento de la propia identidad, llevando a estas personas a vivir en la exclusión y en la invisibilidad.

Resaltó que los Estados tienen el deber de arbitrar las medidas necesarias para reconocer y hacer realidad la dignidad y los derechos de todas las personas, con independencia de sus circunstancias de vida y, en el caso particular, de la identidad de género debe hacerse cargo que cada persona puede definir para sí misma su género, para que pueda vivir de acuerdo a su identidad personal.

Bajo este contexto, expresó, las indicaciones del Ejecutivo reafirman y fortalecen la idea de que las personas adultas tienen derecho a determinar soberanamente su género, sin ser necesario exigir pruebas de ninguna especie. Por el contrario, remarcó, el Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de este derecho con el mayor respeto a la dignidad y a la privacidad de quienes tienen la convicción de que su identidad de género no coincide con el sexo asignado al momento de su nacimiento.

Por ello, señaló, la principal novedad de estas indicaciones es la propuesta de que las personas mayores de edad y sin vínculo matrimonial vigente puedan obtener la rectificación de su sexo y nombre registrales a través de un trámite administrativo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, permitiéndoles modificar sus documentos de identidad sin mayores dilaciones y con pleno respeto a su privacidad.

Recordó que la tramitación administrativa de la solicitud de rectificación del género no sólo es una demanda de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad sexual e igualdad de género, sino que también fue claramente respaldada por la Excelentísima Corte Suprema en su Oficio N° 129/2015 que envió a esta Comisión, el cual señala “el procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa ante el Oficial de Registro Civil con lo cual se resguarda en mayor medida la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autoridad administrativa o la solicitud esté referida a menores de edad”.

Señaló que la opinión de la Excelentísima Corte Suprema resulta trascendental para el Ejecutivo a la hora de presentar estas indicaciones, pues garantizan que, en opinión del Poder Judicial, no existiría ningún tipo de desprotección a los derechos fundamentales de las personas que deciden hacer este cambio de sexo y de nombre registral por el hecho de sustraer del conocimiento de los tribunales esta solicitud, siempre que fueran mayores de edad, lo que representa una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo anterior, comentó que las indicaciones persiguen conjugar el derecho del reconocimiento de la identidad de género con el respeto y con la protección de los legítimos derechos de terceras personas que se pudieren ver afectadas por la decisión de rectificar el sexo registral. Por ello, y recogiendo también la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, es que estas indicaciones establecen que quienes tienen vínculo matrimonial vigente deberán presentar su solicitud ante los tribunales de familia, con la finalidad de garantizar el resguardo de los derechos patrimoniales del cónyuge y del solicitante.

Así, por medio de estas indicaciones se establece un procedimiento especial a su respecto, que no existía en el texto aprobado por esta Comisión en el segundo informe y que supera un vacío del texto actual, al señalar expresamente que la sentencia que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre será también causal de terminación del matrimonio.

En esta misma línea, apuntó, se establece que la solicitud de los niños, niñas y adolescentes se regirá por un procedimiento judicial especial seguido ante los tribunales de familia.

En suma, consideró, estas indicaciones representan una verdadera mejora a este proyecto de ley, no sólo en cuanto consagra una mejor garantía de los derechos de las personas que solicitan el trámite de rectificación de su nombre y sexo, sino para las terceras personas afectadas. Además, resaltó, representa más fielmente el sentir de la población directamente perjudicada por la falta de regulación en la materia, haciendo más expedito y digno el proceso de transición.

Luego, detalló algunos de los principales aspectos que consideran estas indicaciones:

1.- Sistematiza el proyecto de ley con la inclusión de cinco títulos, a saber: del derecho a la identidad de género; del procedimiento general de rectificación; de los procedimientos excepcionales seguidos ante el tribunal con competencia en materia de familia; de la rectificación de la partida de nacimiento y documentos de identificación en razón de la identidad de género, y de sus efectos y adecuación de otros cuerpos legales.

2.- Regula en forma separada los procedimientos para la rectificación de sexo y nombre para el caso de los mayores de edad con vínculo matrimonial disuelto; para los menores de edad, y para los mayores de edad con vínculo matrimonial vigente.

3.- Establece que para el caso de los mayores de edad sin vínculo matrimonial, esta solicitud se deberá presentar directamente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, para lo cual se faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dictar un reglamento que regule la tramitación y el resguardo de la privacidad de los datos personales.

En el caso de las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile, se les autoriza realizar este trámite previa inscripción de su partida de nacimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación, homologando esta ley a los requisitos que se exigen en la Ley de Cambio de Nombre.

4.- Consagra un procedimiento específico para el caso de personas con vínculo matrimonial vigente, que no estaba previsto en el proyecto original, aunque el cónyuge no puede oponerse a la rectificación sí puede concurrir ante el juez de familia para el resguardo de sus derechos. Asimismo, se establece por medio de este procedimiento el fin del matrimonio, garantizando que un organismo especializado e idóneo resuelva sobre los asuntos relacionados con los derechos y deberes de los cónyuges entre sí y para con su descendencia.

5.- Reconoce dos reglas generales para todos los casos: una, que no será requisito para ejercer el derecho de rectificación del sexo y nombre el haberse sometido a tratamientos e intervenciones para modificar la apariencia y, dos, que no se puede exigir la realización de exámenes físicos, químicos o psicológicos para aprobar la identidad de género. Ello, teniendo en consideración las recomendaciones de los Principios de Yogyakarta.

6.- Modifica el artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil, con el objeto de agregar como causal de terminación del matrimonio la sentencia que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género.

7.- Señala en forma expresa que las personas que se acojan a la rectificación y que tenían vínculo matrimonial no disuelto recuperarán el estado civil anterior al matrimonio.

8.- Busca mantener la coherencia interna del proyecto de ley.

En definitiva, hizo presente a Sus Señorías que como Ejecutivo le pareció pertinente presentar nuevas indicaciones que coincidieran con las recomendaciones que hiciera el Poder Judicial, y que a la vez recogieran las principales demandas de las organizaciones civiles, como el establecer una vía más expedita para el cambio de sexo. Asimismo, apuntó que a través de los tres procedimientos que se establecen se resguardan legítimamente los derechos de los terceros y de los menores de edad, mediante la intervención especializada de los tribunales de familia.

A continuación, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó si el procedimiento especial para los menores de edad contempla algún requisito adicional para que los niños puedan solicitar el cambio de sexo y nombre.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó si los conceptos que considera esta propuesta recogen las definiciones consagradas en los convenios internacionales y si existe alguna flexibilidad para perfeccionarlos. Asimismo, estimó fundamental saber si las personas y los menores que han obtenido el cambio de sexo podrán o no acceder a los tratamientos hormonales y bajo qué condiciones. Luego, observó la indicación que fija una causal genérica de término del matrimonio fundada en el cambio de sexo, puesto que puede darse el caso de que ninguna de las partes desee poner fin a su matrimonio, a pesar del cambio de sexo de uno de los contrayentes.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, en materia de procedimiento de menores, respondió que no se innova respecto de lo ya aprobado por esta Comisión, aunque sí existe una adecuación a otros proyectos de ley que están en trámite en el Parlamento, como sucede con el que establece un sistema de garantías de la infancia que se hace referencia expresa a ciertas instituciones como la figura del curador ad litem. Resaltó que el proyecto en este aspecto no cambia sustancialmente del que fue despachado en segundo informe por esta Comisión.

Luego, señaló que se recogen ciertos conceptos internacionales derivados de tratados internacionales suscrito por Chile, en materia de no discriminación. Incluso, apuntó, se recogen los Principios de Yogyakarta.

Por último, hizo presente que fue objeto de un extenso debate la inclusión de la causal de término del matrimonio por sentencia que acoge una solicitud de cambio de sexo, lo que no obsta a que el Gobierno cumplirá su compromiso de enviar a tramitación el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, afirmó.

En sesión de 13 de julio de 2016, el Honorable Senador señor Letelier hizo presente a Sus Señorías que hay, al menos, tres temas en que no hay acuerdo entre los miembros de esta Comisión, y consultó si existe voluntad para buscar puntos de encuentros y agilizar la discusión de este proyecto de ley.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó que tiene serios reparos respecto de varias normas de este proyecto de ley por considerar que adolecen de un vicio de constitucionalidad, situación que dejará constancia durante la discusión de esta iniciativa.

En seguida, observó que el proyecto de ley parte de la premisa de que la identidad de género es un derecho, que sólo puede ejercerse una vez, lo que a su juicio es difícil entender.

Asimismo, estimó fundamental que la ley establezca ciertos requisitos mínimos para el ejercicio de la solicitud de cambio de sexo, como el hecho de que la persona acredite que tiene, al menos, un año esta vivencia interna y que acompañe un certificado médico para sustentar su petición.

También, manifestó que no le parece que este proyecto de ley coloque el derecho de identidad de género sobre otros derechos fundamentales, tales como la libertad de educación o la libertad de culto religioso.

A su turno, el Honorable Senador señor Ossandón expresó su rechazo a que este proyecto autorice a los menores de edad a pedir el cambio de sexo sin el consentimiento de sus padres. En su opinión, un juez no puede pasar por sobre la decisión de los padres.

No obstante lo anterior, valoró que la nueva propuesta del Ejecutivo radique la tramitación de la solicitud del cambio de sexo de los adultos en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que el tema de los menores es más debatible, por lo que planteó dejar pendiente la votación de todas las indicaciones referidas a niños y adolescentes para el final de este debate.

En el caso de los menores, expresó que le inquieta su acceso a los tratamientos hormonales y a las intervenciones quirúrgicas, y también la falta de un límite de edad para que los niños puedan solicitar el cambio de sexo, pues resulta obvio que un menor de dos o tres años no puede discutir este tipo de temas.

A continuación, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Letelier y Ossandón, acordó dejar pendiente para el final de la discusión la votación de todas las indicaciones relativas a menores.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Letelier informó al señor Ministro Secretario General de Gobierno el acuerdo precedente y precisó que en el caso de los menores no hay acuerdo respecto del rol de los padres y de los tribunales; desde cuándo se pueden comenzar los tratamientos hormonales, y si sería procedente establecer un corte etario para ejercer este derecho.

Además, indicó, existe controversia en la determinación si la identidad de género es o no un derecho y el procedimiento que se fijará para las solicitudes de los mayores de edad con vínculo matrimonial no disuelto.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno estimó razonable el acuerdo, porque demuestra que en el resto del proyecto existe bastante coincidencia, y agregó que están abiertos a trabajar en paralelo, con los representantes que Sus Señorías designen.

El Honorable Senador señor Ossandón, hizo presente que le inquieta que la decisión de cambio de sexo de un niño sea tomada por un juez y no por los padres. Por ello, anunció que votará en contra de todas las indicaciones que mermen la autoridad paterna.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que es un tema real, y comentó que se han conocido varios casos de niños que desde muy pequeños les ha tocado vivir esta realidad y que los padres los han acompañado en este proceso, y justamente son ellos quienes demandan que exista una legislación que resguarde sus derechos.

Expresó que la Comisión debe definir si este derecho puede ejercerlo el menor con o sin el acuerdo de sus padres, y si corresponde o no establecer un corte etario para su ejercicio.

Con todo, resaltó que al Gobierno le interesa que este derecho se pueda ejercer con independencia de la edad de los niños.

En sesión de 10 de agosto de 2016, el Honorable Senador señor Ossandón insistió en su preocupación por el grado de autonomía que este proyecto entrega a los niños, porque no tienen el mismo nivel de madurez que un adulto. Además, consideró fundamental que el juez cuente con más herramientas para decidir sobre la procedencia de la solicitud de un menor.

El Honorable Senador señor Letelier comentó que en materia de menores el texto del Ejecutivo es bastante abierto, muy por el contrario de la opinión mayoritaria de esta Comisión. Al efecto, dio cuenta que algunos opinan que no debe extenderse este derecho a los menores edad y otros que plantean restringirlo a los adolescentes.

Del mismo modo, estimó, sería positivo que el Gobierno trabaje en la construcción de una propuesta, entendiendo que se está legislando respecto de dos facultades, a saber: una, vinculada a la actividad registral y, otra, al consentimiento parental para que un menor se realice un tratamiento hormonal o una intervención quirúrgica para acomodar su apariencia a su identidad de género.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno apuntó que tienen clara las observaciones que en materia de menores han manifestado los miembros de esta Comisión e informó que es probable que formen una mesa de diálogo, que incluya a la sociedad civil para recibir opiniones sobre las propuestas, ya que no existe legislación comparada que establezca parámetros o tramos que distinga según la edad de los solicitantes.

- - -

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado en su segundo informe correspondiente al boletín X, y de los acuerdos adoptados a su respecto.

TÍTULO I, NUEVO

La indicación número 1, de Su Excelencia la Presidenta de la República, agrega antes del artículo 1° el siguiente título:

“Título I

Del derecho a la identidad de género”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación es consecuencia de la propuesta de estructurar el proyecto de ley en cinco títulos y, en este caso, se trata del Título I Del Derecho a la Identidad de Género.

El Honorable Senador señor Navarro consultó si el proyecto recoge el lenguaje de género, que visibiliza al hombre y a la mujer, utilizando los artículos “los” y “las”, e informó que presentó una iniciativa en estos términos.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que ese aspecto es un tema abierto y que no existe una obligación para que todas las leyes utilicen este tipo de lenguaje.

El Honorable Senador señor Letelier informó que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española usa el criterio de la mayoría de los presentes.

Por otra parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó que se abstendrá de votar esta indicación, porque no comparte que exista un derecho a la identidad de género.

- En votación, la indicación número 1, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier, Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Con posterioridad, en el nuevo plazo para presentar indicaciones la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe formuló la indicación número 1a, para incorporar el siguiente Título I:

“TÍTULO I

De la identidad de género”

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe al fundar su indicación reconoció que toda persona tiene derecho a su identidad, y que así se consagra en el ordenamiento jurídico. Pero, observó, el legislador no considera a la identidad de género como un derecho en sí mismo, ya que lo concibe como uno de los tantos elementos que conforman la identidad de una persona, dentro de los cuales también está su sexo biológico.

Asimismo, refirió que existen personas que tienen una disociación entre su sexo biológico y su sexo psicológico y que, justamente, esta ley busca darles la posibilidad para que puedan pedir el cambio de su sexo registral, como una forma de reparar su dolor. No obstante, hizo notar que esta ley comete el error de enfocarse en el derecho a la identidad de género y no en la posibilidad de las personas transexuales para cambiar su sexo, lo que justifica la presentación de esta indicación.

- En votación la indicación número 1a, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

ARTÍCULO 1°

El epígrafe del artículo 1° aprobado por esta Comisión en su segundo informe es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 1°. DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.”.

La indicación número 2, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el epígrafe del artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1°. CONCEPTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS QUE RECONOCE ESTA LEY.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que rechaza esta indicación, porque no está de acuerdo con que la ley reconozca la existencia de un derecho de identidad de género, ni tampoco con el concepto que se da del mismo.

- En votación, la indicación número 2, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Navarro, Letelier, Ossandón, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Con posterioridad, en el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 2a, del Honorable Senador señor Allamand, para reemplazar el epígrafe del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por el siguiente: “DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO”.

El Honorable Senador señor Allamand resaltó que existe una gran diferencia entre una categoría de discriminación y lo que es propiamente un derecho. En el caso de la identidad de género, comentó, la Ley Zamudio la incorpora como otra categoría de no discriminación, al igual que la raza, el sexo o la edad de una persona.

Advirtió que cuando se le define como un derecho de alguna manera se le están atribuyendo características, lo que considera bastante complejo, ya que no están claros cuáles serían los alcances y efectos que tendría en la práctica este reconocimiento legal.

Explicó que su indicación sigue la legislación española, la que para evitar este tipo de problemas omite dar una definición legal de la identidad de género y simplemente señala cuáles son las garantías a las que puede acceder quien exija que se le respete su identidad de género.

Por otra parte, señaló que actualmente los médicos que realizan tratamientos de cambio de sexo están habilitados para exigir una certificación de un psicólogo para acreditar esa falta de concordancia entre el sexo psicológico y sexo el biológico de un paciente. Al respecto, alertó a Sus Señorías que los pacientes podrían oponerse a esta exigencia si se acepta la identidad de género como un derecho.

Por todo lo anterior, remarcó que prefiere que no sea tratado como un derecho propiamente tal.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno resaltó que el sistema internacional reconoce a la identidad de género como un derecho y que bajo este contexto este proyecto de ley busca regular la forma en que este derecho debe ser ejercido.

Con todo, advirtió a Sus Señorías que los efectos prácticos son los mismos si se mantiene o se elimina el concepto de “derecho” del Título I o del epígrafe del artículo 1°, pero como Gobierno les interesa mantener la idea de que la identidad de género es un derecho.

- En votación la indicación número 2a, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 2b, del Honorable Senador señor Allamand, reemplaza el artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 1°. DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de la identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada, una vez realizada la rectificación que regula esta ley, en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos y/o privados que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Las personas tendrán derecho a que se respete su identidad de género, sin perjuicio del ejercicio legítimo de derechos fundamentales por parte de terceros.”.

El Honorable Senador señor Allamand, en concordancia con la ley española actual, manifestó que no comparte la definición de identidad de género que la Comisión aprobó con ocasión del estudio de la indicación número 3, por tal motivo, propone eliminarla mediante esta indicación número 2b. En efecto, considera que la definición es redundante y contiene conceptos erróneos, como el entender que el sexo es asignado, lo que en su opinión es un contra sentido.

Además, explicó que la indicación introduce una serie de cambios. En particular, en la letra a) elimina la frase “de lo que esta ley denomina identidad de género” y en la letra c) incorpora la oración “, una vez realizada la rectificación que regula esta ley”. Con respecto a este último cambio, observó que esa idea ya está contenida en el texto aprobado por la Comisión, en el sentido de que la persona tiene derecho a exigir un trato de conformidad a su identidad de género una vez que ha obtenido el cambio de sexo.

Luego, se refirió al inciso segundo aprobado por la Comisión y expresó que una norma de tal grado de absolutismo, sin duda, generará un conflicto de derechos. A modo de ejemplo, mencionó el caso de un deportista varón que participa en una competencia de atletismo, que con posterioridad se cambia de sexo registral y pide que se le inscriba en la misma prueba como mujer. El Comité Olímpico y el deporte federado, en casos similares, le ha pedido al deportista un examen cromosómico y conforme a su resultado han aceptado o rechazado la reinscripción del nuevo sexo del deportista.

Apuntó, que dado que a nivel cromosómico esta persona continúa siendo hombre, lo más probable es que su solicitud sea rechazada, porque la federación deportiva debe velar por la igualdad en la competencia deportiva. De mantenerse este inciso, observó, se podría ver obligada a inscribirlo como mujer, lo que, sin duda, atenta contra el espíritu de toda competencia.

Bajo este contexto, consideró que el inciso segundo aprobado por la Comisión es absolutamente exagerado. Por ello su indicación lo reemplaza por otro que sigue la lógica de la ley N° 20.609 de Antidiscriminación, y solicitó al Ejecutivo estudiar la posibilidad de acoger esta propuesta.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno, con respecto a la definición que se aprobó por la Comisión en los incisos primero y segundo, nuevos, reiteró a Sus Señorías que este concepto se extrajo del preámbulo de los Principios de Yogyakarta.

En cuanto a la modificación propuesta para el literal c), señaló que la idea es que la persona siempre tenga el derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género, ya sea antes o después de realizar la rectificación de su sexo registral. Ello, en atención a lo que establece hoy día la Ley Zamudio.

El Honorable Senador señor Allamand señaló que el derecho se ejerce cuando se produce el cambio de sexo, de lo contrario, los terceros no tienen cómo enterarse de la identidad de género de una persona, más aún si no se ha sometido a tratamientos hormonales o a cirugías de reasignación de sexo.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de Gobierno hizo presente que la propuesta podría generar un retroceso en relación con lo que hoy existe. Actualmente la persona tiene derecho a ser tratada conforme a su identidad de género aunque no haya solicitado la rectificación de su sexo registral, más aún si su identidad es visible físicamente, como ocurre en la mayoría de las personas transexuales. Precisó que desde el 2011, según los instructivos sobre atención a las personas transexuales en los centros de salud, se instruye a los funcionarios a utilizar el nombre social de estas personas, aunque su documento de identidad diga otra cosa.

El Honorable Senador señor Rossi enfatizó que la identidad de género es la vivencia interna de la persona, independientemente de su apariencia física o del cambio formal de su sexo, y que, justamente, eso es lo que respeta el sistema de atención de salud pública. Alertó a Sus Señorías que modificar esta visión podría generar un retroceso en la forma en que el Estado aborda a las personas transexuales.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe observó que esta mirada del tema impide a los terceros conocer la identidad de género de una persona y que ello podría generar situaciones encubiertas, como el caso de un pedófilo que dice sentirse mujer para ingresar al baño de las niñas.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que lamentablemente no hay cómo conocer las verdaderas intenciones de las personas y que tampoco esta ley pretende resolver este asunto.

La Asesora del Ministerio Secretaría General de Gobierno subrayó que el trato debe ser previo a la rectificación y con la indicación propuesta se podría entender que éste queda supeditado al cambio formal de sexo. Por eso sugirió agregar el siguiente texto: “A ser tratada en conformidad con su identidad de género y una vez hecha la rectificación a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos y privados”.

El Honorable Senador señor Allamand observó que su propuesta tiene que ver con los terceros que tratan con la persona transexual, y la duda se mantiene respecto a cómo pueden enterarse de su identidad de género. No se le exige que tenga cambios en su apariencia, ni vestimenta, ni que se haya sometido a tratamientos quirúrgicos, no obstante, se le reconoce su derecho a ser tratada conforme a su identidad de género, que se experimenta como una vivencia de su fuero interno.

Con respecto a la nueva redacción para el inciso segundo del artículo 1°, el Honorable Senador señor Navarro estimó que el texto aprobado por la Comisión parece ser un tanto excesivo, mientras que la propuesta del Honorable Senador señor Allamand demasiado liviana, porque permitiría a cualquier persona que se sintiera vulnerada en sus derechos a desconocer el derecho a la identidad de género de otro sujeto, e incluso excusarse en la objeción de conciencia.

A su juicio, la norma debe dar una señal clara para que los funcionarios públicos asuman el deber que tienen de respetar esta norma, lo que no se logra con el texto propuesto por esta indicación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en que no pueden existir supra derechos, que estén por sobre los demás, y precisó que en caso de producirse un conflicto, la ley N° 20.609 es la encargada de dirimir esos casos.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno llamó a Sus Señorías a mantener el texto aprobado por la Comisión e instó a votar la indicación en estudio.

- En votación la indicación número 2b, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 2c, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, reemplaza el artículo 1° por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°. DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona tiene derecho:

a) Al reconocimiento y protección de su identidad de género.

b) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.

Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa o judicial deberá respetar la identidad de género de las personas.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su voluntad de retirar su indicación, considerando que persigue los mismos objetivos que la indicación número 2b precedentemente rechazada.

La indicación número 2c fue retirada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 3, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala al artículo 1°, los siguientes incisos primero y segundo, nuevos, adecuándose el orden correlativo de los siguientes incisos:

“Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sea libremente escogida. Asimismo, podrá o no corresponder a otras expresiones de género, tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

Cabe recordar que esta indicación corresponde a la definición de identidad de género que aprobó la Comisión en su segundo informe como artículo 2°.

El Honorable Senador señor Letelier pidió al Ejecutivo que explique el sentido de la indicación y si hace suya la definición sobre identidad de género que consagran los tratados internacionales.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió que la definición recoge los Principios de Yogyakarta.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo notar que no existe ninguna normativa internacional que obligue al Estado de Chile a legislar en esta materia. Además, señaló que le parece complejo que en la definición de identidad de género se establezca que “Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como una persona la siente respecto de sí misma”, porque ello implica que el género pasa a ser un sentimiento y una emoción subjetiva.

Afirmó que no se puede establecer un derecho basado en un criterio tan subjetivo como un sentimiento, que no es objetivable y que puede cambiar en el tiempo, los sentimientos son esencialmente modificables, acotó.

En seguida, consignó que no se opone al cambio de sexo, pero no comparte que se le reconozca como un derecho objetivo. Al efecto, precisó, existen varias categorías de transgénero, por tanto, no se puede restringir a la hipótesis de un hombre que se siente mujer o viceversa y que como tal desea cambiar su sexo registral. En esta misma línea, dio cuenta que existen alrededor de cincuenta clasificaciones de transgéneros, a modo de ejemplo mencionó: la androginia, el cross-dressing, el genderqueer y la transexualidad.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que existen varias situaciones subjetivas que generan derechos u obligaciones, como el matrimonio, que se funda en el sentimiento del amor. En su opinión, el género no se restringe a lo meramente biológico, y como tal cae necesariamente en el ámbito de lo subjetivo.

Indicó que en este tema existen, al menos, dos posturas. La primera, que se basa en la autopercepción, que permite a una persona tomar la opción sobre cómo quiere que se le califique por la sociedad y por el Estado respecto de su identidad de género.

La segunda, consiste en eliminar la identidad de género de todos los registros del país y así evitar este debate, lo que en su opinión sería lo correcto, pero entiende que la sociedad aún no está preparada para asumir esta posición.

En este contexto, consideró, que la mejor opción para solucionar este asunto es la primera alternativa.

En seguida, expresó que es importante definir la identidad de género, para tener claridad si este derecho se podrá ejercer más de una vez, ya que en el caso del matrimonio las personas pueden dejar de amarse, divorciarse y volver a casarse.

Con todo, puso de relieve que no tiene claro si el concepto correcto para definir a la identidad de género sea la “vivencia”, pero sí que se trata de un concepto que está en la línea con lo subjetivo, vale decir, con el fuero interno de los individuos.

El Honorable Senador señor Ossandón, hizo presente que existe un problema que debe ser resuelto por la ley, pero observó que la solución debe ser más simple, tal como ocurre en la legislación española y solicitó al Ejecutivo analizar dicho modelo, y citó la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, cuyo artículo 1° dispone que: “Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención del registro de sexo”.

Luego, opinó que en el caso de menores de edad los padres deben tener un rol más protagónico en la decisión del cambio de sexo de sus hijos, y no dejar todo en manos de un juez.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe complementó que en la mayoría de los países en que se ha legislado sobre el cambio de sexo, se asume que se trata de un cambio de sexo registral.

Por otra parte, hizo presente que esta ley no considera la hipótesis de una persona que se siente neutra o que es andrógena.

Asimismo, reiteró que considera complejo consagrar un derecho que genera obligaciones en base a un sentimiento, por ello, sugiere imitar la fórmula aplicada por otros países, y omitir dar una definición de identidad de género. De esta manera, estimó, se evita la subjetividad.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que la tendencia actual va en la línea de definir los derechos y determinar sus beneficiarios, de lo contrario, argumentó, se podrían generar vacíos legales y ser necesario recurrir a la interpretación de los jueces para determinar su sentido y alcance.

En cuanto al concepto de identidad de género como una “vivencia interna e individual del género”, resaltó que todo lo que el ser humano vive y experimenta se mueve por una vivencia interna, ya que el hombre tiene emoción y racionalidad.

También, sostuvo, que el hombre es libre y como tal decide por sí y, en ese sentido, tiene derecho a escoger la identidad de género que desea tener. Agregó que la identidad de género es distinta al sexo biológico y en este proyecto de ley se legisla sobre la identidad de género, por lo que apoyó la propuesta del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Letelier enfatizó que esta ley es bastante acotada y se refiere al derecho que tiene toda persona de cambiar su identidad de género.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe compartió que toda persona tiene derecho a su identidad, la que consta de una serie de variables, dentro de las cuales está el género, por tanto, no le parece que el género sea un derecho en sí mismo, sino que lo concibe como parte de un derecho más general.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno confirmó que la definición de identidad de género tiene que ver con la vivencia interna e individual de cada persona. En este contexto, si alguien tiene la convicción de que su identidad de género no corresponde con la que está registrada en su partida de nacimiento podrá solicitar el cambio de sexo.

Puso de relieve que dado que este cambio de sexo generará consecuencias jurídicas relevantes y definitivas, se propone que este derecho sólo sea ejercido por una sola vez. Así, concluyó, se trata de un derecho irrevocable.

En seguida, argumentó que la definición que propone la indicación número 3 se sustenta en el Preámbulo de los Principios de Yogyakarta, y agregó que para objetivar al máximo la norma eliminaron el vocablo “profundamente”, a fin de que no exista duda sobre su aplicación y no se tenga que calificar esa profundidad.

El Asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Meza-Lopenhandía, señaló que el suprimir el concepto de identidad de género de esta ley podría generar graves problemas en cuanto a su interpretación y, por ende, en su aplicación. Además, comentó que al definírsele como una vivencia interna permite a los menores de edad actuar por sí mismos.

El señor Subsecretario de Justicia resaltó que el definir un derecho en la ley obliga a los jueces a interpretar ese derecho de acuerdo a la forma en que el legislador lo ha establecido, lo que adquiere mayor importancia cuando se está ante conceptos que pudieren un ser un tanto vagos. Recordó que una discusión similar se dio en la Ley de Antidiscriminación, a propósito del término “discriminación”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe pidió al Ejecutivo que mencione casos de otras legislaciones en que se regula y se define el derecho a la identidad de género.

En seguida, señaló que el objetivo de esta ley es definir un camino para que las personas que tienen una diferencia entre su sexo biológico y su sexo psicológico puedan regularizar su situación ante la autoridad, por lo que para poder avanzar instó al Ejecutivo a circunscribir el alcance de esta ley a este objetivo.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que países como Uruguay, Bolivia y Malta regulan y definen el derecho a la identidad de género. Luego, destacó que este proyecto se basa en un enfoque de derechos humanos y que no se trata de un acto meramente administrativo de cambio de sexo registral.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe luego de leer a la Comisión el artículo 1° de la ley uruguaya sobre cambio de sexo, hizo notar a Sus Señorías que esta norma no define a la identidad de género.

Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier se mostró partidario de incluir en esta ley una definición del derecho a la identidad de género, no obstante, manifestó sus dudas respecto de la redacción del inciso segundo del texto propuesto.

El Honorable Senador señor Navarro, en relación con el inciso segundo de la indicación número 3, valoró que se reconozca este derecho sin exigir al solicitante que modifique su apariencia, ni sus funciones corporales, lo cual mantiene la libertad del individuo para decidir sobre su género con independencia de su apariencia. Eso sí, señaló, le preocupa cómo Carabineros de Chile ejercerá el control de identidad respecto de quienes pretendan ocultar su identidad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta norma señala que sólo para el ejercicio del derecho de identidad de género no se requiere un tratamiento médico, ni hormonal, ni operaciones, ni vestimenta particular.

El Honorable Senador señor Letelier consideró innecesaria la frase “siempre que sea libremente escogida”.

El Honorable Senador señor Navarro explicó que esa frase apunta a que nadie puede ser objeto de presiones para cambiar su apariencia, cualquier modificación debe ser libremente escogida. La idea de este inciso es evitar discriminaciones, por ejemplo en el ámbito laboral.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno reiteró que esta norma recoge los Principios de Yogyakarta y como tal establece que no se puede exigir ningún requisito adicional más que la vivencia interna de la persona.

El Honorable Senador señor Matta preguntó la razón de incluir el inciso segundo, y si la vivencia interna es la determinante para ejercer este derecho.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió que tiene por objeto evitar cualquier tipo de discriminación.

El Honorable Senador señor Letelier complementó que este inciso se justifica en que algunos tribunales de justicia han exigido que la apariencia externa coincida con el cambio de género solicitado.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en circunscribir esta ley a un cambio de sexo registral.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que el Gobierno no comparte la mirada de Su Señoría, y agregó que la ley pretende reconocer el ejercicio de un derecho humano. Al efecto, expresó que no se trata de un mero trámite administrativo para modificar el sexo registral de una persona, y subrayó que este derecho se funda en una convicción profunda más allá de cómo la persona se vista o se vea físicamente.

El Honorable Senador señor Letelier pidió dejar constancia de que, efectivamente, la definición que propone la indicación número 3 recoge los Principios de Yogyakarta, al dar preferencia a la vivencia interna e individual de cómo una persona se siente respecto de sí misma en cuanto a su identidad de género.

En seguida, el Honorable Senador señor Matta anunció su voto a favor, a pesar de que sólo comparte el texto del primer inciso.

El Honorable Senador señor Ossandón señaló que no entiende el sentido de esta discusión, y reiteró que este asunto debiera tratarse de una forma más práctica, replicando el modelo de la ley española. Por ello, votará en contra de esta indicación.

- En votación, la indicación número 3, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Letelier y Navarro, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso primero

El encabezado del artículo 1° aprobado por esta Comisión en su segundo informe es el siguiente:

“Toda persona tiene derecho:”.

La indicación número 4, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Conforme a lo anterior, toda persona tiene derecho:”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación tiene por objeto incluir un conector al inicio para vincular la definición de identidad de género con el ejercicio del derecho.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe anunció su voto en contra, por cuanto el texto propuesto hace referencia a toda persona, lo que implica que también se incluye a los menores de dieciocho años.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que esta norma ya fue aprobada por la Comisión en su segundo informe, y que en esta oportunidad sólo se propone agregar “Conforme a lo anterior,”.

- En votación, la indicación número 4 fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Letelier y Navarro, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 5, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, reemplaza la frase “Toda persona tiene derecho:” por “Toda persona mayor de 18 años tiene derecho:”

El señor Ministro Secretario General de Gobierno recordó que este asunto ya fue debatido por la Comisión en su segundo informe y que en esa oportunidad se aprobó extender el ejercicio del derecho de identidad de género a los menores de edad. En derecho comparado, indicó, existen varios países que autorizan a los menores ejercer este derecho.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe se manifestó en contra de que los niños puedan solicitar el cambio de sexo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier expresó su apoyo para que los menores de edad puedan pedir el cambio de sexo, porque conoce varios casos de niños y adolescentes que sienten pertenecer a un género distinto al sexo con el cual nacieron. Asimismo, comentó que conoce un familiar que vivió más de cincuenta años sin poder ejercer su derecho a la identidad de género, estando casado y siendo padre logró cambiar su sexo registral, y hoy día continúa felizmente casado.

En esta misma línea, expresó que prefiere no restringir esta vivencia interna a un tema de edad.

- En votación, la indicación número 5 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Letelier y Navarro, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 6, del Honorable Senador señor Chahuán, agrega en el inciso primero luego de la palabra “derecho” la siguiente expresión:

“con sujeción a los límites prescritos por ley y que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás:”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno consideró que esta indicación está demás, porque todos los derechos deben ejercerse con sujeción a los límites que imponen la Constitución Política de la República y las leyes, y respetando los derechos de terceros.

El Honorable Senador señor Navarro resaltó que está claro que el ejercicio de un derecho sin sujeción a los límites constitucionales y legales es un acto ilegal, por ello, coincidió con el Ejecutivo que aprobar este texto sería redundante.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación tiene por finalidad establecer un límite a este derecho, para que no sea entendido como un supra derecho que se superpone a los demás, como la libertad de expresión, de culto y de educación, entre otros.

- En votación, la indicación número 6 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Letelier y Navarro, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Letra a)

Con posterioridad, en el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 6a, del Honorable Senador señor Allamand, que reemplaza la letra a) del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por la siguiente:

“a) Al reconocimiento y protección de la identidad de género.”.

- En concordancia con la votación de la indicación número 2b, la indicación número 6a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Letra c)

La letra c) aprobada en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado dice lo siguiente:

“c) A ser tratada en conformidad con su identidad de género y, en particular, a ser reconocida e identificada de ese modo en los instrumentos públicos que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuran en los registros oficiales deben ser coincidentes con dicha identidad.”.

La indicación número 7, del Honorable Senador señor Chahuán, intercala en la letra c) entre las palabras “tratada” y “en”, la siguiente frase “una vez realizada la rectificación que regula esta ley”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que si bien comparte la idea de fondo de esta indicación, anunció que se abstendrá de votarla, porque tácitamente reconoce que se trata de una facultad que se extiende a toda persona, lo que no comparte, especialmente en el caso de los niños.

El Honorable Senador señor Letelier observó que la indicación limita los efectos de esta ley sólo al cambio del sexo registral.

- En votación la indicación número 7, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra votaron los Honorables Senadores señores Matta, Montes y Letelier; a favor el Honorable Senador señor Ossandón y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 8, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala en la letra c) del inciso primero, que ha pasado a ser tercero, la frase “y privados” luego de “instrumentos públicos” y antes de “que acreditan su identidad respecto del nombre y sexo”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que rechaza la indicación, porque considera que la modificación de los instrumentos privados podría generar situaciones absurdas, como el caso de una mujer que cambia su sexo registral, y no se somete a tratamientos quirúrgicos, ni hormonales, por lo que biológicamente continúa siendo mujer y, luego, se embaraza.

Al respecto, preguntó si la ISAPRE cubriría ese embarazo si está registrado como hombre y si tendría derecho al pre y post natal, que son beneficios propios de la mujer.

En la hipótesis contraria, mencionó el caso de un hombre que cambia su sexo registral, obligará a su empleador a disponer de una sala cuna en el evento de que tenga 19 mujeres contratadas. Lo mismo planteó si la pareja de la nueva mujer la mata, cometerá femicidio.

El Honorable Senador señor Letelier advirtió a Sus Señorías que la indicación número 8 plantea que quien se sujete a un cambio de sexo tiene derecho a que se modifiquen todos los instrumentos en que consta su identificación, sean públicos o privados.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno complementó que con esta indicación se busca dar mayor consistencia a este proyecto de ley, a fin de que se produzca el cambio de sexo de la persona también en los instrumentos privados en que consta su identidad, para estar en línea con los antecedentes de que dispone el Servicio de Registro Civil e Identificación.

- En votación la indicación número 8, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Inciso segundo

El texto del inciso segundo aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado es el siguiente:

“Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial deberá respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho.”.

La indicación número 8a, del Honorable Senador señor Allamand, sustituye el inciso segundo del artículo 1°, “DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO”, por el siguiente:

“Las personas tendrán derecho a que se respete su identidad de género, sin perjuicio del ejercicio legítimo de derechos fundamentales por parte de terceros.”.

- En concordancia con la votación de la indicación número 2b, se rechazó la indicación número 8a por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 9, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, la frase “Toda norma o procedimiento de naturaleza administrativa público y/o privada, o judicial” por “Toda persona o autoridad”; y, luego del punto seguido, la frase “Ninguna norma o procedimiento” por “Ninguna persona o autoridad”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que el objetivo de esta indicación es darle un sentido más preciso a esta norma, para que sea más razonable y esté conforme con el ordenamiento jurídico.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que en esta norma el derecho a la identidad de género se consagra como un supra derecho que está por sobre los demás, lo que se incrementaría con la aprobación de indicación.

En su opinión, los términos en que se consagra este derecho colisionan con la libertad de expresión, la libertad religiosa y la de educación.

De acuerdo a este inciso, continuó, si una persona concibe a la identidad de género como una enfermedad, perfectamente podría entenderse, en virtud de esta ley, que está vulnerando los derechos de los transexuales.

Luego, puso de relieve el caso de un hombre que cambia su sexo registral, legalmente esto le habilitaría para casarse con otro hombre, aunque se esté ante un matrimonio entre dos personas del mismo sexo biológico. Luego, si alguna Iglesia se opone a celebrar este matrimonio, con esta norma podría ser acusada de no respetar la identidad de género de los contrayentes. Sin duda, enfatizó, este sería un caso en que se hace primar la identidad de género por sobre la libertad religiosa.

Lo mismo podría suceder a propósito de la libertad de educación, en el caso de una comunidad educativa que define dentro de sus principios y proyecto educativo resaltar las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer.

Por lo anterior, apuntó, no le parece que este derecho obligue a toda persona o autoridad, ya que podría atentar contra derechos de terceros y caer en lo inconstitucional.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que los colegios particulares privados pueden restringir el acceso a quienes no comparten su proyecto educativo, sin caer en una discriminación arbitraria, y agregó que no pueden hacerlo los establecimientos educacionales que reciben fondos públicos.

Por otro lado, aclaró que la disposición establece una norma general de respeto al derecho a la identidad de género, lo que no significa que nadie puede limitar, restringir, imponer, excluir o suprimir el ejercicio de este derecho.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno recordó que la ley N° 20.609 establece que nadie puede discriminar a otro en razón de su identidad de género, y señaló que la indicación viene a complementar a dicha ley al consagrar que toda persona o autoridad debe respetar este derecho. Además, agregó, la propuesta acota y precisa a esta norma.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que la ley N° 20.609 deja expresamente a salvo las distinciones que se justifiquen en el respeto a la vida privada y a la honra de la persona y la familia; la libertad de conciencia y de culto; la libertad de enseñanza; la libertad de emitir opinión y la de informar; el derecho de asociarse; la libertad de trabajo, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. En este escenario, estimó, esta norma establece a este derecho como un supra derecho que está por sobre el resto.

Por lo anterior, hizo reserva de constitucionalidad respecto de esta indicación, por su manifiesta disconformidad con el artículo 19 números 4°, 6°, 11°, 12° y 15° de la Constitución Política de la República.

- En votación la indicación número 9 se produjo el siguiente resultado. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Montes y Letelier; en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Matta y Ossandón.

Repetida la votación, en virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, por los votos de abstención que inciden en el resultado, se produjo un empate. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Montes y Letelier; en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

Dado el empate producido, se procedió a votar nuevamente la indicación, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, produciéndose el mismo resultado, quedando en consecuencia rechazada la indicación número 9, en virtud de la calificación de urgencia que tiene el proyecto.

La indicación número 10, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, suprime la frase “público y/o privada”.

- La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe retiró la indicación número 10 de su autoría.

La indicación número 11, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, elimina la siguiente frase:

“Ninguna norma o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir, suprimir o imponer requisitos no contemplados para el ejercicio de este derecho, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso del mismo.”.

Se hizo presente que esta indicación fue hecha al texto aprobado en general por el Senado.

- En votación la indicación número 11, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Montes y Letelier, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 12, de Su Excelencia la Presidenta de la República, agrega un inciso quinto, nuevo, del siguiente tenor:

“No será condición necesaria para el ejercicio de los derechos que emanan del reconocimiento del derecho a la identidad de género haberse sometido a algún tipo de intervención y/o tratamiento modificatorio de la apariencia.”.

El Honorable Senador señor Ossandón pidió que se fundamente el sentido de la indicación en estudio.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno informó que la indicación recoge, en forma más amplia, una indicación presentada por el Honorable Senador señor Letelier, como consta en el segundo informe de esta Comisión, basada en uno de los Principios de Yogyakarta, de acuerdo a lo que esta ley entiende para el ejercicio del derecho a la identidad de género, que responde a una convicción individual y no a un conjunto de manifestaciones exteriores, condicionadas a tratamientos quirúrgicos o farmacológicos.

El Honorable Senador señor Letelier complementó que la idea de esta indicación apunta a que las personas no estarán obligadas a someterse a tratamientos hormonales o a intervenciones quirúrgicas para que se les conceda el cambio de sexo.

- En votación la número 12, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

ARTÍCULO 2°

El tenor literal del artículo 2° aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su segundo informe es el que sigue:

“ARTICULO 2°. DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Lo dispuesto en el inciso anterior podrá o no corresponder con la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que la misma sea libremente escogida. Así como otras expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”.

La indicación número 13, de Su Excelencia la Presidenta de la República, y la indicación número 14, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, proponen eliminar el artículo 2°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Al respecto, se tuvo presente que la Comisión ya aprobó la definición de identidad de género en el artículo 1°, propuesto por la S.E. la Presidenta de la República comprendida en este artículo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que propone eliminar el artículo 2° del texto aprobado por la Comisión en su segundo informe, por estar en desacuerdo de que exista una definición del concepto de identidad de género en la ley.

- En votación las indicaciones números 13 y 14, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón.

Posteriormente, en el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 14a, del Honorable Senador señor Allamand, que reemplaza el artículo 2°, “DE LA DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO” por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona mayor de edad podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando estos no coincidan con su identidad de género.

La copia de la resolución administrativa, o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

El Honorable Senador señor Allamand señaló su indicación sigue la línea de la mayor parte de la legislación comparada, en que se restringe a los titulares de la solicitud de cambio de sexo a las personas mayores de dieciocho años.

Argumentó que un altísimo número de casos de disforia de género tiende a desparecer después de la adolescencia y que esa situación de incertidumbre se confirma en esta ley al consagrar la reversibilidad del cambio de sexo cuando el solicitante es un menor de edad. Todo ello, confirma que este cambio debe ser a contar de los dieciocho años.

Asimismo, hizo notar la necesidad de contar con evidencia médica para acreditar la discordancia entre el sexo biológico y el psicológico también en los adultos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe luego de manifestar su absoluto rechazo a la inclusión de los menores de edad como beneficiarios de esta ley, informó que se ha demostrado que más del 85% de las disforias de género en los menores desparece después de la pubertad.

En seguida, refirió que tampoco apoya el texto aprobado por la Comisión como artículo 3°, porque si bien faculta a los jueces para solicitar exámenes médicos en el caso de los menores de edad, no precisa el tipo de especialista que debe emitir estos informes, lo que dificultará la decisión que deba adoptar el juez, que no tiene los conocimientos médicos para poder resolver este tipo de asuntos.

Por ello, sostuvo que la norma debe establecer expresamente que se requiere de un informe de un equipo multidisciplinario, para todos los menores de edad, sin distinguir si han cumplido o no los catorce años de edad. Expresó que está en contra del texto aprobado por la Comisión, que permite a los mayores de catorce, que cuentan con autorización de sus padres, presentar su solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin exigirles ningún tipo prueba para acreditar su vivencia y que no tienen ninguna otra patología que pueda justificar esta disociación, como puede ser el caso de un brote psicótico que le haga sentir a una persona que es alguien distinto.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Navarro consultó al Ejecutivo por qué se restringe la solicitud de cambio de sexo a una sola vez, en el caso de los adultos.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió que se optó por limitar el ejercicio de este derecho, porque así se consagra en el derecho comparado, además que nuestra legislación reconoce que ciertos derechos pueden ser ejercidos por una sola vez, como ocurre con la solicitud de cambio de nombre y con ello se evita que terceros, con la intención de defraudar a otros, recurran a esta figura. Acotó, la excepción se da únicamente para los menores de edad.

- La indicación número 14a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 14b, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que sustituye el artículo 2° por el siguiente:

“ARTÍCULO 2°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL CAMBIO DE SEXO Y NOMBRE. Toda persona mayor de 18 años y sin vínculo matrimonial vigente, podrá obtener la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

La copia de la resolución administrativa que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

La Comisión tuvo presente que esta indicación es prácticamente igual a la indicación número 14a, con la salvedad de que, además, exige que el solicitante sea una persona soltera.

- En consecuencia, la indicación número 14b fue rechazada con la misma votación que la indicación anterior.

Inciso primero

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Letelier, y la indicación número 16, del Honorable Senador señor Navarro, plantean suprimir la frase: “Para los efectos de esta ley”.

El Honorable Senador señor Letelier retiró la indicación número 15, de su autoría.

La indicación número 17, del Honorable Senador señor Chahuán, remplaza en el inciso primero la frase “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma” por la siguiente: “la vivencia interna e individual del sexo tal como cada persona la siente respecto de sí misma”.

La indicación número 18, del Honorable Senador señor Chahuán, remplaza el concepto “asignado” por el vocablo “inscrito”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó rechazar las indicaciones números 16, 17 y 18, considerando que se aprobó suprimir el artículo al cual fueron formuladas.

- En votación las indicaciones números 16, 17 y 18, fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón.

ARTÍCULO 3°

El texto del artículo 3° aprobado en segundo informe por esta Comisión es el siguiente:

“ARTÍCULO 3°. DE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO.

Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación de su nombre y/o sexo con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente, se estará a lo dispuesto en los artículos 7° y 8°.

La copia de la sentencia que concede la solicitud tendrá el mérito para solicitar a cualquier entidad, pública o privada, la rectificación de los documentos a los que se refiere esta ley.”.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 18a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para suprimirlo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación busca eliminar el texto del artículo 3° aprobado por la Comisión mediante indicación 30 a, ya que no comparte el sentido de la disposición porque establece que todas las personas pueden acceder a las intervenciones quirúrgicas y a los tratamientos hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello su consentimiento informado.

Como médico, dejó en claro que este tipo de tratamientos no pueden realizarse porque una persona lo desea, ya que se requiere de una prescripción médica que señale que la persona, efectivamente, lo necesita. En este sentido, consideró que esta norma atenta contra los protocolos médicos que hoy existen.

Con todo, observó que la aprobación de este artículo no aporta nada nuevo, ya que hoy estos tratamientos se realizan de acuerdo a los instructivos que los médicos han elaborado.

Por lo anterior, reiteró que el artículo vulnera los protocolos médicos, que se basan en lo que las personas necesitan y no en lo que ellas desean.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que esta ley no altera ningún protocolo médico, salvo la prohibición de realizar intervenciones quirúrgicas a los menores de dieciocho años que presenten una disforia de género.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que la única limitación para la realización de este tipo de tratamientos en adultos es la existencia de una contraindicación médica.

- La indicación número 18a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 19, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 3°, que ha pasado a ser el artículo 2°, por el siguiente:

“Artículo 2°. DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A SER IDENTIFICADAS CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO. Toda persona podrá obtener, por una sola vez, la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, en sus documentos de identificación y en cualquier otro instrumento público o privado, cuando éstos no coincidan con su identidad de género, con la sola excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta ley.

En el caso de la solicitud presentada por un niño, niña, adolescente o por persona con vínculo matrimonial no disuelto, se estará a lo dispuesto en el Título III de la presente ley.

La copia de la resolución administrativa o de la sentencia judicial, según sea el caso, que concede la rectificación, será antecedente suficiente para que en su solo mérito cualquier entidad, pública o privada, rectifique los documentos a los que se refiere esta ley.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que el artículo 2° propuesto no tiene un cambio de fondo respecto de lo ya aprobado por la Comisión, sino que más bien es una readecuación respecto a lo aprobado en el artículo 1°. Acotó que la diferencia se da respecto del procedimiento establecido por lo que llamó a Sus Señorías a aprobar esta indicación, sin perjuicio de lo acordado en orden a tratar los temas relativos a los menores de edad al final.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que en el inciso segundo de este artículo se hace referencia expresa a la solicitud de cambio de sexo presentada por un niño.

En sintonía con lo anterior, el Honorable Senador señor Letelier sugirió votar el inciso primero y dejar pendiente los incisos segundo y tercero que dicen relación con la forma de abordar el procedimiento para los menores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que el inciso tercero se refiere al caso de personas mayores de edad con vínculo matrimonial no disuelto. Recordó, como ya se ha señalado, que habrá dos sedes, las personas mayores de edad sin vínculo matrimonial concurrirán ante el Servicio de Registro Civil para solicitar el ejercicio de este derecho, y en el caso de los menores de edad y de las personas con vínculo matrimonial no disuelto lo harán ante el juez de familia respectivo. Luego, el inciso tercero se refiere a la copia de la resolución administrativa, o de la sentencia judicial, según sea el caso. En consecuencia, si se decide revisar el tratamiento dado a los menores de edad, esta norma no afecta aquello, acotó.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe pidió votación separada de los incisos primero, segundo y tercero.

En relación con el inciso primero, recordó que la fundamentación de esta ley se basa en que la identidad de género es un derecho y como tal debe ser respetado. En esta línea de argumentación, manifestó que le cuesta entender cómo ese derecho se agota en una sola oportunidad y no cabe la retractación.

En cuanto al inciso tercero, expresó que en el texto aprobado por la Comisión se había planteado que sería mediante un procedimiento judicial, ante lo cual tuvo serios reparos porque implicaba transformar a los tribunales de justicia en meros buzones de la voluntad de las personas.

Con todo, indicó que prefiere un proceso que exija requisitos al solicitante y que sea tramitado ante los tribunales de justicia y no en el Servicio de Registro Civil. Por tanto, consideró necesario discutir ese tema y no asumir que ya está aprobado el procedimiento mediante estas dos vías.

El Honorable Senador señor Ossandón señaló que le preocupa que esta solicitud pueda presentarse sola una vez.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno argumentó que la mayor parte de la legislación comparada consagra este derecho por una sola vez y refirió que existen muchos derechos que se agotan con su ejercicio en una sola vez, como ocurre con el derecho al cambio de nombre, y otros que son constantes en su ejercicio.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe acotó que dado que la identidad de género se funda en una vivencia interna, es decir, en un sentimiento que es esencialmente cambiante, perfectamente puede darse el caso que una persona tenga distintas vivencias respecto de su género, toda vez que es válido que las personas evolucionen en su emocionalidad. Por eso, estimó, complejo que por ley se prohíba a una persona solicitar el cambio de género más de una vez.

El Honorable Senador señor Letelier dejó constancia respecto del inciso tercero, que si bien lo votará a favor, considera que no es necesario para el tema del matrimonio. En efecto, no le parece que se consagre una nueva causal de nulidad de matrimonio cuando se dicte la sentencia que acoge el cambio de sexo de una persona casada. Para él, en los hechos no existe esta causal, porque debe haber una voluntad de las partes de anular su matrimonio. Resaltó que se propone una norma que puede generar una mayor judicialización respecto de un tema que no es de la esencia de esta ley.

- En votación los incisos primero y tercero del artículo 2° propuesto por la indicación número 19, fueron aprobados por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

- En votación el inciso segundo de la indicación número 19, fue aprobado por mayoría, por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Navarro, Letelier y Ossandón, y un voto en contra de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

- Como consecuencia de haberse aprobado la indicación 19, se dan por rechazadas con la misma votación, las indicaciones 29, 102, 120 letra a) primera parte, y 142, del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

Inciso primero

La indicación número 20, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala entre las expresiones “persona” y “podrá”, la frase “mayor de 18 años”.

- En votación la indicación número 20, se produjo un empate. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro y Letelier, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la indicación número 20.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Ossandón, intercala en el inciso primero, entre las palabras “persona” y “podrá”, la expresión “que hubiere alcanzado la mayoría de edad”.

- En votación la indicación número 21, se produjo un empate. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro y Letelier, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado, dándose por rechazada la indicación número 21.

La indicación número 22, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, incorpora entre la voz “persona” y “podrá”, la expresión “sin vínculo matrimonial”.

- En votación la indicación número 22, se produjo el siguiente resultado. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón; en contra los Honorables Senadores señores Montes y Letelier, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

Repetida la votación, se produjo el mismo resultado, quedando rechazada la indicación número 22 en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, dada la urgencia que tiene el proyecto.

La indicación número 23, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, introduce después de la palabra “persona” y antes de la expresión “podrá”, la frase “sin hijos menores de edad”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación busca exigir que el solicitante del cambio de sexo no tenga hijos menores de edad, por considerar que puede ser complejo para un niño asimilar el cambio de sexo de su padre o madre.

- En votación la indicación número 23, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Montes y Letelier, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 24, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, suprime la frase “por una sola vez”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó darla por rechazada, en concordancia con lo aprobado en la indicación número 19.

En consecuencia, la indicación 24 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra los Honorables Senadores Matta, Montes, Letelier y Ossandón y a favor la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Inciso segundo

La indicación número 25, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, la indicación número 26, del Honorable Senador señor Ossandón, y la indicación número 27, del Honorable Senador señor Chahuán, lo suprimen.

La indicación número 26 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón.

- En votación las indicaciones número 25 y 27, se produjo un empate. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Navarro y Letelier, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, en virtud del artículo 182 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado, dándose por rechazadas las indicaciones números 25 y 27.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 27a, del Honorable Senador señor Allamand, que propone eliminar el inciso segundo.

- La indicación número 27a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Inciso tercero

La indicación número 28, del Honorable Senador señor Chahuán, elimina el inciso tercero.

La indicación número 29, del Honorable Senador señor Chahuán, agrega en el inciso tercero entre la palabra “privada” y la coma que le sigue, la siguiente frase: “que lleve registro de nombre y sexo en conformidad a la ley”.

- En votación las indicaciones números 28 y 29, fueron rechazadas por mayoría. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Montes, Letelier y Ossandón y a favor la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

ARTÍCULO, NUEVO

La indicación número 30, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL. Todas las personas podrán, si lo estiman necesario, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que existe un consenso general que el derecho al libre desarrollo personal se valide para las personas mayores de edad y no así para los menores de edad, cuya discusión, recordó, quedó pendiente. Por ello, planteó modificar la indicación del Gobierno para intercalar entre los vocablos “trata,” y “acceder” la siguiente frase “podrán siendo mayores de edad por el sólo ministerio de la ley”, ya que no existe unanimidad para que los menores puedan acceder a tratamientos hormonales sin acuerdo de sus padres.

El Honorable Senador señor Ossandón preguntó al señor Ministro si el proyecto debe mencionar expresamente el derecho al libre desarrollo personal. En su opinión, éste es un tema esencial y que depende de cada persona.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que la indicación propone reubicar el artículo 14 aprobado por la Comisión en su segundo informe consultándolo como artículo 3°, y señaló que este artículo puede ser aprobado sin hacer referencia a los sujetos que beneficia el proyecto. Ello, porque aún está pendiente definir este tema, lo que podría subsanarse incluyendo una norma general que diga quiénes son los sujetos que pueden ejercer el derecho que establece esta ley.

Respecto de la observación del Honorable Senador señor Ossandón, expresó que si bien la ley no lo exige, en la práctica ocurre. En efecto, cuando las personas solicitan el cambio de nombre, una de las exigencias que ha habido son las intervenciones quirúrgicas o tratamientos farmacológicos. Al respecto, señaló que se está ante una decisión individual que no puede ser condicionada ni exigida el ejercicio de este derecho por ninguna autoridad.

El Honorable Senador señor Letelier indicó que una mirada es que no se esté obligado a realizar intervenciones quirúrgicas, ni tratamientos hormonales. Luego, puso en el tapete de la discusión si esta ley debe extenderse a los menores de edad, ya que en su opinión para conocer los efectos de este tipo de tratamientos se debe distinguir entre los niños que están en una etapa de pre pubertad o en la pubertad.

Lo anterior, por cuanto el artículo establece: “bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado”, sin hacer ninguna distinción. Además, preguntó cómo expresan el consentimiento las personas menores de edad y sugirió precisar los alcances de este artículo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe comentó que ya existe un procedimiento en el Ministerio de Salud que garantiza la realización de este tipo de procedimientos. En este contexto, consultó por la razón de incluir esta norma en esta ley si ya existe a nivel reglamentario.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió que no existe ninguna innovación, sino que se explicita lo que ya está regulado por la ley y por la vía de la potestad reglamentaria. Comentó que hoy el Servicio de Salud exige un informe psicológico para dar lugar al tratamiento quirúrgico, con este artículo se termina con esta exigencia.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en la necesidad de ser más preciso en este texto y conocer si esta disposición incluye o no a los menores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que este es un tema pendiente en espera a los posibles acuerdos que se llegue en la Comisión respecto de los menores de edad.

El Honorable Senador señor Ossandón comentó que en las audiencias recibidas, la Comisión escuchó al Doctor Guillermo Mac Millan que es uno de los pocos médicos que realizan este tipo de intervenciones, quien señaló que para hacer estas operaciones exigía el informe de un psiquiatra, porque pueden existir casos de arrepentimiento. En su opinión, la ley no puede obligar a un médico a no exigir este tipo de informes si considera que ello es necesario para operar a una persona.

Además, consideró que este artículo debería limitar sus efectos a los mayores de edad.

El Honorable Senador señor Letelier aclaró que la observación del Honorable Senador señor Ossandón no está incluido en el nuevo artículo 3° propuesto por la indicación número 30, porque se centra en la posibilidad que se da a todas las personas de acceder a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género.

El punto es si las personas tienen derecho a acceder a este tipo de tratamientos. En general, indicó, hay consenso en que si la persona es mayor de edad no habría problema en que pueda acceder a este tipo de intervenciones.

Sobre el particular, solicitó al Ejecutivo una redacción para mejorar el sentido de la frase “bastando que la persona preste su consentimiento informado”. Una interpretación de esto, es que como el menor no puede dar su consentimiento se le excluye de este beneficio. Otra interpretación prefiere explicitar que los niños no están incluidos en esta disposición.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que se trata de una redacción estándar ya que la ley indica cómo se expresa el consentimiento en los distintos casos, ya sea menores de edad o que adolecen de alguna incapacidad.

El Honorable Senador señor Letelier precisó que le interesa que quede en la historia de la ley que la frase “la persona preste su consentimiento informado” subyace que un menor de edad lo da a través de sus representantes legales, de acuerdo a las reglas generales de manifestación del consentimiento.

Por otra parte, la Honorable Senadora seora Van Rysselberghe indicó que la indicación hace referencia a varias leyes en el tema de salud, dentro de las cuales está la ley N° 19.966 sobre Garantías Explícitas de Salud (GES), por lo que preguntó cuál es el alcance que tiene este artículo en materia de salud.

En sintonía con lo anterior, el Honorable Senador señor Letelier pidió oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre los alcances de la inclusión de estas leyes en este artículo. Así se acordó.

En la sesión siguiente, antes de continuar con la discusión de las indicaciones la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo presente que el tema que analiza la Comisión es extremadamente complejo y que a nivel internacional no hay un consenso en esta materia, aún más, dijo, tampoco lo hay a nivel de la Organización Mundial de la Salud u otras instancias internacionales. Por tanto, es absolutamente legítimo que frente a un tema de esta naturaleza existan posiciones diversas, pero, enfatizó, no le parece que por tener posiciones diversas, personas que han sido invitadas a esta sesión, como ha sucedido en otras oportunidades en que sufrió agresiones verbales por parte del señor Rolando Jiménez, publiquen en los medios de prensa o redes sociales que pretende dilatar este proyecto.

Aclaró que su postura ha sido plantear opiniones que no son aisladas, sino que tienen el respaldo de muchas personas, por tanto, argumentó, si bien merece respeto la persona que es disidente a su postura, también se debe respetar su opinión y a quienes representa, de lo contrario, no es posible tener una discusión abierta. Además, agregó, tampoco se reconoce el esfuerzo que se ha hecho en plasmar las distintas visiones que se tiene sobre el particular. En definitiva, expresó, los proyectos de ley persiguen el bien común que refleja la diversidad de opiniones que existen en el país.

El Honorable Senador señor Navarro instó a quienes acompañan las sesiones, el uso de las mejores normas de la sana convivencia de manera de avanzar en el trabajo legislativo de este proyecto que es de interés de todos, y que cualquier hecho que pueda afectar la dignidad o menoscabar a cualquiera de los presentes sea evaluado debidamente. No se trata de censurar, dijo, por el contrario la libertad de expresión existe pero dadas las condiciones y características particulares de este proyecto, se debiera tener una actitud más activa en orden a que ello no ocurra al menos durante el tratamiento del proyecto en la sala de la Comisión y apuntar los esfuerzos en debatir legítimamente.

En seguida retomó la discusión del proyecto, y se procedió a poner en discusión la indicación número 30, que incorpora un artículo 3° nuevo, el cual había quedado pendiente en espera de la respuesta del Ministerio de Salud acerca de los alcances de la referencia expresa a la normas relativas a prestaciones de salud que hace la citada disposición.

Al respecto, se recibió la respuesta del Ministerio de Salud, mediante oficio N° 2528, de 2 de agosto de 2016, cuyo tenor se reproduce a continuación:

“1) Las leyes que se menciona en el citado artículo 3° del proyecto de ley son la Ley N° 20.584, que Regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en Salud; el DFL N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; y la Ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.

2) Del tenor del artículo acerca del cual se consulta, se desprende que el acceso a las prestaciones de salud que impliquen intervenciones quirúrgicas o tratamientos integrales hormonales, se regirán según la calidad previsional del individuo o la institución de la cual sea beneficiario.

3) La referencia a la Ley N° 20.584, reafirma la idea de que el acceso a estas prestaciones no necesita requisito adicional al consentimiento informado en los términos de dicho cuerpo legal. Es decir, no habrá necesidad de requerir autorizaciones adicionales (judiciales o administrativas), y que estas intervenciones pueden solicitarse sin perjuicio de la rectificación del cambio de sexo y nombre, lo que se está dejando establecido es que las personas transgénero no deben recibir un trato diferente del que recibiría cualquiera otra persona cuando acudan a los Servicios de Salud en búsqueda de tratamientos. No habrá requerimientos adicionales a los que se piden a cualquier paciente de acuerdo con las leyes ya citadas, como por ejemplo, exigir el trámite de cambio de sexo y nombre en forma previa. En la práctica, esto implica que, cuando una persona con identidad de género trans acuda a los servicios públicos o privados de salud en busca de atención médica para adecuar su cuerpo a su identidad de género, los y las profesionales de salud que les atiendan no deben emplear un trato discriminatorio, ni solicitar autorizaciones o antecedentes adicionales a los que ya se consideren para cualquier tratamiento de salud, los cuales siempre suponen criterios de elegibilidad y de procedencia que son de carácter médico, además del cumplimiento de los criterios legales para ser considerado beneficiario de un determinado sistema de salud (sea público o privado).

4) En la línea anteriormente señalada, se hace presente a la Comision que el Ministerio de Salud cuenta con documentos en la materia: la "Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género", y las circulares números 34 y 21, que imparten instrucciones para la atención de personas trans y otras personas de la diversidad sexual. En el primer documento se abordan los estándares médicos para el conjunto de intervenciones (salud mental, hormonal y quirúrgica) y en las Circulares se abordan aspectos relativos al tipo de trato que debe brindar el personal de salud.”.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe expresó que su aprensión dice relación con la referencia que hace el artículo 3° nuevo a las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.996. Explicó que actualmente los tratamientos hormonales y los cambios quirúrgicos se otorgan a través del sistema público Fonasa, por tanto, no advierte razón para mencionarlo en la ley de garantías AUGE. Precisó que esta ley de garantías AUGE es para las patologías que se incluyen en la lista del mismo nombre. Luego, si la esencia de este proyecto dice relación con las personas que tienen una disociación entre su sexo biológico y su sexo sicológico y no sufren de una patología, le llama la atención por qué se hace referencia a la ley de patologías AUGE y preguntó cuál es el alcance de ello.

Reflexionó que si este proyecto que se basa en un sentimiento deriva en obligaciones hacia terceros al hacer mención explícita de la ley de garantías AUGE, se está tratando de obligar a que estos procedimientos sean, a través de la ley, incorporados en los decretos que posteriormente dictará el Ejecutivo.

En razón de lo expuesto, advirtió que su observación no se responde en el oficio enviado por la Ministra de Salud, y agregó que le preguntó al Subsecretario de Salud si estaba en antecedentes de esta indicación del Ejecutivo y le respondió que no tenían conocimiento de ella.

Por tanto, insistió en preguntar por qué la indicación hace referencia a la ley de garantías AUGE, toda vez que esta ley es para patologías y se supone que este proyecto de ley de identidad de género parte de la base que ello no es una patología.

El Ministro de la Secretaría General de Gobierno, señor Marcelo Díaz señaló que el Ejecutivo considera que el oficio es suficientemente claro, no obstante que los asesores jurídicos podrán aportar al respecto.

La asesora jurídica del Ministerio señora Florencia Díaz explicó que la intención del Ejecutivo fue dejar establecido que no es una atención especial de salud y que, por ende, se rige por las mismas leyes que todas las demás prestaciones. No obstante que en un futuro, el decreto que define qué prestaciones están cubiertas por la ley de garantía y cuáles no están cubiertas, puede o no incorporarlas. Por tanto, no se está señalando que debe ser incorporado, sólo dice que se rige por esta ley como todas las atenciones de salud. Si no se mencionara, continuó, podría ocurrir que el decreto no podría incorporar estas prestaciones puesto que no está establecido que sí se rige por esta ley como por todas las demás. Insistió en que no hay un mandato de la ley de incorporar estas prestaciones en una categoría o garantía especial.

El asesor del Ministerio de Salud, señor Pablo Ríos, expresó que están contestes con la opinión manifestada por la asesora y agregó que trabajaron en conjunto y en coordinación esta materia.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que este artículo 3° pudiese ser innecesario si no fuera porque existen opiniones como la de su colega y Senadora, que ponen en discusión el punto.

La pregunta, dijo, es qué pasa con las instituciones públicas, Fonasa y privada, Isapres, pueden discriminar por razones de identidad de género u otra. A su juicio y para evitar discriminaciones, es necesario establecer esta norma, para que las personas puedan acceder a estas prestaciones, además, agregó que no es necesario hacer el cambio registral.

El Honorable Senador señor Navarro hizo presente que tanto el Ministerio Secretaría General de Gobierno como el de Salud, señalan que no se incorpora como una obligación la adecuación de sexo sino que se señala una ley que establece garantías, en las cuales eventualmente podría incorporarse.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que esta sería la única patología de la lista de patologías AUGE que se menciona por ley. Por tanto, si es inocuo expresarla tal como se ha dicho por los asesores, es mejor no establecerlo, insistió.

El Ministro, señor Marcelo Díaz, aclaró que no se toca la ley AUGE sino que se hace referencia a un conjunto de disposiciones vigentes que dicen relación con prestaciones de salud. En definitiva, se atiene a lo que disponen dichas normas. Lo que se busca es separar la exigencia de tratamiento farmacológico, sicológicos o médicos del ejercicio del derecho que se está regulando.

El Honorable Senador señor Ossandón manifestó su desacuerdo con la norma del artículo 3° que dispone que todas las personas podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas, sin distinguir si es mayor o menor de edad, y preguntó qué pasa con los niños.

El Ministro, señor Marcelo Díaz recordó que en paralelo a esta discusión se iba a abrir un espacio de diálogo respecto de la situación de los menores, lo que no impide que se siga avanzando en el resto de las normas. Si luego, se arriba a una conclusión distinta de la propuesta del Ejecutivo se harán las adecuaciones necesarias, de lo contrario se estaría supeditando el poder avanzar a que se construya ese acuerdo, lo que desde el punto de vista de la eficacia legislativa no es un buen camino.

El Honorable Senador señor Ossandón insistió en que todo lo que involucre a los niños se va a tratar al final de la discusión y esta norma les concierne al no hacer la distinción.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente el acuerdo alcanzado en orden a que todo lo relativo a menores de edad no se votaría hasta alcanzar un acuerdo, lo que será revisada al final de la discusión.

Respecto al nuevo artículo 3°, dispone lo que señala la ley en estas materias, en que para muchas intervenciones o tratamientos, a menos que la ley cambie, están sujetos los tutores, cuidadores que requieran de esa autorización, por tanto, si se van a modificar las prestaciones de salud para menores de edad, debe hacerse de manera explícita, lo cual está pendiente y no está en este artículo. Sugirió aprobar la norma en el entendido que todo lo relacionado con menores de edad se verá en su oportunidad.

El Ministro, señor Marcelo Díaz coincidió con Su Señoría y señaló que se aplican las reglas generales en que tratándose de menores de edad deben contar con la autorización de los representantes legales de los mismos. Sin perjuicio de ello, si se resolviera un tratamiento distinto y diferenciado a los menores se requerirá adecuar las normas.

El Honorable Senado señor Navarro recordó que hay un acuerdo de la Comisión respecto a que lo relativo a los menores de edad se dará en un debate especializado en donde se tomará una definición. Si ello tuviera como resultado el incorporarlos se adecuarán las normas. Sugirió avanzar en la discusión del proyecto y no quedar supeditado a ver en cada uno de los artículos si se incorpora o no a los menores, sino que analizarlo en su oportunidad.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que no se puede aprobar una norma que señale “toda persona…” sin discutirla, porque no distingue los adultos de los niños ya que estos últimos también son personas. Por tanto, expresó, un proyecto de ley que aborda el tema de los niños y que es cuestionado, no se puede ir aprobando artículos sin tener claridad en ello, por lo que solicitó dejarlo pendiente.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en avanzar e ir despachando el proyecto en el entendido que por ahora no hay ninguna excepción para los menores sino que se verá más adelante.

El Ministro señor Díaz hizo presente su conformidad con el acuerdo referido por el Presidente de la Comisión y por el Senador Letelier, de lo contrario, propuso votar sin buscar acuerdos paralelos dado el extenso período de tiempo que lleva el proyecto en esta instancia legislativa.

En seguida, precisó que esta norma en particular no tiene reglas especiales sobre menores. Reiteró que si luego convienen materias de menores hay voluntad del Ejecutivo para adecuar las normas, lo cual fue acordado en sesión pasada, pero, enfatizó en compatibilizar aquello con una mayor intensidad en el despacho del proyecto.

El Honorable Senador señor Ossandón propuso que los temas que puedan tener doble interpretación discutirlos sujetos a una revisión final.

El Honorable Senador señor Navarro coincidió en que antes de cada votación se hará mención del contexto de la misma y quedará registrado así en el informe de manera de avanzar, haciendo mención al acuerdo de readecuación sobre el tema de los menores. Se deja constancia del este acuerdo adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

Considerando el acuerdo precedente, se puso en votación la indicación número 30, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Letelier, Matta y Navarro, en contra la Honorable Senadora Van Rysselberghe y se abstuvo el Honorable Senador señor Ossandón.

El Honorable Senador señor Matta al fundamentar su voto dejó expresa constancia el acuerdo adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión en orden a readecuar el tema de los menores de edad.

El Ministro señor Marcelo Díaz reiteró, sin perjuicio de revisar con posterioridad estas normas de conformidad al acuerdo alcanzado, que el artículo 3° nuevo propuesto por la indicación en estudio no tiene criterios especiales distintos de la norma general en materia de menores de edad.

Por el contrario, el Honorable Senador señor Ossandón dejó constancia de que indistintamente que no sean normas especiales para los niños, sí los involucra, por tanto es parte del acuerdo de revisarlo.

El Honorable Senador señor Navarro expresó que al señalar el artículo a “toda persona” es innegable que involucra a los niños.

Sin embargo, luego y con motivo de haberse aprobado con modificaciones la indicación número 30 a, consignada en la parte pertinente de este informe, la Comisión dio por rechazada la indicación número 30, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón.

Con posterioridad, en sesión de 31 de agosto de 2016, el señor Ministro Secretario General de Gobierno presentó una nueva propuesta para regular el tema de los menores de edad, la cual fue trabajada con el equipo jurídico del Ministerio que encabeza y con algunos asesores de Sus Señorías. Las indicaciones corresponden a los números 30 a, 49 a, 51 a y 62 a.

Al respecto, informó que se distingue entre los menores y los mayores de catorce años, teniendo en consideración el principio de autonomía progresiva, que atiende al desarrollo de las facultades de los menores y que reconoce grados de autonomía en el ejercicio de sus derechos.

Respecto de los niños que no han cumplido los catorce años de edad, deberán presentar la solicitud de cambio de sexo y nombre ante el tribunal de familia con el consentimiento expreso de su padre, madre, representante legal o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado. Si no cuenta con este consentimiento no será posible pedir este cambio de sexo registral y el juez deberá declarar inadmisible la solicitud.

En el evento que se presente una petición con la autorización de uno solo de los progenitores, el juez deberá citar al otro, el que podrá oponerse, caso en el cual el procedimiento se hará contencioso. Resaltó que esta citación se realizará conforme a las reglas generales de notificación en materia de familia y que en este proceso siempre deberá oírse al menor, quien también deberá expresar su voluntad, la que será evaluada de acuerdo a su grado de madurez y de desarrollo.

Ahora bien, si ambos padres presentan la solicitud en conjunto con el menor el procedimiento será no contencioso, pero igual deberá oírse al menor para asegurar que su consentimiento sea voluntario, informado y de acuerdo a su grado de madurez y de desarrollo.

Además, destacó que las solicitudes deberán ser acompañadas por certificados psicológicos del menor para descartar la presencia de trastornos de la personalidad que pudieran inducirlo a un error en cuanto a la identidad de género que manifiesta. Al efecto, reseñó, los padres deberán presentar certificado que descarte un trastorno de la personalidad, que informe sobre sus habilidades parentales y que acredite que han recibido asesoría profesional, acompañamiento u orientación de especialistas, al menos, durante un año. En caso de no acompañarse estos certificados psicológicos, el juez podrá ordenar que se realicen las evaluaciones que correspondan.

En rigor, consignó, tratándose de casos que involucran a menores de catorce años la solicitud siempre deberá presentarse ante el tribunal de familia.

Respecto a las menores que ya cumplieron los catorce años de edad, distinguió:

- Si cuentan con el consentimiento del padre y de la madre, del representante legal o de quien lo tenga legalmente bajo su cuidado, el trámite se realizará ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, si todos concurren firmando la respectiva solicitud.

- Si cuenta con el consentimiento de sólo uno de los padres o de ninguno, la solicitud deberá presentarse ante los tribunales de familia. En este caso, el juez notificará al o a los progenitores que no concurrieron con su voluntad, los que podrán oponerse en un procedimiento de carácter contencioso.

Acotó que en el caso de que el menor presente la solicitud sin la autorización de sus padres el juez deberá designarle un curador ad lítem conforme el sistema de protección de menores que exista al momento de presentación de dicha petición.

En materia de atenciones de salud, indicó que se consignará expresamente en el artículo 3° que dichas prestaciones se efectuarán de acuerdo a lo que establezcan los protocolos médicos y vías clínicas aprobadas. Con todo, resaltó, se prohíbe realizar intervenciones quirúrgicas a menores de dieciocho años.

El Honorable Senador señor Ossandón preguntó por las diferencias y alcances de los informes emitidos por los psicológicos y por los psiquiatras, a fin de determinar cuál de ellos sería el más idóneo para exigir al menor de edad que presenta una solicitud de cambio de sexo y nombre.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su absoluto desacuerdo con los planteamientos del señor Ministro Secretario General de Gobierno. En particular, con la propuesta de exigir únicamente un informe psicológico al menor de catorce años. En su opinión, los psicólogos no tienen una formación científica propiamente tal puesto que el enfoque de su currículum es más bien humanista. En esa misma línea, refirió, se requieren diagnósticos de distintos médicos. Lo anterior, dijo, ha motivado a la Sociedad Chilena de Endocrinología pedir a esta Comisión ser recibidos en audiencia para aclarar esta situación.

Asimismo, expresó, hay casos en que existe un diagnóstico aparente de que se está ante un caso de trastorno de identidad de género, pero que en realidad se trata de una patología morfológica o de una enfermedad mental, que requieren ser detectadas antes de acceder al cambio de sexo de un niño. Puntualizó que la mayoría de las disforias de género en niños se originan por trastornos hormonales que no se vinculan a un problema psicológico y que en un 85% de los casos se revierten.

En atención a las observaciones planteadas por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, el Honorable Senador señor Letelier sugirió exigir cierta categoría mínima al peritaje que puede solicitar el juez de familia.

Por su parte, el señor Ministro Secretario General de Gobierno planteó exigir que la solicitud del menor de catorce años sea acompañada por un informe forense o por un informe de salud mental, teniendo en consideración la terminología que utiliza el Servicio Médico Legal.

Luego, resaltó que han acogido gran parte de las inquietudes planteadas por Sus Señorías y que, bajo este contexto, han propuesto que no basta la sola voluntad de los menores de catorce años para presentar una petición de cambio de sexo y nombre. Al efecto, destacó, se exige la concurrencia de ciertos requisitos mínimos, como el acompañar un certificado de psicólogo y el acreditar que la identidad de género la tiene, por lo menos, hace un año atrás. Adicionalmente, señaló, plantean prohibir expresamente las intervenciones quirúrgicas en menores de dieciocho años.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que un niño entre catorce y dieciocho años aún no ha terminado su proceso de desarrollo psicológico, físico y hormonal, y que perfectamente puede experimentar alteraciones que pudieren afectar su proceso de maduración y de identificación sexual, por lo que estimó que en estos casos también se debería exigir algún tipo de informe que acredite la identidad del menor por un determinado tiempo, a fin de constatar que se está ante una disforia de género.

Por lo anterior, pidió escuchar a la Sociedad Chilena de Endocrinología para conocer los efectos médicos que se pueden generar por someter a un menor a tratamientos hormonales. En particular, si ha cambiado su sexo registral y se busca evitar que en la adolescencia comience a experimentar cambios físicos propios de su sexo biológico.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo notar a Sus Señorías que el ordenamiento jurídico establece que los mayores de catorce años tienen responsabilidad penal, de manera que estarían plenamente capacitados para decidir sobre su identidad de género.

Con respecto a los menores de catorce años, resaltó, la solicitud de cambio de sexo y nombre debe ser autorizada siempre por, al menos, uno de los padres. Enfatizó que el juez accederá a esta petición si además se manifiesta la voluntad expresa del menor y si se acredita que se ha realizado todo lo posible para ratificar la veracidad de dicha presentación. La decisión que se tome se fundará en la necesidad de proteger al menor, teniendo en consideración su interés superior.

Expresó que se han adoptado todos los resguardos del caso y que incluso han propuesto la posibilidad de que este derecho sea ejercido en dos ocasiones en el caso de los menores de edad de manera de que si existen situaciones que hacen cambiar la vivencia del menor tenga derecho a retractarse.

Además, señaló le entrega al juez la facultad de ordenar otros peritajes.

Precisó que lo mismo ocurre respecto de los mayores de catorce años, pero con la distinción de que a partir de esa edad, dado que el menor tiene la facultad de formarse una opinión propia, si cuenta con el acuerdo de ambos padres puede presentar esta solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Honorable Senador señor Ossandón agradeció al Ejecutivo su disposición para formular una nueva propuesta para los menores de edad. Con todo, resaltó, no apoya que los menores de dieciocho años puedan pedir el cambio de su sexo registral, no obstante lo anterior, consideró que esta solución es bastante mejor que lo aprobado por esta Comisión en su segundo informe.

En cuanto al debate sobre el tipo de informe que deberá acompañarse en la solicitud del menor de catorce años, propuso una terminología más amplia y que sea el juez el que decida respecto del tipo examen que se exigirá para cada caso en concreto.

Luego, manifestó preocupación respecto del procedimiento planteado para los mayores de catorce años e hizo hincapié en la necesidad de que también se exija acompañar un informe de un especialista para acreditar la identidad de género del menor. Por otra parte, no le parece que la solicitud sea presentada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sino que siempre debe intervenir el juez de familia, porque siguen siendo niños.

El Honorable Senador señor Letelier expresó su apoyo a la propuesta de establecer un corte etario a los catorce años ya que a esa edad el ordenamiento jurídico reconoce un mayor grado de autonomía a las personas y son responsables penalmente.

Así también, coincidió en que la solicitud de cambio de sexo de los menores de catorce años deba ser presentada ante un juez de familia.

En cuanto a los peritajes, valoró que siempre procedan frente a los menores de catorce años respecto del niño o niña y los padres, aunque no le queda claro el tipo de peritaje o seguimiento que se realizará a los progenitores.

Con respecto a las solicitudes de los mayores de catorce años, apuntó, el conflicto se da en la hipótesis en que existe acuerdo del adolescente y de ambos padres. En particular, si corresponde que dicha solicitud sea presentada en sede administrativa o sede judicial, ya que no existe certeza a qué edad las personas definen su identidad sexual, además que es un tema que aún está en plena discusión. Con todo, opinó, el trato para los menores de edad no puede ser igual al de los mayores de dieciocho años.

Por otra parte, señaló que es importante definir si antes de los dieciocho años se debe exigir peritajes médicos para acreditar la identidad sexual. Asimismo, dio cuenta que no tiene claridad si debe ser el legislador o el juez quien decida sobre el tipo de informes que se deben pedir. Puntualizó que los psiquiatras tratan las patologías mentales y los psicólogos los trastornos. Ambos profesionales prestan un servicio complementario y como tal no se puede descalificar a ninguno de los dos.

El Honorable Senador señor Matta compartió la propuesta de que los menores de dieciocho años puedan pedir el cambio de sexo dos veces, lo que está en concordancia con la prohibición de realizar intervenciones quirúrgicas a quienes no hayan cumplido la mayoría de edad, dado que éstas son irreversibles, acotó.

En sintonía con lo anterior, se manifestó más cercano a esta propuesta del Ejecutivo, porque da preponderancia al consentimiento de los padres y al de sus representantes legales, y se impide que un menor pueda concurrir por sí sólo a pedir el cambio de su sexo, patrocinado por una organización no gubernamental vinculada a esta temática. De esta forma, expresó, se salvaguarda el derecho de los padres, quienes obviamente buscan lo mejor para su hijo.

Por otra parte, indicó que no tiene ningún inconveniente en elevar el nivel de los peritajes en estos procesos, puesto que finalmente será el juez el que tendrá el mejor criterio para exigir peritos de mayor nivel para dilucidar la situación del menor que solicita el cambio de su sexo y nombre.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe reconoció que existen personas que requieren cambiar su sexo registral y adecuar su morfología acorde a su sexo psicológico, pero advirtió que se trata de un número bastante reducido de personas y que en el caso de los niños este número se reduce más aún.

En esta misma línea, indicó que las personas que padecen una disforia de género normalmente tienen un conflicto con su identidad, puesto que lo normal es que todas las personas aprendan a aceptarse y, cuando ello no es así, se está ante un problema, que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana de Psiquiatría califican como una disforia de género.

Además, dijo, existen otras enfermedades que pueden generar como consecuencia una disforia de género, por lo que consideró un grave error permitir que un niño menor de dieciocho años pueda acceder a un tratamiento hormonal, que busca modificar su morfología.

Por todo lo anterior, expresó que no apoya que los menores de dieciocho años puedan solicitar su cambio de sexo registral, porque su identidad sexual todavía no está definida.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno previno a Sus Señorías que a los menores de edad se les nombrará un curador ad lítem, quien será convocado por el juez para velar por el interés superior del menor desde una perspectiva distinta a la de los padres.

Respecto de las prácticas médicas, dejó en claro que no están modificando las reglas que hoy existen, ya que únicamente se plantea la prohibición de que los menores de edad puedan acceder a intervenciones quirúrgicas y en ningún caso el menor podrá ser sometido a otros tratamientos médicos sin expresa autorización de sus padres, representantes legales o quien lo tenga legalmente bajo su cuidado. En rigor, subrayó, no se modifican los protocolos médicos vigentes, ya que este proyecto de ley no se refiere a este aspecto.

El Honorable Senador señor Letelier, con una postura más abierta, estimó que los adolescentes entre los catorce y dieciocho años deberían tener derecho a decidir si se someten o no un tratamiento hormonal.

Por otra parte, hizo presente que necesariamente siempre habrá peritajes en los procedimientos de cambio de sexo, ya sea que los pida el progenitor que se opone a la solicitud o el juez como medida para mejor resolver. Así, la única hipótesis en que no habrá peritajes para acreditar el cambio de sexo se dará en el caso en que el mayor de catorce concurra con la voluntad de ambos progenitores ante el Servicio de Registro e Identificación.

El señor Subsecretario de Justicia, con la finalidad de zanjar el tema del tipo de peritaje que se exigirá, sugirió precisar en esta ley que la solicitud de los menores, cuando sea procedente, deberá ser acompañada por un peritaje de salud mental o del especialista correspondiente, para dejar abierta la posibilidad de que sea el juez o los mismos médicos determinen el tipo de examen que se requerirá.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe estimó que con esta última propuesta se cubre mejor a los niños que presentan otras patologías distintas a la disforia de género. Con todo, advirtió que no cambiará su votación.

El Honorable Senador señor Ossandón, en términos generales, manifestó su apoyo a la propuesta del Ejecutivo, salvo en lo que se refiere a los mayores de catorce años, porque consideró que también deben cumplir ciertos requisitos mínimos para que puedan pedir su cambio de sexo registral. No obstante, resaltó que es de la opinión de que sólo los mayores de edad pueden ser titulares de este derecho.

Al término de la sesión, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

- Invitar para la próxima sesión a los representantes de las Sociedades Chilenas de Endocrinólogos y Diabetes, y de Pediatría, para que expongan sus inquietudes respecto de la inclusión de los menores de edad en esta ley;

- Solicitar un nuevo plazo de indicaciones para que el Ejecutivo presente las indicaciones que correspondan según los criterios planteados en esta sesión, y

- Citar a una sesión especial el lunes 12 de septiembre para votar todas las indicaciones, hasta su total despacho.

En sesión de 7 de septiembre de 2016, la Comisión recibió al Presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, Doctor Pedro José López, quien informó que es pediatra, urólogo, cirujano infantil, y profesor de la Universidad de Chile y que ha trabajado en el Hospital Exequiel González Cortés y en la Clínica Alemana por más de diecisiete años.

Explicó que la Sociedad Chilena de Cirugía Infantil agrupa a doscientos treinta cirujanos infantiles de las distintas especialidades, que tratan a los niños y adolescentes, y que dan solución a problemas quirúrgicos de quemados, de cirugías plásticas y de fisurados.

En cuanto al proyecto de ley en estudio, manifestó su preocupación por la prohibición de las cirugías de genitales a los menores y por ello pidió expresar su opinión. Comentó que uno de los pilares principales que tienen como sociedad médica es velar por que la ética de su quehacer y desarrollo médico y científico sea acorde con los patrones de las leyes nacionales e internacionales y con los estándares de desarrollo científico nacionales e internacionales.

Por ello, indicó, sienten que tienen una responsabilidad social de velar para que los niños puedan tener la mejor atención que el país les pueda ofrecer, lo que involucra a todo el ámbito de la atención, ya sea social, psicológica y neurológica, así como también las cirugías que sea necesarias para cubrir este aspecto.

Como Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica han participado en varias reuniones nacionales e internacionales en los últimos veinticinco años en que este tema ha salido a la luz pública, aportando e instruyendo en la materia. Indicó, este trabajo también se hace junto a las familias, producto de un cambio de paradigma de la medicina, que vincula a los especialistas con las familias de las pacientes. Además, señaló que cuando se interviene a un niño se debe pensar en los efectos para los próximos veinte o treinta años de vida.

Resaltó que su preocupación tiene que ver con las alteraciones del desarrollo sexual o genital que abarcan una amplia gama del espectro, que incluye desde niños con fimosis cuya solución es circuncidarse, hasta niños que nacen con una alteración como una extrofia vesical en que la vejiga o intestinos están fuera de su cuerpo, o casos en que los órganos genitales no son posibles de reconocer y como tal debe hacerse una composición quirúrgica y médica compleja.

Por otro lado, reconoció que existen niños que tienen disforia de género, que nacen en un cuerpo que no sienten que les pertenece, que no tiene nada que ver con las alteraciones del desarrollo sexual, en que nacen genéticamente, somáticamente y psicosexualmente de una determinada línea, pero sus genitales no lo acompañan y señaló diversos casos. Todos, advirtió, requieren de un tratamiento quirúrgico adecuado a las edades que les permita desarrollarse a nivel completo.

Advirtió a Sus Señorías que el trabajo que realizan actualmente podría verse afectado con este proyecto de ley, como ocurrió con la Circular N° 18, de 2015, del Ministerio de Salud en la que: “se instruye que se detengan los tratamientos innecesarios de normalización de niños y niñas intersex, incluyendo cirugías genitales irreversibles hasta que tengan edad suficiente para decidir sobre sus cuerpos”. Comentó que lo complicado de dicha Circular es que abría la puerta para una interpretación amplia, en que incluso una simple circuncisión por razones religiosas, culturales o de salud, al ser irreversible, podría ser estar prohibida en cuanto a su ejecución, quedando los menores sin posibilidad de ser operados hasta los dieciocho años de edad.

Afortunadamente, expresó, fueron escuchados por la Subsecretaría de Salud, y se dictó la Circular N° 7, de 23 de agosto de 2016, fruto del trabajo en equipo de la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Genética, la Sociedad de Cirugía Infantil, la Sociedad de Urología, entre otras, y se autorizó expresamente las cirugías por patologías y otras condiciones que quedan fuera de esta irreversibilidad. En su artículo 4°, se dice que existe la posibilidad de diferir cirugías para más adelante cuando los casos así lo ameriten, porque no se sabe cuál será el desarrollo de esa línea genética.

Lo anterior, manifiesta la necesidad de trabajar en equipo y de considerar a la familia en su decisión. La cirugía es parte de un tratamiento, que tiene una visión integral y por eso trabajan con otras sociedades médicas, involucrando a la familia.

Especificó que cien niños aproximadamente nacen con alguna alteración de genitales, en que no se puede distinguir claramente si tiene un pene, una vagina o un clítoris u otra alteración que pudieren arreglar, y en varias ocasiones desconocen si por dentro genéticamente, somáticamente y mentalmente se trata de un niño o niña, por ello requieren del trabajo en equipo.

Aclaró que no pretenden desconocer que hay niños que son transgénero, pero, precisó, se trata de un mínimo de la población infantil. Advirtió que si se aprueba postergar la realización de cirugías hasta los dieciocho años la cantidad de niños que quedarían sin cirugía reparativa sería infinita, ya que ningún urólogo o cirujano infantil estará dispuesto a operar una malformación, por el temor a posibles demandas.

Así, planteó la necesidad de trabajar en conjunto para distinguir claramente cuáles son los niños que serán beneficiados con un adecuado tratamiento quirúrgico, médico o endocrinológico de aquellos que efectivamente tienen una disforia de género que tienen una sensación de pertenecer a un género distinto a su sexo biológico.

Recordó que al constituirse la comisión de trabajo a principios de este año, el Doctor Mac Millan, fue invitado en su calidad de precursor de las cirugías de adecuación de cuerpo en las personas transgénero, quien se excusó de asistir, porque, según explicó, él hace una intervención distinta. En efecto, trata a personas que después de haber cumplido los dieciocho años de edad y de haber estado durante dos años bajo evaluación psiquiátrica, concluyen que se trata de un transgénero y no de niños que tienen otras patologías.

Al efecto, indicó que los urólogos infantiles tratan de ayudar a niños que tienen otras condiciones y que no son transgénero.

No obstante, apuntó, existen casos desafortunados como el que ocurrió con un menor en la ciudad de Talca, que no fue tratado adecuadamente y que hoy es un niño que se comporta como tal, porque siempre lo fue. Explicó que este menor producto de una alteración de su desarrollo sexual fenotípicamente venía como niñita y, al ser operado por unas hernias inguinales le sacaron, por error, sus gónadas masculinas. Así, durante sus primeros años, fue desarrollado como niñita, pero al cumplir los seis años se asumió como hombre, ya que correspondía al estereotipo masculino. Al ser detectado se le derivó al Hospital Exequiel González Cortés, donde lo trataron y constataron que tenía cromosomas de niño, por lo que a través de un tratamiento integral lograron su desarrollo normal como niño. Advirtió que esto no hubiera ocurrido, si los casos difíciles fuesen derivados a tres o cuatro centros especializados.

Finalmente, enfatizó que su principal preocupación como sociedad científica es velar por el bienestar de los niños de este país y trabajar en centros especializados acompañando a la familia.

Posteriormente, la Comisión recibió en audiencia al Médico pediatra, señor René Panozo, quien informó que lleva cuarenta años de médico de los cuales, treinta, se ha dedicado a la pediatría y diez a la salud mental, lo que le ha permitido detectar que una de las falencias más graves que se tiene en la medicina es la falta de especialización en la promoción y prevención de la salud mental. Lamentó que el psiquiatra no esté preparado para diagnosticar y tratar trastornos mentales, no obstante que Chile es el segundo país con más suicidios y que la depresión es la segunda causa de invalidez y la primera causa de consulta a nivel primario, que se producen, en su mayoría, por problemas de agotamiento, cansancio o estrés mental, lo que ya fue dicho por el Biólogo Doctor Humberto Maturana Romesín cuando señaló que el 96% o 98% de las enfermedades del cuerpo se originan por stress o por biología del amor.

Señaló que existe una falencia en la forma en que se escucha a las personas, en especial a los niños en sus penas y dolores. La mente tiene la capacidad de tomar conciencia de lo que nosotros vivenciamos y que nos hace consciente de lo que somos o de lo se vive. Así, el sufrimiento frente a las malformaciones genitales es algo personal y que en esto como médicos no se han abocado, acotó.

Apuntó que la única diferencia entre los humanos y los demás mamíferos se representa en la parte delantera de la corteza cerebral, que es donde está el ámbito de la creación de las relaciones afectivas y emotivas. La mente, dijo, es capaz de hacer consciente lo que uno vive y experimenta en el cuerpo.

Señaló que lo anterior, es lo que ha trabajado con sus pacientes y, en especial, mencionó el caso de Selena, una niña que nació como varón y que hasta los tres años sufría de problemas estomacales y de bronquitis obstructiva, pero luego de varias observaciones se dedujo que se trataba de una niña transgénero, y con la sola vivencia de asumir y dejar que fuera niña, dejó de tener bronquitis y malestares estomacales, aflorando así su identidad de niña.

Enfatizó que para el ser humano es fundamental sentirse escuchado, querido y valorado como persona y ser aceptado como se es. Éstas son necesidades afectivas y sociales que la persona requiere satisfacer, para lo cual los médicos deben escuchar a los niños que viven penas, dolores y miedos, los que se incrementan si sus padres los rechazan y pueden incidir en que el niño desarrolle una personalidad paralela o provocarle una depresión.

Reflexionó que todos vivimos nuestra soledad porque nos cuesta escucharnos, sociabilizar y hablar sobre lo que uno es, porque somos seres sociales y afectivos. La mente toma conciencia de lo que la persona vive y de lo que persona es.

Expresó que su motivación para participar en esta sesión era dar a conocer el caso de Selena, que hoy ha desarrollado un sinnúmero de talentos y que convencieron a su madre de su vivencia de ser niña. En este contexto, se mostró dispuesto a colaborar para dar una mejor vida a los niños chilenos y a participar en las comisiones éticas interdisciplinarias que se formen para analizar los casos de estos niños.

Por último, la Comisión recibió en audiencia a la representante de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Doctora Francisca Ugarte, quien luego de acompañar un powerpoint de su presentación informó que es Médico Cirujano, Pediatra y Endocrinóloga Infantil; fue Jefa Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Exequiel González Cortés entre los años 1991 al 2016; Jefa Unidad de Endocrinología Pediátrica de la Clínica Alemana entre los años 1999 al 2010; Jefa Unidad de Endocrinología Pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes años 2014 al 2016. Académicamente, es Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes; Profesor Titular de dicha Casa de Estudios, Profesor Agregado de la Universidad de Chile, y miembro de las Sociedades Científicas, tales como la Endocrine Society, la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Chilena de Pediatría y la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes.

A continuación, manifestó que le interesa exponer la visión de la medicina y, en particular, cómo los endocrinólogos infantiles enfrentan los casos de estos niños y cuál es la mirada actual de las Sociedades Científicas internacionales y nacionales en la materia.

En seguida, aclaró que la definición de identidad de género que en el mundo médico utilizan hace más de veinticinco años es distinta a lo que establece el proyecto de ley, que separa la identidad de género del contexto global del desarrollo biológico, cognitivo, psicológico, social y cultural, ya que lo refiere como un sentimiento aislado, a diferencia de la terminología médica que lo considera como un componente más del proceso global de desarrollo, que no se puede separar del aspecto biológico, ya sea cromosómico, genético, hormonal y anatómico, que incide tanto en el período pre y posnatal. Refirió que se trata de un proceso madurativo que se desarrolla desde la niñez y que se consolida al término de la adolescencia.

Desde el punto de vista médico, apuntó, la disforia de género está catalogada dentro del registro de enfermedades de salud mental (DSM-5), que la define considerando que existe una incongruencia entre la identidad de género y el sexo asignado, asociado a un deterioro en el ámbito social, ocupacional y otras áreas importantes en el funcionamiento de la persona. Así, acotó, se trata de un distress generado por la discordancia con el sexo biológico asignado al nacer.

Informó que la disforia de género abarca una amplia gama de diagnósticos y que cuando un paciente dice sentirse mejor siendo hombre o mujer es probable que tenga una patología psiquiátrica, ya sea psicosis, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, espectro autista o haber sido víctima de abuso sexual o de violencia intrafamiliar.

Por otra parte, expresó, pueden estar presentes algunas de las enfermedades de diferenciación sexual a las se refirió el Doctor López, que corresponden al espectro de enfermedades endocrinológicas hormonales, cromosómicas o genéticas, que hacen que el niño pueda tener una virilización incompleta, originada en una alteración de algunos de los componentes necesarios para su desarrollo normal. Con todo, aclaró, los transgéneros no tienen ninguna de las patologías antes mencionadas.

Afirmó que entre los posibles diagnósticos de transgénero el 80% al 95% de los niños o adolescentes que presentan disforia de género se revierten. A nivel internacional, la incidencia de disforia de género es 1 en 45.000 hasta 1 en 200.000 personas. En Chile, precisó, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, donde se encuentra ubicado el Hospital Exequiel González Cortés, tienen una población asignada de 360.000 menores de 15 años y, en los últimos 25 años, la Unidad de Endocrinología Pediátrica que ve 640.000 pacientes anualmente ha detectado sólo 1 paciente que corresponde a un caso de disforia de género propiamente tal.

Subrayó, todos los demás casos son pacientes que tienen trastornos vinculados a la diferenciación sexual, alrededor de 100 casos, se les asignó, inadecuadamente, un sexo distinto por error médico y no por disforia de género.

Llamó la atención respecto a que la disforia de género a la cual se refiere este proyecto de ley está dirigida hacia un bajísimo porcentaje de la población, que existe, pero insistió en que la gran mayoría corresponde a otras enfermedades o patologías, que requieren un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Indicó que la evidencia científica es la que hace la medicina y que ellos avanzan en el conocimiento, en la evidencia científica, en trabajos de investigación publicados, en experiencia clínica, de laboratorio y de ciencias básicas, por tanto, argumentó, los médicos, no pueden avanzar en la medicina por tendencias o por presiones sociales.

Por otra parte, trajo a colación el estudio Atlantis que recaba más de quinientos trabajos de investigación publicados en revistas científicas, en los cuales observa el refuerzo de la conducta transgénero durante el período de formación de la identidad de género, por la dinámica familiar, por la interacción con los compañeros de colegio y grupos parentales, o por las políticas públicas educación puede lesionar gravemente el normal desarrollo del menor, que se le puede crear estar ante una disforia permanente, que no se revertirá con su crecimiento, pero que tampoco dejan conforme a la persona con su identidad.

Dio cuenta que la población transgénero no presenta ninguna de las enfermedades antes mencionadas y que por eso considera fundamental realizar una serie de estudios para descartarlas, a fin de dar una opinión cierta de que no corresponde a algunas de las enfermedades endocrinológicas, como son en general los trastornos en la diferenciación sexual por causas hormonales, cromosómicas o genéticas, que en su juicio son la mayoría de los casos.

Además, hizo presente que la población transgénero presenta una mayor incidencia de trastornos de salud mental, con una alta tasa de intentos de suicidios, 41% versus 5% en Estados Unidos, 2 veces más posibilidades de caer en depresión y 1,5 veces más de tener un trastorno de ansiedad. Indicó que estas patologías, en gran parte, son causadas por la discriminación y que a pesar de haberse sometidos a cirugías de reasignación de sexo siguen experimentando problemas de salud mental, teniendo cinco veces más intentos de suicidio y diecinueve veces más riesgos de morir por suicidio.

Apuntó que el proyecto de ley se refiere a lo que se conoce como el cambio de sexo registral. Al respecto, hizo notar a Sus Señorías que no resuelve el problema de discriminación y de sufrimiento de estos pacientes, puesto que se requiere acompañamiento y asesoría para el niño y la familia. Tampoco, asegura a quienes no teniendo una disforia de género sí presentan una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada oportunamente, para no colocar en riesgo la vida del menor.

Reparó que no resguarda el bien superior de los niños, ni protege a la gran mayoría de los pacientes que revertirán espontáneamente su disforia de género. No considera la necesidad de un equipo multidisciplinario especial que trate al niño, integrado por psiquiatras, endocrinólogos, urólogos y asistentes sociales, ni contempla los costos que involucran el estudio, seguimiento y acompañamiento de estos pacientes.

Por último, reconoció que existen casos en que la medicina no tiene como saber cuál es su causa, como ocurre con los transgénero verdaderos que no tienen ninguna patología, pero no sabe si en unos años más se encuentra la causa de su situación, que demandará de un tratamiento especial.

A continuación, el Honorable Senador señor Navarro luego de agradecer a los expositores por su aporte a la discusión ofreció la palabra a Sus Señorías.

El Honorable Senador señor Ossandón recordó que esta Comisión recibió al Doctor Mac Millan, especialista en intervenciones quirúrgica de reasignación de sexo, quien hizo presente varios de los planteamientos formulados por los doctores representantes de las sociedades médicas aquí presentes y aunque valoró la nueva propuesta del Ejecutivo expresó que no está en condiciones de votar las respectivas indicaciones.

En esta misma línea, resaltó la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario de médicos para evaluar la situación de la persona, para determinar si padece o no una disforia de género, exámenes que también debieran exigirse a las personas mayores de dieciocho años.

Señaló que si bien pensaba que lo más conveniente era prohibir la intervención a los menores de edad, con las exposiciones de los invitados se ha percatado que existen casos urgentes que sí requieren ser operados.

Por otra parte, manifestó su impresión por la cifra entregada sobre la incidencia de personas transgénero que no sobrepasa la relación 1 por cada 300.000 personas.

Insistió en lo expuesto por el Doctor Mac Millan quien informó que antes de intervenir a una persona espera, al menos, dos años para tener el convencimiento de la necesidad de su reasignación de sexo. Bajo este contexto, consultó a los especialistas cuál sería el tiempo de espera óptimo antes de realizar este tipo de operaciones, porque le preocupa que estas decisiones sean adoptadas por un juez que no tiene los conocimientos médicos para resolver sobre este tipo de casos.

La Doctora Ugarte previno que debe distinguirse entre las cirugías a las cuales deben someterse los niños por padecer un trastorno de la diferenciación genital o una malformación de sus órganos sexuales, las que no pueden esperar, y las intervenciones que se hacen con el objeto de readecuar el sexo de una persona transgénero, las que sí deben esperar el tiempo que sea necesario para que un equipo médico confirme que se trata de un caso de disforia de género.

El Doctor López informó que la ley chilena permite que un recién nacido no sea registrado bajo un sexo determinado al momento de inscribirlo en el Servicio de Registro Civil e Identificación mientras no se resuelva la disyuntiva médica para determinar el género del menor. Con todo, enfatizó que este proyecto de ley no se refiere a este tipo de niños, sino a otros como ocurre en el caso de Selena, que solos asumen su falta de concordancia entre su sexo biológico y su sexo psicológico, que para ser operados deben esperar entre dos a tres años según el protocolo médico, para confirmar que no tiene ningún patología psiquiatra.

Acotó que todos los otros menores que no tienen una disforia de género requieren de un tratamiento médico y de cirugías a la edad que corresponda, que puede ser al momento de su nacimiento o después, según sea el caso.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que el caso del menor de Talca se originó en un error médico y no en un error de apreciación de los padres, y con respecto a los juicios finales que la Doctora Ugarte formuló al proyecto de ley en estudio que no resuelve los problemas de discriminación que padecen los personas transgénero, hizo notar que las organizaciones de la diversidad sexual tienen una opinión totalmente contraria y que de hecho apoyan la iniciativa.

Luego, hizo presente a Sus Señorías que la indicación número 30a se hace cargo todo de este tema, ya que dice expresamente que la prohibición de intervenir a los menores de edad pesa exclusivamente respecto de los niños transgénero, para no afectar a los niños intersex o a los que tienen otras patologías, que serán tratados conforme a las circulares y protocolos que están establecidos en las normativas vigentes del Ministerio de Salud. Así, estimó, se recogen los planteamientos formulados por el Doctor López.

Posteriormente, informó que la nueva propuesta entrega a los jueces la facultad para solicitar un conjunto de informes de salud mental, psicológico, psiquiátrico o psicosocial para formarse su convicción hasta antes de la dictación de la sentencia.

Asimismo, concordó que el menor debe tener un resguardo especial, lo que significa que debe tener un acompañamiento durante este proceso, y la posibilidad de revertir esta decisión una vez que haya cumplido la mayoría de edad, lo que consagra este proyecto de ley.

Por otra parte, reconoció que el proyecto no contempla la intervención de un equipo multidisciplinario, porque ello se considera en las guías clínicas de los protocolos del Ministerio de Salud y no en una ley que regula el reconocimiento del derecho a la identidad de género.

El Honorable Senador señor Ossandón manifestó que es conveniente que la ley obligue al juez a pedir una serie de informes y peritajes médicos para justificar la solicitud de cambio de sexo, en atención a que se trata de una decisión médica sobre la cual se sustenta un derecho.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consideró que el tema de los niños es extremadamente delicado y como tal agradeció a los expositores que los han ilustrado sobre aspectos que no se habían considerado. Al efecto, indicó que el proyecto regula un derecho que podría nacer de una patología, como puede ser una malformación congénita o un trastorno de salud mental.

En este contexto, manifestó su aprensión de regular todo por ley, no obstante reconocer que si bien hay casos de niños que tienen una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo mental, es un porcentaje bajo, y también existen otros casos de menores en que la disociación de su sexo se debe a problemas físicos hormonales.

Por ello, se mostró partidaria de que este derecho se centre exclusivamente en la personas mayores de edad, ya que reconoce que las personas tienen derecho a una identidad y que el género es parte de esa identidad y no un derecho en sí mismo. Las personas deben ser capaces de aceptarse a sí mismas para poder desarrollarse plenamente, así cuando alguien no es capaz de aceptar lo que es, sin duda, que tiene un conflicto que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana de Psiquiatría lo llaman disforia de género.

Coincidió en que este conflicto podría remediarse a través del cambio de sexo hormonal, quirúrgico y registral, pero resaltó que se trata de casos especialísimos, en virtud de los cuales no se puede consagrar un derecho, que más encima se pretende extender a los niños.

A todo evento, planteó, la necesidad de exigir exámenes médicos multidisciplinarios, de carácter obligatorios, a todos los niños que se sometan a un cambio de sexo, ya que no basta con la voluntad de los padres y del juez. Ello, teniendo en consideración de que no existe acuerdo en la literatura internacional de que la identidad sexual se perpetúe en la adolescencia.

En sintonía con lo anterior, expresó que debe exigirse un tiempo mínimo de experimentar la vivencia de vivir en un cuerpo distinto a lo que siente la persona, ya que se podría afectar la vida y salud de otros niños que requieren ser intervenidos. Observó, la redacción de las indicaciones no asegura que estos niños podrán ser intervenidos.

El Honorable Senador señor Letelier recordó que existían médicos que afirmaban que la homosexualidad era una patología, lo cual se da en un contexto histórico de la evolución del ser humano.

Luego, expresó no compartir la inscripción del sexo en la partida de nacimiento que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, aunque acepte que exista una cultura que diferencia entre los sexos y que obliga a su registro en términos legales.

Apuntó que se está ante una discusión legal y no médica, que se refiere al derecho de una persona de registrarse con un sexo distinto a su sexo biológico, insistió que no es un tema médico sino el ejercicio de un derecho.

Relató que conoce a varias personas transexuales y que entiende que existen diferencias entre la disforia de género y los transexuales propiamente tal, porque existen diferentes gamas. Manifestó que no importa que exista un 85% o un 90% de casos que se revierten, porque igual existe un porcentaje de personas que son transexuales y como tal deben ser reconocidas en cuanto a sus derechos, entre otros, a cambiar su sexo registral.

Bajo ese contexto formuló las siguientes consultas a los especialistas: en el caso de los menores cuáles son los peritajes que deben hacerse; cuánto cuestan estos exámenes y si son cubiertos por el sistema público, y cuáles son los protocolos médicos que existen para realizar intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo. Con todo, indicó, este proyecto de ley no pretende alterar los protocolos médicos existente y estimó que no sería adecuado operar a los niños transexuales, mientras no adquieren la mayoría de edad.

El Doctor López señaló que el problema estriba en cómo identificar al niño transgénero y en cómo determinar que no es parte del otro espectro de menores que requieren ser intervenidos quirúrgicamente. Remarcó que su preocupación se centra en evitar que se incluya en el mismo ítem a los niños que tienen otras patología médicas y que podrían ser perjudicados porque alguien interpretó que ese menor es un transgénero, ergo, nadie lo puede tocar, a pesar de que su salud y vida pueden correr riesgos.

Actualmente, destacó, trabajan en equipos y comparten sus distintas experiencias médicas, incluso han incluido a los comités de ética, a los asistentes sociales y a los genetistas, para contar con una amplia gama de profesionales que emitan su opinión respecto de los niños, incorporando a la familia del menor.

Señaló que los jueces deberían pedir un informe general a los comités, que están constituidos en centros de referencia y que están integrados por todos los especialistas que ven a estos niños, que incluya, entre otros, exámenes de cromosomas y de imágenes para saber si tiene o no útero.

En el caso de los transgénero, apoyó el protocolo del Doctor Mac Millan que exige dos o tres años con la vivencia para que la persona pueda ser intervenida. Además, comparte que los niños transgénero no sean operados antes de los dieciocho años. La idea es intervenirlos una vez que hayan adquirido la madurez sexual.

Respecto al costo de estos exámenes, informó que es alto, porque implica una cantidad de profesionales de la salud y no todos los hospitales tienen estos especialistas en forma continua, se requieren imágenes, pabellón para investigar el cuerpo del niño, exámenes genéticos de cario grama y de hormonas, y otros que se deben analizar en el extranjero, no obstante que hoy estos exámenes se hacen en ciertos hospitales.

Aclaró que como sociedad científica no le preocupa que los transgéneros puedan cambiar su sexo y nombre en el registro que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, pero sí les preocupa que la ley altere la vida de los otros que requieren tratamiento.

Por su parte, la Doctora Ugarte coincidió que debe exigirse como peritaje una evaluación médica multidisciplinaria, que es costosa por todo lo que implica en cuanto a tecnología y a especialistas, que incluso necesita de imágenes de fibras ópticas especiales, porque no basta una simple radiografía.

Hizo presente que en la actualidad no existen protocolos médicos en el Ministerio de Salud, ya que cada hospital en la medida que cuenta con especialistas ha desarrollado métodos para trabajar estos casos y, agregó, que no existen más tres hospitales con equipos multidisciplinarios funcionando en todo Chile, centralizados todos en la Región Metropolitana.

En cuanto a las nuevas indicaciones que presentó el Ejecutivo, señaló que claramente persiste esta diferencia en la definición de lo que entienden los médicos y el legislador y, por ello, resaltó la importancia de explicitar a qué se apunta, ya que desde el punto de vista médico el sexo registral no se puede separar de todo el contexto que implica, por tal motivo, le preocupa que en la ley quede esta incongruencia, que no se sustenta en la realidad.

Informó que los niños que son inscritos con otro sexo producto de patologías que traen al nacer, no incluye a la disforia de género, y pueden recurrir a la justicia para que ordene su reasignación de sexo. Lo mismo, ocurre respecto de los adultos.

En seguida, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe llamó la atención respecto a que si el Gobierno trabajó en una mesa multidisciplinaria, que incluía al Ministerio de Salud y las sociedades científicas, cómo no previeron todos los riesgos que los doctores invitados han advertido en sus exposiciones.

Posteriormente, representó su molestia por los dichos del señor Ministro de Desarrollo Social ante la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, con ocasión del estudio del proyecto de ley que establece garantías mínimas de la niñez, quien a propósito de la discusión de una norma que consagra el derecho de identidad de género de los niños, sostuvo que toda la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado llegó a un acuerdo para reconocer este derecho a los menores de edad, lo cual no es cierto, enfatizó.

Por el contrario, afirmó, el tema de los menores de edad quedó pendiente hasta escuchar a las sociedades médicas aquí presentes. No le parece que una conversación que sostuvieron a puertas cerradas con un Ministro de Estado se utilice como argumento para inducir a la aprobación de una disposición de esta naturaleza.

Reconoció que si bien hubo una apertura para conversar este tema, ha sido enfática en señalar que rechaza extender el derecho al cambio de sexo de los menores de edad.

Por lo anterior, pidió aclarar este punto y que se comunique a la respectiva Comisión de Familia que dicho acuerdo nunca existió.

El Honorable Senador señor Navarro solicitó mayores antecedentes de los hechos planteados por Su Señoría.

A continuación, solicitó oficiar al Ministerio de Salud para que informe sobre las estrategias en el área de salud mental que se han aplicado desde el año 2001 al 2016, en menores y adultos, especialmente en materia de disforia de género.

El Honorable Senador señor Matta si bien valoró las presentaciones de los profesionales, hizo presente su inquietud respecto a que no existe un plazo para presentar nuevas indicaciones al proyecto y que el próximo lunes están convocados para realizar el debate final hasta su total despacho. Por lo anterior, consultó qué harán como Comisión ante este nuevo escenario.

El Honorable Senador señor Navarro explicó que las exposiciones de los médicos presentes han girado en torno a que esta ley no afecta la situación de los niños que padecen enfermedades que requieren de una intervención quirúrgica, es decir, que no les afecta la prohibición que plantea la indicación número 30 a.

A mayor abundamiento señaló que confía en lo aseverado por el señor Ministro Secretario General de Gobierno en el sentido de que este proyecto de ley no afectará a los niños que tienen patologías médicas que requieren de una intervención de sus órganos genitales, por cuanto no se trata de casos de disforia de género.

Luego, planteó la posibilidad de analizar la viabilidad de modificar esta indicación para dejar expresamente esta diferenciación.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que esta ley no afecta ni establece prácticas médicas, sino que se centra en reconocer un derecho que permite a las personas modificar su sexo registral, con la excepción de que prohíbe intervenir a los niños transgénero hasta que adquieran la mayoría de edad, según se planteó por esta Comisión en la sesión pasada. Subrayó, que esta ley tiene efectos jurídicos y no médicos.

Luego, consignó que al hacer referencia a los protocolos médicos, implica que se está refiriendo a las Circulares N°s 18 de 2015 y 7 de 2016, del Ministerio de Salud, que instruyen en ciertos aspectos en la atención de niños y niñas intersex. Compartió que el establecer prohibiciones legales en estas materias es siempre complejo y por ello, luego de trabajar con los representantes del Ministerio de Salud, presentaron la indicación número 30 a, pero aclaró que no tienen problema en modificarla. Precisó que no era voluntad del Ejecutivo consagrar una restricción que pudieren limitar el ejercicio de la profesión médica.

En cuanto a la situación planteada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe ocurrida en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, informó que algunos señores Parlamentarios les pidieron una reunión para ser ilustrados sobre el estado de avance de este proyecto de ley. En esa oportunidad, dieron cuenta de que se había acordado que el Ejecutivo presentaría un conjunto de indicaciones para destrabar la discusión, haciendo presente que dicho acuerdo no fue suscrito por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

El Honorable Senador señor Letelier expresó que no tiene problemas en aprobar la indicación del Ejecutivo con modificaciones, respecto del texto que dice “En ningún caso se podrán practicar intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual”, acotó que no tiene claro si este concepto es restrictivo o no, o si es mejor cambiar esta redacción para no prohibir prácticas médicas que deben realizarse a menores de dieciocho años.

En cuanto a los peritajes, le interesa precisar cuál es la mejor forma de redactar qué tipos de exámenes son esenciales. Algunos hacen presente que lo más importante es evitar un mal diagnóstico de salud mental y otros lo enfocan desde la morfología física del menor, apuntó.

El Doctor Panozo enfatizó que el ser humano es el único mamífero que por tener conciencia de lo que vive puede modificar su comportamiento y que la sexualidad evoluciona y que todo ser humano pasa por distintas etapas y que a veces por situaciones vivenciales los hombres reprimen su lado femenino, lo que deriva en un gran número de hombres autosexuales. Valoró que este proyecto de ley incorpore el aspecto vivencial de las personas.

A continuación, se procede al estudio de las nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo correspondientes al boletín X, de 23 de septiembre de 2016, en el nuevo plazo otorgado para presentar indicaciones.

La indicación número 30 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala un artículo 3°, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3°. DERECHO A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y TRATAMIENTOS. Todas las personas podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y a las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

Las atenciones de salud a las que se refiere el inciso anterior se ejecutarán de conformidad a los protocolos y las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584.

Con todo, en ningún caso se podrán practicar intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual a personas transgénero que no hayan alcanzado la mayoría de edad.”.

Sobre el particular se tuvo presente que de aprobarse esta indicación necesariamente debe reabrirse debate respecto de la indicación número 30, votada por la Comisión.

En seguida, el Honorable Senador señor Letelier señaló que la presentación del Doctor López lo llevó a reflexionar respecto de las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo en menores de edad. Al efecto, recordó que les recomendó precisar qué se entiende por cirugía de cambio de sexo, para no impedir en forma generalizada este tipo de operaciones a los menores de edad, puesto que en su mayoría se trata de niños que padecen alguna patología o una malformación que requiere de una intervención quirúrgica urgente.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno argumentó que no es necesario incorporar en la ley una prohibición para realizar intervenciones quirúrgicas a los menores de edad, porque las guías clínicas y los protocolos médicos existentes ya la establecen. No obstante, refirió, presentaron esta indicación recogiendo algunas de las inquietudes que Sus Señorías le formularon en la sesión pasada. Por ello, expresó, no tienen inconveniente en mantenerla o en suprimirla.

El Honorable Senador señor Ossandón pidió acoger las observaciones que remitieron a esta Comisión la Doctora Ugarte y el Doctor López, a fin de resguardar los derechos de los menores de edad que padecen una patología vinculada a la reasignación sexual y no una disforia. En particular, sugirió agregar al final del inciso tercero del artículo 3° propuesto por esta indicación el siguiente texto:

“Quedan exentos todos los menores de edad que presenten Trastorno de Desarrollo Sexual (TDS), diagnosticado por un grupo interdisciplinario de especialistas, que incluirá a la menos un urólogo infanto juvenil, un endocrinólogo infanto juvenil y un psiquiatra infanto juvenil. Para todos los efectos de esta ley, se considerará como Trastorno del Desarrollo Sexual (TDS) la condición de alteración congénita gonadal y/o anatómico (genitales externos e internos) atípicos.”.

El Honorable Senador señor Navarro estimó que esta propuesta podría implicar un mayor gasto fiscal, por cuanto exige la contratación de especialistas infanto-juveniles y la realización de exámenes médicos. Al efecto, consultó si existe la capacidad en FONASA para realizar este tipo de exámenes.

El Honorable Senador señor Letelier se mostró dispuesto a acoger la propuesta del Doctor López, pero sin mencionar a los especialistas que integrarán el grupo interdisciplinario por considerar que corresponde a una norma de tipo reglamentario, y será el Ministerio de Salud quien los defina. En este sentido, precisó, no involucraría un mayor costo para el Estado, en el entendido de que únicamente se autoriza realizar intervenciones quirúrgicas a los niños que tienen un trastorno de desarrollo sexual, práctica que hoy existe y que, por ende, ya está cubierta por el sistema de FONASA o de las ISAPRES.

Luego, lamentó que los seguros públicos de salud no cubran todas las enfermedades de sus usuarios, ya que puede darse el caso de un niño que tiene un trastorno de desarrollo sexual pero que ha sido mal diagnosticado, porque no se le han realizado todos los exámenes que corresponden. En su opinión, el sistema de salud debe adecuarse y asumir su obligación de responder a sus afiliados.

Por otra parte, aclaró que la indicación no modifica las leyes, ni los protocolos médicos existentes, puesto que únicamente busca excluir de la prohibición de intervenir quirúrgicamente a los menores que padecen de un trastorno de su desarrollo sexual. Para ello, resaltó, siempre deben hacerse los exámenes médicos respectivos.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe indicó que no tiene claridad si la propuesta eroga nuevos gastos públicos, pero sí que involucra nuevos procedimientos, tal como lo exige la Circular N° 7, del Ministerio de Salud, de 23 de agosto de 2016, que plantea que las personas con trastorno de desarrollo sexual y con disforia de género deben ser evaluadas por un equipo multidisciplinario. Al respecto, observó que es probable que esta normativa aún no haya sido puesta en práctica, dado su reciente publicación.

Después, subrayó que los especialistas que, a lo menos, deben integrar este grupo deben ser un urólogo infanto-juvenil, un endocrinólogo infanto-juvenil y un psiquiatra infanto-juvenil, y que el Estado debe garantizar su presencia.

En esta misma línea, resaltó la necesidad de realizar diagnósticos diferenciados, ya que si se diagnostica una disforia de género a un niño éste no podrá acceder a intervenciones quirúrgicas de reasignación sexual.

Por último, llamó a tener presente que la población transgénero es un número reducido de personas y recordó, que según la Doctora Ugarte, la incidencia de los niños con disforia de género varía entre 1 a 75.000 y 1 a 200.000, y que de este universo el 85% al 90% revierte su disforia al término de la adolescencia.

A continuación, con el objeto de recoger las observaciones planteadas, los representantes del Ministerio de Salud, por intermedio del Honorable Senador señor Matta, propusieron modificar el artículo 3° en los siguientes términos:

“Artículo 3°. DERECHO A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y TRATAMIENTOS. Todas las personas podrán, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación que trata, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su identidad de género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. El ejercicio de este derecho deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, y a las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

Las intervenciones quirúrgicas que no sean indispensables, y que se refieran exclusivamente a reasignación sexual por diferencia entre el sexo biológico y la identidad de género de una persona, sólo podrán realizarse cuando ésta haya alcanzado la mayoría de edad.

Las atenciones de salud a las que se refieren los incisos anteriores se ejecutarán de conformidad a los protocolos y las orientaciones técnicas de salud dictadas por el Ministerio de Salud, velando por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente que la propuesta del Doctor López requiere del patrocino del Gobierno, por cuanto la designación de los especialistas que integrarán los equipos de médicos que realizarán los diagnósticos es una materia de iniciativa del Ejecutivo. En este contexto, se manifestó partidario de la propuesta del Ministerio de Salud, porque no inhibe a los equipos médicos en su proceder y no altera los protocolos médicos que establecen la forma en que se deben abordar estos casos.

La Jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Doctora Ghislaine Arcil, previno que como Ministerio de Salud, no se refieren a trastornos sino a desórdenes del desarrollo sexual como un concepto genérico, porque no necesariamente estos desórdenes van asociados a un trastorno en específico. Dentro de éstos, refirió, existen dos variantes, a saber: la intersexualidad y los transgénero.

Explicó que la intersexualidad incluye a los menores de dieciocho años que tienen desórdenes en su desarrollo sexual, pero que genéticamente tienen definido su sexo independientemente que a nivel externo no se pueda determinar su sexo. En estos casos, apuntó, el tratamiento es precoz y hoy se realiza y diagnostica tanto en el sistema público como en el privado.

Respecto de los transgénero, es decir, aquellas personas que tienen una diferencia entre su sexo biológico y su identidad de género, coinciden en que no puedan ser operados antes de cumplir los dieciocho años de edad para que tomen esa decisión con la madurez que se requiere para asumir un acto de carácter irreversible.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe consultó al Ejecutivo si la Circular N° 7, de 2016, está siendo aplicada.

La Doctora Arcil respondió afirmativamente y complementó que funciona, incluso, antes de su dictación. Por otra parte, hizo notar a Sus Señorías que no es conveniente fijar por ley la integración del equipo médico que realizarán los diagnósticos, porque en los casos de los lactantes no se requerirá de un informe de un psiquiatra infanto-juvenil, pero sí de otros especialistas. De esta forma, sostuvo la conveniencia de que sea el Ministerio de Salud quien determine qué tipo de especialistas se requerirán en cada caso en específico y, por lo demás, es así como está regulado en la Circular N° 7, de 2016.

El Asesor del Ministerio de Salud, Doctor Enrique Accorsi, apuntó en su calidad de cirujano pediatra, que estas decisiones jamás son tomadas por un sólo especialista, ya que normalmente existe un equipo médico que respalda la intervención a un menor. Del mismo modo, consideró que la propuesta del Ministerio de Salud equilibra mejor la situación y establece en forma más precisa las intervenciones que se pueden realizar a los pacientes antes de que cumplan los dieciocho años de edad.

El Honorable Senador señor Letelier valoró que los médicos asistan a la Comisión a dar su opinión, pero observó que no son ellos los que deben resolver. La idea, continuó, es impedir que los menores sean intervenidos quirúrgicamente por motivos de una disforia de género y compartió que exista una excepción para los menores que presentan desórdenes en su desarrollo sexual, lo que fue recogido en la Circular N° 7, de 2016, que garantiza su situación.

En esta misma línea, el Honorable Senador señor Navarro consideró que el texto de la indicación número 30a incluye la excepción de los niños que sí requieren de la intervención, al referirse en forma expresa a las personas transgénero.

El Honorable Senador señor Letelier planteó votar la indicación número 30a con las modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud.

Antes de votar, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su preocupación respecto de la indicación número 30a, ya que no señala cómo se abordarán los tratamientos hormonales que se pueden aplicar a los menores de edad, que no son inocuos, puesto que involucran altas dosis de hormonas para adecuar su morfología a su identidad de género. A su vez, reparó, en el inciso primero que hace referencia a la Ley de Garantías Explícitas en Salud N° 19.966.

En sintonía con lo anterior, señaló que votará en contra de esta indicación e hizo reserva de constitucionalidad, por considerar que realizar tratamientos hormonales a niños sin los debidos resguardos y exámenes, atenta contra su salud psíquica y física.

El Honorable Senador señor Letelier pidió dejar constancia que no apoya la reserva de constitucionalidad realizada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y argumentó que la ley establece que los menores para acceder a cualquier tratamiento deben prestar su consentimiento informado, lo que significa que deben hacerlo por medio de sus representantes legales, de acuerdo a las norma generales del derecho, lo que en la práctica implica que están autorizados y respaldados por sus padres. Además, subrayó, no se hace ninguna modificación a los protocolos médicos, ni a la legislación existente.

En esa línea, manifestó que votará a favor de la indicación número 30a con la modificación propuesta, en el entendido de que no se podrán realizar intervenciones quirúrgicas a los menores de edad por disforia de género, porque éstas no son consideradas indispensables.

El Honorable Senador señor Ossandón comentó que en un principio estaba convencido de que era correcto no operar a los menores de edad para reasignar su sexo, pero luego de escuchar al doctor López se dio cuenta que esta prohibición no podía ser absoluta, porque podía producir problemas graves y dejar sin tratamiento a niños con un trastorno de desarrollo sexual que requieren ser intervenidos en el momento en que los médicos determinen. Bajo este contexto, expresó que prefiere la nueva propuesta del Ministerio de Salud, porque recoge las observaciones planteadas por la doctora Ugarte y el doctor López.

El Honorable Senador señor Navarro resaltó que gran parte del debate de este artículo se ha basado en la exclusión de los menores de edad para realizarle intervenciones quirúrgicas y afirmó que la nueva propuesta del Ejecutivo sigue esa línea al establecer que ello no es posible hasta el menor cumpla la mayoría de edad, en la medida de que no se trate de una intervención que sea calificada como indispensable.

- En votación la indicación número 30 a, con la modificación propuesta por el Ministerio de Salud, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Consecuencialmente, la Comisión dio por rechazada, por la unanimidad de sus miembros, la indicación número 30, aprobada en su oportunidad en la parte pertinente de este informe.

ARTÍCULO 4°

El artículo 4° aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su segundo informe es del siguiente el tenor:

“ARTÍCULO 4°. TRIBUNAL COMPETENTE.

Será competente para conocer de la gestión a que se refiere la presente ley, el juez con competencia en materias de familia del domicilio del peticionario.”.

La indicación número 31, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En el caso de solicitantes menores de edad, o personas con vínculo matrimonial no disuelto, será competente el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados siempre que éstos se encuentren en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la solicitante.”.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó votación separada del inciso segundo de la indicación número 31 en lo referente a las personas con vínculo matrimonial no disuelto, por cuanto manifestó su desacuerdo con que las personas en esa situación, que quieran ejercer su derecho registral, deban hacerlo ante el tribunal de familia.

El Ministro señor Marcelo Díaz señaló que esta indicación es una de las centrales que han presentado a este proyecto y que tiene por objeto trasladar la competencia desde los tribunales de justicia al Servicio de Registro Civil y establecer un procedimiento administrativo. Afirmó que ello es una de las demandas más sentidas de las organizaciones del ámbito de la diversidad sexual pero también fue una recomendación que hizo la Corte Suprema en el informe solicitado por esta Comisión y les ha parecido adecuado allanarse a aquello.

Hizo presente que, considerando el acuerdo adoptado, entiende que el inciso segundo en lo que dice relación con menores quedaría en suspenso hasta la búsqueda del acuerdo.

Respecto a lo manifestado por el Honorable Senador señor Letelier, indicó que la opinión del Ejecutivo es que en el caso de personas con vínculo matrimonial no disuelto lo competente y razonable, desde el punto de vista de la certeza jurídica y la protección de derechos de terceros, es que esté radicado en los tribunales de familia y no en un órgano administrativo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo presente que el inciso tercero hace mención al nombre de pila lo que entiende no es un concepto jurídico y consultó su alcance para una mejor técnica legislativa.

En seguida, manifestó que en la gran mayoría de los países como Inglaterra y Nueva Zelanda esta materia se rige mediante un procedimiento judicial y, en otros como España, si bien tienen un procedimiento administrativo, el mismo tiene ciertos requisitos como mayoría de edad, diagnóstico de disforia de género acreditado mediante informe médico, sicológico o clínico; ausencia de trastorno de personalidad que pudieran influir en esta solicitud, que la disforia de género haya sido tratada medicamente durante al menos dos años, entre otros, lo que considera de toda lógica. Por ello, insistió, no puede ser algo trivial como ir a solicitar la cédula de identidad.

En efecto, explicó que si una persona por un episodio sicótico tiene una vivencia o interpretación de la realidad que le hace sentir que es distinta de su sexo biológico, situación que no tiene que nada que ver con una disforia de género, solicita ejercer este derecho, una vez que se cure de su sicosis no va a poder revertirlo porque este derecho sólo se puede ejercer una vez. Insistió en que puede ser un trastorno de personalidad, que es transitorio y no un tema de disforia de género, por tanto, enfatizó en que existan ciertos requisitos mínimos para acceder a este derecho.

Por otra parte, llamó la atención respecto de que la norma propuesta hace referencia al artículo 31 de la ley N° 4.808, de Registro Civil, que dispone los contenidos de las inscripciones de las partidas de nacimiento y en su número 4 inciso señala que “No podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje.”, por tanto, dijo, se advierte una incongruencia en este aspecto que debe resolverse.

Así también considera extremadamente complejo que la persona no pueda volver a ejercer el derecho que le da este proyecto de ley. De esta forma, apuntó, el Estado, a través de esta ley, estará vulnerando su derecho a la identidad de género. Insistió en que es una materia compleja cuyo derecho debe ir acompañada de requisitos para su ejercicio.

El Honorable Senador señor Matta aclaró que el concepto de nombre de pila se refiere al nombre de la pila bautismal.

El Honorable Senador Navarro hizo presente que no hay indicación para modificar el inciso segundo respecto del cual se ha pedido votación separada y tampoco alternativas de redacción, por tanto pondrá en votación la indicación 31 con excepción de inciso segundo que tendrá votación dividida, además recordó que al incorporar la norma a los menores de edad rige el acuerdo en orden que podrá ser modificada su redacción de acuerdo al debate final que se de en el proyecto.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que si bien considera positivo que se proponga al Servicio de Registro Civil como órgano competente para conocer esta materia, no le parece que no se exija ningún tipo de requisito para su ejercicio.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó si la referencia a la ley de Registro Civil que refiere la norma en estudio es necesaria y sugirió revisarla.

El asesor del Ministerio de Justicia señor Milton Espinoza explicó que la referencia al artículo 31 de la ley de Registro Civil fue orientada en términos diversos a los que se ha observado, y dice relación con un reconocimiento a la autonomía de la voluntad de la persona que quiera solicitar su cambio registral, ya que puede ocurrir casos de personas que tengan nombres que no sean necesario modificar como los de origen francés: Marcel, Gabriel u otros.

Por el contrario, el Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que uno de los fundamentos de este proyecto de ley es que era necesario para las personas cuando buscaban trabajo tener un nombre acorde con la apariencia.

En seguida el Honorable Senador señor Letelier pidió dividir la votación de la indicación número 31 para el inciso segundo y el primer párrafo del inciso cuarto hasta la palabra “registrados”.

En votación los incisos primero, tercero, quinto y sexto de la indicación 31 fueron aprobados por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Letelier, Matta, Navarro y Ossandón y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

-Como consecuencia de haberse aprobado el inciso primero de la indicación 31, se dan por rechazadas con la misma votación, las indicaciones 18b y 46 del boletín VII de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

Respecto del inciso segundo, de conformidad al acuerdo adoptado por la Comisión, quedó pendiente la oración “En el caso de solicitantes menores de edad”.

En seguida se puso en votación eliminar la siguiente oración del inciso segundo “o personas con vínculo matrimonial no disuelto, será competente el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la requirente”, se produjo el siguiente resultado: a favor los Honorables Senadores señores Letelier y Navarro, en contra los Honorables Senadores señores Matta y Ossandón y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Repetida la votación de conformidad al artículo 182 del Reglamento de la Corporación, se produjo el mismo resultado quedando en consecuencia para ser resuelta en la sesión siguiente.

En la sesión siguiente, la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe aclaró que está en contra de que las personas casadas puedan pedir el cambio de sexo, no obstante, en esta oportunidad apoyará la propuesta del Ejecutivo, porque va parcialmente en la línea de lo que ella plantea.

El Honorable Senador señor Ossandón planteó que se está ante un mal proyecto de ley y resaltó que muchas de sus votaciones se justifican en su intención de mejorarlo. Así, dio cuenta que ha utilizado el criterio del “mal menor”.

- Repetida la votación para resolver el empate producido, se aprobó por mayoría mantener el texto del Ejecutivo. Votaron a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta y Ossandón, y en contra los Honorables Senadores señores Letelier y Navarro.

A continuación se aprobó por mayoría de votos eliminar del inciso cuarto la siguiente oración “siempre que éstos se encuentren en concordancia con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley N° 4.808 sobre Registro Civil. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Letelier y Navarro y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Con la misma votación se dio por aprobado la primera parte del inciso cuarto.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe recordó que al inicio de la sesión hizo presente la necesidad de que exista un marco mínimo de respeto y de buena fe más allá de las diferencias que se tengan. Lo anterior, dado los problemas que se han tenido con el representante del MOVILH, señor Rolando Jiménez, quien señaló, por las redes sociales, que se le estaba tratando de censurar, situación que no se condice con la verdad.

En seguida, aclaró a la Fundación Iguales, que en su intervención anterior, no dijo que pedir cambio de género signifique que vaya a producir sicosis, sino que es precisamente al revés, una persona que sufre una sicosis puede pedir un cambio de sexo, lo que implica que accedería a este procedimiento sin estarlo sufriendo. Enfatizó que todos han hecho un aporte en tratar de avanzar en este tema respetando las distintas visiones, por tanto, generar malas interpretaciones abusivamente no corresponde, afirmó.

El Honorable Senador señor Navarro reiteró que se deben mantener las normas de la convivencia, concentrarse en el proyecto y no distraerse en otro asunto, más allá del legítimo derecho de expresar cada uno su opinión.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe leyó a continuación las expresiones vertidas por MOVILH que la acusan de violar los derechos humanos y que no es merecedora de estar en el Congreso. Al respecto, Su Señoría enfatizó que merece estar en el Congreso porque ganó una elección con legitimidad y argumentó que el tener una posición distinta no viola los derechos humanos y que éste es el lugar para discutir estos temas. Criticó este tipo de conducta y el nivel de descalificación que provienen de quienes se jactan de pedir tolerancia y respeto a sus posiciones.

El Honorable Senador señor Ossandón señaló que si continúan estos hechos las próximas sesiones se harán sin público, recordó que se le acusa de homofóbico, sin embargo, dijo, hay otros que son fóbicos que es una enfermedad hacia quienes opinan distinto. Insistió en que ha sido muy respetuoso.

El Honorable Senador señor Navarro llamó a continuar con la discusión del proyecto sin perjuicio del derecho de opinión de cada uno que debe ejercerse con respeto. Compartió la inquietud de Su Señoría y expresó que no le parece que por el hecho de tener una opinión la convierta en violadora de los derechos humanos.

El Honorable Senador señor Letelier sugirió analizar las normas de convivencia en la próxima sesión.

- En votación, el inciso segundo de la indicación número 31, fue aprobado por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Navarro, Letelier y Ossandón y uno en contra de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 31a, del Honorable Senador señor Allamand, que reemplaza el artículo 4°, “DEL TRIBUNAL COMPETENTE” por otro del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE SEXO Y NOMBRE. Será competente para conocer de la solicitud de rectificación de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio, sin importar cuál sea el domicilio del o la solicitante.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila sustitutivos de la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que estos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género. El solicitante deberá expresar en esta, que comprende que el cambio tiene carácter irreversible.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten la voluntad de no modificar su nombre de pila podrán mantenerlos registrados.

Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género, a través de la presentación de uno o más informes extendidos por un especialista médico psiquiatra o bien psicólogo clínico en el que debe constar la condición, y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.

Recibida la solicitud deberá notificarse de ella, mediante carta certificada, a los ascendientes y descendientes de primer grado, así como al cónyuge o conviviente civil, si los hubiere. Dentro del plazo de 15 días corridos, contado desde la notificación, los interesados podrán oponerse a la solicitud. En el evento de que exista oposición, el asunto devendrá en contencioso, y será remitido mediante oficio al tribunal que tenga competencia en materia de familia del domicilio del peticionario.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.”.

El Honorable Senador señor Allamand explicó que la indicación busca mejorar la redacción del inciso tercero aprobado por la Comisión como artículo 4°, que señala: “En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento…”. En su opinión, debería decir “…el sexo y el o los nombres de pila sustitutivos de la partida de nacimiento…”.

La Abogada del Ministerio Secretaría General de Gobierno advirtió a Sus Señorías que la propuesta habría que analizarla con los representantes del Servicio de Registro Civil e Identificación, porque ellos fueron los autores materiales de la indicación 31, que ya fue aprobada por la Comisión.

El Honorable Senador señor Allamand refirió que también propone agregar en el inciso segundo una oración final para que quede claro que el solicitante conoce el carácter irreversible de esta solicitud.

Asimismo, indicó que incorpora un inciso, nuevo, para exigir al solicitante acreditar la disforia de género con la presentación de uno o más informes de un especialista médico psiquiatra o de un psicólogo clínico, a fin de dejar en claro que no padece de un trastorno de personalidad.

Por otra parte, expresó que agrega un inciso para establecer que se debe notificar por carta certificada la solicitud de cambio de sexo a los ascendientes y descendientes por consanguinidad de primer grado del peticionario, así como al cónyuge o al conviviente civil, si los hubiere.

De esta forma, apuntó, se iguala este procedimiento al regulado en la ley N° 17.344 sobre cambio de nombre, en que se exige la publicación de la solicitud en el Diario Oficial y la posibilidad de terceros de oponerse a dicha solicitud. Con todo, precisó, en esta indicación no se optó por la publicación en el Diario Oficial de la solicitud de cambio de sexo y nombre, porque ello podría atentar contra la privacidad de la identidad de la persona. Por eso, explicó, se reemplazó esta medida de publicidad por una notificación por carta certificada a los padres, hijos y cónyuge del solicitante.

En sintonía con lo anterior, hizo presente que le parece inadecuado que para cambiarse el nombre y sexo no se exija notificar a la familia, ni se les permita oponerse a esta solicitud. Al respecto, sostuvo que existiría una discordancia con las normas generales del Derecho Civil y con las normas de cambio de nombre.

De esta manera, observó, sería más fácil cambiarse de nombre y sexo que cambiarse sólo el nombre, ya que la ley N° 17.344 exige un procedimiento judicial, la publicación de la solicitud y posibilidad de los terceros de oponerse.

A continuación, el señor Ministro Secretario General de Gobierno señaló que no apoya esta indicación y prefiere mantener el texto aprobado por la Comisión, ya que no está de acuerdo que se deba notificar a los padres de una persona mayor de edad de su solicitud de cambio de sexo.

- En votación la indicación número 31a, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 31b, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 4°. DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO. Será competente para conocer de la solicitud de cambio de sexo y nombre el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina del Servicio, sin importar cuál sea el domicilio del o la requirente.

En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila que aparecerán rectificados en la partida de nacimiento, así como la petición de rectificar las imágenes y documentos con que se hubiera identificado a la persona ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, cualquiera sea el soporte en que estos se conserven en dicho Servicio, cuando el sexo y nombre no coincidan con su identidad de género.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes manifiesten su voluntad de no modificar sus nombres de pila podrán mantenerlos registrados.

Las personas extranjeras con permanencia definitiva en Chile sólo podrán rectificar su sexo y nombre para efectos de la emisión de sus documentos chilenos. Para ello, previamente deberán inscribir su nacimiento en la lo oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.”.

- En votación la indicación número 31b, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

TÍTULO II, NUEVO

La indicación número 32, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala entre los artículos 4° y 5° el siguiente título:

“Título II

Del procedimiento general de rectificación”.

En votación la indicación 32 fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Letelier, Navarro y Ossandón, en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

ARTÍCULO 5°

El tenor del artículo 5° aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado es el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO.

La solicitud deberá formularse por escrito, ante el tribunal competente y exponer fundadamente los antecedentes que justifican la petición, la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de sexo y/o nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, en virtud de la presente ley, cuando el sexo y/o nombre registrado no coincidan con su identidad de género. Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados.

Para fundar la presentación y solicitar el cambio de sexo y/o nombre, podrá el solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes. Con todo, no podrá el Tribunal exigir al o la solicitante el uso de medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o de tratamientos quirúrgicos, como condición para acceder a la solicitud de la que trata esta ley.

Las personas extranjeras con residencia definitiva en Chile, sólo podrán rectificar su sexo y/o nombre en los documentos oficiales chilenos.

No serán aplicables a la solicitud a que se refiere esta ley, las normas sobre comparecencia en juicio establecidas en la ley N° 18.120, pudiendo actuar personalmente el o la interesada.”.

La indicación número 33, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. No podrá requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad, debiendo informar al requirente del procedimiento especial que se establece en el artículo 6° de la presente ley.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por haberse efectuado ya en forma previa la rectificación del sexo y nombre de la misma persona, salvo la excepción prevista en el artículo 7° de esta ley.

Con todo, en caso de rechazo de la solicitud por existencia de vínculo matrimonial no disuelto, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al o la solicitante del procedimiento especial de terminación del matrimonio, que se establece en el artículo 8° de la presente ley.

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó respecto al derecho que se establece mediante esta indicación en orden a rectificar las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder del Servicio de Registro Civil, cualquiera sea el soporte en que ésos se conserven, si ello significa que dicho Servicio deba deshacerse de sus registros históricos y destacó la importancia de precisar el alcance de ese concepto.

El Ministro señor Marcelo Díaz hizo presente que en esta indicación no debiera excluirse de la votación a los menores de edad, pues de este procedimiento van a estar excluidos de todas maneras.

Respecto a la inquietud del Honorable Senador señor Letelier, indicó que el Servicio de Registro Civil conserva sus archivos, materia que se rige por las reglas generales.

El asesor del Ministerio de Justicia señor Milton Espinoza explicó que la rectificación de la partida de nacimiento se refiere al sexo y nombre. A su vez, las imágenes con que estuviere identificada dice relación con la reposición que se efectúa constantemente por ejemplo en la cédula de identidad, en que se va modificando la imagen. Es decir, en el momento en que se produzca la rectificación, la persona probablemente va a querer modificar la imagen de su nuevo documento, agregó.

El Honorable Senador señor Letelier aclaró que su inquietud dice relación con que el término “imágenes” que es bastante amplio, incluye las huellas dactilares de manos y pies y no sólo la fotografía de la persona, por lo que consulta si es necesario mantenerlo.

La Asesora del Ministerio de Justicia, señora Josefina Escobar precisó que las imágenes técnicamente en el Servicio de Registro Civil se llaman impresión digital y no es una fotografía.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que se debe atender a las normas generales, de manera que puede pedir cambio de imagen de la cédula que porta, y no en los documentos de respaldo del Servicio de Registro Civil.

El Honorable Senador señor Letelier insistió en que la redacción de la norma dispone que se podrá cambiar la imagen con que estuviere identificada en los documentos en poder del Servicio, por tanto, no se trata de cambiar la foto, e insiste en aclarar la norma para su aplicación.

El Honorable Senador señor Ossandón expresó que la imagen puede ser una fotografía o una huella, pero esta última es inmodificable, en cambio, la foto sí puede ser cambiada.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe llamó la atención y planteó si una mujer que es biológicamente mujer, y luego se cambia su sexo registral a hombre y todos sus documentos, puede darse el caso que quede embarazada, y consultó cómo la isapre va a cubrir el pre y post natal de ella.

El Honorable Senador señor Navarro señaló que queda planteada la inquietud de Su Señoría, y sugirió votar la indicación que se refiere al Servicio de Registro Civil en cuanto a nombre, sexo estipulado e imágenes. Lo planteado por Su Señoría estará presente a lo largo de toda la discusión, apuntó.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó votación separada, al igual que en la indicación anterior, en todo aquello que dice relación con “el concepto de mayor de edad sin vínculo matrimonial” que comprende este artículo 5° nuevo propuesto por la indicación 33.

En votación la indicación número 33, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Letelier, Matta y Navarro y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, con excepción de lo siguiente: “mayor de edad sin vínculo matrimonial” y “mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial”, del inciso primero, que fue rechazada su eliminación por mayoría de votos. Votaron por mantener el texto de la indicación del Ejecutivo los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Ossandón y Navarro y por su eliminación el Honorable Senador señores Letelier.

- Como consecuencia de haberse aprobado la indicación 33, se dan por rechazadas con la misma votación, las indicaciones 19a y 20, del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones se formuló la indicación número 33a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que reemplaza el artículo 5° por el siguiente:

“ARTÍCULO 5°. DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO Y NOMBRE SOLICITADA POR MAYOR DE EDAD SIN VÍNCULO MATRIMONIAL. Toda persona mayor de edad, que no tenga vínculo matrimonial vigente, podrá solicitar ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de su partida de nacimiento por motivo de su identidad de género, en el sentido de rectificar el sexo y nombre y también las imágenes con que estuviere identificada en los documentos en poder de dicho Servicio, cualquiera sea el soporte en que éstos se conserven.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación contará con formularios especialmente diseñados para tal efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá verificar la identidad del o la solicitante a través de la cédula de identidad vigente o, en caso que fuere necesario, la huella dactilar o lo previsto en el artículo 92 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930. Asimismo, verificará que no exista vínculo matrimonial vigente.

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde presentada la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, en caso de acoger la solicitud, o la respectiva resolución fundada, que la declara inadmisible o la rechaza.

En este procedimiento no existirá oposición ni se considerará interesado a alguien distinto al o la solicitante.

El o la oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisible la solicitud únicamente cuando quien la formulare fuere menor de edad.

Sólo procede el rechazo por no haber acreditado el o la solicitante su identidad, por existir un vínculo matrimonial no disuelto o por no haberse cumplido con uno o más de los requisitos que exige esta ley.

En lo no contemplado en esta ley, la tramitación de la solicitud de rectificación de sexo y nombre, se regirá supletoriamente por la ley N° 19.880.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que la indicación agrega una nueva causal de rechazo de la solicitud de cambio de sexo de un adulto, cual es, que la persona no haya cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 5° bis, nuevo, que se propone mediante la indicación número 40a, también de su autoría. Informó que dicha disposición contiene los requisitos de cambio de sexo que reconoce la ley española.

- Puesta en votación la indicación número 33a, fue rechazada, votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Inciso primero

La indicación número 34, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“Toda persona mayor de edad, no casada y sin hijos menores de edad, podrá solicitar por escrito la rectificación de su partida de nacimiento, el cambio de su sexo biológico registrado por su sexo psicológico, nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento con los que esté registrada, cuando el sexo y nombre registrado no coincidan con su identidad de género de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que la indicación establece una serie de requisitos para pedir el cambio de sexo. En efecto, detalló que sólo podrán solicitarlo las personas mayores de edad, solteras y sin hijos menores de edad.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno recordó que la Comisión aprobó las indicaciones números 19 y 33, que consagran en términos genéricos que toda persona podrá obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento, lo que estaría en contradicción con esta indicación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe resaltó que el cambio de sexo es una necesidad para un grupo de personas, y como tal debe ser regulado estableciéndose ciertos requisitos y parámetros para presentar esta solicitud.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno comentó que la propuesta del Ejecutivo es abierta, ya que faculta a toda persona a ejercer este derecho. La diferencia estriba en el procedimiento que se deberá seguir en las siguientes hipótesis:

- Las personas mayores de edad y sin vínculo matrimonial deberán presentar su solicitud ante el Servicio de Registro Civil e Identificación;

- Las personas con vínculo matrimonial no disuelto se regirán por un procedimiento especial, que se seguirá ante los tribunales de familia. Ello, porque se genera como consecuencia del cambio de sexo la terminación del matrimonio, y

- Los menores también tendrán un procedimiento especial ante los tribunales de familia, pero dado que no existe consenso respecto de este punto están buscando una fórmula para el ejercicio de este derecho.

El señor Subsecretario de Justicia confirmó que la indicación en estudio se contradice con la indicación número 33, que fue aprobada por la Comisión, que consagra una especie de protección al nivel de autonomía de los menores de edad y al ámbito patrimonial del matrimonio.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe insistió en que la indicación se vincula con la creencia de ciertas personas que entienden que el cambio de sexo puede ser una necesidad para un grupo de personas, lo que no obsta para que esta solicitud sea debidamente regulada y resguarde los derechos de terceros.

- En votación la indicación número 34, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Letelier, Matta y Navarro, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 34a, del Honorable Senador señor Allamand, que reemplaza en el inciso primero del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO” o en el que corresponda según su nueva correlación, la frase “Para ello deberá señalar en su solicitud el género y/o nombre que aparecerán en los documentos rectificados” por otra, del siguiente tenor:

“En la solicitud deberá señalarse el sexo y el o los nombres de pila sustitutivos de la partida de nacimiento.”.

- La indicación número 34a, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 35, del Honorable Senador señor Chahuán, agrega en el inciso primero entre la palabra “formularse” y la palabra “por” la siguiente frase: “por una persona mayor de edad”.

- En votación la indicación número 35, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Letelier, Matta y Navarro, y a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 36, del Honorable Senador señor Chahuán, remplaza en el inciso primero la frase: “señalar en su solicitud el género y/o nombre” por la siguiente: “señalar en su solicitud el sexo y/o nombre”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente a Sus Señorías que, si bien esta indicación está recogida en el artículo 4° propuesto por el Ejecutivo, sería recomendable rechazarla, porque el inciso primero al cual fue formulada ya no existe, ya que la Comisión aprobó un nuevo artículo 5° para este proyecto de ley.

- En votación la indicación número 36, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Letelier, Matta y Navarro; a favor el Honorable Senador señor Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 37, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, incorpora un inciso segundo nuevo pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente, por el siguiente:

“Será suficiente para fundar la solicitud, el informe de un médico especialista que acredite que el sexo psicológico del solicitante es distinto a su sexo biológico, sin perjuicio de todo otro antecedente que se quiera acompañar.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que la indicación sigue el ejemplo de la mayoría de los países que reconocen la identidad de género, que exigen una serie de requisitos para proceder al cambio de sexo, como el acompañar un informe médico de un especialista.

Al efecto, dio cuenta que de acuerdo a un estudio de legislación comparada realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional países como Nueva Zelanda, España, Reino Unido y Alemania exigen requisitos para el cambio de sexo en los adultos y no extienden este derecho a los menores de edad. Indicó que el único país que no contempla requisitos es el caso de Argentina que no tiene mayor experiencia en este tema.

- En votación, la indicación número 37 se produjo el siguiente resultado, votaron por el rechazo los Honorables Senadores señores Navarro y Letelier; por su aprobación los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, y se abstuvo el Honorable Senador señor Matta.

Repetida la votación por el empate producido, se rechazó la indicación por tres votos de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, y dos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso segundo

En el nuevo plazo para presentar indicaciones se formuló la indicación número 37a, del Honorable Senador señor Allamand, que sustituye el inciso segundo del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación, por uno del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género, a través de la presentación de uno o más informes extendidos por un especialista médico psiquiatra o bien psicólogo clínico en el que debe constar la condición, y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

- La indicación número 37a, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 38, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, suprime la palabra “farmacológico”.

La indicación número 39, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, elimina la expresión “o de tratamientos quirúrgicos”.

Las indicaciones números 38 y 39 fueron retiradas por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones se formuló la indicación número 39a, del Honorable Senador señor Allamand, que incorpora un inciso tercero, nuevo, en del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación, cuyo tenor es el siguiente:

“El solicitante deberá expresar en esta, que comprende que el cambio tiene carácter irreversible.”.

- La indicación número 39a, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Inciso cuarto

La indicación número 39b del Honorable Senador señor Allamand, elimina el inciso final del artículo 5°, “DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO”, o en el que corresponda según su nueva correlación.

- La indicación número 39b, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Navarro, Pizarro y Rossi, y por dos votos a favor los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 40, del Honorable Senador señor Ossandón, agrega un inciso quinto final del siguiente tenor:

“Con todo, el solicitante deberá siempre acreditar la discordancia entre el sexo registrado y su identidad de género. Esto lo hará a través de la presentación de un informe extendido por un especialista, ya sea médico psiquiatra o bien psicólogo clínico, en donde debe constar la permanencia de esa condición por al menos dos años ininterrumpidos y que ella no se deba a algún trastorno de la personalidad.”.

El Honorable Senador señor Ossandón explicó que esta indicación recoge el modelo del derecho español.

- La indicación número 40 fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, y por su aprobación los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones se formuló la indicación número 40a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que incorpora un artículo 5° bis, nuevo, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 5° BIS. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CAMBIO DE SEXO REGISTRAL. La rectificación registral de la mención del sexo se realizará una vez que la persona solicitante mayor de edad acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, el cual deberá hacer referencia:

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos 1 año para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento.

No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación siguiendo el modelo español plantea que los adultos que pidan el cambio de sexo acrediten el cumplimiento de ciertos requisitos para la procedencia de su solicitud, a saber: que les haya sido diagnosticada una disforia de género, mediante un informe de médico o de psicólogo clínico y, que hayan recibido tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las que corresponden al sexo que reclaman, al menos, durante un año.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno llamó a Sus Señorías a mantener el articulado aprobado por la Comisión para el cambio de sexo de los adultos sin vínculo matrimonial vigente.

- La indicación número 40a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y por votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

ARTÍCULO 6°

El artículo 6° aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, en su segundo informe, reza como sigue:

“ARTÍCULO 6°. DE LA TRAMITACIÓN.

El procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En caso de que exista fraude de ley, esto es, cuando se pida la rectificación a que se refiere el artículo 3° con el fin de entorpecer una investigación criminal o la persecución penal, incumplir obligaciones o con el sólo objetivo de obtener un beneficio pecuniario en razón de su género, deberán acompañarse los antecedentes documentales que acrediten el fraude invocado.

El Tribunal podrá decretar que se oficie a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que éste informe si la persona solicitante tiene órdenes de detención pendientes u otros antecedentes penales, o para que informe si tiene vínculo matrimonial no disuelto. En mérito de este oficio, dicho Servicio deberá pronunciarse exclusivamente sobre las materias que le sean requeridas por el Tribunal y no deberá emitir opinión sobre los fundamentos de la solicitud ni sugerir la resolución al Tribunal.

En ningún caso podrá el Tribunal decretar de oficio que se realicen exámenes médicos ante el Servicio Médico Legal u otra repartición para formar su convencimiento sobre la solicitud.”.

La indicación número 41, de Su Excelencia la Presidenta de la República, elimina el artículo 6°, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

- La indicación 41 fue aprobada por cuatro votos a favor de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Osandón, y la abstención de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones se formuló la indicación número 41a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que elimina el artículo 6°.

Se tuvo presente que el tenor de esta indicación ya fue aprobada por la Comisión con ocasión de la indicación número 41, que persigue el mismo objetivo.

- En consecuencia, la indicación número 41a fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand, Navarro y Pizarro.

-Como consecuencia de haberse aprobado las indicaciones 41 y 41 a, se dan por rechazadas con la misma votación, las indicaciones 55, 56, 67, 71 y 90 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

Inciso segundo

La indicación 42 del Honorable Senador señor Chahuán, agrega en el inciso segundo entre la palabra “exista” y “fraude “el siguiente vocablo: “posible”.

La indicación número 43, del Honorable Senador señor Chahuán, remplaza en el inciso segundo la expresión “fraude de ley” por la siguiente: “fraude a la ley”.

La indicación número 44, del Honorable Senador señor Chahuán, agrega en el inciso segundo luego de la palabra “invocado” y el punto aparte que le sigue, la siguiente frase: “por quienes crean que podrían verse afectados”.

- Las indicaciones números 42, 43 y 44 fueron rechazadas por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier y las abstenciones de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Inciso tercero

La indicación número 45, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, intercala entre la palabra “penales,” y la conjunción “o”, la expresión “hijos”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe retiró la indicación número 45.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 45a, del Honorable Senador señor Allamand que propone incorporar un inciso cuarto, nuevo, al artículo 6°, “DE LA TRAMITACIÓN”, o en el que corresponda según su nueva correlación, del siguiente tenor:

“Recibida la solicitud deberá notificarse de ella, mediante carta certificada, a los ascendientes y descendientes por consanguinidad del primer grado, así como al cónyuge o conviviente civil, si los hubiere. Dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación, los interesados podrán oponerse a la solicitud la cual, de existir, deberá ser resuelta por el Tribunal.”.

Se hizo presente que la Comisión ya aprobó la supresión del artículo 6°, por lo que corresponde dar por rechazada esta indicación.

- La indicación número 45a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Inciso cuarto

La indicación número 46, del Honorable Senador señor Chahuán, elimina el inciso final.

- En votación la indicación número 46, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 46a, del Honorable Senador señor Allamand, suprime el inciso final.

- La indicación número 46a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

- Posteriormente, como consecuencia de haberse aprobado la indicación 41 a, se dan por aprobadas con la misma votación, las indicaciones 46 y 46a .

La indicación número 47, del Honorable Senador señor Ossandón, agrega en el inciso cuarto final, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión:

“Antes bien, su convencimiento deberá formarlo con especial consideración al informe extendido por el especialista, a fin de comprobar la seriedad de los motivos que fundamentan la solicitud y que la voluntad manifestada por el interesado es libre y espontánea.”.

El Honorable Senador señor Ossandón retiró la indicación número 47.

La indicación número 48, del Honorable Senador señor Chahuán, agrega un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, al tiempo de presentarse la solicitud el Tribunal oficiará a todas las instituciones públicas o privadas en las que la persona se encuentre registrada y frente a las cuales busque hacer valer el cambio, a fin de que tengan oportunidad de expresar sus eventuales reparos ante un posible fraude.“.

- En votación la indicación número 48, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión, votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

TÍTULO III, NUEVO

La indicación número 49, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente título:

“Título III

De los procedimientos excepcionales seguidos ante el tribunal con competencia en materias de familia”.

- En votación la indicación número 49, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Navarro y Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Posteriormente se presentó la indicación número 49 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, que intercala entre el artículo 5° y el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, el siguiente epígrafe de Título III:

“Título III

De los procedimientos excepcionales”.

° ° °

- La indicación número 49 a, fue aprobada por la mayoría de sus miembros. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Como consecuencia de la aprobación anterior, la Comisión dio por rechazada la indicación número 49, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón.

ARTÍCULO 7°

El artículo 7° aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en su segundo informe, dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser efectuada personalmente. Asimismo, podrá realizarse a través de sus representantes legales o por quien lo tenga bajo su cuidado, con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño, niña o adolescente a una audiencia, dentro de un plazo no mayor a quince días, para que sea oído especialmente en garantía a su interés superior, y le designará un curador ad litem para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento. En dicha audiencia, el niño, niña o adolescente ratificará los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestará expresamente su consentimiento a través de las vías adecuadas para su edad.

Toda intervención del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que garantice su salud física y psíquica. Asimismo, la opinión del niño, niña o adolescente siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

Oído el niño, niña o adolescente y verificados los requisitos establecidos en el artículo 5°, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia de los representantes legales, tutor y/o quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente a una audiencia fijada al efecto, dentro de quince días, donde se podrá deducir oposición fundada a la solicitud sólo por dichos intervinientes.

Recibidos los antecedentes, oídos los intervinientes y cumplidas que sean las diligencias de oficio ordenadas por el Tribunal, el juez resolverá fundadamente si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días.

La sentencia definitiva, sea que ésta acoja o rechace la solicitud, podrá ser apelada dentro de quinto día, con ambos efectos. Su vista gozará de preferencia.

Una vez firme y ejecutoriada la sentencia que acoge la solicitud, el Tribunal ordenará que se rectifique la partida de nacimiento del peticionario, procediendo al cambio de su sexo y/o de su nombre, oficiando al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación a fin que realice las rectificaciones en los términos del artículo 10.”.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 49b, del Honorable Senador señor Allamand y la indicación número 49c, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que suprimen todos los artículos que se refieran a la solicitud de cambio de sexo de los niños, niñas y adolescentes.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe informó que estas indicaciones pretenden eliminar de esta ley toda referencia a los niños, niñas y adolescentes.

- Las indicaciones números 49b y 49c fueron rechazadas por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 50, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, y la indicación número 51, del Honorable Senador señor Chahuán, lo suprimen.

- Las indicaciones número 50 y 51 fueron rechazadas por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

La indicación número 51 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 7°, que ha pasado a ser el artículo 6°, por el siguiente:

“Artículo 6°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO O NIÑA. En el caso de los niños o niñas, que son aquellos que no han cumplido los catorce años de edad, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, por el padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal.

Para fundar la solicitud, podrán acompañarse todos los antecedentes que se consideren pertinentes, especialmente los siguientes:

a) Informe de salud mental del niño o niña, que descarte la presencia de trastornos de personalidad que le estén provocando una convicción errónea sobre su identidad de género.

b) Informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia determinante de la voluntad del padre, madre, representante legal o cuidador que haya o hayan formulado la solicitud, sobre la voluntad expresada por el niño o niña en cuanto a su identidad de género.

c) Informe que acredite que el niño o niña y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación especialista por, al menos, un año previo a la solicitud.

Recibida la solicitud, el juez citará al niño o niña a una audiencia dentro de un plazo no mayor a quince días. En esta audiencia el juez oirá al niño o niña, quien deberá ratificar los hechos y fundamentos que consten en la solicitud y manifestar expresamente su voluntad a través de las vías adecuadas para su edad. El juez podrá pronunciarse respecto de la suficiencia de los informes acompañados, y siempre podrá ordenar la realización o reiteración de éstos ante un profesional o institución idóneos. Toda intervención del niño o niña deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que aseguren su salud física y psíquica, en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad y seguridad, y que permitan controlar la presencia de otras personas. Asimismo, su opinión siempre será debidamente considerada por el juez, en consonancia con la evolución de sus facultades, y en todo momento se velará por la protección de su interés superior.

En el eventual caso que el niño o niña presentare dificultades de comunicación, serán aplicables las reglas contenidas en los artículos 42 y 43 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

Oído el niño o niña, conforme a las reglas establecidas en los incisos precedentes, habiéndose o no presentado los informes dispuestos en el inciso segundo, el juez declarará admisible la solicitud y ordenará la comparecencia del solicitante y del padre, madre, representante legal o cuidador que no hubiere concurrido a la solicitud, a una audiencia fijada dentro de un plazo no mayor a quince días. En la resolución que ordene la comparecencia se informará a los citados sobre la posibilidad de presentar oposición fundada, caso en el cual deberán acompañar los medios de prueba que estimen pertinentes, todo dentro de la misma audiencia. Si a la audiencia no compareciere la totalidad de los citados, ésta se suspenderá y se citará para una nueva fecha, bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención.

La oposición podrá ser formulada sólo por el padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente su cuidado personal, lo que volverá contencioso el procedimiento, aplicándose supletoriamente las normas de los Títulos I, II y III de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, en lo que no resulte contradictorio con la presente ley.

En caso de no deducirse oposición, el juez actuará conforme a lo previsto en el artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

En todo caso, el juez siempre podrá ordenar la realización de los informes señalados en el inciso segundo para formar su convicción, hasta antes de la dictación de la sentencia, asegurándose, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, que las partes y el consejo técnico puedan formular las observaciones que les merezca esta prueba. Con todo, el juez no podrá decretar la realización de exámenes físicos al niño o niña.

La sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicable a los asuntos contenciosos o no contenciosos en materias de familia, según sea el caso. La vista de estos recursos gozará de preferencia.

La sentencia definitiva que acogiere la solicitud ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento del niño o niña, procediendo al cambio de su sexo y de su nombre, o sólo del sexo de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero transitorio, de acuerdo a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo presente que sería un error aprobar esta indicación y argumentó que según la Revista “The New Atlantis”, en el Hospital John Hopkins, que trata a las personas transgénero, consideran que no es conveniente generar cambios de sexo en niños que tienen disforia de género, ya que alrededor del 80% a un 85% revierten su disforia en su proceso de maduración.

Pese a lo anterior, observó, este proyecto de ley va en una línea contraria, porque autoriza a los menores de edad a pedir el cambio de sexo y faculta al juez para ordenar la realización de informes médicos. Insistió que la experiencia internacional tiene una postura más dura, incluso, en el caso de los adultos, exige acompañar varios informes médicos de un equipo multidisciplinario, como ocurre en el Reino Unido y en Nueva Zelanda.

En sintonía con lo anterior, anunció su voto en contra e hizo reserva de constitucionalidad, toda vez que la norma vulnera la integridad física y psíquica de los niños y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

El Honorable Senador señor Ossandón se mostró partidario de exigir certificados médicos para acreditar la disforia de género del menor que pide el cambio de sexo y, en esta misma línea, sugirió reemplazar en los incisos segundo y octavo del texto propuesto el vocablo “podrá” por “deberá”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno observó que esta propuesta podría limitar el ejercicio del derecho de identidad de género a las personas que no tienen los medios necesarios para costear este tipo de exámenes.

El Honorable Senador señor Ossandón subrayó que de acuerdo a los dichos de la Doctora Arcil estos exámenes ya se practican en el sistema público, con lo cual no se estaría limitando el derecho de las personas a pedir el cambio de su sexo.

El Honorable Senador señor Navarro indicó que no cree que el sistema público esté en condiciones de hacerse cargo de asumir la realización de todos los exámenes que se mencionan en el inciso segundo del artículo 6° propuesto. Consultó por su costo y si el Estado está preparado para asumirlos.

El Honorable Senador señor Ossandón informó que la obligación de exigir la realización de estos exámenes fue una inquietud planteada por una agrupación de padre de niños transgénero.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe complementó que la Doctora Ugarte y el Doctor López también plantearon modificar el sentido de esta indicación para hacer obligatorios todos estos exámenes. Asimismo, detalló que sugirieron reemplazar la terminología de “trastornos de personalidad” por “trastornos mentales” e incluir la obligación del juez de solicitar un informe del equipo multidisciplinario establecido en la Circular N° 7, de 2016, para diferenciar a los pacientes con disforia de género.

El señor Subsecretario de Justicia planteó reforzar la facultad del juez para obligar a la parte a presentar mayores antecedentes cuando estime que no existen suficientes para acceder al cambio de sexo.

Así, intercalar la siguiente oración: “En todo caso, el juez siempre ordenará la realización de los informes mencionados en el inciso anterior que no se hubiesen acompañados.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo notar que el juez es un abogado y no un médico, y como tal cuestionó su capacidad para saber si los informes acompañados son o no suficientes.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que ello ocurrirá si la parte no acompaña todos los informes mencionados en el inciso segundo en sus literales a), b) y c).

El Honorable Senador señor Navarro resaltó que se trata de un juez de familia, que siempre debe velar por el interés superior del niño, y como tal no adoptará una decisión sin un fundamento que la respalde.

El Honorable Senador señor Ossandón pidió al Ejecutivo que confirme si con esta redacción el solicitante que no acompaña todos los informes que se indican en el inciso segundo de este artículo será obligado a acompañarlos por el juez.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno respondió afirmativamente.

Luego, el Honorable Senador señor Matta dio a conocer una sentencia de un tribunal civil de Santiago dictada hace un par de semanas, en la cual se ordena el cambio de sexo registral de un menor de cinco años, simplemente apelando a que Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño, sustentándose en un informe pericial de la Unidad de Psiquiatras Infantiles del Servicio Médico Legal.

De esta manera, resaltó, hoy los jueces civiles ya están acogiendo el cambio de sexo de los niños, por lo que anunció su voto a favor de esta indicación.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe hizo reserva de constitucionalidad, porque considerar que esta norma vulnera la integridad física y psíquica de los niños y el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos.

- En votación la indicación número 51a con la modificación propuesta, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón, y en contra la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

-Como consecuencia de haberse aprobado la indicación 51a, se da por rechazada con la misma votación, la indicación 95 que agrega un artículo 7°, y la 114, 115 y 116 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

La indicación número 52, del Honorable Senador señor Navarro, reemplaza el artículo 7° por el siguiente:

“ARTÍCULO 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.

En el caso de las personas menores de dieciocho años de edad cuyo nacimiento se encuentre inscrito en Chile, la solicitud a que se refiere la presente ley podrá ser presentada personalmente por el niño, niña o adolescente o efectuada a través de sus representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, debiendo en este caso contar con el expreso consentimiento del niño, niña o adolescente, y debiendo el tribunal en este caso, ordenar la comparecencia de éstos.

Será competente, en estos casos, el Juez de Familia del lugar donde tenga domicilio el niño, niña o adolescente a cuyo nombre se realiza la gestión o quien la interpone personalmente, y el procedimiento se sujetará, en lo que corresponda, a las disposiciones sobre actos judiciales no contenciosos del artículo 102 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y, en lo no previsto, por lo que dispone la presente ley.

En todo caso la solicitud deberá estar debidamente fundada y recibida esta, el juez deberá siempre oír al niño, niña o adolescente, velando en todo momento por la adecuada protección de su interés superior.

En el caso que la solicitud haya sido efectuada personalmente por el niño, niña o adolescente y existiera oposición de los representantes legales o quien lo tenga bajo su cuidado, el procedimiento se transformará en contencioso y el tribunal deberá nombrar un Curador Ad Litem para que vele por la representación e intereses del niño, niña o adolescente.

En el caso de que se haga lugar a la solicitud presentada por una persona menor de 18 años o a favor de ella en conformidad con las disposiciones de la presente ley, de forma excepcional, el o la solicitante podrá solicitar fundadamente una nueva rectificación cuando haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a las disposiciones de la presente ley, según el artículo 6 y siguiente de esta ley.

Excepcionalmente, en casos calificados y fundados en el interés superior del niño, el menor de 18 años podrá solicitar una nueva rectificación.”.

El Honorable Senador señor Navarro retiró la indicación número 52.

La indicación número 53, del Honorable Senador señor Ossandón, lo reemplaza, íntegramente, por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 7º. DE LA PROHIBICIÓN REFERIDA A LOS MENORES DE EDAD.

En ningún caso se dará curso a la solicitud de cambio de sexo y nombre que sea presentada por un niño, niña o adolescente, o bien efectuada por sus representantes legales, sino hasta que los primeros hubieren alcanzado la mayoría de edad.”.

El Honorable Senador señor Ossandón retiró la indicación número 53.

Inciso primero

La indicación número 54, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala en el inciso primero la frase “deberá presentarse ante el tribunal con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante, y”, a continuación de “la solicitud que se refiere la presente ley” y antes de “podrá ser efectuada personalmente”.

- La indicación número 54 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Navarro, Letelier y Ossandón.

La indicación número 55, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza en el inciso primero la frase “o por quien lo tenga bajo su cuidado” por la frase “o quien tenga el cuidado personal”.

La indicación número 56, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para fundar la presentación, podrá el o la solicitante acompañar todos los antecedentes que considere pertinentes.”.

Inciso segundo

La indicación número 57, de Su Excelencia la Presidenta de la República, sustituye en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase final “curador ad litem, para que vele por su representación e intereses durante el procedimiento.” por la frase “curador ad litem o el defensor que establezca el sistema de protección de los derechos del niño vigente, quien asumirá su representación judicial.”.

Inciso cuarto

La indicación número 58, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “en el artículo 5°” por “en el inciso tercero del artículo 4°”.

La indicación número 59, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto la frase “quien tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente” por “quien tenga el cuidado personal,”.

Inciso quinto

La indicación número 60, de Su Excelencia la Presidenta de la República, sustituye el inciso quinto, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“En caso de existir oposición del o los representantes legales, una vez oída ésta, el juez resolverá de plano y sin forma de juicio si acoge o no la solicitud, en el plazo de treinta días. En ningún caso el juez podrá decretar la realización de exámenes físicos, psíquicos, sicológicos o farmacológicos al niño, niña o adolescente para resolver la oposición. En caso de no existir oposición, el juez concederá derechamente la solicitud sin más trámite.”.

Inciso sexto

La indicación número 61, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, por el siguiente:

“De ser rechazada la solicitud por el juez, la sentencia definitiva deberá ser fundada y podrá ser impugnada acorde al régimen de recursos aplicables a los asuntos no contenciosos en materias de familia. Su vista gozará de preferencia.”.

Inciso séptimo

La indicación número 62, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza en el inciso final, la expresión “y/o” por la conjunción “y”.

- Las indicaciones números 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 fueron aprobadas con modificaciones, por estar subsumidas en la indicación número 51 a, por cuatro votos a favor de los Honorables Senadores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón, y un voto en contra de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 62 a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, agrega el siguiente artículo 7°, nuevo, reordenándose la numeración de los artículos correlativos posteriores:

“Artículo 7°. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL O LA ADOLESCENTE. Las personas que hayan cumplido catorce años y no hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán efectuar la solicitud a que se refiere esta ley de manera personal ante el tribunal con competencia en materias de familia de su domicilio, acompañando todos los antecedentes que considere pertinentes para fundar su solicitud.

En caso de concurrir sin su padre, madre, representante legal o cuidador, el juez nombrará un defensor conforme al sistema de protección de menores que exista al momento de la solicitud.

La tramitación de la solicitud se regirá por las mismas reglas establecidas en el artículo anterior, con la salvedad que el juez sólo podrá ordenar la realización de informes o pericias en caso de haberse deducido oposición por alguno de los intervinientes.

Con todo, en caso de contar con el consentimiento tanto del padre como de la madre, o en su defecto, de todos quienes lo representen legalmente o tengan legalmente su cuidado personal, según corresponda, la solicitud se tramitará de acuerdo a lo establecido en el título II de esta ley, debiendo ser suscrita por todos ellos.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe llamó la atención que la indicación se refiere a los adolescentes entre 14 y 17 años, que ni siquiera pueden abrir cuenta corriente en el sistema bancario, por tanto, considera una irresponsabilidad permitirles que puedan presentar su solicitud de cambio de sexo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando cuentan con el consentimiento de ambos padres.

El Honorable Senador señor Ossandón señaló que apoyará esta indicación siempre que se obligue al juez a ordenar la realización de los exámenes que menciona el inciso segundo del artículo anterior en el caso que se trate de una solicitud de cambio de sexo de un adolescente que debe presentarse ante un tribunal de familia. Lo anterior, permitirá al juez contar con mayores herramientas para fundamentar su fallo.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que se trata de un procedimiento contencioso en que uno o ambos progenitores se oponen a la petición del adolescente a pedir el cambio de sexo, por lo que lo más probable es que siempre se pedirán estos exámenes, ya sea por el juez o por los padres.

Acogiendo el planteamiento del Honorable Senador señor Ossandón, el Jefe del Departamento de Asesoría y Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Milton Espinoza, sugirió aprobar como inciso tercero del artículo propuesto por la indicación número 62a el siguiente texto:

“La tramitación de la solicitud se regirá por las mismas reglas establecidas en el artículo anterior.”.

Así, se entiende que el juez siempre deberá pedir los informes que menciona el inciso segundo del artículo 6°, si las partes no los han acompañado.

- En votación la indicación número 62 a, fue aprobada con la modificación propuesta al inciso tercero, por cuatro votos a favor de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón, y uno en contra de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 63, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su rechazo a esta indicación que obliga a los cónyuges a terminar su matrimonio, porque pueden desear mantenerlo. Con todo, dejó en claro que no pretende adelantar la discusión del matrimonio igualitario, porque entiende que ello no es materia de esta ley.

En su opinión, se plantea un texto que va más allá de lo que permite la Constitución Política de la República y como tal le parece de dudosa constitucionalidad. En rigor, estimó que la norma tiene serios vicios de constitucionalidad, porque fija una causal de término de matrimonio que opera de pleno derecho y que se manifiesta a través de la voluntad de un juez. Por el contrario, argumentó, la terminación del matrimonio debe ser un acto voluntario de las partes interesadas. Además, el juez no puede poner fin al matrimonio por ser un contrato bilateral y como tal no puede obligar a su disolución sin que concurra la voluntad de las partes que lo contrajeron.

El legislador incorpora un criterio que no le parece correcto, aunque se trate de regular casos excepcionales, que involucran una discusión ideológica, reiteró.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación incorpora una causal especial de terminación del matrimonio para las personas casadas.

El Honorable Senador señor Navarro preguntó si con esta indicación la presentación de una solicitud de cambio de sexo de una persona casada equivale el término de su matrimonio.

El señor Subsecretario de Justicia respondió afirmativamente y complementó que esta indicación establece una causal de término de vínculo y que, además, consagra la obligación del juez de resolver en este procedimiento todos los efectos de la terminación del matrimonio, como la compensación económica si procediere. No se trata de una causal de divorcio, ni de nulidad, sino de una nueva causal de término del matrimonio.

El Honorable Senador señor Navarro consultó qué pasa si los cónyuges desean mantener su vínculo matrimonial.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno dijo que ello no será posible porque si el matrimonio subsistiese se incumpliría una de las normas de la esencia del contrato de matrimonio, cual es que se trata de un contrato solemne que se celebra entre un hombre y una mujer.

Insistió que no es intención del Gobierno abordar por esta vía el tema del matrimonio igualitario, ya que esa materia se tratará en otro proyecto de ley.

Con todo, advirtió que de aprobarse un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario se deberá incluir una norma transitoria que derogue esta norma.

Por su parte, la Honorable Senador señora Van Rysselberghe, a fin de evitar adelantar el debate sobre el matrimonio igualitario, señaló que lo más conveniente sería que las personas casadas antes de presentar su solicitud de cambio de sexo disuelvan su matrimonio.

El Honorable Senador señor Navarro manifestó que rechazará esta indicación, por estimar que los cónyuges tienen todo el derecho para decidir si siguen o no casados después de que uno ellos haya solicitado el cambio de sexo y la ley no puede pasar por alto su voluntad.

- En votación la indicación número 63, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron en contra los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier y a favor los Honorables Senadora señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

En el nuevo plazo para formular indicaciones se presentó la indicación número 63a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, que intercala el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno informó que la indicación es del mismo tenor que la indicación 63 ya rechazada por la Comisión en su oportunidad, que establece un procedimiento especial seguido ante los tribunales de familia para las personas casadas que solicitan el cambio de sexo, que genera además el efecto de terminar su matrimonio. Con ello, se evita adelantar la discusión sobre el matrimonio igualitario.

- En votación la indicación número 63a, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand y Pizarro, y por la negativa, el Honorable Senador señor Navarro.

- Como consecuencia de haberse aprobado la indicación 63a, se da por aprobada con la misma votación, la indicación 63.

- En consecuencia, luego de haberse aprobado la indicación 63 y 63a, se dan por aprobadas con modificaciones con la misma votación, la indicación 105 y 106 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

La indicación número 64, del Honorable Senador señor Letelier y la indicación número 65, del Honorable Senador señor Navarro, intercala el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 8 DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, instará a las partes a efectuar la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

Las indicaciones número 64 y 65 fueron retiradas por los Honorables Senadores señores Letelier y Navarro, respectivamente.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 65a, del Honorable Senador señor Allamand que incorpora un artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO O CON ACUERDO DE UNIÓN CIVIL VIGENTE. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, o acuerdo de unión civil vigente, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con los requisitos señalados previamente en esta ley.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, o al o la conviviente civil, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio o de acuerdo de unión civil, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges o convivientes civiles podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947 o en el artículo 27 de la ley Nº 20.830, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, o del o la conviviente civil, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947, o en el artículo 22 de la ley Nº 20.830, según sea el caso y que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo completo y suficiente entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 o bien la causal g) del artículo 26 de la ley Nº 20.830, según sea el caso. Si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, o el o la conviviente civil, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio o del acuerdo de unión civil como si no existiera acuerdo completo y suficiente.

Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto o acuerdo de unión civil vigente, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.”.

El Honorable Senador señor Allamand destacó que la novedad de su indicación dice relación con incluir, dentro del procedimiento de los casados que piden el cambio de sexo, a los convivientes de un acuerdo de unión civil.

Comentó que si bien esta figura permite la celebración del acuerdo entre personas del mismo sexo o de distintos sexos, ello no altera su carácter de acto intuito personae, por lo que si se cambia el sexo y el nombre de uno de los convivientes, necesariamente se está modificando la identidad de uno de los sujetos del contrato y como tal dicha relación debe quedar sin efecto, ya que no se trata de las mismas personas.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo notar a Sus Señorías que son las mismas personas, aunque una de ellas haya modificado su sexo registral y su individualización personal.

En el caso particular del matrimonio, explicó que el Gobierno apoya la inclusión de una nueva causal de término basada en el cambio de sexo de uno de los cónyuges, porque el sexo de los contrayentes es un requisito de existencia del matrimonio y que el legislador lo define como un contrato solemne celebrado entre en hombre y una mujer. En cambio, en el acuerdo de unión civil el sexo de los contrayentes es un hecho indiferente.

El Honorable Senador señor Allamand señaló que de no aprobarse esta norma el conviviente que se vea afectado por el cambio de sexo del otro no le quedará otra salida que recurrir a la causal de desahucio unilateral de uno de los convivientes civiles, que fue entendida como una causal que opera cuando se acaba el vínculo afectivo entre las partes del acuerdo.

El Honorable Senador señor Navarro se manifestó contrario a esta indicación, por estimar que se debe mantener el acuerdo de unión de civil e incluso el matrimonio, si continúa el afecto entre los convivientes o cónyuges, según sea el caso.

El Honorable Senador señor Allamand previno que en caso de que los convivientes deseen perseverar con su vínculo contractual no existe ningún problema para que celebren otro acuerdo de unión civil, ya que esta ley en nada se los impide.

- En votación la indicación número 65a, fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro y dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

La indicación número 66, del Honorable Senador señor Navarro, intercala el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.

Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.

El Honorable Senador señor Navarro retiró la indicación número 66.

Posteriormente, en el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 66a, del Honorable Senador señor Navarro, que intercala el siguiente artículo 8°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes:

“Artículo 8°. DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR PERSONA CON VÍNCULO MATRIMONIAL NO DISUELTO. En caso de existir vínculo matrimonial no disuelto, la solicitud de rectificación de sexo y nombre y de las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o de cualquier otro instrumento público o privado con los que esté registrada la persona, se deberá efectuar ante el juez con competencia en materias de familia del domicilio del o la solicitante. Para ello, el o la solicitante deberá cumplir con lo dispuesto por el artículo 4° de esta ley. Respecto de esta solicitud no se admitirá oposición alguna.

Una vez presentada la solicitud, el juez ordenará notificar al o la cónyuge, dándole a conocer su existencia y citando a éste o ésta a una audiencia especial de terminación de matrimonio, que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación.

Dentro del término antes señalado, o incluso en la misma audiencia, ambos cónyuges podrán demandar compensación económica en los términos previstos en el párrafo 1°, del Capítulo VII, de la ley N° 19.947, que Establece Nueva Ley de Matrimonio Civil, en caso que así procediere, debiendo el juez pronunciarse sobre esta materia en la sentencia definitiva.

Con la comparecencia a la audiencia del o la cónyuge, el juez escuchará a las partes y propondrá las bases de un acuerdo completo y suficiente que contemple las materias establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.947 que así procedieren. Luego de ello, suspenderá la audiencia por el plazo de 15 días, para efectos de que las partes puedan acordar los términos definitivos de éste.

Al reanudarse la audiencia, en caso de existir acuerdo entre las partes, éste será sometido a la aprobación del juez, quien, si así lo estima, lo sancionará favorablemente, ordenando la terminación del matrimonio en virtud de la causal 5° del artículo 42 de la ley N° 19.947 y, si existiere, dispondrá la liquidación de la sociedad conyugal de conformidad a las reglas generales. De no existir acuerdo entre las partes, será el juez quien resolverá sobre dichas materias.

Si no compareciere el o la cónyuge, se suspenderá la audiencia por el mismo plazo señalado en el inciso segundo, y se ordenará practicar nueva citación bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento sin su intervención, entendiéndose que renuncia a su derecho de demandar compensación económica. En este caso, el juez resolverá las materias relativas a la terminación del matrimonio como si no existiera acuerdo completo y suficiente. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley para la solicitud de rectificación de sexo y nombre de la persona adulta con vínculo matrimonial no disuelto, el juez resolverá favorablemente la cuestión principal en su sentencia definitiva, respecto de la cual no procederá recurso alguno. En la misma sentencia el juez resolverá las materias accesorias que se hubieren ventilado en el procedimiento, respecto de las cuales procederá el régimen general de recursos en materias de familia.

Con todo, el vínculo matrimonial sólo terminará, si uno de sus miembros así lo considera necesario y/o lo exige. En caso contrario, sólo deberán adecuarse las nuevas identidades, sin término del vínculo.”.

- La indicación número 66a fue rechazada por tres votos en contra de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand y Pizarro, y por un voto a favor del Honorable Senador señor Navarro.

ARTÍCULO 8°

El artículo 8° aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en su segundo informe es el siguiente:

“ARTÍCULO 8°. DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A UNA NUEVA RECTIFICACIÓN.

En el caso que se haga lugar a la solicitud presentada por un niño, niña o adolescente en conformidad a las disposiciones de la presente ley, el o la solicitante podrá, por una sola vez, solicitar personalmente una nueva rectificación desde que haya alcanzado la mayoría de edad, sujetándose a lo estipulado en la presente ley.”.

La indicación número 67, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, la indicación número 68, del Honorable Senador señor Ossandón, y la indicación número 69, del Honorable Senador señor Chahuán, proponen eliminarlo.

La Honorable Senadora señora Van Ryyselberghe explicó que la indicación va en la línea de que los derechos pueden ejercerse cuantas veces desee su titular, y que la ley no puede limitarlo a una sola vez, especialmente en el caso de los niños y adolescentes que aún no han madurado sexualmente.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que el Ejecutivo tiene una postura contraria, que entiende que por regla general este derecho debe ser ejercitado por una sola vez, salvo en el caso de los niños y adolescentes, en que se consagra su derecho a rectificación cuando adquieran la mayoría de edad. De aprobarse esta indicación, no podrán retractarse.

- La indicación número 67 se rechazó por tres votos de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, uno a favor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la abstención del Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 68 fue retirada por el Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación 69 fue rechazada con la misma votación que la indicación número 67.

En el nuevo plazo para presentar indicaciones, se formuló la indicación número 69a, del Honorable Senador señor Allamand y la indicación número 69b, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, para eliminarlo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe señaló que estas indicaciones son concordantes con la propuesta de eliminar de esta ley toda referencia a los menores de edad.

- Las indicaciones número 69a y 69b fueron rechazadas por tres votos en contra de los de los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro y por dos votos a favor de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

ARTÍCULO 9°

El texto del artículo 9° aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el siguiente:

“ARTICULO 9°. DE LA PROHIBICIÓN DE DECRETAR EXÁMENES MÉDICOS AL O LA SOLICITANTE.

Para formar su convencimiento sobre la solicitud, el Tribunal no podrá decretar la realización de exámenes médicos o psicológicos al o la requirente en el Servicio Médico Legal o cualquier otra repartición. Lo anterior rige para todos los casos estipulados en la presente ley.”.

La indicación número 70, de Su Excelencia la Presidenta de la República, la indicación número 71, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la indicación número 72, del Honorable Senador señor Chahuán, lo eliminan, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos.

Las indicaciones números 70, 71 y 72 fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón.

- Como consecuencia de haberse aprobado las indicaciones precedentes, se da por rechazada con la misma votación, la indicación 95 que agrega un artículo 9° del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 72a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, que lo elimina, adecuándose el orden correlativo de los artículos siguientes.

Se tuvo presente que la Comisión, en su oportunidad, ya aprobó la supresión del artículo 9°.

- En consecuencia, la indicación número 72a fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand, Montes, Navarro y Pizarro.

ARTÍCULO 10

El artículo 10 del texto aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el sigue:

“ARTÍCULO 10. DE LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN.

Finalizado el procedimiento, el juez con competencia en materias de familia informará de la rectificación a las siguientes instituciones:

1) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

2) Servicio de Impuestos Internos;

3) Tesorería General de la República;

4) Policía de Investigaciones de Chile;

5) Carabineros de Chile;

6) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el solicitante del cambio de sexo y/o nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

7) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y/o nombre registral de la persona solicitante, y

8) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea solicitada por el peticionario.

En conjunto con lo anterior, el juez ordenará al Servicio de Registro Civil e Identificación que emita los nuevos documentos de identidad para el peticionario.

Para ello, el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde la orden del tribunal, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al Tribunal, dentro de diez días, de la emisión de los nuevos documentos de identificación.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna repartición pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

En el caso que el solicitante tuviera vínculo matrimonial no disuelto al momento de la dictación de la sentencia, el juez decretará la cancelación de la respectiva inscripción matrimonial, ordenando al Director del Servicio de Registro Civil para que proceda a dicha cancelación.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley, no afectará el número del rol único nacional del peticionario.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sea pública o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.”.

La indicación número 73, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el artículo 10, que ha pasado a ser artículo 9°, por el siguiente:

“Artículo 9°. DE LA ORDEN DEL TRIBUNAL PARA EFECTUAR LA RECTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO Y LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. Finalizado el procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tanto para el caso de la solicitud efectuada por un niño, niña o adolescente, como de la efectuada por una persona sujeta a vínculo matrimonial no disuelto, el tribunal ordenará en la misma sentencia al Servicio de Registro Civil e Identificación la rectificación de la partida de nacimiento y las subinscripciones al margen. Una vez practicadas éstas, se emitirán los nuevos documentos de identidad para el o la solicitante, de conformidad a lo establecido en el Título IV de esta ley.”.

- La indicación número 73 fue aprobada por la mayoría de miembros de la Comisión, por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón y por la negativa la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 73a, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución;

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución;

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe explicó que esta indicación reitera el texto aprobado por la Comisión, excluyendo a las instituciones de educación superior que fueron incorporadas producto de la aprobación de la indicación número 77.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que no tienen inconvenientes para agregar nuevas entidades que deberán ser informadas del cambio de sexo de una persona, por lo que reiteró su apoyo a la indicación número 77 del Honorable Senador señor Navarro.

- Puesta en votación la indicación número 73a, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

Inciso primero

La indicación número 74, del Honorable Senador señor Navarro, agrega los siguientes numerales nuevos:

“…) Ministerio de Educación;

…) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas;

…) Corporación de Universidades Privadas (CUP);

…) Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior (Conifos);”.

De aprobarse esta indicación, su texto debe ser incorporado en el artículo 10, nuevo, que propone la indicación número 77, como se verá más adelante.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno expresó que no tiene inconveniente en aprobar esta indicación.

- En virtud de lo anterior, la indicación número 74 fue aprobada con modificaciones, por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Ossandón y la abstención de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 75, del Honorable Senador señor Chahuán, elimina en el inciso primero el numeral octavo.

Se tuvo presente que el artículo 9° aprobado por la Comisión, en su segundo informe, fue eliminado por las indicaciones números 70, 71 y 72. En consecuencia, la indicación 75 se debe entender formulada al artículo 10, nuevo, que propone la indicación número 77. En particular, a la letra j) de su inciso quinto.

A continuación, el señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que no le parece conveniente dejar una enumeración taxativa de las instituciones que deben ser informadas del cambio de sexo, por lo que instó a Sus Señorías a rechazar esta indicación.

- En votación la indicación número 75 se produjo el siguiente resultado. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Matta y Navarro, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, en virtud del artículo 178 del Reglamento del Senado, se produjo el mismo resultado. Por consiguiente, se dio por rechazada la indicación por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, al sumarse las abstenciones al mayor número de votos.

TÍTULO IV, NUEVO

La indicación número 76, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala entre el artículo 10, que ha pasado a ser 9°, y el artículo 10, nuevo, el siguiente título:

“Título IV

De la rectificación de la partida de nacimiento y documentos de identificación en razón a la identidad de género y sus efectos”.

- La indicación número 76 fue aprobada por tres votos de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Ossandón y la abstención de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

ARTÍCULO 10, NUEVO

La indicación número 77, de Su Excelencia la Presidenta de la República, intercala el siguiente artículo 10°, nuevo, adecuándose el orden correlativo de los siguientes artículos:

“Artículo 10. DE LA EMISIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS Y DE SU INFORMACIÓN. Acogida la solicitud de rectificación o recibida la orden del juez con competencia en materias de familia, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos.

Para ello, citará a la persona solicitante para que concurra de manera personal a la oficina que le corresponda según su domicilio o ante aquella en la que haya presentado su requerimiento de rectificación de sexo y nombre, para emitir los nuevos documentos de identidad, con una nueva fotografía y/o firma, los que reemplazarán para todos los efectos legales a los documentos de identidad anteriores.

Los documentos de identidad anteriores no podrán ser usados, solicitados o exhibidos bajo ninguna circunstancia y en ninguna entidad pública o privada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.

La rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación de que trata esta ley no afectará el número del rol único nacional del o la solicitante.

Asimismo, el Servicio informará de la rectificación de la partida y la emisión de nuevos documentos a las siguientes instituciones:

a) Servicio Electoral para la corrección del padrón electoral, si correspondiere;

b) Servicio de Impuestos Internos;

c) Tesorería General de la República;

d) Policía de Investigaciones de Chile;

e) Carabineros de Chile;

f) Gendarmería de Chile;

g) Superintendencia de Salud, a fin de que ésta informe a la Institución de Salud Previsional en la cual cotice el o la solicitante del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

h) Superintendencia de Pensiones, a fin de que ésta informe a la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones o al Instituto de Previsión Social, según donde cotice el o la solicitante, del cambio de sexo y nombre registral, el que deberá ser registrado por dicha institución.

i) Fondo Nacional de Salud, a fin de que éste registre el cambio de sexo y nombre registral de la persona solicitante, y

j) A toda otra institución pública o privada que estime pertinente o sea requerida por el o la solicitante.

Toda información o comunicación entre instituciones, ya sean públicas o privadas, deberá ser tratada conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las demás reglas de tramitación ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para el adecuado resguardo de la privacidad del mismo, y la forma en que se emitirán los certificados de terceros vinculados con la persona que ha modificado su sexo y nombre, como sus hijos e hijas, o el o la ex cónyuge, cuando no se haya solicitado rectificar las partidas vinculadas a dichos terceros.”.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe manifestó su inquietud y preguntó qué sucederá con los derechos que están asociados a un sexo biológico determinado cuando proceda un cambio de sexo. A modo de ejemplo, mencionó la maternidad y la edad para jubilar. Al respecto, planteó el caso de una mujer que cambia de sexo pero mantiene su aparato reproductor femenino y con posterioridad queda embarazada.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno indicó que al cambiarse de sexo la persona debe posicionarse en su nuevo sexo, pero en el caso planteado por Su Señoría se debe buscar una solución en el entendido de que esos derechos están asociados a la condición de la maternidad, y no a la mujer.

El Honorable Senador señor Navarro expresó que es imposible regular en esta ley todas las situaciones que pudiesen plantearse como consecuencia de ella, lo que implica que probablemente, en un futuro, deberán realizarse algunas adecuaciones.

El señor Subsecretario de Justicia compartió que esta ley no puede resolver todos los casos que pudiesen generarse con este sistema de cambio de sexo. Pero, acotó, para eso están los tribunales de justicia que deberán interpretar la ley de manera integral como un sólo ordenamiento jurídico. Por tanto, los casos planteados por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe tendrán que ser resueltos por los tribunales de justicia, por medio del proceso de interpretación de la ley, que consagran los artículos 19 al 24 del Código Civil.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe advirtió que el Código Laboral en materia de derechos vinculados a la maternidad se refiere a las trabajadoras, lo que en su opinión confirma que se trata de derechos asociados a la mujer.

El Honorable Senador señor Navarro llamó a Sus Señorías a votar esta indicación, ya que no existen indicaciones referidas a los temas planteados por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Se tuvo presente que esta indicación debe ser aprobada con modificaciones, como consecuencia de la aprobación de la indicación número 74, que introdujo nuevas entidades que deberán ser informadas del cambio de sexo de una persona.

- En votación, la indicación número 77, fue aprobada con modificaciones, por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

- Como consecuencia de haberse aprobado la indicación 77, se da por rechazada con la misma votación, la indicación 98 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

ARTÍCULO 11

El artículo 11 aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía tiene el siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 11. DE LOS EFECTOS DE LA RECTIFICACIÓN PREVISTA EN ESTA LEY.

Los efectos jurídicos de la rectificación del nombre y/o sexo, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada en conformidad al artículo 104 del decreto con fuerza de ley N° 2.128, de 10 de agosto de 1930.

La rectificación en la partida de nacimiento no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio en las partidas de nacimiento.

Tampoco afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables.

La utilización fraudulenta de los primitivos o de los nuevos nombres será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.”.

Inciso primero

La indicación número 78, de Su Excelencia la Presidenta de la República, la indicación número 79, del Honorable Senador señor Navarro y la indicación número 80, del Honorable Senador señor Letelier, proponen reemplazar en el inciso primero la expresión “nombre y/o sexo” por la expresión “sexo y nombre”.

- Las indicaciones números 78, 79 y 80 fueron aprobadas por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Ossandón y la abstención de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

Inciso segundo

La indicación número 81, de Su Excelencia la Presidenta de la República, la indicación número 82, del Honorable Senador señor Navarro y la indicación número 83, del Honorable Senador señor Letelier, proponen eliminar en el inciso segundo las expresiones “en la partida de nacimiento”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno aclaró que estas indicaciones se formulan a la frase “en las partidas de nacimiento”, que consta antes del punto aparte del inciso segundo.

- Las indicaciones números 81, 82 y 83 fueron aprobadas con idéntica votación a la consignada precedentemente.

La indicación número 84, del Honorable Senador señor Navarro y la indicación número 85, del Honorable Senador señor Letelier, suprimen el vocablo “patrimoniales”.

El Honorable Senador señor Navarro explicó que esta indicación no pretende restringir los efectos del cambio de sexo y de la consecuente rectificación de la partida de nacimiento a los derechos patrimoniales.

- En votación las indicaciones números 84 y 85, se produjo un empate, votaron a favor los Honorables Senadores Matta y Navarro, y en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

Repetida la votación, se produjo el mismo resultado, dándose por rechazadas las indicaciones, de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, dado la urgencia con que está calificado este proyecto de ley.

Inciso tercero

La indicación número 86, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo elimina.

La indicación número 86 fue retirada por la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

ARTÍCULO 12

El artículo 12 aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el siguiente:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE ATENCIÓN.

Ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley.”.

La indicación número 87, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, lo sustituye por el siguiente:

“ARTÍCULO 12. OBLIGACIÓN DE TRATO DIGNO. Ninguna persona o institución pública o privada podrá dar un trato irrespetuoso, contrario a la dignidad humana o que implique una discriminación arbitraria a otra persona en razón de su identidad de género.”

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe argumentó que su indicación tiene por finalidad resguardar la libertad de ciertas instituciones para que puedan actuar sin que se entienda que cometen una discriminación arbitraria, como puede ser una iglesia que actuando según sus creencias no celebre matrimonios entre personas del mismo sexo biológico pero con distinto sexo registral o un colegio que impide el ingreso de niños que han obtenido el cambio de sexo.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno consideró que esta indicación restringe lo ya aprobado por esta Comisión en su segundo informe y se aleja de la legislación vigente en materia de discriminación.

- La indicación número 87 fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y Ossandón, y la abstención del Honorable Senador señor Matta.

Inciso segundo, nuevo

La indicación número 88, de la Honorable Senadora señora Muñoz, incorpora el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La infracción a lo señalado precedentemente será sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley N° 20.609.”.

- La votación número 88 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Letelier y Ossandón.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 88a, del Honorable Senador señor Allamand, que reemplaza el artículo 13, “DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS”, o el que corresponda según su nueva correlación, por otro cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Los procedimientos regulados por esta ley tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible, sin perjuicio de los deberes de notificación antes señalados.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos, o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

El Honorable Senadora señor Allamand informó que la indicación es coherente con lo aprobado por la Comisión en el artículo 10, al establecer como una excepción al tratamiento de los datos sensibles a las notificaciones que deban realizarse de conformidad a esta ley.

- Puesta en votación la indicación número 88a, fue rechazada, votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Montes, Navarro y Pizarro, y por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Allamand.

ARTÍCULO 13

El artículo 13 aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el siguiente:

“ARTÍCULO 13. DE LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS.

El procedimiento seguido ante el juez con competencia en materias de familia tendrá el carácter de reservado, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.

Por otra parte, sólo tendrán acceso al acta de nacimiento y a las imágenes, fotografías, soportes digitales, informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuraran originalmente en los registros oficiales, quienes cuenten con autorización expresa del o la titular, o con orden judicial fundada, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en los casos en que sea aplicable.”.

Inciso primero

La indicación número 89, de Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplaza el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 13.- LA RESERVA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RECTIFICADOS. Tanto el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa como ante el Tribunal con competencia en materias de familia tendrán el carácter de reservados y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible.”.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si se trata de una norma general para todos los procedimientos seguidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación y ante los tribunales de familia, e hizo presente que le interesa contar con mayores antecedentes para tener claridad respecto de la constitucionalidad de una disposición de esta naturaleza.

El señor Subsecretario de Justicia respondió que no todos los datos que constan en el Servicio de Registro Civil e Identificación se consideran datos sensibles. Al efecto, detalló que la ley N° 19.628 consagra el estatuto de protección de los datos personales y de los datos sensibles. En este caso, el legislador establece que la información vinculada al cambio de sexo de una persona sea considerada como dato sensible. Resaltó, este tratamiento especial se vincula con la protección de ciertas condiciones de una persona que se sometió a un cambio de sexo, que desea guardar la confidencialidad acerca de su identidad. En todo caso, señaló que es la ley la que califica la sensibilidad de los antecedentes de una persona.

Complementó que el artículo 2° letra g) de la ley N° 19.628 define a los datos sensibles como “los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”. Agregó que este concepto justifica el motivo por el cual se decidió calificar como sensible la información relativa al cambio de sexo de una persona.

- En votación la indicación número 89, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

La indicación número 90, de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, suprime la expresión “, ya sea que el requirente sea un adulto o un niño, niña o adolescente.”.

- La indicación número 90, fue rechazada por tres votos de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, uno a favor de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe y la abstención del Honorable Senador señor Ossandón.

La indicación número 91, de Su Excelencia la Presidenta de la República, agrega un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“En todo caso, la persona que haya rectificado su sexo y nombre, así como quienes gocen de su autorización expresa o de orden judicial emitida al efecto, podrán solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que se emitan certificados de nacimiento de sus hijos y/o de matrimonio de su ex cónyuge, en que conste la subinscripción relativa a su rectificación de sexo y nombre por motivo de identidad de género. Dichos certificados se consideran datos sensibles.”.

- En votación la indicación número 91, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón.

- Como consecuencia de haberse aprobado las indicaciones 89 y 91, se da por rechazada con la misma votación, la indicación 133 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

La indicación número 92, del Honorable Senador señor Navarro, agrega nuevo artículo del siguiente tenor:

“ARTÍCULO ….- DEBER DE ADAPTACIÓN DEL ESTADO.

Es deber del Estado generar políticas públicas respetuosas, inclusivas e integradoras en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, los estamentos del Estado eliminarán toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental, central, regional o comunal y el empleo en funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización, a fin de contrarrestar las actitudes discriminatorias al interior de su planta funcionaria como también en la atención general del servicio.”.

La indicación número 93, de la Honorable Senadora señora Muñoz, agrega el siguiente nuevo artículo:

“ARTÍCULO ….- PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY. Los órganos de la Administración del Estado adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en esta ley. Para ello deberán elaborar planes que señalen las acciones respectivas, especialmente en lo referido a la información del procedimiento judicial de rectificación de sexo y/o nombre. Deberán, asimismo, propender a asegurar la disponibilidad, al menos en la red pública de salud, de las prestaciones referidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno hizo presente que las indicaciones 92 y 93 son inadmisibles, porque irrogan mayores gastos para el Estado.

El Honorable Senador señor Navarro estimó que es fundamental que el Estado contemple políticas inclusivas e integradoras, por lo que pidió a la Comisión votar la admisibilidad de las indicaciones números 92 y 93.

- En votación la admisibilidad de las indicaciones números 92 y 93. Votaron en contra los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Letelier y Ossandón, y a favor el Honorable Senador señor Navarro.

En consecuencia, las indicaciones números 92 y 93 fueron declaradas inadmisibles, por cuanto versan sobre una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política del Estado.

TÍTULO V, NUEVO

La indicación número 94, de Su Excelencia la Presidenta de la República, agrega antes del artículo 14, nuevo, el siguiente título:

“Título V

Adecuación de otros cuerpos legales”.

- La indicación número 94 fue aprobada por tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier y la abstención de los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

En el nuevo plazo para formular indicaciones, se presentó la indicación número 94a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar antes del artículo 14, nuevo, el siguiente título:

“Título V

Adecuación de otros cuerpos legales”.

En este nuevo plazo, se presentó la indicación número 94b, del Honorable Senador señor Allamand, que incorpora un nuevo título V, del siguiente tenor:

“Título V

De la adecuación de otros cuerpos legales”.

Estas indicaciones ya fueron aprobadas por la Comisión, en su oportunidad.

- En votación las indicaciones números 94a y 94b fueron aprobadas, esta última con modificaciones, por cuatro a favor de los Honorables Senadores señores Allamand, Montes, Navarro y Pizarro, y uno en contra de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe.

ARTÍCULO 14

El artículo 14 aprobado en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 14. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO PERSONAL.

Todas las personas, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa y sin perjuicio de lo que establece esta ley sobre el derecho a solicitar la rectificación de su partida de nacimiento y documentos de identificación por cambio de sexo y/o nombre cuando no coincidan con su Identidad de Género, podrán, si lo estiman necesario, acceder a intervenciones quirúrgicas o a los tratamientos integrales hormonales que deseen para adecuar su cuerpo a su Identidad de Género, bastando para ello que la persona preste su consentimiento informado, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.584. Lo anterior, deberá sujetarse a la cobertura del respectivo sistema de previsión de salud, conforme a lo establecido por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, junto con las garantías de salud consagradas en la ley N° 19.966.

En todo caso, deberá velarse por el respeto de los derechos establecidos en la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes.”.

La indicación número 95, del Honorable Senador señor Chahuán, propone eliminarlo.

- La indicación número 95 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Matta, Navarro, Letelier y Ossandón.

La indicación número 96, de Su Excelencia la Presidenta de la República, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL.

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma (;).

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto (.) por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.”.

- En votación la indicación número 96, fue rechazada por la mayoría de los miembros de la Comisión. Votaron por la negativa los Honorables Senadores señores Matta, Navarro y Letelier, y por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón.

- Posteriormente, con ocasión de haberse aprobado la indicación 96a, se da por aprobada con modificaciones y con la misma votación, la indicación 96.

- Como consecuencia de haberse aprobado las indicaciones 95 y 96, se dan por rechazadas con la misma votación, las indicaciones 141 y 143 del boletín VII, de fecha 13/07/2015, correspondiente al segundo informe.

La indicación número 96a, de Su Excelencia la Presidenta de la República, lo reemplaza 14 por el siguiente:

“Artículo 14. MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, INTRODUCIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY N° 19.947, QUE ESTABLECE NUEVA LEY DE MATRIMONIO CIVIL, EN EL SIGUIENTE MODO:

a) Reemplázase en el N° 3°, la expresión “, y” por punto y coma.

b) Reemplázase en el N° 4°, el punto por la expresión “, y”.

c) Agrégase el siguiente N° 5°, nuevo:

“5° Por sentencia firme que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre, de la partida de nacimiento y documentos de identificación, por razón de identidad de género. A partir de ella, los ex cónyuges recuperan el estado civil que poseían antes de contraer el matrimonio que termina por esta causal.”.”.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno explicó que esta indicación es concordante con la indicación número 63a, que fue aprobada por la Comisión. En particular, informó que incluye como una nueva causal de término del matrimonio la dictación de una sentencia firme que acoge una solicitud de cambio de sexo.

- En votación la indicación número 96a, fue aprobada por mayoría, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Allamand, Montes y Pizarro, y por la negativa el Honorable Senador señor Navarro.

La indicación número 97, del Honorable Senador señor Navarro, lo reemplaza por el siguiente: