MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Santiago, 04 de julio de 2016.

MENSAJE Nº 110-364/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente proyecto de ley de Educación Superior, que viene a reformar completamente el régimen jurídico del sector.

I. ANTECEDENTES

1. La Reforma Educacional en Marcha

En las últimas décadas, Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa, tales como, altos niveles de cobertura en todos sus niveles e inversión en infraestructura y equipamiento. Dichos logros son una parte de la tarea cumplida como país.

Sin embargo, aún nos queda mucho por avanzar. Nuestra sociedad se encuentra en una etapa de su desarrollo marcada por grandes desafíos, para avanzar hacia un país más sustentable en el ámbito cultural, material, social y ambiental, y en ello el sistema educacional está llamado a constituir un pilar fundamental.

Mejorar transversalmente la calidad en todos los niveles educativos, entendida esta de manera integral, y reposicionar la educación pública en todo el territorio, construyendo un sistema más integrado y equitativo, con un diseño que no implique una carga financiera insostenible para los estudiantes y sus familias, han sido parte de los objetivos que este Gobierno se ha trazado para avanzar en asegurar una educación que nos permita construir un país más justo e inclusivo.

Es por eso que hemos trabajado en una reforma educacional en todos los niveles, la que hemos materializado a través de distintos proyectos de ley.

Respecto de la educación parvularia, el año 2015 se creó una Subsecretaría para el diseño de la política del sector y una Intendencia para la fiscalización de la normativa, además de establecerse nuevos estándares de calidad para el funcionamiento de los establecimientos educacionales para este nivel.

En relación a la educación escolar, el año 2015 se aprobó la ley N° 20.845, de Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, destacándose el establecimiento de la gratuidad progresiva de la educación escolar y el aumento de los recursos destinados a elevar su calidad.

Actualmente, en el H. Congreso Nacional se discute el proyecto de ley que Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales, Boletín N° 10.368-04, que estatuye una Nueva Educación Pública, contemplando el traspaso de las escuelas municipalizadas hacia nuevos Servicios Locales de Educación Pública especializados y la creación de Consejos Locales de Educación que considera la participación de la comunidad en la administración de las escuelas.

Sabemos que los profesores cumplen un rol fundamental en el aprendizaje de los estudiantes y es por eso que, a partir del nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente estatuido en virtud de la ley N° 20.903, se establecerán, desde 2017, nuevas exigencias para el ingreso de los estudiantes a las carreras de pedagogía y el cumplimiento de estándares mínimos para las instituciones que quieran impartirla, además de aumentar en promedio un 30% la remuneración de los educadores.

En materia de Educación Superior, los cambios se han ido sucediendo desde el inicio de nuestro Gobierno. Durante los 100 primeros días de esta administración pusimos en marcha el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), que permite que los estudiantes meritorios de los colegios más vulnerables puedan contar con un cupo asegurado en una institución de educación superior.

Lo anterior no es todo, ya que el año 2015, en virtud de la ley N° 20.842, se crearon dos universidades estatales nuevas, a saber: la Universidad de O´Higgins en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y la Universidad de Aysén en la en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que ya han iniciado sus actividades de instalación este año 2016.

Además, en marzo de este año promulgué la ley N° 20.910, que Crea quince Centros de Formación Técnica Estatales, como parte de la estrategia de cobertura territorial de educación pública en todos los niveles durante 2016.

Junto con lo anterior, a través de la ley N° 20.890 modificamos la ley N° 20.882, Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2016, incorporando en la respectiva glosa el inicio a la gratuidad en la educación superior de pregrado, idea que se consolida en el presente proyecto de ley. Treinta universidades acogieron el desafío, beneficiando a más de 130 mil estudiantes vulnerables, cantidad que buscaremos incrementar en los próximos años. Para el año 2017 pondremos especial énfasis en incorporar en esta política a las instituciones de educación superior del subsistema técnico profesional.

Este es un momento crucial para Chile. Nos enfrentamos a cambios que tendrán repercusiones importantes en el futuro de nuestros hijos y nietos. Como Gobierno ya hemos optado por poner en marcha las transformaciones que la sociedad nos demanda, para cumplir nuestro compromiso de hacer de Chile un país de más y mejores oportunidades

El presente proyecto se formula desde tres ejes conceptuales, los que constituyen las bases para la construcción de un sistema de educación superior.

En primer lugar, destacamos la búsqueda permanente de calidad, elemento indispensable que habilita a la educación superior para dar respuesta a lo que el país demanda de este sector. Sin calidad la educación superior no cumple las expectativas de la sociedad y vulnera la fe puesta en ella por las familias.

Se busca, también, que las instituciones retomen la tradición que las ha caracterizado, como un espacio de encuentro de diferentes visiones de sociedad.

El segundo eje, corresponde a la equidad e inclusión, haciéndose cargo del hecho de que los talentos están igualmente distribuidos entre toda la población, que estos son necesarios para la construcción de la sociedad y que la diversidad social y cultural que aporta la inclusión constituye un ingrediente esencial en la construcción de la democracia. Es decir, todos somos necesarios.

Este objetivo se aborda avanzando hacia la gratuidad de la educación superior estableciendo un camino definido con arreglo a las capacidades del país. Este proyecto elimina así las barreras financieras que tradicionalmente han discriminado a los sectores de nuestra población de menores recursos. Pero, también, todos somos conscientes que existen otras barreras, como, por ejemplo, los sistemas de acceso que reproducen las desigualdades socioeconómicas, arrastrando las desigualdades de la educación escolar. Estas características del sistema han postergado el acceso real a las oportunidades de desarrollo personal, perpetuando de paso una sociedad segregada.

Igualmente, valoramos, respetamos y promovemos que la pluralidad de visiones que se ve representada en los diversos tipos de instituciones se mantenga.

El tercer eje corresponde a la pertinencia del quehacer de la educación superior, que establece el desafío de mantener un vínculo estrecho y permanente con las necesidades presentes y futuras del país y sus regiones. Sin perjuicio de la autonomía que se reconoce y respeta, existe un contexto cultural, una sociedad y un conjunto de necesidades que requieren atención preferente y permanente de parte de las instituciones de educación superior.

Las Universidades contribuyen con investigación aplicada y orientada a estos objetivos, pero también con la investigación básica y de frontera, que nos permite conocer mejor el mundo y el universo, y ayudan a comprendernos a nosotros mismos como sociedad. A la vez, la reflexión sobre los grandes temas nacionales, el cultivo de las artes y las humanidades y la preservación del patrimonio cultural y natural, contribuyen a la construcción de nuestra identidad. Por su lado, las instituciones de formación técnico-profesional realizan un aporte invaluable, al potenciar las capacidades para el aprendizaje continuo y una inserción positiva en el mundo productivo.

La educación es un derecho fundamental, tiene un valor público innegable y está en la base de una sociedad más justa, democrática y participativa. Es necesario alinear el proceso educativo con el deseo de formar ciudadanos más libres y creativos, más solidarios e integrados en una sociedad justa. Este es el país que soñamos, y el vehículo para llegar a ese puerto es una mejor educación en todos sus niveles.

A esta tarea están convocadas todas las instituciones: las universidades del Estado y las demás que forman el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas por su reconocida tradición de aporte al espacio de lo público, aquellas privadas que quieran sumarse a este esfuerzo y las del ámbito técnico profesional.

2. Breve historia de la educación superior

La matriz del sistema de educación superior chileno viene de la fundación misma de la República y de la formación del Estado Nacional. En 1842 se separaron los estudios secundarios de los universitarios, creándose la Universidad de Chile. Tras su fundación, la Universidad de Chile encarnó las misiones de dirección y superintendencia de las otras instituciones educativas del país, cumpliendo de manera simultánea con la creación de conocimiento y la formación profesional.

En las postrimerías del siglo XIX se discutía respecto de la laicidad de la educación y la autonomía de la universidad. Existía una clase dirigente que abogaba por otorgar mayores grados de autonomía a la universidad, lo que finalmente quedaría plasmado en la ley. Así se consagró la libertad de enseñanza, entendida como el valor del pluralismo ideológico y la universalidad del conocimiento. En medio de esta discusión nace la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundada en el año 1888.

En el año 1927, el Ministerio de Educación Pública, ahora separado del antiguo Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, conduciría el sistema en su conjunto, bajo la idea fuerza de que la educación era una función del Estado, mientras que la educación privada era su colaboradora. En el plano de la educación superior, este concepto a la vez respondió al hecho de la creación de universidades privadas. La educación superior se refuerza con la fundación y desarrollo de nuevas universidades privadas reconocidas por la ley y la creación de la Universidad Técnica del Estado en 1951. Esta última hereda la tradición de la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1849, la Escuela de Ingenieros Industriales, y del Instituto Pedagógico Técnico. Cabe destacar que paralelamente se creaba la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en el contexto de fomento estatal a la producción e industrialización a mediados del siglo XX. Ello reflejó un crecimiento de la demanda por educación superior y por un enriquecimiento del acervo intelectual y científico que las universidades debían proveer.

El año 1954, según lo dispuesto por la ley N° 11.575, las universidades estatales y privadas existentes se reunieron en lo que hasta el día de hoy se conoce como el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH). Éste ha jugado un papel esencial en el desarrollo de la educación superior chilena, constituyéndose en un permanente referente de calidad y sentido público de la educación universitaria dando garantías de fe pública a la sociedad.

En 1967, la reforma universitaria impulsó cambios profundos: una nueva forma de organizar la docencia, procurando pasar desde procesos de aprendizajes profesionalizantes hacia una formación más amplia y humanista; la promoción de la investigación científica y tecnológica; y la reorganización de la institucionalidad interna pasando de una organización basada en carreras a otra orientada a departamentos que acogen la función de investigación.

Entre 1967 y 1973, el sistema se diversificó en sus instituciones, se expandió por el territorio nacional, y experimentó la mayor expansión de la matrícula en la historia de la educación superior, hasta alcanzar una cobertura en torno al 15% en 1973, pasando de 26.016 estudiantes en 1960 a 143.966 en 1974.

Buena parte de este crecimiento se debió a la ampliación del sector Técnico Profesional, con la instalación de sedes de la Universidad Técnica del Estado en distintos lugares del país y la creación de INACAP, que alcanzaron cobertura nacional.

Junto con lo anterior, se iniciaron procesos de democratización interna de las universidades que posibilitaron una participación más activa de la comunidad universitaria, mayor autonomía y compromiso con la sociedad.

A partir de 1981, la dictadura militar impulsó una contrarreforma que cambió nuevamente el rumbo del sistema de educación superior, reemplazando el rol central del Estado en la dirección y supervisión del sistema por los mecanismos de mercado, impulsando un proceso gradual y sostenido de aumento de la participación privada en la educación superior.

A nivel de las instituciones, una de las primeras acciones fue la intervención de las universidades y la designación de rectores delegados, seguidas del desmembramiento de las dos universidades estatales y sus respectivas sedes a lo largo del país (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado), dando origen a ocho universidades derivadas y cuatro institutos profesionales autónomos, que posteriormente se transformaron en universidades. A este desmembramiento también fue sometida la Universidad Católica, transformando sus sedes regionales en 4 nuevas universidades, profundizando así la atomización dela educación superior del país. Se impusieron severas restricciones a la autonomía académica, y a la gestión financiera y administrativa. El número de estudiantes matriculados en educación superior se redujo en un quinto.

El esquema de financiamiento fue modificado sustancialmente, transitando desde un sistema unitario y basal a otro diversificado y competitivo (Salazar y Leihy, “El Manual Invisible: tres décadas de políticas de educación superior en Chile (1980-2010)”, 2013), consolidándose de esta forma un sistema basado en aranceles definidos por cada casa de estudios, apoyado con ayudas estudiantiles tales como becas y créditos. Este nuevo esquema de financiamiento del sistema contribuyó a la proliferación de instituciones privadas, las que respondieron a las demandas de sectores emergentes a través de una fuerte diversificación de proyectos institucionales y una diferenciación de tipos de instituciones [Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y Universidades].

Tras el retorno a la democracia, las políticas en educación superior, impulsadas por la Concertación de Partidos por la Democracia, buscaron elevar los niveles de exigencia en materia de fiscalización y aseguramiento de la calidad, pero en un marco de claras insuficiencias en las facultades que otorga la ley y en la inexistencia de las instituciones necesarias para ello.

3. Desafíos del Proyecto

Hoy nos enfrentamos como sociedad a importantes desafíos para robustecer el sistema de educación superior, los que resultan ineludibles para avanzar de manera firme hacia etapas más consolidadas de desarrollo.

El panorama general es que, si bien existe una masificación de la cobertura, los estudiantes se distribuyen en las distintas instituciones de educación superior según sus capacidades de pago y los instrumentos de selección que existen (o no) en estos establecimientos. Por otra parte, el crecimiento desregulado de planteles y carreras ha dificultado que dicho proceso se realice bajo normas claras de calidad y pertinencia. Todo lo anterior bajo un estancamiento de la cobertura pública en la educación superior.

a. Institucionalidad

Los avances alcanzados en el país en educación superior no han tenido como contrapartida un fortalecimiento de la institucionalidad.

El país carece de instancias para la definición de objetivos y horizontes compartidos, capaces de orientar el desarrollo de la educación superior en un horizonte de largo plazo. En consecuencia, las instituciones de educación superior han operado como partes inconexas entre sí y movidas por diferentes intereses.

La falta de objetivos y principios del sistema de educación superior, así como la inexistencia de definiciones claras respecto de los quehaceres y fines de las instituciones, implica que éstas sólo responden a definiciones autoimpuestas. Al mismo tiempo, la calidad se observa en una medida de logro entre la consistencia interna y externa de las instituciones de educación superior. Esta forma de concebir la calidad, si bien permite acotar la noción en función del quehacer institucional, es insuficiente para sustentar y orientar al sistema de aseguramiento de la calidad en su conjunto.

Por otra parte, el sistema de control de las normas y, en particular, el resguardo de la fe pública en el uso de los recursos públicos, son claramente deficitarios. Este asunto ha cobrado relevancia en relación con el hecho de que la legislación prohíbe el lucro en las universidades, pero existe una percepción generalizada que en muchos casos no se cumple, lo que motivó dos comisiones investigadoras de la H. Cámara de Diputados en los últimos años.

b. Equidad en el acceso

La promoción de políticas de acceso, como una de las principales prioridades de los últimos gobiernos, ha contribuido a generar nuevas y mayores oportunidades a estudiantes y trabajadores para ingresar a la educación superior. Así, el impacto más significativo y visible en la educación superior ha sido la masiva entrada de estudiantes a las distintas instituciones, aumentando los niveles de cobertura, alcanzando su fase de masificación avanzada con una cobertura neta del 39,3%, similar al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cabe señalar que, la ampliación de la matrícula se ha producido mayormente en los planteles técnicos, los que han absorbido la demanda por estudios superiores de los sectores antes excluidos, produciéndose al mismo tiempo la ampliación de la matrícula con la segregación social.

No obstante, el proceso de masificación ha sido incapaz de reducir suficientemente la brecha de oportunidades entre grupos sociales. En efecto, mientras que un 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años del décimo decil acceden a la Educación Superior, de los jóvenes del 50% más pobre sólo accede cerca de un 30%. Esto todavía consolida y reproduce la marcada desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, lo que tiene efectos que resultan problemáticos: desintegración que dificulta la cohesión social; diferencias de poder que establecen brechas de influencia; y, culturas fragmentadas que impiden el entendimiento, entre otros problemas.

Lo anterior es producto de la inequidad en los instrumentos de acceso, siendo uno de los desafíos del sistema que los contiene no sólo permitir un acceso más igualitario a la Educación Superior, sino también lograr una mayor permanencia y trayectoria formativa de los estudiantes.

El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, en su contribución permanente a la calidad del sistema, creó el Sistema Único de Admisión (SUA) al que adscriben sus instituciones y nueve universidades privadas. Sólo estas instituciones cuentan con un sistema de postulación y admisión claro. Asimismo, el CRUCH estableció como instrumento la Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuyos resultados se ponderan con las notas de enseñanza media y con el Ranking de Notas. Aun así, las pruebas estandarizadas (PSU) que solo miden conocimientos, no consideran apropiadamente los estudiantes provenientes de la Educación Media Técnico Profesional y trabajadores, y sus resultados están altamente correlacionados con el origen socioeconómico de los postulantes, reforzando con ello la reproducción en el tiempo del patrón de segregación.

Por el contrario, las universidades que no participan del SUA, así como los institutos profesionales y los centros de formación técnica, no cuentan con procesos claros y conocidos de admisión y la información que manejan los estudiantes es dispersa e insuficiente. Asimismo, emplean procedimientos no necesariamente basados en el mérito académico, sino que, más bien, en el orden de llegada o la capacidad de pago.

En consecuencia, no es posible conocer el perfil real de todos los estudiantes que ingresan a la educación superior y, por tanto, es imposible evaluar correctamente el aporte de las instituciones a la formación de sus estudiantes. Asimismo, esa carencia impide el diseño de procesos de acompañamiento o de apoyo que refuercen el desempeño académico en la permanencia del estudiante en la carrera o programa.

c. Diversidad

El proceso de masificación ha tenido como contrapartida una fuerte diferenciación y diversificación a nivel institucional y de programas de estudio. Esto se ha expresado, por una parte, en el aumento de instituciones privadas con diferentes proyectos y misiones institucionales y, por otra, en la creación de programas de estudio en todos los niveles formativos. El sistema actual cuenta con cerca de un millón doscientos mil estudiantes en alrededor de ciento cincuenta instituciones. Si bien esta diversidad, en los dos ámbitos señalados, es una característica valiosa del sistema, por cuanto refleja una capacidad para responder a las múltiples demandas del entorno, ha emergido sin un resguardo de su calidad y pertinencia.

Este proceso se da con el marco regulatorio creado por la reforma de los años ochenta, lo que facilitó la creación de instituciones privadas en un contexto de escasa regulación. De esta forma, existen instituciones que no han acreditado su calidad frente a la sociedad, no obstante continúan entregando títulos y grados.

Como contrapartida, hay una cada vez menor matrícula estatal en comparación con el resto del sistema. En 2014 ésta cubría un 25% de los estudiantes universitarios, mientras que en las universidades privadas pertenecientes al CRUCH alcanzaba un 20% y en el resto de las universidades privadas un 55%. A modo de comparación, la participación promedio de la matrícula por tipo de instituciones, para el conjunto de los países de la OCDE, es de 71% en universidades estatales, 14% en universidades privadas con aportes del Estado y 15% en universidades privadas.

En síntesis, las carencias que exhibe el sistema de educación superior en la actualidad son amplias y diversas. Si bien existe una masificación de la cobertura, los estudiantes se distribuyen en las distintas instituciones de educación superior según sus capacidades de pago. Todo lo anterior bajo un estancamiento de la cobertura pública en la educación superior.

Este examen de las carencias del sistema de educación superior lleva a una necesaria consideración de aspectos específicos que requieren de una profunda discusión.

d. Aseguramiento de la calidad

El aseguramiento de la calidad en Chile tiene un largo camino recorrido. El actual sistema de aseguramiento de la calidad ha sido un avance importante en materia de fomento y mejora continua para las instituciones del sistema de educación superior. Aun así, enfrenta muchos desafíos. Hay debilidades y vacíos que cabe abordar para el robustecimiento del sistema: la voluntariedad en las acreditaciones, excepto en carreras de medicina y pedagogía; la falta de relación entre acreditación institucional y la de programas, los conflictos de interés observados en la actual institucionalidad, entre otros

Adicionalmente, el sistema de aseguramiento de la calidad ha operado sin estándares explícitos, lo que ha significado, en definitiva, la expansión de una diversidad de instituciones sin que se haya constatado el cumplimiento de condiciones mínimas para poder operar en un sistema, tanto a nivel institucional como a nivel de carreras y programas.

Por su parte, que el proceso de acreditación sea voluntario ha conducido a un desequilibrio, generando brechas de calidad al interior del sistema de educación superior que perjudican las expectativas de estudiantes y sus familias. De esta forma, el hecho de que no se garantice que los títulos y grados que ofrecen certifican aprendizajes explícitos y reconocidos, que confieren a quienes los obtienen la posibilidad de ejercer funciones ciudadanas y profesionales, lesiona la legitimidad y confianza en las instituciones de educación superior. Uno de los elementos más confusos que presenta el actual modelo de acreditación es la escala continua de años utilizada para los resultados de la evaluación externa, siendo de difícil comprensión para la sociedad. No es claro lo que significa un año más o un año menos en las decisiones de acreditación. Junto con ello, en algunas ocasiones, debido a la presión que conlleva el acceso a financiamiento, se han acreditado instituciones solo por uno o dos años, lo que profundiza la confusión respecto de lo que significa la acreditación, en especial para los estudiantes que entran a carreras de mayor duración.

Finamente, la estructura de gobierno de la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA) favorece los conflictos de interés, debido a que los comisionados son nombrados como representantes de los sectores de la educación superior a los que deben vigilar y acreditar.

A pesar de los problemas descritos, el sistema es reconocido como de alto nivel y prestigio en la región. Contamos con instituciones que aparecen en los primeros lugares de la región en diversos rankings internacionales, que miden tanto resultados como reputación. Asimismo ocupamos el cuarto lugar de América Latina en producción científica, superados sólo por países que nos sobrepasan ampliamente en población y número de instituciones de Educación Superior. Si bien la producción científica y la innovación han estado impulsadas principalmente por las instituciones del Estado, en las últimas décadas, gracias a los instrumentos de financiamiento estatales, el sector privado ha comenzado a contribuir en esta materia. Asimismo, debido a la distribución territorial de las instituciones, especialmente de las estatales, la producción científica se realiza con un importante impacto regional y local.

e. Hacia un nuevo modelo de Financiamiento

Las características que adquieren los esquemas de financiamiento se relacionan estrechamente con la concepción de educación que prevalece en la sociedad. En los casos donde predomina el uso del mercado como instrumento principal de política, los instrumentos de financiamiento privilegian la competencia como mecanismo central para la distribución de recursos.

Esta forma de financiamiento se sustenta por el argumento de que el paso por este tipo de formación supondría un beneficio individual que justifica el pago de un arancel y por cierta evidencia empírica que muestra que los salarios de quienes tienen educación superior superan los de quienes no acceden a ese nivel educativo. Sin embargo, hay que mencionar también, que esta posición ignora o minimiza el hecho de que la educación superior, no sólo crea un bien privado, sino también constituye un beneficio para la sociedad, en la medida que contribuye con profesionales con la capacidad de participar del mundo productivo, social, político, económico, cultural y ciudadano.

Por otra parte, el enfoque que privilegia la lógica de mercado y la competencia como mecanismo de asignación de recursos en la educación superior adolece de una falla fundamental, cuál es la calidad. La calidad es una variable compleja que, en general, sólo se observa definitivamente cuando ya se ha incurrido en el gasto y ha transcurrido un tiempo, de forma tal que es prácticamente imposible revertir o contrarrestar los efectos de una baja calidad de la educación entregada. Ello está en la base de la falla del paradigma de mercado en este caso. De este modo, tal como se dio en Chile, la competencia no se da sobre la base de atributos de calidad, sino que en base a la publicidad.

A su vez el gasto público en educación superior, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), en 2010 alcanzó un 0,7% mientras el promedio de los países de la OCDE para el mismo año fue de 1,3% (OCDE, 2013). Si bien el Estado chileno ha incrementado el gasto en educación superior de forma persistente durante los últimos años, los esfuerzos financieros realizados no han sido suficientes para aliviar la carga de los estudiantes y sus familias. En efecto, el 65% del financiamiento de la educación superior es de fuente privada, es decir, la fuente principal del financiamiento de las instituciones de educación superior son las familias, incluso en el caso de las universidades estatales.

A estos fenómenos se suma el hecho de que el Estado ha entregado un creciente financiamiento a los estudiantes para cubrir aranceles, los que han sido fijados libremente por las instituciones. Esto ha provocado un alza sistemática y extrema del valor de las carreras. Según la OCDE (2014), los aranceles promedio cobrados en Chile están entre los más altos, cuando se les compara con los recaudados en el resto de los países que conforman esta organización internacional. Lo anterior, sumado a la diversidad de instituciones de educación superior, supone la existencia de una gran variedad por tipo de institución. Sin embargo, esto es mucho más heterogéneo a nivel de carreras y programas, donde se observan agudas diferencias en los aranceles cobrados, que no se justifican por diferencias de calidad de la educación entregada.

En suma, el sistema de financiamiento actual ha generado un aumento de la cobertura, asociado a un gasto mayoritariamente privado, que ha evolucionado en los últimos años hacia un incremento del gasto fiscal. No obstante, el sistema de financiamiento introducido presenta fallas fundamentales en el cumplimiento de su cometido y acarrea importantes problemas sociales, culturales y económicos que dificultan y postergan el desarrollo de la educación superior en términos de calidad, equidad, pertinencia, igualdad de oportunidades y no discriminación.

f. Fortalecimiento del Sistema Estatal

La privatización de la educación superior ha significado, en la práctica, la concentración de la matrícula en las instituciones privadas, dejando rezagadas a las instituciones públicas en todos los niveles.

Las universidades estatales cumplen un rol central en la estructura del Sistema, cuestión que hoy no está definida en la ley.

Hoy Chile cuenta con una Universidad Estatal prácticamente en todas las regiones del país, y pronto un CFT en cada una de ellas. No obstante, la relación entre estas y el Estado no está adecuadamente desarrollada en la ley. Ello deja en terreno indefinido la responsabilidad del Estado con sus instituciones, como tampoco se reconoce que son instituciones del Estado que la sociedad ha creado para el desarrollo del país. Que mediante ellas se puede garantizar el pluralismo de las ideas y las visiones sobre el devenir del país y apoyar la implementación de las políticas públicas en todo el territorio nacional. Que teniendo institutos de formación técnica estatal se pueden implementar las articulaciones entre niveles y entre instituciones del sistema estatal completo.

Por otro lado, la mayoría de los estatutos de las Universidades del Estado fueron impuestos durante la dictadura militar y, a la fecha, salvo excepciones, no han podido ser actualizados. Ello implica, en muchos casos, que no reflejan el necesario pluralismo y la democracia propia de la vida en comunidad.

En suma, de este examen de las carencias del sistema de educación superior, podemos concluir que hay una serie de aspectos específicos que requieren de una profunda discusión. El presente proyecto propone abordar los siguientes temas claves: una nueva institucionalidad y regulación del sistema de educación superior, el sistema de acceso, el mejoramiento de la calidad, la inclusión y el financiamiento.

II. OBJETIVOS

La ley que se propone al H. Congreso Nacional tiene los siguientes objetivos generales.

1. Consolidar un Sistema de Educación Superiora. Principios y definiciones

Para constituir un sistema de educación superior, es necesario definir ciertos principios orientadores que le den coherencia y sentido.

La propuesta, como ha sido la tradición en la mayor parte de la historia de la educación superior, se basa en el respeto de la autonomía, de la diversidad de visiones y proyectos educativos, con actores públicos y privados, al tiempo que se promueve la pertinencia del quehacer de las instituciones, procurando su estrecha vinculación con las necesidades del país y sus desafíos presentes y futuros.

A su vez, el país exige construir una sociedad más inclusiva, que reconoce que los talentos están distribuidos entre toda la población y reclama mayor equidad y participación en el sistema de educación superior.

Es preciso establecer principios orientadores que garanticen la cautela de la fe pública depositada en estas instituciones, promoviendo mejoras continuas de calidad y la transparencia en el uso de los recursos.

Es conveniente establecer mejores definiciones de las universidades e instituciones técnico-profesionales, de manera que se constituyan en pilares complementarios de la formación de las personas y en la cadena de creación, transferencia tecnológica e innovación.

b. Elevar la capacidad para formular políticas y coordinar el sistema de educación superior

El proyecto define un sistema de educación superior con una mayor capacidad coordinadora de todas las instituciones del sector y de sus funciones, y fortalece las capacidades del Estado, creando instituciones que le permitan cumplir efectivamente con el resguardo de la fe pública.

En este contexto, se propone establecer una Subsecretaría de Educación Superior, con las facultades para definir y desarrollar políticas públicas para el sector, administrar el sistema de acceso a la educación superior, los instrumentos de financiamiento público, participar en la definición de las orientaciones sobre calidad, y coordinar a los demás organismos del Estado que integran el sistema de aseguramiento de la calidad, entre sus principales funciones.

En un sector complejo en sus funciones y diverso en sus proyectos individuales, es muy relevante dotar al sistema de un orden sobre los títulos, grados y demás certificaciones que permitan dar transparencia a los perfiles de egresados y coherencia de estos con los perfiles de los trabajos que ofrece el sector laboral.

Este objetivo se puede abordar mediante el desarrollo e implementación progresiva, por parte de la Subsecretaría de Educación Superior un Marco Nacional de Cualificaciones, siguiendo con ello la experiencia internacional, que poco a poco avanza en la implementación de este instrumento.

2. Dar garantías de calidad y resguardo de la fe públicaa. Acreditación obligatoria y mayor transparencia

El objetivo general de mejorar el aseguramiento de la calidad es especialmente complejo, de gran dinamismo, que involucra varias funciones radicadas en organismos específicos del Estado.

En esta materia, un objetivo específico es mejorar la coordinación entre los organismos del Estado, mediante el fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Respecto de la evaluación y acreditación de la calidad de las instituciones de educación superior, el objetivo es crear una nueva institución, llamada Consejo para la Calidad, que cumpla con el propósito de que el Estado garantice la fe pública, definiendo los estándares asociados a la certificación de la calidad y que, a la vez, se constituya como una institución con alto grado de autonomía en las decisiones respecto de la evaluación de las instituciones basada en esos estándares.

Varios objetivos específicos contribuyen a asegurar la calidad de las instituciones.

i. Elevar el estándar exigiendo la obligatoriedad en la acreditación de las instituciones de educación superior;

ii. Establecer una acreditación integral de la institución, de manera que dé cuenta de su calidad general, promoviendo una calidad homogénea en todas sus carreras, programas, sedes y otras funciones;

iii. Mejorar la transparencia y homologación de la calidad, así como la pertinencia e innovación en los planes de estudio, introduciendo criterios de calidad y estándares asociados para todas las dimensiones que se deben evaluar en una institución de educación superior.

iv. Mejorar la transparencia e información que las instituciones entregan a la sociedad.

b. Prohibición efectiva del lucro, y supervisión con resguardo de la autonomía

El proyecto busca corregir las insuficiencias del actual marco regulatorio, que han posibilitado prácticas que han redundado en la extracción de rentas desde las instituciones de educación superior en las que el lucro se encuentra prohibido. Ello constituye un serio quebrantamiento del espíritu de la ley y de la fe pública depositada en estas instituciones cuando les fue otorgado el reconocimiento oficial.

El objetivo de que los recursos destinados a la educación superior se inviertan en sus fines, debe alcanzarse considerando la naturaleza pública y privada de las instituciones de educación superior, la diversidad en sus misiones y la complejidad de sus funciones, que necesariamente las lleva a vincularse con el medio a través de múltiples interacciones con otros actores e instituciones de los ámbitos de la producción, la investigación, la creación científica y artística. En varios casos esas interacciones son inherentes a la misión de potenciar las capacidades humanas. El desafío consiste en que en dichos procesos no se vulnere la fe pública ni se violen las leyes.

Para lograr dichos objetivos, el proyecto propone medidas que ya están presentes en la legislación chilena en otros ámbitos de protección de la fe pública y del interés social, y que aplicadas adecuadamente al ámbito educacional apuntan a prevenir, desincentivar y sancionar conductas que van en detrimento de los fines de las instituciones de educación superior y que vulneran la fe pública depositada en ellas.

Para la fiscalización de esta y las demás normas de esta ley, el proyecto propone crear una Superintendencia de Educación Superior.

3. Promover la equidad e inclusióna. Financiamiento gratuito de la educación superior

La propuesta persigue cumplir con el objetivo de construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Con ese fin el proyecto busca aliviar la carga financiera de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior y, mediante ello, potenciar sus capacidades y aumentar en forma duradera sus posibilidades de mayor bienestar, confianza y seguridad en el futuro. El financiamiento público necesario para alcanzar este objetivo conlleva un esfuerzo fiscal de gran magnitud que sólo es posible de alcanzar en forma paulatina.

Los requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior para acceder a la gratuidad, consideran exigencias de calidad y cumplimiento de las normas que prohíben en lucro, toda vez que el objetivo es que los recursos públicos se empleen en otorgar una educación de calidad creciente y en cumplimiento con los fines educativos para los cuales fue otorgado el reconocimiento oficial.

b. Desarrollo de un sistema de acceso

Para lograr una mayor equidad e inclusión se debe mejorar la forma en que los estudiantes acceden a la educación superior. Para ello se deben establecer varios objetivos específicos:

i. Que la información de la oferta académica sea transparente, clara y disponible para todos los estudiantes por igual;

ii. Que los procesos de acceso den garantía de ser justos;

iii. Que se respeten las preferencias de los estudiantes, la autonomía de las instituciones y la especificidad propia de las carreras y programas, y de la educación universitaria y técnica profesional, y

iv. Que el sistema de acceso permita implementar políticas públicas orientadas por la promoción de la calidad y el desarrollo del país.

4. Fortalecer la educación superior estatal

El objetivo de proveer un sistema de educación mixto y diverso requiere contar con un conjunto de instituciones estatales fortalecido que desarrolle todas sus funciones bajo los principios propios del servicio público.

a. Relación con el Estado

El fortalecimiento de la educación superior estatal es un objetivo central de este proyecto. Para ello se establece el propósito de constituir un subsistema basado en un conjunto de principios específicos y obligatorios para estas instituciones, los que se constituyen en responsabilidades para estas y definen un compromiso permanente de colaboración de estas con el Estado y entre ellas. Un objetivo específico es la institucionalización de una red de colaboración para lograr una coordinación en el cumplimiento de las responsabilidades que les son comunes.

b. Gobierno y Participación

También es un objetivo de este proyecto de ley dotar a las instituciones de educación superior estatal de normas comunes para sus gobiernos, que provean una relación directa y permanente con el Estado y establezcan niveles de partición garantizados para sus estamentos. Todo ello constituye un conjunto de normas mínimas, las que serán complementadas por los estatutos que cada institución se otorgue en el ejercicio de su autonomía.

5. Fortalecer la Formación Técnico profesional

El proyecto de ley asume el objetivo de fortalecer el subsistema técnico profesional, con la orientación de mejorar su calidad y reconocer que la formación de técnicos calificados es una necesidad que está en la base del desarrollo del país.

a. Planificación

El proyecto busca establecer una fuerte vinculación entre instituciones de los ámbitos de educación, trabajo y economía, que constituyen los pilares del desarrollo técnico profesional.

Para ello se propone formular una estrategia nacional a través de un consejo asesor que coordine los sectores público y privado al más alto nivel.

b. Reconocer su especificidad

Reconociendo que la formación técnico profesional requiere de normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria, el proyecto propone que la evaluación de la calidad en este sector se realice sobre la base de estándares específicos. También se propone que el sistema de acceso a la educación superior sea común para todo el sistema, pero que se diferencie en los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Los cambios que se proponen al H. Congreso Nacional se materializarán mediante la dictación de una nueva ley que regulará la Educación Superior, así como la modificación a diversos cuerpos legales.

El presente proyecto consta de ocho títulos permanentes que establecerán el nuevo marco regulatorio e institucional que regirá a la educación superior a fin de alcanzar los objetivos de la Reforma Educacional.

1. Sistema de Educación Superior

Se propone la creación de un Sistema de Educación Superior, que estará integrado por las instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito. Este Sistema cuenta con principios propios que lo orientan, complementarios a aquellos en que se inspira el sistema educacional chileno.

Adicionalmente, el proyecto de ley define las instituciones de educación superior: centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.

2. La Subsecretaría de Educación Superior

El proyecto de ley contempla la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, como un órgano administrativo de colaboración directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior, tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional.

Se crea un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, administrado por la referida Subsecretaría y obligatorio para las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos. Este Sistema de acceso permitirá contar con información objetiva y transparente sobre los procesos de postulación, selección y admisión de estudiantes, el que considerará la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes.

Finalmente, se establece que esta Subsecretaría administrará un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que contendrá información de los estudiantes y las instituciones de educación superior, lo que permitirá la elaboración de políticas públicas y dotará de mayor transparencia al Sistema de Educación Superior.

3. Fomento de la formación técnico profesional

Se establece que cada cinco años se elaborará, a través de un Consejo Asesor con integración público-privada, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan para el sector.

Adicionalmente se crea, en el Ministerio de Educación, una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.

4. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Se establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior.

Se crea el Consejo para la Calidad de la Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación, cuyo objeto principal será administrar y resolver los procesos de acreditación institucional. El Consejo cuenta con un órgano superior, denominado “Directorio”, que será presidido por el Jefe Superior del Servicio.

El proyecto contempla una nueva acreditación institucional, la que será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. Esta nueva acreditación consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad para cada nivel, fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo para la Calidad y el Consejo Nacional de Educación.

Además, se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Pedagogías y se establece la acreditación obligatoria de los programas de doctorados.

5. La Superintendencia de Educación Superior

El proyecto crea la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objeto es la fiscalización y supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

Asimismo, se regula un procedimiento administrativo sancionador que permite resguardar el interés público comprometido en el actuar de la Superintendencia, a través de un debido proceso. El procedimiento podrá finalizar imponiendo sanciones ante las infracciones, las que serán proporcionalmente graduadas.

6. Regulaciones de las Instituciones de Educación Superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

El proyecto de ley contempla regulaciones de las Instituciones de Educación Superior que se organicen como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Se establece la exigencia de que sus controladores, miembros asociados sólo sean personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro.

Adicionalmente, se les exige contar con un órgano de administración superior, cuyos integrantes cuentan con claros deberes y son responsables civil y penalmente.

Asimismo se les impone la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Además se incorporan prohibiciones y regulaciones estrictas a las operaciones con personas relacionadas a institución de educación superior, a fin de resguardar la obligación antes señalada.

7. Régimen de la Educación Superior Estatal

En el proyecto e ley se hace explícito el reconocimiento al rol de las instituciones estatales en el Sistema de Educación Superior, definiendo su misión y responsabilidades.

Para ello, se propone el establecimiento de una Red con las instituciones de educación superior estatal, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones.

Además, el proyecto establece normas que contribuirán a flexibilizar los procesos internos de dichas instituciones. Asimismo, se regulan sus órganos de administración y gestión (Rector o Rectora, Consejo Directivo y un órgano colegiado de carácter normativo).

8. Del Financiamiento Público de la Educación Superior

El proyecto de ley propuesto establece la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones.

Las instituciones de educación superior que accedan a esta modalidad de financiamiento institucional deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan las condiciones señaladas en la ley. Asimismo, todos sus estudiantes estarán sujetos a las normas de aranceles regulados. Los valores de estos aranceles los determinará la Subsecretaría de Educación Superior mediante un procedimiento especial en el que participará una Comisión de Expertos.

Adicionalmente, el proyecto de ley establece la modalidad de financiamiento de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad.

Finalmente, el proyecto de ley incluye la creación de un fondo de las instituciones de educación superior estatales, para que cumplan con las obligaciones que les son propias y para su fortalecimiento institucional.

9. Modificaciones a otras normas

Para adecuar el régimen legal vigente a la reforma propuesta, resulta necesario modificar diversos cuerpos legales, de esta forma:

a. Se modifica la ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.b. Se modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, que establece la Ley General de Educación, adecuando sus disposiciones a la nueva Ley de Educación Superior.c. Se derogan los decretos con fuerza de ley N° 1, de 1980, que fija normas sobre universidades; N° 5, que fija normas sobre Institutos Profesionales, y 24, que fija normas sobre Centros de Formación Técnica, ambos de 1981, todos del Ministerio de Educación.d. Se modifica la ley N° 20.800 que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.e. Se modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación que fija normas sobre financiamiento de las universidades.f. Se deroga la ley N° 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.10. Regulación de la transición.

El proyecto de ley establece plazos para la dictación de las normas que regulan las nuevas instituciones creadas: la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad.

Además, se establece la entrada en vigencia del Sistema Común de Acceso, así como también los procesos y plazos para el cumplimiento de las normas aplicables a las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro.

Adicionalmente se fijan los plazos para que entre en vigencia el nuevo proceso de acreditación obligatoria y la vigencia de las actuales acreditaciones, y los procesos para establecer los nuevos criterios y estándares de calidad.

Es importante destacar que en este proyecto de ley define la transición del financiamiento institucional para la gratuidad, así como la transición de las condiciones a cumplir por las instituciones. Además se señalará el avance en la cobertura de acuerdo a la condición socioeconómica de los estudiantes, iniciándose con los cinco deciles de menores ingresos pasando al sexto decil el año 2018 y avanzado los demás deciles según la disponibilidad de recursos en función de los ingresos fiscales estructurales. También se establece la regulación del arancel para aquellos estudiantes que no cumplan la condición socioeconómica y se matriculen en instituciones adscritas a gratuidad.

Del mismo modo, se define el proceso para calcular los aranceles regulados y también del plazo para el inicio y la determinación de los recursos de los fondos para el financiamiento de las funciones de investigación de las universidades que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad y el fondo para las instituciones de educación superior.

En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La educación superior tiene como fin la generación y desarrollo del conocimiento, su aplicación y comunicación acorde con los desafíos actuales; el cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; la vinculación con la comunidad, así como el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de las regiones y del país, en el marco de un Estado democrático de derecho.

Asimismo, busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social y contribuir a la satisfacción de las necesidades del país a nivel local, regional y nacional.

Artículo 2.- El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, “el Sistema”) está integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior, así como por las instituciones de educación superior, y busca cumplir con los fines de la educación superior, conforme a las normas y los principios establecidos en la presente ley.

El Sistema es de provisión mixta, comprendiendo instituciones de educación superior creadas por ley, y aquellas reconocidas oficialmente por el Estado. Asimismo, dentro de las instituciones de educación superior, se reconocen dos subsistemas, el universitario y el técnico profesional.

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema y, en tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior, y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen.

Adicionalmente, existirá un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Educación. Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior la coordinación de este sistema.

Artículo 3.- El Sistema se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación”), en los siguientes principios:

a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, en el marco establecido por la ley. Las instituciones deben ejercerla responsablemente, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y principios de la educación superior, la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

La autonomía comprende la autonomía académica, financiera y administrativa, de conformidad al marco establecido por la ley, y en especial por las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

b) Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, al asegurar la calidad de los procesos y resultados en el cumplimiento de sus funciones y fomentando el desarrollo de trayectorias formativas, a lo largo de la vida de las personas.

En la búsqueda de la excelencia, la educación superior debe estar motivada por lograr una mejor transmisión del conocimiento a las y los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar el bienestar, y al respeto por el medio ambiente.

c) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad.

d) Inclusión. El Sistema debe promover la inclusión de las y los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria. Asimismo, al Sistema le corresponde resguardar y promover el respeto y coexistencia a nivel institucional e interinstitucional de la diversidad de talentos, culturas, orígenes socioeconómicos, situación de discapacidad, identidades de género y orientaciones sexuales entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones.

e) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; y la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades académicas y docentes, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

f) Participación. Las instituciones de educación superior deben promover y respetar la participación responsable de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

g) Pertinencia. El Sistema debe promover que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país y sus regiones. Para ello, el Sistema debe fomentar la vinculación de sus integrantes con la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

h) Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. El respeto por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones de educación superior, tanto en sus propuestas formativas como en el ambiente de trabajo y aprendizaje.

i) Transparencia. Proporcionar información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado es fundamental para conocer el desarrollo del Sistema y la administración de sus recursos.

La transparencia es, a su vez, la base para la rendición de cuentas académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

j) Trayectorias formativas y articulación. La adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de la vida debe ser una de las características del Sistema. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente. Contribuyendo así al desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo a lo largo de la vida de las personas.

Artículo 4.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.

La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.

Artículo 5.- Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.

Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Artículo 6.- Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación en el ámbito técnico. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con el nivel de enseñanza media en su formación técnico profesional y vincularse con el mundo del trabajo, para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.

Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y se caracteriza por entregar los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo en forma idónea y facilitar el reconocimiento de la experiencia laboral como parte del proceso de formación continua.

Artículo 7.- Las instituciones de educación superior deberán implementar procesos de admisión que deberán ser objetivos y transparentes, considerando las capacidades, talentos o trayectorias de los postulantes y respetando los principios establecidos en la presente ley.

Asimismo, dichas instituciones deberán tener accesible al público, respecto de sus procesos de admisión, información veraz, oportuna y relevante a la comunidad, en relación a las siguientes materias:

a) Oferta académica de la institución, la que deberá considerar los perfiles de egreso de las carreras o programas de estudio y el valor correspondiente a derechos de matrícula, aranceles, titulación y graduación, otros de similar naturaleza y todo otro valor que tenga el carácter de obligatorio, en caso que los hubiere.

b) Requisitos para el ingreso a cada una de sus carreras o programas de estudio.

c) Los procesos de admisión, especialmente los lugares y fechas en que se realizarán dichos procesos, los instrumentos de evaluación y la ponderación a utilizar y los antecedentes que la institución solicitará a sus postulantes.

d) Información sobre la institución de educación superior, la que deberá incluir su acreditación institucional y la de carreras o programas de estudio, si correspondiere; antecedentes respecto a la infraestructura, cuerpo docente y equipamiento; campos clínicos o de práctica, si correspondiere; mecanismos de selección de estudiantes, entre otros que defina el reglamento.

Asimismo, las instituciones de educación superior deberán remitir a la Subsecretaría de Educación Superior la información señalada en las letras anteriores para su incorporación al Sistema Nacional de Información de Educación Superior.

Finalizados los procesos de admisión, las instituciones deberán publicar la lista de seleccionados.

Lo dispuesto en el presente artículo no obsta lo señalado en el párrafo 2º del título II de esta ley.

TÍTULO II. DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1° Disposiciones Generales

Artículo 8.- Créase la Subsecretaría de Educación Superior (en adelante “la Subsecretaría”) que estará a cargo del Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior (en adelante el “Subsecretario o Subsecretaria”), quien tendrá el carácter de colaborador o colaboradora directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Artículo 9.- Serán funciones y atribuciones de la Subsecretaría:

a) Proponer al Ministro o Ministra de Educación las políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional. En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 20.

b) Proponer al Ministro o Ministra de Educación políticas de acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior.

c) Proponer al Ministro o Ministra de Educación y ejecutar políticas y programas dirigidos al fomento, desarrollo, apoyo y mejora continua de las instituciones de educación superior, en lo relativo a calidad de la educación y la pertinencia de su quehacer con las necesidades del país y sus regiones.

d) Proponer la asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como la gestión de sus instrumentos.

e) Administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 87, del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

f) Custodiar los registros académicos de las instituciones de educación superior que hayan perdido su reconocimiento oficial, y certificar, de conformidad con dicho registro, los estudios que se hubieren verificado ante ellas.

g) Proponer al Ministro o Ministra de Educación el Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá considerar tanto el subsistema universitario como el técnico profesional, de conformidad a la ley.

h) Administrar el Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior establecido en el párrafo 2º de este título.

i) Administrar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior a que se refiere el párrafo 3° de este título.

j) Coordinar a los organismos y servicios públicos con competencia en materia de educación superior, tanto del subsistema universitario como técnico profesional.

k) Establecer instancias de coordinación entre los miembros de los Consejos Directivos de las universidades estatales que sean designados por el Presidente o Presidenta de la República, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título VI de esta ley.

l) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, con y entre las instituciones de educación superior, y promover la vinculación de éstas con el nivel de educación media.

m) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, entre las instituciones de educación superior con los gobiernos regionales y locales.

n) Realizar estudios en materias de educación superior, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

o) Promover entre las instituciones de educación superior la colaboración y transferencia de buenas prácticas.

p) Coordinar acciones con distintos organismos públicos para la ejecución de políticas públicas con instituciones de educación superior, especialmente en lo relativo al desarrollo de sectores de interés para el país.

q) Mantener un registro de las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento público regulado en el título VII.

r) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 10.- Un reglamento del Ministerio de Educación establecerá la estructura interna de la Subsecretaría, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Con todo, la Subsecretaría contará, al menos, con una división de educación universitaria y una división de educación técnico profesional de nivel superior.

Artículo 11.- El personal de la Subsecretaría estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Párrafo 2° Del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

Artículo 12.- Créase un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (en adelante, “Sistema de Acceso”) cuya administración corresponde a la Subsecretaría, el que establecerá los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos o profesionales o grados académicos, excluyendo postgrados o pos títulos. Este Sistema de Acceso deberá considerar la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes estableciendo instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional.

Los instrumentos señalados en el inciso anterior serán de aplicación general, pudiendo incorporarse otros desarrollados por las instituciones de educación superior, los cuales deberán ser, en todo caso, autorizados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso podrá contemplar programas especiales que tengan por objeto promover la equidad en el ingreso de estudiantes, de carácter general, sin perjuicio de ello, las instituciones podrán definir sus propios programas, los que deberán ser aprobados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso será obligatorio para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos a través del Ministerio de Educación, de conformidad a lo dispuesto en el presente párrafo. Sin perjuicio de lo anterior, las demás instituciones podrán adscribir al Sistema de Acceso.

Corresponderá al Consejo de Rectores, regulado en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1985, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del estatuto orgánico del Consejo de Rectores, colaborar con la Subsecretaría en el desarrollo e implementación del Sistema de Acceso, especialmente en lo referido al subsistema universitario.

Artículo 13.- Las instituciones de educación superior que utilicen el Sistema de Acceso deberán informarlo a la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso deberá resguardar especialmente los principios de transparencia, objetividad y accesibilidad universal, éste último de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, el Sistema de Acceso deberá ajustarse a lo dispuesto en la ley Nº 19.628 que establece normas sobre protección de la vida privada.

Artículo 14.- El proceso de admisión deberá desarrollarse sobre la base de las preferencias que las y los estudiantes definan en su postulación, del mérito expresado en los resultados que obtengan en los instrumentos de medición, y de la evaluación y ponderación correspondientes.

Para la selección de postulantes, las instituciones podrán definir, para cada carrera o programa de estudio, las ponderaciones que se aplicarán a los resultados de las y los estudiantes en los instrumentos señalados en este artículo, cumpliendo con los correspondientes ponderadores mínimos que establezca el Sistema de Acceso.

Artículo 15.- Un reglamento del Ministerio de Educación regulará las materias señaladas en el presente párrafo, incluyendo la evaluación periódica y externa del Sistema de Acceso, y las demás necesarias para la aplicación de las materias del presente párrafo.

Párrafo 3° Del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior

Artículo 16.- Corresponderá a la Subsecretaría administrar un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (en adelante en este título “el Sistema de Información”) que permita a la Subsecretaría y demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ejercer adecuadamente las funciones y atribuciones que les encomienda la ley, según corresponda, tales como la asignación de recursos públicos, y la administración de los instrumentos de financiamiento público, entre otras.

Asimismo, el Sistema de Información contendrá los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas al sector de educación superior, para la gestión institucional y para la información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior.

Artículo 17.- El Sistema Nacional de Información contendrá, entre otra, información del Sistema de Educación Superior relativa a estudiantes, matrícula, docentes, académicos, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico; a la naturaleza jurídica de las instituciones de educación superior, a sus socios y quienes ejerzan funciones directivas de acuerdo a lo establecido en el artículo 133; a su situación patrimonial y financiera; el balance anual debidamente auditado, e información sobre las operaciones realizadas con personas relacionadas a la institución.

Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar su domicilio y un correo electrónico, como formas de comunicación oficial para todos los efectos legales. Se entenderá válida toda notificación realizada por el Ministerio de Educación o cualquiera de sus órganos, especialmente la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad de la Educación Superior al domicilio y correo electrónico informado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.

Las instituciones de educación superior estarán obligadas a proporcionar la información señalada en los incisos anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98, así como aquélla que establezca el reglamento respectivo. Corresponderá a la Subsecretaría recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla y procesarla cuando corresponda, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el señalado reglamento.

Artículo 18.- El Sistema de Información contendrá los datos que remita la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad, de acuerdo a lo dispuesto en los títulos III y IV de esta ley. Para estos efectos, la obligación de recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla e incorporarla al Sistema de Información a que se refiere este párrafo corresponderá a la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad, respectivamente.

La coordinación de los órganos en la incorporación de la información al Sistema de Información corresponderá a la Subsecretaría.

Párrafo 4° De la Formación Técnico Profesional

Artículo 19.- Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad.

En el ámbito de la enseñanza formal, la formación técnico profesional considera los niveles de educación media de formación técnico profesional y el nivel de educación superior técnico profesional, así como la modalidad de educación de adultos en el nivel de educación media técnico profesional. En el ámbito de la enseñanza no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.

Artículo 20.- El Ministerio de Educación establecerá la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (en adelante la “Estrategia”) que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años.

La Estrategia fortalecerá la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, facilitando la formación para el trabajo y la construcción de trayectorias formativas y laborales coherentes y pertinentes a las necesidades de las personas, de los sectores productivos y de la sociedad en general. Asimismo, deberá establecer objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnico profesional y proponer un plan para su implementación que considere plazos para su ejecución.

Su contenido mínimo será:

a) El análisis de las tendencias del desarrollo productivo de cada una de las regiones del país.

b) Análisis de la oferta formativa y la demanda de técnicos y profesionales por parte del sector productivo.

c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para la formación técnico profesional.

d) Recomendaciones a las instituciones educativas y a los sectores productivos en torno a la articulación de la oferta formativa, con énfasis en aquellos planes y programas que requieran ser priorizados.

e) Recomendaciones a la Subsecretaría sobre el diseño de los procesos e instrumentos propios del Sistema de Acceso, en relación al subsistema técnico profesional.

f) Recomendaciones acerca del Marco Nacional de Cualificaciones en lo relativo a la formación técnico profesional.

g) Una estrategia de inserción laboral y fomento de la empleabilidad dirigida a las y los estudiantes, las y los trabajadores y trabajadoras para potenciar el desarrollo de sus trayectorias educativo-laborales.

Artículo 21.- Para su elaboración, el Presidente o Presidenta de la República establecerá mediante decreto supremo un Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, integrado por los Ministros o Ministras de Estado con competencia en la materia, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con mayor representatividad del país, representantes de instituciones educativas y expertos de reconocida experiencia en materia de formación técnico profesional. Este consejo será presidido por el Ministro o Ministra de Educación, quien coordinará la implementación de la Estrategia.

Adicionalmente, corresponderá al señalado consejo realizar recomendaciones al Marco Nacional de Cualificaciones en lo relativo a la formación técnico profesional y proponer mecanismos de coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en temas relacionados con la formación técnico profesional.

TÍTULO III. DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º Disposiciones generales

Artículo 22.- Establécese el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en adelante, para este título, indistintamente, “el Sistema”) que estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior.

Al Sistema, en su conjunto, corresponderá:

a) El desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior.

b) La identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del Sistema, y la información pública.

c) El licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, que se realizará en conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

d) La acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas de conformidad a lo establecido en los párrafos 4°, 5º, 6º, 7º, 8º de este título, y la obligatoria de carreras o programas de pregrado y postgrado de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 9º.

e) La fiscalización del cumplimiento, por parte de las instituciones de educación superior, de las normas aplicables a la educación superior, y de la legalidad del uso de sus recursos, así como la supervisión de su viabilidad administrativa y financiera, y del cumplimiento de los compromisos académicos con sus estudiantes.

Artículo 23.- Corresponderá a la Subsecretaría la coordinación de los organismos públicos que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, debiendo para ello establecer un Plan de Coordinación Institucional para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual contemplará, a lo menos, los compromisos y objetivos del Sistema y las acciones necesarias para alcanzarlos; así como una identificación de las áreas que requieren de especial coordinación.

En dicho plan se deberán establecer mecanismos para la coordinación de los sistemas de información con que cuenta el Sistema y de los procedimientos que, en el ejercicio de sus facultades, ejecutan los organismos integrantes del mismo, en particular, aquéllos que impliquen interacción con las instituciones de educación superior.

Párrafo 2º Del Consejo para la Calidad de la Educación Superior

Artículo 24.- Créase el Consejo para la Calidad de la Educación Superior (en adelante e indistintamente “el Consejo para la Calidad”) como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación, y que estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882.

El domicilio del Consejo para la Calidad será la ciudad de Santiago.

Artículo 25.- El objeto del Consejo para la Calidad será evaluar, acreditar y promover la calidad de las instituciones de educación superior autónomas, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional, y de las carreras o programas de estudio que éstas imparten. Asimismo, le corresponderá desarrollar los procesos de acreditación institucional y los de acreditación de carreras y programas de estudio de pre y postgrado, de conformidad con lo establecido en esta ley.

Artículo 26.- Serán funciones y atribuciones del Consejo para la Calidad:

a) Administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas, y de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas impartan, según corresponda.

b) Proponer al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional, y de las carreras y programas de pregrado y postgrado de conformidad al párrafo 9º de este título, de acuerdo al tipo de institución sea esta del subsistema universitario o técnico profesional.

c) Mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación.

d) Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior.

e) Percibir los montos de los aranceles que se cobrarán en conformidad con el artículo 41 de la presente ley.

f) Llevar el Registro de Pares Evaluadores, de conformidad con lo establecido en el párrafo 7º del presente título.

g) Ejecutar acciones de capacitación para los pares evaluadores.

h) Proporcionar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior los antecedentes necesarios para su adecuado funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el título II de la presente ley.

i) Establecer su reglamento interno de funcionamiento.

j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

El Consejo para la Calidad deberá, cada cinco años, someterse a una evaluación externa, por parte de instituciones extranjeras en materias relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la educación superior, en particular, respecto al desarrollo de los procesos de acreditación que le correspondan de conformidad a esta ley.

Párrafo 3º De la organización del Consejo para la Calidad

Artículo 27.- El Consejo para la Calidad de la Educación Superior contará con un Directorio cuya Presidenta o Presidente será el Jefe Superior del Servicio, el que será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República de conformidad a los dispuesto en la letra a) del artículo 29 de esta ley.

Artículo 28.- Al Presidente o Presidenta del Directorio le corresponderá representar al Consejo judicial y extrajudicialmente, así como también conocer y resolver todo asunto dentro de la competencia del Servicio que no esté expresamente entregado al Directorio.

Para cumplir con las funciones del servicio, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Directorio los criterios y estándares de calidad.

b) Proponer al Directorio la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación establecidos en esta ley.

c) Proponer al Directorio el procedimiento de selección de carreras y programas de estudio de pregrado que serán evaluados en la acreditación institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de esta ley. Con todo, el procedimiento deberá asegurar la evaluación de una muestra representativa, en cuanto a las necesidades de infraestructura, número de alumnos, número de docentes, entre otras variables, de las carreras y programas de estudio impartidos por la institución de educación superior, la que no podrá ser menor al treinta por ciento del total de éstas.

d) Resolver la incorporación de pares evaluadores al registro y designar a los que actuarán en un determinado proceso de acreditación.

e) Nombrar y remover el personal del Consejo para la Calidad, en conformidad a la ley.

f) Solicitar informes a las instituciones de educación superior acerca del cumplimiento de los estándares de calidad.

g) Disponer la realización de visitas de seguimiento del cumplimiento de los estándares de calidad a las instituciones de educación superior.

h) Proponer al Directorio el adelantamiento de la acreditación institucional de las instituciones de educación superior, de conformidad con el artículo 61 de esta ley.

i) Citar y presidir las sesiones del Directorio, así como establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión.

j) Cumplir y hacer cumplir las instrucciones y acuerdos adoptados por el Directorio en el ámbito de sus competencias, y realizar los actos que éste le encomiende en el ejercicio de sus funciones.

k) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para la obtención de los objetivos del servicio, sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado.

l) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 29.- El Directorio estará integrado por once miembros denominados “directores”, quienes serán nombrados de la siguiente forma:

a) Un profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en materias relacionadas con educación superior, con a lo menos diez años de ejercicio profesional, quien lo presidirá, y durará cinco años en su cargo.

El Presidente o Presidenta del Directorio durará cinco años en su cargo y le corresponderá dirigir el Consejo, citar a sesiones, fijar sus tablas, dirigir sus deliberaciones y dirimir sus empates.

b) Cuatro académicos universitarios de reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional, docencia de pregrado y formación de postgrado. De ellos, a lo menos uno deberá estar vinculado a alguna universidad cuyo domicilio, señalado en sus estatutos, esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

c) Cuatro docentes de reconocida trayectoria en formación técnico profesional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales. De ellos, a lo menos uno deberá estar vinculado a alguna institución de educación superior cuyo domicilio, señalado en sus estatutos, esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

d) Un académico universitario de amplia trayectoria y reconocido prestigio en investigación científica o tecnológica designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica o su sucesor, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido el párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.882.

e) Un docente o profesional con amplia trayectoria y reconocido prestigio en el área de la innovación, designado por la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento contenido en el párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.882.

Los directores señalados en las letras a), b) y c) del inciso anterior serán designados por el Presidente o Presidenta de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad con lo establecido en el título VI de la ley N° 19.882.

Los directores durarán cinco años en sus cargos y podrán ser designados nuevamente por una sola vez por igual periodo, y se renovarán por parcialidades.

A los directores, salvo el caso del Presidente o Presidenta del Directorio, no les serán aplicables las normas de la ley Nº 19.882, salvo en lo relativo a su nombramiento, de conformidad al inciso segundo.

Los directores deberán declarar intereses y patrimonio según lo establecido en el capítulo 1º del título II de la ley Nº 20.880.

Artículo 30.- Los directores señalados en las letras b), c), d) y e) del artículo precedente, tendrán derecho a una dieta, que podrá ascender hasta diez unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con un tope total mensual de noventa unidades tributarias mensuales, conforme a las normas del reglamento interno del Directorio.

Artículo 31.- Corresponderá al Directorio:

a) Proponer al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional, y para las carreras y programas de estudio de pre y postgrado.

b) Resolver sobre la acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas.

c) Resolver sobre la acreditación obligatoria de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que imparten las instituciones de educación superior autónomas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 9º del presente título.

d) Dictar, a propuesta del Presidente o Presidenta, normas de carácter general en materias de su competencia, en especial, sobre procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y programas de estudio de pre y postgrado.

e) Aprobar la propuesta de criterios y estándares de calidad formulada por el Presidente o Presidenta.

f) Establecer, a propuesta del Presidente o Presidenta la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación establecidos en esta ley.

g) Aprobar, a propuesta del Presidente o Presidenta, el procedimiento de selección de carreras y programas de estudio de pregrado que serán evaluados en la acreditación institucional.

h) Resolver el adelantamiento de la acreditación institucional en el caso del artículo 61 de esta ley.

i) Resolver sobre las impugnaciones que presenten las instituciones de educación superior a la designación de pares evaluadores, de conformidad con lo establecido en el párrafo 7º del presente título.

j) Resolver la solicitud de apertura de nuevas sedes, carreras o programas de estudio, por parte de las instituciones de educación superior autónomas, según corresponda, de conformidad con lo establecido en párrafo 10 de este título.

k) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Directorio, el que determinará las normas básicas para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

l) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 32.- El Directorio requerirá de la mayoría absoluta de sus miembros para sesionar y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de sus integrantes presentes. En caso de producirse un empate, se realizará una segunda votación. De persistir el empate, corresponderá a quien lo preside el voto dirimente para resolver el asunto.

El Directorio podrá solicitar al Presidente o Presidenta que ejerza las atribuciones señaladas en las letras g) y h) del artículo 28 de esta ley, respecto de una institución de educación superior autónoma cuando, en el desarrollo de los procesos de acreditación de carreras y programas de estudio, advierta circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 33.- No podrán ser nombrados directores:

a) Quienes ejerzan funciones directivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de esta ley o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

b) Los miembros o asociados, socios o propietarios de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Quienes ejerzan el cargo de Ministro o Ministra de Estado o Subsecretario o Subsecretaria; Senador o Diputado; Intendente, Gobernador o Consejero Regional; Secretario Regional Ministerial de Educación o Jefe del Departamento Provincial de Educación, Alcalde o Concejal; los que sean miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; Secretario o Relator del Tribunal Constitucional; Fiscal del Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones o su Secretario-Relator; los miembros de los Tribunales Electorales Regionales, Suplente o Secretario-Relator, y los miembros de los demás Tribunales creados por ley.

Aquellas personas que al momento del nombramiento como director detenten cualquiera de las condiciones antes enunciadas deberán renunciar a ella para ejercer el cargo.

Asimismo, no podrán ser nombrados como directores quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras c), d), e) y f) del artículo 35 de esta ley.

Las inhabilidades contempladas en este artículo serán también aplicables a las y los funcionarios del Consejo para la Calidad.

Artículo 34.- Los directores y funcionarios del Consejo para la Calidad deberán informar inmediatamente al Presidente o Presidenta del Directorio de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad en sus decisiones o acuerdos, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, los directores deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que afecten a las instituciones de educación superior con que tengan una relación contractual.

Los directores que debiendo abstenerse actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Presidente o Presidenta de la República y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

Artículo 35.- Serán causales de cesación en el cargo de director o directora, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño de su cargo.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada, por delitos que merezcan pena aflictiva.

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como director. Para estos efectos, se considerará falta grave:

i. Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

iii. Dar por acreditados hechos de que tuviere conocimiento que son falsos.

El director respecto del cual se verificare alguna causal de incapacidad sobreviniente o que se encontrare en una situación que lo inhabilite para desempeñar el cargo o que sea incompatible con el mismo, deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia al Directorio para que constate la causal, cesando automáticamente en su cargo. De igual forma, cesará en su cargo el director cuya renuncia hubiere sido aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

El director que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra f) de este artículo será destituido por el Presidente o Presidenta de la República, a requerimiento del Ministro o Ministra de Educación, previo procedimiento administrativo que deberá instruir el Presidente o Presidenta, de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.880.

Mientras se lleva a cabo este proceso, el director quedará inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo. El acto administrativo en virtud del cual se haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. El director que hubiere sido destituido de conformidad a lo dispuesto en este inciso no podrá ser designado nuevamente en el cargo.

La destitución establecida en el inciso anterior procederá sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

En caso que alguno de los directores señalados en las letras b), c), d) o e) del artículo 29, renunciare dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento, el Presidente o Presidenta de la República podrá designar a otro de los integrantes de la terna presentada para proveer dicho cargo, de conformidad con lo establecido en este artículo.

Si quedare vacante el cargo de director, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo en la forma indicada en el artículo 29, con excepción del Presidente o Presidenta del Directorio, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el título VI de la ley Nº 19.882. El director nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del director reemplazado. Si quedara menos de la mitad del período de duración del cargo, dicho director se mantendrá en dicho cargo por el total del período.

Una vez que los directores hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán tener participación en la propiedad de éstas o ser miembros o asociados de éstas, hasta dos años después de haber expirado en sus funciones.

Artículo 36.- El personal del Consejo para la Calidad se regulará por las normas de esta ley y sus reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas del decreto ley N° 249, del año 1973, que fija escala única de sueldos para el personal que señala.

Artículo 37.- Corresponderá al Presidente o Presidenta del Directorio, en su calidad de Jefe de Servicio, con sujeción a la planta de personal y la dotación máxima de éste, establecer su organización interna y determinar las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas, como asimismo el personal adscrito a tales unidades.

Artículo 38.- El personal a contrata del Consejo para la Calidad podrá desempeñar funciones directivas o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Jefe de Servicio.

El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata del Consejo.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 39.- Los directores y los funcionarios del Consejo para la Calidad estarán sujetos a las reglas de probidad administrativa establecidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, y las previstas en el título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, por consiguiente, comprendidos en el artículo 260 del referido Código.

Los directores, el personal del Consejo para la Calidad, y el personal que preste servicios al mismo, deberán guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrá prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios, remunerados o gratuitos, que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o a través de terceros, salvo labores docentes en los términos del artículo 8º de la ley Nº 19.863.

Las infracciones a esta norma serán consideradas faltas graves para efectos de exigir responsabilidad administrativa, la que se exigirá con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.

Artículo 40.- El patrimonio del Consejo para la Calidad estará constituido por:

a) Los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) Los recursos otorgados por leyes especiales.

c) Los aranceles que perciba de acuerdo a esta ley.

d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título.

d) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios.

e) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten.

f) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título.

g) Los demás aportes que perciba en conformidad a la ley.

El Consejo para la Calidad estará sujeto a las normas del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y sus disposiciones complementarias.

Artículo 41.- Anualmente, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a propuesta del Consejo para la Calidad, fijará los montos de los aranceles que se cobrarán a las instituciones de educación superior por el desarrollo de los procesos establecidos en esta ley. Dichos aranceles constituirán ingresos propios del Consejo para la Calidad.

Párrafo 4º De la acreditación institucional obligatoria y de la elaboración de criterios y estándares

Artículo 42.- La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.

La acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de todas las dimensiones establecidas en el artículo 45, de la totalidad de las sedes de la institución de educación superior, y de aquellas carreras y programas de estudio de pregrado que hayan sido seleccionados por el Directorio para dicho efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley.

Mediante instrucciones de carácter general, el Consejo para la Calidad determinará la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional.

Artículo 43.- Para efectos de lo establecido en los artículos precedentes, se entenderá por:

a) Dimensión de evaluación: aquellos ámbitos en que las instituciones de educación superior son evaluadas en la acreditación institucional, sobre la base de las cuales se elaboran los criterios y estándares de calidad.

b) Criterio: aquel objetivo específico de una dimensión de evaluación que enuncia categorías o principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones de educación superior. Estos criterios se deberán elaborar considerando el tipo de institución, ya sea para el subsistema universitario o técnico profesional.

c) Estándar: corresponde al grado o medida de cumplimiento de un criterio, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, que una institución de educación superior debe alcanzar, medidos de manera objetiva mediante indicadores que establecen evidencia de dicho cumplimiento.

Artículo 44.- Los criterios y estándares de calidad a los que refiere el artículo anterior se establecerán, cada cinco años, mediante decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio de Educación, previo informe del Consejo Nacional de Educación, y a propuesta del Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Para efectos de lo anterior, el Presidente o Presidenta del Directorio deberá elaborar una propuesta de criterios y estándares de calidad que será presentada a dicho Directorio para su aprobación. Durante el desarrollo de este proceso, el Presidente o Presidenta deberá consultar la opinión técnica de las instituciones de educación superior, así como también la de comités consultivos compuestos por expertos chilenos o extranjeros.

En la elaboración de la propuesta de los criterios y estándares de calidad deberá considerarse las especificidades de los subsistemas universitario y técnico profesional y los niveles formativos que las instituciones de educación superior impartan.

Una vez aprobada la propuesta por el Directorio, ésta será enviada al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría, para efectos de lo señalado en el inciso primero de este artículo.

Los criterios y estándares de calidad se entenderán renovados, por el solo ministerio de la ley, por igual período, en caso que no se hayan aprobado otros dentro del plazo establecido en el inciso primero de este artículo.

Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional; de autorización inicial de carreras y programas de estudio cuya acreditación sea obligatoria; de acreditación obligatoria de las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de Médico Cirujano y Pedagogías, así como de acreditación obligatoria de los programas de doctorado.

Artículo 45.- El Consejo deberá elaborar criterios y estándares de calidad que sean específicos para instituciones de los subsistemas universitario y técnico profesionales de nivel superior, que refieran, a lo menos, a las siguientes dimensiones de evaluación:

a) Gestión y recursos institucionales. Esta dimensión se refiere a las políticas, estructuras de gobierno, prioridades institucionales y recursos asociados, que permitan a la institución desarrollar una gestión eficiente.

Los criterios de evaluación asociados a esta dimensión deben dar cuenta, al menos, de una misión conocida y de claras políticas de desarrollo institucional, una estructura de gobierno pertinente a las labores propias de una institución de educación superior y eficaz en sus resultados, la disponibilidad de los recursos materiales, financieros y didácticos necesarios para el desempeño de la totalidad de las funciones institucionales, y la aplicación de políticas de desarrollo del personal académico y directivo.

b) Aseguramiento interno de la Calidad. Esta dimensión dice relación con las políticas de mejoramiento de la calidad definidas por la propia institución y las acciones que desarrolla para monitorear su avance.

En esta dimensión, los criterios de evaluación deben referirse, al menos, a la definición y aplicación sistemática de las políticas de mejoramiento de la calidad, prioridades de la planificación estratégica, evaluación y resultados de las acciones desarrolladas, y existencia de un sistema de información que soporte las decisiones institucionales y permita a las autoridades superiores monitorear el avance hacia las metas establecidas.

c) Docencia y resultados del proceso de formación. La formulación y gestión de los programas de formación disciplinaria, profesional y técnica, así como de aquellos de especialización y profundización académica o profesional, junto a las políticas que la institución implementa para alcanzar los resultados de aprendizaje comprometidos en los perfiles de egreso, son los aspectos fundamentales de esta dimensión.

En esta dimensión, los criterios de evaluación deben referirse, al menos, a que la institución cuente con las condiciones necesarias para que sus estudiantes alcancen aprendizajes significativos y demostrables, que sus programas satisfagan tanto las exigencias disciplinarias como aquellas derivadas del medio laboral relevante, que el cuerpo académico o docente se encuentre actualizado y comprometido con la formación de sus estudiantes, que se promuevan instancias de investigación e innovación metodológica, así como de revisión y actualización curricular; y que las políticas de acceso, progresión y obtención de resultados de aprendizaje de los estudiantes se apliquen sistemáticamente.

d) Generación de conocimiento, creación e innovación. En el caso del subsistema universitario, en esta dimensión se evalúa la capacidad para realizar creación e investigación básica y aplicada, así como transferencia de conocimiento. En el caso del subsistema técnico profesional, en esta dimensión se evalúa la capacidad de realizar innovación y de alcanzar logros en asociación con los sectores relevantes para el desarrollo social y económico del territorio en el que se inserta la institución. En ambos casos las actividades deben ser desarrolladas sistemáticamente.

En esta dimensión, los criterios de evaluación deben referirse, al menos, a que las actividades de investigación o innovación que desarrolla la institución sean conducentes a mejorar el acervo de conocimiento, mejorar los procesos productivos y la actualización de la formación entregada; asimismo, la institución debe demostrar que cuenta con políticas y mecanismos formales para la promoción, registro y valoración de la producción académica.

e) Vinculación con el medio. La institución de educación superior debe demostrar que cuenta con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno significativo y con otras instituciones de educación superior.

En esta dimensión, los criterios de evaluación deben referirse, al menos, a la consideración de políticas y estrategias de desarrollo local, regional y nacional en su quehacer, el desarrollo de programas de formación continua y acciones de extensión. La institución debe, además, evaluar el impacto de estas acciones, considerando la opinión de diversos grupos de interés.

Mediante instrucciones de carácter general, el Directorio determinará el contenido específico de cada una de las dimensiones de evaluación.

Párrafo 5º Del proceso de acreditación institucional

Artículo 46.- En el desarrollo del proceso de acreditación institucional, el Consejo para la Calidad deberá tener especial consideración por la autonomía de las instituciones de educación superior, tomando en cuenta las especificidades entre los tipos de instituciones de que se trate, según sean éstas del subsistema universitario o técnico profesional. Con todo, las instituciones de educación superior deberán reconocer y respetar siempre los principios del Sistema de Educación Superior establecidos en la ley.

Artículo 47.- Los procesos de acreditación institucional considerarán las siguientes etapas:

a) Autoevaluación: Consiste en un proceso crítico y analítico que realizan las instituciones de educación superior, utilizando diferentes fuentes, tanto internas como externas, para identificar y determinar, de modo sistemático y objetivo, sus fortalezas y debilidades en todas las dimensiones a las que refiere el artículo 45 de esta ley, en relación con los criterios y estándares de calidad y con los fines que se propone la institución. Este examen, cuyos resultados se contendrán en un informe de autoevaluación, deberá incluir la autoevaluación de la totalidad de las sedes de la institución y de una muestra representativa del conjunto de las carreras o programas de pregrado que para estos efectos determinará el Consejo.

Mediante instrucciones de carácter general, el Consejo establecerá el procedimiento de selección y la forma de evaluación de las carreras o programas de pregrado que serán examinadas en los procesos de acreditación institucional.

b) Evaluación externa: Consiste en un proceso en el cual un comité de pares evaluadores, o evaluadores del Servicio, previamente seleccionados por el Presidente o Presidenta del Directorio examina los antecedentes expuestos por la institución de educación superior en su informe de autoevaluación; realiza visitas a dicha institución para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad; y, emite un informe que se entregará al Directorio, el cual contendrá los resultados cualitativos y cuantitativos del proceso.

Durante el desarrollo del proceso de evaluación externa, los pares evaluadores podrán realizar observaciones a la institución de educación superior para que ésta pueda subsanar los defectos que éstos detecten y que afectan el cumplimiento de los estándares de calidad.

c) Resolución final: Consiste en el juicio fundado emitido por el Directorio en base al examen del informe de los pares evaluadores y las observaciones que la institución de educación superior formule al mismo; el informe de autoevaluación de la institución de educación superior; y los demás antecedentes que estime pertinentes. En virtud de dicho examen, el Directorio podrá otorgar la acreditación institucional o, si correspondiere, una acreditación institucional condicional, o no otorgar la acreditación a una institución de educación superior.

En todo caso, en el proceso de acreditación institucional, las instituciones de educación superior deberán facilitar la participación de las organizaciones estudiantiles y de sus funcionarios en la autoevaluación, garantizándoles, además, el pleno acceso a toda la información que se genere en las etapas de la evaluación externa y en la resolución final del Directorio.

Párrafo 6º De la autoevaluación

Artículo 48.- El proceso de acreditación institucional se iniciará con una notificación del Directorio a la institución de educación superior respectiva, en la que se indicará las carreras y programas de estudio de pregrado que hayan sido seleccionados para ser evaluados en el proceso.

Dicha notificación deberá practicarse con a lo menos ocho meses de antelación al vencimiento del plazo que tienen las instituciones para entregar el informe de autoevaluación al que refiere la letra a) del artículo anterior.

En el caso de las instituciones de educación superior en proceso de licenciamiento, dicha notificación deberá practicarse una vez que la institución obtenga su autonomía. Con todo, durante su proceso de acreditación no se aplicará lo dispuesto en el párrafo 8º respecto a los efectos de la no acreditación, hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso de acreditación regulado en este título.

Desde la notificación de la resolución que inicia el proceso de acreditación institucional, se entenderá, para todos los efectos legales, que la acreditación institucional vigente se prorrogará hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso.

Artículo 49.- Las instituciones de educación superior deberán entregar al Consejo para la Calidad el informe de autoevaluación, dentro del plazo de doce meses antes del vencimiento de su acreditación institucional vigente.

En caso que la institución de educación superior entregue el informe extemporáneamente, pero antes del vencimiento de su acreditación institucional vigente, el Directorio deberá disponer la acreditación institucional condicional de la institución para el año siguiente, sin perjuicio de la acreditación institucional que se determine en la resolución final del Directorio.

En caso que la institución de educación superior no entregue el informe de autoevaluación antes del vencimiento de la acreditación institucional vigente, la institución no acreditará y se entenderá, para todos los efectos legales, que a dicha institución no se le ha otorgado la acreditación institucional, debiendo aplicársele a este respecto lo establecido en el artículo 57 de esta ley.

Párrafo 7° De los pares evaluadores

Artículo 50.- Los pares evaluadores podrán ser personas naturales, nacionales o extranjeras, y serán colaboradores del Consejo para la Calidad que tendrán participación directa en la etapa de evaluación externa a que se refiere la letra b) del artículo 47 de esta ley.

Para ser par evaluador será necesario encontrarse incorporado en un registro público que el Consejo para la Calidad llevará a ese efecto.

El Presidente o Presidenta del Directorio designará a los pares evaluadores que actuarán en un determinado proceso de acreditación institucional, de entre aquéllos que figuren en el registro establecido en el inciso segundo de este artículo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la institución de educación superior podrá impugnar fundadamente y por una sola vez, ante el Directorio, dentro del plazo de cinco días contado desde la resolución que designa los pares evaluadores, a uno o más de éstos, cuando concurra alguna causal de abstención establecida en el artículo 12 de la ley N° 19.880. En este caso, el Directorio resolverá y determinará la composición definitiva de la comisión de pares evaluadores. Dicha designación no podrá ser impugnada.

Artículo 51.- La incorporación al Registro de Pares Evaluadores se realizará por medio de la presentación de antecedentes ante el Directorio, el que deberá efectuar llamados públicos, a lo menos una vez cada dos años. Por acuerdo del Directorio se podrán efectuar concursos con una periodicidad distinta.

Para ser considerados en el registro, los pares evaluadores deberán haber desempeñado, de manera destacada, labores académicas, profesionales o productivas, por a lo menos diez años.

Artículo 52.- Serán inhábiles para ser seleccionados como pares evaluadores las personas que:

a) Tengan vigentes o hayan celebrado contratos, por sí o por terceros, con la institución a ser evaluada, dentro de los tres años anteriores al inicio de sus funciones, según corresponda.

b) Tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación en la institución a ser evaluada.

c) Se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Párrafo 8º De los efectos de la acreditación institucional

Artículo 53.- El proceso de acreditación institucional concluirá con una resolución final, la cual deberá ser notificada a la institución de educación respectiva, en la cual se podrá disponer, en función del cumplimiento de los estándares de calidad en todas las dimensiones y sus criterios, lo siguiente:

a) Otorgar la acreditación institucional en alguno de los niveles que señala el artículo 54 de esta ley.

b) Otorgar la acreditación institucional condicional de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de esta ley.

La resolución formulará observaciones que la institución deberá implementar para subsanar los defectos advertidos en el proceso. Dichas observaciones y las medidas adoptadas por la institución para subsanarlas, serán consideradas especialmente por el Consejo para la Calidad en el siguiente proceso de acreditación

c) No otorgar la acreditación institucional de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de esta ley.

Artículo 54.- La resolución que otorgue la acreditación institucional señalará el nivel en el que la institución de educación superior es acreditada, de conformidad con el cumplimiento de los estándares de calidad en la totalidad de las dimensiones, los que estarán definidos para cada nivel y subsistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de esta ley.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, los niveles de acreditación institucional serán los siguientes:

a) Nivel C: La institución de educación superior desarrolla sus funciones con calidad, es capaz de mantener dicho desempeño en el tiempo respecto de las funciones que actualmente desarrolla y constituye un aporte a la sociedad. En particular, ésta cuenta con una misión conocida, y con una organización interna y recursos adecuados para llevarla a cabo. Las carreras y programas que ésta imparte entregan el conocimiento y herramientas necesarias para el cumplimiento de los perfiles de egreso, y para el adecuado desempeño de sus egresados en el medio laboral, con pertinencia nacional y regional según corresponda. Asimismo, la institución contribuye a nivel local y regional con la generación de conocimiento, creación, innovación y vinculación con el medio, según corresponda, reconociendo las características del subsistema técnico profesional.

Los estándares establecidos para este nivel deberán reflejar el grado de desarrollo descrito en el inciso anterior, y su cumplimiento será condición necesaria para acreditar en este nivel.

b) Nivel B: La institución de educación superior cumple con lo establecido en el nivel C. Adicionalmente, cuentan con mecanismos de aseguramiento interno de la calidad y recursos que le permiten garantizar que las políticas de desarrollo estratégico, que la institución implemente en las áreas y programas que actualmente imparte, mantienen o mejoran la calidad institucional, y son un aporte a la sociedad. Asimismo, la institución contribuye a nivel regional o nacional con la generación de conocimiento, creación, innovación y vinculación con el medio, según corresponda, reconociendo las características del subsistema técnico profesional.

Los estándares establecidos para este nivel deberán reflejar el grado de desarrollo descrito en el inciso anterior, y su cumplimiento será condición necesaria para acreditar en este nivel.

c) Nivel A: La institución de educación superior cumple con lo establecido en el nivel B. Adicionalmente, cuenta con sistemas de toma de decisión para su crecimiento, políticas de mejoramiento, mecanismos de aseguramiento interno de la calidad, y recursos que le permiten garantizar que las políticas de desarrollo estratégico que ésta implemente mantienen o mejoran la calidad institucional y son un aporte a la sociedad. Asimismo, la institución contribuye a nivel nacional o internacional, con la generación de conocimiento, creación, innovación y vinculación con el medio, según corresponda, reconociendo las características del subsistema técnico profesional.

Los estándares establecidos para este nivel deberán reflejar el grado de desarrollo descrito en los incisos anteriores, y su cumplimiento será condición necesaria para acreditar en este nivel.

La resolución que confiera alguno de los niveles de acreditación institucional señalados en este artículo, contendrá observaciones para el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones de la respectiva institución de educación superior, las cuales serán tenidas a la vista por parte del Directorio en el siguiente proceso de acreditación institucional.

Artículo 55.- La acreditación institucional obtenida por una institución de educación superior en cualquiera de los niveles de acreditación institucional señalados en el artículo anterior, tendrá una vigencia de ocho años contada desde la fecha de su otorgamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 61 de esta ley.

Transcurridos cuatro años de obtenida la acreditación, la institución de educación superior deberá remitir al Consejo para la Calidad un informe que contenga lo siguiente:

a) Evidencia del cumplimiento de los estándares de calidad asociados al nivel de acreditación institucional otorgado durante dicho periodo.

b) Evidencia del avance en el cumplimiento de las observaciones formuladas por el Directorio en su resolución final de acreditación.

Artículo 56.- En caso de que una institución de educación superior logre cumplir con al menos tres cuartos de los estándares de calidad asociados al nivel C de acreditación institucional, y que a partir de los antecedentes examinados sea factible concluir que ésta pueda subsanar los incumplimientos de dichos estándares dentro de tres años, el Directorio, mediante resolución fundada, podrá otorgar una acreditación institucional condicional por dicho plazo.

Para estos efectos, el Directorio, en su resolución final, formulará observaciones y señalará las medidas que la institución de educación superior deberá implementar para subsanarlas.

En este caso, el Directorio, veinte meses antes del vencimiento de la acreditación condicional vigente, deberá iniciar un nuevo proceso de acreditación institucional, de conformidad con las normas establecidas en los artículos precedentes.

La institución de educación superior a la que se le otorgare la acreditación institucional condicional, no podrá impartir nuevas carreras o programas de estudio, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar el número de vacantes en cada carrera o programa de estudio que imparta, mientras permanezca con la acreditación institucional condicional.

La institución de educación superior que, encontrándose con una acreditación institucional condicional vigente, obtuviere la misma acreditación en el proceso de acreditación institucional siguiente, se entenderá, para todos los efectos legales, que no acreditó y deberá procederse de conformidad con el artículo siguiente. El mismo efecto será aplicable si a una institución de educación superior, dentro del plazo de veinticuatro años, se le otorgare la acreditación institucional condicional tres veces. Este efecto operará a partir de la última de dichas acreditaciones.

Artículo 57.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, a la institución de educación superior que no cumpla, al menos con los estándares de calidad asociados al nivel C de acreditación institucional, no se le otorgará la acreditación institucional.

En el caso de instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, el Consejo para la Calidad remitirá a la Superintendencia de Educación Superior la resolución que decrete la no acreditación, para que ésta proceda a nombrar un administrador provisional de conformidad a lo establecido en el párrafo 2º del título I de la ley Nº 20.800, sin perjuicio que, de conformidad al artículo 20 de dicha ley, pueda proceder el nombramiento de un administrador de cierre, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo. Asimismo, deberá remitir dicha resolución a la Subsecretaría para efectos de lo dispuesto en el artículo 190.

El plan de administración provisional al que refiere el artículo 10 de la ley Nº 20.800, deberá contemplar las medidas que el administrador implementará, para efectos de que la institución de educación superior obtenga la acreditación institucional, a lo menos en el Nivel C de acreditación institucional, en el siguiente proceso de acreditación.

Dentro del plazo de dieciséis meses contado desde la fecha de la resolución que decretó la no acreditación, la institución de educación superior deberá dar inicio a un nuevo proceso de acreditación institucional.

En caso que en este nuevo proceso de acreditación la institución de educación superior no obtuviere la acreditación institucional, a lo menos en el nivel C, el Directorio remitirá dicha resolución al Ministerio de Educación para que éste proceda a revocar el reconocimiento oficial de dicha institución, y nombrar a un administrador de cierre de conformidad al párrafo 3º de la ley Nº 20.800.

Aquellas instituciones de educación superior no acreditadas no podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni matricular nuevos estudiantes, ni recibir financiamiento público de conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. Asimismo, en caso de que la institución tenga carreras y programas de estudio acreditados, de conformidad con lo establecido en el párrafo 9º del presente título, éstos perderán su acreditación, si correspondiere.

La pérdida del financiamiento público será respecto de ayudas estudiantiles y del financiamiento regulado en el título VII de la presente ley. Respecto de este último se procederá de conformidad al artículo 190 de dicho título.

Lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y quinto de este artículo no se aplicará a las instituciones de educación superior estatales y aquellas señaladas la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del 2009, del Ministerio de Educación.

Artículo 58.- La institución de educación superior agraviada por la resolución final del Directorio podrá interponer un recurso de reconsideración ante éste, dentro del plazo de quince días contados desde la notificación de la resolución respectiva.

El Directorio deberá dictar resolución fundada del recurso dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de la recepción del recurso.

Contra la decisión de dicha reconsideración no procederá recurso administrativo alguno.

Artículo 59.- Durante la vigencia de la acreditación institucional las instituciones de educación superior deberán dar aviso inmediato al Directorio de lo siguiente:

a) La realización de cambios significativos que se produzcan en la estructura o funcionamiento de la institución, tales como desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, nuevos niveles formativos.

b) La realización de cambios sustanciales en su organización, tales como cambios en la propiedad, dirección o administración de la institución de educación superior.

Artículo 60.- En caso que el Consejo para la Calidad obtenga antecedentes sobre incumplimientos en la mantención de los estándares de calidad que justificaron el otorgamiento de la acreditación vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de esta ley, o de antecedentes sobre cambios en la estructura o funcionamiento de una institución de educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, podrá formular observaciones a las instituciones, así como también solicitarles informes respecto de estas materias. Las medidas que la institución respectiva implemente para subsanar dichas observaciones serán consideradas especialmente por el Directorio en el siguiente proceso de acreditación.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Consejo para la Calidad podrá ordenar que se realicen visitas de seguimiento a las instituciones de educación superior, de conformidad con lo establecido en la letra g) del artículo 28 de esta ley. En este caso, la visita deberá ser notificada a la institución de educación superior con antelación a su realización, y no podrá alterar ni impedir el normal funcionamiento de las actividades académicas o docentes de aquella.

Artículo 61.- El Directorio podrá, de manera excepcional y por resolución fundada, adelantar el proceso de acreditación institucional, antes del término del plazo de la acreditación institucional vigente, en aquellos casos en que obtenga antecedentes que, en su conjunto o por sí solos, hagan presuponer que una institución de educación superior no ha dado cumplimiento a los estándares de calidad que justificaron su acreditación institucional vigente, durante el período de vigencia de ésta.

El Directorio elaborará un informe que dará cuenta de los fundamentos de la decisión de adelantar la acreditación. Este informe será notificado a la institución de educación superior, la que tendrá un plazo de quince días para presentar sus descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término.

De acogerse los descargos o no constatarse la circunstancia señalada en el inciso primero de este artículo, el Directorio dictará una resolución acogiendo o denegando el recurso. En caso de proceder el adelantamiento de la acreditación, el Directorio deberá notificar a la institución de educación superior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de esta ley.

Artículo 62.- Si en el ejercicio de sus funciones el Consejo para la Calidad toma conocimiento de que la institución evaluada ha incurrido en alguna de las situaciones contempladas en los artículos 64, 74 o 81 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2009, del Ministerio de Educación, según corresponda, deberá poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio de Educación a fin de que proceda en conformidad con lo dispuesto en dichas normas.

Asimismo, en caso que durante el desarrollo de un proceso de acreditación institucional el Consejo para la Calidad advierta que una institución de educación superior ejecutó acciones u omisiones dolosas, o bien entregó antecedentes o información falsa, u ocultó aquéllos con la finalidad de que se le otorgare la acreditación institucional en niveles de acreditación institucional superiores al que le hubiese correspondido de no mediar dichas conductas, éste informará a la Superintendencia, para que proceda de conformidad con el párrafo 5° del título IV de esta ley.

Párrafo 9° De la acreditación obligatoria de carreras y programas

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 4º de este título, las universidades acreditadas deberán acreditar obligatoriamente las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos y los programas de doctorado que impartan.

Artículo 64.- La apertura de nuevas carreras y programas de estudio a que se refiere el artículo anterior, deberán contar con una autorización inicial, la que se obtendrá en función del cumplimiento de estándares de calidad específicos que para tal efecto se establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de esta ley.

Corresponderá al Directorio otorgar la autorización inicial de dichas carreras y programas de estudio. En caso que la carrera o programa no obtenga la autorización inicial, éste no podrá ser impartido. Asimismo, en caso que en el siguiente proceso de autorización inicial no se le otorgare dicha autorización, se procederá de conformidad al inciso final de este artículo.

La autorización a la que refiere el inciso anterior tendrá un plazo de vigencia que no podrá superar la duración formal de dichas carreras o programas, el cual podrá ser prorrogable por el Directorio por otro periodo de igual duración.

El Directorio notificará a las universidades, doce meses antes del vencimiento del plazo otorgado para la autorización inicial, la fecha de inicio del proceso de acreditación obligatoria de carreras y programas de estudio, si correspondiere.

Artículo 65.- Sólo las universidades acreditadas podrán impartir carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, siempre que dichas carreras y programas de estudio hayan obtenido la autorización inicial a la que se refiere el artículo anterior.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, para obtener la acreditación de carreras y programas señalados en el inciso anterior, o la autorización del Consejo Nacional de Educación, según corresponda, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que la universidad aplique a las y los estudiantes de las carreras de pedagogía que imparta, las evaluaciones diagnósticas sobre formación inicial en pedagogía que determine el Ministerio de Educación. Una de estas evaluaciones deberá ser realizada al inicio de la carrera por la universidad y la otra, basada en estándares pedagógicos y disciplinarios, que será aplicada directamente por el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, durante los doce meses que anteceden al último año de carrera.

b) Las universidades solo podrán admitir y matricular en dichas carreras y programas de estudio regulares a estudiantes que cumplan, a lo menos, con alguna de las siguientes condiciones:

i. Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 70 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.

ii. Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 10% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.

iii. Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo, y haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.

iv. Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocida por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que lo reemplace. Para ingresar a estos programas se deberá tener un promedio de notas de la educación media dentro del 15% superior de su establecimiento educacional, o a nivel nacional, según el reglamento respectivo.

Para estos efectos se entenderá que la prueba de selección universitaria es aquella que se aplica como mecanismo de admisión de estudiantes, por la mayor cantidad de universidades del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, en tanto no se encuentre vigente lo dispuesto en el artículo 12, del párrafo 2º del título II de esta ley.

Los resultados de las evaluaciones diagnósticas señaladas en la letra a) serán de carácter referencial y formativo para las y los estudiantes. Con todo, la universidad deberá establecer acciones de nivelación y acompañamiento, según corresponda, para aquellos estudiantes que obtengan bajos resultados en estas mediciones.

La segunda evaluación diagnóstica deberá ser rendida por las y los estudiantes como requisito para obtener el título profesional correspondiente, y medirá los estándares pedagógicos y disciplinarios definidos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Corresponderá a la institución de educación superior adoptar las medidas necesarias para que las y los estudiantes cumplan con lo dispuesto en el presente inciso. Los resultados de esta evaluación, agregados y por institución, deberán ser publicados.

El Ministerio de Educación, anualmente, deberá entregar al Consejo para la Calidad de la Educación Superior información sobre la aplicación y resultados de las evaluaciones diagnósticas señaladas.

Artículo 66.- Para efectos de otorgar la acreditación de las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional y Profesor de Educación Diferencial o Especial, el Consejo para la Calidad deberá establecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de esta ley, criterios y estándares relativos, a lo menos, a:

a) Procesos formativos, los que deberán ser coherentes con el perfil de egreso definido por la universidad y los estándares pedagógicos y disciplinarios definidos por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación.

b) Convenios de colaboración con establecimientos educacionales para la realización de prácticas tempranas y progresivas de las y los estudiantes de pedagogías.

c) Cuerpo académico idóneo e infraestructura y equipamiento necesarios, para impartir la carrera de pedagogía.

d) Programas orientados a la mejora de resultados, en base a la información que entreguen las evaluaciones diagnósticas establecidas en la letra a) del artículo 65 de esta ley.

Artículo 67.- La acreditación de las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional y Profesor de Educación Diferencial o Especial sólo podrá ser otorgada por el Consejo para la Calidad. Con todo, para efectos del financiamiento de dichas acreditaciones, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley.

Artículo 68.- En caso de que la carrera o programa no obtuviera o perdiese la acreditación a que se refiere este artículo, corresponderá al Consejo Nacional de Educación iniciar un proceso de supervisión de la carrera o programa de que se trate, por un periodo equivalente al número de años de duración teórica de la misma. De no someter la universidad la carrera o programa respectivo a este proceso de supervisión, operará el mecanismo dispuesto en el inciso tercero del artículo 64 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

Finalizado satisfactoriamente el proceso ante el Consejo Nacional de Educación, la carrera o programa deberá ser presentado inmediatamente a acreditación por la universidad respectiva. Si así no lo hiciere, o presentándose, no obtuviere la acreditación o un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación, operará el mecanismo a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 69.- En el caso de los programas de prosecución de estudios, cada universidad definirá los requisitos de ingreso, debiendo considerar, a lo menos: i) contar con un grado de académico o un título profesional; o, ii) poseer un título técnico de nivel superior. Estos programas deberán ser impartidos por universidades acreditadas, conforme lo establece el inciso primero del artículo 65, y los artículos 66 y 67 de esta ley.

A las y los estudiantes de estos programas se les aplicará, a lo menos, la segunda evaluación diagnóstica a que se refiere el inciso penúltimo del artículo 65.

Artículo 70.- La acreditación de los programas de doctorado que impartan las universidades autónomas acreditadas en alguno de los niveles C, B o A de acreditación institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de esta ley, será obligatoria. Dicha acreditación se realizará en función del cumplimiento de los estándares de calidad que se establezcan de conformidad con lo dispuesto en artículo 44 de esta ley.

Mediante instrucciones de carácter general, el Directorio establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo del proceso de acreditación de programas de doctorado.

La acreditación de programas de doctorado se extenderá por un plazo de ocho años.

Artículo 71.- En el caso en que un programa de doctorado con autorización inicial, de conformidad al artículo 64, no cumpla con los criterios y estándares de calidad, pero presente, a juicio del Directorio, un nivel mínimo de cumplimiento aquellos, podrá obtener una acreditación condicional que no podrá extenderse más allá del plazo de cuatro años contado desde la notificación de la resolución respectiva. Esta acreditación estará sujeta al cumplimiento de las observaciones que realice el Directorio, dentro de los plazos que éste determine. Si el programa no da cumplimiento a los estándares de calidad, el Directorio no otorgará la acreditación.

Artículo 72.- Las carreras y programas de estudio indicados en el inciso primero del artículo 63, que no acreditaren luego de haber sido evaluadas en dos procedimientos de acreditación consecutivos, les será aplicable el mecanismo dispuesto en el inciso tercero del artículo 64 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación. Con todo, dicho cierre se hará efectivo una vez que las y los estudiantes en curso hayan terminado su proceso formativo hasta su completa titulación, si correspondiere. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.

Las instituciones de educación superior podrán interponer un recurso de reconsideración contra la resolución del Directorio que no otorgare la acreditación de las carreras y programas de estudio regulados en este párrafo, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución respectiva.

El Directorio deberá dictar resolución dentro del plazo treinta días, contado desde la fecha de la recepción del recurso. Contra la decisión de dicha reconsideración no procederá recurso administrativo alguno.

Párrafo 10 Del proceso de apertura de sedes, carreras o programas

Artículo 73.- Las instituciones de educación superior acreditadas, podrán abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado, debiendo cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.

Aquellas instituciones acreditadas en el nivel C de acreditación institucional, deberán solicitar autorización al Consejo para la Calidad para abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.

Asimismo, las instituciones acreditadas en el nivel B de acreditación institucional, deberán solicitar autorización al Consejo para la Calidad en caso de abrir una nueva carrera o programa de pregrado, en un área del conocimiento que la institución no imparta regularmente, o que no haya impartido en los últimos dos años.

Artículo 74.- Las instituciones de educación superior a las que refiere el artículo anterior deberán presentar al Consejo para la Calidad, un proyecto que contenga a lo menos, lo siguiente:

a) Justificación de la coherencia, necesidad y pertinencia de la nueva sede, carrera o programa.

b) Indicación de los objetivos de la nueva sede, carrera o programa.

c) Especificación de la infraestructura y de los recursos docentes, académicos, didácticos y financieros con que cuenta la nueva sede, carreras o programa.

d) Especificación de los resultados de aprendizaje previstos, para el caso de la nueva carrera o programa de estudio.

e) Especificación del sistema interno de gestión de la calidad, para el caso de una nueva sede.

f) Etapas y plazos de ejecución del proyecto.

El Consejo para la Calidad, previo informe de la Superintendencia de Educación Superior en lo que respecta a la viabilidad financiera del proyecto, deberá pronunciarse sobre el mismo dentro del plazo máximo de noventa días contado desde su recepción, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas.

Si formulare observaciones, las instituciones de educación superior tendrán un plazo de sesenta días, para subsanarlas. Si así no lo hicieren, el proyecto se tendrá por no presentado.

Por su parte, el Consejo para la Calidad tendrá un plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la respuesta a las observaciones, para pronunciarse sobre ellas, pudiendo aprobar o rechazar fundadamente el proyecto, enviando copia a la Superintendencia de Educación Superior.

En caso de que el Consejo para la Calidad apruebe el proyecto, se entenderá que la nueva sede, carrera o programa podrá iniciar sus actividades académicas.

Artículo 75.- Aquellas instituciones de educación superior acreditadas en el nivel B de acreditación institucional, deberán informar al Consejo para la Calidad sobre la apertura de nuevas sedes y de carreras o programas de estudio, en caso que se trate de áreas del conocimiento que imparten regularmente o que han impartido durante los últimos dos años.

Asimismo, aquellas instituciones de educación superior acreditadas en el nivel A de acreditación institucional deberán informar al Consejo para la Calidad sobre la apertura de nuevas sedes o impartir nuevas carreras o programas de pregrado.

En caso de que el Directorio, a partir del análisis que realice de los antecedentes que acompañe la institución considere que producto de dicha apertura se encuentre en riesgo el cumplimiento de los estándares que dieron lugar a la acreditación institucional, podrá decretar adelantar dicha acreditación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61 de esta ley.

Párrafo 11 De las medidas de publicidad de las decisiones

Artículo 76.- Corresponderá al Consejo para la Calidad mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas y de la acreditación de las carreras y programas de estudio de pregrado o postgrado que éstas imparten, según corresponda.

Corresponderá al Consejo para la Calidad hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las instituciones colaboradoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, deberá mantener un registro público con las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y postgrado y los programas de especialidad en el área de salud, acreditados en conformidad con esta ley.

Artículo 77.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a incorporar en su publicidad información sobre su situación actual de acreditación. Para estos efectos, las instituciones deberán indicar, a lo menos, lo siguiente:

a) En el caso de la publicidad institucional, deberá señalarse si se encontraren tramitando un proceso de acreditación institucional y el nivel o estado de acreditación institucional vigente, según correspondiere.

b) En el caso de la publicidad referida a las carreras o programas de estudio, deberá señalarse el estado de la acreditación institucional, según se establece en la letra anterior, y si las carreras o programas mencionados en la publicidad se encontraren en proceso de acreditación, sin perjuicio de señalar si se les ha otorgado la acreditación a la carrera o programa respectivo.

El Consejo para la Calidad, a través de normas generales, regulará la forma en que debe entregarse esta información.

TÍTULO IV. DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º De la Superintendencia de Educación Superior

Artículo 78.- Créase la Superintendencia de Educación Superior (en adelante e indistintamente la “Superintendencia”) como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación.

La Superintendencia será una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1980 que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley Nº 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago.

Artículo 79.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, así como las instrucciones y normas que ésta dicte en el ámbito de su competencia. Asimismo, le corresponderá fiscalizar la legalidad del uso de los recursos por parte de las instituciones de educación superior y supervisar su viabilidad financiera.

Artículo 80.- Serán funciones y atribuciones de la Superintendencia:

a) Fiscalizar que las instituciones de educación superior, sus organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales y quienes ejerzan funciones directivas, según corresponda, cumplan con las normas aplicables vigentes.

b) Fiscalizar el mantenimiento de los requisitos o condiciones que dieron lugar al reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior.

c) Supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

d) Fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de las instituciones de educación superior.

e) Ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.800.

f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los compromisos académicos asumidos con las y los estudiantes.

g) Ordenar y realizar auditorías en materias de su competencia.

h) Ingresar a los establecimientos o dependencias académicas y administrativas de las instituciones de educación superior y de sus organizadores que tengan relación con la administración de la institución respectiva, cuando corresponda, con el propósito de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior fiscalizada.

i) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior de que se trate, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y, en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización, tanto de las personas o instituciones fiscalizadas, como de los terceros con que éstas realicen operaciones, de conformidad al título V.

La Superintendencia, mediante resolución fundada, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en la institución de educación superior respectiva.

j) Requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas y de cualquier organismo público, la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones. La Superintendencia deberá determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere esta letra, debiendo contemplar un plazo razonable para que ella sea proporcionada por los respectivos obligados.

k) Citar a declarar, dentro del ámbito de sus competencias, a los organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales , quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de las instituciones fiscalizadas o de quienes ejerzan dichos cargos en instituciones relacionadas con ellas, y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquiera naturaleza, como asimismo testigos, respecto de cualquier hecho cuyo esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación de lo contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada.

l) Atender las consultas que se le formularen en materias de su competencia, recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de ellos.

m) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su competencia.

n) Formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca en materias de su competencia.

o) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la ley.

p) Aplicar e interpretar administrativamente las normas cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia serán obligatorias a partir de su publicación y deberán ser actualizadas, sistematizadas y mantenidas en registros de libre acceso electrónico de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de las mismas.

q) Remitir al Consejo para la Calidad de la Educación Superior los antecedentes que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, tuviere conocimiento y en los cuales aparecieren indicios de incumplimientos en materias de su competencia.

r) Remitir al Ministerio Público los antecedentes que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones y en los cuales aparecieren indicios de haberse cometido algún hecho constitutivo de delito.

s) Administrar la información que recopile en el ejercicio de sus competencias, en coordinación con la Subsecretaría, para el adecuado desarrollo del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

t) Convenir con otros servicios públicos y organismos del Estado la transferencia electrónica de información para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

u) Elaborar índices, estadísticas y estudios con la información entregada por las instituciones fiscalizadas, y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

v) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado, o con entidades privadas, la realización de acciones específicas y la prestación de servicios que permitan cumplir sus funciones.

w) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

x) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Las funciones establecidas en las letras c), d) y g) se llevarán a cabo sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y con la debida coordinación con ésta, pudiendo para ello celebrar convenios de colaboración respecto de la fiscalización de las instituciones de educación superior estatales.

Artículo 81.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio, o previa denuncia o reclamo. La Superintendencia instruirá el respectivo procedimiento en caso de advertir la existencia de una o más contravenciones a las normas que le corresponde fiscalizar.

Artículo 82.- Para los efectos de esta ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos constatados en dicha acta constituirán presunción legal de veracidad.

Artículo 83.- Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto cualquier día hábil en horario laboral, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la respectiva institución. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los funcionarios fiscalizadores.

En el ejercicio de la labor fiscalizadora los funcionarios de la Superintendencia deberán informar al sujeto o institución fiscalizada la materia específica objeto de la fiscalización y de las normas pertinentes, dejando copia íntegra de las actas levantadas y realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. El sujeto o institución fiscalizada podrá, en el mismo acto, hacer constar en el acta aquellos errores de hecho o transgresiones de derecho que, a su juicio, se hayan producido durante la fiscalización.

Los sujetos o instituciones fiscalizadas podrán denunciar conductas ilegales de los fiscalizadores ante el Superintendente. En caso que cualquier fiscalizador deje constancia de hechos que resultaren ser falsos o inexactos, el afectado podrá denunciar dicha circunstancia a su superior jerárquico, quien iniciará la investigación que corresponda de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas.

Párrafo 2º De la organización de la Superintendencia

Artículo 84.- El Superintendente o la Superintendenta de Educación Superior, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.882.

Artículo 85.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente:

a) Los miembros, asociados, propietarios, socios o fundadores de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

b) Los integrantes del órgano de administración superior de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los Rectores o Rectoras de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

d) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

Artículo 86.- Corresponderá al Superintendente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer las atribuciones propias de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar, remover y adoptar las demás decisiones que correspondan respecto del personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias correspondientes.

e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia.

f) Impartir instrucciones y circulares de general aplicación para las instituciones de educación superior.

g) Coordinar la labor de la Superintendencia con las demás instituciones públicas con competencia en materia de educación superior, en particular, con los demás órganos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

h) Nombrar, de conformidad a la ley Nº 20.800, un administrador provisional, decretar su alzamiento, aprobar planes de recuperación y de administración provisional.

i) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las instituciones de educación superior.

j) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley.

k) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

l) Rendir cuenta pública, al menos una vez al año, de su gestión y de la Superintendencia.

m) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, salvo las materias señaladas en las letras h), j) y k) de este artículo.

n) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos públicos los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento en ejercicio de sus funciones, a fin de que éstos ejerzan a su vez las facultades que les son propias.

Artículo 87.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna de la Superintendencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Con todo, las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, y la de aplicación de sanciones, estarán a cargo de unidades diferentes.

Artículo 88.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y sus reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas del título I del decreto ley Nº 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y sus modificaciones y las bonificaciones y asignaciones dispuestas en los artículos 9º y 12 de la ley Nº 20.212, en el artículo 5º de la ley Nº 19.528, y en el artículo 17 de la ley Nº 18.091, otorgándose en la forma que señalan dichas leyes.

Artículo 89.- El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones directivas o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente.

El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 90.- Siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, el personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, y deberá abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 91.- Las autoridades o funcionarios de la Superintendencia que correspondan a cargos de exclusiva confianza del Superintendente estarán sujetos a las mismas inhabilidades que pesen sobre éste, y cesarán también en el cargo por las mismas causas de inhabilidad sobreviniente.

Artículo 92.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar servicios a las entidades sujetas a su fiscalización, ya sea en forma directa o indirecta, salvo labores docentes en los términos del artículo 8º de la ley Nº 19.863, caso en el que no podrá ejercer funciones de fiscalización y supervisión respecto a la institución de educación superior en que realiza las actividades docentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente respecto de los cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos.

Cualquier contravención a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 93.- El personal de la Superintendencia que ejerza cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, y no podrá ejercer labores docentes en conformidad al artículo 8º de la ley Nº 19.863. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 94.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Artículo 95.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) Los recursos otorgados por leyes especiales.

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes.

d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte.

e) Los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y sus disposiciones complementarias.

Párrafo 3º De la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo 96.- La Superintendencia deberá supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, y que los recursos y condiciones financieras de éstas les permitan el cumplimiento de sus fines.

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia podrá determinar, mediante norma de carácter general, condiciones e indicadores de riesgo, como referencia para las instituciones en dicha materia. En el ejercicio de esta función, la Superintendencia podrá hacer recomendaciones a las instituciones en materias relacionadas con este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de la ley N° 20.800.

Artículo 97.- Las instituciones de educación superior deberán llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas de carácter general que al efecto podrá dictar la Superintendencia, y deberán someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa de la ley N° 18.045.

Artículo 98.- Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia:

a) Los estados financieros consolidados, debidamente auditados, que contemplen, de manera desagregada, los ingresos y gastos de la institución, así como activos y pasivos, debidamente auditados.

b) Una lista actualizada con la individualización completa de sus socios, asociados o miembros, y de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación. Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia cualquier modificación ocurrida respecto de la información contenida en la última lista enviada.

c) Información sobre los actos, convenciones y operaciones celebradas con personas relacionadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 al 140 de la presente ley.

d) Información respecto de las donaciones recibidas asociadas a exenciones tributarias.

e) Una lista actualizada de las entidades en cuya propiedad la institución de educación superior tenga una participación igual o superior al 10%, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de éstas, la institución de educación superior pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración.

f) Información sobre todo hecho esencial que afecte significativamente su situación financiera y patrimonial.

La Superintendencia determinará la forma, contenido y periodicidad de la información requerida en el inciso precedente. Con todo, la información señalada en las letras a) y c) deberá enviarse de forma anual a la Superintendencia.

Artículo 99.- La Superintendencia deberá incorporar y mantener actualizada la información señalada en los artículos anteriores en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior que llevará la Subsecretaría y en coordinación con la misma, de acuerdo a los convenios de colaboración que para estos efectos celebren ambos organismos, y los demás órganos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según corresponda.

Artículo 100.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 20.285, la Superintendencia mantendrá a disposición del público a través de su sitio electrónico, al menos, lo siguiente:

a) Las normas de carácter general e instrucciones dictadas por ésta.

b) Registro Público de los administradores provisionales y de cierre que se hayan designado.

c) Informes de los administradores provisionales, de conformidad con lo dispuesto el artículo 10 de la ley N° 20.800.

d) Registro Público de Sanciones.

e) Registro Público de socios, miembros y de quienes ejerzan funciones directivas en las instituciones de educación superior.

Párrafo 4° De la atención de reclamos y denuncias

Artículo 101.- La Superintendencia recibirá los reclamos y denuncias que se le formulen y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 102.- El reclamo es la petición formal realizada a la Superintendencia por una persona o grupo de personas interesadas, para que ésta intervenga como mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Recibido el reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de quince días hábiles.

Artículo 103.- Admitido un reclamo a tramitación, el funcionario competente ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al reclamado.

El funcionario designado citará a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Dicho proceso deberá constar en un acta, firmada por los comparecientes, en la cual deben constar las medidas propuestas y el hecho de haberse alcanzado o no acuerdo sobre la materia.

Si no se llegare a acuerdo, y en caso que corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente, el reclamante podrá seguir su pretensión como denuncia. Asimismo, si la Superintendencia considera que los hechos objeto del reclamo afectan a otras personas además del reclamante, y que pudiesen configurar alguna de las infracciones de las señaladas en esta ley, podrá iniciar de oficio un proceso, de conformidad a los artículos siguientes.

Artículo 104.- La denuncia es el acto escrito por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, en conformidad a lo señalado en esta ley.

Las denuncias deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación y la individualización completa del o los denunciantes, quienes deberán suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante.

La Superintendencia podrá ordenar directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento cuando se trate de denuncias realizadas por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación o el Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Párrafo 5°.- Del procedimiento sancionatorio

Artículo 105.- El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia, regulada en el artículo anterior, o de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción sobre materias de su competencia.

Artículo 106.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de quince días para formular los descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término.

La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida, la disposición que establece la infracción, y la sanción asignada.

Artículo 107.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de su recepción en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico para que se practiquen las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su envío.

La realización de la notificación señalada en el artículo precedente deberá hacerse constar en el expediente administrativo correspondiente.

Artículo 108.- El fiscal instructor podrá solicitar antecedentes adicionales dentro del plazo de quince días hábiles contado desde el vencimiento del plazo para presentar descargos. La parte de quien se hubiere requerido la presentación de antecedentes adicionales tendrá diez días hábiles para acompañarlos, bajo apercibimiento de tenerse por no acompañados si no se presentaren dentro de dicho plazo.

Presentados los descargos y antecedentes, o transcurridos los respectivos plazos sin que se hubieren presentado, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Superintendente la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Artículo 109.- Transcurridos dos años de inactividad dentro del procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo dictarse una resolución que la declare y ordene su archivo.

La caducidad no implicará la prescripción de la infracción ni de la facultad de la Superintendencia para iniciar un nuevo procedimiento sancionatorio por los mismos hechos. En este último caso podrá agregar al nuevo expediente todos los antecedentes, informes y actuaciones útiles efectuadas en el procedimiento caducado, debiendo en cualquier caso realizar todas las etapas del procedimiento nuevamente.

La Superintendencia no podrá perseguir las infracciones cometidas transcurridos cuatro años desde que hubiere terminado de cometerse el hecho. Este plazo se interrumpe cuando se inicia el procedimiento sancionatorio, con la notificación del infractor o cada vez que se cometa una nueva infracción. En caso de declararse la caducidad del procedimiento se entenderá que no se interrumpió el plazo de prescripción.

Las sanciones impuestas por acto administrativo firme no podrán ejecutarse una vez transcurridos más de tres años desde que éste quede firme. Este plazo se interrumpe cuando la Superintendencia inicie la ejecución.

Artículo 110.- Las resoluciones de la Superintendencia que determinen la imposición de sanciones serán susceptibles de recurso de reposición, el que podrá interponerse en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 111.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución impugnada.

El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo de ilegalidad, la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican.

La Corte dará traslado a la Superintendencia por el término de diez días. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil.

Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia.

La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo de ilegalidad, ordenará, según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; cuando se hubieren solicitado, y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito o en el caso que, como producto de la investigación, se concluya la existencia de hechos constitutivos de delito.

Párrafo 6º Infracciones y sanciones

Artículo 112.- Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones establecidas en esta ley.

Artículo 113.- Para los efectos del ejercicio de dicha potestad sancionadora las personas e instituciones fiscalizadas podrán incurrir en infracciones gravísimas, graves, y leves.

Artículo 114.- Son infracciones gravísimas:

a) Destinar los recursos de la institución de educación superior a fines distintos a los que le son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

b) Realizar operaciones en contravención a lo señalado en el artículo 134.

c) Realizar operaciones con personas relacionadas sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 135 a 137 de la presente ley.

d) Cualquier acción u omisión dolosa destinada a obtener acreditación o niveles de acreditación mayores a los que correspondan en conformidad a la ley.

e) No cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 97 y 98 o hacerlo de forma distinta a lo prescrito en dicho a artículo o de manera tardía.

f) Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia.

g) Entregar información falsa u ocultar cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción.

h) Incurrir reiteradamente en infracciones calificadas como graves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses se incurre en cuatro o más infracciones graves.

i) Incurrir en toda otra infracción que sea calificada como gravísima por la ley.

Artículo 115.- Son infracciones graves:

a) No remitir la información requerida por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación o el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, en ejercicio de sus facultades legales, o hacerlo de forma tardía, incompleta o inexacta.

b) Informar erróneamente respecto del número de estudiantes por carrera o programa, el número de académicos o cualquier información, si de ello resultare un incremento del financiamiento o aportes que la institución recibiría del Estado, de manera directa o indirecta.

c) Efectuar publicidad falsa o engañosa, en los términos que se indican en el artículo 116.

d) Negarse a efectuar o entorpecer significativamente la auditoría externa de sus estados financieros de conformidad a la ley.

e) Modificar unilateralmente los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales la institución de educación superior hubiere convenido con el estudiante la prestación de los servicios educativos.

f) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles o costos previamente establecidos en su reglamentación e informados a las y los estudiantes al inicio de cada año académico.

g) Incurrir en cualquier otra infracción que sea expresamente calificada como tal por la ley.

h) Reiterar el incumplimiento de infracciones calificadas como leves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses incurren en cuatro o más infracciones leves.

En caso de infracciones que tengan el carácter de graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 116.- Se entenderá por publicidad engañosa cualquier mensaje publicitario o comunicación dirigida al público en general que induzca a error o engaño respecto de:

a) El valor correspondiente a matrícula, aranceles, becas y en general a cualquier desembolso o prestación pecuniaria exigida por una institución a sus estudiantes.

b) El nivel de acreditación, que de conformidad a la ley haya obtenido la respectiva institución de educación superior y de la acreditación de sus carreras y programas de estudio, según corresponda.

c) Las perspectivas de empleabilidad de las y los estudiantes de la respectiva institución o de cualquiera de sus carreras o programas, de conformidad a lo que establezca la Superintendencia mediante instrucciones de carácter general.

d) Los niveles formativos, las cualificaciones, las alternativas de continuidad de estudios o denominación de las carreras y programas de estudio de la oferta académica.

e) La infraestructura, el cuerpo docente, campos clínicos, equipamiento y espacios para pasantía o práctica profesional con que cuente la respectiva institución o cualquiera de sus sedes, carreras o programas.

Artículo 117.- Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier norma aplicable a la educación superior y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.

En caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley. Con todo, las infracciones a que se refiere este artículo solo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el Superintendente.

Artículo 118.- Comprobada la infracción, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan, el Superintendente podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119:

a) Amonestación por escrito.

b) Multa a beneficio fiscal de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones leves.

c) Multa a beneficio fiscal de hasta mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones graves.

d) Multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones gravísimas.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 119, para la determinación del monto específico de la multa, se deberá considerar el tamaño de la institución. Para estos efectos, se tendrá especial consideración por el número de estudiantes y docentes con que ésta cuenta, número de carreras y programas de estudio que imparte, el grado de desarrollo en las áreas de gestión institucional y docencia, y el número de sedes y extensión territorial de la misma.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad para concurrir, directa o indirectamente, a la constitución de instituciones de educación superior o para ocupar el cargo de Rector o Rectora o ser integrante del órgano de administración superior en cualquiera de dichas instituciones. La sanción de inhabilitación temporal se podrá extender hasta por un plazo de cinco años, y se aplicará para el caso de infracciones gravísimas.

La Superintendencia podrá amonestar por escrito o multar hasta por una cantidad equivalente a mil unidades tributarias mensuales a quienes ejerzan funciones directivas que resulten responsables de las infracciones cometidas. La multa se comunicará al infractor y al representante legal de la institución. La Superintendencia podrá poner en conocimiento de la asamblea de miembros, según corresponda, las infracciones, incumplimientos o actos en que hayan incurrido quienes ejerzan funciones directivas de la institución, a fin de que aquélla pueda removerlos de sus cargos en caso que corresponda de acuerdo a sus estatutos y la ley, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crea pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de administración superior deberá dar cuenta a la asamblea más próxima de las sanciones de que ha sido objeto la institución o sus funcionarios.

Artículo 119.- Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción; el beneficio económico obtenido con motivo de ésta; la intencionalidad y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; su capacidad económica; el cumplimiento con los planes de recuperación, en su caso; la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes; y todo otro criterio que, a juicio fundado del Superintendente, sea relevante para la determinación de la sanción.

Artículo 120.- Sin perjuicio de las sanciones señaladas en el artículo 118, y en caso que sea procedente de acuerdo a la ley Nº 20.800 y sus reglamentos, la Superintendencia podrá disponer el cumplimiento de un plan de recuperación o la designación de un administrador provisional.

Artículo 121.- La sanción de multa no impide la aplicación de las demás sanciones establecidas en el artículo 118. Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este título deberá ser acreditado ante la Superintendencia dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 122.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad:

a) Subsanar los reparos u observaciones representados por la Superintendencia dentro del plazo que ésta determine.

b) No haber sido objeto de alguna de las sanciones previstas en las normas aplicables a la educación superior en los últimos seis años tratándose de una infracción gravísima; en los últimos cuatro años si esta fuere grave, y en los últimos dos años en caso de una infracción leve.

Artículo 123.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) No presentarse a declarar, por parte de los asociados, miembros o socios, quienes ejercen funciones directivas, representantes legales, administradores o dependientes de la persona jurídica fiscalizada, cuando haya sido solicitada por la Superintendencia.

b) El incumplimiento reiterado de las normas aplicables, o de las instrucciones o requerimientos de información formulados por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.

c) Haber sido anteriormente objeto de la medida de designación de administrador provisional o, en el caso de asociados, miembros o socios, directores o integrantes de órganos de administración superiores de una institución de educación superior, haber cumplido similares o afines roles en una institución de educación superior que fue objeto de la medida de designación administrador de cierre.

En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes, la multa aplicable al infractor podrá ascender hasta el doble del monto máximo previsto en la ley para la infracción de que se trate.

TÍTULO V. REGULACIONES Y PROHIBICIONES APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ORGANIZADAS COMO PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO

Artículo 124.- Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores, miembros o asociados a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior, y de forma supletoria, por las disposiciones del título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Artículo 125.- Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas que, actuando coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, y siendo miembro o asociado de la institución de educación superior, ya sea directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o, para elegir a la mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o, para elegir a la mayoría de los directivos o designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos; o, para influir decisivamente en la administración de la institución. 

Las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia quién es su controlador; y, en caso que no tuviese, deberán señalar esta circunstancia expresamente.

Artículo 126.- Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan.

Los actos, convenciones u operaciones realizadas en contravención a lo establecido en el inciso anterior constituirán infracciones gravísimas, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 13 de la ley Nº 20.800, los artículos 132 a 140 de la presente ley y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

El que, administrando a cualquier título los recursos o excedentes de la institución de educación superior, los sustraiga o destine a una finalidad diferente a lo señalado en el inciso primero de este artículo, estará obligado a reintegrarlos a la institución, debidamente reajustados conforme a la variación expresada por el Índice de Precios al Consumidor, en el período comprendido entre el mes anterior a aquel en que se hizo la sustracción o desvío y el mes anterior en que se produjere la restitución. Comprobada la infracción, ésta será sancionada por la Superintendencia, conforme a las normas del título IV de la presente ley, con una multa del 50% de la suma sustraída o desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados ni pagados con cargo a cualquiera de los recursos públicos u otros que perciba la institución.

En este caso, la Superintendencia deberá denunciar al Ministerio Público los hechos de los que tome conocimiento para los fines correspondientes.

Artículo 127.- Las instituciones de educación superior que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro deberán contar con un órgano de administración superior, llámese directorio, junta directiva, consejo superior u otro órgano colegiado, cualquiera sea su denominación (en adelante “órgano de administración superior”), el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos.

Los integrantes del órgano de administración superior podrán gozar de una dieta, y en tal caso, ésta deberá estar establecida en los estatutos.

Artículo 128.- Es función esencial del órgano de administración superior el control superior de la administración financiera y patrimonial de la institución, en concordancia con su plan de desarrollo institucional.

Se prohíbe cualquier acto o contrato mediante el cual el órgano de administración superior delegue, total o parcialmente, y a cualquier título, sus funciones esenciales o se comprometa a ejercerlas bajo una determinada modalidad, salvo que se trate del otorgamiento de mandatos especiales cuyas facultades han sido indicadas de manera precisa.

Artículo 129.- Los integrantes del órgano de administración superior deberán velar por el interés de la institución de educación superior y el cumplimento de los fines establecidos en sus estatutos, y no podrán ser removidos de su cargo sino por mayoría absoluta del órgano de administración superior y por causa grave señalada previamente en los estatutos.

Las funciones esenciales de los integrantes del órgano de administración superior no serán delegables y se ejercerán colectivamente, de conformidad a las formalidades que establezcan sus estatutos.

Artículo 130.- Los integrantes del órgano de administración superior deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios, y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la institución, en su caso, por sus actuaciones dolosas o culpables. Toda estipulación o acuerdo que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los integrantes del órgano de administración superior es nula.

Artículo 131.- Los integrantes del órgano de administración superior no podrán realizar o aprobar actos contrarios al interés de la institución de educación superior o que contravengan lo dispuesto en el inciso primero del artículo 126, ni usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados, en perjuicio del interés de la entidad. Los beneficios percibidos por quienes infrinjan lo dispuesto en este artículo, pertenecerán a la institución de educación superior, la que además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio en conformidad a lo establecido en el artículo 139.

Artículo 132.- Para efectos de esta ley, se entenderá por personas relacionadas a la institución de educación superior:

a) Las personas naturales o jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución.

b) Sus controladores, según sea el caso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 125.

c) Los integrantes del órgano de administración superior.

d) Sus Rectores o Rectoras.

e) Los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

f) Las personas jurídicas en que las personas señaladas en las letras precedentes sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

g) Las personas naturales o jurídicas que sean miembros, asociados o fundadores, según corresponda, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a); sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

h) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a), según sea el caso; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

i) Las demás personas que desempeñan funciones directivas en la respectiva institución de educación superior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

j) Las personas jurídicas en que las personas naturales señaladas en las letras precedentes sean directores, gerentes, administradores, o ejecutivos principales de las mismas.

k) Las personas jurídicas en que la institución de educación superior sea propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro o que, conforme a los estatutos de éstas, pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración respectivo.

La Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que es relacionada a una institución de educación superior toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con la institución originan conflictos de interés.

Artículo 133.- Para efectos de esta ley, se entenderá que ejercen funciones directivas de una institución de educación superior los integrantes del órgano de administración superior, los Rectores o Rectoras, así como cualquier autoridad unipersonal de la institución, sus sedes, facultades, institutos y departamentos o los integrantes de órganos académicos superiores.

Artículo 134.- Las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con las personas indicadas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 132.

Con todo, podrán exceptuarse de la prohibición establecida en el inciso anterior aquellos actos, contratos, convenciones u operaciones en que:

a) La contraparte sea otra institución de educación superior sin fines de lucro o creada por ley o que derive su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público.

b) La contraparte sea una persona jurídica sin fines de lucro o de derecho público.

c) Cuando se trate de donaciones cuyo beneficiario sea una institución de educación superior sin fines de lucro o creada por ley o que derive su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público.

El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 126 y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

Artículo 135.- Las operaciones señaladas en el inciso segundo del artículo anterior o aquéllas que se realicen con personas relacionadas distintas a las señaladas en su inciso primero, deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración; y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en los artículos siguientes, cualquiera sea el monto, naturaleza, objeto o condición de habitualidad de la operación.

Artículo 136.- Las operaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser aprobadas, en forma previa a su celebración, por la mayoría de los integrantes del órgano de administración superior de la institución de educación superior o su equivalente, debiendo excluirse de la votación aquéllos que tengan interés directo o indirecto en la operación de que se trate, en su caso.

El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Con todo, lo dispuesto en el inciso primero no se exigirá respecto de operaciones cuyo monto sea inferior a 1.000 unidades de fomento, sea considerada individualmente o en conjunto con otras operaciones que tengan igual causa u objeto, y se celebren con una misma parte dentro de un período consecutivo de doce meses.

Artículo 137.- La reunión del órgano de administración superior que apruebe la operación de conformidad al artículo anterior, deberá constar en un acta firmada por todos los integrantes presentes y deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

a) La descripción del objeto, monto, plazo de duración y demás condiciones comerciales de la operación de que se trate.

b) La individualización de la contraparte en la operación y el tipo de relación existente con la misma.

c) La indicación de que la operación es necesaria y de cómo contribuye al interés de la institución de educación superior.

d) La individualización de los integrantes del órgano de administración superior que aprobaron la operación.

e) La individualización del o los integrantes del órgano de administración superior que se hayan abstenido por tener interés en la operación respectiva, con indicación de la relación que tuvieren con la contraparte en la operación.

f) Las deliberaciones efectuadas para la aprobación de los términos y condiciones de la operación, con indicación precisa de los antecedentes concretos que se hayan tenido en consideración a efectos de determinar que la operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135 de la presente ley.

Artículo 138.- El cumplimiento de los procedimientos descritos en los artículos anteriores, en caso alguno eximirá a los integrantes del órgano de administración superior o su equivalente de la responsabilidad que corresponda, en caso que la operación respectiva no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 135 de la presente ley.

Artículo 139.- La Superintendencia; cualquier asociado, miembro o fundador de la institución de educación superior, o quienes ejerzan funciones directivas y no hubieren concurrido al acuerdo de aprobación de la operación celebrada en contravención a las normas de este párrafo podrán, a nombre de la institución de educación superior, perseguir judicialmente la responsabilidad civil de los directores que hubieren aprobado la operación.

Artículo 140.- Las normas establecidas en los artículos 132 al 139 les serán aplicables a las instituciones de educación superior que deriven su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

TÍTULO VI. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATAL

Párrafo 1º Disposiciones generales

Artículo 141.- Las instituciones de educación superior estatales, esto es, las universidades y centros de formación técnica creados por ley (en adelante “las instituciones estatales”), tienen como misión contribuir al cumplimiento del deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural del país. En ese marco, deben participar del Sistema de Educación Superior fundando su quehacer en las normas y principios generales que define esta ley, en el aporte al bien común y al desarrollo integral, inclusivo y sostenible del país y sus regiones.

Artículo 142.- Las instituciones estatales serán responsables de cumplir con lo siguiente:

a) Educación laica: Las instituciones estatales serán laicas y deberán garantizar a la comunidad académica la libre expresión de sus ideas y respetarán la coexistencia de diferentes doctrinas, corrientes del pensamiento y concepciones religiosas al interior de sus planteles.

b) Calidad y pertinencia: Las instituciones estatales deberán promover el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, tanto en sus procesos como en sus resultados, en el desarrollo de sus funciones con la finalidad de constituirse en un referente de calidad en sus respectivas regiones.

c) Pluralismo: Las instituciones estatales deben garantizar y promover la convivencia de una amplia diversidad de visiones, valores y formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad, en un contexto de respeto de los derechos fundamentales y de la normativa vigente.

d) Derechos de los estamentos: El acceso, permanencia, promoción y egreso, de todos los miembros de los estamentos de las instituciones estatales se realizará en virtud de sus méritos, capacidades, talentos y aptitudes, mediante procesos transparentes, así como también en consideración a las exigencias académicas de cada institución, en igualdad de oportunidades y sin discriminaciones arbitrarias.

Las instituciones estatales deberán contar con una carrera docente o académica según corresponda al tipo de institución, objetiva, transparente y pública, basada exclusivamente en el mérito y que establezca los niveles jerárquicos y las correspondientes exigencias para el ingreso, promoción y salida.

e) Equidad: Las instituciones estatales deberán generar las condiciones necesarias para que sus estudiantes puedan desarrollar al máximo sus talentos y capacidades con igualdad de oportunidades, desde su acceso hasta su titulación o graduación.

Asimismo, las instituciones estatales deberán aplicar las políticas de acceso e inclusión que disponga la Subsecretaría, así como aquellas establecidas en el Sistema de Acceso regulado en esta ley.

f) Colaboración: Las instituciones estatales propenderán al trabajo colaborativo basado en la movilidad estudiantil y académica; a la generación de redes para el desarrollo de todas sus funciones, el uso de laboratorios y otras instalaciones; al fortalecimiento de los sistemas de aprendizaje; al intercambio de buenas prácticas y en general a la promoción de estrategias colectivas para responder a desafíos comunes.

g) Participación: Las instituciones estatales establecerán formas de gobierno interno que promuevan la diversidad de opiniones y visiones de los miembros que componen sus comunidades, que protejan la libertad de expresión y de cátedra, y garanticen la participación de sus estamentos en los órganos colegiados.

Artículo 143.- Se establecerá una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, coordinada por la Subsecretaría. Esta Red será una instancia de articulación en la que participarán representantes de los rectores de las instituciones de educación estatales y tendrá como funciones proponer iniciativas para el desarrollo conjunto y el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones que lo integran. Entre estas iniciativas se incluyen, por ejemplo, orientaciones que vinculen el quehacer de las instituciones estatales con las políticas nacionales y regionales; colaboración e intercambio de buenas prácticas en materias tales como gestión institucional y procesos de evaluación de docentes, académicos y funcionarios; articulación de la oferta académica, de planes de estudios y programas de movilidad estudiantil, docente y académica; y creación de programas y equipos de investigación, ya sea conjuntamente o en colaboración entre ellas, así como la creación y uso de infraestructura común para investigación, creación e innovación. Corresponderá a la Subsecretaría brindar el soporte técnico para el funcionamiento de la Red.

Artículo 144.- Las instituciones de educación superior del Estado serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica Constitucional.

Con todo, quedarán exentas del trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan:

a) Contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos del personal académico y no académico a honorarios.

b) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles por montos inferiores a 10.000 unidades tributarias mensuales.

Artículo 145.- El personal de las instituciones estatales se eximirá de la aplicación del párrafo 3° del título III del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. En consecuencia, los cometidos funcionarios y comisiones de servicio de sus funcionarios y funcionarias se regirán según los estatutos y normativa interna de cada institución.

Artículo 146.- Los científicos, investigadores, académicos, conferencistas, profesionales o técnicos, u otras personas en calidad de experto, cuya admisión sea requerida por una institución de educación superior estatal para el desarrollo de una actividad o programa acorde a sus fines, estarán exceptuados de la obligación de obtener autorización de trabajo en los términos del inciso primero del artículo 48 del decreto ley N° 1.094 de 1975, del Ministerio del Interior, que establece normas sobre extranjeros en Chile, siempre que su permanencia en el territorio nacional no se extienda por más de treinta días.

Artículo 147.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las instituciones de educación superior estatales no estarán sujetas a las disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no obstante que puedan, cuando lo estimen conveniente, hacer uso de ella.

Artículo 148.- Adicionalmente a las normas que se establecen en la presente ley, los centros de formación técnica estatales se regirán por lo dispuesto en la ley Nº 20.910, así como también en los estatutos que los rijan.

Párrafo 2º Normas comunes para las universidades estatales

Artículo 149.- Las universidades estatales definirán en sus estatutos sus estructuras de gobierno interno. En todo caso, los estatutos siempre deberán considerar los órganos, autoridades y facultades que se establecen en el presente párrafo.

El estricto cumplimiento de las disposiciones de este párrafo habilitará a las universidades estatales para acceder al financiamiento establecido en el artículo 188 de la presente ley.

Artículo 150.- El Rector o Rectora será la máxima autoridad unipersonal ejecutiva y representante legal de la institución.

La elección del Rector o Rectora se realizará de conformidad a la ley N° 19.305 y sólo podrá ser reelecto una vez en forma consecutiva.

Artículo 151.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad colegiada resolutiva, cuya función principal será velar por los intereses y por el cumplimiento de los fines de la universidad, preservar su patrimonio y vincular su quehacer con las políticas nacionales y regionales, así como promover que la universidad contribuya al desarrollo del país.

Los estatutos de las universidades podrán dar una denominación distinta a este órgano.

Artículo 152.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones que le son propias y no podrán ser delegadas a otro órgano o autoridad, sin perjuicio de que los estatutos de la universidad puedan adicionar otras:

a) Aprobar el plan de desarrollo institucional que le presente el órgano colegiado establecido en el artículo 154 de esta ley con acuerdo del Rector o Rectora, así como otras políticas generales de largo plazo y verificar periódicamente su estado de avance.

b) Aprobar, a propuesta del Rector o Rectora, las políticas financieras anuales, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse a lo menos semestralmente sobre la ejecución de éste.

El Consejo Directivo sólo podrá aprobar presupuestos que contemplen gastos debidamente financiados.

c) Conocer las cuentas periódicas del Rector o Rectora y pronunciarse respecto de ellas.

d) Autorizar, a propuesta del Rector o Rectora, la enajenación o gravamen de activos de la universidad cuando éstos correspondan a bienes raíces o a bienes que, sin ser inmuebles, hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, de acuerdo al procedimiento que determine el estatuto de la universidad.

e) Proponer al Presidente o Presidenta de la República, en virtud de un acuerdo fundado adoptado por mayoría de sus integrantes y en virtud de una causal previamente establecida en sus estatutos, la remoción del Rector o Rectora, con exclusión del afectado.

f) Ordenar la ejecución de auditorías internas.

Las materias indicadas en las letras de este artículo se regularán de acuerdo a lo que establezca la normativa interna de cada institución.

Artículo 153.- El Consejo Directivo estará integrado por nueve miembros, con derecho a voz y voto, que se designarán de la siguiente manera:

a) Cuatro representantes del Presidente o Presidenta de la República, quienes serán profesionales de reconocida experiencia en actividades académicas o directivas.

b) Dos representantes de los académicos y académicas, electos de conformidad a la forma en que se elige el Rector o Rectora.

c) Dos representantes del órgano colegiado a que hace referencia el artículo 154 de esta ley.

d) El Rector o Rectora, quien lo presidirá.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en todas aquellas funciones que realice el Consejo Directivo, que ejecute a propuesta del Rector o Rectora, dicha autoridad participará en las sesiones correspondientes solo con derecho a voz.

Los integrantes designados en virtud de las letras a) y b) durarán cuatro años en su cargo; por su parte, los miembros designados en virtud de la letra c) durarán dos años, y podrán ser designados por una vez adicional.

La designación de los miembros del Consejo Directivo se efectuará por parcialidades, correspondiendo renovar cada dos años a un integrante de las letras b) y c), y cada dos años a dos miembros de la letra a) del presente artículo.

Los integrantes designados en virtud de las letras b) y c) podrán ser removidos por acuerdo fundado adoptado por dos tercios de los consejeros en ejercicio.

Los integrantes designados en virtud de la letra a) no podrán tener vínculo laboral o contractual con la universidad durante el período en que sean designados y permanecerán en dichos cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente o Presidenta de la República . De los cuatro representantes, al menos dos de ellos deberán residir en la región en la cual la universidad tenga su domicilio.

Todos los integrantes del Consejo Directivo que pertenezcan a las universidades estatales servirán sus cargos ad honorem, y aquellos designados en representación del Presidente o Presidenta de la República recibirán una dieta de cargo fiscal.

Artículo 154.- Los estatutos de las universidades estatales deberán considerar al menos un órgano colegiado de carácter normativo, distinto del Consejo Directivo, cuya principal función será la regulación de las materias relativas al desarrollo de las funciones propias de la universidad, en particular aquellas académicas, así como también elaborar y proponer al Rector o Rectora el plan de desarrollo institucional.

Dicho órgano deberá contemplar la participación con derecho a voz y voto de todos los estamentos de la universidad, asegurando la representación de los miembros del estamento académico en dos tercios.

La elección de los representantes de los estamentos que participarán en los órganos colegiados de las universidades, se deberá realizar a través de elección especialmente convocada para dicho efecto y para su validez deberá contar con un quorum de participación de al menos el 40% de los miembros del estamento correspondiente.

Artículo 155.- Los miembros de los órganos colegiados que no ostenten la calidad de funcionaria o funcionario público, tendrán la calidad de agente público.

En virtud de lo anterior, les serán aplicable las normas establecidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y los párrafos 1°, 5° y 6° del título III y el título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Asimismo, estarán sujetos a las obligaciones que establezcan los estatutos de la institución a la que pertenezca el órgano en que se desempeñan.

TÍTULO VII. DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º Del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo 156.- Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ya sean estatales o reconocidos oficialmente por el Estado, en este último caso que cumplan con los requisitos señalados en esta ley, recibirán el financiamiento institucional para la gratuidad de conformidad a las condiciones que establece este título.

Artículo 157.- Para optar a este financiamiento institucional para la gratuidad, las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado deberán:

a) Contar con nivel A, B o C, de acuerdo al título II de esta ley.

b) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley y dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el título V de la presente ley.

c) Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título II de la presente ley.

d) Aplicar políticas, previamente autorizadas por la Subsecretaria de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que, al menos, el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos anteriormente, si una institución se encuentra en el caso regulado en el artículo 191, no podrá acceder al financiamiento regulado en el presente título, en el plazo que ahí se señala.

Las instituciones de educación superior estatales accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.

Artículo 158.- Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado que deseen acceder al financiamiento público deberán solicitarlo a la Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año.

La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Acogida la solicitud, el financiamiento se otorgará a contar del año siguiente y se entenderá que la institución lo mantiene mientras cumpla con lo dispuesto en el presente título y no manifieste su voluntad en contrario de conformidad al artículo 160. Asimismo la institución será registrada de conformidad a lo dispuesto en la letra q) del artículo 9.

Artículo 159.- La Subsecretaría dispondrá para las instituciones que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad un monto anual en dinero expresado en pesos.

Dicha transferencia utilizará la información del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula, establecidos de conformidad a este título. Asimismo, deberá tener en consideración el volumen de estudiantes de cada institución afecta al artículo 156, considerando la información de a lo menos tres años de aquellos estudiantes matriculados a los que la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º, y a lo regulado en el párrafo 4º ambos del presente título.

Artículo 160.- La institución que opte por dejar de recibir el financiamiento de que trata este título deberá comunicarlo a la Subsecretaría de Educación Superior antes del 30 de abril de cada año, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación.

Con todo, la institución deberá asegurar que las y los estudiantes matriculados con anterioridad a la comunicación a la que alude el inciso anterior, mantengan la misma situación respecto de todos los cobros que les efectúe la institución o su exención, según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

La institución de educación superior que comunique la decisión de dejar de percibir el financiamiento, podrá volver a solicitarlo sólo una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la referida comunicación.

Artículo 161.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Regirse por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en el párrafo 2º y en conformidad al párrafo 5º del presente título.

b) Regirse por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4º del presente título.

c) Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5º de este título.

Párrafo 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo 162.- Aquellas instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a “grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los niveles de acreditación institucional de las instituciones que las imparten, el tamaño de éstas últimas y la región en que se imparte.

Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán a un valor anual por estudiante, determinado según tipo de institución, es decir, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros por concepto de titulación o graduación corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.

Los valores que trata este artículo se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro o Ministra de Hacienda, y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

Artículo 163.- El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 164, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos.

Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

Artículo 164.- La Subsecretaría establecerá, mediante una resolución exenta, visada por el Ministro o Ministra de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 165.- Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante “la Comisión”) una primera propuesta de dichas bases, tres años después de la publicación de la resolución exenta que determinó, para el último quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior respecto a una primera propuesta de bases técnicas.

En este proceso de consulta, las instituciones de educación superior podrán hacer observaciones, las que deberán ser respondidas fundadamente por la Subsecretaría. El fundamento podrá ser común para todas aquellas observaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaria, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere las modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaria, la que deberá dictar la resolución exenta de conformidad a dicho pronunciamiento.

La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo podrá entrar en vigencia hasta ocho meses después de la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero.

En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

Artículo 166.- En el plazo de nueve meses de aprobadas las bases técnicas por la Comisión, la Subsecretaría deberá presentarle un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a las bases técnicas vigentes, así como también las memorias de cálculo que correspondan.

La Comisión, dentro de sesenta días corridos contados desde la recepción de dicho informe, se pronunciará al respecto, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, dentro de noventa días corridos desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobando o rechazándolas, debiendo dictar la resolución exenta correspondiente.

Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 162.

Artículo 167.- Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente:

a) La definición del o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo.

b) Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a).

c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, salvo que exista una resolución exenta vigente que determine dicho valor, sin perjuicio del nuevo cálculo que corresponda cada cinco años, así como de los reajustes que establece esta ley.

Artículo 168.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante una nueva resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones que trata el artículo 166, de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, en los doce meses anteriores al mes de septiembre del año en que se dicta la resolución. Este reajuste aplicará para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de todas las y los estudiantes matriculados en la institución respectiva.

Asimismo, en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, indicando el nivel de acreditación institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para ello el nivel de acreditación institucional del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución.

En caso de que el nivel de acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, el nuevo nivel deberá considerarse en la resolución para el año siguiente.

Artículo 169.- Las normas de los capítulos IV y V de la ley N° 19.880, no se aplicarán a lo dispuesto en el presente párrafo.

Párrafo 3º De la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

Artículo 170.- Créase una Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, de carácter permanente. Corresponderá a la Comisión:

a) Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la Subsecretaría, de conformidad al artículo 165.

b) Aprobar u observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación propuestos por la Subsecretaría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 166.

c) Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría.

d) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Para el cumplimiento de las funciones de la Comisión, la Subsecretaría deberá remitirle la información que le sea solicitada.

Artículo 171.- La Comisión estará integrada por siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, que acrediten al menos diez años de experiencia laboral o profesional, y dominio y experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos, o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional.

La integración de la Comisión deberá reunir experiencias profesionales o laborales, tanto del subsistema universitario como técnico profesional, así como experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover la paridad de género.

Las y los integrantes de la Comisión serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de noventa días. Para ello, la Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles profesionales, y de competencias y aptitudes.

El nombramiento de las y los seleccionados se efectuará mediante resolución del Ministerio de Educación.

Las y los integrantes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán ser designados para un nuevo período, debiendo para ello presentarse al concurso público correspondiente.

La renovación de los integrantes de la Comisión se efectuará por parcialidades, las que como máximo podrán considerar dos miembros. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.

Artículo 172.- No podrán ser nombrados integrantes de la Comisión:

a) Las personas que ejerzan funciones directivas de una institución de educación superior, de conformidad al artículo 133.

b) Los miembros, asociados o fundadores; o socios o propietarios, según corresponda, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de una institución de educación superior.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Los funcionarios o funcionarias públicos, con excepción de aquellos que posean dicha calidad en razón de ejercer labores académicas en las instituciones de educación superior estatales. Así también, quienes detenten convenios de honorarios en Ministerios u otros servicios públicos.

Las personas que al momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a ellas para poder ser nombrados en el cargo.

Las incompatibilidades señaladas en las letras a), b) y c) del inciso primero de este artículo se mantendrán hasta por un año después de terminado el período del integrante.

Asimismo, no podrán ser nombrados integrantes de la Comisión quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras c), d) y e) del artículo 175 de esta ley.

Artículo 173.- El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría, financiará los gastos de administración y funcionamiento de la Comisión así como también el monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Asimismo, la Subsecretaría deberá coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la administración de gastos y el funcionamiento de la Comisión, brindándole asistencia administrativa.

Los honorarios mensuales de cada integrante corresponderán a diez unidades tributarias mensuales, por cada sesión, con un tope total mensual de cien unidades tributarias mensuales.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá encomendar estudios para materias específicas y debidamente fundadas, los que serán financiados por la Subsecretaría, de acuerdo a lo aprobado en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Artículo 174.- La Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien la presidirá por los siguientes tres años o hasta que expire su cargo, lo que ocurra primero.

El quórum mínimo para sesionar será de cuatro integrantes y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el voto del Presidente o Presidenta en caso de empate.

De los acuerdos de la Comisión se dejará constancia en los libros de actas respectivos y en las resoluciones que se emitan.

Artículo 175.- Serán causales de cesación en el cargo de integrante de la Comisión:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro o Ministra de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Faltas graves al cumplimiento de las obligaciones como como integrante de la Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves:

i) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii) No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

Artículo 176.- Los integrantes de la Comisión no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el título II del capítulo I de la ley N° 20.880, y las previstas en el título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, por consiguiente, comprendidos en el artículo 260 del referido Código.

Artículo 177.- Respecto de las resoluciones de la Comisión de Expertos no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.

Párrafo 4º Regulación de las vacantes de las instituciones de educación superior

Artículo 178.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

Dicha resolución considerará, entre otras, las siguientes variables:

a) El nivel de acreditación institucional.

b) El tipo de institución, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica.

c) La cobertura regional de la educación superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría deberá considerar antecedentes tales como la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, regulada en el artículo 20, así como otras estrategias y políticas relevantes para los subsistemas universitario y técnico profesional.

Párrafo 5º Del deber de otorgar estudios gratuitos y cobros regulados

Artículo 179.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que, de acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser chileno o chilena; extranjero o extranjera con permanencia definitiva; o extranjero o extranjera con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185 de esta ley.

Se entenderá que cumplen este requisito, las y los estudiantes que hayan obtenido una licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a un título profesional, mientras no obtengan este último.

c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 180.

Artículo 180.- Para efectos de esta ley, se entenderá que la institución de educación superior cumple con otorgar estudios gratuitos si exime a las y los estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, de cualquier pago asociado a arancel y a derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, respecto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en modalidad semipresencial, su financiamiento deberá ser autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos en el reglamento respectivo.

En lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación, las instituciones de educación superior sólo podrán cobrar como máximo aquel valor definido de conformidad al párrafo 2º de este título.

Artículo 181.- La obligación de otorgar estudios gratuitos de que trata este párrafo, será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas.

La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudios, y los procesos asociados a la titulación o graduación de las y los estudiantes. Dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior de conformidad a las normas vigentes.

Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el o la estudiante.

Artículo 182.- Tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante señalada en el artículo anterior, como para aquella a la que se refiere el artículo 184, no se considerará el tiempo en el cual el o la estudiante suspenda justificadamente sus estudios, siempre que dicha suspensión se realice y sea notificada a la Subsecretaría según lo disponga el reglamento.

Artículo 183.- En caso de cambios de carreras o programas de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional, las instituciones de educación superior mantendrán su obligación de otorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan lo dispuesto en el artículo 179 sólo respecto del cambio de la primera carrera o programa de estudios gratuito a otra.

Para la determinación de la duración de dicha obligación, se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio en curso, descontándosele el total del tiempo que el o la estudiante haya cursado de forma gratuita en la anterior carrera o programa de estudio.

Artículo 184.- En caso que la permanencia de un estudiante que cumple con los requisitos para acceder a estudios gratuitos en una institución de educación superior que recibe el financiamiento institucional exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, la institución podrá cobrar a dicho estudiante de conformidad a lo dispuesto a continuación:

a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta solo podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional a dicho plazo.

b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a).

La determinación del porcentaje de cobro lo realizará la institución de educación superior en la cual el o la estudiante se encuentre matriculado, de conformidad a los límites máximos señalados en el inciso anterior.

Artículo 185.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 179, las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan con lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título técnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior estatales o reconocidas oficialmente por el Estado, para cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea la obtención de un título profesional o grado académico de licenciado impartido por una institución que reciba dicho financiamiento.

Para la determinación de la duración de los estudios gratuitos, se considerará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 183.

Asimismo, dichas instituciones deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo señalado en el inciso primero y que posean el grado de licenciado o licenciada otorgado por instituciones de educación superior estatales o reconocidas oficialmente por el Estado, para cursar un módulo de licenciatura conducente a título pedagógico otorgado por una institución que reciba el financiamiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo.

Artículo 186.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, podrán cobrar como máximo a aquellos estudiantes que cumplan solo lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 179, el arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación fijados para la carrera o programa de estudio respectivo de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 185.

Los nuevos valores establecidos en las resoluciones exentas señaladas en el artículo 166, serán aplicables a las y los nuevos estudiantes matriculados el año en que se inicia la vigencia de la resolución respectiva.

Respecto de aquellos estudiantes que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 179 o aquellos matriculados en carreras o programas de estudios conducentes a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura en modalidad a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas por la Subsecretaría, no aplicará el límite dispuesto en el inciso anterior.

Párrafo 6º Fondos para las instituciones de educación superior

Artículo 187.- La Ley de Presupuestos del Sector Público considerará recursos para un fondo de desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística de aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad de la presente ley.

La distribución de dichos recursos se realizará considerando el desempeño de éstas, medido a través de indicadores de investigación, creación artística e innovación.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, determinará los indicadores a utilizar, su periodicidad y la ponderación de éstos para el cálculo del desempeño. Dichos indicadores se podrán modificar por parcialidades, cada cuatro años.

Artículo 188.- Créase un fondo, adicional al definido en el artículo anterior, para las instituciones de educación superior estatales, cuyo objeto es el cumplimiento de las normas, principios y responsabilidades que les son propias, señaladas en el título VI de esta ley. Este fondo contribuirá al cumplimiento de compromisos acordados entre cada institución estatal y el Estado, que sean necesarios para el desarrollo de país y sus regiones y al fortalecimiento institucional, mediante el financiamiento de acciones asociadas al mejoramiento de la calidad. Este fondo considerará al menos los recursos del Convenio Marco de las universidades estatales establecido en la ley Nº 20.882.

Para acceder al financiamiento referido en el inciso anterior, las instituciones de educación superior estatales deberán dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en el párrafo 2° del título VI de la presente ley.

El monto total de este Fondo, será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Un reglamento del Ministerio de Educación, que será firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias establecidas en el presente artículo.

Párrafo 7º Infracciones y sanciones a este título

Artículo 189.- La Superintendencia de Educación Superior fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente título, de conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 190.- Sin perjuicio de las demás infracciones que la ley establezca, el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) y d) del artículo 157 se considerarán infracciones graves.

Por su parte, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 161 de la presente ley se considerarán infracciones gravísimas.

Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior que decrete dicha medida, a partir del año siguiente a la fecha en que se verifique la infracción. Se entenderá, para estos efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.

Además, la Superintendencia podrá establecer devoluciones de dinero a favor de las y los estudiantes, así como también otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas medidas se considerará como una circunstancia atenuante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 122.

Las instituciones de educación superior que sean sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo, deberán asegurar que aquellos estudiantes matriculados con anterioridad a la verificación de la infracción, mantengan la misma situación respecto de los cobros que efectúe la institución o su exención, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

En caso del incumplimiento de la letra a) del artículo 157 se requerirá únicamente la notificación que realice el Consejo para la Calidad de la Educación Superior a la Subsecretaría respecto de la no acreditación de la institución para que ésta determine la pérdida del financiamiento público regulado en este título. Dicha sanción se aplicará considerando lo dispuesto en el inciso anterior. Si la institución obtiene una acreditación institucional condicional se estará a lo dispuesto en el artículo 56.

En caso que se disponga la pérdida del financiamiento público regulado en este título de conformidad a este artículo, la institución sancionada sólo solicitar nuevamente el acceso a dicho financiamiento, diez años después de la determinación de la infracción. Con todo, este plazo no regirá para el caso regulado en el inciso anterior.

Artículo 191.- Si una institución que recibe el financiamiento público regulado en el presente título, es sancionada por infracciones graves o gravísimas cinco o más veces dentro de tres años, el Superintendente deberá establecer la pérdida de dicho financiamiento.

En este caso, la institución sancionada sólo podrá solicitar el acceso al financiamiento público regulado en el presente título, diez años después de la determinación de la infracción.

Artículo 192.- El Estado transferirá recursos públicos a las instituciones que dejen de recibir el financiamiento institucional para la gratuidad, respecto de aquellos estudiantes que cursaban sus estudios de forma gratuita, con anterioridad a la comunicación regulada en el artículo 160 o a la determinación de la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título, mientras éstos mantengan los requisitos y condiciones regulados en el presente título.

Artículo 193.- Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias y procedimientos necesarios para la aplicación del presente título.

TÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 194.- La Subsecretaría de Educación Superior será la sucesora legal de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una vez que entre en funcionamiento conforme a lo establecido en el número 6 del artículo quinto transitorio de esta ley.

En consecuencia, toda referencia que las leyes, reglamentos y demás normas hagan a la División de Educación Superior y al Jefe de División de dicha repartición, deberán entenderse hechas a la Subsecretaría de Educación Superior y al Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, respectivamente, desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 195.- A contar de la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad, según lo dispuesto en el número 5 del artículo vigésimo octavo transitorio de esta ley, éste se constituirá, por el solo ministerio de la ley, en continuador y sucesor legal de la Comisión Nacional de Acreditación, en las materias de su competencia, de manera que las menciones que la legislación general o especial realice a dicha institución se entenderán hechas al Consejo para la Calidad.

Artículo 196.- Modifícase la ley Nº 18.956, en el siguiente sentido:

1) Incorpórase en el artículo 1° el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Del mismo modo, el Ministerio de Educación, en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que componen dicho Sistema y de la elaboración de un Plan de Coordinación Institucional para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior.”.

2) Modifícase el artículo 2º bis en el siguiente sentido:

a) Intercálase en la letra i) a continuación de la palabra “Educación” la frase “, la Superintendencia de Educación Superior”.

b) Introdúzcase la siguiente letra j) nueva:

“j) Establecer los criterios y estándares de calidad para la acreditación de las instituciones de educación superior.”.

3) Modifícase el artículo 3º en el siguiente sentido:

a) Introdúzcase la siguiente letra d) nueva, pasando la actual letra d) a ser letra e):

“d) La Subsecretaría de Educación Superior.”.

b) Remplázase el inciso tercero por uno nuevo del siguiente tenor:

“El Ministro o Ministra de Educación será subrogada, en primer orden, por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación, y a falta de ésta, sucesivamente por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Parvularia y por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro Secretario o Secretaria de Estado.”

4) Modifícase el artículo 6º en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el artículo 6°, a continuación de la expresión “Tendrá a su cargo la coordinación”, la frase “de las Subsecretarías que componen el Ministerio,”.

b) Agrégase un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, contará con una unidad de formación técnico profesional, encargada de la coordinación de las iniciativas relacionadas con la modalidad formativa técnico profesional a nivel sectorial, entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, asegurando que las políticas de formación técnico profesional de cada subsecretaría se articulen en pos del desarrollo de trayectorias educativo laborales. Además le corresponderá apoyar técnicamente al Consejo Asesor para la Formación Técnico Profesional, para la elaboración de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional.”.

5) Derógase el artículo 8º.

Artículo 197.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación:

1) Intercálase en la letra d) del artículo 52, a continuación de la frase “Suboficiales de Carabineros de Chile,” la frase “la Escuela de Gendarmería de Chile;”.

2) Intercálase en el artículo 54 letra a) a continuación de la frase “de una duración mínima de mil seiscientas clases” la oración “o cuatro semestres”.

3) Elimínase la letra h) del artículo 87, pasando la actual letra i) a ser h) y así sucesivamente.

4) Suprímese en el artículo 96 la descripción de aranceles bajo el título de ”Acreditación”.

5) Reemplázase el inciso segundo del artículo 100 por un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:

“En caso contrario, el Consejo deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución.”.

6) Modifícase el artículo 104 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en su inciso primero, entre la palabra “estatutos” y la conjunción “en” la siguiente frase “, y en la ley,”.

b) Reemplázase en su inciso segundo la expresión “y extensión” por la siguiente frase “creación artística, innovación y vinculación con el medio”.

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“El ejercicio de la autonomía que la ley reconoce a las instituciones de educación superior, se realizará de conformidad con las normas vigentes aplicables para dicho sector, en particular aquellas que se establecen para el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”.

7) Derógase el artículo 114.

Artículo 198.- Deróganse los siguientes cuerpos normativos: el decreto con fuerza de ley Nº1, de 1980, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre universidades; el decreto con fuerza de ley Nº5, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre institutos profesionales; y el decreto con fuerza de ley N°24, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre centros de formación técnica.

Artículo 199.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.800:

1) Modifícase el artículo 3° en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i. Sustitúyese la frase “el Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia, y por resolución fundada dará inicio a un período de investigación preliminar, de carácter indagatorio,” por “la Superintendencia de Educación Superior (en adelante “la Superintendencia”), de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación”.

ii. Elimínase la frase “preliminar, de carácter indagatorio,”.

b) Remplázase en el inciso segundo la frase “El Ministerio de Educación” por la frase ”Sin perjuicio de las facultades que de conformidad a la ley corresponden a la Superintendencia, ésta”.

c) Remplázase en los incisos tercero, cuarto y quinto, la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

2) Modifícase el artículo 4° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “de la investigación preliminar, el Ministerio de Educación” por “de la investigación, la Superintendencia”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer al Ministerio de Educación que se dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial en caso de que se constaten problemas de entidad tal que pudieren ser constitutivos de causales de aquella. De decretarse la revocación, el Ministerio procederá al nombramiento de un administrador de cierre.”.

c) Reemplázase en el inciso final la referencia a “la ley N° 19.880” por “la ley que crea la Superintendencia”.

3) Modifícase el artículo 5° en el siguiente sentido:

a) Remplázase todas las referencias a “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase en el inciso segundo después de “plan” la frase “previo informe favorable del Ministerio de Educación”, precedida por una coma.

c) Elimínase en el inciso tercero la palabra “ministerial”.

4) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase en el inciso primero en la letra d) después de “la ley Nº 20.720” la frase “en cuyo caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar dicha circunstancia a la Superintendencia de Educación Superior.”, precedida de una coma.

c) Incorpórase en el inciso primero las siguientes letras f) y g):

“f) En caso que una institución de educación superior autónoma reconocida oficialmente por el Estado no se acredite de conformidad a lo establecido en el título III de la Ley de Educación Superior.”.

g) Cuando una institución de educación superior de derecho privado sin fines de lucro no cumpla con su obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan.”.

d) Elimínanse sus incisos tercero, cuarto, quinto y sexto.

5) Reemplácese en el artículo 8° la frase “entenderán que son entes relacionados” por “entenderá por personas relacionadas” y la referencia a “el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores” por “el artículo 132 de título V de la Ley de Educación Superior”.

6) Reemplázase en el artículo 9°:

a) En el inciso segundo la referencia “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia” y la palabra “Éste” por “Ésta”.

b) En el inciso tercero la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

7) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero y segundo reemplácese la palabra “treinta” por “noventa”.

b) En el inciso segundo reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia, con informe favorable del Ministerio de Educación.”

c) En el inciso tercero reemplázase la referencia “al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

d) En el inciso cuarto reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”.

e) En el inciso quinto:

i. Reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

ii. Reemplázase la frase “División de Educación Superior del Ministerio de Educación” por “misma”.

8) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) En el inciso cuarto, reemplázase “al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

b) En el inciso quinto, reemplázase “al Consejo” por “a la Superintendencia”.

c) En el inciso sexto, reemplázase “El Consejo” por “La Superintendencia”.

9) Modifícase el artículo 12 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero reemplázase las frases “un año, plazo prorrogable por una sola vez hasta por igual período” por “por un plazo de hasta dos años, prorrogable hasta por un año más” y “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por mayoría de sus miembros en ejercicio” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, pasado los demás a ordenarse sucesivamente: “Con todo, en caso que de conformidad a la letra f) del artículo 6° de esta ley, se nombre un administrador provisional por la no acreditación en conformidad a la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, este durará tres años en su cargo, prorrogable hasta por un año más. “

c) Reemplázase en el inciso cuarto nuevo “El Ministro de Educación,” por “La Superintendencia”, y elimínese la frase “previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto”.

10) Remplázase en el artículo 13 en su inciso segundo, letra g) la alocución “cuenten con acreditación vigente por un período de a lo menos tres años” por “se encuentren acreditadas”.

11) Reemplázase en el artículo 16 la frase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia, para que ésta proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 4° letra c) de la presente ley.”

12) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente:

“El informe señalado en el inciso anterior deberá ser entregado a más tardar un mes después del término de la gestión del Administrador Provisional y deberá ser aprobado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la designación del Administrador Provisional será alzada por la Superintendencia, una vez aprobado el referido informe y habiéndose subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el Administrador Provisional.”.

13) Reemplázase en el artículo 19 la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

14) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero la oración “el Ministerio de Educación dará inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “, la Superintendencia enviará los antecedentes al Ministerio de Educación para que, de estimarlo procedente, dé inicio al procedimiento para la revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior”.

b) En el inciso segundo, elimínase la expresión “, lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.

c) En el inciso cuarto, reemplázase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia” y la oración “El Ministerio de Educación, si lo estima pertinente, podrá dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “La Superintendencia, si lo estima pertinente y mediante resolución fundada, podrá proceder en conformidad a lo establecido en el artículo 4° letra c) de la presente ley.”.

d) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Para efectos de lo señalado en el inciso primero la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar a la Superintendencia de Educación Superior la circunstancia de haberse dictado una resolución de liquidación de la respectiva institución o de su entidad organizadora en conformidad a la ley Nº 20.720.”.

15) Reemplázase en el artículo 21 la frase “al Superintendente” por “a la Superintendencia de Educación Superior y a la Superintendencia”.

16) Sustitúyese en el artículo 24, inciso quinto, la frase “cuenten con acreditación institucional vigente de al menos tres años” por “se encuentren acreditadas”.

17) Reemplázase en el artículo 25 la palabra “División” por “Subsecretaría” y suprímese la frase “provisional o”.

18) Incorpórase el siguiente artículo cuarto transitorio:

“Artículo cuarto.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 13 letra g) y 24 de la presente ley, también podrán suscribirse convenios con instituciones de educación superior que cuenten con al menos tres años de acreditación conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129 y sus modificaciones.”.

Artículo 200.- Derógase el artículo 3° que establece un aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, del decreto con fuerza de ley Nº4, de 1981, del Ministerio de Educación que fija normas sobre financiamiento de las universidades.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las instituciones de educación superior que el año 2016 tengan estudiantes matriculados en el primer año de estudios, que se encuentren entre los primeros 27.500 puntajes, obtendrán el año 2017 el aporte establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al Programa 09.01.30, en la asignación 24.03.197 “Aporte Artículo 3° DFL (Ed) N° 4, de 1981”, en las condiciones y montos a que se refiere el artículo que por esta ley se deroga.

Artículo 201.- Derógase la ley Nº 20.129 que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Artículo 202.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en las siguientes disposiciones transitorias.

Párrafo 1º De la transitoriedad de las normas relativas a la Subsecretaría de Educación Superior

Artículo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren bajo régimen de supervisión por parte del Ministerio de Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de examinación por parte de otra institución de educación superior, tendrán un plazo de un año contado desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior para iniciar el proceso de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación. En caso de no iniciar dicho proceso en el plazo indicado, el Ministerio de Educación iniciará el procedimiento de cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial, de conformidad a los artículos 64, 74 y 81 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, según corresponda.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá que la institución de educación superior ha iniciado el proceso de licenciamiento una vez que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

a) Que la institución presente los antecedentes y formularios solicitados por el Consejo Nacional de Educación para estos efectos.

b) Que presente el informe de análisis institucional para el proceso de autonomía ante dicho organismo.

c) Que pague los aranceles fijados por el Consejo por concepto de verificación de proyectos institucionales establecidos en la circular respectiva.

Artículo tercero.- El Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior establecido en el párrafo 2° del título II de esta ley será obligatorio para las instituciones establecidas en el artículo 12 de esta ley a partir del año 2020, iniciando su funcionamiento para los procesos de admisión del año 2021.

Artículo cuarto.- El párrafo 3° del título II de esta ley, entrará en vigencia a contar de la fecha de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo quinto.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta podrá incluir a las y los funcionarios de la División de Educación Superior, y adicionalmente, podrá incluir a las y los funcionarios de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y de personal a contrata desde la División de Educación Superior, y desde la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, si procede, a la Subsecretaría de Educación Superior. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado y en la misma calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de las y los funcionarios que se traspasarán por estamento a la Subsecretaría de Educación Superior. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario o funcionaria traspasada se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento de la planta de la Subsecretaría de Educación Superior. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en la ley Nº 19.553, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Asimismo, podrá determinar la fecha de entrada en vigencia de los traspasos y los encasillamientos que se practique a dicha planta. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Subsecretaría de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior y la fecha de supresión de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, la cual será la misma de entrada en vigencia del numeral 5) del artículo 196 de la presente ley.

Artículo sexto.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo séptimo.- El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo octavo.- Los procedimientos administrativos, de fiscalización y sancionatorios iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, especialmente aquellos regidos por la ley N° 20.800, y que se sustancien ante la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, continuarán su tramitación ante la Subsecretaría de Educación Superior desde la fecha de entrada en vigencia de esta última, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo quinto transitorio de esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, dichos procedimientos continuarán tramitándose conforme a las normas vigentes a la época de su iniciación, hasta su total terminación.

Párrafo 2° De las transiciones de los procedimientos de acreditación

Artículo noveno.- La derogación establecida en el artículo 201 entrará en vigencia a contar del 01 de enero de 2019, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes.

Artículo décimo.- Sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 201 de la presente ley, las normas establecidas en los párrafos 1º, 2º y 3º del título III de esta ley, entrarán en vigencia a contar de la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Artículo undécimo.- El plan a que se refiere el artículo 23 de esta ley, deberá ser establecido dentro del plazo de 6 meses contado desde la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Artículo duodécimo.- Sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 201 de la presente ley, las normas establecidas en los párrafos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11 del título III de esta ley, entrarán en vigencias a contar del 01 de enero del 2020.

Artículo décimo tercero.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, el Consejo para la Calidad a contar del 01 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes a la Comisión Nacional de Acreditación establecidas en la ley Nº 20.129.

Artículo décimo cuarto.- El Ministerio de Educación deberá constituir una comisión asesora para la elaboración de una propuesta de los primeros criterios y estándares de calidad, que se entregará al Consejo para la Calidad, no más allá de quince días contados desde la fecha de su entrada en funcionamiento, para que éste proceda a la elaboración de la propuesta de criterios y estándares de calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del párrafo 4º del título III de esta ley.

Con todo, dichos criterios y estándares de calidad deberán estar aprobados y publicados antes del 01 de enero del año 2020.

Artículo décimo quinto.- La obligación de las instituciones de educación superior autónomas de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con lo establecido en el párrafo 4º del título III de esta ley, entrará en vigencia a partir del 01 de enero del año 2019.

Con todo, aquellas instituciones de educación superior autónomas que no se encontraren acreditadas institucionalmente al 1 de enero del año 2019, no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 42 del título III, sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero transitorio.

Las acreditaciones institucionales otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación o por el Consejo para la Calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo transitorio, mantendrán su vigencia por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

Artículo décimo sexto.- La obligación de acreditar programas de doctorado y las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de médico cirujano, de conformidad con lo establecido en el párrafo 9º del título III de esta ley, entrará en vigencia a partir del 01 de enero del año 2019.

Con todo, aquellos programas de doctorado y las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, que no se encontraren acreditados al 01 de enero del año 2019, no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 72 del título III sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación de dichas carreras y programas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero transitorio.

Aquellos programas de doctorado y las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de médico cirujano, a las que la Comisión Nacional de Acreditación o el Consejo para la Calidad de conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo transitorio, les otorgó la acreditación, mantendrán la vigencia de la misma por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

Artículo décimo séptimo.- Con todo, la Comisión Nacional de Acreditación sólo podrá pronunciarse, ya sea acreditando o no, según corresponda, solicitudes de acreditación institucional y de carreras y programas de pregrado y postgrado, según correspondiere, hasta el 31 de diciembre de 2017, con excepción de aquellas acreditaciones que vencieren durante el año 2018, las cuales deberán iniciar sus procesos de acreditación durante ese año. Con todo, la Comisión Nacional de Acreditación sólo podrá otorgar acreditaciones hasta el 31 de diciembre del año 2018, entendiéndose que a dicha fecha ésta cesará en sus funciones y atribuciones legales.

Asimismo, la derogación establecida en los números 3) y 4) del artículo 197 de esta ley entrará en vigencia el 1 de enero del año 2020, y aplicará respecto de procesos de acreditación iniciados de conformidad a lo dispuesto en este artículo.

Artículo décimo octavo.- A contar del 01 de enero de 2019, sólo podrán iniciar procesos de acreditación institucional ante el Consejo para la Calidad aquellas instituciones de educación superior autónomas cuya acreditación institucional venciere durante el año 2019.

Asimismo, a contar del 01 de enero de 2019, sólo podrán iniciar procesos de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado ante el Consejo para la Calidad aquellas instituciones de educación superior autónomas que tuvieren carreras y programas de pregrado y postgrado acreditados que vencieren durante el año 2019.

Los procesos de acreditación señalados en los incisos anteriores se sujetaran a las normas establecidas en los títulos II y IV del Capítulo 2º de la ley Nº 20.129, los cuales se entenderán vigentes, para todos los efectos legales, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Artículo décimo noveno.- Aquellas acreditaciones institucionales y las acreditaciones de carreras y programas de pregrado y postgrado, según correspondiere, que vencieren durante el año 2019, se entenderán vigentes, para todos los efectos legales, hasta el 31 de diciembre de dicho año.

Artículo vigésimo.- El Consejo para la Calidad notificará antes del 15 de enero de 2020, a aquellas instituciones de educación superior autónomas cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante dicho año, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación institucional, señalando las carreras y programas de estudio de pregrado que hayan sido seleccionados para ser evaluados en dicho proceso de conformidad con lo establecido párrafo 4º y siguientes del título III de esta ley.

Con todo, las acreditaciones institucionales vigentes otorgadas con arreglo a las normas y procedimientos de ley Nº 20.129 se entenderán, para todos los efectos legales, vigentes hasta dictación de la resolución final que ponga término al proceso de acreditación institucional conforme al título III de la presente ley.

Artículo vigésimo primero.- Aquella instituciones de educación superior autónomas no acreditadas institucionalmente, así como las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de médico cirujano y los programas de doctorado no acreditados al 31 de diciembre del año 2018, se sujetarán a las siguientes reglas para el inicio de sus procesos de acreditación obligatoria:

1) El Consejo para la Calidad establecerá, a más tardar el 1 de diciembre de 2019, mediante un sistema aleatorio, las fechas de inicio de los procesos de acreditación señalados en el inciso primero de este artículo.

2) El Consejo para la Calidad comenzará a tramitar dichos procesos de acreditación según el orden establecido, de conformidad con el numeral anterior, a partir del 01 de enero del año 2020 y no podrán extenderse más allá del año 2024. Para tal efecto, el Consejo para la Calidad desarrollará dichos procesos de acreditación de conformidad a lo dispuesto en el título III de esta ley.

Artículo vigésimo segundo.- La acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad, mantendrán su vigencia por el plazo que fueron otorgadas.

Artículo vigésimo tercero.- La acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encontraren en proceso de acreditación ante las agencias de acreditación, o ante la Comisión Nacional de Acreditación, según correspondiere, continuarán con dicho proceso hasta su finalización. Dichos procesos no podrán extenderse más allá de la entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad.

Artículo vigésimo cuarto.- La derogación de lo dispuesto en las letras b), c) y d) del artículo 8° y letra c) del artículo 9º, ambos del título II; el artículo 29 y el párrafo 2º, ambos título III, todos éstos del Capítulo II de la ley N° 20.129, derogada en virtud de lo dispuesto en el artículo 201 de esta ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020.

La acreditación voluntaria de carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y postgrado, con exclusión de los programas de doctorado vigentes a la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad, serán consideradas por la Comisión Nacional de Acreditación o el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, según corresponda, para efectos de otorgar la primera acreditación institucional de conformidad a esta ley.

Artículo vigésimo sexto.- La Universidad de Aysén y la Universidad de O’Higgins, creadas mediante la ley Nº 20.842, así como también los centros de formación técnica estatales creados mediante la ley Nº 20.910, se entenderá que cumplen con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 45 del título III de esta ley, mientras den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.842, y el artículo tercero transitorio de la ley Nº 20.910. Finalizados los plazos señalados en los mencionados artículos, dichas instituciones deberán acreditarse de conformidad a lo dispuesto en el título III* de la ley.

Artículo vigésimo séptimo.- Los requisitos para la admisión universitaria establecidos en la letra b) del artículo 65 del título III de la presente ley, entrarán en vigencia el año 2023.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los referidos requisitos se aplicarán gradualmente en la forma que se señala en los incisos siguientes.

Para el proceso de admisión universitaria del año 2017, deberá cumplirse con alguna de las siguientes exigencias:

a) Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.

b) Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.

c) Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.

Para el proceso de admisión universitaria del año 2020, se deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 60 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.

b) Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 20% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.

c) Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 40% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo, y haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.

d) Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.

Párrafo 3° De la entrada en vigencia del Consejo para la Calidad de la Educación Superior

Artículo vigésimo octavo.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, regule las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal del Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

2) En el ejercicio de esta facultad, el Presidente o Presidenta de la República dictará todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las plantas que fije y, en especial, podrá determinar el número de cargos y grados de éstas; los requisitos generales y específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones, y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882, cuando corresponda. Asimismo, podrá determinar las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria. Además podrá establecer las normas de encasillamiento del personal traspasado.

3) Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije. Además podrá determinar la fecha de entrada en vigencia del encasillamiento del personal que practique.

4) El Presidente o Presidenta de la República podrá disponer el traspaso de toda clase de bienes desde el Ministerio de Educación y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, al Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Las plantas de personal del Consejo para la Calidad de la Educación Superior que se fijen de acuerdo a la atribución señalada en este artículo, serán provistas por primera vez, mediante los procedimientos a que se refieren el artículo siguiente. Los cargos que no se provean conforme a los mismos, se proveerán mediante concurso público.

5) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento el Consejo para la Calidad de la Educación Superior y aquélla en que cesará sus funciones la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad a lo establecido en esta ley.

7) El pago de los beneficios indemnizatorios al personal traspasado desde la Comisión Nacional de Acreditación al Consejo, que de acuerdo a su estatuto laboral tenga derecho a ello, se entenderá postergado por causa que otorgue derecho a percibirlo hasta el cese de servicios en el Consejo antedicho. En tal caso, la indemnización correspondiente se determinará computando el tiempo servido, de acuerdo al Código del Trabajo, en la Comisión Nacional de Acreditación, con el límite a que se refiere el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo. La remuneración que se considerará para estos efectos será el promedio de las últimas doce remuneraciones percibidas por el trabajador en las respectivas municipalidades o corporaciones municipales, con los respectivos reajustes.

Artículo vigésimo noveno.- Las plantas de personal del Consejo para la Calidad de la Educación Superior que se fijen de acuerdo a la atribución señalada en el artículo anterior, serán provistas por primera vez, mediante los procedimientos a que se refieren el presente artículo.

1.- Una vez nombrado en su cargo, el Presidente o Presidenta del Consejo, llamará a concurso, en el cual solo podrá participar los trabajadores de la Comisión Nacional de Acreditación, que se encuentren contratados bajo el Código del Trabajo a plazo indefinido, en dicha Comisión, a la fecha de publicación de esta ley

2.- El concurso será preparado y realizado por un comité de selección, conformado por el Presidente o Presidenta del Consejo y dos representantes del Ministerio de Educación. En la convocatoria del concurso deberán establecerse los factores y la forma en que ellos serán ponderados, lo que deberá ser informado en el llamado a concurso, el que deberá publicarse a lo menos en la página web del Consejo, del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Acreditación.

3.- En la convocatoria se especificarán los cargos de planta que se proveerán mediante el concurso.

4. En un solo acto, se postulará a uno o más cargos de la planta del Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

5.- La provisión de los cargos de las plantas se efectuará en orden decreciente, de acuerdo al puntaje obtenido por los postulantes.

6.- En lo no previsto en los numerales anteriores, el concurso se regirá, en lo que sea pertinente, por las normas del párrafo 1º, Título II del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

7.- De resultar seleccionado alguno de los trabajadores antes señalados, sus respectivos nombramientos regirán para todos los efectos legales a contar del día siguiente al de la extinción de la Comisión Nacional de Acreditación.

8.- Los cargos que queden vacantes, una vez aplicado el mecanismo dispuesto en los numerales anteriores, se proveerán mediante concurso público.

9.- El pago de los beneficios indemnizatorios al personal nombrado, de conformidad a los numerales anteriores, en la planta del Consejo para la Calidad de la Educación Superior, y que de acuerdo al estatuto laboral que lo regía en la Comisión Nacional de Acreditación, tenga derecho a ello, se entenderá postergado por causa que otorgue derecho a percibirlo hasta el cese de servicios en el Consejo antedicho. En tal caso, la indemnización correspondiente se determinará computando el tiempo servido, de acuerdo al Código del Trabajo, en la Comisión Nacional de Acreditación, con el límite a que se refiere el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo. La remuneración que se considerará para estos efectos será el promedio de las últimas doce remuneraciones percibidas por el trabajador en la referida Comisión, con los respectivos reajustes. Lo dispuesto precedentemente también se aplicará a los trabajadores de la Comisión Nacional de Acreditación que al día siguiente a la extinción de dicha Comisión, sean contratados en un empleo a contrata en el Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Artículo trigésimo.- El traspaso al que alude este párrafo, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Se entienden incluidas en la protección de que trata este inciso, las remuneraciones que el personal tenga derecho en virtud de contratos colectivos del que sean parte, suscritos con dos años o más de anterioridad al traspaso y que corresponda pagar con posterioridad a esa fecha, sólo hasta el término de la vigencia del respectivo contrato colectivo.

La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos del Ministerio de Educación, expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”.

Artículo trigésimo primero.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribir el Ministro o Ministra de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a al Consejo para la Calidad. El Presidente o Presidenta del Consejo requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo trigésimo segundo.- Desde la fecha de publicación de la presente ley, el Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar al Presidente o Presidenta del Directorio, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la ley N° 19.882 para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, el cual tendrá derecho a una remuneración equivalente al grado 1 C de la Escala Única de Sueldos, que será financiada con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación mientras no entre en funcionamiento el Consejo para la Calidad. Al Presidente le corresponderá realizar todas las gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento del Consejo antedicho.

Artículo trigésimo tercero.- La Comisión Nacional de Acreditación subsistirá, y continuará ejerciendo sus funciones y atribuciones legales hasta el 31 de diciembre de 2018, en cuyo momento los comisionados que integran dicha Comisión cesarán en sus funciones.

Con todo, los plazos de duración de los cargos de los comisionados en ejercicio, al momento de la publicación de la presente ley, señalados en las letras b), c), d), e), f) y h) del artículo 7º de la ley Nº 20.129, se entenderán prorrogados hasta la fecha de entrada en funcionamiento del Consejo para la Calidad.

Artículo trigésimo cuarto.- Los nombramientos de los directores que integrarán el Consejo para la Calidad deberán realizarse dentro del plazo de quince meses contado desde la publicación de esta ley.

Con el objeto de permitir la renovación parcial de los integrantes del Consejo para la Calidad, la mitad de los directores señalados en cada una de letras del artículo 29 del título III con excepción de aquel señalado en la letra a), serán nombrados por un periodo de tres años.

En el acto de nombramiento deberá constar la circunstancia de ejercerse el cargo por este período especial de dos años.

Artículo trigésimo quinto.- Sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 201 de la presente ley, el párrafo 3º del título II, del Capítulo III, de la ley Nº 20.129, se entenderá vigente, para todos los efectos legales, hasta la fecha de inicio de funciones de la Subsecretaría de Educación Superior regulada en la presente ley.

Párrafo 4º De la entrada en vigencia de la Superintendencia de Educación Superior

Artículo trigésimo sexto.- Desde de la fecha de publicación de la presente ley, el Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar al Superintendente de Educación Superior, quien asumirá de inmediato, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la ley N° 19.882 para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, tendrá derecho a una remuneración equivalente al grado 1 de la Escala de Fiscalizadores del decreto ley N° 3.551, de 1981,que será financiada con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación mientras no entre en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior. Al Superintendente le corresponderá realizar todas las gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento de dicha Superintendencia.

Artículo trigésimo séptimo.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Superintendencia de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta, cuando proceda, podrá incluir personal del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de funcionarios que se traspasarán por estamento y calidad jurídica desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo de que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, podrá determinar el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de la ley Nº 19.882 y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en la ley Nº 19.528 y 18.091, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Además, podrá fijar la fecha de los traspasos y encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior.

Artículo trigésimo octavo.- El ejercicio de las facultades señalada en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo trigésimo noveno.- El Presidente o Presidenta de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Educación Superior, y transferirá a ella los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo cuadragésimo.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribir el Ministro o Ministra de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia de Educación Superior. El Superintendente de Educación Superior requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo cuadragésimo primero.- Las modificaciones establecidas en artículo 199 entrarán en vigencia desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en el número 6 del artículo trigésimo octavo transitorio, a excepción de las indicadas en los números 4 letra c), 5) y 7) letra a) del señalado artículo 199.

Párrafo 5º De la transición de la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo cuadragésimo segundo.- La obligación de llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados establecida en el artículo 97 a las instituciones de educación superior, será exigible en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, sin perjuicio de aquellas obligaciones en materias relacionadas que se establezcan en otras leyes.

Artículo cuadragésimo tercero.- Las obligaciones de informar que impone el artículo 98 a las instituciones de educación superior, serán exigibles en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ejercer las facultades que dicha norma confiere a la Superintendencia de Educación Superior en tanto ésta no inicie sus funciones.

Párrafo 6º De la transición a las nuevas regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo cuadragésimo cuarto.- Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de esta ley dentro del plazo de dos años contado desde su publicación.

Artículo cuadragésimo quinto.- Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 a 140 a partir de la fecha de entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior, según se establezca en el decreto con fuerza de ley respectivo en conformidad a los establecido en el numeral 6 del artículo trigésimo séptimo transitorio.

Párrafo 7º De las transiciones de nuevo financiamiento público y las normas del título VII

Artículo cuadragésimo sexto.- El presente artículo establece los requisitos y condiciones para el financiamiento de acceso gratuito a la educación superior para el año 2017.

Los recursos públicos que transferirá el Ministerio de Educación a las instituciones de educación superior que cumplan las condiciones señaladas en el presente artículo tienen por objeto el pago del arancel y derechos básicos de matrícula de las y los estudiantes de carreras o programas de pregrado presenciales conducentes a los títulos de técnico de nivel superior, profesional y grado de licenciado, según corresponda,, que cumplan los requisitos señalados en el inciso siguiente del presente artículo y que se encuentren matriculados en las instituciones señaladas.

Podrán acceder a este beneficio las y los estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser chileno o extranjero con residencia definitiva, y respecto de este último, que haya obtenido su respectiva licencia de enseñanza media en Chile.

b) Provenir de los hogares pertenecientes a los cinco deciles de menores ingresos de la población del país, para lo cual se utilizará un instrumento de evaluación uniforme de la situación socioeconómica, en la forma establecida en el decreto Nº 97, de 2013, del Ministerio de Educación, que Reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior, y sus modificaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, para acceder a los beneficios señalados, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las y los estudiantes, la presentación de antecedentes que permitan complementar lo declarado por ellos en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), en tal caso, se entenderá que la postulación finaliza con la entrega de los mismos.

Una resolución fundada del Ministerio de Educación establecerá la naturaleza de la documentación que podrá ser requerida. Adicionalmente, el Ministerio de Educación, verificará la información proporcionada por las y los estudiantes para acceder a este beneficio, pudiendo solicitar antecedentes a diversas entidades públicas y privadas, considerando entre otros, el instrumento establecido en el artículo 5º de la ley Nº 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia "Chile crece contigo".

c) No poseer un título profesional o licenciatura terminal otorgada por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, o por una institución de educación superior extranjera, de conformidad a lo que establezca el reglamento. Con todo, quienes posean un título de técnico nivel superior sólo podrán acceder a este beneficio para cursar un programa conducente a un título profesional o licenciatura.

El reglamento señalado en el párrafo 1º de la letra b) del presente artículo, establecerá el mecanismo de verificación de este requisito.

d) En caso de haber iniciado su carrera o programa de estudios en un año anterior al 2017, el o la estudiante deberá haber permanecido en el mismo por un tiempo que no exceda de la duración nominal de éste, en base a la información otorgada por la respectiva institución al Ministerio de Educación de conformidad a lo dispuesto en el título III del capítulo II de la ley Nº 20.129. Con todo, para estos efectos no se considerarán las suspensiones de estudios debidamente informadas al Ministerio de Educación por la institución de educación superior respectiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para la determinación de la duración del beneficio respecto de estudiantes que hayan sido beneficiarios de la asignación 24.03.201 asociada al programa 09.01.30 de la ley Nº 20.882 y que realicen cambios de carrera o programa de estudio a partir del año 2017, se considerará la duración nominal de la carrera o programa en curso, descontando la duración total de los estudios gratuitos previos.

e) Matricularse en una institución de educación superior del Estado o en aquellas que, no siendo estatales, se encuentren reconocidas por el Estado y cumplan con los requisitos señalados en los incisos quinto y siguientes del presente artículo.

Sin perjuicio de los requisitos señalados en las letras precedentes, salvo lo dispuesto en el párrafo 2º de la letra d), aquellos estudiantes que fueron beneficiados de la asignación 24.03.201 asociada al programa 09.01.30 de la ley Nº 20.882, mantendrán dicho beneficio según las condiciones establecidas en dicha asignación y su reglamento.

Las instituciones de educación superior estatales que suscriban los convenios que establezca la Ley de Presupuestos del Sector Público, deberán eximir a las y los estudiantes que cumplan los requisitos señalados en el párrafo anterior de cualquier pago de arancel y derechos básicos de matrícula. Dichos convenios establecerán obligaciones que sean necesarias para que la acreditación institucional de estas instituciones alcance, mantenga o mejore sus niveles.

Serán elegibles las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado que:

a) Eximan de cualquier pago asociado al arancel y derechos básicos de matrícula a las y los estudiantes que cumplan lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo.

b) Se encuentren acreditadas de acuerdo a la ley Nº 20.129 por cuatro o más años al 1 de diciembre de 2016.

c) Estén organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro y cuyos controladores, en su caso, sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.

Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que actúe directamente o a través de otras personas, y tenga poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros o para elegir a la mayoría de los directivos o designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos, o para influir decisivamente en la administración de la corporación o fundación.

d) Contar con un sistema de admisión transparente y objetivo, que no implique discriminaciones arbitrarias, autorizado por la Subsecretaría de Educación Superior, o estar adscritas al Sistema Único de Admisión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Las instituciones de educación superior que cumplan lo señalado en el inciso anterior deberán, a más tardar el 19 de diciembre de 2016, manifestar por escrito al Ministerio de Educación su voluntad de acceder a la gratuidad de conformidad a las condiciones y requisitos establecidos en el presente artículo.

El Ministerio de Educación llevará el registro público con las instituciones de educación superior que adscriban al aporte a que se refiere este artículo en los términos previamente señalados.

Asimismo, las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado que accedan al financiamiento del acceso gratuito de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo, deberán informar al Ministerio de Educación, en el plazo de un año a contar de su recepción, el uso de los recursos recibidos por este concepto según lo disponga el reglamento.

El monto que corresponda a cada una de las instituciones de educación superior que cumplan las condiciones establecidas previamente, se establecerá sumando los siguientes valores para la respectiva institución, incluyendo todos sus programas de estudios de pregrado presenciales, conducentes al título de técnico nivel superior, profesional o grado de licenciado:

a) El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los programas de estudios correspondientes, al año 2017.

b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula al año 2015 reajustados y el del arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los programas de estudios correspondientes al año 2017. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante de la letra inmediatamente anterior.

El reajuste señalado en el párrafo anterior se realizará de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor en los doce meses anteriores al 1 noviembre de 2016.

Mediante decreto dictado por el Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, se dispondrá la fórmula de cálculo del arancel regulado, la que se establecerá en base al promedio ponderado de los aranceles de referencia por grupos de programas de estudio de las instituciones que cuenten con el mismo número de años de acreditación y los derechos básicos de matrícula promedios.

Por su parte, a través del acto administrativo que corresponda del Ministerio de Educación, el que deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, se determinará el valor del arancel regulado para cada programa de estudios.

El número de estudiantes nuevos matriculados para cursar los referidos programas de estudios en 2017 no podrá superar en un 2,7% de las y los estudiantes nuevos matriculados en 2016 en dichos programas.

El reglamento establecerá los efectos del incumplimiento de las instituciones a lo dispuesto en el presente artículo.

Con todo, aquellas instituciones de educación superior que habiendo adscrito al financiamiento para el acceso el financiamiento del acceso gratuito a la educación superior establecido en la ley Nº 20.882 que hubieren incumplido alguno de los requisitos y obligaciones dispuestos en dicha norma, no podrán acceder al financiamiento regulado en el presente artículo para financiar el acceso gratuito de estudiantes que accedan a este beneficio por primera vez.

El Ministerio de Educación, mediante uno o más decretos, que podrán dictarse a contar del mes de diciembre de 2016, establecerá los montos de recursos que corresponda pagar a cada institución.

Los recursos serán entregados mensualmente a dichas instituciones directamente por la Tesorería General de la República, dividiendo el monto total por institución de educación superior establecido en el decreto, por los meses que resten entre la fecha de la total tramitación de éste y el mes de diciembre de 2017.

En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, mediante una o más resoluciones del Ministerio de Educación, que podrán dictarse a contar de diciembre de 2016, podrá estimarse el monto de recursos que corresponda a cada institución, pudiéndose entregar hasta el 50% de dichos recursos a las instituciones a contar de enero de 2017, directamente por la Tesorería General de la República, de acuerdo al respectivo programa de caja.

Artículo cuadragésimo séptimo.- Las instituciones de educación superior que hayan adscrito al financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior para el año académico 2017 regulado en el artículo anterior, se entenderá que, a contar del año 2018, reciben el financiamiento público del título VII de la presente ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, dichas instituciones podrán manifestar a la Subsecretaría su voluntad de no acceder a éste. Para ello, desde la fecha de publicación de esta ley tendrán un plazo de sesenta días para solicitar su retiro, caso en el cual se mantendrá el financiamiento señalado en el artículo anterior, solamente para aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios.

Con todo, las instituciones señaladas en el inciso primero, para mantener el financiamiento público regulado en el título VII, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 157 de la presente ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo cuarto.

De no dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones de educación superior serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 7º del título VII. Con todo, aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios del financiamiento al acceso gratuito a las instituciones de educación superior mantendrán sus estudios gratuitos según los requisitos y condiciones en las que fueron otorgadas.

Artículo cuadragésimo octavo.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad cumplirán la obligación señalada en la letra c) del artículo 161 de conformidad a lo señalado en el siguiente cronograma y a lo dispuesto en dicho título.

a) Desde el año 2018 hasta el año en que se verifique lo dispuesto en la letra siguiente, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

b) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

c) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 24,5% respecto del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los ocho primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

d) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 26,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los nueve primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

e) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 29,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII.

Desde el año 2020, el Ministerio de Hacienda verificará, a más tardar el 15 de julio de cada año, el cumplimiento de los requisitos antedichos referidos a los ingresos fiscales estructurales. Para ello utilizará las estadísticas de ingresos cíclicamente ajustados calculados por la Dirección de Presupuestos, publicados anualmente en su Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público, y las estadísticas de PIB tendencial reportadas en el acta del Comité Consultivo del PIB Tendencial más próximo a la fecha señalada, llevadas a moneda de cada año con el deflactor del PIB del año respectivo, reportado por el Banco Central de Chile.

Un reglamento del Ministerio de Hacienda, que deberá ser firmado por el Ministro o Ministra de Educación, regulará las materias señaladas en el presente artículo.

Artículo cuadragésimo noveno.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, cumplirán la obligación señalada en la letra a) del artículo 161 de conformidad a lo señalado en el artículo cuadragésimo octavo y a lo dispuesto en el título VII de la presente ley.

Las instituciones de educación superior podrán cobrar como máximo los derechos básicos de matrícula y el arancel regulado más un porcentaje adicional de éstos, fijados para la carrera o programa de estudio respectivo, a:

a) Aquellos estudiantes que cumplen los requisitos para cursar estudios gratuitos, señalados en el párrafo 5º del título VII, mientras no cuenten con la condición socioeconómica señalada en las letras del artículo anterior.

b) Aquellos estudiantes señalados en el inciso primero del artículo 178.

La determinación del porcentaje adicional se establecerá según la condición socioeconómica del estudiante de la forma que sigue:

a) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan a los primeros siete deciles de menores ingresos del país: hasta un 20%.

b) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan al octavo y noveno decil de menores ingresos del país: hasta un 60%.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, para el caso de las y los estudiantes extranjeros que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 179 o aquellos estudiantes que se encuentren matriculados en carreras o programas de estudio no comprendidos en el artículo 180 o aquellos estudiantes que provengan de hogares pertenecientes al décimo decil, no se les aplicarán las limitaciones anteriores.

Artículo quincuagésimo.- Para la determinación de los deciles señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las y los estudiantes, la presentación de antecedentes en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). El Ministerio de Educación podrá verificar y complementar la información proporcionada por las y los estudiantes para acceder a este beneficio, pudiendo solicitar antecedentes a diversas entidades públicas y privadas, considerando entre otros, el instrumento establecido en el artículo 5º de la ley Nº 20.379.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del año 2020, se utilizará el instrumento establecido en el artículo 5º de la ley Nº 20.379.

Artículo quincuagésimo primero.- Dentro de dos años desde la fecha de publicación de la ley, se deberá dictar la primera resolución exenta que establezca las primeras bases técnicas para el cálculo del arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se aplicará el procedimiento regulado en los incisos siguientes.

La Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos, establecida en el párrafo 3º del título VII, las bases técnicas a que se refiere este artículo, debiendo considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior respecto a una primera propuesta de bases técnicas, de conformidad a los incisos primero y segundo del artículo 165.

La Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo de tres meses, aprobando dicha propuesta o realizando observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, tomando en consideración dichas observaciones deberá dictar las resoluciones exentas que establezcan las primeras bases de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título VII de esta ley.

Para la determinación de los valores señalados en el inciso primero, se estará a lo dispuesto en dicho párrafo 2º y en particular al procedimiento señalado en el artículo 165 de la presente ley.

Artículo quincuagésimo segundo.- Mientras no se encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan las bases técnicas para una carrera determinada, el cálculo del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula para dicha grupos de carrera, se realizará de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes.

Mediante decreto dictado por el Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, se dispondrá la fórmula de cálculo del arancel regulado, la que se establecerá en base al promedio ponderado de los aranceles de referencia por grupos de carreras o programas de estudio de las instituciones que cuenten con la misma acreditación institucional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo quinto y los derechos básicos de matrícula promedios.

Por su parte, a través del acto administrativo que corresponda del Ministerio de Educación, el que deberá publicarse en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, se determinará el valor del arancel regulado para cada carrera o programa de estudios.

El monto que corresponda transferir a las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad para aquellas carreras o programas de estudios señalados en el artículo 180 respecto de las cuales no se haya dictado una resolución exenta que establezca el cálculo de los valores señalados en el inciso primero, éste se determinará sumando los siguientes valores las:

a) El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes respecto de los cuales la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título VII y según el cronograma señalado en el artículo cuadragésimo octavo transitorio, al año académico correspondiente.

b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula al año 2015, reajustados, y el del arancel regulado calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes señalados en la letra anterior, al año académico correspondiente. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante de la letra anterior.

El reajuste señalado en el párrafo anterior se realizará de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre el 2015 y el año anterior a aquel para el cual se calculan los valores señalado en el inciso primero.

Artículo quincuagésimo tercero.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberá procederse al nombramiento de los profesionales que integrarán la Comisión de Expertos y a la instalación del mismo, de acuerdo al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VII.

Para los efectos de la renovación parcial de la Comisión de Expertos, el período inicial de vigencia del nombramiento de los integrantes será:

a) De tres años para dos de sus integrantes.

b) De cuatro años para dos de sus integrantes.

c) De cinco años para dos de sus integrantes.

d) De seis años para uno de sus integrantes.

Lo anterior se aplicará de conformidad a la designación que efectúe el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882, el cual oficiará al Ministro o Ministra de Educación, para efectos de que curse la correspondiente resolución de nombramiento.

Artículo quincuagésimo cuarto.- Aquellas instituciones de educación superior que soliciten acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 157 de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo.

Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la letra a) del artículo 157, aquellas instituciones de educación superior que a la fecha de la solicitud no cuenten con una acreditación institucional correspondiente, al menos, al Nivel C de conformidad a lo dispuesto en el título III, deberán contar con una acreditación institucional de 4 años o más de conformidad a la ley Nº 20.129. Lo anterior se aplicará hasta que entre en vigencia plenamente dicho título.

Lo dispuesto en la letra b), respecto de la aplicación del párrafo 2º del título II, y la letra c) del artículo 157, serán exigible sólo una vez que éstos entren en vigencia de conformidad a sus artículos transitorios. Con todo, la exigencia de que las instituciones se encuentren constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro, así como lo dispuesto en la letra d) del artículo 157 serán exigibles desde la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo quincuagésimo quinto.- Para efectos de calcular el valor del arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación según el nivel de acreditación institucional, y mientras no se encuentre plenamente vigente lo dispuesto en el título III de la presente ley, en lo que respecta al nuevo proceso de acreditación institucional para todas las instituciones de educación superior, se considerará la siguiente tabla:

a) Aquellas instituciones de educación superior que posean siete años de acreditación institucional en todas las áreas de acreditación institucional de conformidad a la ley Nº 20.129 serán homologables a una institución que detente nivel “A” de acreditación institucional de conformidad al título III.

b) Aquellas instituciones de educación superior que posean seis años o cinco años, siempre que en este último caso cuenten con acreditación en todas las áreas de acreditación institucional, de conformidad a la ley Nº 20.129 serán homologables a una institución que detente nivel “B” de acreditación institucional de conformidad al título III.

c) Aquellas instituciones de educación superior que posean cinco o cuatro años de acreditación institucional de conformidad a la ley Nº 20.129 serán homologables a una institución que detente nivel “C” de acreditación institucional de conformidad al título III.

Lo anterior, será aplicable además para aquellas instituciones de educación superior que hayan tenido, o que mantengan el financiamiento institucional para la gratuidad y que posean menos de cuatro años de acreditación institucional, de conformidad a los casos regulados en el título III de la ley.

Artículo quincuagésimo sexto.- Para el ingreso de las instituciones al financiamiento institucional para la gratuidad para el año 2018, el plazo señalado en el inciso primero del artículo 158, se extenderá hasta el 15 de octubre del año 2017.

Artículo quincuagésimo séptimo.- Lo dispuesto en el párrafo 4º del título VII entrará en vigencia el año siguiente a la entrada en vigencia del Sistema de Acceso regulado en el párrafo 2º del título II.

Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el inciso anterior, el número de estudiantes nuevos matriculados para cursar las carreras o programas de estudios señalados en el artículo 180 para el año académico correspondiente, no podrá superar en un 2,7% de las y los estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente anterior en dichos programas. Con todo, no se considerará, para estos efectos, las vacantes que, superando el límite previamente señalado, se hubieren planificado con anterioridad a los años anteriores, lo cual deberá ser debidamente certificado ante el Ministerio de Educación y luego autorizado por éste. Para ello, las instituciones de educación superior deberán informar dichas planificaciones al Ministerio de Educación, a más tardar el 30 de diciembre del año anterior al que se aplicará la regulación de vacantes correspondiente.

Artículo quincuagésimo octavo.- El financiamiento público asociado a beneficios estudiantiles cuyo objeto sea el pago regular de los aranceles establecidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, finalizará el año siguiente a que se cumpla la condición señalada en la letra e) del artículo cuadragésimo octavo transitorio.

Mientras no se cumpla lo dispuesto en el inciso anterior, aquellas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica reconocidos oficialmente por el Estado que no adscriban al financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016 y 2017 y que tampoco soliciten el financiamiento institucional para la gratuidad regulado en el título VII de esta ley, podrán mantener el financiamiento al que alude el inciso primero siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Contar con acreditación institucional vigente de conformidad a la ley.

b) Estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y dar cumplimiento a lo dispuesto en el título V.

c) Estar adscritas al Sistema de Acceso regulado en el párrafo 2º del título II de esta ley.

Las instituciones señaladas en el inciso segundo tendrán un plazo de cinco años desde la fecha de publicación de la presente ley para dar cumplimiento a estos requisitos. En caso que una institución no cumpla lo dispuesto en el inciso segundo, sus nuevos estudiantes matriculados no podrán acceder a beneficios estudiantiles de los señalados en el inciso primero de este artículo, mientras que aquellos estudiantes matriculados con anterioridad a la fecha de verificación del incumplimiento, mantendrán sus beneficios de conformidad a su regulación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Ley de Presupuestos del Sector Público establecerá un número máximo de beneficiarios que podrán acceder al financiamiento al que alude el inciso primero de este artículo.

Artículo quincuagésimo noveno.- A contar del año subsiguiente a la entrada en vigencia de esta ley, los recursos destinados al aporte regulado por el artículo 2°, del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, en adelante "Aporte Fiscal Directo", disminuirá anualmente en un monto que será establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A contar de ese mismo período, los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, para el Fondo señalado en el artículo 187, serán incrementados anualmente en un monto equivalente al doble de lo que haya disminuido el Aporte Fiscal Directo en el correspondiente año, de acuerdo a lo establecido anteriormente.

Durante los primeros 5 años de vigencia del Fondo, el monto que reciba anualmente cada una de las universidades señaladas en el Artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 4 de 1981, del Ministerio de Educación, por concepto de Aporte Fiscal Directo, más la suma de los recursos que reciba del referido Fondo, no podrá ser inferior al monto que haya sido asignado a dicha universidad, por concepto de Aporte Fiscal Directo, el año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley.

A fin de cautelar el cumplimiento del objetivo previsto en el inciso anterior, podrá exceptuarse, de manera excepcional, de la regla de distribución establecida en el artículo 187, alguna parte del Fondo exclusivamente durante el plazo de cinco años antedicho.

Párrafo 8º De las transiciones a disposiciones varias de esta ley

Artículo sexagésimo.- Las universidades estatales tendrán un plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley para presentar al Ministerio de Educación una propuesta de modificación de estatutos, la cual sólo podrá contener aquellas materias relacionadas con la adecuación necesaria de estos a las normas obligatorias de gobierno institucional que se establecen en el párrafo 2° de su título VI.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra de Educación

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (BOLETÍN 10.783-04).

Santiago, 07 de abril de 2017.

MENSAJE Nº 027-365/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación.

I. ANTECEDENTES

1. La discusión legislativa

Con fecha 5 de julio del año 2016, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior. La iniciativa en primer trámite constitucional en esta H. Cámara establece, en lo sustancial, la consolidación del Sistema de Educación Superior y sus disposiciones generales; la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del Sistema, encargado de formular políticas para el desarrollo del sector terciario en su conjunto. Asimismo, fortalece la formación técnico profesional, reconociéndola como parte fundamental del sistema de educación superior. Contiene también un nuevo modelo de aseguramiento de la calidad para entregar garantías de calidad y resguardo de la fe pública, introduciendo la acreditación obligatoria y la creación de un organismo responsable de acreditar a las instituciones de educación superior. Junto a este objetivo, el proyecto considera la creación de una Superintendencia y toda una regulación para la prohibición efectiva del lucro; la promoción de la equidad y la inclusión mediante la instauración de un sistema de financiamiento gratuito y de un nuevo sistema de acceso. A su vez, considera el fortalecimiento de las instituciones de educación superior estatales y el necesario reconocimiento a su labor, sumado a mejoras en sus sistemas de gobierno y participación.

Durante los nueve meses transcurridos desde el ingreso del proyecto de ley, se ha desarrollado un gran debate nacional en torno a la educación superior que queremos para Chile. El Congreso Nacional ha sido sede de un profundo proceso de reflexión y discusión en esta materia. De esta forma, la Comisión de Educación de esta H. Cámara ha recibido a más de 100 invitados en las 30 sesiones que ha celebrado para la discusión del proyecto en trámite, entre ellos a ex Ministros de Estado, al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, al Consorcio de Universidades Estatales, a la Red G9 de Universidades No Estatales del Consejo de Rectores, a la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, a la Corporación de Universidades Privadas, al Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, al Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior; a Rectores de Universidades estatales, de la Red G9 de Universidades no Estatales del Consejo de Rectores, de Universidades Privadas y de Instituciones Técnico Profesionales; a la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación; a la Confederación de Estudiantes de Chile, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada; a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y otros representantes de Federaciones de Estudiantes; la Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales, la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, y otras organizaciones de trabajadores y funcionarios de universidades estatales; expertos en materia educacional y legislativa; organizaciones enfocadas al estudio y a la creación de propuestas para el mejoramiento continuo de la educación en Chile como Educación 2020, el Foro de Educación Superior Aequalis, Acción Educar, el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Libertad y Desarrollo, entre otros; a la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile, la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile y otras organizaciones de académicos de instituciones estatales; y representantes de distintas comunidades religiosas como la Conferencia Episcopal de Chile y la Mesa ampliada de la Unión Nacional Evangélica de Chile.

El Ejecutivo ha estudiado en profundidad las inquietudes planteadas por los actores involucrados en la Reforma, atendido la profundidad y calidad de las mismas. Algunas de estas reflexiones guardan relación con disminuir las facultades de la Subsecretaría para equilibrar su rol como ente rector de política en relación con los otros organismos del Sistema; visibilizar el rol de las instituciones de educación superior del Consejo de Rectores en el desarrollo del Sistema; la falta de consenso técnico respecto a los niveles de acreditación óptimos; y la necesidad de fortalecer a las universidades del Estado.

A su vez, se planteó con fuerza la dificultad que representa legislar todas las materias referidas en un solo cuerpo legal, atendida la complejidad e importancia que en sí mismas poseen, sin perjuicio de la necesidad de mantener un marco regulatorio robusto, capaz de fiscalizar y asegurar la fe pública y calidad del Sistema. Este mensaje acoge la inquietud respecto a la complejidad del texto inicial y, con el propósito de legislar aquí las materias esenciales para el sector, he decidido dividir en dos iniciativas diferentes las materias que hoy aborda el proyecto de ley de la referencia.

La principal modificación radica en el envío de un proyecto de ley especial para regular a las Universidades del Estado. Como se señaló, la necesidad de robustecerlas y reconocerles su trascendencia en el desarrollo del país es una materia que surgió con firmeza en el debate parlamentario y que este Gobierno comparte. Existe un amplio consenso respecto a la necesidad de contar con un plan dirigido al fortalecimiento de estas instituciones, como también sobre la importancia de regular las materias que les afectan específicamente en tanto organismos del Estado. Sin lugar a dudas se requiere una reflexión y debate específico en torno a estas materias. Por lo anterior, se ha decidido separar la regulación sobre las universidades del Estado de este proyecto de ley, para así impulsar un nuevo proyecto que regule exclusivamente a las universidades estatales y su fortalecimiento, que será ingresado próximamente al H. Congreso para su tramitación.

2. Fines y principios de la educación superior

El esquema institucional que esta indicación sustitutiva propone, se inspira en los fines y principios de la Educación Superior que queremos para Chile. Entendemos que la educación superior tiene como fin la generación y desarrollo del conocimiento, su aplicación y comunicación acorde con los desafíos actuales; el cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; la vinculación con la comunidad, así como el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de las regiones y del país, en el marco de un Estado democrático de derecho. Asimismo, la educación superior busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social y contribuir a la satisfacción de las necesidades del país a nivel local, regional y nacional.

Este sistema se rige e inspira en los siguientes principios:

a. Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, en el marco establecido por la ley. Las instituciones deben ejercerla responsablemente, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y principios de la educación superior, la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

La autonomía comprende la autonomía académica, financiera y administrativa, de conformidad al marco establecido por la ley, y en especial por las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

b. Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, al asegurar la calidad de los procesos y resultados en el cumplimiento de sus funciones y fomentando el desarrollo de trayectorias formativas, a lo largo de la vida de las personas.

En la búsqueda de la excelencia, la educación superior debe estar motivada por lograr una mejor transmisión del conocimiento a las y los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar el bienestar, y al respeto por el medio ambiente.

c. Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad.

d. Inclusión. El Sistema debe promover la inclusión de las y los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria. Asimismo, al Sistema le corresponde resguardar y promover el respeto y coexistencia a nivel institucional e interinstitucional de la diversidad de talentos, culturas, orígenes socioeconómicos, situación de discapacidad, identidades de género y orientaciones sexuales entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones.

e. Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; y la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades académicas y docentes, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

f. Participación. Las instituciones de educación superior deben promover y respetar la participación responsable de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

g. Pertinencia. El Sistema debe promover que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país y sus regiones. Para ello, el Sistema debe fomentar la vinculación de sus integrantes con la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

h. Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. El respeto por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones de educación superior, tanto en sus propuestas formativas como en el ambiente de trabajo y aprendizaje.

i. Transparencia. Proporcionar información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado es fundamental para conocer el desarrollo del Sistema y la administración de sus recursos.

La transparencia es, a su vez, la base para la rendición de cuentas académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

j. Trayectorias formativas y articulación. La adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de la vida debe ser una de las características del Sistema. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente. Contribuyendo así al desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo a lo largo de la vida de las personas.

II. OBJETIVOS DE LA INDICACIÓN

La presente indicación tiene como objetivo general, priorizar aspectos fundamentales del proyecto de ley de educación superior para simplificar y agilizar la tramitación legislativa de estas materias.

En cuanto a su contenido mismo, los objetivos se traducen en los siguientes ejes centrales: 1) creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior; 2) aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública; 3) fortalecimiento de la formación técnico profesional; 4) gratuidad en la educación superior; y 5) gradualidad de las modificaciones legales.

De esta forma, la presente indicación sustitutiva reduce considerablemente la extensión del proyecto de ley, pasando de 202 artículos permanentes a 121.

1. Creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior.

Esta indicación, al igual que el proyecto original, crea dos instituciones nuevas: la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior; y la Superintendencia de Educación Superior, órgano fiscalizador del cumplimiento de la legislación aplicable. Ambas instituciones constituyen un gran avance en un sector completamente desregulado, el que estará orientado al mejoramiento continuo de la calidad y pertinencia.

En esa misma línea, la presente indicación introduce una serie de modificaciones a la ley N° 20.129 para el fortalecimiento de la actual Comisión Nacional de Acreditación. En aras de simplificar el proyecto de ley, la indicación introduce modificaciones sustantivas en aspectos que se estiman clave para perfeccionar la actual Comisión Nacional de Acreditación. De este modo, se reforma la composición de la Comisión, la que dejará de estar integrada por representantes de las propias instituciones que deben ser evaluadas. Con el mismo objeto, se refuerzan las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades. En ambos casos se busca prevenir potenciales conflictos de interés.

Por último, cabe señalar que estas tres instituciones más el Consejo Nacional de educación, conformarán el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Este órgano permitirá la confluencia de las distintas vertientes del Sistema de Educación Superior, para una mayor coherencia sistémica, coordinación y retroalimentación institucional.

2. Aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública.

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior tiene un largo recorrido, el que ha contribuido a mejoras sustantivas del sistema terciario en su conjunto. Sin embargo, presenta una serie de desafíos que es preciso abordar en esta indicación sustitutiva, particularmente en relación con la elevación de los estándares y exigencias de los procesos de acreditación.

Actualmente no es obligatorio contar con acreditación institucional. A su vez, para aquellas instituciones que sí deciden someterse a un proceso de acreditación, las áreas de investigación y vinculación con el medio sólo son evaluadas si éstas lo solicitan. Producto del diseño voluntario de la acreditación institucional, al día de hoy, un 32% de las casas de estudio no se encuentran acreditadas. Por otro lado, sólo un 53% de las universidades acreditadas institucionalmente se encuentran certificadas en las dimensiones de investigación, y ningún Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional acreditado se encuentra evaluado en la dimensión de vinculación con el medio.

Otro aspecto central que modifica la presente indicación sustitutiva se refiere a los nuevos criterios y estándares para la calidad, los cuales deberán ser desarrollados por la Comisión Nacional de Acreditación, cuya propuesta deberá contar con la aprobación del Comité de Coordinación antes mencionado. Esta modificación recoge una de las inquietudes planteadas durante las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Educación de la Cámara, en la cual no hubo acuerdo respecto a la atribución de la Subsecretaría para fijar los criterios y estándares a propuesta del Consejo, cuestión que es acogida en esta indicación.

3. Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional.

Este Gobierno se ha comprometido con el fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional. Consecuentemente, es uno de los objetivos declarados en el proyecto de ley que se mantiene en la presente indicación, estableciendo un título específico sobre la Formación Técnico Profesional.

Un tema prioritario es reconocer que la Formación Técnico Profesional requiere de normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria. Así, se considera que la evaluación de la calidad debe realizarse sobre la base de estándares específicos para sector. En el mismo sentido, respecto del Sistema Común de Acceso esta indicación incorpora la creación de un Comité Técnico Profesional que deberá validar los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

Cabe destacar en este ámbito la experiencia del recientemente creado Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, instancia asesora de la Presidencia, presidido por la Ministra de Educación, que reúne a representantes del sector público, empleadores, trabajadores, instituciones de formación y expertos en torno al desarrollo de la Formación Técnico-Profesional. Este Consejo es una instancia intersectorial y tripartita, que incorpora a actores públicos y privados ligados a la Educación, el Trabajo y el desarrollo socioeconómico del país, y cuya existencia será consagrada mediante la presente indicación sustitutiva.

Este Consejo será el encargado de proponer la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional que establece el proyecto de ley y esta indicación, y coordinar su implementación.

4. Gratuidad en la educación superior.

El financiamiento de la educación superior en nuestro país, desde la reforma de la década de los ’80, ha descansado principalmente en los estudiantes y sus familias, en un contexto de altos aranceles fijados libremente por las instituciones. En este sentido, los instrumentos de financiamiento privilegian la competencia entre las instituciones de educación superior como mecanismo central para la asignación de recursos.

Durante los últimos años, el Estado ha aumentado el gasto público en educación superior, sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar realmente la carga de los estudiantes y sus familias.

Uno de los fines de implementar la gratuidad como política de financiamiento de la educación superior es construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Las características que adquieren los esquemas de financiamiento se relacionan estrechamente con la concepción de educación que prevalece en la sociedad. Con esta política se busca que el financiamiento institucional para la gratuidad comience a cambiar la lógica de mercado imperante hasta hoy.

Durante el año 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios de educación superior en 30 universidades a lo largo del país. Este beneficio se otorgó a los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable, es decir, familias que tienen un ingreso promedio per cápita de $170.000 pesos mensuales.

Durante el año en curso, se espera que la gratuidad beneficie a más de 250.000 estudiantes, de los cuales 95.000 corresponden a nuevos beneficiados, a los que prontamente se les sumarán los renovantes.

El hito que marca este año 2017 es el ingreso de los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales a la política de gratuidad. Las 12 instituciones que se sumaron, 6 Centros de Formación Técnica y 6 Institutos Profesionales, tienen presencia en todas las regiones del país y se espera que los beneficiados alcancen los 96.000 estudiantes en este tipo de instituciones.

De esta manera, en sólo dos años de implementación de la gratuidad, se observa que ha cambiado la estructura de asignaciones estudiantiles. Previo a esta política, en el año 2015, el 53% de los beneficios estudiantiles asignados correspondían a créditos y un 47% becas. En cambio, el año 2016 el porcentaje de créditos cayó a un 45% y el de becas a un 40%, mientras que la gratuidad alcanza el 15% de las asignaciones. Para el 2017 se espera que ésta alcance más de un 25% de las asignaciones entregadas, cayendo los créditos a un 40% y las becas a un 35%.

Cabe señalar que el año 2018 se incorporará el sexto decil a la política de gratuidad, generando cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.

5. Gradualidad

Una reforma a la Educación Superior debe construir sobre lo que existe, perfeccionando las falencias del Sistema y potenciando sus fortalezas. Asimismo, una transición seria y responsable de las modificaciones que propone este mensaje debe considerar un aumento gradual de las nuevas exigencias, particularmente respecto a la elevación de los estándares de calidad.

De este modo, si bien el año 2020 comienza a regir la obligatoriedad de la acreditación institucional, se contempla una ampliación progresiva de las exigencias respecto de la dimensión de vinculación con el medio, y posteriormente, de la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.

La gradualidad también es un elemento en la política de gratuidad, la cual contempla un aumento progresivo de su cobertura.

III. CONTENIDO DE LA INDICACIÓN

Para dar cumplimiento a los objetivos previamente señalados, la presente indicación sustitutiva consta de seis títulos más las disposiciones transitorias, cuyo contenido se describe a continuación:

1. Disposiciones generales y Subsecretaría de Educación Superior

Se reconoce que el Sistema de Educación Superior es de carácter mixto, considerando la existencia de los subsistemas universitario y técnico profesional. El universitario está compuesto por las universidades creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores y las universidades privadas reconocidas por el Estado. Por su parte, el técnico-profesional se compone de los centros de formación técnica estatales y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

Se crea la Subsecretaría de Educación Superior como órgano rector del Sistema a la que le corresponde principalmente ser el ente rector del sistema de educación superior en cuanto a la propuesta de políticas y regulaciones. La indicación traslada todas las facultades relacionadas con aseguramiento de la calidad a la Comisión Nacional de Acreditación y, asimismo, se le asigna la tarea de proponer, dentro del plazo de tres años, el Marco Nacional de Cualificaciones a fin que sobre la base de dicha propuesta el país pueda consolidar dicho instrumento.

Se contempla a su vez el Sistema Común de Acceso a las instituciones de educación superior, el que será obligatorio para todas las instituciones que reciban recursos públicos. El Sistema Común de Acceso contempla dos comités, uno universitario y otro técnico profesional, para la validación de los instrumentos. En estos comités tendrá una participación importante el Consejo de Rectores.

2. Del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas

El Consejo de Rectores es un órgano creado por la ley N° 11.575, de 1954; concediéndosele su personalidad jurídica en virtud de la ley N° 15.561, de 1964. Su estatuto orgánico actual está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1985, del Ministerio de Educación Pública (“DFL N° 2”). Su composición se encuentra determinada legalmente en dicho decreto con fuerza de ley y su objeto es “proponer a las entidades que lo integran, las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar sus actividades en todos sus aspectos, para procurar un mejor rendimiento y calidad de la enseñanza superior” (artículo 2°), sin “menoscabar o supeditar la autonomía e independencia de las entidades que lo integran” (artículo 13).

Como puede apreciarse, el Consejo de Rectores es un órgano que coordina a distintas universidades con el objeto de mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza superior, buscando unificar las mejores prácticas y estándares entre las entidades que lo componen. Cabe mencionar que en su origen, el Consejo de Rectores se constituyó mediante la articulación de las Universidades de Chile, Técnica del Estado, Pontifica Universidad Católica y Católica de Valparaíso, de Concepción y Federico Santa María. En su conjunto, estas universidades le daban al Consejo de Rectores una presencia regional y nacional, que posteriormente se refuerza con su actual composición de 27 instituciones.

Desde su creación, el Consejo de Rectores ha tenido una ininterrumpida labor en materia educacional, como el organismo público que ha liderado las políticas y acciones orientadas a mejorar la calidad de la educación superior. Es decir, son más de sesenta años de participación activa en la vida nacional en lo que a educación se refiere, cumpliendo, además, con los deberes que su calidad le otorga.

Su tiempo de existencia, así como su aporte en dicho lapso de tiempo, no pueden ser ignorados y constituyen elementos que diferencian y otorgan un sello a las instituciones que lo componen.

Uno de los principales objetivos del Consejo de Rectores es mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza superior en el país, misión que cumple de diversas formas, como por ejemplo la estandarización de los requisitos y procedimientos de admisión a las universidades que lo conforman, exigiendo un puntaje mínimo que asegura que sus futuros estudiantes cumplen los requisitos de mérito necesarios para la educación superior. En este sentido, cabe desatacar que (si se excluye a las dos nuevas instituciones estatales recién formadas que cuentan con un período de gracia para obtener su acreditación) el 100% de las instituciones que componen el Consejo de Rectores cuenta con acreditación institucional. Asimismo, el 78% de sus universidades miembro se encuentran acreditadas en el área de investigación.

Asimismo, al Consejo de Rectores le ha correspondido un rol preponderante en la colaboración y asesoría al Ministerio de Educación, y en general al Estado en su conjunto, en materia de políticas públicas en el sector educacional y, en general, diversas materias de importancia para el país y sus regiones.

El trabajo en red desarrollado por el Consejo de Rectores también ha sido significativo, especialmente respecto a la capacidad de generación de conocimiento desarrollada. De los 11 programas de doctorado acreditados, dictados en conjunto entre instituciones universitarias, 10 son resultado de la articulación de universidades del Consejo de Rectores. Así también, actualmente 880 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico tienen como patrocinadores a dos o más instituciones del Consejo de Rectores, y de 291 proyectos del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico entregados desde el año 2014, 250 fueron adjudicados a algunas de estas universidades, actuando coordinadamente en muchos de ellos.

Otro aspecto del Consejo de Rectores que lo distingue, es que las universidades que lo componen extienden su quehacer a todo el territorio del país. Esta presencia a nivel nacional muestra la vocación regional que varias de sus universidades poseen, ofreciendo carreras acordes a la realidad de cada región, propiciando su desarrollo. Con la reciente creación de las universidades de las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, el Consejo de Rectores cuenta con universidades de todas las regiones del país. Esto representa una importante característica del Consejo de Rectores que, al institucionalizar en su seno un verdadero sistema nacional, cubre la totalidad de nuestro territorio bajo un único sistema de regulación.

Asimismo, demuestra que su composición obedece a un compromiso con el desarrollo de la región y sus habitantes. El foro que ofrece el Consejo de Rectores sirve de instancia de planificación de las actividades de cada universidad y todas ellas tienen en él la misma importancia, pudiendo, las instituciones regionales, entregar periódica y constantemente sus apreciaciones sobre las materias que se traten o plantear sus problemas directamente desde la región. De este modo, las necesidades regionales cuentan con un espacio de discusión y acción.

Las distintas modificaciones experimentadas por el Consejo de Rectores han sido realizadas mediante normas legales, como la ley N° 15.561, que le asigna la responsabilidad de proponer las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar las actividades de las universidades en todos sus aspectos y a mejorar el rendimiento y calidad de la enseñanza universitaria; el decreto ley N° 1.263, Decreto Ley Orgánico de la Administración Financiera del Estado, que incluye al Consejo de Rectores, dentro del Ministerio de Educación; y el DFL N° 2, que estableció que el Ministro de Educación formaría parte del Consejo de Rectores, presidiéndolo.

Tiene la finalidad de ayudar a promover el bien común que la Constitución Política encomienda al Estado en su artículo primero. Más específicamente, el Consejo de Rectores, a través de su consagración legal, contribuye a dar cumplimiento al artículo 19 N° 10, incisos sexto y séptimo, que señalan que:

“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”

De esta forma, desde sus orígenes, el Consejo de Rectores se ha orientado a fomentar la calidad en la educación superior y la investigación científica, contando con los fondos necesarios para ello. En este contexto, la presente indicación sustitutiva elimina el artículo quincuagésimo noveno del proyecto de ley que disminuía los recursos que anualmente corresponden al Aporte Fiscal Directo. En virtud de ello, dicho aporte se mantendrá para las instituciones del Consejo de Rectores de manera de continuar siendo un aporte para el cumplimiento del rol que le corresponde a las universidades que lo componen. Con esta modificación se mantiene inalterable el compromiso del Estado con el Consejo de Rectores.

2. De la Formación Técnico Profesional en Educación Superior

La presente indicación modifica la naturaleza de esta regulación, pasando de ser un párrafo dentro del título que regula la Subsecretaría, a ser un nuevo título II. En cuanto al contenido del título, se mantiene en los mismos términos que el proyecto que se indica, destacando la creación de una Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y la instalación de un Consejo Asesor Interministerial en la materia.

3. Superintendencia de Educación Superior y regulación para la prohibición efectiva del lucro en la educación superior

La fiscalización del cumplimiento de la legislación vigente sobre educación superior y el resguardo de la fe pública, son claramente deficitarios en nuestro país. Esta materia ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas dado que, si bien la ley prohíbe el lucro en las universidades, existe una percepción generalizada de que dicha regulación no se cumple, lo que motivó dos comisiones investigadoras de la H. Cámara de Diputados en los últimos años.

Esta indicación sustitutiva contiene la regulación integral que ya proponía el proyecto de ley para hacer efectiva la prohibición de lucrar que el legislador consagró antaño en la normativa educacional. Así, se introduce la prohibición de que las instituciones estén controladas por entidades con fines de lucro; se consagra el deber de destinar los recursos de las instituciones de educación superior a los fines que les son propios; se incorporan deberes para los integrantes de los órganos de administración superior, particularmente el de velar por el interés de la institución; se regulan las operaciones con personas relacionadas; entre otras materias.

Sin perjuicio de la regulación descrita, esta indicación sustitutiva recoge el reproche social que ha suscitado la utilización de instituciones de educación superior como vehículo para el lucro de sus controladores, en perjuicio de la propia institución, de sus estudiantes y del sistema en su conjunto. Sabemos que cuando el interés de quienes tienen las potestades de administrar los recursos de una institución de educación superior es contrario al interés y los fines de la institución misma, existe un alto riesgo de extracción de rentas mediante operaciones con partes relacionadas. La fe pública exige que en este caso dicho riesgo no sea tolerado, volviéndose primordial hacer frente a tan evidente conflicto de intereses.

La mejor forma de abordar este vicio es incorporar un nuevo tipo penal de negociación incompatible para aquellas personas que tengan la capacidad de administrar el patrimonio de las instituciones de educación superior, castigando a quien celebre operaciones con personas relacionadas teniendo intereses propios o en beneficio de terceros, e incumpliendo las normas que el mismo proyecto de ley establece.

Por otro lado, cabe destacar que tanto el proyecto de ley como esta indicación, no sólo buscan sancionar a quienes contravengan la normativa educacional, sino también, prevenir que las instituciones decaigan y se vuelvan inviables financieramente como ha ocurrido en el pasado. Para ello, se dota a la Superintendencia de facultades para la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. En este mismo sentido, y en resguardo de la fe pública, esta indicación sustitutiva recoge también las obligaciones de informar que las instituciones deberán cumplir para así elevar los estándares de transparencia del sistema.

4. Modificaciones a la ley Nº 20.129

La Indicación Sustitutiva modifica la ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad. Con ello, en lugar de crear un nuevo servicio público se proponen cambios sustantivos a la gobernanza y composición de la Comisión Nacional de Acreditación y a los procesos mismos de acreditación.

En lo sustantivo, la indicación establece un nuevo sistema para la designación de los comisionados, el que avanza en criterios de trasparencia e imparcialidad de sus miembros. De esta forma, diez consejeros se elegirán a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Por otra parte, de estos diez miembros, cuatro serán designados por la o el Presidente de la República, y cuatro propuestos por la o el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Finalmente, se mantienen los dos representantes estudiantiles en la Comisión. Cabe señalar que la participación de éstos fue muy destacada y calificada de valiosa durante la discusión general en la Comisión de Educación de la H. Cámara Diputados.

Junto a lo anterior, se establece la acreditación institucional obligatoria, de modo tal que el sistema sólo reconozca a instituciones que hayan demostrado estándares de calidad deseables y acordes a los nuevos desafíos del país. Para ello, se entregará una transitoriedad adecuada y responsable, con la finalidad de que toda institución de calidad pueda adecuarse a este nuevo régimen.

En concreto, para el año 2020 será obligatorio acreditar las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad. Para el año 2025 será obligatorio acreditar en la dimensión vinculación con el medio, y el año 2035 solo podrán acceder a fondos o recursos públicos destinados al financiamiento y la investigación científica u tecnológica aquellas instituciones que se encuentren acreditadas en la dimensión generación de conocimiento, creación e innovación. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2040 las instituciones deberán acreditar todas las dimensiones.

Por último, la indicación sustitutiva elimina la acreditación voluntaria de carreras y programas de postgrado por parte de Agencias Acreditadoras privadas.

5. Financiamiento para la gratuidad

La indicación sustitutiva, en términos de financiamiento, se enfoca en la regulación del financiamiento de la gratuidad, dejando para el proyecto de ley de Universidades Estatales lo referido al Convenio Marco y eliminando el Fondo de Creación e Innovación Artística. De esta forma, la indicación no tratará temas relacionados con el financiamiento basal de las instituciones.

Respecto de la gratuidad, se hace necesario establecer nuevos valores para los aranceles, los que serán determinados por la Subsecretaría de Educación Superior con la garantía de la participación de una Comisión de Expertos en la materia. Estos aranceles considerarán elementos como la estructura curricular, la calidad y tamaño de las instituciones y si estas se encuentran en regiones o no. Entendiendo la complejidad de esta tarea es que transitoriamente, los aranceles regulados reconocerán el nivel, calidad y complejidad de la investigación que realizan las instituciones.

Esta indicación sustitutiva recoge los elementos regulatorios de la política de gratuidad cuyos beneficios ya señalamos, buscando consagrarla en un régimen permanente.

Resulta importante destacar que, durante el período de transición el cálculo de los aranceles regulados considerará la acreditación en investigación con que cuente la institución, de manera de reflejar esta importante función en el financiamiento que se otorga vía gratuidad. Mediante este mecanismo, se reducen y eliminan en la mayoría de los casos las brechas en financiamiento que hoy se han producido en aquellas instituciones que se encuentran adscritas a la gratuidad.

6. Disposiciones finales

Se mantiene la actual regulación del proyecto de ley que incluye normas adecuatorias a diversos cuerpos legales, en especial a la ley del Ministerio de Educación y a la ley N° 20.800.

* * *

Honorables Diputados, Chile enfrenta hoy importantes desafíos para robustecer su educación terciaria. En sus manos tienen la oportunidad de sentar las bases para la construcción de un Sistema de Educación Superior que avance de manera firme hacia etapas más consolidadas en el desarrollo de nuestro país. Es por ello que hago un llamado a la unidad, para que juntos podamos aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos de fortalecer el Sistema de Educación Superior, y de convertir en ley ejes centrales para la educación del futuro.

En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración, la siguiente indicación:

- Para sustituir su texto íntegro por el siguiente:

“TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º Disposiciones Generales

Artículo 1.-

El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, “el Sistema”) está integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior, así como por las instituciones de educación superior.

El Sistema es de provisión mixta, y se compone por dos subsistemas: el universitario y el técnico profesional. El subsistema universitario lo integran las universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y las universidades privadas reconocidas por el Estado. El subsistema técnico profesional lo integran los centros de formación técnica estatales, y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema. En tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen.

Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la ley Nº 20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.

Artículo 2.-

El Consejo de Rectores es una persona jurídica de derecho público a la que le corresponde asesorar al Ministerio de Educación en las políticas públicas en materia de educación superior, conforme a su estatuto orgánico. Asimismo, tiene como función coordinar a las instituciones que lo integran, promoviendo la colaboración entre éstas. Se relacionará con la Subsecretaría de Educación Superior.

El Estado contribuirá a la excelencia en el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y tecnológica y la creación artística por parte de cada una de las instituciones que componen el Consejo de Rectores, a través de los recursos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Párrafo 2º De la Subsecretaría de Educación Superior

Artículo 3.-

Créase la Subsecretaría de Educación Superior (en adelante la “Subsecretaría”) que estará a cargo del Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior (en adelante el “Subsecretario o Subsecretaria”), quien tendrá el carácter de colaborador o colaboradora directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Artículo 4.-

Serán funciones y atribuciones de la Subsecretaría:

a) Proponer al Ministro o Ministra de Educación las políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional. En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12.

b) Proponer al Ministro o Ministra de Educación políticas de acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior.

c) Proponer la asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como la gestión de sus instrumentos.

d) Administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 87, del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

e) Administrar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior establecido en la ley Nº 20.129.

f) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, con y entre las instituciones de educación superior, y promover la vinculación de éstas con el nivel de educación media.

g) Solicitar al Consejo de Rectores antecedentes e informaciones sobre la situación general de la enseñanza superior del país.

h) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 5.-

Un reglamento del Ministerio de Educación establecerá la estructura interna de la Subsecretaría, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Con todo, la Subsecretaría contará, al menos, con una división de educación universitaria y una división de educación técnico profesional de nivel superior

Artículo 6.-

El personal de la Subsecretaría estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Párrafo 3º Del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

Artículo 7.-

Créase un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (en adelante, “Sistema de Acceso”) cuya administración corresponde a la Subsecretaría, el que establecerá los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos o profesionales o grados académicos, excluyendo postgrados o postítulos. Este Sistema de Acceso deberá considerar la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes, pudiendo establecer instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional.

Los instrumentos señalados en el inciso anterior serán de aplicación general. Adicionalmente, las instituciones de educación superior podrán desarrollar sus propios instrumentos, los cuales deberán ser, en todo caso, autorizados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso podrá contemplar programas especiales de acceso, de carácter general, que tengan por objeto promover la equidad en el ingreso de estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones podrán definir sus propios programas, los que deberán ser aprobados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso será obligatorio para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado. Asimismo, las demás instituciones podrán adscribir voluntariamente al Sistema de Acceso, en cuyo caso deberán solicitarlo a la Subsecretaría.

Artículo 8.-

Corresponderá a la Subsecretaría constituir y coordinar un comité técnico de acceso para el subsistema universitario y otro para el subsistema técnico profesional, cuyo objeto será definir los instrumentos del Sistema de Acceso. Asimismo, para la definición de los procedimientos del Sistema, la Subsecretaría consultará al respectivo comité.

El comité de acceso del subsistema universitario estará integrado por:

a) Cinco Rectores o Rectoras miembros del Consejo de Rectores indicado en el artículo 2°, o quienes éstos designen, al menos dos de los cuales deberán provenir de universidades cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

b) Un Rector o Rectora de universidades privadas, o a quién éste designe, que no pertenezcan al Consejo de Rectores señalado en el artículo 2°, de aquéllas adscritas al financiamiento establecido en el título V de esta ley.

c) El Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior o a quien este designe.

Por su parte, el comité de acceso del subsistema técnico profesional estará compuesto por:

a) Tres Rectores o Rectoras de los centros de formación técnica estatales, o a quienes éstos designen, al menos dos de los cuales deberán provenir de instituciones cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

b) Tres Rectores o Rectoras de los institutos profesionales y centros de formación técnica privados que adscriban al financiamiento establecido en el título V de esta ley, o quienes éstos designen. Al menos uno de ellos deberá provenir de una institución cuyo domicilio se encuentre en una región distinta de la Metropolitana.

c) El Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior o a quien éste designe.

Artículo 9.-

Corresponderá a la Subsecretaría establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso. Para el establecimiento de los instrumentos se deberá contar con un informe favorable de los comités señalados en el artículo anterior.

Asimismo, la Subsecretaría podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las funciones indicadas en el inciso anterior a instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior, así como también consultar a los comités y solicitar su colaboración.

Artículo 10.-

El Sistema de Acceso deberá resguardar especialmente los principios de transparencia, objetividad y accesibilidad universal, éste último de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley Nº 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, el Sistema de Acceso deberá ajustarse a lo dispuesto en la ley Nº 19.628 que establece normas sobre protección de la vida privada.

Un reglamento del Ministerio de Educación regulará las materias señaladas en el presente párrafo. El Ministerio de Educación fijará los aranceles para la utilización del Sistema de Acceso, según corresponda.

TÍTULO II.

DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 11.-

Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad.

En el ámbito de la enseñanza formal, la formación técnico profesional considera los niveles de educación media de formación técnico profesional y el nivel de educación superior técnico profesional, así como la modalidad de educación de adultos en el nivel de educación media técnico profesional. En el ámbito de la enseñanza no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.

Artículo 12.-

El Ministerio de Educación establecerá la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (en adelante “la Estrategia”) que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años.

La Estrategia fortalecerá la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, facilitando la formación para el trabajo y la construcción de trayectorias formativas y laborales coherentes y pertinentes a las necesidades de las personas, de los sectores productivos y de la sociedad en general. Asimismo, deberá establecer objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnico profesional y proponer un plan para su implementación que considere plazos para su ejecución.

Su contenido mínimo será:

a) El análisis de las tendencias del desarrollo productivo de cada una de las regiones del país.

b) Análisis de la oferta formativa y la demanda de técnicos y profesionales por parte del sector productivo.

c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para la formación técnico profesional.

d) Recomendaciones a las instituciones educativas y a los sectores productivos en torno a la articulación de la oferta formativa, con énfasis en aquellos planes y programas que requieran ser priorizados.

e) Recomendaciones a la Subsecretaría y a los comités señalados en el artículo 8, sobre el diseño de los procesos e instrumentos propios del Sistema de Acceso, en relación al subsistema técnico profesional.

f) Propuestas sobre mecanismos de coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en temas relacionados con la formación técnico profesional.

g) Una estrategia de inserción laboral y fomento de la empleabilidad dirigida a las y los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras para potenciar el desarrollo de sus trayectorias educativo-laborales.

Artículo 13.-

Para la elaboración de la Estrategia, el Presidente o Presidenta de la República establecerá mediante decreto supremo un Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, integrado por los Ministros o Ministras de Estado con competencia en la materia, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con mayor representatividad del país, representantes de instituciones educativas y expertos de reconocida experiencia en materia de formación técnico profesional. Este Consejo será presidido por el Ministro o Ministra de Educación, quien coordinará la implementación de la Estrategia.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1º De la Superintendencia de Educación Superior

Artículo 14.-

Créase la Superintendencia de Educación Superior (en adelante e indistintamente “la Superintendencia”) como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación.

La Superintendencia será una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley Nº 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago.

Artículo 15.-

El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, así como las instrucciones y normas que ésta dicte en el ámbito de su competencia. Asimismo, le corresponderá fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos, y supervisar su viabilidad financiera.

Artículo 16.-

Serán funciones y atribuciones de la Superintendencia:

a) Fiscalizar que las instituciones de educación superior, sus organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales y quienes ejerzan funciones directivas, según corresponda, cumplan con las normas aplicables vigentes.

b) Fiscalizar el mantenimiento de los requisitos o condiciones que dieron lugar al reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior.

c) Supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

d) Fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

e) Ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.800.

f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los compromisos académicos asumidos con las y los estudiantes.

g) Ordenar y realizar auditorías en materias de su competencia.

h) Ingresar a los establecimientos o dependencias académicas y administrativas de las instituciones de educación superior y de sus organizadores que tengan relación con la administración de la institución respectiva, cuando corresponda, con el propósito de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior fiscalizada.

i) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior de que se trate, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y, en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización, tanto de las personas o instituciones fiscalizadas, como de los terceros con que éstas realicen operaciones, de conformidad a lo establecido en el párrafo 7°.

La Superintendencia, mediante resolución fundada, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en las instituciones de educación superior.

j) Requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas y de cualquier organismo público, la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones. La Superintendencia deberá determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere esta letra, debiendo contemplar un plazo razonable para que ella sea proporcionada por los respectivos obligados.

k) Citar a declarar, dentro del ámbito de sus competencias, a los organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de las instituciones fiscalizadas o de quienes ejerzan dichos cargos en instituciones relacionadas con ellas, y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquiera naturaleza, como asimismo testigos, respecto de cualquier hecho cuyo esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación de lo contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada.

l) Atender las consultas que se le formularen en materias de su competencia, recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de ellos.

m) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su competencia.

n) Formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca en materias de su competencia.

o) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la ley.

p) Aplicar e interpretar administrativamente las normas cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia serán obligatorias a partir de su publicación y deberán ser actualizadas, sistematizadas y mantenidas en registros de libre acceso electrónico de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de las mismas.

q) Remitir a la Comisión Nacional de Acreditación los antecedentes que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, tuviere conocimiento y en los cuales aparecieren indicios de incumplimientos en materias de su competencia.

r) Remitir al Ministerio Público los antecedentes que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones y en los cuales aparecieren indicios de haberse cometido algún hecho constitutivo de delito, especialmente en los casos señalados en los artículos 62 y 75.

s) Administrar la información que recopile en el ejercicio de sus competencias y proporcionar la información correspondiente al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en coordinación con la Subsecretaría.

t) Elaborar índices, estadísticas y estudios con la información entregada por las instituciones fiscalizadas, y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

u) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado, o con entidades privadas, la realización de acciones específicas, la prestación de servicios, y la transferencia electrónica de información para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

v) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

w) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Las funciones anteriores se llevarán a cabo sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y en coordinación con ésta.

Artículo 17.-

En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio, o previa denuncia o reclamo. La Superintendencia instruirá el respectivo procedimiento en caso de advertir la existencia de una o más contravenciones a las normas que le corresponde fiscalizar.

Artículo 18.-

Para los efectos de esta ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos constatados en dicha acta constituirán presunción legal de veracidad.

Artículo 19.-

Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto cualquier día hábil en horario laboral, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la respectiva institución. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los funcionarios fiscalizadores.

En el ejercicio de la labor fiscalizadora los funcionarios de la Superintendencia deberán informar al sujeto o institución fiscalizada la materia específica objeto de la fiscalización y de las normas pertinentes, dejando copia íntegra de las actas levantadas y realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. El sujeto o institución fiscalizada podrá, en el mismo acto, hacer constar en el acta aquellos errores de hecho o transgresiones de derecho que, a su juicio, se hayan producido durante la fiscalización.

Los sujetos o instituciones fiscalizadas podrán denunciar conductas ilegales de los fiscalizadores ante el Superintendente. En caso que cualquier fiscalizador deje constancia de hechos que resultaren ser falsos o inexactos, el afectado podrá denunciar dicha circunstancia a su superior jerárquico, quien iniciará la investigación que corresponda de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas.

Párrafo 2º De la organización de la Superintendencia

Artículo 20.-

El Superintendente o la Superintendenta de Educación Superior, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.882.

Artículo 21.-

Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente:

a) Los miembros, asociados, propietarios, socios o fundadores de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

b) Los integrantes del órgano de administración superior de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los Rectores o Rectoras de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

d) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

Asimismo, son incompatibles las actividades de las exautoridades o exfuncionarios de la Superintendencia en la misma forma, plazo y condiciones que sean aplicables a las instituciones fiscalizadoras, en conformidad a la ley.

Artículo 22.-

Corresponderá al Superintendente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer las atribuciones propias de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar, remover y adoptar las demás decisiones que correspondan respecto del personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias correspondientes.

e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia.

f) Impartir instrucciones y circulares de general aplicación para las instituciones de educación superior.

g) Coordinar la labor de la Superintendencia con las demás instituciones públicas con competencia en materia de educación superior, en particular, con los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

h) Nombrar, de conformidad a la ley Nº 20.800, un administrador provisional, decretar su alzamiento, aprobar planes de recuperación y de administración provisional.

i) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las instituciones de educación superior.

j) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley.

k) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

l) Rendir cuenta pública, al menos una vez al año, de su gestión y de la Superintendencia.

m) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, salvo las materias señaladas en las letras h), j) y k) de este artículo.

n) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos públicos los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento en ejercicio de sus funciones, a fin de que éstos ejerzan a su vez las facultades que les son propias.

Artículo 23.-

El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna de la Superintendencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Con todo, las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, y la de aplicación de sanciones, estarán a cargo de unidades diferentes.

Artículo 24.-

El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y sus reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas del título I del decreto ley Nº 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y sus modificaciones y las bonificaciones y asignaciones dispuestas en los artículos 9º y 12 de la ley Nº 20.212, en el artículo 5º de la ley Nº 19.528, y en el artículo 17 de la ley Nº 18.091, otorgándose en la forma que señalan dichas leyes.

Artículo 25.-

El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones directivas o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente.

El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 26.-

Siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, el personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, y deberá abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 27.-

Las autoridades o funcionarios de la Superintendencia que correspondan a cargos de exclusiva confianza del Superintendente estarán sujetos a las mismas inhabilidades que pesen sobre éste, y cesarán también en el cargo por las mismas causas de inhabilidad sobreviniente.

Artículo 28.-

El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar servicios a las entidades sujetas a su fiscalización, ya sea en forma directa o indirecta, salvo labores docentes en los términos del artículo 8º de la ley Nº 19.863, caso en el que no podrá ejercer funciones de fiscalización y supervisión respecto a la institución de educación superior en que realiza las actividades docentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente respecto de los cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos.

Cualquier contravención a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 29.-

El personal de la Superintendencia que ejerza cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, y no podrá ejercer labores docentes en conformidad al artículo 8º de la ley Nº 19.863. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 30.-

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Artículo 31.-

El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) Los recursos otorgados por leyes especiales.

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes.

d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte.

e) Los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y sus disposiciones complementarias.

Párrafo 3º De la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo 32.-

La Superintendencia deberá supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, y que los recursos y condiciones financieras de éstas les permitan el cumplimiento de sus fines.

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia podrá determinar, mediante norma de carácter general, condiciones e indicadores de riesgo, como referencia para las instituciones en dicha materia. En el ejercicio de esta función, la Superintendencia podrá hacer recomendaciones a las instituciones en materias relacionadas con este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de la ley N° 20.800.

Artículo 33.-

Las instituciones de educación superior deberán llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas de carácter general que al efecto podrá dictar la Superintendencia, y deberán someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa de la ley N° 18.045.

Artículo 34.-

Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia:

a) Los estados financieros consolidados, debidamente auditados, que contemplen, de manera desagregada, los ingresos y gastos de la institución, así como activos y pasivos.

b) Una lista actualizada con la individualización completa de sus socios, asociados o miembros, y de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación. Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia cualquier modificación ocurrida respecto de la información contenida en la última lista enviada.

c) Información sobre los actos, convenciones y operaciones celebradas con personas relacionadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 al 77 de la presente ley.

d) Información respecto de las donaciones recibidas asociadas a exenciones tributarias.

e) Una lista actualizada de las entidades en cuya propiedad la institución de educación superior tenga una participación igual o superior al 10%, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de éstas, la institución de educación superior pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración.

f) Información sobre todo hecho esencial que afecte significativamente su situación financiera y patrimonial.

La Superintendencia determinará la forma, contenido y periodicidad de la información requerida en el inciso precedente. Con todo, la información señalada en las letras a) y c) deberá enviarse de forma anual a la Superintendencia.

Artículo 35.-

La Superintendencia deberá incorporar y mantener actualizada la información señalada en los artículos anteriores en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior que desarrollará y mantendrá la Subsecretaría, coordinándose con esta última, de acuerdo a los convenios de colaboración que para estos efectos celebren ambos organismos, y los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según corresponda.

Artículo 36.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 20.285, la Superintendencia mantendrá a disposición del público a través de su sitio electrónico, al menos, lo siguiente:

a) Las normas de carácter general e instrucciones dictadas por ésta.

b) Registro Público de los administradores provisionales y de cierre que se hayan designado.

c) Informes de los administradores provisionales, de conformidad con lo dispuesto el artículo 10 de la ley N° 20.800.

d) Registro Público de Sanciones.

e) Registro Público de socios, miembros y de quienes ejerzan funciones directivas en las instituciones de educación superior.

Párrafo 4° De la atención de reclamos y denuncias

Artículo 37.-

La Superintendencia recibirá los reclamos y denuncias que se le formulen y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 38.-

El reclamo es la petición formal realizada a la Superintendencia por una persona o grupo de personas interesadas, para que ésta intervenga como mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Recibido el reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de quince días hábiles.

Artículo 39.-

Admitido un reclamo a tramitación, el funcionario competente ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al reclamado.

El funcionario designado citará a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Dicho proceso deberá constar en un acta, firmada por los comparecientes, en la cual deben constar las medidas propuestas y el hecho de haberse alcanzado o no acuerdo sobre la materia.

Si no se llegare a acuerdo, y en caso que corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente, el reclamante podrá seguir su pretensión como denuncia. Asimismo, si la Superintendencia considera que los hechos objeto del reclamo afectan a otras personas además del reclamante, y que pudiesen configurar alguna de las infracciones de las señaladas en esta ley, podrá iniciar de oficio un proceso, de conformidad a los artículos siguientes.

Artículo 40.-

La denuncia es el acto escrito por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, en conformidad a lo señalado en esta ley.

Las denuncias deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación y la individualización completa del o los denunciantes, quienes deberán suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante.

La Superintendencia podrá ordenar directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento cuando se trate de denuncias realizadas por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las denuncias de infracciones podrán ser realizadas de manera anónima, si el denunciante así lo solicitare. En este caso, el acto de instrucción que dé comienzo al procedimiento deberá dar cuenta de que éste se ha iniciado en virtud de denuncia anónima.

Artículo 41.-

Condenada o absuelta una institución de educación superior, ella no podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del denunciante, si se desempeñare en dicha institución, cuestión para la cual la Superintendencia arbitrará todas las medidas que sean necesarias para ello de acuerdo a las facultades que le confiere la ley.

Se considerarán represalias, especialmente, el despido, traslado, degradación de funciones y cualquier otro hecho u omisión que constituya una denigración u hostigamiento en contra del denunciante.

Para el caso de instituciones de educación superior estatales, sus funcionarios, incluidos quienes presten servicios mediante un contrato a honorarios o del Código del Trabajo, que formulen denuncias previstas en este artículo, gozarán de los derechos previstos en el artículo 90 A del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, en lo que sea aplicable.

Párrafo 5°.- Del procedimiento sancionatorio

Artículo 42.-

El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia, regulada en los artículos anteriores, o de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción sobre materias de su competencia.

Artículo 43.-

La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de quince días para formular los descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término.

La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida, la disposición que establece la infracción, y la sanción asignada.

Artículo 44.-

Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de su recepción en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico para que se practiquen las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su envío.

La realización de la notificación señalada en el artículo precedente deberá hacerse constar en el expediente administrativo correspondiente.

Artículo 45.-

El instructor podrá solicitar antecedentes adicionales dentro del plazo de quince días hábiles contado desde el vencimiento del plazo para presentar descargos. La parte de quien se hubiere requerido la presentación de antecedentes adicionales tendrá diez días hábiles para acompañarlos, bajo apercibimiento de tenerse por no acompañados si no se presentaren dentro de dicho plazo.

Presentados los descargos y antecedentes, o transcurridos los respectivos plazos sin que se hubieren presentado, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Superintendente la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Artículo 46.-

Transcurridos dos años de inactividad dentro del procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo dictarse una resolución que la declare y ordene su archivo.

La caducidad no implicará la prescripción de la infracción ni de la facultad de la Superintendencia para iniciar un nuevo procedimiento sancionatorio por los mismos hechos. En este último caso podrá agregar al nuevo expediente todos los antecedentes, informes y actuaciones útiles efectuadas en el procedimiento caducado, debiendo en cualquier caso realizar todas las etapas del procedimiento nuevamente.

La Superintendencia no podrá perseguir las infracciones cometidas transcurridos cuatro años desde que hubiere terminado de cometerse el hecho. Este plazo se interrumpe cuando se inicia el procedimiento sancionatorio, con la notificación del infractor o cada vez que se cometa una nueva infracción. En caso de declararse la caducidad del procedimiento se entenderá que no se interrumpió el plazo de prescripción.

Las sanciones impuestas por acto administrativo firme no podrán ejecutarse una vez transcurridos más de tres años desde que éste quede firme. Este plazo se interrumpe cuando la Superintendencia inicie la ejecución.

Artículo 47.-

Las resoluciones de la Superintendencia que determinen la imposición de sanciones serán susceptibles de recurso de reposición, el que podrá interponerse en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 48.-

Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución impugnada.

El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo de ilegalidad, la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican.

La Corte dará traslado a la Superintendencia por el término de diez días. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil.

Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia.

La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo de ilegalidad, ordenará, según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito o en el caso que, como producto de la investigación, se concluya la existencia de hechos constitutivos de delito.

Párrafo 6º Infracciones y sanciones

Artículo 49.-

Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones establecidas en esta ley.

Para los efectos del ejercicio de dicha potestad sancionadora las personas e instituciones fiscalizadas podrán incurrir en infracciones gravísimas, graves, y leves.

Artículo 50.-

Son infracciones gravísimas:

a) Destinar los recursos de la institución de educación superior a fines distintos a los que le son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

b) Realizar operaciones en contravención a lo señalado en el artículo 70.

c) Realizar operaciones con personas relacionadas sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 71 a 73 de la presente ley.

d) Cualquier acción u omisión dolosa destinada a obtener acreditación o años de acreditación mayores a los que correspondan en conformidad a la ley N° 20.129.

e) No cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 33 y 34 o hacerlo de forma distinta a lo prescrito en dicho a artículo o de manera tardía.

f) Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia.

g) Entregar información falsa u ocultar cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción.

h) Incurrir reiteradamente en infracciones calificadas como graves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses se incurre en cuatro o más infracciones graves.

i) Incurrir en toda otra infracción que sea calificada como gravísima por la ley.

Artículo 51.-

Son infracciones graves:

a) No remitir la información requerida por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, o hacerlo de forma tardía, incompleta o inexacta.

b) Informar erróneamente respecto del número de estudiantes por carrera o programa, el número de académicos o cualquier información, si de ello resultare un incremento del financiamiento o aportes que la institución recibiría del Estado, de manera directa o indirecta.

c) Efectuar publicidad falsa o engañosa, en los términos que se indican en el artículo 52.

d) Negarse a efectuar o entorpecer significativamente la auditoría externa de sus estados financieros de conformidad a la ley.

e) Modificar unilateralmente los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales la institución de educación superior hubiere convenido con el estudiante la prestación de los servicios educativos.

f) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles o costos previamente establecidos en su reglamentación e informados a las y los estudiantes al inicio de cada año académico.

g) Incurrir en cualquier otra infracción que sea expresamente calificada como tal por la ley.

h) Reiterar el incumplimiento de infracciones calificadas como leves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses incurren en cuatro o más infracciones leves.

En caso de infracciones que tengan el carácter de graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 52.-

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier mensaje publicitario o comunicación dirigida al público en general que induzca a error o engaño respecto de:

a) El valor correspondiente a matrícula, aranceles, becas y en general a cualquier desembolso o prestación pecuniaria exigida por una institución a sus estudiantes.

b) Los años de acreditación, que de conformidad a la ley haya obtenido la respectiva institución de educación superior y de la acreditación de sus carreras y programas de estudio, según corresponda.

c) Las perspectivas de empleabilidad de las y los estudiantes de la respectiva institución o de cualquiera de sus carreras o programas, de conformidad a lo que establezca la Superintendencia mediante instrucciones de carácter general.

d) Los niveles formativos, las cualificaciones, las alternativas de continuidad de estudios o denominación de las carreras y programas de estudio de la oferta académica.

e) La infraestructura, el cuerpo docente, campos clínicos, equipamiento y espacios para pasantía o práctica profesional con que cuente la respectiva institución o cualquiera de sus sedes, carreras o programas.

Artículo 53.-

Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier norma aplicable a la educación superior y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.

En caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley. Con todo, las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el Superintendente.

Artículo 54.-

Comprobada la infracción, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan, el Superintendente podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55:

a) Amonestación por escrito.

b) Multa a beneficio fiscal de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones leves.

c) Multa a beneficio fiscal de hasta mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones graves.

d) Multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones gravísimas.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 55, para la determinación del monto específico de la multa, se deberá considerar el tamaño de la institución. Para estos efectos, se tendrá especial consideración por el número de estudiantes y docentes con que ésta cuenta, número de carreras y programas de estudio que imparte, el grado de desarrollo en las áreas de gestión institucional y docencia, y el número de sedes y extensión territorial de la misma.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad para concurrir, directa o indirectamente, a la constitución de instituciones de educación superior o para ocupar el cargo de Rector o Rectora o ser integrante del órgano de administración superior en cualquiera de dichas instituciones. La sanción de inhabilitación temporal se podrá extender hasta por un plazo de cinco años, y se aplicará para el caso de infracciones gravísimas.

La Superintendencia podrá amonestar por escrito o multar hasta por una cantidad equivalente a mil unidades tributarias mensuales a quienes ejerzan funciones directivas que resulten responsables de las infracciones cometidas. La multa se comunicará al infractor y al representante legal de la institución. La Superintendencia podrá poner en conocimiento de la asamblea de miembros, según corresponda, las infracciones, incumplimientos o actos en que hayan incurrido quienes ejerzan funciones directivas de la institución, a fin de que aquélla pueda removerlos de sus cargos en caso que corresponda de acuerdo a sus estatutos y la ley, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crea pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de administración superior deberá dar cuenta a la asamblea más próxima de las sanciones de que ha sido objeto la institución o sus funcionarios.

Artículo 55.-

Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción; el beneficio económico obtenido con motivo de ésta; la intencionalidad y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; su capacidad económica; el cumplimiento con los planes de recuperación, en su caso; la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes; y todo otro criterio que, a juicio fundado del Superintendente, sea relevante para la determinación de la sanción.

Artículo 56.-

Sin perjuicio de las sanciones señaladas en el artículo 54, y en caso que sea procedente de acuerdo a la ley Nº 20.800 y sus reglamentos, la Superintendencia podrá disponer el cumplimiento de un plan de recuperación o la designación de un administrador provisional.

Artículo 57.-

La sanción de multa no impide la aplicación de las demás sanciones establecidas en el artículo 54 Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este título deberá ser acreditado ante la Superintendencia dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 58.-

Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad:

a) Subsanar los reparos u observaciones representados por la Superintendencia dentro del plazo que ésta determine.

b) No haber sido objeto de alguna de las sanciones previstas en las normas aplicables a la educación superior en los últimos seis años tratándose de una infracción gravísima; en los últimos cuatro años si esta fuere grave, y en los últimos dos años en caso de una infracción leve.

Artículo 59.-

Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) No presentarse a declarar, por parte de los organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de la persona jurídica fiscalizada, cuando haya sido solicitada por la Superintendencia.

b) El incumplimiento reiterado de las normas aplicables, o de las instrucciones o requerimientos de información formulados por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.

c) Haber sido anteriormente objeto de la medida de designación de administrador provisional.

d) Haber ejercido funciones directivas en una institución de educación superior al tiempo de que fue objeto de la medida de designación de administrador de cierre.

En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes, la multa aplicable al infractor podrá ascender hasta el doble del monto máximo previsto en la ley para la infracción de que se trate.

Párrafo 7°.- Reglas y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo 60.-

Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores, miembros o asociados a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior, y de forma supletoria, por las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil.

Artículo 61.-

Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas que, actuando coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, y siendo miembro o asociado de la institución de educación superior, ya sea directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o, para elegir a la mayoría de los directivos o designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos; o, para influir decisivamente en la administración de la institución.

Las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia quién es su controlador; y, en caso que no tuviese, deberán señalar esta circunstancia expresamente.

Artículo 62.-

Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines que les son propios según la ley y sus estatutos, y en la mejora de la calidad de la educación que brindan.

Los actos, convenciones u operaciones realizadas en contravención a lo establecido en el inciso anterior constituirán infracciones gravísimas, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 6 de la ley Nº 20.800, los artículos 68 a 77 de la presente ley y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

El que administrando a cualquier título los recursos o excedentes de la institución de educación superior, los destine a una finalidad diferente a lo señalado en el inciso primero de este artículo, estará obligado a reintegrarlos a la institución, debidamente reajustados conforme a la variación expresada por el Índice de Precios al Consumidor, en el período comprendido entre el mes anterior a aquel en que se llevó a cabo el desvío y el mes anterior en que se produjere la restitución. Comprobada la infracción, ésta será sancionada por la Superintendencia, conforme a las normas del presente título, con una multa del 50% de la suma desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados o pagados con cargo a recursos de la institución.

Artículo 63.-

Las instituciones de educación superior que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro deberán contar con un órgano de administración superior, llámese directorio, junta directiva, consejo superior u otro órgano colegiado, cualquiera sea su denominación (en adelante “órgano de administración superior”), el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos.

Los integrantes del órgano de administración superior podrán gozar de una dieta, y en tal caso, ésta deberá estar establecida en los estatutos.

Artículo 64.-

Es función esencial del órgano de administración superior el control superior de la administración financiera y patrimonial de la institución, en concordancia con su plan de desarrollo institucional.

Se prohíbe cualquier acto o contrato mediante el cual el órgano de administración superior delegue, total o parcialmente, y a cualquier título, sus funciones esenciales o se comprometa a ejercerlas bajo una determinada modalidad, salvo que se trate del otorgamiento de mandatos especiales cuyas facultades han sido indicadas de manera precisa.

Artículo 65.-

Los integrantes del órgano de administración superior deberán velar por el interés de la institución de educación superior y el cumplimento de los fines establecidos en sus estatutos, y no podrán ser removidos de su cargo sino por mayoría absoluta del órgano de administración superior en casos graves señalados previamente en los estatutos.

Las funciones esenciales de los integrantes del órgano de administración superior no serán delegables y se ejercerán colectivamente, de conformidad a las formalidades que establezcan sus estatutos.

Artículo 66.-

Los integrantes del órgano de administración superior deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios, y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la institución, en su caso, por sus actuaciones dolosas o culpables. Toda estipulación o acuerdo que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los integrantes del órgano de administración superior es nula.

Artículo 67.-

Los integrantes del órgano de administración superior no podrán realizar o aprobar actos contrarios al interés de la institución de educación superior o que contravengan lo dispuesto en el inciso primero del artículo 62, ni usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados, en perjuicio del interés de la entidad.

Los beneficios percibidos por quienes infrinjan lo dispuesto en este artículo pertenecerán a la institución de educación superior, la que además deberá ser indemnizada de cualquier perjuicio en conformidad a lo establecido en el artículo 76.

Artículo 68.-

Para efectos de esta ley, se entenderá por personas relacionadas a la institución de educación superior:

a) Las personas naturales o jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución.

b) Sus controladores, de conformidad al artículo 61.

c) Los integrantes del órgano de administración superior.

d) Sus rectores o rectoras.

e) Los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

f) Las personas jurídicas en que las personas señaladas en las letras precedentes sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

g) Las personas naturales o jurídicas que sean miembros, asociados o fundadores, según corresponda, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a); sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

h) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a), según sea el caso; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

i) Las personas que desempeñen funciones directivas en la respectiva institución de educación superior, de acuerdo al artículo 69; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

j) Las personas jurídicas en que las personas naturales señaladas en las letras precedentes sean directores, gerentes, administradores, o ejecutivos principales de las mismas.

k) Las personas jurídicas en que la institución de educación superior sea propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro o que, conforme a los estatutos de éstas, pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración respectivo.

La Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que es relacionada a una institución de educación superior toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con la institución originan conflictos de interés.

Artículo 69.-

Para efectos de esta ley, se entenderá que ejercen funciones directivas de una institución de educación superior los integrantes del órgano de administración superior, el rector o rectora, así como cualquier autoridad unipersonal de la institución, sus sedes, facultades, institutos y departamentos o los integrantes de órganos académicos superiores.

Artículo 70.-

Las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con las personas indicadas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 68.

Con todo, se exceptuarán de la prohibición establecida en el inciso anterior aquellos actos, contratos, convenciones u operaciones cuando:

a) La contraparte sea una persona jurídica sin fines de lucro, de derecho público, creada por ley o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público.

b) Se trate de donaciones cuyo beneficiario sea una institución de educación superior sin fines de lucro o creada por ley o que derive su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público.

c) Se trate de contratos de trabajo u honorarios para desempeñar labores académicas o docentes, según corresponda, en la institución.

El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

Artículo 71.-

Las operaciones señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, o aquéllas que se realicen con personas relacionadas distintas a las señaladas en su inciso primero, deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración; y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en los artículos siguientes, cualquiera sea el monto, naturaleza, objeto o condición de habitualidad de la operación.

El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Artículo 72.-

Las operaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser aprobadas, en forma previa a su celebración, por la mayoría de los integrantes del órgano de administración superior de la institución de educación superior o su equivalente, debiendo excluirse de la votación aquéllos que tengan interés directo o indirecto en la operación de que se trate, en su caso.

El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Con todo, lo dispuesto en el inciso primero no se exigirá respecto de operaciones cuyo monto sea inferior a 2.000 unidades de fomento, sea considerada individualmente o en conjunto con otras operaciones que tengan igual causa u objeto, y se celebren con una misma parte dentro de un período consecutivo de doce meses.

Artículo 73.-

La reunión del órgano de administración superior que apruebe la operación de conformidad al artículo anterior deberá constar en un acta firmada por todos los integrantes presentes y deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

a) La descripción del objeto, monto, plazo de duración y demás condiciones comerciales de la operación de que se trate.

b) La individualización de la contraparte en la operación y el tipo de relación existente con la misma.

c) La indicación de que la operación es necesaria y de cómo contribuye al interés de la institución de educación superior.

d) La individualización de los integrantes del órgano de administración superior que aprobaron la operación.

e) La individualización del o los integrantes del órgano de administración superior que se hayan abstenido por tener interés en la operación respectiva, con indicación de la relación que tuvieren con la contraparte en la operación.

f) Las deliberaciones efectuadas para la aprobación de los términos y condiciones de la operación, con indicación precisa de los antecedentes concretos que se hayan tenido en consideración a efectos de determinar que la operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 71.

Artículo 74.-

El cumplimiento de los procedimientos descritos en los artículos anteriores, en caso alguno eximirá a los integrantes del órgano de administración superior o su equivalente de la responsabilidad que corresponda, en caso que la operación respectiva no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 71.

Artículo 75.-

El que, administrando a cualquier título recursos de una institución de educación superior, se interesare, directa o indirectamente, en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la institución, con infracción a lo previsto en los artículos 68 a 74, ambos inclusive de la presente ley, será sancionado con reclusión menor en su grado medio y con multa del tanto al duplo del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.

Las mismas penas se le impondrán si, en cualquiera de las situaciones señaladas en el inciso precedente, y dándose en lo demás las mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad.

Lo mismo valdrá en caso que el que hubiere incurrido en la conducta diere o dejare tomar interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.

Artículo 76.-

La Superintendencia, cualquier asociado, miembro o fundador de la institución de educación superior, o quienes ejerzan funciones directivas y no hubieren concurrido al acuerdo de aprobación de la operación celebrada en contravención a las normas de este título podrán, a nombre de la institución de educación superior, perseguir judicialmente la responsabilidad civil de los directores que hubieren aprobado la operación.

Artículo 77.-

Las normas establecidas en los artículos 68 a 76 de este párrafo les serán aplicables a las instituciones de educación superior que deriven su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

TÍTULO IV.

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 78.-

Modifícase la ley N° 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Establécese el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en adelante también “el Sistema”) que estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior.

Al Sistema, en su conjunto, corresponderá:

a) El desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior.

b) La identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del Sistema, y la información pública.

c) El licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 2, del año 2009, del Ministerio de Educación.

d) La acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas de conformidad a lo establecido en el título II del capítulo II, y la acreditación de carreras o programas de pregrado y postgrado de conformidad a lo dispuesto en el título III y IV del capítulo II.

e) La fiscalización del cumplimiento, por parte de las instituciones de educación superior, de las normas aplicables a dicho sector, en especial de la obligación de destinar sus recursos al cumplimiento de sus fines, así como la supervisión de su viabilidad administrativa y financiera, y del cumplimiento de los compromisos académicos con sus estudiantes.”.

2) Elimínase el artículo 2.

3) Reemplázase el artículo 3 por el siguiente:

“Artículo 3.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será coordinado por un comité integrado por:

a) La o el Subsecretario de Educación Superior, quien lo presidirá.

b) La o el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación.

c) La o el Superintendente de Educación Superior.

d) La o el Presidente del Consejo Nacional de Educación.

Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior brindar soporte técnico para el funcionamiento del Comité de Coordinación. Los miembros del Comité deberán designar a un secretario, quien llevará las actas y desempeñará las demás funciones que se le asignen.”.

4) Reemplázase el artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4.- Corresponderá al Comité de Coordinación:

a) Velar por la coordinación de los organismos que lo integran en lo relativo a su relación con las instituciones de educación superior.

b) Aprobar los criterios y estándares de calidad propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación, según lo dispuesto en el artículo 18.

c) Establecer y coordinar mecanismos para el intercambio de información entre los órganos que componen el Sistema y las instituciones de educación superior.

d) Establecer un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual contemplará, a lo menos, los compromisos y objetivos del Sistema, las acciones necesarias para alcanzarlos, y la identificación de las áreas que requieran de especial coordinación.

e) Constatar, respecto de los comisionados de la Comisión Nacional de Acreditación, la verificación de las causales de cesación en el cargo establecidas en el artículo 12 quáter, así como si se encuentran afectos a una inhabilidad para desempeñar el cargo.

En el caso de las letras b) y e), la o el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación participará sólo con derecho a voz.”.

5) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase las dos veces que aparece la palabra “Coordinador” por las palabras “de Coordinación”.

b) Reemplázase la palabra “tres” por “seis”.

6) Reemplázase en el artículo 6 la palabra “verificar” por la frase “evaluar, acreditar”.

7) Reemplázase el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- La Comisión Nacional de Acreditación estará integrada de la siguiente forma:

a) Cuatro académicos universitarios de reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional, docencia de pregrado o formación de postgrado. De éstos, al menos uno deberá haber estado vinculado a alguna universidad cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

b) Cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico profesional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales. De ellos, al menos uno deberá haber estado vinculado a alguna institución de educación superior cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

c) Un docente o profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de la innovación, designado por la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.882.

d) Un académico universitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en investigación científica o tecnológica designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica o su sucesor, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.882.

e) Dos representantes estudiantiles de instituciones de educación superior autónomas acreditadas, debiendo uno de ellos pertenecer a una institución regional y el otro a una institución metropolitana. Los representantes de los estudiantes deberán tener aprobados al menos tres años o seis semestres, en su caso, de la carrera en que estén inscritos y encontrarse dentro del 5% de los estudiantes de mejor rendimiento de su generación, y durarán dos años en sus cargos. Los representantes de los estudiantes serán elegidos por los Presidentes de las Federaciones de Estudiantes de acuerdo a un procedimiento que establezca el Reglamento.

Dos de los comisionados señalados en la letra a) y dos de los señalados en la letra b), anteriores, serán designados por la Presidenta o Presidente de la República con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley N° 19.882. Los demás comisionados serán designados por la Presidenta o Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley N° 19.882, uno de los cuales será designado por la Presidenta o Presidente de la República como el Presidente de la Comisión.

Corresponderá al Presidente o Presidenta citar y presidir las sesiones de la Comisión, establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión, dirigir sus deliberaciones, dirimir sus empates, y participar en el Comité de Coordinación en conformidad con lo establecido en el artículo 3. Asimismo, le corresponderá la representación de la Comisión en eventos protocolares nacionales e internacionales, así como en las gestiones que se desarrollen ante cualquier entidad extranjera.

La o el Presidente se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Comisión.

Los comisionados señalados en las letras a), b), c) y d) anteriores durarán seis años en sus cargos, podrán ser designados nuevamente por una sola vez consecutiva por igual período, y se renovarán por parcialidades cada tres años. En caso que no se efectuare el nombramiento del nuevo comisionado antes de la expiración del plazo de duración en el cargo del comisionado saliente, éste podrá permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de su reemplazante, por un máximo de tres meses adicionales. Si su nombramiento requiere de acuerdo del Senado y éste no se hubiere pronunciado en los términos señalados una vez vencido dicho plazo, se nombrará al candidato propuesto por la Presidenta o Presidente de la República, sin más trámite.

La Comisión designará de entre los integrantes señalados en las letras a), b), c) y d) a un Vicepresidente, que subrogará al Presidente o Presidenta en caso de ausencia y que permanecerá dos años en esa calidad, pudiendo ser reelegido.

La Comisión requerirá de la mayoría de sus integrantes para sesionar y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de producirse un empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, corresponderá al Presidente o Presidenta el voto dirimente para resolver la materia. La Comisión deberá celebrar, como mínimo, dos sesiones al mes.

Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión a la que asistan, la que podrá ascender hasta 10 unidades tributarias mensuales con un máximo de 90 unidades tributarias mensuales por mes, conforme a las normas del reglamento interno de la Comisión. Esta asignación será incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la ley Nº 18.834.

A los integrantes de la Comisión, salvo el caso del Presidente o Presidenta, no les serán aplicables las normas de la ley Nº 19.882, salvo en lo relativo a su nombramiento, de conformidad a lo señalado en el inciso primero.

Los comisionados deberán declarar intereses y patrimonio conforme a lo establecido en el capítulo 1º del título II de la ley Nº 20.880.”.

8) Reemplázase el artículo 8 por el siguiente:

“Artículo 8.- Corresponderán a la Comisión las siguientes funciones:

a) Administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas, y de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas impartan, según corresponda.

b) Elaborar y establecer los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional, y de las carreras y programas de pregrado y postgrado, de acuerdo al tipo de institución, sea esta del subsistema técnico profesional o universitario, previo informe favorable del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

c) Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior, en particular, identificar, promover y difundir entre las instituciones de educación superior buenas prácticas en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

d) Resolver la solicitud de apertura de nuevas sedes, carreras o programas de pregrado en nuevas áreas del conocimiento, por parte de las instituciones de educación superior autónomas, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 ter.

e) Mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y autorización a su cargo, y proporcionar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior los antecedentes correspondientes.

f) Desarrollar toda otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

La Comisión deberá someterse, cada cinco años y por parte de instituciones extranjeras, a una evaluación externa en materias relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la educación superior, en particular, respecto al desarrollo de los procesos de acreditación que le correspondan de conformidad a esta ley.”.

9) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido:

a) Incorpórase en la letra a), después de la coma, la frase “previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública de conformidad a lo establecido en el título VI de la ley Nº 19.882”.

b) Elimínase su letra c), pasando su actual d) a ser c) y así sucesivamente.

c) Intercálase en la letra d) después del punto coma, que pasa a ser coma, lo siguiente: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Educación Superior”.

d) Incorpóranse las siguientes letras e), f), g), h) e i), pasando la letra e) a ser k) y así sucesivamente:

“f) Dictar normas de carácter general en materias de su competencia, en especial respecto de la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y programas de estudio de pre y postgrado;

g) Disponer la incorporación de pares evaluadores al registro establecido en el artículo 19, designar a los que actuarán en un determinado proceso de acreditación y resolver las impugnaciones que presenten las instituciones de educación superior a la designación de los mismos, de conformidad con lo establecido en el referido artículo;

h) Solicitar informes a las instituciones de educación superior acerca del cumplimiento de los estándares de calidad;

i) Disponer la realización de visitas de seguimiento del cumplimiento de los estándares de calidad a las instituciones de educación superior;

j) Disponer el adelantamiento de la acreditación institucional en el caso del artículo 25 bis de esta ley;”.

10) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el encabezado por el siguiente:

“La Comisión nombrará, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley Nº 19.882, a un Secretario Ejecutivo a quien le corresponderán las siguientes funciones:”.

b) Elimínase en su letra c) la locución “y”.

c) Reemplázase en su letra d) el punto final por una coma seguida de la locución “y”.

d) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Participar en las sesiones de la Comisión, con derecho a voz.”.

11) Incorpórase el siguiente párrafo 2° bis:

“Párrafo 2° bis.- De las inhabilidades e incompatibilidades

Artículo 12

bis.- No podrán ser nombrados comisionados:

a) Quienes ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior.

b) Los miembros o asociados, socios o propietarios de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Quienes ejerzan el cargo de Ministro o Ministra de Estado o Subsecretario o Subsecretaria; Senador o Diputado; ministro del Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, consejero del Banco Central, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; Intendente, Gobernador o Consejero Regional; Secretario Regional Ministerial de Educación o Jefe del Departamento Provincial de Educación, Alcalde o Concejal; los que sean miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; Secretario o Relator del Tribunal Constitucional; Fiscal del Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones o su Secretario-Relator; los miembros de los Tribunales Electorales Regionales, Suplente o Secretario-Relator, y los miembros de los demás Tribunales creados por ley; funcionario de la Administración del Estado, y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales.

Asimismo, no podrán ser nombrados como comisionado quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras e) y f) del artículo 12 quáter.

Las inhabilidades contempladas en este artículo serán también aplicables a quienes ejerzan funciones directivas en la Secretaría Ejecutiva, a los integrantes de los Comités Consultivos y a los pares evaluadores.

Artículo 12

ter.- Los comisionados deberán informar inmediatamente al Presidente o Presidenta de la Comisión de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad en sus acuerdos o decisiones, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, los comisionados deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que afecten a las instituciones de educación superior con que tengan una relación contractual.

Los comisionados que, debiendo abstenerse, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Presidente o Presidenta de la República y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

Toda decisión o pronunciamiento que la Comisión adopte con participación de un miembro respecto del cual existía alguna causal de abstención deberá ser revisado por la Comisión, pudiendo además ser impugnado dentro de un plazo de un año, contado desde que éste fue emitido.

Artículo 12

quáter.- Serán causales de cesación en el cargo de comisionado, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño de su cargo.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada, por delitos que merezcan pena aflictiva.

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como comisionado. Para estos efectos, se considerará falta grave:

i. Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

iii. Dar por acreditados hechos a sabiendas de que son falsos.

El comisionado respecto del cual se verificare alguna causal de incapacidad sobreviniente o que se encontrare en una situación que lo inhabilite para desempeñar el cargo, o alguna causal de incompatibilidad con el mismo, deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia a la Comisión. En caso de constatarse por el Comité de Coordinación alguna de dichas causales, el comisionado cesará automáticamente en su cargo. De igual forma, cesará en su cargo el comisionado cuya renuncia hubiere sido aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

El comisionado que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra f) de este artículo será destituido por el Presidente o Presidenta de la República, a requerimiento del Ministerio de Educación, previo procedimiento administrativo, aplicándose supletoriamente las normas del Título V de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fijó el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004. Mientras se lleva a cabo este proceso, el comisionado quedará inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo, perdiendo en tal caso su derecho a percibir la dieta establecida en la presente ley. El acto administrativo en virtud del cual se haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. El comisionado que hubiere sido destituido de conformidad a lo dispuesto en este inciso no podrá ser designado nuevamente en el cargo.

La destitución establecida en el inciso anterior procederá sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

Si quedare vacante el cargo de comisionado, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 7. El comisionado nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que restare para completar el período del comisionado reemplazado. Si quedare menos de la mitad del período de duración del cargo, dicho comisionado podrá ser reelecto.

Una vez que los comisionados hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán tener participación en su propiedad, o ser miembros o asociados de éstas, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.

Artículo 12

quinquies.- Los comisionados, el personal de la Secretaría Ejecutiva, los integrantes de los Comités Consultivos y el personal que preste servicios a la Comisión, deberán guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrán prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios, sean estos remunerados o gratuitos, ya sea en forma directa o a través de terceros, salvo labores docentes en los términos del artículo 8 de la ley Nº 19.863.

Las infracciones a esta norma serán consideradas faltas graves para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y para perseguir la responsabilidad administrativa, que se exigirá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.”.

12) Elimínase el inciso segundo del artículo 14.

13) Incorpórase un párrafo 1º al título II denominado “De la acreditación institucional”.

14) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 15.- La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes de la institución de educación superior, y de aquellas carreras y programas de estudio de pregrado que hayan sido seleccionados por la Comisión para dicho efecto.”.

c) Reemplázase en su inciso segundo, que pasó a ser tercero, la frase “La opción por el proceso de acreditación será voluntaria y, en su desarrollo” por “En el desarrollo del proceso de acreditación institucional”.

d) Agrégase en su inciso final, después del punto final que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente:

“Asimismo, un reglamento de la Comisión establecerá el procedimiento de selección de carreras y programas de estudio de pregrado que serán evaluados en la acreditación institucional. Este procedimiento deberá asegurar la evaluación de una muestra representativa de las carreras y programas de estudios impartidos por la institución en la totalidad de sus sedes, la que deberá considerar carreras y programas de estudio de las distintas áreas del conocimiento en las que la institución desarrolla sus funciones, evaluando integralmente la diversidad de la institución.”.

15) Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

“a) Autoevaluación institucional: Examen crítico y analítico que realizan las instituciones de educación superior, utilizando diferentes fuentes, tanto internas como externas, para identificar y determinar, de modo sistemático y objetivo, sus fortalezas y debilidades en las dimensiones sometidas al procedimiento de acreditación, en relación con los criterios y estándares de calidad y con los fines que se propone la institución.

Los resultados de este examen se contendrán en un informe, que deberá incluir la autoevaluación de la totalidad de las sedes de la institución.

El informe deberá contemplar un Plan de Mejora, en el que la institución de educación superior deberá identificar sus principales debilidades, las áreas en las que ha determinado necesario desarrollar acciones de mejoramiento y los mecanismos mediante los cuales les dará solución, además de los resultados esperados y los plazos en los que se espera alcanzarlos.”.

16) Incorpórase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Desde el inicio del proceso de acreditación institucional se entenderá, para todos los efectos legales, que la acreditación institucional vigente se prorrogará hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso.

En caso que una institución de educación superior no se someta al proceso de acreditación una vez vencida su acreditación vigente, se entenderá que la institución no se le ha otorgado la acreditación institucional, debiendo aplicársele a este respecto lo establecido en el artículo 22 de esta ley.

Las instituciones de educación superior en proceso de licenciamiento, deberán someterse al proceso de acreditación una vez obtenida su autonomía. En este primer proceso de acreditación se deberán incluir aquellas carreras de acreditación obligatoria que esté impartiendo la respectiva institución, de conformidad a lo dispuesto en el título III del capítulo II.”.

17) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- La acreditación institucional se realizará evaluando dimensiones específicas de la actividad de las instituciones de educación superior, a partir de criterios y estándares de calidad definidos para dichas dimensiones.

La Comisión deberá elaborar criterios y estándares de calidad que sean específicos para instituciones de los subsistemas universitario y técnico profesional de nivel superior.

Las instituciones de educación superior deberán acreditarse en las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación e innovación; y, vinculación con el medio.

Un reglamento de la Comisión determinará el contenido de cada una de las dimensiones de evaluación.”.

18) Incorpórase el siguiente artículo 17 bis, nuevo:

“Artículo 17 bis.- Para efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:

a) Dimensión de evaluación: ámbito en que las instituciones de educación superior son evaluadas en la acreditación institucional, conforme a criterios y estándares de calidad.

b) Criterio: objetivo específico de una dimensión de evaluación que enuncia categorías o principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones de educación superior. Estos criterios se deberán elaborar considerando el tipo de institución, ya sea para el subsistema universitario o técnico profesional.

c) Estándar: grado o medida de cumplimiento de un criterio, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, que una institución de educación superior debe alcanzar, medidos de manera objetiva mediante indicadores que establecen evidencia de dicho cumplimiento.”.

19) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Los criterios y estándares de calidad se establecerán por la Comisión, cada cinco años, previo informe favorable del Comité de Coordinación.

La Comisión preparará una propuesta de criterios y estándares de calidad, que deberá considerar las especificidades de los subsistemas técnico profesional y universitario y los niveles formativos que las instituciones de educación superior impartan. Para estos efectos, la Comisión deberá consultar la opinión técnica de las instituciones de educación superior, así como también la de comités consultivos compuestos por expertos chilenos o extranjeros y representantes del sector productivo.

La Comisión deberá remitir la propuesta de criterios y estándares al Comité de Coordinación antes de seis meses de la fecha en que deban entrar en vigencia, para que este último emita su informe.

El Comité podrá hacer observaciones a dicha propuesta. Mientras el Comité de Coordinación no emita un informe favorable, continuarán vigentes los criterios y estándares anteriores hasta la entrada en vigencia de los que apruebe.

Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional, de acreditación de las carreras y programas cuya acreditación sea obligatoria y de acreditación de programas de doctorados y especialidades médicas.

Con todo, los criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de las dimensiones de evaluación:

1.- La institución debe contar con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a las funciones que le son propias, implementarlas sistemáticamente y aplicar los resultados en su desarrollo institucional.

2.- La gestión estratégica institucional debe realizarse sobre la base de la misión declarada, de modo tal de resguardar el cumplimiento de los fines institucionales. Para ello, la institución debe contar con adecuados mecanismos de evaluación, planificación y seguimiento de las acciones a desarrollar.

3.- La gestión de la docencia debe considerar políticas y mecanismos que resguarden un nivel satisfactorio de la docencia impartida. Estos deben referirse, al menos, al diseño y provisión de carreras y programas, en todas las sedes de la institución, al proceso de enseñanza y resultados del proceso de formación, a las calificaciones y dedicación del personal docente, a los recursos materiales, instalaciones e infraestructura, a la progresión de los estudiantes y al seguimiento de egresados.

4.- En la generación de conocimiento, creación e innovación, la institución debe contar con políticas institucionales claramente definidas, una organización apropiada para llevarlas a cabo, personal debidamente calificado y con dedicación académica suficiente, recursos materiales, de infraestructura e instalaciones apropiados y debe demostrar que el desarrollo de estas funciones aseguran resultados de calidad.

5.- En relación a la vinculación con el medio, la institución de educación superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno significativo y con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados de calidad.”.

20) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su segundo inciso la frase “o jurídicas”.

b) Elimínase en su inciso tercero lo siguiente:

i) La frase “personas naturales”.

ii) La siguiente oración: “Las personas jurídicas, por su parte, deberán estar constituidas, en Chile o en el extranjero, con el objeto de realizar estudios, investigaciones y/o servicios de consultoría sobre temas educacionales y certificar, a lo menos, cinco años de experiencia en dichas actividades.”.

iii) El inciso cuarto.

c) Reemplázase en su inciso quinto, que pasó a ser cuarto, lo siguiente:

i) La frase “, en consulta con la institución que se acredita, a las personas naturales que actuarán como pares evaluadores” por “a los pares evaluadores que actuarán”.

ii) La frase “tendrá derecho a vetar a uno o más de los pares propuestos, sin expresión de causa, hasta por tres veces. En caso de no lograrse acuerdo entre la Comisión y la institución de educación superior, la Comisión solicitará un pronunciamiento al Consejo Superior de Educación, entidad que determinará la composición definitiva de la comisión de pares evaluadores. La designación de pares evaluadores por parte del Consejo Superior de Educación será inapelable”, por la siguiente: “podrá impugnar fundadamente a uno o más de los pares evaluadores por una sola vez, ante la Comisión, cuando concurra alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso siguiente, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación de la resolución que designa a los pares evaluadores”.

d) Reemplázanse los incisos sexto, séptimo y octavo por los siguientes:

“No podrán ser seleccionados como pares evaluadores las personas que:

a) Hubieren cursado estudios de pre o postgrado en la institución a ser evaluada.

b) Tengan vigentes o hayan celebrado contratos, por sí o por terceros, con la institución a ser evaluada, dentro de los tres años anteriores al inicio de sus funciones, según corresponda.

c) Tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación en la institución a ser evaluada.

d) Se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Asimismo, los pares evaluadores no podrán mantener ningún tipo de relación contractual, tener participación en la propiedad, o ser miembros o asociados en una institución de educación superior, ni ejercer funciones directivas en éstas, hasta doce meses después de haber participado en la evaluación externa de la institución respectiva.”.

21) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero las palabras “criterios de evaluación” por la frase: “estándares de calidad”.

b) Reemplázase en su inciso segundo lo siguiente:

i) La primera vez que aparece la palabra “criterios” por la palabra “estándares”.

ii) La palabra “inferior” por la siguiente frase: “de cuatro, cinco o seis años”.

iii) Las palabras “criterios de evaluación” por las siguientes: “estándares de calidad”.

c) Reemplázase su inciso final por el siguiente:

"La resolución final que otorgue la acreditación se pronunciará respecto del Plan de Mejora del que trata el artículo 16 anterior, aprobándolo o realizando observaciones. Un reglamento de la Comisión establecerá el procedimiento de aprobación del Plan de Mejora. Una vez aprobado el Plan de Mejora por la Comisión, la institución deberá integrarlo a su plan de desarrollo institucional, cumpliendo con las formalidades que establezcan sus estatutos para estos efectos. El cumplimiento del Plan de Mejora será especialmente considerado por la Comisión en el siguiente proceso de acreditación institucional.”.

22) Elimínase en el artículo 21 la frase “Si el informe emanado de esta segunda revisión recomendare la acreditación de la institución, éste deberá ser acogido por la Comisión.”.

23) Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- No se otorgará la acreditación institucional a las instituciones de educación superior que no presenten un nivel de cumplimiento aceptable de los estándares de calidad.

Tratándose de instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, la Comisión Nacional de Acreditación remitirá a la Superintendencia de Educación Superior la resolución que decrete la no acreditación, para que ésta proceda a nombrar un administrador provisional de conformidad a lo establecido en el párrafo 2º del título I de la ley Nº 20.800, sin perjuicio que, de conformidad al artículo 20 de dicha ley, pueda proceder el nombramiento de un administrador de cierre, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo. Asimismo, deberá remitir dicha resolución al Ministerio de Educación para efectos de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Educación Superior.

El plan de administración provisional al que refiere el artículo 10 de la ley Nº 20.800, deberá contemplar las medidas que el administrador implementará, para efectos de que la institución de educación superior obtenga al menos cuatro años de acreditación institucional, en el siguiente proceso de acreditación.

Vencido el plazo de dos años contado desde la fecha de resolución que decretó la no acreditación, la institución de educación superior deberá dar inicio a un nuevo proceso de acreditación institucional.

Si en el siguiente proceso de acreditación la institución de educación superior no obtuviere cuatro años de acreditación institucional, la Comisión remitirá dicha resolución al Ministerio de Educación para que éste proceda a revocar el reconocimiento oficial de dicha institución, y nombrar a un administrador de cierre de conformidad al párrafo 3º de la ley Nº 20.800.

Aquellas instituciones de educación superior no acreditadas no podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni matricular nuevos estudiantes. Asimismo, en caso de que la institución tenga carreras y programas de estudio acreditados, de conformidad con lo establecido en el título III del capítulo II de la presente ley, éstos perderán su acreditación.

Lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y quinto de este artículo no se aplicará a las instituciones de educación superior estatales y aquellas señaladas la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del 2009, del Ministerio de Educación.”.

24) Incorpórase el siguiente artículo 22 bis, nuevo:

“Artículo 22 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en caso que una institución de educación superior no presente un nivel de cumplimiento aceptable de los estándares de calidad, pero que a partir de los antecedentes examinados sea factible concluir que ésta pueda subsanar el incumplimiento de dichos estándares dentro de tres años, la Comisión podrá otorgar una acreditación institucional condicional por dicho plazo.

Para estos efectos, la Comisión, en la resolución que apruebe el Plan de Mejora, formulará observaciones y señalará las medidas que la institución de educación superior deberá implementar para subsanarlas.

La institución de educación superior a la que se le otorgare la acreditación institucional condicional, no podrá impartir nuevas carreras o programas de estudio, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar el número de vacantes en cada carrera o programa de estudio que imparta, durante el periodo por el cual fue acreditada condicionalmente.

La institución de educación superior que, encontrándose con una acreditación institucional condicional vigente, obtuviere la misma acreditación en el proceso de acreditación institucional siguiente se entenderá, para todos los efectos legales, que no acreditó y deberá procederse conforme al artículo anterior.”.

25) Modifícase el artículo 23 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese toda referencia al “Consejo Superior” por “Consejo Nacional”.

b) Reemplázase en su inciso primero la palabra “dos” por “tres”.

c) Reemplázase la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

26) Reemplázase en el artículo 24 la oración “Si como resultado del proceso de acreditación” por la frase “Si en el ejercicio de sus funciones”.

27) Incorpórase el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Con todo, la Comisión podrá, de manera excepcional y por resolución fundada, adelantar el proceso de acreditación institucional, antes del término del plazo por el cual fue concedida, en aquellos casos en que obtenga antecedentes que hagan presuponer que una institución de educación superior ha dejado de dar cumplimiento a los estándares de calidad que justificaron su acreditación institucional vigente.”.

28) Incorpórase al título II del capítulo II el siguiente párrafo 2º, que consta de los artículos 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies, nuevos:

“Párrafo 2º Del Proceso de apertura y cierre de sedes, carreras o programas

Artículo 25

ter.- Las instituciones de educación superior acreditadas, podrán abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado, debiendo cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.

Las instituciones de educación deberán informar previamente a la Comisión Nacional de Acreditación sobre la apertura de nuevas sedes o impartir nuevas carreras o programas de pregrado.

Por su parte, aquellas instituciones que cuenten con cuatro años de acreditación institucional deberán solicitar autorización a la Comisión para abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado en áreas del conocimiento distintas a aquellas evaluadas en el último proceso de acreditación al que se sometió la institución de educación superior, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.

Artículo 25

quáter.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior, las instituciones de educación superior deberán presentar a la Comisión, un proyecto que contenga a lo menos, lo siguiente:

a) Justificación de la coherencia, necesidad y pertinencia de la nueva sede, carrera o programa.

b) Indicación de los objetivos de la nueva sede, carrera o programa.

c) Especificación de la infraestructura y de los recursos docentes, académicos, didácticos y financieros con que cuenta la nueva sede, carrera o programa.

d) Especificación de los resultados de aprendizaje previstos, para el caso de la nueva carrera o programa de estudio.

e) Especificación del sistema interno de gestión de la calidad, para el caso de una nueva sede.

f) Etapas y plazos de ejecución del proyecto.

La Comisión, previo informe de la Superintendencia de Educación Superior en lo que respecta a la viabilidad financiera del proyecto, deberá resolver la respectiva solicitud.

Mediante resolución la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo del proceso de autorización de apertura de sedes, carreras y programas.

Artículo 25

quinquies.- Para efectos del cierre de una sede, carrera o programa, las instituciones de educación superior deberán presentar un Plan de Cierre a la Subsecretaría de Educación Superior, el que previamente deberá ser notificado a los estudiantes matriculados en la respectiva carrera.

El Plan de Cierre deberá contener, al menos, lo siguiente:

a) Antecedentes sobre la necesidad de cerrar la sede, carrera o programa.

b) Información relativa a matrícula de la sede, carreras, y programas, planta docente, datos de titulación y retención.

c) Copia de los planes y programas de estudio.

d) Indicar los mecanismos a través de los cuales se resguardará la integridad de los registros académicos de las carreras.

e) Señalar la manera en que se resguardará y garantizará la continuidad de estudios de las y los estudiantes, además de la forma en que éstos recibirán el servicio educativo comprometido hasta finalizar sus carreras, lo que en ningún caso podrá contemplar cobros adicionales.

f) Información detallada sobre etapas y plazos de ejecución del cierre.

La Subsecretaría deberá pronunciarse sobre el Plan de Cierre, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas, las que deberán ser subsanadas por la institución.

Sólo una vez aprobado el Plan de Cierre por la Subsecretaría, la institución de educación superior podrá ejecutarlo. Una vez finalizado el Plan de Cierre, la institución de educación superior deberá presentar los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste dicte el acto administrativo correspondiente.

El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Educación Superior.

Un reglamento del Ministerio de Educación regulará las materias que trata este artículo.”.

29) Reemplázase el epígrafe del título III por el siguiente “De la acreditación de carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos”.

30) Elimínase en el título III la referencia al “Párrafo 1º “Del Objeto de la acreditación””.

31) Elimínase el artículo 26.

32) Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación establecido en este párrafo.

La acreditación de estas carreras y programas consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, y tendrá por objeto certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparte.

Esta acreditación se extenderá hasta por un plazo de siete años, según el grado de cumplimiento de los estándares de calidad. Con todo, la carrera o programa que no presente un cumplimiento aceptable de los estándares de calidad, no se le otorgará la acreditación.

Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de estas carreras y programas, los que, en todo caso, deberán considerar las etapas de autoevaluación, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión.”.

33) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos” por la siguiente frase “las carreras y programas referidas en el artículo anterior”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, las universidades que se encuentren en proceso de licenciamiento y bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación, y que cuenten con la autorización de ese organismo, podrán impartir las carreras referidas en el artículo anterior hasta que dichas instituciones logren la plena autonomía, momento en el cual deberán iniciar su proceso de acreditación y acreditar la o las respectivas carreras. Con todo, las carreras o programas podrán funcionar mientras se tramite este primer proceso de acreditación.”.

c) Intercálase en su inciso tercero, antes de la segunda coma, la frase: “de pedagogía”.

d) Reemplázase en su inciso final la frase “de pedagogía” por la oración “referidas en el artículo anterior”.

34) Modifícase el artículo 27 ter en el siguiente sentido:

a) Incorpórase el siguiente inciso primero nuevo, pasando el actual inciso primero a ser segundo:

“Para efectos de otorgar la acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27, la Comisión Nacional de Acreditación deberá establecer criterios y estándares de calidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”.

b) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, que pasa a ser el inciso segundo nuevo, la palabra “orientaciones” por la frase “estándares de calidad”.

c) Reemplázase en el inciso final la frase: “de evaluación” por “y estándares de calidad”.

35) Reemplázase el artículo 27 quáter por el siguiente:

“Artículo 27 quáter.- La acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27 será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación. Con todo, para efectos del financiamiento de dichas acreditaciones, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14.

36) Modifícase el artículo 27 quinquies en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i) Reemplácese la frase: “En caso de que la carrera o programa no obtuviera o perdiese la acreditación a que se refiere este artículo” por la siguiente: “En caso que alguna carrera o programa referidos en el artículo 27 no obtuviera o perdiese la acreditación”.

ii) Incorpórase después de la segunda palabra “supervisión” la siguiente frase: “o, si sometiéndose, no obtiene un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación”.

b) Elimínase en su inciso final la frase: “o un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación”.

37) Reemplázase en el artículo 28, en el encabezado de su inciso primero, la expresión “de pregrado” por la frase “de aquellas señaladas en el artículo 27”.

38) Intercálase en el artículo 27 sexies, en su inciso primero, después de la frase “prosecución de estudios” la siguiente alocución “de las carreras de pedagogía”.

39) Elimínase el artículo 28.

40) Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la oración “Las agencias acreditadoras que, en el cumplimiento de sus funciones, tomen” por la siguiente: “Si en el ejercicio de sus funciones, la Comisión toma”.

b) Reemplázase la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

41) Elimínanse los artículos 30, 31, 32 y 33.

42) Elimínanse los párrafos 2º y 3º del Título III.

43) Modifícase el artículo 44 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su inciso primero las frases “postgrado correspondientes a magíster,”, “y de otros niveles equivalentes que obedezcan a otra denominación,”, y la palabra “autónomas”.

b) Intercálase en su inciso segundo entre las palabras “de” y “programas” la palabra “estos”.

c) Elimínase en su inciso segundo la frase “de postgrado”.

44) Reemplázase el nombre del Título IV por el siguiente “De la acreditación de programas de doctorado y especialidades en el área de la salud”

45) Modifícase el artículo 45 en el sentido que se indica a continuación:

a) Reemplázase la frase “de evaluación” por la siguiente: “y estándares de calidad”.

b) Reemplázase la palabra “postgrado” por la frase “doctorado y especialidades del área de la salud”.

c) Incorpórase a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”

46) Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“La acreditación de programas de doctorado y especialidades en el área de la salud será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación.”.

b) Elimínase su inciso segundo.

c) Incorpórase los siguientes cambios en su inciso tercero, que pasó a ser segundo

i) Reemplázase la oración “En el caso en que un programa de postgrado no cumpla íntegramente con los criterios de evaluación” por la siguiente frase: “En el caso en que un programa de los referidos en el inciso anterior no cumpla íntegramente con los criterios y estándares de calidad”.

ii) Elimínase la frase “agencia o”.

d) Incorpórase en su inciso cuarto, que pasó a ser tercero, las siguientes modificaciones:

i) Reemplázase la frase “de evaluación” por la oración “y estándares de calidad”.

ii) Reemplázase la palabra “Superior” por “Nacional”.

47) Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la frase: “; la autorización y supervisión de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado; y la acreditación de programas de postgrado”.

b) Elimínase en el segundo inciso la frase: “las agencias acreditadoras y”.

c) En el inciso final:

i) Elimínase la frase “profesionales y técnicas”.

ii) Reemplázase la palabra “postgrado” por “doctorado”.

48) Modifícase el artículo 48 en el sentido que se indica a continuación:

a) Elimínase su letra b), pasando la actual c) a ser b).

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser el inciso final: “En el caso de la publicidad referida a las carreras o programas de estudio, deberá señalarse el estado de la acreditación institucional, según se establece en el inciso anterior. Además, deberá informarse si se les ha otorgado la acreditación a la carrera o programa respectivo, y si se encontraren en proceso de acreditación, cuando corresponda.”.

49) Reemplázase en el artículo 49 la frase “su División” por “la Subsecretaría”.

50) Modifícase el artículo 50 en el sentido que se indica a continuación:

a) Reemplázase la palabra “División” por “Subsecretaría”.

b) Elimínase la palabra “estadísticos”.

51) Reemplázase el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- El Sistema de Información contendrá los datos que remita la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación. Para estos efectos, la obligación de recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla e incorporarla al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior corresponderá a la Superintendencia de Educación Superior y a la Comisión Nacional de Acreditación, respectivamente.

La coordinación de los órganos en la incorporación de la información al Sistema Nacional de Información corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior.”.

52) Elimínanse los artículos 52, 53 y 54.

TÍTULO V.

DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD

Párrafo 1º Del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo 79.-

Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que cumplan con los requisitos señalados en esta ley, podrán acceder al financiamiento institucional para la gratuidad de conformidad a las condiciones que establece este título.

Artículo 80.-

Para optar a este financiamiento, las instituciones de educación superior señaladas en el artículo anterior deberán:

a) Contar con cuatro o más años de acreditación institucional, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.129.

b) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

c) Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior regulado en la presente ley. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, establecerá criterios de selectividad para las universidades que reciban este financiamiento, basados en desempeños mínimos que deberán tener los estudiantes matriculados en primer año en dichas instituciones en los instrumentos del Sistema de Acceso.

d) Aplicar políticas, previamente autorizadas por la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos anteriormente, si una institución se encuentra en el caso regulado en el artículo 112, no podrá acceder al financiamiento regulado en el presente título, durante el plazo que dicho artículo dispone.

Las instituciones de educación superior estatales que cumplan los requisitos anteriores accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, no siendo aplicables los artículos 81 y 83.

Artículo 81.-

Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, que deseen acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán solicitarlo a la Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año.

La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Acogida la solicitud, el financiamiento se otorgará a contar del año siguiente y se entenderá que la institución lo mantiene mientras cumpla con lo dispuesto en el presente título y no manifieste su voluntad en contrario de conformidad al artículo 83.

Artículo 82.-

La Subsecretaría determinará un monto anual en dinero expresado en pesos para las instituciones que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad. Dicho monto considerará la información del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula establecidos de conformidad a este título. Asimismo, deberá tener en consideración el volumen de estudiantes de cada institución, considerando la información de a lo menos los tres últimos años.

Para establecer el volumen de estudiantes en el caso de instituciones nuevas se considerarán, mientras no alcancen el mínimo de años señalado en el inciso anterior, los años para los cuales la institución disponga de información.

Artículo 83.-

La institución reconocida oficialmente por el Estado que opte por dejar de recibir el financiamiento de que trata este título deberá comunicarlo a la Subsecretaría antes del 30 de abril de cada año, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación.

Con todo, la institución deberá asegurar que las y los estudiantes matriculados con anterioridad a dicha comunicación, mantengan la misma situación respecto de todos los cobros que les efectúe la institución o su exención, según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

La institución de educación superior que comunique la decisión de dejar de percibir el financiamiento, podrá volver a solicitarlo sólo una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la referida comunicación.

Artículo 84.-

Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Regirse por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en el párrafo 2º y en conformidad al párrafo 5º del presente título.

b) Regirse por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4º del presente título.

c) Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5º de este título.

Párrafo 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo 85.-

Aquellas instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a “grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los años de acreditación institucional con que cuentan las instituciones que las imparten, el tamaño de éstas últimas y la región en que se imparten.

Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán a un valor anual por estudiante, determinado según tipo de institución, es decir, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros por concepto de titulación o graduación corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.

Los valores que trata este artículo se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro o Ministra de Hacienda, y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

Artículo 86.-

El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 87, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos.

Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

Artículo 87.-

La Subsecretaría establecerá, mediante resolución exenta, visada por el Ministro o Ministra de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 88.-

Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar una primera propuesta a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante “la Comisión”), dentro de los tres años siguientes a la publicación de la resolución exenta que determinó, para el último quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento regulado en este título.

La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaría, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere las modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta dentro del plazo de un mes contado desde su recepción. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaría, la que deberá dictar la resolución exenta de conformidad al último pronunciamiento de la Comisión.

La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo deberá entrar en vigencia dentro del plazo de ocho meses contado desde la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero.

En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

Artículo 89.-

Dentro del plazo de ocho meses contado desde la dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como también las memorias de cálculo que correspondan.

La Comisión, dentro del plazo de dos meses contado desde la recepción de dicho informe, se pronunciará al respecto, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, dentro del plazo de tres meses contado desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo dictar la o las resoluciones exentas correspondientes.

Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 85.

Artículo 90.-

Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente:

a) La definición del o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo.

b) Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a).

c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, de conformidad a la resolución vigente correspondiente a cada tipo de institución de educación superior, sin perjuicio de los reajustes que establece esta ley.

Artículo 91.-

La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones vigentes de que trata el artículo anterior, de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor en los doce meses anteriores al mes de septiembre del año en que se dicta la resolución. Este reajuste aplicará para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de todas las y los estudiantes matriculados en la institución respectiva.

Asimismo, en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, indicando los años de acreditación institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para ello los años de acreditación institucional del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución.

En caso de que la acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, se deberán considerar los nuevos años de acreditación en la resolución para el año siguiente.

Artículo 92.-

Las normas de los capítulos IV y V de la ley N° 19.880 no se aplicarán a lo dispuesto en el presente párrafo.

Párrafo 3º De la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

Artículo 93.-

Créase una Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, de carácter permanente. Corresponderá a la Comisión:

a) Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la Subsecretaría.

b) Aprobar u observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación propuestos por la Subsecretaría.

c) Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría.

d) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá solicitar información a la Subsecretaría.

Artículo 94.-

La Comisión estará integrada por siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, que acrediten al menos diez años de experiencia laboral o profesional, y dominio y experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos, o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional.

La integración de la Comisión deberá reunir experiencias profesionales o laborales, tanto del subsistema universitario como técnico profesional, así como experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover la paridad de género.

Las y los integrantes de la Comisión serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de noventa días. Para ello, la Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles profesionales, y de competencias y aptitudes.

El nombramiento de las y los seleccionados se efectuará mediante resolución del Ministerio de Educación.

Las y los integrantes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán ser designados para un nuevo período, debiendo para ello presentarse al concurso público correspondiente.

La renovación de los integrantes de la Comisión se efectuará por parcialidades, las que como máximo podrán considerar dos miembros. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.

Artículo 95.-

No podrán ser nombrados integrantes de la Comisión:

a) Las personas que ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior, de conformidad al artículo 69.

b) Los miembros, asociados o fundadores; o socios o propietarios, según corresponda, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de una institución de educación superior.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Los funcionarios o funcionarias públicos, con excepción de aquellos que posean dicha calidad en razón de ejercer labores académicas en las instituciones de educación superior estatales. Así también, quienes detenten convenios de honorarios en Ministerios u otros servicios públicos.

Las personas que al momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a ellas para poder ser nombrados en el cargo.

Una vez que los consejeros hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán tener cualquier participación de aquellas señaladas en la letra b) del presente artículo, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.

Asimismo, no podrán ser nombrados integrantes de la Comisión quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 98 de esta ley.

Artículo 96.-

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría, financiará los gastos de administración y funcionamiento de la Comisión, así como también el monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Asimismo, la Subsecretaría deberá coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la administración de gastos y el funcionamiento de la Comisión, brindándole asistencia administrativa.

Los honorarios mensuales de cada integrante corresponderán a diez unidades tributarias mensuales, por cada sesión, con un tope total mensual de cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 97.-

La Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien la presidirá por los siguientes tres años o hasta que expire su cargo, lo que ocurra primero.

El quórum mínimo para sesionar será de cuatro integrantes y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el voto del Presidente o Presidenta en caso de empate.

De los acuerdos de la Comisión se dejará constancia en los libros de actas respectivos y en las resoluciones que se emitan.

Artículo 98.-

Serán causales de cesación en el cargo de integrante de la Comisión:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro o Ministra de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Faltas graves al cumplimiento de las obligaciones en su calidad de integrante de la Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves:

i) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii) No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

Artículo 99.-

Los integrantes de la Comisión no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el capítulo I del título II de la ley N° 20.880, y las previstas en el título V del libro II del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, por consiguiente, comprendidos en el artículo 260 del referido Código.

Artículo 10

0.- Respecto de las resoluciones de la Comisión de Expertos no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.

Párrafo 4º Regulación de las vacantes de las instituciones de educación superior

Artículo 10

1.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Dicha resolución considerará, entre otras, las siguientes variables:

a) Los años de acreditación institucional.

b) El tipo de institución, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica.

c) La cobertura regional de la educación superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría deberá considerar antecedentes tales como la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, regulada en el artículo 12, así como otras estrategias y políticas relevantes para los subsistemas universitario y técnico profesional.

Párrafo 5º Del deber de otorgar estudios gratuitos y cobros regulados

Artículo 10

2.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que, de acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser chileno o chilena; extranjero o extranjera con permanencia definitiva; o extranjero o extranjera con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de esta ley.

Se entenderá que cumplen este requisito, las y los estudiantes que hayan obtenido una licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a un título profesional, mientras no obtengan este último.

c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Artículo 10

3.- Para efectos de esta ley, se entenderá que la institución de educación superior cumple con otorgar estudios gratuitos si exime a las y los estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, de cualquier pago asociado a arancel y a derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, respecto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en modalidad semipresencial, su financiamiento deberá ser autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos en el reglamento respectivo.

En lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación, las instituciones de educación superior sólo podrán cobrar como máximo aquel valor definido de conformidad al párrafo 2º de este título.

Artículo 10

4.- La obligación de otorgar estudios gratuitos de que trata este párrafo será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas.

La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudios y los procesos asociados a la titulación o graduación de las y los estudiantes. Dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior de conformidad a las normas vigentes.

Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el o la estudiante.

Artículo 10

5.- Tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante del artículo anterior, como para aquella a la que se refiere el artículo 107, no se considerará el tiempo en el cual el o la estudiante suspenda justificadamente sus estudios, siempre que dicha suspensión sea aprobada por la institución respectiva y se haya notificado a la Subsecretaría según lo disponga el reglamento.

Artículo 10

6.- En caso de estudiantes que realicen cambios de carreras o programas de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones que acceden al financiamiento institucional, éstas mantendrán su obligación de otorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan lo dispuesto en el artículo 102 sólo respecto del cambio de la primera carrera o programa de estudios a otra.

Para la determinación de la duración de dicha obligación se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio en curso, descontándosele el total del tiempo que el o la estudiante haya cursado de forma gratuita en la anterior carrera o programa de estudio.

Artículo 10

7.- En caso que la permanencia de un estudiante que cumple con los requisitos para acceder a estudios gratuitos en una institución de educación superior que recibe el financiamiento institucional exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, la institución podrá cobrar a dicho estudiante de conformidad a lo dispuesto a continuación:

a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta solo podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional a dicho plazo.

b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a).

La determinación del porcentaje de cobro lo realizará la institución de educación superior en la cual el o la estudiante se encuentre matriculado, de conformidad a los límites máximos señalados en el inciso anterior.

Artículo 10

8.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102, las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan con lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título técnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior, para cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea la obtención de un título profesional o grado académico de licenciado impartido por una institución que reciba dicho financiamiento.

Para la determinación de la duración de los estudios gratuitos, se considerará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

Asimismo, dichas instituciones deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 102 y que posean el grado de licenciado o licenciada otorgado por instituciones de educación superior, para cursar un módulo de licenciatura conducente a título pedagógico otorgado por una institución que reciba el financiamiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo.

Artículo 10

9.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, podrán cobrar como máximo a aquellos estudiantes que cumplan solo lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 102, y a aquellos estudiantes que cumpliendo con los requisitos del referido artículo realicen más de un cambio de carrera en conformidad a lo dispuesto en el artículo 106, el arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación fijados para la carrera o programa de estudio respectivo de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º de este título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108.

Los nuevos valores establecidos en las resoluciones exentas señaladas en el artículo 89, serán aplicables a las y los nuevos estudiantes matriculados el año en que se inicia la vigencia de la resolución respectiva.

Respecto de aquellos estudiantes que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos matriculados en carreras o programas de estudios conducentes a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura en modalidad a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas por la Subsecretaría, no aplicará el límite dispuesto en el inciso anterior.

Párrafo 6º Infracciones y sanciones a este título

Artículo 11

0.- La Superintendencia de Educación Superior fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente título, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 11

1.- Sin perjuicio de las demás infracciones que la ley establezca, el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) y d) del artículo 80 se considerarán infracciones graves.

En caso que una institución de educación superior pierda su acreditación, se requerirá únicamente la notificación de esta circunstancia que realice la Comisión Nacional de Acreditación a la Subsecretaría para que ésta determine la pérdida del financiamiento público regulado en este título.

Por su parte, en caso que la institución de educación superior incumpla el requisito establecido en la letra b) del artículo 80, la Subsecretaría determinará la pérdida del financiamiento público regulado en este título.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la presente ley se considerarán infracciones gravísimas. En caso que la institución incumpla lo dispuesto en la letra b) de dicho artículo se descontará de los recursos que se le transfieran por los nuevos estudiantes matriculados, una proporción equivalente al porcentaje del total de estudiantes nuevos matriculados por sobre el límite correspondiente. En este caso la institución igualmente deberá otorgar estudios gratuitos a todos aquellos estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo 102, y que mantengan las condiciones señaladas en el párrafo 5º del presente título.

Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior que ejecute dicha medida, a partir del año siguiente a la fecha de la resolución final del procedimiento sancionatorio. Se entenderá, para estos efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.

La Superintendencia podrá establecer devoluciones de dinero a favor de las y los estudiantes, así como también otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas medidas se considerará como una circunstancia atenuante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58.

En caso que se disponga la pérdida del financiamiento público regulado en este título de conformidad a este artículo, la institución sancionada sólo podrá solicitar nuevamente el acceso a dicho financiamiento diez años después de la resolución final del procedimiento sancionatorio de la Superintendencia. Con todo, este plazo no regirá cuando la pérdida del financiamiento se deba a la no obtención de la acreditación.

Artículo 11

2.- Si una institución que recibe el financiamiento público regulado en el presente título es sancionada por infracciones graves o gravísimas cinco o más veces dentro de tres años, la o el Superintendente resolverá la pérdida de dicho financiamiento, solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior la ejecución de la medida.

En este caso, la institución sancionada sólo podrá solicitar el acceso al financiamiento público regulado en el presente título diez años después de la resolución final en que la Superintendencia resolvió la pérdida del financiamiento.

Artículo 11

3.- El Estado transferirá recursos públicos a las instituciones que dejen de recibir el financiamiento institucional para la gratuidad, respecto de aquellos estudiantes que con anterioridad a la comunicación regulada en el artículo 83 o a la determinación de la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título, cursaban sus estudios de forma gratuita, en la medida que éstos mantengan los requisitos y condiciones regulados en el presente título.

Las instituciones de educación superior que sean sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el presente párrafo, deberán asegurar que aquellos estudiantes matriculados con anterioridad a la verificación de la infracción, mantengan la misma situación respecto de los cobros que efectúe la institución o su exención, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

Artículo 11

4.- Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias y procedimientos necesarios para la aplicación del presente título.

TÍTULO VI.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11

5.- La Subsecretaría de Educación Superior será la sucesora legal de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una vez que entre en funcionamiento conforme a lo establecido en el número 6 del artículo quinto transitorio de esta ley.

En consecuencia, toda referencia que las leyes, reglamentos y demás normas hagan a la División de Educación Superior y al Jefe de División de dicha repartición, deberán entenderse hechas a la Subsecretaría de Educación Superior y al Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, respectivamente, desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 11

6.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.591 que establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y personal:

1) Reemplázase en el artículo 79, la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

2) Reemplázase en el artículo 80, la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

3) Reemplázase en el artículo 80 bis la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

Artículo 11

7.- Modifícase la ley Nº 18.956, en el siguiente sentido:

1) Intercálase en la letra i) del artículo 2 bis, a continuación de la palabra “Educación” la frase “o la Superintendencia de Educación Superior”.

2) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Introdúzcase la siguiente letra d) nueva, pasando la actual letra d) a ser letra e):

“d) La Subsecretaría de Educación Superior.”.

b) Remplázase el inciso tercero por uno nuevo del siguiente tenor:

“El Ministro o Ministra de Educación será subrogada, en primer orden, por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación, y a falta de ésta, sucesivamente por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Parvularia y por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro Secretario o Secretaria de Estado.”.

3) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “Tendrá a su cargo la coordinación”, la frase “de las Subsecretarías que componen el Ministerio,”.

b) Agrégase un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, contará con una unidad de formación técnico profesional, encargada de la coordinación de las iniciativas relacionadas con la modalidad formativa técnico profesional a nivel sectorial, entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, asegurando que las políticas de formación técnico profesional de cada subsecretaría se articulen en pos del desarrollo de trayectorias educativo- laborales. Además, le corresponderá apoyar técnicamente al Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, para la elaboración de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional.”.

4) Derógase el artículo 8º.

Artículo 11

8.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación:

1) Agrégase en la letra d) del artículo 52, a continuación de la frase “Suboficiales de Carabineros de Chile,” la frase “la Escuela de Gendarmería de Chile;”.

2) Agrégase en el artículo 54 letra a) a continuación de la frase “de una duración mínima de mil seiscientas clases” la oración “o cuatro semestres”.

3) Reemplázase el inciso segundo del artículo 100 por un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:

“En caso contrario, el Consejo deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución.”.

4) Derógase el artículo 114.

Artículo 11

9.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 20.800:

1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “El Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación preliminar, de carácter indagatorio,” por “La Superintendencia de Educación Superior (en adelante “la Superintendencia”), de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación”.

b) Remplázase el inciso segundo por el siguiente:

“La Superintendencia podrá, para los fines de esta investigación, ingresar a la institución, acceder y recopilar toda la información que estime necesaria, sin impedir el normal funcionamiento de las actividades académicas de la misma.”.

c) Remplázase en los incisos tercero, cuarto y quinto, la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “preliminar, el Ministerio de Educación” por “, la Superintendencia”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer al Ministerio de Educación que dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, en caso de que se constaten problemas de entidad tal que pudieren ser constitutivos de causales de aquella. De decretarse la revocación, el Ministerio procederá al nombramiento de un administrador de cierre.”.

c) Reemplázase en el inciso final la referencia a “N° 19.880” por “ de Educación Superior”.

3) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido:

a) Remplázanse todas las referencias a “el Ministerio de Educación”, a “al Ministerio de Educación” y a “el Ministerio” por la frase “la Superintendencia” o “a la Superintendencia”, según corresponda.

b) Incorpórase en el inciso segundo después de “plan” la frase “previo informe favorable del Ministerio de Educación,”, precedida por una coma.

c) Elimínase en el inciso tercero la palabra “ministerial”.

d) Remplázase en el inciso cuarto la palabra “decretará” por el vocablo “resolverá”.

4) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase en el inciso primero, en la letra d), después de “la ley Nº 20.720” la frase “en cuyo caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar dicha circunstancia a la Superintendencia de Educación Superior.”, precedida de una coma.

c) Incorpórase en el inciso primero las siguientes letras f) y g) nuevas:

“f) En caso que una institución de educación superior autónoma no se acredite de conformidad a lo establecido en la ley Nº 20.129.

g) Si una institución de educación superior constituida como persona jurídica sin fines de lucro no cumpla con su obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que genere, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brinda.”.

d) Elimínanse sus incisos tercero, cuarto, quinto y sexto.

5) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la frase “entenderán que son entes relacionados,” por “entenderá por personas relacionadas” y la referencia a “el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores” por “el artículo 68 de la Ley de Educación Superior”.

6) Reemplázase en el artículo 9:

a) En el inciso segundo la referencia “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia” y la palabra “Éste” por “Ésta”.

b) En el inciso tercero la referencia “el Ministerio” por “la Superintendencia”.

7) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“El administrador provisional, dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, deberá levantar un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero en que recibe la institución de educación superior. Asimismo, dentro de los sesenta días siguientes a su nombramiento deberá realizar un informe respecto de la situación financiera y patrimonial en que se encuentra la institución. Este informe comprenderá, a lo menos, la gestión de la institución de educación superior realizada durante los sesenta días anteriores a que haya asumido sus funciones.”.

b) En el inciso segundo reemplázase la palabra “treinta” por “sesenta”.

c) En el inciso segundo reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia, con informe favorable del Ministerio de Educación.”

d) En el inciso tercero reemplázase la referencia “al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

e) En el inciso cuarto reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”.

f) En el inciso quinto:

i. Reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

ii. Reemplázase la frase “División de Educación Superior del Ministerio de Educación” por “misma”.

8) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) En el inciso cuarto, reemplázase “al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

b) En el inciso quinto, reemplázase “al Consejo” por “a la Superintendencia”.

c) En el inciso sexto, reemplázase “El Consejo” por “La Superintendencia”.

9) Modifícase el artículo 12 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero reemplázase las frases “un año, plazo prorrogable por una sola vez hasta por igual período” por “por un plazo de hasta dos años, prorrogable hasta por un año más” y “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por mayoría de sus miembros en ejercicio” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los demás a ordenarse sucesivamente:

“Con todo, en caso que, de conformidad a la letra f) del artículo 6 de esta ley, se nombre un administrador provisional por la no acreditación según la ley Nº 20.129, este durará tres años en su cargo, prorrogable hasta por un año más.”

c) Reemplázase en el inciso cuarto nuevo “El Ministro de Educación,” por “La Superintendencia”, y elimínese la frase “previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto”.

10) Remplázase en el artículo 13 en su inciso segundo, letra g) la palabra “tres” por la expresión “cuatro”.

11) Reemplázase en el artículo 16 la frase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia, para que ésta proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”

12) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente:

“El informe señalado en el inciso anterior deberá ser entregado a más tardar un mes después del término de la gestión del Administrador Provisional y deberá ser aprobado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la designación del Administrador Provisional será alzada por la Superintendencia, una vez aprobado el referido informe y habiéndose subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el Administrador Provisional.”.

13) Reemplázase en el artículo 19 la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

14) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero la oración “el Ministerio de Educación dará inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “la Superintendencia enviará los antecedentes al Ministerio de Educación para que, de estimarlo procedente, dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior”.

b) En el inciso segundo, elimínase la expresión “, lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.

c) En el inciso cuarto, reemplázase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”, la palabra “éste” por “ésta” y la oración “El Ministerio de Educación, si lo estima pertinente, podrá dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “La Superintendencia, si lo estima pertinente y mediante resolución fundada, podrá proceder en conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”.

d) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Para efectos de lo señalado en el inciso primero la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar a la Superintendencia de Educación Superior la circunstancia de haberse dictado una resolución de liquidación de la respectiva institución o de su entidad organizadora en conformidad a la ley Nº 20.720.”.

15) Reemplázase en el artículo 21 la frase “y al Superintendente” por “, a la Superintendencia de Educación Superior y a la Superintendencia”.

16) Sustitúyese en el artículo 24, inciso quinto, la palabra “tres” por “cuatro”.

17) Reemplázase en el artículo 25 la palabra “División” por “Subsecretaría” y elimínese la frase “provisional o”.

18) Incorpórase el siguiente artículo cuarto transitorio:

“Artículo cuarto.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 13 letra g) y 24 de la presente ley, también podrán suscribirse convenios con instituciones de educación superior que cuenten con al menos cuatro años de acreditación conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129 y sus modificaciones.”.

Artículo 12

0.- Derógase el artículo 3 que establece un aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre financiamiento de las universidades.

Artículo 12

1.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en las siguientes disposiciones transitorias.

Párrafo 1º De la transitoriedad de las normas relativas al Título I

Artículo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren bajo régimen de supervisión por parte del Ministerio de Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de examinación por parte de otra institución de educación superior, tendrán el plazo de un año contado desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior para iniciar el proceso de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación. En caso de no iniciar dicho proceso en el plazo indicado, el Ministerio de Educación iniciará el procedimiento de cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial de conformidad a los artículos 64, 74 y 81 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, según corresponda.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá que la institución de educación superior ha iniciado el proceso de licenciamiento una vez que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

a) Que la institución presente los antecedentes y formularios solicitados por el Consejo Nacional de Educación para estos efectos.

b) Que presente el informe de análisis institucional para el proceso de autonomía ante dicho organismo.

c) Que pague los aranceles fijados por el Consejo por concepto de verificación de proyectos institucionales establecidos en la circular respectiva.

Artículo tercero.- El Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior establecido en el párrafo 3° del título I de esta ley será obligatorio para las instituciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 7º de esta ley a partir del año 2020, iniciando su funcionamiento para los procesos de admisión del año 2021.

Artículo cuarto.- Corresponderá a la Subsecretaría, dentro del plazo de tres años desde su entrada en funcionamiento, proponer al Ministro o Ministra de Educación un Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior (en adelante “Marco”). Para el desarrollo de la propuesta, la Subsecretaría deberá considerar la participación de los distintos ministerios y servicios públicos con competencia en la materia, especialmente del sector laboral y productivo. Asimismo, deberá considerar la participación de representantes de las instituciones educativo-formativas, tanto de la educación formal como no formal, así como también representantes del sector productivo y expertos.

La propuesta de Marco deberá considerar el procedimiento para construir, actualizar, sancionar e implementar el Marco, así como la institucionalidad que lo administre. Con todo, se establecerá un mecanismo de revisión y actualización que se ejecutará al menos cada cinco años.

Artículo quinto.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta podrá incluir a las y los funcionarios de la División de Educación Superior, y adicionalmente, podrá incluir a las y los funcionarios de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de las y los funcionarios titulares de planta y de personal a contrata desde la División de Educación Superior, y desde la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, si procede, a la Subsecretaría de Educación Superior. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado y en la misma calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de las y los funcionarios que se traspasarán por estamento a la Subsecretaría de Educación Superior. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario o funcionaria traspasada se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de las y los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento de la planta de la Subsecretaría de Educación Superior. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios o funcionarias dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en la ley Nº 19.553, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de las y los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Asimismo, podrá determinar la fecha de entrada en vigencia de los traspasos y los encasillamientos que se practique a dicha planta. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Subsecretaría de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior y la fecha de supresión de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, la cual será la misma de entrada en vigencia del numeral 4) del artículo 117 de la presente ley.

Artículo sexto.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de las y los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Las y los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo séptimo.- El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo octavo.- Los procedimientos administrativos, de fiscalización y sancionatorios, iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, especialmente aquellos regidos por la ley N° 20.800, y que se sustancien ante la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, continuarán su tramitación ante la Subsecretaría de Educación Superior desde la fecha de entrada en vigencia de esta última, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo quinto transitorio de esta ley, y conforme a las normas vigentes a la época de su iniciación, hasta su total terminación.

Párrafo 2º De la entrada en vigencia de la Superintendencia de Educación Superior

Artículo noveno.- Desde de la fecha de publicación de la presente ley, el Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar al Superintendente o Superintendenta de Educación Superior, quien asumirá de inmediato, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la ley N° 19.882 para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, tendrá derecho a una remuneración equivalente al grado 1 de la Escala de Fiscalizadores del decreto ley N° 3.551, de 1981, que será financiada con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación mientras no entre en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior. Al Superintendente o Superintendenta le corresponderá realizar todas las gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento de dicha Superintendencia.

Artículo décimo.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Superintendencia de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta, cuando proceda, podrá incluir personal del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba la o el funcionario traspasado.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de las y los funcionarios que se traspasarán por estamento y calidad jurídica desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo de que era titular la o el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de las y los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, podrá determinar el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de la ley Nº 19.882 y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios o funcionarias dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en las leyes Nº 19.528 y Nº 18.091, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de las y los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Además, podrá fijar la fecha de los traspasos y encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior.

Artículo décimo primero.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de las y los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Las y los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo décimo segundo.- El Presidente o Presidenta de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Educación Superior, y transferirá a ella los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo décimo tercero.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribir el Ministro o Ministra de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia de Educación Superior. La o el Superintendente de Educación Superior requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo cuarto.- Las modificaciones establecidas en artículo 119 entrarán en vigencia desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en el número 6) del artículo décimo transitorio, a excepción de las indicadas en los números5) y 7) letra a) del señalado artículo 119.

Por su parte, lo dispuesto en la nueva letra f) del artículo 6 de la ley N° 20.800, incorporada por el letra c) del número 4 del artículo 119, entrará vigencia el 1 de enero del año 2020.

Párrafo 3º De la transición de la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo décimo quinto.- La obligación de llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados establecida en el artículo 33 a las instituciones de educación superior, será exigible en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, sin perjuicio de aquellas obligaciones en materias relacionadas que se establezcan en otras leyes.

Artículo décimo sexto.- Las obligaciones de informar que establece el artículo 34 a las instituciones de educación superior, serán exigibles en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ejercer las facultades que dicha norma confiere a la Superintendencia de Educación Superior en tanto ésta no inicie sus funciones.

Párrafo 4º De la transición a las nuevas regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo décimo séptimo.- Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de esta ley dentro del plazo de dos años contado desde su publicación.

Artículo décimo octavo.- Para cumplir con las regulaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 70 a 77 de esta ley, las instituciones de educación superior deberán modificar los actos o contratos que hayan otorgado o celebrado, dentro del plazo de tres años contado desde su publicación..

Párrafo 5° De las transiciones de los procedimientos de acreditación

Artículo décimo noveno.- El Comité de Coordinación a que se refiere el artículo 3 de la ley Nº 20.129, deberá constituirse dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

A más tardar dentro de seis meses de constituido el Comité, deberá establecerse el primer Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior del que trata la letra d) del artículo 4 de la ley Nº 20.129.

Artículo vigésimo.- Los numerales 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 y 27 del artículo 78 de la presente ley, que modifica la ley Nº 20.129 entrarán en vigencia a contar del 1 de enero del 2020.

Por su parte, las disposiciones del artículo 78 de la presente ley que modifican el capítulo III de la ley Nº 20.129 entrarán en vigencia una vez que inicie su funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior de conformidad con el artículo quinto transitorio.

Artículo vigésimo primero.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá elaborar una primera propuesta de los criterios y estándares de los que trata el nuevo artículo 18 de la ley Nº 20.129 que se entregará al Comité Coordinador para su aprobación, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha en que el Comité se haya constituido. En caso que el Comité no aprobare la propuesta en el plazo señalado, se entenderá aprobada la propuesta de la Comisión.

Para estos efectos, la Comisión Nacional de Acreditación deberá iniciar el proceso de consulta del que trata el inciso segundo del nuevo artículo 18 de la ley Nº 20.129 dentro del plazo de ocho meses de publicada esta ley.

Con todo, dichos criterios y estándares de calidad deberán estar aprobados y publicados antes del 1 de enero del año 2020.

Artículo vigésimo segundo.- La obligación de las instituciones de educación superior autónomas de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con lo establecido en el nuevo artículo 15 de la ley Nº 20.129, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

Con todo, a aquellas instituciones de educación superior autónomas que no se encontraren acreditadas institucionalmente al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 22 de la ley Nº 20.129, sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto transitorio.

Las acreditaciones institucionales otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán su vigencia por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

Artículo vigésimo tercero.- La obligación de acreditar las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano, de conformidad con el numeral 32 del artículo 78 de esta ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

Con todo, a aquellas carreras y programas que no se encontraren acreditados al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 27 quinquies de la ley Nº 20.129 sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación de dichas carreras y programas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo sexto transitorio.

Aquellas carreras y programas de estudio a las que la Comisión Nacional de Acreditación o una agencia acreditadora les otorgó la acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán la vigencia de la misma por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación señalada en el inciso primero de este artículo.

Artículo vigésimo cuarto.- Aquellas instituciones de educación superior no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar procesos de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019. Por su parte, aquellas instituciones cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante los años 2018 y 2019 podrán iniciar sus procedimientos de acreditación de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, aquellas instituciones de educación superior que dicten carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar sus procesos de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019.

Artículo vigésimo quinto.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá notificar antes del 15 de enero de 2020 a aquellas instituciones de educación superior autónomas, cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante dicho año, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación institucional.

Asimismo, la Comisión notificará a aquellas universidades que impartan carreras y programas de acreditación obligatoria, cuyas acreditaciones vencieren durante el 2020, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación.

Con todo, las acreditaciones institucionales y de carreras y programas de acreditación obligatoria que vencieren durante el año 2020 se entenderán, para todos los efectos legales, vigentes hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso de acreditación institucional conforme al presente artículo.

Artículo vigésimo sexto.- Aquellas instituciones de educación superior autónomas y las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas al 31 de diciembre del año 2019, se sujetarán a las siguientes reglas para el inicio de sus procesos de acreditación obligatoria:

1) La Comisión Nacional de Acreditación establecerá, a más tardar el 1 de diciembre de 2019, mediante un sistema aleatorio, las fechas de inicio de los procesos de acreditación.

2) La Comisión Nacional de Acreditación comenzará a tramitar dichos procesos de acreditación según el orden establecido de conformidad con el numeral anterior, a partir del 1 de enero del año 2020, los que no podrán extenderse más allá del año 2024.

Artículo vigésimo séptimo.- Las carreras y programas conducentes al título profesional de médico cirujano que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encontraren en proceso de acreditación ante agencias de acreditación continuarán con dicho proceso hasta su finalización. Dichos procesos no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2019.

Artículo vigésimo octavo.- Los procedimientos de acreditación institucional de instituciones de educación superior iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se regirán por las siguientes reglas:

1) En los procesos de acreditación institucional iniciados hasta el 31 de diciembre de 2024 no será exigible para otorgar la acreditación institucional y la acreditación institucional condicional acreditar las dimensiones de vinculación con el medio y de generación de conocimiento, creación e innovación.

2) Asimismo, en los procesos de acreditación institucional iniciados entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2040, no será exigible para otorgar la acreditación institucional y la acreditación institucional condicional la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.

Por su parte, a partir del 1 de enero de 2035, sólo aquellas instituciones de educación superior que hayan acreditado la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación podrán acceder a fondos o recursos públicos destinados al financiamiento de la investigación científica y tecnológica.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los procesos de acreditación deberá evaluarse el cumplimiento de los criterios y estándares correspondientes a todas y cada una de las dimensiones señaladas en el nuevo artículo 17 de la ley Nº 20.129.

Hasta el 1 de enero de 2040 los aranceles regulados fijados por la Comisión de Expertos de los que trata el título V de la presente ley, se determinarán por grupos de carreras y considerarán los años de acreditación institucional; las dimensiones o áreas en las que se encuentre acreditada la respectiva institución; el tamaño de estas últimas; y, la región en que se imparten.

Artículo vigésimo noveno.- Se entenderá que la Universidad de Aysén y la Universidad de O’Higgins, creadas mediante la ley Nº 20.842, así como también los centros de formación técnica estatales creados mediante la ley Nº 20.910, cumplen con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 15 de la ley Nº 20.129, incorporada por el numeral 14 de esta ley, mientras den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.842, y el artículo tercero transitorio de la ley Nº 20.910. Vencidos tales plazos, dichas instituciones deberán acreditarse de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 20.129.

Párrafo 6° De la designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación

Artículo trigésimo.- La designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad con lo establecido en la presente ley, deberá efectuarse dentro del plazo de nueve meses contado desde su publicación.

Con el objeto de permitir la renovación parcial de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, la mitad de los consejeros señalados en las letras a) y b), y el consejero de la letra c) del artículo 7 de la ley Nº 20.129, incorporado por el numeral 7 del artículo 78 de esta ley, serán nombrados por un periodo de tres años. En el acto de nombramiento deberá constar la circunstancia de ejercerse el cargo por este período especial.

Por su parte, los representantes estudiantiles que integran la Comisión a la fecha de la publicación de esta ley, se mantendrán en sus cargos hasta el vencimiento de su periodo, momento en el cual tendrán que ser reemplazados en conformidad a la normativa vigente.

Artículo trigésimo primero.- La Comisión Nacional de Acreditación, dentro del plazo de 3 años contado desde que se haya integrado de conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo transitorio, desarrollará una propuesta para el establecimiento de un nuevo procedimiento de acreditación, la que deberá contemplar, al menos, el establecimiento y la definición de nuevos niveles de acreditación, que reemplazarán la acreditación por años.

Párrafo 7º De las transiciones del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo trigésimo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de publicación de esta ley reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, se entenderá que continuarán recibiendo dicho financiamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, estas instituciones podrán manifestar al Ministerio de Educación su voluntad de no continuar recibiéndolo. Para ello, desde la fecha de publicación de esta ley, tendrán un plazo de sesenta días para solicitar su retiro, caso en el cual, se mantendrá el financiamiento solamente para aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios en años anteriores y cumplan los requisitos para mantener sus estudios gratuitos, según los requisitos y condiciones en las que fueron otorgadas.

Con todo, las instituciones señaladas en el inciso primero, para mantener el financiamiento público regulado en el título V, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 80 de la presente ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno.

Artículo trigésimo tercero.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad cumplirán la obligación señalada en la letra c) del artículo 84 de conformidad a lo señalado en el siguiente cronograma y a lo dispuesto en dicho título.

a) Desde el año 2018 hasta el año en que se verifique lo dispuesto en la letra siguiente, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

b) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

c) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 24,5% respecto del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los ocho primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

d) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 26,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los nueve primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

e) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 29,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V.

Desde el año 2020, el Ministerio de Hacienda verificará, a más tardar el 15 de julio de cada año, el cumplimiento de los requisitos antedichos referidos a los ingresos fiscales estructurales. Para ello utilizará las estadísticas de ingresos cíclicamente ajustados calculados por la Dirección de Presupuestos, publicados anualmente en su Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público, y las estadísticas de PIB tendencial reportadas en el acta del Comité Consultivo del PIB Tendencial más próximo a la fecha señalada, llevadas a moneda de cada año con el deflactor del PIB del año respectivo, reportado por el Banco Central de Chile.

Un reglamento del Ministerio de Hacienda, que deberá ser firmado por el Ministro o Ministra de Educación, regulará las materias señaladas en el presente artículo.

Artículo trigésimo cuarto.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, cumplirán la obligación señalada en la letra a) del artículo 84 de conformidad a lo señalado en el artículo trigésimo tercero anterior y a lo dispuesto en el título V de la presente ley.

Las instituciones de educación superior podrán cobrar como máximo los derechos básicos de matrícula y el arancel regulado más un porcentaje adicional de éstos, fijados para la carrera o programa de estudio respectivo, a:

1) Aquellos estudiantes que cumplen los requisitos para cursar estudios gratuitos, señalados en el párrafo 5º del título V, mientras no cuenten con la condición socioeconómica señalada en las letras del artículo anterior.

2) Aquellos estudiantes señalados en el inciso primero del artículo 109.

La determinación del porcentaje adicional se establecerá según la condición socioeconómica del estudiante de la forma que sigue:

a) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan a los primeros siete deciles de menores ingresos del país: hasta un 20%.

b) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan al octavo y noveno decil de menores ingresos del país: hasta un 60%.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, para el caso de las y los estudiantes extranjeros que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos estudiantes que se encuentren matriculados en carreras o programas de estudio no comprendidos en el artículo 103 o aquellos estudiantes que provengan de hogares pertenecientes al décimo decil, no se les aplicarán las limitaciones anteriores.

Artículo trigésimo quinto.- Para la determinación de los deciles señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las y los estudiantes, la presentación de antecedentes en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). El Ministerio de Educación podrá verificar y complementar la información proporcionada por las y los estudiantes para acceder a este beneficio, pudiendo solicitar antecedentes a diversas entidades públicas y privadas, considerando entre otros, el instrumento establecido en el artículo 5º de la ley Nº 20.379.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del año 2020, se utilizará el instrumento establecido en el artículo 5º de la ley Nº 20.379.

Artículo trigésimo sexto.- La primera resolución exenta que establezca las primeras bases técnicas para el cálculo del arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras, deberá dictarse dentro del plazo de dos años contado desde la fecha de publicación de la ley. Para estos efectos, se aplicará el procedimiento regulado en los incisos siguientes.

La Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos, establecida en el párrafo 3º del título V, una primera propuesta de bases técnicas a que se refiere este artículo, debiendo considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior, de conformidad a los incisos primero y segundo del artículo 88.

La Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo de tres meses, aprobando dicha propuesta o realizando observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, tomando en consideración dichas observaciones deberá dictar las resoluciones exentas que establezcan las primeras bases de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título V de esta ley, la que deberá dictarse en el mes de diciembre del año correspondiente.

Para la determinación de los valores señalados en el inciso primero, se estará a lo dispuesto en el artículo 89 de la presente ley.

Artículo trigésimo séptimo.- Mientras no se encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan los valores regulados de arancel, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de un grupo de carreras o programas de estudio determinado, dictadas en conformidad a lo establecido en el título V de esta ley, el cálculo del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula para dicho grupo, se realizará de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes.

La fórmula de cálculo de arancel regulado de los grupos de carreras o programas de estudio se establecerá mediante decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro o Ministra de Hacienda, la que se determinará en base a los derechos básicos de matrícula promedios por el tipo de institución que corresponda, determinados conforme al inciso quinto del presente artículo, y al promedio ponderado de los aranceles de referencia del año 2017 de las carreras o programas de estudio de dicho grupo de las instituciones que durante dicho año se encontraban adscritas al financiamiento regulado en las asignaciones 24.03.198 y 24.03.199, asociadas al programa 09.01.30, Educación Superior, de la ley N° 20.981 y contaban con el mismo número de años de acreditación institucional al 31 de diciembre de 2016, considerando también las áreas o dimensiones de acreditación de las instituciones a la misma fecha.

El Ministerio de Educación deberá publicar en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, el valor del arancel regulado calculado según lo dispuesto en el inciso anterior, el que deberá ser actualizado anualmente de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor. Para cada año, el arancel regulado de cada carrera o programa de estudio en cada institución será asignado según el grupo que le corresponda de acuerdo a la acreditación institucional y las áreas o dimensiones de acreditación al 31 de diciembre del año anterior.

El monto que corresponda transferir a las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad para aquellas carreras o programas de estudios señalados en el artículo 102 respecto de cuyos grupos de carreras o programas no se haya dictado una resolución exenta que establezca el cálculo de los valores señalados en el inciso primero, se determinará sumando los siguientes valores:

a) El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes respecto de los cuales la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V y según el cronograma señalado en el artículo trigésimo tercero transitorio, al año académico correspondiente.

b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula reajustados, según se establece en el párrafo siguiente, y el del arancel regulado calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes señalados en la letra anterior, al año académico correspondiente. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante de la letra anterior.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de las universidades, se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2015, reajustados de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2014 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero. Por su parte, para el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2016, reajustado de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2015 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero.

Si algún programa de estudios no tuviera información del arancel real o derechos básicos de matrícula según lo considerado en el inciso anterior, se utilizará el valor correspondiente al primer valor del arancel real y derecho básico de matrícula que registre el programa de estudio, el que será reajustado de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre enero del primer año de registro y noviembre del año anterior para el cual se calculan los valores.

Artículo trigésimo octavo.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberá procederse al nombramiento de los profesionales que integrarán la Comisión de Expertos y a la instalación del mismo, de acuerdo al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título V.

Para los efectos de la renovación parcial de la Comisión de Expertos, el período inicial de vigencia del nombramiento de los integrantes será:

a) De tres años para dos de sus integrantes.

b) De cuatro años para dos de sus integrantes.

c) De cinco años para dos de sus integrantes.

d) De seis años para uno de sus integrantes.

Lo anterior se aplicará de conformidad a la designación que efectúe el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley Nº 19.882, el cual oficiará al Ministro o Ministra de Educación, para efectos de que curse la correspondiente resolución de nombramiento.

Artículo trigésimo noveno.- Aquellas instituciones de educación superior que soliciten acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 80 de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo.

Los requisitos de las letras a) y b) del artículo 80 serán exigibles desde la fecha de publicación de la presente ley. Para dar cumplimiento a lo establecido en la letra b) del referido artículo, las instituciones de educación superior deberán modificar los actos o contratos que hayan otorgado o celebrado para cumplir con lo establecido en los artículos 70 a 77 de la presente ley.

Por su parte, lo dispuesto en la letra c) del artículo 80 será exigible desde que el Sistema Común de Acceso sea obligatorio. Con todo, mientras no entre en vigencia el Sistema Común de Acceso será exigible a las instituciones que cuenten con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias, para el caso de universidades este sistema debe estar basado en el mérito, mientras que para el caso de instituciones pertenecientes al subsistema técnico profesional, el sistema de admisión deberá favorecer a estudiantes egresados de los establecimientos de enseñanza media técnico – profesional y a trabajadores cuyas trayectorias educativas y laborales se vinculen con las carreras y programas a los que postulen. Dicho sistema deberá encontrarse publicado en su página web.

Además, para el caso de universidades, deberán cumplir con que al menos el 80% de los estudiantes matriculados para el año correspondiente, en primer año en licenciaturas no conducentes a título o carreras profesionales con licenciatura, cuenten con un puntaje ponderado promedio, igual o mayor a 450 puntos entre la Prueba de Selección Universitaria de Lenguaje y Comunicación, la Prueba de Selección Universitaria de Matemáticas, el puntaje de notas de enseñanza media y el puntaje de ranking de notas, los que se considerarán en idéntica proporción.

Respecto del requisito establecido en la letra d) del artículo 80, éste entrará en vigencia un año después de la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría.

Artículo cuadragésimo.- Para el ingreso de las instituciones al financiamiento institucional para la gratuidad para el año siguiente a la publicación de la presente ley, el plazo señalado en el inciso primero del artículo 81, se extenderá hasta el 15 de octubre del año de publicación.

Artículo cuadragésimo primero.- Lo dispuesto en el párrafo 4º del título V entrará en vigencia el año siguiente a la entrada en vigencia del Sistema de Acceso regulado en el párrafo 3º del título I.

Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el inciso anterior, el número de estudiantes nuevos matriculados para cursar las carreras o programas de estudios señalados en el artículo 103 para el año académico correspondiente, no podrá superar en un 2,7% de las y los estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente anterior en dichos programas. Podrá autorizarse un incremento superior al 2,7% antes señalado en los programas de estudio con admisión regular de las instituciones que se encuentren adscritas al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en esta ley, si éste obedece a decisiones institucionales adoptadas antes del 31 de diciembre de 2015, o derivadas de requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Acreditación como resultado del último proceso de acreditación institucional, o que sean producto de la participación de la institución en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), o aquellas convenidas, de manera excepcional, entre el Ministerio de Educación y las instituciones que adscriban al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, que tengan como objetivo apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En este último caso, la referida autorización se realizará mediante resolución fundada del Ministerio de Educación, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.

En caso que el incremento total de estudiantes nuevos matriculados supere el límite establecido o autorizado en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 111 de la presente ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable en caso que una universidad adscrita al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, incumpla lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo trigésimo noveno transitorio.

Párrafo 8º De las transiciones a otras disposiciones de esta ley

Artículo cuadragésimo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 116 comenzará a regir un año después de la entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra de Educación

Informe Financiero Sustitutivo

Indicaciones al Proyecto de Ley de Educación Superior.

Boletín N° 10.783-04

l. Antecedentes.

Mediante la presente indicación sustitutiva (Nº027-365) al presente Proyecto de Ley, se establece una nueva institucionalidad para la Educación Superior, constituida por la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior, se fortalece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, mediante modificaciones a la Ley Nº20.129, y se determina el Financiamiento Institucional para la Gratuidad.

A) Institucionalidad Pública para la Educación Superior

En la indicación se establecen las características, funciones y atribuciones de dos nuevas instituciones que se crean, respecto de las cuales cabe destacar:

a. A la Subsecretaría de Educación Superior, en materia de educación superior, Je corresponderá proponer las políticas en materias de educación superior; las políticas de acceso e inclusión; la asignación de recursos públicos que disponga la ley y la gestión de sus instrumentos; administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior; administrar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y coordinar el Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.

b. La Superintendencia de Educación Superior será un serv1c10 público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. Será una institución fiscalizadora, y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública. El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior. Asimismo, le corresponde fiscalizar la legalidad del uso de los recursos por parte de las instituciones de educación superior y supervisar su viabilidad financiera.

Adicionalmente, la indicación sustitutiva realiza una serie de modificaciones a la Ley N°20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Por una parte, se modifica la composición de la Comisión Nacional de Acreditación, modificando el perfil de los comisionados, incrementando su dieta e incrementando sus inhabilidades e incompatibilidades. A esta Comisión le corresponderá, entre otros, administrar y resolver los procesos de acreditación, proponer los criterios y estándares para llevar cabo dichos procesos, y resolver las solicitudes de apertura de nuevas sedes, carreras o programas. El Secretario Ejecutivo de la Comisión será seleccionado conforme al Sistema de Alta Dirección Pública.

Se modifican además los procesos de acreditación institucional, dándole un carácter integral y volviéndola obligatoria. Se elimina la acreditación voluntaria de carreras de pregrado y se asigna a la Comisión la atribución de acreditar directamente las carreras de pregrado de acreditación obligatoria así como los programas de doctorado y especialidades médicas.

B) Financiamiento Institucional para la Gratuidad

La presente indicación sustitutiva establece el financiamiento institucional para la gratuidad, destinado a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que otorguen estudios de pregrado gratuitos a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

Para la definición de la transferencia a realizarse a las instituciones, se constituirá una Comisión de Expertos, que participará en el proceso de determinación de aranceles regulados.

II. Efectos del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.

De acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores el presente proyecto de ley representa los siguientes costos:

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR.

_____________________________________________________________

BOLETÍN N° 10.783-04

Honorable Cámara:

La Comisión de Educación pasa a informar acerca del proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, originado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

Asistieron en representación del Ejecutivo, la Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate; la Subsecretaria de Educación Parvularia, señor María Isabel Díaz Pérez; la Jefa de la División de Educación Superior, señora Alejandra Contreras Altmann; la Jefa de la División de Planificación y Presupuesto, señora Vivian Villagrán; el Jefe de Asesores y Jefe de la Reforma a la Educación Superior, señor Luis Felipe Jiménez; la Coordinadora de Educación Técnico Profesional, señora Marcela Arellano Ogaz; el Coordinador Legislativo, señor Patricio Espinoza Lucero; la Jefa del Departamento de Becas y Créditos de la División de Educación Superior, señora Daniela Torres; el Asesor del Proyecto de Educación Superior, señor Francisco Martínez; el Asesor Economista, señor Pablo Jorquera, la Jefa Unidad de Fortalecimiento Institucional de la División de Educación Superior, señora Fernanda Kri Amar, y los Asesores Legislativos, las señoras Javiera Morales Alvarado, Marcela Valenzuela, María de Los Ángeles Fernández y Valeria Ortega y los señores Gustavo Paulsen y Nicolás Cataldo.

Asimismo, asistió el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido, acompañado por el Coordinador General y Modernización del Estado, señor Enrique Paris; el Coordinador Macroeconómico, señor Claudio Soto; la Coordinadora Legislativa, señora Macarena Lobos; la Analista Sector Estudio, Área Social, Dirección de Presupuesto, señora Pilar Galleguillos, y el Asesor Macroeconómico, señor Fabián Sepúlveda.

También asistió el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán y el Subsecretario General de la Presidencia, señor Gabriel De La Fuente Acuña.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Idea matriz o fundamental del proyecto.

La iniciativa legal tiene como propósito la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior.

2) Normas de quórum especial.

Tienen el carácter de disposiciones de rango de ley orgánica constitucional las siguientes normas:

-Artículos 4, letra d), 16, letra b) y segundo transitorio, en lo relativo a la revocación del reconocimiento oficial a las instituciones de educación superior, según lo dispuesto en el artículo 46 de la ley General de Educación.

-Artículos 16, letras c), d), g), p) e inciso final y 30, en virtud de que se trata de atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República (fallo rol N° 2009 de 2011 del Tribunal Constitucional).

-Artículo 48, por incidir en las atribuciones de los tribunales de justicia, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

-Artículo 78, numerales 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 23), 24), 25), 40), (en lo relativo a la derogación del artículo 31, inciso segundo) y 41) (en lo relativo a la derogación del artículo 42, inciso segundo), por tratarse de la modificación o derogación de normas que fueron aprobadas con ese carácter (fallo rol N° 548, de 2006 del Tribunal Constitucional).

-Artículos 93, en cuanto crea una Comisión de Expertos con carácter resolutivo [1]; 99, en cuanto hace aplicables a los integrantes de la Comisión las normas responsabilidad administrativa y probidad (según fallo rol 403, de 2006 [2]), y 100, que hace improcedente contra sus resoluciones cualquier clase de recursos jurisdiccionales o administrativos, al alterar las normas de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

-Artículo 118, en cuanto modifica la ley General de Educación, que fue aprobada con ese carácter.

-Artículo 119, numeral 14), en tanto modifica el artículo 20, inciso primero de la ley N° 20.800, norma que es de carácter orgánico constitucional según fallo rol N° 2732 de 2014 del Tribunal Constitucional.

El proyecto no contempla normas de quórum calificado.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

En atención a que el proyecto fue rechazado en general por la Comisión no requiere ser conocido, en esta ocasión, por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación general del proyecto de ley.

El proyecto fue rechazado, en general, por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Cristina Girardi Lavín, Rodrigo González Torres, Roberto Poblete Zapata, Yasna Provoste Campillay, Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas. En contra votaron los diputados Jaime Bellolio Avaria, Rojo Edwards Silva, Sergio Gahona Salazar, Romilio Gutiérrez Pino, María José Hoffmann y Giorgio Jackson Drago. Se abstuvo la diputada Camila Vallejo Dowling (6-6-1).

5) Diputado informante.

Se designó diputada informante a la señora María José Hoffmann Opazo.

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

A) Fundamentos.

Según se expresa en el mensaje remitido por S.E. la Presidenta de la República, la iniciativa que se propone al H. Congreso Nacional tiene los siguientes objetivos generales.

1. Consolidar un Sistema de Educación Superior.

a. Principios y definiciones.

La propuesta, como ha sido la tradición en la mayor parte de la historia de la educación superior, se basa en el respeto de la autonomía, de la diversidad de visiones y proyectos educativos, con actores públicos y privados, al tiempo que se promueve la pertinencia del quehacer de las instituciones, procurando su estrecha vinculación con las necesidades del país y sus desafíos presentes y futuros.

A su vez, el país exige construir una sociedad más inclusiva, que reconoce que los talentos están distribuidos entre toda la población y reclama mayor equidad y participación en el sistema de educación superior.

Es preciso establecer principios orientadores que garanticen la cautela de la fe pública depositada en estas instituciones, promoviendo mejoras continuas de calidad y la transparencia en el uso de los recursos.

Es conveniente establecer mejores definiciones de las universidades e instituciones técnico-profesionales, de manera que se constituyan en pilares complementarios de la formación de las personas y en la cadena de creación, transferencia tecnológica e innovación.

b. Elevar la capacidad para formular políticas y coordinar el sistema de educación superior

El proyecto define un sistema de educación superior con una mayor capacidad coordinadora de todas las instituciones del sector y de sus funciones, y fortalece las capacidades del Estado, creando instituciones que le permitan cumplir efectivamente con el resguardo de la fe pública.

En este contexto, se propone establecer una Subsecretaría de Educación Superior, con las facultades para definir y desarrollar políticas públicas para el sector, administrar el sistema de acceso a la educación superior, los instrumentos de financiamiento público, participar en la definición de las orientaciones sobre calidad, y coordinar a los demás organismos del Estado que integran el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, entre sus principales funciones.

En un sector complejo en sus funciones y diverso en sus proyectos individuales, es muy relevante dotar al sistema de un orden sobre los títulos, grados y demás certificaciones que permitan dar transparencia a los perfiles de egresados y coherencia de estos con los perfiles de los trabajos que ofrece el sector laboral.

Este objetivo se puede abordar mediante el desarrollo e implementación progresiva, por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de un Marco Nacional de Cualificaciones, siguiendo con ello la experiencia internacional, que poco a poco avanza en la implementación de este instrumento.

2. Dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública.

a. Acreditación obligatoria y mayor transparencia.

El objetivo general de mejorar el aseguramiento de la calidad es especialmente complejo, de gran dinamismo, que involucra varias funciones radicadas en organismos específicos del Estado. En esta materia, un objetivo específico es mejorar la coordinación entre los organismos del Estado, mediante el fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Respecto de la evaluación y acreditación de la calidad de las instituciones de educación superior, el objetivo es crear una nueva institución, llamada Consejo para la Calidad, que cumpla con el propósito de que el Estado garantice la fe pública, definiendo los estándares asociados a la certificación de la calidad y que, a la vez, se constituya como una institución con alto grado de autonomía en las decisiones respecto de la evaluación de las instituciones basada en esos estándares.

b. Prohibición efectiva del lucro, y supervisión con resguardo de la autonomía.

El proyecto busca corregir las insuficiencias del actual marco regulatorio, que han posibilitado prácticas que han redundado en la extracción de rentas desde las instituciones de educación superior en las que el lucro se encuentra prohibido. Ello constituye un serio quebrantamiento del espíritu de la ley y de la fe pública depositada en estas instituciones cuando les fue otorgado el reconocimiento oficial.

El objetivo de que los recursos destinados a la educación superior se inviertan en sus fines, debe alcanzarse considerando la naturaleza pública y privada de las instituciones de educación superior, la diversidad en sus misiones y la complejidad de sus funciones, que necesariamente las lleva a vincularse con el medio a través de múltiples interacciones con otros actores e instituciones de los ámbitos de la producción, la investigación, la creación científica y artística. En varios casos esas interacciones son inherentes a la misión de potenciar las capacidades humanas. El desafío consiste en que en dichos procesos no se vulnere la fe pública ni se violen las leyes.

Para lograr dichos objetivos, el proyecto propone medidas que ya están presentes en la legislación chilena en otros ámbitos de protección de la fe pública y del interés social, y que aplicadas adecuadamente al ámbito educacional apuntan a prevenir, desincentivar y sancionar conductas que van en detrimento de los fines de las instituciones de educación superior y que vulneran la fe pública depositada en ellas.

Para la fiscalización de esta y las demás normas de esta ley, el proyecto propone crear una Superintendencia de Educación Superior.

3. Promover la equidad e inclusión.

a. Financiamiento gratuito de la educación superior.

La propuesta persigue cumplir con el objetivo de construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Con ese fin el proyecto busca aliviar la carga financiera de las familias para que sus hijos accedan a la educación superior y, mediante ello, potenciar sus capacidades y aumentar en forma duradera sus posibilidades de mayor bienestar, confianza y seguridad en el futuro. El financiamiento público necesario para alcanzar este objetivo conlleva un esfuerzo fiscal de gran magnitud que sólo es posible de alcanzar en forma paulatina.

Los requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior para acceder a la gratuidad, consideran exigencias de calidad y cumplimiento de las normas que prohíben en lucro, toda vez que el objetivo es que los recursos públicos se empleen en otorgar una educación de calidad creciente y en cumplimiento con los fines educativos para los cuales fue otorgado el reconocimiento oficial.

b. Desarrollo de un sistema de acceso.

Para lograr una mayor equidad e inclusión se debe mejorar la forma en que los estudiantes acceden a la educación superior. Para ello se deben establecer varios objetivos específicos, tales como que la información de la oferta académica sea transparente, clara y disponible para todos los estudiantes por igual; que los procesos de acceso den garantía de ser justos; que se respeten las preferencias de los estudiantes, la autonomía de las instituciones y la especificidad propia de las carreras y programas, y de la educación universitaria y técnica profesional, y que el sistema de acceso permita implementar políticas públicas orientadas por la promoción de la calidad y el desarrollo del país.

4. Fortalecer la educación superior estatal.

El objetivo de proveer un sistema de educación mixto y diverso requiere contar con un conjunto de instituciones estatales fortalecido que desarrolle todas sus funciones bajo los principios propios del servicio público.

a. Relación con el Estado.

El fortalecimiento de la educación superior estatal es un objetivo central de este proyecto. Para ello se establece el propósito de constituir un subsistema basado en un conjunto de principios específicos y obligatorios para estas instituciones, los que se constituyen en responsabilidades para estas y definen un compromiso permanente de colaboración de estas con el Estado y entre ellas. Un objetivo específico es la institucionalización de una red de colaboración para lograr una coordinación en el cumplimiento de las responsabilidades que les son comunes.

b. Gobierno y Participación.

También es un objetivo de este proyecto de ley dotar a las instituciones de educación superior estatal de normas comunes para sus gobiernos, que provean una relación directa y permanente con el Estado y establezcan niveles de partición garantizados para sus estamentos. Todo ello constituye un conjunto de normas mínimas, las que serán complementadas por los estatutos que cada institución se otorgue en el ejercicio de su autonomía.

5. Fortalecer la formación técnico profesional.

El proyecto de ley asume el objetivo de fortalecer el subsistema técnico profesional, con la orientación de mejorar su calidad y reconocer que la formación de técnicos calificados es una necesidad que está en la base del desarrollo del país.

a. Planificación.

El proyecto busca establecer una fuerte vinculación entre instituciones de los ámbitos de educación, trabajo y economía, que constituyen los pilares del desarrollo técnico profesional. Para ello se propone formular una estrategia nacional a través de un consejo asesor que coordine los sectores público y privado al más alto nivel.

b. Reconocer su especificidad.

Reconociendo que la formación técnico profesional requiere de normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria, el proyecto propone que la evaluación de la calidad en este sector se realice sobre la base de estándares específicos. También se propone que el sistema de acceso a la educación superior sea común para todo el sistema, pero que se diferencie en los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

B) Comentario sobre el articulado del proyecto.

El proyecto consta de doscientos dos artículos permanentes y cincuenta y nueve disposiciones transitorias. Asimismo, consta de ocho títulos permanentes que establecerán el nuevo marco regulatorio e institucional que regirá a la educación superior a fin de alcanzar los objetivos de la Reforma Educacional.

1. Sistema de Educación Superior.

Se propone la creación de un Sistema de Educación Superior, que estará integrado por las instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en dicho ámbito. Este Sistema cuenta con principios propios que lo orientan, complementarios a aquellos en que se inspira el sistema educacional chileno.

Adicionalmente, el proyecto de ley define las instituciones de educación superior: centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades.

2. La Subsecretaría de Educación Superior.

El proyecto de ley contempla la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, como un órgano administrativo de colaboración directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas para la educación superior, tanto en el ámbito universitario como en el técnico profesional.

Se crea un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior, administrado por la referida Subsecretaría y obligatorio para las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos. Este Sistema de acceso permitirá contar con información objetiva y transparente sobre los procesos de postulación, selección y admisión de estudiantes, el que considerará la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes.

Finalmente, se establece que esta Subsecretaría administrará un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior que contendrá información de los estudiantes y las instituciones de educación superior, lo que permitirá la elaboración de políticas públicas y dotará de mayor transparencia al Sistema de Educación Superior.

3. Fomento de la formación técnico profesional.

Se establece que cada cinco años se elaborará, a través de un Consejo Asesor con integración público-privada, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan para el sector.

Adicionalmente se crea, en el Ministerio de Educación, una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.

4. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Se establece el Sistema de Aseguramiento de la Calidad integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo para la Calidad y la Superintendencia de Educación Superior.

Se crea el Consejo para la Calidad de la Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación, cuyo objeto principal será administrar y resolver los procesos de acreditación institucional. El Consejo cuenta con un órgano superior, denominado “Directorio”, que será presidido por el Jefe Superior del Servicio.

El proyecto contempla una nueva acreditación institucional, la que será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. Esta nueva acreditación consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad para cada nivel, fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo para la Calidad y el Consejo Nacional de Educación.

Además, se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Pedagogías y se establece la acreditación obligatoria de los programas de doctorados.

5. La Superintendencia de Educación Superior.

El proyecto crea la Superintendencia de Educación Superior como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objeto es la fiscalización y supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, la legalidad del uso de los recursos y la supervisión de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

Asimismo, se regula un procedimiento administrativo sancionador que permite resguardar el interés público comprometido en el actuar de la Superintendencia, a través de un debido proceso. El procedimiento podrá finalizar imponiendo sanciones ante las infracciones, las que serán proporcionalmente graduadas.

6. Regulaciones de las Instituciones de Educación Superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.

El proyecto de ley contempla regulaciones de las Instituciones de Educación Superior que se organicen como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Se establece la exigencia de que sus controladores, miembros asociados sólo sean personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro.

Adicionalmente, se les exige contar con un órgano de administración superior, cuyos integrantes cuentan con claros deberes y son responsables civil y penalmente.

Asimismo se les impone la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Además se incorporan prohibiciones y regulaciones estrictas a las operaciones con personas relacionadas a institución de educación superior, a fin de resguardar la obligación antes señalada.

7. Régimen de la Educación Superior Estatal.

En el proyecto de ley se hace explícito el reconocimiento al rol de las instituciones estatales en el Sistema de Educación Superior, definiendo su misión y responsabilidades.

Para ello, se propone el establecimiento de una Red con las instituciones de educación superior estatal, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior, que se constituirá en una instancia de articulación de dichas instituciones.

Además, el proyecto establece normas que contribuirán a flexibilizar los procesos internos de dichas instituciones. Asimismo, se regulan sus órganos de administración y gestión (Rector o Rectora, Consejo Directivo y un órgano colegiado de carácter normativo).

8. Del Financiamiento Público de la Educación Superior.

El proyecto de ley propuesto establece la gratuidad para los estudiantes de sus estudios de pregrado mediante el financiamiento público a las instituciones de educación superior que cumplan ciertos requisitos y obligaciones.

Las instituciones de educación superior que accedan a esta modalidad de financiamiento institucional deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan las condiciones señaladas en la ley. Asimismo, todos sus estudiantes estarán sujetos a las normas de aranceles regulados. Los valores de estos aranceles los determinará la Subsecretaría de Educación Superior mediante un procedimiento especial en el que participará una Comisión de Expertos.

Adicionalmente, el proyecto de ley establece la modalidad de financiamiento de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad.

Finalmente, el proyecto de ley incluye la creación de un fondo de las instituciones de educación superior estatales, para que cumplan con las obligaciones que les son propias y para su fortalecimiento institucional.

9. Modificaciones a otras normas.

Para adecuar el régimen legal vigente a la reforma propuesta, resulta necesario modificar diversos cuerpos legales, de esta forma:

a) Se modifica la ley N° 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública.

b) Se modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, que establece la Ley General de Educación, adecuando sus disposiciones a la nueva Ley de Educación Superior.

c) Se derogan los decretos con fuerza de ley N° 1, de 1980, que fija normas sobre universidades; N° 5, que fija normas sobre Institutos Profesionales, y 24, que fija normas sobre Centros de Formación Técnica, ambos de 1981, todos del Ministerio de Educación.

d) Se modifica la ley N° 20.800 que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

e) Se modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación que fija normas sobre financiamiento de las universidades.

f) Se deroga la ley N° 20.129 que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

10. Regulación de la transición.

El proyecto de ley establece plazos para la dictación de las normas que regulan las nuevas instituciones creadas: la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior y el Consejo para la Calidad.

Además, se establece la entrada en vigencia del Sistema Común de Acceso, así como también los procesos y plazos para el cumplimiento de las normas aplicables a las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro.

Adicionalmente, se fijan los plazos para que entre en vigencia el nuevo proceso de acreditación obligatoria y la vigencia de las actuales acreditaciones, y los procesos para establecer los nuevos criterios y estándares de calidad.

El proyecto de ley define la transición del financiamiento institucional para la gratuidad, así como la transición de las condiciones a cumplir por las instituciones. Además se señalará el avance en la cobertura de acuerdo a la condición socioeconómica de los estudiantes, iniciándose con los cinco deciles de menores ingresos pasando al sexto decil el año 2018 y avanzado los demás deciles según la disponibilidad de recursos en función de los ingresos fiscales estructurales. También se establece la regulación del arancel para aquellos estudiantes que no cumplan la condición socioeconómica y se matriculen en instituciones adscritas a gratuidad.

Del mismo modo, se define el proceso para calcular los aranceles regulados y también del plazo para el inicio y la determinación de los recursos de los fondos para el financiamiento de las funciones de investigación de las universidades que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad y el fondo para las instituciones de educación superior.

C) Incidencia en la legislación vigente.

1. Constitución Política de la República.

El artículo 19 asegura a todas las personas:

10°.- El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso único a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

11°. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

2. Ley N° 20.129.

Esta ley establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Se modifican, reemplazan o derogan los artículos 1, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y se agregan artículos nuevos.

Mediante fallo rol N° 548, de 2006, el Tribunal Constitucional efectuó el control de constitucionalidad de la misma.

3. Ley N° 18.591.

La ley N° 18.591, establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal. Se modifican los artículos 79, 80 y 80 bis para adecuarlos a la nueva institucionalidad.

3. Ley N° 18.956.

Se modifican los artículo 2 bis, 3, 6 y 8 de esta ley, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, para adecuarla a las nuevas instituciones que contempla el proyecto.

4. Decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005.

Se modifican los artículos 52, 54, 100 y 114 de esta norma, que establece la Ley General de Educación, adecuando sus disposiciones a la nueva Ley de Educación Superior.

5. Ley N° 20.800.

Esta ley crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.

Se modifican sus artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 24 y 25 y se agrega un artículo cuarto transitorio.

6. Decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación.

Este decreto con fuerza de ley fija normas sobre financiamiento de las universidades. Se deroga su artículo 3°, que establece un aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A) Presentación.

1) Sesión 201ª, de fecha 6 de julio de 2016.

Presentaron el proyecto la Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano y la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, en la siguiente forma:

I) Ejes de la reforma.

1) Calidad de todas las instituciones de la Educación Superior: Un sistema que garantiza la calidad en todas las instituciones, la fe pública de la acreditación y la transparencia de la información.

2) Equidad e Inclusión: Gratuidad y un sistema de acceso común, que garanticen ingreso y permanencia para todo nivel socioeconómico y región, diferenciando universitario y técnico profesional.

3) Pertinencia: Una Educación Superior al servicio del desarrollo de las personas, del país y sus regiones, a través de la formación, la investigación y la innovación.

4) Educación Superior Estatal fortalecida: Un sistema estatal, universitario y técnico profesional, integrado en una red de colaboración, con financiamiento y responsabilidades propias, y normas comunes, orientado a las necesidades del país y las regiones.

5) Sistema Técnico Profesional de alto estándar: Un sistema técnico profesional con objetivos y criterios de calidad específicos, orientado hacia el mundo laboral y la innovación, fuertemente vinculado al sector productivo y social y que da respuestas a las necesidades de formación de jóvenes y adultos.

II) Hitos históricos. Creación de Instituciones:

1747: Real Universidad de San Felipe

1842: Universidad de Chile

1888: Pontificia Universidad Católica de Chile

1919: Universidad de Concepción

1926: Universidad Federico Santa María

1951: Universidad Técnica del Estado

1954: Consejo de Rectores de Universidades Chilenas CRUCH

1954: Universidad Austral de Chile

1966: Instituto Nacional de Capacitación INACAP

1968: Duoc UC

1967 a 1973: Gran expansión de la matrícula por apertura de sedes regionales de Universidades Estatales (U de Chile y UTE).

1981: Sedes regionales de la U. de Chile, la U. Técnica del Estado y P. U. Católica se transforman en Universidades regionales. Además, se fijan normas que permiten la creación de universidades privadas.

1990: La Junta Militar publica el 10 de marzo la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) N° 18.962, que norma el proceso de reconocimiento oficial de las instituciones.

2006: Se publica la ley de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior N° 20.129 que crea la Comisión Nacional de Acreditación y el Sistema de Acreditación.

2009: Se publica la ley General de Educación (LGE) N° 20.370, que no modifica las normas de educación superior.

2014: Ley de Administrador Provisional y de Cierre N° 20.800.

2015: Ley que crea las Universidades Estatales de las regiones de O’Higgins y de Aysén.

2016: Ley que crea 15 Centro de Formación Técnica estatales N° 20.910.

III) Diagnóstico.

1) Cobertura.

Hoy estudian más de 1 millón doscientos mil jóvenes en el sistema de Educación Superior, llegando a coberturas con un nivel en el promedio de los países OCDE (un 28% de personas entre 20 y 29 años está matriculado en Educación Superior).

En materia de cobertura territorial, existe una desigual cobertura de la población de 18-24 años.

En términos de cobertura por nivel socioeconómico, existe una desigual cobertura por decil de ingreso.

2) Calidad.

El sistema de aseguramiento de la calidad ha contribuido a la mejora de las instituciones y al desarrollo de sistemas de evaluación internos y externos.

En la actualidad, una institución que no obtiene la acreditación puede seguir impartiendo carreras y programas de estudios.

La actual estructura de gobierno del Consejo Nacional de Acreditación no logra resolver los conflictos de interés y sus decisiones no son transparentes para los actores del sistema.

La acreditación no está sujeta a estándares homologables, ni reconoce adecuadamente las particularidades de la educación técnico profesional.

Esto ha provocado un desarrollo heterogéneo de la calidad y pertinencia de las instituciones: alrededor del 10% de la matrícula está en IES no acreditadas, y el 40% en IES con menos de 4 años de acreditación.

Porcentaje de matrícula por institución, según nivel de acreditación

3) Tamaño del sistema.

El sistema de Educación Superior es diverso y está compuesto por instituciones de carácter público y de carácter privado.

Existen 60 Universidades, 25 que integran el CRUCh, de las cuales 16 son estatales; y 35 universidades privadas creadas post 1981. A esto se agregan las 2 universidades estatales creadas el 2015.

Existen 43 Institutos Profesionales privados.

Existen 54 Centros de Formación Técnica privados a los que se suman los 15 CFT estatales creados en 2016.

4) Institucionalidad y marco regulatorio.

La actual institucionalidad de Educación Superior no permite el desarrollo de políticas públicas de acuerdo al tamaño y complejidad del sistema, lo cual ha terminado afectando a los estudiantes y sus familias.

El marco regulatorio y la capacidad fiscalizadora son débiles y no resguardan suficientemente la fe pública.

5) Acceso.

El acceso a las instituciones de educación superior depende de la información que dispongan los jóvenes y sus familias, sistema asimétrico que no ayuda a la toma de decisiones informada y que contiene un sesgo territorial, socio-económico y que es fácilmente influenciado por la publicidad y capacidad de pago.

El 67% de la matrícula en universidades participa del Sistema Único de Admisión del CRUCH. Un 63% de la matrícula total del sistema (universidades fuera del SUA, IP, CFT) no participa de un sistema común de acceso. Si bien las instituciones tienen procesos de admisión, la mayor parte no utiliza sistemas selectivos.

Desde el Estado no se han desarrollado políticas públicas orientadas a los procesos de acceso a la Educación Superior y que a su vez reconozcan las particularidades del sector Técnico Profesional.

6) Financiamiento.

Ha descansado principalmente en los estudiantes y sus familias: hoy 65% del gasto es privado, con altos aranceles que son fijados libremente por las instituciones.

IV) Objetivos de la reforma de educación superior.

1) Consolidar un Sistema de Educación Superior, que aporte al desarrollo social, cultural y económico del país y sus regiones.

Un sistema que tenga la capacidad de generar políticas públicas acorde a las necesidades y desafíos del sistema, que promueva el mejoramiento continuo de la calidad de todas las instituciones.

Un sistema en el que las instituciones que la componen actúen coordinadamente para aportar al desarrollo del país y sus regiones.

Apoyo a las instituciones para el desarrollo de la investigación e innovación.

2) Garantía de Calidad y resguardo de la fe pública.

Acreditación obligatoria reconociendo particularidad sector técnico profesional.

Mayor transparencia.

Prohibición efectiva del lucro.

Supervisión con resguardo de la autonomía. Institucionalidad: Subsecretaría, Superintendencia, Consejo para la Calidad.

3) Promover la Equidad e Inclusión.

Financiamiento gratuito de la educación superior.

Desarrollo de un sistema de acceso equitativo.

4) Fortalecer la Educación Superior Estatal.

Apoyo especial para su fortalecimiento.

Mejorar la relación con el Estado.

Red de Colaboración.

Gobierno y Participación.

5) Fortalecer la Formación Técnico Profesional.

Vinculación público-privada: Estrategia Nacional Técnico Profesional.

Reconocimiento en todos los componentes de la Ley a las particularidades del sector (regulación, financiamiento, acceso, calidad, institucionalidad).

Creación de mecanismo para fomentar el desarrollo de trayectorias educativo- laborales.

Generar una regulación que transforma a CFT e IP en entidades sin fines de lucro y que permita su cambio transición gradual.

V) Estructura del proyecto de ley.

-Disposiciones Generales.

-De la Subsecretaría de Educación Superior.

-Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

-De la Superintendencia de Educación Superior.

-Regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones sin fines de lucro.

-De la Educación Superior Estatal.

-Del Financiamiento Público de la Educación Superior.

-Disposiciones Finales.

-Artículos Transitorios.

VI) Principios del sistema de educación superior.

1) Autonomía. Conducir sus fines y proyectos institucionales responsablemente en el marco establecido por la ley.

2) Calidad. Orientar a la búsqueda de la excelencia en todas sus funciones.

3) Diversidad de proyectos educativos. Reconocer y promover las diversas visiones sobre la sociedad y formas de búsqueda de la verdad. Se valora y respeta la pluralidad de misiones y visiones.

4) Inclusión. Propender a la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria para el desarrollo de los talentos.

5) Libertad académica. Respetar y promover la libre expresión y libertad de cátedra.

6) Participación. Promover y respetar la participación responsable de todos los estamentos.

7) Pertinencia. Contribuir al desarrollo del país y sus regiones de conformidad a sus fines.

8) Respeto y promoción de los derechos humanos. Tanto en sus propuestas formativas con en el ambiente de trabajo y aprendizaje.

9) Transparencia. Proporcionar información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible.

10) Trayectorias formativas y articulación. Velar por la adecuada articulación de los estudios.

VII) Definición de instituciones.

El proyecto de ley mantiene la tipología de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Se fortalece la misión de cada tipo de institución en consistencia con las nuevas exigencias del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Se mantienen también las estructuras de títulos y grados.

1) Subsecretaría de Educación Superior.

Funciones y atribuciones:

Proponer políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional, especialmente en las siguientes materias:

-Acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes.

-Fomento, desarrollo, apoyo y mejora continua de las instituciones de educación superior, en lo relativo a calidad de la educación y la pertinencia de su quehacer con las necesidades del país y sus regiones.

Proponer la asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como la gestión de sus instrumentos.

Administrar el Sistema Común de Acceso y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior.

Desarrollo e implementación progresiva del Marco Nacional de Cualificaciones.

Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, entre las instituciones de educación superior, y entre éstas con los gobiernos regionales y locales.

Sistema común de acceso

Se crea un Sistema Común de Acceso administrado por la Subsecretaría y con apoyo del CRUCH:

Procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior

Se establecen instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional.

Será obligatorio para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos a través del Ministerio de Educación, sin perjuicio que toda institución podrá adscribir a él.

El Consejo de Rectores colaborará con la Subsecretaría en el desarrollo e implementación del Sistema de Acceso.

Formación técnico profesional.

El proyecto define a la formación técnico profesional como todo proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad.

La Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años.

Será elaborada por un Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, integrado por representantes del sector público y privado, que coordinará la implementación de la Estrategia y realizará recomendaciones al Marco Nacional de Cualificaciones.

Fortalecerá la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, facilitando la formación para el trabajo y la construcción de trayectorias formativas y laborales.

Establecerá objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnico profesional y propondrá un plan para su implementación que considerará plazos para su ejecución.

2) Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Integrantes:

-Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior.

-Consejo Para la Calidad de la Educación Superior.

-Superintendencia de Educación Superior.

-Consejo Nacional de Educación.

Le corresponde:

-Desarrollo de políticas para la Calidad Educación Superior.

-Acreditación de calidad de instituciones de educación superior.

-Fiscalización del cumplimiento de las normas que rigen la educación superior.

-Licenciamiento de instituciones de educación superior.

-Gestión de información.

Instrumentos de coordinación:

Subsecretaría coordina.

Plan de Coordinación Institucional para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior:

-Mecanismos de coordinación-información.

-Procedimientos de órganos del Sistema respecto de IES.

3) Consejo para la Calidad de la Educación Superior.

Servicio Público funcionalmente descentralizado y autónomo.

Objeto:

-Evaluar, acreditar y promover la calidad de las IES.

-Se toman en consideración las particularidades del subsistema universitario y técnico profesional.

-Resolver los procesos de acreditación institucional y obligatoria de carreras.

Organización:

-Un Directorio integrado por once miembros, uno de los cuales será su Presidente y Jefe Superior del Servicio.

-Presidente, académico de reconocido prestigio designado por Presidenta de la República.

-4 Académicos del subsistema universitario.

-4 Docentes del subsistema técnico-profesional.

-1 Académico CONICYT.

-1 Docente o profesional CORFO.

Prevención de los conflictos de interés:

Todos electos mediante Sistema Alta Dirección Pública.

Se establecen incompatibilidades para ser directores:

-Quienes ejerzan funciones directivas en IES.

-Miembros, socios o propietarios de IES.

-Se le aplican estrictas normas de probidad administrativa.

-Deben realizar declaración de intereses y patrimonio.

-Prohibición de prestar servicios a entidades sujetas a fiscalización.

Nuevos criterios y estándares de calidad.

Características:

Acreditación será obligatoria para:

-Las instituciones de educación superior.

-Carreras de pedagogía y medicina.

-Programas de doctorado.

La acreditación se realizará sobre la base de criterios y estándares objetivos y públicos.

La acreditación será integral pues considerará la evaluación de una muestra de carreras y programas que la institución brinda.

Se eliminan acreditaciones voluntarias de carreras y programas.

Conceptos fundamentales:

Las instituciones tanto del subsistema universitario como técnico profesional deberán acreditar en todas las dimensiones.

Se acreditará la totalidad de las sedes de la institución.

MINEDUC aprueba los estándares a propuesta del Consejo y previo informe CNED.

Dimensiones de evaluación:

Gestión y recursos institucionales.

Mecanismos de aseguramiento interno de la calidad.

Docencia y resultados del proceso de formación.

Generación de conocimiento, creación e innovación.

Vinculación con el medio.

Nueva acreditación institucional obligatoria e integral.

Características acreditación institucional.

Evalúa y verifica el cumplimiento de estándares de calidad.

Evalúa las cinco dimensiones de evaluación y la totalidad de las sedes de la institución.

Evalúa una muestra de carreras y programas de pregrado seleccionados por el Consejo.

Proceso de acreditación institucional compuesto por tres etapas:

-Autoevaluación.

-Evaluación externa.

-Resolución final del Consejo.

Efectos de la acreditación:

Acredita en niveles A, B o C por ocho años.

Acredita condicional por tres años para aquellas instituciones que no den cumplimiento satisfactorio a los estándares.

No acredita, se nombra un administrador provisional y en caso de que no acredite dos veces consecutivas se revoca el reconocimiento oficial y se nombra un administrador de cierre.

Aspectos generales proceso de acreditación.

Las IES deberán enviar al Consejo para la Calidad un informe de cumplimiento de los estándares al 4° año de su acreditación.

En caso de detectar problemas se podrá adelantar el proceso de acreditación.

Solicitudes al Consejo para apertura de nuevas sedes o programas:

-Nivel C deberán solicitar al Consejo autorización para abrir nuevas sedes, carreras o programas de estudio.

-Nivel B deberán solicitar autorización al Consejo para apertura de nuevas sedes, carreras o programas de estudio respecto de áreas del conocimiento que no hayan dado los últimos 2 años.

-Nivel A deberán solo informar aperturas.

4) Superintendencia de Educación Superior.

Fiscalizará a todas las IES respecto a:

Cumplimiento de las normas aplicables a la educación superior.

Legalidad del uso de los recursos.

Cumplimiento con la regulación para la prohibición efectiva del lucro.

Supervigilancia de la viabilidad financiera de las IES

• Vela por que los recursos y condiciones financieras de las IES les permitan el cumplimiento de sus fines.

• Recibe denuncias, inicia procedimiento sancionatorio e impone sanciones en caso de verificarse infracciones a la ley.

• Infracciones leves, graves y gravísimas.

• Sanciones: Amonestación por escrito, multas, inhabilitación.

• Nombra administrador provisional.

5) Prohibición efectiva del lucro (mecanismos).

-Las IES sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y reinvertir sus excedentes en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brindan:

Desviación de recursos será sancionada como infracción gravísima por la Superintendencia.

Obligación de reintegrar los recursos desviados con multa de un 50% de la suma sustraída.

Delito de apropiación indebida en caso de no devolución, lo cual puede derivar pena de cárcel.

Nueva causal de nombramiento de Administrador Provisional (ley N° 20.800).

-Organización de IES de derecho privado sin fines de lucro:

No podrán tener como controladores ni asociados o miembros a personas jurídicas con fines de lucro.

Deberán contar con un órgano de administración superior que deberá velar por el interés de la IES y el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos.

Se contempla transición de 2 años para este mecanismo.

-Prohibiciones para operaciones con personas relacionadas:

Prohibición de realizar operaciones con socios, directores, rectores y controladores.

Responsabilidad patrimonial solidaria de los integrantes del órgano de administración superior.

Vigencia a partir de la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.

-Regulaciones estrictas para operaciones con personas relacionadas:

Procedimientos regulados para operaciones con otras personas relacionadas (ej. spin offs).

Responsabilidad patrimonial solidaria de los integrantes del órgano de administración superior.

Operaciones deben ser aprobadas por órgano de administración superior y deben respetar condiciones de equidad que prevalecen en el mercado.

Vigencia a partir de la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.

6) Educación superior estatal.

Universidades y centros de formación técnica estatales. Tienen como misión contribuir al cumplimiento del deber del Estado de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural del país.

Son responsables de garantizar:

Educación laica: la libre expresión de ideas y respetar la coexistencia de diferentes doctrinas, corrientes de pensamiento y concepciones religiosas.

Calidad y pertinencia: promover el mejoramiento de la calidad con la finalidad de constituirse en un referente.

Pluralismo: la convivencia de una amplia diversidad de visiones, valores y formas de búsqueda del conocimiento.

Derechos de los estamentos: el acceso, permanencia, promoción y egreso, de todos los miembros en virtud de sus méritos, capacidades, talentos y aptitudes. Contar con una carrera académica o docente, según el tipo de institución.

Equidad: generar las condiciones necesarias para que sus estudiantes puedan desarrollar al máximo sus talentos y capacidades.

Colaboración: las instituciones estatales propenderán al trabajo colaborativo, considerando entre otros la movilidad estudiantil y académica, uso de instalaciones y equipos de investigación.

Participación: establecerán formas de gobierno interno que promuevan la diversidad de opiniones y visiones de los miembros que componen sus comunidades.

Red de instituciones de educación superior estatales.

Se establecerá una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, instancia de articulación en la que participarán representantes de los rectores

Propondrán iniciativas para el desarrollo conjunto y el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior estatales, tales como:

-Orientaciones que vinculen el quehacer de las instituciones estatales con las políticas nacionales y regionales.

-Colaboración e intercambio de buenas prácticas.

-Articulación de la oferta académica, de planes de estudios y programas de movilidad estudiantil, docente y académica.

-Creación de programas y equipos de investigación.

Será coordinada por la Subsecretaría, quien brindará el soporte técnico para el funcionamiento de la Red.

Gobierno universidades estatales.

Consejo Directivo, donde participa el Rector o Rectora, representantes del Presidente de la República y de la comunidad universitaria, y le corresponde alinear la política de la universidad con los intereses de país.

Aprueba:

-El plan de desarrollo institucional.

-Las definiciones estratégicas de la institución.

-Aprobación de presupuesto.

El Rector o Rectora

-Máxima autoridad unipersonal ejecutiva.

-Será electo por académicos de acuerdo a los mecanismos vigentes.

-Durará 4 años en su cargo.

-Se limita su reelección hasta por un solo período consecutivo.

Órganos colegiados, cuya responsabilidad principal estará en los temas normativos, especialmente materias académicas.

Asimismo, propone y opina respecto de definiciones estratégicas de la institución.

Participan los distintos estamentos de la institución (estudiantes, académicos y funcionarios).

7) financiamiento público para la educación superior.

-Financiamiento institucional para la gratuidad.

-Financiamiento institucional de la investigación para universidades gratuitas.

-Financiamiento institucional para las instituciones estatales.

Financiamiento para la gratuidad: panorama general.

Instituciones gratuitas

-Gratuidad hasta el 5° decil. Para el año 2018 se avanza al 6° decil y se establece ruta para la gratuidad universal.

-Los estudiantes hasta el 9° decil tendrán arancel regulado.

-Habrá acceso a becas para estudiantes del 6° y 7° decil, que cubren parte del arancel regulado.

-Crédito para estudiantes hasta el 9° decil.

-Vacante de primer año regulada.

Instituciones no gratuitas con ayuda estudiantil:

-Becas hasta 7° decil.

-Crédito para alumnos hasta el 9° decil.

-Cupos para becas.

En un plazo de cinco años, estas instituciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-Cumplir marco regulatorio para prohibición efectiva del lucro.

-Estar acreditadas.

-Adscribir al Sistema de Acceso.

Instituciones no gratuitas ni ayuda estudiantil:

Arancel, matrícula y cobros por derecho de titulación libres.

Crédito para estudiantes hasta el 9° decil.

Nueva institucionalidad para el cálculo de los valores de aranceles, matrícula y cobros de titulación o graduación.

El proyecto de ley crea una Comisión de Expertos que interactuará con la Subsecretaría de Educación Superior para el cálculo de los valores de aranceles, matrícula y cobros de titulación o graduación.

Dicha Comisión estará integrada por siete profesionales de comprobada experiencia en gestión de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional, o en regulación de servicios públicos.

La composición de esta Comisión debe reflejar la variedad de experiencias respecto a las instituciones de conforman ambos subsistemas, así como representar adecuadamente las regiones, distintas a la Metropolitana, y promover la paridad de género.

Los y las integrantes de la Comisión serán nombrados por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Requisitos que deben cumplir las IES.

Deben ser instituciones sin fines de lucro y que cumplan con el marco regulatorio para la prohibición efectiva del lucro.

Contar con acreditación institucional vigente (En transición se exigirá que las instituciones cuenten con 4 años de acreditación o el nivel C del nuevo sistema).

Regirse por el Sistema de Acceso.

Contar con políticas que promuevan, a menos, que el 20% de sus estudiantes provengan de hogares de los cuatro primeros deciles de ingreso

Obligaciones que deben cumplir las instituciones que reciben el financiamiento.

-Otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que cumplan los requisitos, y hasta el decil correspondiente (según la ruta a la gratuidad).

-Se entenderá por estudios gratuitos la exención del cobro del arancel y matrícula.

-Aquellos estudiantes que no se encuentran en gratuidad, estarán sujetos a aranceles regulados, según corresponda a su nivel socioeconómico.

-Regirse por la regulación de vacantes para primer año que establece la ley.

Las instituciones están obligadas a otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que:

-Sean chilenos (as); extranjeros (as) con permanencia definitiva; o extranjeros (as) con residencia y que hayan cursado la enseñanza media en Chile.

-No posean título técnico de nivel superior, un título profesional ni licenciatura.

-Estén matriculado en una institución que acceda al financiamiento para la gratuidad, en alguna carrera de pregrado, presencial o semipresencial, en este último caso el financiamiento deberá estar autorizado por la Subsecretaría.

-Que cumplan, durante la transición, con la respectiva condición socioeconómica.

Financiamiento a la investigación y para las IES estatales.

El proyecto de ley establece dos fondos para las instituciones gratuitas:

1) Fondo para la investigación.

-Este fondo es para toda universidad gratuita.

-Financiará el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación que realicen las universidades, medido a través de indicadores de desempeño.

2) Fondo para instituciones estatales.

-Este fondo es para instituciones estatales y tiene por objeto el desarrollo institucional así como el financiamiento de compromisos públicos para el desarrollo del país y sus regiones. Dichos compromisos se convienen entre la institución y el Estado.

-Este fondo exige el cumplimiento de las normas de gobernanza reguladas en la ley.

-Es un fondo adicional al fondo para la investigación.

Se mantiene financiamiento CONICYT para todas las instituciones.

Transición.

Aumento cobertura gratuidad 2017: Se incluirán a los CFT e IP que cuenten con 4 años de acreditación, que sean sin fines de lucro y tengan sistemas de admisión transparentes y objetivos.

Obligación de otorgar estudios gratuitos:

El proyecto de ley establece que el año 2018 se avanzará a los estudiantes que cumplan los requisitos y pertenezcan al 6° decil.

Para avanzar en los deciles cubiertos por gratuidad se exigen condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas, empleando como indicador a los Ingresos estructurales del Estado como % del PIB Tendencial. (Este indicador se proyecta que alcance un 23% en 2018)

Se pide que durante dos años seguidos se observen los siguientes valores en ese indicador para avanzar en los deciles cubiertos:

23,5% => se cubre hasta decil 7°

24,5% => se cubre hasta decil 8°

26,5% => se cubre hasta decil 9°

29,5% => se cubre hasta decil 10°

Durante la transición, las instituciones podrán cobrar como máximo un arancel regulado de conformidad a lo siguiente:

-Para estudiantes de los deciles 6 y 7:Arancel regulado más 20%.

- Para estudiantes de los deciles 8 y 9: Arancel regulado más 60%.

-Para estudiantes del decil 10: arancel libre.

-Para todas las instituciones adscritas a gratuidad, el Estado pagará el arancel regulado por sus estudiantes en gratuidad, más un adicional de un máximo de 20% sobre el total a transferir, para compensar brecha, hasta que se establezcan los aranceles de conformidad al procedimiento regulado en el régimen.

Se mantienen los fondos de financiamiento existentes vía Ley de Presupuestos y se elimina el Aporte Fiscal Indirecto.

Se establece una transición cuyo objetivo final es que los recursos que actualmente se entregan a las instituciones de educación superior vía Ley de Presupuestos o por AFD, confluyan a sólo dos fines: el financiamiento de la investigación y el financiamiento a instituciones estatales para su desarrollo institucional y cumplimiento de las responsabilidades que le son propias.

Adicionalmente, la Ley de Presupuestos contemplará una cantidad igual adicional para este Fondo. Es decir, el Fondo para la Investigación se incrementa en el DOBLE de lo que se reduce el AFD.

Con todo, se garantizará a las Universidades del CRUCH que durante los primeros 5 años de vigencia del Fondo, el monto que reciban anualmente cada una ellas, más la suma de los recursos que reciba de este Fondo para la Investigación, no podrá ser inferior al monto que haya sido asignado a dicha universidad por concepto de AFD, durante el año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley.

2) Sesión 203ª, de fecha 12 de julio.

En esta sesión expuso el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdes, quien expresó que entiende que las materias educacionales constituyen un tema de justicia en pos del desarrollo.

Luego, precisó que su exposición abarca: 1) la reforma educacional; 2) la comparación internacional, 3) los antecedentes sobre matrícula en educación superior; 4) los antecedentes sobre financiamiento de la educación superior y 5) la reforma a la educación superior.

1) LA REFORMA EDUCACIONAL.

2) COMPARACIÓN INTERNACIONAL.

OCDE: GASTO EN EDUCACIÓN

OCDE: GASTO PÚBLICO Y PRIVADO

Gasto en educación superior por fuente de financiamiento

(Porcentaje)

Gasto total en educación por fuente de financiamiento

(Porcentaje del PIB)

COBERTURA EDUCACIÓN SUPERIOR

Cobertura bruta a nivel terciario Evolución de cobertura en Chile

(2014 o último disponible, porcentaje) (Porcentaje)

POSICIONAMIENTO UNIVERSIDADES NACIONALES

Ranking Ingenierías en Latinoamérica

(Apariciones en ranking global hasta lugar 400)

Ingresos del gobierno general menos gasto en pensiones

(Porcentaje del PIB, 2011)

3) ANTECEDENTES MATRÍCULA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Precisó que se debe distinguir tres subsistemas: las universidades del CRUCh, las universidades privadas no pertenecientes al CRUCh y los institutos profesionales y centro de formación técnica. Expuso en base a los siguientes gráficos:

Alumnos de pregrado por tipo de IES

(Total matrícula 2015)

(a) Alumnos de primer año

(b) Total de alumnos

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS

Alumnos de pregrado por zona geográfica y tipo de IES

(Total matrícula 2015)

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Tipo de IES por nivel socioeconómico*

(Matrícula de Pregrado 2015)

CARACTERIZACIÓN POR TIPO DE INSTITUCIÓN

4) ANTECEDENTES FINANCIAMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR.

INGRESOS ANUALES DE LAS IES 22

FINANCIAMIENTO DE ARANCELES DE PREGRADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Tipo de financiamiento

(Millones de pesos, 2015)

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Destino de los aportes

(Millones de pesos, 2015)

5) REFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Luego, se refirió al modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior adscritas a gratuidad, tomando en consideración que la adscripción por parte de las universidades privadas es voluntaria.

Precisó que en el modelo actual, el financiamiento se encuentra conformado por los aranceles, AFD y AFI, convenio convenio marco, convenio por desempeño, otros aportes institucionales, otros fondos concursales, donaciones y otros ingresos.

En la transición al regimen de gratuidad existirán aranceles regulados, un aporte por gratuidad, un fondo de financiamiento para la investigación y creación artística (que se crea en este proyecto), un fondo nuevo para las universidades estatales, el AFD (que irá decayendo en el tiempo), otros aportes institucionales, otros fondos concursales, donaciones y otros ingresos.

En régimen el financiamiento de las insituciones de educación superior, se compondrá del aporte por gratuidad, aranceles regulados (para quienes tengan atrasos en su carrrera), el fondo de financiamiento, investigación y creación artística, el fondo para universidades estatales, otros fondos concursales, donaciones y otros ingresos.

Luego, el modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior no adscritas a gratuidad en el modelo actual se encuentra compuesto por aranceles, AFI, otros aportes institucionales, otros fondos concursales, donaciones y otros ingresos.

En transición, se compondrá por aranceles, otros aportes institucionales, otros fondos concursales, donaciones y otros ingresos.

Finalmente, en régimen desaparecen los aportes institucionales y el financiamiento solo provendrá de aranceles, otros fondos concursables, donaciones y otros ingresos.

Desde el punto de vista de las familias, el modelo de financiamiento de los estudiantes de educación superior en el modelo actual se compone de becas, créditos y copago (aporte familiar y otros).

En transición, habrá familias con gratuidad, becas, créditos y copago regulado compuesto por el aporte familiar y otros, en la medida en que dichas instituciones no se adscriban a la gratuidad. Precisó que las becas hoy constituyen un derecho si se cumplen sus condiciones. En la transición, el proyecto propone, en primer lugar, un número finito de becas, para lo cual se confeccionará un ranking de universidades que no adscriban a la gratuidad, hasta la completa extinción de ellas en régimen.

Finalmente, en régimen, el financianciamiento desde el punto de vista de las familias se compondrá sólo por la gratuidad y los créditos.

Puntualizó que en este proyecto de ley se establece que el financiamiento público para las instituciones de educación superior que participen del sistema de gratuidad, a través de tres instrumentos de financiamiento:

1) Financiamiento institucional para la gratuidad.

2) Un fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística.

3) Un fondo para las instituciones de educación superior estatales.

Luego, para acceder al financiamiento institucional para la gratuidad las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con nivel de acreditación A, B o C.

b) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley, y dar cumplimiento a las regulaciones que le apliquen.

c) Estar adscritas, al menos, un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso.

d) Aplicar políticas que permitan el acceso equitativo de estudiantes, y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención.

Además, las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que cumplen requisitos.

b) Regirse por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación.

c) Regirse por la regulación de vacantes.

En materia de valores regulados de aranceles expresó que, en transición, se establece un arancel regulado, en base a un promedio ponderado por matrícula, considerando los siguientes elementos:

-Aranceles de referencia 2015.

-Años (o niveles) de acreditación.

-Grupos de carreras definidos por la Superintendencia de Educación Superior.

Adicionalmente, se entregará la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula al año 2015 reajustados y el del arancel regulado, que no podrá superar el 20% de la transferencia por gratuidad para dicha instituciones.

En régimen, se definirán grupos de carreras con estructura de costos similares, considerando los siguientes elementos:

-Estructura curricular.

-Nivel de carrera.

-Niveles de acreditación.

-Tamaño de la institución.

-Región.

En relación a los valores regulados de los aranceles, mostró el siguiente gráfico:

Respecto de la regulación de vacantes en instituciones de educación superior que adscriben, apuntó que en transición el número de estudiantes nuevos matriculados para cursar las carreras o programas de estudios gratuitos, no podrá superar el 2,7% de los estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente anterior en dichos programas.

Luego, en régimen se determinarán las vacantes máximas de alumnos de primer año, considerando los siguientes elementos:

1) Niveles de acreditación.

2) Tipo de institución (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica).

3) Cobertura regional.

Manifestó que el potencial de alumnos en gratuidad, se ve reflejado en el siguiente gráfico:

Expresó que los supuestos utilizados en las estimaciones de mayor gasto fiscal para el financiamiento institucional para la gratuidad, considera lo siguiente:

-Las estimaciones se realizan sobre la base de la matrícula del año 2015, de acuerdo a lo descrito anteriormente en regulación de vacantes.

-Todas las instituciones que cumplen requisitos de acreditación de 4 años o más, y controladores sin fines de lucro se suman a gratuidad en el año 2017. Desde el año 2019 todas las instituciones que actualmente se encuentran acreditadas acceden al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad.

-Para la determinación del nivel socioeconómico de los estudiantes se utiliza la información del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social, información del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) del Ministerio de Educación e información del establecimiento de origen del alumno.

-Para la obtención de los aranceles regulados se utilizó información de los aranceles de referencia 2015, de acuerdo a lo descrito anteriormente en regulación de aranceles.

Expresó que el proyecto tiene un compromiso de cobertura de los primeros 5 deciles al año 2016. El avance en cobertura socioeconómica de los alumnos se expresa en la siguiente tabla:

Respecto de la evolución del indicador de ingresos estructurales en los últimos años, mostró el siguiente gráfico:

Explicó que el financiamiento institucional para la gratuidad, que incluye los dineros que ya se han invertido se refleja en el siguiente cuadro:

Respecto del fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística, expresó que será incrementado anualmente en un monto equivalente al doble de lo que haya disminuido el AFD en el mismo año. Además, durante los primeros cinco años de operación de este fondo, ninguna institución de educación superior recibirá un aporte menor que el que haya recibido por AFD el año de entrada en vigencia.

GASTO COMPROMETIDOS EN REFORMAS

Realzó que la reforma se da en un momento complejo económicamente, con una baja del precio observado del dólar y un nivel de crecimiento potencial de la economía bajo. Es decir, el país se encuentra inserto en un escenario de menores recursos de lo que se pensó en el año 2013, y ya se ha gastado más allá de lo estimado en educación.

Además, las familias aportan mucho al costo de la educación en relación a lo que ocurre en otros países; de ahí que debe existir una ruta que permita avanzar en otros aportes a la educación, por ejemplo, investigación. De lo contrario, la reforma se va a transformar en que el dinero que aporta la familia la sustituye el Estado.

El diputado Bellolio consultó cuanto del 1,9 del PIB se encuentra financiado, cuánto tiempo puede durar la transición y qué transformaciones se necesitan para lograrlo. En relación con los estudiantes vulnerables, consultó qué pasa con el criterio de justicia.

Respecto a la nueva Subsecretaría y sus múltiples funciones y considerando que habrá, además, ocho tipos de aranceles distintos, consultó cómo lo harán y si existe posibilidad de que exista gratuidad con cuota.

El diputado Jackson expresó que extrañó que se hablará de temas como la deserción y pertinencia, distribución de acceso por decil, entre otras. Enfatizó que no se debe seguir hablando de costo per cápita si los costos marginales se pueden reducir a cero.

Asimismo, consultó por qué entregar en transición más recursos vía CAE o beca, por qué incentivar el statu quo y por qué no empezar en regiones y en instituciones estatales con la gratuidad de un 100%.

La diputada Provoste consultó en base a qué aranceles se estiman los costos de la gratuidad universitaria, y cuánto cuesta mantener al año el CAE, becas y fondo solidario versus extensión de la gratuidad.

Además, planteó que los estudiantes más pobres no ingresan a las universidades del Estado porque son sistemas más estrictos y restrictivos de admisión y selección, reduciendo su cobertura a un 15%. Consultó si tiene alguna justificación el valor de los aranceles de las universidades chilenas en relación al ranking internacional.

En materia de fiscalización y control, consultó como se intenta resolver la duplicidad de control de las universidades estatales (Contraloría General de la República y Superintendencia de Educación Superior). Destacó que en el mensaje se realza el fortalecimiento de la educación como un objetivo central del proyecto y consultó donde están los recursos para ello.

El diputado Romilio Gutiérrez expresó que en la exposición no se hizo referencia a los costos y mecanismos para la creación de las nuevas instituciones en lo referente al traspaso de trabajadores, y consultó sobre el interés que podría suscitar ser miembro del Consejo para la Calidad, atendidas las exigencias para sus once miembros y si son suficientes los aportes nuevos para reemplazar los ingresos que se pierden.

La diputada Girardi pidió que se aclare que en el grafico relativo a la gratuidad de las universidades en el mundo, no se distinguió e hizo referencia a aquellos países donde solo las universidades estatales son gratuitas, lo que constituye la lógica internacional.

Consultó por qué no avanzar en la gratuidad primero en las universidades estatales, que es la lógica internacional, y si el tope de 2,7 de la matrícula de las universidades que se adscriben se aplica a las universidades del Estado.

El diputado Felipe Kast consultó cuándo el Gobierno analizó el efecto de la reforma tributaria en el PIB; qué porcentaje del total de recursos que invierte Chile en esta reforma es sustitución de recursos que hoy aportan las familias; si pese a que se ha gastado más de lo proyectado y la existencia de poca holgura financiera, esta propuesta debe ser prioridad nacional sobre otros temas como las pensiones o el Sename, pese a que existen soluciones para garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de recursos.

La diputada Vallejo consultó qué análisis hace el Ministerio de Hacienda acerca de por qué Chile gasta tanto en educación superior respecto de los países OECD, pero con más segregación y endeudamiento, y cómo se proyecta y calcula la cifra de la gratuidad universal.

El diputado Venegas preguntó cuándo se podrá llegar al 100% de la gratuidad y si se está revisando el CAE.

El diputado Gahona consultó cuál es la proyección de cobertura y si se están generando más oportunidades para la misma gente o para más.

El diputado González preguntó por qué y a través de qué forma se priorizará a las universidades estatales, cuándo se terminaría el AFD, y cómo se igualará la matrícula entre las universidades estatales y privadas. Además, apuntó que pese a que el CAE va disminuyendo, a todas las universidades se les impone que las matriculas no aumenten más del 2,7%, lo que es muy discriminatorio con las instituciones estatales, ya que las privadas crecieron cuanto quisieron por mucho tiempo.

El diputado Edwards preguntó cuándo se llegará al sexto decil; cuáles son los supuestos para los cálculos de la gratuidad en general, y cuál es el gasto total presupuestado para la educación superior y cuánto de ello es sustitución del aporte familiar. Además, pidió un indicador de gastos de los sistemas que se imitan en esta reforma y de la calidad de sus investigaciones.

El diputado Robles consultó cuánto se recupera del CAE, y si en el modelo de financiamiento para las instituciones no adscritas los aranceles pueden ser libres, ya que en caso de ser afirmativa la respuesta habría mayor segregación y una educación para ricos y otra para pobres.

En respuestas a las consultas precedentes, y en atención al poco tiempo disponible el Ministro Valdés se limitó a destacar el esfuerzo fiscal de la reforma y que ir más rápido sin contar con recursos implica restringir otros gastos. Además, precisó que el fondo estatal, está para ser discutido en cada Ley de Presupuestos, y que en el medida en que disminuye el AFD, aumenta el fondo “grande”, que establece el artículo 187 del proyecto de ley.

Destacó que el Gobierno siempre habló de gratuidad en un sistema mixto y que hoy es legal ser centro de formación técnica e instinto profesional con fines de lucro y que el proyecto debe hacerse cargo de ello.

En relación al tope de matrícula del sector estatal, expresó que si se quiere absorber todo el mundo privado, se tiene el costo de asumir a todos los alumnos, sin importar su puntaje PSU, debiendo tomarse ciertos resguardos de calidad. Además, de la infraestructura física.

Respecto del CAE, precisó que un tratamiento de crédito versus gastos es muy importante desde el punto de vista de su efecto fiscal (gasto y crédito); que se debe discutir seriamente el rol de los bancos, y que en la transición es necesario una especie de crédito para los que no adscriben a la gratuidad.

3) Sesión 205ª, de fecha 19 de julio de 2016.

La Ministra de Educación, señora Delpiano, continuó su exposición recalcando que los principios que rigen la iniciativa, que son los siguientes:

1) Garantizar calidad y mejorar la institucionalidad.

2) Inclusión y equidad (incorpora la gratuidad y ayudas estudiantiles que devienen en el tiempo).

3) Fortalecimiento de lo estatal y su compatibilización con la heterogeneidad del sistema.

4) Dibujar un sistema de educación superior centrado no solo en las universidades, sino también en la educación técnica.

A continuación, respondió consultas realizadas por los diputados, relativas al crecimiento del sistema o evolución de matrícula, afirmando que Chile tiene una buena cobertura en educación superior cercana al promedio de la OCDE. Destacó que el gran desafío consiste en mejorar la calidad y avanzar en gratuidad, todo lo que busca resolver este proyecto.

En relación a las universidades, precisó que el gran tema dice relación en cómo centrar la mayor cobertura en las instituciones de mejor calidad. Asimismo, expresó que la cobertura de la educación técnica se pretende aumentar con la creación de los 15 centros de formación técnica estatales.

También resaltó la importancia de resguardar la cobertura regional, de manera que las regiones no queden “descremadas” de sus mejores alumnos, que puedan continuar sus estudios en su propia zona.

En relación al financiamiento de las universidades estatales, expresó que la iniciativa plantea tres fuentes de financiamiento y resuelve cómo pagar el costo de la docencia. La primera es la gratuidad, que no cubre todo el gasto de la universidad, la segunda el fondo basal, para las instituciones que están en gratuidad; este fondo casi se duplica en régimen, aumentándose especialmente para las estatales. El tercero es el fondo especial para las universidades estatales, a través del convenio marco.

En relación a las consultas relacionadas con una posible duplicidad de funciones entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Educación Escolar, enfatizó que no que existe tal duplicidad, ya que cada institución fiscaliza dentro de su respectivo ámbito de competencia. La Contraloría cumple una labor ex ante, a través del control del uso de los recursos. La Superintendencia analiza la situación financiera de las universidades y el cumplimiento de sus estatutos.

Respecto a las consultas sobre los estudiantes vulnerables y la deserción, expresó que una causal de la última es precisamente la falta de financiamiento, la necesidad de trabajar, el cambio de carrera, exigencias académicas, entre otras. De ahí, que la gratuidad apunta a disminuir la deserción por problemas de financiamiento. Sin perjuicio del conocido Programa PACE, que mejorará en la medida que mejore la educación básica y media. Destacó que lo anterior no obsta a que llegará el momento de cambiar la PSU, en atención a que no es un buen predictor y no reconoce habilidades, sino que solo evalúa cuanto aprendieron los alumnos.

Finalmente, en relación las preguntas sobre la calidad, aranceles y recursos destinados a la educación superior, expresó que Chile paga aranceles altos y la heterogeneidad de instituciones se relacionan con la heterogeneidad en calidad. Estos aranceles altos recaen en las familias y las carreras duran más de lo presupuestado. Además, se han instalado malas prácticas, por ejemplo, cobrando aranceles a los alumnos en práctica.

A continuación intervino el Ministro Valdés quien procedió a responder las preguntas planteadas en la sesión anterior, en el siguiente orden:

Consultado sobre el financiamiento de las reformas escolar y parvularia, y si el gasto de 1,9 del PIB de la reforma está financiado, respondió que efectivamente está financiado, y para evidenciarlo presentó las estimaciones del informe financiero que acompañó el proyecto de ley de reforma tributaria, que son las siguientes:

En relación al modelo de financiamiento y en respuesta a la pregunta de por qué se mantiene el financiamiento per cápita, expresó que el proyecto propone un financiamiento institucional, separando los recursos asociados a la docencia de los recursos destinados a otras funciones. Para cada una de estas funciones se definen transferencias a las instituciones de educación superior en base a indicadores.

Para el financiamiento de la docencia se utiliza su matrícula como indicador del nivel de actividad docente de las instituciones de educación superior.

En respuesta a la consulta de si se ha evaluado utilizar un criterio más equitativo, es decir, focalizar más recursos donde hay más alumnos vulnerables, respondió que el financiamiento que propone el proyecto es un financiamiento a las instituciones, y no directamente a los estudiantes. Sin embargo, existe un criterio de focalización, toda vez que el avance en la cobertura de gratuidad va desde los deciles más vulnerables a los deciles más ricos.

Contestando a la pregunta relativa a cómo se compatibiliza este proyecto con los “gatillos” de la ley de Carrera Docente, sostuvo que ellos son por definición diferentes a los propuestos en esta iniciativa, por lo que no existe una relación directa entre la activación de unos y otros. Aunque podría ocurrir que se activen “gatillos” de ambas leyes en un mismo año, lo que no supone un problema en tanto el financiamiento de cada proyecto es independiente.

Precisó que, en particular, la ley de Carrera Docente destina el 5% del incremento de los ingresos estructurales cuando se activa un “gatillo”, mientras que el máximo costo incremental de ingresar un decil a gratuidad corresponde a 0,29% del PIB (noveno decil). Así, el gasto originado por ambos proyectos no utiliza la totalidad de recursos adicionales asociados a la activación de los respectivos “gatillos”.

En relación a por qué se supone que si se está modificando el sistema, este costará lo mismo, respondió que en sus aspectos institucionales, el proyecto regula que los recursos que se destinan a docencia reflejen correctamente el costo de la misma, lo cual podría significar una reducción en el costo total. Por otra parte, afirmó que se busca incrementar la calidad de la educación superior -por medio del nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-, lo que conlleva la utilización de mayores recursos.

En respuesta a la pregunta relativa a por qué se mantiene el financiamiento vía CAE y becas más allá de la transición, respondió que en régimen sólo se mantienen los beneficios de arancel para estudiantes a través de créditos. Las becas, por su parte, se eliminan el año siguiente al que se alcanza la gratuidad universal en las instituciones de educación superior adscritas (artículo quincuagésimo octavo transitorio). Destacó que sólo continuarán las becas de mantención (alimentación) para los estudiantes de los seis primeros deciles.

En cuanto al fortalecimiento de las universidades estatales, destacó que las preguntas que se plantearon en esta materia dicen relación con el hecho de que la regulación de vacantes también opera para instituciones de educación superior estatales, dónde está el financiamiento para universidades estatales y cuál es el propósito del fondo para universidades estatales.

Al respecto precisó que el crecimiento promedio de la matrícula estatal en el período 2007-2015 es de 0,5% anual. Sin embargo, se observa gran heterogeneidad entre las instituciones de educación superior: 5 instituciones crecieron más que 2,7% promedio anual, 6 instituciones crecieron, pero inferior a 2,7% promedio anual y 5 instituciones decrecieron en el período señalado.

El crecimiento promedio de la matrícula estatal de primer año en el período 2007-2015 fue de 1,4% anual. Sin embargo, se observó gran heterogeneidad entre las instituciones de educación superior: 8 instituciones crecieron más que el 2,7% promedio anual, 3 instituciones crecieron, pero inferior al 2,7% promedio anual y 5 instituciones decrecieron en el período señalado.

Manifestó que a partir de los antecedentes presentados se observa que existe heterogeneidad en el crecimiento de las universidades estatales, por lo que no es posible concluir que existan restricciones vigentes al crecimiento.

Respecto al fondo para las instituciones estatales, expresó que de acuerdo al proyecto, este fondo se crea para el cumplimiento de las normas, principios y responsabilidades que les son propias, y que están señalados en la ley. Este fondo contribuirá al cumplimiento de compromisos acordados entre cada institución estatal y el Estado, compromisos necesarios para el desarrollo del país y sus regiones.

El fondo también se pone a disposición para ser utilizado en el fortalecimiento institucional, mediante el financiamiento de acciones asociadas al mejoramiento de la calidad y se construye partiendo de la base de los recursos que actualmente considera el Convenio Marco, y de ahí se adicionarán recursos año a año en las respectivas leyes de Presupuestos.

En materia de aranceles, y específicamente ante las interrogantes sobre qué aranceles se están considerando para calcular gratuidad, cómo es posible determinar el valor del arancel regulado si no se sabe qué universidades entran a gratuidad y si la Subsecretaría tendrá la capacidad para calcular estos 96 mil aranceles, trató las siguientes materias:

a) Modelo de aranceles regulados basados en aranceles de referencia. Precisó que para la determinación de los aranceles regulados en transición se utilizó la información de los aranceles de referencia 2015, reajustados por el índice de remuneraciones del sector público 2015, para dejarlos en pesos de 2016. Asimismo, se determinó un arancel regulado, en base a un promedio ponderado de los aranceles de referencia, para cada grupo de carrera definido por los años de acreditación, nivel de carrera y área genérica de la carrera por la Superintendencia de Educación Superior.

Para las simulaciones se consideró un universo de 9.505 carreras en instituciones de educación superior acreditadas lo que da un total de 1.286 aranceles regulados. De ellos, ya en 2016 se calcularon 658 aranceles regulados para un universo de 2.721 carreras gratuitas en las instituciones adscritas.

b) Modelo de aranceles regulados basado en modelo de costos. Señaló que los aranceles regulados serán calculados por la Subsecretaría y aprobados por una Comisión de Expertos. Se determinarán en base a grupos de carreras que tengan estructuras de costos similares. Para la determinación de los grupos, la Subsecretaría deberá considerar, a lo menos, la estructura curricular, el nivel de carrera, los niveles de acreditación, el tamaño de la institución y la región en que se imparte.

Adicionalmente, precisó que la vigencia será de 5 años para cada una de las resoluciones que fije los aranceles de uno o más grupos de carreras. La determinación de los primeros aranceles regulados basados en esta metodología deberá hacerse sobre uno o más grupos de carreras.

c) Modelo de aranceles con bandas en transición, adicional al arancel regulado definido anteriormente. Permite que las instituciones de educación superior puedan cobrar a los alumnos de deciles superiores, mientras no sean cubiertos por gratuidad, como máximo:

Primeros siete deciles:arancel regulado + 20%

Deciles ocho y nueve:arancel regulado + 60%

Decil diez:arancel libre.

En respuesta a las consultas sobre gratuidad, específicamente, cuánto tiempo tomará la transición para llegar a la transformación del sistema, cuándo se llegaría a la meta del 100% y cuáles son los supuestos con los que trabaja el Ministerio de Hacienda en sus cálculos, realzó que la gratuidad está sujeta a condiciones no a plazos.

En el siguiente cuadro se presentan los supuestos asociados a los diferentes escenarios del informe financiero:

Además, en relación a la disminución del aporte fiscal director (AFD), expresó que, tal como se señala en el artículo quincuagésimo noveno transitorio, los recursos que anualmente se destinan para al AFD, disminuirán año a año en el monto que defina la ley de Presupuestos. Dichos recursos se incorporarán en el fondo para el desarrollo y mejora de la función de investigación y creación artística.

Sin embargo, durante los primeros cinco años de operación de este fondo se garantizará a las universidades del CRUCH que los ingresos del nuevo fondo sumados a los ingresos que continúen percibiendo por AFD no serán inferiores a los que hayan recibido el año en que empiece a operar el fondo.

En relación a cómo se esperar resolver la duplicidad de control de universidades estatales entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia, enfatizó que en estricto rigor no existirá duplicidad de controles dado que el control de la Contraloría tiene un objeto distinto al de la Superintendencia. La primera, realiza un control previo de legalidad de los actos sujetos a la toma de razón y un control a posteriori de ciertos actos de las universidades estatales, principalmente a través de auditorías, con el objeto de determinar la existencia de responsabilidad administrativa de funcionarios públicos.

Por su parte, la Superintendencia fiscalizará la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y la legalidad del uso de los recursos con el objeto de supervisar, a posteriori, el cumplimiento de las normas que rigen a la educación superior. Aún más, el proyecto dispone expresamente que las referidas facultades de la Superintendencia se ejercerán con la debida coordinación con la Contraloría, pudiendo incluso celebrar convenios de coordinación entre ambos órganos para prevenir cualquier duplicidad (artículo 80, inciso final).

Adicionalmente, el proyecto exceptúa de la toma de razón de la CGR una serie de actos de las instituciones de educación superior estatales (artículo 144), lo que desburocratiza su gestión.

Expresó que el proyecto previene la existencia de duplicidad de controles en términos generales, estableciendo que la Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización se coordinen con aquellos iniciados por otros órganos de la Administración del Estado (artículo 87).

Frente a la consulta de qué se hará en materia de calidad de la educación superior, respondió que uno de los objetivos de esta reforma es garantizar calidad en todas las instituciones de educación superior, para lo cual se modificará el actual sistema de acreditación estableciendo acreditación obligatoria para todas las instituciones, basada en criterios y estándares de calidad.

Por otro lado, la Superintendencia, en su rol fiscalizador, velará por el buen uso de los recursos públicos, para resguardar que estos últimos cumplan su propósito de mejorar y desarrollar a las instituciones de educación superior.

En respuesta a la consulta sobre qué porcentaje del total de recursos de educación superior es sólo sustitución de recursos ya existentes, expresó que primero, debe considerarse que los fondos asociados a la gratuidad por su naturaleza constituyen una sustitución de los recursos utilizados hoy para financiar los aranceles: becas, créditos y aportes de las familias. En todo caso, sí se incrementan recursos a través del fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística. En régimen se comprometen $ 200.000 millones de recursos frescos para dicho fondo.

Respecto de cuánto es el costo de becas, CAE y Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) versus el aporte en gratuidad, precisó que se debe considerar que el mayor gasto fiscal presentado en el informe financiero considera los actuales gastos en becas y FSCU, es decir, el mayor gasto fiscal en régimen se obtiene como diferencia entre el costo total por docencia y los actuales gastos de gratuidad, becas y FSCU.

En los presupuestos 2015 y 2016 se destinaron para aporte por gratuidad, becas y FSCU los siguientes recursos:

En respuestas a las consultas sobre comparación internacional y la solicitud de aclaración de las universidades gratuitas a nivel mundial e indicadores de calidad en los sistemas con gratuidad, manifestó que los países de la OCDE que, de acuerdo a Education at a Glance 2015, tienen un sistema de instituciones de educación públicas gratuitas, exhiben la siguiente distribución de matrícula (instituciones privadas dependientes del Estado son aquellas cuyo financiamiento público alcanza al menos un 50% del total):

Precisó que los países que tienen gratuidad en las instituciones estrictamente públicas tienen una alta cobertura de dicho tipo de instituciones (siendo Islandia y México los casos de menor cobertura, con cifras de 79% y 68% respectivamente). En la otra vereda, se ubican países como Estonia y Finlandia, que teniendo una alta cobertura privada dependiente, el financiamiento de la gratuidad se extiende hasta ese tipo de instituciones.

Respecto a la correlación entre calidad y gratuidad, expresó que en general los países con gratuidad muestran buenos indicadores de calidad de las instituciones. Sin embargo, es solo una correlación, ya que tal grupo de países comparte características como el ser de altos ingresos y contar con instituciones tradicionales de larga historia. Afirmó que lo relevante es que no hay evidencia de que gratuidad se asocie a menores niveles de calidad.

A continuación, mostró todos los países que tienen al menos una institución de educación superior dentro de las 500 mejores del ranking Scimago. Precisó que están ordenadas por el indicador “número de instituciones de educación superior Top 500 por cada millón de habitantes”:

Finalmente, enfatizó que uno de los requisitos para acceder a gratuidad es cumplir con el marco regulatorio, entre ellos, no tener fines de lucro. De ahí, que cabe preguntarse si es excesivo plazo de 5 años para adecuarse a esta exigencia. Al respecto, expresó que el plazo para la transformación de centros de formación técnica con fines de lucro no está asociado a las posibilidades de ingresar o no a gratuidad, sino que al tiempo en que se mantendrán beneficios de arancel para instituciones con fines de lucro. Además, no es factible reducir este plazo, ya que existen instituciones de matrícula significativa que hoy cuentan con estos beneficios, y que es difícil de absorber de manera inmediata por otras instituciones en el sistema.

En respuesta a la consulta de por qué Chile gasta tanto en educación superior, como porcentaje del PIB, expresó que algunos de los factores que influyen son: (i) alta cobertura en educación superior; (ii) carreras de larga duración; (iii) la medida como porcentaje del PIB dificulta la comparación entre países que se encuentran en diferentes fases de desarrollo, lo que a su vez hace que la composición del gasto sea distinta (el gasto absoluto por alumno en Chile no es especialmente alto: 7.600 USD versus 10.309 USD de gasto promedio en países OCDE), y (iv) baja calidad de la educación básica y media, que aumenta costos para la educación terciaria.

Respecto de por qué no se decidió avanzar en gratuidad primero en las universidades estatales, precisó que el sistema de educación superior, por su construcción histórica, tiene hoy un carácter mixto, con una alta cobertura por parte de instituciones privadas, por lo que el acceso al financiamiento institucional para la gratuidad está destinado a todas las instituciones de educación superior del sistema. Sin embargo, aseveró que el proyecto reconoce la importancia de las instituciones estatales y les da trato preferente en financiamiento, que se materializará a través de un fondo dedicado a ellas.

Finalizada su intervención, el diputado Edwards consultó de dónde se sacan los recursos si existirá una holgura negativa el año 2018. En materia de sustitución de recursos, preguntó cuánto del 1,9 del PIB es tal. Además, consultó cuándo se terminará de implementar la gratuidad y cuál es el tiempo para la tramitación de este proyecto.

El Ministró Valdés expresó que la meta fiscal se mantiene y consiste en mejorar el balance estructural en 0,25 del PIB cada año. Enfatizó que se compromete un esfuerzo estructural anual y que es imposible comprometerse debido a la volatilidad de la economía. Además, precisó que la holgura negativa de 2018 ya considera el avance en gratuidad.

En materia de sustitución, manifestó que en la medida en que se incorpore dinero en los basales, habrá sustitución, y realzó que la gratuidad total depende de muchos factores.

La diputada Provoste pidió que se precise los montos de mayor gasto y cuánto de ello viene del CAE. Asimismo, consultó cuál es la diferencia de mantener el CAE, las beca y los créditos versus la gratuidad.

El Ministro Valdés junto con solicitar que se dedique una sesión especial a analizar el tema del CAE, apuntó que no hay ninguna disminución del CAE, porque no significa gasto.

El diputado Romilio Gutiérrez expresó que el fondo de becas va en línea con la equidad, la inclusión, la calidad y la pertinencia y que en el año 2019 habrá 600 mil estudiantes en gratuidad; por tanto, si se divide el fondo resultarían $10.886 por estudiante. Entonces, con esa ayuda o beca de mantención un alumno vulnerable no podrá acceder a una institución de educación superior fuera de su ciudad. Enfatizó que si se quiere inclusión, debe contarse con un sistema de apoyo más robusto.

Asimismo, pidió que se explique con mayor detalle el traspaso de funcionarios del Ministerio de Educación a las nuevas instituciones que se crean.

La señora Pilar Galleguillos expresó que el proyecto extiende la beca de mantención y alimentación de Junaeb a todos los alumnos beneficiados por gratuidad.

La Ministra Delpiano enfatizó que habrá garantías en el traspaso de los funcionarios.

La diputada Girardi se refirió al mensaje del proyecto y que le preocupa que éste borre todo lo existente. Consultó si se la dará legitimidad al sistema de acreditación para la entrega de recursos.

La Ministra Delpiano expresó que el mensaje del proyecto intenta dar elementos de diagnóstico de la situación a fin de darle sustento a las propuestas que contiene.

El diputado Bellolio expresó que el proyecto apenas aprobado puede ya ser obsoleto en el ámbito internacional. Señaló que, según sus cálculos, la gratuidad podría alcanzarse el año 2076. Expresó que este proyecto depende 100% del Gobierno de turno y consultó qué ocurre con la autonomía universitaria, en especial, respecto de las universidades católicas.

La Subsecretaria Quiroga respondió que el proyecto de ley pretende generar un marco institucional, y que la duración de las carreras depende de múltiples factores, que es resultado de otras condiciones y procesos previos, de ahí que es importante introducir un marco de cualificaciones y mejorar la educación parvularia y escolar. Expresó que todas sus consultas se discutirán en profundidad cuando se analice en detalle el articulado de la iniciativa.

La diputada Vallejo, junto con preguntar cómo se proyecta el Gobierno en 20 años más, expresó que el fondo basal beneficia a las instituciones privadas y mantiene del mismo modo a las del CRUCh, lo que muestra una orientación del Gobierno en no avanzar al fortalecimiento de la educación pública.

La Ministra Delpiano expresó que el proyecto apunta a dibujar un nuevo sistema y que la disposición del Ejecutivo es a escuchar, recibir sugerencias y modificar la iniciativa en lo que se estime pertinente. Asimismo, en cuanto al tiempo de tramitación de este proyecto, destacó que debe concluirse antes del término del actual Gobierno.

El diputado Jackson consultó por qué es un sistema voluntario de acceso a la gratuidad, y qué exigencias de acceso tendría para las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, ya que la estructura de acceso cambia totalmente la estructura de gastos.

El diputado Felipe Kast consultó qué pasa con el déficit efectivo; si se estima que los estudiantes deban devolver “la mano” al sistema una vez egresados, poniéndose fin de ese modo a varios problemas y falencias actuales.

El Ministro Valdés expresó que Chile requiere revertir el déficit fiscal. En relación al uso de recursos, hizo presente que el país cuenta con un marco impositivo progresivo que creció con la reforma tributaria, de ahí que a quien le vaya mejor paga más, recursos que se destinan a superar otras necesidades.

Finalmente, el diputado Robles sostuvo que es necesario reforzar la educación pública y a las universidades estatales, de manera de aumentar su calidad. Para ello, se requiere contar con recursos, reforzando especialmente las instituciones regionales.

4) Sesión 206ª, de fecha 1 de agosto de 2016.

La Subsecretaria de Educación, señora Quiroga recordó que los ejes de la reforma son:

1) Calidad de todas las instituciones de la educación superior, un sistema que garantiza la calidad en todas las instituciones, la fe pública de la acreditación y la transparencia de la información.

2) Equidad e inclusión, jugando un rol fundamental la gratuidad y un sistema de acceso común, que garanticen ingreso, permanencia y titulación oportuna de toda persona para todo nivel socioeconómico y región, diferenciando universitario y técnico profesional.

3) Pertinencia, es decir, una educación superior al servicio del desarrollo de las personas, del país y sus regiones, a través de la formación, la investigación y la innovación.

4) Educación superior estatal fortalecida. Un sistema estatal, universitario y técnico profesional, integrado en una red de colaboración, con financiamiento y responsabilidades propias, y normas comunes, orientado a las necesidades del país y las regiones.

5) Sistema técnico profesional de alto estándar, con objetivos y criterios de calidad específicos, orientado hacia el mundo laboral y la innovación, fuertemente vinculado al sector productivo y social y que da respuestas a las necesidades de formación de jóvenes y adultos.

Se refirió a algunos desafíos de la institucionalidad, donde el crecimiento que ha experimentado el sector en las últimas décadas, tanto a nivel de matrícula, financiamiento público, entre otras, no ha tenido como contrapartida un fortalecimiento de la institucionalidad, los que reflejó en los siguientes gráficos:

Luego, ahondó en el objetivo de contar con una institucionalidad para generar políticas de Estado que permitan definir objetivos y horizontes compartidos para el desarrollo de la educación superior en el largo plazo y que den garantías de calidad y resguardo de la fe pública.

A continuación, efectuó una breve mirada de la experiencia internacional, donde, en general, los marcos institucionales son complejos y heterogéneos.

Es así que en Europa, los Ministerios tienen las siguientes atribuciones:

a) Supervisar a las instituciones de educación superior en el cumplimiento de la ley, disposiciones ministeriales y cumplimiento de estatutos.

b) Formular políticas relativas a la educación superior.

c) Hay casos donde establecen estrategias y otros donde designan a los gobiernos de las instituciones.

Afirmó que casi todos los países cuentan con órganos nacionales de garantía de la calidad y que en todos los países europeos a los Ministerios se les asigna una función rectora.

“En todos los países europeos, la responsabilidad última de la educación superior recae en el correspondiente Ministerio, es decir, en un departamento del gobierno dirigido por un ministro” (Eurydice, 2008).

En Chile se pretende lograr un Sistema de Aseguramiento de la Calidad compuesto por:

a) Un Consejo Nacional de Educación.

b) Una Superintendencia de Educación Superior.

c) Un Consejo para la Calidad.

d) Una Subsecretaria de Educación Superior.

A continuación, expresó que profundizará en las funciones de la Subsecretaría, ente que colabora directamente con el Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Categorizó las principales funciones y atribuciones de dicha entidad en las siguientes:

a) Diseño de políticas, donde se encuentra la labor de identificar los objetivos de mediano y largo plazo en los ejes de calidad, equidad e inclusión y pertinencia; diseñar y proponer políticas específicas; diseñar políticas de acceso, que promuevan el acceso equitativo, permeancia y titulación; coordinar la elaboración de criterios y estándares a propuesta del Consejo de la calidad, participar del proceso y promulgarlos, y proponer un Marco Nacional de Cualificaciones con la participación de diversos actores y colaborar con el Consejo Asesor Técnico Profesional en su Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional.

b) Coordinación, con el objeto de promover articulación y generar instancias de participación y diálogo, con y entre las instituciones de educación superior; coordinar instancias de dialogo con órganos públicos e instituciones de educación superior en la construcción e implementación de políticas; promover la articulación de trayectorias educativas desde la educación media; promover la vinculación de las instituciones de educación superior con los gobiernos locales y regionales, y coordinar a los representantes del gobierno en los Consejos Directivos de las universidades estatales.

c) Implementación de políticas del sector según sus facultades, gestionar los instrumentos de financiamiento, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de educación superior y administrar el proceso de otorgamiento de reconocimiento oficial.

d) Monitoreo del sistema, esto es, evaluar el logro de los objetivos propuestos de las políticas implementadas y generar mecanismos que contribuyan a la mejora continua de las instituciones.

Respecto del Sistema Nacional de Información, precisó que se requiere de un buen sistema para el diseño e implementación de las políticas públicas y la toma de decisiones de los actores (estudiantes, instituciones y organismos públicos); hacer monitoreo y seguimiento de los objetivos del sistema, y entregar la transparencia y una mejor rendición de cuentas a los actores del sistema.

Puntualizó que será administrado y coordinado por la Subsecretaría de Educación y que contendrá información recogida y validada por ella, el CNED, la Superintendencia y por el Consejo para la Calidad. Además, de que evitará pedir la misma información por parte de varias agencias y será parte del Plan de Coordinación Institucional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde las instituciones tienen obligación de proporcionar la información establecida, poniendo el Sistema información a disposición de las instituciones.

En relación al Marco Nacional de Cualificaciones, precisó que es un instrumento que clasifica los conocimientos, competencia y habilidades (cualificaciones) de los distintos ciclos formativos en un continuo de niveles.

Explicó que un nivel de cualificación es un conjunto de competencias, conocimiento y habilidades consideradas como merecedoras de un reconocimiento formal mediante un certificado.

Aclaró que una cualificación es una afirmación clara, expresada en logros de aprendizaje, acerca de lo que el estudiante debe saber o ser capaz de hacer, ya sea que lo haya aprendido en una sala de clases, en el lugar de trabajo o informalmente.

Especificó que una certificación es una credencial formal otorgada por las instituciones de educación superior (corresponde a un título o grado) u otras certificaciones no formales.

Luego, los objetivos de un marco de cualificaciones consisten en favorecer un sistema coherente, transparente y legible de certificaciones; favorecer la articulación de las trayectorias educativas y laborales, y promover la pertinencia de los perfiles de egreso en función de los requerimientos del medio social y laboral.

Puntualizó que será desarrollado y coordinado por la Subsecretaría, con la participación de diversos actores educacionales y del mundo laboral, lo que es fundamental para la legitimidad.

Afirmó que los marcos de cualificaciones consideran procesos continuos de ajuste, por lo que requieren flexibilidad, y reiteró que un marco de cualificaciones no es un plan de estudios, lo que ejemplificó con las siguientes láminas:

Respecto de las normas comunes para el acceso, expresó que todas las instituciones tienen la obligación de implementar procesos de admisión objetivos y transparentes, que respeten los principios de la ley.

Todas las instituciones deben tener accesible al público información veraz, oportuna y relevante respecto de sus procesos de admisión, en relación a las siguientes materias: oferta académica de la institución, requisitos para el ingreso y procesos de admisión.

Sin perjuicio de ello, las instituciones deben entregar información al Sistema Nacional de Información de Educación Superior.

Además, se establece un sistema común de acceso a la educación superior, obligatorio para las instituciones que reciban recursos públicos, donde se establecen criterios, procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección, que serán de aplicación general, pudiendo incorporarse otros a propuesta de las instituciones, autorizados por la Subsecretaría.

Asimismo, considera las diferencias entre los subsistemas universitarios y técnico profesional y que la elaboración de criterios e instrumentos será en colaboración con las instituciones, en particular el CRUCH para el sector universitario.

Finalizada su intervención, el diputado Jackson junto con expresar que se encuentra completamente de acuerdo con un marco de cualificaciones, destacó que no existe una definición de éste en la ley y no hace vinculante ese marco con las instituciones de educación superior, es decir, se enuncia en el proyecto, pero no se le da cuerpo en el articulado.

El diputado Bellolio expresó que precisamente por la importancia e implicancia del marco de cualificaciones es que no debe hacerse por la Subsecretaría, sino, por un ente ajeno, no "capturable” y corporativo. Además, consultó cómo se vincula con la calidad.

El diputado Robles consultó cómo el marco de cualificaciones se aplicará en el área técnico profesional. Además, compartió con el diputado Bellolio en que el Estado debe dar certeza que el marco de cualificaciones no esté capturado nunca.

La diputada Hoffmann expresó que no se distingue claramente cuáles son las modificaciones que el proyecto introduce en las funciones de la Subsecretaría.

La Subsecretaria Quiroga se comprometió a entregar una minuta comparativa de las actuales funciones de la Subsecretaria versus las nuevas.

Expresó que hoy se está trabajando en la actualización del marco de cualificaciones en la minería y se está desarrollando el de logística y de tecnologías de la información y de la comunicación. Precisó que el marco de cualificaciones desarrolla lo general y también el ámbito sectorial en coherencia con el primero. Destacó que contempla objetivos de aprendizajes, ya sea aquellos adquiridos en la sala de clases, en el mundo laboral o de otra manera.

En respuesta al diputado Jackson, expresó que se está recién iniciando la discusión y que se presenta así, porque se ha aprendido que la legitimidad de los marcos es fundamental, tanto del mundo de las instituciones como del trabajo, sin ello, no se cumplirá su objetivo. Para su legitimidad es crucial la participación de los actores, quienes deben consensuar el número de niveles, sus elementos, entre otros, actuando el Ministerio de Educación como mediador.

Se mostró dispuesta a revisar de qué manera se puede desarrollar una institucionalidad que de mayor validación y seguridad a esa cualificación. Destacó que el instrumento además de legítimo, debe ser flexible para que sea adaptable.

Expresó que un modo de vinculación debería ser a través de los sistemas de acreditación, lo que si no se encuentra en el proyecto deberá revisarse.

La diputada Vallejo preguntó cuál será el sistema de legitimación que propondrá el Ministerio.

El diputado Edwards expresó que le preocupa la autonomía, especialmente porque el nombramiento de cargos por alta dirección pública no la garantiza. Además, consultó sí en aquellos países en que el marco lo propone el Ministerio de Educación existe un símil con la institucionalidad que se propone para Chile.

La Subsecretaria Quiroga precisó que es interesante que los marcos contemplen ambos tipos de certificación, ya que son el resultado de un acuerdo social.

En relación a la autonomía de las instituciones que lo elaboran, destacó que los marcos no son planes de estudio y que las instituciones cuentan con autonomía, habiendo países donde lo desarrollan los Ministerios de Educación y existen Agencias de Calidad. Destacó que la facultad de la Subsecretaría es la de proponer un marco y se comprometió a entregar una minuta con todas las acciones que han realizado en este “embrión” de marco de cualificaciones.

La señora Arellano complementó señalando que un marco de cualificaciones no dice relación con cuanto se sabe sobre una materia, sino, si se está calificado para ejercer un oficio o profesión, conforme a lo que se espera de ello, de acuerdo al pacto o acuerdo social.

Luego, la señora Varas inició su intervención destacando que el DEMRE no es parte del Ministerio de Educación, sino un departamento de la Universidad de Chile.

Expresó que hace más de un año están generando nuevas evaluaciones, esperando que a finales de este mes se realicen los primeros pilotajes, en los cuales se han considerado elementos sociales y técnicos.

Señaló que cuentan con un comité asesor, compuesto por padres y,o apoderados, investigadores relacionadas con la selección universitaria, directores de docencia universitaria, el presidente de Vertebral, entre otros actores, todos quienes permiten ampliar la mirada de los problemas a los que se enfrentan.

En materia de calidad, precisó que se conformó un comité técnico integrado por investigadores internacionales norteamericanos, australianos, mexicanos, entre otros, todos muy relevantes en sus respectivos países. Además, se han estudiado predictores psicosociales muy acertados, entre otras acciones.

El diputado Jackson expresó que el acceso es la materia más importante, pero éste se encuentra difuso en el articulado del proyecto, en lo que dice relación con la definición de las instituciones. Además, expresó que la redacción del artículo 12 no fija normas comunes, al establecer que solo las que tienen gratuidad se rigen por las normas de acceso.

El diputado Edwards preguntó por el destino del DEMRE en el proyecto de ley.

El diputado Bellolio concordó con el diputado Jackson sobre la importancia del acceso.

El diputado Robles expresó que aquellos que lleguen a la educación superior deben hacerlo con equidad razonable, debiendo existir una lógica de que todas las instituciones de educación superior deben participar en el sistema de admisión único. Además, consultó por qué la admisión queda en manos de la Subsecretaría y no del DEMRE u otra institución.

La Directora del DEMRE, señora María Leonor Varas expresó que le preocupa el tránsito en la forma de admisión, especialmente, por cuanto se desconoce cómo será la próxima PSU. Asimismo, sostuvo que aquello que se construya sea en base a lo existente, ya que debe advertirse con anticipación del cambio a los actores.

Destacó que en Chile se tiene algo extraordinario que consiste en el sistema de integración para que los postulantes como las instituciones obtengan su mejor opción. Precisó que la prueba de matemáticas es la que tiene conforme a los últimos estudios mayor predictibilidad.

La Subsecretaria de Educación, señora Quiroga expresó que el sistema de admisión único dice relación con la integración del sistema y que no significa que será homogéneo para todas las instituciones. Destacó la importancia del rol de política en las definiciones de los criterios y orientaciones, no debiendo confundirse con los instrumentos.

Finalmente, expresó que en materia de educación técnico profesional se debe reconocer que se tiene menos conocimiento de esa área.

B) Exposiciones.

A continuación se indican los expositores que asistieron a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto, con un link al acta de la sesión en que cada uno de ellos asistió y de su presentación, en el caso de que la haya dejado a disposición de la Comisión. Las opiniones vertidas por los expositores son esquematizadas temáticamente en los capítulos siguientes.

INSTITUCIONALIDAD.

En este capítulo se desarrollan las exposiciones relativas a las nuevas instituciones que se crean, la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

1. La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate.

La señora Quiroga expuso en la sesión 220ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El proyecto asume que no se parte desde cero, sino que reconoce aportes. En ese sentido consideró valiosa que se haya instalado una cultura de calidad -aunque con disímiles niveles de desarrollo-, que considera la evaluación externa e interna; que se haya avanzado en cobertura de la acreditación, el 54% de las instituciones de educación superior poseen acreditación institucional, las que concentran el 91% de la matrícula; la experiencia acumulada en el desarrollo de los procesos de acreditación y las capacidades internas de las instituciones; la definición de criterios de evaluación que las instituciones de educación superior conocen, y la importante experiencia acumulada en procesos de mejora de la calidad, tanto en los pares evaluadores como en la instituciones.

Sin embargo, existen aspectos que deben ser mejorados y que tienen relación con:

1. La garantía o la fe pública del sistema que se ha visto afectada por: a) la independencia del Consejo, por la manera cómo se eligen sus miembros, planteando potenciales conflictos de interés frente a las decisiones (participación de incumbentes ya que varios miembros son designados por las instituciones), y b) la voluntariedad del proceso, que limita cobertura de acreditación y el compromiso de las instituciones de educación superior con la mejora de la calidad, y permite el uso de la categoría de “acreditada” como un atributo de marketing.

2. La pertinencia se cuestiona por: a) la baja diferenciación del subsistema técnico profesional que se expresa en criterios de evaluación con un sesgo universitario y en el uso de indicadores poco especializados. Además, la composición de la CNA tiene menor representación del sector técnico profesional; b) la falta de políticas con orientación hacia el acceso al mundo laboral; c) la poca claridad del valor que la educación técnico profesional tiene frente a las necesidades del país, y d) la incorporación de información adicional para fortalecer decisiones más pertinentes que no es necesariamente utilizada (riesgo financiero, selección de indicadores, resultados de la acreditación de carreras, etc.).

3. Transparencia y legibilidad de los resultados de la acreditación, en atención a que: a) existe confusión entre acreditación institucional, por áreas y de carreras, b) se tiende a asociar los años de acreditación con la escala de notas, y c) la opacidad de los efectos de cuál es la diferencia entre una acreditación por 2 o 3 años.

El actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad ha contribuido a la mejora de las instituciones y al desarrollo de sistemas de evaluación internos y externos: se han adaptado las estructuras institucionales, se ha aceptado la normativa y, aunque no de manera equilibrada en el sistema, se ha internalizado que los procesos de acreditación son parte de la política de regulación de la calidad.

En cuanto a las funciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, distinguió entre:

a) Las funciones actuales que se mantienen como es el licenciamiento de instituciones de educación superior a cargo del CNED.

b) Las funciones actuales que se modifican: como lo son la gestión de información del Sistema de Aseguramiento de la calidad (que se transforma en un sistema integrado) y la acreditación de calidad de instituciones de educación superior y de carreras.

c) Las nuevas funciones, como son las fiscalización del cumplimiento de las normas que rigen la educación superior a cargo de la Superintendencia, el desarrollo de políticas para la calidad de la educación superior y la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior a cargo de la Superintendencia.

El Sistema será coordinado por la Subsecretaría de Educación Superior, y cuente con un “Plan de Coordinación Institucional para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior” que contemple: compromisos y objetivos del sistema, que identifica las áreas que requieren coordinación y establece mecanismos de coordinación.

Las funciones esenciales del Consejo para la Calidad son: administrar y resolver procesos de acreditación institucional y de carreras de pre y posgrado; proponer criterios y estándares de calidad, para el subsistema universitario y técnico profesional, mantener sistemas de información pública sobre procesos de aseguramiento de la calidad y ejecutar y promover acciones para la mejora continua de las instituciones de educación superior.

Asimismo, acotó que se encuentra concebido como un servicio público autónomo funcionalmente descentralizado que cuenta con un directorio integrado por 11 miembros, incluido un presidente quien será el jefe superior del servicio y directores elegidos de una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. Asimismo, dota de nuevas normas para la debida solución de posibles conflictos de interés y es el sucesor de la actual Comisión Nacional de Acreditación.

Los miembros del Consejo se eligen por concurso público y no son de exclusiva confianza del Presidente de la República, ya que se establecen causales específicas de remoción. Además, de que la nueva composición tiene mayor equilibrio entre el sistema universitario y técnico profesional.

Por otra parte, se pretende avanzar hacia un acreditación integral que comprende la evaluación de la totalidad de las sedes en las que la institución funciona. En el proceso de acreditación se debe tener especial consideración por la autonomía de la misma, y la nueva acreditación integral y los criterios y estándares contemplan la medición tanto de procesos como de resultados.

Los criterios y estándares de calidad serán establecidos cada 5 años por el Ministerio; se generan mediante un procedimiento en que participa el además el Consejo para la Calidad con consulta a las instituciones de educación superior y el Consejo Nacional de Educación; tendrán especial consideración por las especificidades de los subsistemas universitarios y técnico profesional, y existirán criterios y estándares específicos para cada dimensión de evaluación y estándares específicos para cada nivel de acreditación, lo que permite tener evidencias de los resultados del proceso de formación. Además, de que habrá criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional: carreras y programas con acreditación obligatoria y programas de doctorado, y también una autorización inicial de carreras y programas de estudio y autorización inicial de programas de doctorado.

El procedimiento de acreditación se inicia mediante notificación del Consejo para la Calidad en el que se señalan las carreras y programas que serán evaluados. Las etapas del proceso comprenden la autoevaluación, evaluación externa con participación de pares evaluadores (solo personas naturales) y resolución final emitida por el directorio señalando si acredita o no. El registro público de pares evaluadores contendrá inhabilidades especiales, impugnación designación ante el directorio, incorporación mediante llamados públicos y exigirá el requisito de contar con experiencia de a lo menos 10 años.

En relación con los efectos de la acreditación, se plantea una acreditación en tres niveles (A, B y C) por 8 años. En ese sentido y producto de las diferencias de los distintos niveles, se proponen efectos sobre la posibilidad de abrir carreras y sedes. También habrá medidas de acompañamiento y se establece un proceso de acreditación condicional que tiene 3 años para acreditar y se restringe su crecimiento y no puede abrir carreras y sedes.

El efecto de la no acreditación de las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado contempla el nombramiento de un administrador provisional, donde la institución debe acreditar en 3 años, y en caso que no acredite se nombrará un administrador de cierre y se revocará el reconocimiento oficial. Durante este proceso la institución no recibe nuevos estudiantes ni recursos públicos.

2. El Presidente del Consejo Nacional de Educación (CNED), señor Pedro Montt Leiva.

El señor Montt expuso en la sesión 220ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Se refirió a los aspectos críticos del proyecto, de la siguiente forma:

1) Autonomía. El proyecto establece que la autonomía es uno de los principios del sistema de educación superior; sin embargo, en las normas específicas no la concreta, más bien la tensiona. Ejemplo de ello es el exceso de control de los organismos del Estado sobre las instituciones de educación superior; la coordinación de la Subsecretaría a las instituciones estatales; el sistema de admisión administrado por la Subsecretaría y con limitada participación de las instituciones; un Marco de Cualificaciones propuesto por la Subsecretaría y donde no quedan claras sus consecuencias en el currículum y autonomía académicas de las instituciones, y la restricción a la apertura de sedes, carreras y programas, en relación con el nivel de acreditación.

2) Diversidad. Se habla del reconocimiento y la promoción de la diversidad de los proyectos educativos, pero se ve limitada. Algunos ejemplos de ello, además, de los reseñados, son las definiciones de tipo de instituciones que no reconocen la diversidad de proyectos educativos al interior de cada tipo, y que resulta dudoso cómo, en la práctica, los estándares y criterios de calidad podrán reconocer y considerar la diversidad de instituciones y no ser confundidos como piso y techo.

3) Institucionalidad y sobrerregulación. Se trata de una institucionalidad construida bajo un modelo de gobernanza jerárquico, con el Ministerio como órgano rector que excluye otros modos de coordinación, por ejemplos: coordinación en red o comunidad.

Asimismo, existe una sobrecarga de funciones de las agencias del Estado, dado su sesgo de control y que implica riesgos de superposición de funciones y responsabilidades y desarticulación entre las agencias del Estado y con las propias instituciones de educación superior, y un sistema sancionatorio complejo con amplia variedad de infracciones y gradiente de las mismas.

Es una institucionalidad inadecuada en el sistema de acceso con escasa participación de las instituciones, el Marco de cualificaciones y el sistema de información.

4) Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Hay dificultad en la coordinación del sistema: al proponer al Ministerio como órgano rector, rol impropio para este nivel educativo, y con riesgo de descoordinación entre los organismos del Estado y,o las instituciones del Estado. Además, de que el proyecto tiene objetivos indefinidos.

Existen funciones e instrumentos incompletos, lo que se observa en: el énfasis en el control; monitoreo y gestión del riesgo insuficiente; la acreditación como instrumento único; los niveles de acreditación confusos en sus definiciones; la excesiva concentración de atribuciones en autoridad unipersonal aumenta el riesgo de discrecionalidad de la acreditación; la ausencia de acreditación de magister; las dudas respecto de la de la “acreditación integral” en relación a su viabilidad y eficacia para la evaluación de la calidad, y la supresión de la apelación ante un organismo externo lo que lleva directo a la judicialización.

Es inconveniente e incomprensible reabrir debate acerca de normas de una ley recientemente aprobada (ley N° 20.903 de Desarrollo Profesional Docente). Además, la mejora continua y promoción de la calidad se encuentran presentes sólo a nivel declarativo; existe el riesgo de convertir los estándares y criterios en condiciones mínimas y a la vez máximas, ya que se puede confundir la gradiente de calidad con las condiciones básicas para obtener y mantener el reconocimiento oficial. No existen incentivos para mejorar el estándar establecido heterónomamente.

La ley N° 20.800, que establece la figura de Administrador Provisional, ha demostrado tener serios problemas de diseño (no cumple su cometido).

Respecto del licenciamiento, su plazo de 6 años no parece adecuado. La experiencia indica que los plazos para la autonomía de las instituciones de educación superior según su tipo es, en promedio, 9 años para las universidades y 10 años para los institutos profesionales.

En Chile se requiere de un debate que vaya más allá de la contingencia en educación con proyección y desarrollo de la educación superior en el mediano y largo plazo, lo que requiere de vinculación de la educación superior con las necesidades del país y noción de calidad socialmente compartida.

-Esta norma operará las próximas décadas, sin embargo, no se pronuncia acerca de temas que impactarán sustantivamente a la educación superior: globalización (deslocalización territorial de la oferta formativa); internacionalización (reconocimiento de títulos grados y validez de las certificaciones); nuevas modalidades de enseñanza (impacto de las Tics en la oferta formativa).

-Investigación, desarrollo e innovación necesarios para el desarrollo del país y el sistema. Se habla de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y si es así, será extraño en atención a que la mayoría la mayoría de la investigación que se realiza en Chile la efectúan las universidades.

La magnitud de los cambios que se proponen, hace necesaria su implementación gradual, y la previsión de distintos escenarios de transición, anticipando, en lo posible, las dificultades que de ellos pueden derivar, evaluando también la capacidad técnica de aplicación y los costos asociados a las mejoras a realizar.

3. El Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), señor Alfonso Muga Naredo.

El señor Muga expuso en la sesión 220ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que la CNA ha manifestado en anteriores documentos relativos a la reforma que valora el carácter obligatorio e integral del proceso de acreditación institucional, pues el sistema ya está maduro. Sin embargo, es prudente señalar que el cambio propuesto implica la instauración de un nuevo modelo en la manera de evaluar a las instituciones de educación superior en Chile. Pasar de una acreditación institucional y de programas de manera separada a una acreditación integral implica una serie de complejidades que deben ser bien abordadas.

Conceptualmente, la acreditación integral pretende verificar la existencia de sistemas internos de mejora continua de la calidad de las instituciones; dicho de otro modo, que éstos sean parte natural del quehacer en la gestión académica y administrativa. El ajuste será lento y pausado, pues tenderá a cambiar culturas y formas de concebir el mejoramiento continuo en todos los niveles. Por lo tanto, debe haber suficiente claridad sobre los alcances de la evaluación integral, sobre el nivel de profundidad que se requiere en cada nivel y área o dimensión a ser evaluada, y sobre el rol que le cabe a los distintos actores internos involucrados: facultades, departamentos, direcciones, entre otros.

No se debe perder de vista que ello implicará una tarea simultánea en términos de amplitud y de profundidad, la cual demandará un esfuerzo y coordinación institucional importante. Para ejemplificar, la acreditación de solamente una carrera significa contar con un equipo coordinador de al menos 3 personas, distribuir responsabilidades en la autoevaluación, realizar un amplio levantamiento de evidencias, realizar el ejercicio participativo de discusión, formular el plan de mejoras y luego iniciar el proceso mismo de acreditación. Ello implica en tiempo al menos unos 18 meses de trabajo intenso, a lo que se agrega los compromisos académicos y financieros que conlleva.

En definitiva, concentrar una evaluación de esta magnitud en un período acotado, y respecto de un número determinado de carreras y programas, resulta ser contrario a los propósitos evaluativos perseguidos, puesto que puede generar distorsiones e impacta sobre la institución y su desarrollo.

Así, tomar una muestra del 30% de las carreras y programas, podría eventualmente sobrecargar a ciertas partes de la institución y en lo sustantivo forzar a focalizar las disponibilidades institucionales en las carreras evaluadas, afectando equilibrios indispensables en la asignación interna de recursos. Podrían generarse efectos distorsionadores del sentido de la acreditación en caso de tomar solamente una tinte de agregada y no de integral. Por ello los criterios y estándares deben poder dar cuenta de la realidad institucional de manera adecuada. Lo anterior generaría consecuencias de cómo se concibe un sistema de aseguramiento interno de la calidad, sus efectos y la lógica de dicha evaluación. La acreditación integral no debe ser solamente la sumatoria de acreditaciones de la institución y de las carreras como se organizan actualmente, sino que debe ser articulada normativamente de manera consistente para poder tener una radiografía completa y pertinente de la realidad institucional. Básicamente, evaluar todo no significa necesariamente acreditar bien.

Desde el punto de vista práctico, existen prevenciones a plantear sobre la magnitud y complejidad anunciada (evaluación de al menos un 30% de las carreras y programas de pregrado existentes). Se requiere un análisis exhaustivo de su factibilidad de implementación procedimental. Uno de los principales obstáculos potenciales es la dificultad para coordinar la visita de los pares evaluadores que resultarían necesarios.

Formar comités de pares idóneos no es tarea sencilla. Una acreditación integral que abarca todas las áreas, requiere de al menos 6 pares evaluadores, número que crece en la medida que se deben visitar todas las sedes. Si a lo anterior se suma la evaluación de al menos el 30% de las carreras y programas, sería necesario contar con un número bastante mayor de pares especializados en los niveles de pre y postgrado, lo cual aumenta de manera importante la necesidad de pares evaluadores y del tiempo necesario para la realización de una visita.

Por otra parte, es carente también de todo asidero en materia de aseguramiento de la calidad que los pares puedan enunciar directamente propuestas de mejora cuando están realizando la visita de evaluación externa, pues implica la probabilidad de que la institución reciba dos juicios, que incluso podrían ser contradictorios: el de los pares evaluadores, implícito en las recomendaciones, y el del Directorio del Consejo. Por otra parte, esta atribución desnaturaliza el rol del par evaluador, cual es informar al Directorio sobre lo observado en la institución durante la visita externa.

Como se ve, el cambio a una acreditación integral debe ser detenidamente evaluado pues sus consecuencias, relativas a los énfasis y decisiones que toman las instituciones en función de dicha forma de evaluar, impactan en el largo plazo, con la dificultad de rectificar un marco legal así concebido.

4. El Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez Soto.

El señor Bermúdez expuso en la sesión 229ª, celebrada el día martes 4 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación con algunos aspectos del proyecto que afectan el resguardo de los recursos públicos, señaló lo siguiente:

a) Superintendencia de Educación Superior.

En términos generales, la creación de una Superintendencia (agencias reguladoras) es propia de una actividad económica, ya que obedece a lo que se denomina “un mercado regulado”, un actuar fiscalizador del cumplimiento de una normativa, donde se compite entre diversas empresas, por ejemplo, Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Isapres, de Bancos e Instituciones Financieras. De ahí que la inexistencia de lucro en educación no se condice la idea de una Superintendencia.

Hay un descenso de la responsabilidad, desde el nivel político a uno meramente administrativo, ya que en una Superintendencia el responsable es el jefe de servicio, y no un Ministro, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de acusación constitucional y posterior destitución del ex Ministro de Educación, señor Harald Beyer.

Además, las facultades que se proponen, en general, se contraponen a las de la Contraloría, sin tener los atributos legales de esta entidad, bajo el foco de velar por el buen uso de los recursos, pero sin la autonomía constitucional y la legitimación democrática indirecta que el tiene el Contralor General de la República y no un jefe de ese servicio.

En definitiva, en relación con la Superintendencia de Educación Superior efectuó las siguientes objeciones:

-No se aclara qué ocurre con otras funciones que también inciden en las de la Contraloría General de la República.

-Se desconoce la facultad de la Contraloría de impartir instrucciones para la fiscalización, según su propia ley orgánica.

-Excluye del objeto del convenio la fiscalización a las instituciones de educación privadas, pese a que el foco debe estar en el origen y uso de los recursos y no en las instituciones receptoras de los mismos.

b) Compras públicas.

El artículo 147 prescribe que: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las instituciones de educación superior estatales no estarán sujetas a las disposiciones de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no obstante que puedan, cuando lo estimen conveniente, hacer uso de ella”. Es una disposición regresiva en materia de probidad, al excluir a las universidades estatales del sistema de compras públicas, pese a que es un ejemplo de probidad a nivel mundial. Además, va en contra de la tendencia legislativa en materia de transferencias a entidades privadas, por ejemplo, la ley de Presupuestos hace años reconoce que privados que reciben dineros públicos se sometan a dicho sistema.

Esta norma representa una culminación en la evasión del control en la contratación con recursos públicos. Lo que ya se está haciendo vía constitución de sociedades y fundaciones de instituciones de educación superior para comprar bienes y servicios. Lo lógico sería una norma en sentido contrario, es decir, que someta expresamente a la ley de compras a toda institución de educación superior que reciba recursos fiscales.

c) Fiscalización sobre las universidades privadas.

Recordó que la ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, en su artículo 25, señala que: “La Contraloría General de la República fiscalizará la inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada, para establecer si se ha cumplido tal finalidad”.

Norma que se reitera en el artículo 85, inciso tercero, que prescribe: “La fiscalización de la inversión de los fondos fiscales que perciban personas o instituciones de carácter privado, por leyes permanentes, a título de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada, se limitará a establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad.”. Lo anterior, redunda en que la Contraloría puede siempre intervenir y fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.

d) Fiscalización sobre las universidades estatales.

El artículo 144 del proyecto expresa que: “Las instituciones de educación superior del Estado serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley Orgánica Constitucional.

Con todo, quedarán exentas del trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan: a) Contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos del personal académico y no académico a honorarios. b) Bases de licitación, adjudicaciones y contratos de bienes muebles por montos inferiores a 10.000 UTM.”

Con esta norma se altera la regla establecida en la ley Orgánica Constitucional de la Contraloría en materia de toma de razón, que debe entenderse con carácter dinámico. Además, duplica el umbral para exención en materia de compras ($500 mil aproximadamente). Situación que se agrava con la exclusión de la ley de compras, y que la Superintendencia no supla esta falta de control.

e) Fiscalización sobre la Subsecretaría de Educación Superior.

El artículo 164 consagra que: “La Subsecretaría establecerá, mediante una resolución exenta, visada por el Ministro o Ministra de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo”.

Pese a que los reglamentos, por regla general, se someten a la toma de razón, por ser normas de carácter permanente, su exclusión es, a lo menos, discutible.

f) Fiscalización sobre la Superintendencia.

El artículo 94 prescribe que: “La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”.

Se trata de una norma claramente inconstitucional, salvo que su redacción solo se entienda en el sentido que deja a salvo el control amplio de legalidad que el artículo 98 de la Constitución Política de la República confiere a la Contraloría, en lo que fuere procedente. Tal como lo avalan las sentencias del Tribunal Constitucional, roles N°s 1032-08 y 1051-08, y los dictámenes de la Contraloría N°s 14.165, de 2012 y 31.941, de 2015.

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL.

En este capítulo se desarrollan las exposiciones relativas a la formación técnico profesional que contempla el proyecto de ley.

1. La Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate.

La señora Quiroga expuso en la sesión 213ª, celebrada el día martes 9 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Enfatizó que el proyecto de ley pretende fortalecer el subsistema técnico profesional, distinguiendo sus particularidades dentro del sector con un foco en mejorar su calidad y contribuir a la formación de técnicos calificados para el permanente desarrollo del país.

Luego, aludió a que las medidas que se consideran para lograr los objetivos señalados implican que el proyecto de ley considere dos subsectores presentes en todos sus componentes:

1) Sistema Común de Acceso que considerará sus particularidades y desarrollara instrumentos diferenciados para las instituciones de educación superior y carreras del subsistema del técnico profesional.

2) Calidad, donde los procesos de acreditación institucional consideran la evaluación de dimensiones, con criterios y estándares específicos para el subsistema técnico profesional. La mitad de los directores estarán vinculados a la formación técnico profesional.

3) Marco Nacional de Cualificaciones, en cuyos niveles deberán estar incorporados todas aquellas certificaciones, tanto formales como no formales que forman parte de la formación técnico profesional. Asimismo el Consejo Asesor para ésta debe contribuir a su diseño y actualización.

4) Sistema Nacional de Información que incorporará mecanismos de apoyo temprano en pos de la generación de trayectorias, como también datos de empleabilidad, las necesidades específicas de técnicos y profesionales en los territorios, ampliando la mirada más allá de lo relativo a las instituciones.

5) Financiamiento. A partir de 2017, se contempla ampliar el financiamiento del acceso gratuito a la educación superior en los centros de formación técnica e institutos profesionales que cumplan con los requisitos que establezcan.

6) Institucionalidad. Se contempla establecer la Estrategia para la Formación Técnica Profesional, un Consejo asesor para ello y una institucionalidad al interior del Ministerio de Educación.

7) Educación Estatal, fortalecida mediante la creación de 15 centros de formación técnica estatales, vinculando a los distintos actores sociales y políticos en el desarrollo de estos centros.

A continuación, ahondó en la definición de la formación técnico profesional, enfatizando que el proyecto propone una definición integral que abarca un aspecto sustantivo. A saber: “proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contempla el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad.

Contempla el nivel de educación media de formación técnico profesional, incluyendo la modalidad de educación de adultos, y el nivel de educación superior técnico profesional. En su ámbito no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.”.

Luego, en materia de Estrategia Nacional de Formación Técnica Profesional, precisó que su objetivo consiste en establecer una fuerte vinculación entre instituciones, tanto públicas como privadas, de los ámbitos de educación, trabajo y economía.

Además, de que es un instrumento que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas para este sector; fortalecerá la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, permitiendo la construcción de trayectorias laborales pertinentes que respondan a las necesidades sociales y productivas y establecerá los objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnica profesional. Además, de que será revisada y actualizada cada cinco años.

En relación al Consejo Nacional de Formación Técnico Profesional, señaló que la idea es visibilizar al sector y que su elaboración estará a cargo de un Consejo Asesor Presidencial de alianza público privada creado por decreto e integrado por: Ministros con competencia en la materia educación (quien lo presidirá), trabajo y economía; por representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores con mayor representatividad en el país; representantes de instituciones educativas, y expertos de reconocida experiencia en la materia.

Asimismo, detalló que al Consejo el corresponderá elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, realizar recomendaciones al Marco Nacional de Cualificaciones en lo relativo a la formación técnica profesional y proponer mecanismos de coordinación entre las Carteras de Estado participantes.

Finalmente, en términos de institucionalidad expresó que dentro de la Subsecretaría de Educación se creará una unidad de formación técnico profesional que deberá coordinar las iniciativas relacionadas con la modalidad técnico profesional en sus distintos niveles formativos, asegurando que las políticas de formación técnico profesional de las Subsecretarías de Educación y de Educación Superior, se articulen. Además, de que diga unidad deberá apoya técnicamente al Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional en la elaboración de la Estrategia. Sin perjuicio de que, dentro de la Subsecretaría de Educación Superior también se creará una división técnico profesional.

2. El Presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados -Vertebral-, Rector de INACAP, señor Gonzalo Vargas Otte.

El señor Vargas expuso en la sesión 213ª, celebrada el día martes 9 de agosto de 2016.

Señaló que en el mensaje se establece como grandes objetivos la inclusión y la equidad, lo que comparte; sin embargo, el problema está en el diseño que contempla, que en algunos casos puede incluso contradecir los objetivos que declara.

Respecto de la inclusión, afirmó que la educación superior técnico profesional es un sistema históricamente no selectivo y abierto, donde lo único que se exige, y siempre se ha exigido, es que las personas cuenten con una licencia de enseñanza media, sin perjuicio de que en algunas carreras o instituciones pueda existir un sistema especial de admisión.

Sostuvo que hay dos dispositivos que hacen pensar que la cobertura terminará disminuyendo en vez de aumentar. El primero es el Sistema Único de Acceso al que todas las instituciones deben concurrir y que será administrado y definido por la Subsecretaría. El segundo tiene que ver con los criterios de acreditación que se establecen.

El otro gran objetivo del proyecto es la calidad y pertinencia, tema que va desde la arquitectura del sistema, es decir, qué se entiende por centro de formación técnica e instituto profesional y los títulos y grados que otorgan. El proyecto no innova respecto de la ley General de Educación (LEGE), es decir, un título de técnico de nivel superior, sigue siendo el de un subprofesional que apoya las labores de un profesional y cuyo único requisito es que cumpla con 1.600 horas de clases. Tampoco innova en la definición de título profesional. Entonces, la naturaleza de las carreras que se imparten sigue siendo la misma.

El sistema de acreditación que se propone establece una especie de interdicción de las instituciones que no alcancen la letra A, ya que las que no queden en letra C van estar intervenidas por el Ejecutivo a través de un administrador provisional y las que no se acreditan deberán cerrar, además, de lo señalado para la categoría C. Por lo tanto, el concepto de acreditación y calidad que establece el proyecto no queda claro, y le preocupa el concepto de estándares cuantitativos, ya que es muy difícil que un Ministerio pueda establecer esos parámetros para todas las carreras e instituciones.

Otro aspecto del proyecto por el que manifestó su preocupación es la ausencia de asumir las transformaciones del acuerdo de Bolonia en Europa, a partir del cual se estableció un marco de cualificaciones en educación superior. Vertebral desde el 2014 ha propuesto al Ministerio que los institutos profesionales den licenciaturas, ya que no se entiende que en el siglo XXI en Chile se mantenga un sistema que los europeos abandonaron hace más de 15 años. Consideró que la categoría de instituto profesional está en riesgo hoy en Chile y que el gran proyecto de reforma a la educación superior no soluciona el gran problema de arquitectura de ese nivel educacional.

El proyecto propone la existencia de un marco de cualificaciones, pero de acuerdo a la experiencia internacional, se generan dudas en relación a dónde debiera estar alojado. Precisó que nace típicamente como una necesidad para alinear el marco formativo con el laboral, debiendo tener un vínculo muy fuerte con éste, ya sea en el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y CORFO y no solo con el Ministerio de Educación. En cualquier caso, para que sea un marco nacional de cualificaciones no puede solo estar circunscrito a la educación superior; de ahí que, el hecho de que esté alojado en una Subsecretaría de Educación, no garantiza que logre su propósito de alinear el mundo laboral en todos sus niveles con el mundo de la formación, también en todos sus niveles.

A mayor abundamiento, hizo presente que históricamente suele quedar sesgado para el mundo universitario tradicional, tal es así que el Ministerio de Educación trabaja en 2 propuestas: una para el sistema universitario y otra para el sistema técnico profesional, que no conversan entre sí, y el temor es que esos marcos sean capturados por el mundo de las universidades, ya que la educación técnico profesional si bien aparece como de primera necesidad para el país, al momento de legislar sucede lo contrario.

Concluyó que los objetivos que el proyecto declara, por el diseño del mismo no se logran, al ser contradictorios con éste. Llamó a discutir si es conveniente que el Estado defina aranceles, vacantes y estándares de las carreras, o en su lugar una certificación de calidad obligatoria, pero no una administración total del sistema.

3. El Presidente Nacional del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (CONIFOS A.G.), señor Juan Matulic Moreno.

El señor Matulic expuso en la sesión 213ª, celebrada el día martes 9 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Propuso que la reforma a la educación superior se divida en dos tiempos. El primer tiempo, ya está ampliamente desarrollado en el proyecto en comento, para el sector universitario. Y el segundo tiempo, debe ser respaldado por un diagnóstico pertinente y necesario para la educación superior profesional y técnica, afirmó.

Destacó que como organización han defendido y sustentado desde sus orígenes el sistema de provisión mixta para la educación superior, y que interpretan que la sociedad chilena avala, ampara y le da confianza que exista un sistema mixto: estatal y privado.

Entendió que la provisión estatal es la capacidad del Estado de crear, administrar y desarrollar instituciones bajo su alero. Sin embargo, el proyecto intenta y se esmera en desarrollar la educación pública a través del sector privado, interviniendo y eliminando la autonomía de los proyectos educativos, sus patrimonios y sistemas de gobierno en pos de un modelo único estatal.

Planteó que la discusión de este nuevo proceso de reforma de la educación superior, levanta más expectativas que las que efectivamente el Estado puede asumir.

En síntesis, realzó los siguientes planteamientos:

1) Contar con un sistema de provisión mixta estatal y privada.

2) Reformar la educación superior en dos tiempos.

3) Crear un sistema de regulación apropiado a los centros de formación técnica e institutos profesionales, que no tiene que partir de una refundación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

4) Considerar que la gratuidad excluye a estudiantes con más necesidades económicas y culturales.

5) El respeto a la autonomía y proyectos educacionales.

6) Insistir en la no expropiar de los patrimonios de las instituciones de educación superior.

7) Mantener las becas de estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales.

8) El abuso de parte del Estado en sacar adelante el beneficio de los estudiantes, constituido por la beca milenio que aún no se paga.

4. El Rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica DUOC UC, señor Ricardo Paredes Molina.

El señor Paredes expuso en la sesión 216ª, celebrada el día martes 16 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Manifestó que la regulación ha sido débil y se debe potenciar la estructura regulatoria, de lo cual existe mucha evidencia. Además, de que el sector técnico profesional debe tener mayor preponderancia en el diseño y en el financiamiento, lo que le resulta clave y hace más consistente el discurso con la realidad, pero no ocurre, aseguró.

Asimismo, apreció en el proyecto una cierta urgencia de mayor participación y provisión estatal de la educación superior, lo que estimó que será negativo si con ello se sacrifica un buen diseño. Además, de cierta urgencia de promover la gratuidad en contraposición de promover el acceso, el que estimó más importante. Urgencias que implican el riesgo de comprometer buenos elementos, ya consensuados, particularmente la provisión de calidad por algunas instituciones; cobertura alta para percentiles menos privilegiados e incipiente integración social, además, de que genera requerimientos de alto gasto que en este momento de estrechez fiscal genera expectativas irrealizables y rigidez de gobiernos corporativos.

En conclusión, señaló lo siguiente:

1) Las diferencias entre instituciones estatales y privadas son redundantes, en el mejor de los casos, o distorsionadoras en el peor, que es el más probable.

2) La fiscalización debe acotarse a dos temas clave: la calidad, abordada en el proyecto con la nueva institucionalidad, y las quiebras (por el abandono a estudiantes), que tiene indicios en indicadores financieros muy claros:

-El lucro, para su fiscalización y cumplimiento de la ley, debe centrarse en pocas cosas: en transferencias en inmuebles y un conjunto reducido de servicios.

-La intervención en transacciones, gobiernos corporativos, generación de información, pueden comprometer innovación, proyectos nuevos, generar costos y rigideces.

3) Debe haber diferencias para limitar los costos innecesarios a instituciones y la sobrecarga del Estado, según el riesgo relevante de las instituciones y eso se relaciona con:

-Aval financiero, recursos e historia.

-Reputación y calidad.

-Innecesaria interferencia en instituciones con autocontrol; focaliza esfuerzo estatal.

TRABAJADORES Y ACADÉMICOS DE UNIVERSIDADES.

1. La Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de las Universidades Estatales de Chile (FENAFUECH), señora María Cristina Castro Pérez.

La acompañaron el Vicepresidente señor René Astudillo Castillo, y el Director de Comunicaciones y RRPP, señor David López Valencia. La señora Castro expuso en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que no se observa una definición que precise lo que se entenderá por universidad pública o sistema de educación superior estatal, perdiendo una gran oportunidad de dirimir, al amparo del principio de diversidad, lo que ha de entenderse por tal.

Respecto de la Subsecretaría de Educación Superior, manifestó que si bien es acertada su creación, las atribuciones de la misma, son en exceso atomizadas, preocupándole la incidencia que ello puede traer respecto a la autonomía de las instituciones de educación superior, principalmente en relación a su autogestión en oferta académica, libertad de cátedra, entre otras.

En cuanto al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior, expresó que respecto a la acreditación institucional asociada a la gratuidad, no queda claro el procedimiento a seguir en aquellas universidades estatales o del G9, ya que la propia iniciativa legal las excluye de la norma que se aplicará al resto de las universidades adscritas al sistema.

En el título VI de la educación superior estatal, precisó que no se observa el compromiso explícito del Estado para con el desarrollo y fortalecimiento de sus universidades, de manera tal que ellas puedan constituirse en un referente de calidad en sus respectivas regiones, que les permita contribuir al desarrollo y compromiso con las necesidades presentes y futuras de ellas y del país.

Existe una contradicción respecto a la aplicación práctica de la autonomía, ya que por una parte se da plena autonomía a las universidades que se adscriban al sistema para la conformación de sus cuerpos colegiados y unipersonales, en cambio en las universidades del Estado, se mantiene el modelo heredado de la dictadura y fortalecido por los gobiernos de la Concertación, al no derogar la ley N° 19.305 (artículo 150 del proyecto), sin perjuicio, de establecer una norma transversal y común, como es, la reelección.

Realzó que en este punto los trabajadores solicitan al Ejecutivo no cambiar su dependencia estatutaria, esto es, continuar adscritos al Estatuto Administrativo y al cumplimiento de lo establecido en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya que por un lado la tradición así lo ha dicho y, por otro, los funcionarios no académicos han sido desamparados; de ahí que algunos beneficios de los funcionarios públicos se les hacen extensivos por encontrarse regidos por dicho Estatuto, generándoles su exclusión un detrimento social y económico.

Finalmente, exigió al Gobierno y parlamentarios entregar claridad respecto del destino del AFD, ya que no está de acuerdo que se redistribuya, especialmente en consideración a que no se sabe qué ocurrirá respecto del lucro en algunas instituciones.

2. El Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile (FENTUECH), señor Sergio Esparza Uribe.

Lo acompañaron el Secretario señor Genaro Arriagada Plaza, y el Tesorero señor Benjamín Collarte. El señor Esparza expuso en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación a la autonomía universitaria, precisó que el estatuto marco contiene normas comunes que contribuyen a impulsar procesos democráticos en el interior de las universidades, eliminando los estatutos de la dictadura.

En materia de relaciones laborales, expresó que el estamento administrativo está en todos los ámbitos de la gestión universitaria, actuando como soporte estratégico de sus actividades, vinculación con el medio, desarrollo de proyectos de docencia, generación de servicios al estudiante, entre otros.

Respecto del financiamiento, llamó hacerse cargo de la deuda histórica que el Estado tiene con sus universidades y el compromiso de financiamiento distinto a la lógica de mercado y de subsidio a la demanda. Al respecto, propuso un aporte basal directo a las universidades del Estado, que permita cubrir gastos de administración y financiamiento variable según planes de desarrollo.

Asimismo, solicitó la creación de un marco regulatorio, que contribuya a reformar la institucionalidad y establecer los deberes y responsabilidades del Estado.

En relación a las relaciones laborales y la fragilidad de los trabajadores en las universidades del Estado, enfatizó que son funcionarios públicos de la administración descentralizada, conforme a la ley N° 18.884 sobre Estatuto Administrativo, con estatutos determinados por decretos con fuerza de ley, en cada universidad.

En materia de remuneraciones, un porcentaje lo entrega el Estado vía aportes basales, más aguinaldos, bonos y otros beneficios de seguridad social, como bienestar, aportes a pensiones, salud, entre otros. El porcentaje mayor lo financia la universidad vía aranceles y otros, pero como las universidades tienen autonomía económica y administrativa, el Estado hoy no es su contra parte.

Teniendo presente lo anterior, propuso la participación de todos los estamentos en las elecciones de las autoridades unipersonales, ya que son estas autoridades sus superiores jerárquicos, con incidencia directa en las materias económicas y administrativas. Asimismo, sostuvo que no aspiran a cogobernar en las universidades, lo que hoy es impensable dado el estado de indefensión laboral y desregulación normativa, pero sí necesitan caminos legales para representar y defender a los funcionarios de su relación con las autoridades de la universidad.

Finalmente, solicitó una frontera claramente delimitada por ley, y específicamente: participación del estamento administrativo en las elecciones de las autoridades unipersonales, en cualquiera de sus formas, y normas comunes para las universidades estatales y mantención del control y fiscalización de la Contraloría General de la Republica, en especial en lo relativo al personal.

3. La Presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales (ANTUE), señora Mónica Álvarez Mancilla.

La acompañó el Secretario General, señor Mauricio Contreras Illanes. La señora Álvarez expuso en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación al fortalecimiento de las universidades regionales, que ANTUE también representa, destacó que el compromiso de este Gobierno fue el fortalecimiento de las universidades estatales, financiamiento con aportes basales y un fuerte apoyo a las universidades regionales; todas, buenas intenciones que no se resguardan en el proyecto y que dejan en una incertidumbre el futuro laboral de miles de funcionarios académicos y no académicos, al ver que la inminente reestructuración será una realidad de no lograr revertir el escenario actual. En este aspecto, estimó vital que el Estado se comprometa con las regiones y otorgue un trato especial a las universidades de educación superior, por el importante aporte que entregan día a día a la formación del capital humano, que permite el desarrollo regional.

En materia de participación y triestamentalidad, precisó que el concepto de “triestamentalidad” se refiere a un modo de organización del gobierno universitario, en el que los tres estamentos organizados de la comunidad universitaria -académicos, estudiantes y funcionarios no académicos- intervienen en el ejercicio de la gestión y gobierno de la institución. A partir del año 1973 el régimen militar eliminó el sistema triestamental de las universidades, y se volvió al sistema de gobierno universitario unipersonal de antes del año 1968. Realzó la necesidad de que el proyecto considere una indicación que resguarde que este será un derecho irrenunciable para todos los funcionarios no académicos.

En relación a las condiciones laborales e igualdad expresó que en su condición de trabajadores no ven que el Estado garantice en este proyecto las condiciones laborales que los rigen como funcionarios públicos tutelados por el Estatuto Administrativo; de ahí que demandó una vez más que el Estado se haga cargo de sus remuneraciones y de la obligatoriedad de que en las universidades estatales exista una política de recursos humanos con equidad de género que contemple una carrera funcionaria dinámica y financiada, cumplir con la proporción de 80/20 de funcionarios de planta y a contrata según lo normado en el Estatuto Administrativo, capacitación pertinente y socializada con los gremios, programas de prevención participativos y controlados, cobertura de sus servicios de bienestar similar al sector centralizado y un sistema de desvinculación permanente.

Finalmente, realzó que como funcionarios públicos, el proyecto de ley de reforma a la educación superior debe hacerles justicia y reparar las inconsistencias que existen en derechos, de los que se les ha excluido permanentemente. Insistió que esta reforma debe contemplar un real financiamiento a las instituciones que permita entregar una educación estatal gratuita y de calidad, contando con sueldos dignos para sus trabajadores, con financiamiento fiscal y obtener todos los beneficios -en igualdad de condiciones- que los demás funcionarios públicos del país.

4. Los Directores del Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas (CONATUCH), el señor Carlos Mancilla Maldonado de la Universidad Austral de Chile, y el señor Daniel Escobar de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Expusieron en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresaron que los elementos centrales del proyecto son los siguientes: la gratuidad condicionada y gradual en base al crecimiento económico del país, además de la mantención de becas y créditos y del CAE. La tipificación del “lucro” será un debate legislativo, que dependerá de la reiteración de conductas, magnitud de la falta, entre otros.

Un nuevo sistema común de acceso para las instituciones de educación superior, sin especificar los instrumentos. La creación de la Subsecretaria de Educación Superior, que administrará el Sistema Nacional de Información. La creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. La creación del Consejo para la Calidad de Educación Superior. La acreditación institucional obligatoria. La creación de la Superintendencia de Educación Superior.

Las universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirían por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas. En cinco años desaparecerán los aportes basales de libre disposición.

Ante este escenario, enfatizaron que su posición en representación de los trabajadores de la CONATUCH es que en la génesis del proyecto no se consideró para nada la propuesta estructural de la educación chilena, ya que no apunta a la discusión de fondo, esto es, un cambio estructural de la educación chilena. Además, no hay definiciones en relación al financiamiento, no identifica aportes basales de libre disposición y la universidad tradicional pública se ve importada por la propia naturaleza de la ley.

Además, se sigue sosteniendo el financiamiento privado para la investigación, extensión, responsabilidad social universitaria y cultura, y que si bien en la democracia universitaria, se esbozan algunos mínimos grados de participación en las universidades estatales para los trabajadores, en las universidades privadas y tradicionales con aportes del Estado no hay ninguna mención.

Finalmente, en el tema empleo y condiciones laborales, no se recoge el fin a la subcontratación, la externalización de servicios y la precarización del trabajo, como tampoco hay claridad respecto a una legislación especial para los trabajadores universitarios chilenos que negocian colectivamente, afirmaron.

5. La Presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), señora Myriam Barahona Torres.

La señora Barahona expuso en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

La Universidad de Chile es una institución de educación superior que en la actualidad se rige por el decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 2 de julio de 2010. Este cuerpo legal señala que una de las características básicas de la universidades es la autonomía, tanto académica, administrativa, como financiera. En este contexto se entiende por autonomía “el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa”.

Sin embargo, este concepto de autonomía de la que gozan las universidades y, en particular, aquellas públicas, no puede ser confundido con la autonomía de la que gozan otros organismos autónomos del Estado, los que se encuentran contenidos en la Constitución Política de la República, tales como el Ministerio Público, el Servicio Electoral, la Contraloría General de la República o el Banco Central.

Es más, la Universidad de Chile es un servicio público creado para el cumplimiento de la función administrativa. Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha sido categórico en precisar la condición de servicio público de la Universidad de Chile. Adicionalmente, está sometida a la jurisdicción de la Contraloría General de la República, en particular, al control de legalidad de los actos administrativos que dicta la autoridad superior del servicio, a la fiscalización de los ingresos e inversiones de la universidad y al examen y juicio de cuentas de los funcionarios de la universidad que tienen a su cargo bienes fiscales.

Expresó que si la Universidad de Chile es un servicio público, entonces se puede colegir con toda lógica que sus trabajadores son funcionarios públicos. En esta línea de pensamiento es evidente la condición de funcionarios públicos que tienen los trabajadores de dicha institución, afirmó.

A pesar de lo señalado en el mensaje, el articulado del proyecto no es explícito respecto de la naturaleza de las universidades estatales, en el sentido de ser servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa ni de sus trabajadores, en términos de ser considerados como funcionarios públicos.

En definitiva, afirmó que si bien el texto del proyecto de ley se refiere a las universidades estatales y tangencialmente a sus funcionarios, éste no es explícito en definir qué es una universidad estatal, en términos de un servicio público ni en reconocer que sus trabajadores son funcionarios públicos.

Entonces, si los empleados de las universidades estatales son funcionarios públicos que tienen la totalidad de las responsabilidades y deberes, es del todo razonable reconocerles los beneficios de los que gozan los demás funcionarios de la Administración del Estado, a saber:

-Participar del reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público en forma mandatoria y no opcional, tal como se ha establecido a la fecha como es, por ejemplo, en la ley N° 20.883. Los recursos necesarios para realizar este ajuste de remuneraciones deberían ser con cargo fiscal, tal como se ha establecido para otros sectores en la misma ley que se aprueba anualmente por el Congreso Nacional.

-Participar de los instrumentos de incentivos salariales para los funcionarios públicos administrados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, tales como los Programas de Mejoramiento de la Gestión y los Convenios de Desempeño Colectivo.

-Recibir los recursos, con cargo fiscal, en los presupuestos de las universidades estatales para destinarlos en forma obligatoria a la capacitación de los funcionarios y funcionarias.

6. El Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Santiago (AFUSACH), señor Genaro Arriagada Plaza.

El señor Arriagada expuso en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que rechazan el proyecto de ley, ya que los gremios de funcionarios participaron de todas las instancias pre legislativas y previamente, realizando seminarios con todos los actores de la educación, tales como rectores, diputados, académicos y también miembros de esta comisión, sin embargo, nada fue recogido por parte del Ejecutivo y, lo que es más grave aun en el caso de los funcionarios, no se les menciona en el proyecto.

Lamentó la falta de voluntad del Gobierno por realizar una reforma estructural al sistema de educación superior, así como la desatención a las demandas de los estudiantes, académicos y funcionarios de las universidades estatales, quienes se han expresado en los diversos espacios que el Ministerio de Educación ha generado para la discusión del tema.

En materia de democratización universitaria, precisó que el proyecto constituye un retroceso al establecer pisos de participación triestamental en órganos colegiados inferiores a los que las propias comunidades han definido en sus nuevos proyectos de estatutos orgánicos y al negar la participación en la elección de autoridades unipersonales.

Observó con profunda preocupación la intencionalidad del Gobierno por politizar el rol de las universidades del Estado, al definir un órgano colegiado superior constituido en alto porcentaje por representantes del Gobierno. Estimó que la soberanía de las universidades descansa en sus propias comunidades y sus decisiones, que si bien deben estar alineadas a los intereses de la sociedad y del país, deben ser independientes de los intereses políticos de un gobierno de turno.

El proyecto no contempla ningún artículo relacionado con la carrera funcionaria. En el caso de la Universidad de Santiago, no existen políticas de recursos humanos que regulen tanto el ingreso como el desarrollo de una carrera funcionaria, lo cual, consecuentemente, debe estar regulado por el Estatuto Administrativo, situación que no está normada, excusándose en la autonomía universitaria.

Estimó que el proyecto de ley mantiene una lógica mercantil, al considerar la gratuidad como beca y no como un derecho social, al ignorar la necesidad de fortalecer la educación superior estatal, sin subsanar la deuda histórica que el Estado posee con las universidades estatales, las cuales producto de una política privatizadora, en los últimos años han visto mermado su patrimonio y sus posibilidades de crecimiento al servicio del país.

La precarización laboral expresada en contratos inestables para el personal docente -más del 70% son profesores por horas que se encuentran a contrata u honorarios-, la masiva condición de “a contrata” del personal administrativo -que los expone anualmente a ser desvinculados sin un sistema de indemnización por años de servicios-, la falta de una carrera funcionaria y el subcontrato, son las expresiones más negativas del modelo capitalista aplicado a las relaciones laborales del sistema estatal universitario.

Por último, sostuvo que la calidad de la educación superior sólo puede lograrse con un proyecto que garantice condiciones dignas para quienes hacen la educación superior, es decir, sus trabajadores.

7. La Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), el Prosecretario, señor Patricio Mancilla; la Protesorera, señora Gloria Jara, y el Tesorero, señor Mario Ulloa Martínez.

Expusieron en la sesión 214ª, celebrada el día miércoles 10 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En materia de Sistema de Aseguramiento de la Calidad, valoraron las nuevas instituciones que crea el proyecto y que cuentan con atribuciones claras con las cuales fiscalizar y orientar al conjunto de las instituciones de educación superior, con un énfasis en la calidad de la enseñanza y estableciendo la acreditación obligatoria. Sin embargo, se continúa regulando el mercado de la educación superior, mas otorgaría mejores espacios para la educación pública.

En materia de financiamiento señalaron que se deben aumentar las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia propuestas en el proyecto e incluir penas especiales que sancionen adecuadamente a quienes defrauden la ley. Asimismo, enfatizó que se no se puede continuar el crédito con aval del Estado (CAE), porque establece privilegios para las instituciones de educación superior que van en detrimento a la matrícula de las instituciones públicas.

Respecto del marco regulatorio o cuerpos normativos en instituciones de educación superior con aportes del Estado, apuntaron que el proyecto solo garantiza la presencia en cuerpos normativos colegiados en las instituciones estatales y llamó a que en las instituciones privadas existan cuerpos normativos democráticos conformados por sus estamentos.

En relación a la propuesta del Ejecutivo para transferir recursos directos desde el Estado a instituciones privadas no tradicionales, con el argumento de que si estas adhieren a la gratuidad perderán recursos por los aranceles regulados y, por ello, el Estado debe entregarles fondos para amortiguar dichas perdidas, enfatizó que se deben destinar recursos a fin de planificar una expansión de la matrícula estatal, establecer mayores y mejores procesos de cierre de la instituciones de educación superior y dar mayores atribuciones al sector estatal, que le permitan absorber matrícula privada, garantizando el derecho a la educación.

En materia laboral solicitaron que por ley se fijen las plantas de esta nueva institucionalidad por el Congreso, ya que la facultad que se delega en la Presidenta es nominal, debiendo modificarse todos aquellos artículos que apliquen potestades de decretos con fuerza de ley.

Pidieron que se aplique el Estatuto Administrativo por la calidad estatal de las nuevas reparticiones, y que todo funcionario del Ministerio que sea traspasado a estas nuevas entidades sea bajo el régimen de sin solución de continuidad, con todos sus derechos adquiridos.

En el caso de la Superintendencia, debe asimilarse al grado más cercano de la escala única de sueldos, pero que no signifique detrimento de remuneraciones, y que para la fijación de plantas se ciña al artículo 10 del Estatuto Administrativo, tendiente a dar estabilidad y generar una futura carrera funcionaria en ambas entidades. Por lo tanto, se debe suprimir el numeral 5° de artículo quinto transitorio.

Para la Subsecretaría de Educación Superior, respecto del traspaso de funcionarios desde la Subsecretaría de Educación y de la propia DIVESUP, exigió la voluntariedad de los funcionarios, y la realización de concursos internos para aquellos cupos no provistos, y que al personal traspasado se le permita seguir perteneciendo al Servicio de Bienestar del Ministerio y a su Asociación de Funcionarios. Además, solicitaron hacer extensiva esta figura también a quienes fueron traspasados a la Subsecretaría de Educación Parvularia.

8. El Secretario de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago (ASOACAD-USACH), señor Nelson Carrasco Ramos.

El señor Carrasco expuso en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Mostró preocupación por el artículo 150, que trata sobre la elección de rector, donde el catastro a nivel nacional indica que la mayoría de los rectores están ejerciendo sus cargos por al menos 3 periodos, habiendo un caso por seis periodos. La legislación vigente ha dado lugar a abuso y corrupción y, en el caso de su universidad, de la exoneración de personal académico discrecionalmente, sin evaluación. A diferencia de los rectores delegados, estos rectores se han reelegido por varios periodos.

Asimismo, los gobiernos centrales han sufrido una hipertrofia importante, en desmedro de las unidades académicas y el sistema ha contribuido a fomentar el clientelismo, de ahí que estimó indispensable impedir la reelección del rector, al menos en periodos sucesivos, y que la reelección se sujete a ciertas condiciones específicas. Estimó que debe modificarse la ley N° 19.305, de 1994, para permitir la elección de académicos sin título profesional.

En cuanto al Consejo Directivo, sostuvo que este cuerpo colegiado no solo no debe estar presidido por el rector, quien debe ser fiscalizado por dicho Consejo, sino que debe fortalecerse la independencia y empoderamiento del mismo, disponiéndose que el rector no tenga derecho a voto.

En relación a los estatutos de las universidades estatales expresó que se habla de un órgano colegiado normativo. Al respecto, pidió que se encuentre compuesto por académicos incluyendo académicos contratados por horas de clases por un porcentaje de un 65% e incluir al personal académico a contrata, estudiantes, administrativos y profesionales por el 35% restante.

A continuación, reflexionó acerca del concepto de autonomía, que en 1971 alcanzó rango constitucional en el artículo 3° de la Carta Fundamental de la época, que prescribió. Expresó que debe reflexionarse acerca de que si ese concepto de autonomía entendido en un contexto histórico totalmente distinto al actual, en el que la educación superior no estaba constituida por la variedad de instituciones existentes hoy, debe extenderse o aplicarse de manera invariable a todas las instituciones de educación superior actualmente vigentes.

Luego, catalogó al artículo 143 que crea una creación de una red de instituciones de educación superior estatales como insuficiente. En su lugar o bien como complemento, propuso crear un Consejo de Rectores de universidades estatales y revisar la pertinencia de mantener el actual CRUCH.

En relación al financiamiento institucional para la gratuidad contenido en el artículo 157, letra d), le pareció importante revisar la condición de gratuidad para las instituciones, ya que genera un conflicto entre ingreso versus permanencia, no logrando la gratuidad su objetivo para algunos alumnos. A su juicio, la gratuidad debe extenderse por un año adicional a la duración de la carrera como una forma de reconocimiento de las falencias con que ingresan los alumnos.

En materia de política de recursos humanos, expresó que la ley debe dar orientaciones sobre esta, en particular, y precisar la proporción de cargos de planta y contrata.

9. El Presidente de la Asociación Nacional de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH), señor Héctor Díaz Bórquez.

El señor Díaz expuso en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El Estado y sus universidades. Expresó que el sistema universitario estatal ha significado para el país una gran herramienta que ha beneficiado el desarrollo de todos los sectores y un gran factor de promoción social. Respecto a este tema, manifestó su preocupación por cuanto el proyecto no aborda con la claridad y profundidad, la relación que el Estado tendrá en el futuro con sus universidades, ya que desde la década de los 80, se ha visto un paulatino desmarque del Estado en términos que ha reducido notablemente el aporte económico.

En consecuencia, es una imperiosa necesidad garantizar el respaldo económico de las instituciones (aportes basales) y que estos sean garantizados en el largo plazo, como única forma de que la creación artística y cultural, el desarrollo científico, el cultivo de las ciencias exactas y la necesaria extensión hacia la comunidad, entre otras acciones que caracterizan a una universidad, puedan escapar de los avatares del sistema productivo actual y el modelo económico vigente.

Participación de las comunidades universitarias en la gestión. En la reforma de la educación superior de los años 80, se produjo un fuerte retroceso en la participación de los diferentes estamentos universitarios en la gestión y gobernanza de las universidades. El proyecto debe incorporarlo, lo que implica que es necesario normar la forma y los mecanismos para que paulatinamente la gestión institucional sea abordada por todas las fuerzas que las componen, es decir, se debe considerar la participación triestamental: académicos, estudiantes y personal no académico. A mayor abundamiento, se debe discutir en torno a los niveles a los cuales las organizaciones de las comunidades universitarias accedan, entre la cuales se deben distinguir participación en la gestión institucional y en la elección de autoridades.

Aporte del Estado a universidades privadas. Expresó que se trata de un tema muy complejo. La Constitución garantiza que el Estado debe respaldar económicamente a los planteles que contribuyen en la educación, en este caso formando profesionales de este país. Llamó la atención de que en el proyecto se ponga el énfasis en la creación de un sistema de educación superior destinada a formar profesionales universitarios, y por una parte totalmente separada la formación técnico profesional. Es necesario unificar ambas acciones si el interés es dar forma a un sistema de educación superior en el cual todos estén de acuerdo en apoyar.

Acreditación de instituciones de educación superior. En el proyecto se especifica que las únicas formaciones o carreras profesionales que están obligadas a acreditarse en cualquier universidad ya sea estatal o privada, son las pedagogías, medicina y los doctorados, medida que consideró insuficiente, por cuanto en los desempeños profesionales se aprecia, cada vez con mayor frecuencia, el trabajo colaborativo de personas con distintas profesiones y,o formación técnica.

Acceso a las universidades del Estado o de aquellas que reciben aportes de éste. Se debe garantizar que el beneficio de una educación financiada por el Estado sea obtenido a través de un sistema de ingreso trasparente y en igualdad de condiciones, aplicable a todos los que la reciben, lo que impone que se estudie en profundidad sus modificaciones y la selección de aquellos elementos que aseguren que las competencias de los postulantes sean acordes con los requerimientos de la educación superior.

De hecho, parece ser que un sistema que incluya la medición de diversas competencias del postulante es el más apropiado y no solo el medir contenidos que no siempre auguran un adecuado desarrollo académico en la educación superior. Es decir, es necesario pensar en un sistema donde se midan distintas aptitudes y que sea elaborado por académicos, lo que asegurará la utilidad de las aptitudes que se deben medir.

10. El Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (FAUECH), señor Carlos Gómez Díaz.

El señor Gómez expuso en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Estimó que, al menos, debería incluirse los siguientes elementos en el proyecto de ley:

1. En materia de acceso, es necesaria la creación de un sistema común y obligatorio para todas las instituciones de la educación superior y un sistema único de información sobre la oferta académica de dichas instituciones, debidamente actualizado y de fácil comprensión para un ciudadano promedio. Asimismo, debe considerar la creación de un sistema de ingreso diferenciado para los egresados y titulados de la enseñanza media técnico profesional y de aquellos alumnos que provienen del mundo del trabajo, a través de la aplicación de reconocimiento de aprendizajes previos formales e informales.

2. En materia de institucionalidad, el sistema requiere de una institucionalidad estatal que facilite su organización y la articulación de sus políticas públicas, y que garantice el cumplimiento de sus fines y principios, así como de las normas comunes que debe tener el sistema. La Subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior, junto con el Marco Nacional de Cualificaciones y la nueva Agencia de la Calidad, que reemplace a la CNA, son un importante avance en la materia. Se debe dar especial énfasis en que la Subsecretaría de Educación Superior, en su estructura interna, tenga igualdad de trato para la formación técnica, creando al igual que para la educación universitaria una división responsable de las políticas y de procesos de implementación, así como de la evaluación de ellas.

3. Respecto de las instituciones del Estado, urge aumentar la matricula estatal anual de un 10% a 15% en el corto plazo, además de incentivar programas para la retención de estudiantes y favorecer la articulación entre las futuras agencias locales, el sistema de centros de formación técnica y universidades estatales. Se requiere establecer una política de gestión de personas, acorde con su condición de instituciones estatales, de gestión de las condiciones laborales de cada institución: procesos de ingreso, perfeccionamiento, evaluación de desempeño, y salida del sistema de sus integrantes, entre otros. Se deben introducir modificaciones y sugerencias a los procesos de gobernanza y participación de los estamentos de académicos, funcionarios no académicos y estudiantes en todos los niveles de la gestión institucional y académica.

4. En relación al financiamiento, el proyecto no cambia la lógica del actual sistema de mercado y lucro, siendo imperativo crear una nueva estructura de financiamiento, que combine aportes basales para la docencia e incorpore variables que permitan la investigación y la vinculación con el medio y todos aquellos ámbitos necesarios del funcionamiento de una institución del Estado. Propuso un financiamiento total a la oferta estatal, y otorgar especial apoyo y fortalecimiento financiero a las universidades estatales y del Cruch de regiones, creadas por ley o reguladas, subordinada a las leyes del Estado en la materia, y de los centros de formación técnica estatales en proceso de instalación. Las instituciones privadas que pretendan financiamiento estatal deben constituir fundaciones sin fines de lucro, respetar y participar del sistema único y obligatorio de acceso y su sistema de información, así como de la obligatoriedad de los procesos de calidad que determine la ley.

5. Respecto de la gestión de la calidad, se requiere avanzar hacia un sistema de aseguramiento de la calidad obligatorio para todas las instituciones de educación superior a cargo de una agencia estatal, siendo necesario definir estándares mínimos de funcionamiento, que garanticen sustentabilidad, calidad y pertinencia. Las dimensiones que debe evaluar la calidad son la organización, estrategias y recursos de la institución; el sistema de aseguramiento interno de la calidad; la formación de pregrado y posgrado; la investigación e innovación; la vinculación con el entorno regional, nacional e internacional; los mecanismos e instancias de participación de sus estamentos en la gestión institucional; la coherencia y satisfacción de sus estamentos con la implementación de la política institucional para la gestión de sus funcionarios académicos y no académicos; la coherencia y articulación de su oferta académica con las necesidades del desarrollo nacional y regional; la articulación horizontal y vertical, que permita la movilidad de estudiantes entre carreras, instituciones e incluso entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y la creación de un Marco Nacional de Cualificaciones.

11. La Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (FENAPTUECH), señora Betsy Saavedra Flores.

La señora Saavedra expuso en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación a la institucionalidad actual, precisó que los estatutos orgánicos de las universidades se encuentran obsoletos, porque no establecen principios orientadores; establecen una forma de gobierno universitario que no separa las facultades normativas, ejecutivas y fiscalizadoras; concentran el poder en una minoría de académicos; cuentan con órganos colegiados superiores con carácter consultivo y asesor; cuentan con la participación de los estamentos administrativos y estudiantil sin derecho a voto en órganos colegiados en la mayoría de las universidades, y el rol fiscalizador interno es débil y dependiente de las autoridades unipersonales (contraloría universitaria y fiscales). En consecuencia, hay un control insuficiente dentro de las universidades.

Existe un rol insuficiente de la Contraloría General de la República, por cuanto carece de potestad sancionatoria y existen fundaciones y entidades privadas relacionadas fuera del control. También se produce un incumplimiento del estatuto administrativo, especialmente en lo que dice relación con el número de funcionarios a contrata de una institución, que no puede exceder de una cantidad equivalente al 20% del total de los cargos de la planta de personal de ésta.

Las consecuencias de la actual institucionalidad, que mal entiende el concepto de autonomía universitaria, confundiendola con libertinaje y falta de control, que ha dado lugar a delitos económicos. Sin perjuicio, de los problemas por sobresueldos, el subcontrato y “subcontrato encubierto”, que se refiere a los trabajadores a honorarios y a contrata. Además, no hay procedimientos que regulen el acoso laboral y sexual que afecta a estudiantes y profesionales, y la judicialización de problemas laborales, el hostigamiento sindical y gremial, la falta de una política de recursos humanos y la existencia de funcionarios desmoralizados e indefensos.

Sugirió que exista una política de recursos humanos común, y un reglamento general para el estamento académico y para el estamento administrativo de las universidades del Estado, en los cuales se establecerán las normas que regirán para el ingreso, evaluación, capacitación, desarrollo, promoción y retiro del personal.

Por su condición de institución pública comprometida con los derechos sociales de los ciudadanos del país, las universidades del Estado, no deberían aplicar figuras contractuales que precaricen las condiciones laborales de sus trabajadores, velando siempre por la estabilidad de éstos y el derecho a un sistema de previsión social.

En ese sentido, propuso que quienes cumplan funciones por más de tres años en condición de honorarios, subcontrato y,o contrato a través de entidades relacionadas, y verifiquen los requisitos de ingreso que establece el estatuto administrativo, se entenderá que realizan funciones de carácter permanente y deberán ser traspasados a la planta. Asimismo, debe existir un sistema de indemnización por años de servicios para quienes se desempeñen en condición de contrata. Adicionalmente, todo funcionario que tenga título profesional tenga derecho a percibir asignación profesional.

Finalmente, propuso mejorar la fiscalización de las universidades estatales, mediante la existencia de un contralor universitario elegido mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, siendo su elección y remoción independiente del rector y de las autoridades unipersonales y su dependencia del máximo órgano colegiado superior.

12. Los Voceros de la Coordinadora de Académicos por la Universidad Pública (CAUP), señor Rodrigo Karmy Bolton y señora Elizabeth Collingwood-Selby, de la Universidad de Chile.

Expusieron en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación al concepto de pertinencia de la universidad pública, manifestó que desde su concepción republicana como contribución de actividades académicas adecuadas al medio social en las cuales ella se desarrolla, pero sin mellar un espacio de “autonomía” crítica de los saberes, sean estos religiosos, políticos y,o económicos. Por el contrario, la concepción corporativo financiera enfatiza la orientación de las actividades académicas al desarrollo del país entendido exclusivamente como rentabilidad económica y, por lo tanto, de una universidad orientada en su actividad a satisfacer únicamente las exigencias del mercado.

En este marco, se ve con preocupación el proyecto de educación superior, toda vez que consolida el modelo corporativo financiero en contra de la pertinencia del carácter republicano de las universidades públicas. En tal sentido, el proyecto no soluciona, sino que agrava la crisis del sistema de universidades públicas y, en consecuencia, resulta central la discusión sobre el sentido, identidad y estatuto de las universidades públicas en la actual coyuntura, pues lo que está en juego no se restringe a un asunto meramente económico, sino que constituye un asunto por sobre todo político que plantea la exigencia de un cambio del paradigma desde el cual se ha mirado a la universidad pública desde la dictadura.

En cuanto a la política de financiamiento de la universidad pública, las universidades estatales o públicas se han visto tensionadas internamente entre una lógica estatal nacional, que les asigna la misión histórica de constituir un espacio público fundamental de pensamiento crítico y producción del conocimiento, sobre la defensa de la educación como un derecho social; y la mencionada lógica corporativo financiera que restringe su misión a la simple capacitación de individuos al mercado de trabajo, alejándose de la definición como derecho social, para instituirla como derecho privado, cuyo ejercicio depende exclusivamente de la capacidad de pago de cada individuo.

En este contexto, el actual proyecto no hace más que consolidar el “modelo” corporativo financiero de los últimos treinta años, bajo el argumento de la “gradualidad” que, desde el principio, no explicita lo que se propone lograr, manteniendo así sus lógicas fundamentales. En la iniciativa, la persistencia de la concepción de la educación como un bien de consumo se pone de manifiesto en la preservación de dos mecanismos constitutivos del modelo vigente en relación a las universidades públicas y que funcionan como correa de transmisión de recursos públicos a privados: el voucher (subsidio a la demanda) y el CAE.

En este sentido, el CAE y la gratuidad parcial y gradual mantienen sin modificación el esquema de mercado y su deducción de lucro, que no se restringe únicamente a las instituciones privadas, universidades, institutitos profesionales y centros de formación técnica, afectando gravemente la misión y orientación de la educación superior, en la medida en que la subordina a la lógica del auto financiamiento promovida por el modelo corporativo-financiero.

Respecto del principio de autonomía de la universidad pública, ella no puede restringirse a las universidades públicas, sino al concepto mismo de universidad: su carácter implica esa autonomía, a diferencia de los institutos profesionales y centros de formación técnica, que están directamente orientados hacia competencias específicas vinculadas al mercado laboral, la universidad implica procesos autónomos respecto de la demanda del mercado y, por tanto, condiciones distintas a los centros de formación técnica e institutos profesionales.

A diferencia de una universidad de carácter privado, la universidad pública tiene la característica de “no tener dueño”, y que no es simplemente “propiedad” del Estado, sino que constituye parte activa de éste, como una instancia reservada al cultivo de la reflexión crítica y del conocimiento general de todos los saberes.

Lo que se requiere no es un proyecto de educación superior que consolide el modelo corporativo financiero, sino uno que fortalezca la educación pública como tal, que para su construcción cuente con la participación de las mismas comunidades nacionales y regionales. Hay que pensar más allá del mercado y entender que una universidad pública se basa, de manera irrenunciable, en el principio de autonomía y que dicho principio resulta incompatible con la lógica mercantil que el proyecto pretende consolidar actualmente. La apuesta por una universidad pública no pasa por pedir más o menos financiamiento, sino por cambiar totalmente los paradigmas que se han venido implementando.

13. La Presidenta y el Director de la Asociación de Académicos de la Universidad Diego Portales, señora Sofía Salas y señor Eduardo Sabrovsky.

Expusieron en la sesión 217ª, celebrada el día miércoles 17 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Se refirió a algunas ausencias en el proyecto de ley, señalando que no se desarrolla de manera adecuada el tema de calidad, por ejemplo, cómo se mide, cuáles son los principales indicadores, entre otras.

Tampoco se ha dimensionado el potencial impacto que tiene para la institución de educación superior que el primer año de demora en la titulación implique un costo adicional para la institución, puesto que el proyecto contempla que dicho año debe ser financiado en un 50% por el mismo estudiante y el remanente por la institución. Destacó que son las instituciones privadas las que tienen mayor proporción de estudiantes que merecen gratuidad, los que muchas veces son más vulnerables desde el punto de vista académico (no por falta de condiciones personales para el estudio, sino que por inadecuada preparación en sus colegios de origen). Esto puede significar presiones para evitar el impacto económico de una eventual repitencia hacia la institución.

Del mismo modo, el proyecto de ley no desarrolla la necesaria integración vertical de los estudios de educación superior que permitan a los estudiantes articular sus estudios, transitando desde educación técnica hacia educación universitaria, con créditos intercambiables u otro sistema.

Efectuaron las siguientes propuestas al proyecto:

1. La legislación debiera distinguir tres sectores: estatal, público no estatal, y privado, para cada uno de los cuales debiera establecer criterios objetivos de calidad y formas de evaluación de su cumplimiento. En el caso de las instituciones públicas no estatales, estos criterios debieran comprender los siguientes aspectos: estatuto legal como fundación o corporación estrictamente sin fines de lucro; estatutos que aseguren la total autonomía académica, separando la propiedad formal de la institución de su gestión académica; carrera académica; participación de académicos y estudiantes; investigación, y acreditación.

2. El proyecto debiera ser considerado por etapas, de modo de legislar, en primer lugar, acerca de los organismos de regulación y control; y ser modificado significativamente, de modo de reconocer y regular la existencia del sector de universidades públicas no estatales, incentivando además la existencia de un sector que ha dado muestras de una capacidad no menor para la creación de conocimiento y de bienes de índole pública.

3. El proyecto debiese ser más claro en desarrollar los estándares de calidad exigibles a una universidad compleja, independiente de cuál sea su origen (estatal o privado) y también debe desarrollar un sistema que determine quiénes cumplen estos requisitos, que sea transparente y libre de todo fin secundario:

-Un criterio mínimo se refiere al desarrollo de una carrera académica, establecido en un estatuto objetivo que regule la vida académica.

-Estructura participativa de gobierno. Una universidad demanda que su destino académico esté en las manos de quienes “hacen universidad”, por lo que debe avanzarse en una estructura de gobierno que permita que académicos y estudiantes, participen de la determinación del rumbo académico de la misma. En ese sentido, es posible separar la administración financiera de la universidad de la administración académica de la misma.

-Desarrollo de investigación, como parte del bien público que debiesen cumplir todas las instituciones de educación superior que aspiren a ser reconocidas como universidades. Indicadores objetivos de tasas de titulación y deserción.

4. El proyecto debiese contemplar una forma de financiamiento para las instituciones de educación superior que accedan a la gratuidad, que les permita a todas las instituciones que cumplan con los requisitos de calidad necesarios, acceder a financiamiento que les permita desarrollarse en plenitud, para que así más instituciones puedan cumplir con el fin público propio de una universidad.

RECTORES DE UNIVERSIDADES.

1. El Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Valle Acevedo.

El señor Valle expuso en la sesión 219ª, celebrada el día lunes 29 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló, en conclusión, lo siguiente:

1. La reforma a la educación superior es, con todos los problemas que ha tenido, una necesidad fundamental. No es necesario ser un contestatario, para señalar que la mercantilización extrema de la vida social ha llevado a desigualdades y conflictos graves que ponen en peligro las bases culturales y cívicas de la democracia. Por lo mismo, una reforma que reconstruya la función social de la educación es imprescindible, pues ésta puede y debe hacer una contribución sustantiva al sentido y valor de las instituciones democráticas.

2. El proyecto carece de una visión integral de la complejidad de un sistema de educación superior, que -como todos saben- no reduce su función a la docencia de pregrado ni puede hacer depender su estructura y funcionamiento de una sola política pública, ciertamente valiosa y necesaria, como es la gratuidad. Ello se explica simplemente, porque los referidos sistemas deben contar con instituciones -no solo estudiantes- que aseguren formación de postgrado, investigación en las distintas áreas del pensamiento y del saber, vinculación con los entornos productivos y capacidades para contribuir a la esfera de deliberación pública.

3. Al no considerar un espacio de colaboración pública que permita reconocer la contribución que hacen las instituciones no estatales al desarrollo del sistema de educación superior, se establece una equivalencia nociva entre tales instituciones que puede afectar gravemente la solidez de universidades que hacen un valioso aporte en calidad y complejidad al sistema.

4. El modelo de financiamiento público, si bien contiene aspectos positivos -como una mayor regulación pública- en sus ideas matrices proyecta y consolida la actual fisonomía de la educación superior chilena. Si lo que se pretende es un financiamiento estatal solo por la vía de fijar un “precio unitario” o arancel regulado por docencia, sin distinguir el carácter y fines de la institución, se transformará al Estado en un mero comprador de servicios docentes. Lo que hace, al final, es crear un sistema subvencionado, que incluye a las estatales, para responder a las necesidades de la cobertura.

5. Al crear un subsector particular pagado, libre de restricciones regulatorias de matrícula y arancel, pero con financiamiento público por la vía del Crédito con Aval del Estado, la reforma viene a institucionalizar y promover un proceso de segregación elitista que contradice el propósito de integración social y de cohesión simbólica y cultural que el Estado mediante sus políticas públicas y los instrumentos correspondientes debe promover.

6. Consideró que este proyecto de ley si no incorpora modificaciones sustantivas en las materias señaladas en esta minuta no logrará los propósitos que se declaran y comprometen en el Mensaje Presidencial contenido en el referido proyecto. Ello por sí mismo daría lugar a una inconsistencia política de origen que dañaría gravemente la legitimidad y la eficacia social de la reforma a la educación superior.

2. En representación de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), el Rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, señor Claudio Ruff Escobar.

El señor Ruff expuso en la sesión 219ª, celebrada el día lunes 29 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sintetizó su presentación del siguiente modo:

1. Equidad e inclusión.

Manifestó preocupación respecto a la instalación de un sistema único de acceso que, en definitiva, puede operar como un mecanismo de selección, cuyos márgenes estarían determinados por la disponibilidad de recursos para financiar a los estudiantes. Se estaría, de hecho, estableciendo un sistema único de selección que, dado las profundas inequidades de la sociedad, beneficiaría a los grupos de mayor nivel socio cultural, en desmedro de los sectores más vulnerables.

2. Calidad.

La CUP comparte y apoya la obligatoriedad de la acreditación. Estimó que es un mecanismo que, apropiadamente aplicado, contribuye significativamente a mejorar la gestión, la docencia y a instalar una cultura de calidad en las instituciones. Todos quienes se han sometido a procesos de acreditación saben que se trata de un proceso complejo y exigente, que se aprecia y valora por lo que significa para el desarrollo de las propias instituciones: el proceso de autoevaluación promueve una mirada crítica en la que participa toda la comunidad, se detectan fortalezas y debilidades y se establece un plan de mejora.

La Comisión Nacional de Acreditación, transformada en Consejo para la Calidad, pierde su autonomía y se convierte en un servicio público descentralizado. Se establece que será la Subsecretaría de Educación Superior, en consulta con el Consejo para la Calidad y el CNED, la que fijará los criterios y estándares de calidad. Por lo tanto, a través de la fijación de criterios y estándares, en un escenario de acreditación obligatoria, la Subsecretaría de Educación influirá decisivamente en el diseño institucional, afectando la diversidad del sistema y restringiendo significativamente la autonomía de las instituciones.

La acreditación, en este diseño, es más un mecanismo de fiscalización regulatoria y sanción que un instrumento de acompañamiento a las instituciones, en un proceso de mejora continua de la calidad, que es la característica fundamental del concepto mismo de acreditación, que es muy diferente a una auditoría, como parece desprenderse de algunos artículos del proyecto.

3. Complejidad y aranceles.

La conceptualización, que ha sido planteada como universidades complejas, no responde a la realidad del país, ni a lo que ocurre en los países desarrollados, porque el país requiere universidades que hagan investigación de nivel internacional, pero no es posible exigir que todas lo hagan, porque no existen los recursos humanos ni financieros para lograrlo. Las instituciones orientadas a la docencia, con algunas pocas áreas de investigación, son la mayoría en los sistemas de educación superior en casi todos los países, con denominaciones que responden a sus objetivos y también a la cultura del país.

Por otra parte, la exigencia acerca de desarrollar investigación científica, resulta contradictoria con establecer un sistema de fijación de aranceles que se basa solo en costos de docencia, y cuyo resultado podría ser reducir los ingresos de las instituciones, a juzgar por lo ocurrido este año con la gratuidad.

4. Regulación e institucionalidad.

Manifestó que estima importante definir con claridad cuáles son las actividades prohibidas y permitidas, especialmente en relación a contratos con relacionados. La creación de una Superintendencia que vele por el cumplimiento de la normativa en esta dimensión es importante. Los recursos públicos, que son aportados por todos los chilenos, deben ser utilizados en los fines para los que fueron destinados; en ese sentido, la Superintendencia debe tener mecanismos de control, junto con partir de la experiencia de lo que hoy realiza, con rigurosidad y profesionalismo, la Comisión Ingresa. No es cierto que actualmente no existan controles en materia del uso de los recursos transferidos por becas y créditos a los estudiantes, o por proyectos de diferentes organismos públicos.

Todas estas regulaciones deben equilibrarse con la necesidad imprescindible de salvaguardar la autonomía de las instituciones en el ámbito administrativo y financiero, junto con evitar la superposición de las atribuciones de las diferentes agencias estatales que se establecen.

5. Organismo articulador del sistema universitario.

Tratándose de un proyecto de reforma de la institucionalidad se echa de menos la consideración de un espacio de articulación en el que participen todas las instituciones acreditadas.

6. Atención preferente a las universidades estatales.

Manifestó que resulta muy clara la lógica, que se expresa en la experiencia comparada, de la existencia de un trato especial a las universidades del Estado, a las cuales se les asigna en su calidad de tales acciones especiales, junto con la creación de un fondo público con este propósito. Eso requiere dar cuenta del cumplimiento de tales encargos, en un proceso de asignación de los recursos hecho con transparencia y estableciendo mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Sin embargo, el proyecto restringe la autonomía, la diversidad y las posibilidades de innovación y especialización.

3. El Rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña González.

El señor Peña expuso en la sesión 219ª, celebrada el día lunes 29 de agosto de 2016.

Señaló que la arquitectura institucional del sistema en su conjunto es acertada, ya que cubre todos los aspectos para una buena regulación del sistema. Concibió una Subsecretaría como un órgano encargado de generar políticas de educación superior y no de control, que competen al Consejo de Aseguramiento de la Calidad y,o a la Superintendencia de Educación Superior. La labor de una Subsecretaria es más bien gubernamental.

Respecto de la Superintendencia de Educación Superior, afirmó que se trata del aspecto técnicamente mejor logrado del proyecto. Una Superintendencia tiene por objeto controlar la sujeción de las instituciones a la ley y, en esa medida, la consideró bien diseñada, particularmente en las labores de control y supervisión financiera de las instituciones de educación superior, que ha sido una de las materias que ha aquejado a la educación superior chilena en el último tiempo. Llamó a desmembrar el proyecto, iniciado su estudio con un proyecto que legisle exclusivamente sobre la Superintendencia.

En relación al Consejo de la Calidad, estimó que es la parte menor lograda e innovadora, la que más se apega al diseño hoy vigente y provista de menor audacia e imaginación política. En definitiva, reitera la actual CNA, categorizando los estratos de acreditación de la institución. No hay innovación, ya que buena parte de lo que contempla ya se había logrado en la práctica.

En materia de institucionalidad de las universidades estatales, el proyecto es francamente deficitario, no logra configurar un subsistema de universidades estatales que alcance preponderancia en el sistema, como lo fue antaño, antes de 1981, donde había un sistema mixto pero con preponderancia de las instituciones estatales. Expresó que esperaba que el proyecto procurase recuperar esa fisonomía histórica, consistente en un sistema de provisión mixta, con preponderancia y hegemonía de las universidades estatales.

Recordó que el sistema está compuesto por más de 60 universidades, la mayor parte de ellas privadas, creadas con posterioridad a 1981. Casi todas las cuales persiguen intereses particulares, sin embargo, el sistema no puede ser la mera suma de esos intereses, por lo tanto, el sistema requiere una estructura que lo guíe, que sea predominante y que asegure el interés público en su conjunto. El modo de corregirlo es crear un subsistema fuerte de universidades estatales que el proyecto se rehúsa a realizar, pese a que lo enuncia.

En relación a la forma de gobierno de las universidades estatales, expresó que nuevamente hay un error que consiste en la excesiva predominancia del Ejecutivo en la conformación de sus juntas directivas, lo que plantea un severo problema de autonomía. Destacó que las universidades no tienen dueño, son históricamente corporaciones autónomas, son personas jurídicas o morales, sujetos de derecho y no objeto de propiedad; de modo que sostener que en razón de que el Estado es “dueño” de las universidades públicas o estatales, tiene derecho a tener una junta directiva compuesta en su mayoría por personas designadas por él, es un grave error.

En cuanto a la institucionalidad de las universidades privadas, especialmente las creadas después de 1981, subrayó que en esta materia el proyecto está bien concebido, ya que básicamente entrega el gobierno y control al consejo superior, “board”, junta directiva u otro órgano colegiado similar. Estimó correcta esta fórmula, ya que siempre ha pensado que si se organizaran estas universidades a cargo de un consejo externo conformado por rectores independientes y personalmente responsables se aseguraría el cumplimiento de la ley. A diferencia de lo que ocurre actualmente, donde las universidades privadas cuentan con un directorio irresponsable y que no responde con su patrimonio personal, transgrediendo expresamente la ley, lo que, aparentemente, no conlleva consecuencias.

Lo señalado también es aplicable a las universidades creadas antes de 1981, con la sola excepción de la Universidad Católica. Asimismo, consideró que el proyecto también acierta en la forma de regular los contratos con entidades relacionadas, al aplicar las normas de las sociedades anónimas.

El proyecto carece de un trato preferente para las universidades estatales, manteniendo el trato actual, pese a que si se quiere recuperar la fisonomía que históricamente tenía la educación superior chilena, no basta con dotar a las universidades estatales de una institucionalidad que le dé identidad clara en el sistema, sino que es imprescindible dotarla de condiciones materiales de existencias o recursos, porque una sociedad democrática y abierta debe admitir a todos los proyectos educativos en su seno, pero a condición de asegurar el interés público de otro modo. De lo contrario, el espacio público, la reproducción de las elites y la reproducción de alta cultura quedaría entregada a proyectos particulares.

Adicionó que el proyecto en materia de economía política, tiene un severo error cuando se miran las reglas transitorias, porque se crea un fondo especial para la investigación que se distribuirá en conformidad al desempeño de las instituciones que se adscriban a la gratuidad, pero el fondo se conformará dos años después de que entre en vigencia la ley, pero la gratuidad empezó este año. Por tanto, las universidades que se adscriban hoy a la gratuidad solo recibirán la trasferencia de gratuidad por docencia y carecen de cualquier financiamiento no solo para la expansión de su infraestructura física, sino también para investigación. Expresó no saber si ello es un error o un diseño deliberado para que las universidades no adscriban hoy a la gratuidad, sino una vez que entre en vigencia la ley.

Finalmente, sugirió aligerar el proyecto en materia de definiciones y restringirlo a ocuparse de materias propias de ley, sin inmiscuirse en el plano reglamentario.

Además, de desmembrar el proyecto distinguiendo 4 iniciativas: la Subsecretaría de Educación Superior, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia de Educación Superior y el Financiamiento.

Enfatizó que el más urgente es el proyecto sobre Superintendencia de Educación Superior, en atención al gran defecto actual del sistema universitario es que no se distingue quien cumple o no con la ley, lo que no constituye el mejor escenario para la gratuidad.

4. El Rector de la Universidad Alberto Hurtado, Padre Eduardo Silva Arévalo S.J.

El señor Silva expuso en la sesión 222ª, celebrada el día lunes 5 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En materia de gratuidad y financiamiento institucional, señaló que la gratuidad es un derecho social y todas las universidades deben adscribirse a ella. La gratuidad universal avanza en la línea correcta, facilitando el acceso. Sin embargo, dada la situación económica nacional e internacional, se irá más lento de lo deseable.

En este período de transición, debe asegurarse el acceso universal y no necesariamente la gratuidad. De este modo, es imprescindible contar con un conjunto de alternativas que combinen gratuidad, becas, otros instrumentos, mientras se llega a la gratuidad universal.

Desde el punto de vista del sistema, es clave que un estudiante pueda acceder a cualquier universidad acreditada del país, si cumple con los requisitos académicos que esa institución ha declarado previamente. Para que el derecho social a la educación superior se verifique, es fundamental que todas las universidades adscriban a gratuidad. Todo estudiante debiese poder acceder a la universidad que quiera, siempre que cumpla con los requisitos académicos que ella determina. No puede haber más limitaciones que el talento.

Para hacer obligatorio el ingreso de toda universidad de calidad a la gratuidad, es fundamental que el arancel regulado permita cubrir los costos de la docencia y que existan otros fondos destinados a investigación, innovación, infraestructura y extensión. La implementación de la política de gratuidad no puede ser a costa de las universidades.

Los aportes basales son un mecanismo de financiamiento que ha funcionado en el sistema. Existen procedimientos que permiten regular su buen uso, equilibrando autonomía en su ejercicio con transparencia y rendición de cuentas. No parece conveniente seguir gravando los aranceles de docencia con el costo de la investigación o extensión.

Dado que la formación profesional es simultáneamente un bien público y un beneficio personal, su financiamiento puede ser cubierto en parte por la renta nacional y en parte con un impuesto a los graduados. Los estudios están hechos y muestran que si la carga impositiva es contingente al ingreso profesional, lejos de ser regresiva, permite que los que más ganan más aporten. Todos devuelven lo que se dio gratis, en proporción a sus posibilidades, permitiendo así que otros también puedan estudiar gratis.

Mientras la gratuidad universal no esté en régimen, deben implementarse mecanismos que permitan financiar la transición. Poner en marcha la gratuidad no puede ser a costa de las universidades, menos aún si la adscripción es obligatoria. Contar con un modelo de financiamiento que no dañe a las universidades hace exigible que todas accedan.

En síntesis, para avanzar en la discusión del proyecto de ley, es fundamental reconocer que el sistema universitario es heterogéneo, compuesto por instituciones de distinto origen e ideario. El sistema normativo y regulatorio debe propender al reconocimiento del aporte de cada uno, estableciendo requisitos de autonomía, calidad, gobierno y gestión.

El fortalecimiento de la educación pública pasa por reconocer que lo público no es sinónimo de estatal, que toda universidad es tal si, efectivamente, en ella se lleva a cabo el uso público de la razón. Del mismo modo, es importante entender que todo proyecto universitario es autónomo, basado en un proyecto intelectual con ideario propio. Del mismo modo, así como no debe confundirse lo laico con lo estatal, tampoco debe confundirse lo laico con lo religioso. Toda universidad debe ser laica -también las universidades católicas- pues reconoce el pluralismo de las distintas concepciones de bien.

Finalmente, si la gratuidad universal es un derecho social debe ser acogida en todas las universidades y debe favorecer a todos los estudiantes. Para que alcance a todos los recursos que provienen de la renta nacional pueden ser complementados con un impuesto a los graduados. Para que sea obligatoria para todas las universidades de calidad debe implementarse de una manera que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos universitarios.

5. El Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, señor Pablo Venegas Cancino.

El señor Venegas expuso en la sesión 222ª, celebrada el día lunes 5 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En cuanto, al régimen de lo público, expresó que la comprensión de la educación como un bien o como un servicio que se adquiere en el mercado, según la capacidad de compra o de endeudamiento de cada persona, ha llevado a que las universidades, incluso aquellas estatales, tengan que operar en lógicas de mercado que hagan posible la mayor parte de su financiamiento.

Una universidad debe regirse por normas internas que hagan posible este compromiso con lo público. Pero, más importante aún, es que el Estado opere con un sistema de regulación que oriente a que todas las instituciones de educación superior que reciban financiamiento estatal operen bajo un régimen de lo público. Esto es: sin lucro efectivo, pluralistas, laicas, autónomas respecto de cualquier interés de grupos ajenos a la propia universidad, es decir, sin sujeción al control unilateral de algún interés particular sea este de orden económico, político o religioso.

Estimó que es altamente valorable la exigencia de calidad como un criterio prioritario expresado en el proyecto de reforma, y debiera mantenerse como un aspecto central de ésta; pero es fundamental plantearse otras perspectivas sobre la calidad y el tipo de indicadores con el que se la evalúa, entendiendo a la universidad como una institución que debiera incidir en el desarrollo del país, la profundización de una cultura democrática y la disminución de las profundas desigualdades sociales.

Sostuvo que la educación es un derecho y en tanto tal, su ejercicio no puede estar supeditado a la capacidad de pago o de endeudamiento de las personas. La política de gratuidad debe progresivamente llegar a ser universal.

Las universidades estatales deben constituir el eje del sistema y deben tener el financiamiento que les permita “liberarse” de un régimen de mercado que -aún sin dueño ni grupos controladores- las expone a intereses particulares, las obliga a competir y termina, en cierto sentido, privatizándolas en tanto las lleva a alejarse de su autonomía y función pública. Financiamiento para la docencia vía gratuidad y aporte fiscal directo para la investigación le parecen los mecanismos apropiados. El financiamiento del sistema, bajo un régimen de lo público, debe incorporar a todas las universidades acreditadas: estatales, no estatales del CRUCH y privadas que acepten operar bajo este régimen.

En síntesis, consideró que el proyecto que ha presentado el Ministerio no se orienta por una comprensión de la educación como un derecho y tampoco busca el fortalecimiento de la educación superior al interior de un régimen de lo público.

Si en dictadura el objetivo fue privatizar e instalar el régimen de mercado en todas las instituciones, estatales y privadas, una reforma al sistema de educación superior tendría que promover el régimen de lo público en las estatales, en primer lugar, y en aquellas privadas que suscriban ese régimen y reciban fondos públicos. El proyecto de ley debería establecer una diferencia entre universidades privadas: las llamadas “del G3” (Austral, de Concepción y Santa María) y algunas privadas post 81, como la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que están en condiciones de responder a lo que se denomina régimen de lo público.

Se requiere una mirada crítica, capaz de analizar la calidad y su relación con la reproducción de la desigualdad social. Es fundamental plantearse otras perspectivas sobre la calidad y el tipo de indicadores con el que se la evalúa: la capacidad efectiva de mayor inclusión, la mirada de género, la relación entre la condición académica inicial de los estudiantes y al egreso, el lugar donde se desempeñan sus egresados, la dimensión relativa a la participación de los distintos estamentos en su gobernanza, entre otros.

Finalmente, estimó necesario el término inmediato del escandaloso negocio del llamado CAE, que son créditos con dinero y aval del Estado. Al constituir este fondo la principal partida del presupuesto respectivo, en los hechos ha determinado la esencia de la actual política de financiamiento.

6. El Rector de la Universidad Central de Chile, señor Santiago González Larraín.

El señor González expuso en la sesión 222ª, celebrada el día lunes 5 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Por tratarse la educación superior de un bien público de la mayor importancia compartió la necesidad de crear un organismo del más alto nivel, como lo es la Subsecretaria de Educación Superior, responsable de desarrollar, orientar, implementar y velar por el buen uso de los recursos que el Estado destinara a este fin. La implementación de una política de educación superior requiere necesariamente contar con una autoridad política que dé cuenta de ella, que responda de su gestión y garantice al país la eficiencia y eficacia en la implementación de esta política, tanto a nivel universitario como técnico profesional.

Señaló que uno de los principales déficit del actual sistema de educación superior es la incapacidad que ha mostrado para garantizar la calidad en la educación superior, aspiración muy sentida por la ciudadanía. Este aspecto resulta fundamental para el éxito de la política pública que se pretende implementar y para la garantía de que los recursos públicos que se inviertan en educación sean utilizados en generar calidad y no sean destinados al lucro que tanto se repudia.

Compartió que la estructura que asegure la calidad de la educación universitaria este integrada por instituciones independientes con funciones bien definidas, autonomía en su accionar, presupuesto garantizado y la pertinencia académica de sus miembros. Coincidió con el criterio que presenta el proyecto en el sentido que la acreditación institucional deberá ser obligatoria en el país, este aspecto es muy necesario ya que dada la asimetría de información existente entre las instituciones que otorgan el servicio educacional y los ciudadanos que lo requieren, es necesario establecer un estándar que dé cuenta de la calidad y pertinencia de la institución en la cual los estudiantes adquirirán su educación.

El concepto de acreditación, más que un sello de calidad que discrimina entre universidades, debe ser visto como un proceso a través del cual las instituciones de educación superior transitan para alcanzar mayores niveles de complejidad, con el debido acompañamiento del Consejo para la Calidad, el cual no solo deberá velar por el cumplimiento de los estándares establecidos sino que deberá apoyar la mejora de la educación superior en el país. Sin lugar a dudas este proyecto entrega atribuciones de la mayor relevancia al Consejo para la Calidad las cuales tienen consecuencia de carácter definitivo en las instituciones de educación superior, llegando incluso a dictaminar la incapacidad de impartir nuevos programas, aumentar vacantes o abrir nuevas sedes y hasta el cierre definitivo de la institución. Ratificó entonces su opinión que el Consejo para la Calidad, dada la trascendencia de sus resoluciones, debe tener la calidad de organismo autónomo.

También consideró de todo sentido la creación de la Superintendencia de Educación Superior que fiscalice el buen desempeño de las instituciones de educación superior en el marco de la nueva ley, que garantice el otorgamiento del servicio educacional de calidad a la ciudadanía y que tenga la capacidad sancionatoria en caso de incumplimiento de las normas y leyes que regularan el sistema. Asimismo, se mostró de acuerdo con el establecimiento de condiciones de transparencia en la administración de las instituciones de educación superior que den garantías de que los recursos que se recibirán del Estado serán invertidos en educación e investigación. Compartió que las condiciones en que debe operar una institución de educación superior debe garantizar la inexistencia de lucro ya sea de forma directa o indirecta, lo cual deberá estar claramente regulado y controlado por la Superintendencia de Educación Superior.

Sin perjuicio de que el presente proyecto propone un sistema de educación superior mixto para el país, al Estado le corresponde garantizar el otorgamiento de educación de calidad para todos sus ciudadanos y el principal instrumento del cual dispone para ello lo constituye el sistema de educación superior estatal. Si bien es cierto que compartió plenamente el derecho de las instituciones de educación superior privadas a entregar educación en el país, la educación pública deberá estar siempre presente y garantizar el acceso equitativo, igualitario, inclusivo y meritorio a todos los chilenos.

No estimó prudente, sin embargo, que se haga discriminación en aspectos de calidad y requisitos para operar en el sistema en relación con las instituciones de carácter privado, en el entendido que estas últimas cumplen con las condiciones establecidas en la presente ley, especialmente en lo que dice relación al acceso a la gratuidad, el acceso al sistema único de admisión y las condiciones para la permanencia dentro del sistema.

Se mostró partidario de la educación superior gratuita y de calidad, sin distinción de ningún tipo para todos los jóvenes chilenos en las instituciones que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. Creyó necesario sin duda que los requisitos de acceso transitorios definidos para el otorgamiento de este derecho, en tanto se aprueba la presente ley, no deberían tener otra exigencia que no sea la acreditación institucional, la exigencia de no lucrar y la correspondiente participación de la comunidad. El no hacerlo de esa forma condena a una gran cantidad de estudiantes a quedar excluidos del sistema de educación superior o a seguir endeudando a sus familias.

En este sentido tendrá especial relevancia la determinación de los aranceles de referencia a través de los cuales las universidades recibirán los aportes que financiaran la gratuidad. Estos montos, que en la ley se establece se definirán a través de una comisión de expertos, deberán garantizar el cumplimiento de los proyectos académicos de las distintas universidades, ya que una mala evaluación en su determinación podría atentar gravemente contra el desarrollo de la educación superior en Chile por falta de recursos o afectar directamente su calidad.

Coincidió en la necesidad de crear un fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística para aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad. Este artículo reconoce la discriminación existente hoy en la actual regulación que da derecho a recibir aportes fiscales directo solo a las universidades del CRUCH generando un desequilibrio entre los recursos disponibles en las entidades de educación superior para fortalecer la investigación y creación artística. También valoró que estos recursos se distribuyan entre las instituciones de educación superior considerando estándares de calidad e indicadores de desempeño y no conforme a la tradición como es actualmente.

En síntesis, apoyó la iniciativa del Gobierno de enviar un proyecto integral que fortalezca la educación superior del país, y entendió que el proyecto considera los aspectos que se requieren para la implementación de una buena política pública, sin embargo, el alcance y la magnitud del proyecto en un solo cuerpo de ley podría atentar contra su aprobación, transformándose en una iniciativa de difícil discusión ante la dificultad de alcanzar acuerdos simultáneos en todos sus aspectos. En este sentido valdría la pena explorar una tramitación legislativa parcializada.

Consideró relevante la creación de una institucionalidad que aborde en su conjunto la educación superior en el país, pero haciendo presente su inquietud por la independencia necesaria de los organismos que integran esta institucionalidad, especialmente el Consejo para la Calidad por la relevancia de sus decisiones y las implicancias de ellas en las instituciones de educación superior.

Valoró también la distribución que hace el proyecto de los recursos que entregara el Estado a través del fondo para el desarrollo de la investigación y las artes, terminando con la discriminación histórica de los aportes fiscales directos que solo reciben las universidades del Cruch conforme a una tradición, reconociendo el derecho de las universidades privadas a optar conforme a su calidad a estos recursos tan necesarios para su desarrollo.

7. El Rector de la Universidad de Los Andes, señor José Antonio Guzmán Cruzat.

El señor Guzmán expuso en la sesión 222ª, celebrada el día lunes 5 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que existe inconsistencia entre los fines y principios que declara con las políticas que propone. El proyecto dice basarse en la autonomía, pero tiene un diseño que genera una tendencia hacia la homogeneización de las universidades; establece la fijación de aranceles y vacantes para instituciones gratuitas. Fijación de cuotas de becas y créditos para otras instituciones; los criterios y estándares serán establecidos por el Mineduc, y existe ausencia de la idea de la libertad de educación.

Adicionalmente, el proyecto de ley lesiona la diversidad de proyectos mediante una acreditación que se basa en estándares, y no en la coherencia con la misión, y la fijación de los aranceles de las instituciones, lo que no considera que las universidades ofrecen programas muy distintos, con costos diferentes. Unas priorizan la investigación, otras la enseñanza práctica y otras la innovación pedagógica. Se debe considerar que hay modelos que funcionan mejor que otros y es necesario dejar espacio a la creatividad y a la sana competencia.

En resumen, la reforma parte de la premisa de que el Estado debe estar al centro del sistema, propuesta que fue construida desde la desconfianza, para la cual el Estado es la solución, y la moneda de cambio es la autonomía de las instituciones y la diversidad del sistema.

El proyecto fija un foco estatal y centralizador, con un Consejo para la Calidad constituido como un servicio público, que no tiene la independencia de la actual CNA. Además, de que depende del gobierno, pese a que hoy es una entidad estatal pero autónoma. Asimismo, se minimiza el papel de CNED y desaparecen agencias de calidad privadas.

Se consagra la pérdida de autonomía del ente acreditador, sus miembros serán seleccionados por el gobierno, y no hay presencia de personas de fuera del mundo académico.

Se impone una acreditación sancionatoria, de carácter obligatorio e institucional, donde las instituciones que no acreditan no pueden funcionar, y cuyos estándares los aprueba MINEDUC centralmente. Además, de que existirán instituciones con niveles acreditación distintos, perdiéndose incluso la autonomía para abrir carreras y sedes.

Estimó que la gratuidad universal no es conveniente. La diversidad de fuentes de financiamiento de las universidades les entrega mayor libertad para cumplir su misión. Asimismo, el hecho de que las familias aporten parte importante de los recursos es garantía de autonomía universitaria.

Es necesario ayudar eficazmente a los que no pueden pagar, pero no tiene sentido forzar la gratuidad para los que sí pueden financiar su educación. Es cierto que la educación es un bien público, pero es también un bien privado, que entrega enormes beneficios a sus destinatarios. La política pública debe hacerse cargo de ambos aspectos.

El incremento de la presencia estatal en materia de financiamiento podría perjudicar la calidad en vez de mejorarla. Se debe avanzar hacia el equilibrio entre fuentes de financiamiento.

La fijación de aranceles es un error porque atenta directamente contra la calidad de la educación. Además, en un sistema de aranceles libre, la existencia de oferta variada ayuda a que los aranceles se mantengan en niveles razonables.

En conclusión, estimó que la gratuidad no considera el futuro de la educación superior, ni tiene mirada estratégica.

La propuesta está construida desde la desconfianza a las instituciones.

La reforma parte de la premisa de que el Estado debe estar al centro del sistema de educación superior.

La autonomía de las instituciones y la diversidad del sistema son secundarias, algo que se puede sacrificar para remediar abusos.

Se corre el riesgo de producir estancamiento y mediocridad en el sistema.

Es probable que buena parte de las instituciones logren transitar, con distintos grados de éxito, desde un escenario de educación superior mixta y libertad de enseñanza a uno de preminencia estatal y altamente regulado. Sin embargo, esto se hará con enormes costos en calidad, diversidad y autonomía del sistema de educación superior. El cierre de instituciones no es lo peor que podría pasar, sin dejar de ser una consecuencia probable. Lo peor será el estancamiento y la mediocridad del sistema.

8. El Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza Vivanco.

El señor Sanhueza expuso en la sesión 226ª, celebrada el día lunes 26 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que las universidades regionales del CRUCh concentran la mayor proporción de estudiantes universitarios vulnerables y talentosos, y con mayores brechas en su formación académica, sin embargo:

a) Las políticas en educación superior no consideran los esfuerzos adicionales que deben hacerse en regiones para compensar las brechas que los estudiantes traen desde la educación escolar.

b) Las universidades deben implementar con recursos propios sistemas de ayuda económica estudiantil para casos no considerados por la gratuidad, becas y fondos estatales.

c) El esquema de financiamiento no considera los mayores costos relativos que tiene la docencia en regiones, dificultando ofrecer similares niveles de calidad a lo largo del país.

d) Las políticas públicas no compensan el aporte de las universidades a la descentralización del país ni a la integración de grupos socio territoriales marginados de los procesos de desarrollo.

e) La vocación pública de las universidades las lleva a subsidiar los mayores costos unitarios que implica la formación de profesionales en áreas imprescindibles para el desarrollo regional.

f) Las inequidades de Santiago versus regiones re edita el concepto de áreas de beneficio versus castigo entre las comunidades académicas, debilita la calidad de los recursos humanos en regiones y favorece procesos de concentración territorial.

El centralismo que sufre tanto el país como el propio sistema de educación superior y las políticas uniformes y territorialmente indiferenciadas, han dificultado reconocer la contribución de las universidades regionales y, muchas veces, el excesivo centralismo ha generado problemas que han afectado las posibilidades de desarrollo endógeno de las comunidades y del país.

En síntesis, el Sistema de Educación Superior no asume la diversidad geográfica, las injustas desigualdades socioeconómicas y territoriales y que el excesivo centralismo termina siendo un lastre para el desarrollo. Además, usa mecanismos de financiamiento que enfatizan la competencia entre universidades bajo el errado supuesto de igualdad de condiciones. Las instancias asesoras, como Consejos Nacionales y Comités de Expertos, creadas para analizar y proponer políticas e instrumentos tienden a ignorar la dimensión territorial y, en consecuencia, excluyen a especialistas y talentos de regiones o sólo se les da una presencia simbólica.

En materia de institucionalidad de la educación superior, valoró la creación de la Subsecretaría, que tiene el mérito de reconocer la jerarquía y trascendencia que tiene el tema de la educación superior para el desarrollo del país. Sin embargo, falta profundizar los vínculos y las modalidades de coordinación que tendrá esta institucionalidad con otros organismos públicos centrales y regionales, con políticas e instrumentos de desarrollo en los ámbitos sociales, económicos, científicos, tecnológicos, del arte, la cultura y la innovación.

Respecto de la formación técnica profesional, valoró que el proyecto se comprometa una Estrategia Nacional para dicho sector, la que considerará tendencias regionales de oferta y demanda, y que defina áreas estratégicas junto con apoyar la inserción laboral. Esto último paradojalmente no se plantea respecto del nivel universitario.

Respecto del Consejo para la Calidad, consideró positivo que sea funcionalmente autónomo, pero puede ser complejo que tenga una jefatura con grandes cuotas de poder, al unir la Presidencia del Consejo con la Jefatura del Servicio, con voto dirimente y que su designación la haga el Gobierno de turno. Es igualmente delicado que los integrantes del Consejo, aunque participe inicialmente la Alta Dirección Pública, al final los designe la Presidencia o entidades subordinadas a ella como son CONICYT y CORFO.

Estimó positivo que la acreditación institucional sea obligatoria e integral (5 dimensiones) para instituciones de educación superior autónomas. Igualmente es un avance que los criterios y estándares sean específicos para el nivel universitario y para la formación técnico profesional. Sin embargo, es necesario evitar que universidades con casa matriz en la Región Metropolitana abran carreras en regiones sólo para cubrir demandas transitorias y no para instalar capacidades académicas que impacten al desarrollo territorial.

Consideró positivo reconocer la especificidad de las universidades estatales, desburocratizar su gestión, potenciar su aporte a las políticas públicas y promover su articulación nacional. Sería importante recoger la rica experiencia que todas ellas tienen en estos dos últimos temas. En efecto, desde su creación ellas han cooperado con iniciativas sectoriales, tales como: educación, salud, agricultura, medicina, arte, cultura, patrimonio, entre otros, como también con las políticas regionales y locales. Algo similar ocurre con la ya larga articulación de iniciativas entre ellas, en todos los campos de su quehacer.

Valoró la constitución de una comisión de expertos y se transparenten las definiciones sobre asignación de recursos. Sin embargo, es delicado que ésta sea sólo asesora y que las decisiones finales recaigan únicamente en la Subsecretaría.

Por otra parte, es razonable que se agrupe a las carreras según estructuras de costos. Sin embargo, el financiamiento basado en volúmenes de estudiantes tiene implicancias que la experiencia chilena ha evidenciado negativamente:

Sostuvo que parece razonable revisar el actual esquema de financiamiento a la educación superior. Los fondos que se crean: uno de investigación y creación artística y otro para instituciones de educación superior estatales, tienen definiciones genéricas que plantea dudas sobre su alcance, naturaleza, objetivos y operatoria. El proyecto no indica cómo se conciliarán objetivos de competitividad y de compensación.

Dicho de otra forma, Chile requiere instituciones de educación superior de mayor complejidad y tamaño, que aborden desafíos país, integradas a redes internacionales en temas de vanguardia y que estén en la frontera del conocimiento. Simultáneamente se requiere apoyar a aquellas instituciones que asumen los desafíos científicos y tecnológicos de sus entornos regionales, y que son claves para impulsar un proceso de desarrollo armónico, sustentable y territorialmente equilibrado.

Finalmente, propuso instaurar un Aporte Basal Regional (ABR) como factor de corrección del AFD, para ello: a) la distribución de sus recursos debe ser inversamente proporcional al AFD 95%; b) inicialmente debe contar con un presupuesto equivalente al AFI ($25.000 millones aprox.), y c) sus recursos deben incrementarse anualmente para reducir la brecha inicial derivada del AFD. Asimismo, el AFI debe eliminarse y sus recursos ir al ABR.

9. El Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elórtegui Raffo.

El señor Elórtegui expuso en la sesión 226ª, celebrada el día lunes 26 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que si bien son muchos los aspectos que merecen revisión en el proyecto, le parecen especialmente críticos las siguientes falencias:

a) Reconocimiento a la naturaleza pública de las universidades G9. El rol público de las universidades se asocia en el proyecto sólo a las universidades estatales, desconociendo la historia y la realidad de la educación superior del país. El proyecto desconoce el compromiso con el interés público que han demostrado las universidades de la red G9 y que se expresa en el trabajo que se realiza a través de la formación, la investigación y las propuestas que ofrecen soluciones a los problemas de las personas y del país.

b) Consideración de la diversidad del Sistema. Se requiere la articulación de un Sistema de Educación Superior, cuyo objetivo sea apoyar el desarrollo de la nación, con calidad, inclusión y desarrollo territorial armónico. Dicho Sistema debe estar integrado por instituciones públicas, estatales y no estatales, con un comprobado rol público, y por instituciones privadas, las que deberán contar con normas claras de funcionamiento.

c) Valorización del Consejo de Rectores. El CRUCh reúne a instituciones de una destacada trayectoria y consolidado prestigio, que son el pilar del sistema de educación superior del país. Pero, es mucho más que eso ya que según la ley vigente, asesora al Estado en toda materia referida a educación superior y mantiene un sistema de admisión, junto a otras funciones de contribución a las políticas públicas. Además, constituye una potente red de cooperación académica, ya que las universidades estatales y públicas no estatales que lo integran mantienen un trabajo conjunto que se expresa, entre otros lazos, en más de 200 proyectos de ejecución conjunta, en diversos ámbitos como investigación, transferencia tecnológica, proyectos de postgrado y redes de colaboración en distintas temáticas.

d) Autonomía institucional y nuevas regulaciones. El proyecto puede afectar también la autonomía universitaria, ya que crea una institucionalidad a la que se le conceden excesivas atribuciones, que podrían afectar el desarrollo y la gestión de las instituciones.

e) Aseguramiento de la Calidad. Si bien coincidió en la necesidad de perfeccionar el régimen aplicable al sistema nacional de aseguramiento de la calidad, se constata que el proyecto desconoce lo que se avanzado en esta materia en los últimos 20 años y que ha significado grandes avances en la gestión de las instituciones de educación superior. El proyecto centra el aseguramiento de la calidad en la acreditación, opción que podía ser entendida en la época en que se instaló el sistema, pero que hoy resulta muy limitada. Se requiere un sistema que propenda a un mejoramiento continuo de las instituciones.

f) Fortalecimiento de las universidades regionales. El proyecto omite el estímulo explícito al desarrollo de las universidades que cumplen sus tareas en regiones -sean estatales o no- y que son claves en el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Ocho de las universidades de la Red G9 se ubican en regiones en las cuales aportan significativamente en la formación de capital humano avanzado y en la disminución de los altos índices de desigualdad social que existen en sus territorios, algunos de los cuales han sido declarados como zonas rezagadas y su el compromiso con los pueblos originarios.

g) Ciencia y creación. El proyecto no plantea con claridad cómo se potencia la investigación y su relación con los desafíos de Chile en su proyección como nación desarrollada. Tampoco de qué forma dialoga la política de educación superior con la política de ciencia y tecnología y el respectivo Ministerio en proceso de creación.

h) Apoyo a la educación técnico profesional. Ésta debe cumplir un rol central en el proyecto de ley, tanto en relación al crecimiento económico, como al mejoramiento en las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. El compromiso del Estado con la educación técnico profesional debe traducirse en un aumento significativo de su financiamiento por medio de diversos instrumentos. Dicho aporte debiera contemplar el apoyo a las familias y a las instituciones que cumplan exigentes criterios de calidad.

i) Financiamiento público. El proyecto plantea avanzar en inclusión e igualdad de oportunidades, sin embargo, la sola gratuidad no asegura el logro de tales objetivos ya que los altos niveles de deserción de las universidades se encuentra muy concentrado en los estudiantes vulnerables que requieren de apoyo académico para su mantención en el Sistema, lo que no se logra solo con gratuidad.

La fijación de aranceles, sin considerar la calidad y diversidad de las instituciones, constituye un riesgo real a la sustentabilidad de las mismas y los niveles de excelencia ya alcanzados. Se debe realizar una profunda evaluación del CAE, que conduzca a introducirle modificaciones que busquen cautelar de mejor forma la situación de los deudores, y del Estado.

En lo que se refiere a la determinación de vacantes, consideró que debe existir una distinción entre instituciones de calidad demostrada y compromiso público acreditado versus instituciones que requieren de mayor seguimiento.

Los aportes basales son fundamentales para la sustentabilidad y desarrollo de las universidades de carácter público, que los han recibido por más de 80 años, y deben acrecentarse, de acuerdo a las condiciones económicas del país y fortaleciendo los procedimientos para rendir cuentas de sus usos y destino. Sin embargo, el proyecto plantea suprimirlos en un período de 5 años y los reemplaza con un fondo concursable en investigación y creación artística, lo que genera gran incertidumbre en el sistema, lo que impide la necesaria planificación de largo plazo y la realización de planes de futuro que requieren las universidades.

En conclusión, expresó que si bien el G9 comparte los objetivos y principios generales del proyecto de ley de reforma la educación superior, sobre avanzar en calidad y mayores niveles de inclusión, equidad y transparencia, en dicha iniciativa no se las considera y se desconoce la innegable contribución que han realizado a Chile.

Ante el escenario que plantea esta necesaria reforma, consideró esencial distinguir y potenciar a las universidades de compromiso y vocación pública, y confió que las indicaciones al proyecto recojan efectivamente una perspectiva que fortalezca de manera equilibrada el sistema de educación superior, ya que seguir contando con el respaldo del Estado en la universidad que representa es decisivo para cumplir cabalmente su misión.

10. El Rector de la Universidad de Concepción, señor Sergio Lavanchy Merino.

El señor Lavanchy expuso en la sesión 226ª, celebrada el día lunes 26 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que históricamente ha existido un conjunto de universidades no estatales de reconocido rol público, entre ellas la Universidad de Concepción, que forman parte del Consejo de Rectores, que tienen la virtud de haber demostrado a través de muchos años el servicio, compromiso y sentido de lo público. Este compromiso y los valores que éste conlleva, trascienden las definiciones formales y la naturaleza jurídica de una institución.

No debería estar en discusión el apoyo que el Estado debe entregar a las instituciones que son de su propiedad; pero, al mismo tiempo, la ley no debería ser excluyente y debería reconocer en forma explícita que existe un conjunto de universidades que merecen igual o similar trato por la contribución que ellas han hecho históricamente al desarrollo del país y que están llamadas a continuar haciéndolo hacia el futuro. Sin duda éste deberá ser un aspecto fundamental en la discusión que habrá que tener en cuenta a la hora de adoptar acuerdos e instrumentos de apoyo por parte del Estado, a las instituciones que conforman el sistema de educación superior.

Para fortalecer la política de Estado que aspira a impulsar un desarrollo homogéneo del país a lo largo de su extensa y diversa geografía, es imprescindible tomar en consideración la insoslayable necesidad de valorar y apoyar a las universidades públicas, sean estatales o no estatales, que realizan su actividad principalmente en regiones. Este fortalecimiento deberá focalizarse fundamentalmente en las universidades regionales del Consejo de Rectores, que tienen dificultades para lograr un pleno desarrollo, principalmente por su ubicación geográfica en zonas extremas del país.

El proyecto de ley contiene una propuesta de una nueva institucionalidad para el Sistema, la que contempla la creación de una Subsecretaría, una Superintendencia y una Agencia de Calidad. Sostuvo que la regulación que se establezca no deberá coartar o dificultar la libre creatividad que emane de los procesos de reflexión que son propios y centrales de la universidad. Lo anterior requiere que las nuevas normas legales reconozcan y cautelen la autonomía de las universidades, lo que no es incompatible con la obligación que ellas tienen de rendir cuenta de los recursos públicos que les asigne el Estado.

En el eje de institucionalidad del proyecto de reforma a la educación superior, se contempla también el reemplazo de la Comisión Nacional de Acreditación por un Consejo para la Calidad de la Educación Superior. A este respecto, y en atención a lo planteado en el proyecto, estimó deseable que dicho Consejo tuviese un adecuado nivel de independencia del poder Ejecutivo, por cuanto las políticas de calidad de la educación superior, y la definición de criterios y estándares, materias que competen a dicho organismo proponer al Ministro de Educación para su aprobación, deberían reflejar esa independencia.

También estimó imprescindible que se defina de parte del Estado lo que se quiere como educación superior para el país, y a partir de esa definición, formular las políticas de financiamiento que contribuyan a hacer realidad esa visión. Actualmente se puede afirmar que el sistema de financiamiento es inestable, ya que la principal fuente de financiamiento basal o de libre disponibilidad para las universidades depende de la aprobación en el Poder Legislativo, de los recursos contemplados en la ley de Presupuesto anual de la Nación.

Las instituciones públicas, estatales y no estatales, deben recibir aportes basales suficientes, definidos sobre la base de criterios ampliamente consensuados, como son su compromiso público, calidad, complejidad, características de su estudiantado, aporte a la ciencia y a la cultura en sus territorios, entre otros. Sin embargo, el proyecto los suprime y los reemplaza con un fondo concursable en investigación y creación artística, lo que genera gran incertidumbre en el sistema. Es más, esta propuesta, contempla la eliminación en un plazo de cinco años de los fondos basales que han recibido por más de 80 años las universidades, ignorando su aporte pasado y presente. Las universidades no estatales del país, verán disminuidos sus presupuestos con la discontinuación del Aporte Fiscal Directo (AFD), el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el Fondo Basal por Desempeño (AFD), los que hoy integran su financiamiento.

Finalmente, reiteró que las universidades del Consejo de Rectores han hecho explícito su acuerdo con la necesidad de introducir cambios sustanciales a la educación superior del país y han expresado en reiteradas ocasiones su disposición a poner las capacidades de los académicos a disposición del Ministerio, para que en calidad de expertos contribuyan a la elaboración de un proyecto que busque fomentar y resguardar la calidad de la educación superior, desde su experiencia y visión, desde la diversidad disciplinaria y de sus instituciones, para así aportar a la generación una ley que recoja la realidad y riqueza del país, y se pueda contar con una legislación que fomente y contribuya a homologar el desarrollo del país en todo su territorio.

11. El Rector de la Universidad de Santiago, señor Juan Manuel Zolezzi Cid.

El señor Zolezzi expuso en la sesión 226ª, celebrada el día lunes 26 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Efectuó las siguientes críticas y propuestas al proyecto:

a) Consejo para la Calidad. Criticó que se trate de un servicio público que no da la suficiente autonomía para un buen desempeño del Consejo. Propuso cambiar “servicio público funcionalmente descentralizado” por “organismo autónomo” (artículo 24), el impacto de la propuesta disminuye la participación directa del poder ejecutivo dentro del Consejo, dándole mayor autonomía.

b) Composición del Directorio del Consejo para la Calidad. Criticó que refleja el sistema de educación superior actual. Propuso que el Comité de Expertos define la composición del Directorio, garantizando reflejar la provisión mixta del sistema de educación superior (artículo 29), cuyo impacto es reflejar del mismo Sistema de Educación Superior en la composición del Directorio.

c) Acreditación. Criticó el modelo de acreditación que no permite el aseguramiento de la calidad, sino el control. Propuso establecer la acreditación de carreras obligatorias por áreas de conocimiento con agencias públicas especializadas por área de conocimiento e incluir acreditación magister (título III, párrafo 4°), su impacto es permitir un modelo de acreditación que permitirá la especialización de la acreditación por área de conocimiento.

d) Superintendencia. Criticó la duplicidad de funciones con la Contraloría General de la República, especialmente con las universidades estatales. Propuso realizar una buena coordinación entre las solicitudes de la Contraloría y la Superintendencia para las instituciones estatales (título IV, párrafo 3°). Así las universidades no se verán ahogadas en su actuar por tantas regulaciones que tienen el mismo objetivo.

e) Gobernanza. Criticó que no existen normas comunes mínimas para todas las instituciones de educación superior, en especial en las privadas las cuales pueden acceder a recursos públicos. Propuso que existan las mismas normas comunes mínimas de gobierno universitario para todas las universidades que reciban recursos públicos (título V, párrafo 2°), lo que impacta en la democratizar las universidades, independiente de que sean privadas o públicas.

f) Gobierno universitario. Criticó la pérdida de autonomía de las universidades. Propuso un mayor libertad y diálogo entre universidades y el gobierno para establecer las normas comunes mínimas (título VI, párrafo 2°), lo que permitirá que las universidades del Estado regulen parte de sus normas de gobierno universitario autónomamente.

g) Restricción de matrículas. Criticó la pérdida de autonomía de las instituciones de educación superior ya que no pueden decidir aumentar vacantes. Esto lo hará la nueva Subsecretaría. Propuso asegurar el aumento de vacantes en las instituciones estatales de manera progresiva (artículo 178 y artículo cuadragésimo sexto transitorio), ampliando la oferta pública en la educación superior.

h) Fondo de Desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística. Criticó la eliminación el AFD y el AFI por este fondo, el cuál es abierto para instituciones privadas. Propuso aumentar los fondos para las universidades con una buena trayectoria académica, en especial para las estatales (artículo 187), permitiendo mantener y elevar los niveles de docencia e investigación de las universidades con alta trayectoria académica.

i) Fondo basal de las universidades estatales. Criticó que el proyecto ratifique que el fondo adicional para las instituciones de educación superior, considerará al menos los recursos del Convenio Marco y es fijado por ley de Presupuesto Público. Propuso aumentar el financiamiento paras las instituciones de educación superior estatales (artículo 188), lo que permitirá mantener y elevar los niveles de calidad de las universidades y centros de formación técnica del Estado.

j) Financiamiento y gratuidad. Criticó quede en duda cuándo se implementará la gratuidad y sus recursos. Propuso establecer fechas concretas para implementar para ello (artículo cuadragésimo octavo transitorio), lo que permitirá que las universidades puedan hacer los cálculos de viabilidad financiera con antelación

k) Gratuidad. Criticó que permita que se cobre hasta un 20% más de arancel regulados a estudiantes no cubiertos por gratuidad de deciles inferiores al séptimo, 60% octavo y noveno, y cualquier arancel a estudiantes de decil 10. Preguntó: por qué se permiten estos sobre precios. Se plasma un incentivo para que las instituciones de educación superior busquen matricular estudiantes de deciles más altos, pues con ello recibirán más ingresos. Expresó que si los aranceles regulados están bien calculados no se justifica esta medida (artículo cuadragésimo noveno), lo que protegerá el modelo de gratuidad, sin que haya distorsiones.

l) Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Criticó que no es nombrado dentro del proyecto de ley, siendo una de las instituciones que más ha aportado al debate sobre la educación superior. Propuso relevar al CRUCh como un referente e interlocutor de las políticas referidas a la educación superior, definiendo tres tipos de instituciones de educación superior en el ámbito universitario, lo que permitirá reconocer el papel de las instituciones que componen el CRUCh y les permitirá seguir aportando en temas que llevan estudiando e implementando desde hace años.

m) Transparencia en los recursos públicos utilizados para financiar a las instituciones de educación superior de todo tipo. Criticó que solo las instituciones estatales deben cumplir con la ley de transparencia para el sector público. Propuso un título relativo a la transparencia para todo tipo de instituciones de educación superior que reciban cualquier aporte público, lo que garantizará el buen uso de los recursos públicos dentro de la educación superior.

n) Crédito con Aval del Estado. Criticó que no existan modificaciones o eliminación del CAE. Propuso su eliminación gradual, sustituyéndolo por uno de carácter solidario, sin intermediación de los bancos, lo que provocará que salga gran parte del negocio de los bancos de la educación superior.

ñ) Marco de Cualificaciones. Criticó que no esté incluido en el proyecto de ley, sin quedar claro los criterios y procedimientos, incluida la actualización. Propuso regular más adecuadamente la inclusión del Marco de Cualificaciones desde el punto de vista legal, lo que la legibilidad en los títulos y grados.

o) Cobertura gratuidad. Criticó la definición de duración formal de la carrera que no distingue entre estudiantes de jornada parcial y completa. Propuso distinguir entre estudiantes de jornada parcial y completa (inciso 2°, artículo 181), lo que permitirá ajustar el pago de aranceles a los costos efectivos.

p) Becas sin regulación de precios. Criticó que en la transición no haya regulación de precios y se mantengan las becas, lo que provocará que se suban los aranceles. Propuso regular precios, lo que logrará coherencia en el sistema de financiamiento de la gratuidad, evitando el lucro y el endeudamiento de las familias.

En conclusión, estimó respecto a la creación de la nueva institucionalidad, que será un aporte para una mejor fiscalización de las instituciones de educación superior. Si se enfoca en financiamiento, el proyecto es perfectible, en especial a lo referido al financiamiento de la educación estatal y su autonomía. Así como también, el proyecto es perfectible en lo relativo a calidad.

Sin embargo, el proyecto tal como está, consolida y estimula una gran oferta privada más regulada, pero con financiamiento estatal asegurado vía gratuidad, con la que la oferta estatal tendrá que competir, transformando el aporte por gratuidad al equivalente en términos políticos a la subvención escolar por alumnos, convirtiendo al Estado en un gran comprador de educación a la oferta privada.

El proyecto entregará menos recursos a las universidades estatales y le impondrá mayores limitaciones, por lo que no podrán competir en igualdad de condiciones con la oferta de educación superior privada. La fórmula para fortalecer la educación pública planteada en el proyecto profundizará la privatización del sistema y la atomización de proyectos particulares, afectando el desarrollo regional y nacional, y con ello, la democracia.

Finalmente, manifestó que espera que el Gobierno haga entrega de una indicación sustitutiva perfeccionando el proyecto, y así se logre que las universidades estatales puedan competir en igualdad de condiciones con la oferta privada.

12. El Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi Véjar.

El señor Vivaldi expuso en la sesión 230ª, celebrada el día martes 11 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que el actual proyecto mantiene un Estado que actúa como espectador neutral ante sus propias universidades y centros de formación técnica, sin comprometerse con el desarrollo de un sistema estatal de instituciones superior, funcional al desarrollo del país y de las propias tareas y servicios que se exigen del Estado. Para que vuelva a haber un sistema mixto público privado tiene que haber un sistema público que hoy no existe. Un sistema mixto implica la coexistencia de dos categorías diferentes: públicas y privadas con características definitorias para cada una.

La relación del Estado y sus universidades comprende una unidad de propósitos estratégicos para la construcción y fortalecimiento de políticas públicas de relevancia local, nacional e internacional. Se debe regenerar una institucionalidad del sistema de universidades estatales. El proyecto no explicita compromisos concretos del Estado para garantizar estándares de calidad de sus universidades, incluyendo la entrega de financiamiento basal.

Además, el proyecto debería establecer un marco institucional que facilite una vinculación estratégica entre el Estado y sus instituciones de educación superior en actividades de interés nacional que sean intensivas en conocimientos avanzados, debiendo existir desarrollo de proyectos de interés nacional que requieran investigación y,o formación de profesionales, colaboración directa e institucionalizada de servicios para funciones públicas y participación consultiva en la formulación de políticas de educación superior y planes de desarrollo regional y nacional.

Respecto de la institucionalidad de las universidades estatales, se debe establecer una estructura interna de la red de instituciones de educación superior estatal y su tránsito hacia la consolidación como sistema; un modo de compatibilizar y optimizar la distribución del ámbito de competencia en la toma de decisiones entre un ente sistémico que agrupa a todas las universidades y el gobierno interno de cada universidad; un carácter de la participación del Estado en sus universidades, y un horizonte de tiempo para fortalecer la participación de las instituciones de educación superior estatales en el nuevo sistema de educación superior.

En materia de financiamiento, expresó que el desarrollo institucional de universidades complejas requiere financiamiento basal para sustentar proyectos de largo plazo, sin embargo, la versión actual del proyecto perjudica a las universidades estatales, y al conjunto de las tradicionales al disminuir el AFD, principal recurso de libre disposición.

Asimismo, el proyecto actual no define los criterios de asignación de fondos de investigación para instituciones de educación superior que adscriban a la gratuidad y deben analizarse los efectos sistémicos de la transición en la implementación de la gratuidad, especialmente considerando que sus plazos no están definidos, sin perjuicio de que debe reemplazarse el CAE por un sistema de créditos solidarios.

Respecto de la matrícula, equidad en el acceso y equidad en la permanencia, se debe explicitar un plan concreto para normalizar la composición del Sistema de Educación Superior, permitiendo una recuperación de la matrícula del sistema estatal, por ejemplo, la Universidad de Chile podría crecer significativamente en 10 años en carreras existentes y nuevas, según pertinencia. La pertinencia de la expansión de matrícula es un componente fundamental que diferencia la oferta de cupos y calidad de formación por parte de un Estado responsable.

Las iniciativas necesarias para expandir la matrícula estatal, manteniendo estándares de calidad elevados, requiere de una inversión en ampliación y modernización de infraestructura, la eliminación del tope de crecimiento de la matrícula estatal, el establecimiento de criterios asociados al cumplimiento de estándares para la expansión de carreras en las instituciones de educación superior que reciban financiamiento público, el fortalecimiento del cuerpo académico y funcionario y una modernización de la gestión.

En relación al marco jurídico administrativo, precisó que el sobrecosto administrativo en las universidades estatales, utilizando recursos públicos, es 15% a 30% mayor en comparación con las universidades privadas. Adicionalmente, el proyecto podría aumentar la carga administrativa de las instituciones de educación superior estatales, pese a que se requiere equilibrar los mecanismos de control ex ante y ex post. Propuso, dada la especificidad del quehacer universitario y su relación con el Estado, generar un marco jurídico, administrativo y regulatorio que agilice y flexibilice su gestión, en vez de obstaculizarla.

En materia de regulación, valoró los avances importantes en el actual proyecto respecto a la acreditación de las instituciones de educación superior y el aseguramiento de la calidad. La expansión de matrícula debería ser sensible a los estándares de calidad y pertinencia, los que hoy son muy heterogéneos y deben reforzarse la fiscalización y la transparencia en el uso de recursos públicos, incluyendo la eliminación del lucro explícito y encubierto.

Finalmente, señaló que la regulación debe garantizar estándares de calidad, inclusión, diversidad, pertinencia y uso adecuado de recursos públicos en todo el sistema, y una normalización el Sistema de Educación Superior es condición esencial para el desarrollo de la nación y las regiones. Además, debe reconstruirse un sistema estatal en el territorio que se constituya en una columna vertebral de la educación superior en calidad, inclusión, investigación e impacto en la sociedad.

13. El Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez Díaz.

El señor Sánchez expuso en la sesión 230ª, celebrada el día martes 11 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que existe consenso en la necesidad de una reforma de la educación superior, sin embargo, falta una visión sistémica de ésta para el futuro. Además, se mostró de acuerdo con los objetivos generales del proyecto, pero el gran problema es que el proyecto pierde claridad y precisión en el articulado y no ha acogido los principales aportes del CRUCh, de estudiantes, ni de expertos en educación superior y, en definitiva, el período pre legislativo no aportó a la redacción de un mejor proyecto, presentando, en este momento, la propuesta un rechazo transversal.

Llamó a revisar los siguientes aspectos:

a) Reconocimiento y valor del sentido público en educación superior. Existe una ausencia de definición del rol y carácter público de las universidades, a su juicio, lo público excede a lo estatal y es más importante que la propiedad. Hay una omisión del aporte que numerosas instituciones realizan a partir de su identidad y sentido de misión. El sistema universitario en Chile fue fundado de manera subsidiaria y se desarrolló desde instituciones variadas y diversas.

b) Sobrerregulación y autonomía de las instituciones. El sistema requiere una mejor institucionalidad y una mayor regulación, sin embargo, se pasa a un excesivo control del Estado, que pone en riesgo la autonomía de las instituciones de educación superior en su totalidad, y las sobrerregulaciones burocratizan el sistema. Además, no se reconoce la diversidad del sistema de educación superior y el control de las instituciones abarca la regulación total de aranceles y matrícula.

c) Aseguramiento de la calidad en educación superior. La actual propuesta de aseguramiento de la calidad se encuentra centrada en acreditación (opción limitada) y concentra todas las decisiones de acreditación en el Consejo para la Calidad, sin perjuicio de los riesgos que se corren en la independencia de dicho Consejo y la ausencia de acompañamiento.

d) Estímulo de las universidades regionales. Existe una ausencia u omisión de éste o, a lo menos, no se explicita estimular el desarrollo regional. Las universidades regionales hacen aportes significativos a través de la formación de capital humano avanzado, en la disminución de desigualdad social y el compromiso con los pueblos originarios. Llamó a que exista un mejoramiento continuo de dichas instituciones.

e) Apoyo a la ciencia, desarrollo y creación de nuevo conocimiento. Existe una falta claridad en cómo se estimula y potencia la investigación, hay una ausencia de diálogo entre política de educación superior y política de ciencia y tecnología. El problema que no solo se avizora a largo plazo, sino en la implementación de esta reforma.

f) Estímulo a la educación técnico profesional. No hay mención de relevar la educación técnico profesional, pese a que es clave para el desarrollo del país y reúne a un gran número de estudiantes con alta vulnerabilidad y mayores necesidades socioeconómicas. Se requiere aumentar su financiamiento, tanto estudiantil como institucional.

g) Financiamiento público. En relación al financiamiento estudiantil, expresó que si bien es un avance la propuesta de gratuidad, ésta arriesga la calidad de los proyectos educativos, porque no alcanza para equiparar la formación de los alumnos. Además, de que la fijación de aranceles representa una real inseguridad respecto de la autonomía, riesgo a la sustentabilidad de las instituciones, afecta niveles de excelencia e implica la determinación de vacantes. Por último, estimó muy importante la modificación del CAE.

Respecto del financiamiento institucional, los aportes basales son claves para desarrollo de investigación y generación de nuevo conocimiento en el país, particularmente en las universidades tradicionales que colaboran en la generación de bienes públicos y, en definitiva, aportan a la calidad, investigación e innovación. Expresó que los fondos concursables de investigación y creación artística generan incertidumbre en el sistema y no permite planificación a largo plazo. Se requiere inyectar mayores recursos.

h) Visión de temas de futuro en educación superior. El proyecto debe tener algunos elementos que potenciar, como son las nuevas modalidades de enseñanza, la internacionalización, la interdisciplina, la innovación y emprendimiento, la vinculación moderna con la sociedad y la sustentabilidad.

Finalmente llamó a reflexionar sobre los pilares principales de la propuesta, que deben considerar la calidad y equidad, el respeto a la autonomía de cada institución, el respeto a la capacidad de las instituciones para crecer y desarrollarse, la valoración de la diversidad de la educación superior de función pública y la internacionalización y apertura al mundo.

INVESTIGADORES Y ACADÉMICOS.

1. Los investigadores del Instituto Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola y señor Jorge Avilés.

El señor Avilés y la señora Arzola expusieron en la sesión 211ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresaron que el proyecto crea una nueva institucionalidad para la Educación Superior, cuyo órgano rector es el Estado. Si bien busca relevar este nivel educativo, tiene varios problemas:

1) El nuevo sistema no incluye a estudiantes, académicos y otros actores, sino que se centra en el rol del Estado y las instituciones de educación superior (IES).

2) Desconfía de la sociedad civil -las instituciones de educación superior, en la medida que acota su espacio de acción y lo delega en organismos estatales.

3) Pone en riesgo los principios que paradojalmente dice asegurar (autonomía, calidad, diversidad, inclusión, entre otros).

4) No se hace cargo de la institucionalidad que fomente el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del país.

Señalaron que, en conclusión, el proyecto contradice los mismos principios que éste mismo dice garantizar: autonomía, calidad, diversidad, inclusión.

-Desconfía de la autonomía de las instituciones.

-Delega excesivas facultades que le corresponden a éstas en organismos de evidente carácter político.

-No cree en la diversidad de proyectos, sino que pretende homogeneizar el sistema.

-Atenta contra la masificación de la educación superior.

2. El cientista político del Área Política-Electoral Instituto Libertad, señor Pablo Rodríguez.

El señor Rodríguez expuso en la sesión 211ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que se debiera sancionar expresamente el lucro con recursos públicos no sólo con amonestaciones, multas o inhabilitaciones. Los recursos públicos, siempre escasos, deben ser bien utilizados y correctamente fiscalizados. Prohibición de que empresas donde participen esas personas naturales tengan relación con el Estado.

Respecto a la autoevaluación y evaluación externa durante el proceso de acreditación, propuso reforzar la participación estudiantil en el proceso, mediante procesos claros y transparentes.

Señaló que la asignación de pares evaluadores durante la acreditación debiera ser aleatoria, dentro de los profesionales competentes para ello que estén en el registro público. No debieran ser nombrados por el Presidente del Directorio del Consejo para la Calidad.

También estimó necesario regular inhabilidades para que pares evaluadores no puedan tener un cargo directivo en una institución de educación superior que hayan evaluado, por un período determinado.

Al mismo tiempo, propuso fortalecer el sistema de información para que estudiantes y familias puedan tomar decisiones en base a ellas. La igualdad de oportunidades no existe con grandes asimetrías de información.

Finalmente, sugirió promover la movilidad, flexibilidad y articulación entre las diferentes instituciones de educación superior, respecto a sus programas.

3. El Director Ejecutivo de la Corporación de Promoción Universitaria -CPU-, Iván Navarro Abarzúa.

El señor Navarro expuso en la sesión 211ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que en el caso específico de la Educación Superior, el esfuerzo debe desarrollarse en forma participativa, realista y orientada a contribuir al mejoramiento sustancial de este nivel educativo, reconociendo los avances que el país ha ido alcanzando a lo largo de su historia, tal como lo hace este proyecto de ley.

El proyecto se presenta basado en tres ejes conceptuales, que son la búsqueda permanente de la calidad, la equidad e inclusión y la pertinencia, que apuntan a lo que la sociedad espera de la Educación Superior, a la inclusión en ella de todos los talentos de que la sociedad dispone y necesita para su desarrollo pleno y la capacidad de orientar el trabajo educativo a satisfacer las necesidades reales de su desarrollo más pleno. Estos ejes, a su vez, se explicitan en seis desafíos que tienen que ver con la institucionalidad, la equidad en el acceso, la diversidad, el aseguramiento de la calidad, el financiamiento y el fortalecimiento de la educación estatal, para desde allí llegar a la formulación de los objetivos y contenidos del mismo.

Desde el primer objetivo del proyecto queda en claro que se desea construir un nuevo sistema y se toma el compromiso de sentar base “en el respeto de la autonomía, de la diversidad de visiones y proyectos educativos, con actores públicos y privados…” Y en la necesidad de salvaguardar la fe pública depositada en la Educación Superior, lo que implica tender al mejoramiento continuo de la calidad y la transparencia.

De la misma manera, se enfatiza en la necesidad de generar mejores capacidades de coordinación de todas las instancias que componen el sistema de Educación Superior, mejorando las propias capacidades del Estado en la formulación de políticas públicas resguardando la fe pública y el buen uso de los recursos que las sustentan.

4. La Presidenta del Directorio del Foro Aequalis de Educación Superior, señora María José Lemaitre.

La señora Lemaitre expuso en la sesión 212ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que actualmente existe ausencia de una institucionalidad capaz de definir políticas de mediano o largo plazo. La conformación de CNA y su mecanismo de instalación favorece presiones corporativas; mecanismos ineficaces de control de conflictos de interés.

Tampoco hay mecanismos para asegurar umbrales de calidad pasado el licenciamiento, existe confusión entre el rol de políticas y decisiones de acreditación correspondiente a los miembros de la Comisión, y el rol técnico que corresponde a la secretaría técnica.

Por otra parte, hay escasa consideración de la diversidad institucional, énfasis en criterios asociados a universidades tradicionales.

Sostuvo que se requiere una visión orientadora acerca de la educación superior que se necesita en el siglo 21, que ponga en el centro a los estudiantes, ausentes en el proyecto de ley.

Además, se debe considerar la internacionalización y las nuevas tecnologías como elementos críticos para una educación superior actualizada. También se requiere enfatizar el rol de la educación superior en la descentralización del país y valorar la diversidad del sistema.

En materia de institucionalidad, se debe crear una instancia con mayor permanencia, y capacidad para orientar políticas de mediano y largo plazo, con facultad para aprobar ciertas iniciativas o cambios de enfoque.

En materia de formación técnico profesional, se requiere recuperar la confianza, eliminando el lucro también en los institutos profesionales y centros de formación técnica.

Asimismo, se debe vincular la educación superior técnico profesional con la economía y el trabajo, a través del diálogo con el sector productivo y trabajadores, identificando mecanismos de acceso pertinentes al carácter inclusivo del subsistema.

5. El Director Ejecutivo del Centro de Estudios FECh (CEFECh), señor Fernando Carvallo Arrau.

El señor Carvallo expuso en la sesión 212ª, celebrada el día lunes 8 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación con la Subsecretaría, estimó relevante que este sea el órgano rector del sistema, subsanando las incapacidades de la DIVESUP. Es positivo, en términos generales, que se establezca una Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. Pero, se debe contemplar también la participación de las comunidades de las instituciones técnico-profesionales, y no solo voces externas en su elaboración. Asimismo, consideró que resulta inaceptable que no exista un símil en materia de Formación Universitaria.

En cuanto al sistema único de admisión, si bien es necesario su establecimiento, estimó donde se faculta a que se contemplen programas especiales que tengan por objeto promover la equidad, se debiera imponer y no facultar, atendidas las circunstancias de desigualdad en el acceso a la educación, así como del acceso a la educación superior de calidad (estatal).

En cuanto al sistema de aseguramiento de la calidad, este se mantiene dentro de las lógicas de mercado y del estado subsidiario, fomentando la competencia por niveles. Sin embargo, dentro de la racionalidad misma del sistema, aseveró que se debe celebrar que sea obligatoria y que la definición de estándares sea externa a las instituciones. Pero, el que se amplíe la acreditación en todos los niveles a 8 años, implica hacer que la acreditación sea menos rigurosa que la legislación vigente. Asimismo, hoy la CNA contempla la participación estudiantil, cosa que no contempla el proyecto. Por último, preocupa el conflicto de interés de los pares evaluadores, en razón de que sus inhabilidades son menores a las contempladas en la ley vigente.

En cuanto a la Superintendencia, estimó que responde a una necesidad del sistema contar con un órgano que supervigile, que tenga las características del propuesto. Sin embargo, no se contemplan sanciones como la revocación del reconocimiento oficial de las instituciones, la prohibición temporal de admitir estudiantes nuevos o la prohibición temporal para percibir fondos públicos.

6. El Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Fernando Atria Lemaitre.

El señor Atria expuso en la sesión 223ª, celebrada el día martes 6 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que lo público es lo que no está sometido al régimen de la propiedad privada, es decir, lo “público” es lo que carece de dueño. Las condiciones de la propiedad privada son que tratándose de la cosa que es de propiedad de alguien ese alguien, llamado “dueño”, está en posición de decidir qué hacer con ella. Lo puede decidir sin estar obligado a dar cuentas a nadie. La ley dice que el dueño puede actuar “arbitrariamente” respecto de su cosa (artículo 582 del Código Civil).

Al entender lo público de este modo, se puede dar un contenido que muestra su relevancia política, y salir al paso de quienes se refieren a esta cuestión guiados por la finalidad de confundir los términos para que lo público pierda todo contenido institucionalmente realizable y pueda seguir siendo una cuestión de “vocaciones” unilateralmente declaradas.

Las instituciones públicas no pueden ser propiedad de nadie en este sentido. Ser propiedad de alguien y ser público son dos nociones antitéticas. Y este criterio por cierto sirve para distinguir instituciones como universidades y también para entender por qué una universidad es esencialmente pública, en el sentido de que si no es pública hay algún sentido importante en que no es universidad.

En efecto, una universidad pública es una universidad en la que nadie puede reclamar usar la posición de dueño, es decir, que nadie está legalmente autorizado para decidir unilateralmente y sin dar cuenta a nadie a qué intereses ha de servir. Una universidad privada, por el contario, es una universidad que tiene un dueño o un controlador que puede decidir cuáles son los intereses que la institución servirá. Puede decidir, por ejemplo, que ella ha de servir los intereses de una ortodoxia religiosa, o política, o económica. Y entonces la actividad de la institución estará ordenada a servir esos intereses. Pero eso quiere decir que la institución no podrá ser una institución que se someta a los ideales de la investigación libre y la discusión abierta, al menos respecto de ciertas materias. Ahora bien, esto último es precisamente lo que define a la universidad. Por consiguiente, hay algo esencialmente público (esencialmente incompatible con el dominio privado) en la idea misma de universidad.

Hoy en Chile solo las universidades estatales son en este sentido públicas. Eso es una observación sobre el régimen institucional de las universidades, y no supone ni implica que solo las universidades estatales son de calidad, o interesantes, o bienintencionadas, ni nada parecido.

Las universidades estatales (públicas) en Chile tienen muchos problemas, en parte porque el modelo neoliberal niega que el hecho de que carezcan de dueño implique para ellas un régimen especial, y las trata entonces como si fueran privadas. Pero está claro que ellas son públicas en el sentido indicado: nadie está en posición de decidir unilateralmente cuáles son los intereses que ellas existen para servir.

Con un concepto de lo público como el anterior es posible decir dos cosas que en la discusión actual es importante poder decir: primero, que las universidades del Estado, que son las únicas universidades públicas en el sistema chileno, deben ser fortalecidas y especialmente tratadas por el Estado. Es decir, que cuando se trata de las políticas estatales, la contrapartida que frente al Estado proveen las universidades estatales, las únicas universidades públicas del sistema, es cualitativamente distinta que la que ofrecen las universidades privadas. En segundo lugar, que en principio es posible crear un Régimen de lo Público, es decir, un régimen al que puedan acceder las universidades hoy privadas cuando su grado de desarrollo institucional las lleve a demandar un régimen realmente universitario, un régimen en que nadie pueda usar la institución como instrumento.

Porque la observación anterior, de que hay un sentido en que una universidad es esencialmente pública, no es solo una observación teórica o puramente conceptual. Tiene una consecuencia política relevante, y es que en la medida en que un proyecto universitario privado sea exitoso y se desarrolle como tal reclamará con cada vez más fuerza la autonomía que define a la universidad. Es decir, esta autonomía no es una exigencia externa, como si fuera una condición para acceder a fondos públicos, por ejemplo. Es una exigencia que surge desde la propia universidad, en la medida en que el proyecto universitario sea exitoso.

Recordó que la reforma universitaria de la Universidad Católica en los años 60 fue, en parte, una exigencia de autonomía de la universidad que surgió desde ella misma. El régimen de lo público, en esos casos, debe estar disponible para recibir a las universidades cuyo desarrollo haya alcanzado el punto en que ellas requieran liberarse del do-minio privado, y pasar a estar sometidas solo a sí mismas. A ser autónomas, en otras palabras.

7. El Director del Instituto de Humanidades de la Universidad Diego Portales, señor Hugo Herrera Arellano.

El señor Herrera expuso en la sesión 223ª, celebrada el día martes 6 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que, pese a sus múltiples defectos, hoy se cuenta con un sistema de educación superior donde el poder está dividido. Hay un importante pluralismo de controladores y mixtura en el financiamiento. Contribuyen los estudiantes, sus familias, donantes y el Fisco. Controlan una diversidad de grupos sociales. Ambos factores -la división del poder en el control y en el financiamiento- permiten que la educación superior, pese a sus múltiples defectos, genere espacios relevantes para el republicanismo, para la división del poder allí, dentro de cuyo contexto es recién posible la autonomía del pensamiento, la docencia y la investigación.

En el proyecto, en cambio, se concentra el control de la educación superior en manos del gobierno. De una predominancia del mercado se pasa ahora a una predominancia del Estado, pero no a una que guarde la forma republicana, sino que a un control partidista.

Dado el alto nivel de partidismo en la burocracia chilena, y el altísimo centralismo, la predominancia del Estado en la educación superior significa en verdad la predominancia allí del gobierno de turno y de su lógica, más simple que la lógica del pensamiento erudito, ilustrado, radical, complejo, disfuncional y profundo que habita en la universidad.

Ningún sistema de educación superior serio, en el mundo, se ha articulado bajo dependencia preponderante del gobierno de turno. Los sistemas de educación superior requieren de plazos y un ámbito garantizado de autonomía, ajenos al capricho, la parcialidad y los naturales afanes de poder de los gobiernos.

El actual proyecto define un régimen en el que se concentra inusitadamente todo el poder de financiamiento (de la docencia y la investigación) en manos del gobierno. Órganos de designación partidista definirán precios y vacantes, la existencia o el cierre de casas de estudio, funcionarios designados directamente por la Presidencia de la República dominarán en las universidades del Estado.

El proyecto contempla tres organismos principales: el Consejo para la Calidad, que reemplaza la actual Comisión Nacional de Acreditación, la Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior. Los miembros de estos organismos estatales son, predominantemente, designados por la Presidencia de la República, y concentran facultades de financiamiento, sanción, acreditación y no acreditación, fijación de precios y vacantes, que comprometen notoriamente, el republicanismo del sistema.

Todo el financiamiento de la docencia (por la vía de fijación de aranceles y gratuidad) cuanto la mayor parte del de la investigación de las instituciones de educación superior que se integren al sistema dependerá del gobierno, de la Subsecretaría. El gobierno podrá, entonces, incentivar y desincentivar, debilitar y fortalecer áreas de estudio, tipos de institución, visiones del mundo predominantes en ciertas áreas de estudio y tipos de institución. La lógica de la investigación, el uso docto de la razón, el pensamiento libre pasan a ser sometidos a la lógica política.

Otro cambio relevante, que atenta contra el republicanismo del sistema, son las atribuciones acentuadas de la Presidencia de la República en las universidades del Estado. La autonomía de estas casas de estudio quedará severamente afectada por la lógica partidista. La Presidencia designará 4 de 9 miembros de los Consejos Directivos, que son los organismos superiores de la respectiva universidad. Esto deja al rector en una posición de virtual empate, el que se desequilibraría bastando que uno de los demás miembros del Consejo sea gobiernista. Esto, salvo que se trate de asuntos que sean iniciativa del rector, cuando éste pierde su derecho a voto (artículo 153). Las universidades del Estado arriesgan, entonces, su autonomía con el proyecto, que, por otra parte, no aumenta en nada el apoyo fiscal a estos planteles. Su publicidad se podría ver comprometida.

Insistió en que una cosa es avanzar hacia correcciones de lo que actualmente existe. Mejorar los apoyos a las familias y estudiantes; definir mejor qué es y qué no universidad; fortalecer a las universidades que investigan y enseñan con calidad, apoyar más decididamente la educación técnico profesional, crear organismos estatales imparciales y altamente profesionalizados y criterios y estándares exigentes y de largo plazo para las instituciones, vale decir, alejar a la educación superior del relativo abandono en el que se encuentra por parte del Estado. Pero otra cosa muy distinta es poner a la educación superior bajo el control preponderante o total de la lógica partidista, del gobierno de turno.

8. El Director del Programa Doctorado en Estudios de la Educación Superior de la Universidad Diego Portales, señor José Joaquín Brunner Ried.

El señor Brunner expuso en la sesión 224ª, celebrada el día lunes 12 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló, en suma, que hay interrogantes de fondo -de todo orden, relativas al diagnóstico y a la meta de la reforma, y a sus contenidos en materias de gobernanza y economía política- que hasta hoy no tienen respuesta y siembran confusión e incertidumbre entre las instituciones, dentro de la Nueva Mayoría, en las filas de la oposición, en la opinión pública y dentro de la sociedad civil.

Por su lado, el gobierno, en vez de defender lo que se supone es un proyecto resultado de 30 meses de trabajo, frente a las preguntas y críticas, decide modificar una vez más su posición y anuncia una indicación sustitutiva. En cuanto al eje del proyecto, el de la gratuidad, volverá a discutirse por segundo año consecutivo en torno a una glosa de la Ley de Presupuestos del Sector Público, lo que no le parece serio.

La educación superior constituye una pieza clave del desarrollo del país y un patrimonio de la nación producto de una larga y rica historia. Merece ser tratada con respeto, reflexivamente, a la luz de sus propias tradiciones y de la capacidad de autogobierno de las comunidades que la forman. Una ley que debería proyectarla hasta la mitad del presente siglo necesita reunir sólidos consensos y articular los intereses legítimos de todas las partes interesadas, dentro y fuera de las instituciones de educación superior. Los cambios no pueden improvisarse o alterarse a cada momento según los vaivenes de las opiniones y las presiones.

Se necesita articular una estrategia de cambio de mediano y largo plazo que parta de un diagnóstico compartido, fije una visión clara de la meta, trace un camino -una carta de navegación- y seleccione los instrumentos más adecuados. Los cambios, su turno, deben incluir el fortalecimiento de la gobernanza y los imprescindibles mejoramientos del esquema de financiamiento, junto con una serie de otros temas que hasta aquí han sido ignorados, como por ejemplo:

-El tránsito hacia nuevas modalidades de enseñanza/aprendizaje, junto con una puesta al día de los currículos, la arquitectura de grados y títulos y de los métodos pedagógicos y tecnologías educativas.

-Un nuevo impulso a la formación técnica, tecnológica y profesional en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida y de la constante renovación de las competencias del siglo XXI en toda la fuerza de trabajo.

-El reforzamiento de la diversidad en todo tipo y clase de IES y en todas sus dimensiones, no sólo en el acceso y la composición de los cuerpos estudiantiles, si no igualmente de sus cuerpos académicos, métodos de evaluación, oferta programática, vínculos con el entorno y pluralismo de valores.

-La profundización del régimen de aseguramiento de la calidad, robusteciendo su independencia, el control interno de calidad en cada institución, la evaluación por pares para el mejoramiento continuo y procesos exigentes y realistas de acreditación fácilmente comprensibles para el público.

-La apertura de la investigación académica hacia nuevos modos de producción de conocimientos, del tipo triple hélice (universidad-empresa-gobierno) y de cuádruple hélice (universidad-sociedad civil-Estado y esfera pública) de modo de incrementar la participación de las IES en la modernización de las fuerzas productivas y en la deliberación democrática, respectivamente.

-La internacionalización de las organizaciones y actividades académicas y vocacionales para multiplicar los lazos de la educación superior dentro del espacio iberoamericano y con las comunidades científicas y técnicas de los países de la OCDE.

En definitiva, sugirió aprovechar el nuevo respiro -a propósito de la próxima indicación sustitutiva dentro de este complicado proceso de reforma- para cimentar un diagnóstico compartido, darle un norte claro al proyecto, responder a las múltiples interrogantes que se han abierto, mejorar los débiles o equivocados diseños en materia de gobernanza y financiamiento de la educación superior y para incorporar a las políticas de la reforma nuevos temas hasta ahora ignorados.

9. El Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, señor Luis Cordero Vega.

El señor Cordero expuso en la sesión 224ª, celebrada el día lunes 12 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que un asunto de discusión permanente es la autonomía de las instituciones reguladas. Cuando en una discusión de reforma institucional se coloca énfasis en el medio (el mecanismo de provisión) y no en el fin (el derecho garantizado), se suele incurrir habitualmente en el error de que la regulación pública destinada a garantizar el derecho, incluida la transferencia de fondos públicos, puede afectar la autonomía de los sujetos que intervienen como medio para la garantía del derecho, basado especialmente en la denominada “autonomía de los grupos intermedios”.

Esta cuestión genera habitualmente una discusión constitucional entre inmunidad privada (la propia de la autonomía) cuando el Estado define reglas públicas para su actuar. Sin embargo, esa discusión debería ser distinta si lo que está en juego es la participación privada como medio de garantizar un derecho fundamental, pues en tales casos se traslada a la esfera privada las obligaciones de lo público.

Esto en materia educacional ha sido especialmente complejo por dos motivos. Por un lado, porque el sistema bajo la Constitución Política de la República de 1980 se ha basado en la “libertad de enseñanza” (lo que va asociada a la autonomía de los establecimientos) y por la otra, en específico en materia de educación superior, a la denominada “autonomía universitaria”, como expresión del autogobierno universitario.

Respecto de si este proyecto disminuye la autonomía de las instituciones como son concebidas el día de hoy, destacó que evidentemente si, por el cambio de régimen que el proyecto implica. Entonces, la pregunta relevante desde el punto de vista legal es si esa mayor restricción para garantizar un fin (el derecho de los estudiantes) afecta gravemente la autonomía de la cual son titulares las instituciones. Consideró que no, en la medida en que el proyecto les permite seguir adoptando decisiones de modo independiente en el ámbito financiero, académico y administrativo, cumpliendo los umbrales básicos que le permiten su funcionamiento.

Explicó que, por otra parte, en su concepto, el proyecto no resuelve desde el punto de vista del Derecho Administrativo el problema de las universidades estatales. Existen quienes discrepan de una prioridad así, porque concentrar los esfuerzos en este tipo de universidades afectaría la pluralidad del sistema educacional, porque el concepto de universidad pública no puede depender de la propiedad, de modo que la discusión se debería concentrar en cuáles son las reglas de igualdad para el funcionamiento de la totalidad del sistema.

Los críticos olvidan, sin embargo, que para que sean posibles esos objetivos, es necesario corregir uno de los problemas estructurales de las universidades del Estado, que corresponde a su tratamiento legal como servicios públicos, con todo el régimen de restricciones que eso implica. Esto se traduce en que muchos de los incentivos y modelos de gestión universitaria razonables en cualquier institución que incluso recibe fondos públicos, en la universidad estatal pueden ser considerados ilegales. La Contraloría los puede objetar, porque no se ajusta a legalidad de un servicio público y sus académicos pueden incurrir fácilmente en incumplimiento de las obligaciones definidas en el Estatuto Administrativo.

El proyecto, en su opinión, no resuelve este problema y al dejarlas en la misma condición que han tenido hasta ahora, las mantiene en una manifiesta desventaja en el sistema universitario en general.

10. El Director de Educación de la Fundación Nodo XXI, señor Víctor Orellana Calderón.

El señor Orellana expuso en la sesión 228ª, celebrada el día lunes 3 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Hizo presente las contradicciones de la apuesta por regular el sistema lucrativo masivo. Mientras más se regula y se exige, menos espontánea es la acción de los sujetos. Esto profundiza una crisis de “motivación” de la acción. No hay educación pública, como expresión de instituciones democráticas, pero tampoco hay mercado, como libertad de los individuos.

Si se llevara este enfoque a las últimas consecuencias, mediante fijación total de precios, eliminación total del lucro y fijación total de matrícula, habría una falla sistémica o abandono de actores. Por tanto, eso se evita mediante la ampliación del CAE como “válvula de escape” de un bajo arancel regulado, la libertad de fijación de aranceles fuera de la gratuidad y el espacio para retirar lucro vía “operaciones relacionadas”.

Esto lleva a dos paradojas, ambas con más Estado, y menos democracia: Un sistema regulado (gratuidad), que carece de un soporte socio cultural para construir lo que se quiere. El Estado asume que no se comportará como se espera, porque lo controlan intereses que no son públicos, entonces incrementa el poder de la regulación técnica, y un sistema desregulado (fuera de la gratuidad), que aumenta las posibilidades de acumulación vía CAE y libertad de fijar aranceles

El sistema queda finalmente atrapado en un “estatismo” que crece sin educación pública, al mismo tiempo que se consolida el rentismo con la educación. Lo peor de dos mundos, con menos democracia y menos libertad.

-La Subsecretaría, que regula precios de la “compra” del Estado a través del Panel de Expertos (arancel regulado) y coordina en ciertos casos oferta y demanda (regula oferta).

-Calidad. Se reemplaza la “participación de los actores” (incluso estudiantiles) por el sistema de Alta Dirección Pública. Además, se pasa de un sistema de aseguramiento a uno de estandarización, aunque no se definen más cosas. Mientras más calidad hay, más “libertad” se otorga.

-Superintendencia, que presupone que las instituciones van a intentar violar la ley, intenta evitarlo, pero con la salvaguarda que los actores no renuncien (deja espacios).

-Financiamiento. Los principales beneficiarios de gratuidad son las instituciones privadas lucrativas. Además, el arancel regulado es menor a lo necesario por las instituciones de mayor calidad. Se mantiene financiamiento por estudiante y se mantiene e incluso se expande el sistema CAE.

-En la educación estatal hay una débil constitución de la red, no se apuesta a su expansión y no se asignan más recursos. Asimismo, no hay mayor democratización ni conexión con la sociedad (menos que en ley Marco de 1997).

Sostuvo que es necesario tomar en serio la necesidad de una Red de Educación Superior Pública (gratuita universalmente), integrando a estatales, G3, y eventualmente, recuperando el control público sobre el INACAP. Deben reestructurarse, modernizarse y democratizarse las instituciones. Además, debe recuperarse la historia de la universidad pública Latinoamericana y sus tres misiones, esto es, docencia, investigación y extensión, y se debe planificar su desarrollo y expansión en el tiempo, en un sentido orgánico y colaborativo. Esta Red debería, en 2020, cubrir la mayor parte de la matrícula y se ponga fin al límite de los “600 puntos”.

Asimismo, se debe proyectar esta Red como una fuerza de innovación cultural y científica, al servicio de la sociedad y sus distintas expresiones, por ejemplo, medios de comunicación, financiamiento basal, líneas de investigación prioritarias, desarrollo del posgrado local, en lugar de financiar el posgrado internacional.

Se debe construir un espacio de educación privada que colabore con la función pública y que sea parte de este proceso de expansión, gratuita para algunos sectores. Se debe contemplar a las instituciones tradicionales del CRUCh y a las instituciones creadas post 1981 que sean un aporte sustancial a la cultura chilena y se constituyan como proyectos privados democráticos.

Se deben construir iniciativas que disminuyan el peso del sistema privado lucrativo en la educación superior y el Fisco, mediante un plan de reubicación para los estudiantes (título de la institución que los acoja) y poniendo fin de CAEs nuevos, forzando a la banca a una renegociación (eventual condonación) de una deuda ilegítima. Además, se debe adoptar como principio que no se puede quitar ninguna ayuda estudiantil a nadie que ya la tenga, sea de donde sea.

Finalmente, en todo este tránsito se pueden gastar los mismos (o menos) recursos de lo que hoy se proyecta.

11. El Director Ejecutivo de Acción Educar, señor Raúl Figueroa Salas.

El señor Figueroa expuso en la sesión 228ª, celebrada el día lunes 3 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que, en materia de institucionalidad, la Subsecretaría responde a la necesidad de dar mayor jerarquía a la gestión de la educación superior, sin embargo, concentra funciones que no le corresponden y que son propias de las instituciones de educación superior, de otros organismos del Estado o personas, tales como la fijación de aranceles, fijación de cupos, sistema de admisión, definición de criterios de acreditación, definición del Marco de Cualificaciones y coordinación de oferta técnica e universitaria estatal.

Establece una relación jerárquica de control sobre el Sistema de Educación Superior, sin reconocer la autonomía e independencia del mismo. El error central es considerar a la educación superior como un servicio público subalterno al Estado (excepcionalmente administrado por privados).

En relación al Sistema Único de Admisión es razonable que no sea administrado por el CRUCh o cualquier grupo específico de instituciones, pero tampoco por la Subsecretaría, debiendo ser administrado por un organismo autónomo que responda a las instituciones.

Respecto del Marco de Cualificaciones no está definida su función, sus características y su grado de detalle, ni tampoco que tan vinculante será en relación a la acreditación. No debiera ser parte de la ley si no está definido claramente y sus consecuencias claras.

En materia de financiamiento, la gratuidad universal es una política regresiva porque el Estado va a invertir 700 MM en el quintil más rico versus 390 MM en el más vulnerable, lo que obliga a concentrar el gasto público futuro en los deciles de mayores ingresos. Adicionalmente, esta lógica de financiamiento tiene una serie de efectos negativos y un triple problema de diseño:

a) La transición permanente establece escenarios de incertidumbre que limitarán el crecimiento, la innovación y la inversión en las instituciones.

b) El régimen preferido por la política, esto es, la gratuidad es inconveniente para las instituciones y obligatorio en un plazo desconocido.

c) El financiamiento de deciles más ricos es cada vez más caro y menos sustentable políticamente.

En relación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad estimó que hay varios aspectos que revisar:

-El reemplazo de la CNA por un nuevo “Consejo para la Calidad”, cuya composición implica un riesgo de predominio de una sola visión (la académica con 9 de 11 miembros), en desmedro de la gestión y la mirada global.

-La acreditación institucional obligatoria bajo un modelo de instituciones complejas y un paradigma único de calidad.

-Los criterios de calidad únicos establecidos por el Consejo para la Calidad que determinan los proyectos educativos en desmedro de la diversidad.

-La existencia y autonomía de las instituciones queda vinculada al nivel de acreditación.

En cuanto a la Superintendencia, atendidas las características específicas del sistema de educación superior, estimó que sus atribuciones pueden exceder las propias de este tipo de instituciones.

-La fiscalización de la “legalidad del uso de los recursos” y su “viabilidad financiera”, la atribución de supervisar la viabilidad financiera carece de una definición precisa, lo que deja espacio para incertidumbre, eventuales arbitrariedades y problemas de interpretación. Esto se potencia con la eliminación de la participación del CNED en lo referido al Administrador Provisional.

-El control de operaciones con relacionados abarca a todas las instituciones sin fines de lucro, obliga a los centros de formación técnica e institutos profesionales que reciban fondos públicos a transformarse y limita las maneras de organizar la corporación.

-Limita las posibilidades de contratación de servicios, prohibiéndolas en algunos casos, y regulándolas en otros casos (otras personas sin fines de lucro).

-El control de la Superintendencia en los que se entiende como “la mejora de la calidad” (artículo 126) abre espacio para dudas e incertidumbre para las instituciones.

En definitiva, queda en duda si forzar a las instituciones a esta regulación genera más aspectos positivos que negativos.

Finalmente, concluyó que el proyecto requiere un cambio de eje, esto es, salir de la desconfianza y la refundación, la fe ciega en el Estado como controlador de la educación superior y la gratuidad universal del pregrado como cimiento del sistema y avanzar hacia un sistema que permita mayor confianza entre sus actores y resguarde la fe pública, valore lo logrado, ponga en su centro la autonomía, diversidad y la calidad, y cuyo financiamiento se base en las preferencias de los estudiantes y en la capacidad de las instituciones de generar bienes públicos.

Además, de que el sistema educacional que este proyecto consolida difícilmente alcanzará el nivel de desarrollo esperado y hace probable una versión empobrecida y mediocre de lo actual.

12. El Director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Francisco Agüero Vargas.

El señor Agüero expuso en la sesión 228ª, celebrada el día lunes 3 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Respondió frente a la pregunta de por qué regular la educación superior, que la regulación obedece tradicionalmente a fallas de mercado o riesgo, y en la educación superior se observan, al menos, los siguientes problemas: asimetrías de información, afectación de la fe pública, financiamiento estatal (CAE) y gratuidad versus ausencia de lucro en las universidades.

Con el proyecto se transita de un modelo de nula regulación y control, a una regulación para la educación superior para el siglo XXI, necesaria para un mayor bienestar. La situación actual es de regulación mínima, sin un regulador que pueda velar por enforcement y déficits institucionales, por ejemplo, acciones colectivas contra carreras sin demanda de la ley N° 19.496. Destacó la ausencia de instituciones necesarias para fiscalizar mecanismos de financiamiento (gratuidad).

Se propone crear instituciones para implementar la legislación y que tendrán como objeto la fiscalización, lograr calidad, implementar políticas, solucionar controversias, etc. Enfatizó que una regulación necesita de una institucionalidad adecuada para ser efectiva.

En materia de fiscalización o monitoreo, se requiere un organismo que fiscalice el cumplimiento de la normativa sectorial y castigue su infracción. En Chile, eso es una Superintendencia, que tienden a estar en ciertas industrias o sectores, por ejemplo, medio ambiente, energía, bancos, entre otros, por el interés público comprometido.

En el proyecto hay un sistema de educación superior robusto con potestades interpretativas, fiscalización, sanción y solución de reclamos. Respecto de que si es mucha la regulación propuesta, expresó que en los sectores de servicios públicos hay similitudes y diferencias: mecanismos de financiamiento a través de tarifas o subsidios, como ocurre con la energía, agua potable, entre otras; planificación de obras con participación que generan rentabilidad garantizada; calidad regulada a efectos de tarifa que se paga del servicio, y acceso al servicio previsto en tratados sobre derechos humanos, como ocurre con el agua.

Respecto de las actividades no reguladas permitidas (pero sin afectar núcleo público), se presentan problemas de competencia dando lugar a monopolios y,o asimetrías), régimen de autorizaciones ex ante, reguladores múltiples y controversias, prestaciones entre partes relacionadas e innovación.

Ante la pregunta de que si son muchas las instituciones, expresó que una alternativa es concentrar el poder en una institución, o bien permitir la coexistencia de otros órganos con roles acotados, o bien tener diversidad de órganos con roles específicos y con controles. En ese sentido, destacó la necesidad de un sistema de instituciones reguladoras.

El desafío práctico en el financiamiento de las instituciones de educación superior, dice relación con un mecanismo que debe ser implementable en atención a los costos crecientes de la educación superior, problema que no solo es nacional. Además, se debe considerar su complejidad, dada por la multitud de carreras de calidades diversas. A mayor calidad, mayor valor, de ahí que el procedimiento para determinar calidad no es trivial, sin perjuicio, de considerar la localización de las instituciones.

Respecto de la implementación del financiamiento, la experiencia internacional y nacional en regulación de precios muestra desafíos similares. Algunas diferencias, en industrias reguladas se fijan precios por falta de competencia (monopolio) y las universidades no persiguen fines de lucro.

Respecto de la Comisión de Expertos apuntó que es una institucionalidad necesaria y con procedimientos regulados en ley, existiendo un debido proceso administrativo y audiencia.

En materia del estatuto de universidades estatales y gobierno universitario, se preguntó cómo será la coordinación de la Contraloría General de la República y la Superintendencia. Además, expresó que las reglas sobre transparencia actuales pueden afectar costos y competencia y la presencia de terceros, tales como egresados,

Finalmente, hizo presente que se debe evaluar el régimen de control con esquemas alternativos de fiscalización (whistleblowing) ante escenarios de captura o insuficientes fiscalizadores.

Respecto del sistema de reguladores o alertadores, expresó que se han ido incorporado con éxito en países como Estados Unidos. Sin embargo, en Chile no hay un incentivo a denunciar, al contrario, se castiga a quienes lo hacen. De hecho, la Contraloría ha publicado los datos de funcionarios públicos que han efectuado denuncias, por lo que existe desprotección.

13. El Director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Irarrázaval Llona.

Expusieron el señor Irarrázaval, la profesora titular de la Universidad Católica y Directora Ejecutiva de la Agencia Qualitas S.A., señora Judith Scharager, y el Coordinador de Procesos de Aseguramiento de la Calidad de esa Agencia, señor Alexis Meza, en la sesión 228ª, celebrada el día lunes 3 de octubre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señalaron que es claro que el actual sistema de aseguramiento de la calidad requiere ajustes. Algunos de los problemas que este muestra se observan en los mecanismos de elección de los consejeros de la Comisión Nacional de Acreditación, según los cuales estos son elegidos como representantes de ciertos organismos o consorcios. Por otro lado, el sistema de trato directo entre las instituciones de educación superior y las agencias acreditadoras de calidad puede prestarse para malas prácticas.

Si bien el proyecto presenta algunas innovaciones positivas, que se dirigen a mejorar los niveles de coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, aminorar los potenciales conflictos de interés, terminar con la representación corporativa que hoy existe en la CNA, fijar mecanismos de seguimiento y acompañamiento una vez obtenida la acreditación, entre otras, también presenta problemas sustantivos en el marco conceptual que fundamenta el diseño de la institucionalidad y en los procesos asociados a la acreditación institucional y de programas. El proyecto termina por enmarcar el Sistema en una normativa excesivamente orientada al control, que desatiende la necesaria promoción de la calidad y que terminará restringiendo la autonomía de las instituciones.

De esta manera, se observa que el proyecto de ley presenta un problema respecto al diagnóstico que realiza de la institucionalidad actual. Se reacciona ante los problemas de alta repercusión mediática que afectaron al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y que evidenciaron un déficit regulatorio. A raíz de ello, omite el hecho de que en la última década se han instaurado políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad a nivel de sistema y al interior de las instituciones que han logrado permear positivamente las prácticas instituidas y, progresivamente, ir instalando una cultura orientada al mejoramiento y a la rendición de cuentas. El proyecto de ley no considera esta experiencia y sus consiguientes aprendizajes, sino que legisla en función de la excepción negativa y exagera la función contralora y sobrerreguladora.

En este sentido, la orgánica, la naturaleza y las funciones del Consejo para la Calidad que el proyecto propone, implicará que el sistema de aseguramiento de la calidad se inclinará hacia el control e inhibirá la mejora continua de la calidad desde las mismas instituciones. Asimismo, constituye un severo error la concentración de funciones y atribuciones que recaerán en el nuevo Consejo para la Calidad de la Educación Superior. En esta nueva institucionalidad prevalece además un rol de fiscalización con sesgo sancionatorio y punitivo, lo cual es negativo para el Sistema.

Respecto a la acreditación, se debe recordar que no es un fin en sí misma. El proyecto hace equivalentes acreditación con aseguramiento de la calidad, lo que también constituye un error. La calidad es una cuestión que trasciende a la acreditación. Lo que el proyecto de ley no considera es la noción de mejoramiento continuo, que es una de las dimensiones a las que debe apuntar el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es fruto de una combinación equilibrada entre la capacidad de la institución de rendir cuentas ante entidades externas (accountabillity) y su propia capacidad de mejora continua (control interno). Es esta integración la que genera aprendizaje institucional y construye una cultura de la calidad en el seno de las instituciones de educación superior.

Por otra parte, el proyecto de ley tiene omisiones lamentables como es el caso de la acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado, y la acreditación de magíster. En esto el actual Sistema ha avanzado bastante. Entendiendo que el sistema de acreditación de carreras es perfectible, aquí se propone avanzar hacia una acreditación por “área disciplinar” o “Facultad”, que involucre al conjunto de carreras y programas adscritas a la misma. Por su parte, el proyecto de ley propone una acreditación de una “muestra” de carreras en el contexto de la acreditación institucional, lo que no sólo no es viable desde el punto de vista operativo, sino que tampoco permitirá una evaluación pormenorizada sobre aspectos estrictamente académicos, como los que hoy se revisan en una acreditación de programas.

Por su parte, los niveles de acreditación C, B y A se encuentran definidos deficientemente y aparecen como una condición estática, más que como una gradiente, que permita que las instituciones vayan evolucionando y les permita ascender de nivel. Por lo demás, los niveles no son excluyentes entre ellos y no permiten realizar una diferenciación clara entre uno y otro respecto al desempeño de las instituciones.

Existe bastante consenso en la necesidad de una regulación apropiada para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, pero esta debe ser equilibrada y debe atender a los niveles de desarrollo de las instituciones y, al mismo tiempo, favorecer su mejora continua.

No es necesario partir de cero en materia de aseguramiento de la calidad. El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la propia Comisión Nacional de Acreditación, las agencias acreditadoras y las instituciones de la Educación Superior en general han desarrollado aprendizajes valiosos. De ahí que este proyecto al no contemplar aquello, lejos de ser un avance, podría convertirse en un retroceso.

14. La Presidenta del Directorio del Foro Aequalis de Educación Superior, señora María José Lemaitre y el Vicepresidente señor José Julio León.

La señora Lemaitre y el señor León expusieron en la sesión 236ª, celebrada el día lunes 14 de noviembre de 2016. Asistieron acompañados de las señoras Marietta Radnic y Angélica Cabello, del Área de Comunicaciones. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Observaron que se trata de un proyecto descontextualizado, que no considera suficientemente la realidad de la educación superior del país. Existe escasa consistencia entre el discurso (mensaje) y las disposiciones, entre fines y medios. Además, hay silencios preocupantes, tales como los estudiantes, la internacionalización, la articulación de la educación superior, la innovación y la transferencia tecnológica. Existe una excesiva regulación, y desconocimiento de que la calidad es esencialmente una responsabilidad de las instituciones.

Sostuvieron que la calidad como política pública de educación superior debe definir un marco de referencia para el diseño de criterios de calidad, la operacionalización de los criterios en el marco de los propósitos institucionales, la articulación entre certificación de autonomía y acreditación y la limitación de la autonomía de IES que no cumplen suficientemente con los criterios de calidad.

En materia de institucionalidad, expresaron que se requiere una configuración legal que respete la autonomía y diversidad, pero promueva objetivos compartidos, que asegure el cumplimiento de estándares (exigentes y alcanzables) adecuados a la diversidad de las instituciones y el alumnado que atienden. Además, es necesaria la definición de una estrategia de largo plazo, que comprometa a las instituciones y el Estado, traducida en directrices flexibles, graduales, factibles de implementar por parte del Estado y que promuevan el compromiso institucional con la calidad.

Afirmaron que las falencias del proyecto dicen relación, en primer lugar, con la técnica legislativa, a través de un diseño no idóneo para el logro de objetivos del proyecto; opta por un modelo de coordinación centralizado y burocrático, que excluye otras opciones.

Por otra parte, no es una reforma completa del sistema (por ejemplo, subsiste el CAE, no reforma el CRUCH ni estructura de títulos y grados). Además, la política de las Instituciones de Educación Superior se tiene como de gobierno y no como de Estado. La estrategia nacional debería ser fruto del diálogo Estado-IES-sector productivo.

En otro orden de materias, opone (impropiamente) acreditación y autonomía. La calificación del Consejo de Calidad como servicio público es un signo de énfasis en control. La autonomía no es opuesta sino condición de la calidad. En la experiencia comparada, la acreditación es un proceso de acompañamiento y accountability, que promueve la mejora continua y la capacidad de autorregulación de las instituciones.

Expresaron que los elementos claves para la reforma radican en la autonomía de las instituciones, que dice relación con un diseño institucional adecuado para cumplir con sus valores y propósitos. Se refiere a su capacidad para autodeterminarse en sus funciones académicas (definir su proyecto institucional, misión y visión) y auto-gobierno.

Asimismo, es compatible con los requisitos del reconocimiento oficial, que el Estado certifique, controle y promueva la calidad, con financiamiento estatal total o parcial, con requisitos que fije la ley y una política nacional que fije una estrategia de desarrollo para las Instituciones de Educación Superior.

En suma, hicieron presente que la “forma” jurídica debe ser consistente con la estructura, funciones y características de las instituciones realmente existentes, promoviendo su desarrollo y guardando coherencia con los valores compartidos (autonomía, heterogeneidad y carácter mixto del sistema).

15. El Jefe del Área de Educación Superior de la Fundación Educación 2020, señor Mathías Gómez.

El señor Gómez expuso en la sesión 236ª, celebrada el día lunes 14 de noviembre de 2016. Asistió acompañado del asesor, señor Ariel Ramos y de la Directora de Política Educativa, señora Nicole Cisternas. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que en materia de institucionalidad, se debe establecer como requisitos para la obtención y mantención del reconocimiento oficial: la prohibición de lucro, la acreditación en el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior, participar del Sistema Único de Admisión, regirse por el Marco Nacional de Cualificaciones y contar con gobiernos corporativos modernos y pluralistas, vinculados con el desarrollo de las localidades donde se encuentren.

Asimismo, se debe crear un nuevo Consejo de Instituciones de Educación Superior, que agrupe a todas las instituciones del sistema, universidades e instituciones técnicas.

Es necesario crear una Superintendencia de Educación Superior, que fiscalice el correcto funcionamiento administrativo, legal y financiero de todas las instituciones del sistema y una Subsecretaría de Educación de Educación Superior, que sea la responsable del diseño y ejecución en coordinación con la nueva institucionalidad que agrupe a las instituciones, y genere las políticas públicas del sector.

Del mismo modo, se debe crear un Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Superior, que promueva y facilite las trayectorias educativas y formativas a lo largo de la vida, estableciendo los niveles de la formación, en términos de aprendizaje y su relación con las áreas ocupacionales, incorporando niveles de oficio, técnicos de nivel medio y superior, en la certificación de competencias.

También se requiere modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, estableciendo su obligatoriedad para todas las instituciones, considerando, una acreditación integral, la incorporación de estándares de calidad orientados al logro de resultados, y las especificidades de la Educación Técnica. Además, reestructurar la Comisión Nacional de Acreditación, eliminando las agencias privadas acreditadoras.

Por otra parte, afirmó que se deben fortalecer las universidades estatales del país, modificando las leyes que las norman, flexibilizando significativamente su administración, garantizando una efectiva rendición de cuentas, y modernizando su gestión. Asimismo, fortalecer la matrícula de las IES públicas, generando un plan para fortalecer la matrícula pública de un 26% a un 33% en las universidades.

También se requiere fortalecer la oferta de educación pública regional, incrementando la retención de alumnos, promoviendo la articulación y la creación de redes de colaboración, y mejorando las condiciones económicas para los docentes de sectores apartados, y consolidar la red pública de instituciones técnicas en todas las regiones del país, con una fuerte componente local y al alero de las universidades estatales de cada región.

En materia de financiamiento, propuso generar una nueva estructura de financiamiento para la educación superior, que combine aportes basales y variables, determinados mediante una fórmula objetiva, transparente y orientada a resultados, que considere una bonificación para instituciones en zonas apartadas.

Sugirió crear el Consejo de Financiamiento de la Educación Superior, organismo estatal autónomo que recopile y audite la información necesaria para el cálculo de los recursos públicos que se entregan a las instituciones.

Asimismo, se debe avanzar en el acceso gratuito a todos los estudiantes, considerando las capacidades económicas del país, y garantizando la mantención de los beneficios estudiantiles hasta que el sistema esté en régimen.

Por último, se requiere implementar la transparencia activa de la información financiera de las instituciones, especificando fuentes de ingreso, egreso y transacciones, de manera favorecer su buen funcionamiento.

16. El Investigador del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, señor Felipe Rössler Hargous.

El señor Rössler expuso en la sesión 236ª, celebrada el día lunes 14 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En relación a los principios que contempla el proyecto de ley, expresó que consisten en: autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos, inclusión, libertad académica, participación, pertinencia, respeto y promoción de los derechos humanos, transparencia y trayectorias formativas y articulación, sin embargo, presentan incongruencias.

En relación a la nueva institucionalidad para la educación superior, destacó que el Ministerio cumple un rol excesivamente central. En efecto, argumentó que es imposible que asuma todas las atribuciones y funciones que le entrega el proyecto. Como órgano rector cuenta con demasiadas facultades y con riesgo de politizar ciertas decisiones técnicas del sistema en materia de acreditación, financiamiento, entre otras.

En cuanto a la Superintendencia, se le entregan facultades propias del CNED, por ejemplo, el reconocimiento oficial; se presenta el problema de legalidad del uso de los recursos en la transición a la gratuidad, y surge la pregunta de quién va a definir la viabilidad financiera de una institución. Respecto del Consejo para la Calidad, la ADP no es suficiente garantía para asegurar que sea un órgano técnico e independiente, ya que los 11 miembros son electos directa o indirectamente por la Presidencia de la República.

En materia de acreditación, expresó que no todas las instituciones deben ser complejas y Chile se convertirá la primera excepción internacional. Se preguntó qué se entenderá por viabilidad académica de la institución. Además, de que el proyecto impone más exigencias y menos beneficios, por ejemplo, en la apertura de nuevas sedes.

En el aspecto relativo al financiamiento, precisó que se ha demostrado déficit de las instituciones que se adscribieron a la gratuidad con el riesgo de no dejar margen para la innovación. Consultó qué pasará con los funcionarios de las instituciones adscritas con el 100% de la matrícula, quienes probablemente querrán regirse por el Estatuto Administrativo.

Finalmente, pidió avanzar hacia un mayor acceso a los sectores más vulnerables, que se garantiza mejorando la calidad de la educación escolar y con el costo alternativo de la educación superior. Nuevamente insistió en que solo la gratuidad no es suficiente y debe resolverse cómo se mantienen esos alumnos.

Se requiere un sistema plural que respete los distintos proyectos educativos, debiéndose mejorar la calidad del sistema, la pregunta es cómo fortalecer la educación técnico profesional junto a una mayor “conversación” del sistema con el mundo laboral.

Lo anterior, sin olvidarse de las ciencias y la tecnología y que se deben explorar nuevas opciones, por ejemplo, educación dual y que los principios que declara el proyecto son los adecuados, lo importante es que éste los respete y ello no pasa porque los contradice.

17. El Encargado del Programa de Educación del Área Legislativa del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), señor Aldo Flores Colicoy.

El señor Flores expuso en la sesión 236ª, celebrada el día lunes 14 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que, en general, se trata de un proyecto de ley que pese a las regulaciones que crea, no se hace cargo del todo, de los múltiples desafíos que la reforma y que el programa de Gobierno propone.

Los acentos del sistema de financiamiento deben estar puestos en el correcto uso de recursos públicos, en avanzar hacia el fortalecimiento de la educación pública, que a través de las instituciones del Estado va marcando pauta y sirviendo de columna vertebral de todo un nuevo sistema. Es por esto último que la presencia de figuras como el CAE parecen hasta incoherentes con lo propuesto en el mensaje del proyecto. Además, es indispensable tipificar el lucro como delito.

El mecanismo implementado en la gratuidad no termina con el autofinanciamiento y junto con los nuevos criterios de acreditación y acceso a fondos públicos, siguen siendo muy perfectibles, sobre todo cuando se hace competir instituciones con mecanismos de financiamiento iguales, pero propósitos y realidades muy distintas (sobre todo a nivel regional).

Es un error, que tiene la potencialidad de fecundar falsas esperanzas, condicionar la cobertura de los deciles superiores al aumento de los ingresos fiscales estructurales en relación al PIB tendencial.

Pese a que el proyecto instala una nueva institucionalidad, las competencias de cada parte Estado (Ministerio de Educación) e instituciones no están del todo delimitadas, por ejemplo, a nivel de la educación técnico profesional se debe definir específicamente cómo será la articulación de la gobernanza del subsistema técnico profesional y como se hará la bajada de ésta, en la vinculación de la formación con las empresas especializadas y con la experiencia laboral.

El desarrollo de las humanidades y las artes debe ser fortalecido y el fondo propuesto sin duda es un avance, sin embargo, se extrañan propuestas en la línea de contar con una estrategia nacional en términos de cobertura, equidad y pertinencia. Una medida similar al Consejo que coordina actores en la educación técnico profesional podría considerarse para la articulación de profesionales e implementación de iniciativas en materia de investigación y educación artística.

Pese a la presencia de mecanismos que buscan fortalecer el sistema estatal, estos son insuficientes en la medida en que el Estado no reconoce a las instituciones de su propiedad como el eje de la transformación del sistema de educación superior. Es necesario contar con una estrategia más específica en lo que respecta el fortalecimiento de la educación estatal, que haga eco con las necesidades locales y devuelva la fe en la reforma. Fortalecer el sistema estatal también significará solucionar el actual problema de sobrepoblación de profesionales en áreas del conocimiento que producen más profesionales de los que el país necesita.

Por ser las llamadas a convertirse en el eje de la transformación, las instituciones del Estado deben contar con un financiamiento más eficiente que el propuesto (arancel regulado + 20% para cubrir la brecha), sobre todo en las universidades estatales regionales, que poseen realidades muy distintas a las del sector central del país. Este punto es de especial relevancia, sobre todo por los infructuosos intentos por descentralizar el país y los desafíos de cara a diversificar la matriz productiva.

Con respecto a la estrategia, se debe contar con el respaldo del Consejo de Rectores, pero en un sistema disminuido y mercantilizado no es equivalente a tener un proyecto coherente, ni mucho menos valida socialmente una propuesta. El sentido de lo público está presente en las instituciones, si y solo si, produce bienes públicos más allá de criterios y número de estudiantes beneficiados con la gratuidad y años de certificación.

Finalmente, es necesario avanzar hacia el fortalecimiento de la educación pública que provee de bienes públicos coherentes con una estrategia nacional de desarrollo. Es ahí donde el esfuerzo por recuperar los derechos de todas y todos cobrara sentido y aportara coherencia a la reforma.

18. El Director de la Cátedra UNESCO de Inclusión en Educación Superior USACH y Director del Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) de la USACH, señor Francisco Gil Llambías.

El señor Gil expuso en la sesión 237ª, celebrada el día martes 15 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta. Fue acompañado de la Subdirectora del PAIEP de la USACH, señora Beatriz Rahmer Pavez, y el Director de Pregrado de la USACH, señor Máximo González.

Señaló que la propuesta es de gratuidad responsable y universal para los estudiantes top 10%. Son 12.500 estudiantes, para los cuales se necesitan 25 mil millones pesos. El proceso de implementación de la gratuidad de la Educación Superior no es una tarea puntual, sino que necesita de una reforma responsable y amplia del sistema de educación superior chileno.

Para el logro de este objetivo es imprescindible que Chile consolide un sistema de acceso, permanencia y titulación que responda, en primer lugar, a las necesidades educacionales de los jóvenes meritorios de todas las clases sociales, etnias, culturas y género y, en segundo lugar, a las necesidades e crecimiento del país.

Para implementar una gratuidad responsable es indispensable comprender de forma integral las barreras que se interponen en las trayectorias educativas de los estudiantes con mayores desventajas sociales. Las tres barreras principales son:

La primera dice relación con el hecho de que las expectativas de los estudiantes respecto de continuar estudiando en la educación terciaria crecen en paralelo con las oportunidades de aprendizaje que hayan tenido en la educación primaria y secundaria, en Chile las oportunidades educativas no son iguales para todos.

Considerando que la igualdad de oportunidades es una meta que demorará años en ser alcanzada, es necesario que, en el intertanto, existan vías de acceso inclusivas, ampliamente conocidas y transparentes que impacten en las expectativas.

Una segunda barrera que enfrentan los estudiantes con mejores antecedentes académicos de la educación media para continuar estudiando en la educación superior es la subvaloración de dichos antecedentes y la sobrevaloración de las pruebas de selección universitaria.

La tercera se trata de barreras económicas persistentes. Dada la concentración territorial de la oferta de educación terciaria, los estudiantes de los primeros quintiles, especiales los que tienen su domicilio en localidades alejadas de las instituciones de educación superior, necesitan recursos para financiar sus gastos de alojamiento y mantención.

Sostuvo que, desde un punto de vista de política educativa, lo ideal es que estas barreras se aborden de forma integral en una reforma que incluya la gratuidad. El foco exclusivo en superar solo alguna de estas barreras corre el riesgo de convertirse en una medida de bajo impacto, incluso regresiva si finalmente se constata que beneficia solo a los estudiantes menos carenciados de la población.

19. El Encargado del Programa de Asesoría y Seguimiento Legislativo, señor Nelson Ortiz, del Centro Democracia y Comunidad (CDC).

El señor Ortiz expuso en la sesión 237ª, celebrada el día martes 15 de noviembre de 2016, junto al Encargado de Seguimiento a la Comisión de Educación, señor Gonzalo Mardones. Fueron acompañados por el Coordinador del Área Legislativa, señor Pedro Mayorga. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Se refirieron al concepto de instituciones de educación superior consagrado en el artículo 4° del proyecto de ley, señalando que la definición que adolece de los siguientes problemas: no se menciona a los grados académicos de exclusividad universitaria, ni su duración; no se contempla si es atribución exclusiva de la universidad la otorgación de postgrados (diplomados, magister y doctorados), y no se considera que gran parte de las universidades actuales no realizan actividades de investigación e innovación, ya sea por falta de recursos o porque no es considerado dentro de la misión de la institución.

Sobre la investigación, se preguntó si se permitirán universidades exclusivamente docentes, sin investigación, y cómo actualmente la investigación reproduce los privilegios de universidades de elite, tales como los fondos concursables para investigación.

En cuanto al concepto de instituto profesional, el artículo 5°del proyecto no es claro en distinguir los institutos profesionales de las universidades, en especial aquellas que realizan sólo docencia y qué carreras podían o no impartir estas instituciones. Respecto al concepto de centro de formación técnica, el artículo 6° del proyecto define de mejor forma su rol específico, no detalla la duración y el tipo de programas que puede impartir.

En otro orden de materias, propusieron la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, esto es, el conjunto de actores representantes de la realidad educativa en la educación superior, dotados de las herramientas legales necesarias para planificar, coordinar y decidir las materias sometidas a su competencia, que con mayor o menor injerencia y/o participación del Ministerio de Educación o sus representantes, que define las políticas y directrices de la educación nacional.

Su estructura y organización varía dependiendo de la cultura legal de cada país, pero en general son aquellos que por su especial posición dentro del sistema educativo, cuentan con las capacidades, posibilidades y conocimiento necesarios para delinear planes y políticas educativos de corto o largo plazo, así como para supervigilar su cumplimiento.

El problema en el actual proyecto es que falta coordinación entre la nueva institucionalidad (Superintendencia de Educación Superior, Subsecretaría, Consejo de Pares, CRUCh) y las instituciones de educación superior, respecto de los planes nacionales de educación, los objetivos educativos comunes, la articulación entre niveles educativos (enseñanza básica, enseñanza media, educación técnico profesional, educación profesional y postgrados) y eliminar o disminuir trabas burocráticas y centralización de las decisiones.

En síntesis, concluyó que las ventajas de la regulación a través de un Consejo Nacional de Universidades consisten en entregar autonomía y procesos decisivos pluralistas a las instituciones, asegurar la representatividad de la diversidad educativa a nivel nacional y local, lograr una adecuada coordinación entre las instituciones de educación superior y éstas con el Gobierno, buscar la solución conjunta a problemas comunes e institucionalizar la colaboración entre instituciones de educación superior de distinto nivel de desarrollo.

Su propuesta de contenido para un Consejo Nacional de Universidades dice relación con el establecimiento de un órgano deliberativo conformado por los rectores de las universidades chilenas, asegurando participación equitativa en orden a la pluralidad de miembros.

Dicho Consejo se abocará a la coordinación como fin principal; la elaboración y,o participación en los planes y programas de educación superior; velar por la eficiencia en el uso de los recursos; asegurar la autonomía de sus miembros; contar con instancias que aseguren la participación igualitaria de sus miembros; implementar la articulación entre planes de estudios y niveles de educación, así como la internacionalización y convalidación de los títulos, y los demás que le asigne la ley en atención a sus miembros y funciones.

ESTUDIANTES.

1. La Vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh), Presidenta de la FECH, señorita Camila Rojas Valderrama.

La señorita Rojas expuso en la sesión 216ª, celebrada el día martes 16 de agosto de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Apuntó que tras una serie de discusiones a lo largo de todo Chile, por más de 5 años, han propuesto los siguientes elementos centrales:

A) Fortalecimiento y ampliación de la educación pública.

-Por medio de la ampliación de la matrícula estatal, acompañado de un aumento de los aportes a los basales a estas instituciones, así como de fondos de revitalización y planes de acompañamientos.

-Este fortalecimiento y ampliación debe comprenderse en el marco de una estrategia nacional de desarrollo que busque, por medio de la satisfacción de las necesidades del país, que se alcance al menos el 50% de la matrícula estatal dentro de los próximos 10 años, por medio de la absorción de los estudiantes de instituciones privadas que deberán cerrar.

-Este fortalecimiento se debe desarrollar con la creación de una red de instituciones públicas y un nuevo sistema de acceso, que busque revertir las condiciones de segregación heredadas de la etapa escolar.

B) Un nuevo marco regulatorio.

-Se deben establecer nuevas condiciones de existencia, dentro de las que se contemple la prohibición efectiva del lucro, la complejidad de las universidades, infraestructura acorde, educación feminista, un sistema de cuentas públicas periódicas, así como de que se garanticen condiciones de democracia interna, con participación de todos los estamentos.

-Se deben establecer, también, condiciones especiales para el financiamiento estatal, que contemple una transparencia total del uso de recursos, por medio de controles públicos, como la Contraloría o la ley de transparencia. Asimismo, poseer autonomía universitaria, por medio de la participación democrática de los estamentos. Por otro lado, deben ser instituciones que orienten su quehacer a las necesidades nacionales y regionales, cumpliendo la estrategia nacional de desarrollo, con una formación inclusiva e intercultural.

-En cuanto a la administración provisional y de cierre, se debe modificar en el sentido de asegurar efectivamente el derecho a la educación de los estudiantes afectados, por medio de la reubicación y revalidación de títulos en instituciones del Estado, y contemplar la estatización de las instituciones, de ser necesario.

C) Gratuidad y financiamiento.

-La gratuidad debe ser universal para no reproducir las condiciones de segregación del sistema escolar, donde se asegure la mantención. Esta gratuidad debe ser implementada en las instituciones que cumplan con criterios para el financiamiento estatal, y el aporte no debe ser vía voucher, sino que por medio de aportes basales de libre disposición.

-En el periodo de transición, se debe avanzar paulatinamente por medio del financiamiento por medio de aportes fiscales directos, aumentando progresivamente en la medida en que disminuye el subsidio a la demanda en instituciones privadas excluidas del financiamiento estatal.

-Se debe expulsar a la banca del sistema de financiamiento y condonar la deuda tanto de la banca como del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

-Se debe establecer un fondo de revitalización de las instituciones del Estado.

Afirmó que el problema de este proceso es que esta reforma no viene a transformar el sistema actual e incluso puede implicar un retroceso para una sociedad que demanda año a año que se garantice el derecho a la educación, ya que sin transparentarlo se ha gestado en base a los vínculos orgánicos que tiene la Concertación con el empresariado de la educación, dejando de lado el debate de ideas y haciendo política exclusivamente por los intereses económicos que los cruzan.

Finalmente, expresó que quizás es algo comprensible con un proyecto que se basa en la indefinición, en la ausencia de ideas y en la exclusión de la sociedad en sus ideas centrales, seguir empujando esta iniciativa tal como está hace innecesario enemigos, ya que pareciera ser que es el mismo Gobierno el que está dispuesto a poner en riesgo la posibilidad de que Chile tenga una reforma.

2. La Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), señorita Camila Rojas Valderrama.

Expusieron la señorita Rojas, la Presidenta de la FEUACH y vocera zonal sur de la Confech, señorita Nicole Cornejo; el Presidente de la FEUSACH y vocero zonal metropolitano, señor Patricio Medina, y la señora Betsy Saavedra, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (FENAPTUECH), en la sesión 234ª, celebrada el día lunes 7 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señalaron que es fundamental avanzar en una definición de instituciones públicas en razón de los importantes aportes por medio de la producción de bienes colectivos, desde la generación del conocimiento y su vinculación con el medio, hasta el desarrollo de un importante compromiso con la libertad académica, una articulación y cooperación entre ellas, manteniendo un alto nivel de pertinencia y calidad en sus carreras, así como formas de gobernanza participativas que dan garantías de autonomía. Lo público no debe ser entendido como una cuestión de propiedad, sino que debe ser entendido como una cuestión de democracia.

En materia de Educación Pública estimaron que las instituciones estatales deben ser la columna vertebral del sistema de educación superior. El corazón de la calidad y de enfrentar la segregación del sistema heredado de la educación escolar. Para lograr esto es necesario:

-Un plan de fortalecimiento de estas instituciones, acotado en el tiempo, de un plazo de 10 años, que procure el crecimiento de la matrícula, para llegar al 50% en 10 años, por medio de las siguientes medidas: eliminar el tope de crecimiento en la matrícula estatal, inversión en ampliación y modernización de infraestructura, fortalecimiento del cuerpo académico y reubicación de los estudiantes de instituciones que cierren en instituciones estatales.

En este plan se deben estimular mecanismos de acceso que garanticen la inclusión e integración social, y que garanticen la entrada, permanencia y titulación de estudiantes vulnerables, por medio de fondos basales adicionales.

-Creación de una Red de Instituciones Estatales.

-Relación con el Estado (por medio de esta posible Subsecretaría de Educación), en donde exista una unidad de propósitos estratégicos para la construcción de políticas públicas de relevancia local, regional, nacional e internacional.

-Financiamiento analizado por los cuerpos colegiados y entes fiscalizadores internos en financiamiento.

En materia de financiamiento, señalaron que los medios de financiamiento deben ser principalmente aportes basales a las instituciones, de libre disposición, con un trato preferente para las instituciones estatales.

-Debe ser concebido en función de Instituciones Complejas, no meramente docentes.

-La gratuidad debe ser universal, por medio de aportes institucionales directos, que aumenten progresivamente en la medida en que disminuye el financiamiento a la demanda.

-Deben existir fondos especiales para el Plan de Fortalecimiento de las Instituciones del Estado, dad la necesidad de fortalecer la Educación Superior Estatal Regional, particularmente.

-Eliminación del Crédito con Aval del Estado. Se deben redirigir estos fondos al fortalecimiento y expansión de las instituciones estatales.

-Condiciones para que instituciones privadas reciban aportes del Estado (propuesta CRUCH): deben estar constituidas como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro; que la institución sea dueña de la mayoría de la infraestructura inmobiliaria, mobiliario, equipamiento, etc.; que el gobierno institucional y los procesos académicos relevantes dependan de la comunidad universitaria, según las formas en que esta decida organizarse; contar con carrera académica y funcionaria, y cumplimiento con la prohibición del lucro.

En materia de gobierno y administración, se debe establecer la participación triestamental como regla general de los órganos colegiados, con una política de relaciones laborales aprobada por el órgano superior.

Se debe garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de las instituciones del Estado, a través de una política de recursos humanos, y cumplir con la proporción de funcionarios de planta y a contrata. Es necesario terminar con la externalización de servicios, lo que conlleva una precarización del trabajo.

También se debe destacar que la soberanía universitaria radica en la comunidad universitaria. La elección de autoridades unipersonales, que se efectúa con participación mínima, debe realizarse con participación de todos los estamentos.

Por último, sostuvieron que se debe prohibir el lucro en todo el sistema, no solo en el sistema universitario. Asimismo, es necesario establecer el lucro como un delito autónomo (incluyendo a las Instituciones de Educación Superior dentro de la remisión del artículo 238 del Código Penal, por ejemplo).

Del mismo modo, se requiere la existencia de políticas estratégicas de desarrollo elaboradas con formas participativas en su elaboración, tanto regionales como nacionales.

Afirmaron que es necesario mantener la autonomía como principio en todo el Sistema de Educación Superior. Es la comunidad institucional la que define el desarrollo del proyecto educativo, sin injerencias de terceros (controladores).

En otro orden de materias, hicieron presente la conveniencia de regular y establecer la obligatoriedad de la acreditación de postgrado.

3. El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), señor Daniel Gedda Nuño.

El señor Gedda fue acompañado por el Segundo Vicepresidente, señor Sebastián Jouannet, y la Primera Secretaria Ejecutiva, señorita Loreto González. Expuso en la sesión 234ª, celebrada el día lunes 7 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

En materia de fortalecimiento y ampliación de la educación pública, estimó necesario ampliar la matrícula en la educación superior estatal; contar con un crecimiento acompañado de aumento de los AFD y fondos de revitalización; tener una ampliación en áreas de escasez de oferta académica orientada en instituciones de educación superior prioritarias; tener planes de acompañamiento; ofrecer continuidad de estudios secundarios-universitarios; tener un plan de transición estratégico en educación superior destinado a aumentar matrícula del Estado, y absorber la matrícula en período de transición.

Apuntó a la creación de una red de instituciones estatales compuesta por universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales y la dirección de educación pública con coordinaciones regionales, enfoque en inclusión y acceso en planes de estudio en la red y retribución social del profesional egresado.

En relación al nuevo Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación expresó que debe encontrarse compuesto por distintos actores de la educación (diálogo sociedad - políticas públicas) y contar con atribuciones de intervención en políticas públicas e iniciativa legislativa.

En materia de nuevo sistema de acceso, llamó a implementar un plan nacional articulado de educación estatal, que cuente con una batería de instrumentos sin sesgos, sin perjuicio de avanzar en mecanismos complementarios.

Expresó que la nueva Confederación de Instituciones de Educación Superior deberá estar compuesta por instituciones del Estado y privadas que tendrán un rol asesor en políticas públicas.

Propuso la creación de un Observatorio Laboral, que debe ser un ente autónomo dependiente del sistema de instituciones de educación superior, cuya función consistirá en realizar análisis sobre demanda laboral y oferta académica y la creación de material estadístico para planes de desarrollo.

En relación a las condiciones para el financiamiento estatal aplicables para los cooperadores de lo público, se debe exigir transparencia total en usos financieros (ley de transparencia), el servicio a la comunidad, una carrera funcionaria y no utilización de la subcontratación en funciones permanentes, acceso y diversidad en matrícula, un marco de cualificaciones común, conocimiento en docencia e investigación abierta a todos los chilenos, poseer autonomía universitaria sin injerencia alguna de externos e integración a los planes estratégicos de desarrollo de la educación pública.

Asimismo, expresó que deben modificarse los protocolos de cierre y administración provisional, lo que tiene especial relevancia en la revalidación de títulos, la reubicación de instituciones de educación superior del Estado, la estatización en caso de lucro y en un plan de desarrollo institucional hacia lo público supervisado. Debe ser distinto al funcionamiento actual del administrador provisional, que parece más un síndico de quiebras que un administrador que tiene como misión sacar a adelante a la institución.

En cuanto a la fórmula de financiamiento, planteó uno universal que no aumente el gasto fiscal y que erradique cualquier fórmula crediticia, para lo cual se cuenta con 3 formulas: a) impuesto al egresado, b) fondos de la ley reservada del cobre o c) un sistema mixto de impuesto al egresado y financiamiento estatal.

4. El Vocero de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privadas (OFESUP), Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Desarrollo, sede Santiago, señor Luis Vargas Atton.

Expusieron el señor Vargas y la Vocera OFESUP, Vicepresidenta FEUDLA La Florida, señorita Javiera Abarca, acompañados por la Presidenta electa de la FEUDD, señorita Valentina Belmar, en la sesión 234ª, celebrada el día lunes 7 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Valoró que el proyecto avance en términos de aseguramiento de la calidad y la exigencia de la acreditación para el reconocimiento estatal, sin embargo, advirtió que el sistema propuesto de acreditación por niveles mantendrá una lógica de estigmatización sobre aquellos estudiantes de planteles menos acreditados, así como también consideró que debe existir algún mecanismo que permita que, por ejemplo, los informes de autoevaluación elaborados por las instituciones de educación superior a la mitad del periodo de acreditación permitan reevaluar el nivel establecido.

En relación a la situación de administración provisional y cierre de instituciones, consideró que debe dotarse de mayores atribuciones a la figura del administrador provisional, de tal forma que su intervención en las instituciones sea realmente beneficiosa y no se transforme en una entidad de transición directamente al cierre. Para los casos que, efectiva y lamentablemente, terminen en el cierre de una institución, debe establecerse en primer lugar un protocolo claro de acción coordinada del sistema completo con tal de aminorar de la mayor forma posible el perjuicio a los estudiantes afectados.

El lucro debe ser definido explícitamente dentro del proyecto, así como también incluir las sanciones respectivas ante un delito tipificado, ya sea castigando la responsabilidad individual o estableciendo algún mecanismo de sanción institucional. Sólo de esta forma se evitaran vías indirectas de desvío de fondos que afectan directamente la calidad educativa y la relación de las instituciones con sus comunidades, casos que todos han conocido y que hoy el Estado en su conjunto no ha sabido enfrentar anticipadamente o no ha tenido las herramientas necesarias para evitarlo y sancionarlo como corresponde.

En la misma línea anterior, valoró los cambios en la institucionalidad fiscalizadora y reguladora del sistema, tal como es la nueva Superintendencia de Educación Superior. Ahora bien, consideró que la información que ella dispondrá para el conocimiento público debiese también comprender, por ejemplo, los estados financieros desagregados de cada institución de educación superior, situación que permitirá la fiscalización activa de la comunidad educativa, así como también el avance en términos de confianza dentro de ésta misma.

En relación al capítulo de financiamiento y gratuidad universitaria, consideró razonable lo establecido por el proyecto en términos de aumento de cobertura en relación al progreso en desarrollo del país, comprendiendo que existen necesidades adicionales que deben ser cubiertas, ahora bien, es necesario aumentar la duración de este financiamiento por estudiante en consideración de los datos hoy disponibles. Recordó que hoy en promedio la duración real de un plan de estudios es superior en 3 semestres a la duración formal del mismo, por lo cual existe una brecha que cubrir, claramente.

En términos del financiamiento por créditos, consideró necesario el reemplazo del CAE, entendiendo la compleja situación de endeudamiento estudiantil, el alto costo que significa hoy para el Estado y la lógica de mercado que se manifiesta en torno a la banca privada. En esa línea, desde el Ministerio se ha informado el avance con un proyecto individual que cambiará esta figura a algo similar al crédito solidario, manteniendo el 2% de interés y sacando a la banca privada del sistema.

Reconoció el avance en torno a la educación técnico profesional. Una nueva institucionalidad junto a un plan de desarrollo de largo plazo, sumado a la inclusión de los centros de formación técnica e institutos profesionales en la gratuidad son compromisos que orientan la política pública en pro de un mayor desarrollo de este sector. Sin embargo, junto a lo anterior, debe también considerarse la eliminación del lucro y su correspondiente sanción en el sector ya que, de lo contrario, se mantendrá una lógica de mercado que es justamente la que hoy se rechaza con fuerza.

5. El Vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), señor José Corona Castillo.

Expuso el señor Corona, acompañado por el señor Dante Vera, en la sesión 234ª, celebrada el día lunes 7 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Consideró que son las instituciones del Estado las que de mejor manera reflejan y,o deberían reflejar el interés público en su quehacer, siendo indispensable la constitución de una Red Estatal de Educación Superior. Por lo tanto, debe haber una presencia mayoritaria de la matrícula de educación superior del país, constituirse como el centro gravitacional del sistema, de modo de ser el pilar principal en la definición de políticas e investigación y mantener un trato preferente de parte del Estado y concretar las políticas de desarrollo.

Enfatizó que Chile debe invertir sus recursos en instituciones que colaboren con el desarrollo del país y sus regiones. Los limitados recursos con que el país cuenta deben ser invertidos en instituciones que devuelvan a la sociedad aportes significativos, que permitan al pueblo en su conjunto acceder a una mejor calidad de vida. En consecuencia, deberán recibir aportes del Estado aquellas instituciones de educación superior que cumplan con un rol público. El Estado debe entregar un trato financiero preferente a las instituciones de su propiedad, esto expresado en un aporte basal que asegure recursos básicos para el normal funcionamiento de la institución.

En materia de gratuidad universal para todos los estudiantes que accedan a universidades del sistema público, debe comenzarse por los jóvenes con menos recursos, y ponerse fin del CAE en un plazo acotado, terminando con las recompras de créditos por parte del Estado y traspasando estos recursos al fondo solidario administrado por una institución del propio Estado.

Con esto se debe poner fin al financiamiento público vía beneficios estudiantiles a instituciones de educación superior fuera del sistema de gratuidad, además de fusionar del CAE y el FSCU en un crédito común, administrado por el Estado, que financie a los estudiantes de instituciones adscritas a la gratuidad, que debido a la transición aún deban seguir financiando sus estudios.

Recalcó que se requiere de una nueva política de acceso, que es una deuda que debe ser saldada en esta reforma. Una nueva política de acceso que democratice las aulas universitarias, desde el punto de vista de la composición socioeconómica de sus estudiantes.

Al respecto, propuso una articulación pública estatal entre el Sistema de Educación Pública (NEP), actualmente en tramitación en el Senado, y el Sistema de Educación Superior Pública, en la cual se aseguren porcentajes de acceso a instituciones de educación superior estatales y públicas, en función del ranking de notas de sus egresados de cuarto medio. Para ello, el actual Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) deberá transformarse en una política permanente para el Sistema de Educación Pública.

INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CREDOS.

1. El Presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, Obispo de Temuco Monseñor Héctor Vargas Bastidas.

Monseñor Vargas expuso en la sesión 227ª, celebrada el día martes 27 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta. Lo acompañaron el Vicerrector de la Universidad Católica de Temuco, señor Arturo Hernández; el Director Área Educación de la Conferencia Episcopal, señor Rafael Silva Soler, y el Abogado Asesor señor Leonardo Jaña.

En primer lugar, se refirió a la pérdida de autonomía. En varios de sus componentes, la propuesta considera la transferencia de importantes atribuciones que tradicionalmente han estado bajo el control de las instituciones de educación superior a favor de una mayor regulación estatal. Se establecen sobrerregulaciones, que burocratizan en exceso el sistema, concediéndole al Estado un único rol controlador. La diversidad y riqueza del Sistema de Educación Superior, exige autonomía y libertad institucional, que incluye aspectos académicos, administrativos y económicos.

En segundo término, se refirió a la homogeneidad del sistema propuesto. La propuesta de reforma no presenta una visión sistémica, amplia y diversa de la educación superior del país, que reconozca las características de su historia, así como la riqueza y diversidad que le otorgan la provisión mixta, plural y territorial.

Un tercer aspecto dice relación con el debilitamiento de la educación pública regional. El proyecto tiene una visión fundamentalmente centralista, que desconoce el aporte de las instituciones de educación superior regionales o aquellas con presencia en diversas regiones al desarrollo social, económico y cultural de sus territorios y a los esfuerzos de descentralización del país. El desarrollo equilibrado del territorio pasa por fortalecer las universidades e instituciones técnico profesionales con fuerte vocación regional.

En quinto lugar, se refirió al financiamiento público. La propuesta que pretende el fortalecimiento de la educación pública, mantiene los mecanismos financieros y la desregulación que le dieron impulso a la educación en base a criterios de mercado. El diseño de la actual propuesta solo considera recursos públicos para el financiamiento de parte de la docencia universitaria, descuidando otros ámbitos de desarrollo y funciones académicas de una universidad.

Además, la regulación del arancel por parte del Ministerio para la entrega de recursos asociados a la gratuidad, se efectúa sin un enfoque de compensación por territorialidad o tipo de estudiante, lo que condiciona fuertemente el desarrollo de las instituciones. En el período de transición en la implementación de la ley (4 años), su efecto será mucho más perjudicial que la definición arancelaria por glosa presupuestaria aplicada en 2016.

Por otra parte, el sistema de financiamiento planteado respecto al AFD y los aportes basales pone en alto riesgo la calidad de los proyectos educativos, debido a la escasez de fondos públicos aportados y a los ajustes económicos que deberán realizar las instituciones para cumplir con su misión, reduciendo la autonomía y el desarrollo futuro de la institución.

En otro orden de materias, la nueva institucionalidad concentra inadecuadamente atribuciones discrecionales en la Subsecretaría de Educación Superior y en la Superintendencia de Educación Superior. El proyecto contempla la creación de un nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la educación superior, compuesto por la Subsecretaría de Educación Superior, Consejo Nacional de Educación, Consejo para la Calidad y Superintendencia de Educación Superior, pero con clara preponderancia de la Subsecretaría, en todos aquellos aspectos no referidos a las tareas de la futura Superintendencia.

Por último, la nueva institucionalidad no cuenta con real aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior estatales, realizando diferencias sin fundamentos en el proyecto. En cuanto a los efectos de la no acreditación o de la acreditación condicional, el proyecto establece una diferencia arbitraria en favor de las instituciones estatales, al hacer inaplicable a su respecto las normas sobre administración provisional o administración de cierre, lo que a todas luces perjudicará la calidad en dichos planteles, además de establecer una diferencia infundada cuya constitucionalidad es dudosa.

Finalmente, efectuó las siguientes propuestas de cambios:

1. Valoración efectiva de los diversos proyectos que históricamente han servido a la educación en Chile, entre ellos el que han hecho en su historia las universidades o institutos de inspiración católica o confesional. Esta valoración debiera de traducirse en la consideración en el financiamiento de las mismas y en la posibilidad concreta de desarrollo y de continuidad en el servicio público que prestan a la sociedad, especialmente en regiones.

2. Transformar el sentido excesivo en el control en un sistema de apoyo y acompañamiento que sancione a aquellos que no cumplan con las normas definidas pero que genere espacios de confianza y libertad en aquellas instituciones de tradición de buena gestión y de calidad.

3. Definición más amplia de lo público, que no se limite a lo estatal, sino al servicio que se preste y a los productos que se obtienen.

4. Incorporación de factores regionales en el cálculo de los financiamientos de las instituciones que valore de manera concreta el aporte a la nivelación de la vulnerabilidad que significa la incorporación de estudiantes de los más bajos deciles.

2. El Presidente de la Mesa Ampliada de la Unión Nacional Evangélica de Chile (UNE Chile), Obispo Emiliano Soto Valenzuela y el Obispo Francisco Rivera.

Los obispos expusieron en la sesión 227ª, celebrada el día martes 27 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Valoraron la reforma a la educación superior chilena, aunque esto implica confrontar múltiples y diversos intereses económicos, religiosos, políticos e ideológicos. Se sabe que es un debate complejo, pero necesario para recuperar el derecho a la educación. Por la misma razón, un proyecto de reforma en este nivel educativo no podía ser neutral ni menos apostar a dejar contentos a todos.

El proyecto presentado por el Gobierno sin duda desatada diversas reacciones y críticas que reclaman desde una “excesiva intervención estatal” y “pérdida de autonomía de las instituciones”, y quienes con cierta frustración ven que el proyecto se limita a proponer normas de regulación de empresas privadas, manteniendo el mercado de la educación, sin construir un sistema público coherente. Sin embargo, en su opinión, todos quienes entienden que garantizar la educación como un derecho social, y una inversión social estratégica para el desarrollo del país, no pueden quedarse en la trinchera de la crítica fácil y perder la posibilidad de incidir en la reforma, para que corresponda verdaderamente al interés de los chilenos.

Se trata, en consecuencia, de un proyecto que aún no refleja una toma de posición clara respecto a la contradicción fundamental: la educación como un derecho social habilitante garantizado por el Estado, o al contrario, como un bien de consumo en un mercado regulado pero entregado mayoritariamente a la iniciativa privada.

Quienes consideran un deber ético y religioso promover la educación como derecho social deben de unir fuerzas para enfrentar este debate, ampliando el estrecho escenario del Congreso. Asimismo, se necesita aclarar urgencias, prioridades de temas contenidos en el articulado del proyecto que serán decisivos para definir la orientación final del mismo, es decir, hacia qué sistema de educación superior se quiere caminar de aquí a más de 20 años.

Para comenzar, asegurar la reconstrucción de un sistema público coherente es un objetivo central:

1. Esto significa, en primer lugar, crear una red de universidades y centros de formación técnica estatales, que se fortalezca mediante fondos basales y proyectos de inversión para la expansión de su cobertura, sobretodo en regiones.

2. Es imperioso considerar que una red de instituciones estatales de excelencia y un conjunto de instituciones privadas (o “no estatales”) colaboren con el Estado en el aseguramiento del derecho a la educación gratuita, pluralista, integral, laica, sin fines de lucro y con claro compromiso con el país y el bienestar de su gente.

3. En la actualidad hay instituciones que por razones históricas nacieron de derecho privado, pero realizan -y que se les puede exigir el cumplimiento de -una labor fundamentalmente pública (como las universidades privadas que hoy se coordinan a través del Consejo de Rectores y otras que claramente podrían cumplir con esa función). Estas instituciones debieran tener igualmente acceso a fondos basales mediante la firma de contratos de colaboración con el Estado.

4. El sistema público tiene por vocación garantizar el derecho a la educación de manera inclusiva, pero a su vez las instituciones que sean parte de este sistema tendrán el deber de servicio al país, teniendo que ser instituciones formadoras, orientando su labor a fortalecer el desarrollo cultural y económico sustentable de Chile. Conceptos como éstos son los que deben inspirar la discusión sobre el marco regulatorio del proyecto de ley y frente a los cuales el debate ideológico pueda desarrollarse con sinceridad y honestidad discursiva.

Para el Estado, garantizar el derecho a la educación debe ser un objetivo a cumplir sin subordinación a las decisiones o voluntades de los gobiernos de turno. En este sentido, debe quedar determinado en la ley los plazos de avance de la gratuidad y los requisitos institucionales para acceder a este financiamiento, así como también la expansión y mejoramiento de una oferta pública.

No se puede aceptar que el avance de la gratuidad y el fortalecimiento de la educación pública quede condicionada a variables indeterminadas de crecimiento económico o la competencia del sistema, en consecuencia, dejadas al arbitrio de los gobiernos de turno y la capacidad de hacer publicidad de una institución. La ley debe establecer que la planificación económica se hace considerando el compromiso del Estado para asegurar una educación pública gratuita y de calidad para todos los chilenos y chilenas.

Asimismo, la ley tiene que ser clara en la eliminación del lucro. Esto significa aumentar las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia propuesta en el proyecto e incluir un tipo penal especial que sancione adecuadamente a quienes defrauden la ley. Chile presenta una concentración de la riqueza inédita, que lo sitúa entre los tres países con mayor desigualdad en la OCDE. Esto va a la par con una enorme concentración del conocimiento, que a su vez reproduce la desigualdad en la distribución del ingreso.

La reforma de la educación superior con una orientación puesta en la redistribución del conocimiento, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, requiere un cambio de orientación ético en la política y en la planificación de nuestro desarrollo económico. Es este imperativo el que debe guiar las discusiones acerca de cada uno de los artículos del proyecto presentado.

3. El Presidente de la Asociación de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano (ADIR) de la Comunidad Judía de Chile, Rabino Daniel Zang.

El Rabino Zang expuso en la sesión 227ª, celebrada el día martes 27 de septiembre de 2016. Lo acompañaron el Director Ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile, señor Yonathan Nowogrodski, y el Asesor de la Comunidad, señor Marcelo Isaacson.

Expresó que en Chile no hay universidades judías, pero si judíos participando activamente del desarrollo del pensamiento educativo, por ejemplo, Fundación 2020.

En relación a la interrogante si la educación es un derecho o un bien social, precisó que en primer caso el individuo puede elegir si quiere o no estudiar. Catalogó como estafa que los estudiantes se formen en instituciones no acreditadas.

Destacó que los elementos de inclusión son fundamentales y en la tradición judía se enfatizan y debe analizarse qué significa, ya que no solo implica acceder a la educación. La propuesta de gratuidad no es suficiente, por ejemplo, para quienes deseen estudiar cuando la institución ofrece programas con 8 horas diarias de estudio de lunes a viernes, y a su vez deben trabajar o tienen carencias económicas.

Llamó a considerar una estructura formativa que permita estudiar y trabajar. Se debe lograr un espacio de pensamiento inclusivo que logre compatibilizar trabajo y estudio, brindando a la sociedad de una oportunidad de desarrollo superior.

Apuntó que el ingreso a la universidad genera al inicio mucha ansiedad en los jóvenes y, a la vez, decepción cuando quedan fuera de la institución que deseaban. Se requiere de un trabajo previo, los jóvenes deben saber de antemano que opciones pueden tomar si no acceden a las instituciones que deseaban, sin perjuicio, de que muchos ingresan decepcionados o no conformes, ya sea porque ingresan a una institución o carrera que no querían.

Señaló que la idea fundamental de poder desarrollar un pensamiento amplio, lo que solo se da en las universidades donde se produce el encuentro entre los jóvenes de distintos orígenes permite un desarrollo amplio, que no se da en enseñanza básica y media. Asimismo, llamó a trabajar en regiones.

Apuntó que hablar de educación implica un largo plazo y la pregunta es cómo se trabaja ello. Desde el ámbito educativo debe ser desde una estructura modificable y dependerá de la visión que tiene el país para llegar a la meta de la inclusión y libertad.

Si hay universidades que tienen muchos alumnos es probablemente por la calidad que les entrega y la empleabilidad que le proporcionará. Entonces, el problema es cómo garantizar la calidad en todas las instituciones y ahí habrá libertad para elegir.

Expresó que no se puede seguir sumando decepciones. Debe haber una idea de la visión país y empezar a trabajar en ello. Las medidas que se deben adoptar para apoyar a los alumnos vulnerables, no se pueden basar solo en la gratuidad, sino en una conciencia solidaria.

4. El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Luis Riveros Cornejo.

El señor Riveros expuso en la sesión 227ª, celebrada el día martes 27 de septiembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que el proyecto tiene dos defectos esenciales en su concepción. Se trata de un proyecto extremadamente centralizador, en que se diseña un “súper” Ministerio con una “súper” Subsecretaría, la cual pasa a ser un poder omnímodo y casi incontrarrestable que podrá manejarse de acuerdo a conveniencias políticas que ocurran. Es un proyecto que se genera en la desconfianza y en la experiencia reciente con varias instituciones, pero que no legisla sobre objetivos trascendentales de la educación superior.

No se establece tampoco nada explícito sobre financiamiento y reglas para las universidades estatales, a quienes debería diseñar para que sean verdadero referentes de calidad del sistema. Por el contrario, se eliminan los aportes basales y se sustituye por un fondo cuya naturaleza y operatoria no resulta clara. Además, no hay una forma clara de limitar la acción del mercado sin con ello inhibir la buena iniciativa privada, y este proyecto no atiende el fondo del problema en cuanto a constituir efectivos incentivos en materia de calidad. Tampoco se establece nada de fondo para el desarrollo de la formación técnico-profesional, tan necesaria en un país con severas dislocaciones en su desarrollo productivo.

También es un proyecto que no restaura una cierta justicia para las universidades estatales, que en el marco definido deberán seguir siendo productoras de excedentes para financiar hasta programas de apresto que atiendan las deficiencias formativas del sistema medio. No se establece una instancia representativa de la educación superior para el necesario diálogo entre la autoridad y las instituciones, que propicie la necesaria autorregulación. Las universidades estatales seguirán siendo consideradas como simples servicios públicos, y sus Consejos Directivos no representarán la diversidad disciplinaria existente, lo cual sería necesario para una buena gobernanza.

En cuanto al sistema de acreditación, el proyecto correctamente redefine la Comisión Nacional y la hace una Comisión de Académicos en lugar de la actual representación de diversos sectores. Sin embargo, apuesta por un sistema de acreditación integrada, que requerirá pares y comisiones de una expertise que no existe en realidad, ya que evaluar a una institución de educación superior, y a un par, cualquiera de carreras en forma “integrada”, demandará criterios equivalentes que no tienen necesaria correspondencia con el especializado mundo de la educación superior.

En materia de financiamiento, hay reglas incompletas o definiciones controvertidas o inexistentes. En primer lugar, permanece en generalidades la asignación de un nuevo fondo en reemplazo del AFD. En realidad el proyecto concibe como eje ordenador del financiamiento del Estado, a la gratuidad estudiantil. Debe explicitarse con claridad los recursos para las universidades estatales, y propender a asegurar montos en períodos significativos, que permitan efectivamente el diseño de una estrategia de desarrollo, pero estableciendo con claridad la contrapartida en términos de la cuesta de gestión que las universidades deben al Estado, y los sistemas de control que deben hacerse equivalentes para toda institución que utilice recursos públicos.

En segundo lugar, el financiamiento estudiantil envuelve una decisión política mayor que parte de la definición sobre si acaso la gratuidad para los estudiantes de los más altos ingresos del país debe ser considerada, especialmente porque ellos constituyen el actual 30 o 40% de la matrícula del sistema de educación superior. Pero también, en su calidad ex Rector de una universidad compleja, le pareció que no es tarea fácil para ningún órgano regulador tener un sistema con fijación de aranceles. Reconoció que Chile está dentro del 10 o 15% más caro de la OECD en materia de aranceles y que, además, los aranceles son muy variables entre instituciones debido al ingrediente de investigación que se incorpora en la docencia, pero es distinto creer que una autoridad central, no especialista necesariamente, tenga más y mejor información para fijar los costos asociados a la formación en distintas especialidades.

En tercer lugar, advirtió que este proyecto no considera nada acerca de otro importante problema asociado al mundo universitario, especialmente cuando se define que las universidades deben todas ser instituciones que desarrollen investigación básica y aplicada. Aquí no se incorpora nada sobre financiamiento de la investigación, ni sobre la forma en cómo el mismo se conectará con el sistema universitario y la formación de posgrado. Nada hay sobre desarrollo académico financiado con los fondos nacionales ni consideración alguna sobre la estrategia para que el país pueda desarrollar más investigación, especialmente en ciencia y tecnología.

En definitiva, este es un proyecto muy insatisfactorio a pesar de tratar con un problema de enorme importancia, desatendido por al menos una cuarto de siglo. Le pareció que necesita más precisiones, una visión menos interventora y más de efectivamente regulatoria. Debe acometer la tarea de diseñar un sistema en que la universidad del Estado tenga un rol primordial, ejerza un liderazgo claro en materia de calidad y en cuanto a formación, investigación e innovación, dando cabida al sector privado en función de su aporte a lo público, generando así un círculo virtuoso.

El proyecto necesita considerar profunda y explícitamente a la educación técnico profesional, que es la que seguramente se expandirá mayormente en el futuro. Se necesita como país, un sueño con respecto a la educación superior, y considerar que para construirlo se requiere de un diálogo previo a diseñar una ley y una cierta institucionalidad. Por eso, apuntó que este proyecto se debe rediseñar, sea retirándolo para formularlo en proyectos separados, o sea a través de una indicación que reseñe por ahora el o los aspectos que sean más prioritarios en opinión de la autoridad de Gobierno. Todos quieren que de aquí emane una visión que proyecte a la educación superior por los próximos 50 años, y que sea ella la expresión del desarrollo más efectivo y humano.

COLEGIOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD.

1. El Presidente del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., señor Jaime Acuña D’Avino.

El señor Acuña expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, acompañado de su Jefe de Gabinete, señor Patricio López Pichipil. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta, la que incluye también al Colegio de Químico Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile.

Señaló, en primer lugar, que solicitan la acreditación obligatoria de las carreras de la salud. Los criterios de evaluación para la acreditación dicen relación con el hecho de que la carrera o programa dispone de la infraestructura, recursos de aprendizaje y equipamientos requeridos para el logro de los resultados esperados en los estudiantes.

Según el artículo 112 del Código Sanitario, sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones.

Hizo presente que el objetivo de acreditar una carrera de educación superior es certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior. Esta certificación se efectúa en función de tres criterios: los propósitos declarados por la institución que los imparte, los estándares nacionales e internacionales de cada profesión o disciplina y el respectivo proyecto de desarrollo académico.

Por otra parte, solicitan la participación de salud en los programas de pregrado. Para tales efectos, el Ministerio de Educación debe coordinar, en conjunto con el Ministerio de Salud, las políticas públicas destinadas al desarrollo y promoción de las carreras y programas de formación en salud, estableciendo lineamientos comunes para el funcionamiento de estas carreras y programas.

Asimismo, se requiere que la construcción de criterios para la acreditación de carreras de la salud y especialidades de las profesiones sanitarias se realice en consistencia con las políticas sanitarias existentes y en consulta con el Ministerio de Salud.

2. El Presidente del Colegio de Bioquímicos de Chile A.G., señor Carlos Solano Jerez.

El señor Solano expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, en conjunto con el Presidente del Colegio de Cirujano Dentistas. Copia íntegra de esa presentación se encuentra disponible para consulta.

Reafirmó lo expresado por el señor Acuña, e insistió en que debe haber una coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para logar políticas sanitarias de calidad.

3. La Presidenta del Colegio de Enfermeras Chile A.G., señora Paola Pontoni Zúñiga.

La señora Pontoni expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, acompañada del Vicepresidente de Desarrollo Profesional, señor Cristian Cáceres Torres, y de la Secretaria General, señora Carmen Gloria Navarrete Meneses. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Respecto de la calidad de la formación en la educación superior, consideró que parte fundamental de la Reforma de la Educación Superior la componen la investigación y creación de nuevo conocimiento ejes esenciales de su misión y valores. Asimismo, el Colegio de Enfermeras, en cuanto a su rol rector de la profesión, estima imprescindible su participación en el aseguramiento y mejora continua de la calidad de la carrera de enfermería impartida por las universidades del país.

En relación al artículo 63 del proyecto, que establece la acreditación obligatoria de las carreras de médico cirujano, pedagogía y educación parvularia, es pertinente incorporar esta obligatoriedad a la carrera de enfermería y su grado de licenciatura, en virtud de que corresponde a los ejes fundamentales de la atención de salud de la población.

En particular, el aporte que realizan enfermeras y enfermeros es promisorio para el país en cuanto a su capacidad de intervenir positivamente, mediante sus prestaciones vinculadas al cuidado de la persona en estado de salud y enfermedad, las variables críticas de acceso, oportunidad, calidad/seguridad, sustentabilidad de la atención en salud actual.

Esto, conforme a la definición de universidad que entrega el proyecto sobre Educación Superior, la universidad es el ámbito de formación propicio, cuya base común inicial es la licenciatura, para el desarrollo de la profesiones de la salud, en vista a dar satisfacción a las necesidades sociales en aumento de la sociedad chilena.

Ante la coyuntura que en paralelo al proyecto de ley sobre Educación Superior se ha ingresado una iniciativa que busca incorporar al artículo 63 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, la carrera de enfermería entre los títulos que requieren haber obtenido previamente el Grado Académico de Licenciado, se estima que ésta materia requiere de un previo y especial pronunciamiento de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de modo de construir el nuevo sistema de Educación Superior sobre bases sólidas que en el ámbito de la educación y salud de respuesta a las determinantes epidemiológicas y sociales.

4. La Presidenta del Colegio de Kinesiólogos de Chile, señora Loreto Henríquez Rodríguez.

La señora Henríquez expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, acompañada del expresidente, señor Pedro Mancilla Fritis, y el Secretario General, señor Reinaldo Barría Mancilla.. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que el crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta académica en educación superior ha generado grandes cambios en el sistema formativo chileno, lo que sumado a la carencia de un marco regulatorio, ha impactado en grandes diferencias en la calidad de los programas de estudio que, muchas veces, resultan ser poco transparentes y pertinentes a las necesidades del ámbito social y laboral.

El tema pasa, por una parte, por la capacidad de entregar herramientas de formación a futuro para el profesional, no solo en la técnica sino en el conocimiento de base, lo que quiere decir maestrías y doctorados, que también requiere entregar al alumno una formación completa, la cual abarque la investigación como soporte principal de desarrollo profesional. Ninguna de estas puede ser llevada a cabo por institutos profesionales. En el mundo, la formación de profesionales de salud se realiza en las universidades, si Chile quiere avanzar en definición de estándares globalizados, es necesario discutir los tiempos de formación, pero no dónde se debe estudiar.

Las deficiencias del actual sistema deben ser corregidas claramente, y toda universidad que no se encuentre desarrollando investigación y extensión en las diferentes áreas disciplinares en las que ofrece formación, no debería ser llamada universidad. Lamentó que en Chile la “libertad” para la formación de universidades no ha ido de la mano de la adecuada fiscalización o formulación de estándares.

El sistema de educación superior debe cambiar y modernizarse, sin embargo, eso no significa desvincular la formación profesional de la investigación y la extensión, algunos países OCDE tienen mallas curriculares comunes entre diferentes carreras de salud en el primer año, lo cual incrementa a largo plazo el trabajo en equipo, ya que la formación al ser de base la misma permite un lenguaje común y confianza en el equipo de trabajo.

Finalmente, destacó que la exclusividad universitaria beneficia a todos los actores relacionados con las carreras de la salud. Señaló que los alumnos de los institutos profesionales tendrán el deber de obtener la licenciatura y, con ello, obtener el derecho de acceder a formación de postgrado. Por su parte, los alumnos de universidades, podrán tener la tranquilidad que su esfuerzo es valorado. También los pacientes se verán beneficiados al obtener una atención con bases científicas, y la sociedad en general, al mantener estándares de calidad de salud en Chile.

5. La Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, señora Anita Román Morra.

La señora Román expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Hizo presente que para medir los logros de cualquier sistema educacional, no basta con medir la cantidad de alumnos que ingresan, cobertura, sino que lo que es más relevante, se debe medir la cantidad de alumnos que egresan o se titulan de dicho sistema. Por cada 100 alumnos que ingresan, sólo se titulan 40. Es un sistema que no sólo no significa ningún logro sino que, por el contrario, representa un gran fracaso.

Destacó que no son los “sistemas de acceso” los que impiden a los sectores de menores ingresos acceder a la educación superior, sino la mala formación previa con la que llegan muchos de los egresados de la educación media, especialmente los de los colegios particulares subvencionados y municipalizados. Por lo tanto, existe una gran cantidad de jóvenes endeudados y sin título.

Las menores tasas de titulación entre las universidades corresponden a las siguientes:

Universidad Miguel de Cervantes11,7%

Universidad Los Leones11,7%

Universidad Pedro de Valdivia16,0%

Universidad Santo Tomás24,3%

* Fuente: SIES Mineduc

Más del 75% de los alumnos no se titula, pero se endeuda. Estas universidades no tienen ningún sistema de selección.

Finalmente, recordó que se terminó con la exclusividad de formación profesional universitaria a partir de 1980, mediante la LOCE, junto al nacimiento de los IP. Se produjo el nacimiento de dos tipos de profesionales de una misma profesión, en el caso de siete carreras de la salud, que sirven de atracción para la matrícula de los institutos profesionales.

Hizo presente que se trata de profesionales universitarios de calidad, que históricamente han ejercido, de acuerdo al modelo de salud, la primera atención, con la responsabilidad de la derivación oportuna y aplicación del tratamiento médico indicado a seguir, a niveles de atención no médica.

6. La Presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, señora Corina Farfán Reyes.

La señora Farfán expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, acompañada de la Secretaria del Colegio, señora Solange Vargas Malverde. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó respecto de la autonomía, que comprende la autonomía académica, financiera y administrativa, de conformidad al marco establecido por la ley, y en especial por las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, que ella no puede implicar que se puedan formar profesionales que no tengan cabida en la sociedad, atendido que existe un exceso de profesionales en algunas áreas y carencia de otros en otras áreas.

Observó que el Colegio de Tecnólogos Médicos estima que es necesaria la participación de los colegios profesionales en el levantamiento de estándares de calidad para la acreditación institucional, y para las carreras y programas de estudio de pre y pos grado. Del mismo modo, consideró que todas las carreras y sedes nuevas debieran estar previamente acreditadas.

En relación con el artículo 63 del proyecto, que exige que las universidades acreditadas acrediten obligatoriamente las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos y los programas de doctorado que impartan, opinó que esa exigencia debe alcanzar a todas las carreras de la salud, situación en la que se encuentra la tecnología médica.

Lo mismo respecto del artículo décimo sexto transitorio, que establece que esta obligación de acreditar entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2019, en coherencia con lo anteriormente expuesto, debe estar referida a todos los programas y carreras de la salud.

7. El Presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., señor Samuel Durán Agüero.

El señor Durán expuso en la sesión 239ª, celebrada el día martes 29 de noviembre de 2016, acompañada del Vicepresidente de Desarrollo Profesional, señor Cristian Cáceres Torres, y de la Secretaria General, señora Carmen Gloria Navarrete Meneses. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que las universidades contribuyen con investigación aplicada y orientada a los 3 objetivos del proyecto, esto son: calidad, equidad y pertinencia, pero también con la investigación básica y de frontera, que permite conocer mejor el mundo y el universo, y ayudan a comprenderse a sí mismos como sociedad.

A la vez, la reflexión sobre los grandes temas nacionales, el cultivo de las artes y las humanidades y la preservación del patrimonio cultural y natural contribuyen a la construcción de la identidad.

El fortalecimiento de la educación superior estatal es un objetivo central de este proyecto, pero contempla una nueva acreditación institucional, la que será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas. Esta nueva acreditación consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de los estándares de calidad para cada nivel, fijados por el Ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo para la Calidad y el Consejo Nacional de Educación. Además, mantiene la acreditación obligatoria de las carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de médico cirujano, pedagogías y se establece la acreditación obligatoria de los programas de doctorados.

Enfatizó que esta es una oportunidad para dar acreditación obligatoria a las otras carreras de la salud, por el nuevo perfil demográfico y epidemiológico del país.

Asimismo, llamó a tener cautela con el artículo 28 letra c) de la iniciativa, que faculta al Presidente o Presidenta del Directorio del Consejo para la Calidad, proponer al Directorio el procedimiento de selección de carreras y programas de estudio de pregrado que serán evaluados en la acreditación institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la ley. Con todo, el procedimiento deberá asegurar la evaluación de una muestra representativa, en cuanto a las necesidades de infraestructura, número de alumnos, número de docentes, entre otras variables, de las carreras y programas de estudio impartidos por la institución de educación superior, la que no podrá ser menor al 30% del total de éstas.

Lo anterior, en atención a que se puede caer en el “síndrome de casa piloto”, es decir, las instituciones pondrán los recursos económicos y humanos de manera no planificada en aquellas carreras seleccionadas para la acreditación, probablemente en desmedro de las carreras no tradicionales.

En segundo lugar, llamó a tener en cuenta que los procesos de acreditación para todas las carreras, constituyen una “obligatoriedad” en lo que se refiere a aseguramiento de la calidad y el tránsito de las unidades académicas en investigación, docencia y divulgación.

PROPUESTA DE INDICACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

1. La Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma.

La señora Delpiano expuso en la sesión 240ª, celebrada el día martes 13 de diciembre de 2016, acompañada de la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Se refirió a la propuesta de rediseño del proyecto de ley de reforma a la educación superior, en atención a que durante su tramitación surgieron ciertos nudos críticos a partir de conversaciones sostenidas con rectores y de la discusión que se produjo en el seno de la Comisión de Educación.

Explicó que este trabajo, denominado “Protocolo de Rediseño de la Reforma a la Educación Superior”, se sostiene en los siguientes ejes:

I. Carácter mixto del sistema de educación superior.

El rediseño busca el reconocimiento del carácter mixto del sistema de educación superior en el subsistema universitario, abarcando a las instituciones de educación superior estatales, las universidades reconocidas por ley no estatales pertenecientes al Cruch y las universidades privadas reconocidas por el Estado. Asimismo, en el subsistema técnico profesional abarcando a los centros de formación técnica estatales, institutos profesionales y centros de formación técnica reconocidos por el Estado.

II. Reconocimiento del rol de las instituciones que forman parte del Cruch.

Se incorpora un artículo que reconoce el rol que han desempeñado las instituciones que forman parte del Cruch en el desarrollo de la educación superior y reconociendo su rol como colaborador del Mineduc en el desarrollo del sistema de educación superior.

Además, se mantienen los actuales aportes basales para las universidades del Cruch por medio de la eliminación del artículo que derogaba el Aporte Fiscal Directo (AFI). Asimismo, se mantendrá el fondo especial para las instituciones estatales regulado en el proyecto de ley (Convenio Marco) y el aporte basal por desempeño regulado en la Ley de Presupuestos para las universidades no estatales del CRUCH.

III. Fortalecimiento de las universidades regionales del Cruch.

Se propone dotar de mayor estabilidad al financiamiento mediante la legalización del Fondo Especial del Fortalecimiento Regional, como requisito se establecerá que el 90% de la matrícula se ubique en regiones fuera de la Región Metropolitana.

Además, se establece una regulación de la transitoriedad en la cual durante los primeros cinco años se exigirá un 70% de la matrícula ubicada en regiones distintas a la Región Metropolitana y durante los siguientes cinco años, será de80%.

IV. Fortalecimiento de las universidades estatales.

Lo anterior se logrará mediante:

-El fortalecimiento del sistema de gobernanza, a través de la composición del Consejo Directivo que se compondrá de 9 miembros de los cuales 3 serán nombrados por el Presidente de la República, 3 representantes del órgano colegiado, 1 rector y 2 personalidades de la región elegidos por la universidad.

También se fortalecerá entregando la autorización de la toma de decisiones estratégicas de la universidad, tales como el proyecto de desarrollo institucional, el presupuesto y la apertura de nuevas sedes, al Consejo Directivo con quórums especiales, que reflejen una amplia mayoría y que asciende a 2/3.

-La vinculación de las instituciones de educación superior estatales con los órganos de la administración del Estado, que se logra fomentando, a través la Subsecretaría de Educación Superior, la vinculación de las universidades estatales con los órganos de la administración del Estado, especialmente gobiernos regionales, con el objeto de que éstas brinden una asesoría permanente.

Esta vinculación se coordinará a través de la Red y se materializará en convenios, de manera tal que se relacione con el quehacer propio de las áreas de desarrollo de las universidades.

-Simplificación del sistema de controles, mediante la inclusión de la figura de un auditor interno, el que será elegido por y le rendirá cuenta al Consejo Directivo. Además, se mantendrán las exenciones a la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República ya en el proyecto; se traspasan las actuales facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros (FCSU) a la Superintendencia de Educación Superior, y se regulará que la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Educación Superior se realiza sobre la base de riesgo financiero.

-Incentivo al retiro de académicos: se ingresará un proyecto de ley al afecto.

VI. Nueva regulación para acceso al financiamiento institucional de gratuidad.

Este eje se pretende materializar mediante:

-La adición de nuevos requisitos de las instituciones de educación superior para el acceso a la gratuidad para universidades, es así que la glosa 2017, actualmente en tramitación, agregó como requisito poseer un 80% de la matrícula de estudiantes con puntaje ponderado entre PSU-ranking- NEM superior a 450 puntos e incluyó la obligación de contar con un sistema de admisión transparente y objetivo.

Adicionalmente, se agregará como requisito para acceder a la gratuidad contar con una carrera académica (ingreso, promoción y retiro de los académicos).

-El perfeccionamiento del sistema de control y fiscalización para el financiamiento institucional de la gratuidad. En caso de superación del 2,7%, las instituciones de educación superior deberán cumplir con sus obligaciones para con los estudiantes, pero el MINEDUC solo transferirá el monto máximo. En caso que no se dé cumplimiento a alguna de las obligaciones o requisitos asociados a gratuidad, las instituciones podrán ser sancionadas con la exclusión de acceder al financiamiento institucional para el subsiguiente.

VII. Nueva regulación para el FICA.

Se mantendrá el Fondo de Investigación y Creación Artística estableciéndose requisitos de excelencia para acceder a éste y diferenciando el componente creación artística del componente investigación.

A este fondo accederán aquellas instituciones que adscriban al régimen de gratuidad y que acrediten altos niveles de desarrollo de investigación y creación artística.

VIII. Nuevo capítulo de educación técnico profesional.

Al respecto, se incluirá un nuevo capítulo en la ley (capítulo III) que tratará exclusivamente sobre el subsistema de educación técnico profesional.

Se establecerá que el objetivo de este subsistema es desarrollar las capacidades de los estudiantes a través de la construcción de trayectorias formativas. Asimismo, tiene como fin el desarrollo de soluciones al entorno productivo y social, y sus características, esto es, que es funcional a los diversos momentos de desarrollo de las trayectorias laborales, que articula las necesidades e intereses de las personas y que es pertinente al desarrollo de los sectores productivos.

En materia de aseguramiento de la calidad en materia técnico profesional se establecerán particularidades que le son propias a este subsistema.

IX. Equilibrar autonomía de las instituciones de educación superior y necesidad de regulación del sistema (Subsecretaría).

El objetivo es un sistema común de acceso, que logrará:

a) Ampliando su cobertura a todas las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos que tengan por objeto el pago de arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos que cuenten con la garantía o participación del Estado.

En cuanto a la institucionalidad, se crearán dos comités para la validación de los instrumentos y procedimientos del sistema de acceso. Además, la Subsecretaría contará con una unidad especializada encargada de la elaboración y gestión de dichos instrumentos y procedimientos:

-Comité Universitario: En el que participaran por sí o a través de quienes éstos designen: 5 Rectores del CRUCH (3 de universidades estatales y 2 de universidades no estatales reconocidas por ley), un Rector de universidades privadas adscritas a gratuidad, y el Subsecretario de Educación Superior.

-Comité Técnico Profesional: En el que participarán por sí o a través de quiénes éstos designen: 2 Rectores (as) de centros de formación técnica estatales, 2 Rectores de centros de formación técnica privados, 2 Rectores de institutos profesionales, y el Subsecretario de Educación Superior.

Además, se hará explícito que la aplicación de dichos instrumentos podrá derivarse a organismos expertos y de reconocida trayectoria, tales como el DEMRE.

b) Mayor independencia del Consejo para la Calidad: se refuerza su carácter independiente al establecer una regulación sobre nombramiento y remoción de sus integrantes similar a otros organismos autónomos.

Se establecerá un sistema de nombramiento mixto compuesto por 5 académicos o docentes escogidos por la o el Presidente con acuerdo del Senado, de una terna propuesta por Consejo de ADP; 3 académicos o docentes escogidos por el Presidente, de una terna propuesta por el Consejo de ADP; un docente o profesional escogido por Corfo, de una terna del Consejo ADP; un académico escogido por Conicyt de una terna del Consejo ADP, y 2 representantes estudiantiles escogidos por Presidentes de Federaciones de Estudiantes. Asimismo, se reestablecerá la figura del Secretario Ejecutivo.

c) Comité Coordinador del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y procedimientos de elaboración de criterios y estándares.

Se propone reestablecer el Comité Coordinador del SAC, integrado por el Subsecretario(a) de Educación Superior, quien lo presidirá; el Presidente(a) del Consejo para la Calidad; el Superintendente(a) de Educación Superior y el Presidente(a) del CNED.

El Comité tendrá como función aprobar los criterios y estándares de calidad propuestos por el Consejo para la Calidad, y se establece nuevo procedimiento para la elaboración de criterios y estándares:

i) El Consejo elabora propuesta de criterios y estándares que se enviará al Comité Coordinador.

ii) Para la elaboración de la propuesta el Consejo debe consultar a las instituciones de educación superior, a expertos y a representantes del sector productivo. Asimismo, deben considerarse las especificidades del subsistema universitario y del técnico profesional.

iii) El Comité se debe pronunciar sobre la propuesta. En caso que realice observaciones el Consejo debe reingresar una propuesta informando acerca de la forma en que fueron subsanadas las observaciones. El Comité informará favorable o desfavorablemente.

d) Otras modificaciones al Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Se eliminará la evaluación del 30% de las carreras o programas de estudio en el proceso de acreditación institucional reemplazándola por la obligación de Consejo de considerar una muestra representativa de la heterogeneidad de la institución.

Además, se establecerá un plazo de transición adecuado para que las instituciones puedan cumplir con las exigencias que establece el proyecto de ley., y se perfeccionará la regulación de apertura de sedes y carreras (se elimina la obligación de solicitar autorización para las IES en niveles A o B) y se regulará el cierre de carreras y sedes.

Asimismo, se fomentará el mejoramiento continuo de las instituciones a través de la creación de un plan de mejora, en el cual, las instituciones señalarán los pasos a seguir para el mejoramiento interno de la calidad; se entregarán nuevas facultades del Consejo para la Calidad para realizar seminarios, estudios, encuestas y otros, con el objeto de promover la mejora continua de las instituciones de educación superior: se establecerá como función del Consejo, el levantar y difundir buenas prácticas sobre el mejoramiento de la calidad entre las instituciones, eliminándose esta facultad de la Subsecretaría.

X. Incorporación del delito de lucro en la educación superior.

Se propone una regulación efectiva del lucro, incorporándolo como delito de lucro y dándole características de acción penal pública. No obstante, se establecerán mecanismos de protección frente a denuncias con el objeto de evitar con ello represalias y se incorpora la fiscalización por riesgo en la Superintendencia de Educación Superior.

XI. Modificaciones al Crédito con Aval del Estado.

Se pretende la eliminación del Crédito con Aval de Estado (CAE), para lo cual se está estudiando la posibilidad de fusionar ambos créditos (CAE y FSCU), se excluirá a los bancos en la gestión y será administrado por una agencia gubernamental. Además, se realizará el cobro mediante un sistema de impuestos contingente al ingreso de los graduados.

2. El Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Valle Acevedo.

El señor Valle expuso en la sesión 240ª, celebrada el día martes 13 de diciembre de 2016, acompañado de la Secretaria General, señora María Isabel Munita Jordán. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que el proyecto de reforma debe presentar una visión sistémica y amplia de las diversas funciones de la educación superior. Es necesario que en este proyecto se reconozca la historia y diversidad, así como la riqueza que ha aportado la existencia de un sistema de provisión mixta, plural y de diversidad territorial.

Se debe garantizar un sistema de provisión mixta orientado a fines públicos, que fortalezca a las instituciones y su calidad, evitando que la reforma termine consolidando el predominio de la oferta privada y reducida a una política de gratuidad de la docencia.

Es necesario expresar y relevar el rol del Consejo de Rectores de las universidades chilenas en tanto referente e interlocutor independiente de la política y objetivos nacionales en educación, ciencia, arte, cultura, patrimonio e innovación.

El Cruch expresa una valiosa tradición histórica de diversidad y pluralismo intelectual y cultural que ha permitido, a las distintas universidades que lo conforman, contribuir a la función pública en educación. Asimismo, el Cruch manifiesta su disposición a discutir en torno a los procedimientos y condiciones para que otras universidades se incorporen a este Consejo.

Se requiere establecer un sistema de admisión a la educación superior que garantice una mayor articulación con los objetivos nacionales de la política pública y que reconozca el rol directivo del Cruch, con la participación de la Subsecretaría de Educación Superior y otros actores del sistema.

El proyecto requiere considerar el desarrollo de la ciencia y tecnología, que se omite por completo. Las universidades deben contribuir a la creación de una masa crítica de investigadores, particularmente a través de los programas de postgrado que tampoco se encuentran referidos en el proyecto.

Es necesario fortalecer la formación técnico profesional pertinente, enfocada al desarrollo productivo. En ello una parte importante de las universidades del Consejo de Rectores cuenta con una vasta experiencia, la que debe ser reconocida y, por tanto, considerada en la institucionalidad asociada a este nivel de formación.

Resulta necesario revisar la forma de designación de los integrantes del Consejo de la Calidad y la metodología de sus procesos de evaluación y acreditación. El aseguramiento de la calidad debe ser considerado en el marco de un proceso de mejora continua y no como un evento singular e independiente. El proyecto propone un sistema de evaluación integral cuya viabilidad no es clara de acuerdo a los planteamientos esgrimidos por especialistas tanto como por las agencias a cargo de este tipo de procesos.

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento imprescindible para velar por la calidad del sistema de educación superior. Por ello se requiere que el proyecto contenga un mayor desarrollo de los conceptos, orientaciones sustantivas y objetivos de este Marco.

Valoró el fortalecimiento de la institucionalidad pública, asociada a la regulación, a través de la Superintendencia de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Superior y Consejo de la Calidad. No obstante, no se salvaguarda el debido equilibrio entre las competencias de fiscalización y control y los ámbitos de autonomía universitaria. En relación a estos sistemas de fiscalización, es necesario evitar la superposición de atribuciones de las instituciones públicas responsables y delimitar con mayor claridad sus competencias. Las universidades del Estado requieren superar las desventajas administrativas que las afectan.

La prohibición al lucro debe ser efectiva y traducirse, al menos, en la tipificación de conductas de carácter penal y de acción penal pública. Se debe elevar las exigencias para las instituciones privadas que quieran incorporarse al financiamiento público (a través de cualquiera de sus instrumentos), de manera de garantizar que los recursos sean destinados a fines públicos de corto y largo plazo. Debe establecerse para las instituciones privadas una estructura jurídica que garantice el cumplimiento de fines públicos y exigencias de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

El financiamiento estatal debe garantizar que un conjunto de instituciones, de carácter público o privado, asuman responsabilidades en el logro de objetivos nacionales y de la función social que corresponde a todo sistema educativo. Se requiere mantener los aportes basales e institucionales directos con los que actualmente cuentan las universidades, estatales y no estatales, pertenecientes al Cruch.

Con el fin de corregir las asimetrías producto de la asignación histórica del aporte fiscal directo (AFD) se necesita incrementar los aportes institucionales. Con este fin debe haber convenios de desempeño con aquellas universidades del Cruch que se sitúan bajo el promedio de asignación del AFD.

Es necesario incorporar un cambio sustantivo en los indicadores de asignación de recursos del Estado a las universidades regionales, corrigiendo de esta manera las desventajas que éstas tienen para acceder a recursos públicos de carácter nacional en distintas áreas.

El Crédito con Aval del Estado debe ser eliminado, sustituyéndolo por uno de carácter solidario, sin intermediación de la banca. Su continuidad genera un escenario desventajoso para garantizar el cumplimiento de fines públicos.

La determinación de los aranceles regulados es crucial en el marco de una política pública de gratuidad. Por ello, para su cálculo es necesario considerar criterios tales como la territorialidad, la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes y las brechas financieras basales que existen entre las universidades del Consejo de Rectores.

Es necesario observar también situaciones particulares, como es el caso de las pedagogías, cuyos aranceles actuales no permiten solventar adecuadamente las exigencias que establece la ley N° 20.903 para la Formación Inicial Docente. Los aranceles regulados debiesen aplicar a toda institución que reciba aportes públicos, sea mediante fondos institucionales, becas o créditos.

Valoró la decisión política de llevar adelante una reforma de la educación superior. Sin embargo, tal como ingresó dicho proyecto no garantiza la consolidación de una oferta pública de calidad. El proyecto, hasta ahora, no da respuesta a la complejidad de las funciones propias de un sistema de educación superior.

Por lo tanto, la reforma no puede reducirse a la política de gratuidad para la docencia de pre-grado. Por tales razones, consideró imprescindible que el Gobierno pueda, cuanto antes, incorporar las indicaciones sustantivas que permitan avanzar en la tramitación legislativa de esta reforma.

3. El Vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Rector de la Universidad de Antofagasta, señor Luis Loyola Morales y el Director del Cuech y Rector de la Universidad de Talca, señor Álvaro Rojas Marín.

Los rectores expusieron en la sesión 240ª, celebrada el día martes 13 de diciembre de 2016, acompañados Director, Rector de la Universidad de Santiago, señor Juan Manuel Zolezzi, de la Directora Ejecutiva, señora Marcela Letelier Porras, y de las asesoras señoras Stephanie Donoso y Claudia Farfán. Copia íntegra de la presentación del señor Loyola y de la presentación del señor Rojas se encuentran disponibles para consulta.

El señor Rojas señaló que, por una parte, la reforma a la educación superior se fundamenta en la calidad en la educación, y la reducción de la segregación social y la construcción de un sistema inclusivo, entregando garantía de la educación como un derecho social y el fin al lucro en todo el sistema educativo.

Por otra parte, sus pilares fundamentales consisten en mejorar la institucionalidad y la regulación, contar con una Agencia de la Calidad, contar con mayores recursos para docencia e investigación, lograr un avance significativo de la gratuidad universal y desarrollar la educación técnico-profesional pública.

En relación al desajuste entre demanda y oferta, expresó que el big bang del crecimiento de la matrícula privada se ha producido aprovechando las enormes debilidades que tiene el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. No obstante ello, la política pública no ha escatimado recursos para su financiamiento.

En el desajuste de un mercado desregulado, la política pública se ha enfocado al aumento de la cobertura y consecuentemente a su financiamiento, pero ha sido incapaz de atender ese crecimiento en términos cualitativos y cuantitativos, dado escasos instrumentos efectivos con sustento legal que se disponen.

En consecuencia, la definición y consolidación de un sistema efectivo de aseguramiento de la calidad es la piedra angular de la reforma y de la proyección futura de las universidades del país, teniendo la reforma en este tema una gran oportunidad.

Enfatizó que la calidad es y debe ser la piedra angular de cualquier proceso reformista y que el Estado no tiene argumentos para entregar educación, si ésta no es de calidad.

Lo anterior, exige la necesidad de percibir la reforma desde una perspectiva dual: aquellas iniciativas que fijan las normas y principios generales de organización del sector educación, válidas para todos los actores del sistema, y aquellas que fijan la responsabilidad del Estado, en cuanto proveedor de educación de calidad.

Los distintos actores del sistema pueden encontrar una convergencia en torno a los siguientes aspectos:

1. En el aseguramiento de la fe pública y la garantía que debe dar a estudiantes y familias respecto a la “integridad” de las distintas instituciones de la educación superior.

2. En el uso adecuado y transparente de recursos públicos, que como tales, admiten usos alternativos, aún en el mismo sector educación.

3. En las exigencias de inclusión y retención de la nueva matrícula universitaria.

4. En la exigencia de acreditación institucional obligatoria para todas las instituciones de la educación superior, reciban o no recursos públicos.

5. En dar una estructura sistémica, al conjunto de normas, instrumentos e instancias que operan en la práctica y otras que necesariamente deben desarrollarse.

6. Orientado al mejoramiento de la calidad de las instituciones y que cuente con activos mecanismos de retroalimentación.

7. Garantizando estándares mínimos de cumplimiento, que fomenten la mejora continua y que se apoye en la participación activa de los distintos grupos de interés vinculados al desarrollo de cada corporación.

8. Respetando la identidad y cultura de cada institución, evitando realizar evaluaciones con paradigmas, modelos y prejuicios ya superados.

9. Velando por la existencia de un sistema propio y permanente de aseguramiento de la calidad en cada institución, que las respectivas acreditaciones deben principalmente saber evaluar.

10. Contando con un sistema, que emulando a algunos sistemas exitosos internacionales, se centre en los aprendizajes y competencias laborales de sus estudiantes. Además, de que apunte a analizar los distintos procesos que aseguran una adecuada efectividad e integridad institucional y que evalúe la coherencia de la planificación estratégica, con el desarrollo de la institución.

Precisó que los contenidos mínimos que debería contener la indicación sustitutiva, dicen relación con garantizar un sistema de provisión mixta; fortalecer el rol público del Consejo de Rectores, como un referente e interlocutor de la política pública en materias de educación superior; establecer una nueva relación funcional y financiera del Estado con sus universidades; mantener los aportes basales a las instituciones pertenecientes al Cruch, y realizar una estructuración de un sistema de mejoramiento y aseguramiento de la calidad de las instituciones obligatorio, que se enfoque en los aprendizajes y competencias laborales de sus estudiantes, que apunte a analizar los distintos procesos que aseguran una adecuada efectividad e integridad institucional y orientado al mejoramiento de la calidad con retroalimentación y evaluaciones intermedias.

Lo anterior, sin perjuicio, de la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones (calidad e internacionalización); de fortalecer el desarrollo de las universidades regionales, otorgando una mayor atención a aquellas instituciones con un menor nivel de desarrollo; de perfeccionar el sistema de admisión a la educación superior (administración conjunta Mineduc - Cruch); de fijar una estricta prohibición del lucro y exigencias de transparencia activa para todas las instituciones incorporadas al financiamiento público, y sustituir el actual sistema del CAE.

El señor Loyola se refirió a las propuestas para el sistema de instituciones de educación superior estatales, que deben incorporar una visión de futuro que involucre a todo el país y a todos los sectores sociales e ideológicos. Además, de que deben reunir lo más relevante de la investigación científica, innovación tecnológica y acervo cultural, y de que deben continuar siendo inclusivas, diversas, republicanas, reafirmando el ideal de la educación pública, contribuyendo a la cohesión social, además, de que sean reflejo de pluralismo en base a una diversidad al interior de ellas y no a la coexistencia competitiva de modelos particulares alternativos.

Señaló que el proyecto de ley debe considerar el rol proveedor del Estado en educación superior y la naturaleza de servicio público de las instituciones estatales, para ello deben existir mecanismos financieros y jurídicos destinados al crecimiento y fortalecimiento de estas instituciones, como asimismo, normas de gestión y gobierno universitario que les permita dar respuesta eficiente, eficaz y oportuna a las necesidades que deben atender.

Para ello se requiere una nueva institucionalidad del sistema en red de las instituciones de educación superior del Estado. Una nueva institucionalidad del sistema en red de las instituciones de educación superior del Estado, que establezca instrumentos financieros y de gestión que faciliten la actuación conjunta y en colaboración. Asimismo, se requiere un marco institucional que facilite la vinculación estratégica sistemática, entre el Estado y sus instituciones, en actividades de interés nacional que sean intensivas en conocimientos avanzados, un ejemplo de esto último es el Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Antofagasta.

Pero también se requiere establecer una estructura interna de la red de las instituciones de educación superior estatales y su tránsito hacia la consolidación como sistema; un modo de compatibilizar y optimizar la distribución del ámbito de competencia en la toma de decisiones, entre un ente sistémico que agrupa a todas las universidades y el gobierno interno de cada institución; el carácter de la participación del Estado en sus instituciones, y el horizonte de tiempo para fortalecer la participación de la instituciones del estatales en el nuevo sistema de educación superior.

En materia de financiamiento, expresó que el desarrollo institucional de las universidades estatales requiere financiamiento basal para sustentar proyectos de largo plazo, sin embargo, la fórmula actual de gratuidad no contempla esta premisa. No al menos en el corto plazo (el proyecto de ley no establece un límite temporal a la aplicación de la fórmula “arancel regulado más 20%”).

La versión actual del proyecto perjudica a las universidades estatales, y al conjunto de las tradicionales, al disminuir el AFD (en 5 años), sin considerar que es el principal recurso de libre disposición de las instituciones de educación superior. Tampoco define los criterios de asignación de fondos de investigación para las instituciones de educación superior que adscriban a la gratuidad.

Al mismo tiempo, se requiere un plan concreto para normalizar la composición del sistema de educación superior, aumentando la matrícula del sistema estatal, por ejemplo, las instituciones estatales en su conjunto podrían crecer significativamente en 10 años en carreras existentes y nuevas, según pertinencia y territorialidad.

La pertinencia de la expansión de matrícula con calidad es un deber de un Estado responsable. Estimó que para expandir la matrícula estatal se requiere inversión en ampliación y modernización de infraestructura, la eliminación del tope de crecimiento de la matrícula estatal, el establecimiento de criterios asociados al cumplimiento de estándares para la expansión de carreras en las instituciones de educación superior que reciban financiamiento público, el fortalecimiento del cuerpo académico y funcionario, y una modernización de la gestión.

En cuanto al marco jurídico-administrativo, sostuvo que se requiere de un sistema de control que evite la duplicidad de funciones y atribuciones entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Educación Superior. Además, de normas de flexibilización del control, principalmente, en materia de control a priori de los actos de las universidades estatales. En especial, se necesita una distribución de competencias clara y equilibrada, tanto en control interno como control externo de las instituciones de educación superior estatal.

A nivel de control interno el proyecto de ley entrega al Consejo Directivo la facultad de ordenar la realización de auditorías, cuestión que forma parte de las facultades de los órganos de control interno de las universidades estatales, por lo que podría existir una duplicidad.

En conclusión, en términos globales, es necesario establecer una “Estrategia Nacional de la Educación Superior Estatal”. El proyecto de ley actual establece esta necesidad sólo en el ámbito técnico - profesional. Esta labor podría desarrollarse en conjunto entre la nueva Subsecretaría de Educación Superior y la nueva institucionalidad para el sistema en red de instituciones estatales.

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe considerar la naturaleza especial de las instituciones estatales y definir estándares que releven la impronta territorial de las instituciones estatales regionales y su aporte al desarrollo social, económico y cultural.

El financiamiento de las instituciones de educación superior estatales debe contemplar aportes basales de largo plazo, complementado en menor proporción por el financiamiento a la demanda que no se distribuye de manera homogénea en todo el territorio nacional.

4. El Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza Vivanco.

El señor Sanhueza expuso en la sesión 240ª, celebrada el día martes 13 de diciembre de 2016, acompañado de la Secretaria General, señora María Isabel Munita Jordán. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Hizo presente que en el debate sobre la reforma, se está ignorando el valor de las instituciones. La grandeza y solidez de un país se mide por las instituciones y la cultura que emana de ellas. Incluso la solidez financiera de un país depende más de sus instituciones y mucho menos de instrumentos específicos o decisiones asociadas a un gobierno.

Los países desarrollados cuidan y se enorgullecen de sus universidades, ya que son parte de su imagen ante el mundo. Las universidades son mucho más que instrumentos que ofrecen servicios educacionales y Chile debe respetar a las instituciones de educación superior tradicionales que formaron la elite política e intelectual, a los profesionales y técnicos que forjaron su economía, sociedad y cultura.

Además, se están reemplazando las políticas de largo plazo por las señales de corto plazo del mercado. Es inoficioso reivindicar el diseño de políticas y planes de mediano y largo plazo, cuestión indiscutida en las grandes organizaciones e incluso en el mundo empresarial. Los países sólo pueden desarrollarse cuando las políticas de gobierno -por definición transitorias- se transforman en “políticas de Estado”, y las “políticas de Estado” sólo pueden materializarse cuando otros actores -comunidad, empresas y universidades- las internalizan e incorporan en sus iniciativas.

Por otra parte, el aporte de las universidades al desarrollo sólo puede medirse en el largo plazo, por ejemplo, en la salud, medio ambiente, educación, pueblos originarios o desarrollo agrícola. Las políticas universitarias deben sustentarse en aportes basales relevantes y sostenidos. Las lógicas de mercado han hecho que parte importante del apoyo a las universidades se canalice mediante fondos concursables, especialmente en ciencia, cultura y otras áreas

Además, afirmó que financiar proyectos por uno o dos años ha generado más problemas que beneficios, como son la fragmentación de recursos en cientos de iniciativas dispersas y la discontinuidad e incertidumbre que es la realidad dominante en muchos ámbitos. Los fondos concursables sólo deben emplearse para iniciativas de carácter secundario, pero no para generar recursos humanos y conocimientos en áreas fundamentales para el país.

La ausencia de aportes basales permanentes explica la inexistencia de centros de referencia en sectores estratégico como la minería, forestal, vitivinicultura o energía. En ninguna de estas áreas existe un “Silicon Valley” o polo territorial con investigación de vanguardia. La crisis de la marea roja en Chiloé develó dramáticamente esta situación. No existe un centro de referencia en acuicultura y los científicos en el tema tienen financiamiento irregular.

Luego, se refirió a sus propuestas que, desde la perspectiva regional, abordan los siguientes aspectos:

1. En relación a los desafíos, fines y principios de la educación superior, se debe asumir que la educación superior se inserta en un país marcado por inequidades socio territorial, y debe asumir su rol como factor de desarrollo regional y descentralización.

2. Gobernanza e institucionalidad de la educación superior. Debe haber una instancia asesora y representativa de la diversidad institucional y regional y valorar el aporte pasado y futuro del Cruch en el sistema.

La Subsecretaría debe tener una unidad de coordinación territorial y direcciones regionales, además, de que debe formularse una política de educación superior participativa y con desagregación territorial.

3. Formación técnica profesional. Por su importancia actual y futura debe tener mayor desarrollo en el proyecto de ley. Debe afianzarse su dimensión territorial en política por regiones e integración del Consejo Asesor. Además, se requiere explicitar la vinculación de ésta con la universitaria.

4. Consejo para la Calidad y Acreditación. El Directorio del Consejo debe considerar un 50% de expertos de regiones para asegurar representación, pertinencia de instrumentos y pluralidad de experiencias. Además, los criterios y estándares deben desvincularse de instituciones de educación superior grandes o de medios más favorables.

Asimismo, deben considerarse los resultados y también los procesos asociados a estos, con una “calidad medida en el contexto”; la acreditación obligatoria de medicina y pedagogías debe tener financiamiento ad hoc, y las exigencias a pedagogías y a doctorados deben considerar las realidades de las regiones.

5. Educación superior estatal. Expresó que lo estatal es permanente y lo gubernamental es transitorio y con sesgo programático. Debe considerarse la experiencia acumulada en las instituciones de educación superior estatales en cuanto a gestión y autogobierno.

Además, la red de instituciones estatales debe reconocer la rica cooperación inter-universitaria en el Cruch. El Consejo Directivo debe incluir representantes de la comunidad e instituciones regionales que ayuden a la pertinencia de sus actividades.

6. Aporte Estatal a la Docencia (AED). Debe ser definido por una comisión técnica y participación regional (50%), y contar con un financiamiento que debe ser basal, asignado a regiones y universidades.

Asimismo, debe considerar la proporción de la población regional o estudiantil respecto del total país en porcentaje; asignarse por carreras y no por alumnos, a partir del costo base en Santiago, e incluir la corrección o incremento en regiones que compensen realizando un esfuerzo de superar brechas en formación académica y aplicar una asignación de zona o corrección regional del mayor costo de vida y del quehacer universitario.

El AED debe promover el desarrollo de docencia en regiones y asegurar similares niveles de calidad con independencia del lugar donde se estudia y evitar estímulos a la fuga de talentos a Santiago.

7. Aporte Basal Regional (ABR) y descentralización de talentos y capacidades científicas. La retención y atracción de estudiantes talentosos a regiones mediante ayudas estudiantiles y acceso preferente a becas nacionales e internacionales de postgrado.

La retención y atracción de docentes calificados mediante beneficios económicos, emulando las remuneraciones base en Santiago más asignación de zona; los estímulos académicos con acceso preferente a becas de postgrado, y una política de expansión de capacidades científicas regionales que implique la creación de centros de referencia en temas de interés estratégico, además, de un programa especial para inserción regional de doctorados con becas Chile sin contrato

8. Carreras pedagógicas en regiones. El aporte estatal a la docencia debe asignarse por costos de formación y no por expectativas remuneratorias, como hoy ocurre. El esfuerzo especial para fortalecer las pedagogías debe implicar trato similar a medicina.

5. El Presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales - G9, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elortegui Raffo.

El señor Elórtegui expuso en la sesión 242ª, celebrada el día lunes 19 de diciembre de 2016, acompañado del Rector de la Universidad Católica del Maule, señor Diego Durán Jara, y de la Directora Ejecutiva, señora Andrea Wenzel Mujica. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Enfatizó que las universidades del G9 representan muy bien los ejes que inspiran el proyecto de reforma de la educación superior. Prueba de lo anterior es que, en materia de calidad, la Universidad de Concepción recientemente ha sido acreditada por 7 años, siendo la primera institución regional que haya obtenido dicho período de acreditación.

En el caso de inclusión, al igual que en materia de calidad, también hay antecedentes muy decidores. Es así que el 83% de los estudiantes de las universidades del G9 proviene de establecimientos educacionales particulares subvencionados, y de los estudiantes ingresados el año 2016, el 52% tiene beneficio de gratuidad.

Además, las universidades del G9 han aportado en los últimos 10 años una cantidad en torno a los $240.000 millones con recursos propios para ayudas estudiantiles, complementando los aportes del Estado (becas y créditos), lo que demuestra un compromiso con la inclusión muy propio de la vocación pública de dichas instituciones. En consideración a lo anterior, expresó que el proyecto de ley presentado originalmente claramente representa poca valoración a las universidades del G9.

En relación al protocolo de rediseño de reforma a la educación superior recientemente presentado por la Ministra, apuntó que se aprecian algunos avances en algunos aspectos que habían sido hecho presente por el Cruch y el G9, sin embargo, se trata de un documento muy general y deberá evaluarse en su mérito cuando se presenten las indicaciones.

Es un avance que se anuncien modificaciones que aseguren un adecuado equilibrio entra la autonomía de las instituciones y la necesidad de regulación y control. Sin embargo, nuevamente habrá que esperar las indicaciones para ver cómo se concreta este enunciado compartido.

También compartió la definición que se hace en términos de relevar y fortalecer la educación técnico profesional, tan importante desde el punto de vista de avance social del país y del desarrollo económico.

En otro aspecto, si bien valoró algunos anuncios como la composición del Consejo para la Calidad, todavía le pareció una injerencia excesiva del Gobierno de turno en su designación, y llamó a reducirla aún más, evitando también la presencia de grupos corporativos, a fin de asegurar la mayor autonomía posible del Consejo en su quehacer.

En relación al financiamiento estudiantil, estimó que existiendo un principio compartido de avanzar hacia un sistema cada vez más inclusivo, que asegure el ingreso y también la pertenencia de los estudiantes, debe tenerse muy presente que la gratuidad no alcanza para asegurar inclusión efectiva de estudiantes vulnerables.

Para asegurar inclusión se requiere de dos tipos de apoyo adicionales al ingreso y que dicen relación con el apoyo académico para equiparar el déficit de formación previa (en ese sentido, el programa PACE ha sido bastante efectivo, sin embargo, las becas de nivelación académica se eliminan en la Ley de Presupuestos 2017), y el apoyo para la mantención a través de becas, como la beca de mantención.

La fijación de aranceles, sin considerar la calidad y diversidad de las instituciones, constituye un riesgo real a la sustentabilidad de las mismas y los niveles de excelencia ya alcanzados. Es fundamental cómo se determinan los aranceles, considerando la calidad y diversidad de las instituciones.

En lo que se refiere a la regulación de vacantes, consideró que debe existir una distinción entre las instituciones de calidad demostrada y el compromiso público acreditado, versus instituciones que requieren de mayor seguimiento. Asimismo, se debe reformar el CAE, orientado a cautelar de mejor forma la situación de los deudores y del Estado; por lo tanto, de ahí que, hacerlo más social y en relación con el ingreso va en la dirección correcta.

En relación al financiamiento institucional sostuvo que le parece indispensable para la generación de bienes públicos, como son la investigación, doctorados y la vinculación con el medio, entre otras funciones que asumen las universidades.

El proyecto de ley en su presentación original clasifica a las universidades entre estatales y privadas, sin distinción alguna, lo que implica, por ejemplo, que el tratamiento a la Universidad de Concepción (acreditada por 7 años) sería el mismo que el de cualquier universidad creada después de 1980. El foco del financiamiento institucional debe ser el fortalecimiento de las universidades del Cruch, y de otras instituciones que se puedan incorporar, es decir, no debe ser excluyente e incorporar a las universidades del G9 en su totalidad.

Las líneas de trabajo del financiamiento institucional dicen relación con fortalecer las universidades del Cruch, públicas y reconocidas como tales por su historia y aporte al país, pero que claramente se encuentran rezagadas. Asimismo, se debe centrar en el fortalecimiento de las universidades regionales y de las universidades complejas, como también en el reconocimiento y fortalecimiento de las universidades privadas con función pública. Sin embargo, sostuvo que el protocolo si bien corrige la desmesura del proyecto de ley original, condena a las universidades no estatales del Cruch a una irreversible decadencia.

6. El Presidente del Capítulo de Universidades Privadas Acreditadas (CUP-AC) y Rector de la Universidad San Sebastián, señor Hugo Lavados Montes.

El señor Lavados expuso en la sesión 245ª, celebrada el día martes 3 de enero de 2017, acompañado de la Directora de Asuntos Corporativos de la Universidad San Sebastián, señora Macarena Castillo. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que el proyecto implicaría disminuir la matrícula universitaria, porque tendrían menos recursos y más obligaciones regulatorias. En la práctica, se restringiría la cobertura de las universidades privadas, sin que exista una contrapartida clara en otras instituciones. Esta observación se fundamenta en las declaraciones de las autoridades y en acciones específicas, como las nuevas exigencias para la acreditación, entre otras.

Además, no logra abordar el tema de la calidad en la formación, en general y respecto a mejorar la retención, que es un asunto clave para tener un proceso formativo con mayor equidad. La calidad de la formación profesional, de los recursos de apoyo y de los procesos de nivelación, son fundamentales, especialmente para las instituciones que reciben a los alumnos más vulnerables. Esto no se refleja en las políticas públicas conocidas, más allá de los programas PACE, que son muy caros y muy reducidos en cobertura.

Por otra parte, en relación a las nuevas indicaciones que presentaría el Ejecutivo, se precisan algunos aspectos que, en su opinión, son necesarios de considerar en la reformulación del proyecto:

a) Carácter mixto del sistema. El Estado tiene una responsabilidad principal con todas las instituciones y es posible y necesario conjugarla con un aporte preferente a las universidades del Estado, pero sin ir en desmedro del resto de universidades del sistema. Por otra parte, resulta muy claro y observable que a mayor dependencia de los recursos estatales, mayor es la inestabilidad de los recursos transferidos a las instituciones. Eso les genera serias dificultades para poder cumplir con los planes de desarrollo institucional.

b) Fortalecimiento de las universidades regionales. Es necesario considerar un criterio de discriminación positiva para las zonas extremas, por las dificultades que tienen en la contratación de académicos y de selección de alumnos con altos puntajes. Además, este es un tema geopolítico que debe ser considerado por el Estado. Las regiones y macro regiones deben ser analizadas para diferenciar los apoyos desde el punto de vista del desarrollo productivo, tomando los ciclos completos de las carreras vinculadas a estas áreas y las proyecciones regionales. La educación debe responder e ir de la mano con las tendencias que se postulen para el desarrollo regional.

c) Financiamiento y gratuidad. Se mostró de acuerdo con el valor como política pública de la gratuidad, sin embargo, es evidente que frente a las múltiples demandas al Estado y ante el hecho de que los recursos fiscales son limitados, por un largo tiempo no alcanzarán para financiar la gratuidad completa, lo que reconoce el propio proyecto, con una fórmula muy poco comprensible. En el intertanto, es indispensable establecer criterios claros y estables para definir hasta dónde se llega, qué instituciones pueden acceder a la gratuidad, y que estos no se cambien de acuerdo a las variaciones presupuestarias o acomodos que pretenden ser objetivos. Los requisitos debiesen basarse en los propósitos de resguardar la calidad y promover la equidad, usando evidencia factual, no ideas pre concebidas.

d) Equilibrar autonomía de las instituciones de educación superior y la necesidad de regulación del sistema (calidad). Debe haber acuerdo en que “el mecanismo primario para fomentar la calidad de las carreras es la acreditación”. Se requiere mantener este instrumento que ha favorecido la mejoraría de la calidad de la formación universitaria y de las otras funciones de estas instituciones. Los mecanismos existentes pueden ser perfeccionados, pero es un sinsentido desecharlos, porque hace algunos años hubo delitos que alteraron los resultados.

En segundo lugar, es conveniente establecer criterios para la creación y cierre de carreras y sedes, lo que requiere tomar en serio la autonomía de las universidades, junto con ser consistente y coherente con los planes estratégicos revisados en la acreditación institucional. Que se cierre una carrera o se abra otra no es bueno ni malo, tiene que responder al desarrollo y a la dinámica institucional y del país.

En tercer lugar, es necesario revisar las categorías de acreditación universitaria del proyecto de ley por sus implicancias. Es evidente que no es razonable que continúen en el sistema instituciones de bajo nivel, pero para definir ese estándar, se deben utilizar criterios adecuados al contexto, no al de países muy desarrollados. Sobre esto no ha existido análisis ni debate.

Además, la acreditación debería hacerse con estándares en cada una de las cinco dimensiones propuestas, porque hay que reconocer que son diversas las situaciones respecto a la complejidad institucional en cada una de esas dimensiones. Por otra parte, es irreal pensar que todas las universidades pueden llegar a tener el más alto nivel; eso no existe en ningún país del mundo. Todas las funciones son importantes, pero es posible tener muy buenas universidades con investigación y posgrados focalizados en ciertas áreas, tal como es el sistema existente en los países escandinavos.

e) Modificaciones al crédito con aval del Estado. Consideró conveniente sacar el mecanismo de créditos de la banca comercial y propuso un sistema de cobro con incentivos para que los deudores cumplan sus obligaciones, explicitando que los recursos obtenidos del pago irían a financiar una parte del fondo solidario. Además, es necesario buscar un mecanismo para que la deuda del Fondo Solidario y CAE actual no sea considerada deuda bancaria, porque limita a quienes utilizaron este mecanismo de financiamiento, como ocurre en la obtención de un crédito hipotecario.

Expresó que un tema poco tratado, y que surge con fuerza ahora más que nunca, es la necesidad de establecer un marco nacional de cualificaciones, junto a una definición de los títulos y grados que se otorguen por cada tipo de institución. Asimismo, se debe considerar en serio y darle factibilidad a la articulación entre niveles formativos, programas a distancia y cambios en la estructura curricular.

Finalmente, estimó que esta es la oportunidad como país de abordar el conjunto del sistema, los grandes temas que está enfrentando y que definirán el futuro de las instituciones, en términos de formación profesional, investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Para eso, las universidades son indispensables, en la medida que puedan trabajar en esa dirección, con miradas de largo plazo. Este proyecto no incentiva esa perspectiva; y ha hecho focalizar los esfuerzos en lo que ocurrirá en el corto plazo, cuando se debería estar mirando a las próximas tres décadas.

7. El Rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, señor Jorge Baeza Correa.

El señor Baeza expuso en la sesión 245ª, celebrada el día martes 3 de enero de 2017, acompañado del Director de Planificación y Desarrollo, señor Patricio Guerrero. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que un punto de partida es la constatación de que habitualmente se diferencian en Chile tres tipos de universidades: las del Estado, las privadas del Cruch y las privadas que no están en el Cruch. De los discursos pareciera que cada uno de estos tipos de universidades se asocia a determinadas características: las del Estado son públicas y poseen calidad; las privadas del Cruch son privadas, pero con función pública y poseen, en general, calidad, y las privadas que no están en el Cruch son con fines de lucro y, por lo general, son de dudosa calidad.

Cuestionó la clasificación anterior, y distinguió tres generaciones de universidades: las creadas con anterioridad a 1980, que nacen en función de principios, luego una segunda generación que ya tenía un precedente con anterioridad a 1980 y, luego, una tercera generación de sociedades internacionales que vienen y compran instituciones en Chile.

Destacó que la Universidad Católica Silva Henríquez es una institución con 34 años de vida, constituida como una corporación sin fines de lucro, que pertenece a la Congregación Salesiana de Chile y antes (como IPES Blas Cañas), a la Conferencia Episcopal de Chile. Está acreditada por 4 años y sus carreras, en promedio, por 5 años. Asimismo, históricamente atiende al año del orden de 5.500 estudiantes y cuenta con un total de 564 académicos, donde su mayoría posee contrato indefinido (313) y en un alto porcentaje con dedicación completa, sin perjuicio de que posee una estructura de gobierno participativa y descentralizada, con presencia de todos los estamentos y prácticamente la totalidad de sus bienes son de su propiedad y se encuentra adscrita al Sistema Único de Admisión (SUA).

Se trata de una institución que en el pasado fue un espacio de libertad para muchos perseguidos por pensar distinto y hoy es un espacio de justicia para muchos que sufren las desigualdades. A través de su propedéutico (uno de los dos primeros en Chile) atiende a estudiantes secundarios, con talentos para el estudio universitario, pero con deficiente formación en sus liceos. Hoy son parte del programa PACE y atiende a 21 liceos y con ello 2.344 estudiantes, que podrán hacer estudios universitarios. El 73% de los estudiantes de 1° año hoy está en gratuidad, siendo con ello la universidad con más jóvenes en gratuidad porcentualmente. La mayoría de los estudiantes son primera generación universitaria, y ha atendido a más de 5.000 personas que hacen nivelación de estudio, que concluyen su enseñanza básica o media. Muchos de ellos migrantes o personas privadas de libertad.

Enfatizó que los datos confirman que los jóvenes talentosos pueden lograr altos rendimientos, si se le entregan las condiciones, ejemplo de ello, es Jorge Zúñiga, oriundo de La Pintana, quien consiguió estudiar Educación Física en la Universidad Católica Silva Henríquez, en Santiago (1999-2003), donde se “enamoró” de los ramos de ciencia y salud. Hoy es doctor en Fisiología y Biomecánica Humana de la Universidad de Nebraska-Lincoln (2007-2011) y profesor del Departamento de Ciencias del Ejercicio y Profesiones de la Salud en la Universidad de Creighton, creador de la mano biomecánica, llamada “bestia cibernética”, la que no patentó a fin de que otras puedan servirse gratuitamente de su invención.

Volviendo al punto de partida, reiteró que detrás de ellos hay una distinción insostenible Cruch y no Cruch. Antes se diferenciaba por fecha de creación de las universidades, pero el ingreso al Cruch de las dos nuevas estatales, cambia el sentido y, en consecuencia, nada impide que exista la agrupación de universidades estatales, como también un “Consejo de Universidades de Chile”, pudiendo exigirse como requisito que estén acreditadas. Asimismo, nadie niega el rol público del Estado, pero no se puede pensar que lo público se restringe a lo estatal. Una universidad privada, por lo demás, no puede ir en contra de los principios que el país hace presente en sus leyes.

Desde su realidad, de universidad privada, sin lucro, con fuerte compromiso social y vocación pública, afirmó que las universidades del Estado deben tener una atención diferenciada desde el Estado. De lo contrario, no es comprensible que se les llame estatales. Pero otra cosa es creer que sólo ellas tienen una función pública.

No resulta comprensible que se segregue en cuanto a financiamiento a quienes están en el Cruch y quienes están fuera de éste. Las que están dentro del Consejo mantienen el aporte fiscal directo, los aportes basales y fondos especiales, pese a que no es una opción para las universidades estar fuera del Cruch. Entonces, pareciera que se quiere homologar lo público a pertenecer a este Consejo.

Se mostró totalmente de acuerdo que quien recibe financiamiento del Estado, debe estar abierto a toda fiscalización de su parte y debe mantener calidad, sin que dicha fiscalización atente contra la autonomía universitaria. Sin embargo, consideró preocupante que la fijación de aranceles y la restricción al crecimiento de matrícula, pueden estancar a las universidades, en especial a las que optan por la gratuidad; más aún cuando se trabaja con un modelo de universidad más compleja con investigación y vinculación con el medio y, con ello, de mayor costo.

Desde la responsabilidad de su institución, de llevar el nombre del Cardenal Silva Henríquez, manifestó su preocupación por cuanto la discusión aún no aborda lo más sustantivo, es decir, dilucidar para qué se quiere una universidad y cuál es su sentido. Se quiere formar profesionales que se inserten en los mercados internacionales o, formar personas que se comprometan con los derechos humanos y hagan de su profesión un servicio al bien común. El Cardenal Silva Henríquez la definía de un modo muy preciso y profundo, esto es, como la conciencia crítica del país.

8. El Rector de la Universidad Austral de Chile, señor Oscar Galindo Villarroel.

El señor Galindo expuso en la sesión 247ª, celebrada el día martes 10 de enero de 2017. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Destacó entre las debilidades del proyecto, las contradicciones en los objetivos del proyecto respecto del diseño de su articulado; las indefiniciones respecto de lo público y lo privado y de las características de un sistema mixto; la inexplicable minimización del Cruch; las regulaciones excesivas y superposiciones de funciones respecto de los nuevos órganos o de órganos ya existentes, y el riesgo en la autonomía de las universidades estatales, públicas no estatales y privadas.

Asimismo, resaltó la debilidad de las normas para la eliminación del lucro en el sistema; la carencia de normas que apoyen el desarrollo territorial equilibrado del sistema; la carencia de normas que estimulen ciencia, tecnología y creación artística; la inexplicable ausencia de un capítulo o articulado sobre el postgrado, y la generación de un sistema de financiamiento que no garantiza el fortalecimiento y la sustentabilidad de las instituciones públicas.

Aseveró que se necesita urgentemente una reforma, pero no cualquier reforma, sino, una que vuelva a poner en el centro de la discusión la educación superior pública que tenga como único fin el servicio al país. La forma es que se defina el sistema y sus componentes, así como la fórmula que se utilice para distribuir recursos públicos es clave para que los valores del pluralismo, la diversidad, autonomía y provisión mixta sean componentes normativos estructurales de un nuevo sistema.

Hizo presente que las universidades no son sólo instituciones proveedoras de servicios educacionales, son espacios complejos de reflexión cultural, investigación científica y debate de ideas en un ambiente de libertad académica. El proyecto tiene un relato y una concepción errada. Un relato de la historia de la educación superior del país que no responde a la verdad historia y una concepción profundamente centralista.

En materia del rol del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, sostuvo que el país debe mantener un sistema de instituciones estatales y no estatales cuyo compromiso público sea incuestionable, el que eventualmente puede ampliarse por ley a otras instituciones creadas con posterioridad a 1981 que cumplan determinados requisitos. La creación de un sistema de universidades estatales aislado no ayudará al funcionamiento integral del sistema y mucho menos a fortalecer su compromiso público. Al contrario, genera el evidente riesgo de terminar por aumentar la influencia en el sistema de educación superior de instituciones con claro sentido de mercado.

Por otra parte, la propuesta supone un cambio radical del régimen que se ha aplicado históricamente a las universidades públicas no estatales creadas con anterioridad a 1981. No se debe olvidar que el reconocimiento oficial de las universidades tradicionales ha sido históricamente por ley (creación por un acto privado y pérdida de reconocimiento en virtud de la aplicación de una sanción por parte de la Superintendencia).

Hizo presente que el proyecto de ley propone regular a todas las instituciones por igual y, para ello, recurre a normas contempladas en la ley de Mercado de Valores y a un lenguaje asociado a este tipo de actividades. Además, atribuye a los integrantes del órgano directivo superior responsabilidades propias de dueños de instituciones lucrativas, lo que generará serias dificultades a las instituciones que carecen de estas características o que se encuentran organizadas efectivamente como corporaciones sin fines de lucro.

Las normas propuestas son aplicables a la Universidad Técnica Federico Santa María, a la Universidad de Concepción y a la Universidad Austral de Chile, en tanto estas tres instituciones están organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Asimismo, es aplicable a todas las instituciones de educación superior creadas con posterioridad al año 1981. Las universidades estatales y las universidades católicas quedan excluidas de esta regulación, en tanto están organizadas como personas jurídicas de derecho público.

Respecto a la institucionalidad, expresó que en el proyecto las instituciones no se definen por su naturaleza y fines, sino por su adhesión a un determinado sistema de financiamiento, lo que debilita la concepción de un sistema que se defina por su capacidad de servicio al país. Se debe excluir a las universidades no estatales del Cruch de dicha normativa; incorporar normas que orienten y estimulen la productividad científica, creación e innovación en la educación superior, e incorporar un capítulo o articulado sobre educación superior y postgrado, que establezca definiciones claras respecto al menos a magíster, especialidades médicas y doctorado, incorporando la acreditación obligatoria de estas dos últimas dimensiones.

La reforma debería generar instrumentos de apoyo, de coordinación, de gestión y de financiamiento específico, vinculados a la contribución y al desarrollo de los territorios, más allá de la creación de un fondo de financiamiento regional. El financiamiento basal es inherente al sistema universitario y debe mantenerse por ley el AFD corregido (con indicadores equitativos y auditables), el basal por desempeño y Convenio Marco (fusionado y de libre disposición) y el Fondo de Desarrollo Regional (por ley, asignado con criterios de territorialidad a definir).

En materia de gratuidad, la permanencia en el sistema no puede ser opcional. La sola idea de salir por solicitud enviada con un año de antelación, le resta seriedad a la propuesta. Enfatizó que hasta ahora era inimaginable que una universidad del Cruch abandonara el sistema de financiamiento público. En relación al crecimiento, se deben eliminar los límites de crecimiento de la matrícula para universidades del Cruch y algunas otras. Sostuvo que el 2,7 es un absurdo.

Finalmente, se preguntó si es posible la gratuidad universal. Al respecto expresó que es posible siempre y cuando se defina como gratuidad responsable. Esto es, orientada a los estudiantes que más se esfuerzan en sus contextos educativos, independientemente de su condición social, económica o étnica, o de cualquier consideración y que accedan por medio de sistemas meritocráticos a instituciones de reconocida calidad y compromiso público.

9. El Director de Gabinete del Rector de la Universidad de Atacama, señor Rafael Figueroa Ortega.

El señor Figueroa expuso en la sesión 247ª, celebrada el día martes 10 de enero de 2017. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó en relación al sistema universitario, que la iniciativa carece de definiciones con los diferentes tipos de instituciones y sus roles en el sistema, y no elimina de raíz el actual modelo de educación de mercado, inequitativo -preferentemente con las instituciones de regiones y más pequeñas- y centralista.

Propuso un sistema mixto de educación superior que, a su vez, defina los roles de cada tipo de institución del sistema y sus interacciones con la sociedad. En este punto se debe reconocer la historia y rol de las universidades regionales estatales. Recomendó generar mecanismos para el trabajo conjunto entre los gobiernos regionales y las universidades estatales regionales, además, de potenciar el trabajo en red de dichas instituciones.

En materia de fiscalización y control, criticó el exceso de control hacia las universidades estatales de parte de la Contraloría General de la República, Subsecretaría, Superintendencia, Contraloría interna, Mercado Público, Comisión Nacional de Acreditación y Ministerio de Educación, lo que eleva los costos institucionales para poder dar respuesta a los requerimientos.

Propuso generar un sistema de control menos recargado, que se centre en los recursos otorgados por el Estado y los estándares de calidad, pero igualitario entre instituciones estatales y privadas que reciban aportes del Estado.

Respecto del sistema de acreditación en el nuevo sistema de educación superior, criticó que en el proceso de acreditación no existe una correlación entre los estándares de calidad a exigir y los distintos tipos de instituciones y sus formas de financiamiento. Enfatizó que los estándares no pueden ser fijados por la Subsecretaría.

Propuso asegurar un mecanismo que fije estándares de calidad mínimos que deben cumplir las instituciones para su funcionamiento, con una mirada a las realidades regionales, y que en el Consejo para la Calidad exista una adecuada representación de académicos de las regiones, en especial del norte de Chile.

En materia de financiamiento, reparó que en la propuesta de ley se eliminen aportes como el AFD, aun cuando la propuesta de rediseño presentado por la Ministra lo revierte, eliminando el artículo que lo deroga y manteniendo el Convenio Marco y aporte Basal. Sin embargo, no se aborda la distribución de estos fondos que siguen regidos por el decreto con fuerza de ley N°4, de 1981, que se distribuye principalmente por un criterio histórico del año 1981, lo que no es aplicable en la realidad actual.

Propuso generar un sistema de distribución de estos u otros recursos en base a indicadores de equidad, tales como, aporte por alumno matriculado, aporte mínimo en región y recursos promedio por alumno en cada universidad. A su vez, sugirió que este sistema de distribución, asegure por parte del Estado, el funcionamiento mínimo con calidad que debe tener una universidad estatal regional.

Del mismo modo, se debe asegurar un aporte basal mínimo para universidades estatales regionales, que permita su administración, operación y desarrollo con calidad y que no dependa de la demanda, o una ley especial que nivele a las universidades desfavorecidas históricamente. Además, se deben disminuir las atribuciones del Ministerio de Educación para modificar e influir en los mecanismos de distribución (criterio centralista).

Asimismo, criticó en el proyecto, que por una parte se controlan los ingresos de las universidades a través del crecimiento de la matrícula (2,7%) y de los aranceles regulados, y por otra se mantienen las exigencias de acreditación en vinculación con el medio e investigación, sin que exista una definición de los mecanismos de financiamiento para el desarrollo de las actividades de investigación, de extensión y de vinculación con el medio.

Al respecto solicitó generar un programa de financiamiento no concursable, para la inserción o nivelación de capacidades (investigación, docencia, extensión) en universidades regionales estatales, a través de la contratación de científicos, compra de equipamientos y habilitación de infraestructura, entre otras.

Sin perjuicio de ello, se debe permitir el financiamiento directo de los gobiernos regionales a las universidades estatales para el desarrollo de actividades de extensión, vinculación, investigación u otras. Además, de reorientar parte de los esfuerzos de Conicyt a formar centros de investigación regional en las universidades estatales regionales, y de modificar los indicadores y exigencias de los fondos concursables de Mineduc y Conicyt a realidades de regiones.

10. El Rector de la Universidad Finis Terrae, señor Cristian Nazer Astorga.

El señor Nazer expuso en la sesión 250ª, celebrada el día martes 24 de enero de 2017. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que el proyecto de ley no contiene definiciones que expliciten la visión de educación superior que se desea instalar y tampoco establece estrategias que permitan articular las instituciones de educación superior con las metas y desafíos que el país tiene en términos de desarrollo y de modernidad. Da la impresión que es un proyecto nostálgico del pasado y carente de una real mirada de futuro.

Las profundas transformaciones que han experimentado las sociedades y culturas han impulsado a que buena parte de los países desarrollados o en vías de desarrollo estén repensando su educación superior y sus universidades. De esta forma, el mayor déficit de la iniciativa legal presentada por el Gobierno es, precisamente, que no contiene una estrategia para fortalecer el vínculo que debe existir entre las metas de desarrollo del país y el necesario aporte de las universidades a su cumplimiento.

Destacó que un segundo aspecto a resaltar es la falta de claridad y coherencia respecto a la calidad que se anuncia como uno de los objetivos de la reforma. En este tema no se visualiza focalización, ni convicción. Como ha advertido el Consejo Nacional de Educación, el proyecto no aporta una definición de calidad y, por tanto, no está a la altura de las promesas realizadas.

Peor aún, el proyecto adolece de falta de convicción en esta materia. Parecería que los resguardos a la calidad sólo se aplican a las universidades privadas y no a las estatales. Son las primeras las que pueden ser sancionadas, monitoreadas e incluso cerradas si no cumplen ciertos estándares. Planteó que, o las exigencias de calidad son para todas las instituciones del sistema, o la calidad se transforma simplemente en un instrumento de discriminación arbitraria o, peor aún, en un slogan.

Observó que el proyecto, en sus principios, reconoce el valor de la provisión mixta, pero no aporta al perfeccionamiento de dicho sistema, sino a la promoción de la universidad estatal y a la regulación y fiscalización de aquella privada. En este sentido el proyecto es incoherente y no facilita una discusión rigurosa y transparente. Además, de no contener una visión y estrategias de promoción del sistema de provisión mixta como conjunto, no incentiva la colaboración, articulación y complementariedad entre todas las instituciones que lo conforman. Se limita en este aspecto a potenciar la existencia de redes de universidades estatales.

Expresó que le asiste la duda respecto a cuánto valora la autoridad la diversidad de instituciones y programas que ofrece hoy el Sistema de Educación chileno. En este sentido propuso que se conciba al Estado, y a los órganos creados en torno a la educación superior, no sólo como fiscalizadores y garantes, sino además como promotores de un sistema de educación superior formalmente diversificado, con estándares e indicadores de calidad coherentes con las características declaradas (misión-visión) de esas instituciones. Ello, evidentemente, parte por garantizar y respetar una real autonomía de las instituciones, pero también por generar mecanismos de aseguramiento de la calidad de nivel avanzado.

Finalmente, subrayó una omisión importante en el proyecto de reforma y en la discusión que lo ha acompañado. Sostuvo que no se ha asumido debidamente que la educación superior es un eslabón más en una cadena educativa que hoy se encuentra fragilizada. Las universidades hoy están recibiendo a jóvenes que durante al menos 12 años han recibido educación de calidad muy diversa. Muchos de ellos una educación mala. Asegurar una real inclusión y equidad obliga a perfeccionar y evaluar la capacidad que tiene cada una de las instituciones de educación superior para enfrentar y superar los déficits educativos que presentan un porcentaje importante de los nuevos alumnos.

Se sabe que la fragilidad de la educación escolar está lejos de superarse, por lo tanto, al menos durante los próximos 10 años, ser inclusivos implicará implementar programas remediales y propedéuticos de comprobada calidad. Ello es una obligación moral del país y de las universidades. La implementación desprolija, vía glosa presupuestaria de la gratuidad, paradójicamente ha llevado a que varias de las universidades que más alumnos con gratuidad han recibido sufran importantes restricciones presupuestarias teniendo que, al mismo tiempo, atender a las carencias formativas de los nuevos alumnos.

En síntesis, sostuvo que no será el control excesivo, ni la centralización o estatización, lo que dará mayores oportunidades de desarrollo, si no el generar genuinas condiciones para que las instituciones que estén dispuestas a contribuir al bien común puedan verdaderamente desarrollarse. Lamentablemente, esto no se dará mientras no se abandone la lógica de la defensa corporativa de pequeños mundos, o se siga negando reconocer la realidad sólo porque no calza con las ideas preconcebidas que se tienen. Buscar la verdad, ser universitario, es acoger las cosas tal cual son, con la humildad del que se enfrenta a la realidad para comprenderla y no para manejarla a su arbitrio. No es el dinero lo que le interesa, sino el bien del país, aun cuando sabe que para algunos esta afirmación es inconcebible. Llamó a trabajar por el bien de los jóvenes y el desarrollo de la Nación.

11. El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), señor Daniel Andrade Schwarze.

El señor Andrade expuso en la sesión 248ª, celebrada el día martes 17 de enero de 2017. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta. Expresó que las propuestas de indicaciones presentadas por la Confech son fruto del trabajo y discusión trasversal de 53 federaciones de estudiantes.

En relación al fortalecimiento de la educación pública, precisó que el diagnóstico inicial concluye que se carece de un sistema mixto, que se está frente a un sistema hegemónicamente privado, con lógicas de mercado y competencia y con un financiamiento de carácter subsidiario.

Explicó que en sus propuestas, cuando se hace referencia a lo público, no se hace una alusión a lo conceptual explícitamente, sino que detrás hay un concepto asociado directamente al fortalecimiento de la educación estatal, pero entendiendo que existen instituciones que son colaboradoras de la función pública como las del G9 y las demás privadas con un “rol público”.

Asimismo, deberá existir un régimen de transición para pasar de un sistema hegemónicamente privado a uno de carácter público, gratuito y de calidad, que fortalezca a la educación pública en un plazo de 10 años, manteniendo su excelencia y que implique una ampliación de la matrícula estatal a un 50%, además de la absorción de las instituciones que entren en crisis por parte de las instituciones del Estado.

El crecimiento y ampliación de la matrícula en la educación superior estatal pasa por eliminar el tope de crecimiento. El crecimiento debe ir acompañado de un aumento de los AFD y fondos de revitalización. Esta ampliación debe centrarse en áreas de escasez de oferta académica, orientada a instituciones de educación superior prioritarias, con planes de acompañamiento, continuidad de estudios secundarios-universitarios, y un plan de transición estratégico en educación superior, destinado a aumentar matrícula de las instituciones del Estado y la absorción de matrícula en el período de transición.

Propuso la creación de una Red de Instituciones Estatales compuesta por universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales y una dirección de educación pública, que implique apoyo y colaboración de toda índole entre quienes la componen y con coordinaciones regionales. La función de la Red dice relación con la proposición de políticas públicas de educación superior, con un enfoque en inclusión y acceso en planes de estudio en la red y considerando la retribución social del profesional egresado. Además, de la necesaria vinculación con los gobiernos regionales y sectores productivos, con el fin de potenciar el alcance público, enfocando la extensión y la investigación en esa dirección.

Además, se requiere la creación de una nueva confederación de universidades de instituciones de educación superior, en la que participen instituciones del Estado y privadas y que cumplan un rol asesor en políticas públicas y que se articule con los servicios públicos de carácter nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario contar con un nuevo sistema de acceso de carácter universal, que cuente con un plan nacional articulado de educación estatal, destinado a avanzar en mecanismos complementarios, tomando elementos de la trayectoria académica como el ranking y una batería de instrumentos sin sesgos.

Además, se requiere la creación de un observatorio laboral que podría ser un ente autónomo dependiente del sistema de educación superior (alternativa), encargado de realizar un análisis sobre demanda laboral y oferta académica y de crear material estadístico para planes de desarrollo y planificación.

Del mismo modo, resulta indispensable contar con un nuevo Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación, conformado por distintos actores de la educación, encargado de generar un diálogo social de políticas públicas, con atribuciones de intervención en políticas públicas, con iniciativa legislativa y cuyos informes y resoluciones sean de carácter público.

Destacó algunos actos relacionados con la glosa presupuestaria y el chantaje que se crea en torno al Tribunal Constitucional. Sostuvo que constituye un mal precedente para quienes han levantado la bandera por el derecho a la educación, porque se terminan entregando recursos públicos a instituciones privadas de escasa regulación y con escasa calidad. Contrario a un derecho de la educación y con el argumento de la no discriminación, se termina replicando el sistema particular subvencionado.

Finalmente, concluyó que las propuestas de indicaciones consensuadas en la Confech están muy alineadas con las del Cuech y constituyen una muestra de un proyecto alternativo de educación superior y, en consecuencia, rechazan el proyecto actual en el contenido y principios orientadores.

12. La Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), señorita Sofía Barahona Mena.

La señorita Barahona expuso en la sesión 248ª, celebrada el día martes 17 de enero de 2017, acompañada del Coordinador General, señor José Tomás Lisboa; del Secretario Ejecutivo, señor Ricardo Díaz, y del Coordinador de Comunicaciones, señor Alberto Millán. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que en las últimas décadas en Chile, se ha pasado de un sistema de financiamiento directo a un sistema de financiamiento indirecto. A principios de los 90, la mayor parte del presupuesto se entregaba a las instituciones vía subsidio a la oferta (cerca del 80%), lo cual se invirtió, hasta llegar a un 30% y de 70% de financiamiento a la demanda.

Los principios del nuevo sistema dicen relación con un sistema sin lógicas de mercado, que abandona los mecanismos de mercado para regular el sistema educativo y considera una educación de calidad como derecho asegurado por el Estado, y un financiamiento basal que elimina el financiamiento a la demanda.

En consideración a la anterior, propuso las siguientes indicaciones al proyecto de ley:

a) En materia de financiamiento institucional para la docencia, se deberá buscar financiar los costos a la docencia de pregrado, considerando las necesidades de infraestructura y gastos operacionales para su normal desenvolvimiento, de conformidad a las necesidades económicas de las instituciones que permitan el desempeño de su labor.

Los requisitos para optar al financiamiento estatal exige que las instituciones estén dentro de alguno de los 3 niveles de acreditación; no lucren, sin perjuicio, de que debe ser una característica de toda institución de educación superior; estar adscritas a lo menos un año antes de la solicitud respectiva al Sistema Común de Acceso; aplicar políticas que permitan el acceso equitativo a estudiantes; contar con apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención y donde se exija que a lo menos el 20% de la matrícula pertenezca a los 4 deciles de menores ingresos; contar con bases democráticas; no mantener trabajadores subcontratados, y contar con una carrera académica y funcionaria.

b) Los valores regulados del financiamiento institucional para la docencia de aranceles, derechos básicos de matrículas y cobros por concepto de titulación o graduación, deben relacionarse con los recursos que se requieren para impartirlas en razón de su estructura, niveles de acreditación, planes de desarrollo, condiciones de infraestructura, número de estudiantes, potenciar a las instituciones que se encuentran en regiones y la complejidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

Además, es muy importante terminar con el CAE, condonar la deuda de los estudiantes, fortalecer a las instituciones de educación superior regionales y poner completamente fin al AFI.

13. El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH) y Vocero Nacional de la CONFECH, señor Patricio Medina Johnson.

El señor Medina expuso en la sesión 248ª, celebrada el día martes 17 de enero de 2017, acompañado del Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile (FEUACH) señor Nicolás Berthet Mancilla. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que la desregulación nació el 30 de diciembre de 1980, con la ley General de Universidades (decreto con fuerza de ley N° 1, de 1981, del Ministerio de Educación), que facultó al Presidente para la reestructuración de las universidades. De esta manera nacieron las universidades derivadas, que correspondían a las sedes regionales de los planteles tradicionales, se cambió el sistema de financiamiento ostensiblemente y se eliminó la tradición de la universidad gratuita.

En este escenario, efectuó las siguientes propuestas:

a) Nuevos requisitos de las instituciones de educación superior para el acceso a la gratuidad. El Ministerio señala que el 80% de la matrícula debe decir relación con el puntaje PSU-Ranking-NEM superior a 450, y la obligación de contar con un Sistema de Admisión transparente y objetivo. Además, se exige carrera académica.

La Confech exige que se dé en un marco de autonomía universitaria, que las instituciones entreguen condiciones laborales adecuadas, que exista un 100% de transparencia, que se entregue un servicio a la comunidad, que existan mecanismos de acción positiva en acceso, que exista un marco de cualificaciones y un observatorio laboral, un conocimiento abierto, una educación intercultural y una educación inclusiva.

b) En relación al lucro. La LOCE consagra un artículo imperativo y no prohibitivo del lucro en la educación superior, del siguiente tenor:

“Artículo 30.- Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial.”.

Hoy existen 8 instituciones investigadas por lucro, más las 4 del Grupo Laureate (Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad Viña del Mar, Instituto Profesional AIEP): Universidad San Sebastián, Universidad Autónoma, Universidad Central, Universidad del Desarrollo, Universidad Pedro de Valdivia, Universidad SEK, Universidad UNIACC y Universidad Del Mar (institución cerrada).

Al respecto propuso que el lucro sea sancionado por la Superintendencia conforme a las normas del título IV del proyecto, aumentando la multa a un 200% de la suma sustraída o desviada, en lugar del 50%. Además, se debe agregar una nueva sanción a la persona natural que detenta uno o más cargos de responsabilidad en la institución, o quien tenga parte en una o más cuotas correspondientes a la persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro.

Además, sugirió un nuevo artículo que sancione a la institución de la siguiente forma:

“En caso de comprobar algún acto, contrato, convención u operación que persiga fines de lucro en la institución de educación superior, se procederá a la estatización de la misma, conforme a las normas generales.”.

c) En relación al CAE, propuso su fin y el de cualquier vía de financiamiento que signifique endeudamiento para el estudiante al acceder a alguna institución de educación superior, lo que se hará efectivo con la eliminación de toda transferencia monetaria por parte del Estado a las instituciones que no lo cumplan con estas condiciones.

Adicionalmente, debe condonarse la deuda a los estudiantes endeudados por mecanismos de financiamiento en el acceso a instituciones de educación superior y derogarse la ley N° 20.027, que establece normas para el financiamiento de educación superior.

d) En materia de calidad, llamó a contar con acreditación institucional, indicadores de titulación, inserción laboral y empleabilidad. Para lograrlo propuso colaboración entre las instituciones de educación superior, por medio de la creación de una Confederación de Instituciones de Educación Superior, un observatorio laboral (oferta académica versus laboral) y orientación del conocimiento (de carácter público).

14. La Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (FEUARCIS) y Vocera Interina de las Universidades Privadas, señorita Sandra Beltrami Montero.

La señorita Beltrami expuso en la sesión 248ª, celebrada el día martes 17 de enero de 2017. Se refirió a las necesarias modificaciones de la ley N° 20.800, que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, a la luz de su aplicación a la Universidad ARCIS, lo que ha demostrado sus carencias y el no cumplimiento de las aspiraciones que declara.

Expresó que el administrador provisional concentra el 100% del poder con atribuciones de síndico de quiebras, pudiendo tomar decisiones sin consulta a la comunidad universitaria. En ese sentido, la primera corrección dice relación con la obligatoriedad de consulta a la comunidad en materia de venta y arriendo de inmuebles, plan de administración provisional y lo relativo a la reestructuración académica y administrativa.

Asimismo, hizo presente que es indispensable que el administrador sea un funcionario público pagado por el Estado y no por la institución, ya que el Ministerio de Educación ha alegado que carece de atribuciones suficientes para fiscalizarlo.

Enfatizó que la aplicación de la ley, por motivos de financiamiento de la institución en cuestión, debe incluir el ingreso de recursos públicos, de lo contrario no tiene razón de existir, y en ningún caso puede la reestructuración ser una apertura hacia el lucro. El ingreso de recursos públicos no debe ser a título gratuito, puede tratarse de un crédito que la institución intervenida debe devolver, así los bienes de la institución puedan ser hipotecados y servir de caución al Estado.

También propuso la estatización de las instituciones de educación superior en caso de crisis por motivos de lucro y cuando la institución ha cumplido un rol público.

La ley actual consagra que en caso de cierre, el título que se otorga al estudiante es el de la institución que cerró, e instó a cambiarlo, pues se trata de una condición a todas luces injusta y que no es de responsabilidad del estudiante. El Estado es el ente encargado de hacerse cargo de ello, teniendo el deber de reubicar a los estudiantes en universidades estatales, manteniéndole los ramos cursados, con un plan de nivelación y recibiendo el título de la universidad estatal receptora. También planteó la convalidación de título de egresados en una universidad estatal.

IV. INDICACIÓN SUSTITUTIVA.

Con fecha 7 de abril de 2017, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, que modificó el proyecto de ley en la siguiente forma.

A) Fundamentos.

Según se señala en el mensaje, la indicación tiene como objetivo general, priorizar aspectos fundamentales del proyecto de ley de educación superior para simplificar y agilizar la tramitación legislativa de estas materias.

1. Creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior.

Esta indicación, al igual que el proyecto original, crea dos instituciones nuevas: la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior; y la Superintendencia de Educación Superior, órgano fiscalizador del cumplimiento de la legislación aplicable. Ambas instituciones constituyen un gran avance en un sector completamente desregulado, el que estará orientado al mejoramiento continuo de la calidad y pertinencia.

En esa misma línea, la presente indicación introduce una serie de modificaciones a la ley N° 20.129 para el fortalecimiento de la actual Comisión Nacional de Acreditación. En aras de simplificar el proyecto de ley, la indicación introduce modificaciones sustantivas en aspectos que se estiman clave para perfeccionar la actual Comisión Nacional de Acreditación. De este modo, se reforma la composición de la Comisión, la que dejará de estar integrada por representantes de las propias instituciones que deben ser evaluadas. Con el mismo objeto, se refuerzan las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades. En ambos casos se busca prevenir potenciales conflictos de interés.

Por último, cabe señalar que estas tres instituciones más el Consejo Nacional de educación, conformarán el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Este órgano permitirá la confluencia de las distintas vertientes del Sistema de Educación Superior, para una mayor coherencia sistémica, coordinación y retroalimentación institucional.

2. Aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública.

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior tiene un largo recorrido, el que ha contribuido a mejoras sustantivas del sistema terciario en su conjunto. Sin embargo, presenta una serie de desafíos que es preciso abordar en esta indicación sustitutiva, particularmente en relación con la elevación de los estándares y exigencias de los procesos de acreditación.

Actualmente no es obligatorio contar con acreditación institucional. A su vez, para aquellas instituciones que sí deciden someterse a un proceso de acreditación, las áreas de investigación y vinculación con el medio sólo son evaluadas si éstas lo solicitan. Producto del diseño voluntario de la acreditación institucional, al día de hoy, un 32% de las casas de estudio no se encuentran acreditadas. Por otro lado, sólo un 53% de las universidades acreditadas institucionalmente se encuentran certificadas en las dimensiones de investigación, y ningún Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional acreditado se encuentra evaluado en la dimensión de vinculación con el medio.

Otro aspecto central que modifica la presente indicación sustitutiva se refiere a los nuevos criterios y estándares para la calidad, los cuales deberán ser desarrollados por la Comisión Nacional de Acreditación, cuya propuesta deberá contar con la aprobación del Comité de Coordinación antes mencionado. Esta modificación recoge una de las inquietudes planteadas durante las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Educación de la Cámara, en la cual no hubo acuerdo respecto a la atribución de la Subsecretaría para fijar los criterios y estándares a propuesta del Consejo, cuestión que es acogida en esta indicación.

3. Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional.

Este Gobierno se ha comprometido con el fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional. Consecuentemente, es uno de los objetivos declarados en el proyecto de ley que se mantiene en la presente indicación, estableciendo un título específico sobre la Formación Técnico Profesional.

Un tema prioritario es reconocer que la Formación Técnico Profesional requiere de normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria. Así, se considera que la evaluación de la calidad debe realizarse sobre la base de estándares específicos para sector. En el mismo sentido, respecto del Sistema Común de Acceso esta indicación incorpora la creación de un Comité Técnico Profesional que deberá validar los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

Cabe destacar en este ámbito la experiencia del recientemente creado Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, instancia asesora de la Presidencia, presidido por la Ministra de Educación, que reúne a representantes del sector público, empleadores, trabajadores, instituciones de formación y expertos en torno al desarrollo de la Formación Técnico-Profesional. Este Consejo es una instancia intersectorial y tripartita, que incorpora a actores públicos y privados ligados a la Educación, el Trabajo y el desarrollo socioeconómico del país, y cuya existencia será consagrada mediante la presente indicación sustitutiva.

Este Consejo será el encargado de proponer la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional que establece el proyecto de ley y esta indicación, y coordinar su implementación.

4. Gratuidad en la educación superior.

El financiamiento de la educación superior en nuestro país, desde la reforma de la década de los ’80, ha descansado principalmente en los estudiantes y sus familias, en un contexto de altos aranceles fijados libremente por las instituciones. En este sentido, los instrumentos de financiamiento privilegian la competencia entre las instituciones de educación superior como mecanismo central para la asignación de recursos.

Durante los últimos años, el Estado ha aumentado el gasto público en educación superior, sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar realmente la carga de los estudiantes y sus familias.

Uno de los fines de implementar la gratuidad como política de financiamiento de la educación superior es construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Las características que adquieren los esquemas de financiamiento se relacionan estrechamente con la concepción de educación que prevalece en la sociedad. Con esta política se busca que el financiamiento institucional para la gratuidad comience a cambiar la lógica de mercado imperante hasta hoy.

Durante el año 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios de educación superior en 30 universidades a lo largo del país. Este beneficio se otorgó a los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable, es decir, familias que tienen un ingreso promedio per cápita de $170.000 pesos mensuales.

Durante el año en curso, se espera que la gratuidad beneficie a más de 250.000 estudiantes, de los cuales 95.000 corresponden a nuevos beneficiados, a los que prontamente se les sumarán los renovantes.

El hito que marca este año 2017 es el ingreso de los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales a la política de gratuidad. Las 12 instituciones que se sumaron, 6 Centros de Formación Técnica y 6 Institutos Profesionales, tienen presencia en todas las regiones del país y se espera que los beneficiados alcancen los 96.000 estudiantes en este tipo de instituciones.

De esta manera, en sólo dos años de implementación de la gratuidad, se observa que ha cambiado la estructura de asignaciones estudiantiles. Previo a esta política, en el año 2015, el 53% de los beneficios estudiantiles asignados correspondían a créditos y un 47% becas. En cambio, el año 2016 el porcentaje de créditos cayó a un 45% y el de becas a un 40%, mientras que la gratuidad alcanza el 15% de las asignaciones. Para el 2017 se espera que ésta alcance más de un 25% de las asignaciones entregadas, cayendo los créditos a un 40% y las becas a un 35%.

Cabe señalar que el año 2018 se incorporará el sexto decil a la política de gratuidad, generando cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.

5. Gradualidad.

Una reforma a la Educación Superior debe construir sobre lo que existe, perfeccionando las falencias del Sistema y potenciando sus fortalezas. Asimismo, una transición seria y responsable de las modificaciones que propone este mensaje debe considerar un aumento gradual de las nuevas exigencias, particularmente respecto a la elevación de los estándares de calidad.

De este modo, si bien el año 2020 comienza a regir la obligatoriedad de la acreditación institucional, se contempla una ampliación progresiva de las exigencias respecto de la dimensión de vinculación con el medio, y posteriormente, de la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.

La gradualidad también es un elemento en la política de gratuidad, la cual contempla un aumento progresivo de su cobertura.

B) Contenido.

La indicación sustitutiva consta de seis títulos más las disposiciones transitorias, cuyo contenido se describe a continuación:

1. Disposiciones generales y Subsecretaría de Educación Superior.

Se reconoce que el Sistema de Educación Superior es de carácter mixto, considerando la existencia de los subsistemas universitario y técnico profesional. El universitario está compuesto por las universidades creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores y las universidades privadas reconocidas por el Estado. Por su parte, el técnico-profesional se compone de los centros de formación técnica estatales y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

Se crea la Subsecretaría de Educación Superior como órgano rector del Sistema a la que le corresponde principalmente ser el ente rector del sistema de educación superior en cuanto a la propuesta de políticas y regulaciones. La indicación traslada todas las facultades relacionadas con aseguramiento de la calidad a la Comisión Nacional de Acreditación y, asimismo, se le asigna la tarea de proponer, dentro del plazo de tres años, el Marco Nacional de Cualificaciones a fin que sobre la base de dicha propuesta el país pueda consolidar dicho instrumento.

Se contempla a su vez el Sistema Común de Acceso a las instituciones de educación superior, el que será obligatorio para todas las instituciones que reciban recursos públicos. El Sistema Común de Acceso contempla dos comités, uno universitario y otro técnico profesional, para la validación de los instrumentos. En estos comités tendrá una participación importante el Consejo de Rectores.

2. Del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

El Consejo de Rectores es un órgano creado por la ley N° 11.575, de 1954; concediéndosele su personalidad jurídica en virtud de la ley N° 15.561, de 1964. Su estatuto orgánico actual está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1985, del Ministerio de Educación Pública (“DFL N° 2”). Su composición se encuentra determinada legalmente en dicho decreto con fuerza de ley y su objeto es “proponer a las entidades que lo integran, las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar sus actividades en todos sus aspectos, para procurar un mejor rendimiento y calidad de la enseñanza superior” (artículo 2°), sin “menoscabar o supeditar la autonomía e independencia de las entidades que lo integran” (artículo 13).

Como puede apreciarse, el Consejo de Rectores es un órgano que coordina a distintas universidades con el objeto de mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza superior, buscando unificar las mejores prácticas y estándares entre las entidades que lo componen. Cabe mencionar que en su origen, el Consejo de Rectores se constituyó mediante la articulación de las Universidades de Chile, Técnica del Estado, Pontifica Universidad Católica y Católica de Valparaíso, de Concepción y Federico Santa María. En su conjunto, estas universidades le daban al Consejo de Rectores una presencia regional y nacional, que posteriormente se refuerza con su actual composición de 27 instituciones.

Desde su creación, el Consejo de Rectores ha tenido una ininterrumpida labor en materia educacional, como el organismo público que ha liderado las políticas y acciones orientadas a mejorar la calidad de la educación superior. Es decir, son más de sesenta años de participación activa en la vida nacional en lo que a educación se refiere, cumpliendo, además, con los deberes que su calidad le otorga.

Su tiempo de existencia, así como su aporte en dicho lapso de tiempo, no pueden ser ignorados y constituyen elementos que diferencian y otorgan un sello a las instituciones que lo componen.

Uno de los principales objetivos del Consejo de Rectores es mejorar el rendimiento y la calidad de la enseñanza superior en el país, misión que cumple de diversas formas, como por ejemplo la estandarización de los requisitos y procedimientos de admisión a las universidades que lo conforman, exigiendo un puntaje mínimo que asegura que sus futuros estudiantes cumplen los requisitos de mérito necesarios para la educación superior. En este sentido, cabe desatacar que (si se excluye a las dos nuevas instituciones estatales recién formadas que cuentan con un período de gracia para obtener su acreditación) el 100% de las instituciones que componen el Consejo de Rectores cuenta con acreditación institucional. Asimismo, el 78% de sus universidades miembro se encuentran acreditadas en el área de investigación.

Asimismo, al Consejo de Rectores le ha correspondido un rol preponderante en la colaboración y asesoría al Ministerio de Educación, y en general al Estado en su conjunto, en materia de políticas públicas en el sector educacional y, en general, diversas materias de importancia para el país y sus regiones.

El trabajo en red desarrollado por el Consejo de Rectores también ha sido significativo, especialmente respecto a la capacidad de generación de conocimiento desarrollada. De los 11 programas de doctorado acreditados, dictados en conjunto entre instituciones universitarias, 10 son resultado de la articulación de universidades del Consejo de Rectores. Así también, actualmente 880 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico tienen como patrocinadores a dos o más instituciones del Consejo de Rectores, y de 291 proyectos del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico entregados desde el año 2014, 250 fueron adjudicados a algunas de estas universidades, actuando coordinadamente en muchos de ellos.

Otro aspecto del Consejo de Rectores que lo distingue, es que las universidades que lo componen extienden su quehacer a todo el territorio del país. Esta presencia a nivel nacional muestra la vocación regional que varias de sus universidades poseen, ofreciendo carreras acordes a la realidad de cada región, propiciando su desarrollo. Con la reciente creación de las universidades de las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, el Consejo de Rectores cuenta con universidades de todas las regiones del país. Esto representa una importante característica del Consejo de Rectores que, al institucionalizar en su seno un verdadero sistema nacional, cubre la totalidad de nuestro territorio bajo un único sistema de regulación.

Asimismo, demuestra que su composición obedece a un compromiso con el desarrollo de la región y sus habitantes. El foro que ofrece el Consejo de Rectores sirve de instancia de planificación de las actividades de cada universidad y todas ellas tienen en él la misma importancia, pudiendo, las instituciones regionales, entregar periódica y constantemente sus apreciaciones sobre las materias que se traten o plantear sus problemas directamente desde la región. De este modo, las necesidades regionales cuentan con un espacio de discusión y acción.

Las distintas modificaciones experimentadas por el Consejo de Rectores han sido realizadas mediante normas legales, como la ley N° 15.561, que le asigna la responsabilidad de proponer las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar las actividades de las universidades en todos sus aspectos y a mejorar el rendimiento y calidad de la enseñanza universitaria; el decreto ley N° 1.263, Decreto Ley Orgánico de la Administración Financiera del Estado, que incluye al Consejo de Rectores, dentro del Ministerio de Educación; y el DFL N° 2, que estableció que el Ministro de Educación formaría parte del Consejo de Rectores, presidiéndolo.

Tiene la finalidad de ayudar a promover el bien común que la Constitución Política encomienda al Estado en su artículo primero. Más específicamente, el Consejo de Rectores, a través de su consagración legal, contribuye a dar cumplimiento al artículo 19 N° 10, incisos sexto y séptimo, que señalan que:

“Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”.

De esta forma, desde sus orígenes, el Consejo de Rectores se ha orientado a fomentar la calidad en la educación superior y la investigación científica, contando con los fondos necesarios para ello. En este contexto, la presente indicación sustitutiva elimina el artículo quincuagésimo noveno del proyecto de ley que disminuía los recursos que anualmente corresponden al Aporte Fiscal Directo. En virtud de ello, dicho aporte se mantendrá para las instituciones del Consejo de Rectores de manera de continuar siendo un aporte para el cumplimiento del rol que le corresponde a las universidades que lo componen. Con esta modificación se mantiene inalterable el compromiso del Estado con el Consejo de Rectores.

2. De la Formación Técnico Profesional en Educación Superior.

La indicación modifica la naturaleza de esta regulación, pasando de ser un párrafo dentro del título que regula la Subsecretaría, a ser un nuevo título II. En cuanto al contenido del título, se mantiene en los mismos términos que el proyecto que se indica, destacando la creación de una Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y la instalación de un Consejo Asesor Interministerial en la materia.

3. Superintendencia de Educación Superior y regulación para la prohibición efectiva del lucro en la educación superior.

La fiscalización del cumplimiento de la legislación vigente sobre educación superior y el resguardo de la fe pública, son claramente deficitarios en nuestro país. Esta materia ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas dado que, si bien la ley prohíbe el lucro en las universidades, existe una percepción generalizada de que dicha regulación no se cumple, lo que motivó dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados en los últimos años.

Esta indicación sustitutiva contiene la regulación integral que ya proponía el proyecto de ley para hacer efectiva la prohibición de lucrar que el legislador consagró antaño en la normativa educacional. Así, se introduce la prohibición de que las instituciones estén controladas por entidades con fines de lucro; se consagra el deber de destinar los recursos de las instituciones de educación superior a los fines que les son propios; se incorporan deberes para los integrantes de los órganos de administración superior, particularmente el de velar por el interés de la institución; se regulan las operaciones con personas relacionadas; entre otras materias.

Sin perjuicio de la regulación descrita, esta indicación sustitutiva recoge el reproche social que ha suscitado la utilización de instituciones de educación superior como vehículo para el lucro de sus controladores, en perjuicio de la propia institución, de sus estudiantes y del sistema en su conjunto. Sabemos que cuando el interés de quienes tienen las potestades de administrar los recursos de una institución de educación superior es contrario al interés y los fines de la institución misma, existe un alto riesgo de extracción de rentas mediante operaciones con partes relacionadas. La fe pública exige que en este caso dicho riesgo no sea tolerado, volviéndose primordial hacer frente a tan evidente conflicto de intereses.

La mejor forma de abordar este vicio es incorporar un nuevo tipo penal de negociación incompatible para aquellas personas que tengan la capacidad de administrar el patrimonio de las instituciones de educación superior, castigando a quien celebre operaciones con personas relacionadas teniendo intereses propios o en beneficio de terceros, e incumpliendo las normas que el mismo proyecto de ley establece.

Por otro lado, cabe destacar que tanto el proyecto de ley como esta indicación, no sólo buscan sancionar a quienes contravengan la normativa educacional, sino también, prevenir que las instituciones decaigan y se vuelvan inviables financieramente como ha ocurrido en el pasado. Para ello, se dota a la Superintendencia de facultades para la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. En este mismo sentido, y en resguardo de la fe pública, esta indicación sustitutiva recoge también las obligaciones de informar que las instituciones deberán cumplir para así elevar los estándares de transparencia del sistema.

4. Modificaciones a la ley N° 20.129.

Se modifica la ley N° 20.129 de Aseguramiento de la Calidad. Con ello, en lugar de crear un nuevo servicio público se proponen cambios sustantivos a la gobernanza y composición de la Comisión Nacional de Acreditación y a los procesos mismos de acreditación.

En lo sustantivo, la indicación establece un nuevo sistema para la designación de los comisionados, el que avanza en criterios de trasparencia e imparcialidad de sus miembros. De esta forma, diez consejeros se elegirán a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Por otra parte, de estos diez miembros, cuatro serán designados por la o el Presidente de la República, y cuatro propuestos por la o el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Finalmente, se mantienen los dos representantes estudiantiles en la Comisión. Cabe señalar que la participación de éstos fue muy destacada y calificada de valiosa durante la discusión general en la Comisión de Educación de la Cámara Diputados.

Junto a lo anterior, se establece la acreditación institucional obligatoria, de modo tal que el sistema sólo reconozca a instituciones que hayan demostrado estándares de calidad deseables y acordes a los nuevos desafíos del país. Para ello, se entregará una transitoriedad adecuada y responsable, con la finalidad de que toda institución de calidad pueda adecuarse a este nuevo régimen.

En concreto, para el año 2020 será obligatorio acreditar las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad. Para el año 2025 será obligatorio acreditar en la dimensión vinculación con el medio, y el año 2035 solo podrán acceder a fondos o recursos públicos destinados al financiamiento y la investigación científica u tecnológica aquellas instituciones que se encuentren acreditadas en la dimensión generación de conocimiento, creación e innovación. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2040 las instituciones deberán acreditar todas las dimensiones.

Por último, la indicación sustitutiva elimina la acreditación voluntaria de carreras y programas de postgrado por parte de Agencias Acreditadoras privadas.

5. Financiamiento para la gratuidad.

La indicación sustitutiva, en términos de financiamiento, se enfoca en la regulación del financiamiento de la gratuidad, dejando para el proyecto de ley de Universidades Estatales lo referido al Convenio Marco y eliminando el Fondo de Creación e Innovación Artística. De esta forma, la indicación no tratará temas relacionados con el financiamiento basal de las instituciones.

Respecto de la gratuidad, se hace necesario establecer nuevos valores para los aranceles, los que serán determinados por la Subsecretaría de Educación Superior con la garantía de la participación de una Comisión de Expertos en la materia. Estos aranceles considerarán elementos como la estructura curricular, la calidad y tamaño de las instituciones y si estas se encuentran en regiones o no. Entendiendo la complejidad de esta tarea es que transitoriamente, los aranceles regulados reconocerán el nivel, calidad y complejidad de la investigación que realizan las instituciones.

Esta indicación sustitutiva recoge los elementos regulatorios de la política de gratuidad cuyos beneficios ya señalamos, buscando consagrarla en un régimen permanente.

Resulta importante destacar que, durante el período de transición el cálculo de los aranceles regulados considerará la acreditación en investigación con que cuente la institución, de manera de reflejar esta importante función en el financiamiento que se otorga vía gratuidad. Mediante este mecanismo, se reducen y eliminan en la mayoría de los casos las brechas en financiamiento que hoy se han producido en aquellas instituciones que se encuentran adscritas a la gratuidad.

6. Disposiciones finales.

Se mantiene la actual regulación del proyecto de ley que incluye normas adecuatorias a diversos cuerpos legales, en especial a la ley del Ministerio de Educación y a la ley N° 20.800.

V. VOTACIÓN EN GENERAL.

La Ministra de Educación, señora Delpiano expresó que con fecha 5 de julio de 2016 se presentó el proyecto de ley de Educación Superior, y que el 7 de abril de 2017 se ingresó una indicación sustitutiva con el fin de dar respuesta a las observaciones que se detectaron en el período de audiencias.

La indicación sustitutiva tiene como objetivo facilitar la tramitación de esta reforma, separando el título relacionado con las universidades estatales, iniciativa que se tramitará en un proyecto independiente, a presentar en el mes de mayo. Asimismo, pretende recoger las principales observaciones formuladas en la discusión general, relativas a las siguientes materias:

-Las excesivas atribuciones de la nueva Subsecretaría de Educación Superior que se crea.

-La ausencia de reconocimiento a las universidades del Consejo de Rectores.

-Los reparos a la creación de un nuevo Consejo para la Calidad y el excesivo poder del Presidente de la República para nombrar a los comisionados.

-La ausencia de representación de las instituciones de educación superior en la definición del nuevo Sistema Común de Acceso.

-La ausencia de sanciones penales relacionadas a la prohibición efectiva del lucro.

-La necesidad de fortalecer al sistema estatal de universidades.

El Título I, de la indicación sustitutiva, denominado “Disposiciones generales y Subsecretaría de Educación Superior”, contempla una parte sobre disposiciones generales, donde se establece el Sistema de Educación Superior, manteniendo el reconocimiento de su carácter mixto; se fija como órgano rector del Sistema al Ministerio de Educación, y se consagra legalmente la relevancia de la participación de las instituciones del Cruch en las políticas públicas del sector.

También se cuenta con una sección relativa a la Secretaría de Educación Superior, manteniendo su creación. Además, se ajustan sus facultades para dar un adecuado desarrollo a sus funciones, por ejemplo, proponer políticas públicas, proponer la asignación presupuestaria y administrar el Sistema de Información de la educación superior.

Finalmente, se fija el Sistema Común de Acceso a las instituciones de educación superior, manteniendo su creación, y se establece su obligatoriedad para todas aquellas que reciban recursos públicos (becas, créditos, gratuidad). Asimismo, su administración general le corresponde a la Subsecretaría, y se crean dos comités: uno para el subsistema universitario y otro para el técnico profesional, en los cuales participarán rectores de cada subsistema y la Subsecretaría y a los cuales les corresponde definir los instrumentos del Sistema de Acceso.

El Título II, denominado “De la Formación Técnico Profesional en Educación Superior”, mantiene la propuesta del proyecto de ley, destacando: la creación de una Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional; la instalación del Consejo Asesor Interministerial, que reúne a representantes del sector público, empleadores, trabajadores, instituciones de formación y expertos en torno al desarrollo de la formación técnico profesional, y el reconocimiento de que la formación técnico profesional requiere de normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria (estándares de calidad, acceso, etc.).

En el Título III, denominado de “De la Superintendencia de Educación Superior”, se puede distinguir:

Por una parte, un nuevo título que incluye la creación de la Superintendencia y la regulación sobre prohibición efectiva del lucro, manteniendo las facultades de la Superintendencia, la que debe fiscalizar el cumplimiento de la legislación y que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios. Además, de supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones y elevar los estándares de transparencia con la obligación de informar.

Se mantiene la incorporación de deberes y responsabilidades para los integrantes del órgano de administración superior de las instituciones de educación superior, se prohíbe el control de dichas instituciones por entidades con fines de lucro y se mantienen las operaciones prohibidas.

Por otra parte, se fortalece la incorporación del tipo penal de negociación incompatible en la educación superior. La indicación sustitutiva refuerza penalmente la regulación para la problemática asociada al lucro, cuando el interés de quienes administran los recursos de instituciones de educación superior es contrario al interés y los fines de la misma, con alto riesgo de extracción de rentas mediante operaciones con partes relacionadas.

Se crea un nuevo tipo penal de negociación incompatible en la educación superior, cuyo sujeto activo es todo aquel que administre recursos de una institución de educación superior y cuya pena es de reclusión menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de hasta el doble del beneficio (misma pena que la negociación incompatible del artículo 240 del Código Penal).

El Título IV, denominado de “Modificaciones a la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”, contempla:

1) Una nueva composición y mecanismo de designación de la Comisión Nacional de Acreditación. Si bien la indicación mantiene la CNA, modifica su composición y mecanismo de designación de sus miembros, compuesto por 4 académicos universitarios, 2 de los cuales son nombrados por el Presidente de la República y 2 con acuerdo del Senado; 4 docentes o profesionales del subsistema técnico profesional, 2 de los cuales son nombrados por el Presidente y 2 con acuerdo del Senado; 1 docente o profesional designado por Corfo; 1 académico universitario designado por Conicyt, y 2 representantes estudiantiles.

Todos los comisionados, salvo los representantes estudiantiles son seleccionados de una terna propuesta por Alta Dirección Pública (ADP).

2) Nuevos criterios y estándares de calidad. Se introduce la acreditación en base a criterios y estándares fijados por la Comisión Nacional de Acreditación, acordados con el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

3) Acreditación institucional obligatoria a partir del año 2020. Se establece la acreditación institucional integral obligatoria y se contempla una transición para la obligatoriedad de acreditar las cinco dimensiones.

4) Acreditación obligatoria de pedagogía y medicina. Se mantiene la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía y se establece como condición de existencia la acreditación obligatoria de las carreras de medicina, que actualmente solo se exige para acceder a recursos públicos. Además, se mantiene la acreditación voluntaria de las especialidades del área de la salud.

5) Acreditación por años. Se mantiene el sistema de acreditación por 7 años, pero se modifica el umbral mínimo aceptable para el sistema. Además, se establece la obligación para la nueva CNA de realizar una nueva propuesta de niveles de acreditación.

6) La acreditación institucional varía entre 4 a 7 años, siendo el primero el umbral mínimo para la acreditación o nivel de cumplimiento de los estándares para una acreditación.

También se consagra una acreditación condicional al cumplimiento insatisfactorio de estándares, por 3 años, por una sola vez. Luego, si la institución no cumple con los estándares y no acredita, se nombra administrador provisional y se inicia un nuevo proceso de acreditación en dos años. En caso que no logre acreditar por 4 años o más, se procede al cierre.

7) Se elimina la acreditación voluntaria de carreras y programas por las agencias acreditadoras privadas. La acreditación de programas de doctorado y especialidades en el área de la salud se realizará por parte de la CNA y tiene un carácter voluntario.

La CNA podrá proponer al país nuevas carreras o programas cuya acreditación sea obligatoria.

El Título V, denominado “Del Financiamiento Institucional para la Gratuidad” establece una regulación de la gratuidad; una nueva regulación y cálculo de los aranceles que reconoce la complejidad de las instituciones de educación superior; repone el aporte fiscal directo, el cual se seguirá entregando a las instituciones que lo reciben, de acuerdo al decreto con fuerza ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, y traslada la regulación del convenio marco al proyecto de ley sobre universidades estatales.

En relación a las obligaciones para las instituciones de educación superior en gratuidad, se establecen requisitos institucionales para que éstas puedan ingresar al régimen de gratuidad y otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que corresponda.

Se crea una Comisión de Expertos de carácter permanente, cuyo objeto será la regulación de aranceles.

En transición, mientras no sea obligatoria la acreditación en todas las dimensiones, los aranceles regulados se determinarán por grupo de carrera y considerando los años de acreditación institucional y dimensiones o áreas en que se encuentren acreditadas las instituciones adscritas a la gratuidad.

También habrá un aumento progresivo de la cobertura de la gratuidad y se mantienen las condiciones del proyecto original en este sentido.

Finalmente, agregó que se incorporarán algunas modificaciones a la indicación sustitutiva, en atención a que el Ejecutivo comparte la necesidad de que el país cuente en el corto plazo con instituciones de educación superior de alta calidad. Asimismo, existe la necesidad que éstas tengan un período para poder ajustarse a esta nueva exigencia. Por lo mismo, durante la discusión en particular se establecerá un plazo menor al propuesto en la indicación sustitutiva para que las instituciones acrediten las cinco dimensiones.

Al mismo tiempo, se comprometió a que durante la transición a la gratuidad, a los estudiantes de los deciles que no estén en la gratuidad no se les cargará con los costos de esta política.

Del mismo modo, se comprometió a eliminar el crédito con aval del Estado (CAE), para lo cual durante el segundo semestre de este año ingresará un proyecto que lo reemplace por otro instrumento y elimine a la banca privada del sistema.

Puesto en votación general el proyecto de ley, la Comisión resultó rechazado por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Cristina Girardi Lavín, Rodrigo González Torres, Roberto Poblete Zapata, Yasna Provoste Campillay, Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas. En contra votaron los diputados Jaime Bellolio Avaria, Rojo Edwards Silva, Sergio Gahona Salazar, Romilio Gutiérrez Pino, María José Hoffmann y Giorgio Jackson Drago. Se abstuvo la diputada Camila Vallejo Dowling (6-6-1).

Los diputados fundamentaron su voto de la siguiente forma:

La diputada Hoffmann manifestó su extrañeza por la forma en que se ha tramitado este proyecto, que ha sido sujeto de forma permanente a diferentes anuncios y cambios, por ejemplo, que ingresaría por el Senado, que no se dividiría, luego que si se dividiría, entre otros, sin contar que se trata de un proyecto que ha sido objeto de críticas de modo transversal y por todos los invitados que expusieron ante la Comisión.

Expresó que sus principales preocupaciones de fondo dicen relación con las excesivas atribuciones de la Subsecretaría, lo que podría apuntar a terminar con el sistema de provisión mixta, y que el proyecto no se hace cargo de la gratuidad y las enormes deudas de las universidades a raíz de ella, citando a modo de ejemplo a las universidades Diego Portales y de Chile.

Destacó que es imposible votar a favor de un proyecto con el que nadie está de acuerdo. Votó en contra.

El diputado Jackson expresó que el Gobierno se está perdiendo una importante oportunidad de cambio. Se trata de una iniciativa que tiene problemas de fondo y de forma, que no entrega garantía de calidad, que no efectúa cambios estructurales, que mantiene el modo y modelo de financiamiento, no fortalece la educación pública, no tiene mirada de futuro, desconoce por completo la utilización de las tecnologías, entre otros dificultades.

Hizo hincapié en que presentó al Ejecutivo más de cien propuestas de indicaciones que no tenían incidencia presupuestaria, pero que no obtuvo ninguna respuesta positiva. Similar trato tuvieron las propuestas de los estudiantes.

Afirmó que no puede votar a favor de un proyecto respecto del cual, con certeza, se arrepentirá en el futuro. Votó en contra.

El diputado Bellolio manifestó que en estos nueve meses de tramitación el proyecto deja un futuro lleno de ambigüedades, por ejemplo, se promete acabar con el CAE, pero no se dice cómo ni por qué instrumento se reemplazaría.

Estimó que es inaceptable la instalación de un modelo único de universidad compleja, lo que no obsta a la necesidad de mejorar las reglas que las rigen. Enfatizó que cree en una sociedad donde el talento, el esfuerzo y el mérito sea lo preponderante. Votó en contra.

La diputada Girardi manifestó que el proyecto ha tenido muchos altos y bajos, y es trabajo de los parlamentarios hacer que se parezca más a los que ellos desean, a través de la presentación de indicaciones.

Llamó a lograr un acuerdo respecto de temas esenciales, especialmente porque hay muchas materias que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y se requiere de su disponibilidad y apertura para tratarlas, entre ellos, es indispensable definir la educación superior y contar con un marco nacional de cualificaciones.

Afirmó que la acreditación debe mirarse desde otro punto de vista, ya que la educación no está a disposición del mercado y las instituciones, sino de los alumnos y sostuvo que el Estado debe garantizar calidad, por ende, se mostró en desacuerdo con la acreditación condicional que consagra la indicación. Además, se debe extender la obligatoriedad de la acreditación a todas las carreras de la salud, incluida la odontología, ya que todas son igualmente importantes porque tratan a las personas.

Instó al Gobierno a socializar las modificaciones con todos los parlamentarios de la Comisión, y no solo con los que pertenecen a la Nueva Mayoría, y destacó como esencial lograr un real fortalecimiento de las universidades estatales.

Precisó que si no se logra, en la discusión en particular, un consenso social respecto de las materias que debe tratar este proyecto, está destinado al fracaso. Se requiere que el Gobierno esté abierto a introducir cambios profundos. Votó a favor.

El diputado Romilio Gutiérrez señaló que la manera de legislar una materia tan relevante como la educación superior debió buscar otro camino y no el que recorrió este proyecto; sin embargo, sostuvo que lo más importante es que el proyecto no avanza en calidad.

Además, de que habría sido muy importante discutir con los principales actores la indicación sustitutiva, antes de votar, tal como lo propuso la diputada Hoffmann. Votó en contra.

El diputado Poblete expresó que no se ha interiorizado en las materias de la Comisión, en atención a su reciente integración a la misma, aunque está seguro de que no es fácil hacer converger tantas visiones contrapuestas.

Llamó a mirar al proyecto como una propuesta a estudiar y perfeccionar, ya que no le cabe la menor duda que de aquí en adelante se construirá, con la opinión y el aporte de todos, una muy buena ley. Votó a favor.

El diputado Robles manifestó que hay dos proyectos que debe impulsar el Gobierno: la nueva educación pública y la educación estatal pública.

Destacó que el proyecto que se vota hoy, no es el mismo que ingresó a tramitación legislativa, y que es indiscutido que hay ciertas materias que le dan sentido y se necesitan con urgencia, como son la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, la tipificación del lucro, la calidad y acreditación universitaria y, en materia de financiamiento, consagrar en la ley la gratuidad universal, todos temas que se regulan en la indicación sustitutiva. Votó a favor.

La diputada Vallejo expresó que se requiere de un cambio radical y estructural, así como la necesidad de que exista una política de Estado para el fortalecimiento de las instituciones estatales.

Destacó que el camino que ha utilizado el Ejecutivo para solucionar los conflictos no ha sido el mejor. Destacó que la indicación sustitutiva no se hace cargo de materias sustantivas y solo pretende simplificar el trámite legislativo. Por otra parte, el anunciado proyecto que pondrá fin el CAE se había comprometido ingresar el año pasado.

Enfatizó que hay múltiples aspectos que se deben resolver con anterioridad a la votación, especialmente porque dependen del Ministerio de Hacienda y los diputados no tienen injerencia en esas materias. Por estos motivos, manifestó su abstención.

El diputado Venegas expresó que hay diputados que prefieren no cambiar el actual sistema porque les acomoda, pese a que el problema común de las instituciones de educación superior es su falta de regulación, demostración de ello es lo que ocurrió en la Universidad del Mar y en la Universidad Arcis.

Se mostró profundamente decepcionado con la votación de los miembros de la Comisión, ya que si se escuchó a tantos expertos durante la tramitación, fue precisamente para que se mejorara el proyecto y ello fue lo que ocurrió. Insistió en que se está perdiendo una oportunidad histórica. Votó a favor.

La diputada Provoste manifestó que el proyecto mantiene una serie de indefiniciones en aspectos que son esenciales, al mismo tiempo que establece una gradualidad excesiva. Sin embargo, las opciones son solo tres: rechazar la propuesta y sepultar el cambio que requiere profundamente el sector; mantener indefinidamente la situación, y aspirar a que esta iniciativa sea mejorada.

En este sentido se mostró disponible de apoyar la iniciativa sólo sí efectivamente va a existir el espíritu de acoger y patrocinar las indicaciones parlamentarias y precisar las indefiniciones que todavía subsisten. Votó a favor.

El diputado González expresó que se encuentra convencido de los beneficios de este proyecto que termina con la gratuidad regulada por glosa, que proyecta la gratuidad universal, y en el anunciado proyecto que fortalecerá a las universidades estatales, por tantos años dejadas en el olvido por parte del Estado.

Además, hizo presente que existe el compromiso, en este proyecto, de que el CAE se va a eliminar, y el administrador provisional de la ley N° 20.800 tendrá mejores facultades, entre otras materias. Sin perjuicio de ello, todos los argumentos presentados en esta sesión para votar en contra pueden ser incorporados en la discusión en particular. Votó a favor.

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY RECHAZADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, pudiere añadir la diputada informante, la Comisión de Educación recomienda el rechazo del siguiente

PROYECTO DE LEY

“TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1° Disposiciones Generales

Artículo 1.- El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, “el Sistema”) está integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior, así como por las instituciones de educación superior.

El Sistema es de provisión mixta, y se compone por dos subsistemas: el universitario y el técnico profesional. El subsistema universitario lo integran las universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y las universidades privadas reconocidas por el Estado. El subsistema técnico profesional lo integran los centros de formación técnica estatales, y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema. En tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen.

Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la ley N° 20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.

Artículo 2.- El Consejo de Rectores es una persona jurídica de derecho público a la que le corresponde asesorar al Ministerio de Educación en las políticas públicas en materia de educación superior, conforme a su estatuto orgánico. Asimismo, tiene como función coordinar a las instituciones que lo integran, promoviendo la colaboración entre éstas. Se relacionará con la Subsecretaría de Educación Superior.

El Estado contribuirá a la excelencia en el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y tecnológica y la creación artística por parte de cada una de las instituciones que componen el Consejo de Rectores, a través de los recursos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Párrafo 2° De la Subsecretaría de Educación Superior

Artículo 3.- Créase la Subsecretaría de Educación Superior (en adelante la “Subsecretaría”) que estará a cargo del Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior (en adelante el “Subsecretario o Subsecretaria”), quien tendrá el carácter de colaborador o colaboradora directa del Ministro o Ministra de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

Artículo 4.- Serán funciones y atribuciones de la Subsecretaría:

a) Proponer al Ministro o Ministra de Educación las políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional. En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12.

b) Proponer al Ministro o Ministra de Educación políticas de acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior.

c) Proponer la asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como la gestión de sus instrumentos.

d) Administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 87, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

e) Administrar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior establecido en la ley N° 20.129.

f) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, con y entre las instituciones de educación superior, y promover la vinculación de éstas con el nivel de educación media.

g) Solicitar al Consejo de Rectores antecedentes e informaciones sobre la situación general de la enseñanza superior del país.

h) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 5.- Un reglamento del Ministerio de Educación establecerá la estructura interna de la Subsecretaría, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Con todo, la Subsecretaría contará, al menos, con una división de educación universitaria y una división de educación técnico profesional de nivel superior.

Artículo 6.- El personal de la Subsecretaría estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Párrafo 3° Del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

Artículo 7.- Créase un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (en adelante, “Sistema de Acceso”) cuya administración corresponde a la Subsecretaría, el que establecerá los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos o profesionales o grados académicos, excluyendo postgrados o postítulos. Este Sistema de Acceso deberá considerar la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y los estudiantes, pudiendo establecer instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional.

Los instrumentos señalados en el inciso anterior serán de aplicación general. Adicionalmente, las instituciones de educación superior podrán desarrollar sus propios instrumentos, los cuales deberán ser, en todo caso, autorizados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso podrá contemplar programas especiales de acceso, de carácter general, que tengan por objeto promover la equidad en el ingreso de estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones podrán definir sus propios programas, los que deberán ser aprobados por la Subsecretaría.

El Sistema de Acceso será obligatorio para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado. Asimismo, las demás instituciones podrán adscribir voluntariamente al Sistema de Acceso, en cuyo caso deberán solicitarlo a la Subsecretaría.

Artículo 8.- Corresponderá a la Subsecretaría constituir y coordinar un comité técnico de acceso para el subsistema universitario y otro para el subsistema técnico profesional, cuyo objeto será definir los instrumentos del Sistema de Acceso. Asimismo, para la definición de los procedimientos del Sistema, la Subsecretaría consultará al respectivo comité.

El comité de acceso del subsistema universitario estará integrado por:

a) Cinco Rectores o Rectoras miembros del Consejo de Rectores indicado en el artículo 2°, o quienes éstos designen, al menos dos de los cuales deberán provenir de universidades cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

b) Un Rector o Rectora de universidades privadas, o a quién éste designe, que no pertenezcan al Consejo de Rectores señalado en el artículo 2°, de aquéllas adscritas al financiamiento establecido en el título V de esta ley.

c) El Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior o a quien este designe.

Por su parte, el comité de acceso del subsistema técnico profesional estará compuesto por:

a) Tres Rectores o Rectoras de los centros de formación técnica estatales, o a quienes éstos designen, al menos dos de los cuales deberán provenir de instituciones cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

b) Tres Rectores o Rectoras de los institutos profesionales y centros de formación técnica privados que adscriban al financiamiento establecido en el título V de esta ley, o quienes éstos designen. Al menos uno de ellos deberá provenir de una institución cuyo domicilio se encuentre en una región distinta de la Metropolitana.

c) El Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior o a quien éste designe.

Artículo 9.- Corresponderá a la Subsecretaría establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso. Para el establecimiento de los instrumentos se deberá contar con un informe favorable de los comités señalados en el artículo anterior.

Asimismo, la Subsecretaría podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las funciones indicadas en el inciso anterior a instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior, así como también consultar a los comités y solicitar su colaboración.

Artículo 10.- El Sistema de Acceso deberá resguardar especialmente los principios de transparencia, objetividad y accesibilidad universal, éste último de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, el Sistema de Acceso deberá ajustarse a lo dispuesto en la ley N° 19.628 que establece normas sobre protección de la vida privada.

Un reglamento del Ministerio de Educación regulará las materias señaladas en el presente párrafo. El Ministerio de Educación fijará los aranceles para la utilización del Sistema de Acceso, según corresponda.

TÍTULO II

DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 11.- Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad.

En el ámbito de la enseñanza formal, la formación técnico profesional considera los niveles de educación media de formación técnico profesional y el nivel de educación superior técnico profesional, así como la modalidad de educación de adultos en el nivel de educación media técnico profesional. En el ámbito de la enseñanza no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.

Artículo 12.- El Ministerio de Educación establecerá la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (en adelante “la Estrategia”) que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años.

La Estrategia fortalecerá la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, facilitando la formación para el trabajo y la construcción de trayectorias formativas y laborales coherentes y pertinentes a las necesidades de las personas, de los sectores productivos y de la sociedad en general. Asimismo, deberá establecer objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnico profesional y proponer un plan para su implementación que considere plazos para su ejecución.

Su contenido mínimo será:

a) El análisis de las tendencias del desarrollo productivo de cada una de las regiones del país.

b) Análisis de la oferta formativa y la demanda de técnicos y profesionales por parte del sector productivo.

c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para la formación técnico profesional.

d) Recomendaciones a las instituciones educativas y a los sectores productivos en torno a la articulación de la oferta formativa, con énfasis en aquellos planes y programas que requieran ser priorizados.

e) Recomendaciones a la Subsecretaría y a los comités señalados en el artículo 8, sobre el diseño de los procesos e instrumentos propios del Sistema de Acceso, en relación al subsistema técnico profesional.

f) Propuestas sobre mecanismos de coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en temas relacionados con la formación técnico profesional.

g) Una estrategia de inserción laboral y fomento de la empleabilidad dirigida a las y los estudiantes y los trabajadores y trabajadoras para potenciar el desarrollo de sus trayectorias educativo-laborales.

Artículo 13.- Para la elaboración de la Estrategia, el Presidente o Presidenta de la República establecerá mediante decreto supremo un Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, integrado por los Ministros o Ministras de Estado con competencia en la materia, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con mayor representatividad del país, representantes de instituciones educativas y expertos de reconocida experiencia en materia de formación técnico profesional. Este Consejo será presidido por el Ministro o Ministra de Educación, quien coordinará la implementación de la Estrategia.

TÍTULO III

DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1° De la Superintendencia de Educación Superior

Artículo 14.- Créase la Superintendencia de Educación Superior (en adelante e indistintamente “la Superintendencia”) como un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República por intermedio del Ministerio de Educación.

La Superintendencia será una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley Nº 19.882.

El domicilio de la Superintendencia será la ciudad de Santiago.

Artículo 15.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, así como las instrucciones y normas que ésta dicte en el ámbito de su competencia. Asimismo, le corresponderá fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos, y supervisar su viabilidad financiera.

Artículo 16.- Serán funciones y atribuciones de la Superintendencia:

a) Fiscalizar que las instituciones de educación superior, sus organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales y quienes ejerzan funciones directivas, según corresponda, cumplan con las normas aplicables vigentes.

b) Fiscalizar el mantenimiento de los requisitos o condiciones que dieron lugar al reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior.

c) Supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior.

d) Fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

e) Ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.800.

f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los compromisos académicos asumidos con las y los estudiantes.

g) Ordenar y realizar auditorías en materias de su competencia.

h) Ingresar a los establecimientos o dependencias académicas y administrativas de las instituciones de educación superior y de sus organizadores que tengan relación con la administración de la institución respectiva, cuando corresponda, con el propósito de realizar las funciones que le son propias. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la Superintendencia no podrán impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior fiscalizada.

i) Acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior de que se trate, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y, en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización, tanto de las personas o instituciones fiscalizadas, como de los terceros con que éstas realicen operaciones, de conformidad a lo establecido en el párrafo 7°.

La Superintendencia, mediante resolución fundada, determinará aquellos libros, archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen en las instituciones de educación superior.

j) Requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas y de cualquier organismo público, la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones. La Superintendencia deberá determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere esta letra, debiendo contemplar un plazo razonable para que ella sea proporcionada por los respectivos obligados.

k) Citar a declarar, dentro del ámbito de sus competencias, a los organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de las instituciones fiscalizadas o de quienes ejerzan dichos cargos en instituciones relacionadas con ellas, y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquiera naturaleza, como asimismo testigos, respecto de cualquier hecho cuyo esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Superintendencia podrá requerir de la justicia ordinaria la aplicación de lo contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de las personas que habiendo sido citadas bajo apercibimiento no concurran a declarar sin causa justificada.

l) Atender las consultas que se le formularen en materias de su competencia, recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de ellos.

m) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su competencia.

n) Formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca en materias de su competencia.

o) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la ley.

p) Aplicar e interpretar administrativamente las normas cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las instrucciones y resoluciones que emanen de la Superintendencia serán obligatorias a partir de su publicación y deberán ser actualizadas, sistematizadas y mantenidas en registros de libre acceso electrónico de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de las mismas.

q) Remitir a la Comisión Nacional de Acreditación los antecedentes que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, tuviere conocimiento y en los cuales aparecieren indicios de incumplimientos en materias de su competencia.

r) Remitir al Ministerio Público los antecedentes que tuviere conocimiento en el ejercicio de sus funciones y en los cuales aparecieren indicios de haberse cometido algún hecho constitutivo de delito, especialmente en los casos señalados en los artículos 62 y 75.

s) Administrar la información que recopile en el ejercicio de sus competencias y proporcionar la información correspondiente al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en coordinación con la Subsecretaría.

t) Elaborar índices, estadísticas y estudios con la información entregada por las instituciones fiscalizadas, y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia.

u) Convenir con otros organismos de la Administración del Estado, o con entidades privadas, la realización de acciones específicas, la prestación de servicios, y la transferencia electrónica de información para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

v) Asesorar técnicamente al Ministerio de Educación y a otros organismos en materias de su competencia.

w) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Las funciones anteriores se llevarán a cabo sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y en coordinación con ésta.

Artículo 17.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio, o previa denuncia o reclamo. La Superintendencia instruirá el respectivo procedimiento en caso de advertir la existencia de una o más contravenciones a las normas que le corresponde fiscalizar.

Artículo 18.- Para los efectos de esta ley, el personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador tendrá el carácter de ministro de fe respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos constatados en dicha acta constituirán presunción legal de veracidad.

Artículo 19.- Las acciones de fiscalización podrán llevarse a efecto cualquier día hábil en horario laboral, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la respectiva institución. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los funcionarios fiscalizadores.

En el ejercicio de la labor fiscalizadora los funcionarios de la Superintendencia deberán informar al sujeto o institución fiscalizada la materia específica objeto de la fiscalización y de las normas pertinentes, dejando copia íntegra de las actas levantadas y realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. El sujeto o institución fiscalizada podrá, en el mismo acto, hacer constar en el acta aquellos errores de hecho o transgresiones de derecho que, a su juicio, se hayan producido durante la fiscalización.

Los sujetos o instituciones fiscalizadas podrán denunciar conductas ilegales de los fiscalizadores ante el Superintendente. En caso que cualquier fiscalizador deje constancia de hechos que resultaren ser falsos o inexactos, el afectado podrá denunciar dicha circunstancia a su superior jerárquico, quien iniciará la investigación que corresponda de acuerdo al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

La Superintendencia deberá procurar que los procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas.

Párrafo 2° De la organización de la Superintendencia

Artículo 20.- El Superintendente o la Superintendenta de Educación Superior, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República de conformidad a lo establecido en la ley Nº 19.882.

Artículo 21.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente:

a) Los miembros, asociados, propietarios, socios o fundadores de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

b) Los integrantes del órgano de administración superior de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los Rectores o Rectoras de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

d) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

Asimismo, son incompatibles las actividades de las exautoridades o exfuncionarios de la Superintendencia en la misma forma, plazo y condiciones que sean aplicables a las instituciones fiscalizadoras, en conformidad a la ley.

Artículo 22.- Corresponderá al Superintendente:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer las atribuciones propias de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar, remover y adoptar las demás decisiones que correspondan respecto del personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias correspondientes.

e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia.

f) Impartir instrucciones y circulares de general aplicación para las instituciones de educación superior.

g) Coordinar la labor de la Superintendencia con las demás instituciones públicas con competencia en materia de educación superior, en particular, con los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

h) Nombrar, de conformidad a la ley N° 20.800, un administrador provisional, decretar su alzamiento, aprobar planes de recuperación y de administración provisional.

i) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las instituciones de educación superior.

j) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley.

k) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.

l) Rendir cuenta pública, al menos una vez al año, de su gestión y de la Superintendencia.

m) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, salvo las materias señaladas en las letras h), j) y k) de este artículo.

n) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos públicos los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento en ejercicio de sus funciones, a fin de que éstos ejerzan a su vez las facultades que les son propias.

Artículo 23.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá la organización interna de la Superintendencia y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Con todo, las funciones de fiscalización e instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio, y la de aplicación de sanciones, estarán a cargo de unidades diferentes.

Artículo 24.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y sus reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneraciones, por las normas del título I del decreto ley N° 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y sus modificaciones y las bonificaciones y asignaciones dispuestas en los artículos 9° y 12 de la ley N° 20.212, en el artículo 5° de la ley N° 19.528, y en el artículo 17 de la ley N° 18.091, otorgándose en la forma que señalan dichas leyes.

Artículo 25.- El personal a contrata de la Superintendencia podrá desempeñar funciones directivas o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente.

El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia.

El personal que preste servicios sobre la base de honorarios se considerará comprendido en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo 26.- Siempre que los documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos, el personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, y deberá abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley.

La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 27.- Las autoridades o funcionarios de la Superintendencia que correspondan a cargos de exclusiva confianza del Superintendente estarán sujetos a las mismas inhabilidades que pesen sobre éste, y cesarán también en el cargo por las mismas causas de inhabilidad sobreviniente.

Artículo 28.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar servicios a las entidades sujetas a su fiscalización, ya sea en forma directa o indirecta, salvo labores docentes en los términos del artículo 8º de la ley Nº 19.863, caso en el que no podrá ejercer funciones de fiscalización y supervisión respecto a la institución de educación superior en que realiza las actividades docentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente respecto de los cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos.

|Cualquier contravención a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 29.- El personal de la Superintendencia que ejerza cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, y no podrá ejercer labores docentes en conformidad al artículo 8° de la ley N° 19.863. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable y los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo 30.- La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

Artículo 31.- El patrimonio de la Superintendencia estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público.

b) Los recursos otorgados por leyes especiales.

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes.

d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte.

e) Los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título.

La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y sus disposiciones complementarias.

Párrafo 3° De la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo 32.- La Superintendencia deberá supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, y que los recursos y condiciones financieras de éstas les permitan el cumplimiento de sus fines.

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia podrá determinar, mediante norma de carácter general, condiciones e indicadores de riesgo, como referencia para las instituciones en dicha materia. En el ejercicio de esta función, la Superintendencia podrá hacer recomendaciones a las instituciones en materias relacionadas con este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de la ley N° 20.800.

Artículo 33.- Las instituciones de educación superior deberán llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas de carácter general que al efecto podrá dictar la Superintendencia, y deberán someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa de la ley N° 18.045.

Artículo 34.- Las instituciones de educación superior deberán enviar a la Superintendencia:

a) Los estados financieros consolidados, debidamente auditados, que contemplen, de manera desagregada, los ingresos y gastos de la institución, así como activos y pasivos.

b) Una lista actualizada con la individualización completa de sus socios, asociados o miembros, y de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación. Asimismo, las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia cualquier modificación ocurrida respecto de la información contenida en la última lista enviada.

c) Información sobre los actos, convenciones y operaciones celebradas con personas relacionadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 al 77 de la presente ley.

d) Información respecto de las donaciones recibidas asociadas a exenciones tributarias.

e) Una lista actualizada de las entidades en cuya propiedad la institución de educación superior tenga una participación igual o superior al 10%, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de éstas, la institución de educación superior pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración.

f) Información sobre todo hecho esencial que afecte significativamente su situación financiera y patrimonial.

La Superintendencia determinará la forma, contenido y periodicidad de la información requerida en el inciso precedente. Con todo, la información señalada en las letras a) y c) deberá enviarse de forma anual a la Superintendencia.

Artículo 35.- La Superintendencia deberá incorporar y mantener actualizada la información señalada en los artículos anteriores en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior que desarrollará y mantendrá la Subsecretaría, coordinándose con esta última, de acuerdo a los convenios de colaboración que para estos efectos celebren ambos organismos, y los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según corresponda.

Artículo 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N° 20.285, la Superintendencia mantendrá a disposición del público a través de su sitio electrónico, al menos, lo siguiente:

a) Las normas de carácter general e instrucciones dictadas por ésta.

b) Registro Público de los administradores provisionales y de cierre que se hayan designado.

c) Informes de los administradores provisionales, de conformidad con lo dispuesto el artículo 10 de la ley N° 20.800.

d) Registro Público de Sanciones.

e) Registro Público de socios, miembros y de quienes ejerzan funciones directivas en las instituciones de educación superior.

Párrafo 4° De la atención de reclamos y denuncias

Artículo 37.- La Superintendencia recibirá los reclamos y denuncias que se le formulen y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 38.- El reclamo es la petición formal realizada a la Superintendencia por una persona o grupo de personas interesadas, para que ésta intervenga como mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento.

Recibido el reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de quince días hábiles.

Artículo 39.- Admitido un reclamo a tramitación, el funcionario competente ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al reclamado.

El funcionario designado citará a los interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Dicho proceso deberá constar en un acta, firmada por los comparecientes, en la cual deben constar las medidas propuestas y el hecho de haberse alcanzado o no acuerdo sobre la materia.

Si no se llegare a acuerdo, y en caso que corresponda de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente, el reclamante podrá seguir su pretensión como denuncia. Asimismo, si la Superintendencia considera que los hechos objeto del reclamo afectan a otras personas además del reclamante, y que pudiesen configurar alguna de las infracciones de las señaladas en esta ley, podrá iniciar de oficio un proceso, de conformidad a los artículos siguientes.

Artículo 40.- La denuncia es el acto escrito por medio del cual una persona o grupo de personas interesadas y previamente individualizadas ponen en conocimiento de la Superintendencia una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, en conformidad a lo señalado en esta ley.

Las denuncias deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia, señalando lugar y fecha de presentación y la individualización completa del o los denunciantes, quienes deberán suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor.

La denuncia formulada conforme al inciso anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización de acciones de fiscalización sobre el presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante.

La Superintendencia podrá ordenar directamente la formulación de cargos y la instrucción del procedimiento cuando se trate de denuncias realizadas por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las denuncias de infracciones podrán ser realizadas de manera anónima, si el denunciante así lo solicitare. En este caso, el acto de instrucción que dé comienzo al procedimiento deberá dar cuenta de que éste se ha iniciado en virtud de denuncia anónima.

Artículo 41.- Condenada o absuelta una institución de educación superior, ella no podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del denunciante, si se desempeñare en dicha institución, cuestión para la cual la Superintendencia arbitrará todas las medidas que sean necesarias para ello de acuerdo a las facultades que le confiere la ley.

Se considerarán represalias, especialmente, el despido, traslado, degradación de funciones y cualquier otro hecho u omisión que constituya una denigración u hostigamiento en contra del denunciante.

Para el caso de instituciones de educación superior estatales, sus funcionarios, incluidos quienes presten servicios mediante un contrato a honorarios o del Código del Trabajo, que formulen denuncias previstas en este artículo, gozarán de los derechos previstos en el artículo 90 A del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, en lo que sea aplicable.

Párrafo 5° Del procedimiento sancionatorio

Artículo 42.- El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia, regulada en los artículos anteriores, o de oficio cuando la Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser constitutivos de alguna infracción sobre materias de su competencia.

Artículo 43.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto infractor por carta certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de quince días para formular los descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término.

La formulación de cargos señalará una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida, la disposición que establece la infracción, y la sanción asignada.

Artículo 44.- Las notificaciones a los interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de su recepción en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo electrónico para que se practiquen las notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su envío.

La realización de la notificación señalada en el artículo precedente deberá hacerse constar en el expediente administrativo correspondiente.

Artículo 45.- El instructor podrá solicitar antecedentes adicionales dentro del plazo de quince días hábiles contado desde el vencimiento del plazo para presentar descargos. La parte de quien se hubiere requerido la presentación de antecedentes adicionales tendrá diez días hábiles para acompañarlos, bajo apercibimiento de tenerse por no acompañados si no se presentaren dentro de dicho plazo.

Presentados los descargos y antecedentes, o transcurridos los respectivos plazos sin que se hubieren presentado, el fiscal instructor elaborará un informe y propondrá al Superintendente la aplicación de sanciones o el sobreseimiento, según corresponda.

La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Artículo 46.- Transcurridos dos años de inactividad dentro del procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo dictarse una resolución que la declare y ordene su archivo.

La caducidad no implicará la prescripción de la infracción ni de la facultad de la Superintendencia para iniciar un nuevo procedimiento sancionatorio por los mismos hechos. En este último caso podrá agregar al nuevo expediente todos los antecedentes, informes y actuaciones útiles efectuadas en el procedimiento caducado, debiendo en cualquier caso realizar todas las etapas del procedimiento nuevamente.

La Superintendencia no podrá perseguir las infracciones cometidas transcurridos cuatro años desde que hubiere terminado de cometerse el hecho. Este plazo se interrumpe cuando se inicia el procedimiento sancionatorio, con la notificación del infractor o cada vez que se cometa una nueva infracción. En caso de declararse la caducidad del procedimiento se entenderá que no se interrumpió el plazo de prescripción.

Las sanciones impuestas por acto administrativo firme no podrán ejecutarse una vez transcurridos más de tres años desde que éste quede firme. Este plazo se interrumpe cuando la Superintendencia inicie la ejecución.

Artículo 47.- Las resoluciones de la Superintendencia que determinen la imposición de sanciones serán susceptibles de recurso de reposición, el que podrá interponerse en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 48.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, podrán reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución impugnada.

El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del reclamo de ilegalidad, la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican.

La Corte dará traslado a la Superintendencia por el término de diez días. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil.

Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia.

La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo de ilegalidad, ordenará, según sea procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; y el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito o en el caso que, como producto de la investigación, se concluya la existencia de hechos constitutivos de delito.

Párrafo 6° Infracciones y sanciones

Artículo 49.- Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones establecidas en esta ley.

Para los efectos del ejercicio de dicha potestad sancionadora las personas e instituciones fiscalizadas podrán incurrir en infracciones gravísimas, graves, y leves.

Artículo 50.- Son infracciones gravísimas:

a) Destinar los recursos de la institución de educación superior a fines distintos a los que le son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos.

b) Realizar operaciones en contravención a lo señalado en el artículo 70.

c) Realizar operaciones con personas relacionadas sin dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 71 a 73 de la presente ley.

d) Cualquier acción u omisión dolosa destinada a obtener acreditación o años de acreditación mayores a los que correspondan en conformidad a la ley N° 20.129.

e) No cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 33 y 34 o hacerlo de forma distinta a lo prescrito en dicho a artículo o de manera tardía.

f) Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscalización de la Superintendencia.

g) Entregar información falsa u ocultar cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción.

h) Incurrir reiteradamente en infracciones calificadas como graves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses se incurre en cuatro o más infracciones graves.

i) Incurrir en toda otra infracción que sea calificada como gravísima por la ley.

Artículo 51.- Son infracciones graves:

a) No remitir la información requerida por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales, o hacerlo de forma tardía, incompleta o inexacta.

b) Informar erróneamente respecto del número de estudiantes por carrera o programa, el número de académicos o cualquier información, si de ello resultare un incremento del financiamiento o aportes que la institución recibiría del Estado, de manera directa o indirecta.

c) Efectuar publicidad falsa o engañosa, en los términos que se indican en el artículo 52.

d) Negarse a efectuar o entorpecer significativamente la auditoría externa de sus estados financieros de conformidad a la ley.

e) Modificar unilateralmente los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales la institución de educación superior hubiere convenido con el estudiante la prestación de los servicios educativos.

f) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago de aranceles o costos previamente establecidos en su reglamentación e informados a las y los estudiantes al inicio de cada año académico.

g) Incurrir en cualquier otra infracción que sea expresamente calificada como tal por la ley.

h) Reiterar el incumplimiento de infracciones calificadas como leves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de veinticuatro meses incurren en cuatro o más infracciones leves.

En caso de infracciones que tengan el carácter de graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 52.- Se entenderá por publicidad engañosa cualquier mensaje publicitario o comunicación dirigida al público en general que induzca a error o engaño respecto de:

a) El valor correspondiente a matrícula, aranceles, becas y en general a cualquier desembolso o prestación pecuniaria exigida por una institución a sus estudiantes.

b) Los años de acreditación, que de conformidad a la ley haya obtenido la respectiva institución de educación superior y de la acreditación de sus carreras y programas de estudio, según corresponda.

c) Las perspectivas de empleabilidad de las y los estudiantes de la respectiva institución o de cualquiera de sus carreras o programas, de conformidad a lo que establezca la Superintendencia mediante instrucciones de carácter general.

d) Los niveles formativos, las cualificaciones, las alternativas de continuidad de estudios o denominación de las carreras y programas de estudio de la oferta académica.

e) La infraestructura, el cuerpo docente, campos clínicos, equipamiento y espacios para pasantía o práctica profesional con que cuente la respectiva institución o cualquiera de sus sedes, carreras o programas.

Artículo 53.- Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier norma aplicable a la educación superior y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores.

En caso de infracciones que tengan el carácter de leve, sólo podrán aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta ley. Con todo, las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que prudencialmente conceda al efecto el Superintendente.

Artículo 54.- Comprobada la infracción, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan, el Superintendente podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 55:

a) Amonestación por escrito.

b) Multa a beneficio fiscal de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones leves.

c) Multa a beneficio fiscal de hasta mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones graves.

d) Multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones gravísimas.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 55, para la determinación del monto específico de la multa, se deberá considerar el tamaño de la institución. Para estos efectos, se tendrá especial consideración por el número de estudiantes y docentes con que ésta cuenta, número de carreras y programas de estudio que imparte, el grado de desarrollo en las áreas de gestión institucional y docencia, y el número de sedes y extensión territorial de la misma.

e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad para concurrir, directa o indirectamente, a la constitución de instituciones de educación superior o para ocupar el cargo de Rector o Rectora o ser integrante del órgano de administración superior en cualquiera de dichas instituciones. La sanción de inhabilitación temporal se podrá extender hasta por un plazo de cinco años, y se aplicará para el caso de infracciones gravísimas.

La Superintendencia podrá amonestar por escrito o multar hasta por una cantidad equivalente a mil unidades tributarias mensuales a quienes ejerzan funciones directivas que resulten responsables de las infracciones cometidas. La multa se comunicará al infractor y al representante legal de la institución. La Superintendencia podrá poner en conocimiento de la asamblea de miembros, según corresponda, las infracciones, incumplimientos o actos en que hayan incurrido quienes ejerzan funciones directivas de la institución, a fin de que aquélla pueda removerlos de sus cargos en caso que corresponda de acuerdo a sus estatutos y la ley, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crea pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de administración superior deberá dar cuenta a la asamblea más próxima de las sanciones de que ha sido objeto la institución o sus funcionarios.

Artículo 55.- Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción; el beneficio económico obtenido con motivo de ésta; la intencionalidad y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; su capacidad económica; el cumplimiento con los planes de recuperación, en su caso; la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes; y todo otro criterio que, a juicio fundado del Superintendente, sea relevante para la determinación de la sanción.

Artículo 56.- Sin perjuicio de las sanciones señaladas en el artículo 54, y en caso que sea procedente de acuerdo a la ley N° 20.800 y sus reglamentos, la Superintendencia podrá disponer el cumplimiento de un plan de recuperación o la designación de un administrador provisional.

Artículo 57.- La sanción de multa no impide la aplicación de las demás sanciones establecidas en el artículo 54 Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo.

El monto de las multas impuestas por la Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución respectiva.

El pago de toda multa aplicada de conformidad a este título deberá ser acreditado ante la Superintendencia dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente responsables del pago de la multa.

El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Artículo 58.- Constituyen circunstancias atenuantes de responsabilidad:

a) Subsanar los reparos u observaciones representados por la Superintendencia dentro del plazo que ésta determine.

b) No haber sido objeto de alguna de las sanciones previstas en las normas aplicables a la educación superior en los últimos seis años tratándose de una infracción gravísima; en los últimos cuatro años si esta fuere grave, y en los últimos dos años en caso de una infracción leve.

Artículo 59.- Se considerarán circunstancias agravantes de responsabilidad:

a) No presentarse a declarar, por parte de los organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales, quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de la persona jurídica fiscalizada, cuando haya sido solicitada por la Superintendencia.

b) El incumplimiento reiterado de las normas aplicables, o de las instrucciones o requerimientos de información formulados por la Superintendencia. Se entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones.

c) Haber sido anteriormente objeto de la medida de designación de administrador provisional.

d) Haber ejercido funciones directivas en una institución de educación superior al tiempo de que fue objeto de la medida de designación de administrador de cierre.

En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes, la multa aplicable al infractor podrá ascender hasta el doble del monto máximo previsto en la ley para la infracción de que se trate.

Párrafo 7° Reglas y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo 60.- Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores, miembros o asociados a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior, y de forma supletoria, por las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil.

Artículo 61.- Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas que, actuando coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, y siendo miembro o asociado de la institución de educación superior, ya sea directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o, para elegir a la mayoría de los directivos o designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos; o, para influir decisivamente en la administración de la institución.

Las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia quién es su controlador; y, en caso que no tuviese, deberán señalar esta circunstancia expresamente.

Artículo 62.- Las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de sus fines que les son propios según la ley y sus estatutos, y en la mejora de la calidad de la educación que brindan.

Los actos, convenciones u operaciones realizadas en contravención a lo establecido en el inciso anterior constituirán infracciones gravísimas, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 6 de la ley Nº 20.800, los artículos 68 a 77 de la presente ley y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

El que administrando a cualquier título los recursos o excedentes de la institución de educación superior, los destine a una finalidad diferente a lo señalado en el inciso primero de este artículo, estará obligado a reintegrarlos a la institución, debidamente reajustados conforme a la variación expresada por el Índice de Precios al Consumidor, en el período comprendido entre el mes anterior a aquel en que se llevó a cabo el desvío y el mes anterior en que se produjere la restitución. Comprobada la infracción, ésta será sancionada por la Superintendencia, conforme a las normas del presente título, con una multa del 50% de la suma desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados o pagados con cargo a recursos de la institución.

Artículo 63.- Las instituciones de educación superior que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro deberán contar con un órgano de administración superior, llámese directorio, junta directiva, consejo superior u otro órgano colegiado, cualquiera sea su denominación (en adelante “órgano de administración superior”), el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos.

Los integrantes del órgano de administración superior podrán gozar de una dieta, y en tal caso, ésta deberá estar establecida en los estatutos.

Artículo 64.- Es función esencial del órgano de administración superior el control superior de la administración financiera y patrimonial de la institución, en concordancia con su plan de desarrollo institucional.

Se prohíbe cualquier acto o contrato mediante el cual el órgano de administración superior delegue, total o parcialmente, y a cualquier título, sus funciones esenciales o se comprometa a ejercerlas bajo una determinada modalidad, salvo que se trate del otorgamiento de mandatos especiales cuyas facultades han sido indicadas de manera precisa.

Artículo 65.- Los integrantes del órgano de administración superior deberán velar por el interés de la institución de educación superior y el cumplimento de los fines establecidos en sus estatutos, y no podrán ser removidos de su cargo sino por mayoría absoluta del órgano de administración superior en casos graves señalados previamente en los estatutos.

Las funciones esenciales de los integrantes del órgano de administración superior no serán delegables y se ejercerán colectivamente, de conformidad a las formalidades que establezcan sus estatutos.

Artículo 66.- Los integrantes del órgano de administración superior deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios, y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la institución, en su caso, por sus actuaciones dolosas o culpables. Toda estipulación o acuerdo que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los integrantes del órgano de administración superior es nula.

Artículo 67.- Los integrantes del órgano de administración superior no podrán realizar o aprobar actos contrarios al interés de la institución de educación superior o que contravengan lo dispuesto en el inciso primero del artículo 62, ni usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados, en perjuicio del interés de la entidad.

Los beneficios percibidos por quienes infrinjan lo dispuesto en este artículo pertenecerán a la institución de educación superior, la que además deberá ser indemnizada de cualquier perjuicio en conformidad a lo establecido en el artículo 76.

Artículo 68.- Para efectos de esta ley, se entenderá por personas relacionadas a la institución de educación superior:

a) Las personas naturales o jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución.

b) Sus controladores, de conformidad al artículo 61.

c) Los integrantes del órgano de administración superior.

d) Sus rectores o rectoras.

e) Los cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

f) Las personas jurídicas en que las personas señaladas en las letras precedentes sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

g) Las personas naturales o jurídicas que sean miembros, asociados o fundadores, según corresponda, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a); sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

h) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a), según sea el caso; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

i) Las personas que desempeñen funciones directivas en la respectiva institución de educación superior, de acuerdo al artículo 69; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital.

j) Las personas jurídicas en que las personas naturales señaladas en las letras precedentes sean directores, gerentes, administradores, o ejecutivos principales de las mismas.

k) Las personas jurídicas en que la institución de educación superior sea propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro o que, conforme a los estatutos de éstas, pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración respectivo.

La Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que es relacionada a una institución de educación superior toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con la institución originan conflictos de interés.

Artículo 69.- Para efectos de esta ley, se entenderá que ejercen funciones directivas de una institución de educación superior los integrantes del órgano de administración superior, el rector o rectora, así como cualquier autoridad unipersonal de la institución, sus sedes, facultades, institutos y departamentos o los integrantes de órganos académicos superiores.

Artículo 70.- Las instituciones de educación superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con las personas indicadas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 68.

Con todo, se exceptuarán de la prohibición establecida en el inciso anterior aquellos actos, contratos, convenciones u operaciones cuando:

a) La contraparte sea una persona jurídica sin fines de lucro, de derecho público, creada por ley o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público.

b) Se trate de donaciones cuyo beneficiario sea una institución de educación superior sin fines de lucro o creada por ley o que derive su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público.

c) Se trate de contratos de trabajo u honorarios para desempeñar labores académicas o docentes, según corresponda, en la institución.

El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62 y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

Artículo 71.- Las operaciones señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, o aquéllas que se realicen con personas relacionadas distintas a las señaladas en su inciso primero, deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración; y cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en los artículos siguientes, cualquiera sea el monto, naturaleza, objeto o condición de habitualidad de la operación.

El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Artículo 72.- Las operaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser aprobadas, en forma previa a su celebración, por la mayoría de los integrantes del órgano de administración superior de la institución de educación superior o su equivalente, debiendo excluirse de la votación aquéllos que tengan interés directo o indirecto en la operación de que se trate, en su caso.

El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Con todo, lo dispuesto en el inciso primero no se exigirá respecto de operaciones cuyo monto sea inferior a 2.000 unidades de fomento, sea considerada individualmente o en conjunto con otras operaciones que tengan igual causa u objeto, y se celebren con una misma parte dentro de un período consecutivo de doce meses.

Artículo 73.- La reunión del órgano de administración superior que apruebe la operación de conformidad al artículo anterior deberá constar en un acta firmada por todos los integrantes presentes y deberá contener, a lo menos, lo siguiente:

a) La descripción del objeto, monto, plazo de duración y demás condiciones comerciales de la operación de que se trate.

b) La individualización de la contraparte en la operación y el tipo de relación existente con la misma.

c) La indicación de que la operación es necesaria y de cómo contribuye al interés de la institución de educación superior.

d) La individualización de los integrantes del órgano de administración superior que aprobaron la operación.

e) La individualización del o los integrantes del órgano de administración superior que se hayan abstenido por tener interés en la operación respectiva, con indicación de la relación que tuvieren con la contraparte en la operación.

f) Las deliberaciones efectuadas para la aprobación de los términos y condiciones de la operación, con indicación precisa de los antecedentes concretos que se hayan tenido en consideración a efectos de determinar que la operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 71.

Artículo 74.- El cumplimiento de los procedimientos descritos en los artículos anteriores, en caso alguno eximirá a los integrantes del órgano de administración superior o su equivalente de la responsabilidad que corresponda, en caso que la operación respectiva no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 71.

Artículo 75.- El que, administrando a cualquier título recursos de una institución de educación superior, se interesare, directa o indirectamente, en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la institución, con infracción a lo previsto en los artículos 68 a 74, ambos inclusive de la presente ley, será sancionado con reclusión menor en su grado medio y con multa del tanto al duplo del valor del interés que hubiere tomado en el negocio.

Las mismas penas se le impondrán si, en cualquiera de las situaciones señaladas en el inciso precedente, y dándose en lo demás las mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad.

Lo mismo valdrá en caso que el que hubiere incurrido en la conducta diere o dejare tomar interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.

Artículo 76.- La Superintendencia, cualquier asociado, miembro o fundador de la institución de educación superior, o quienes ejerzan funciones directivas y no hubieren concurrido al acuerdo de aprobación de la operación celebrada en contravención a las normas de este título podrán, a nombre de la institución de educación superior, perseguir judicialmente la responsabilidad civil de los directores que hubieren aprobado la operación.

Artículo 77.- Las normas establecidas en los artículos 68 a 76 de este párrafo les serán aplicables a las instituciones de educación superior que deriven su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

TÍTULO IV

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 78.- Modifícase la ley N° 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el siguiente sentido:

1) Reemplázase el artículo 1 por el siguiente:

“Artículo 1.- Establécese el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en adelante también “el Sistema”) que estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior.

Al Sistema, en su conjunto, corresponderá:

a) El desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior.

b) La identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del Sistema, y la información pública.

c) El licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

d) La acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas de conformidad a lo establecido en el título II del capítulo II, y la acreditación de carreras o programas de pregrado y postgrado de conformidad a lo dispuesto en el título III y IV del capítulo II.

e) La fiscalización del cumplimiento, por parte de las instituciones de educación superior, de las normas aplicables a dicho sector, en especial de la obligación de destinar sus recursos al cumplimiento de sus fines, así como la supervisión de su viabilidad administrativa y financiera, y del cumplimiento de los compromisos académicos con sus estudiantes.”.

2) Elimínase el artículo 2.

3) Reemplázase el artículo 3 por el siguiente:

“Artículo 3.- El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será coordinado por un comité integrado por:

a) La o el Subsecretario de Educación Superior, quien lo presidirá.

b) La o el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación.

c) La o el Superintendente de Educación Superior.

d) La o el Presidente del Consejo Nacional de Educación.

Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior brindar soporte técnico para el funcionamiento del Comité de Coordinación. Los miembros del Comité deberán designar a un secretario, quien llevará las actas y desempeñará las demás funciones que se le asignen.”.

4) Reemplázase el artículo 4 por el siguiente:

“Artículo 4.- Corresponderá al Comité de Coordinación:

a) Velar por la coordinación de los organismos que lo integran en lo relativo a su relación con las instituciones de educación superior.

b) Aprobar los criterios y estándares de calidad propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación, según lo dispuesto en el artículo 18.

c) Establecer y coordinar mecanismos para el intercambio de información entre los órganos que componen el Sistema y las instituciones de educación superior.

d) Establecer un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual contemplará, a lo menos, los compromisos y objetivos del Sistema, las acciones necesarias para alcanzarlos, y la identificación de las áreas que requieran de especial coordinación.

e) Constatar, respecto de los comisionados de la Comisión Nacional de Acreditación, la verificación de las causales de cesación en el cargo establecidas en el artículo 12 quáter, así como si se encuentran afectos a una inhabilidad para desempeñar el cargo.

En el caso de las letras b) y e), la o el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación participará sólo con derecho a voz.”.

5) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase las dos veces que aparece la palabra “Coordinador” por las palabras “de Coordinación”.

b) Reemplázase la palabra “tres” por “seis”.

6) Reemplázase en el artículo 6 la palabra “verificar” por la frase “evaluar, acreditar”.

7) Reemplázase el artículo 7 por el siguiente:

“Artículo 7.- La Comisión Nacional de Acreditación estará integrada de la siguiente forma:

a) Cuatro académicos universitarios de reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional, docencia de pregrado o formación de postgrado. De éstos, al menos uno deberá haber estado vinculado a alguna universidad cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

b) Cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico profesional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales. De ellos, al menos uno deberá haber estado vinculado a alguna institución de educación superior cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana.

c) Un docente o profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de la innovación, designado por la Corporación de Fomento de la Producción, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882.

d) Un académico universitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en investigación científica o tecnológica designado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica o su sucesor, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882.

e) Dos representantes estudiantiles de instituciones de educación superior autónomas acreditadas, debiendo uno de ellos pertenecer a una institución regional y el otro a una institución metropolitana. Los representantes de los estudiantes deberán tener aprobados al menos tres años o seis semestres, en su caso, de la carrera en que estén inscritos y encontrarse dentro del 5% de los estudiantes de mejor rendimiento de su generación, y durarán dos años en sus cargos. Los representantes de los estudiantes serán elegidos por los Presidentes de las Federaciones de Estudiantes de acuerdo a un procedimiento que establezca el Reglamento.

Dos de los comisionados señalados en la letra a) y dos de los señalados en la letra b), anteriores, serán designados por la Presidenta o Presidente de la República con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882. Los demás comisionados serán designados por la Presidenta o Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882, uno de los cuales será designado por la Presidenta o Presidente de la República como el Presidente de la Comisión.

Corresponderá al Presidente o Presidenta citar y presidir las sesiones de la Comisión, establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión, dirigir sus deliberaciones, dirimir sus empates, y participar en el Comité de Coordinación en conformidad con lo establecido en el artículo 3. Asimismo, le corresponderá la representación de la Comisión en eventos protocolares nacionales e internacionales, así como en las gestiones que se desarrollen ante cualquier entidad extranjera.

La o el Presidente se relacionará con el Secretario Ejecutivo para la coordinación de las funciones y atribuciones de la Comisión.

Los comisionados señalados en las letras a), b), c) y d) anteriores durarán seis años en sus cargos, podrán ser designados nuevamente por una sola vez consecutiva por igual período, y se renovarán por parcialidades cada tres años. En caso que no se efectuare el nombramiento del nuevo comisionado antes de la expiración del plazo de duración en el cargo del comisionado saliente, éste podrá permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de su reemplazante, por un máximo de tres meses adicionales. Si su nombramiento requiere de acuerdo del Senado y éste no se hubiere pronunciado en los términos señalados una vez vencido dicho plazo, se nombrará al candidato propuesto por la Presidenta o Presidente de la República, sin más trámite.

La Comisión designará de entre los integrantes señalados en las letras a), b), c) y d) a un Vicepresidente, que subrogará al Presidente o Presidenta en caso de ausencia y que permanecerá dos años en esa calidad, pudiendo ser reelegido.

La Comisión requerirá de la mayoría de sus integrantes para sesionar y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de producirse un empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, corresponderá al Presidente o Presidenta el voto dirimente para resolver la materia. La Comisión deberá celebrar, como mínimo, dos sesiones al mes.

Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión a la que asistan, la que podrá ascender hasta 10 unidades tributarias mensuales con un máximo de 90 unidades tributarias mensuales por mes, conforme a las normas del reglamento interno de la Comisión. Esta asignación será incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la ley N° 18.834.

A los integrantes de la Comisión, salvo el caso del Presidente o Presidenta, no les serán aplicables las normas de la ley N° 19.882, salvo en lo relativo a su nombramiento, de conformidad a lo señalado en el inciso primero.

Los comisionados deberán declarar intereses y patrimonio conforme a lo establecido en el capítulo 1° del título II de la ley N° 20.880.”.

8) Reemplázase el artículo 8 por el siguiente:

“Artículo 8.- Corresponderán a la Comisión las siguientes funciones:

a) Administrar y resolver los procesos de acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas, y de las carreras y programas de estudio de pre y postgrado que éstas impartan, según corresponda.

b) Elaborar y establecer los criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional, y de las carreras y programas de pregrado y postgrado, de acuerdo al tipo de institución, sea esta del subsistema técnico profesional o universitario, previo informe favorable del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

c) Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de educación superior, en particular, identificar, promover y difundir entre las instituciones de educación superior buenas prácticas en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

d) Resolver la solicitud de apertura de nuevas sedes, carreras o programas de pregrado en nuevas áreas del conocimiento, por parte de las instituciones de educación superior autónomas, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 ter.

e) Mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y autorización a su cargo, y proporcionar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior los antecedentes correspondientes.

f) Desarrollar toda otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

La Comisión deberá someterse, cada cinco años y por parte de instituciones extranjeras, a una evaluación externa en materias relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la educación superior, en particular, respecto al desarrollo de los procesos de acreditación que le correspondan de conformidad a esta ley.”.

9) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido:

a) Incorpórase en la letra a), después de la coma, la frase “previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública de conformidad a lo establecido en el título VI de la ley N° 19.882”.

b) Elimínase su letra c), pasando su actual d) a ser c) y así sucesivamente.

c) Intercálase en la letra d) después del punto coma, que pasa a ser coma, lo siguiente: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Educación Superior”.

d) Incorpóranse las siguientes letras d), e), f), g) y h), pasando la letra e) a ser i) y así sucesivamente:

“d) Dictar normas de carácter general en materias de su competencia, en especial respecto de la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y programas de estudio de pre y postgrado;

e) Disponer la incorporación de pares evaluadores al registro establecido en el artículo 19, designar a los que actuarán en un determinado proceso de acreditación y resolver las impugnaciones que presenten las instituciones de educación superior a la designación de los mismos, de conformidad con lo establecido en el referido artículo;

f) Solicitar informes a las instituciones de educación superior acerca del cumplimiento de los estándares de calidad;

g) Disponer la realización de visitas de seguimiento del cumplimiento de los estándares de calidad a las instituciones de educación superior;

h) Disponer el adelantamiento de la acreditación institucional en el caso del artículo 25 bis de esta ley;”.

10) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el encabezado por el siguiente:

“La Comisión nombrará, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882, a un Secretario Ejecutivo a quien le corresponderán las siguientes funciones:”.

b) Elimínase en su letra c) la locución “y”.

c) Reemplázase en su letra d) el punto final por una coma seguida de la locución “y”.

d) Incorpórase la siguiente letra e):

“e) Participar en las sesiones de la Comisión, con derecho a voz.”.

11) Incorpórase el siguiente párrafo 2° bis:

“Párrafo 2° bis.- De las inhabilidades e incompatibilidades

Artículo 12 bis.- No podrán ser nombrados comisionados:

a) Quienes ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior.

b) Los miembros o asociados, socios o propietarios de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Quienes ejerzan el cargo de Ministro o Ministra de Estado o Subsecretario o Subsecretaria; Senador o Diputado; ministro del Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, consejero del Banco Central, Fiscal Nacional del Ministerio Público, Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; Intendente, Gobernador o Consejero Regional; Secretario Regional Ministerial de Educación o Jefe del Departamento Provincial de Educación, Alcalde o Concejal; los que sean miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; Secretario o Relator del Tribunal Constitucional; Fiscal del Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones o su Secretario-Relator; los miembros de los Tribunales Electorales Regionales, Suplente o Secretario-Relator, y los miembros de los demás Tribunales creados por ley; funcionario de la Administración del Estado, y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales.

Asimismo, no podrán ser nombrados como comisionado quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras e) y f) del artículo 12 quáter.

Las inhabilidades contempladas en este artículo serán también aplicables a quienes ejerzan funciones directivas en la Secretaría Ejecutiva, a los integrantes de los Comités Consultivos y a los pares evaluadores.

Artículo 12 ter.- Los comisionados deberán informar inmediatamente al Presidente o Presidenta de la Comisión de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad en sus acuerdos o decisiones, absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal.

En particular, los comisionados deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que afecten a las instituciones de educación superior con que tengan una relación contractual.

Los comisionados que, debiendo abstenerse, actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Presidente o Presidenta de la República y quedarán impedidos de ejercerlo nuevamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

Toda decisión o pronunciamiento que la Comisión adopte con participación de un miembro respecto del cual existía alguna causal de abstención deberá ser revisado por la Comisión, pudiendo además ser impugnado dentro de un plazo de un año, contado desde que éste fue emitido.

Artículo 12 quáter.- Serán causales de cesación en el cargo de comisionado, las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño de su cargo.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada, por delitos que merezcan pena aflictiva.

f) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como comisionado. Para estos efectos, se considerará falta grave:

i. Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

iii. Dar por acreditados hechos a sabiendas de que son falsos.

El comisionado respecto del cual se verificare alguna causal de incapacidad sobreviniente o que se encontrare en una situación que lo inhabilite para desempeñar el cargo, o alguna causal de incompatibilidad con el mismo, deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia a la Comisión. En caso de constatarse por el Comité de Coordinación alguna de dichas causales, el comisionado cesará automáticamente en su cargo. De igual forma, cesará en su cargo el comisionado cuya renuncia hubiere sido aceptada por el Presidente o Presidenta de la República.

El comisionado que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra f) de este artículo será destituido por el Presidente o Presidenta de la República, a requerimiento del Ministerio de Educación, previo procedimiento administrativo, aplicándose supletoriamente las normas del Título V de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fijó el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004. Mientras se lleva a cabo este proceso, el comisionado quedará inhabilitado temporalmente para ejercer su cargo, perdiendo en tal caso su derecho a percibir la dieta establecida en la presente ley. El acto administrativo en virtud del cual se haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. El comisionado que hubiere sido destituido de conformidad a lo dispuesto en este inciso no podrá ser designado nuevamente en el cargo.

La destitución establecida en el inciso anterior procederá sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

Si quedare vacante el cargo de comisionado, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 7. El comisionado nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que restare para completar el período del comisionado reemplazado. Si quedare menos de la mitad del período de duración del cargo, dicho comisionado podrá ser reelecto.

Una vez que los comisionados hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán tener participación en su propiedad, o ser miembros o asociados de éstas, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.

Artículo 12 quinquies.- Los comisionados, el personal de la Secretaría Ejecutiva, los integrantes de los Comités Consultivos y el personal que preste servicios a la Comisión, deberán guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley.

Asimismo, tendrán prohibición absoluta de prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios, sean estos remunerados o gratuitos, ya sea en forma directa o a través de terceros, salvo labores docentes en los términos del artículo 8 de la ley N° 19.863.

Las infracciones a esta norma serán consideradas faltas graves para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y para perseguir la responsabilidad administrativa, que se exigirá sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera configurarse.”.

12) Elimínase el inciso segundo del artículo 14.

13) Incorpórase un párrafo 1° al título II denominado “De la acreditación institucional”.

14) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 15.- La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes de la institución de educación superior, y de aquellas carreras y programas de estudio de pregrado que hayan sido seleccionados por la Comisión para dicho efecto.”.

c) Reemplázase en su inciso segundo, que pasó a ser tercero, la frase “La opción por el proceso de acreditación será voluntaria y, en su desarrollo” por “En el desarrollo del proceso de acreditación institucional”.

d) Agrégase en su inciso final, después del punto final que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente:

“Asimismo, un reglamento de la Comisión establecerá el procedimiento de selección de carreras y programas de estudio de pregrado que serán evaluados en la acreditación institucional. Este procedimiento deberá asegurar la evaluación de una muestra representativa de las carreras y programas de estudios impartidos por la institución en la totalidad de sus sedes, la que deberá considerar carreras y programas de estudio de las distintas áreas del conocimiento en las que la institución desarrolla sus funciones, evaluando integralmente la diversidad de la institución.”.

15) Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente:

“a) Autoevaluación institucional: Examen crítico y analítico que realizan las instituciones de educación superior, utilizando diferentes fuentes, tanto internas como externas, para identificar y determinar, de modo sistemático y objetivo, sus fortalezas y debilidades en las dimensiones sometidas al procedimiento de acreditación, en relación con los criterios y estándares de calidad y con los fines que se propone la institución.

Los resultados de este examen se contendrán en un informe, que deberá incluir la autoevaluación de la totalidad de las sedes de la institución.

El informe deberá contemplar un Plan de Mejora, en el que la institución de educación superior deberá identificar sus principales debilidades, las áreas en las que ha determinado necesario desarrollar acciones de mejoramiento y los mecanismos mediante los cuales les dará solución, además de los resultados esperados y los plazos en los que se espera alcanzarlos.”.

16) Incorpórase el siguiente artículo 16 bis, nuevo:

“Artículo 16 bis.- Desde el inicio del proceso de acreditación institucional se entenderá, para todos los efectos legales, que la acreditación institucional vigente se prorrogará hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso.

En caso que una institución de educación superior no se someta al proceso de acreditación una vez vencida su acreditación vigente, se entenderá que la institución no se le ha otorgado la acreditación institucional, debiendo aplicársele a este respecto lo establecido en el artículo 22 de esta ley.

Las instituciones de educación superior en proceso de licenciamiento, deberán someterse al proceso de acreditación una vez obtenida su autonomía. En este primer proceso de acreditación se deberán incluir aquellas carreras de acreditación obligatoria que esté impartiendo la respectiva institución, de conformidad a lo dispuesto en el título III del capítulo II.”.

17) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17.- La acreditación institucional se realizará evaluando dimensiones específicas de la actividad de las instituciones de educación superior, a partir de criterios y estándares de calidad definidos para dichas dimensiones.

La Comisión deberá elaborar criterios y estándares de calidad que sean específicos para instituciones de los subsistemas universitario y técnico profesional de nivel superior.

Las instituciones de educación superior deberán acreditarse en las dimensiones de docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación e innovación; y, vinculación con el medio.

Un reglamento de la Comisión determinará el contenido de cada una de las dimensiones de evaluación.”.

18) Incorpórase el siguiente artículo 17 bis, nuevo:

“Artículo 17 bis.- Para efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por:

a) Dimensión de evaluación: ámbito en que las instituciones de educación superior son evaluadas en la acreditación institucional, conforme a criterios y estándares de calidad.

b) Criterio: objetivo específico de una dimensión de evaluación que enuncia categorías o principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones de educación superior. Estos criterios se deberán elaborar considerando el tipo de institución, ya sea para el subsistema universitario o técnico profesional.

c) Estándar: grado o medida de cumplimiento de un criterio, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, que una institución de educación superior debe alcanzar, medidos de manera objetiva mediante indicadores que establecen evidencia de dicho cumplimiento.”.

19) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18.- Los criterios y estándares de calidad se establecerán por la Comisión, cada cinco años, previo informe favorable del Comité de Coordinación.

La Comisión preparará una propuesta de criterios y estándares de calidad, que deberá considerar las especificidades de los subsistemas técnico profesional y universitario y los niveles formativos que las instituciones de educación superior impartan. Para estos efectos, la Comisión deberá consultar la opinión técnica de las instituciones de educación superior, así como también la de comités consultivos compuestos por expertos chilenos o extranjeros y representantes del sector productivo.

La Comisión deberá remitir la propuesta de criterios y estándares al Comité de Coordinación antes de seis meses de la fecha en que deban entrar en vigencia, para que este último emita su informe.

El Comité podrá hacer observaciones a dicha propuesta. Mientras el Comité de Coordinación no emita un informe favorable, continuarán vigentes los criterios y estándares anteriores hasta la entrada en vigencia de los que apruebe.

Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional, de acreditación de las carreras y programas cuya acreditación sea obligatoria y de acreditación de programas de doctorados y especialidades médicas.

Con todo, los criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de las dimensiones de evaluación:

1.- La institución debe contar con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a las funciones que le son propias, implementarlas sistemáticamente y aplicar los resultados en su desarrollo institucional.

2.- La gestión estratégica institucional debe realizarse sobre la base de la misión declarada, de modo tal de resguardar el cumplimiento de los fines institucionales. Para ello, la institución debe contar con adecuados mecanismos de evaluación, planificación y seguimiento de las acciones a desarrollar.

3.- La gestión de la docencia debe considerar políticas y mecanismos que resguarden un nivel satisfactorio de la docencia impartida. Estos deben referirse, al menos, al diseño y provisión de carreras y programas, en todas las sedes de la institución, al proceso de enseñanza y resultados del proceso de formación, a las calificaciones y dedicación del personal docente, a los recursos materiales, instalaciones e infraestructura, a la progresión de los estudiantes y al seguimiento de egresados.

4.- En la generación de conocimiento, creación e innovación, la institución debe contar con políticas institucionales claramente definidas, una organización apropiada para llevarlas a cabo, personal debidamente calificado y con dedicación académica suficiente, recursos materiales, de infraestructura e instalaciones apropiados y debe demostrar que el desarrollo de estas funciones aseguran resultados de calidad.

5.- En relación a la vinculación con el medio, la institución de educación superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno significativo y con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados de calidad.”.

20) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su segundo inciso la frase “o jurídicas”.

b) Elimínase en su inciso tercero lo siguiente:

i) La frase “personas naturales”.

ii) La siguiente oración: “Las personas jurídicas, por su parte, deberán estar constituidas, en Chile o en el extranjero, con el objeto de realizar estudios, investigaciones y/o servicios de consultoría sobre temas educacionales y certificar, a lo menos, cinco años de experiencia en dichas actividades.”.

c) Elimínase el inciso cuarto.

d) Reemplázase en su inciso quinto, que pasó a ser cuarto, lo siguiente:

i) La frase “, en consulta con la institución que se acredita, a las personas naturales que actuarán como pares evaluadores” por “a los pares evaluadores que actuarán”.

ii) La frase “tendrá derecho a vetar a uno o más de los pares propuestos, sin expresión de causa, hasta por tres veces. En caso de no lograrse acuerdo entre la Comisión y la institución de educación superior, la Comisión solicitará un pronunciamiento al Consejo Superior de Educación, entidad que determinará la composición definitiva de la comisión de pares evaluadores. La designación de pares evaluadores por parte del Consejo Superior de Educación será inapelable”, por la siguiente: “podrá impugnar fundadamente a uno o más de los pares evaluadores por una sola vez, ante la Comisión, cuando concurra alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso siguiente, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación de la resolución que designa a los pares evaluadores”.

d) Reemplázanse los incisos sexto, séptimo y octavo por los siguientes:

“No podrán ser seleccionados como pares evaluadores las personas que:

a) Hubieren cursado estudios de pre o postgrado en la institución a ser evaluada.

b) Tengan vigentes o hayan celebrado contratos, por sí o por terceros, con la institución a ser evaluada, dentro de los tres años anteriores al inicio de sus funciones, según corresponda.

c) Tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, de quienes ejerzan funciones directivas, cualquiera sea su denominación en la institución a ser evaluada.

d) Se hallen condenadas por crimen o simple delito.

Asimismo, los pares evaluadores no podrán mantener ningún tipo de relación contractual, tener participación en la propiedad, o ser miembros o asociados en una institución de educación superior, ni ejercer funciones directivas en éstas, hasta doce meses después de haber participado en la evaluación externa de la institución respectiva.”.

21) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero las palabras “criterios de evaluación” por la frase: “estándares de calidad”.

b) Reemplázase en su inciso segundo lo siguiente:

i) La primera vez que aparece la palabra “criterios” por la palabra “estándares”.

ii) La palabra “inferior” por la siguiente frase: “de cuatro, cinco o seis años”.

iii) Las palabras “criterios de evaluación” por las siguientes: “estándares de calidad”.

c) Reemplázase su inciso final por el siguiente:

“La resolución final que otorgue la acreditación se pronunciará respecto del Plan de Mejora del que trata el artículo 16 anterior, aprobándolo o realizando observaciones. Un reglamento de la Comisión establecerá el procedimiento de aprobación del Plan de Mejora. Una vez aprobado el Plan de Mejora por la Comisión, la institución deberá integrarlo a su plan de desarrollo institucional, cumpliendo con las formalidades que establezcan sus estatutos para estos efectos. El cumplimiento del Plan de Mejora será especialmente considerado por la Comisión en el siguiente proceso de acreditación institucional.”.

22) Elimínase en el artículo 21 la frase “Si el informe emanado de esta segunda revisión recomendare la acreditación de la institución, éste deberá ser acogido por la Comisión.”.

23) Reemplázase el artículo 22 por el siguiente:

“Artículo 22.- No se otorgará la acreditación institucional a las instituciones de educación superior que no presenten un nivel de cumplimiento aceptable de los estándares de calidad.

Tratándose de instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, la Comisión Nacional de Acreditación remitirá a la Superintendencia de Educación Superior la resolución que decrete la no acreditación, para que ésta proceda a nombrar un administrador provisional de conformidad a lo establecido en el párrafo 2° del título I de la ley N° 20.800, sin perjuicio que, de conformidad al artículo 20 de dicha ley, pueda proceder el nombramiento de un administrador de cierre, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso quinto del presente artículo. Asimismo, deberá remitir dicha resolución al Ministerio de Educación para efectos de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Educación Superior.

El plan de administración provisional al que refiere el artículo 10 de la ley N° 20.800, deberá contemplar las medidas que el administrador implementará, para efectos de que la institución de educación superior obtenga al menos cuatro años de acreditación institucional, en el siguiente proceso de acreditación.

Vencido el plazo de dos años contado desde la fecha de resolución que decretó la no acreditación, la institución de educación superior deberá dar inicio a un nuevo proceso de acreditación institucional.

Si en el siguiente proceso de acreditación la institución de educación superior no obtuviere cuatro años de acreditación institucional, la Comisión remitirá dicha resolución al Ministerio de Educación para que éste proceda a revocar el reconocimiento oficial de dicha institución, y nombrar a un administrador de cierre de conformidad al párrafo 3° de la ley N° 20.800.

Aquellas instituciones de educación superior no acreditadas no podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni matricular nuevos estudiantes. Asimismo, en caso de que la institución tenga carreras y programas de estudio acreditados, de conformidad con lo establecido en el título III del capítulo II de la presente ley, éstos perderán su acreditación.

Lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y quinto de este artículo no se aplicará a las instituciones de educación superior estatales y aquellas señaladas la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.”.

24) Incorpórase el siguiente artículo 22 bis, nuevo:

“Artículo 22 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en caso que una institución de educación superior no presente un nivel de cumplimiento aceptable de los estándares de calidad, pero que a partir de los antecedentes examinados sea factible concluir que ésta pueda subsanar el incumplimiento de dichos estándares dentro de tres años, la Comisión podrá otorgar una acreditación institucional condicional por dicho plazo.

Para estos efectos, la Comisión, en la resolución que apruebe el Plan de Mejora, formulará observaciones y señalará las medidas que la institución de educación superior deberá implementar para subsanarlas.

La institución de educación superior a la que se le otorgare la acreditación institucional condicional, no podrá impartir nuevas carreras o programas de estudio, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar el número de vacantes en cada carrera o programa de estudio que imparta, durante el periodo por el cual fue acreditada condicionalmente.

La institución de educación superior que, encontrándose con una acreditación institucional condicional vigente, obtuviere la misma acreditación en el proceso de acreditación institucional siguiente se entenderá, para todos los efectos legales, que no acreditó y deberá procederse conforme al artículo anterior.”.

25) Modifícase el artículo 23 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese toda referencia al “Consejo Superior” por “Consejo Nacional”.

b) Reemplázase en su inciso primero la palabra “dos” por “tres”.

26) Reemplázase en el artículo 24 la oración “Si como resultado del proceso de acreditación” por la frase “Si en el ejercicio de sus funciones”, y la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

27) Incorpórase el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Artículo 25 bis.- Con todo, la Comisión podrá, de manera excepcional y por resolución fundada, adelantar el proceso de acreditación institucional, antes del término del plazo por el cual fue concedida, en aquellos casos en que obtenga antecedentes que hagan presuponer que una institución de educación superior ha dejado de dar cumplimiento a los estándares de calidad que justificaron su acreditación institucional vigente.”.

28) Incorpórase al título II del capítulo II el siguiente párrafo 2º, que consta de los artículos 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies, nuevos:

“Párrafo 2º Del Proceso de apertura y cierre de sedes, carreras o programas

Artículo 25 ter.- Las instituciones de educación superior acreditadas, podrán abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado, debiendo cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.

Las instituciones de educación deberán informar previamente a la Comisión Nacional de Acreditación sobre la apertura de nuevas sedes o impartir nuevas carreras o programas de pregrado.

Por su parte, aquellas instituciones que cuenten con cuatro años de acreditación institucional deberán solicitar autorización a la Comisión para abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado en áreas del conocimiento distintas a aquellas evaluadas en el último proceso de acreditación al que se sometió la institución de educación superior, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.

Artículo 25 quáter.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior, las instituciones de educación superior deberán presentar a la Comisión, un proyecto que contenga a lo menos, lo siguiente:

a) Justificación de la coherencia, necesidad y pertinencia de la nueva sede, carrera o programa.

b) Indicación de los objetivos de la nueva sede, carrera o programa.

c) Especificación de la infraestructura y de los recursos docentes, académicos, didácticos y financieros con que cuenta la nueva sede, carrera o programa.

d) Especificación de los resultados de aprendizaje previstos, para el caso de la nueva carrera o programa de estudio.

e) Especificación del sistema interno de gestión de la calidad, para el caso de una nueva sede.

f) Etapas y plazos de ejecución del proyecto.

La Comisión, previo informe de la Superintendencia de Educación Superior en lo que respecta a la viabilidad financiera del proyecto, deberá resolver la respectiva solicitud.

Mediante resolución la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo del proceso de autorización de apertura de sedes, carreras y programas.

Artículo 25 quinquies.- Para efectos del cierre de una sede, carrera o programa, las instituciones de educación superior deberán presentar un Plan de Cierre a la Subsecretaría de Educación Superior, el que previamente deberá ser notificado a los estudiantes matriculados en la respectiva carrera.

El Plan de Cierre deberá contener, al menos, lo siguiente:

a) Antecedentes sobre la necesidad de cerrar la sede, carrera o programa.

b) Información relativa a matrícula de la sede, carreras, y programas, planta docente, datos de titulación y retención.

c) Copia de los planes y programas de estudio.

d) Indicar los mecanismos a través de los cuales se resguardará la integridad de los registros académicos de las carreras.

e) Señalar la manera en que se resguardará y garantizará la continuidad de estudios de las y los estudiantes, además de la forma en que éstos recibirán el servicio educativo comprometido hasta finalizar sus carreras, lo que en ningún caso podrá contemplar cobros adicionales.

f) Información detallada sobre etapas y plazos de ejecución del cierre.

La Subsecretaría deberá pronunciarse sobre el Plan de Cierre, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas, las que deberán ser subsanadas por la institución.

Sólo una vez aprobado el Plan de Cierre por la Subsecretaría, la institución de educación superior podrá ejecutarlo. Una vez finalizado el Plan de Cierre, la institución de educación superior deberá presentar los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste dicte el acto administrativo correspondiente.

El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Educación Superior.

Un reglamento del Ministerio de Educación regulará las materias que trata este artículo.”.

29) Reemplázase el epígrafe del título III por el siguiente “De la acreditación de carreras y programas conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos”.

30) Elimínase en el título III la referencia al “Párrafo 1° “Del Objeto de la acreditación””.

31) Elimínase el artículo 26.

32) Reemplázase el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación establecido en este párrafo.

La acreditación de estas carreras y programas consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, y tendrá por objeto certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de los propósitos declarados por la institución que los imparte.

Esta acreditación se extenderá hasta por un plazo de siete años, según el grado de cumplimiento de los estándares de calidad. Con todo, la carrera o programa que no presente un cumplimiento aceptable de los estándares de calidad, no se le otorgará la acreditación.

Un reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de estas carreras y programas, los que, en todo caso, deberán considerar las etapas de autoevaluación, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión.”.

33) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso primero la oración “carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos” por la siguiente frase “las carreras y programas referidas en el artículo anterior”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, las universidades que se encuentren en proceso de licenciamiento y bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación, y que cuenten con la autorización de ese organismo, podrán impartir las carreras referidas en el artículo anterior hasta que dichas instituciones logren la plena autonomía, momento en el cual deberán iniciar su proceso de acreditación y acreditar la o las respectivas carreras. Con todo, las carreras o programas podrán funcionar mientras se tramite este primer proceso de acreditación.”.

c) Intercálase en su inciso tercero, antes de la segunda coma, la frase: “de pedagogía”.

d) Reemplázase en su inciso final la frase “de pedagogía” por la oración “referidas en el artículo anterior”.

34) Modifícase el artículo 27 ter en el siguiente sentido:

a) Incorpórase el siguiente inciso primero nuevo, pasando el actual inciso primero a ser segundo:

“Para efectos de otorgar la acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27, la Comisión Nacional de Acreditación deberá establecer criterios y estándares de calidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”.

b) Reemplázase en el encabezado del inciso primero, que pasa a ser el inciso segundo nuevo, la palabra “orientaciones” por la frase “estándares de calidad”.

c) Reemplázase en el inciso final la frase: “de evaluación” por “y estándares de calidad”.

35) Reemplázase el artículo 27 quáter por el siguiente:

“Artículo 27 quáter.- La acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27 será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación. Con todo, para efectos del financiamiento de dichas acreditaciones, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14.

36) Modifícase el artículo 27 quinquies en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero:

i) Reemplácese la frase: “En caso de que la carrera o programa no obtuviera o perdiese la acreditación a que se refiere este artículo” por la siguiente: “En caso que alguna carrera o programa referidos en el artículo 27 no obtuviera o perdiese la acreditación”.

ii) Incorpórase después de la palabra “supervisión” la segunda vez que aparece, la siguiente frase: “o, si sometiéndose, no obtiene un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación”.

b) Elimínase en su inciso final la frase: “o un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación”.

37) Intercálase en el artículo 27 sexies, en su inciso primero, después de la frase “prosecución de estudios” la siguiente alocución “de las carreras de pedagogía”.

38) Elimínase el artículo 28.

39) Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la oración “Las agencias acreditadoras que, en el cumplimiento de sus funciones, tomen” por la siguiente: “Si en el ejercicio de sus funciones, la Comisión toma”.

b) Reemplázase la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

40) Elimínanse los artículos 30, 31, 32 y 33.

41) Elimínanse los párrafos 2° y 3° del Título III.

42) Reemplázase el nombre del Título IV por el siguiente “De la acreditación de programas de doctorado y especialidades en el área de la salud”

43) Modifícase el artículo 44 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su inciso primero las frases “postgrado correspondientes a magíster,”, “y de otros niveles equivalentes que obedezcan a otra denominación,”, y la palabra “autónomas”.

b) Intercálase en su inciso segundo entre las palabras “de” y “programas” la palabra “estos”.

c) Elimínase en su inciso segundo la frase “de postgrado”.

45) Modifícase el artículo 45 en el sentido que se indica a continuación:

a) Reemplázase la frase “de evaluación” por la siguiente: “y estándares de calidad”.

b) Reemplázase la palabra “postgrado” por la frase “doctorado y especialidades del área de la salud”.

c) Incorpórase a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”

46) Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase su inciso primero por el siguiente:

“La acreditación de programas de doctorado y especialidades en el área de la salud será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación.”.

b) Elimínase su inciso segundo.

c) Incorpórase los siguientes cambios en su inciso tercero, que pasó a ser segundo

i) Reemplázase la oración “En el caso en que un programa de postgrado no cumpla íntegramente con los criterios de evaluación” por la siguiente frase: “En el caso en que un programa de los referidos en el inciso anterior no cumpla íntegramente con los criterios y estándares de calidad”.

ii) Elimínase la frase “agencia o”.

d) Incorpórase en su inciso cuarto, que pasó a ser tercero, las siguientes modificaciones:

i) Reemplázase la frase “de evaluación” por la oración “y estándares de calidad”.

ii) Reemplázase la palabra “Superior” por “Nacional”.

47) Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido:

a) Elimínase en el inciso primero la frase: “; la autorización y supervisión de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado; y la acreditación de programas de postgrado”.

b) Elimínase en el segundo inciso la frase: “las agencias acreditadoras y”.

c) En el inciso final:

i) Elimínase la frase “profesionales y técnicas”.

ii) Reemplázase la palabra “postgrado” por “doctorado”.

48) Modifícase el artículo 48 en el sentido que se indica a continuación:

a) Elimínase su letra b), pasando la actual c) a ser b).

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser el inciso final: “En el caso de la publicidad referida a las carreras o programas de estudio, deberá señalarse el estado de la acreditación institucional, según se establece en el inciso anterior. Además, deberá informarse si se les ha otorgado la acreditación a la carrera o programa respectivo, y si se encontraren en proceso de acreditación, cuando corresponda.”.

49) Reemplázase en el artículo 49 la frase “su División” por “la Subsecretaría”.

50) Modifícase el artículo 50 en el sentido que se indica a continuación:

a) Reemplázase la palabra “División” por “Subsecretaría”.

b) Elimínase la palabra “estadísticos”.

51) Reemplázase el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- El Sistema de Información contendrá los datos que remita la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación. Para estos efectos, la obligación de recoger la información proporcionada por las instituciones, validarla, procesarla e incorporarla al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior corresponderá a la Superintendencia de Educación Superior y a la Comisión Nacional de Acreditación, respectivamente.

La coordinación de los órganos en la incorporación de la información al Sistema Nacional de Información corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior.”.

52) Elimínanse los artículos 52, 53 y 54.

TÍTULO V

DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD

Párrafo 1° Del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo 79.- Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que cumplan con los requisitos señalados en esta ley, podrán acceder al financiamiento institucional para la gratuidad de conformidad a las condiciones que establece este título.

Artículo 80.- Para optar a este financiamiento, las instituciones de educación superior señaladas en el artículo anterior deberán:

a) Contar con cuatro o más años de acreditación institucional, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.129.

b) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

c) Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior regulado en la presente ley. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y firmado por el Ministro o Ministra de Hacienda, establecerá criterios de selectividad para las universidades que reciban este financiamiento, basados en desempeños mínimos que deberán tener los estudiantes matriculados en primer año en dichas instituciones en los instrumentos del Sistema de Acceso.

d) Aplicar políticas, previamente autorizadas por la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país.

Sin perjuicio de los requisitos establecidos anteriormente, si una institución se encuentra en el caso regulado en el artículo 112, no podrá acceder al financiamiento regulado en el presente título, durante el plazo que dicho artículo dispone.

Las instituciones de educación superior estatales que cumplan los requisitos anteriores accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, no siendo aplicables los artículos 81 y 83.

Artículo 81.- Las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado, que deseen acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán solicitarlo a la Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año.

La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Acogida la solicitud, el financiamiento se otorgará a contar del año siguiente y se entenderá que la institución lo mantiene mientras cumpla con lo dispuesto en el presente título y no manifieste su voluntad en contrario de conformidad al artículo 83.

Artículo 82.- La Subsecretaría determinará un monto anual en dinero expresado en pesos para las instituciones que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad. Dicho monto considerará la información del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula establecidos de conformidad a este título. Asimismo, deberá tener en consideración el volumen de estudiantes de cada institución, considerando la información de a lo menos los tres últimos años.

Para establecer el volumen de estudiantes en el caso de instituciones nuevas se considerarán, mientras no alcancen el mínimo de años señalado en el inciso anterior, los años para los cuales la institución disponga de información.

Artículo 83.- La institución reconocida oficialmente por el Estado que opte por dejar de recibir el financiamiento de que trata este título deberá comunicarlo a la Subsecretaría antes del 30 de abril de cada año, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación.

Con todo, la institución deberá asegurar que las y los estudiantes matriculados con anterioridad a dicha comunicación, mantengan la misma situación respecto de todos los cobros que les efectúe la institución o su exención, según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

La institución de educación superior que comunique la decisión de dejar de percibir el financiamiento, podrá volver a solicitarlo sólo una vez transcurridos diez años contados desde la fecha de la referida comunicación.

Artículo 84.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Regirse por la regulación de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en el párrafo 2° y en conformidad al párrafo 5° del presente título.

b) Regirse por la regulación de vacantes establecida en el párrafo 4° del presente título.

c) Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5° de este título.

Párrafo 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo 85.- Aquellas instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se regirán por los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a “grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los años de acreditación institucional con que cuentan las instituciones que las imparten, el tamaño de éstas últimas y la región en que se imparten.

Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán a un valor anual por estudiante, determinado según tipo de institución, es decir, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros por concepto de titulación o graduación corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.

Los valores que trata este artículo se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro o Ministra de Hacienda, y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

Artículo 86.- El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 87, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos.

Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

Artículo 87.- La Subsecretaría establecerá, mediante resolución exenta, visada por el Ministro o Ministra de Hacienda, las bases técnicas para la realización del cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 88.- Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar una primera propuesta a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante “la Comisión”), dentro de los tres años siguientes a la publicación de la resolución exenta que determinó, para el último quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento regulado en este título.

La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaría, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere las modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones.

La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta dentro del plazo de un mes contado desde su recepción. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaría, la que deberá dictar la resolución exenta de conformidad al último pronunciamiento de la Comisión.

La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo deberá entrar en vigencia dentro del plazo de ocho meses contado desde la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero.

En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

Artículo 89.- Dentro del plazo de ocho meses contado desde la dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como también las memorias de cálculo que correspondan.

La Comisión, dentro del plazo de dos meses contado desde la recepción de dicho informe, se pronunciará al respecto, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, dentro del plazo de tres meses contado desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo dictar la o las resoluciones exentas correspondientes.

Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 85.

Artículo 90.- Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente:

a) La definición del o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo.

b) Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a).

c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, de conformidad a la resolución vigente correspondiente a cada tipo de institución de educación superior, sin perjuicio de los reajustes que establece esta ley.

Artículo 91.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones vigentes de que trata el artículo anterior, de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor en los doce meses anteriores al mes de septiembre del año en que se dicta la resolución. Este reajuste aplicará para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de todas las y los estudiantes matriculados en la institución respectiva.

Asimismo, en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad, indicando los años de acreditación institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para ello los años de acreditación institucional del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución.

En caso de que la acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, se deberán considerar los nuevos años de acreditación en la resolución para el año siguiente.

Artículo 92.- Las normas de los capítulos IV y V de la ley N° 19.880 no se aplicarán a lo dispuesto en el presente párrafo.

Párrafo 3° De la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

Artículo 93.- Créase una Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, de carácter permanente. Corresponderá a la Comisión:

a) Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la Subsecretaría.

b) Aprobar u observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación propuestos por la Subsecretaría.

c) Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría.

d) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá solicitar información a la Subsecretaría.

Artículo 94.- La Comisión estará integrada por siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, que acrediten al menos diez años de experiencia laboral o profesional, y dominio y experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos, o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional.

La integración de la Comisión deberá reunir experiencias profesionales o laborales, tanto del subsistema universitario como técnico profesional, así como experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover la paridad de género.

Las y los integrantes de la Comisión serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, mediante concurso público de antecedentes, fundado en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de noventa días. Para ello, la Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles profesionales, y de competencias y aptitudes.

El nombramiento de las y los seleccionados se efectuará mediante resolución del Ministerio de Educación.

Las y los integrantes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán ser designados para un nuevo período, debiendo para ello presentarse al concurso público correspondiente.

La renovación de los integrantes de la Comisión se efectuará por parcialidades, las que como máximo podrán considerar dos miembros. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.

Artículo 95.- No podrán ser nombrados integrantes de la Comisión:

a) Las personas que ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior, de conformidad al artículo 69.

b) Los miembros, asociados o fundadores; o socios o propietarios, según corresponda, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de una institución de educación superior.

c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en las letras anteriores.

d) Los funcionarios o funcionarias públicos, con excepción de aquellos que posean dicha calidad en razón de ejercer labores académicas en las instituciones de educación superior estatales. Así también, quienes detenten convenios de honorarios en Ministerios u otros servicios públicos.

Las personas que al momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a ellas para poder ser nombrados en el cargo.

Una vez que los consejeros hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán tener cualquier participación de aquellas señaladas en la letra b) del presente artículo, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.

Asimismo, no podrán ser nombrados integrantes de la Comisión quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 98 de esta ley.

Artículo 96.- El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría, financiará los gastos de administración y funcionamiento de la Comisión, así como también el monto de los honorarios de sus integrantes, incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Asimismo, la Subsecretaría deberá coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la administración de gastos y el funcionamiento de la Comisión, brindándole asistencia administrativa.

Los honorarios mensuales de cada integrante corresponderán a diez unidades tributarias mensuales, por cada sesión, con un tope total mensual de cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 97.- La Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien la presidirá por los siguientes tres años o hasta que expire su cargo, lo que ocurra primero.

El quórum mínimo para sesionar será de cuatro integrantes y los acuerdos se adoptarán por simple mayoría, decidiendo el voto del Presidente o Presidenta en caso de empate.

De los acuerdos de la Comisión se dejará constancia en los libros de actas respectivos y en las resoluciones que se emitan.

Artículo 98.- Serán causales de cesación en el cargo de integrante de la Comisión:

a) Expiración del plazo por el que fueron designados.

b) Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro o Ministra de Educación.

c) Incapacidad legal sobreviniente.

d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e) Faltas graves al cumplimiento de las obligaciones en su calidad de integrante de la Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves:

i) Inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en un semestre calendario.

ii) No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

Artículo 99.- Los integrantes de la Comisión no tendrán carácter de personal de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, les serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en el título III del decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el capítulo I del título II de la ley N° 20.880, y las previstas en el título V del libro II del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, por consiguiente, comprendidos en el artículo 260 del referido Código.

Artículo 100.- Respecto de las resoluciones de la Comisión de Expertos no procederá ninguna clase de recursos, jurisdiccionales o administrativos, de naturaleza ordinaria o extraordinaria.

Párrafo 4° Regulación de las vacantes de las instituciones de educación superior

Artículo 101.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Dicha resolución considerará, entre otras, las siguientes variables:

a) Los años de acreditación institucional.

b) El tipo de institución, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica.

c) La cobertura regional de la educación superior.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, la Subsecretaría deberá considerar antecedentes tales como la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, regulada en el artículo 12, así como otras estrategias y políticas relevantes para los subsistemas universitario y técnico profesional.

Párrafo 5° Del deber de otorgar estudios gratuitos y cobros regulados

Artículo 102.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que, de acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser chileno o chilena; extranjero o extranjera con permanencia definitiva; o extranjero o extranjera con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.

b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de esta ley.

Se entenderá que cumplen este requisito, las y los estudiantes que hayan obtenido una licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a un título profesional, mientras no obtengan este último.

c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Artículo 103.- Para efectos de esta ley, se entenderá que la institución de educación superior cumple con otorgar estudios gratuitos si exime a las y los estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, de cualquier pago asociado a arancel y a derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, respecto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en modalidad semipresencial, su financiamiento deberá ser autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos en el reglamento respectivo.

En lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación, las instituciones de educación superior sólo podrán cobrar como máximo aquel valor definido de conformidad al párrafo 2º de este título.

Artículo 104.- La obligación de otorgar estudios gratuitos de que trata este párrafo será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas.

La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudios y los procesos asociados a la titulación o graduación de las y los estudiantes. Dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior de conformidad a las normas vigentes.

Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachilleratos u otros equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el o la estudiante.

Artículo 105.- Tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante del artículo anterior, como para aquella a la que se refiere el artículo 107, no se considerará el tiempo en el cual el o la estudiante suspenda justificadamente sus estudios, siempre que dicha suspensión sea aprobada por la institución respectiva y se haya notificado a la Subsecretaría según lo disponga el reglamento.

Artículo 106.- En caso de estudiantes que realicen cambios de carreras o programas de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones que acceden al financiamiento institucional, éstas mantendrán su obligación de otorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan lo dispuesto en el artículo 102 sólo respecto del cambio de la primera carrera o programa de estudios a otra.

Para la determinación de la duración de dicha obligación se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio en curso, descontándosele el total del tiempo que el o la estudiante haya cursado de forma gratuita en la anterior carrera o programa de estudio.

Artículo 107.- En caso que la permanencia de un estudiante que cumple con los requisitos para acceder a estudios gratuitos en una institución de educación superior que recibe el financiamiento institucional exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, la institución podrá cobrar a dicho estudiante de conformidad a lo dispuesto a continuación:

a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta solo podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional a dicho plazo.

b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a).

La determinación del porcentaje de cobro lo realizará la institución de educación superior en la cual el o la estudiante se encuentre matriculado, de conformidad a los límites máximos señalados en el inciso anterior.

Artículo 108.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102, las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan con lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título técnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior, para cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea la obtención de un título profesional o grado académico de licenciado impartido por una institución que reciba dicho financiamiento.

Para la determinación de la duración de los estudios gratuitos, se considerará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106.

Asimismo, dichas instituciones deberán otorgar estudios gratuitos a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 102 y que posean el grado de licenciado o licenciada otorgado por instituciones de educación superior, para cursar un módulo de licenciatura conducente a título pedagógico otorgado por una institución que reciba el financiamiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo.

Artículo 109.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, podrán cobrar como máximo a aquellos estudiantes que cumplan solo lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 102, y a aquellos estudiantes que cumpliendo con los requisitos del referido artículo realicen más de un cambio de carrera en conformidad a lo dispuesto en el artículo 106, el arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación fijados para la carrera o programa de estudio respectivo de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º de este título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108.

Los nuevos valores establecidos en las resoluciones exentas señaladas en el artículo 89, serán aplicables a las y los nuevos estudiantes matriculados el año en que se inicia la vigencia de la resolución respectiva.

Respecto de aquellos estudiantes que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos matriculados en carreras o programas de estudios conducentes a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura en modalidad a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas por la Subsecretaría, no aplicará el límite dispuesto en el inciso anterior.

Párrafo 6° Infracciones y sanciones a este título

Artículo 110.- La Superintendencia de Educación Superior fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente título, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 111.- Sin perjuicio de las demás infracciones que la ley establezca, el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) y d) del artículo 80 se considerarán infracciones graves.

En caso que una institución de educación superior pierda su acreditación, se requerirá únicamente la notificación de esta circunstancia que realice la Comisión Nacional de Acreditación a la Subsecretaría para que ésta determine la pérdida del financiamiento público regulado en este título.

Por su parte, en caso que la institución de educación superior incumpla el requisito establecido en la letra b) del artículo 80, la Subsecretaría determinará la pérdida del financiamiento público regulado en este título.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 84 de la presente ley se considerarán infracciones gravísimas. En caso que la institución incumpla lo dispuesto en la letra b) de dicho artículo se descontará de los recursos que se le transfieran por los nuevos estudiantes matriculados, una proporción equivalente al porcentaje del total de estudiantes nuevos matriculados por sobre el límite correspondiente. En este caso la institución igualmente deberá otorgar estudios gratuitos a todos aquellos estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo 102, y que mantengan las condiciones señaladas en el párrafo 5º del presente título.

Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior que ejecute dicha medida, a partir del año siguiente a la fecha de la resolución final del procedimiento sancionatorio. Se entenderá, para estos efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.

La Superintendencia podrá establecer devoluciones de dinero a favor de las y los estudiantes, así como también otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas medidas se considerará como una circunstancia atenuante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58.

En caso que se disponga la pérdida del financiamiento público regulado en este título de conformidad a este artículo, la institución sancionada sólo podrá solicitar nuevamente el acceso a dicho financiamiento diez años después de la resolución final del procedimiento sancionatorio de la Superintendencia. Con todo, este plazo no regirá cuando la pérdida del financiamiento se deba a la no obtención de la acreditación.

Artículo 112.- Si una institución que recibe el financiamiento público regulado en el presente título es sancionada por infracciones graves o gravísimas cinco o más veces dentro de tres años, la o el Superintendente resolverá la pérdida de dicho financiamiento, solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior la ejecución de la medida.

En este caso, la institución sancionada sólo podrá solicitar el acceso al financiamiento público regulado en el presente título diez años después de la resolución final en que la Superintendencia resolvió la pérdida del financiamiento.

Artículo 113.- El Estado transferirá recursos públicos a las instituciones que dejen de recibir el financiamiento institucional para la gratuidad, respecto de aquellos estudiantes que con anterioridad a la comunicación regulada en el artículo 83 o a la determinación de la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título, cursaban sus estudios de forma gratuita, en la medida que éstos mantengan los requisitos y condiciones regulados en el presente título.

Las instituciones de educación superior que sean sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el presente párrafo, deberán asegurar que aquellos estudiantes matriculados con anterioridad a la verificación de la infracción, mantengan la misma situación respecto de los cobros que efectúe la institución o su exención, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

Artículo 114.- Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda, regulará las materias y procedimientos necesarios para la aplicación del presente título.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 115.- La Subsecretaría de Educación Superior será la sucesora legal de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una vez que entre en funcionamiento conforme a lo establecido en el número 6 del artículo quinto transitorio de esta ley.

En consecuencia, toda referencia que las leyes, reglamentos y demás normas hagan a la División de Educación Superior y al Jefe de División de dicha repartición, deberán entenderse hechas a la Subsecretaría de Educación Superior y al Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, respectivamente, desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo 116.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.591 que establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y personal:

1) Reemplázase en el artículo 79, la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

2) Reemplázase en el artículo 80, la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

3) Reemplázase en el artículo 80 bis la expresión “Valores y Seguros” por la expresión “Educación Superior”.

Artículo 117.- Modifícase la ley N° 18.956, en el siguiente sentido:

1) Intercálase en la letra i) del artículo 2 bis, a continuación de la palabra “Educación” la frase “o la Superintendencia de Educación Superior”.

2) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Introdúzcase la siguiente letra d) nueva, pasando la actual letra d) a ser letra e):

“d) La Subsecretaría de Educación Superior.”.

b) Remplázase el inciso tercero por uno nuevo del siguiente tenor:

“El Ministro o Ministra de Educación será subrogado, en primer orden, por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación, y a falta de ésta, sucesivamente por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Parvularia y por el Subsecretario o Subsecretaria de Educación Superior, sin perjuicio de la facultad del Presidente o Presidenta de la República para nombrar como subrogante a otro Secretario o Secretaria de Estado.”.

3) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “Tendrá a su cargo la coordinación”, la frase “de las Subsecretarías que componen el Ministerio,”.

b) Agrégase un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“Asimismo, contará con una unidad de formación técnico profesional, encargada de la coordinación de las iniciativas relacionadas con la modalidad formativa técnico profesional a nivel sectorial, entre la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, asegurando que las políticas de formación técnico profesional de cada subsecretaría se articulen en pos del desarrollo de trayectorias educativo- laborales. Además, le corresponderá apoyar técnicamente al Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, para la elaboración de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional.”.

4) Derógase el artículo 8°.

Artículo 118.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación:

1) Agrégase en la letra d) del artículo 52, a continuación de la frase “Suboficiales de Carabineros de Chile,” la frase “la Escuela de Gendarmería de Chile;”.

2) Agrégase en el artículo 54 letra a) a continuación de la frase “de una duración mínima de mil seiscientas clases” la oración “o cuatro semestres”.

3) Reemplázase el inciso segundo del artículo 100 por un inciso segundo nuevo del siguiente tenor:

“En caso contrario, el Consejo deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución.”.

4) Derógase el artículo 114.

Artículo 119.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.800:

1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “El Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación preliminar, de carácter indagatorio,” por “La Superintendencia de Educación Superior (en adelante “la Superintendencia”), de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación”.

b) Remplázase el inciso segundo por el siguiente:

“La Superintendencia podrá, para los fines de esta investigación, ingresar a la institución, acceder y recopilar toda la información que estime necesaria, sin impedir el normal funcionamiento de las actividades académicas de la misma.”.

c) Remplázase en los incisos tercero, cuarto y quinto, la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “preliminar, el Ministerio de Educación” por “, la Superintendencia”.

b) Reemplázase la letra c) por la siguiente:

“c) Proponer al Ministerio de Educación que dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, en caso de que se constaten problemas de entidad tal que pudieren ser constitutivos de causales de aquella. De decretarse la revocación, el Ministerio procederá al nombramiento de un administrador de cierre.”.

c) Reemplázase en el inciso final la referencia a “N° 19.880” por “ de Educación Superior”.

3) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido:

a) Reemplázanse todas las referencias a “el Ministerio de Educación”, a “al Ministerio de Educación” y a “el Ministerio” por la frase “la Superintendencia” o “a la Superintendencia”, según corresponda.

b) Incorpórase en el inciso segundo después de “plan” la frase “previo informe favorable del Ministerio de Educación,”, precedida por una coma.

c) Elimínase en el inciso tercero la palabra “ministerial”.

d) Reemplázase en el inciso cuarto la palabra “decretará” por el vocablo “resolverá”.

4) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase en el inciso primero, en la letra d), después de “la ley N° 20.720” la frase “en cuyo caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar dicha circunstancia a la Superintendencia de Educación Superior.”, precedida de una coma.

c) Incorpórase en el inciso primero las siguientes letras f) y g) nuevas:

“f) En caso que una institución de educación superior autónoma no se acredite de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.129.

g) Si una institución de educación superior constituida como persona jurídica sin fines de lucro no cumpla con su obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que genere, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brinda.”.

d) Elimínanse sus incisos tercero, cuarto, quinto y sexto.

5) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la frase “entenderán que son entes relacionados,” por “entenderá por personas relacionadas” y la referencia a “el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores” por “el artículo 68 de la Ley de Educación Superior”.

6) Reemplázase en el artículo 9:

a) En el inciso segundo la referencia “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia” y la palabra “Éste” por “Ésta”.

b) En el inciso tercero la referencia “el Ministerio” por “la Superintendencia”.

7) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“El administrador provisional, dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, deberá levantar un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero en que recibe la institución de educación superior. Asimismo, dentro de los sesenta días siguientes a su nombramiento deberá realizar un informe respecto de la situación financiera y patrimonial en que se encuentra la institución. Este informe comprenderá, a lo menos, la gestión de la institución de educación superior realizada durante los sesenta días anteriores a que haya asumido sus funciones.”.

b) En el inciso segundo reemplázase la palabra “treinta” por “sesenta”.

c) En el inciso segundo reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia, con informe favorable del Ministerio de Educación.”

d) En el inciso tercero reemplázase la referencia “al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

e) En el inciso cuarto reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”.

f) En el inciso quinto:

i. Reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

ii. Reemplázase la frase “División de Educación Superior del Ministerio de Educación” por “misma”.

8) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido:

a) En el inciso cuarto, reemplázase “al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”.

b) En el inciso quinto, reemplázase “al Consejo” por “a la Superintendencia”.

c) En el inciso sexto, reemplázase “El Consejo” por “La Superintendencia”.

9) Modifícase el artículo 12 en el siguiente sentido:

a) En el inciso primero reemplázase las frases “un año, plazo prorrogable por una sola vez hasta por igual período” por “por un plazo de hasta dos años, prorrogable hasta por un año más” y “el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por mayoría de sus miembros en ejercicio” por “la Superintendencia”.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los demás a ordenarse sucesivamente:

“Con todo, en caso que, de conformidad a la letra f) del artículo 6 de esta ley, se nombre un administrador provisional por la no acreditación según la ley N° 20.129, este durará tres años en su cargo, prorrogable hasta por un año más.”

c) Reemplázase en el inciso cuarto nuevo “El Ministro de Educación,” por “La Superintendencia”, y elimínese la frase “previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto,”.

10) Reemplázase en el artículo 13 en su inciso segundo, letra g) la palabra “tres” por la expresión “cuatro”.

11) Reemplázase en el artículo 16 la frase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia, para que ésta proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”.

12) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente:

“El informe señalado en el inciso anterior deberá ser entregado a más tardar un mes después del término de la gestión del Administrador Provisional y deberá ser aprobado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la designación del Administrador Provisional será alzada por la Superintendencia, una vez aprobado el referido informe y habiéndose subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el Administrador Provisional.”.

13) Reemplázase en el artículo 19 la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

14) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese, en el inciso primero la oración “el Ministerio de Educación dará inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “la Superintendencia enviará los antecedentes al Ministerio de Educación para que, de estimarlo procedente, dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior”.

b) En el inciso segundo, elimínase la expresión “, lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”.

c) En el inciso cuarto, reemplázase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”, la palabra “éste” por “ésta” y la oración “El Ministerio de Educación, si lo estima pertinente, podrá dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial de la institución de educación superior” por “La Superintendencia, si lo estima pertinente y mediante resolución fundada, podrá proceder en conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”.

d) Incorpórase el siguiente inciso final:

“Para efectos de lo señalado en el inciso primero la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá comunicar a la Superintendencia de Educación Superior la circunstancia de haberse dictado una resolución de liquidación de la respectiva institución o de su entidad organizadora en conformidad a la ley N° 20.720.”.

15) Reemplázase en el artículo 21 la frase “y al Superintendente” por “, a la Superintendencia de Educación Superior y a la Superintendencia”.

16) Sustitúyese en el artículo 24, inciso quinto, la palabra “tres” por “cuatro”.

17) Reemplázase en el artículo 25 la palabra “División” por “Subsecretaría” y elimínese la frase “provisional o”.

18) Incorpórase el siguiente artículo cuarto transitorio:

“Artículo cuarto.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 13 letra g) y 24 de la presente ley, también podrán suscribirse convenios con instituciones de educación superior que cuenten con al menos cuatro años de acreditación conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129 y sus modificaciones.”.

Artículo 120.- Derógase el artículo 3 que establece un aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que fija normas sobre financiamiento de las universidades.

Artículo 121.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en las siguientes disposiciones transitorias.

Párrafo 1° De la transitoriedad de las normas relativas al Título I

Artículo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren bajo régimen de supervisión por parte del Ministerio de Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de examinación por parte de otra institución de educación superior, tendrán el plazo de un año contado desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior para iniciar el proceso de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación. En caso de no iniciar dicho proceso en el plazo indicado, el Ministerio de Educación iniciará el procedimiento de cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial de conformidad a los artículos 64, 74 y 81 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, según corresponda.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá que la institución de educación superior ha iniciado el proceso de licenciamiento una vez que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:

a) Que la institución presente los antecedentes y formularios solicitados por el Consejo Nacional de Educación para estos efectos.

b) Que presente el informe de análisis institucional para el proceso de autonomía ante dicho organismo.

c) Que pague los aranceles fijados por el Consejo por concepto de verificación de proyectos institucionales establecidos en la circular respectiva.

Artículo tercero.- El Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior establecido en el párrafo 3° del título I de esta ley será obligatorio para las instituciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 7º de esta ley a partir del año 2020, iniciando su funcionamiento para los procesos de admisión del año 2021.

Artículo cuarto.- Corresponderá a la Subsecretaría, dentro del plazo de tres años desde su entrada en funcionamiento, proponer al Ministro o Ministra de Educación un Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior (en adelante “Marco”). Para el desarrollo de la propuesta, la Subsecretaría deberá considerar la participación de los distintos ministerios y servicios públicos con competencia en la materia, especialmente del sector laboral y productivo. Asimismo, deberá considerar la participación de representantes de las instituciones educativo-formativas, tanto de la educación formal como no formal, así como también representantes del sector productivo y expertos.

La propuesta de Marco deberá considerar el procedimiento para construir, actualizar, sancionar e implementar el Marco, así como la institucionalidad que lo administre. Con todo, se establecerá un mecanismo de revisión y actualización que se ejecutará al menos cada cinco años.

Artículo quinto.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta podrá incluir a las y los funcionarios de la División de Educación Superior, y adicionalmente, podrá incluir a las y los funcionarios de la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de las y los funcionarios titulares de planta y de personal a contrata desde la División de Educación Superior, y desde la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, si procede, a la Subsecretaría de Educación Superior. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado y en la misma calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de las y los funcionarios que se traspasarán por estamento a la Subsecretaría de Educación Superior. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario o funcionaria traspasada se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de las y los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento de la planta de la Subsecretaría de Educación Superior. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios o funcionarias dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en la ley Nº 19.553, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de las y los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Asimismo, podrá determinar la fecha de entrada en vigencia de los traspasos y los encasillamientos que se practique a dicha planta. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Subsecretaría de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior y la fecha de supresión de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, la cual será la misma de entrada en vigencia del numeral 4) del artículo 117 de la presente ley.

Artículo sexto.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de las y los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Las y los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo séptimo.- El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo octavo.- Los procedimientos administrativos, de fiscalización y sancionatorios, iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, especialmente aquellos regidos por la ley N° 20.800, y que se sustancien ante la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, continuarán su tramitación ante la Subsecretaría de Educación Superior desde la fecha de entrada en vigencia de esta última, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo quinto transitorio de esta ley, y conforme a las normas vigentes a la época de su iniciación, hasta su total terminación.

Párrafo 2° De la entrada en vigencia de la Superintendencia de Educación Superior

Artículo noveno.- Desde de la fecha de publicación de la presente ley, el Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar al Superintendente o Superintendenta de Educación Superior, quien asumirá de inmediato, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la ley N° 19.882 para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, tendrá derecho a una remuneración equivalente al grado 1 de la Escala de Fiscalizadores del decreto ley N° 3.551, de 1981, que será financiada con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación mientras no entre en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior. Al Superintendente o Superintendenta le corresponderá realizar todas las gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento de dicha Superintendencia.

Artículo décimo.- Facúltase al Presidente o Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro o Ministra de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1) Fijar la planta de personal de la Superintendencia de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta, cuando proceda, podrá incluir personal del Ministerio de Educación.

2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba la o el funcionario traspasado.

3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de las y los funcionarios que se traspasarán por estamento y calidad jurídica desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. Con todo, la individualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo de que era titular la o el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de las y los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal, se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, podrá determinar el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de la ley N° 19.882 y los niveles para la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios o funcionarias dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en las leyes N° 19.528 y N° 18.091, entre otras.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de las y los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley señalados precedentemente. Asimismo, a las y los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.

5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Además, podrá fijar la fecha de los traspasos y encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior.

Artículo décimo primero.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de las y los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado.

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios y funcionarias, excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

d) Las y los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo décimo segundo.- El Presidente o Presidenta de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Educación Superior, y transferirá a ella los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto, crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo décimo tercero.- Mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribir el Ministro o Ministra de Educación, se determinarán los bienes muebles e inmuebles fiscales que se traspasarán a la Superintendencia de Educación Superior. La o el Superintendente de Educación Superior requerirá de las reparticiones correspondientes las inscripciones y anotaciones que procedan, con el solo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo décimo cuarto.- Las modificaciones establecidas en artículo 119 entrarán en vigencia desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo a lo establecido en el número 6) del artículo décimo transitorio, a excepción de las indicadas en los números5) y 7) letra a) del señalado artículo 119.

Por su parte, lo dispuesto en la nueva letra f) del artículo 6 de la ley N° 20.800, incorporada por el letra c) del número 4 del artículo 119, entrará vigencia el 1 de enero del año 2020.

Párrafo 3° De la transición de la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo décimo quinto.- La obligación de llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados establecida en el artículo 33 a las instituciones de educación superior, será exigible en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, sin perjuicio de aquellas obligaciones en materias relacionadas que se establezcan en otras leyes.

Artículo décimo sexto.- Las obligaciones de informar que establece el artículo 34 a las instituciones de educación superior, serán exigibles en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ejercer las facultades que dicha norma confiere a la Superintendencia de Educación Superior en tanto ésta no inicie sus funciones.

Párrafo 4° De la transición a las nuevas regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo décimo séptimo.- Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de esta ley dentro del plazo de dos años contado desde su publicación.

Artículo décimo octavo.- Para cumplir con las regulaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 70 a 77 de esta ley, las instituciones de educación superior deberán modificar los actos o contratos que hayan otorgado o celebrado, dentro del plazo de tres años contado desde su publicación.

Párrafo 5° De las transiciones de los procedimientos de acreditación

Artículo décimo noveno.- El Comité de Coordinación a que se refiere el artículo 3 de la ley N° 20.129, deberá constituirse dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

A más tardar dentro de seis meses de constituido el Comité, deberá establecerse el primer Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior del que trata la letra d) del artículo 4 de la ley N° 20.129.

Artículo vigésimo.- Los numerales 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 y 27 del artículo 78 de la presente ley, que modifica la ley N° 20.129 entrarán en vigencia a contar del 1 de enero del 2020.

Por su parte, las disposiciones del artículo 78 de la presente ley que modifican el capítulo III de la ley N° 20.129 entrarán en vigencia una vez que inicie su funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior de conformidad con el artículo quinto transitorio.

Artículo vigésimo primero.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá elaborar una primera propuesta de los criterios y estándares de los que trata el nuevo artículo 18 de la ley N° 20.129 que se entregará al Comité Coordinador para su aprobación, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha en que el Comité se haya constituido. En caso que el Comité no aprobare la propuesta en el plazo señalado, se entenderá aprobada la propuesta de la Comisión.

Para estos efectos, la Comisión Nacional de Acreditación deberá iniciar el proceso de consulta del que trata el inciso segundo del nuevo artículo 18 de la ley N° 20.129 dentro del plazo de ocho meses de publicada esta ley.

Con todo, dichos criterios y estándares de calidad deberán estar aprobados y publicados antes del 1 de enero del año 2020.

Artículo vigésimo segundo.- La obligación de las instituciones de educación superior autónomas de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con lo establecido en el nuevo artículo 15 de la ley N° 20.129, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

Con todo, a aquellas instituciones de educación superior autónomas que no se encontraren acreditadas institucionalmente al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 22 de la ley N° 20.129, sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación institucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto transitorio.

Las acreditaciones institucionales otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán su vigencia por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

Artículo vigésimo tercero.- La obligación de acreditar las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano, de conformidad con el numeral 32 del artículo 78 de esta ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020.

Con todo, a aquellas carreras y programas que no se encontraren acreditados al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 27 quinquies de la ley N° 20.129 sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación de dichas carreras y programas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo sexto transitorio.

Aquellas carreras y programas de estudio a las que la Comisión Nacional de Acreditación o una agencia acreditadora les otorgó la acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán la vigencia de la misma por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación señalada en el inciso primero de este artículo.

Artículo vigésimo cuarto.- Aquellas instituciones de educación superior no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar procesos de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019. Por su parte, aquellas instituciones cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante los años 2018 y 2019 podrán iniciar sus procedimientos de acreditación de conformidad con la normativa vigente.

Asimismo, aquellas instituciones de educación superior que dicten carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar sus procesos de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019.

Artículo vigésimo quinto.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá notificar antes del 15 de enero de 2020 a aquellas instituciones de educación superior autónomas, cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante dicho año, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación institucional.

Asimismo, la Comisión notificará a aquellas universidades que impartan carreras y programas de acreditación obligatoria, cuyas acreditaciones vencieren durante el 2020, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación.

Con todo, las acreditaciones institucionales y de carreras y programas de acreditación obligatoria que vencieren durante el año 2020 se entenderán, para todos los efectos legales, vigentes hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso de acreditación institucional conforme al presente artículo.

Artículo vigésimo sexto.- Aquellas instituciones de educación superior autónomas y las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas al 31 de diciembre del año 2019, se sujetarán a las siguientes reglas para el inicio de sus procesos de acreditación obligatoria:

1) La Comisión Nacional de Acreditación establecerá, a más tardar el 1 de diciembre de 2019, mediante un sistema aleatorio, las fechas de inicio de los procesos de acreditación.

2) La Comisión Nacional de Acreditación comenzará a tramitar dichos procesos de acreditación según el orden establecido de conformidad con el numeral anterior, a partir del 1 de enero del año 2020, los que no podrán extenderse más allá del año 2024.

Artículo vigésimo séptimo.- Las carreras y programas conducentes al título profesional de médico cirujano que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encontraren en proceso de acreditación ante agencias de acreditación continuarán con dicho proceso hasta su finalización. Dichos procesos no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2019.

Artículo vigésimo octavo.- Los procedimientos de acreditación institucional de instituciones de educación superior iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se regirán por las siguientes reglas:

1) En los procesos de acreditación institucional iniciados hasta el 31 de diciembre de 2024 no será exigible para otorgar la acreditación institucional y la acreditación institucional condicional acreditar las dimensiones de vinculación con el medio y de generación de conocimiento, creación e innovación.

2) Asimismo, en los procesos de acreditación institucional iniciados entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2040, no será exigible para otorgar la acreditación institucional y la acreditación institucional condicional la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.

Por su parte, a partir del 1 de enero de 2035, sólo aquellas instituciones de educación superior que hayan acreditado la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación podrán acceder a fondos o recursos públicos destinados al financiamiento de la investigación científica y tecnológica.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los procesos de acreditación deberá evaluarse el cumplimiento de los criterios y estándares correspondientes a todas y cada una de las dimensiones señaladas en el nuevo artículo 17 de la ley Nº 20.129.

Hasta el 1 de enero de 2040 los aranceles regulados fijados por la Comisión de Expertos de los que trata el título V de la presente ley, se determinarán por grupos de carreras y considerarán los años de acreditación institucional; las dimensiones o áreas en las que se encuentre acreditada la respectiva institución; el tamaño de estas últimas; y, la región en que se imparten.

Artículo vigésimo noveno.- Se entenderá que la Universidad de Aysén y la Universidad de O’Higgins, creadas mediante la ley N° 20.842, así como también los centros de formación técnica estatales creados mediante la ley N° 20.910, cumplen con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 15 de la ley N° 20.129, incorporada por el numeral 14 de esta ley, mientras den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.842, y el artículo tercero transitorio de la ley N° 20.910. Vencidos tales plazos, dichas instituciones deberán acreditarse de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.

Párrafo 6° De la designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación

Artículo trigésimo.- La designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad con lo establecido en la presente ley, deberá efectuarse dentro del plazo de nueve meses contado desde su publicación.

Con el objeto de permitir la renovación parcial de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, la mitad de los consejeros señalados en las letras a) y b), y el consejero de la letra c) del artículo 7 de la ley N° 20.129, incorporado por el numeral 7 del artículo 78 de esta ley, serán nombrados por un periodo de tres años. En el acto de nombramiento deberá constar la circunstancia de ejercerse el cargo por este período especial.

Por su parte, los representantes estudiantiles que integran la Comisión a la fecha de la publicación de esta ley, se mantendrán en sus cargos hasta el vencimiento de su periodo, momento en el cual tendrán que ser reemplazados en conformidad a la normativa vigente.

Artículo trigésimo primero.- La Comisión Nacional de Acreditación, dentro del plazo de 3 años contado desde que se haya integrado de conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo transitorio, desarrollará una propuesta para el establecimiento de un nuevo procedimiento de acreditación, la que deberá contemplar, al menos, el establecimiento y la definición de nuevos niveles de acreditación, que reemplazarán la acreditación por años.

Párrafo 7° De las transiciones del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo trigésimo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de publicación de esta ley reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, se entenderá que continuarán recibiendo dicho financiamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, estas instituciones podrán manifestar al Ministerio de Educación su voluntad de no continuar recibiéndolo. Para ello, desde la fecha de publicación de esta ley, tendrán un plazo de sesenta días para solicitar su retiro, caso en el cual, se mantendrá el financiamiento solamente para aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios en años anteriores y cumplan los requisitos para mantener sus estudios gratuitos, según los requisitos y condiciones en las que fueron otorgadas.

Con todo, las instituciones señaladas en el inciso primero, para mantener el financiamiento público regulado en el título V, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 80 de la presente ley de conformidad a lo dispuesto en el artículo trigésimo noveno.

Artículo trigésimo tercero.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad cumplirán la obligación señalada en la letra c) del artículo 84 de conformidad a lo señalado en el siguiente cronograma y a lo dispuesto en dicho título.

a) Desde el año 2018 hasta el año en que se verifique lo dispuesto en la letra siguiente, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

b) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

c) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 24,5% respecto del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los ocho primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

d) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 26,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los nueve primeros deciles de menores ingresos de la población del país.

e) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del presente artículo, que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 29,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V.

Desde el año 2020, el Ministerio de Hacienda verificará, a más tardar el 15 de julio de cada año, el cumplimiento de los requisitos antedichos referidos a los ingresos fiscales estructurales. Para ello utilizará las estadísticas de ingresos cíclicamente ajustados calculados por la Dirección de Presupuestos, publicados anualmente en su Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público, y las estadísticas de PIB tendencial reportadas en el acta del Comité Consultivo del PIB Tendencial más próximo a la fecha señalada, llevadas a moneda de cada año con el deflactor del PIB del año respectivo, reportado por el Banco Central de Chile.

Un reglamento del Ministerio de Hacienda, que deberá ser firmado por el Ministro o Ministra de Educación, regulará las materias señaladas en el presente artículo.

Artículo trigésimo cuarto.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, cumplirán la obligación señalada en la letra a) del artículo 84 de conformidad a lo señalado en el artículo trigésimo tercero anterior y a lo dispuesto en el título V de la presente ley.

Las instituciones de educación superior podrán cobrar como máximo los derechos básicos de matrícula y el arancel regulado más un porcentaje adicional de éstos, fijados para la carrera o programa de estudio respectivo, a:

1) Aquellos estudiantes que cumplen los requisitos para cursar estudios gratuitos, señalados en el párrafo 5° del título V, mientras no cuenten con la condición socioeconómica señalada en las letras del artículo anterior.

2) Aquellos estudiantes señalados en el inciso primero del artículo 109.

La determinación del porcentaje adicional se establecerá según la condición socioeconómica del estudiante de la forma que sigue:

a) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan a los primeros siete deciles de menores ingresos del país: hasta un 20%.

b) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan al octavo y noveno decil de menores ingresos del país: hasta un 60%.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, para el caso de las y los estudiantes extranjeros que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos estudiantes que se encuentren matriculados en carreras o programas de estudio no comprendidos en el artículo 103 o aquellos estudiantes que provengan de hogares pertenecientes al décimo decil, no se les aplicarán las limitaciones anteriores.

Artículo trigésimo quinto.- Para la determinación de los deciles señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las y los estudiantes, la presentación de antecedentes en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). El Ministerio de Educación podrá verificar y complementar la información proporcionada por las y los estudiantes para acceder a este beneficio, pudiendo solicitar antecedentes a diversas entidades públicas y privadas, considerando entre otros, el instrumento establecido en el artículo 5° de la ley N° 20.379.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del año 2020, se utilizará el instrumento establecido en el artículo 5° de la ley N° 20.379.

Artículo trigésimo sexto.- La primera resolución exenta que establezca las primeras bases técnicas para el cálculo del arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras, deberá dictarse dentro del plazo de dos años contado desde la fecha de publicación de la ley. Para estos efectos, se aplicará el procedimiento regulado en los incisos siguientes.

La Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos, establecida en el párrafo 3° del título V, una primera propuesta de bases técnicas a que se refiere este artículo, debiendo considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior, de conformidad a los incisos primero y segundo del artículo 88.

La Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo de tres meses, aprobando dicha propuesta o realizando observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, tomando en consideración dichas observaciones deberá dictar las resoluciones exentas que establezcan las primeras bases de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2º del título V de esta ley, la que deberá dictarse en el mes de diciembre del año correspondiente.

Para la determinación de los valores señalados en el inciso primero, se estará a lo dispuesto en el artículo 89 de la presente ley.

Artículo trigésimo séptimo.- Mientras no se encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan los valores regulados de arancel, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación de un grupo de carreras o programas de estudio determinado, dictadas en conformidad a lo establecido en el título V de esta ley, el cálculo del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula para dicho grupo, se realizará de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes.

La fórmula de cálculo de arancel regulado de los grupos de carreras o programas de estudio se establecerá mediante decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro o Ministra de Hacienda, la que se determinará en base a los derechos básicos de matrícula promedios por el tipo de institución que corresponda, determinados conforme al inciso quinto del presente artículo, y al promedio ponderado de los aranceles de referencia del año 2017 de las carreras o programas de estudio de dicho grupo de las instituciones que durante dicho año se encontraban adscritas al financiamiento regulado en las asignaciones 24.03.198 y 24.03.199, asociadas al programa 09.01.30, Educación Superior, de la ley N° 20.981 y contaban con el mismo número de años de acreditación institucional al 31 de diciembre de 2016, considerando también las áreas o dimensiones de acreditación de las instituciones a la misma fecha.

El Ministerio de Educación deberá publicar en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, el valor del arancel regulado calculado según lo dispuesto en el inciso anterior, el que deberá ser actualizado anualmente de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor. Para cada año, el arancel regulado de cada carrera o programa de estudio en cada institución será asignado según el grupo que le corresponda de acuerdo a la acreditación institucional y las áreas o dimensiones de acreditación al 31 de diciembre del año anterior.

El monto que corresponda transferir a las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad para aquellas carreras o programas de estudios señalados en el artículo 102 respecto de cuyos grupos de carreras o programas no se haya dictado una resolución exenta que establezca el cálculo de los valores señalados en el inciso primero, se determinará sumando los siguientes valores:

a) El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes respecto de los cuales la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V y según el cronograma señalado en el artículo trigésimo tercero transitorio, al año académico correspondiente.

b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula reajustados, según se establece en el párrafo siguiente, y el del arancel regulado calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes señalados en la letra anterior, al año académico correspondiente. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante de la letra anterior.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de las universidades, se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2015, reajustados de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2014 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero. Por su parte, para el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2016, reajustado de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2015 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero.

Si algún programa de estudios no tuviera información del arancel real o derechos básicos de matrícula según lo considerado en el inciso anterior, se utilizará el valor correspondiente al primer valor del arancel real y derecho básico de matrícula que registre el programa de estudio, el que será reajustado de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre enero del primer año de registro y noviembre del año anterior para el cual se calculan los valores.

Artículo trigésimo octavo.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberá procederse al nombramiento de los profesionales que integrarán la Comisión de Expertos y a la instalación del mismo, de acuerdo al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título V.

Para los efectos de la renovación parcial de la Comisión de Expertos, el período inicial de vigencia del nombramiento de los integrantes será:

a) De tres años para dos de sus integrantes.

b) De cuatro años para dos de sus integrantes.

c) De cinco años para dos de sus integrantes.

d) De seis años para uno de sus integrantes.

Lo anterior se aplicará de conformidad a la designación que efectúe el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882, el cual oficiará al Ministro o Ministra de Educación, para efectos de que curse la correspondiente resolución de nombramiento.

Artículo trigésimo noveno.- Aquellas instituciones de educación superior que soliciten acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 80 de conformidad a lo dispuesto en el presente artículo.

Los requisitos de las letras a) y b) del artículo 80 serán exigibles desde la fecha de publicación de la presente ley. Para dar cumplimiento a lo establecido en la letra b) del referido artículo, las instituciones de educación superior deberán modificar los actos o contratos que hayan otorgado o celebrado para cumplir con lo establecido en los artículos 70 a 77 de la presente ley.

Por su parte, lo dispuesto en la letra c) del artículo 80 será exigible desde que el Sistema Común de Acceso sea obligatorio. Con todo, mientras no entre en vigencia el Sistema Común de Acceso será exigible a las instituciones que cuenten con un sistema de admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias, para el caso de universidades este sistema debe estar basado en el mérito, mientras que para el caso de instituciones pertenecientes al subsistema técnico profesional, el sistema de admisión deberá favorecer a estudiantes egresados de los establecimientos de enseñanza media técnico - profesional y a trabajadores cuyas trayectorias educativas y laborales se vinculen con las carreras y programas a los que postulen. Dicho sistema deberá encontrarse publicado en su página web.

Además, para el caso de universidades, deberán cumplir con que al menos el 80% de los estudiantes matriculados para el año correspondiente, en primer año en licenciaturas no conducentes a título o carreras profesionales con licenciatura, cuenten con un puntaje ponderado promedio, igual o mayor a 450 puntos entre la Prueba de Selección Universitaria de Lenguaje y Comunicación, la Prueba de Selección Universitaria de Matemáticas, el puntaje de notas de enseñanza media y el puntaje de ranking de notas, los que se considerarán en idéntica proporción.

Respecto del requisito establecido en la letra d) del artículo 80, éste entrará en vigencia un año después de la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría.

Artículo cuadragésimo.- Para el ingreso de las instituciones al financiamiento institucional para la gratuidad para el año siguiente a la publicación de la presente ley, el plazo señalado en el inciso primero del artículo 81, se extenderá hasta el 15 de octubre del año de publicación.

Artículo cuadragésimo primero.- Lo dispuesto en el párrafo 4° del título V entrará en vigencia el año siguiente a la entrada en vigencia del Sistema de Acceso regulado en el párrafo 3° del título I.

Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el inciso anterior, el número de estudiantes nuevos matriculados para cursar las carreras o programas de estudios señalados en el artículo 103 para el año académico correspondiente, no podrá superar en un 2,7% de las y los estudiantes nuevos matriculados en el año inmediatamente anterior en dichos programas. Podrá autorizarse un incremento superior al 2,7% antes señalado en los programas de estudio con admisión regular de las instituciones que se encuentren adscritas al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en esta ley, si éste obedece a decisiones institucionales adoptadas antes del 31 de diciembre de 2015, o derivadas de requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Acreditación como resultado del último proceso de acreditación institucional, o que sean producto de la participación de la institución en el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), o aquellas convenidas, de manera excepcional, entre el Ministerio de Educación y las instituciones que adscriban al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, que tengan como objetivo apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En este último caso, la referida autorización se realizará mediante resolución fundada del Ministerio de Educación, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.

En caso que el incremento total de estudiantes nuevos matriculados supere el límite establecido o autorizado en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 111 de la presente ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable en caso que una universidad adscrita al financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, incumpla lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo trigésimo noveno transitorio.

Párrafo 8° De las transiciones a otras disposiciones de esta ley

Artículo cuadragésimo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 116 comenzará a regir un año después de la entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Educación Superior.”.

Se designó diputada informante a la señora MARÍA JOSÉ HOFFMANN OPAZO.

SALA DE LA COMISIÓN, a 11 de abril de 2017.

Acordado en sesiones de fecha 6, 12 y 19 de julio; 1, 8, 9, 10, 16, 17, 29 y 30 de agosto; 5, 6, 12, 26 y 27 de septiembre; 3, 4 y 11 de octubre; 7, 14, 15 y 29 de noviembre; 13 y 19 de diciembre de 2016; 3, 10, 17 y 24 de enero, y 11 de abril de 2017, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, María José Hoffmann Opazo, Yasna Provoste Campillay y Camila Vallejo Dowling, y de los diputados Jaime Bellolio Avaria, José Manuel Edwards Silva, Fidel Espinoza Sandoval (reemplazado en forma permanente a contar de la sesión del día martes 4 de abril de 2017 por el diputado Roberto Poblete Zapata), Sergio Gahona Salazar, Rodrigo González Torres (Presidente a contar del 21 de marzo de 2017), Romilio Gutiérrez Pino, Giorgio Jackson Drago, Alberto Robles Pantoja (Presidente hasta el 14 de marzo de 2017) y Mario Venegas Cárdenas.

Por la vía del reemplazo asistieron las diputadas Loreto Carvajal Ambiado, Alejandra Sepúlveda Orbenes, y los diputados Cristián Campos Jara y Fuad Chahín Valenzuela.

Asimismo, asistieron las diputadas Karol Cariola Oliva y Marcela Hernando Pérez y los diputados Gabriel Boric Font, Juan Luis Castro González, Felipe Kast Sommerhoff, Vlado Mirosevic Verdugo, Felipe Letelier Norambuena, Jaime Pilowsky Greene, Jorge Sabag Villalobos, Jorge Tarud Daccarett, y el senador Carlos Montes Cisternas.

María Soledad Fredes Ruiz

Abogada Secretaria de la Comisión.

PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10783-04)

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior.

Diputada informante de la Comisión de Educación es la señora María José Hoffmann .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 39ª de la legislatura 364ª, en 5 de julio 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 13ª de la presente legislatura, en 12 de abil de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley,, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, sobre educación superior (boletín N° 10738-04), con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Con fecha 5 de julio de 2016 se presentó el proyecto de ley de educación superior, y el 7 de abril de 2017, ante la evidente falta de consenso sobre la idoneidad del proyecto, fue ingresada una indicación sustitutiva con el fin de dar respuesta a las observaciones que se efectuaron en el período de audiencias, en el cual expusieron más de ochenta invitados en las treinta sesiones que celebró la comisión.

Idea matriz o fundamental

La iniciativa tiene como propósito la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico-profesional y la gratuidad en la educación superior.

Fundamentos

Según se señala en el mensaje, la indicación sustitutiva tiene como objetivo general priorizar aspectos fundamentales del proyecto de ley de educación superior para simplificar y agilizar la tramitación legislativa de las siguientes materias.

1. Creación y fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de educación superior

La indicación, al igual que el proyecto original, crea dos instituciones nuevas: la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior, y la Superintendencia de Educación Superior, órgano fiscalizador del cumplimiento de la legislación aplicable con el objeto de regular el sistema.

En esa misma línea, la indicación introduce una serie de modificaciones a la ley N° 20.129 para el fortalecimiento de la actual Comisión Nacional de Acreditación. De este modo, se reforma su composición y se refuerzan las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades. En ambos casos se busca prevenir potenciales conflictos de intereses.

Esas tres instituciones, más el Consejo Nacional de Educación, conformarán el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Este órgano permitirá la confluencia de las distintas vertientes del sistema de educación superior para una mayor coherencia sistémica, coordinación y retroalimentación institucional.

2. Aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior presenta una serie de desafíos que se estimó necesario abordar en la indicación sustitutiva, particularmente en relación con la elevación de los estándares y exigencias de los procesos de acreditación.

En la actualidad no es obligatorio contar con acreditación institucional. Asimismo, para aquellas instituciones que sí deciden someterse a un proceso de acreditación, las áreas de investigación y vinculación con el medio solo son evaluadas si ellas lo solicitan.

A raíz del diseño voluntario de la acreditación institucional, al día de hoy el 32 por ciento de las casas de estudio no se encuentran acreditadas.

Por otra parte, solo el 53 por ciento de las universidades acreditadas institucionalmente se encuentran certificadas en las dimensiones de investigación, y ningún centro de formación técnica o instituto profesional acreditado se encuentra evaluado en la dimensión de vinculación con el medio.

Otro aspecto central que modifica la indicación sustitutiva se refiere a los nuevos criterios y estándares para la calidad, los cuales deberán ser desarrollados por la Comisión Nacional de Acreditación, cuya propuesta deberá contar con la aprobación del citado comité de coordinación.

Esa modificación recoge una de las inquietudes planteadas durante las audiencias públicas realizadas en la Comisión de Educación, en la cual no hubo acuerdo respecto a la atribución de la subsecretaría para fijar los criterios y estándares a propuesta del consejo.

3. Fortalecimiento de la formación técnico-profesional

Este fortalecimiento es uno de los objetivos declarados en el proyecto de ley que se mantienen en la indicación, estableciéndose para tal efecto un título específico sobre formación técnico-profesional.

Un tema prioritario es reconocer que la formación técnico-profesional requiere normas específicas y diferenciadas de la educación universitaria. Así, se considera que la evaluación de la calidad debe realizarse sobre la base de estándares específicos para el sector. En el mismo sentido, respecto del sistema común de acceso, la indicación incorpora la creación del Comité Técnico Profesional, que deberá validar los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

Cabe destacar en este ámbito la experiencia del recientemente creado Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, instancia asesora de la Presidenta de la República y encabezada por la ministra de Educación, que reúne a representantes del sector público, empleadores, trabajadores, instituciones de formación y expertos en torno al desarrollo de la formación técnico-profesional.

Dicho consejo es una instancia intersectorial y tripartita que incorpora a actores públicos y privados ligados a la educación, al trabajo y al desarrollo socioeconómico del país y cuya existencia será consagrada mediante la indicación sustitutiva.

El consejo será el encargado de proponer la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional que establecen tanto el proyecto de ley como la indicación, y coordinar su implementación.

4. Gratuidad en la educación superior

Durante los últimos años el Estado ha aumentado el gasto público en educación superior; sin embargo, esto no ha sido suficiente para aliviar realmente la carga de los estudiantes y sus familias.

En 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios de educación superior en treinta universidades a lo largo del país. Este beneficio se otorgó a los estudiantes pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable, es decir, a familias que tienen un ingreso promedio per cápita de 170.000 pesos mensuales.

Durante el año en curso se espera que la gratuidad beneficie a más de 250.000 estudiantes, de los cuales 95.000 corresponden a nuevos beneficiados, a los que prontamente se les sumarán los renovantes.

El presente año, los centros de formación técnica y los institutos profesionales ingresaron a la política de gratuidad. Las doce instituciones que se sumaron -seis centros de formación técnica y seis institutos profesionales tienen presencia en todas las regiones de nuestro país, y se espera que los beneficiados alcancen los 96.000 estudiantes.

Para el 2018 se incorporará el sexto decil a la política de gratuidad, generando cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.

En esta materia hubo un gran debate en la comisión y también entre los actores relevantes del sistema, quienes hicieron presente las dificultades que el actual diseño de la gratuidad presenta para el desarrollo de las instituciones.

Tales inquietudes no fueron abordadas en la indicación.

5. Gradualidad

Una reforma a la educación superior se debe construir sobre lo que existe, perfeccionando las falencias del sistema y potenciando sus fortalezas. Asimismo, una transición requiere considerar un aumento gradual de las nuevas exigencias, particularmente respecto a la elevación de los estándares de calidad. De este modo, si bien en 2020 comienza a regir la obligatoriedad de la acreditación institucional, se contempla una ampliación progresiva de las exigencias respecto de la dimensión de vinculación con el medio, y, posteriormente, de la dimensión de generación de conocimiento, creación e innovación.

La gradualidad también es un elemento en la política de gratuidad, la cual contempla un aumento progresivo de su cobertura, aunque, en honor a la verdad, con poca información sobre el gasto y los efectos que tiene en las universidades y la calidad de sus proyectos.

Tramitación en la comisión

El proyecto, que ingresó en julio de 2016, se estudió en la comisión durante un período de nueve meses, en el cual se recibió a más de ochenta actores del sistema. En esas audiencias se hizo patente que el mensaje ingresado no respondía a las necesidades y expectativas del país, formulándosele una serie de observaciones de modo transversal.

El Ejecutivo, acogiendo parte de las observaciones formuladas, el 7 de abril del presente año ingresó una indicación sustitutiva e hizo presente la urgencia con carácter de “discusión inmediata” con el objeto de que la Comisión de Educación procediera a la votación en general de la iniciativa.

Sometido a votación el proyecto, fue rechazado por 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Los diputados que votaron a favor sostuvieron que si bien la indicación no acoge todas las observaciones formuladas durante el período de audiencias, constituye un avance importante y que también ha quedado de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de acoger indicaciones que continúen perfeccionando el proyecto durante la su tratamiento en particular.

Los diputados que se pronunciaron en contra, en su mayoría hicieron presente que la iniciativa ha sido ampliamente rechazada por todos los actores del sistema porque impacta negativamente en la calidad. Asimismo, que la indicación sustitutiva no responde a los cambios profundos que requería el proyecto, dejando en la ambigüedad las futuras modificaciones.

El voto de abstención manifestó que la indicación sustitutiva no se hace cargo de materias sustantivas y solo pretende simplificar el trámite legislativo. Enfatizó que hay múltiples indicaciones que no podrán ser presentadas por los diputados por tratar materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Constancias reglamentarias

1. Tienen el carácter de disposiciones de rango de ley orgánica constitucional los artículos 4, letra d); 16, letras b), c), d), g), p) e inciso final; 30; 48; 78, números 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 23), 24), 25), 40) y 41); 93; 99; 100; 118; 119, número 14), y segundo transitorio.

El proyecto no contempla normas de quorum calificado.

2. En atención a que el proyecto fue rechazado en general por la comisión, no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda en esta ocasión.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En discusión el proyecto.

La ministra Delpiano solicitó hacer uso de la palabra antes de que los colegas diputados inicien sus intervenciones.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).-

Señor Presidente, junto con saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes, así como al público que nos acompaña en las tribunas, agradezco el informe que entregó la diputada Hoffmann conforme al Reglamento.

Me pareció necesario intervenir al inicio de este debate para señalar la importancia que tienen este proyecto de ley y los pasos que hemos dado, así como los que daremos a continuación, para que podamos contar con una ley absolutamente clave y determinante para el país, como es la que regula el sistema de educación superior.

Estamos convocados para discutir en torno a la aprobación en general de esta iniciativa, que ingresó a tramitación al Congreso Nacional en julio de 2016 y que luego fue objeto de un proceso de audiencias y consultas con expertos, rectores, gremios y estudiantes, todos ligados a la educación superior.

Se escuchó a muchísima gente, y de todos ellos fuimos sacando aportes y conclusiones que fueron repitiéndose en distintos momentos, lo que determinó que presentáramos una indicación sustitutiva que busca mejorar sustantivamente la iniciativa, a fin de conseguir el apoyo y la aprobación de la Cámara de Diputados.

La indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo recoge buena parte de las observaciones surgidas en el debate, al tiempo que preserva los ejes fundamentales del proyecto, que son:

1.- La creación de la institucionalidad necesaria para el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior, lo que se materializará, básicamente, a través del establecimiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

2.- La adecuada fiscalización del sector y, en especial, la prohibición efectiva del lucro, a través de una Superintendencia de Educación Superior.

3.- El fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por medio de transformaciones y mejoras a la Comisión Nacional de Acreditación.

4.- El avance progresivo y sostenible de la gratuidad en el país, ya que en estos dos años ha demostrado ser una de las políticas públicas de mayor impacto para las familias chilenas, en especial para los jóvenes talentosos que con esfuerzo han logrado terminar sus estudio de enseñanza media, pero que veían muy lejana la posibilidad de acceder a estudios de educación superior y, con ello, contribuir al desarrollo de la patria.

Quiero contarles, además, que junto con las observaciones que recibimos durante el período prelegislativo, previo al envío de la indicación sustitutiva, recogimos otros apoyos y otras indicaciones, de los cuales daré cuenta a continuación.

Atendida la importancia que tiene el fortalecimiento de las universidades del Estado para el Ejecutivo y para los partidos de la Nueva Mayoría, así como para los rectores y los estudiantes, se enviará -así lo decidió la Presidenta de la Repúblicaun proyecto de ley separado, que ingresará al Congreso Nacional la primera semana de mayo.

¡Ese fue el compromiso asumido, y lo vamos a honrar!

Con el propósito de facilitar la tramitación de este importante proyecto, iniciamos una ronda de conversaciones con distintos sectores para tratar estas materias. Hoy les hemos hecho llegar a todos los jefes de bancada el documento que contiene la arquitectura de la propuesta sobre educación estatal. Ojalá puedan compartirla lo antes posible con los diputados que integran sus bancadas.

Ese conjunto de cambios profundos a nuestro sistema de educación superior resulta indispensable para su fortalecimiento, y para resguardar el derecho de los estudiantes y sus familias a acceder a una educación superior de calidad, tanto en el sector universitario como en el técnico-profesional, cuestión que también queda dibujada en este proyecto de ley.

De ese modo, la reforma contribuirá al desarrollo de las capacidades humanas, al crecimiento de Chile y a formar personas que se puedan realizar profesionalmente y ayudar a enfrentar los desafíos futuros de nuestro país.

La indicación sustitutiva propone, en primer lugar, como señaló la diputada Hoffmann en su informe, regular el sistema para acabar con los abusos y fortalecer la calidad de la educación superior.

Con ese propósito se crea la Subsecretaría de Educación Superior, que será el órgano rector del sistema y el encargado de elaborar las políticas del sector.

Cuando analicemos el proyecto en sus particularidades, veremos que para muchos, en su momento, esta subsecretaría se veía muy necesaria, pero cargada de atribuciones. Eso también lo hemos asumido, con lo cual también mejoramos nuestra propuesta.

En segundo lugar, la creación de la Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar el cumplimiento de la ley y el resguardo de la fe pública. Esta materia ha cobrado gran relevancia en los últimos años, dado que si bien la ley prohíbe el lucro en las universidades, existe una percepción generalizada de que ello no se cumple o hay instituciones que no lo cumplen.

Hechos graves, como el caso de la Universidad del Mar, en el que más de 20.000 estudiantes y sus familias se vieron afectados, motivaron la creación de dos comisiones investigadoras de la honorable Cámara de Diputados.

Creemos que esa superintendencia no solo debe fiscalizar, sino también detectar a tiempo las posibles inviabilidades de una institución de educación superior, las dificultades económicas que enfrente. Se trata de un conjunto de situaciones que, sin ser necesariamente constitutivas de delitos o de faltas, debemos anticipar, porque nadie quiere dejar a cientos o a miles de estudiantes a la deriva.

El proyecto de ley que tienen en sus manos se hace cargo de esa dramática realidad, para lo cual establece la prohibición efectiva del lucro y una sanción penal a quienes lucren con las instituciones de educación superior.

Por otra parte, las deficiencias en gestión y en calidad de muchas de las instituciones del sistema -setenta de ellas no acreditadasson conocidas por todos. Hoy la acreditación es voluntaria, por lo cual tenemos a esas setenta instituciones que reciben a jóvenes estudiantes, en general de familias vulnerables, que acceden a ellas; pero respecto de dichas instituciones el Estado no puede acreditar su calidad, porque no han sido evaluadas.

Ese es un cambio que creemos urgente incorporar en la ley.

Lamentablemente, esta situación ha significado que los estudiantes que asisten a instituciones de baja calidad hayan sufrido las consecuencias.

Para solucionar ese problema, el proyecto consagra la acreditación institucional obligatoria y eleva los estándares de calidad y transparencia del sistema. Además, modifica la composición de la Comisión Nacional de Acreditación, al objeto de evitar conflictos de intereses como los que se han conocido en el pasado.

Un segundo aspecto muy importante de esta iniciativa de ley tiene que ver con la gratuidad. Ya hemos visto el impacto que la política de gratuidad ha producido en miles de familias.

Permítanme señalar que si bien es cierto recién el 31 de mayo podremos entregar las cifras finales, porque se han ido sumando nuevos grupos de estudiantes, como los que apelaron y los que se retrasaron en presentar su postulación, nuestras estimaciones indican que no serán menos de 230.000 o 240.000 los estudiantes que entre el año pasado y el presente van a acceder a la gratuidad. Ellos corresponden a estudiantes con méritos, aceptados por instituciones adheridas al sistema de gratuidad -hoy son 40-, por lo que creemos que es una masa crítica muy significativa de estudiantes hasta el quinto decil.

En el proyecto de ley están establecidos los rangos y mecanismos por los cuales subimos al sexto, al séptimo, al octavo y así sucesivamente, hasta el décimo decil. Por tanto, no es una propuesta que no se haga cargo de las condiciones económicas que el país requiere para ampliar una política pública de gran impacto y que, desde el quinto hasta el noveno decil, es una política que favorece directamente a las clases medias de nuestro país.

Durante el 2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios, en treinta universidades. Este año agregamos doce instituciones técnico-profesionales, de modo que podemos decir con satisfacción que, de esos alumnos que ya están matriculados a esta fecha, el 58 por ciento está en instituciones de educación técnico-profesional. Es decir, no solo favorecemos a la familia, sino que también estamos en la línea de dignificar, de hacer crecer y de desarrollar la educación técnico-profesional que el país necesita.

Durante el año en curso se espera que la gratuidad, tanto en universidades como en centros de formación técnica e institutos profesionales, beneficie a 240.000 estudiantes, lo que es un gran esfuerzo país, porque este no es un esfuerzo del gobierno, sino del país, que hacemos entre todos, porque valoramos esta situación. No se trata de que no valoremos la importancia -como también lo hemos señalado en múltiples ocasiones, y tenemos cifras que lo demuestrande la educación parvularia, de la educación escolar y, en esta oportunidad, de la educación superior.

Cabe señalar que el proyecto de ley incorpora, a partir del 2018, el sexto decil a la política de gratuidad, lo que generará cambios profundos al sistema de financiamiento de la educación superior chilena.

En síntesis, para efectos de consolidar esta reforma y, en especial, la gratuidad de los estudios de educación superior, resulta indispensable legislar esta materia para que mediante una ley permanente se exprese el compromiso del país los estudiantes y sus familias. Hasta ahora -ustedes lo saben tan bien como nosotros-, hemos incluido esta política pública en la Ley de Presupuestos, pero creemos que la necesitamos en una ley de carácter permanente.

Tercer aspecto del compromiso de mejorar el proyecto de ley. Desde hace un tiempo se han planteado diversas inquietudes por parte de los parlamentarios y las parlamentarias de distintas bancadas, además de otros actores involucrados en la reforma, respecto de aspectos que no se consideraron adecuadamente en las indicaciones.

Quiero manifestar la voluntad del Ejecutivo de continuar mejorando esta reforma en conjunto con los diversos actores durante el debate en el Congreso Nacional. En particular proponemos que, en lo relativo a la transición para que las instituciones acrediten las cinco dimensiones, se dé un plazo más corto del que fue señalado originalmente. Habíamos planteado una transición larga, pero creemos que estamos en condiciones de acortar ese tiempo y ese espacio.

Asimismo, existe la necesidad de un período de transición para ajustar esta nueva exigencia. Durante la discusión en particular, estableceremos el plazo menor al propuesto por la indicación sustitutiva para que las instituciones acrediten las cinco dimensiones.

Respecto del cobro de aranceles a estudiantes que no se encuentran en gratuidad, el Ejecutivo se compromete -como nos comprometimos la semana pasada en la Comisión de Educación a que durante la transición a la gratuidad los estudiantes de los deciles que no estén en gratuidad no carguen con los costos de esta política.

Por último, el gobierno ha sido y es muy claro en su compromiso de eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), y reemplazarlo por un nuevo crédito, sin la participación de la banca. Más aun, nos comprometimos a enviar un proyecto de ley en ese sentido durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de que el CAE deje de operar a fines de 2018. Hoy reafirmamos la palabra empeñada de poner fin al CAE y manifestamos nuestra plena disposición a incorporar en este proyecto de ley de educación superior una fórmula que materialice y garantice este compromiso, asegurando, además, un sistema que lo reemplace cuando deje de operar.

Chile enfrenta hoy importantes desafíos para robustecer su educación superior. Cuarenta años de desregulación y una profunda heterogeneidad no se desmontan de la noche a la mañana. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad histórica y la responsabilidad de sentar las bases para la construcción de un sistema de educación superior nuevo, tanto en lo universitario como en lo técnico-profesional, que avance de manera firme hacia etapas más consolidadas en el desarrollo de nuestro país.

Nuestra educación superior no será la misma luego de la aprobación de la reforma, porque será más justa, inclusiva, equitativa, de calidad, con pleno resguardo a la fe pública y a los derechos de los estudiantes y de sus familias.

Chile necesita esta reforma y, como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad y oportunidad histórica, en conjunto con el Ejecutivo, de aprobarla.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado señor Rojo Edwards .

El señor EDWARDS.-

Señor Presidente, primero, saludo a las ministras de Educación y secretaria general de Gobierno, y a la subsecretaria de Educación. He visto que la ministra y la subsecretaria de Educación asisten permanentemente a la Comisión de Educación, que generalmente es de difícil manejo, de manera que valoro mucho su participación.

Pero también quiero decir a la ministra que en su discurso inicial ha hecho muchas promesas, y una de las principales que hizo la Presidenta Bachelet al resultar elegida fue la gratuidad universal en seis años, cuando dijo que el 60 o 70 por ciento de los estudiantes iba a ser beneficiado con la gratuidad. Llevamos tres años y solo entre 16 y 18 por ciento de los estudiantes tiene gratuidad. Por lo tanto, la verdad es que los compromisos de la Presidenta Bachelet , al final, no se han cumplido.

También debo recordarle que para estos efectos se realizó una reforma tributaria, respecto de la cual se dijo que sería suficiente para financiar las reformas en educación, pero, más allá de los efectos negativos que dicha reforma ha provocado en el empleo y en el crecimiento, la verdad es que tampoco fue suficiente para financiar la gratuidad, y hoy estamos en problemas porque no se puede cumplir con esa promesa.

Por lo tanto, los compromisos que asumieron la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría en educación, simplemente, no se han cumplido y lo que hace esta reforma es poner una lápida al incumplimiento de esa promesa, por cuanto la gratuidad universal queda ligada a que los ingresos fiscales del gobierno sean iguales al 29,5 por ciento del PIB tendencial en Chile, algo que, de no mediar una reforma tributaria, se va a cumplir, según nuestros cálculos con parámetros razonables, en 2076.

Entonces, de no mediar una nueva reforma tributaria, en lugar de seis años, solo podríamos llegar a tener gratuidad universal en cincuenta o sesenta años adicionales. Por lo tanto, los compromisos del gobierno en materia de reforma educacional, claramente, no se han cumplido.

Pero, a mi juicio, eso no es lo más grave. En la tramitación no hemos visto algún modelo, análisis o paper que nos diga que se ha hecho una investigación y que lo que se está proponiendo realmente ayudará a la educación, y que todas esas palabras lindas que pronunció la ministra de Educación, en cuanto a que iba a mejorar la calidad y que habría más equidad en la educación, se cumplirán, porque vemos algo distinto.

Hay cuatro países de Latinoamérica que tiene gratuidad: Argentina, México , Venezuela y Uruguay, y en ellos no hay mayor equidad, al menos si consideramos la equidad como la proporción del 20 por ciento de los estudiantes más ricos respecto de los estudiantes que pertenecen al quintil más pobre. Por lo tanto, la gratuidad no es algo que en sí garantice mayor equidad; de hecho, hasta el momento no ha ocurrido así.

Ahora, en cuanto al tema de la calidad en la educación superior, si consideramos el número de habitantes por universidades de cierta reputación en algún ranking o el número de habitantes por universidades que realizan investigación, Chile es, lejos, el mejor en el ranking de países latinoamericanos.

Entonces, acá se está haciendo una regulación masiva, entregando amplios poderes a la subsecretaría y a la superintendencia, sin haber definido antes cuál es la calidad que se requiere o hacia dónde vamos. No vemos que haya intención de hacer una reforma en que se consideren los datos, el análisis; solamente se consideran ideas preconcebidas y políticas que pueda tener uno u otro gobierno.

Más allá de si las reformas tienen sustento en algún análisis o en datos, me preocupa que no exista una visión de la universidad del futuro. La forma de financiamiento utilizada, a través de pagar más por aranceles por estudiante, de acuerdo a la complejidad de las universidades, dará por resultado que haya muy pocas universidades y muy complejas, en circunstancias de que el mundo entero se mueve hacia la idea de tener muchas universidades docentes de calidad y muy pocas universidades complejas. Por lo tanto, vamos exactamente en la dirección contraria a la tendencia de los países desarrollados.

Además, hoy las universidades ofrecen carreras solamente a estudiantes de entre 18 y 24 años, que tienen todo el tiempo para estudiar; pero ¿qué pasa con la formación continua de profesionales? ¿Qué pasa con las posibilidades de estudios para las dueñas de casa? ¿Cómo las universidades pueden entregar cursos vía online? No se ve flexibilidad en el sistema. De hecho, por su intermedio, señor Presidente, le pregunto a la subsecretaria si para abrir y dictar carreras semipresenciales, las universidades, independiente de los años de acreditación, van a tener que pedir permiso a la subsecretaría.

Entonces, no vamos en la dirección correcta y no se ve cuál es el tipo de universidad sobre la que estamos legislando.

Al leer este mamotreto que nos entregaron me doy cuenta de que es una forma de control estatal sobre las universidades, que destruye su autonomía, pues la decisión que adopte el comité central de un partido político podrá determinar el cierre de una institución.

Quiero ser claro en este aspecto, pues, según el proyecto de ley, será la Subsecretaría de Educación Superior y no la universidad la que determinará cuántos estudiantes entran a cada carrera, en cada una de las instituciones de la educación superior; luego, a través de un comité de expertos fijará el dinero que se le entregará a cada universidad, en cada una de las 12.000 carreras, además, de determinar cuánto valen las carreras semipresenciales si es que decide apoyarlas.

Después de que el gobierno determine cuánto cobrar y cuántos alumnos entran a cada universidad, la Superintendencia de Educación Superior decidirá si es viable desde el punto de vista financiero. Es decir, se determina cuánto puede recibir y después se decide si es viable económicamente; de lo contrario se cierra el establecimiento.

Pero eso no es todo, porque todas aquellas universidades de menos de cuatro años de acreditación que deseen abrir una nueva sede o impartir una nueva carrera, van a tener que pedirle permiso a la Comisión Nacional de Acreditación, la que está compuesta por quince miembros, siete de los cuales son de exclusiva confianza de la Presidencia de la República.

Por lo tanto, si el comité central del Partido Socialista decide que una universidad se cierra, se va a cerrar, porque tiene todos los mecanismos para hacerlo. ¡No entiendo por qué se insiste en esa falta de autonomía!

¿Va a tener posibilidades de florecer bajo este sistema una universidad cuyos líderes estén en contra del gobierno? Vivirán con la amenaza, con la pistola sobre la mesa, de cierre por una determinación de la Comisión Nacional de Acreditación o de la Subsecretaría de Educación Superior.

¿Va a poder florecer, por ejemplo, una cátedra en derecho constitucional que considere que es inconstitucional un proyecto del gobierno -como podría haber sido el proyecto de gratuidad-, si tiene en contra a la Comisión Nacional de Acreditación, que está dominada por la Presidencia de la República? No lo creo.

Entonces, a mi juicio, esto es una bomba muy parecida a la que lanzó Trump en Afganistán, que va a estar siempre presente. Si una universidad se porta mal o no hace lo que le piden, se la pueden tirar, y esa universidad desaparece. Esa estatización, ese control gubernamental es algo que no podemos tolerar.

A juicio de todos los expertos, para que una reforma educacional dé frutos requiere de muchos años, quizá de una generación completa; así se lo he señalado en más de una ocasión a la ministra, Hoy, la ministra tiene a su favor una mayoría circunstancial -bien ganada-, pero sabe que dos de cada tres chilenos rechazan esta reforma, entre ellos, toda la oposición.

Esta reforma no tiene un acuerdo social. Por lo tanto, es muy difícil que en el futuro rinda frutos, pues va a ser modificada, ya sea por el próximo gobierno o por el subsiguiente, porque no tiene apoyo de la sociedad chilena. Por eso, en innumerables ocasiones le hemos manifestado a la ministra que no solamente tiene que lograr acuerdos con el Partido Comunista o con el Frente Amplio; debe tener la capacidad de conversar sobre las ideas que estamos defendiendo nosotros, que si bien pensamos distinto, también queremos lo mejor para Chile.

De aprobarse hoy esta reforma y de seguir su trámite legislativo, no va a tener la legitimidad que requiere para rendir los frutos esperados dentro de dieciocho, veinte o veinticinco años, porque va a ser modificada. En lo personal, si llego a ser diputado o senador, o a trabajar en un futuro gobierno, mis esfuerzos van a estar orientados en echar abajo la gran mayoría de las normas propuestas en este proyecto de ley, porque simplemente se está estatizando la educación y atentando en contra de la autonomía de las universidades. ¡No veo por dónde va a mejorar la calidad de la educación y tampoco la equidad!

La reforma debe hacerse mirando al futuro, pensando en la calidad de la educación y en el bienestar de los estudiantes vulnerables y de sus familias. Por el contrario, la iniciativa en discusión otorga poderes excesivos al gobierno y no se preocupa de la calidad en la educación, lo que perjudica a los estudiantes y sus familias.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, lamento intervenir cuando el debate ya ha avanzado nueve meses en la Comisión de Educación, pero no pude hacerlo allí, porque los socialistas cedimos uno de nuestros cupos a Revolución Democrática para que la discusión sobre las reformas a la educación tuviera más pluralismo.

Pero extemporáneo y todo, y por último para que quede registrado, quiero decir algunas cosas acerca del proyecto de reforma a la educación superior.

No hay nada más delicado y más sensible que hacer reformas a la educación. La Escuela Nacional Unificada galvanizó la alianza de la conjura que terminó con la democracia y con la vida de Allende. De ahí la necesidad de asumirla como un proceso, con prudencia; pero también hay que hacerlo con convicciones y sin temor a contrastar opiniones con otros actores.

En general, considero que el proyecto está demasiado centrado en hablar de las instituciones y poco preocupado de analizar las dinámicas que desata para el logro de una educación de calidad, inclusiva e integradora.

En realidad, el proyecto es bastante enredado, al contrario del que diseñó Rodrigo Roco , tal vez porque él proviene de la Universidad de Chile y viajó a Francia para revisar el sistema de educación pública, que es mucho más simple. Por ejemplo, no se entiende que este proyecto no privilegie claramente a las universidades públicas, las que son de propiedad del Estado.

La gratuidad debiera radicarse en las universidades públicas. Pero algunos van a decir que eso elitizaría la educación, porque la Universidad de Chile u otras universidades de gran reputación, como las de Valparaíso, especialmente en carreras como Medicina o Derecho, no absorberían a los jóvenes que estudiaron en las escuelas públicas. Pero el dueño puede poner condiciones, porque, si proporciona el financiamiento, perfectamente puede exigir que el 35 por ciento de los jóvenes que ingresan a sus establecimientos lo hagan por el ranking y siempre que provengan de escuelas públicas. Esto provocaría una dinámica, como ya pasó en la escuela de Ciencias Políticas de París, que haría que la integración no solo se produjera en el establecimiento de educación superior, sino también en las escuelas de barrios, porque los padres, incluso los de clase media, preferirían mandar a sus hijos a esos establecimientos, porque tendrían dos oportunidades para entrar a las universidades de gran reputación: el ranking de notas y la prueba de selección. Pero en nuestro país hemos renunciado a esas dinámicas y nos hemos contentado con regulaciones de instituciones y con creer que estas van a resolver el problema.

Para el lucro, una superintendencia. Por si no se han dado cuenta, en Chile las superintendencias son un chiste. Por ejemplo, cuando un ciudadano de a pie hace una denuncia sobre el mal servicio de la sanitaria Esval , ¿en qué vehículo llega el fiscalizador de la sanitaria a investigar el problema? ¡En la camioneta de Esval! ¿Esa es una superintendencia?

Le pongo otro ejemplo: la Fiscalía Nacional Económica, que debiera velar por la transparencia del mercado. Como ustedes saben, esa fiscalía actúa a pedido; no tiene un programa de fiscalización para, por lo menos, disuadir con la eventual amenaza de que puede fiscalizar, para que de esa manera no se cometan atentados contra la libre competencia, la transparencia del mercado y todas esas cosas que les gustan a los diputados de las bancadas de enfrente, pero que son puras mentiras.

Naturalmente, sobre esta afirmación, algunos se preguntarán. ¿Y cómo quedan las universidades tradicionales que finalmente han demostrado a lo largo de su existencia que no tienen fines de lucro y que han cumplido con el rol que querían, por ejemplo, los fundadores de la Universidad de Concepción, de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Universidad Austral o de la misma Pontificia Universidad Católica de Chile? ¡También se les puede dar un trato especial, dado que han demostrado que no hacen trampa, de manera que se les podría financiar institucionalmente y hacer extensiva, al menos en parte, la gratuidad a ellas, para que reciban un trato especial! ¿Por qué no?

Además, quiero decir que el poco prestigio que tiene la ciencia de Chile en el mundo proviene de las instituciones públicas y de las tradicionales. Por si no se acuerdan les menciono algunos nombres: Francisco Varela , Humberto Maturana , aunque también hay matemáticos, geólogos, juristas y médicos.

Sin embargo, en estas universidades tradicionales también se produce un caso especial, respecto del cual es bien difícil que nos hagamos los lesos: ¿De dónde provienen los grandes escándalos de delitos económicos para defraudar al fisco y cometer cohecho? ¿De dónde salieron esos gerentes y empresarios? ¡De la Escuela de Economía de la Universidad Católica!

Me pregunto -aquí hay exalumnos de la Universidad Católica que podrían contarnos de ellosi en la Universidad Católica no hacen clases de religión. ¿No estudian los diez mandamientos? ¿No saben que hay un mandamiento que dice: “No robarás”? ¿Y quieren que les demos un trato privilegiado, que les pasemos plata del fisco, para formar a esos profesionales que tienen en jaque a las instituciones de la democracia representativa en Chile con sus malas prácticas económicas?

Aquí no estamos hablando de entes etéreos. Y la Universidad Católica, cuyo rector se ha declarado en estado de subversión frente a la eventualidad de que el Congreso Nacional apruebe una ley que despenalice el aborto en tres causales, ha dicho que pide objeción de conciencia institucional para no practicar lo que dice la ley. ¿Dónde se ha visto esto?

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

¡En “La Oficina”!

El señor SCHILLING.-

¡Bueno tu chiste, latero! ¡Repítelo de nuevo!

¡Trata de esgrimir algún argumento, …………!

-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Señores diputados, por favor, evitemos los diálogos y el vocabulario que no es conveniente para la discusión de un importante proyecto como el que estamos tratando.

Diputado René Manuel García , por favor.

Continúa con el uso de la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, los sabios y supuestos entendidos en cuestiones de educación han logrado confundirlo y enredarlo todo.

Esa es la razón por la cual la gente no sabe qué apoyar. No se entiende el proyecto; no se ve claro hacia dónde va, y frente a la confusión, se marcha por cualquier cosa. No se entiende qué estamos rechazando y qué estamos aprobando.

Respecto de las universidades privadas, lo mejor sería terminar con la hipocresía y con este cuento de que son sociedades sin “fines de lucro”, pero con fines de lucro a través de las sociedades relacionadas. ¿Por qué no se dice, de una vez por todas, que así como hay colegios particulares también hay universidades particulares y se paga por ello, y que sobre sus utilidades pagarán impuestos? ¿En qué ayuda a la sanidad de la sociedad chilena esta mentira, esta obligación a la truculencia para hacer trampa y poder retirar las ganancias? ¡En nada!

¡Las universidades privadas son un monumento al doble estándar de Chile!

A pesar de todas estas críticas, voy a apoyar el proyecto, porque así lo han pedido los rectores señores Vivaldi , Valle, Sanhueza , que nos acompañan desde las tribunas, y espero que en su trámite en particular…

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado Schilling.

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, este proyecto tuvo más de nueve de meses de tramitación en la Comisión de Educación antes de proceder a la votación en general. El debate no fue en vano, porque motivó al gobierno a presentar una indicación sustitutiva que, a mi juicio, recogió buena parte de la discusión en la comisión. Además, se decidió comprometer un proyecto de ley específico -tengo el borrador en mis manos para la educación pública superior estatal.

Pero, ¿qué vamos a votar hoy? Primero, si creamos o no una Subsecretaría de Educación Superior, es decir, si le damos la relevancia institucional que merece la educación superior en el aparato estatal chileno.

Segundo, si establecemos o no un sistema único de acceso obligatorio para todas las instituciones de educación superior que reciban recursos públicos.

Tercero, si creamos -y lo hemos pedido a grito tantas veces o no una Superintendencia de Educación Superior que asegure el cumplimiento de la ley.

Cuarto, si creamos o no una figura penal para sancionar el lucro con cárcel.

Quinto, si fortalecemos o no la Comisión Nacional de Acreditación, cambiando la composición y designación de sus miembros, y eliminando los posibles conflictos de intereses.

Sexto, si establecemos o no acreditación institucional integral obligatoria de aquí a 2020, en lo que se refiere a la docencia y resultados de la formación, a la gestión y recursos institucionales, y al aseguramiento interno de la calidad. Por lo demás, el Mineduc ha mostrado flexibilidad para acortar plazos en lo que se refiere a la acreditación institucional para la investigación y la extensión.

Lo que es más importante, se votará, como parte del proyecto de ley, lo que hasta ahora era solo glosa presupuestaria y, por tanto, dependiente de la voluntad política del gobierno de turno. En este proyecto de ley se establecerá, negro sobre blanco, que los estudiantes del 60 por ciento más vulnerable de la población tendrán asegurada gratuidad total en la educación superior, tanto universitaria como técnico-profesional, en instituciones sin fines de lucro que tengan cuatro o más años de acreditación institucional, que formen parte del sistema común de acceso a la educación superior y que tengan políticas de acceso equitativo y programas de apoyo a la retención de los estudiantes de los dos quintiles más vulnerables.

Además, habrá una comisión permanente de expertos para la regulación de aranceles, formada por siete profesionales de trayectoria, seleccionados por sistema ADP.

Señor Presidente, parece que aquí hay diputados que preferirían que esa decisión fuera tomada en forma unilateral y monopólica por el Ministerio de Educación, como ha sido hasta ahora. Quiero aclarar -todos los sabemos que estamos votando el proyecto en general, es decir, la posibilidad de seguir adelante con el trámite legislativo o dejar la materia en manos del próximo parlamento.

Al respecto, es difícil explicarse por qué hay quienes votan en contra la idea de legislar, es decir, a favor de impedir que este proyecto continúe el trámite legislativo. ¿Acaso no hay acuerdo en crear la Subsecretaría de Educación Superior? ¿Acaso no hay acuerdo en establecer una superintendencia propia para el sector? ¿Acaso no hay acuerdo de instalar un sistema único de acceso obligatorio para las instituciones que reciben recursos públicos? ¿Acaso no hay acuerdo para hacer obligatoria la acreditación institucional?

Más difícil todavía es entender que se vote en contra de la idea de establecer por ley lo que hasta ahora ha sido cuestión de glosa presupuestaria. ¿Acaso no hay acuerdo en garantizar gratuidad para los estudiantes que provengan de los primeros seis deciles de la sociedad chilena?

Quiero que sean explícitos en esta materia. Si votan en contra de la idea de continuar adelante con el trámite legislativo, votarán en contra de ideas que he escuchado defender a diputados como Jaime Bellolio , quien ha dicho con claridad que se requiere de una subsecretaría de educación superior y de una superintendencia; que dice estar de acuerdo, al menos, con que el 60 por ciento de los estudiantes provenientes de familias más vulnerables tengan garantizado el acceso gratuito a la enseñanza superior, incluida la técnico-profesional, etcétera.

Francamente, no entiendo a la oposición ni a los compañeros que dicen que van a votar en contra de continuar adelante el trámite legislativo porque no están satisfechas todas sus aspiraciones. Perdónenme, la satisfacción inmediata de todas las demandas está bien para los adolescentes, pero no para los adultos que estamos sentados aquí, quienes somos los responsables de legislar para el presente, pero también para el futuro de Chile.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-

Señor Presidente, este proyecto de educación superior, discutido en la Comisión de Educación durante más de diez meses, instancia en la que escuchamos a expertos en materia de educación, rectores, estudiantes, académicos, trabajadores de instituciones, no fue respaldado por nadie, porque era un mal proyecto. Eso generó un consenso amplio en todos los sectores.

En virtud de eso, hace pocos días el gobierno ingresó una indicación sustitutiva y, además, tomó un par de compromisos adicionales, como tratar lo concerniente a las universidades del Estado en un proyecto separado -como señaló la ministra, hoy solo se conoce su arquitectura-, eliminar el CAE y proponer un nuevo sistema de ayuda estudiantil.

¿Qué busca el proyecto? Calidad en el sistema y garantizar acceso al mismo. Existe coincidencia en que ningún estudiante que tenga méritos y el deseo de estudiar puede quedar fuera por razones económicas. Creo que el punto de partida lo compartimos todos. La diferencia está en cómo implementamos mecanismos de ayuda que permitan de verdad conjugar un sistema de educación superior de calidad y que los alumnos puedan ingresar a él.

Algunos de los aspectos de la indicación sustitutiva constituyen un paso positivo, pues persiguen cambiar el sistema de acreditación al mejorar la comisión relacionada con ese ámbito; pero, evidentemente, hay un tema complejo, cual es obligar a todas las instituciones, a todas las universidades a acreditarse en las cinco dimensiones.

Al respecto aparece una duda. Hoy las universidades han manifestado su preocupación para incorporarse a la gratuidad, porque si no se cambia el actual modelo corren riesgo en su financiamiento. ¿Cómo vamos a asegurar el financiamiento de las instituciones de educación superior para que, además de dar un pregrado de calidad, puedan acreditarse en las cinco dimensiones? Eso significa un compromiso económico, pero el proyecto de ley nada dice al respecto. Por lo tanto, generamos un alto nivel de incertidumbre.

Por ello, me gustaría que la ministra, antes de que se efectúe la votación, nos explique la arquitectura de financiamiento total de las instituciones, no solo en cuanto a la gratuidad. Lo señalo porque tanto instituciones públicas como privadas han manifestado su preocupación sobre el punto, por lo que es necesario avanzar en esta materia.

Respecto del acceso a la educación superior, en varias oportunidades hemos conversado el tema con la ministra. Se trata de una situación que debemos abordar. Los alumnos provenientes de los sectores de menores ingresos, de los primeros cuatro deciles, tienen una dificultad adicional, cual es financiar una carrera que se imparte fuera de su lugar de residencia. Hoy, el sistema de ayuda estudiantil es claramente insuficiente.

Hace pocos días se publicó una noticia que señalaba que gran parte de los estudiantes que reciben ayuda para alimentación consumen comida rápida. ¿Por qué? Porque es más barata. Los estudiantes manejan poca plata y tratan de hacerla rendir al máximo. Evidentemente, debe existir un sistema de ayuda estudiantil adicional al arancel universitario que les permita de verdad mantenerse, estudiar y cumplir con éxito las exigencias académicas.

El proyecto de ley tiene claras deficiencias en garantizar realmente el acceso a la educación superior. Espero que durante la discusión particular se puedan corregir esas deficiencias.

Por otro lado, me parece que se ha avanzado en términos de asegurar la provisión mixta. No obstante, la institucionalidad que hoy se nos presenta se excede en sus atribuciones para controlar a las instituciones de educación superior. Ello podría derivar en un modelo de administración y de gestión que tienda a burocratizar a las instituciones, de modo que den respuesta a la fiscalización, tanto de la nueva superintendencia como de la nueva subsecretaría, y solo operen en virtud de las respectivas autorizaciones. Al parecer, la idea es tener los menos problemas posibles con la nueva institucionalidad. Algo de ello ya está ocurriendo en la educación básica y media: la mayor parte de los directores de establecimientos educacionales que la imparten manifiesta su preocupación por la excesiva fiscalización. Por lo demás, durante la discusión del proyecto en la comisión hicimos presente a la ministra que el contralor general de la República hizo observaciones respecto de la facultad de fiscalización y de control de las dos instituciones que se crean. La ministra se comprometió a revisar esta materia. Espero que en la discusión en particular del proyecto se flexibilicen algunas normas, de manera de dejar que la Contraloría cumpla su labor.

Otra de las debilidades del proyecto de ley es la falta de un tratamiento claro y preciso de la educación técnico profesional impartida por institutos profesionales y centros de formación técnica. No es suficiente solo la creación de un consejo para garantizar que este ámbito de la educación superior será bien enfrentado. Me parece que este es un aspecto a desarrollar.

Respecto del financiamiento de la ayuda estudiantil para la gratuidad, creo que es necesario sumar un buen sistema de créditos y de becas que considere la vulnerabilidad de los estudiantes, el origen de la región y los índices de ruralidad, pues existen factores adicionales que dificultan el desarrollo de la educación en diversos lugares del país.

Otro aspecto que nos preocupa del proyecto es la excesiva rigidez que va a generar para el desarrollo de las instituciones, ya sea para la creación de carreras, para el aumento de matrículas o para la instalación de sedes. De hecho, la definición de estándares para lograr la acreditación puede provocar que deje de existir la diversidad de proyectos educativos con que contamos en la actualidad. Es decir, dicha definición conllevará que se igualen los proyectos de las instituciones. Me parece que la riqueza de nuestro sistema educacional en materia de educación superior radica fuertemente en la posibilidad de que las instituciones tengan un sello que les dé una característica diferente.

Es importante llegar a acuerdos al legislar sobre educación superior para los próximos años y décadas. Sé que la ministra tiene la voluntad para ello; siempre lo ha manifestado. En efecto, es fácil conversar con ella. Espero que con esa facilidad podamos construir acuerdos que permitan garantizar que los cambios que se introduzcan en el nuevo sistema de educación superior representen todas las visiones, de modo de garantizar calidad, acceso, financiamiento y oportunidades para que todos puedan estudiar y nadie quede fuera del sistema.

También espero que el sistema permita construir instituciones robustas, tanto públicas como privadas, que cumplan con altos estándares, pero que tengan libertad para desarrollar sus proyectos educativos.

Es necesario poner toda nuestra disposición para llegar a acuerdos en orden a garantizar que nuestro sistema de educación superior se desarrollará con un adecuado marco de libertad que permita emprender diversas actividades académicas. La idea es contar con un sistema que garantice calidad a todos los estudiantes.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, este proyecto de ley responde a la necesidad de hacer un cambio profundo a un sistema que está en crisis desde hace mucho tiempo. Es una necesidad país; por lo tanto, estamos frente a una oportunidad histórica, que hemos esperado desde hace alrededor de treinta y cinco años, cuando la dictadura modificó la educación superior y dictó la funesta LOCE. Recuerdo la tremenda lucha de los estudiantes contra la LOCE.

Estoy seguro de que, con la conciencia y la responsabilidad de la Cámara de Diputados, aprobaremos la presente iniciativa al igual que el proyecto de ley sobre universidades estatales. Ello nos permitirá transformar el actual sistema, que está en crisis; un sistema desregulado, un sistema que ha dañado y endeudado a miles de familias y que se ha expandido sobre la base de su mala calidad.

Hay sectores políticos que piensan que regular la expansión de la educación superior -una de las más caras de América Latina y del mundoresulta improcedente e inadecuado. Sin embargo, el hecho de que exista regulación es la esperanza de miles de familias. Se requiere regulación para que no se sigan creando sedes que no ofrecen carreras y educación superior de buena calidad, o que no ofrecen ciencia y tecnología al servicio del país.

El conjunto de proyectos que espero que vamos a aprobar pondrá fin al abandono en que estaban las universidades estatales. Hoy estamos en un momento muy importante, pues tenemos la responsabilidad de gestar el nuevo sistema de educación superior que Chile está clamando. Desde hace diez años los estudiantes luchan por que el actual sistema sea cambiado.

¿En qué consisten los cambios que se requieren? En primer lugar, que el sistema que comenzó a otorgar gratuidad a través de una glosa presupuestaria sea transformado por uno que regule la gratuidad por ley. Este año habrá 250.000 estudiantes con gratuidad. En 2018 el beneficio se extenderá al sexto decil y se proyecta hacia la gratuidad universal, un gran anhelo y necesidad que permitirá que exista igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

El lucro hizo que el actual sistema se expandiera. Por ello necesitamos hacer un cambio. No fue la buena investigación ni la buena educación universitaria lo que generó su expansión, sino el gran enriquecimiento y las altas utilidades que muchos querían obtener de él.

El lucro burló la conciencia pública. Se decía que el sistema universitario chileno estaba compuesto por entidades sin fines de lucro. Con esta iniciativa, por fin el lucro podrá ser sancionado como delito.

Es cierto que algunas modificaciones propuestas requieren ajustes. No obstante, debemos tener claro que el proyecto en discusión es totalmente distinto a aquel que se presentó a la comisión hace diez meses. Es un proyecto que va a recuperar el aporte fiscal directo para las universidades públicas, las tradicionales, las estatales, y aquellas que han demostrado que tienen responsabilidad con el país.

El proyecto permitirá mejorar el sistema de regulación de las universidades; permitirá asegurar calidad y exigir calidad a las universidades para que de verdad puedan llamarse así. Es un sistema que, de acuerdo con todos los antecedentes que hemos conversado en la comisión, por fin pondrá término al crédito con aval del Estado (CAE).

Señora ministra, por intermedio del señor Presidente le señalo que vamos a exigir el cumplimiento de ese compromiso que el gobierno asumió en la comisión y que usted reiteró en este hemiciclo. Estoy seguro de que lo lograremos, porque si hoy aprobamos en general este proyecto, que todavía no incluye en su texto el fin al CAE, y no vuelve con esa modificación a esta Sala, ya no podremos continuar aprobándolo.

Se trata de una necesidad de los estudiantes, de las familias endeudadas por una banca que se ha enriquecido con los recursos y la esperanza de aquellas.

Por eso, el fortalecimiento de la educación superior técnico-profesional, el nuevo sistema de acceso, el fortalecimiento del sistema de acreditación, la existencia de una Superintendencia y una Subsecretaría de Educación Superior son todos aspectos que aprobaremos y constituyen un marco sobre el cual podemos mejorar el proyecto en discusión.

Ello será posible debido al rol que mediante esta iniciativa se entrega al Ministerio de Educación, porque por primera vez se dice que este será el ente rector del sistema de educación chileno, especialmente del de educación superior. Ello constituye una inmensa necesidad en nuestro país, porque tenemos a un Ministerio de Educación sin las facultades necesarias para poder intervenir cuando se comete un engaño a la fe pública y se producen casos críticos, como los de la Universidad del Mar, la Universidad Arcis y otros. Con esta iniciativa ello será posible.

Todas las indicaciones que quisieron presentar los diputados que en su oportunidad se opusieron a la aprobación en general de este proyecto en la comisión pueden incluirse en él.

Por cierto, podemos incorporar los principios de la educación superior, un marco general de cualificaciones, la tipificación del lucro como delito y sus respectivas penas; podemos regular mucho mejor los aranceles, y, especialmente, no dejar sin protección a los estudiantes que todavía no les será posible gozar del beneficio de la gratuidad, que también es un compromiso adquirido en la comisión.

Este proyecto recoge gran parte de los aportes del debate realizado. Respecto de los que no incorpora, en la Comisión de Educación tendremos la posibilidad de introducir las respectivas modificaciones.

Para lograr la diversidad territorial que requerimos en nuestro país, se fortalecerá la educación pública en regiones. Ya se crearon dos nuevas universidades y quince centros de formación técnica (CFT), y seguiremos apoyando con los recursos para el fortalecimiento de las universidades regionales a aquellas comprometidas con las regiones y la descentralización de Chile.

Todo ello debe estar presente en el momento en que votemos este proyecto. Nosotros nos pronunciaremos a favor porque creemos que constituye un gran avance la creación de una ley especial para las universidades estatales, esas universidades que para poder competir fueron lanzadas al mercado por este sistema que partió hace treinta y cinco años y que ha generado desregulación y crisis. Hoy, por fin esas casas de estudios tendrán una legislación propia; podrán constituirse en red; contarán con un sistema de financiamiento propio, sin condicionamientos, que considerará al menos los recursos del convenio marco; podrán mantener el aporte fiscal directo y contarán con un fondo de desarrollo territorial las que cumplan con la responsabilidad de apoyar el desarrollo regional.

Por eso, hoy es necesario que este debate que hemos abierto y que ha mejorado el proyecto continúe para los efectos de seguir perfeccionándolo.

Por lo expuesto, vamos a votar favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, el compromiso que adquirimos con el pueblo de Chile para reformar el sistema de educación superior es un mandato ineludible -todas las fuerzas sociales han luchado por décadas contra el modelo neoliberal, que hace de la educación un negocio en vez de un derecho y algo que tenemos que hacer valer en esta instancia.

En tal sentido, el Partido Comunista de Chile una vez más ratifica, y seguirá ratificando, su voluntad de modificar los pilares sobre los cuales se sustenta el mercado educacional en nuestro país. Uno de ellos, como bien sabemos, es el progresivo debilitamiento de las instituciones públicas, las instituciones del Estado, lo cual debemos revertir.

En esta oportunidad no me referiré a esa materia porque sabemos que será abordada en un proyecto de ley aparte que pronto ingresará a la Cámara de Diputados. Si bien se trata de una decisión que no nos satisface del todo, entendemos que ha sido conversada con los rectores de las instituciones del Estado.

Otro de los pilares fundamentales del mercado tiene que ver con la desregulación del sistema educacional. En este sentido, nosotros dijimos que la reforma a la educación superior tenía que abordar una estricta regulación a este sistema. Aquí cabe señalar que uno de los principales elementos catalizadores de la desregulación del mercado educacional fue la creación del crédito con aval del Estado. Así lo dicen todos los estudios sobre el particular. La expansión de la matrícula de manera desregulada, y casi en un marco de libertinaje absoluto, se debió a la creación de ese instrumento de financiamiento que abrió la posibilidad de la consolidación del mercado educacional.

En consecuencia, es evidente que hay un compromiso de este partido, de esta bancada, no solo porque esta lucha por eliminar el crédito con aval del Estado se viene dando desde hace más de diez años, sino también porque entendemos la importancia que tiene abordar esta materia en la reforma educacional para combatir los pilares del mercado.

Así, por intermedio del señor Presidente, señalo a los ministros aquí presentes que consideramos que era necesario poner el énfasis en este punto.

La Comisión Especial Investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior chilena, cuyo informe se aprobó al inicio de este período legislativo, concluyó: “El CAE es funcional al lucro, así como la acreditación es funcional al CAE.”.

Por eso, no basta simplemente con crear la Superintendencia de Educación Superior y tipificar al lucro como delito, castigándolo con penas de cárcel. Tampoco basta con fortalecer la institucionalidad en materia de acreditación. Si no abordamos el problema del crédito con aval del Estado y su relación funcional con el lucro y la acreditación, entonces solo avanzaremos parcialmente en la materia.

Por lo tanto, tal como lo señalé el martes pasado, razón por la cual me abstuve en la votación general del proyecto, este es un tema que la reforma no puede eludir, no solo por el carácter de fondo que tiene el abordar este problema, sino porque ya había sido un compromiso de gobierno y del conjunto de los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

Al respecto, solo recordaré a sus señorías el discurso del 21 de mayo de la Presidenta de la República, que fue aplaudido por todos y en el que claramente ella señaló la necesidad de avanzar en gratuidad, de desbancarizar los créditos y de terminar con el endeudamiento de los jóvenes. Hasta se comprometió un equipo de expertos para analizar el problema de la deuda de los egresados y estafados por el sistema de financiamiento de la educación superior.

Asimismo, el año pasado la Cámara de Diputados aprobó, por 71 votos a favor, un proyecto de resolución que señalaba explícitamente la necesidad de eliminar el crédito con aval del Estado (CAE) en el proyecto de reforma a la educación superior.

En enero de 2017, el conjunto de los representantes de los partidos de la Nueva Mayoría presenciaron un compromiso del Ejecutivo en esta materia: poner fin al crédito con aval del Estado. La semana pasada dijimos que queríamos hacer valer eso.

Al respecto, a algunos se nos podrá acusar de adolescentes; de que es de adolescentes querer hacer valer los compromisos del gobierno para con sus ciudadanos; de que es de adolescentes querer hacer valer un compromiso del gobierno para con sus parlamentarios, o de que es de adolescentes querer hacer valer una demanda social anhelada por tanto tiempo, como es la eliminación del CAE.

Si me acusan de adolescente por eso, ¡feliz lo seguiré siendo! Pero esto no se trata de adolescencia -hemos conversado con el gobierno sobre el particular-, sino de responsabilidad política ante compromisos que hemos adquirido. Como bancada del Partido Comunista, seguiremos haciendo valer esa responsabilidad política.

Por eso, no podemos dejar de valorar la instancia de diálogo que se abrió el martes pasado gracias a nuestra abstención. La semana pasada teníamos esperanzas de que prosperara la idea de eliminar el crédito con aval del Estado, lo que se reflejó no solo en el compromiso público de la Presidenta de la República al respecto, sino también en las palabras textuales de la ministra en cuanto a que garantizaría una fórmula que asegure, en este proyecto de ley, el fin del CAE para fines de 2018 y un sistema que lo reemplace.

Luego, podemos señalar efectivamente que hay un avance; pero no para nosotros, pues esto no se trata de un gallito político, señor Presidente, señora ministra, ni de qué partido gana una batalla, sino de cumplir un compromiso que adquirieron el gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría.

Por lo tanto, saludamos y valoramos esta decisión, y nos encargaremos de que se vaya materializando en el transcurso de la discusión de la reforma a la educación superior.

Hemos sido muy claros -no solo hoy o la semana pasada, sino desde antes en señalar que no será por culpa del Partido Comunista que esta reforma se vaya al tacho de la basura, porque nosotros sí queremos que este año se concrete la reforma a la educación superior y entendemos la importancia de asegurar, por ley, como política del Estado, la gratuidad en la educación superior. Sin embargo, debe quedar muy claro que vamos a discutir los mecanismos para alcanzar la gratuidad, en el entendido de que ese aspecto no puede quedar nuevamente relegado a una glosa en la ley de presupuestos.

Sabemos que, argumentos más, argumentos menos, los parlamentarios de enfrente no quieren la gratuidad, y buscan estudios en todas partes del mundo para fundamentar su posición, para señalar que la gratuidad no es buena para lograr calidad en la educación ni para la equidad. ¡No la quieren! Por eso, obviamente, utilizarán todos los argumentos posibles para que la reforma termine acá.

No estamos disponibles para caer en ese juego, señor Presidente, señora ministra, señor ministro. Obviamente, daremos viabilidad al curso de esta reforma, pero asumiendo que existe un compromiso explícito, que ha quedado por escrito, respecto de las fórmulas que se plasmarán en esta futura ley para terminar con el crédito con aval del Estado a fines del 2018, y en el entendido de que quedan muchas batallas por dar para que la reforma cumpla con las expectativas de todas y todos los chilenos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las ministras y ministros que nos acompañan en la Sala, así como a mis colegas presentes en este debate.

En esta ocasión quiero dirigirme especialmente a mis colegas de la Nueva Mayoría y a aquellos que llegaron a la Cámara de Diputados enarbolando las banderas de la reforma a la educación de nuestro país.

Según entiendo, la reforma a la educación no es una cuestión puramente ideológica, sino la respuesta a un anhelo que nació con fuerza de una realidad brutal que afecta a miles de estudiantes y sus familias.

Más allá de nuestras diferencias, todos tenemos que entender qué se juega -se jugó el martes en la comisión técnica y se juega hoy en la Sala-: si seremos capaces de honrar nuestros compromisos, el compromiso del gobierno del que somos parte.

Debemos entender que no le podemos pedir a la oposición que nos colabore en el proceso de legislar para corregir los muchos errores que tiene el sistema de educación superior, construido a lo largo de décadas por una institucionalidad que estableció un paradigma que se centra en que la educación es un bien de consumo que se transa en el mercado y que su calidad depende de la cantidad de recursos de cada familia.

¡Eso es lo grueso! ¡Eso es lo central!

No podemos solicitar el apoyo de la derecha, porque cualesquiera que sean los argumentos que demos, votarán en contra, dado que con ellos tenemos una diferencia conceptual: ellos creen en el actual sistema. El gobierno del que se sienten herederos y parte de sus padres fundadores son los autores intelectuales de este experimento, como lo han llamado autores tan serios como Bellei, de la Universidad de Chile, quien describe toda una concepción destinada, en lo esencial, a marginar al Estado de la provisión de educación en todos los niveles, a fin de traspasar la educación de manera creciente al mundo privado.

Estimados colegas, lo anterior no es una entelequia, sino una realidad concreta que pueden comprobar estudiando la historia de la educación chilena. Así, se darán cuenta de que en las décadas precedentes a la dictadura militar, la educación iba en una dirección, y que cuando sobrevino la dictadura, hubo un cambio de sentido en la dirección exactamente opuesta.

Ahí están las luchas por la reforma; ahí están las luchas que nos vinculan con el viejo tronco radical, cuyo lema era “gobernar es educar”; ahí están las luchas que nos vinculan con la gran reforma del gobierno de Eduardo Frei Montalva y con otros intentos destinados a impartir educación de mejor calidad, especialmente para los más pobres del país, en el entendido de que la educación es la gran herramienta para cambiar sustantivamente la vida de quienes son víctimas de las injusticias que ha habido en el país a lo largo de su historia.

¿Y hoy día nos olvidamos de aquello? ¿Le vamos a dar la espalda a ese compromiso? Nuestras diferencias con la derecha, con la oposición son entendibles. Lo que no es entendible es que haya diferencias entre nosotros.

Puedo convenir en que tal vez hemos cometido la osadía de plantearnos un desafío demasiado ambicioso. Lo concedo. También concedo que es probable que haya habido impericia, errores no forzados, falta de trabajo prelegislativo, etcétera. Lo concedo.

También ha faltado unidad de nuestra parte, consenso, capacidad de decir qué queremos, de definir qué tipo de sociedad queremos y, sobre esa base, diseñar un sistema educacional coherente con dicha visión de país, con más libertad, con más democracia, con más tolerancia, con más igualdad y con más oportunidades.

¡De eso estamos hablando! Hemos hecho un esfuerzo enorme, que no ha sido fácil, porque todos han estado dispuestos, incluso algunos de los nuestros, a poner obstáculos para impedir que superemos este desafío.

Por lo tanto, hago un llamado a considerar la relevancia de la coyuntura por la que atravesamos. No es el minuto para darnos gustos personales.

Si en algún momento, llevado por la pasión, dije algo que pudo haber sido molesto para algunos, créanme que lo hice con la mejor de las intenciones. Ofrezco disculpas por eso. Pero ahora pido unidad. Con la misma fuerza y convicción, pido unidad, para que no defraudemos al país. Lo hago a base de la autoridad que me otorga el haberme dedicado con pasión, con dedicación, por años, a la educación, y no de la improvisación de algunos que hoy creen saber de educación. Me refiero a quienes -se lo digo con el mayor de los respetos están pauteados y repiten eslóganes, eslóganes y eslóganes que no tienen fundamento alguno, pero que quedan.

Pido unidad como miembro de las comisiones del lucro I y II, bautizadas de esa forma por los medios de prensa, pero que en realidad fueron comisiones especiales que se dedicaron a investigar la situación de la realidad del sistema de educación superior en Chile. Estuvimos durante meses dedicados a eso.

¿Qué dijimos? La conclusión final es que se trata de un sistema completamente desregulado que explica los muchos abusos y las muchas injusticias de tantos jóvenes que frustran sus sueños más queridos. Dije que era un pecado social mantener eso. ¿Cómo es posible que una familia o un joven se endeude para tener un título si al salir al mercado laboral no tiene capacidad de pago?

¿Ustedes conocen las aberraciones que arrastramos? De los 140.000 profesores que se forman en el país, más de un tercio son profesores de educación física, los cuales no tienen espacio en el mundo laboral, debido a la forma en que está construido nuestro currículo; pero eso no nos importa. Nos faltan profesores de matemáticas y de ciencias, pero se nos dice que el mercado regula.

Por el bien del país, reclamo una mayor presencia del Estado. Es ni más ni menos lo que hace este proyecto, esto es, crear una institucionalidad.

Algunos dicen que la iniciativa es débil; discrepo de esa opinión. El proyecto, en cuanto a regulación, avanza bastante, aunque probablemente no en el ciento por ciento de lo que uno esperaba. Ponerse de acuerdo y encontrar el punto intermedio es la gran tarea y el desafío que tenemos.

Este proyecto avanza y crea una institucionalidad sólida que se hace cargo de la calidad; hay un sistema de aseguramiento de la calidad. No hay que seguir repitiendo cosas que no resisten análisis. El tema de los técnico-profesionales está bien abordado, pues constituye un capítulo entero del proyecto.

Una cuestión de orden práctico, que comparto, y que los rectores hoy institucionalmente señalan como conveniente, llevó precisamente a convertir todo lo relativo a la relación del Estado con sus universidades públicas en un proyecto en sí mismo.

Por cierto -hablo a título personal-, muchos diputados de la bancada democratacristiana queremos terminar con el CAE en los términos presentados actualmente. La pregunta es si por eso vamos a hipotecar la posibilidad de legislar sobre esta materia. Creo que ello sería un error muy grande.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, estamos ante un problema político: nos abocamos a discutir un proyecto que la Comisión de Educación plantea rechazar.

La Presidenta Bachelet ha planteado al país un gran desafío de Estado durante estos años. El capital humano con que hoy cuenta Chile no tiene las capacidades suficientes para enfrentar los desafíos que el mundo de hoy plantea a un país como el nuestro, ubicado en los confines del mundo y que requiere de personas mucho mejor preparadas desde el punto de vista educacional.

Por eso, la reforma educacional se plantea en varios ejes: mejorar la formación de nuestros profesores; cambiar el sistema desde una visión más bien de mercado hacia una más inclusiva, eliminando el copago, y mejorar la educación pública, que tanta falta nos hace y que fue deteriorada durante años incluso por nosotros mismos.

Por eso, cambiar la reforma educacional es un imperativo para el país, pensando en las próximas décadas. Chile no se puede quedar atrás en el concierto mundial. Para eso necesitamos cambios profundos, los cuales son difíciles en educación. ¿Cuánto costó para la historia de nuestro país tener educación obligatoria para nuestros hijos? Los antiguos conservadores -algunos de los cuales todavía están aquípensaban que no era necesario educar al pueblo, pues bastaba con que la gente se dedicara al trabajo manual en los campos para que Chile progresara.

Necesitamos que las reformas planteadas por la Presidenta de la República se hagan, pues el imperativo es tener mejor capital humano y una mejor sociedad para el futuro. Por eso digo que estamos ante un problema político.

Rechazar hoy la idea de legislar sobre el proyecto de nueva educación superior, la cual es distinta de la que dejó Pinochet, es un imperativo, una necesidad, porque de una u otra forma nuestro sistema universitario todavía se rige por la LOCE que implantó Pinochet en 1989. En verdad, si no cambiamos el sistema de educación superior, vamos a mantener el statu quo, que le interesa a muchos que hoy piensan que el mercado es la solución.

En ese sentido, el gobierno envió un proyecto que fue discutido durante el año pasado. Recibimos muchas visiones. Al final, el Ejecutivo, que entiende que esta es una materia de Estado, decidió enviar una indicación sustitutiva que se hace cargo de la gran mayoría de los consensos societarios -no de los disensos-, representados por todos aquellos que integramos la Comisión de Educación. Claramente, todos estábamos de acuerdo en que era necesario consolidar una institucionalidad para la educación superior que permita resolver los problemas que hoy existen, con una superintendencia que resguarda la fe pública y la prohibición efectiva del lucro, y una Subsecretaría de Educación Superior que resguarda la autonomía, permite elevar la capacidad de formular políticas públicas, entrega las normativas necesarias y coordina el sistema.

En ambos aspectos estamos de acuerdo. En la comisión no he escuchado a ninguna persona, de derecha, de centro o de izquierda, que no esté de acuerdo con esas dos necesidades.

Todos estamos de acuerdo en que necesitamos fortalecer la educación técnico-profesional; la indicación sustitutiva lo señala. Asimismo, tenemos la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior. La indicación promueve la creación de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior que permita dar garantías de calidad al sistema y equidad en la educación superior con distintas fórmulas, con las cuales podemos estar de acuerdo o no. Con todo, su revisión debe llevarse a efecto en la discusión particular.

Por último, sobre el sistema de financiamiento, que fue ampliamente discutido, donde tal vez se encontraban los puntos de mayores disensos, el proyecto se hace cargo de algo que hoy reclama la gran mayoría de los estudiantes chilenos, cual es promover la equidad e inclusión en la educación superior a través de un financiamiento gratuito. La indicación sustitutiva puede no ser la mejor, pero ciertamente cambia el sistema.

Además, logramos un acuerdo con el Ejecutivo, que me parece vital para el desarrollo. Los radicales creemos en la educación pública y en que esta mueve a la sociedad. Por una parte, hemos consensuado con el gobierno que dé prioridad a sacar del Senado el proyecto sobre nueva educación pública escolar, a fin de que rápidamente sea ley de la república. La idea es que el próximo año comience el proceso de desmunicipalización de los colegios que hoy se encuentran en crisis, y enviar una iniciativa -así lo declaró la ministra en marzo pasadoque fortalezca la educación superior estatal, que tanta falta le hace.

¿Con qué nos encontramos en la comisión? Con argumentos opuestos. Algunos dicen que el objetivo que debe tener el proyecto es construir una sociedad en la que el talento, el esfuerzo y el mérito sean lo preponderante, en la que se rechace la mirada humboldtiana de la universidad y se plantee la necesidad de tener una visión con miras al siglo XXI y al siglo XXII, con universidades más abiertas. Entonces, con todo ese discurso, pensando en el futuro, rechazan la idea de legislar en materia de educación superior, porque con eso logran mantener el statu quo, que la situación siga tal cual como está.

Otros dicen que votarán en contra, pues, de acuerdo con su argumentación, el proyecto tiene problemas de fondo y de forma, no entrega garantías, no efectúa cambios estructurales, mantiene el mismo modelo, etcétera. Sin embargo, al votar en contra no se genera ningún cambio en el actual modelo, en circunstancias de que la gente y los estudiantes quieren cambios.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en política, sobre todo en política educacional, se requiere el mayor consenso posible. Si diputados deciden votar en contra porque los estudiantes así lo quieren, el único efecto que tendrá ese hecho será mantener el statu quo, mantener el lucro, mantener la educación superior en manos del mercado. ¡Es imposible regular si no tenemos la posibilidad de legislar!

Podemos hacer mejoras. En la Comisión, la ministra planteó con claridad que se eliminará el crédito con aval del Estado (CAE). En eso creemos todos los miembros de la Nueva Mayoría. La posibilidad de eliminar el CAE es real, y ello se debe a que el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, de crear un sistema distinto. Así lo planteó la ministra hace bastante tiempo y la Presidenta Bachelet lo dijo claramente.

En consecuencia, en ese aspecto tenemos un problema político.

Por eso, hago un llamado, en especial a quienes votaron en contra en la comisión, a meditar sobre su voto. No se puede hacer reformas que abarquen todo lo que uno quiere; estamos en democracia, la que consiste en escuchar al otro, en ponerse de acuerdo con el otro, y en entregar opciones, sobre todo si se trata de una materia como la educación, que requiere de una mirada de Estado, no de una visión sectaria de unos pocos.

Por eso, la bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto para impulsar los cambios necesarios, sobre todo para reforzar la educación estatal.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, es inexplicable e inentendible que un proyecto, supuestamente emblemático, impulsado por un gobierno que decía que su mayor preocupación era la educación, haya tenido una de las peores tramitaciones que hemos visto durante este período legislativo.

Ello se debe a que como se subieron al carro de lo que pedía la calle, debieron prometer lo que fuera, aunque no tuviesen seguridad de poder cumplir. Mantener la promesa en la indefinición tuvo como objetivo conseguir el apoyo de todos los sectores durante la elección, sin importar lo irresponsable o inviable que pudiera ser esa promesa, frente al objetivo de volver al gobierno.

¿Qué pasó en la práctica? Invito a los parlamentarios a recordar, a hacer memoria en este sentido.

El proyecto tiene dos años de retraso, nueve veces fue aplazada su discusión, ha existido una conducción errática permanente. Primero pretendieron hacerlo todo en un solo proyecto; después, decidieron sacarlo por partes; luego, todo junto nuevamente. Ahora dicen que lo que se sacó -me refiero al Consejo de Rectores se verá en el Senado. ¡Bien por los rectores del Cruch! Por portarse bien y por guardar silencio, tendrán un tratamiento especial y privilegiado para discutir sobre sus recursos y apoyos. Se trata de una situación que no comparto, ya que estamos trabajando para crear una institucionalidad para todos.

Este verdadero despelote -dejando de lado la falta de respeto que han tenido para con la Cámara de Diputados revela una falta total de convicción respecto de hacia adónde avanzar. Han estado atrapados y tironeados por la opinión de la gente de la calle, por los grupos regalones. Mención especial para el diputado Jackson por su pataleta: “No nos informaron.”.

¿Cuántas veces tuvo acceso a los informes y a los proyectos de ley, incluso en ocasiones antes que la propia ministra de Educación? ¡Recibía las minutas antes que nadie y las visaba, mientras el resto las conocíamos solo minutos antes de votar! Hoy eso le parece insoportable.

¡Bienvenido a la forma de legislar que ha tenido el gobierno con la oposición desde el primer día de su administración! Ese ha sido su modus operandi.

Este es un proyecto que no le gusta a nadie. Basta con escuchar las intervenciones en la Sala para darse cuenta de ello.

¿Cómo nos piden que votemos a favor un proyecto que nadie considera bueno? Ni los rectores, ni los estudiantes, ni los centros de estudio, ni los diputados de oposición, ni los diputados de gobierno. Incluso más -lo dije en la comisión-, a mi juicio ni siquiera los funcionarios de gobierno están a favor de él.

Cuando escuchamos al diputado Schilling hablar en contra del proyecto, pero anunciar su voto a favor de él, estamos frente a un monumento del doble estándar, que hemos visto en él y en otros parlamentarios.

Señor Presidente, por su intermedio quiero decir a los críticos de última hora, a los que buscan tomar distancia sin ningún sentido del pudor, a los diputados Jackson y Vallejo , que no les creo su puesta en escena. Aparecer votando en contra para no sufrir los costos políticos que sí pagará el resto de los diputados de la Nueva Mayoría me huele más a una coreografía añeja de la vieja política. ¿O alguien cree que por la promesa de la presentación de un artículo transitorio ellos decidieron cambiar su voto?

El rechazo al proyecto no solo tiene que ver con la forma de su tramitación, sino también con el poco respeto a los actores de la educación. Estamos ante un proyecto que no convence a nadie.

Nos preocupan las excesivas atribuciones del Estado, que ahogan la iniciativa privada en educación.

El poder total entregado a la subsecretaría, que actuará como juez y parte, que fijará aranceles, cupos y matrículas, revela, una vez más, la desconfianza hacia las personas, tal como lo demostraron con la ley de inclusión escolar. Desconfían de los padres y de los proyectos de la sociedad civil, pero no se dan cuenta -o quizá sí, pero mañosamente de que ponen en riesgo la existencia de un subsistema de provisión mixta.

Además, nos preocupa que se contemple un financiamiento injusto. Se insiste en discriminar a los estudiantes con modelos regulatorios diferenciados, entregando posibilidades de subsistir solo a aquellos que tienen mayor poder de negociación. Siguen discriminando, y esta vez no solo entre estudiantes, sino también entre universidades.

¿Por qué insisten en un trato privilegiado para las universidades estatales?

¿Qué es esto de que en algún mes de este año -seguramente, con retraso, como todas las veces enviarán un proyecto para regular a las universidades estatales? ¡Hasta cuando mantienen los beneficios!

El Cruch debe desaparecer para dar paso a una institución inclusiva, que atienda a todas las universidades que cumplan con ciertos requisitos de calidad. Sin embargo, en el proyecto algunas universidades siguen heredando privilegios; no se fijan reglas comunes para todas.

La gratuidad es la gran promesa incumplida, el eslogan con el que varios llegaron al Congreso y que no van a cumplir ni ahora ni en los próximos veinte años. La gratuidad fue la consigna que usaron para engañar a los chilenos, valiéndose de sus necesidades y carencias para beneficio electoral. ¡Así es fácil ganar! Prometieron algo que no se puede cumplir. ¡Incorporaron esa materia en una glosa presupuestaria!

Díganme con honestidad: ¿El proyecto se hace cargo de los problemas que enfrentan las universidades adscritas a la gratuidad? ¿Quién responde por el déficit de más de 4.000 millones de pesos de la Universidad Diego Portales o por el de 2.000 millones de pesos de la Universidad de Chile?

¡En 25.000 millones de pesos han estimado el déficit para este año! ¿Quién responderá por lo que está sucediendo con la aplicación de la gratuidad?

¿Qué creen que dejará de hacer una universidad con este déficit? ¡Dejará de investigar y de invertir en calidad! Están obligando a las universidades a elegir entre gratuidad y calidad, y están dañando el sistema universitario.

La gratuidad ha sido un fiasco no solo en su forma, sino también en su esencia. Es evidente que tiene una dimensión pública y otra privada, por cuanto genera un beneficio para quien la recibe y otra externalidad en la sociedad en que se aplican los conocimientos. Por lo tanto, la forma de financiamiento también debe ser mixta.

El Estado debe apoyar y acompañar a aquel que por razones económicas no puede acceder a la educación superior, y el joven con mejor condición socioeconómica debe aportar solidariamente con un copago o un crédito. Los jóvenes egresados deben devolver solidaria- mente la ayuda que recibieron para que otros con menos posibilidades disfruten también de los eventuales beneficios de una carrera de educación superior.

Es aberrante financiar la carrera al que puede pagar, así como es aberrante que un estudiante pobre subsidie a un estudiante rico, como quiere hacer este proyecto.

El chantaje del CAE, sin gratuidad universal, sin fecha para concretarla, sino solo esperar que suba el precio del cobre. ¿Cómo pretenden que los estudiantes realicen sus sueños si no hay una pizca de claridad sobre cómo y cuándo avanzaremos?

Les recuerdo que el Presidente Lagos inventó el CAE, que después el gobierno del Presidente Piñera corrigió bastante, pues lo hizo contingente al ingreso, rebajó la tasa y limitó las cuotas. Si el punto de quiebre está en quién lo administra, entonces busquemos un camino no hay ningún problema para ello-; pero espero un mínimo de dignidad del ministerio ante las presiones que, según hemos sabido, han recibido durante estos últimos días.

Accedieron al poder porque tomaron las banderas de una educación trasformadora, gratuita y universal. ¡Mentira! Ganaron la mayoría en el Congreso Nacional con falsas promesas y estimularon a la ciudadanía con expectativas que no han sido capaces de cumplir. Hoy, al menos, pónganse colorados.

Estoy segura de que en diciembre veremos nuevamente al ministro Nicolás Eyzaguirre , quien se lamentará por los errores cometidos; pero ya será tarde, porque no solo habrán perdido la confianza de los ciudadanos, sino que, por insistir en estas malas reformas, lo más probable es que también pierdan el gobierno.

Lamento que no hayamos tenido la capacidad de haber elaborado un proyecto que avance en todos los niveles y que ponga el foco en lo que más se necesita: la educación preescolar.

El eslogan ha desplazado al bien común como centro de la discusión legislativa, se ha empobrecido el debate y se ha transformado en enemigo al que piensa distinto. Si lo dudan, visiten la Comisión de Educación.

Este es un mal proyecto y lo votaré en contra.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, los historiadores y los cientistas políticos se encargarán de escribir sobre el contenido de esta histórica reforma y de los cambios que la acompañan, la reforma a la educación preescolar y escolar, y sobre las razones que pudo haber tenido la Presidenta Michelle Bachelet y su gobierno para hacer de este el tema central de los cuatro años de su administración.

Es bien sabido en Europa, Asia, América Latina y Chile que cualquier emprendimiento reformista profundo en educación, por desgracia, no trae reconocimientos o dividendos políticos y electorales inmediatos, porque es de la naturaleza de las cosas que solo el tiempo permite que la población, la ciudadanía, los jóvenes y sus padres puedan calibrar la verdadera magnitud de las transformaciones que se han realizado.

¿Cómo podrían no estar felices los padres por la posibilidad de enviar a su hijo a un jardín infantil, o alguien que hacía tremendos esfuerzos para cumplir con un copago de 60.000 u 80.000 pesos y empezar a vivir la gratuidad y la calidad de la educación como un derecho, o los cientos de miles de jóvenes que estudian en la educación superior en las distintas latitudes del país que fueron a matricularse -como nos explicó la ministra al inicio de su intervención y comprobaron que eran beneficiarios de gratuidad completa en su matrícula y en las mensualidades, para todos los años de su carrera?

En ciudades como Talca, cuando los jóvenes fueron a matricularse y constataron que tenían gratuidad, de manera espontánea se inició una especie de fiesta ciudadana, de padres y estudiantes, para agradecer al Estado, a su gobierno, a nuestros ministros, por este tremendo avance en derechos que significó esa reforma.

Esta no es una reforma completa y total. ¿Quién puede imaginar que vamos a hacer tabla rasa y, como si no existiera nada, empezar a imaginar universidades como las que quisiéramos que existieran en nuestro país, con las características en materia de docencia, de calidad, de investigación o de extensión? Eso no es posible.

Pero qué duda cabe de que este proyecto constituye un tremendo avance para regular el caos que existe en materia de educación superior, en que han tenido que cerrarse universidades, defendidas por la derecha, que nos dice que nos tenemos que poner colorados porque no se ha alcanzado el máximo que efectivamente vamos a construir en el futuro. Esto no se hace de la noche a la mañana. ¿Acaso quieren seguir con este caos?

Vamos a tener una superintendencia que va a exigir que las universidades sean efectivamente sin fines de lucro, que tengan la calidad que les han prometido a los alumnos y a sus padres. Vamos a tener un nuevo sistema de acreditación, que ahora será obligatorio, y en la discusión en particular se exigirá un tiempo prudente para cumplir con dicha exigencia.

Entre otros tantos aspectos de esta reforma, se ha planteado el de la gratuidad, que no es sino una explosión de derechos que empieza a vivirse en nuestro país y que constituye un cambio en la dirección, en la inercia, que tanto extrañaban padres y estudiantes y que probablemente muchos aún consideran insuficiente. Pero ya echamos a andar una rueda que no se va a detener.

El diputado Rojo Edwards -que ahora no está presente en la Sala prometió que en el próximo gobierno, cuando él fuera diputado, senador o alto directivo -lo dijo así-, iba a trabajar intensamente por echar atrás esta reforma.

Señor Presidente, por su intermedio, permítame decir al diputado Edwards que estamos tranquilos, porque tenemos la certeza de que no va a ser diputado, senador o autoridad de gobierno, porque no creo que el futuro Presidente Alejandro Guillier lo vaya a nombrar en la cartera de Educación o en ninguna otra. Por lo tanto, en ese sentido, nuestra tranquilidad es completa.

En días pasados, nuestra bancada señaló, con respeto, afecto y claridad, que el CAE, el crédito con aval del Estado, para quienes no alcancen todavía la gratuidad que progresivamente llevaremos adelante, debe ser un sistema que permita financiar sus estudios superiores de manera razonable. Me alegro de que la bancada haya hecho el punto y que nuestra ministra haya tenido la grandeza, como la ha tenido siempre, de recoger esos aspectos, valorarlos y saber que más allá de cualquier partido o bancada está el destino de los estudiantes de nuestro país. Este gobierno ha hecho un cambio histórico y profundo en esta materia, y las futuras generaciones se acordarán siempre de este gobierno por este cambio.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro Eyzaguirre , a las ministras Adriana Delpiano y Paula Narváez , y a la subsecretaria que nos acompañan que, como bancada, nos sentimos orgullosos de haber sido parte de este gobierno y de las transformaciones que estamos impulsando.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Kast .

El señor KAST (don Felipe).-

Señor Presidente, este proyecto tiene, en primer lugar, un problema ético no menor desde el punto de vista de la justicia. Poner primero en la fila, entre las urgencias sociales, a aquellos que acceden a la universidad y destinar la gran mayoría de los recursos públicos del país a la gratuidad en la educación superior -en el diseño del proyecto se comprometen también para ese fin los recursos que ingresen en el futuro a las arcas públicas-, significa priorizar no a quienes más sufren ni a quienes más necesitan, sino, desgraciadamente, a quienes -con legítimo derecho y esfuerzo ingresan a la universidad, pero que incurren en un tremendo círculo vicioso de injusticia. Eso ocurre porque el objetivo del proyecto está completamente equivocado; no debe ser la gratuidad. Una persona se transforma en esclava de sus palabras cuando, en el marco de una campaña para elecciones presidenciales, se casa con eslóganes en lugar de hacerlo con objetivos sociales mucho más profundos, como la justicia.

¿Por qué el objetivo no debe ser la gratuidad? Porque el objetivo debe ser la justicia. No hay nada más justo que garantizar el ingreso a la educación superior a todos los estudiantes que lo deseen, así como pedirles que le devuelvan la mano al país una vez que les vaya bien en la vida.

No me explico cómo llegamos a ese diseño institucional; en qué minuto nos convencimos de que el diseño correcto es financiar la gratuidad con recursos generales de la nación, en lugar de optar por un sistema solidario en el cual el alumno no pague mientras estudia, pero le devuelva la mano al país después de su egreso.

El primer problema de este proyecto se debe a que en política, desgraciadamente, estamos obligados a elegir quién ocupa el primer lugar de la fila, lo cual es una inmoralidad. Con las pensiones que tenemos; con 25.000 chilenos que, de acuerdo con información que conocimos el último fin de semana, murieron el año pasado mientras permanecían en listas de espera de hospitales de todo el país, destinar todos los recursos sociales a la gratuidad en la educación superior es simplemente inmoral.

Como lo prometieron en campaña, no se atreven a reconocerlo. Como lo prometieron en campaña y quieren quedar bien con todo el mundo, finalmente no se atreven, porque el Estado se pone de rodillas frente a quienes presionan más, lo cual es una vergüenza.

El sistema propuesto es completamente injusto. Existe una alternativa que sí es justa y que logra el objetivo correcto, que consiste en un sistema solidario mediante el cual el alumno no paga mientras estudia. Por medio de ese mecanismo habríamos logrado no solo que el 25 por ciento de los estudiantes accediera a la gratuidad, como ocurre hoy, sino que además los restantes vieran resuelto su acceso a la educación superior.

Actualmente, 1.200.000 chilenos están estudiando y menos del 25 por ciento de ellos tiene acceso a la gratuidad. En cambio, podríamos haber logrado que la totalidad de ellos no tuviera problemas de financiamiento, considerando incluso la posibilidad de recurrir a fondos internacionales, con la condición de que devolvieran esos recursos después de su graduación. Si les iba mal en la vida, pagaban menos; si les iba bien, retornaban más, con un horizonte de diez años para la devolución total de lo adeudado y una tasa máxima de descuento de 10 por ciento de sus ingresos.

El segundo problema del proyecto de ley en discusión es que tiene un diseño equivocado, en virtud del cual las universidades que cumplen mejor con sus objetivos sufren con el sistema, por una razón muy simple: cuando una institución de enseñanza fija matrículas y aranceles, se ve obligada a nivelar para abajo si entrega una educación mejor, con lo cual mata la posibilidad de generar innovación y nuevas áreas de investigación, porque debe amarrarse a un sistema que fija aranceles.

¿Por qué en este proyecto no se enfrentó el significado de lo público? Se trata de una pregunta muy profunda y relevante para Chile, no solamente para la educación superior. Todos queremos que lo público funcione bien y que tengamos más espacios de inclusión. ¿Por qué asimilamos lo público simplemente a lo estatal? ¿En qué minuto tener un contrato con el Estado se transformó en sinónimo de lo público? ¿Acaso instituciones como la Teletón, Coaniquem y la Universidad Católica no cumplen un rol público?

Enfrentar el tema de fondo significa entender que todos queremos un sistema universitario con buena regulación; nadie quiere que existan universidades de mentira o “de baquelita”, como dijo el ministro Eyzaguirre . Caer en ese sistema no solo es injusto, sino que además condena a las universidades de buena calidad a nivelar hacia abajo, como ya lo han dicho muchísimas veces rectores que adscribieron a la gratuidad, en forma completamente equivocada, y finalmente se dieron cuenta de que habían cometido un error.

Este proyecto probablemente se va a aprobar, porque los diputados oficialistas quieren hacerle un check a una promesa de campaña. Sin embargo, déjenme decirles algo: espero que la ministra Delpiano y el ministro Eyzaguirre entiendan que debemos cambiar radicalmente el diseño, porque, de lo contrario, va a generar frustración que a los estudiantes se les haya prometido gratuidad o, mejor dicho, que se le haya hecho esa promesa a una familia de clase media que tal vez quede justo en el umbral, por arriba del 50 por ciento, y con este sistema no tenga acceso al financiamiento de su educación superior. Con un sistema solidario podrían acceder todos ellos, y responsablemente, sin fijar aranceles, lograr una verdadera inclusión.

Cuando se llegue a la gratuidad total, uno de cada dos pesos considerados en su financiamiento estaría destinado al 20 por ciento de estudiantes de familias con mayores ingresos. Claramente, eso no es avanzar en equidad ni tampoco en inclusión.

Por eso, ministro y ministra, por intermedio del señor Presidente los invito a dejar de lado los eslóganes; a hacer políticas públicas en serio, con objetivos sociales que permitan hacer lo que todos queremos, que es conseguir que ningún estudiante en Chile se quede fuera de la universidad simplemente por no tener recursos, y que no ocurra que una familia que, por ganar 800.000 pesos, se quede con su hijo sin poder acceder a la universidad, porque quedó sobre el umbral de 50 o de 60 por ciento.

Esa es básicamente mi invitación, rescatando obviamente algunos elementos de institucionalidad que ojalá estuviesen mejor diseñados.

Habría sido notable celebrar hoy que el problema de acceso a la universidad en Chile se solucionara de una vez por todas para las familias más vulnerables de nuestro país, pero eso ya no ocurrió. La pregunta es si este proyecto de ley será simplemente un saludo a la bandera, para cumplir con una promesa de campaña, o si vamos a estar abiertos a rectificarlo cuando ustedes lo aprueben. Espero lo último, por el bien de Chile y de nuestros jóvenes.

He dicho.

El señor WARD.-

Señor Presidente, le pido que cite a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Así se procederá, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .

El señor MELO.-

Señor Presidente, la indicación sustitutiva del proyecto de ley de reforma a la educación superior, cuya idea de legislar votaremos esta tarde, introduce cruciales e indispensables cambios al actual sistema de educación superior, que como bancada del Partido Socialista nos comprometemos a respaldar.

En primer término, se termina con los abusos que llevamos años denunciando, en la calle y en estos estrados, con la creación de una completa institucionalidad, compuesta por una subsecretaría y la Superintendencia de Educación Superior.

Se establece, además, la prohibición efectiva del lucro y se introduce una figura penal de negociación incompatible en educación superior, que se sancionará con una pena de cárcel de entre 541 días y tres años para quienes celebren operaciones con partes relacionadas, extrayendo rentas de la institución.

Además, el proyecto consagra en una ley permanente una política implementada vía ley de presupuestos, desde 2015 a la fecha, que ha permitido que miles de estudiantes accedan a la educación superior sin costo alguno para sus familias, gracias a la gratuidad que se ha comenzado a implementar durante este gobierno en CFT, institutos y universidades. Durante

2016, 139.000 estudiantes cursaron gratuitamente sus estudios en treinta universidades a lo largo del país. El hito que marcará este año 2017 será el ingreso de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales a la política de gratuidad, con lo que se espera que los beneficiados alcancen a 96.000 estudiantes de ese tipo de instituciones. Es decir, de aprobarse este proyecto de ley en 2017, la gratuidad beneficiará a más de 250.000 estudiantes de universidades, CFT e IP.

En síntesis, se resguardan los derechos de las y los estudiantes; se asegura la calidad de las instituciones de educación superior; se eliminan las barreras económicas para el acceso a ellas, y se reguarda la fe pública para efectos de consolidar estas reformas, en especial la gratuidad para cursar estudios superiores.

Por ello, la bancada del Partido Socialista considera un deber impostergable legislar sobre esta materia, de manera tal que este proyecto se transforme en una ley permanente que refleje el compromiso del país con las y los estudiantes y con sus familias.

Nos asiste la convicción de que Chile necesita esta reforma, pues gracias a ella el sistema de educación superior será más justo, inclusivo, equitativo, de calidad y con pleno resguardo de la fe pública.

Tenemos la obligación de avanzar en esta materia y no podemos caer en la política de la derecha, que rechaza esta iniciativa y defiende un modelo de educación entendida como un bien de consumo.

En el otro extremo está la posición de los actores que hoy constituyen el Frente Amplio, que hace solo pocos meses integraban los mismos equipos de gestión de este gobierno, pero que prefieren que no exista ley, porque no se acerca a sus pretensiones maximalistas del todo o nada. Chile necesita avanzar y no existe ninguna justificación para negarles ese derecho a cientos de miles de estudiantes.

Para los socialistas, cada conquista social es un avance valioso y sustantivo para la gente que representamos. Por ello, votar en contra la idea de legislar es votar nuevamente con la derecha, de la misma forma como en el pasado presenciamos a los diputados de ese sector rechazando el fin del multirrut y la Reforma Tributaria, porque no todas sus ideas estaban satisfechas. Votar en contra la idea de legislar es negarse al diálogo democrático que tiene como sede el parlamento. Así de claro y así de concreto.

Estoy cierto de que el proyecto de ley es perfectible. Y seamos justos: la Presidenta Bachelet y su gobierno han dado muestras concretas de que están dispuestos a escuchar y a introducir modificaciones a la iniciativa durante el proceso legislativo.

Seamos sinceros y digamos las cosas como son: el gobierno señaló públicamente, antes de que se rechazara la idea de legislar, su voluntad y compromiso de terminar con el crédito con aval del Estado (CAE) y la bancarización del financiamiento de la educación superior. Además, envió por cuerdas separadas un proyecto para las universidades estatales, expresión concreta de la responsabilidad y rol que le cabe al Estado con sus instituciones y de la voluntad para rebajar los plazos de acreditación propuestos inicialmente, entre otras materias.

No estamos aquí ni fuimos electos para satisfacer caprichos personales. Nos debemos al pueblo que nos eligió, y ese mismo pueblo votó mayoritariamente por una reforma integral y sistémica de nuestra educación superior, objetivo que se ciñe, en sus ideas rectoras, al proyecto que votamos hoy.

Nada justifica lo que aquí defendió el diputado Felipe Kast , esto es, que más de 75.000 estudiantes pertenecientes a los sectores populares y medios, que poseen gratuidad en la Región Metropolitana y que representamos en el Parlamento, pierden el derecho otorgado por el Estado que les permite cursar sus estudios superiores.

Nada amerita que posterguemos en un año este debate, condenándolo a la buena voluntad de un nuevo gobierno; nada amerita -como quisiera la derecha que respalda a Piñeraque sigamos amparando el lucro, el abuso y la arbitrariedad que seguirán imponiéndose en nuestra educación si se rechaza esta trascendental reforma.

Espero que la cordura y la responsabilidad política se impongan y que aprobemos la idea de legislar sobre la materia. Luego vendrá la hora de presentar indicaciones al proyecto, instancia en la que todos podrán plantear sus observaciones y los cambios que crean necesarios. De hecho, yo mismo presentaré varias indicaciones en su momento. Me imagino que se instalarán mesas de diálogo con todos los actores involucrados -los movimientos sociales y estudiantiles, el Consejo de Rectoresy se llegará a los acuerdos necesarios para avanzar en esta iniciativa.

Estoy cierto de que saldrá de la Cámara un proyecto final mucho mejor que el que ingresó, pero para ello no podemos clausurar el debate democrático que esta tarde recién comienza.

He dicho.

El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, el tema en discusión -conversamos al respecto con la subsecretaria es qué tipo de ley queremos y a qué nos vamos a comprometer.

Como dijo el diputado Robles , no se trata de aquellos que quieren todo o que estiman que la política es el arte de lo posible. Yo creo que la política es aquello que nos hace sentido, aquello que nos hace comprometernos realmente cuando es necesario hacer modificaciones, por ejemplo en materia de educación superior. Y algunos asuntos por los cuales creemos que es importante hacer modificaciones, pues tienen actualmente teñido el sistema, son el abuso, la mediocridad, el robo, el fraude y el cohecho.

Hay algo muy claro: el Estado no garantiza lo que los estudiantes realmente necesitan a través de la educación superior. Por ello, el debate dice relación con determinar aquello por lo que nos vamos a jugar.

El proyecto fue dividido en dos: uno trata lo relativo a las universidades estatales, y el otro dispone la regulación. A uno se le llama “el de las estatales”, y al otro, “el que regula”.

En relación con “el de las estatales”, me parece interesante la posibilidad de que esta materia sea tratada por separado, pero siempre y cuando conozcamos de verdad qué pasará con las universidades estatales. Esto implica saber, por ejemplo, qué ocurrirá con su financiamiento, qué pasará con el financiamiento de todo el sistema, y qué porcentaje del presupuesto nacional será destinado a fortalecer a esas universidades.

Por su intermedio, señor Presidente, le quiero decir a la señora ministra -creo que ella lo sabe que las universidades que son gratuitas lo son porque son estatales. Y son estatales porque son gratuitas. Ello por una sencilla razón: el Estado asume su responsabilidad en plenitud en el sentido de que debe financiar a las universidades estatales. Por eso las instituciones son gratuitas. No es que los alumnos son los que tienen gratuidad y por eso el Estado financia a las instituciones estatales, como se plantea finalmente en el proyecto. Debemos asumir la responsabilidad de que el Estado necesita instituciones de nivel, porque son parte del desarrollo del país; en consecuencia, el Estado tiene la obligación de financiar esas instituciones. Por eso, deben ser gratuitas; ese es el sentido. Esperamos que en el proyecto venga incorporada esa idea y no la de perseguir al alumno más vulnerable y ver dónde estudiará. Debemos hacer una apuesta en relación con qué tipo de instituciones queremos en el sistema y financiarlas.

Por otro lado, debe haber ampliación de matrícula en estas instituciones. Esperamos que las universidades estatales tengan un programa de fortalecimiento y de expansión. Pero también se requiere que esas universidades desarrollen y aumenten con mayor intensidad áreas como la creación de conocimiento, la investigación y la ciencia.

Ahora, esperamos que el financiamiento no se haga solo con cargo al Banco Mundial. No se entiende que los proyectos de las instituciones privadas tengan recursos para la gratuidad, pero que los de las instituciones estatales se fortalezcan no con recursos del Estado, sino con prestamos pedidos al Banco Mundial. Debemos definir cómo vamos a utilizar el presupuesto de todos los chilenos, esto es si lo haremos fortaleciendo las instituciones estatales o tramitando un proyecto para que las instituciones privadas tengan financiamiento del Estado. Debemos aclarar eso.

Respecto del proyecto original, debemos analizar la definición de universidad, esto es qué vamos a entender por universidad y para qué queremos estas instituciones en el país. ¿Queremos universidades para el desarrollo del país o para el negocio de unos pocos? ¿Las queremos para el interés común o para el interés privado? Es importante marcar la posición, porque si entendemos a las universidades como un espacio importante para el desarrollo del país en lo que dice relación con el debate del tipo de sociedad que queremos, del desarrollo del pensamiento, del desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades y las artes, la exigencia a la que deben responder las instituciones de educación superior necesariamente debe estar a la altura de esos propósitos y de esos principios.

Por lo tanto, no podemos proponer un sistema de acreditación que apunte exactamente a lo contrario. El hecho de que en la indicación sustitutiva no aparezca una definición o un planteamiento que diga relación con los principios y los propósitos, es sospechoso, porque precisamente después viene un sistema de acreditación sumamente laxo y ambiguo, que no está de acuerdo con los propósitos de la institución que participa realmente en el desarrollo del país.

Por lo tanto, lo que resulta crucial modificar en este proyecto que vamos a analizar en segundo trámite reglamentario en la Comisión de Educación es que la acreditación no puede ser un sistema que se adecúe al nivel de las universidades que existan en el sistema.

Ministra, por intermedio del señor Presidente, lo que usted planteó en dicha comisión fue que el Estado debía garantizar que la mayor parte de las instituciones lleguen a acreditarse. Yo pienso que es exactamente lo contrario: que el Estado debe garantizar que los jóvenes que ingresan a la educación superior reciban la mayor formación, la de más alto nivel que podemos exigir a las universidades y no que todas las instituciones se acrediten para seguir funcionando.

Esa posición es precisamente la que hace que el Estado aparezca como al servicio del mercado y no al servicio de la comunidad y al del bien común.

Por tanto, debemos hacer cambios importantes en materia de acreditación. La acreditación en cinco dimensiones: la investigación y la creación de conocimiento, por nombrar algunas, y lo que hace y caracteriza a una universidad estará para el 2040. O sea, recién ese año tendremos instituciones a las que podamos llamar “universidades”. ¡Eso no puede ser!

Hay cosas que hicieron que no solo los estudiantes se opusieran a este proyecto, a la indicación sustitutiva, sino que muchos de nosotros dudáramos de votar a favor de una iniciativa como esta.

El ministerio y el gobierno se comprometieron a modificar ciertos aspectos: la extinción del CAE, un compromiso que ya había sido adquirido, y que la acreditación de las instituciones sea algo que el Estado realmente pueda garantizar en cuanto a calidad y exigencia.

Debemos contar con universidades de verdad para el desarrollo del país, no para el desarrollo del modelo económico que tenemos hoy. Sería un error garrafal que el sistema y el Estado siguieran al servicio del mercado y no al servicio de lo que se plantea como propósito en este proyecto.

Respecto de las carreras con acreditación obligatoria, hoy mantenemos a Pedagogía y Medicina. ¿Por qué no avanzar hacia la obligatoriedad de la acreditación en todas las carreras del área de la salud? ¿Qué diferencia a Medicina de Odontología? ¿Qué hay de distinto entre esas carreras? El mismo Colegio de Odontólogos planteó que ellos querían que la acreditación de Odontología fuera obligatoria para evitar el negocio que se genera con esa carrera, que es una de las más caras y con las que más lucran las universidades privadas.

Por último, en los pocos segundos que me quedan, quiero hacer una referencia al tema del blanqueo, el cual planteé en la Comisión de Educación.

En esta materia también hay que considerar la historia de las instituciones. Hoy no podemos establecer un sistema que niegue la historia, lo que pasó con las instituciones de educación superior que vulneraron sistemáticamente la ley, que lucraron, que abusaron, las cuales considero que no pueden entrar al sistema como si aquí no hubiera pasado nada.

Sería un error garrafal que no nos hiciéramos cargo del error y del abuso que cometieron esas instituciones, no solo contra los estudiantes, sino…

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.

El señor BORIC.-

Señor Presidente, recuerdo -a propósito de esta discusión, es inevitable retrotraerse a por qué estamos acá como si fuera ayer el año 2005, cuando, entre gallos y medianoche, el trío Lagos-Bitar-Eyzaguirre consagró el crédito con aval del Estado como sistema de financiamiento para la educación superior en Chile.

En esa época, a quienes nos movilizábamos en contra nos dijeron que éramos unos egoístas y que no queríamos que estudiantes de menores ingresos o de universidades privadas pudieran acceder a sistemas de financiamiento. Mientras, nosotros respondíamos desde las calles que por supuesto que queríamos ampliar la matrícula en educación superior, pero con sistemas de financiamiento que se hicieran cargo de no dejar endeudadas a las familias por ejercer lo que debiera ser un derecho: el derecho a la educación.

Nos trataron de egoístas porque en esos tiempos dijimos que era un sistema usurario que condenaría a miles de familias a contraer deudas inimaginables. Sin embargo, hubo algo bueno de esos días, y fue que la educación como derecho era un concepto que empezaba a cuajar en las marchas y en las barricadas de ese frío invierno del 2005.

Pero no fue hasta el año siguiente, el 2006, cuando la sociedad chilena comenzó a despercudirse de sus miedos más profundos, de los traumas heredados de un pasado oscuro y de los límites de una gobernabilidad pactada entre pocos y salió en masa a respaldar a los “pingüinos” de aquel entonces, a los estudiantes secundarios que gritaron con fuerza y rebeldía: “¡No más lucro con la educación!”. “¡No a la LOCE!”.

Fueron las movilizaciones del 2006 quizás las últimas que el pacto transversal de la transición y el partido del orden lograron desactivar en los términos en que estaban acostumbrados.

Su producto fue la LGE. Seguramente muchos se acordarán de la triste imagen de las manos tomadas en alto en el salón Montt-Varas, de La Moneda, entre la derecha y la Concertación, guiados por la Presidenta de Chile de ese entonces, que habían hecho un pacto sobre un proyecto a espaldas de los estudiantes que habían hecho posible que por primera vez en Chile, después de mucho tiempo, se empezara a discutir la idea de la educación como un derecho social y no como un objeto de mercado.

En esos años perdimos la inocencia, pero ganamos también una profunda experiencia.

Si hay un día que esperábamos desde ese entonces -por cierto, también del 2011-, era este. Después de años de movilizaciones; años de discusiones; años de elaboración de propuestas en las universidades, en las asambleas, en lugares que la política de este espacio no entendía ni entiende, esperábamos poder discutir junto con los actores sociales que lo hicieron posible, un proyecto de educación superior que estuviera a la altura de reformar radicalmente el sistema injusto y desregulado que habíamos creado en Chile, que permitió y masificó el acceso. Sí, ¿quién podría desconocerlo? Pero lo hizo de una manera que cargó a carreras que después no tenían espacio laboral; que cargó con deudas a miles de familias; que terminó estableciendo a la educación -ya lo hemos dicho en muchos espacios como un negocio y no como un derecho.

Eso lo hemos dicho con fuerza en todos los casos de proyectos universitarios que finalmente terminaron privilegiando otros intereses que no fueran los de los estudiantes y sus familias, y, por cierto, el bien del país.

Ante este día que tanto hemos esperado, debemos preguntarnos si el proyecto en discusión representa ese espíritu que llenó de esperanza a todo Chile en 2006 y 2011. Desgraciadamente, tenemos que respondernos en forma crítica: este proyecto no está a la altura, no solo de las expectativas, sino también del cambio epocal que significa volver a discutir en Chile la educación como un derecho social y no como un bien de consumo.

Este proyecto lleva más de diez meses paralizado por la disconformidad de prácticamente todos los actores relevantes involucrados. Aquí creo que es importante ser claro y hablar sin matices acerca de cuáles son los reparos que tenemos sobre la iniciativa en debate, porque seguramente nos van a decir, como lo han insinuado algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría, que quienes hemos peleado por esto ahora parece que estamos en contra de cualquier cosa, porque somos maximalistas. ¡No, no somos maximalistas! Entendemos la necesaria gradualidad de las reformas, pero no por eso podemos mirar para el lado ante un proyecto que no recoge en su esencia temas que son fundamentales para el movimiento, que ya no es solo de estudiantes, sino de una sociedad que clama por la educación como derecho.

Este proyecto elimina la orientación normativa de consagrar un sistema de derechos sociales. Lo conversamos con la subsecretaria en su momento. Nos dijeron que estaban disponibles para retomar esa discusión. Lo agradecemos y lo valoramos. Sin embargo, no elimina del sistema los mecanismos de financiamiento individual ni avanza en el de financiamiento de proyectos institucionales para la gratuidad universal.

Hemos planteado nuestros reparos -también lo manifestó la diputada Camila Vallejorespecto de cómo se ha financiado la gratuidad y, además, del problema que ello ha generado en las universidades, en particular en las de regiones.

Se quita la regulación de lo estatal, tanto en la configuración institucional como respecto de la proyección y el crecimiento. No se sabe qué pasará al respecto ni cómo calza este proyecto en particular.

El marco regulatorio propuesto tiene como límite la autonomía de las universidades, entendida ella desde la perspectiva de la propiedad privada sobre la institución, lo que impide intervenir en contra de abusos privados o en favor del sistema público.

Tampoco contiene medidas ni orientaciones claras respecto de cómo se pretende la existencia, en el mediano y largo plazo, de un sistema nacional de educación pública, aunque algo se insinúa en el proyecto sobre universidades estatales que nos entregaron hoy.

Desgraciadamente, el proyecto no responde a una demanda que cada día es más fuerte en la sociedad chilena, cual es avanzar hacia una educación no sexista, cuestión que debemos mencionar, porque cada día es más importante. Como parlamentario, considero relevante que también instalemos este tipo de temas en el debate.

La iniciativa no aborda la necesidad de democratizar nuestras instituciones, no solo las universidades estatales, sino todo el sistema de educación superior. La democracia no se construye solo en los estrechos pasillos del Congreso Nacional, sino también en las universidades, donde se piensa en cómo debiera ser el desarrollo del país.

En la política no podemos separar la forma en que esta se realiza de los resultados que se obtienen. Si hay algo respecto de lo cual he sido permanentemente crítico, es de que en esta iniciativa se cometió, una vez más, el mismo error que, por ejemplo, con la carrera docente. Me refiero a que, al final del día, no se convocó de verdad, en serio, más allá de la foto de una participación insustancial, a los actores sociales relevantes, para que se hicieran parte de esta iniciativa.

¡Qué más quisiéramos que recibir entusiastas algo por lo que hemos peleado y nos hemos sacado “la cresta” durante tantos años, con marchas, discusiones, asambleas y hasta con barricadas, cuando fueron necesarias! Sin embargo, hoy nos presentan este proyecto que no deja contento a nadie.

Por eso, tenemos que mirarlo en una perspectiva histórica y preocuparnos de cuáles serán las consecuencias de la decisión que vamos a tomar.

Hoy la ministra se comprometió de manera explícita, a partir de lo que entendemos es la posición de diferentes sectores, pero, en particular, de aquella surgida desde la movilización histórica de los estudiantes, a terminar de una vez por todas con esta tremenda carga que se creó en 2005: el crédito con aval del Estado.

¿Cómo no ponernos contentos con esa noticia? ¿Cómo no reconocer que ahí hay un avance del movimiento social y que hoy se abre una cancha para entrar a disputar cuál será el sistema de financiamiento? Porque no está definido. Debemos tener un nuevo proyecto de ley.

Ahí vamos a estar, en todos los espacios en que sea necesario, para pelear para que no se siga reproduciendo el endeudamiento de nuestras familias como mecanismo de financiamiento.

Reitero: ahí hay un avance del movimiento social.

Hoy, la ministra se comprometió a recibir el próximo lunes a los estudiantes para responder una a una las observaciones que ellos responsablemente han presentado. Sin el movimiento estudiantil, los trabajadores de la educación superior e instituciones como el Senado Universitario, que hoy también presentó sus observaciones respecto de la reforma, un proyecto como este no contará con la legitimidad necesaria.

Hoy también nos entregaron el proyecto sobre las universidades estatales, que a primera vista parece insuficiente, pero abre la cancha para una discusión.

Entonces, frente a esta dicotomía, junto con los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic nos preguntamos qué es lo correcto, hacia dónde debemos apuntar.

No podemos aprobar un proyecto que en nuestro fuero interno no nos convence en lo sustantivo, pero tampoco vamos a ser quienes obstaculicen su tramitación, porque tenemos una diferencia sustantiva con la derecha: nosotros queremos reforma, ellos no.

Por lo tanto, hoy vamos a aprobar las disposiciones propias de ley orgánica constitucional, porque nos parece que son un avance, y nos abstendremos, para debatir en todas partes, el resto del contenido del proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto realmente importante, una iniciativa emblemática de la Nueva Mayoría. De ahí que no sea extraño que en las últimas horas hayamos sido testigos de triples saltos mortales olímpicos para justificar por qué en la comisión votaron que no, y hoy, en la Sala, votarán que sí.

Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacer al gobierno es qué cambió entre el martes de la semana pasada y hoy, lunes, que hizo que quienes votaron en contra, hoy voten a favor. ¿Qué hizo que quienes el martes y hoy hablaron en contra del proyecto, ahora estén dispuestos a votarlo a favor?

La respuesta es clara: este no es un proyecto de educación superior, sino, simplemente, un proyecto electoral, un proyecto de poder.

Todo el ímpetu, la arrogancia y la soberbia de los primeros días de gobierno, de la lectura que hicieron de la sociedad, del borrón y cuenta nueva del país, basado en la popularidad de la Presidenta, se ha desmoronado.

La retroexcavadora se autoenterró. La lectura que hicieron en 2011, que los llevó a creer que la ciudadanía quería otro modelo, y que ellos, “los iluminados”, estaban llamados a establecer un proyecto refundacional, simplemente se desmoronó, no solo por la velocidad de los cambios, sino, sobre todo, por la dirección de estos.

¿Qué hicieron? Usaron los problemas de la modernización capitalista -algunos quieren seguirlos usándoloscomo excusa para echar abajo el proceso modernizador.

Por eso hoy hemos escuchado a algunos decir que la derecha no quiere cambios, que la derecha quiere el statu quo, que el crédito con aval del Estado abrió la puerta al mercado. Les molesta que haya muchos estudiantes de la clase media en la educación superior. ¡Díganlo como corresponde!

Uno se pregunta cuál es el modelo que quieren. ¿El modelo de elite de las instituciones?

¿Les molesta que pueda haber jóvenes que estudien en centros de formación técnica, en institutos profesionales o en universidades privadas?

Ese es el grave error de la Nueva Mayoría: suponer que su lectura de la sociedad hecha en 2011 implicaba que todas las familias de clase media querían otro modelo, uno impulsado por ellos, en circunstancias de que simplemente querían que no les hicieran trampa.

Tiene razón el diputado Auth cuando dice que estamos de acuerdo en que haya una subsecretaría y una superintendencia y en que la acreditación sea obligatoria; pero le tengo una mala noticia: este no es ese proyecto. De hecho, si a este gobierno tanto le importaban esas materias, podrían haber hecho algo muy sencillo: aprobar los proyectos que presentó hace cuatro años el entonces Presidente Sebastián Piñera . No por nada el proyecto sobre la superintendencia de educación descansa luego de haber sido aprobado en su primer trámite en el Senado; no por nada -vaya paradojael Partido Comunista, que se abstuvo durante la votación de la semana pasada, hoy votará a favor porque se elimina el CAE, cuya propuesta alternativa presentó el Presidente Piñera hace cuatro años.

No me refiero al CAE de Ricardo lagos, sino al CAE de Sebastián Piñera , que no tiene una tasa de 7 por ciento, sino una de 2 por ciento, y que tiene un copago máximo de 10 por ciento, de manera que para nadie sea una mochila impagable. Es decir, estamos hablando de un crédito justo.

Entonces, vaya paradoja el hecho de que el Partido Comunista se dé vuelta la chaqueta para votar hoy a favor el proyecto de Sebastián Piñera.

Hoy se les escucha hablar en menos de los institutos profesionales como si fueran universidades wannabe, es decir, aquellas que no alcanzaron a ser lo que imaginan debe ser una universidad; entonces, despectivamente las llaman institutos profesionales. ¿Hasta cuándo les siguen faltando el respeto a las familias que han escogido los centros de formación técnica y los institutos profesionales?

Creen que el crédito con aval del Estado es puro mercado, pero jamás piensan en lo injusto que era el sistema previo, porque era un crédito que solo se otorgaba a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, en donde ya en 2003, cuando yo era presidente de la FEUC, no había mayoría de estudiantes vulnerables, ya que la mayoría de estos estudiaban en centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades privadas.

¿Ese es el modelo alternativo que quieren? ¿Quieren volver a cercenar las oportunidades de muchos estudiantes? ¿Acaso no creen que ellos también merezcan estudiar?

Cuando plantean que no quieren más crédito, ¿significa que quieren dejarlos a la deriva u obligar burdamente al gobierno a que les otorgue gratuidad? Hasta en el segundo piso de La Moneda se dieron cuenta de que era demasiado burdo.

Aquí se ha hablado de mantención del statu quo y de cumplimiento del compromiso; pero digamos las cosas como son: ¿Cuál fue el compromiso que adquirió este gobierno? ¿Qué dijo este gobierno al principio? De hecho, el presidente del Partido Comunista dijo que el programa no podía ser una biblia, esto es, no interpretable. Otros dijeron que adherían a él, pero después reconocieron que no lo habían leído.

¿Qué dice ese programa? En la página 20, en su inciso sexto, que casi podríamos llamarlo versículo sexto, se compromete a alcanzar el 70 por ciento de gratuidad hacia fines de este gobierno, y el ciento por ciento en seis años.

¿En qué quedó esa promesa? Déjenme preguntarles a los parlamentarios de la Nueva Mayoría que hoy votarán a favor, después de que hicieron campaña con esa promesa, ¿en cuántos años habrá gratuidad universal? ¿Pueden decirlo? Según nuestras estimaciones, eso solo se alcanzaría en cincuenta o sesenta años. ¡Díganle a la ciudadanía que la engañaron!

Sabían que no se podía, pero lo hicieron igual. ¿Por qué? Siguieron a Ernesto Laclau y dijeron que el puro discurso político iba a transformar la realidad y, quizá, a generar plata quién sabe de dónde.

Algunos dicen aquí que la derecha no quiere cambiar el statu quo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en esta misma instancia? En el proyecto de carrera docente, porque también se rechazó en general en la comisión y luego vino a la Sala.

A diferencia del resto de mi coalición, junto con el diputado Gahona , a quien quiero agradecer por haberme cedido su tiempo, y a otros diputados votamos a favor ese proyecto. ¿Por qué lo hicimos? Porque había un proyecto claro y un norte definido. Este proyecto no tiene ningún norte definido, sino simplemente la cuestión electoral.

Este proyecto crea más instituciones, pero no deja mejores reglas.

¡Vaya paradoja la de quienes quieren extirpar el mercado, pero van a aprobar la creación de una superintendencia y van a regular los precios y las cantidades! Es decir, un mercado regulado.

Quiero preguntar directamente al gobierno: ¿Quieren hacer con estas instituciones lo que aquí propuso el diputado Schilling , es decir, quitarle recursos a la Universidad Católica porque no les gusta cómo es su rector o no les gusta cómo es la educación que en ella se imparte? Digan las cosas como son. ¿Eso quieren? El diputado Schilling lo dijo claramente. ¿Eso quiere el gobierno? ¿Que no haya recursos para la mejor universidad de Chile y la segunda mejor de Latinoamérica? ¿Ese es el modelo que quiere implantar la Nueva Mayoría con esta institucionalidad?

Sería bueno que dejaran bien claro si es eso o es una cosa distinta.

Este proyecto reemplaza la plata privada por plata estatal, pero ello nada tiene que ver con mejorar la calidad.

¡Vaya paradoja la de aquellos que dicen defender la libertad; la de aquellos que dicen defender la libertad académica! Lo que hace este proyecto es simplemente dejar que la cantidad de plata que se destine a una institución de educación superior dependa de cuán bien le cae un rector o un grupo de rectores al gobierno de turno. ¡Vaya paradoja la de aquellos que supuestamente creen en la autonomía de las instituciones!

¿Sabían los van a votar a favor este proyecto que financiar los ocho primeros deciles de gratuidad cuesta exactamente lo mismo que financiar los dos últimos? ¿Les parece una medida justa? ¿Les parece que no significa poner a los niños en el último lugar? Los ocho primeros deciles cuestan lo mismo que los últimos dos. Sin embargo, ustedes van a aplaudir y a felicitarse por haber aprobado aquello.

¡Vaya paradoja la de quienes que se califican a sí mismos como progresistas! En vez de poner la plata en lo más justo, en los niños, en el Sename e incluso en las pensiones de aquellos que tienen menos, quieren ponerla en aquéllos que tienen más.

Digamos las cosas como son: ¿por qué este proyecto no ha sido aprobado durante estos diez meses? Porque se estaban poniendo de acuerdo en la Nueva Mayoría. ¿O alguien piensa que si el gobierno hubiese tenido la popularidad de los primeros días, de esa arrogancia, de la retroexcavadora, y la Nueva Mayoría estuviera unida, no lo habrían aprobado ya?

¿Ustedes creen que al gobierno le importa la opinión del resto de la ciudadanía que no piensa como la Nueva Mayoría? Por supuesto que no. Este es un gobierno que lamentablemente está legislando cooptado por los grupos que más se movilizan, que representan a las universidades estatales o a la Confech, que constituyen la minoría de los estudiantes, pero no así la mayoría de las familias chilenas, que quieren calidad y más oportunidades.

Este proyecto le hace caso solo a quienes se organizan, pero ya sabemos que lo justo no es solo atender a aquellos que se movilizan en la calle, sino que muchas veces es poder interpretar a aquellos que están en silencio. No por nada nos queremos preocupar del Sename, no por nada nos queremos preocupar de los adultos mayores postrados. Ese es un concepto de justicia que este proyecto simplemente no tiene.

Este proyecto pretende instalar un modelo de universidad humboldtiana compleja de aquí a veinte años, yendo exactamente en contra de lo que está haciendo el resto de las universidades en todo el mundo. El 5 por ciento de las universidades hoy día es compleja al estilo que quiere este gobierno. Como sabemos que la velocidad del cambio no es lineal, sino exponencial, ¿cómo las vamos a preparar para las discusiones, no de veinte años más, sino de hoy?

Este proyecto, si lo aprueban, va a estar obsoleto una vez aprobado. El proyecto tiene la vista puesta en el pasado, con un modelo sobre ideologizado, con anteojeras ideológicas; hace elegir entre calidad y gratuidad; deja de lado a las universidades estatales para que sea aprobable, pero poco quiere mirar a la no captura política o de grupos que lo alejan del bien común.

Señor Presidente, nosotros seguimos creyendo en un progreso sostenible, con una sociedad de oportunidades en la que el talento y el esfuerzo llevan lejos, no la plata. Por ello defenderemos el principio de la no discriminación arbitraria, la gratuidad focalizada al 50 o al 60 por ciento, becas y un CAE justo, y acreditación para la certeza, poniendo la calidad y la justicia primero. Es decir, ponemos nuestras convicciones por delante y no solamente el resultado de las próximas elecciones. Por eso, votaremos que no.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .

La señora PROVOSTE (doña Yasna).-

Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto representa una respuesta de gran proyección social a una demanda largamente esperada por el sector de la educación superior. Y cuando me refiero al sector de la educación superior pongo la mirada en el conjunto de los actores de este sistema.

El martes de la semana pasada, antes de iniciar la votación, la ministra de Educación indicó con claridad aquellos aspectos centrales que era necesario señalar con fuerza y convicción. Quiero reiterarlos, porque ahora escuchamos a algunos que les preocupa qué pasará con las universidades estatales. Por si no lo escucharon el martes de la semana pasada, la ministra de Educación lo volvió a reiterar en el día de hoy en este hemiciclo: el proyecto sobre universidades estatales es un proyecto aparte, que va a ingresar la primera semana de mayo y que vamos a tramitar este año.

La semana pasada y hoy la ministra de Educación señaló con claridad el compromiso de terminar con el CAE.

Sabemos que queda mucho camino por delante, especialmente de mucho diálogo con las comunidades educativas y con los actores sociales.

Por eso, recogiendo el espíritu manifestado por la Presidenta a las directivas de los partidos políticos de nuestra coalición, la Nueva Mayoría, se constituyó un equipo que viene trabajando desde hace mucho tiempo con el propósito de destrabar iniciativas importantes no solo para nuestro conglomerado, sino para la visión de país que al menos nosotros tenemos. En este equipo de la Nueva Mayoría, en un proceso prelegislativo, mejor coordinado que el que habíamos visto en otras oportunidades, se ha logrado el compromiso que la ministra de Educación también señaló hoy. Estamos claros en que este proyecto necesita de aportes y de mejoras en la discusión en particular. Lo dije el día en que concurrí a apoyar esta iniciativa en la comisión: el proyecto mantiene un conjunto de indefiniciones. Pero ¿saben qué? A nosotros nos interesa que se establezca una institucionalidad para la educación superior; a nosotros nos interesa que por ley se establezca la gratuidad para los estudiantes de las familias chilenas que más lo requieren; a nosotros nos interesa que por ley se sancione el lucro en la educación superior.

Valoro que la ministra haya señalado públicamente que se van a reducir los tiempos de la gradualidad en materia de acreditación.

El proyecto no dice nada sobre el rol de las universidades regionales. Quienes vivimos en regiones esperamos hacer un aporte al respecto.

El proyecto confunde materias de fiscalización y de aseguramiento de la calidad, pero contiene en su columna vertebral una superintendencia, una subsecretaría y normas sobre el reconocimiento oficial y la autonomía sobre el aseguramiento de la calidad, que son normas que revisten el carácter de ley orgánica constitucional.

Muchas veces es más fácil referirse con ironía a los esfuerzos que se han hecho en este país por dialogar más allá de las coaliciones gobernantes. Y precisamente hoy vamos a necesitar más apoyo de lo que es la coalición gobernante. Se requiere de acuerdos más amplios y de discusiones en particular que nos permitan avanzar y definir cuál es el modelo de país que queremos. A partir de ese modelo de país es el tipo de educación que queremos. Una victoria inmediata no asegura un trámite mejor de este proyecto.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la ministra de Educación que la eliminación del CAE ha sido una reflexión larga en nuestra bancada. Se lo hemos planteado desde hace mucho tiempo y es lo que busca todo el sistema. Sin embargo, solo radicalizar la discusión en torno a él puede ser contraproducente. Lo mismo vale en materia de gratuidad. Un tema pendiente es la mochila de los endeudados del CAE. Pocos hablan de ello cuando se propone eliminar el CAE sin que el sistema también se haga cargo de los miles de endeudados.

Antes de concluir, quiero mencionar algunos temas que nos parecen importantes en este debate.

Algunos quieren plantear el discurso de la igualdad de oportunidades en materia de universidades y de centros de formación técnica.

¡Qué puede ser mejor que lo que hemos hecho en este gobierno! ¡El actual gobierno creó quince centros de formación técnica estatales, gratuitos y sin fines de lucro! ¡Este gobierno! En este gobierno, nuestra bancada, la bancada de la Democracia Cristiana, tras los anuncios de la Presidenta del 21 de mayo de 2015, recibió a las organizaciones de los centros de formación técnica y propuso avanzar en la gratuidad para estos centros. Por eso celebramos que ahora nuestra legislación permita a los alumnos de los centros de formación técnica acceder a la gratuidad.

Vamos a votar a favor el proyecto, porque estamos convencidos de que es necesario que la gratuidad quede establecida en la ley.

Algunos parecen olvidar que ha sido la oposición la que ha concurrido al Tribunal Constitucional para echar abajo una medida que impulsamos a través de la ley de presupuestos. ¡Sí, señor Presidente, fue la oposición la que concurrió al Tribunal Constitucional para echar abajo la gratuidad! Y lo hizo a través de la presentación de un recurso en contra de la glosa respectiva de la ley de presupuestos.

Por eso es tan importante que hoy dejemos establecido en esta ley en proyecto que no vamos a retroceder respecto de una medida tan importante para familias cuyos hijos asisten a las universidades o a los centros de formación técnica.

Estamos seguros de que la oposición podrá alzar por algún rato las banderas del derecho garantizado a la educación. La derecha puede ponerse, por un rato y para la ocasión, el traje de la igualdad de oportunidades, pero no lo tolera, porque no le queda.

La inmensa mayoría de las familias de nuestro país quiere que sus hijos puedan exigir educación y salud como un derecho, independientemente de su condición social, cultural y económica, porque saben que constituye la llave para abrir la puerta a su realización y autonomía personal.

Este hecho entraña, quizá, una mudanza en nuestra cultura política. Eso lo sabe la derecha por eso recurre al Tribunal Constitucional-, que no cree que pueda existir equidad en el acceso.

Queremos invitar a todos los parlamentarios que de verdad creen en la igualdad de oportunidades, que sienten que no basta la condición social para garantizar la llegada a la educación superior y que no cuestionan las políticas educacionales que apuntan a lograr esos objetivos.

Me parece abusivo tratar de equiparar los recursos para la gratuidad de la educación superior con los derechos de la infancia. Este gobierno está avanzando también en temas de infancia.

No he escuchado jamás a la derecha preguntarse por qué la gente con recursos estudia doctorados o realiza másteres en el extranjero, pero sí discuten que las familias más necesitadas tengan gratuidad en la educación superior, ya sea en universidades o en centros de formación técnica.

Esto está en el ADN del humanismo cristiano. Por eso, vamos a apoyar con fuerza y con decisión este proyecto, y haremos todos los aportes para mejorarlo en la discusión particular.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, la educación constituye una de las temáticas más importantes en materia de políticas públicas. Su fortalecimiento y profundización en elementos como la calidad y acceso universal, forman parte de los desafíos que nos impone el presente con miras a alcanzar el pleno y completo desarrollo económico y personal de nuestra población.

Sin embargo, particularmente en esta materia es donde el gobierno ha mostrado con especial encono sus añejas ideologías y militancias propugnadas desde el pasado y que, al parecer, se encontraban desterradas de nuestro sistema político.

En efecto, la idea de la imposición por sobre el consenso y el diálogo republicano, se hizo palpable en materia de educación con la dictación de normativas que no apuntaban, en los hechos, a la calidad, sino a ciertos revanchismos y resabios del Estado docente, anacrónico tanto al mundo actual como a los intereses que nuestra nación demanda.

La libertad constituye uno de los elementos sobre los cuales se levanta nuestro orden político y jurídico. Sin embargo, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha privilegiado políticas públicas contrarias a este principio, que no resuelven el problema de fondo, cual es que nuestros ciudadanos accedan a ser profesionales del más alto estándar a nivel mundial.

El proyecto de ley que nos convoca refuerza lo indicado precedentemente, esto es, una iniciativa excesivamente ideologizada, que promueve gasto público en ámbitos de la educación superior cuya urgencia, a nuestro parecer, debería estar puesta en otras fases de la educación, todo lo cual conlleva a la creación de mayor burocracia, mayor gasto público y, finalmente, garantías como la gratuidad universal que incluso beneficiarán en una importante medida a los chilenos económicamente más privilegiados, lo que a nuestro juicio parece un sinsentido mirado desde la perspectiva de los chilenos de clase media que ven nuevamente cómo el acento no está puesto en ellos, sino en una universalidad imposible.

Señor Presidente, creemos que una política sensata en materia de educación no debe partir por una educación superior, cuyo sistema se encuentra relativamente estable, donde ciertamente existen universidades de prestigio, reconocidas mundialmente, y donde como nunca antes en la historia miles de estudiantes chilenos tienen acceso a ella.

Estimamos que estos mayores recursos y accesos deben estar destinados al aseguramiento de la calidad de la educación preescolar y escolar temprana, pues, de acuerdo a todos los estudios elaborados en políticas públicas comparadas, es ahí donde se marca la desigualdad que viven los chilenos en materia de educación, y en donde mayor consagración deben revestir las políticas públicas.

No obstante aquello, este gobierno, absolutamente inspirado en ideologías sesenteras, ha apuntado al último eslabón de esta cadena, mirando mezquinamente los votos de la próxima elección de noviembre, por sobre las generaciones futuras. Porque, como bien sabemos, los niños no tienen derecho a voto, tampoco salen a marchar por las calles, ni menos reproducen consignas partidistas cargadas de contenido ideológico y, por supuesto, nada técnico.

Ante todo, Señor Presidente, la ciudadanía se ha dado cuenta de la equivocada actitud de la Presidenta Michelle Bachelet , quien ostenta un paupérrimo 25 por ciento de credibilidad y, no obstante, ha llevado adelante políticas que afectan a millones de chilenos, las que, más allá de sus buenas intenciones, han sucumbido abiertamente ante los grupos de presión y ante una izquierda extrema, las que, sin duda, le han hecho mal a Chile y a su orientación dialogante.

Señor Presidente, por otra parte quiero hacer referencia a un aspecto preocupante. De acuerdo a la fraseología empleada por el proyecto y sus indicaciones posteriores, pareciera ser que la única alternativa de los estudiantes egresados de los establecimientos secundarios fuese la universidad, como si todos los jóvenes buscaran como finalidad de su vida el ingresar exclusivamente a un plantel universitario, circunstancia que en la práctica no es así.

En ese sentido, la administración debe promover políticas públicas que apunten a la entrega total de herramientas intelectuales y de formación en la educación preescolar básica y media, y, por otro lado, fomentar otros caminos que van más allá de la asistencia y formación en un aula universitaria. Tecnología, calificación y especialización técnica deben ser promovidas por nuestras autoridades; sin embargo, estas no han encontrado otras instancias para su despliegue ni han sido consideradas en esta oportunidad.

De acuerdo a lo indicado, nos parece que los defectos que podemos encontrar en esta iniciativa saltan a la vista. Ella, por lo demás, ha sido rechazada por millones de chilenos, situación que en parte se refleja en el escaso apoyo a la Presidenta Bachelet y a su gobierno y administración.

En consecuencia, sin duda, nuestro conglomerado votará en contra porque es otro mal proyecto para Chile, que no asegura ni calidad, ni progreso, ni desarrollo personal y material para el cumplimiento de los anhelos de miles de chilenos y chilenas que una vez más verán postergadas sus aspiraciones.

He dicho.

El señor SOTO.-

Señor Presidente, a pesar de que en Chile se reconoce la importancia de la educación para las personas, la educación superior, la educación terciaria, no aparece asegurada, ni siquiera promovida, en ninguna parte de la Constitución. Claro, esta es una razón más de la obsolescencia de la Constitución del 80, que justifica su cambio.

Esta omisión ha generado un enorme espacio para que este derecho social haya sido completamente desnaturalizado, al ser sometido todo nuestro sistema de educación superior a las reglas de mercado, como si se tratara de un bien o servicio de consumo masivo donde la decisión de qué, dónde, cómo y cuántos pueden estudiar es decidido por instituciones de educación superior que han proliferado bajo su amparo y buscan preferentemente hacerse del bolsillo de los padres del alumno.

Si a ello agregamos una débil institucionalidad fiscal de control en materia de educación y, en los últimos años, el ingreso, como un nuevo y principal actor de la educación, de representantes del sistema bancario y financiero, que lucran y financian con altos intereses a los alumnos, tenemos una crisis sin precedentes en nuestra educación superior.

Se ha generado un sistema de educación superior muy extendido, pero que incuba en su interior una crisis profunda sin precedentes en nuestra historia, donde las injusticias sociales, abusos y falta de oportunidades están a la orden del día, lo que miles de familias y el país terminarán pagando.

La Presidenta Michelle Bachelet se ha hecho cargo de este problema estructural, y, como saben, de varios otros más, transformando esta reforma en uno de los ejes estructurales de su gobierno, comprometiéndose a avanzar en un sistema de educación superior que permita, al menos en esta primera etapa, garantizar educación gratuita a la mitad de los estudiantes más vulnerables de nuestro país.

Durante más de nueve meses se ha tramitado esta futura ley en comisión; allí se ha escuchado a todo el mundo, entre otros, a organizaciones de académicos, estudiantes, expertos. Pero ahora llegó finalmente la hora de la verdad; hoy se presenta una indicación sustitutiva que sienta las bases para un nuevo marco institucional, un nuevo modelo, que regula el acceso, controla y fortalece el sistema de educación superior chileno.

Por primera vez se asegura la calidad de la educación; se resguarda la fe pública en la formación de técnicos y profesionales, y, sobre todo, se avanza hacia gratuidad universal y la prohibición efectiva del lucro, estableciéndose para ello un sistema de acceso común a la educación superior, tanto técnica como profesional, que permite el acceso a la educación superior, especialmente a los jóvenes que tienen altos sueños y capacidades académicas, pero bajos recursos económicos.

Sr. Presidente, obviamente este proyecto de ley puede ser perfectible, puede ser mejorado; pueden agregarse ideas y quitarse otras propuestas. Para eso está la discusión particular. Pero esta tarde debemos votar en general, debemos votar la idea de legislar, debemos decidir si queremos o no que se legisle sobre esta materia.

Si se vota en contra y se rechaza la idea de legislar, se vota por mantener la educación tal como está, con su desregulación, con un sistema de acreditación y aseguramiento que se ha corrompido y es vulnerable a la manipulación.

Si se vota en contra y se rechaza la idea de legislar, se vota por mantener “un dejar hacer”, un libertinaje a la medida de universidades con lucro encubierto y de los banqueros, junto a un abandono endémico de las universidades estatales.

Mire, señor Presidente: en las comunas urbanas del sur de Santiago no existen muchas familias que puedan pagar para ingresar al negocio de la educación superior. Por eso, para ellas la gratuidad que asegura esta ley en proyecto resulta algo fundamental.

Hace treinta años, en San Bernardo, cuando ingresé a la educación superior, no había más de cuatrocientos alumnos en toda la provincia de Maipo que accedieran a la universidad, todos endeudándose a casi veinte años para poder financiar las carreras.

Hoy, gracias a la gratuidad por glosa, estudian con gratuidad completa en universidades y centros de formación técnica, 1.843 jóvenes de San Bernardo ; hoy estudian con gratuidad 586 estudiantes de la comuna de Buin; hoy, 418 familias de la comuna de Paine y 137 estudiantes, lo hacen con gratuidad total en centros de formación técnica e institutos profesionales en la comuna de Calera de Tango.

Señor Presidente, si hoy se vota en contra, si se rechaza la idea de legislar, esos jóvenes perderán irremediablemente este beneficio, al no estar garantizado por ley, el cual hoy día les permite luchar y soñar con un futuro donde puedan torcer el destino a la condición económica de sus padres.

Para todos ellos, y para las generaciones de estudiantes que vendrán en el futuro, este proyecto de ley es una mejora concreta y real, un avance tangible que permite el acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades. Con él ingresan al ascensor social que simboliza la educación superior, que, de otra manera, es inalcanzable.

Desechar la idea de legislar es negar el inicio, el comienzo de un debate que es fundamental y una irresponsabilidad, que los socialistas simplemente no podemos cometer.

Para los socialistas resulta incomprensible que se vote en contra en la comisión y que se amenace con votar en contra en la Sala, para mantener ciegamente este modelo de educación de mercado como lo hace la derecha, o, como otros, hacia el extremo de la izquierda, para buscar un lucimiento y figuración personal invocando a los cuatro vientos un maximalismo irresponsable y vociferante, de que “si no me dan todo, no quiero nada”, pero que cuando cambian el voto anunciado a última hora, dejan entrever la falta de convicción.

Los socialistas tenemos una convicción, un mandato como representantes populares, que nos obliga a que nuestras decisiones y nuestro voto deban siempre mirar y buscar el bien común, y, sobre todo, atendiendo la evidente situación de desigualdad en el acceso a las oportunidades en relación con el resto de sus compatriotas.

En consecuencia, llamo a la prudencia y a la cordura, a deponer aventuras personales y a pensar en el bien común. Llamo a aprobar la idea de legislar en este proyecto, de manera tal que las aspiraciones de millones de estudiantes y sus familias puedan transformarse en derechos concretos y exigibles, en un derecho social.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

En relación con la petición de los diputados señores Bellolio y Edwards , la Mesa estima que las letras e), n) y o) del artículo 16 y los números 14), 16), 19) y 28) del artículo 78 del proyecto sobre educación superior son materias propias de ley común.

En el primero de los casos, sobre funciones de la superintendencia, estas no afectan las normas aprobadas con quorum especial en la ley N° 20.800. Lo mismo sucede respecto de las modificaciones recaídas en el artículo 78, que no alteran las normas sancionadas con quorum especial en la ley N° 20.129, sobre aseguramiento de la calidad de la educación.

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, a nuestro entender esas normas sí tienen quorum calificado porque tienen que ver con la revocación del reconocimiento oficial de dichas instituciones. Como usted señala son las letras e), n) y o) del artículo 16 y los números 14), 16), 19) y 28) del artículo 78; pero además otras que venían calificadas como tales desde la comisión y que fueron retiradas por la Mesa, como las letras c), d), g) y p) del artículo 16, por un fallo del Tribunal Constitucional de 2009; el resto del artículo 48; los números 3) y 7) del artículo 78, por el fallo N° 548 del Tribunal Constitucional; artículo 93, y el número 4) del artículo 118.

Si la Mesa considera que no son de ley orgánica constitucional, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rojo Edwards .

El señor EDWARDS.-

Señor Presidente, entiendo que la Mesa sacó las letras c), d), g) y p) del artículo 16; el resto del artículo 48; los números 3) y 7) del artículo 78; el artículo 93, y el número 4) del artículo 118, que señaló el diputado Bellolio , que venían calificados como normas de ley orgánica constitucional desde la Comisión de Educación.

Tras los argumentos que entregó el diputado Bellolio , quiero conocer por qué la Mesa los retiró.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Es la misma explicación anterior. La Mesa revisó los antecedentes, se interpretaron los fallos y se consideró que no incidían.

La reserva de constitucionalidad queda recogida en el acta.

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre educación superior, con la salvedad de las normas que requieren quorum especial para su aprobación, las que se votarán a continuación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 41 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Boric Font, Gabriel ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo , Vlado .

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Corresponde votar en general los artículos 4, letra d); 16, letra b) e inciso final; 30; 48, inciso primero; 78, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 23), 24), 25), 40) y 41); 99, 100; 118, con la salvedad de su número 4); 119, número 14), y segundo transitorio, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras y señores diputados.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 41 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Ward Edwards, Felipe .

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-

El proyecto vuelve a la Comisión de Educación para su discusión particular.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Boletín Nº 10.783-04).

________________________________

Santiago, 29 de mayo de 2017

Nº 054-365/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 4

1) Para intercalar la siguiente letra b) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“b) Proponer al Ministro o Ministra de Educación una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la que deberá abordar, con un horizonte de largo plazo, los desafíos del Sistema de Educación Superior.

Esta Estrategia tendrá por objeto promover el desarrollo del Sistema para el adecuado cumplimiento de los fines y principios de la educación superior. Para ello contemplará un diagnóstico sobre el estado actual y los desafíos de futuro del Sistema en función del desarrollo cultural, social y económico del país y sus regiones; así como objetivos y propuestas para el desarrollo del mismo, tanto a nivel nacional como regional.

La Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12 de la presente ley, y deberá coordinarse con las prioridades estratégicas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país.”.

2) Para agregar la siguiente letra i) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“i) Participar de la institucionalidad encargada de diseñar, coordinar, evaluar y ejecutar las políticas, planes y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación; y dentro de ese marco, en instancias de coordinación enfocadas, entre otras materias, en aquellas relacionadas con educación superior.”.

3) Para agregar la siguiente letra j) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“j) Proponer al Ministro o Ministra de Educación el Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá considerar tanto el subsistema universitario como el técnico profesional, de conformidad a la ley.”.

AL ARTÍCULO 7

4) Para reemplazar, en su inciso primero, la frase “instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional” por “procesos e instrumentos que podrán ser diferenciados para cada subsistema, según el tipo de institución o carrera”.

5) Para modificar su inciso segundo de la siguiente manera:

a) Agrégase, después de la frase “aplicación general” y antes del punto seguido, la siguiente expresión: “y en su elaboración y diseño se deberá considerar el principio de inclusión”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité de acceso respectivo.”.

6) Para modificar su inciso tercero de la siguiente manera:

a) Reemplázase la frase “que tengan por objeto promover” por la siguiente “los que, de acuerdo con el principio de inclusión, deberán tener por objeto fomentar”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité de acceso respectivo.”.

AL ARTÍCULO 9

7) Para reemplazar en su inciso primero, después del punto seguido, que pasó a ser coma, la frase “Para el establecimiento de los instrumentos se deberá contar con un informe favorable de los comités señalados en el artículo anterior.” por la siguiente “en este último caso previamente definidos en un informe favorable del comité respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo precedente.”.

AL ARTÍCULO 34

8) Para reemplazar, en su inciso final, la frase “la información señalada en las letras a) y c) deberá enviarse de forma anual a la Superintendencia”, por “la información señalada en las letras a), c) y d) deberá enviarse, al menos, de forma anual a la Superintendencia”.

AL ARTÍCULO 41

9) Para reemplazar sus incisos primero y segundo por los siguientes:

“Artículo 41.- Formulados los cargos a una institución de educación superior, o una vez sancionada o absuelta, no podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del denunciante, cualquiera sea la forma en la que éste se relacione con la institución, cuestión para la cual la Superintendencia arbitrará todas las medidas que sean necesarias de acuerdo a las facultades que le confiere la ley.

Se considerarán represalias, especialmente, el despido, traslado, degradación de funciones, la cancelación de la matrícula, reprobación arbitraria de asignaturas, y cualquier otro hecho u omisión sin justificación suficiente, arbitraria o desproporcionada, que constituya una denigración u hostigamiento en contra del denunciante.”.

ARTÍCULO 122, NUEVO

10) Para intercalar un artículo 122 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 122.- El sistema de financiamiento de estudios superiores establecido en la ley Nº 20.027 será reemplazado, a partir del 01 de enero de 2019, por otro mecanismo administrado por el Estado, el que será propuesto por la Presidenta de la República a través de un proyecto de ley que presentará durante el año 2017.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro

Secretario General de la Presidencia

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra de Educación

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR.

BOLETIN N° 10.783-04 (2)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, la cual fue hecha presente en la sesión 36ª, ordinaria, celebrada el 20 de junio de 2017.

La Comisión, en su primer trámite reglamentario rechazó en general el proyecto de ley de la referencia, por mayoría de votos. La Sala, en su sesión 15ª, de fecha 17 de abril de 2017, lo aprobó en general y lo remitió a la Comisión para su discusión particular. Durante su tramitación en la Comisión, se presentaron numerosas indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los diputados, a la votación de las cuales se referirá este informe, según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento.

El proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados, consta de 121 artículos permanentes y cuarenta y dos transitorios.

Asistieron en representación del Ministerio de Educación, La Ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate, acompañada del Jefe de Asesores y Jefe de la Reforma a la Educación Superior, señor Luis Felipe Jiménez; del Coordinador Legislativo, señor Patricio Espinoza Lucero; de las Asesoras del Equipo Legislativo, señoras María de Los Ángeles Fernández, Javiera Morales, Marcela Valenzuela y Andrea Encalada, y de los Asesores señores Roberto Flores, Nicolás Cataldo y Gustavo Paulsen. Además, concurrieron el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo, y el Asesor del Ministerio y profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, señor Héctor Hernández.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente:

I. CONSTANCIAS PREVIAS.

1) Normas de quórum especial.

El proyecto contempla normas propias de ley orgánica constitucional.

Fueron consideradas en Sala en este carácter, los artículos 4, que ha pasado a ser 7, letra d), que ha pasado a ser e); 16, que ha pasado a ser 19, letra b) del inciso primero e inciso final; 30, que ha pasado a ser 33; 48, que ha pasado a ser 51, inciso primero; 78, que ha pasado a ser 82, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 23); 25), que ha pasado a ser 24); 40 que ha pasado a ser 38), y 41) que ha pasado a ser 39); 99 que ha pasado a ser 101; 118, números 1); 2), que ha pasado a ser 3), y 3), que ha pasado a ser 6); 119, número 14), y segundo transitorio.

Asimismo, en este segundo trámite reglamentario se han agregado los siguientes artículos y numerales que también tienen este carácter:

-Artículo 19, letras i), párrafo segundo, y j), párrafo segundo, por incidir en las atribuciones de los tribunales de justicia, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.

-Artículo 66, en virtud de que trata de atribuciones que corresponden a la Contraloría General de la República.

Artículo 118, numerales 2), 4) y 5), en cuanto modifican la Ley General de Educación, que fue aprobada con ese carácter.

-Artículo cuadragésimo cuarto transitorio, en cuanto dispone la actualización de la estructura de títulos y grados del sistema de educación superior, contenida en el artículo 54 de la Ley General de Educación.

El proyecto no contempla normas de quórum calificado.

2) Normas que requieren trámite de Hacienda.

La Comisión estimó que los artículos 3, que pasó a ser 6; 6, que pasó a ser 9; 14, que pasó a ser 17; 20, que pasó a ser 23; 24, que pasó a ser 27; 31, que pasó a ser 34; 54, que pasó a ser 57; 57, que pasó a ser 60; 66, el Título V, que comprende desde los artículos 79, que pasó ser 83, al 114; 116, 120, 121, 122 y 123 permanentes, y los artículos quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, trigésimo segundo, trigésimo tercero, trigésimo cuarto, trigésimo quinto, trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo noveno, cuadragésimo, cuadragésimo primero y cuadragésimo tercero transitorios del proyecto requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en virtud de lo preceptuado por los artículos 226 y 228 del Reglamento.

3) Idea matriz o fundamental del proyecto.

La iniciativa legal tiene como propósito la creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública, el fortalecimiento de la formación técnico profesional y la gratuidad en la educación superior.

4) Comunicación a la Corte Suprema.

Según lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, se acordó remitir a la Excma. Corte Suprema de Justicia el texto del proyecto de ley, a objeto de recabar su pronunciamiento, en especial respecto de los artículos 19, letras i) y j), y 51.

5) Diputado informante.

Se nombró como diputado informante al señor Giorgio Jackson Drago.

II. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME EN LA COMISIÓN.

Se encuentran en esta situación los artículos 6, que pasó a ser 9; 14 que pasó a ser 17; 18 que pasó a ser 21; 24 que pasó a ser 27; 27 que pasó a ser 30; 31 que pasó a ser 34; 33 que pasó a ser 36; 37 que pasó a ser 40; 42 que pasó a ser 45; 78 que pasó a ser 82, numerales 5), 6), 10), 13), 15), 22); 25) que pasó a ser 24); 26) que pasó a ser 25); 33) que pasó a ser 32); 34) que pasó a ser 33); 35) que pasó a ser 34); 48) que pasó a ser 45); 49) que pasó a ser 46); 50) que pasó a ser 47), y 51) que pasó a ser 48); 105, 110, 111, 114, 115, 116, 117, y 121 que pasó a ser 123, permanentes, y los artículos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero y cuadragésimo segundo transitorios, los cuales deben entenderse reglamentariamente aprobados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS Y ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Artículos suprimidos:

Fueron suprimidos los numerales 24), 38) y 42) del artículo 78, que pasó a ser 82, y los artículos 91, 92, 100 y 104 permanentes.

Artículos nuevos:

Se introdujeron los artículos 1, 2, 3, 66, 121 y 122, permanentes, y cuadragésimo tercero y cuadragésimo cuarto transitorios.

IV. DISCUSIÓN EN PARTICULAR.

A) Exposiciones.

La Comisión acordó escuchar a las siguientes personas e instituciones, con objeto de recabar su opinión respecto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley.

1. El Vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Rector de la Universidad de Valparaíso, señor Aldo Valle.

El señor Valle asistió a las sesiones 259ª y 261ª, acompañado de la Secretaria General señora María Isabel Munita, y el abogado señor Luis Tapia. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Señaló que la educación en general, y la educación superior en particular, debe ser tratada en toda política pública como un derecho social garantizado y no como un bien de consumo, por lo que el Estado debe asegurar el acceso sólo por mérito, debe promover la oferta de instituciones sin fines de lucro, acreditadas en calidad y con rendición de cuentas pública. Por cierto, la provisión mixta, siendo un valor para la diversidad de proyectos educativos que el Estado debe garantizar y promover, no implica la existencia de un sector de instituciones en un régimen legal y económico paralelo, sin regulación y orientado solo por el libre juego de la oferta y demanda.

El proyecto de ley debería establecer como estructura jurídica necesaria para aquellas instituciones que reciben recursos públicos, el carácter que poseen las fundaciones, en el sentido que su patrimonio quede afecto al cumplimiento de fines estatutarios educacionales. Junto con lo anterior, deberían establecerse exigencias de estándares comunes de administración y gobierno, controles y fiscalización, así como de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de dichos recursos.

Dado el diseño de la indicación sustitutiva, se instala un sistema de mercado con regulaciones parciales, ya que instituciones que acceden a la gratuidad deberán cumplir la normativa respecto de regulación de aranceles y de matrícula. Lo anterior tiene implicancias en los proyectos académicos tanto como en la factibilidad económica de los mismos. Por tal razón, el orden de regulaciones y el régimen de financiamiento deben cuidar que haya el debido equilibrio de participación en la oferta, evitando que se produzcan ventajas en favor de un tipo de instituciones. Ello tendría efectos perversos si algunas son dejadas en plena libertad de acción mientras que otras deben responder a diversas regulaciones y limitaciones, recibiendo unas y otras recursos públicos.

La fijación de aranceles en un proceso de consulta entre el Comité de Expertos y la Subsecretaría de Educación es un aspecto de gran relevancia en la política de gratuidad. Por lo mismo, se observa un riesgo de politización de este proceso que debe ser superado a través de la normativa, dándole autonomía al Comité de Expertos responsable de abordar esta materia, tal como se observa en otros ámbitos de la economía.

En relación a los aspectos a considerar para la determinación de los aranceles regulados, se requiere incorporar la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes y las brechas financieras basales que existen actualmente entre las instituciones del Consejo de Rectores. Por otra parte resultan preocupantes algunos planteamientos de las disposiciones transitorias. A partir de ellas la posibilidad de establecer una banda de sobre precios podría llevar a las instituciones a tender a la captura de estudiantes de los deciles más altos de manera de establecer un cobro adicional por concepto de arancel.

Otro de los aspectos claves de la política de gratuidad es la regulación de la matrícula y la exigencia de contar con cupos mínimos para un conjunto de estudiantes que cumpla determinadas condiciones socioeconómicas. Sobre este último punto es necesario considerar los costos que implica desarrollar el apoyo y acompañamiento que estos estudiantes requieren y que son exigidos en la ley.

Respecto del tope de crecimiento del 2,7% de matrícula de primer año establecido en las disposiciones transitorias, se trata de un límite cuyo planteamiento inicial tenía por objeto abordar esta materia en el primer año de la aplicación de la política de gratuidad. Tanto sus bases metodológicas como su pertinencia en el mediano plazo son aspectos a reconsiderar ya que la transitoriedad puede implicar tiempos relativamente extensos y este límite no se sostiene en esa perspectiva. Este límite impuesto a todas las universidades adscritas en gratuidad no es consistente con el propósito de fortalecer la educación pública, limite que en todo caso, para responder a la realidad de las universidades, debiese considerar la evolución de la matrícula total y no únicamente la de primer año.

El proyecto actual plantea que la obligación de otorgar estudios gratuitos se extenderá por toda la duración nominal de la carrera y los procesos asociados a la titulación o graduación de los estudiantes. Con el fin de responder a la duración real de las carreras se plantean otras posibilidades para abordar esta problemática. Una posibilidad es que la duración de la gratuidad sea medida en los créditos de los programas y no en tiempo. Otra posibilidad es considerar el tiempo de duración formal de la carrera más un margen de 2 semestres adicionales. Asimismo, la regulación en torno a la duración de la gratuidad, debiese considerar casos de excepción que implican la dedicación parcial de los estudiantes, como es el caso de los deportistas.

El financiamiento por vía de gratuidad refiere a recursos que ingresan directamente para cubrir costos asociados a la docencia de pregrado. Al respecto es necesario que estos recursos sean de libre disposición ya que cada institución cuenta con una orgánica particular y modos de operar diversos en relación a sus manejos financieros por lo que el financiamiento de la docencia puede ser contabilizado de muy distintas maneras.

Es necesario que se explicite un fondo adicional de gratuidad orientado a las instituciones que cuenten con acreditación en el área de investigación. Este aspecto es fundamental en la perspectiva de que la docencia no se desarrolla sólo desde sí misma, sino que se retroalimenta con otros procesos existentes en las instituciones como la investigación, la innovación y otros. Es por ello que concentrar este aporte en la estructura de costos de las carreras puede no ser suficiente si dicha estructura no considera estos aspectos complementarios.

En términos de financiamiento institucional, es clave que se explicite la mantención de los aportes basales por desempeño.

Por último, el proyecto debiese consagrar expresamente la eliminación del CAE en el formato en que actualmente éste funciona dado los altos beneficios que este crédito genera a la banca y el endeudamiento progresivo de los estudiantes. Es necesario, por tanto, buscar mecanismos de financiamiento estudiantil alternativos al diseño de este sistema particular. El sistema que los sustituya no puede dar lugar a un régimen paralelo de financiamiento público sin las restricciones ni exigencias que se asocian al régimen de gratuidad.

2. El Presidente de la Red de Universidades Públicas No Estatales - G9, Rector de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elórtegui.

El señor Elórtegui asistió a las sesiones 259ª y 261ª, acompañado de la Directora Ejecutiva de la Red G9, señora Andrea Wenzel. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que la indicación sustitutiva mantiene la acreditación como un proceso integral que considera totalidad de las sedes y una muestra de carreras y programas. No se especifican la proporción y los criterios de selección, ni el contenido y profundidad de la evaluación de los programas. Esta acreditación puede ser inviable por razones prácticas y logísticas.

Se establecen cinco dimensiones de evaluación: 1) docencia y resultados del proceso de formación. 2) gestión y recursos institucionales, 3) aseguramiento interno de la calidad, 4) generación de conocimiento, creación e innovación y 5) vinculación con el medio.

Aunque diferido hasta el 2040, se hace exigible la acreditación en creación de conocimiento (investigación). Hasta los mejores sistemas de educación superior del mundo consideran la existencia de instituciones fundamentalmente docentes.

No parece razonable que para efectos del cierre de una carrera o programa, esto deba ser aprobado por la Subsecretaría (especialmente para instituciones consolidadas y prestigiadas). También parece negativo que no se establezca como obligatoria la acreditación de doctorados y especialidades en el área de salud como planteaba el proyecto original.

En la indicación persiste la omisión al estímulo explícito al desarrollo de las universidades que cumplen sus tareas en regiones -sean estatales o no- y que son claves en el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Estimó que esto constituiría una nueva oportunidad perdida para actuar en favor de la descentralización y las oportunidades que ella representa.

Se mantiene la carencia de definiciones en relación a como se incrementa el exiguo gasto en ciencia, tecnología, innovación y creación en el país, actividades en relación a las cuales un porcentaje muy significativo se hace en las universidades del Cruch (y en el G9). La creación de una masa crítica de investigadores es esencial para el desarrollo del país y, por tanto, es una de las grandes contribuciones que realizan las instituciones de educación superior y particularmente las del G9, que forman prácticamente la mitad de los doctores en el país. Sin embargo, una de las omisiones más llamativas del proyecto es la escasa referencia a los programas de postgrado, y en ningún caso estructura un régimen capaz de impulsar su desarrollo.

La educación técnico profesional debe cumplir un rol central tanto en relación al crecimiento económico, como al mejoramiento en las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Este aspecto ha constituido claramente hasta ahora una insuficiencia de las políticas públicas en educación superior en nuestro país. La indicación sustitutiva no corrige esta insuficiencia. Si bien es positivo el establecimiento de una estrategia nacional de formación técnica profesional, no se definen políticas y mecanismos concretos de apoyo a este sector.

El proyecto no aborda el financiamiento institucional. La indicación no considera la eliminación del Aporte Fiscal Directo (AFD), lo cual obviamente corrige uno de los aspectos más cuestionables del proyecto, y se elimina el Fondo de Desarrollo de las funciones de Investigación y Creación Artística (FICA).

No se contemplan fondos basales que permitan el desarrollo y mejoramiento continuo de instituciones complejas en el siglo 21. Las universidades necesitan tener un grado de certeza para desarrollar sus proyectos académicos y mantener la calidad de éstos. Por lo tanto, estos fondos deben quedar establecidos por ley.

Los avances en gratuidad no deben afectar la calidad de los proyectos institucionales, ni de los procesos formativos. Tal como está planteado el proyecto, se proyecta que el desfinanciamiento ya generado para varias instituciones durante 2016 y 2017 se profundice con los efectos en calidad que ello implica.

Sin perjuicio de la existencia de una Comisión de Expertos, es la Subsecretaría la que determina aranceles, a partir de bases técnicas definidas a través de un proceso interactivo entre la Subsecretaría y Comisión. En relación a la regulación de vacantes, se establece la determinación de vacantes por Subsecretaría para cada institución en gratuidad. Esto compromete la autonomía de las instituciones. Además, de que debe existir una distinción entre instituciones de calidad demostrada versus instituciones que requieren mayor seguimiento.

La sola gratuidad no asegura avanzar en inclusión y equidad. Se requieren otros apoyos para asegurar la permanencia y éxito académico de los jóvenes vulnerables, mediante la mantención, alimentación y el apoyo académico, todos actualmente muy bajo. Destinar recursos a esto le parece más urgente y prioritario que la gratuidad para jóvenes de sectores de altos ingresos.

3. Los Voceros de la CONFECh, señores Daniel Andrade, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y Manuel Rauch, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile.

Expusieron en las sesiones 259ª y 261ª, acompañados de los siguientes voceros de la CONFECh: Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, señor Victor Tapia; Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, señorita Marta Cinto; Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, señor Patricio Medina; Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa Maria sede Concepción, señor Mario Tapia; Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, señorita Sandra Beltrami; Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FEUC), señorita Sofía Barahona Mena, y Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, señorita Natalia Silva Garfias.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El Vocero de la Confech y Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), señor Daniel Andrade destacó que sus propuestas, se encuentran avaladas por 53 federaciones, a través de un proceso democrático y participativo. Se trata de propuestas mayores, con una visión de sistema, las que ordenó en cinco categorías:

1) Educación Pública. Las indicaciones a incorporar dicen relación con la creación de una red y confederación de universidades estatales, aumentar el financiamiento basal y un plan de ampliación de la matrícula. Además, la gobernanza debe incluir participación y no atentar contra la autonomía. Asimismo, se debe contar con un Sistema de Acceso obligatorio para todas las instituciones, un observatorio laboral que diseñe políticas públicas de lo que se quiere para el país e incluir modificaciones al Consejo de la Sociedad Civil.

2) Endeudamiento. La eliminación del CAE responde a parte de las demandas del movimiento estudiantil, pero se mantiene el endeudamiento. Las indicaciones deben incorporar la eliminación paulatina de cualquier tipo de crédito y condonación de la deuda. El Estado debe estudiar la condonación, porque avaló un crédito engañando doblemente a los estudiantes y sus familias, primero porque se presentó el CAE como un beneficio incluso llevándoles a pensar que se trataba de una beca, y segundo porque avaló instituciones de mala calidad.

3) Fin al lucro. Si bien la creación de la Superintendencia avanza en la regulación del lucro para universidades y se incorpora la penalización del lucro, se debe incorporar, además, la prohibición de lucro en los centros de formación técnica e institutos profesionales, y un aumento de las penas por lucro en los términos que expuso el rector Valle.

4) Calidad-marco regulatorio. Existe la acreditación obligatoria e integral en cinco dimensiones, que son elementos planteados también por los estudiantes, pero no se observan definiciones concretas de lo que se entenderá por calidad. Se deben crear condiciones de existencia para las instituciones que permitan asegurar un mínimo de calidad con participación y libre organización, transparencia, sistema único de acceso y una educación feminista.

5) Financiamiento institucional a la docencia (“gratuidad”). Planteó que en este tema no hay innovación, siendo uno de los elementos más cuestionables del proyecto de ley. Se debe incorporar una indicación que cambie la lógica del financiamiento, mayores requisitos para instituciones que reciban fondos públicos en coherencia con una estrategia nacional, participación y democracia, estricta transparencia, regulación en el sistema de compras, condiciones laborales y carrera funcionaria, servicio a la comunidad, conocimiento abierto, observatorio laboral que planifique y, por último, una educación intercultural e inclusiva.

El Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, señor Manuel Rauch señaló que la actual reforma deja fuera a los actores sociales que abren el debate educacional en el país, en tanto no se considera una transformación profunda al modelo. Esto conlleva a que el proyecto actual en general, y su discusión en particular, se aleje de lo comprometido hace más de tres años y deje a la deriva la posibilidad de generar un cambio sustancial al sistema de educación superior, desmercantilizando el sistema y asegurando la educación como un derecho social.

En el contexto actual de la reforma, estimó que se complejiza un apoyo del movimiento social al proyecto y a lo anunciado por la Ministra de Educación durante las últimas semanas. Hoy más allá de las consignas, en los hechos el actual proyecto se diferencia escasamente de las propuestas que realizó el gobierno de Sebastián Piñera en respuesta al movimiento social por la educación el año 2011, como el “Gran Acuerdo Nacional por la Educación” (GANE) y otras iniciativas. Por ejemplo, el reconocimiento que el actual proyecto plantea hacia el Cruch es muy similar a lo propuesto en el GANE, que proponía establecer un estatuto diferenciado en cuanto al financiamiento del Estado entre instituciones estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales.

A su vez, la creación de una Superintendencia de Educación Superior fue propuesta por Piñera mediante un proyecto de ley presentado en noviembre de 2011, en términos muy similares a los actuales. En cuanto al sistema de acreditación, salvo la obligatoriedad de la acreditación institucional, tampoco se aprecian innovaciones significativas en relación a lo propuesto por el ex presidente Piñera mediante un proyecto de ley en 2013, que establecía un nuevo sistema de acreditación y creaba una Agencia Nacional con inhabilidades para sus miembros muy similares a las planteadas por el proyecto actual.

En financiamiento, la situación tampoco es tan distinta. En la actual reforma, la “gratuidad” opera como una beca/voucher cuyo impacto principal en los últimos años ha sido el crecimiento de la matrícula privada y el estancamiento de la pública, cuya cobertura se proyecta con certeza hasta el 60% para el 2018, supeditando su eventual ampliación al crecimiento del PIB tendencial. No muy distinto a lo que ya planteaba el antiguo gobierno, proponiendo asegurar becas “a todos los estudiantes de universidades, institutos y centros de formación técnica, que tengan mérito y pertenezcan al 60% de hogares vulnerables y de clase media”.

El gobierno actual ha comprometido el ingreso de dos proyectos de ley para los meses venideros: el reemplazo del Crédito con Aval del Estado por un nuevo instrumento crediticio, y una ley para la regulación de la educación superior pública. Si bien aún no hay certezas respecto de su contenido, lo enunciado por la Ministra deja entrever que habrá poco margen para avanzar sustantivamente en transformar la educación chilena. Por un lado, se habla de reemplazar el CAE por un nuevo crédito estatal, dejando a la banca afuera, al mismo tiempo que se busca poner el acento en la desburocratización de las universidades del Estado, lo que era una de las principales propuestas del GANE.

Manifestó que cree que aún existe un camino por recorrer, una oportunidad histórica de avanzar a un cambio radical en la educación superior chilena. Para ello, estimó que el proyecto de fortalecimiento de las universidades estatales es la oportunidad. Siempre y cuando este proyecto no se limite a regular la educación pública comprendiendo solo a las instituciones estatales. Catalogó como necesario, para contar con una verdadera reforma, la reconstrucción del sistema público en una red que haga posible su expansión, para alcanzar una participación mayoritaria en la formación de profesionales y técnicos que el país necesita.

Esto se puede iniciar usando las capacidades hoy existentes, comenzando la expansión de las 18 universidades estatales y las tres universidades públicas no estatales laicas pertenecientes al Cruch, junto con los 15 centros de formación técnica estatales en formación, sin perjuicio de discutir como país la recuperación del control público de Inacap, para que se incorpore a esta red. Así, se superara el mercado que ha significado una masificación ineficaz e injusta, masiva y lucrativa, por una masificación democrática y eficiente que construya una nueva educación pública, reconociendo la pluralidad cultural del país y por ende los proyectos privados que colaboran con la función pública (G3).

En esa línea, como estudiante de región, manifestó tener la convicción de que este proyecto avanzaría en la dirección correcta si se pone en el centro a la educación pública. Señaló que no desconoce el tremendo aporte que las universidades del Estado han realizado, pero se mostró convencido de que este aporte se fortalece cuando se consideran otras instituciones que han trabajado, no movidas por intereses particulares, sino que con una profunda convicción pública. De no ocurrir aquello, se estará dejando en las manos del mercado a dichas instituciones, cayendo en el riesgo que éstas deban comenzar a funcionar como universidades empresa para seguir existiendo y, por lo tanto, teniendo que dejar a un lado el trabajo que les permite mantener el rol público con el que hoy cumplen.

4. Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), Rector de la Universidad de Playa Ancha, señor Patricio Sanhueza.

El señor Sanhueza asistió a la sesión 260ª, acompañado del Rector de la Universidad Federico Santa María, señor Darcy Fuenzalida; del Director de Relaciones Institucionales, señor Alexi Ríos, y del Director Ejecutivo, señor José Abalos. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Empezó haciendo énfasis que los talentos se encuentran a la largo de todo el país y por tanto deben existir oportunidades para todos. Su presentación solo abordó aspectos relacionados con las universidades regionales.

Sostuvo que las universidades miembros de la AUR, están acreditadas y con casas centrales en regiones que cubren desde Arica y Parinacota hasta Magallanes y Antártica Chilena. Sus programas docentes cubren todas las áreas del quehacer económico, cultural, político y social y actualizan y perfeccionan las capacidades locales. Además, desarrollan labores de extensión y vinculación con el medio y han asumido el rescate y promoción de la identidad local. Se sienten responsables del desarrollo de sus territorios y comunidades.

Enfatizó que las universidades regionales son agentes principales de desarrollo en cada territorio junto con la sociedad civil, empresas productivas y sector público que apoyan las políticas públicas, agentes productivos, fundaciones y organizaciones sociales, y han construido verdaderas ciudades universitarias, generando empleo e ingresos y, además, rescatan la historia e identidad regionales, impulsan el desarrollo urbano y enriquecen la vida social y cultural, forman ciudadanos y profesionales en contextos de vulnerabilidad social, y generan conocimientos e innovación pertinentes a las necesidades y desafíos ambientales, productivos y sociales. En un país tan centralista, representan la porfía de formar, retener y atraer recursos humanos calificados para el desarrollo.

Hizo presente que la educación superior debe asumir que Chile es un país diverso, centralizado y con fuertes desigualdades. Por acción u omisión, se ha propiciado el centralismo, la “fuga de talentos” y un trato discriminatorio hacia las regiones. Las políticas de educación superior deben ser coherentes y dialogar con las políticas de descentralización y de ciencia y tecnología en concordancia con el nuevo Ministerio de Ciencias y Tecnología.

Apoyar la red de universidades regionales es promover una educación superior que brinde calidad a todos con independencia de la región de residencia; impulsar un país armónico y equilibrado; y valorar y respetar a las comunidades regionales. En síntesis, el proyecto no contempla instrumentos idóneos para la contribución efectiva de las universidades regionales al desarrollo territorial.

Estimó que en la institucionalidad central es importante y positivo la gobernanza del sistema con un rol asesor y propositivo en el ámbito de las políticas del Cruch que permita la participación y la expresión de las 15 regiones. La Subsecretaría de Educación Superior debe: impulsar políticas de mediano y de largo plazo con expresión territorial que potencien la relación de las universidades y del desarrollo regional, y disponer de una unidad de estudios especializada en temas regionales. El sistema de admisión debe ser autónomo e independiente de las contingencias políticas.

Se debe construir una institucionalidad regional de la educación superior, para lo que se requiere agregar al proyecto: creación de 15 Direcciones Regionales de Educación Superior dependientes de la Subsecretaría de Educación Superior y la formulación de estrategias regionales de educación superior articuladas con las de ciencia y tecnología. El aporte más relevante que puede hacer una universidad regional es el compromiso con el territorio, resolver sus problemas sociales y culturales, medioambientales.

Se manifestó muy de acuerdo con la acreditación institucional obligatoria, pero la Comisión debe tener, al menos 50%, integrantes con “efectiva trayectoria en regiones”; valorar resultados y los esfuerzos asociados a la docencia en los contextos vulnerables que hacen las universidades regionales.

Al menos el 50% de los pares evaluadores deben tener experiencia acreditada en instituciones de educación superior regionales, y los proyectos de las instituciones y particularmente las nuevas sedes o carreras-deben ser pertinentes a realidades local, lo que implica sustentarlas en estudios de demanda y empleabilidad, tendencias de desarrollo y políticas públicas nacionales y regionales

También, hay que impulsar medidas para asegurar similares niveles de calidad en el sistema inter-regional, particularmente apoyo a instituciones de regiones extremas y de menor población o de mayor vulnerabilidad.

Resaltó que la política de gratuidad es un avance ya que reconoce la mala distribución del ingreso en Chile y la responsabilidad del Estado en la formación de personas y profesionales. La gratuidad presenta problemas en la dimensión regional, ya que una cosa es el acceso gratuito a la educación superior y otra asumir que hay costos diferentes entre regiones.

Los costos de la docencia son mayores en regiones con vulnerabilidad, baja calidad de la educación básica y media, menor escolaridad de los padres, magras condiciones de vida de la familia que complejizan los aprendizajes. El resultado de P x Q es más bajo en aquellas con menor población, hay cursos con baja matrícula. Cabe preguntarse si las universidades, con carreras acreditadas y con pertinencia para Chile, deben cerrar por contar con pocos alumnos. Además, por el mayor costo de vida y compensación para retener y atraer talentos, el desafío se transforma agudo en regiones extremas.

En cuanto al aporte estatal a la docencia universitaria (AEDU), consideró que debiera ser asignado por regiones, universidades y carreras. Así se cumple el objetivo de que los estudiantes tengan acceso gratuito a carreras financiadas por el Estado. Lo anterior requiere una efectiva operación del sistema de regulación y control por organismos pertinentes.

También debe existir una valoración del AEDU, establecida por una comisión técnica con participación de representantes de regiones, y un aporte estatal a la docencia (AED) básico definido por carrera con costo base en Santiago y que se incremente por el esfuerzo de superar la brecha en formación académica e incrementándolo por asignación de zona para corregir mayor costo de vida y, en particular, la docencia.

En materia de vinculación con el medio, aporte al desarrollo regional, propuso que las universidades del Cruch cuyas casas centrales se emplacen en regiones y cuyo pregrado se imparta en al menos 70% en la región de origen, contarán con recursos provenientes del convenio marco de universidades o basal por desempeño, con el objeto de diseñar e implementar planes vinculados a la estrategia de desarrollo regional en concordancia con sus proyectos institucionales. Los planes deberán estar en coordinación con el Ministerio de Educación.

Además, se debe crear un sistema de mantención estudiantil y atracción de talentos a regiones. Además, se debe crear un Aporte Basal Regional (ABR), manteniendo el AFD para sustentar costos basales no cubiertos directamente siendo aquel un factor de corrección de este, con distribución inversamente proporcional.

Finalmente, se mostró preocupado porque no se ha logrado hacer una discusión de fondo sobre la educación superior, lo que quizás nunca se logre por los intereses que hay de por medio. Destacó que lo que más se respeta dentro de las universidades es la pluralidad. En materia de autonomía, esta tiene límites ya que siempre se han regido por normas legales, normas internas y normas de control social interno. Siempre han tenido límites como cuerpo intermedio de la sociedad. Afirmó que Chile no va a lograr ser un país desarrollado si no tiene calidad en la educación.

5. Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Rector de la Universidad de Chile, señor Ennio Vivaldi.

El señor Vivaldi asistió a la sesión 260ª, acompañado de su asesor señor Yerko Montenegro. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que detrás de cada universidad existe un modelo desarrollo económico, científico y cultural de la sociedad. Éstas se distinguen por cantidad de publicaciones ISI y porcentaje de académicos con grado de doctor, conforme al siguiente gráfico:

En relación a la estrategia de desarrollo nacional y regional, está en juego el continuar siendo un país exportador de materia prima o diversificar la matriz productiva basándose en conocimiento científico, tecnología e innovación. Diversificación que requeriría profesionales idóneos e investigación básica y aplicada de nivel mundial y funcional a la estrategia de desarrollo de Chile y de cada una de sus regiones.

Afirmó que existe un prestigio internacional de los egresados chilenos: “si es chileno es bueno”. Además, las universidades estatales tienen que trabajar en red configurando un sistema nacional inclusivo, un ejemplo esperanzador se logró en la creación de las Universidades de O’Higgins y Aysén gracias a la solidaridad y la colaboración, pese a haber debido enfrentar críticas tan desmoralizadoras como infundadas. Agradeció el compromiso y apoyo de senadores García-Huidobro y Letelier en ese proceso.

Enfatizó que una universidad estatal, es suya y de todos; de ahí que, en la discusión sobre educación superior el eje público-privado ideológicamente no se superpone con los ejes izquierda-derecha ni gobierno-oposición. Tampoco se superpone con el eje que mide la calidad de la institución, porque el Estado tiene la obligación de que todas sus instituciones sean de alta calidad, y por último, tampoco se superpone con la legitimidad que las universidades tengan para recibir recursos del Estado.

Un objetivo importante de la educación pública es establecer un estándar de calidad para la totalidad del sistema.

Hay posiciones diametralmente distintas. Para algunos el Estado debe apoyar por igual a cualquier universidad sin importar que esta sea pública o privada y debe castigar a las universidades estatales que no acrediten negándoles el derecho a la gratuidad a sus estudiantes. Para otros, el Estado debe garantizar que las universidades estatales sean de óptima calidad y les resulta incomprensible que no pueda fijar criterios de financiamiento para sus propias universidades.

Finalmente, en relación a la eficiencia en el sistema, las universidades estatales presentan un déficit significativamente menor que las universidades privadas en política de gratuidad. El costo del déficit (presión a subir arancel de referencia) por alumno asociado a la gratuidad para las universidades privadas es 5,43 veces mayor que el de las universidades estatales. Luego, si se pondera por calidad, en años de acreditación, la diferencia es aún mayor. Además, la tasa de titulación es mayor en las universidades estatales ascendiendo a 58,5% versus 41,3% en universidades privadas.

6. Rector de la Universidad Mayor, señor Rubén Covarrubias.

El señor Covarrubias asistió a la sesión 260ª. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que en los ejes del proyecto, solo existe una transformación administrativa del Sistema de Educación Superior, mediante una transferencia de poder desde la sociedad civil hacia el Estado.

El Estado privilegia a las universidades estatales y el financiamiento se organiza en base a la gratuidad, provocando que el Sistema disponga de menor monto total de recursos con los peligros de depender del lobby de cada universidad con el gobierno de turno. Además, no se hace cargo de la modernidad ni del futuro de la educación superior. El proyecto carece de una mirada de país, perdiéndose una oportunidad histórica para hacer algo integral en materia de educación superior.

La iniciativa crea una nueva institucionalidad conformada por una Subsecretaría, con amplias atribuciones sobre estándares de calidad, sistema de admisión, fijación de vacantes y aranceles, y una Superintendencia, más enfocada en las prohibiciones y no en las fiscalizaciones; formaliza el Cruch; establece una nueva Comisión Nacional de Acreditación; un Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y una Comisión de Expertos para fijar aranceles.

Además, se está legislando sobre una promesa de ley y universidades estatales, sin perjuicio de la promesa de poner fin al CAE, situación esta última extremadamente compleja.

Se consolida el Cruch como órgano oficial y exclusivo del Estado para su asesoramiento, lo que estimó poco razonable porque las universidades del Consejo de Rectores agrupan a un cuarto de la población estudiantil. A mayor abundamiento el articulado señala: "El Estado contribuirá a la excelencia en el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y tecnológica y la creación artística por parte de cada una de las instituciones que componen el Consejo de Rectores…”.

Se preguntó si se habrá meditado suficientemente sobre la afirmación anterior, y si la investigación y la creación artística son patrimonio exclusivo de las universidades del Consejo de Rectores. Para la Universidad Mayor es doloroso, ya que ha realizado grandes esfuerzos en el cultivo de las Ciencias, Artes y la Creación (cine, teatro y música).

El proyecto fija ocho atribuciones a la Subsecretaría de Educación Superior: 1) políticas en materias de educación superior; 2) políticas de acceso, permanencia y titulación oportuna; 3) asignación de recursos que asigne la ley; 4) otorga y revoca reconocimientos oficiales; 5) administra el SIES; 6) genera diálogo entre las instituciones; 7) solicita al Cruch información sobre la enseñanza superior, y 8) otras funciones.

Entre las funciones, descartan: la N° 1, porque nadie puede creer que por la dictación de una política puedan modificar los indicadores de retención y titulación; la N° 3, porque los recursos no se proponen sino que los asigna la ley; la N° 6, porque hay que preguntarse si es función del Estado generar instancias de diálogo entre las instituciones, eso es connatural a las mismas, y la N° 7, porque hay que preguntarse si el Cruch es quien deba por ley ser el intérprete de las tendencias educativas.

A su vez, se le asigna a la Subsecretaría la potestad de crear y administrar un Sistema Común de Ingreso a las instituciones. Cabe preguntarse si es razonable que una autoridad política tenga bajo su mando algo que es inherente a las instituciones, especialmente, si la literatura comparada dice lo contrario. Por último, es altamente peligroso fijar las vacantes y los precios, y determinar los planes de desarrollo de las universidades, violentándose así la autonomía universitaria.

Adicionalmente, se pretende que todas las universidades del país sean complejas, lo que el señor Covarrubias estima un error y no es posible, en el corto plazo. Si esta es la voluntad política, entonces lo lógico sería que las universidades dependieran del Ministerio de Ciencia y Tecnología, proyecto en trámite en el Congreso.

En conclusión, sostuvo que no tiene sentido crear una institucionalidad nueva. Hoy existe una División de Educación Superior que perfectamente puede seguir administrando sin tener que gravar al Estado con una nueva carga financiera. Se mostró partidario de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, de la existencia de un organismo fiscalizador. Sin embargo, el articulado debe ser mejorado, por cuanto este modelo está más centrado en las prohibiciones que en las fiscalizaciones.

Asimismo, manifestó que le parece interesante que la fiscalización se aplique por igual a todas las instituciones (estatales y privadas), pero debe tenerse cuidado con la “viabilidad financiera”, porque hoy casi todas las instituciones gratuitas tienen déficit estructural. En consecuencia, claramente se podría interpretar que se encuentran en una situación de inviabilidad financiera y se debería nombrar un administrador provisional. Adicionalmente, existen funciones duplicadas que le corresponden a la CNA y, se les restringen atribuciones que hoy tiene el CNED.

En materia de calidad, se mostró muy de acuerdo con la acreditación institucional obligatoria; con la acreditación de carreras aleatoria, le pareció muy complejo; y la eliminación de las agencias privadas. El proyecto no incorpora las acreditaciones internacionales, a pesar que se le exige a la comisión acreditarse internacionalmente. Entonces, por qué no a las universidades, si se trata de un proceso muy virtuoso. Además, la acreditación se hará en base a criterios y estándares propuestos por la CNA, pero sancionados por la Subsecretaría.

En relación a la composición de la CNA, sostuvo que es peligroso que tenga una clara dependencia del Poder Ejecutivo, ya que cerca del 50% de sus integrantes los designa directamente este. No puede ser que un órgano eminentemente técnico esté sujeto a los vaivenes de un gobierno, provocándose una clara pérdida de la autonomía en materia de estándares y plan de cierre de carreras, entre otras. Al contrario, la CNA debe ser similar al Banco Central, organismo esencialmente técnico sin interferencia ni dependencia de los gobiernos de turno con comisionados con dedicación exclusiva, remuneración acorde a la función y autogenerados.

En cuanto al financiamiento, se organiza en base a la gratuidad, siendo la Subsecretaría, con apoyo de una Comisión de Expertos, la que define el arancel regulado a transferir a instituciones adscritas a la gratuidad. Los aranceles se fijan en base a costos y complejidad de las instituciones, pero dependen en última instancia de la autoridad política, lo que no le pareció adecuado. Añadió que la cobertura sobre el 60% más vulnerable depende de los recursos del Fisco, según una fórmula prefijada, y que a partir de 2018 incorpora 60% de los jóvenes. Por su parte, la Comisión de Expertos tendrá serias dificultades, ya que las universidades no son un monopolio natural como el agua o energía.

Finalmente, señaló que Chile es un país pobre incorporándose a la indigencia y campamentos cerca de 100.000 personas y que con una inversión que asciende a 1.500 millones de dólares, en el plazo de un año y medio, podría lograrse una solución habitacional digna y que el Estado debe discutir dónde invertir sus recursos.

7. Presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Rectora de la Universidad de las Américas, señora Pilar Armanet.

La señora Armanet asistió a la sesión 262ª, acompañada del Rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, señor Claudio Ruff; del Rector de la Universidad Santo Tomás, señor Jaime Vatter, y de la Secretaria Ejecutiva de la CUP, señora Paulina Hidalgo. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que las instituciones de la CUP han incorporado al sistema educativo infraestructura, innovación, gestión y proyectos educativos en distintas áreas. También han contribuido a la descentralización del país, ampliando las oportunidades de estudio y empleo en regiones.

Añadió que valoran la existencia de un sistema de provisión mixta, que ha hecho posible el aumento de la cobertura de la educación superior, facilitando el acceso a jóvenes y adultos que son primera generación en sus familias en alcanzar este nivel educativo y permitiendo con esto la transición de una educación superior elitista a una más democrática e inclusiva.

Sostuvo que defienden la igualdad de trato y la no discriminación con todos los alumnos. Acceder a los beneficios que provee el Estado es un derecho que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Del mismo modo, defienden un tratamiento no discriminatorio a las instituciones, junto con la creación de espacios en el que todas puedan participar en los procesos de reflexión y discusión sobre la educación superior.

Reafirman el compromiso con la calidad y la mejora continua. La acreditación ha contribuido a mejorar los procesos de gestión institucional, a establecer indicadores de resultados y de eficiencia docente y a mejorar la transparencia y la comparabilidad de las instituciones.

Valoran la diversidad de proyectos de las universidades chilenas y promueven la complementariedad de las instituciones en el desarrollo de la investigación y la docencia, de acuerdo con sus fortalezas académicas, su ubicación geográfica o su sello institucional.

Comparten la convicción de que Chile necesita un marco regulatorio que, reconociendo los avances y las deficiencias existentes, preserve la autonomía y fomente las capacidades de innovación de las instituciones y que, además, asegure la calidad de la formación impartida a todos los estudiantes que cifran en las universidades sus aspiraciones de progreso económico y social.

Se declara que los objetivos fundamentales del proyecto son lograr inclusión, calidad y pertinencia en el sistema. Sin embargo, lamentablemente, la propuesta de reforma no avanza en la construcción de un verdadero sistema de educación superior que dé cuenta de su diversidad y complementariedad. Por el contrario, consolida un modelo institucional, que ignora a las instituciones en las que se forman más de la mitad de los estudiantes universitarios y consolida el modelo existente, reafirmando una posición preferente y de privilegio para las universidades que componen el Cruch, lo que constituye una abierta discriminación.

Por ello, solicitó un sistema de provisión mixta, con equidad e inclusión, regulación e institucionalidad. Valoró que vele por el cumplimiento de la normativa y concordó con la mantención de la Comisión Nacional de Acreditación como entidad independiente del gobierno. A su juicio, debe haber además un justo equilibrio que salvaguarde la autonomía de las instituciones en el ámbito académico, administrativo y financiero.

En materia de financiamiento y gratuidad, señaló que reconoce las limitaciones presupuestarias para su implementación. Revisando estas asimetrías y considerando que no se podrá llegar en un horizonte cercano a la gratuidad total, sería conveniente evaluar un sistema de beneficios diferenciados.

Como ocurre actualmente, es posible complementar con crédito y becas a quienes no tengan gratuidad. De este modo, se atenúan las distorsiones producidas entre deciles. Sostuvo que como los recursos son limitados, hay que establecer criterios claros y estables para definir los requisitos que deben cumplir las IES y los estudiantes para acceder al financiamiento público.

Hizo presente que se debe equilibrar la autonomía de las instituciones de educación superior con la necesidad de regulación del sistema (calidad). Debe haber acuerdo en que “el mecanismo primario para fomentar la calidad de las carreras es la acreditación” (OECD, 2013, pp.85). Sin embargo, los cambios que introducen las indicaciones en esta materia provocarían una importante disminución de la diversidad del sistema y reducirían la capacidad de innovación de las instituciones.

Señaló que la CUP comparte y apoya la obligatoriedad de la acreditación, no solo institucional, sino también de las carreras. Se requiere mantener este instrumento que ha favorecido la mejora de la calidad de la formación universitaria y de las otras funciones de estas instituciones. Expresó que es conveniente establecer criterios para la creación y cierre de carreras y sedes.

Se desconoce la realidad internacional cuando se cuestiona la existencia de universidades preferentemente docentes. Esto no significa renunciar al desarrollo de la investigación en esas instituciones, ni menos no tener científicos de nivel internacional en las instituciones de mayor complejidad, sino que reconoce que lograr eso exige contar con más recursos y que lo importante es que algunas instituciones tengan las características de universidades de investigación, ojalá entre las mejores del mundo.

Además de lo anterior, observó un problema técnico en la definición de aranceles universitarios basado en el costo de la docencia. Eso es particularmente complejo, incluso es equivocado, porque es prácticamente imposible separar lo que se destina a diferentes niveles de formación, y a distintas funciones. Por lo tanto, se declara que el objetivo del proyecto es mejorar la calidad, pero los instrumentos y mecanismos propuestos, no aseguran que esa finalidad vaya a lograrse.

En relación al CAE, puede seguir mejorando, pero sigue siendo un instrumento muy importante para los estudiantes que no ingresan a universidades del Cruch y también para los estudiantes del Cruch que no califican para el crédito solidario y que no tienen acceso a otros instrumentos de financiamiento.

Si bien el proyecto que modificará el CAE no está presente en las indicaciones del Ejecutivo, concordó con la necesidad de sacar el mecanismo de créditos de la banca comercial. La CUP propuso un sistema de cobro con incentivos para que los deudores cumplan sus obligaciones, explicitando que los recursos obtenidos del pago irían a financiar el fondo de créditos.

Concordó en que es necesario buscar un mecanismo para que la deuda del fondo solidario y el CAE actual no sea considerado deuda bancaria. Finalmente, señaló que es la oportunidad como país de abordar el conjunto del sistema, los grandes temas que se enfrentan actualmente y que definirán el futuro de las instituciones, en términos de formación profesional, investigación, innovación y desarrollo tecnológico, porque esto hacen los países que desean progresar.

El cambio es una certeza; hacia dónde va no es posible identificarlo con precisión, pero sí se pueden influir sobre sus tendencias y el impacto en el país. Para eso, las universidades son indispensables. Este proyecto de ley y las indicaciones sustitutivas no incentivan esa perspectiva, focalizan sus esfuerzos en lo que ocurrirá en tres meses más, cuando se debería estar mirando un horizonte mayor que contemple por lo menos las próximas tres décadas.

8. Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), señor Alfonso Muga.

El señor Muga asistió a la sesión 262ª, acompañado de la Secretaria Ejecutiva, señora Paula Beale; del Encargado de Promoción, señor Alonso Núñez, y de la Encargada de Comunicaciones, señora Amelia Miranda. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que la Comisión Nacional de Acreditación valora que la nueva propuesta esté concebida como una modificación de la ley N° 20.129, lo cual implica que se le da continuidad a su actual marco jurídico y estructura corporativa. Hay diez años de funcionamiento de la Comisión y aún más tiempo del aseguramiento de la calidad en Chile, lo cual, con sus aciertos y errores, junto con los avances en estas materias a nivel internacional, permiten conocer y concebir los mecanismos, actividades y oportunidades del aseguramiento de la calidad en la educación superior.

La Comisión asumiría nuevas funciones que incrementarían significativamente su quehacer. Sin embargo, y respecto a los recursos necesarios para desarrollarlas, solo hay una única referencia expresa en el caso de la acreditación de carreras de medicina y pedagogía, respecto de las cuales se dispone que se financiarán con el cobro de aranceles. La experiencia muestra que esta fuente de ingresos no es suficiente para solventar los gastos incrementales que se pueden prever. De no haber mayores fondos con cargo a rentas generales, su quehacer, en un periodo corto de tiempo, se haría inviable.

Sostuvo que es preferible cambiar la redacción propuesta para dejar en claro que el Sistema se trata de una entidad que coordina a los organismos estatales con atribuciones en esta materia. De no ser así, resultaría llamativo que no se incorpore en su conformación a los dos subsistemas de educación superior, cuyas instituciones son una parte constitutiva fundamental de todo aseguramiento de la calidad. A la vez y entre las funciones de este Sistema, no cabe hablar de fiscalización, puesto que ésta es la labor genérica de la Superintendencia. Al sistema, le corresponde el control pertinente del cumplimiento que hacen las instituciones de educación superior autónomas en los ámbitos de la mejora continua de su quehacer.

Al establecer que le corresponde “aprobar los criterios y estándares de calidad” a aplicar por la CNA y aunque se menciona que solo se requiere el informe favorable de dicho Comité, ambas disposiciones vulneran la autonomía que requiere la CNA para asegurar y robustecer la independencia y la neutralidad técnica de las decisiones que deben estar en la base de procesos de estas características. Este diseño estructural, por lo demás, desborda los ámbitos reconocibles de un comité de coordinación.

En cuanto al volumen de decisiones a adoptar por la CNA, explicó que en el corto plazo, duplicará aquellas del año 2016 y se requiere definir su funcionamiento en salas autónomas (al menos dos) que adopten acuerdos para determinadas materias, tales como, pedagogías y especialidades médicas. Sería conveniente catorce comisionados (siete por cada sala) con derecho a voz y voto, es decir, dos más que lo planteado en la indicación.

El volumen de trabajo que se asumiría, obliga a que los consejeros académicos/docentes tengan una dedicación relevante a esta institución, aunque, compatible, con una dedicación parcial a tareas de docencia y/o investigación, no así a tareas de gestión de cualquier índole. No parece conveniente que tengan dedicación exclusiva, con excepción del Presidente, pues ello podría alejarlos de la realidad del mundo académico/docente que deben evaluar, y dificultar su reinserción en dicho ámbito, terminados sus períodos en la CNA.

Se establece una nueva función para la CNA: resolver la apertura de nuevas sedes, carreras o programas de pregrado en nuevas áreas del conocimiento, de las instituciones de educación superior que cuenten con cuatro años de acreditación. Además que, para todo tipo de institución acreditada, la CNA debe aprobar el Plan de Mejora respectivo, lo cual también significa una restricción a la autonomía.

Estas dos nuevas atribuciones, constituyen una intromisión en la capacidad de autorregulación de instituciones que han probado ante la CNA disponer de un nivel de consolidación en materias de aseguramiento de la calidad. Este aspecto pone de manifiesto una aparente tensión en la relación entre autonomía y calidad, como si ambos principios jugaran en sentido opuesto. Lo cierto es que ambos diseños institucionales (acreditación y autonomía de las instituciones de educación superior) favorecen la mejora de la calidad de la educación.

No se considera, de un lado, las prácticas de autocontrol que la CNA ha definido por ella misma y, por otro, no se cuenta con la flexibilidad requerida para asumir los cambios. Toda esta normativa, es más restrictiva, en las que se interpreta cuáles son las funciones directivas ejercidas en una institución de educación superior.

Buena parte de los modos de observar el aseguramiento de la calidad de instituciones y programas están basados en criterios, los cuales se trasladan a las guías que orientan a los pares para la evaluación externa. En cuanto a los estándares, en un sistema heterogéneo y diverso como el chileno (instituciones, proyectos educativos, tamaños, contextos territoriales), cuesta encontrar ventajas y beneficios en su aplicación para la mejora de la calidad, salvo que se defina una amplia variedad de categorías.

Cabe alertar sobre los riesgos que implica la imposición de estándares de calidad que condicionan la acción de las instituciones. Estándares iguales podrían conducir a uniformar estrategias, y reducirían la diversidad y la autonomía institucional, con el riesgo de impulsar a las instituciones a concentrar sus esfuerzos en el cumplimiento de exigencias que no necesariamente son armónicas con el desarrollo de sus propósitos declarados. Es necesario clarificar la indicación sustitutiva, de modo de revalorizar y potenciar la deliberación, propia de un organismo colegiado, como una fuente primordial de juicio sobre la calidad de las instituciones y programas, en una combinación virtuosa de criterios y estándares como opción mixta de evaluación.

Por otra parte, las referencias que se hacen en los artículos referidos a la acreditación institucional, de programas de postgrado y de pregrado, a que la acreditación se logra con la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, la Comisión las entiende como una omisión respecto a una evaluación estructurada en base a criterios que proporcionen una mirada integradora.

La Comisión ha señalado su opinión favorable en el sentido de que el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, con la experiencia ya acumulada, ha adquirido la madurez suficiente para abordar la acreditación institucional obligatoria e integral.

Las consecuencias derivadas de la acreditación señaladas en la indicación sustitutiva, ya sea acreditar por cuatro o más años, o no acreditar, contribuyen a distorsionar el comportamiento de actores que intervienen en los procesos evaluativos respectivos. Cambiaría la orientación y motivación de la acreditación, desde comprobar el aseguramiento interno de calidad y el mejoramiento continuo, hacia verificar el cumplimiento de determinadas exigencias. Una agencia de calidad tiene que actuar de modo imparcial e independiente en el aseguramiento de la misma. Los roles definidos para la Subsecretaría y para la Superintendencia de Educación Superior deberían ir configurando un escenario en el que se debieran transferir a dichas instancias exigencias que algunos actores hacen actualmente a la CNA (control, supervisión, prevención de riesgos).

La indicación sustitutiva elimina la acreditación de carreras de pregrado, manteniendo solamente la acreditación de pedagogías y medicina, con carácter obligatorio. La acreditación de carreras y programas es usual en la experiencia internacional, siendo más bien excepcional la acreditación de instituciones aunque se está tendiendo a evaluar unidades académicas mayores (facultades, áreas).

Existe evidencia sobre el efecto positivo de la acreditación de carreras, puesto que contribuye a incorporar la cultura de la calidad en los equipos que se vinculan directamente al proceso enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, la acreditación de carreras es la base para el reconocimiento de títulos y grados con otros países. Con ellos se favorece la movilidad profesional y académica. Chile ya tiene convenios vigentes con Argentina y Ecuador; firmados y en trámite con el Reino Unido y Colombia y, en negociación, con España y México. La internacionalización de la educación superior es uno de los silencios importantes de la indicación sustitutiva en comento.

Con la eliminación del artículo 28 de la ley N° 20.129, se suprimen las dos dimensiones de evaluación de las carreras de pregrado, a saber: perfil de egreso y condiciones de operación. Esta supresión introduce inconvenientes en la evaluación de carreras, propuesta que es parte del proceso de evaluación institucional integrada, al dejar fuera un componente constitutivo y ordenador de todo proyecto educativo, una definición que las instituciones de educación superior realizan como componente relevante de sus orientaciones estratégicas y que resulta ser una guía de las ofertas respectivas de carreras.

Se elimina la facultad para acreditar programas de magister presentados voluntariamente dejando al margen del Sistema de Aseguramiento de la Calidad un nivel educativo en alza y con una muy diversa heterogeneidad en términos de calidad.

9. Presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral) y Rector del IP y CFT Santo Tomás, señor Juan Pablo Guzmán.

El señor Guzmán asistió a la sesión 263ª, acompañado del Secretario de Vertebral y Rector de Esucomex, señor Cristóbal Silva; del Vicepresidente de Vertebral y Rector de ENAC, señor Jorge Menéndez; del Tesorero de Vertebral y Rector del IPCHILE, señor Jorge Narbona, y de la Secretaria Ejecutiva de Vertebral, señora Patricia Noda. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que el proyecto de ley declara el “fortalecimiento de la educación superior técnico profesional”, sin embargo, no cuenta con medidas que tengan efectos reales, sino por el contrario se refuerza el rol del Cruch y del sistema universitario. Es una reforma desde y para el sistema universitario y no se adecua a las particularidades de la educación superior técnico profesional. Responde a un diagnóstico, problemática y características del sector universitario, pero deja en evidencia el claro desconocimiento sobre el sector técnico.

Hay una intención de reconocer el sistema de educación superior técnico profesional sin una normativa que concrete este objetivo. Se pierde una oportunidad histórica de generar un impulso al desarrollo de la educación superior técnica profesional con una mirada de largo plazo. No existe un diseño del sistema de educación superior que requiere el país, no hay definiciones clave: tipo de instituciones, calidad, articulación, entre otras.

La excesiva regulación del proyecto puede poner en riesgo la autonomía académica, financiera y administrativa de las instituciones de educación superior y con ello, afectar sus proyectos educativos y su aporte al país. Además, establece condiciones que deben cumplir las instituciones de educación superior, pero sin herramientas concretas que permitan la transición.

Esta reforma podría limitar el acceso a la educación superior técnico profesional, profundizar la inequidad a través de procesos de selección que privilegiarán a los estudiantes que han tenido mejores oportunidades y repercutir negativamente en la calidad de los procesos formativos.

En materia de calidad, en las indicaciones si bien existe un avance en cuanto a no refundar nuevamente la institucionalidad actual del sistema de acreditación, subsisten la mayoría de los aspectos críticos del proyecto.

Respecto de la arquitectura del proyecto, aspectos críticos son la falta una visión de futuro y una estrategia de desarrollo de la educación superior en el largo plazo y persiste la ausencia de un enfoque adecuado a las particularidades de la educación superior técnico profesional, poniendo en riesgo la autonomía de las instituciones.

En materia de acceso, existe un alto riesgo que el Sistema Común de Acceso no considere el perfil de los estudiantes de la educación superior técnico profesional que es distinto al de los estudiantes universitarios.

En consecuencia:

-Se limita el desarrollo del sector a la disponibilidad presupuestaria del Estado, poniendo en riesgo la calidad y avanzando en el sentido contrario de la tendencia mundial.

-Se generan distorsiones en el sistema de financiamiento estudiantil, restringiendo la libertad de elección.

-Las condiciones que se exigen para la gratuidad generan discriminación entre estudiantes igualmente vulnerables (la gratuidad en institutos profesionales y centros de formación técnica cubre solo a un 38% de los estudiantes del quinto decil en instituciones acreditadas).

-No hay mecanismos de convergencia diseñados para cumplir con el requisito de no tener fines de lucro y transacciones con partes relacionadas.

-Es discriminatorio en el financiamiento a universidades e institutos profesionales y centros de formación técnica (ejemplo, trato tributario igualitario, financiamiento en áreas obligatorias).

-No contempla la construcción de trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida, tanto desde el reconocimiento de la educación no formal, la articulación con la educación media y los modelos de educación a distancia y/o dual.

-No considera la necesaria vinculación técnico profesional versus el sector productivo en las restricciones a personas jurídicas con fines de lucro.

-No se consideran excepciones para la clasificación socioeconómica de los estudiantes trabajadores/vespertinos que son el 50% del total de la matrícula de la educación superior técnico profesional.

Al respecto, efectuó las siguientes propuestas:

1. En calidad propuso incorporar mayor idoneidad y autonomía en la agencia acreditadora; establecer una instancia especializada para la evaluación de la educación superior técnica profesional (sala); mantener la acreditación de carreras; diferenciar los efectos de la acreditación, y del licenciamiento, de las funciones de control o Superintendencia; asegurar la autonomía institucional, y revisar las dimensiones de evaluación para la educación superior técnico profesional y/o contemplar mecanismos de financiamiento asociado.

2. En materia de arquitecura propuso generar un ordenamiento de las trayectorias de los subsistemas definidos como universitario y técnico profesional, especialmente en lo relacionado con el esquema de títulos y grados; flexibilizar las modalidades de formación y reemplazar los parámetros de horas/clases por resultados de aprendizaje; establecer los mecanismos que faciliten la vinculación de la educación superior técnico profesional con el sector productivo; rediseñar el consejo público-privado, y establecer un Marco Nacional de Cualificaciones en una institucionalidad que privilegie su articulación vertical y horizontal, y basarse en resultados de aprendizaje y no en horas/clases.

3. En materia de acceso propuso mantener un proceso de admisión continua para adecuar el sistema al perfil de ingreso de la educación superior técnico profesional y crear un sistema de orientación vocacional para ella.

4. En materia de financiamiento expresó y propuso que si bien se reconoce la importancia de la creación de una Superintendencia, sus facultades deben contemplar los resguardos necesarios para evitar la discrecionalidad que ponga en riesgo la libertad de enseñanza, se mostró preocupado por la exigencia transversal de parámetros de calidad en condiciones de disparidad de acceso al financiamiento; incorporar en la gratuidad a todos los alumnos vulnerables de la educación superior técnico profesional hasta el quinto decil de instituciones acreditadas, sin discriminación; para alumnos no sujetos a la gratuidad, se debe diseñar un sistema no discriminatorio de becas y créditos; eliminar la fijación de vacantes y aranceles para aquellos alumnos que no estén en la gratuidad; permitir las transacciones con partes relacionadas, siempre que se realicen a precios de mercado (licitaciones); establecer mecanismos de convergencia e igualdad de trato tributario; no discriminar en el financiamiento a modalidades semi presenciales u on line, y crear fondos para innovación y vinculación con el medio.

10. Rector del DUOC UC, señor Ricardo Paredes.

El señor Paredes asistió a la sesión 263ª. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó, que el proyecto se encuentra marcado por la contingencia, por traumas de ilegalidades, cierres y presiones. Se exacerban nichos que no tienen relación con la calidad y mira a la educación superior técnico profesional como un colchón de ajuste, sin clara visión de futuro. Los nichos en el origen responden y fomentan el lobby y generan pérdida social en la asignación de recursos, cuando los recursos se asignan bajo un criterio de nichos y no rentabilidad social, no es positivo. Además, en la educación técnico profesional también se hace una división entre lo estatal y no estatal.

Desde el ámbito técnico profesional implica que la educación superior no debe ser concebida como remedial para los que no aprendieron en el camino o para los “malos para el estudio”. Cuando más del 50% de la matrícula está en la educación técnico profesional, debe concebirse como camino propio, complementario al universitario, no como un escalón para llegar a esta, siendo clave considerar la relación técnico profesional y las universidades en dimensiones como selección, articulación pre- post grado y competencia por recursos (instancia).

La Superintendencia de Educación Superior, queda con atribuciones demasiado amplias para evitar lucro, aunque, a su juicio, las grandes ganancias ya ocurrieron y lo que se viene es marginal, por ende, no se requiere de un aparataje tan robusto. Además, de que cuenta con un mandato difuso.

La Superintendencia, debe velar por el mantenimiento de requisitos que dieron lugar al reconocimiento oficial. También debe supervigilar el destino de recursos para fines propios.

Estimó que ello se soluciona enfocándose en el aseguramiento de calidad y el tema financiero, así se resuelven los dos problemas centrales, esto es, el cierre las instituciones de mala calidad y el quiebre por problemas financieros. El articulado sancionatorio está orientado a instituciones de educación superior poco serias, y recarga, sin necesidad, a las instituciones serias que tienen una reputación que cuidar.

Aseguramiento de la Calidad. El proyecto hace la acreditación institucional obligatoria, pero se requiere una transición cuidadosa, aunque las instituciones de mala calidad deben cerrar.

Hoy existe una diferencia importante entre el mundo universitario y técnico profesional en acreditación, y lo lógico es que las universidades que imparten educación técnica deben contar con acreditación en esa área, que es muy diferente a la universitaria.

El financiamiento se encuentra centrado en la gratuidad y exige acreditación de cuatro años. Se mostró de acuerdo con la existencia de criterio de calidad amplio para acceder. Además, el proyecto fija aranceles aunque en los hechos, los ha congelado, y el crecimiento se ve complejo y riesgoso.

Es necesario un sistema de acceso integrado para asignar gratuidad y verificar calidad. Se debe propender a que los cupos, que son escasos, sean llenados por alumnos con esperados buenos rendimientos.

Además, las penas para las instituciones que se retiren de la gratuidad de no volver a ser elegible por 10 años es una solución no creíble ni conveniente. Hay instituciones que no por mala calidad o interés en el lucro no estén en condiciones de permanecer en gratuidad.

En cuanto a la fijación de aranceles es compleja y no resuelve la cobertura, acceso, endeudamiento. La fijación del aporte para la gratuidad no requiere fijación de aranceles, sino que sólo la prohibición de cobro complementario, y ello daría una salida para el caso de fijaciones de precios mal hechos. Ello libera crecimiento y es un desafío muy importante en los segmentos de menor ingreso.

En relación al financiamiento institucional, la tipología no corresponde a mirada de futuro, sino a la situación actual de: universidades estatales, centros de formación técnica estatales, universidades con función pública, universidades nuevas e institutos técnicos profesionales no estatales.

El financiamiento a la investigación debe permitir la investigación aplicada, desarrollo docente y de laboratorios, lo que es muy propio de lo técnico profesional, y de altísimo costo.

En síntesis la educación técnico profesional es clave para satisfacer la cobertura de los sectores sin o con menor acceso en el Chile actual. Además, de que la creación de nuevos nichos, la fijación de aranceles (no gratuidad), compromete el financiamiento, la cobertura y efectividad. Estimó que es mucho mejor dejar libre los aranceles.

La fiscalización debe acotarse a la calidad (perfeccionando) y a los requerimientos de las sociedades anónimas (por el abandono a estudiantes).

Estimó urgente incorporar al sector técnico profesional como actor relacionado con la educación universitaria con una mirada a 20 años. Asimismo, debe permitirse el otorgamiento de grados o equivalentes para educación superior técnico profesional, de modo que estudiantes sean elegibles para estudios de posgrado de especialidad (fundamentalmente tecnológicos); debe haber financiamiento para desarrollo institucional de talleres y laboratorios, de modo de articular virtuosamente con la enseñanza media técnico profesional, y deben definirse estándares de calidad e impacto de modo de avanzar en financiamiento vía programas semipresenciales que serán parte del fututo.

11. Director Ejecutivo de Acción Educar, señor Raúl Figueroa.

El señor Figueroa asistió a la sesión 264ª. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Sostuvo que el proyecto resta poder a los ciudadanos, estudiantes e instituciones para transferírselo al Estado; establece a la gratuidad como núcleo distorsionador de la discusión y de los propósitos de la educación superior, al marcar la gratuidad el eje central y es un listado extenso de controles y presiones estatales, cuyo impacto en el sistema será negativo.

La indicación sustitutiva no difiere significativamente del proyecto anterior, al mantener sus ejes y distorsiones. Además, de que insiste en la gratuidad universal y sus restricciones de diseño, con sus consecuentes efectos negativos en el sistema de educación superior, y profundiza discriminaciones arbitrarias que debiesen corregirse.

Hizo presente que la gratuidad universal es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la posibilidad de escoger de los estudiantes. Todo el nivel de gasto del Estado está concentrado en los tres primeros deciles.

Además, la gratuidad genera un déficit financiero importante en las instituciones, que se incrementa en la medida que se avanza en deciles. A medida que aumenta la cobertura cubre a los jóvenes de mayores ingresos. Por todo lo anterior, su propuesta es crear un sistema único e integrado de becas y créditos

En relación al resto del proyecto, hay espacios de propuestas de modificaciones que tienen por objeto promover el máximo desarrollo posible del sistema de educación superior, resguardando la autonomía de las instituciones, la diversidad de proyectos educativos y evitando discriminaciones arbitrarias.

Para ello se debe contar con una institucionalidad que equilibre adecuadamente el control estatal con la necesaria autonomía de las instituciones para lo cual propuso seis ejes:

1. Rol de la Superintendencia. Manifestó que debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa y contribuir a recuperar la confianza en el sistema de educación superior. Sin embargo, se requieren ciertas correcciones. El proyecto omite definir qué se entiende por “supervisión de la viabilidad financiera” de las instituciones de educación superior y enmarcar esta función, la que debe ser coherente con la heterogeneidad de estas.

Además se deben establecer los resguardos suficientes para que esta atribución no restrinja la iniciativa o la capacidad de innovar de las instituciones de educación superior, por ejemplo, si se deja una cantidad de dinero importante por un periodo largo de tiempo en un depósito a plazo para lograr un objetivo determinado en el futuro.

2. Recuperar los equilibrios institucionales. El proyecto le quita atribuciones al Consejo en materia de designación de administrador provisional, concentrándolas exclusivamente en la Superintendencia. Al respecto propuso restituir la participación del CNED en este proceso, y entrega a un Comité de Coordinación la facultad de aprobar los criterios y estándares de calidad. Sugirió entregar esta atribución al CNED.

3. Debe existir una regulación que no limite el desarrollo de las instituciones de educación superior. El proyecto de ley establece una serie de prohibiciones, que pueden ser perjudiciales para el sistema, con el propósito de asegurar que no se retiren excedentes desde las universidades.

Existen mejores mecanismos. Se debe identificar con claridad los conflictos de interés y asegurar que siempre se resuelvan en beneficio de la universidad y sus estudiantes. Propuso suprimir la prohibición y reemplazarla por la regulación que establece el proyecto.

4. Equilibrar control y autonomía. Se aumenta fuertemente el control estatal a través de la Subsecretaría.

A la Comisión Nacional de Acreditación se le otorga la facultad de controlar el crecimiento de las instituciones acreditadas por cuatro años. Propuso reconocer la autonomía de las instituciones r cuando cumplan con los criterios de acreditación.

El proyecto establece un Sistema Común de Acceso a las instituciones de educación superior obligatorio administrado por la Subsecretaría. Sin embargo, sugirió transferir su administración a todas las instituciones que reciban recursos públicos, de manera que recoja la diversidad del sistema y evite un excesivo centralismo.

5. Debe haber una acreditación compatible con la diversidad de proyectos. Existe el riesgo de alterar la esencia de determinados proyectos educativos, forzando a todos hacia un modelo de universidad compleja difícil de alcanzar. Sugirió una acreditación obligatoria, pero que establezca categorías diferentes y no jerárquicas.

6. Existen discriminaciones arbitrarias a corregir. Sostuvo que las indicaciones profundizan las discriminaciones arbitrarias en perjuicio de las instituciones de educación privadas creadas con posterioridad a 1981, lo que redunda en una discriminación arbitraria hacia sus estudiantes. Propuso un diferenciar a las instituciones entre estatales y privadas-

El proyecto exime a las universidades estatales de ser intervenidas o cerradas en caso de no acreditarse. Propuso que las normas de calidad y fiscalización sean de aplicación general e incluyan a la totalidad de las instituciones.

12. El profesional del Área de Política Educativa de la Fundación Educación 2020, señor Mathías Gómez.

El señor Gómez asistió a la sesión 264ª, acompañado del señor Cristián Miquel y de la señora Patricia Schaulsohn. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que se busca una mirada general y a largo plazo de los desafíos de la educación superior, debiendo considerarse los datos del Informe APEC de noviembre de 2016. Cabe preguntarse cómo se están enfrentando:

a) Un nuevo modelo de desarrollo país para generar riquezas para la sociedad, y el rol de la educación superior y sus instituciones para cumplir este objetivo.

b) El derecho a educación de calidad, considerando la realidad y desafíos del país, y evitando falsas promesas.

1. Sostuvo que la institucionalidad propuesta es vital para transitar por un sistema de calidad coherente con los supuestos planteados antes.

Es importante definir organismos que sean interlocutores válidos como contraparte para el trabajo de la Subsecretaría. La Superintendencia debe ser capaz de fiscalizar el cumplimiento de la ley, sin sobrecargar el sistema, siendo clave la transparencia activa, y puede entregar una mayor cantidad de información para que las comunidades adopten un rol fiscalizador.

Es muy positiva la incorporación de estándares de calidad en el sistema de acreditación, avanzando hacia un sistema que acompaña, pese a que se mostró preocupado por la capacidad y recursos de la CNA.

Acerca del Marco Nacional de Cualificaciones, es clave agregar normas de carácter general y principios.

2. Nuevo Cruch y nuevo consejo para la educación técnico superior. Es necesaria una nueva definición objetiva y criteriosa de ingreso y salida de nuevas instituciones.

Propuso la creación de un nuevo consejo de instituciones de formación técnica profesional superior, de carácter público, que debe velar por el desarrollo del sector en base al trabajo colaborativo de sus miembros. Ambas instituciones deben ser contrapartes activas en el desarrollo de las políticas públicas del sector.

3. En relación al acceso, destacó que ningún talento debe quedar fuera de la educación superior. Perder talentos es un lujo que el país no se puede dar, y el desafío debe estar en la formación de personas y asumir que la principal riqueza del país es su gente.

Además, se debe revisar y fortalecer el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) que requiere mejoras.

4. No debe haber más estudiantes de segunda clase. La PSU discrimina a estudiantes de educación técnica y aún hay requisitos de becas y créditos que utilizan la PSU como criterio, lo que termina por discriminar a estos estudiantes.

Hizo presente que la trayectoria técnica debe ser atractiva. Se debe incentivar el estudio de carreras técnicas, tal como se hace con las becas en pedagogía, y en especial aquellas que son de mayor interés y pertinencia para el desarrollo del país, tanto a nivel nacional como regional.

También se debe modificar la estructura de títulos y grados. La rigidez de la estructura le quita flexibilidad al sistema y discrimina, se preguntó por qué un egresado de un centro de formación técnica o un instituto profesional no puede acceder a estudios de postgrado.

En relación a la estrategia técnico profesional y el consejo asesor de educación técnica, expresó su preocupación por la nula bajada territorial que tiene, su bajo nivel de autonomía, y la ausencia de recursos necesarios para desempeñar su función. Un objetivo concreto debe ser el desarrollo de un modelo de vinculación permanente.

Respecto de las precauciones sobre los temas eliminados en este proyecto, y que serán abordados en el futuro, señaló lo siguiente:

a) Sobre el fortalecimiento de la educación superior estatal. Es prioritario desburocratizar la operación de las instituciones del Estado, favoreciendo los sistemas de autocontrol por medio de contralorías internas, y evitar al máximo la superposición de funciones de la Contraloría General de la República, la Superintendencia y la Comisión Nacional de Acreditación.

También, se debe aumentar la matrícula pública. El país necesita de un plan que permita en un plazo de 10 años aumentar la matrícula pública en universidades a un 33%, y un 10% en educación técnica.

Las instituciones de educación superior públicas regionales, deben tener una vinculación real con su contexto territorial.

b) Fin al Crédito con Aval del Estado (CAE). A partir del año 2009 habría sido mejor entregar los recursos a título de becas y así ahorrarse muchos recursos y los problemas que ha generado este crédito.

En relación a la creación del Crédito para la Educación Superior (CES), no tiene sentido que el sistema haga distinciones arbitrarias y el fondo solidario debe dar paso este nuevo crédito. Se debe retirar a la banca del crédito, ya que el Estado ha terminado re-comprando el 60% de los montos asociados al CAE, por la ejecución del aval de estos créditos. Una agencia estatal deber ser responsable de la administración, entrega y cobro del CES.

Debe existir un crédito por arancel efectivo, los estudiantes no deben tener que recurrir a otros créditos para pagar sus estudios. Además, el pago debe ser por liquidación de sueldo o declaración de renta y de este modo no constituye deuda y se evita en gran medida la mora.

Por último, el crédito es necesario como una política transitoria, ya que mientras la gratuidad no sea universal, este instrumento es necesario para asegurar la continuidad e inicio de estudios de miles de jóvenes.

c) En relación a la gratuidad, como Fundación siempre han planteado que la gratuidad no debía entregarse por medio de una glosa en la ley de Presupuesto, por lo que valoró que hoy sea propuesto en una ley permanente.

La tarea de definir vacantes para el sistema es tan delicada y compleja técnicamente como la fijación de aranceles. Por, ello propuso que esta tarea también sea realizada por un consejo técnico en los mismos términos del consejo que fija los aranceles.

La gratuidad hoy se entrega por duración nominal de la carrera, lo que perjudicará a quienes provienen de los estratos socioeconómicos más bajos. En general, estos estudiantes enfrentan mayores dificultades al acceder a la educación superior, y son más propensos a retrasarse. Al igual que otras ayudas financieras, este instrumento debería contar con un período de extensión para estos casos.

d) En relación a la gratuidad versus financiamiento a largo plazo, manifestó que comparte que la gratuidad es un avance, pero solo una parte del sistema de financiamiento a largo plazo que se necesita.

Los pilares de un nuevo sistema de financiamiento son: nuevo modelo de financiamiento a la docencia y a la investigación, y contar con el apoyo de fondos concursables para proyectos en infraestructura.

Finalmente, expresó que han sentado tres principios: que el proceso sea gradual, cuente con una visión de futuro y se ciña al realismo contextual. Estimó que la simplificación del proyecto era necesaria, y en particular avanzar en la dimensión de la reforma es clave para “ir ordenando la casa”. Aun así, el costo de la simplificación, es la pérdida de la mirada como sistema.

El proceso debe ser a la vez gradual y constante, con altura de mirada de parte de los actores y con una visión de largo plazo. Hay temas que requerirán más tiempo, el financiamiento a largo plazo es uno de ellos.

13. Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez

El señor Sánchez asistió a la sesión 264ª. Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

Expresó que la indicación sustitutiva no introduce grandes cambios al proyecto de ley de julio de 2016. Si bien se reordena la secuencia de los títulos y párrafos, en la práctica hay secciones completas del articulado que mantienen exactamente la misma redacción original. Por lo tanto, todos los comentarios, aportes y críticas que se habían formulado al proyecto en su versión previa se mantienen prácticamente iguales. Hay solo cuatro cambios importantes:

1) Título I Disposiciones Generales. Manifestó que llama la atención que en el proyecto original había seis artículos que describían el fin de la educación superior y los principios que la rigen, incluidos autonomía, calidad, diversidad de proyectos académicos, libertad académica y otros. Adicionalmente, se definía a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Nada de esto se mantiene en la versión actual, solo una referencia al Consejo de Rectores en su rol de asesor del Ministerio en políticas de educación superior. Se podría desprender que la versión actual de la iniciativa carece de una visión y principios de lo que espera del sistema de educación superior para el país.

2) Subsecretaría de Educación Superior artículos. Tiene la misma redacción que en la versión previa del proyecto, eliminando algunas funciones como el Marco de Cualificaciones, que previamente se le otorgaba un carácter de instrumento regulatorio.

3) Sistema Común de Acceso a instituciones de educación superior. Se crea un sistema de acceso único y obligatorio y dos comités técnicos para definir los instrumentos del sistema de acceso universitario y técnico profesional. En todo caso, es la Subsecretaría la que establece los procedimientos e instrumentos del sistema de acceso. El CRUCh pierde el control sobre el sistema de admisión, si bien se crean los comités mencionados, cuyo rol y autonomía no queda muy clara.

4) Título II Formación Técnico Profesional. Se mantiene igual redacción que versión previa del proyecto de julio de 2016.

5) Título III Superintendencia de Educación. La fiscalización de “compromisos académicos”, más allá de los contractuales, podría ser abusiva o entrometerse en la autonomía de la universidad.

6) Reglas y prohibiciones aplicables a instituciones de educación superior organizadas como instituciones privadas sin fines de lucro. Se establecen regulaciones y prohibiciones a instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro y no a aquellas instituciones organizadas como personas jurídicas de derecho público.

Adicionalmente, se estaría restringiendo la posibilidad de que participen en un emprendimiento tipo spin-offs “miembros” de la institución o “integrantes del Consejo Superior”. Asimismo, preocupan las restricciones en las vinculaciones con entidades relacionadas, que pueden afectar la motivación para emprendimientos, y la excesiva fiscalización de las operaciones con partes relacionadas, que pueden gravar fuertemente a las instituciones de educación superior.

7) Título IV Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Se crea un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad con un Comité de Coordinación integrado por Subsecretario que preside, el presidente de la CNA, el Superintendente y el presidente del CNED. Este Comité debe aprobar los criterios y estándares de acreditación propuestos por la CNA. Este cambio se considera una mejora parcial, ya que antes descansaba en el Consejo para la Calidad dependiente de la Subsecretaría.

Se mantiene a la Comisión Nacional de Acreditación como autónoma. Se omite que esta debe hacerse en especial consideración de la autonomía de la institución y que debe verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación, indicando que la mirada actual del proceso de acreditación es más rígido y controlador. En la práctica, lo que establece el proyecto es la mera existencia de políticas y mecanismos, pero no se indica que debe evaluarse su efectividad.

La indicación sustitutiva mantiene a la acreditación como un proceso integral que considera la totalidad de las sedes, y de una muestra de las carreras y programas. El proyecto no especifica suficientemente la proporción y los criterios de selección de dicha muestra. Esta acreditación puede ser inviable dado el requerimiento práctico de tener literalmente decenas de pares evaluadores visitando la misma institución y sus programas. Tampoco especifica suficientemente cuál es el contenido y profundidad de la “evaluación” de los programas, y si se acreditan, se evalúan y, en caso de evaluarse, qué se evalúa.

Se termina con los procesos de acreditación de carreras y programas, salvo en los casos de obligatoriedad, como es medicina y pedagogías. Los programas de magister no aparecen, se los omite totalmente, en circunstancias que para optar a becas CONICYT se exige que estén acreditados.

Se establecen cinco dimensiones de evaluación: a) docencia y resultados del proceso de formación b) gestión y recursos institucionales; c) aseguramiento interno de la calidad; d) generación de conocimiento, creación e innovación, y e) vinculación con el medio.

También sorprende que la dimensión “Aseguramiento Interno de la Calidad” sea considerada como un ámbito de evaluación disociado del resto, pues debiera ser concebido como un área que se inserte transversalmente en las políticas de la institución. Sorprende en el caso específico de la investigación que se exija solo contar con políticas y estructuras, no con resultados.

Adicionalmente, el proyecto considera criterios y estándares de acreditación; definidos estos últimos como grado o medida de cumplimiento de un criterio que una institución de educación superior debe alcanzar mediante indicadores que establecen evidencia de dicho cumplimiento. Esta definición no se considera adecuada, ya que el estándar es el umbral mismo no el grado de cumplimiento de aquel.

El Plan de Mejora es un compromiso institucional y se debe considerar como parte integrante de la autoevaluación y debe ser consistente con esta. En caso contrario sería finalmente la CNA quién determina este plan sin ser parte de este.

Se vuelve a utilizar los años de acreditación como la expresión de los resultados de la evaluación. Si bien esto es mejor que el escenario del proyecto, en la práctica es poco operativo y sería más adecuado tener tramos discretos de acreditación por cada dos años. Hay una inconsistencia entre el principio de autonomía y la poca libertad que tendrían las instituciones de educación superior.

8) Título V Del financiamiento institucional para la gratuidad. Se elimina un fondo de desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística (FICA) y por omisión se mantiene el AFD. La exigencia de contar con cupos mínimos para un conjunto de estudiantes vulnera la autonomía de la universidad y dado que el sistema de ingreso a la universidad se caracteriza porque el alumno elige a ésta y no la universidad el alumno y está sujeto en gran medida al resultado de los sistemas de selección existentes (PSU) no es posible garantizar la participación de alumnos de algún decil específico.

Se mantiene el criterio de un aporte por gratuidad a los alumnos elegibles, de acuerdo a una estimación basada en grupos de carreras definidos por la Subsecretaría, considerando los costos, tamaños, ubicación geográfica y años de acreditación. Los valores se establecerán cada 5 años y deberán ser visados por el Ministro de Hacienda. Las bases metodológicas serán aprobadas por la Comisión de Expertos.

La transferencia de recursos por gratuidad trabaja en base a estimaciones, considerando años anteriores y no en base a realidad, además, que los valores estarán sometidos al ciclo presupuestario del gasto fiscal.

La regulación de aranceles y vacantes no debiera abarcar a todos los estudiantes, sino solo debiera asociarse a los estudiantes sujetos a gratuidad que el proyecto reduce hasta el sexto decil. No debe ser un órgano de Gobierno, la Subsecretaría, la encargada de definir los aranceles, porque se presta para la arbitrariedad. Las vacantes de las carreras deben ser fijadas por la universidad.

La fijación de la duración de las carreras tiene un impacto financiero significativo porque lo “normal” es que los estudiantes se demoren más que la duración oficial.

El regular los aranceles a todo alumno de la universidad atenta contra la sostenibilidad financiera de las instituciones y, con ello, a la calidad de ellas en el mediano y largo plazo.

B) SEMINARIO.

El día lunes 15 de mayo se llevó a cabo en Santiago un seminario, que contó con la participación de los siguientes panelistas, quienes expusieron acerca de la indicación sustitutiva del proyecto.

1. Rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña.

El señor Peña señaló que el proyecto está jurídicamente mal concebido y contiene una mala política pública. En cuanto a las observaciones técnico jurídicas, expresó que las reglas que aluden a los socios de las universidades contienen un error conceptual, porque las corporaciones o fundaciones no pueden tener socios.

Del mismo modo, sostuvo que se produce una confusión de competencias entre la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia en cuanto a las facultades fiscalizadoras sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

En lo relativo a la dimensión de política pública, destacó como defectos que se deja incólume el sistema de provisión de la educación superior y solo se le sobrepone un marco regulatorio. Se crea una Subsecretaría, una Superintendencia, y se mantiene la CNA dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, pero no existe una reforma universitaria genuina.

En segundo lugar, el proyecto deja incólume al Cruch, que es probablemente lo que ha recibido mayores reproches y críticas. A pesar de toda la incertidumbre que ha existido en el último tiempo, al final se lo fortalece tal cual existe hoy.

En tercer término, la iniciativa no crea un entorno de incentivos para que el conjunto de universidades privadas, creadas con posterioridad a 1981 converjan hacia un quehacer con orientación pública genuina, con criterios claros y explícitos. Al contrario, se las incentiva a que provean educación a los deciles de más altos ingresos.

En materia de financiamiento, se reiteran las normas contenidas en las glosas de la Ley de Presupuestos, dándole un carácter de estatuto permanente. Solo se financia la gratuidad de los 5 primeros deciles, pero exclusivamente de los gastos de la docencia. Por lo tanto, no se contemplan fondos para financiar la investigación o para mejorar el cuerpo académico, por lo que las instituciones que han adscrito a gratuidad están siendo maltratadas.

Finalmente, hizo presente que este proyecto no resuelve el problema de la segregación, es decir, los estudiantes de más altos deciles se concentran en ciertas instituciones y los de más bajos, en otras, por lo que la composición y la matrícula se mantendrán exactamente iguales.

2. Profesor del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica, señor Carlos Williamson.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Williamson señaló que el proyecto es debatible sobre los avances, perfeccionamientos de la institucionalidad y los posibles retrocesos en calidad, autonomía y diversidad.

Sin embargo, en materia de financiamiento, manifestó que presenta aspectos muy negativos:

-Tiene una mirada reduccionista sobre financiamiento: el título completo reduce el financiamiento institucional solo a la gratuidad.

-La fijación de aranceles máximos para la gratuidad (artículo 85) y vacantes (artículo 101), son definidos por la Subsecretaría, no por el Comité de Expertos.

-No hay aportes para la gratuidad después de la duración oficial de las carreras y las IES pueden cobrar solo el 50% del arancel (artículo 107).

-Las IES deben aplicar políticas “que permitan acceso equitativo de estudiantes” “programas de apoyo para estudiantes vulnerables” contar con al menos un 20% de estudiantes de los 4 primeros quintiles.

-La fijación de aranceles máximos para estudiantes sin gratuidad, de los deciles 7,8 y 9.

Sostuvo que falta regulación en materia de universidades regionales; movilidad vertical y horizontal, ya que el sistema es desarticulado; carreras largas y sobre especializadas; financiamiento a las ciencias, tecnologías, artes y humanidades (FICA), y la gran ausencia consiste en el financiamiento a las IES sin gratuidad acreditadas.

En suma, estimó que la indicación sustitutiva no altera el fondo de un proyecto de ley de Educación Superior muy defectuoso, inoculado por una fuerte dosis de desconfianza.

Sostuvo que lo mínimo que se debe modificar son las siguientes materias:

-Que el CRUCH se amplíe a todas las universidades acreditadas.

-La creación legal de un Consejo para la educación técnico profesional.

-Que los instrumentos de admisión sean son definidos por dichos organismos.

-Que se eliminen las atribuciones “invasivas” de la Superintendencia de Educación Superior.

-Que los criterios y estándares de calidad sean definidos por la CNA.

-Que la gratuidad sea solo para el 50% de alumnos de menores ingresos.

-Que los aranceles regulados sean definidos por el Comité de Expertos.

-Que se mantengan becas y créditos contingentes para el resto de estudiantes.

-Que se reponga el Fondo de Investigación (FICA) concursable.

3. Directores del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), señores Roxana Pey y José Manuel Riesco.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

La señora Pey y el señor Riesco señalaron respecto de la gratuidad universal que es posible de inmediato llegar a una cobertura de 2/3 de toda la población estudiantil que cubre 9 deciles de ingreso, traspasando en el presupuesto 2018 los fondos de becas y créditos a gratuidad. Es necesario eliminar en la ley de reforma el artículo transitorio (48 de versión original, actual 33), que prohíbe explícitamente la gratuidad.

Sostuvieron que si se traspasan hacia gratuidad los recursos fiscales destinados al CAE y becas, ésta alcanzaría de inmediato una cobertura del 2/3 de la población estudiantil actual, y si esa gratuidad se ejerce como financiamiento a las instituciones, dotando al sistema de regulación seria y favoreciendo el aumento de matrícula en las IES públicas, se terminaría con la crisis generada por el mercado.

También aseveraron que es posible terminar de inmediato créditos y becas traspasando estas partidas presupuestarias a gratuidad. Los créditos son gasto y no inversión. La condonación de deudas estudiantiles con recursos fiscales no implica desembolso.

Estimaron perentorio terminar con el instrumento CAE así como como otras formas de subsidio a la demanda o vouchers causantes del endeudamiento estudiantil, de la baja titulación, de las limitaciones a la calidad de las instituciones, del lucro encubierto, de la apropiación de fondos fiscales sin rendición de cuentas y de la desarticulación del sistema de educación superior. Sin embargo, los presupuestos de la Nación, año a año han seguido aumentado la partida del CAE incluso en los dos últimos que incluyen el inicio de gratuidad.

Sobre gobierno de las universidades estatales, consideraron que la imprescindible autonomía de las universidades estatales es incompatible con la intervención que se propone con una junta o consejo directivo controlado por representantes del gobierno del país. Calidad, autonomía, comunidad, democracia universitaria y democracia nacional están relacionadas y requieren de la atención y cuidado permanente de todos.

Si la democracia precisa su permanente profundización y requiere ciudadanos cada vez más libres, informados y educados, entonces, el corazón de la democracia es la universidad, pública y con autonomía. Nación, ciudadanía y territorio, democracia y universidad, son inseparables. Los Estatutos deben resguardar a la institución universitaria cuidando su autonomía de toda intervención.

4. Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland e Investigador Internacional Asociado a CLAPES UC, señor Sergio Urzúa.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Urzúa señaló que el crecimiento del sector fue rápido y poco regulado. Hizo presente que si bien el proyecto da cuenta de las complejidades de los cambios requeridos, no ofrece soluciones satisfactorias.

Sostuvo que la educación superior de calidad tiene asociado retorno privado, pero existe evidencia de que no es suficiente para cubrir costos actuales: la gratuidad esconde y no resuelve el problema. Por otra parte, Estado debe intervenir para fomentar inversiones I+D con altos retornos sociales, que no son internalizados por los estudiantes ni por las IES.

Expresó que el diseño óptimo debe combinar la fijación de precios con la fijación de cantidades, del siguiente tenor:

Artículo 86. El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 87, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos. Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura.

Artículo 101.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar la firma del Ministro o Ministra de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

Sostuvo respecto de los efectos negativos del CAE, que el sistema tenía problemas en diseño que no se subsanan con alternativa planteada. No solo los beneficiarios terminan sufrieron con el mal diseño, también los no beneficiarios. El efecto sería similar o incluso peor con lo que se propone.

Lo que se propone es gratuidad para el 60% (creciendo), + 20% para aquellos no elegibles hasta el decil 7; + 60% para aquellos entre deciles 8-9; libre para ingresos superiores, agregando un sistema de financiamiento vía crédito. El resultado predecible es la discriminación de precios en instituciones adscritas, injusticia intertemporal, ventajas para privadas no adscritas, lo que provocará segregación.

En materia de regulación, se propone una institucionalidad compleja, con excesivas reglas y entidades, por lo que estimó díficil preveer que instituciones de educación superior se hagan más competitivas en nuevo escenario.

La asignación de recursos a áreas claves debe estar acompañado de una regulación eficiente. El texto habla de la importancia de innovación, pero no existe noción de qué quiere decir esto. No se prioriza el rol del sector privado en la articulación del sistema técnico profesional. Se presenta discriminación en precios, años de estudios, niveles socio-económicos, tipos de institución que tendrán efectos importantes.

También detectó problemas de incentivos para estudiantes (carreras técnicas a universitarias) e instituciones (cobros en caso de no graduación a tiempo). El texto no se refiere a mecanismos que permitan la evaluación continua del sistema, ni a la posibilidad de que agentes externos puedan acceder a datos que permitan un monitoreo del sistema.

En conclusión, consideró que el remedio propuesto puede ser peor que la enfermedad. Un mal diseño puede dejar al país con educación superior gratuita, pero ineficiente, más segregado, sin pertinencia y de peor calidad.

6. Vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, señor Juan Carlos Letelier.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Letelier explicó que el Senado Universitario fue creado en 2006, a partir de la entrada en vigencia del nuevo estatuto de la Universidad de Chile. Es único en el sistema de educación superior chileno. Se trata de un órgano superior triestamental, de carácter estratégico y normativo (crea y modifica reglamentos), representativo de la comunidad universitaria, compuesto por 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios, cuya tarea fundamental es establecer políticas y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan a su cumplimiento.

A continuación, efectuó una propuesta de indicaciones sobre inclusión de conceptos de universidad, instituto profesional y centro de formación técnica; acerca de la carrera académica en las universidades con personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro y resguardo de la libertad académica, y respecto de la acreditación institucional en investigación, incorporación de doctores y aceleración de plazos para su complimiento en búsqueda de calidad.

Del mismo modo, propuso indicaciones en lo relativo a la incorporación del concepto de educación superior como un derecho social y orientación del Sistema de Educación Superior hacia las necesidades del país y su gente, no debe obedecer a criterios de mercado.

Asimismo, efectuó sugerencia de indicaciones sobre gobierno universitario, en materia de reconocimiento de órganos colegiados representativos de todos los estamentos con atribuciones vinculantes y reconocimiento en instituciones estatales de formas de gobierno como el Senado de la Universidad de Chile y demás órganos superiores.

Además, realizó una recomendación de indicaciones sobre financiamiento para la gratuidad, con distinción expresa entre instituciones de educación superior estatal e instituciones privadas sin fines de lucro, otorgando financiamiento para la gratuidad a instituciones estatales por el solo ministerio de la ley, con eliminación de cualquier otro requisito para ello.

Finalmente, formuló una propuesta de indicaciones, en materia de formación técnico profesional, que incluye conceptualización de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y la incorporación de vinculación de la formación técnico profesional con la universitaria en el marco de la Estrategia Nacional.

7. Investigador de Libertad y Desarrollo, señor Jorge Avilés.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Avilés expresó que el proyecto original creaba una nueva institucionalidad para la Educación Superior, cuyo órgano rector es el Estado. Si bien busca relevar este nivel educativo, tenía varios problemas que aún persisten:

No incluye a estudiantes, académicos y otros actores, sino que se centra en el rol del Estado y las instituciones de educación superior (IES).

Desconfía de la sociedad civil y de las IES, en la medida que acota su espacio de acción y lo delega en organismos estatales.

Pone en riesgo los principios que paradojalmente dice asegurar (autonomía, calidad, diversidad proyectos educativos, inclusión, etc).

No se hace cargo de la ciencia, tecnología e innovación del país, ineludiblemente unida a la educación superior.

Persevera en un sistema de financiamiento que ha desfinanciado a las instituciones que de buena fe optaron por la gratuidad, monopolizando en régimen las fuente de ingresos los recursos que el Gobierno sea capaz de entregar año a año, así como en la eliminación del FICA.

En su transición discrimina arbitrariamente entre estudiantes igual de vulnerables. En régimen, dificulta la focalización de los recursos estatales, priorizando gratuidad por sobre otras necesidades sociales urgentes como la salud, vivienda, educación parvularia, SENAME, entre otras.

En cuanto a financiamiento institucional, se siguen utilizando los criterios históricos y no la calidad y potencialidad que las instituciones puedan tener. Se cede a grupos de presión.

Sostuvo que, en su esencia, la indicación sustitutiva contiene los mismos vicios que el proyecto original, no existiendo mayores cambios al respecto. La nueva institucionalidad propuesta, el sistema de financiamiento y los distintos roles que se dan a organismos y autoridades altamente dependientes de los gobierno de turno, ponen en riesgo el avance del sistema de educación superior.

En conclusión, la indicación sustitutiva contradice los mismos principios que dice garantizar: autonomía, calidad, diversidad, inclusión. Desconfía de la autonomía de las instituciones. Delega excesivas facultades que les corresponden a éstas en organismos de evidente carácter político.

Del mismo modo, no cree en la diversidad de proyectos, sino que pretende homogeneizar el sistema. Persevera en un sistema de financiamiento injusto, regresivo y que significará estancar el sistema. No se hace cargo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

8. Director de Formación de la Corporación IdeaPaís, señor Pablo Valderrama Rodríguez.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Valderrama señaló que el centro de una propuesta para un sistema de educación superior debe ser la calidad. En cuanto al aseguramiento de la calidad y acreditación, la indicación logra avanzar en muchas materias subsanando falencias importantes, como lo son la obligatoriedad de la acreditación institucional o el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Acreditación.

Sin embargo, el proyecto se niega a reconocer una realidad fáctica: hoy, existen en el sistema universitario, diversos tipos de instituciones que persiguen fines y propósitos distintos. En este sentido un sistema de acreditación con estándares unificados para todos -distinguiendo sólo la educación universitaria de la técnico profesional- termina por afectar la diversidad del sistema.

Por otra parte, aquí también se puede observar una disociación con el principio de autonomía, al proponer un sistema de acreditación más rígido y controlador, dando menos libertad a las Instituciones de Educación Superior. Esta falencia fácilmente se puede ver en diversos aspectos de la iniciativa. Por ejemplo, cuando el proyecto omite que la acreditación debe realizarse con especial consideración de la autonomía de la institución; o la consideración del Plan de Mejora como un aspecto que está sujeto al pronunciamiento de la Comisión Nacional de Acreditación en forma independiente a la acreditación integral, lo cual puede llegar a convertirse en que sea la propia CNA la que termine por definir ese plan.

Si bien reconoció que las universidades estatales cumplen un rol fundamental, la propuesta al tiempo que busca robustecerlas y reconocerles su trascendencia en el desarrollo del país, parece desconocer el inmenso aporte que han realizado las instituciones privadas en la historia de Chile.

Esta “opción preferencial por lo estatal”, que se expresa especialmente por un sistema de financiamiento especial, amenaza la actual diversidad del sistema y termina perjudicando a las universidades con idearios, generando un sistema que no reconoce el aporte al bien común que este tipo de instituciones genera, precisamente por ser un reflejo de la pluralidad social que existe en toda sociedad. Si bien el Estado debe apoyar el desarrollo de sus instituciones, esto no puede ser a expensas de dañar al resto del sistema universitario de carácter público.

En lo relativo a la educación técnica profesional, hizo presente que a pesar de que el proyecto de ley establece ciertas mejoras, estas siguen siendo insuficientes para fortalecer este tipo de educación, siendo más bien una declaración de intenciones, tanto es así, que la indicación no introduce más que un cambio cosmético al ponerla en un apartado especial.

La educación técnico-profesional es una parte fundamental en la oferta formativa de cualquier sistema educacional. Es un elemento importante de movilidad social y desarrollo de un país. Desde el año 2010 en adelante, la matrícula de primer año en institutos profesionales y centros de formación técnica ha superado a la de las universidades, por ejemplo. Tampoco el proyecto facilita la integración entre las distintas instancias de educación técnica ni promueve la movilidad y coordinación entre los sistemas técnico y universitario, ni la integración con los sectores productivos del país.

9. Asesor Académico del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS A.G.), señor José Miguel Huerta Malbrán

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Huerta reflexionó que la propuesta para CFTs e IPs no emerge de un diagnóstico riguroso y acabado del sector y aunque reconoce que la ES está compuesta por dos estamentos disjuntos: el universitario y el que llama “técnico profesional” no proporciona la distinción que los diferencia, a fin de hacer sustentables las medidas diferenciadoras entre ambos sistemas, por ejemplo, que las trayectorias de la formación universitaria están destinadas a la transmisión, conservación y creación de conocimiento nuevo; y las de la formación técnica de nivel superior y profesional sin licenciatura, están destinada a la transferencia de competencias.

Sostuvo que el sistema CFT e IP es una respuesta adecuada y necesaria para la formación de los mandos medios calificados y profesionales de campo para el desarrollo del país. No es una “alternativa” a la universidad, es un sistema con fines propios, que responde a un tipo de demanda de recurso humano, de todos los sectores productivos, lo que incluye la producción artística, cuya misión es el desarrollo de habilidades y herramientas prácticas y concretas para intervenir en la ejecución y concreción de los planes y obras del proyecto país: Chile, actual y futuro.

A continuación efectuó las siguientes propuestas:

-Eliminar aquellas facultades que lesionan la autonomía o que amenazan el reconocimiento oficial de las instituciones de enseñanza superior desde un punto de vista de la jurisprudencia constitucional.

-Que se garantice, mediante la integración y los mecanismos de nombramiento, la pluralidad e independencia de los integrantes del Consejo para la formación técnica y profesional, que incluya representantes de los distintos tipos de instituciones que hoy forman técnicos y profesionales orientados al mundo del trabajo; que tenga una misión más que meramente consultiva, que deba dar informe favorable a la estrategia nacional de desarrollo para el sector y sus modificaciones, así como al MNC, etc. Que se amplíe la conformación del CRUCh, creando un capítulo de CFT-IP. Que se cree un fondo basal competitivo de apoyo a este tipo de IES.

-Que se garantice, mediante la integración y los mecanismos de nombramiento, la pluralidad e independencia de los integrantes del Consejo para la formación técnica y profesional, que incluya representantes de los distintos tipos de instituciones que hoy forman técnicos y profesionales orientados al mundo del trabajo; que tenga una misión más que meramente consultiva, que deba dar informe favorable a la estrategia nacional de desarrollo para el sector y sus modificaciones, así como al MNC, etc. Que se amplíe la conformación del CRUCh, creando un capítulo de CFT-IP. Que se cree un fondo basal competitivo de apoyo a este tipo de IES.

-Si la acreditación se hace obligatoria, que se consideren fondos de fomento a la calidad e instancias intermedias -como las que considera la ley vigente- que permitan remontar un primer resultado adverso sin caer automáticamente en el administrador provisional.

10. Presidente del Consejo de Rectores de los CFT del CRUCH y Rector del Centro de Formación Técnica Lota-Arauco, señor Luis Quiñones.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Quiñones reiteró la necesidad de incorporar a esta discusión una visión estratégica que el Estado debe tener sobre el tema educacional, inserto en una proyección política, económica y social del país. Sostuvo que el Estado está obligado a proporcionar y garantizar el derecho social y esencial a una educación de calidad y pertinente a sus ciudadanos.

Destacó que la formación técnica debe ser considerada como un subsistema prioritario del desarrollo del país. El proyecto debe incluir un diagnóstico muy completo y objetivo del estado de la educación terciaria, que dé cuenta de su importancia e impacto en la movilidad social, desarrollo económico y productivo del país.

Enfatizó que la acreditación debe ser objetiva, excluyendo posibles conflictos de interés entre sus componentes: evitar que los evaluadores y la propia CNA sean juez y parte. Los evaluadores no sólo deben conocer sino además, haber trabajado en CFT.

Además, la acreditación debe ser binaria: acreditado-no acreditado con proceso permanente de acompañamiento, revisión y evaluación cada 4 años. Debe respetar autonomía de las instituciones: misión, visión, objetivos estratégicos, metas; debe obligatoria e institucional y debe incluir a las carreras. En síntesis, los procesos de admisión y acreditación deben considerar las realidades de la formación técnica.

En materia de financiamiento, destacó que es clave que sea público para la formación técnica, toda vez que el tipo de estudiantes exige más y mejores recursos pedagógicos, didácticos. Además, debe ser apropiado, ya que este tipo de formación es muy exigente en recursos: gastos de operación, actualización, modernización tecnológica, depreciación, costo de docentes especializados, insumos, materiales, documentación, investigación aplicada (tecnológica, pedagógica).

11. Consejero Superior FEUC, señor Juan Echaurren.

Copia íntegra de su presentación se encuentra disponible para consulta.

El señor Echaurren se refirió al reconocimiento del rol público de las Instituciones de Educación Superior, haciendo presente que el proyecto de ley marca claramente una preferencia por las instituciones estatales, que si bien cumplen un rol fundamental, al potenciarlas y reconocerlas como tal, se realiza en desmedro de las instituciones privadas, tanto universitarias como institutos profesionales y centros de formación técnica; sin embargo, el rol público de una institución va mucho más allá de cuál es su régimen de propiedad.

Aseveró que al tener un financiamiento preferencial por lo estatal, se pone en riesgo la pluralidad de proyecto educativo, que es reflejo de la diversidad que existe en la sociedad, perjudicando a las universidades con un ideario diferente al estatal, que si bien debe velar por su desarrollo, este no puede ser a costa de no reconocer el aporte que puedan realizar las otras instituciones que sí tienen un carácter público pero no necesariamente estatal.

En cuanto a la autonomía universitaria, entendiendo esta como “la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, en el marco establecido por la ley”. Es necesario que cualquier universidad, independiente de su ideario, pueda tener una autoconducción y autodeterminación, independiente de los factores externos e internos. Sin embargo, si efectivamente se realiza lo que se propone: el Consejo Directivo, la Superintendencia y la Subsecretaría, con las facultades señaladas, se pone en juego este principio al poder intervenir en las políticas financieras anuales y presupuesto, en la creación de nuevas carreras y planes de estudio, en la composición de su matrícula y admisión, entre otros.

Si bien, la existencia de una Superintendencia puede tener resultados positivos para fiscalizar las universidades con respecto al cumplimiento de los criterios de calidad, el proyecto no se hace cargo de ello, dado que establece un sistema de acreditación con estándares unificados, y no protege la autonomía, sino, por el contrario, la restringe cuando el mecanismo que se está proponiendo, bajo la premisa de la necesidad de un sistema de acreditación más rígido y controlador, tiene como efecto restarle libertad a las instituciones de educación superior, sino que también restringe la existencia de diversos proyectos educativos.

Sostuvo que un buen sistema de acreditación debiera entender que la base para mejorar no pasa por homologar los criterios, si no que todo lo contrario, valorar las diferencias y reconocer debidamente la autonomía de cada proyecto educativo. Estimó cuestionable que la Superintendencia tenga la capacidad de intervenir en materia de prevención del lucro, por ejemplo, hay casos en que una universidad decide asociarse con una empresa con fines de lucro para realizar una investigación.

C) Votación en particular.

A continuación, se dio inició a la votación en particular en la siguiente forma.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1° Disposiciones Generales

Artículo 1

Se presentó la siguiente indicación de los diputados Vallejo, Poblete, Provoste, Girardi, González y Venegas para agregar el siguiente artículo 1, nuevo, pasando el actual 1 a ser 4, y así sucesivamente.

“Artículo 1.- La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus talentos, para que puedan desarrollar sus capacidades; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a las normas, condiciones y requisitos que se establecen en esta ley y sus normas complementarias, de conformidad a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Chile, en el marco de un Estado democrático de Derecho.

La educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento, sus aplicaciones, el cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades; así como también la vinculación con la comunidad a través de la difusión, valorización y transmisión del conocimiento, además del fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las regiones, del país y la comunidad internacional.

Asimismo, la educación superior busca la formación integral y ética de las personas, orientada al desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, que les incentive a participar y aportar activamente en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, de acuerdo a sus diversos talentos, intereses y capacidades.

La educación superior debe orientarse y tener como base la transformación del pensamiento, que permita la renovación de los actuales paradigmas, considerando el fenómeno de la globalización y la creciente interdependencia de los ámbitos económicos, sociales ambientales, así como la gestión de un devenir común y el desarrollo de una identidad planetaria, de la conciencia y la responsabilidad compartida. Debe, a su vez, debe tener siempre, como finalidad, el desarrollo humano, de las sociedades y el respeto por los demás seres y el medio ambiente en que estos viven y se desarrollan.”.

El diputado Robles pidió votación separada del inciso cuarto.

Se acordó, por unanimidad de la Comisión, reemplazar en el inciso primero del artículo 1, la expresión “talentos” por “capacidades y méritos” y la expresión “capacidades” por “talentos”. Asimismo, se acordó remplazar el pronombre “esta” que antecede el vocablo “ley” por “la” y eliminar la frase: “de conformidad” que sigue a la palabra “complementarias,”.

Puestos en votación los incisos primero, segundo y tercero con la modificación consensuada, resultaron aprobados por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas. En contra votó el diputado Romilio Gutiérrez (6-1-0).

Se acordó, por unanimidad de la Comisión, agregar en el inciso cuarto del artículo 1, antes de la palabra “planetaria”, el vocablo “local y”.

Puesto en votación el inciso cuarto con la modificación consensuada, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Poblete, Provoste, Venegas. En contra votaron los diputados Romilio Gutiérrez, Jackson y Robles (5-3-0).

Se presentaron las siguientes indicaciones a la indicación del artículo 1:

-De las diputadas Girardi y Provoste para intercalar en el inciso cuarto del artículo 1, entre “por” y “los” lo siguiente: “otras formas de organización social, modos de vida y cultura”, y entre las palabras “seres” e “y” la palabra “vivos”.

-De las diputadas Girardi y Provoste para agregar el siguiente inciso final:

“Las instituciones de educación superior dispondrán de los apoyos necesarios, tales como el braille y la lengua de señas, para llevar a cabo dicha inclusión, en particular tomando en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial.”.

Las diputadas autoras reformularon la segunda indicación para agregarla en el artículo 2.

Puestas en votación las indicaciones de las diputadas Girardi y Provoste, resultaron aprobadas por mayoría de votos de los diputados González, Girardi, Poblete, Provoste y Vallejo. En contra votaron los diputados Romilio Gutiérrez y Venegas, y se abstuvo el diputado Jackson (5-2-1).

El Presidente, en uso de sus facultades, no puso en votación por ser contradictoria con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente indicación:

-Del diputado Venegas para reemplazar el artículo 1, por el siguiente:

“Artículo 1.- La educación superior debe estar al servicio del desarrollo integral de las personas y contribuir al progreso social, cultural, científico y tecnológico y al desarrollo sustentable del país y sus regiones a través de la formación de profesionales y técnicos; a la generación, desarrollo y difusión del conocimiento y sus aplicaciones; al cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; y al fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones.

La educación superior promoverá una formación integral de las personas, fomentando la búsqueda permanente del conocimiento, el desarrollo continuo de sus capacidades, el pensamiento autónomo y crítico, el respeto por la diversidad y el cultivo de los valores democráticos que les comprometidamente en permitan participar y aportar activa, responsable los distintos ámbitos de la vida y en sociedad, de acuerdo a sus diversos talentos, intereses y capacidades, y en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e integrado.

Todas las personas tienen derecho a la educación superior de acuerdo a sus talentos y méritos, según las normas, condiciones y requisitos que se establecen en la ley, reglamentos y normas complementarias, y de conformidad al derecho a la educación consagrado en la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por Chile.”.

Artículo 2

Se presentó la siguiente indicación de los diputados Vallejo, Poblete, Provoste, Girardi, González y Venegas para agregar el siguiente artículo 2, nuevo, pasando el actual 1 a ser 4, y así sucesivamente.

“Artículo 2.- El Sistema se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación”), en los siguientes principios:

a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, dentro del marco establecido por la ley. Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, provenientes de controladores o entes externos a la misma, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior.

La autonomía comprende la dimensión académica, económica y administrativa, de conformidad a la ley y, en especial, las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

b) Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, al asegurar la calidad de los procesos y resultados en el cumplimiento de sus funciones, además de fomentar el desarrollo de trayectorias formativas a lo largo de la vida de las personas.

En la búsqueda de la excelencia, la educación superior debe estar motivada por lograr una mejor construcción y transmisión del conocimiento en conjunto con las y los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar el bienestar, y al respeto por el medio ambiente.

c) Cooperación y Colaboración. El Sistema fomentará la efectiva cooperación y colaboración, entre los subsistemas y las instituciones de educación superior que los componen, como factor importante para la búsqueda de la calidad y la equidad, así como también para promover la transmisión y construcción permanente del conocimiento y de las buenas prácticas académicas e institucionales. De igual manera, la actuación conjunta de ellas, estará orientada a la consecución de sus objetivos en el marco de los fines de la educación superior, de su naturaleza transformadora y de sus principios, siendo un aporte a la paz, al respeto mutuo y la convivencia democrática.

d) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad.

e) Inclusión. El Sistema promoverá la inclusión de las y los estudiantes, tanto en términos de acceso, en las instituciones de Educación Superior velando por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria, en especial la discriminación en contra de la mujer, de conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Del mismo modo, al Sistema le corresponderá resguardar y promover el respeto y coexistencia, a nivel institucional e interinstitucional, de personas con diversidad de talentos, culturas, orígenes socioeconómicos, orientación sexual e identidad de género, en situación de discapacidad y de pertenencia a pueblos indígenas, entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones.

f) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; así como también la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades académicas y docentes, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

g) Participación. Las instituciones de educación superior promoverán y respetarán la participación de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquéllas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

h) Pertinencia. El Sistema promoverá que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país, sus regiones y comunidades. Para ello el Sistema, en particular a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, fomentará la vinculación de sus integrantes con las necesidades de la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

i) Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. El respeto y promoción por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones de educación superior en relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas, de desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje.

j) Transparencia. Las instituciones de educación superior proporcionarán información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado es fundamental para conocer el desarrollo del Sistema y la administración de sus recursos.

La transparencia es, a su vez, la base para la rendición de cuentas académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

k) Trayectorias formativas y articulación. El Sistema se caracterizará por la adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de su vida. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente.

l) Acceso al conocimiento: El conocimiento humano es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. El Sistema promoverá, en el marco de la legislación vigente, mecanismos para el acceso al conocimiento desarrollado dentro del sistema de educación superior, particularmente respecto de aquél financiado con recursos públicos.”.

El diputado Jackson pidió votación separada de cada una de las letras del artículo 2.

Por acuerdo unánime de la Comisión, se discutieron las siguientes indicaciones presentadas a la indicación de los diputados Vallejo, Poblete, Provoste, Girardi, González y Venegas al artículo 2.

Letra a)

Se presentó una indicación del diputado Robles para agregar a la letra a), después del punto aparte que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “buscando la consecución del bien común y el desarrollo país y sus regiones”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo. En contra votaron los diputados Romilio Gutiérrez y Venegas, y se abstuvo el diputado Edwards (7-2-1).

Puesta en votación la letra a), resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Edwards, y se abstuvieron los diputados Bellolio y Romilio Gutiérrez (8-1-2).

Letra b)

Se presentó una indicación del diputado Robles para reemplazar en la letra b), párrafo primero, la expresión “al asegurar” por “asegurando”, y en la letra b), párrafo segundo, la expresión “en conjunto con” por la preposición “a”.

La indicación fue retirada por su autor.

Puesta en votación la letra b), resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (11-0-0).

Letra c)

No se presentaron indicaciones:

Puesta en votación la letra c), resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (10-0-0).

Letra d)

Se presentaron las siguientes indicaciones:

-Del diputado Robles para agregar en la letra d), después del punto aparte que pasa a ser una como, la siguiente frase “con pleno respecto a la libertad académica, de cátedra y al libre ejercicio de la razón crítica.”.

La indicación fue retirada por su autor.

-De los diputados Bellolio y Edwards para reemplazar en la letra d) la palabra “promueve” por “será de provisión mixta y promoverá”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards. En contra votaron los diputados Girardi, Jackson, Poblete y Robles, y se abstuvo el diputado Venegas (2-4-1).

Puesta en votación la letra d), resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, Jackson, Poblete, Robles y Venegas, y en contra votaron los diputados Bellolio y Edwards (5-2-0).

Letra nueva)

Se presentó la siguiente indicación:

-Del diputado Romilio Gutiérrez para intercalar una nueva letra e) al artículo 2, pasando la actual letra e) a ser f) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“e) No Discriminación. El Sistema deberá procurar entregar un mismo trato a los distintos estudiantes, independiente de su vulnerabilidad, institución de estudio otra cualquier consideración que pudiese implicar una discriminación arbitraria.

De esta forma, será una función central del Sistema procurar la no discriminación de todos los estudiantes de éste.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible. Solicitada la votación de la iinadmisibilidad por el diputado Edwards, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

Letra e)

Se presentaron las siguientes indicaciones:

-Del diputado Robles para suprimir en la letra e), párrafo primero, la frase seguida de una coma “, tanto en términos de acceso”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

-Del diputado Robles para suprimir en la letra e), párrafo primero, la frase: “en especial la discriminación en contra de la mujer.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votó el diputado Robles, y en contra los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste y Venegas (1-8-0).

-De los diputados Girardi, Jackson y Poblete para trasladar la frase: “en especial la discriminación en contra de la mujer.”, del párrafo primero de la letra d), al final del inciso, luego de la palabra “vigente”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Robles (9-1-0).

-De los diputados Bellolio y Edwards para reemplazar en el párrafo segundo de la letra e) la frase: “diversidad de talentos” por “diversidad de talentos, ideas, formas de vida y afiliación política y religiosa”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Edwards, Girardi, Romilio Gutiérrez, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas, y se abstuvo el diputado Poblete (7-0-1).

-De las diputadas Girardi y Provoste para agregar un nuevo párrafo segundo a la letra e) del artículo 2, del siguiente tenor:

“Las instituciones de educación superior dispondrán de los apoyos necesarios, tales como el braille y la lengua de señas, para llevar a cabo dicha inclusión, en particular tomando en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible

-De las diputadas Girardi y Provoste para agregar un inciso nuevo, a continuación del tercero, del siguiente tenor:

“Asegurando la accesibilidad a las instituciones de educación superior, incluyendo mediante ajustes razonables, en los procedimientos de admisión y todos los demás aspectos cubiertos por la educación superior.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Edwards, Girardi, Jackson, Poblete y Provoste, y se abstuvieron los diputados Bellolio, Romilio Gutiérrez, Robles, Vallejo y Venegas (5-0-5).

Puesta en votación la letra e), resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

Letra nueva)

Se presentó la siguiente indicación:

-De los diputados Bellolio, Edwards y Romilio Gutiérrez para agregar una nueva letra f) del siguiente tenor:

“f) No Discriminación. El Sistema procurará entregar un mismo trato a los distintos estudiantes, cuando aquellos tengan situaciones socioeconómicas similares, independiente de la institución de estudios u otra consideración que pudiese implicar una discriminación arbitraria.”.

La Subsecretaria Quiroga manifestó que la Constitución consagra el concepto de discriminación arbitraria, y en relación a la indicación expresó que la primera parte ya está recogida en la letra e).

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards y Romilio Gutiérrez, y en contra votaron los diputados Girardi, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (3-6-0).

Letra f)

Se presentó una indicación del diputado Robles para reemplazar en la letra f) la expresión “en el respecto y la libertad académica por la “en el respecto a la libertad académica.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por unanimidad de votos de los diputados Edwards, González, Romilio Gutiérrez, Provoste y Venegas (0-5-0).

Puesta en votación la letra f), resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Edwards, González, Romilio Gutiérrez, Provoste y Venegas (5-0-0).

Letra g)

No se presentaron indicaciones.

Puesta en votación la letra g), resultó aprobada por mayoría de votos de votos de los diputados González, Romilio Gutiérrez, Poblete, Provoste y Venegas, y se abstuvo Edwards (5-0-1).

Letra h)

No se presentaron indicaciones.

Puesta en votación la letra h), resultó aprobada por mayoría de votos de votos de los diputados González, Girardi, Provoste y Venegas, y se abstuvieron los diputados Edwards y Romilio Gutiérrez (4-0-2).

Letra i)

Se acordó por unanimidad de los diputados intercalar en la letra i) luego de la palabra “actuación” lo siguiente: “del sistema y”.

Puesta en votación la letra i) con la modificación consensuada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González, Girardi, Jackson, Provoste y Venegas (7-0-0).

Letra j)

Se presentó una indicación del diputado Robles para suprimir en la letra j), párrafo primero, la frase “es fundamental para conocer el desarrollo del Sistema y la administración de recursos”, y para eliminar su párrafo segundo.

El diputado González pidió votación separada de los párrafos que modifica la indicación.

Puesta en votación la indicación al párrafo primero, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Vallejo y Venegas, y en contra votó la diputada Provoste (7-1-0).

Puesta en votación la indicación al párrafo segundo, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards, y en contra votaron los diputados, Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas (2-6-0).

La Comisión acordó por unanimidad agregar en la letra j) a continuación del primer punto aparte, lo siguiente: “El Sistema y”.

Puesta en votación la letra j) con la modificación consensuada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Letra k)

La Comisión consensuó, por unanimidad, reemplazar en la letra k), las palabras “caracterizará por” por el verbo “promoverá”, eliminar el párrafo segundo, y agregar después de la palabra “vida”, lo siguiente: “reconociendo los conocimientos adquiridos previamente”.

Puesta en votación la letra k) con la modificación consensuada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Letra l)

Se presentaron las siguientes indicaciones:

-Del diputado Jackson para intercalar en el cuerpo de la letra l) (no al título) entre las palabras “acceso” y “al” la palabra “abierto”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Vallejo y Venegas, y se abstuvo la diputada Provoste (6-0-1).

-Del diputado Robles para suprimir en la letra l), segunda parte, la frase final seguida de una coma “, particularmente respecto de aquél financiado con recursos públicos”.

Puesta en votación, resultó rechazada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Puesta en votación la letra l), resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Puesta en votación el artículo 2, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Provoste, Vallejo y Venegas, y se abstuvo el diputado Bellolio (6-0-1).

Artículo 3

Se presentó la siguiente indicación de los diputados Vallejo, Poblete, Provoste, Girardi, González y Venegas para agregar el siguiente artículo 3 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 3.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.

Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país, como también crear, preservar y transmitir conocimiento. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, innovación y vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir al desarrollo de la cultura y a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las tecnologías y las técnicas, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar técnicos. Les corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura y satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones en el ámbito de la tecnología y la técnica. Estas cumplirán con su misión a través de la realización de docencia, innovación y vinculación con el medio. Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

La formación de profesionales y técnicos se caracterizará por una orientación hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento y técnicas particulares de cada disciplina.

Los institutos profesionales y centros de formación técnica deberán promover la articulación con todos los niveles y tipos de formación técnico profesional, en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley, y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la innovación más relevante dice relación con los centros de formación técnica e institutos profesionales, porque la legislación es más pobre, a diferencia de las universidades que cuentan con regulación legal desde el año 1980. Afirmó que establecer, de modo general, que las universidades hagan investigación, no fuerza a que todas éstas sean complejas.

Puesto en votación el artículo 3, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo, y en contra votaron los diputados Bellolio y Edwards (6-2-0).

Artículo 1, que ha pasado a ser 4

Se presentaron las siguientes indicaciones:

4) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar el inciso primero del artículo 1 por el siguiente nuevo:

“El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, “el Sistema”) está integrado por los estudiantes, personal académicos y no académicos, instituciones de educación superior y por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards y González. En contra votaron los diputados Provoste y Robles, y se abstuvieron los diputados Jackson, Poblete, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (3-2-4).

6) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para sustituir en el inciso primero el punto aparte (.) que sigue a la palabra “superior” por una coma (,) y a continuación agréguese la siguiente frase: “y busca cumplir con los fines de la educación superior, conforme a las normas de la presente ley.”.

Se acordó, por unanimidad de los diputados presentes, reemplazar la frase por la siguiente “y busca cumplir con las normas y principios establecidos en la ley”.

Puesta en votación con la modificación consensuada, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas), y en contra votaron los diputados Bellolio y Edwards (7-2-0).

7) Del diputado Venegas para introducir las siguientes modificaciones al artículo 1:

a) Agregar después del punto a parte, que pasa a ser como “,” lo siguiente: “, y busca cumplir con los fines de la educación superior, conforme a las normas y los principios establecidos en la presente ley.”

b) En la parte final del inciso segundo, después de las palabras “centros de formación técnica estatales,” agréguese: “las universidades que imparten carreras o programas de formación técnica”.

c) Para agregar después del punto aparte lo siguiente: “Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior la coordinación de este sistema”.

La Comisión acordó, por unanimidad, votar por separado cada una de las letras y eliminar de la letra a) la palabra “presente”.

Puesta en votación la letra a) con la modificación consensuada resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (9-0-0).

Puesta en votación la letra b), resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Provoste y Walker (en reemplazo de Venegas), y en contra votaron los Bellolio, Edwards, González, Jackson, Poblete, Robles y Vallejo (2-7-0).

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró inadmisible la letra c).

10) De los diputados Robles y Vallejo para agregar en la parte final del actual inciso segundo que pasa a ser tercero, después de las palabras “centros de formación técnica estatales,” la siguiente frase: “las universidades que imparten carreras o programas de formación técnica”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Provoste y Walker (en reemplazo de Venegas), y en contra votaron los Bellolio, Edwards, González, Jackson, Poblete, Robles y Vallejo (2-7-0).

11) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para sustituir en el inciso segundo, lo siguiente:

a) A continuación de la palabra “ley”, la frase “las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores”, por la frase, “Universidades privadas colaboradoras de lo público”.

b) Para agregar, luego de la palabra estatales, que está seguido de una coma, la frase: “los institutos profesionales y centros de formación técnica privados, colaboradores de lo público”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Jackson y Vallejo. En contra votó el diputado Edwards, y se abstuvieron los diputados Bellolio, González, Poblete, Provoste, Robles y Walker (en reemplazo de Venegas) (2-1-6).

12) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 1, que pasa ser 4, en su inciso segundo, después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la frase:

“Asimismo, forman parte del Sistema de instituciones de educación superior referidas en la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Walker (en reemplazo de Venegas), y en contra votó el diputado Edwards, (7-1-0).

15) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar en el inciso tercero del artículo primero, a continuación de la expresión “las políticas para la educación superior”, lo siguiente “, velar por la no discriminación arbitraria entre estudiantes”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards, y en contra votaron los diputados Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (2-6-0).

Puesto en votación el artículo 1 que pasa ser 4, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (8-0-0).

El Presidente, en uso de sus facultades, no puso en votación por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes indicaciones:

1) Del diputado Robles para incorporar el siguiente nuevo artículo 1, pasando el actual a ser artículo 2, y cambiando la numeración correlativa de los siguientes:

“Artículo 1.- La educación superior es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca la generación y desarrollo del conocimiento, su aplicación y comunicación acorde con los desafíos actuales; el cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; la vinculación con la comunidad a través de la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento, así como el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de las regiones y del país, en el marco de un Estado social y democrático de derecho.

Asimismo, busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social, satisfacer sus necesidades personales y familiares, y contribuir al desarrollo del país a nivel local, regional y nacional.”.

2) Del diputado Venegas para incorporar el siguiente nuevo artículo 1, pasando el actual a ser artículo 2, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 1.- La educación superior tiene como fin la generación y desarrollo del conocimiento, su aplicación y comunicación acorde con los desafíos actuales; el cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; la vinculación con la comunidad, así como el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de las regiones y del país, en el marco de un Estado democrático de derecho.

Asimismo, busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social y contribuir a la satisfacción de las necesidades del país a nivel local, regional y nacional.”.

3) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar al artículo 1 nuevos incisos primero y segundo, pasando a ser el actual primero, tercero y así sucesivamente:

“Artículo 1.- La educación superior es un derecho social que debe estar al alcance de todas las personas, de conformidad a las condiciones y requisitos establecidos por la ley y a las garantías establecidas por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile. Ella tiene como fin la generación y desarrollo del conocimiento autónomo e incondicionado, su aplicación y comunicación acorde con los desafíos actuales; el cultivo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; la vinculación con la comunidad, así como el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de la sociedad, en el marco de un Estado democrático de derecho.

Asimismo, busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social y contribuir a la satisfacción de las necesidades del país a nivel local, regional, nacional y global.”.

5) Del diputado Robles para modificar el actual artículo 1 (que pasaría a ser artículo 2), del siguiente modo:

a) Para agregar al inicio del inciso primero, suprimiendo las palabra “El” y “está”, la siguiente expresión: “Habrá un…”

b) Para agregar en el inciso primero, sustituyendo el punto aparte (.) por una coma (,), la siguiente frase: “y que se orientará al cumplimiento de los fines de la educación superior conforme a las normas y los principios establecidos en la presente ley y en las leyes complementarias”.

8) De los diputados Robles y Vallejo para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando en actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Las normas y regulaciones que integran el sistema de educación superior se orientarán por los principios fundamentales de calidad, autonomía, inclusión y libertad académica. Asegurar la calidad de los procesos y resultados de todas sus funciones, el derecho de las instituciones a determinar sus proyectos educativos en el marco de los límites establecidos por la ley, promover la inclusión y velar por la eliminación de toda forma de discriminación, así como la libre expresión de ideas en el estudio, creación e investigación para todos los miembros de las comunidades universitarias, sin ser excluyentes, son principios que deben actuar como criterios normativos de las políticas públicas, del desempeño de las instituciones y de las autoridades administrativas que intervienen en el sistema de educación superior”.

13) De los diputados Vallejo, González y Poblete para agregar los siguientes incisos tercero y siguientes, nuevos:

“Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.

Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las tecnologías y las técnicas, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar profesionales técnicos. Les corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura y satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones en el ámbito de la tecnología y la técnica. Estas cumplirán con su misión a través de la realización de docencia, investigación técnica, innovación y vinculación con el medio. Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación

La formación de profesionales y técnicos se caracterizará por una orientación hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento y técnicas particulares de cada disciplina.

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema. En tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen.

Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la ley Nº20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.”

16) De los diputados Girardi y González para agregar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“La educación superior en siglo XXI, debe orientarse hacia un nuevo contrato social, que tenga como base, la transformación del pensamiento, una nueva concepción del desarrollo, y la renovación de los actuales paradigmas, y que permita, considerando el fenómeno de la globalización y la creciente interdependencia de los diferentes ámbitos –económicos, sociales, ambientales- la gestión de un devenir común y el desarrollo de una identidad planetaria, de la conciencia y la responsabilidad compartida. Debe, a su vez, debe tener siempre, como finalidad, el desarrollo humano de las personas, de las sociedades y el respeto por los demás seres y el medio ambiente en que estos viven y se desarrollan.

La enseñanza superior debe contribuir a la creación del conocimiento, formando investigadores, a través de la formación científica, humanista y técnica del más alto nivel. Debe, en consecuencia, contribuir al cultivo y desarrollo de las ciencias, la tecnología, la innovación, las artes y las humanidades; debe estar en permanente vinculación con la comunidad y el entorno, y fomentar de la cultura en sus diversas manifestaciones, promover el desarrollo nacional armónico y equilibrado de las problemáticas nacionales, especialmente las regionales con una visión y ejecución descentralizadora; desarrollar las actividades y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexiva, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático. Todo ello con el objeto de contribuir al progreso social, cultural, científico, tecnológico, económico y sustentable de las regiones y del país, en el marco de un Estado democrático de derecho.

Asimismo, busca la formación integral de las personas a través del desarrollo de sus talentos y capacidades, proveyendo con equidad las oportunidades y condiciones para un aprendizaje a lo largo de la vida que sea pertinente y de calidad, para que puedan participar activamente en los distintos ámbitos de la vida social y contribuir a la satisfacción de las necesidades del país a nivel local, regional y nacional.”

17) De los diputados Robles y Vallejo para agregar el siguiente artículo 1 bis, nuevo:

“Artículo 1 bis.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también c,rear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.”.

La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.”.

18) De los diputados Vallejo, González y Poblete para incorporar el siguiente artículo 1 bis, nuevo:

“Artículo 1 bis.- La educación superior es un derecho social, por lo que todas las personas tienen derecho a acceder a ella, independiente de su condición social. Esto, sin perjuicio de sus opciones específicas en términos de vocaciones, capacidades y destrezas en un régimen de igualdad de oportunidades.

Respecto del Sistema de Educación Superior referido en el artículo primero de esta ley, este se deberá orientar a las necesidades del país y su gente y no obedecer a criterios de mercado.”.

19) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar un artículo 1 bis nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 1 bis.- El Sistema se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación”), en los siguientes principios:

a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir los fines y proyectos definidos por la comunidad institucional, con independencia de agentes externos, dentro del marco establecido por la ley. La independencia debe ser económica, ideológica e institucional, respecto tanto del gobierno, como de terceros ajenos a la comunidad, en virtud de lo cual la ley propiciará todos los medios necesarios para garantizar dicha autonomía. Las instituciones deben ejercerla responsablemente, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y principios de la educación superior, la consecución del bien común y el desarrollo de la sociedad.

b) Cooperación y equidad como garantía de calidad. El Sistema de Educación Superior tendrá como ejes centrales la calidad y la equidad. Los parámetros que guiarán los diversos mecanismos e instrumentos de aseguramiento de la calidad del Sistema serán la cooperación entre las instituciones y la equidad en la provisión de la enseñanza, las condiciones materiales de aprendizaje y los resultados objetivos de ella.

El Sistema fomentará permanentemente la cooperación entre las instituciones y la creación de redes colaborativas, de todo tipo. Además, los sub-sistemas tienen el deber de generar una cooperación virtuosa entre ellos y también con el resto de los niveles del sistema educativo nacional, a fin de materializar los principios del art. 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

En la búsqueda de la cooperación y la equidad, la educación superior debe estar motivada por lograr una mejor y más eficiente transmisión del conocimiento a las y los estudiantes; el máximo desarrollo de su creatividad, orientada a la superación de los límites del conocimiento por la vía de la innovación; la promoción de una actitud crítica y solidaria y una necesidad de responder a las necesidades sociales, respetando el medio ambiente.

c) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad.

d) Inclusión y no discriminación. La educación superior, como espacio de formación para la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres, debe ser inclusiva, intercultural, no discriminatoria y no sexista, tanto en el ámbito propiamente pedagógico como a propósito de las relaciones laborales de la institución. En ella se debe reflejar la diversidad social del país, asegurando mecanismos de equidad en el acceso, la permanencia y la titulación de personas con distintos orígenes socioeconómicos, nacionalidades, en situación de discapacidad, de pueblos indígenas, con distintas identidades de género y condiciones u orientaciones sexuales, promoviendo el desarrollo de sus identidades, reconociendo que la coexistencia y el reconocimiento mutuo favorecen la calidad de los aprendizajes, la formación en valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.

e) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; y la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades institucionales, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

f) Participación. La Comunidad Institucional es formada por todos los miembros que participan del quehacer institucional, sean estos estudiantes, trabajadores académicos o trabajadores no académicos. Las instituciones de educación superior deben promover y respetar la participación de toda la comunidad institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria. Todas las instituciones de educación superior deberán promover la formación de Centros de Estudiantes, Federaciones de Estudiantes, Asociaciones Gremiales, Sindicatos de Trabajadores u otras formas de organización análogas, respetando en todo caso su autonomía.

g) Pertinencia. El Sistema debe promover que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente a las necesidades y al desarrollo de la sociedad, del país y sus regiones. Para ello, el Sistema debe fomentar la vinculación de sus integrantes con la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

h) Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. Las instituciones de educación deberán promover y garantizar el respeto efectivo de los Derechos Humanos en la gestión y funcionamiento de su quehacer institucional, en relación a todos los miembros de su comunidad, en especial, aquéllos contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

i) Transparencia. Las instituciones de educación superior deben siempre y en todo caso procurar entregar información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado, siendo la base para su rendición de cuentas académicas, administrativa y financiera.

La transparencia es, a su vez, la base para la rendición de cuentas académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

j) Trayectorias formativas y articulación. El sistema buscará la adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de su vida. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente.

k) Acceso abierto al conocimiento: El conocimiento humano es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. Es por ello que el Estado promoverá diversos mecanismos que permitan poner a disposición de todas las personas el acceso abierto al conocimiento desarrollado dentro del sistema de educación superior.”.

22) De la diputada Girardi para agregar los siguientes artículos 1 ter, 1 quáter y 1 quinquies nuevos:

“Artículo 1 ter.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.

La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas, con el máximo grado de autonomía en el ejercicio de su profesión. Estas instituciones podrán otorgar todos los títulos y grados, siendo de exclusividad universitaria el título de Profesional Avanzado y los grados de Licenciatura, Magíster y Doctorado, definidas en el artículo 13A y siguientes de la presente ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962.

Artículo 1 quáter.- Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Estas instituciones podrán otorgar las certificaciones de Técnico de Nivel Superior y de Profesional de Aplicación, definidas en el artículo 13A y siguientes de la presente ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962.

Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Artículo 1 quinquies.- Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación en el ámbito técnico. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con el área productiva. El de enseñanza media en su formación técnico profesional y vincularse con el mundo del trabajo, para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Sus planes y programas se deben caracterizar por su flexibilidad y adaptabilidad al desarrollo tecnológico de cada área productiva.

Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y se caracteriza por entregar los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo en forma idónea y facilitar el reconocimiento de la experiencia laboral como parte del proceso de formación continua.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró inadmisibles las siguientes indicaciones:

9) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para sustituir el inciso segundo del artículo primero, por el siguiente:

“Tendrán el carácter público todas las instituciones de educación superior estatales. Además, lo tendrán aquellas instituciones privadas que hayan desarrollado importantes aportes a la sociedad, por medio de la producción de bienes colectivos, desde la generación del conocimiento y su vinculación con el medio, hasta el desarrollo de un importante compromiso con la autonomía institucional, la libertad académica, la democracia interna, así como una articulación y cooperación entre ellas. Es deber del Estado garantizar la provisión de educación por medio de sus instituciones, teniendo un rol preponderante en el Sistema. Podrán existir instituciones privadas reconocidas oficialmente por el Estado, conforme a las condiciones establecidas por la ley, que colaboren con esta función pública.”.

14) Del Diputado Robles para suprimir en el inciso tercero la expresión “del Estado”.

20) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para agregar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo 1 bis.- Red de Instituciones de Educación Superior Estatales (RIE). Se establecerá una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, coordinada por la Subsecretaría. Esta Red será una instancia de articulación en la que participarán representantes de los rectores de las instituciones de educación superior estatales y tendrá como funciones proponer iniciativas para el desarrollo conjunto y el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones que lo integran. Entre estas actividades se incluyen, por ejemplo, orientaciones que vinculen el quehacer de las instituciones estatales con las políticas nacionales y regionales; colaboración e intercambio de buenas prácticas en materias tales como gestión institucional y procesos de evaluación docentes, académicos y funcionarios; articulación de la oferta académica, de planes de estudio y programas de movilidad estudiantil, docente y académica; y creación de programas y equipos de investigación, ya sea conjuntamente o en colaboración entre ellas, así como la creación y uso de infraestructura común para investigación, creación e innovación. Corresponderá a la Subsecretaría brindar el soporte técnico para el funcionamiento de la Red.”.

“Artículo 1 ter.- La RIE estará compuesta por todas las universidades del Estado, sus centros de formación técnica e institutos profesionales dependientes, además de la Dirección de Educación Pública.”.

“Artículo 1 quater.- Deberá contar con participación efectiva de liceos, los cuales deben generar de manera obligatoria planes de continuidad de estudios vinculados a las instituciones de educación superior.”.

“Artículo 1 quinquies.- Sobre las funciones Serán funciones de la RIE: a) Deben desglosarse coordinaciones regionales que contemplen planes de cooperación entre las instituciones que la componen, enfocados en el apoyo del desarrollo de la investigación, políticas académicas de docencia, y de complementariedad de intercambios académicos e interdisciplina que sea transversal a toda la red, poniendo atención en crear mecanismos de traspaso, articulación e intercambio entre los distintos sistemas de educación. b) Proponer políticas para la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la investigación. c) Desarrollar oferta académica con énfasis en inclusión y programas de acceso enfocados en la configuración de planes de estudio en la red. d) Establecer una Estrategia Nacional de Desarrollo que contemple planes tanto nacionales como locales de vinculación con los gobiernos regionales y sectores productivos que rodean a las instituciones, con el fin de potenciar el alcance público de las mismas, y así puedan vincularse mejor con las necesidades sociales prioritarias, enfocando la extensión y la investigación en esa dirección. Esta vinculación debe corresponderse con la definición de marcos de desarrollo conjunto con los distintos servicios estatales y públicos del sector, de las áreas de la salud, asistencia judicial y desarrollo cultural, entre otros.”.

Solicita la votación de la inadmisibilidad por el diputado Robles, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

21) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar un artículo 1 ter nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 1 ter.- Se establecerá una Red de Instituciones de Educación Superior Estatales, coordinada por la Subsecretaría. Esta Red será una instancia de articulación en la que participarán representantes de los rectores de las instituciones de educación estatal y tendrá como funciones proponer iniciativas para el desarrollo conjunto y el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones que lo integran. Entre estas iniciativas se incluyen, por ejemplo, orientaciones que vinculen el quehacer de las instituciones públicas con las políticas nacionales y regionales; colaboración e intercambio de buenas prácticas en materias tales como gestión institucional y procesos de evaluación de docentes, académicos y funcionarios; articulación de la oferta académica, de planes de estudios y programas de movilidad estudiantil, docente y académica; y creación de programas y equipos de investigación, ya sea conjuntamente o en colaboración entre ellas, así como la creación y uso de infraestructura común para investigación, creación e innovación, contando con el soporte técnico de la Subsecretaría, y en coordinación con el plan nacional de ciencia y tecnología elaborado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología o su continuador legal.”.

Artículo 2, que ha pasado a ser 5

Se presentaron las siguientes indicaciones:

23) De la diputada Girardi para agregar un inciso primero del siguiente tenor:

“Se reconoce el aporte público al desarrollo de la provisión de educación superior, sin fines de lucro, realizado por las universidades no estatales hoy agrupadas en el consejo de rectores, acorde con la tradición y la historia de nuestro país, es por ello que de pleno derecho, se establece su rol de colaborador en la función pública del Estado, para todos los efectos previstos en las leyes.”.

Puesta en votación resultó rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra los diputados Bellolio, Edwards, Jackson, Poblete, Provoste y Walker (en reemplazo de Venegas), y se abstuvieron los diputados Robles y Vallejo (0-6-2).

25) De los diputados Vallejo, Robles y Venegas para intercalar en el inciso primero, después de la palabra “asesorar”, las siguientes palabras: “y formular propuestas”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (8-0-0).

27) Del diputado Robles para incorporar los incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser inciso quinto:

“Las universidades reconocidas por el Estado podrán solicitar ser admitidas como integrantes del Consejo de Rectores. En su solicitud, la institución respectiva deberá fundamentar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de 15 años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente las características que exhiben las Instituciones del Consejo;

b) Pertenecer al Sistema Único de Admisión o al equivalente que, al tiempo de la solicitud, exista al interior del Consejo;

c) Exigir a sus postulantes, en los tres últimos periodos académicos, un puntaje de admisión ponderado no menor al que exige el Concejo en las pruebas estandarizadas;

d) Contar a la fecha de la solicitud con acreditación institucional de al menos 5 años en las áreas obligatorias de acreditación, incluida la investigación;

e) Mantener sus programas de magister y doctorado acreditados, nacionales o internacionales;

f) Demostrar trabajo académico sustantivo en red con otras universidades nacionales o extranjeras;

g) Poseer una forma de gobierno que contemple la participación deliberativa de estudiantes y académicos;

h) Contar con una carrera académica que regule, en términos objetivos y en base al juicio de pares, la admisión, evaluación y exclusión de la universidad;

i) No tener personas naturales ni jurídicas con fines de lucro entre sus sostenedores; e

j) Adscribir al régimen de gratuidad de la educación superior en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse al Consejo de Rectores, el que la examinará y se pronunciará sobre la misma, en sesión especialmente citada al efecto, mediante una resolución fundada, en un plazo máximo de 90 días. La aceptación de la solicitud presentada deberá contar con el voto conforme de un 70% de los integrantes del Consejo de Rectores, entre los cuales deberá considerarse el voto favorable de su Presidente. La admisión de nuevos integrantes al Consejo Superior deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto con fuerza de ley.

Toda nueva universidad creada por el Estado se integrará al Consejo de Rectores al momento de su establecimiento, sin más trámite y no debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos precedentes.”.

El diputado Robles reformuló su indicación eliminado de la letra i) la palabra “naturales ni” y los dos incisos finales.

La indicación fue declarada inadmisible. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por el diputado Robles se declaró admisible por mayoría de votos.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación es inadmisible y que el Consejo no tiene la facultad para responder a la solicitud.

Puesta en votación la indicación reformulada, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Jackson, Robles y Vallejo, y en contra votaron los diputados Poblete, Provoste y Walker (en reemplazo de Venegas) (5-3-0).

32) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar el siguiente inciso final nuevo:

“La contribución a que se refiere el inciso anterior deberá basarse en circunstancias objetivas y no podrá significar una discriminación arbitraria entre instituciones del Sistema”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación es inadmisible porque tiene que ver con la administración de recursos del Estado.

Se acordó por unanimidad de los diputados presentes agregar la palabra “estas” antes de la palabra “instituciones” y eliminar la frase “del Sistema”.

Puesta en votación con la modificación consensuada, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards y Robles. En contra votaron los diputados González Provoste, y se abstuvieron los diputados Jackson, Poblete, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas) (3-2-4).

Puesto en votación el artículo 2, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Walker (en reemplazo de Venegas), y en contra votó la diputada Provoste (8-1-0).

El Presidente, en uso de sus facultades, no puso en votación por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes indicaciones:

30) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar los siguientes incisos tercero y siguientes al artículo 2:

“Por el solo ministerio de la ley las universidades pasarán a formar parte del Consejo de Rectores siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Exija a sus postulantes un puntaje de admisión ponderado no menor a 500 puntos en las pruebas estandarizadas;

b) Cuenten con acreditación institucional de al menos 5 años en las áreas obligatorias de acreditación, así como en investigación;

c) Mantener al menos tres programas de doctorado acreditados nacionales o internacionales; y

d) Poseer una forma de gobierno que contemple la participación con derecho a voz o voto de estudiantes y académicos.

Las universidades que dejen de cumplir con alguno de los requisitos señalados precedentemente dejarán de pertenecer al Consejo de Rectores.”.

33) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar los artículos 2 ter, 2 quater y 2 quinquies nuevos del siguiente tenor:

“Artículo 2 ter.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.

La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas. Estas instituciones podrán otorgar todos los títulos y grados, siendo de exclusividad universitaria el título de Profesional Avanzado y los grados de Licenciatura, Magíster y Doctorado, definidas en el artículo 13A y siguientes de la presente ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962.

Artículo 2 quater.- Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Estas instituciones podrán otorgar las certificaciones de Técnico de Nivel Superior y de Profesional de Aplicación, definidas en el artículo 13A y siguientes de la presente ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962.

Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Artículo 2 quinquies.- Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación en el ámbito técnico. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con el nivel de enseñanza media en su formación técnico profesional y vincularse con el mundo del trabajo, para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.

Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y se caracteriza por entregar los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo en forma idónea y facilitar el reconocimiento de la experiencia laboral como parte del proceso de formación continua. Estas instituciones podrán otorgar las certificaciones de Profesional de Aplicación, definidas en el artículo 13-A de la presente ley, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962.

35) Del diputado Venegas para agregar un nuevo artículo 3, pasando el actual 3 a ser 4 y así sucesivamente:

“Artículo 3.- El Sistema se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación”), en los siguientes principios:

a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, en el marco establecido por la ley. Las instituciones deben ejercerla responsablemente, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y principios de la educación superior, la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

La autonomía comprende la autonomía académica, financiera y administrativa, de conformidad al marco establecido por la ley, y en especial por las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

b) Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, al asegurar la calidad de los procesos y resultados en el cumplimiento de sus funciones y fomentando el desarrollo de trayectorias formativas, a lo largo de la vida de las personas.

En la búsqueda de la excelencia, la educación superior debe estar motivada por lograr una mejor transmisión del conocimiento a las y los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar el bienestar, y al respeto por el medio ambiente.

c) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad.

d) Inclusión. El Sistema debe promover la inclusión de las y los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria. Asimismo, al Sistema le corresponde resguardar y promover el respeto y coexistencia a nivel institucional e interinstitucional de la diversidad de talentos, culturas, orígenes socioeconómicos, situación de discapacidad, identidades de género y orientaciones sexuales entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones.

e) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; y la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades académicas y docentes, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

f) Participación. Las instituciones de educación superior deben promover y respetar la participación responsable de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

g) Pertinencia. El Sistema debe promover que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país y sus regiones. Para ello, el Sistema debe fomentar la vinculación de sus integrantes con la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

h) Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. El respeto por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones de educación superior, tanto en sus propuestas formativas como en el ambiente de trabajo y aprendizaje.

i) Transparencia. Proporcionar información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado es fundamental para conocer el desarrollo del Sistema y la administración de sus recursos.

La transparencia es, a su vez, la base para la rendición de cuentas académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

j) Trayectorias formativas y articulación. La adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de la vida debe ser una de las características del Sistema. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente. Contribuyendo así al desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo a lo largo de la vida de las personas.”.

37) Del diputado Robles para incorporar un nuevo artículo 3, cambiando la correlación de los siguientes:

“Artículo 3.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.

Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país. Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, la innovación y la vinculación con el medio con un alto grado de pertinencia al territorio donde se emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Dicha formación se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar.

Los centros de formación técnica son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las tecnologías y las técnicas, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar profesionales técnicos. Les corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura y satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones en el ámbito de la tecnología y la técnica. Estas cumplirán con su misión a través de la realización de docencia, investigación técnica, innovación y vinculación con el medio. Esta formación es de ciclo corto, en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.

La formación de profesionales y técnicos se caracterizará por una orientación hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento y técnicas particulares de cada disciplina.”.

38) Del diputado Robles para incorporar antes del “Párrafo 2º De la Subsecretaría de Educación Superior” un nuevo artículo, cambiando la numeración correlativa de los siguientes:

“Artículo 5.- El Sistema se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005 (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación”), en los siguientes principios:

a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales, en el marco establecido por la ley. Las instituciones deben orientar su ejercicio al cumplimiento de los fines y principios de la educación superior, la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

La autonomía comprende la autonomía académica, financiera y administrativa, de conformidad al marco establecido por la ley, y en especial por las normas del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

b) Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, asegurando la calidad de los procesos y resultados en el cumplimiento de sus funciones y fomentando el desarrollo de trayectorias formativas, a lo largo de la vida de las personas.

En la búsqueda de la excelencia, la educación superior debe estar motivada por lograr la mejor transmisión del conocimiento a las y los estudiantes, la promoción de su creatividad y de una actitud crítica, orientadas a la superación de los límites del conocimiento y a la constante innovación para alcanzar el bienestar, el respeto de todos los individuos de la especie humana sin distinción de su raza, sexo, género, estirpe o condición, y el respeto por el medio ambiente.

c) Diversidad de proyectos educativos institucionales. El Sistema promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a las y los estudiantes y a la sociedad, con pleno respeto a la libertad académica, de cátedra y al libre ejercicio de la razón crítica.

d) Inclusión. El Sistema promoverá la inclusión de las y los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación y represión de todas las formas de discriminación contraria a los principios que consagra esta ley. Asimismo, al Sistema le corresponderá resguardar y promover el respeto y coexistencia a nivel institucional e interinstitucional de la diversidad de talentos, culturas, etnias, orígenes socioeconómicos, religiones, posiciones politicas, situación de discapacidad, identidades de género y orientaciones sexuales entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones.

e) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; y la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las comunidades académicas y docentes, sin discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley.

f) Participación. Las instituciones de educación superior promoverán y respetarán la participación de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquellas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

g) Pertinencia. El Sistema promoverá que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país y sus regiones. Para ello, el Sistema fomentará la vinculación de sus integrantes con la sociedad y el territorio, a fin de establecer y fortalecer dicha relación.

h) Respeto y Promoción de los Derechos Humanos. El respeto por los derechos humanos deberá regir siempre la actuación de las instituciones de educación superior, tanto en sus propuestas formativas como en el ambiente de trabajo y aprendizaje.

i) Transparencia. Las instituciones de educación superior proporcionarán información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la sociedad y al Estado, a través de los mecanismos y obligaciones que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

j) Trayectorias formativas y articulación. La adecuada articulación de los estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de la vida debe ser una de las características del Sistema. El objetivo es que las y los estudiantes que cumplan con los requisitos para postular a cada nivel o programa formativo, prosigan sus estudios, siendo debidamente reconocidos los conocimientos adquiridos previamente. Contribuyendo así al desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo a lo largo de la vida de las personas.”.

42) Del diputado Venegas para agregar un nuevo artículo 4, pasando el actual 4 a ser 5 y así sucesivamente:

“Artículo 4.- Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio.

La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró inadmisibles las siguientes indicaciones:

24) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para:

a) Sustituir, en el inciso primero, la frase “El Consejo de Rectores es una persona jurídica de derecho público” por la frase “Se creará la Confederación de Instituciones de Educación Superior compuesta por todas las instituciones del Estado más las instituciones privadas que cumplan con los requisitos de existencia y financiamiento”.

b) Agregar, en el inciso primero, luego del segundo punto seguido, lo siguiente: “La confederación tendrá un rol preponderante en la proposición de políticas públicas, y consultivo respecto de las políticas que implemente la Red de Instituciones de Educación Superior Estatales (RIE)”.

c) Agregar el siguiente inciso, que pasa a ser el inciso segundo: “La confederación estará a cargo de desarrollar mecanismos de retribución social del profesional egresado, entre ellos, debe diseñarse un sistema colaboración e intercambio de buenas prácticas en materias tales como gestión institucional y procesos de evaluación docentes, académicos y funcionarios; articulación de la oferta académica, de planes de estudio y programas de movilidad estudiantil, docente y académica; y creación de programas y equipos de investigación, ya sea conjuntamente o en colaboración entre ellas, así como la creación y uso de infraestructura común para investigación, creación e innovación. Corresponderá a la Subsecretaría brindar el soporte técnico para el funcionamiento de la Red.”.

d) Sustituir en el inciso tercero, luego de la palabra “componen”, la frase “el Consejo de Rectores” por “La confederación de Instituciones de Educación Superior”.

26) De la diputada Girardi y Jackson para intercalar entre el inciso primero y segundo, los siguientes incisos:

“Las universidades reconocidas por el Estado podrán solicitar ser admitidas como integrantes del Consejo de Rectores. En su solicitud, la institución respectiva deberá fundamentar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de 15 años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente las características que hoy la institución exhibe;

b) Pertenecer al Sistema Único de Admisión o al equivalente que, al tiempo de la solicitud, exista al interior del Consejo;

c) Exigir a sus postulantes, en los tres últimos periodos académicos, un puntaje de admisión ponderado no menor a 500 puntos en las pruebas estandarizadas;

d) Contar actualmente con acreditación institucional de al menos 5 años en las áreas obligatorias de acreditación, así como en investigación;

e) Mantener al menos tres programas de doctorado acreditados nacionales o internacionales;

f) Demostrar trabajo académico sustantivo en red con otras universidades nacionales o extranjeras;

g) Poseer una forma de gobierno que contemple la participación deliberativa de estudiantes y académicos;

h) Contar con una carrera académica que regule, en términos objetivos y en base al juicio de pares, la admisión, evaluación y exclusión de la universidad;

i) Adscribir al régimen de gratuidad de la educación superior en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse al Consejo de Rectores, el que la examinará y se pronunciará sobre la misma, en sesión especialmente citada al efecto, mediante una resolución fundada, en un plazo máximo de 90 días. La aceptación de la solicitud presentada deberá contar con el voto conforme de la mayoría de los integrantes del Consejo de Rectores, entre los cuales deberá considerarse el voto favorable de su Presidente. La admisión de nuevos integrantes al Consejo Superior deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto con fuerza de ley.

Toda nueva universidad creada por el Estado se integrará al Consejo de Rectores al momento de su establecimiento, sin más trámite y no debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos precedentes.”.

El diputado Jackson reemplazó los dos párrafos finales por el siguiente:

“La solicitud deberá presentarse al Consejo de Rectores, el que, en ejercicio de sus atribuciones y normativa, responderá fundamente en un plazo máximo de 90 días. Una vez vencido este plazo, de no haber una respuesta, por el solo ministerio de la ley, se dará por aceptada la solicitud”.

Solicitada la votación de la inadmisibilidad por el diputado Jackson, luego de la modificación, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

28) De los diputados Girardi y González para suprimir en el inciso segundo, la frase “artística”.

29) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar en el inciso segundo la expresión “que componen el Consejo de Rectores” por “que componen el Sistema”.

31) De los diputados Girardi y González para incorporar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“Dicho Consejo en su rol coordinador y propositivo deberá velar por el aporte de la educación superior a un desarrollo territorial armónico, sin inequidades territoriales y descentralizado.”.

34) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para incorporar el siguiente artículo 3°, pasando el actual 3° a ser 4° y así sucesivamente:

“Artículo 3°.- Créase el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas orientados a velar por la calidad, equidad y transparencia de la Educación Superior y a promover y fomentar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, articulando y coordinando la integración de ambos ámbitos de su competencia.

La organización del Ministerio será la siguiente:

a) El Ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

b) La Subsecretaría de Educación Superior.

c) La Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

d) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.”.

36) Del diputado Venegas para agregar un nuevo artículo 3, pasando el actual 3 a ser 4 y así sucesivamente:

“Las universidades reconocidas por el Estado podrán solicitar ser admitidas como integrantes del Consejo de Rectores. En su solicitud, la institución respectiva deberá fundamentar el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de 15 años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente las características que hoy la institución exhibe;

b) Pertenecer al Sistema Único de Admisión o al equivalente que, al tiempo de la solicitud, exista al interior del Consejo;

c) Exigir a sus postulantes, en los tres últimos periodos académicos, un puntaje de admisión ponderado no menor a 500 puntos en las pruebas estandarizadas;

d) Contar actualmente con acreditación institucional de al menos 5 años en las áreas obligatorias de acreditación, así como en investigación;

e) Mantener al menos tres programas de doctorado acreditados nacionales o internacionales;

f) Demostrar trabajo académico sustantivo en red con otras universidades nacionales o extranjeras;

g) Poseer una forma de gobierno que contemple la participación deliberativa de estudiantes y académicos;

h) Contar con una carrera académica que regule, en términos objetivos y en base al juicio de pares, la admisión, evaluación y exclusión de la universidad;

i) Adscribir al régimen de gratuidad de la educación superior en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse al Consejo de Rectores, el que la examinará y se pronunciará sobre la misma, en sesión especialmente citada al efecto, mediante una resolución fundada, en un plazo máximo de 90 días. La aceptación de la solicitud presentada deberá contar con el voto conforme de la mayoría de los integrantes del Consejo de Rectores, entre los cuales deberá considerarse el voto favorable de su Presidente. La admisión de nuevos integrantes al Consejo Superior deberá formalizarse mediante el correspondiente decreto con fuerza de ley.

Toda nueva universidad creada por el Estado se integrará al Consejo de Rectores al momento de su establecimiento, sin más trámite y no debiendo acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos precedentes”.

Párrafo 2° De la Subsecretaría de Educación Superior

Artículo 3, que ha pasado a ser 6

Se presentaron las siguientes indicaciones:

39) De los diputados Provoste y Morano para agregar luego de la coma que sigue a la palabra “promoción” la palabra “internacionalización,”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de inadmisibilidad por el diputado Jackson y sometida a votación, fue declarada admisible por mayoría de votos.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Edwards, Girardi, González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas). Se abstuvieron los diputados Bellolio, Gahona, Romilio Gutiérrez y Hoffmann (9-0-4).

40) Del diputado Venegas para intercalar después de la palabra “políticas”, la expresión “y programas”.

El señor Patricio Espinoza expresó que la ley N° 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado ya señala que a los Ministerios les corresponde evaluar las políticas y programas de su sector, sin perjuicio de otras normativas especiales.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, González, Romilio Gutiérrez, Hoffmann, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas) (13-0-0).

41) De los diputados de Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar un inciso segundo del siguiente tenor:

“En el cumplimiento de sus funciones, el Subsecretario de Educación Superior deberá velar por la no discriminación arbitraria entre estudiantes y deberá regir su forma de actuar basándose en los principios básicos del Sistema, entre ellos de autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos, inclusión y libertad académica.”.

El señor Patricio Espinoza expresó que la indicación es inadmisible en conformidad al artículo 65 inciso cuarto N°2 de la Constitución, por cuanto confiere una nueva facultad al Subsecretario de Educación. Además, de que sería redundante, porque la normativa constitucional en el 19 N° 2 consagra el principio general de no discriminación arbitraria y la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, más conocida como “Ley antidiscriminación” o “Ley Zamudio”.

El diputado Bellolio expresó que sea redundante la indicación no implica que sea inadmisible, además, ya existen antecedentes de discriminación arbitraria, por ejemplo, en la glosa presupuestaria de la gratuidad y la ley de Inclusión, situación que fue corregida por el Tribunal Constitucional, lo que hace necesario consagrarla expresamente, en los términos de la indicación.

Puntualizó que la no discriminación arbitraria se encuentra en la declaración universal de los derechos humanos, y que todos los países democráticos tienen un principio de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria.

El diputado Jackson manifestó que la indicación es mala por dos razones. La primera porque el término arbitrario ha sido interpretado de forma muy ambigua y en Chile, depende de quienes son los miembros del Tribunal Constitucional en una determinada época, y la segunda porque omite otros principios.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Romilio Gutiérrez y Hoffmann. En contra votaron los diputados González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas). Se abstuvo la diputada Girardi (5-7-1).

Puesto en votación el artículo 3, resultó aprobado con el voto favorable de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas). Se abstuvieron los diputados Edwards, Gahona, Romilio Gutiérrez y Hoffmann (9-0-4).

Artículo 4, que ha pasado a ser 7

Se presentaron las siguientes indicaciones:

43) De los diputados Girardi y González para sustituir el literal a) del artículo 4 por uno del siguiente tenor:

“a) Proponer al Ministro o Ministra de Educación las políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional.

Tales políticas deberán tener una proyección temporal de mediano y largo plazo, ser articuladas con las de ciencia y tecnología, como asimismo con las de salud, educación, arte, cultura y descentralización. Asimismo, deberán tener una explícita expresión territorial la que será armonizada con las políticas e iniciativas que impulsen los gobiernos regionales y otras instituciones públicas y privadas locales.”

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible.

La diputada Girardi expresó que la indicación tiene sentido porque la educación técnica profesional se basa principalmente en el desarrollo de capacidades para el mundo laboral, pese a que debe ampliarse hacia la ciencia, tecnología y arte. La indicación dice relación con un concepto del área técnico profesional ampliada y no con un conjunto de atribuciones o funciones. Pidió al Ejecutivo expresamente tenerla en consideración.

La Subsecretaria Quiroga expresó que debe existir una buena definición de principios y que la educación técnica también abarca, las capacitaciones, por ejemplo.

44) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para sustituir en la letra a) la frase “Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12” por “Estrategias Nacionales y Regionales tanto en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, a las que se refiere el artículo 1 bis de la presente indicación”.

La Subsecretaria Quiroga apuntó que la indicación no es admisible porque la Estrategia Nacional tiene una institucionalidad ligada. Sin embargo, se mostró a favor del fondo de la indicación y se comprometió a proponer una redacción mejor que lo recoja.

45) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para sustituir en la letra a) la expresión “En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación técnico Profesional establecida en el artículo 12” por “Estas políticas se deberán articular con las políticas nacionales de ciencia, investigación y tecnología elaboradas por la institucionalidad respectiva, así como con las Estrategias Nacionales y Regionales de Desarrollo establecidas en el artículo 12”.

El diputado Jackson afirmó que en la indicación no se establece ninguna atribución, sino que simplemente liga políticas.

La diputada Hoffmann relevó la importancia de la ciencia y tecnología.

El diputado Bellolio sugirió que solo se señale “así como la estrategia del artículo 12”, ya que no existen estrategias nacionales y regionales de desarrollo y hay que crearlas, lo que hace inadmisible la indicación.

46) Del diputado Venegas para reemplazar en la letra a) la frase: “En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12.” por “Para ambos casos, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y de Educación Universitaria, establecida en la ley”, y para intercalar después de la palabra “políticas”, la palabra “programas”.

Se acordó dejar pendiente la votación de las indicaciones 43), 44), 45) y 46), a la espera de la propuesta del Ejecutivo sobre la materia.

47) Del diputado Robles para modificar el artículo 4 del siguiente modo:

a) Para intercalar en la letra b), después de la palabra “políticas” la expresión: “que promuevan el”, suprimiéndose la preposición “de” que se lee antes de “acceso”.

b) Para agregar en la letra c), después del punto aparte (.) que se sustituye por una coma (,), la siguiente frase: “bajo criterios que distingan la importancia estratégica de las instituciones para los fines del desarrollo nacional y justicia territorial”.

c) Para reemplazar en la letra f) la frase “promover la vinculación de éstas” por la siguiente: “de éstas con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, le corresponde promover la vinculación de las instituciones de educación superior”.

El diputado Robles expresó, en relación con la letra a), que promover el acceso es muy distinto a políticas de acceso que incluso podrían ser restrictivas. Respecto de la letra b) apuntó que la importancia estratégica y de justicia territorial hoy no existe, ya que por ejemplo, la Universidad de Atacama se ha mantenido con un presupuesto histórico muy bajo. Destacó que con la indicación se busca equidad.

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró la indicación inadmisible en conformidad al artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación separada de inadmisibilidad de cada letra por el diputado Jackson, y sometida a votación la letra a) fue declarada admisible por mayoría de votos y las letras b) y c) se mantuvieron inadmisibles por mayoría de votos.

Puesta en votación la letra a) de la indicación 47), resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, Romilio Gutiérrez, Hoffmann, Jackson; Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas). En contra votó el diputado González (12-1-0).

48) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el literal f), la siguiente frase luego del punto seguido:

“Asimismo, deberá generar y coordinar estas instancias con los estudiantes, para lo cual deberá establecer mecanismos de mediación y reclamación. Con motivo de los mecanismos que considera la presente letra, la Subsecretaría podrá remitir a la Superintendencia los antecedentes para que ejercite las facultades que correspondan.”.

El señor Patricio Espinoza expresó que la indicación es inadmisible por entregar una nueva facultad a la Subsecretaria y además es redundante, porque ya se encuentra consagrada en el artículo 39 del proyecto.

La diputada Provoste enfatizó que la Subsecretaría debe generar instancias de coordinación con los estudiantes y mantener una relación permanente con los principales actores.

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró la indicación inadmisible en conformidad al artículo 65 inciso cuarto N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de inadmisibilidad por la diputada Provoste y sometida a votación se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

49) De los diputados González, Vallejo y Venegas para agregar la siguiente letra g) nueva, pasando las actuales letras g) y h), a ser letras h) e i) respectivamente:

“g) Generar y coordinar instancias de participación y dialogo, entre las instituciones de educación superior con los gobiernos regionales y locales”.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud de lo dispuesto en el artículo 65, inciso 4, N° 2 de la Constitución Política de la República.

El diputado Robles expresó que en la indicación sustitutiva se eliminaron varias funciones de la Subsecretaría en relación al mensaje original, lo que a su juicio, no es pertinente en todos los casos. Se mostró de acuerdo con la indicación y discrepó de su declaración de inadmisibilidad, especialmente considerando que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la regla general es que legislar corresponde al Parlamento en su rol de colegislador. Además, de que la indicación no involucra nuevos costos.

El diputado Monsalve manifestó que está de acuerdo con la declaración de inadmisibilidad, pero que está de acuerdo con el fondo de la indicación, por cuanto la coordinación debe ser en la región, con el gobierno regional, y no con una entidad en Santiago.

50) De los diputados de Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar en la letra g) del artículo 4° la expresión “al Consejo de Rectores” por “a las instituciones de educación superior”.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65 inciso 4. N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de inadmisibilidad por el diputado Bellolio, resultó admisible por mayoría de votos.

El diputado Bellolio expresó que la frase “instituciones de educación superior” incorpora al CRUCh, sin embargo, manifestó su conformidad para agregar después de Cruch a las demás instituciones de Educación Superior.

Se acordó por unanimidad autorizar a la Secretaria de la Comisión para darle una nueva redacción a la indicación del siguiente tenor:

Para agregar en la letra g) del artículo 4 luego de la expresión “al Consejo de Rectores” la siguiente: “y a las instituciones de educación superior”.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Carvajal (en reemplazo de Girardi), González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas) (10-0-0).

51) De la diputada Girardi para agregar a la letra g) del artículo 4 después del punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Para este efecto se evacuaran informes anuales y se coordinaran con éste acciones colaborativas y de mejoramiento de las instituciones”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65 inciso 4. N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por el diputado Jackson, resultó declarada admisible por mayoría de votos.

La Subsecretaria Quiroga expresó que el Ministerio de Educación ya entrega a través del SIES un panorama de las instituciones de educación superior, sin embargo, se comprometió a acogerla en una indicación que presentará el Ejecutivo.

Se acordó por unanimidad dejar pendiente su votación.

52) De la diputada Girardi para agregar una letra h) nueva al artículo 4 pasando la actual a ser i), del siguiente tenor:

“h) Elaborar y proponer al ministro o ministra de educación un marco nacional de cualificaciones, en el plazo de dos años desde su instalación. Para ello deberá en particular convocar al consejo de rectores de chile y a los actores relevantes en todas las áreas del saber, a las instituciones que componen el sistema, al instituto de Chile, y en general a instituciones educativas formativas formales y no formales.

La propuesta de marco deberá considerar el procedimiento para construir, actualizar, sancionar e implementar el marco, así como la institucionalidad que lo administre. Con todo, se establecerá un mecanismo de revisión que se ejecutará al menos cada cinco años.”.

Solicitada la votación de la inadmisibilidad por la diputada Provoste, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

La diputada Provoste expresó que debe ser una tarea permanente de la Subsecretaria y que la indicación se encuentra en la línea con los artículos transitorios.

El diputado Jackson consultó si el Ejecutivo incorporará un Marco Nacional de Cualificaciones y qué órgano permanentemente se hará cargo de éste.

La Subsecretaria Quiroga expresó que para incorporar la indicación a los artículos permanentes habría que hacer una nueva redacción. Además, de que en el artículo cuarto transitorio se plasma la visión del Ejecutivo al respecto, porque no están en condiciones de establecer una institucionalidad ligada al Marco Nacional de Cualificaciones, en estos momentos.

53) De los diputados Provoste y Morano para agregar, un nuevo literal “h)”, pasando el actual literal h) a ser el literal i), del siguiente tenor:

“h) Coordinar y fortalecer los vínculos entre las Instituciones de Educación Superior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para propender al continuo desarrollo científico del país.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65, inciso 4, N° 2 de la Constitución Política de la República.

La Subsecretaria Quiroga expresó que si bien comparte el fondo de la indicación, debería ser redactada de otra forma, ya que el Ministerio de Ciencia y Tecnología aún no ha sido aprobado. Manifestó su disposición a proponer una indicación en ese sentido.

Se acordó por unanimidad dejar pendiente su votación.

54) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para agregar, a continuación de la letra h, las letras “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”:

i) Proponer al Ministro o Ministra de Educación y ejecutar políticas y programas dirigidos al fomento, desarrollo, apoyo y mejora continua de las instituciones de educación superior, en lo relativo a calidad de la educación y la pertinencia de su quehacer con las necesidades del país y sus regiones.

j) Proponer al Ministro o Ministra de Educación el Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá considerar tanto el subsistema universitario como el técnico profesional, de conformidad a la ley.

k) Coordinar a los organismos y servicios públicos con competencia en materia de educación superior, tanto del subsistema universitario como técnico profesional.

l) Generar y coordinar instancias de participación y diálogo, entre las instituciones de educación superior con los gobiernos regionales y locales.

m) Realizar estudios en materias de educación superior, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.

n) Promover entre las instituciones de educación superior la colaboración y transferencia de buenas prácticas.

o) Coordinar acciones con distintos organismos públicos para la ejecución de políticas públicas con instituciones de educación superior, especialmente en lo relativo al desarrollo de sectores de interés para el país.

p) Mantener un registro de las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento público regulado en el título V.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65, inciso 4, N° 2 de la Constitución Política de la República.

El diputado Jackson solicitó al Ejecutivo patrocinar las letras n) y o) de la indicación.

La Subsecretaria Quiroga expresó que si bien comparte el fondo de la indicación, sus elementos ya se encuentran incorporados en el texto del proyecto, salvo en lo que dice relación con el Marco Nacional de Cualificaciones.

Posteriormente, se presentó una indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 4 de la siguiente forma:

1) Intercalar la siguiente letra b) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“b) Proponer al Ministro o Ministra de Educación una Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la que deberá abordar, con un horizonte de largo plazo, los desafíos del Sistema de Educación Superior.

Esta Estrategia tendrá por objeto promover el desarrollo del Sistema para el adecuado cumplimiento de los fines y principios de la educación superior. Para ello contemplará un diagnóstico sobre el estado actual y los desafíos de futuro del Sistema en función del desarrollo cultural, social y económico del país y sus regiones; así como objetivos y propuestas para el desarrollo del mismo, tanto a nivel nacional como regional.

La Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 12 de la presente ley, y deberá coordinarse con las prioridades estratégicas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país.”.

2) Agregar la siguiente letra i) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“i) Participar de la institucionalidad encargada de diseñar, coordinar, evaluar y ejecutar las políticas, planes y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación; y dentro de ese marco, en instancias de coordinación enfocadas, entre otras materias, en aquellas relacionadas con educación superior.”.

3) Agregar la siguiente letra j) nueva, pasando las demás a ordenarse correlativamente:

“j) Proponer al Ministro o Ministra de Educación el Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá considerar tanto el subsistema universitario como el técnico profesional, de conformidad a la ley.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación busca recoger las indicaciones parlamentarias números 43), 44), 45), 46) y 51), que tienen por objeto establecer una estrategia nacional, y también a la indicación que propone una coordinación de la estrategia con el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología, en cuyo caso, sólo se hace referencia a la institucionalidad porque dicha ministerio aún no existe. También se acoge la idea del Marco Nacional de Cualificaciones, con la limitación de que carece de una institucionalidad asociada.

En relación a la estrategia nacional de desarrollo de la educación superior, vieron que la inquietud dice relación con mecanismos de orientación del sistema, por lo que se busca que la estrategia sirva a ese propósito.

Las indicaciones números 43), 44), 45), 46) y 51) fueron retiradas por sus autores.

El diputado Bellolio expresó que debe consagrarse en el articulado permanente el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones.

El diputado Romilio Gutiérrez manifestó su temor de que existan dos estrategias para el subsistema técnico.

La diputada Provoste expresó que la indicación del Ejecutivo es clara.

La Subsecretaria Quiroga apuntó que la estrategia nacional aborda la educación media, la educación superior, la educación no formal y las certificaciones de desarrollos previos, por ello, es que es a nivel de Ministros (Educación, Trabajo y Hacienda) y dentro de ella existe un subcapítulo de educación superior.

En relación al Marco Nacional de Cualificaciones compartió la opinión transversal de que el país se dote de ese instrumento, pero no se tiene madurada una institucionalidad que lo aborde en este momento.

Se presentó una nueva indicación de los diputados Jackson y Girardi para intercalar en el párrafo tercero de la nueva letra b) entre las palabras “curriculares” y “la”, la palabra “prioritariamente”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Romilio Gutiérrez, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Puesto en votación conjunta el artículo 4 y la indicación del Ejecutivo, resultaron aprobadas por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Romilio Gutiérrez, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 5, que ha pasado a ser 8

Se presentó una indicación de los diputados Girardi y González del siguiente tenor:

Para incorporar un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“La Subsecretaría dispondrá de una unidad de estudios especializada en temas regionales. Asimismo, se crearán 15 Direcciones Regionales de Educación Superior dependientes de la Subsecretaría de Educación Superior, las que deberán proveer de información adecuada y oportuna al nivel central, constituirse en nexo con las instituciones de educación superior de su territorio, relacionarse con las administraciones regionales y locales, y promover la articulación de las políticas nacionales y regionales que impulse el respectivo Gobierno Regional.”.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65 inciso 4. N° 2 de la Constitución Política de la República.

El diputado Robles expresó que en estos artículos el Congreso delega al Ejecutivo facultades que le son propias, lo que no le parece correcto. Pidió al Ministerio que se pronuncie respecto de los acuerdos que han llegado con los funcionarios y que se reciba a las asociaciones de funcionarios para analizar los artículos 5 y 6.

El diputado Bellolio consultó cuál es la planta actual de la Divesup y cuál es la planta que se estima para la nueva Subsecretaría y Superintendencia de Educación.

La Subsecretaria Quiroga expresó que los artículos son similares a los de la Subsecretaria de Educación Parvularia, y que se trata de fórmulas generales, sin perjuicio de que el artículo sexto transitorio señala las condiciones del traspaso, resguardando los derechos de los trabajadores.

El diputado Monsalve manifestó que los principios que rigen esta materia son dos: a) que ninguna persona vaya a quedar sin trabajo y b) que no haya menoscabo salarial, y ambas condiciones quedan resguardadas en los artículos transitorios.

El diputado González recordó que Andime ya fue invitada a la Comisión y expresó su opinión sobre el particular. En todo caso, según los acuerdos que adoptó la Comisión, la última sesión para escuchar invitados se realizó el día lunes, por lo que ahora corresponde votar el proyecto.

Puesto en votación el artículo, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Bellolio, González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Vallejos y Morano (en reemplazo de Venegas). En contra votó el diputado Robles (7-1-0).

Artículo 6, que ha pasado a ser 9

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Vallejos y Morano (en reemplazo de Venegas). En contra votó el diputado Robles (8-1-0).

Párrafo 3° Del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

Artículo 7, que ha pasado a ser 10

Se presentaron las siguientes indicaciones:

55) De los diputados Vallejo y Robles para eliminar el Párrafo 3° del Título I.

La diputada Vallejo expresó que la indicación fue propuesta por el CRUCh y patrocinada por ella, para permitir que fuera analizada, lo que no necesariamente implica que se encuentre de acuerdo con su contenido.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra los diputados Bellolio, Edwards Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Robles y Vallejo. Se abstuvieron los diputados Provoste y González (0-6-2).

56) De los diputados Vallejo y Robles para eliminar en el inciso primero, la frase “cuya administración corresponde a la Subsecretaría”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards; en contra votaron los diputados Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas), y se abstuvieron los diputados González y Robles (2-5-2).

57) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para sustituir, en el inciso primero la frase “la Subsecretaría” por “las instituciones de educación superior”.

La Subsecretaria Quiroga enfatizó que la definición de los instrumentos es una decisión colegiada y no de la Subsecretaría; de ahí que, se mostró dispuesta a mejorar la redacción del artículo si da lugar a otra interpretación. La Subsecretaría carece de la potestad de definir los instrumentos y solo debe implementar las políticas, en otras palabras, el órgano colegiado define los instrumentos y la Subsecretaria solo pone la firma.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65 inciso 4. N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por el diputado Jackson, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

58) De los diputados de Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar en el inciso primero la expresión “Este Sistema de Acceso deberá considerar” por “Este Sistema de Acceso podrá considerar”.

El diputado Bellolio expresó que el verbo “deberá” implica un mandato y, en consecuencia, el Sistema de Acceso deberá tener cada uno de los instrumentos que menciona el artículo e implica una mirada desde el Estado, sin considerar, por ejemplo, que en la educación técnico profesional, la trayectoria previa, no es indicador de cómo les irá después a los estudiantes.

Puesta en votación resultó rechazada por mayoría de votos. A favor se pronunciaron los diputados Bellolio, Edwards, Gahona. En contra votaron los diputados González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas) (3-6-0).

58 bis) De los diputados Provoste y Robles para intercalar la frase “, entre otras,” entre las palabras “deberá considerar” y “la diversidad de talentos”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Gahona, González, Jackson, Monsalve (en reemplazo de Poblete), Provoste, Robles, Vallejo y Morano (en reemplazo de Venegas) (9-0-0).

59) Del diputado Venegas para intercalar después de la palabra “Acceso”, la frase “será objetivo y transparente y”.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González, Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

60) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para sustituir en el inciso primero, la palabra “administración” por “coordinación”.

El diputado Jackson consultó cómo tiene contemplado el Ministerio de Educación los distintos entes en pos de colegiar.

La Subsecretaria Quiroga se mostró de acuerdo con explicitar que los mecanismos no son definidos por el Ministerio, sino que se trata de una decisión colegiada, y anunció que están trabajando en la indicación respectiva, sin embargo, la propuesta del Ejecutivo es modificar el artículo 9.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por el diputado Robles, se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

62) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar, en el inciso primero, la frase “pudiendo establecer instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional.” por la siguiente: “pudiendo establecer instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional; zona geográfica o pertenencia a un grupo prioritario, tales como pueblos originarios.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que debe sancionarse el principio de inclusión y luego, en el resto de los artículos, hacer referencia a éste, a fin de no seguir discutiendo sobre el particular cada vez que se presente el punto.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas. Se abstuvieron los diputados Bellolio, Edwards y Romilio Gutiérrez (6-0-3).

63) De los diputados de Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para eliminar en el inciso segundo del artículo 7, la expresión “, los cuales deberán ser, en todo caso, autorizados por la Subsecretaría”.

Puesta en votación, resultó rechazada. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards, Romilio Gutiérrez y Robles. En contra votaron los diputados González, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (4-5-0).

64) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar el punto aparte del inciso segundo que pasa a ser coma “,” y a continuación agregar la frase “en estricto cumplimiento de los principios contemplados en el artículo 10 de la presente ley.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados Jackson y Poblete; en contra se pronunciaron os diputados Bellolio y Romilio Gutiérrez, y se abstuvieron los diputados Edwards, González, Robles, Vallejo y Venegas (2-2-5).

67) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para sustituir en el inciso tercero, la palabra “podrá” por “deberá”, y sustituir el punto aparte por un punto seguido, agregando a continuación la siguiente frase: “Éstos deben asegurar mecanismos que favorezcan la equidad en el acceso de personas con diferentes géneros, orígenes socioeconómicos y nacionalidades, así como también integrar a las personas en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, con distintas identidades de género y condiciones u orientaciones sexuales, promoviendo el desarrollo de sus identidades.”.

La Comisión acordó separar la indicación en dos partes, declarándose, por el Presidente, en el uso de sus facultades, la primera parte, que sustituye la expresión “podrá” por “deberá” inadmisible en virtud del artículo 65 inciso 4. N° 2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de inadmisibilidad, respecto de la primera parte, por el diputado Jackson se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

La segunda parte de la indicación se dejó pendiente de votación.

61) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para sustituir, en el inciso tercero, luego de la palabra “acceso”, la palabra “podrá” por “deberá” y para agregar luego del punto aparte lo siguiente: “Estos programas deben contemplar mecanismos que favorezcan la equidad en el acceso de estudiantes de diversas culturas y etnias, en situación de discapacidad, de pueblos originarios, con distintas identidades de género y condiciones u orientaciones sexuales, promoviendo el desarrollo de sus identidades.”.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65 inciso cuarto. N° 2 de la Constitución Política de la República.

69) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para sustituir el inciso final por el siguiente: “El Sistema de Acceso será obligatorio para todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica creados por ley o reconocidos por el Estado.”.

La Subsecretaria Quiroga advirtió que el Tribunal Constitucional podría declarar inconstitucional esta indicación.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Jackson, Poblete y Robles. En contra los diputados Bellolio, Edwards y Venegas, y se abstuvieron los diputados González y Vallejo (3-3-2).

70) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para sustituir el inciso cuarto por el siguiente:

“El Sistema de Acceso será voluntario para todas las instituciones de educación superior normadas en esta Ley. Sin perjuicio de lo anterior, las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban recursos públicos que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado, deberán acogerse a este sistema o diseñar un propio sistema de admisión que sea transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards, y en contra votaron los diputados González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (2-6-0).

71) Del diputado Venegas para eliminar en el inciso cuarto la frase “que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado” y reemplazar por “a través del Ministerio de Educación”.

La indicación fue retirada por su autor y se presentó una nueva indicación de los diputados Girardi, Robles, Vallejo y Venegas para modificar el inciso cuarto del artículo 7 en el siguiente sentido:

a) Intercalar entre las palabras “para” y “las” la expresión “todas”.

b) Reemplazar la oración “que tengan por objeto el pago de arancel o derecho de matrícula de estudiantes, o” por la expresión “y/o”.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Robles Vallejo y Venegas. En contra votaron los diputados Bellolio y Edwards (6-2-0).

65) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para agregar en el inciso cuarto luego de la frase “obligatorio para”, la siguiente frase “todas las instituciones de educación superior, estas son,”. Y luego de la frase “formación técnica”, la frase “creados por Ley o reconocidos por el Estado”, y para eliminar la frase: “que tengan como objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes, o instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con la garantía del Estado”.

En virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 296 del Reglamento, esta indicación no se puso en votación por ser contradictoria con las ideas ya aprobadas del proyecto.

72) Del diputado Robles para modificar el artículo 7 de la siguiente forma:

a) Para agregar un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser inciso 5° y así sucesivamente: “Tanto los instrumentos como los programas especiales de acceso que puedan establecer las instituciones de educación superior, no podrán afectar en su esencia a los definidos en el Sistema Común de Acceso, ni impedir su efectivo ejercicio y aplicación.”.

b) Para modificar el inciso cuarto (que pasaría a ser inciso 5°), del siguiente modo:

i) Suprimir la frase: “que tengan por objeto el pago del arancel o derechos de matrícula de estudiantes”.

ii) Sustituir el punto final (.) por una coma (,), y agregando la siguiente frase: “sin que puedan posteriormente desafiliarse de él.”

El diputado Robles pidió votación separada de cada una de las letras y numerales.

Puesta en votación la letra a), resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados González, Jackson, Poblete, Robles y Venegas; en contra votó el diputado Bellolio (5-1-0).

Puesta en votación la letra b), resultó rechazada por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Robles y González. En contra votaron los diputados Bellolio, Poblete y Venegas, y se abstuvo el diputado Jackson (2-3-1).

73) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para agregar un inciso quinto, nuevo, que dice: “El Sistema de Acceso estará compuesto por dos vías:

a) La primera de ellas, será a través del Plan Nacional Articulado de Educación Estatal, donde existe un mecanismo de continuidad preferente para los estudiantes que provengan de la Educación pública secundaria.

b) La segunda, será por medio de una batería de instrumentos que permitan matizar los contenidos de las mediciones, a la vez que fortalezcan e impulsen mecanismos que tengan en consideración la trayectoria académica del estudiante e impulsen programas de acceso complementarios a las instituciones de educación superior.”.

El Presidente, en el uso de sus facultades, la declaró inadmisible en virtud del artículo 65, inciso 4, N° 2 de la Constitución Política de la República.

Se presentó una indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

1) Para reemplazar, en su inciso primero, la frase “instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del subsistema universitario o técnico profesional” por “procesos e instrumentos que podrán ser diferenciados para cada subsistema, según el tipo de institución o carrera”.

2) Para modificar su inciso segundo de la siguiente manera:

a) Agrégase, después de la frase “aplicación general” y antes del punto seguido, la siguiente expresión: “y en su elaboración y diseño se deberá considerar el principio de inclusión”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité de acceso respectivo.”.

3) Para modificar su inciso tercero de la siguiente manera:

a) Reemplázase la frase “que tengan por objeto promover” por la siguiente “los que, de acuerdo con el principio de inclusión, deberán tener por objeto fomentar”.

b) Agrégase, después del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité de acceso respectivo.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación tiene por propósito recoger el fondo de las indicaciones parlamentarias signadas con los números 66), 67), 68) y 74).

La diputada Girardi consultó en relación al inciso final del artículo 7, si las instituciones que deseen adscribir voluntariamente pueden ser rechazadas por parte de la Subsecretaría.

La Subsecretaria Quiroga respondió que es obligatorio pertenecer al Sistema de Acceso para las instituciones públicas y para el resto es voluntario, de ahí que el inciso final del artículo 7 sólo se refiere a un trámite para formalizar la situación del segundo caso, no pudiéndose rechazar de parte de la Subsecretaria la adscripción al Sistema de Acceso.

El diputado Gutiérrez expresó que es importante que no dejar materias a la discrecionalidad de la autoridad política de turno, evitándose así la judicialización de algunos aspectos de la iniciativa.

El diputado Bellolio consultó qué pasará con los institutos profesionales y centros de formación técnica que no se basan en la selección como instrumento de acceso. Manifestó su temor de que forzosamente los criterios sean los criterios políticos de turno, lo que limita la autonomía.

La Subsecretaria Quiroga expresó que el diseño de la política de acceso rige a todos por igual, siempre recogiendo la heterogeneidad del sistema. El Estado provee de instrumentos para recurrir ante resoluciones no fundadas o indebidamente fundadas de parte de la autoridad administrativa.

Sin perjuicio de que la legislación vigente obliga a que absolutamente todas las decisiones de los Ministerios y otras autoridades sean actos fundados en la ley, además, de que existen otras instancias para recurrir o reclamar de las resoluciones de las autoridades, como son la Contraloría y los Tribunales de Justicia.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, Carvajal (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votaron los diputados Bellolio y Romilio Gutiérrez (8-2-0).

74) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Los y las estudiantes de educación media contarán con instrumentos de orientación, para facilitar la determinación de sus preferencias en base a su interés vocacional y a los criterios de las Estrategias Nacional y Regionales de Educación Superior.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65 inciso cuarto N°2 de la Constitución Política de la República. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por la diputada Girardi se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

La Subsecretaria Quiroga expresó que parte de la indicación se recoge en la indicación del Ejecutivo presentada al artículo 4, en lo que trata las responsabilidades de la Subsecretaría, y que no corresponde hacerlo en el acceso.

Las indicaciones 66), 67) y 68) no se pusieron en votación por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Corporación.

66) De los diputados Vallejo y Robles para agregar, en el inciso segundo, después del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité señalado en el artículo siguiente”.

67) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic (segunda parte) para sustituir el punto aparte por un punto seguido, agregando a continuación la siguiente frase: “Éstos deben asegurar mecanismos que favorezcan la equidad en el acceso de personas con diferentes géneros, orígenes socioeconómicos y nacionalidades, así como también integrar a las personas en situación de discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, con distintas identidades de género y condiciones u orientaciones sexuales, promoviendo el desarrollo de sus identidades.”.

68) De los diputados Vallejo y Robles para agregar en el inciso tercero, después del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “previa consulta al comité señalado en el artículo siguiente”.

Puesto en votación el artículo 7, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, Carvajal (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Bellolio (8-1-0).

Artículo nuevo

75) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para agregar un artículo 7 bis, nuevo, del siguiente tenor.

“Artículo 7 bis: Así también, el Sistema de acceso debe avanzar en la creación de mecanismos complementarios de: acceso, mantención y titulación oportuna de los estudiantes, los cuales se definirán como de carácter público. Deben considerarse aspectos como rendimiento académico de origen, propedéuticos y procesos de nivelación.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

Artículo 8, que ha pasado a ser 11

76) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar el artículo 8 por el siguiente nuevo:

“Artículo 8.- Corresponderá a las instituciones de educación superior constituir un comité técnico de acceso para el subsistema universitario y otro para el subsistema técnico profesional, cuyo objeto será definir los instrumentos del Sistema de Acceso.

El comité de acceso del subsistema universitario estará compuesto por seis Rectores de universidades que cuenten con cuatro o más años de acreditación de acuerdo a la ley N° 20.129, al menos dos de los cuales deberán provenir de universidades cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

Por su parte, el comité de acceso del subsistema técnico profesional estará compuesto por:

a) Tres Rectores de Centros de Formación Técnica que cuenten con cuatro o más años de acreditación de acuerdo a la ley Nº20.129, al menos uno de los cuales deberá provenir de una institución cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.

b) Tres Rectores de Institutos Profesionales que cuenten con cuatro o más años de acreditación de acuerdo a la ley N° 20.129, al menos uno de los cuales deberá provenir de una institución cuyo domicilio se ubique en una región distinta de la Metropolitana.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

El diputado Romilio Gutiérrez expresó que lo que proponen en la indicación es que se garantice la participación de las regiones. Pidió la opinión del Ejecutivo respecto del fondo.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación presenta una diferencia de fondo con el Ejecutivo, porque elimina la participación de éste en los Comités. Además, precisó que la idea regional está recogida en el proyecto.

76 bis) De los diputados Girardi y González para sustituir en la letra a) la frase “al menos dos” por la siguiente frase: “tres.”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Carvajal (en reemplazo de González), Romilio Gutiérrez, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

76 ter) De la diputada Girardi para agregar en la letra a) una frase final, pasando el punto aparte a ser seguido, del siguiente tenor: “En todo caso, tres de éstos deberán ser de universidades estatales”.

El diputado Robles pidió que quede explícito en la historia de la ley que la indicación se votará en el entendido de que tres rectores deben ser de universidades estatales y, en consecuencia, dos de universidades privadas.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, Carvajal (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo. En contra votaron los diputados Bellolio y Romilio Gutiérrez, y se abstuvo el diputado Venegas (7-2-1).

77) De los diputados Girardi, González y Robles para modificar el artículo 8 del siguiente modo:

a) En el inciso primero:

i) después de la frase “comité técnico” agréguese la expresión “y normativo”

ii) después de la palabra “instrumentos” agréguese la expresión “y los procedimientos”

iii) Suprímase la frase que se lee después del punto seguido, que pasa a ser punto a parte.

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente: “La Subsecretaría de Educación Superior coordinará y ejecutará las actividades necesarias para el funcionamiento de los Comités, financiará sus gastos de administración y les brindará asistencia administrativa”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, incisos tercero y cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

78) De los diputados Girardi, González, Robles y Vallejo para efectuar las siguientes modificaciones en el artículo 8:

a) Sustituir el inciso primero lo siguiente: “Corresponderá a la Subsecretaría constituir y coordinar un Comité Técnico y Normativo de acceso para el subsistema universitario y otro para el subsistema técnico profesional, cuyo objeto será definir los instrumentos y los procedimientos del Sistema de Acceso”.

b) Incorporar el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“La Subsecretaría de Educación Superior coordinará y ejecutará las actividades necesarias para el funcionamiento de los Comités, financiará sus gastos de administración y les brindará asistencia administrativa”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, incisos tercero y cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

79) De los diputados Boric, Jackson, Vallejo y Robles para modificar el artículo 8 de la siguiente manera:

a) Sustitúyase, en la letra a), la frase “Consejo de Rectores”, por “Confederación de Instituciones de Educación Superior”

b) Sustitúyase, en la letra b), la frase “Consejo de Rectores” por “Confederación de Instituciones de Educación Superior”

c) Agréguese, en la letra b, luego de la frase “en el título V de esta ley”, la siguiente frase “que reciban financiamiento institucional a la docencia”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65 de la Constitución Política de la República.

79 bis) De la diputada Girardi para agregar en las letras a) y b), la primera vez que aparecen, a continuación de la palabra: “designen”, lo siguiente: “en todo caso todas las instituciones deben tener 4 años o más de acreditación.”.

La indicación fue retirada por su autora.

79 ter) De las diputadas Girardi y Provoste para agregar en la letra b) en la segunda vez que aparece, a continuación de la palabra: “designen”, lo siguiente: “y que estén acreditadas por 4 años o más.”.

La indicación fue retirada por sus autoras.

La Subsecretaria Quiroga se comprometió a incorporar, una vez revisada la materia, el espíritu de las indicaciones retiradas, en un artículo transitorio en este trámite o en uno siguiente.

El diputado Bellolio llamó a reconsiderar la composición del Comité del subsistema técnico.

Puesto en votación el artículo 8, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Romilio Gutiérrez, y se abstuvo el diputado Bellolio (6-1-1).

Artículo 9, que ha pasado a ser 12

Se presentaron las siguientes indicaciones:

Del Ejecutivo para reemplazar en su inciso primero, después del punto seguido, que pasó a ser coma, la frase “Para el establecimiento de los instrumentos se deberá contar con un informe favorable de los comités señalados en el artículo anterior.” por la siguiente “en este último caso previamente definidos en un informe favorable del comité respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo precedente.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación tiene por objeto reforzar la idea de que no es el Ministerio de Educación quien define los instrumentos, sino el Comité respectivo.

Se facultó a la Secretaria de la Comisión para mejorar la redacción del inciso primero del artículo 9, quedando del siguiente modo:

“Corresponderá a la Subsecretaría establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso; estos últimos serán previamente definidos a través de un informe favorable del comité respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo precedente.”.

El diputado Robles consultó acerca de la contratación de servicios de asesorías.

El diputado Romilio Gutiérrez expresó que debe buscarse un mecanismo para mejorar la convivencia y la relación interna entre la Subsecretaría y los Comités, como asimismo resaltar el rol de estos últimos.

El diputado Venegas expresó que ya se consagra lo señalado por el diputado Romilio Gutiérrez en la iniciativa.

La Subsecretaria Quiroga expresó que el proyecto no pone ninguna limitación para contratar asesorías internacionales. En relación a la contratación de servicios de terceros, si bien el Ministerio puede hacerlo, no se desliga de la responsabilidad en la prestación del mismo.

Le respondió al diputado Gutiérrez que el diseño propuesto por el Ministerio está claro, y que ya se ha agotado el debate en ese sentido, no solo en este artículo, sino en otros en los que ya se dado la misma discusión.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Romilio Gutiérrez (8-1-0).

80) De los diputados Vallejo y Robles para reemplazar el artículo 9 por el siguiente:

“Artículo 9.- Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior, mediante los actos administrativos que correspondan, establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso, aprobados previamente por los comités señalados en el artículo anterior.

Asimismo, la Subsecretaría, previo acuerdo de los referidos comités, podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las funciones indicadas en el inciso anterior a instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 6, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

81) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar el artículo 9 por el siguiente:

“Artículo 9.- Corresponderá al comité de acceso del subsistema respectivo establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso.

Asimismo, el Comité podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las funciones indicadas en el inciso anterior a instituciones de reconocido prestigio y experiencia en la administración de sistemas de acceso a la educación superior.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 6, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

82) Del diputado Robles para modificar el artículo 9 del siguiente modo:

a) En su inciso primero:

i) Agregar después de la palabra “Subsecretaría”, la siguiente frase: “, mediante los actos administrativos que correspondan,”

ii) Agregar después de la expresión “Sistema de Acceso”, la siguiente frase “aprobados previamente por los comités señalados en el artículo anterior”

iii) Suprimir la frase que se lee después del punto seguido, que pasa a ser punto a parte.

b) En su inciso segundo:

i) Para intercalar entre las palabras “Subsecretaría” y “podrá”, la siguiente frase “, previo acuerdo de los referidos comités”

ii) Para reemplazar la frase “necesarias para cumplir las funciones indicadas en” por la siguiente: “que establezcan los procedimientos a que se refiere”.

La indicación fue reiterada por su autor.

Puesto en votación el artículo 9, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Romilio Gutiérrez, y se abstuvo el diputado Bellolio (8-1-1).

Artículo 10, que ha pasado a ser 13

Se presentó una indicación de los diputados Poblete y Vallejo para intercalar en el inciso final después de la palabra “aranceles”, la frase: “que deberán pagar las instituciones de educación superior.”.

El diputado Bellolio consultó qué es lo que se va a fijar. Además, destacó que la Subsecretaría será juez y parte, no correspondiendo que el arancel se fije de modo unilateral.

El diputado Romilio Gutiérrez consultó cuáles serán los criterios para fijar los aranceles, y pidió a la Subsecretaria que señale, en términos generales, los contenidos del reglamento.

La Subsecretaria Quiroga expresó que lo que único que se hace es trasladar una función que actualmente realiza el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) a la Subsecretaría, sin ánimo de discriminar a ninguna institución. No se trata de algo excepcional, sino que se está discutiendo sobre una serie de elementos cotidianos del funcionamiento del Estado, como lo es también, por ejemplo, el cobro que se efectúa para que las instituciones obtengan el reconocimiento oficial del Estado, el seguro obligatorio, la obtención de cédula de identidad, entre otros, todo ello bajo ciertos principios como el de proporcionalidad, por los cuales el Estado fija aranceles.

Se comprometió a consagrar en el artículo tercero transitorio el plazo para la dictación del reglamento.

Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados González, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards y Romilio Gutiérrez (6-3-0).

El diputado Bellolio pidió votación separada de ambos incisos del artículo 10.

Puesto en votación el inciso primero, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, González, Romilio Gutiérrez, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Puesto en votación el inciso segundo, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados González, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards y Romilio Gutiérrez (5-3-0).

TÍTULO II DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 11, que ha pasado a ser 14

Se presentaron las siguientes indicaciones:

86) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para reemplazar el nombre del Título II por el siguiente:

“De la Formación de Estrategias de Desarrollo en la Educación Superior”.

La indicación fue reformulada, quedando del siguiente modo: para reemplazar el nombre del Título II por el siguiente:

“De la Formación Técnica y Profesional en Educación Superior”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Girardi y Jackson. En contra votaron los diputados Edwards, González, Hoffmann, Provoste y Venegas, y se abstuvieron los diputados Bellolio, Gahona, Poblete y Robles (2-5-4).

87) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para eliminar el artículo 11.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, González, Hoffmann, Poblete, Provoste, Robles y Venegas, y se abstuvo el diputado Jackson (10-0-1).

87 bis) Del diputado Robles para reemplazar el artículo 11 por el siguiente:

Artículo 11.- Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter formal, y no formal e informal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados a ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el desarrollo de la innovación, la transferencia tecnológica, el aprendizaje a lo largo de la vida aprendizaje permanente de las personas y su la integración de las personas en la sociedad mediante el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de sus proyectos de vida.

En el ámbito de la enseñanza formal, la formación técnico profesional considera los niveles de educación media de formación técnico profesional y el nivel de educación superior técnico profesional, así como la modalidad de educación de adultos en el nivel de educación media técnico profesional. En el ámbito de la enseñanza no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos los tres tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que hablar de educación informal dice relación con el reconocimiento de aprendizajes previos. Además, de que, a su juicio, el fondo de la indicación ya se encuentra recogido en el texto del proyecto y la ley General de Educación que define educación informal en su artículo 2.

El diputado Robles expresó que es un elemento que tiene que ver con la práctica de la educación informal, además, de incorporar nuevos elementos como innovación, transferencia tecnología, entre otras,

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Edwards, Girardi, Jackson y Robles. En contra votaron los diputados Poblete y Venegas, y se abstuvieron los diputados Bellolio, González y Provoste (4-2-2).

88) De los diputados Provoste y Morano para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 11:

“Para el caso de la educación superior, se entenderá que aquellos programas que conduzcan al título técnico de nivel superior, otorgado por todo tipo de instituciones de educación superior y de aquellos de carácter profesional entregados por los institutos profesionales.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Girardi, Provoste y Robles. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards, Jackson y González, y se abstuvieron los diputados Poblete y Venegas (3-4-2).

Puesto en votación el artículo 11, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

Artículo nuevo

88 bis) Se presentó una indicación del diputado Robles para agregar un artículo, nuevo, del siguiente tenor:

“El subsistema de Educación Superior Técnico Profesional, está compuesto por aquellas instituciones cuyo fin principal sea el desarrollo de la Formación Técnico Profesional. Este debe propiciar la articulación de espacios educativos, formativos y laborales, y la vinculación con el entorno social y productivo, con el propósito de que tanto jóvenes, trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar trayectorias que les permitan mejorar su calidad de vida, realizarse como personas y contribuir al desarrollo del país.”. Así se busca generar un espacio propicio para el desarrollo de aprendizajes a lo largo de la vida.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards, Jackson, Poblete Provoste y Venegas. A favor votaron los diputados González y Robles, y se abstuvo la diputada Girardi (2-6-1).

Artículo 12, que ha pasado a ser 15

Se presentaron las siguientes indicaciones:

89) De los diputados Girardi y González para incorporar en el inciso primero, entre las frases “Ministerio de Educación” y “establecerá” la siguiente frase: “, a través de la subsecretaría de Educación Superior”.

La indicación fue retirada por sus autores.

90) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para modificar el artículo 12 de la siguiente manera

a) En el inciso primero sustitúyase la expresión “la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (en adelante “la Estrategia”) que orientará” por la frase “Estrategias Nacionales de Desarrollo, junto a Estrategias Regionales de Desarrollo (en adelante las "Estrategias")”; la palabra “revisada” por “revisadas”; y la palabra “actualizada” por “actualizadas”.

b) En su inciso segundo sustitúyase la expresión “el mundo del trabajo, facilitando la formación para el trabajo y la construcción de trayectorias formativas y laborales” por la frase “las necesidades nacionales y regionales, facilitando la formación para el servicio del país y la construcción de trayectorias formativas y laborales”,

c) En el inciso segundo agrégase la expresión “del sector público,” entre la coma (,) a continuación de la palabra “personas” y la palabra “de”.

d) En el mismo inciso, sustitúyase la expresión “desarrollo prioritarios para la formación técnico profesional” por la frase “desarrollo prioritario para la formación en la Educación Superior”.

Por acuerdo unánime de la Comisión se acordó analizar las letras de la indicación por separado.

La diputada Provoste expresó que la indicación es admisible porque las estrategias regionales a las cuales se hace referencia son las que ya existen.

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró inadmisible la letra a), en conformidad al artículo 65, incisos tercero y cuarto N° 2. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por la diputada Provoste se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

La Subsecretaria Quiroga expresó que las letras b) y c) complementan el proyecto y que la letra d) habría que modificarla.

Puestas en votación conjunta las letras b) y c), resultaron aprobadas con el voto favorable de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste y Venegas. Se abstuvo el diputado Edwards (7-0-1).

Se acordó, por unanimidad, de los diputados presentes modificar la letra d) de la siguiente forma:

d) Para sustituir la expresión “técnico” por la frase “técnica y”.

Puesta en votación la letra d) modificada, resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

91) De los diputados Vallejo, Robles y Poblete para incorporar en el inciso segundo, entre las palabras “fortalecerá” y “la” el vocablo “tanto” y entre las palabras “trabajo,” y “facilitando” la frase “como su vinculación con la educación universitaria,”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

93) De los diputados Girardi y González para incorporar en literal a), entre las frases “productivo” y “de cada una”, una frase del siguiente tenor: “, social y cultural”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

95) De los diputados Girardi y González para incorporar en literal b), al final de la frase “productivo”, una oración del siguiente tenor: “, la administración pública, instituciones vinculadas al desarrollo social, cultural y demás sectores del quehacer regional.”.

Se acordó por unanimidad de la Comisión, agregar a continuación de la palabra “regional” lo siguiente: “y nacional”.

Puesta en votación con la modificación acordada, resultó aprobada con los votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (8-0-1).

96 bis) Del diputado Jackson para reemplazar en la letra c) la palabra “técnico” por “técnica y”.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

97) De los diputados Girardi y González para incorporar en el literal c), a continuación de la frase “profesional”, una oración del siguiente tenor: “, la que deberá sustentarse en estudios prospectivos y en las estrategias de desarrollo y políticas regionales de mediano y largo plazo.”.

Se acordó por unanimidad de la Comisión, agregar a continuación de la palabra “regionales” lo siguiente: “y nacionales”.

Puesta en votación resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Girardi, González, Provoste y Robles. En contra votó el diputado Bellolio, y se abstuvieron los diputados Edwards, Jackson, Poblete y Venegas (4-1-4).

98) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para eliminar en la letra e) del inciso tercero del artículo 12 la frase “la Subsecretaría y a”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio y Edwards, y en contra votaron los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (2-7-0).

99 bis) Del diputado Jackson para reemplazar en la letra f) la palabra “técnico” por “técnica y”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

100) De los diputados Girardi y González para incorporar en literal f), a continuación de la palabra “profesional”, una oración del siguiente tenor: “; y también proponer iniciativas de coordinación en la dimensión territorial, con los Gobiernos Regionales, Municipios y otros actores locales.”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Venegas (9-0-0).

En conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se pusieron en votación, por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, las siguientes indicaciones:

92) De los diputados Girardi y González para incorporar en el inciso segundo, entre las frases “desarrollo” y “prioritarios” una frase del siguiente tenor: “nacionales y regionales”.

94) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para eliminar, en la letra b), desde la palabra “por” hasta la palabra “productivo”, ambas inclusive.

95 bis) Del diputado Robles para reemplazar la letra b) por la siguiente:

“b) Análisis de la oferta formativa y la demanda de técnicos y profesionales por parte del sector productivo, la administración pública, instituciones vinculadas al desarrollo social, cultural y demás sectores del quehacer regional.”.

96) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para eliminar en la letra c) del artículo 12 desde la palabra “para” hasta la palabra “profesional”, ambas inclusive.

99) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para eliminar, en la letra f), la frase “en temas relacionados con la formación técnico profesional”.

101) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic y del diputado Robles para agregar una nueva letra h) del siguiente tenor:

“h) El establecimiento de líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación.”.

El diputado Robles expresó que con la indicación no se está diciendo que los centros de formación hagan investigación, sino que la estrategia la considere.

La diputada Vallejo apuntó que lo técnico no puede reducirse a lo docente y que la indicación no significa que cada centro de formación técnica tenga la obligación de hacer investigación, pero no se les puede excluir de dicho espacio.

El diputado Bellolio expresó que el desarrollo e investigación son exclusivamente universitaria, lo que no significa que los centros de formación técnica no hagan investigación, que si ocurre, pero es diversa, se trata de una investigación aplicada. Afirmó que de aprobarse la indicación se generara un problema institucional.

El diputado Edwards expresó que la indicación es de difícil aplicación.

La diputada Girardi manifestó que la innovación es indispensable y quizás debería explicitarse que la investigación, en este caso, es innovación aplicada.

La diputada Provoste expresó que es complejo para los centros de formación técnica realizar investigación, a diferencia de la innovación que si debe ser consustancial a los mismos. Enfatizó que incorporar la investigación acá implicaría definir qué es investigación para la educación técnica.

Puesta en votación la indicación 101), resultó aprobada por mayoría de votos. A favor se pronunciaron los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles y Vallejo. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards, y se abstuvieron los diputados Provoste y Venegas (6-2-2).

102) De los diputados Vallejo, Robles y Poblete para agregar una nueva letra h) al inciso tercero con el siguiente tenor:

“h) Una estrategia de vinculación entre la formación técnico profesional y la educación universitaria.”.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

103) De la diputada Vallejo para incorporar una nueva letra h) del siguiente tenor:

“h) Propuestas que fomenten la educación técnico profesional pertinente para promover el desarrollo sustentable del país y/o las regiones, según corresponda.”.

Se acordó por unanimidad de los diputados presentes reemplazar la palabra “técnico” por “técnica y”, quedando del siguiente modo la letra h):

“h) Propuestas que fomenten la educación técnica y profesional pertinente para promover el desarrollo sustentable del país y/o las regiones, según corresponda.”.

Puesta en votación con la modificación concordada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

104) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar un nuevo inciso cuarto al artículo 12 del siguiente tenor:

“La Estrategia mencionada en el presente artículo será establecida por medio de un decreto supremo y tendrá una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una evaluación en la mitad de dicho periodo.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

La Subsecretaria Quiroga se comprometió a dar un plazo largo a la estrategia, con una evaluación en la mitad del período.

Puesto en votación el artículo 12, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas, y se abstuvieron los diputados Bellolio y Edwards (8-0-2).

Artículo 13, que ha pasado a ser 16

Se presentaron las siguientes indicaciones:

105) De los diputados Girardi y González para modificar el artículo 13 de la siguiente forma:

a) Incorporar entre las palabras “representatividad” y “país”, una frase del siguiente tenor: “en el”.

b) Incorporar entre las palabras “reconocida” y “en materia”, una frase del siguiente tenor: “trayectoria”.

La letra a) fue retirada por sus autores.

La indicación fue reformulada por sus autores, agregando en la letra b) la conjunción “y” a continuación de la palabra “trayectoria”.

Puesta en votación la letra b) reformulada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo (8-0-0).

106) Del diputado Robles para modificar el actual artículo 13, de la siguiente forma:

a) Intercalar entre la palabra “profesional” y el punto seguido, la siguiente frase: “, considerando en la designación de éstos una representación regional no menor al 50% de sus miembros”.

b) Agregar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor: “Adicionalmente, el acto que decrete su conformación dispondrá la constitución de Consejos Regionales de Formación Técnico Profesional.”.

Se acordó por unanimidad votar por separado las letras a) y b).

La Subsecretaria Quiroga propuso eliminar la siguiente parte de la indicación: “no menor al 50% de sus miembros”.

El diputado Robles accedió a la proposición de la Subsecretaria, reformulando la letra a), del siguiente modo: “considerando representación regional en la designación de sus miembros”.

Puesta en votación la letra a) reformulada, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

El Presidente, en uso de sus facultades, declaró inadmisible la letra b) en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

Puesto en votación el artículo 13, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, González, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Párrafo nuevo

Se presentó la siguiente indicación:

107) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar un nuevo párrafo I que contiene los Artículos 13-A, 13-B, 13-C, 13-D, 13-E, y 13-F nuevos que son del siguiente tenor:

“Párrafo 4° Del Marco Nacional de Cualificaciones

Artículo 13-A.- El Sistema Nacional de Educación Superior deberá potenciar y facilitar la articulación entre los distintos niveles que lo conforman. Para ello se establecerá un Marco Nacional de Cualificaciones (en adelante, el “Marco”), que es un instrumento que permite clasificar las cualificaciones, entendidas estas como conocimientos, habilidades y competencias de los distintos ciclos formativos en un continuo de niveles.

En particular, el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior favorecerá un Sistema de Educación Superior coherente y transparente, que se encuentre articulado y que promueva la pertinencia de los perfiles de egreso de acuerdo a los requerimientos del medio social y laboral.

Artículo 13-B.- Las certificaciones o credenciales formales existentes en el Sistema de Educación Superior, correspondientes a títulos de técnico de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 18.962, son las siguientes:

a) Técnico de Nivel Superior: Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra conocimientos teóricos generales y conocimientos prácticos especializados de un área específica de trabajo; habilidades de análisis crítico, discriminación y selección de soluciones conocidas a problemas en contextos delimitados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas específicas de su área de trabajo.

b) Bachiller: Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra conocimientos teóricos y prácticos generales, de una disciplina o área disciplinar; habilidades de análisis crítico, discriminación y selección de soluciones conocidas a problemas en contextos delimitados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas básicas de su disciplina o área disciplinar.

c) Profesional de Aplicación: Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra conocimientos teóricos generales, conocimientos prácticos avanzados de una profesión y conocimientos generales de disciplinas afines; habilidades de análisis crítico y adaptación de soluciones para resolver problemas en contextos variados y conocidos; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en actividades de su profesión.

d) Licenciatura: Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra conocimientos teóricos y prácticos avanzados de una disciplina o área disciplinar y los conocimientos fundamentales de disciplinas afines; habilidades de reflexión e integración de información que le permiten emitir juicios fundamentados; y diseño de soluciones a problemas en contextos variados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas de investigación, procesos o proyectos en de su disciplina o área disciplinar.

e) Profesional Avanzado: Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra conocimientos teóricos y prácticos avanzados de una disciplina o área disciplinar que está a la base de una profesión y conocimientos fundamentales de las disciplinas afines; habilidades de reflexión e integración de información que le permiten emitir juicios fundamentados y diseño de soluciones a problemas en contextos variados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas de investigación, procesos o proyectos de su disciplina o área disciplinar que está a la base de su profesión.

f) Magíster: Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra conocimientos teóricos y prácticos especializados de una disciplina o profesión y los conocimientos fundamentales de las disciplinas afines; habilidades de evaluación e integración de información que le permiten conceptualizar, problematizar y emitir juicios fundamentados, y diseño de soluciones a problemas en contextos inciertos; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en actividades de investigación, innovación, o creación artística de su disciplina o profesión.

g) Doctorado: Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra conocimientos teóricos y prácticos especializados que se encuentran a la vanguardia de un área disciplinar y conocimientos avanzados de disciplinas afines; habilidades de evaluación e integración de información que le permiten conceptualizar, problematizar y emitir juicios fundamentados; diseño de soluciones a problemas en contextos inciertos; y de generación de conocimiento que contribuya al avance de un área disciplinar; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en investigación, innovación o creación artística de su área disciplinar.

Artículo 13-C.- Un reglamento del Ministerio de Educación establecerá el Sistema Nacional de Créditos Académicos Transferibles, cuya unidad de medida serán los Créditos Académicos Transferibles (en adelante “SCT”), que racionalizarán y distribuirán el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios. Esta unidad considerará el tiempo que requiere cada estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje vinculadas a los conocimientos, habilidades y competencias esperados. Con este sistema se favorecerá la movilidad estudiantil y la homologación de planes y programas similares.

Artículo 13-D.- Este Marco contempla 5 niveles de cualificación para la Educación Superior, que agrupan las certificaciones que entrega el Sistema de Educación Superior de nuestro país. Estos niveles se organizarán de acuerdo a la complejidad de los conocimientos, habilidades y competencias que se espera que un graduado obtenga luego de haber cursado una certificación.

El nivel 1 corresponde a una formación inicial que contiene certificaciones de Bachiller y Profesional Técnico, la primera orientada al ámbito académico y la segunda al desempeño en el ámbito laboral y productivo, con cualificaciones equivalentes. La duración de este nivel para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje esperados será de a lo menos 120 SCT.

El nivel 2 corresponde a una formación caracterizada por cualificaciones orientadas a la aplicación práctica de conocimientos. Este nivel contiene la certificación de Profesional de Aplicación, la cual estará orientada al ejercicio profesional. Las cualificaciones de este nivel, habilitan para continuar estudios en el nivel 4. La duración de este nivel para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje esperados será de a lo menos 180 SCT.

El nivel 3 corresponde a una formación que se caracteriza por cualificaciones orientadas al conocimiento teórico y metodológico de una disciplina o profesión. Este nivel contiene las certificaciones de Licenciatura y Profesional Avanzado, la primera orientada al ámbito académico y la segunda al ejercicio profesional, con cualificaciones equivalentes que habilitan para continuar estudios en nivel 4 y 5. La duración de este nivel para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje esperados será de a lo menos 240 SCT, en el caso de la certificación de Licenciatura, y de 300 SCT, para la certificación de Profesional Avanzado.

El nivel 4 corresponde a una formación caracterizada por la especialización de las cualificaciones en un área específica. En este nivel está contenida la certificación de Magíster. La duración de este nivel para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje esperados será de a lo menos 60 SCT.

El nivel 5 corresponde al más alto nivel de cualificación, en el que está contenido la más alta certificación que otorga el Sistema de Educación Superior del país, correspondiente al grado académico de Doctorado. La duración de este nivel para el cumplimiento de los resultados de aprendizaje esperados será de a lo menos 240 SCT.

Artículo 13-E.- La Subsecretaría de Educación Superior administrará su diseño e implementación, así como también su revisión y actualización, que deberá realizarse cada cinco años. Para esto último, deberá al menos consultar a las instituciones de educación superior, colegios profesionales debidamente formalizados, expertos nacionales e internacionales y al sector productivo en los casos pertinentes.

El Marco que establecerá la Subsecretaría deberá contemplar al menos:

a) Los desempeños correspondientes a cada uno de los niveles de cualificación.

b) Los desempeños correspondientes a cada una de las certificaciones.

c) Los tiempos requeridos para el logro de los desempeños de cada certificación, expresados en un Sistema Nacional de Créditos Académicos Transferibles.

Artículo 13-F.- La Subsecretaría elaborará planes de articulación entre la enseñanza media técnico profesional y las certificaciones impartidas en los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales cada 5 años, de tal modo de promover la eficiente continuidad de estudios de los estudiantes. Para ello, las Instituciones de Educación Superior utilizaran el Sistema Nacional de Créditos Académicos Transferibles para valorar y convalidar los cursos de enseñanza media técnico profesional.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible, en conformidad al artículo 65, incisos tercero y cuarto, N° 2 de la Constitución Política de la República.

Los diputados en forma transversal manifestaron la necesidad de contar con un Marco Nacional de Cualificaciones.

La Subsecretaria Quiroga expresó que todos comparten la opinión de que Chile a esta altura del desarrollo debió haber contado con un Marco Nacional de Cualificaciones, que puede tener diversos propósitos, diversas concepciones de origen y formas de uso, tal como lo demuestra la legislación comparada. Sin embargo, han aprendido como Ministerio que estos instrumentos deben ser fruto de consensos sociales y actualmente se carece de madurez para instalar un Marco, aun cuando comprenden que los artículos transitorios que se proponen no son suficientes.

TÍTULO III DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Párrafo 1° De la Superintendencia de Educación Superior

Artículo 14, que ha pasado a ser 17

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 14, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Girardi, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Artículo 15, que ha pasado a ser 18

Se presentaron las siguientes indicaciones:

108) De los diputados Provoste y Morano para introducir las siguientes modificaciones al artículo 15:

a) Para suprimir, en el artículo 15, la expresión “Asimismo,” luego del punto seguido, y a continuación de la palabra “corresponderá”, agregar la palabra “también”.

b) Para luego del punto final, que pasa a ser seguido, agregar la siguiente frase: “Asimismo, le corresponderá fiscalizar el mantenimiento de las condiciones materiales y cumplimiento de requisitos que dieron origen al reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior sometidas a su supervigilancia.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó compartir el fondo de la indicación, pero no la forma, en el sentido de que el artículo 16 establece la normativa particular que debe cumplir la Superintendencia, y en su letra b) se consagra su contenido.

La diputada Provoste se mostró de acuerdo en trasladar la letra b) de su indicación a la letra b) del artículo 16.

Puestos en votación conjunta el artículo 15 y la letra a) de la indicación, resultaron aprobados por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 16, que ha pasado a ser 19

Se presentaron las siguientes indicaciones:

109) Del diputado Robles para modificar el artículo 16 del siguiente modo:

a) Para agregar en la letra a) después de la voz “directivas” la expresión “o de administración”.

110) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar en el literal a) del artículo 16, a continuación de la palabra “directivas” la expresión “superiores”.

La Subsecretaria Quiroga pidió trasladar la discusión de las indicaciones 109 y 100 al artículo 69.

Se acordó por unanimidad de los diputados presentes, incorporar la frase: “de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69” a continuación del vocablo superiores de la indicación 110), quedando la letra a) con la siguiente redacción:

“a) Fiscalizar que las instituciones de educación superior, sus organizadores, controladores, miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales y quienes ejerzan funciones directivas superiores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69, según corresponda, cumplan con las normas aplicables vigentes”

Puestas en votación conjunta las indicaciones 109) y 110) con la modificación acordada, resultaron aprobadas por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Jackson, Poblete, Provoste, Robles, Vallejo y Venegas (8-0-0).

110 bis) De la diputada Provoste para agregar en el artículo 16, letra b), luego de la palabra “mantenimiento” la siguiente frase: “de las condiciones materiales y cumplimiento.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la legislación vigente, en la ley General de Educación y en la ley N° 20.800, ya contiene lo que propone la indicación.

Puesta en votación resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo, y se abstuvieron los diputados Bellolio, Jackson y Vallejo (5-0-3).

110 ter) De la diputada Girardi para agregar después del punto aparte que pasa a ser seguido en la letra b) del artículo 16, lo siguiente:

“Asimismo, que cuenten con las condiciones necesarias en caso de ampliación de matrícula.”.

Puesta en votación resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, Poblete, Provoste, Robles y Vallejo. En contra votó el diputado Bellolio, y se abstuvieron los diputados Jackson y Venegas (5-1-2).

111) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar el punto aparte del literal b), pasando a ser coma, y a continuación, agregar la siguiente frase: “sin perjuicio de las atribuciones en materia académica que sean propias de otros organismos del Sistema.”.

La Subsecretaria Quiroga se mostró a favor de la indicación.

El Asesor señor Espinoza expresó que se deben separar las ideas, ya que una cosa es lo que hace la Superintendencia en materia de reconocimiento oficial, y otra distinta, lo que hacen otros organismos, por ejemplo, CNED con el licenciamiento, siendo claro que la Superintendencia no se involucrará en materias académicas.

Puesta en votación resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas, y se abstuvo el diputado Jackson (6-0-1).

112) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar el literal f) por el siguiente:

f) “Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los compromisos asumidos con los estudiantes, teniendo en consideración los mecanismos contemplados en la letra f) del artículo 4 de la presente ley.”.

113) De los diputados Boric, Jackson, Mirosevic, Vallejo y González para reemplazar la letra f) del artículo 16, por la siguiente:

“f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades del servicio convenido con las y los estudiantes”.

114) Del diputado Robles para reemplazar en la letra f) la frase “conforme a los compromisos académicos asumidos” por la de “del servicio convenido”.

115) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar en el literal f) del artículo 16 la expresión “conforme a los compromisos académicos asumidos con las y los estudiantes” por “asumidos con los estudiantes en virtud del contrato de prestación de los servicios educativos respectivos.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que las indicaciones 112) a 115) restringen el concepto de compromisos académicos, ya que éstos incorporan los actos convenidos entre los estudiantes y las instituciones, además de otros, como los reglamentos. Los compromisos académicos se encuentran definidos en la ley N° 20.800 e incluyen los contratos o convenios.

Por acuerdo unánime de la Comisión se consensuó la siguiente redacción de la letra f):

“f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los términos, condiciones y modalidades conforme a los servicios convenidos y demás compromisos académicos asumidos con las y los estudiantes.”.

Puesta en votación la letra f), en su nueva redacción, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Poblete, Provoste, Jackson, Robles Vallejo y Venegas (8-0-0).

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente, en uso de sus facultades, no puso en votación por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las indicaciones 112), 113), 114) y 115).

115 bis) De los diputados Girardi, Provoste y Robles para agregar en la letra f) del artículo 16, luego del punto aparte que pasa a ser seguido la frase: “incluyendo la restricción de aumentar los aranceles más allá de la variación del índice de precio al consumidores.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

117 bis) Los diputados Bellolio, Edwards y Gahona reformularon las indicaciones 116) y 117) de la siguiente forma:

a) Reemplazar en la letra i) del artículo 16, la frase: “con que éstos realicen operaciones, de conformidad a lo establecido en el párrafo 7°” por la frase: “relacionados con que realicen operaciones”.

2) Para incorporar en las letras i) y j) el siguiente párrafo segundo:

“Aquellos terceros señalados en el párrafo anterior a los que la Superintendencia requiera antecedentes o informaciones resguardados por el secreto bancario podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva que se deje sin efecto total o parcialmente dicho requerimiento en caso que le irrogue perjuicio y siempre que esto no se utilice para entorpecer el procedimiento.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación complementa el proyecto de ley.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (8-0-0).

118) De los diputados Girardi y González para sustituir en la letra p) del artículo 16, la palabra “vigilar” por las siguientes palabras: “supervisar y controlar”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que supervisar es un verbo más débil que vigilar, además, de que el control del sistema no es función de la Superintendencia.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votó el diputado González, y en contra votaron los diputados Edwards, Jackson, Poblete y Vallejo (1-4-0).

119) De los diputados Robles, Vallejo y González para agregar un nuevo inciso final, del siguiente tenor:

“No obstante, respecto de las instituciones de educación superior estatales, en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia deberá abstenerse de intervenir en asuntos de competencia de la Contraloría General de la República, según lo establecido en los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de dicha entidad contralora.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que el Ejecutivo comparte la idea de no colisión de funciones entre los órganos del Estado, pero esa discusión debe darse en el proyecto sobre universidades estatales y no en esta iniciativa.

Puesta en votación, resultó rechazada por unanimidad de votos de los diputados González, Edwards, Jackson, Poblete y Vallejo (0-5-0).

El Presidente, en uso de sus facultades, no puso en votación por ser contradictorias con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes indicaciones:

116) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar al literal i) del artículo 16 el siguiente párrafo segundo nuevo:

“En el ejercicio de esta facultad, las personas naturales y los terceros a los que la Superintendencia pudiere irrogar perjuicio, podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva dejar sin efecto total o parcialmente el respectivo requerimiento de examen, siempre que esto no se utilice para entorpecer un procedimiento.”.

117) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar al literal j) del artículo 16 el siguiente párrafo segundo nuevo:

“En el ejercicio de esta facultad, las personas naturales y los terceros a los que la Superintendencia pudiere irrogar perjuicio, podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva dejar sin efecto total o parcialmente el respectivo requerimiento de examen, siempre que esto no se utilice para entorpecer un procedimiento.”.

Puesto en votación el artículo 16, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 17, que ha pasado a ser 20

Se presentó la siguiente indicación:

120) De la diputada Vallejo para incorporar en el artículo 17 los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Cualquier persona podrá denunciar ante la Superintendencia hechos que puedan constituir infracciones a la normativa vigente en materia de Educación Superior. En el evento que producto de una denuncia se iniciare un procedimiento administrativo sancionador, la o el denunciante tendrá para todos los efectos legales la calidad de interesado en el precitado procedimiento, salvo que la denuncia fuere anónima conforme al inciso final del artículo 40.

Sólo podrán reclamar ante la Superintendencia las personas interesadas o directamente afectadas por una institución de educación superior, o bien, por sus mandatarios o representantes legales debidamente habilitados y acreditados.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación el artículo 17, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

Artículo 18, que ha pasado a ser 21

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 18, resultó aprobado por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (10-0-0).

Artículo 19, que ha pasado a ser 22

Se presentó la siguiente indicación:

121) De los diputados Provoste y Morano para introducir las siguientes modificaciones al artículo 19:

a) Para reemplazar, en el inciso primero, la frase “cualquier día hábil en horario laboral”, por la frase “en cualquier día y hora”.

b) Para agregar un nuevo inciso final, en el siguiente tenor:

“Podrán contemplarse todos los mecanismos legales que aseguren eficiencia y transparencia de la fiscalización, sean estos materiales o inmateriales, presenciales o tecnológicos.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso cuarto N° 2.

Puesto en votación el artículo 19, resultó aprobado por unanimidad de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi González, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo nuevo

Se presentó la siguiente indicación:

121 bis) De los diputados Boric, Jackson y Mirosevic para agregar el siguiente artículo 19 bis.

“Artículo 19 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la Superintendencia de Educación fiscalizará periódicamente la ejecución presupuestaria de aquellas instituciones de educación superior que reciban fondos públicos en orden a lo establecido en las letras c) y d) del artículo 16 de la presente ley.

Para efectos de lo señalado en el inciso precedente, la Superintendencia creará una unidad administrativa especializada de monitoreo que utilizará sistemas de seguimiento web instantáneo.”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso cuarto, N° 2.

Párrafo 2° De la organización de la Superintendencia

Artículo 20, que ha pasado a ser 23

Se presentó la siguiente indicación:

122) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para reemplazar en el artículo 20 la expresión “será nombrado por el Presidente o Presidenta de la República de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.882” por “será nombrado por el Presidente de la República mediante el proceso de selección de altos directivos públicos previstos en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882, y deberá ser ratificado por al menos dos tercios de los senadores en ejercicio.”.

Puesta en votación resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards, Gahona. En contra votaron los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (3-7-0).

Puesto en votación el artículo 20, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas. Se abstuvieron los diputados Bellolio, Edwards, Gahona (7-0-3).

Artículo 21, que ha pasado a ser 24

Se presentaron las siguientes indicaciones:

123) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar, en los literales a), b) y c), del artículo 21, la frase “doce meses”, por la frase “veinticuatro meses”.

La Subsecretaria Quiroga planteó que el Ejecutivo fundó el plazo de la letra a) en 12 meses anteriores a la postulación del cargo de Superintendente, en una recomendación que realizó la Comisión Engel (Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción).

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas, y en contra votaron los diputados Bellolio y Edwards (7-2-0).

124) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar en el artículo 21 el siguiente literal e) nuevo:

“e) Quienes ejerzan labores docentes en alguna de las instituciones de educación superior sujetas a su fiscalización.”.

La Subsecretaria Quiroga se mostró de acuerdo con la indicación, pese a que en el artículo 29 ya se recoge su contenido.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Puesto en votación el artículo 21, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 22, que ha pasado a ser 25

Se presentaron las siguientes indicaciones:

125) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para:

a) Agregar en el literal f) del artículo 22, a continuación de la expresión “Instituciones de educación superior” la frase “, en materias propias de sus competencias”.

b) Sustituir en la letra m) del artículo 22 la expresión “h), j) y k)” por “b), f), h), i), j) y k)”.

La Subsecretaria Quiroga se mostró de acuerdo con la indicación y aclaró que si bien se pueden delegar funciones, la responsabilidad es indelegable. Además, precisó que es función de la Subsecretaria la coordinación del Sistema.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

125 bis) De la diputada Girardi para modificar la letra g) intercalando la palabra “fiscalizadora” entre “labor” y “de”.

Puesta en votación resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

125 ter) De la diputada Girardi para agregar una nueva letra n), pasando la actual letra n) a ser o), del siguiente tenor:

“n) Proponer, en su caso, la revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior.”.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación el artículo 22, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Robles, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 23, que ha pasado a ser 26

Se presentó la siguiente indicación:

126) De la diputada Vallejo para introducir en el artículo 23 el siguiente inciso final:

“El Superintendente, con la finalidad de asegurar el buen servicio, podrá determinar una dotación mínima proporcional de fiscalizadores en relación al número de instituciones de educación superior sujetas a fiscalización. Asimismo, podrá determinar la dotación mínima de instructores en función proporcional al flujo de procedimientos sancionatorios instruidos anualmente por la Superintendencia.”

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la Rrepública. Solicitada la votación de la inadmisibilidad por la diputada Vallejo se mantuvo inadmisible por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo 23, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 24, que ha pasado a ser 27

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 24, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, González, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 25, que ha pasado a ser 28

Se presentó la siguiente indicación:

127) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 25, el guarismo “7”, por: “10”.

El Presidente, en uso de sus facultades, la declaró inadmisible en conformidad al artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República.

Puesto en votación el artículo 25, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, Gahona, González, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 26, que ha pasado a ser 29

Se presentó la siguiente indicación:

128) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar al artículo 26 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser final:

“Las instituciones de educación superior podrán pedir a la justicia ordinaria la declaración de secreto de ciertos documentos y antecedentes, ante lo cual el personal de la Superintendencia sólo podrá acceder a ellos previa autorización judicial.”.

Los autores de la indicación, la reformularon eliminando la siguiente frase: “, ante lo cual el personal de la Superintendencia sólo podrá acceder a ellos previa autorización judicial.”.

Puesta en votación la indicación reformulada, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Bellolio, Edwards y Gahona, y en contra votaron los diputados Girardi, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (3-5-0).

Puesto en votación el artículo 26, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Artículo 27, que ha pasado a ser 30

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 27, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Artículo 28, que ha pasado a ser 31

Se presentó la siguiente indicación:

129) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para eliminar en el artículo 28 la expresión “, salvo labores docentes en los términos del artículo 8° de la ley N° 19.863, caso en el que no podrá ejercer funciones de fiscalización y supervisión respecto a la institución de educación superior en que realiza las actividades docentes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente respecto de los cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos.”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que el artículo dice relación con el derecho de los funcionarios públicos a realizar clases, sin perjuicio, de que se tiene un número limitado de horas para destinar a la docencia.

El diputado Bellolio expresó que la indicación no pretende que todo el personal que trabaje en la Superintendencia no pueda ejercer labores docentes, sino solo aquellos que realizan labores de fiscalización, ya que no se puede ser juez y parte a la vez.

Puesta en votación, resultó aprobada por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi y Venegas. En contra votaron los diputados Jackson, Poblete y Vallejo (5-3-0).

Puesto en votación el artículo 28, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Girardi, Jackson y Venegas. En contra votó el diputado Poblete, y se abstuvo la diputada Vallejo (6-1-1).

Artículo 29, que ha pasado a ser 32

Se presentó la siguiente indicación:

130) De los diputados Provoste y Morano para eliminar en el artículo 29, la frase “que ejerza cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, y”.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votó el diputado Edwards, y en contra votaron los diputados Bellolio, Gahona, Girardi, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (1-7-0).

Puesto en votación el artículo 29, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 30, que ha pasado a ser 33

Se presentaron las siguientes indicaciones:

131) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para eliminar en el artículo 30 la expresión “exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que esta norma está presente en la normativa de las Superintendencias, que como todo servicio público se encuentran sujeta al control de la Contraloría General de la República en todos sus actos administrativos, lo que no obsta a que cualquier persona que se sienta afectada por un acto de ésta, recurra a dicho Órgano Contralor o los Tribunales de Justicia. Destacó que se plantea evitar conflictos de competencias, contando la Superintendencia la facultad dictaminadora, sin perjuicio, de que con posterioridad intervenga la Contraloría.

El Asesor señor Espinoza expresó que un reciente fallo de la Corte Suprema se declaró que es legal que el poder legislativo limite las funciones de la Contraloría General de la Republica, y con este artículo se pretende evitar contiendas de competencias y que terminen los tribunales de justicia decidiendo al respecto, evitando que otros órganos se inmiscuyan en materias educacionales propiamente tales. Además, ya existe esta norma en la Superintendencia de Educación Escolar, el Ministerio Público, Superintendencia de AFP, entre otras.

131 bis) De los diputados Girardi, Provoste y Venegas para eliminar en el artículo 30 la expresión “exclusivamente”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Provoste Vallejo y Venegas (9-0-0).

El Presidente de la Comisión, en uso de sus facultades, no puso en votación la indicación 131) por ser contradictoria con las ideas ya aprobadas del proyecto de ley, en conformidad al inciso segundo del artículo 296 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Puesto en votación el artículo 30, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 31, que ha pasado a ser 34

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 31, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards Girardi, Gahona, Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Párrafo 3° De la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo 32, que ha pasado a ser 35

Se presentaron las siguientes indicaciones:

132) De los diputados Provoste y Morano para agregar un nuevo inciso segundo en el artículo 32, pasando el actual inciso segundo a ser el inciso tercero, del siguiente tenor:

“Se considerará que existe viabilidad financiera, cuando el conjunto de factores económicos y técnicos no pone en riesgo el proyecto educativo de la respectiva institución de educación superior tienen coincidencia con las respectivas proyecciones y fuentes de financiamiento de la misma, sin que exista riesgo de insolvencia que provoque la desatención de los fines propios de la institución, sin perjuicio de las demás normas legales, reglamentarias y normas de carácter general que se dicten al efecto.”.

La diputada Provoste expresó que el Ejecutivo liga la viabilidad financiera solo con indicadores de riesgo, lo que no es correcto.

133) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar en el artículo 32 el siguiente inciso final nuevo:

“Para efectos de supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, la Superintendencia deberá considerar las características específicas de cada proyecto, los planes de inversión y cualquier otro elemento que justifique que sus indicadores de riesgo difieran de los establecidos en la norma de carácter general a que se refiere el inciso anterior.”.

El diputado Bellolio expresó que la viabilidad financiera debe ser objetiva y no dejada al criterio de una de las partes. Debe ser una definición amplia.

133 bis) Se presentó una nueva indicación de los diputados Bellolio, y Provoste y Venegas para agregar los siguientes incisos nuevos:

“La Superintendencia deberá supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, y que los recursos y condiciones financieras de éstas les permitan el cumplimiento de sus fines.

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia podrá determinar, mediante norma de carácter general, condiciones e indicadores de riesgo, como referencia para las instituciones en dicha materia. En el ejercicio de esta función, la Superintendencia podrá hacer recomendaciones a las instituciones en materias relacionadas con este artículo, sin perjuicio de las atribuciones de la ley N° 20.800.

“Se considerará que existe viabilidad financiera, cuando los resultados y proyecciones económicas, así como las fuentes de financiamiento de la institución de educación superior, son suficientes y realistas, y no ponen en riesgo el proyecto educativo ni desatienden los fines propios de la misma, sin perjuicio de las demás normas legales, reglamentarias y normas de carácter general que se dicten al efecto.

Para efectos de supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior, la Superintendencia deberá considerar las características específicas de cada proyecto, los planes de inversión y cualquier otro elemento que justifique el riesgo asociado a sus decisiones estratégicas.”.

Explicaron sus autores que tiene por objeto consensuar y armonizar el texto de las indicaciones 132) y 133), las que fueron retiradas por sus autores.

Puesta en votación conjunta la indicación con el artículo 32, resultaron aprobados por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Farcas (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Artículo 33, que ha pasado a ser 36

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 33, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Farcas (en reemplazo de González) Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Artículo 34, que ha pasado a ser 37

Se presentaron las siguientes indicaciones:

-Del Ejecutivo al artículo 34 para reemplazar, en su inciso final, la frase “la información señalada en las letras a) y c) deberá enviarse de forma anual a la Superintendencia”, por “la información señalada en las letras a), c) y d) deberá enviarse, al menos, de forma anual a la Superintendencia”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (5-0-0).

134) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 34, en el literal a), a continuación del punto aparte la siguiente frase: “En cumplimiento de la presente obligación, la forma, contenido y oportunidad de la presentación de los estados financieros, se regirá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la ley N° 18.046.”.

La indicación fue retirada por su autora.

135) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para agregar en el literal b) del artículo 34, a continuación de la expresión “directivas” la palabra “superiores”.

La Subsecretaria Quiroga expresó que la indicación debe verse en el artículo 69.

Se acordó por unanimidad de los diputados presentes, agregar “, en conformidad al artículo 69”, a continuación de la palabra “directivas” que propone la indicación.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Farcas (en reemplazo de González) Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

136) De la diputada Girardi para eliminar en el artículo 34 letra e), la expresión: “igual o superior al 10%”.

La diputada Provoste expresó que la indicación apunta en la línea de la transparencia y solo implica entregar mayor información de parte de las instituciones.

Puesto en votación, resultó aprobada por mayoría de votos de los diputados Farcas (en reemplazo de González) Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas. En contra votó el diputado Bellolio (6-1-0).

137) De la diputada Vallejo para reemplazar en el inciso final las palabras “en las letras a) y c)” escritas después de las palabras “la información señalada”, por la siguiente frase: “en este artículo”.

La indicación fue retirada por su autora.

Puesto en votación el artículo 34, resultó aprobado por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas. Se abstuvieron los diputados Bellolio y Farcas (en reemplazo de González) (5-0-2).

Posteriormente, se reabrió el debate y se aprobó por unanimidad la siguiente indicación:

138) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 35 un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor:

“La Superintendencia deberá incorporar y mantener al menos la siguiente información:

g) Información entregada en cumplimiento de las obligaciones que contemplan los artículos 4, 5, 6 y 7 del decreto N° 180, de 1987, del Ministerio de Hacienda, por las instituciones de educación que correspondan.

h) Información entregada por las instituciones de educación superior estatales, en cumplimiento del artículo 50 de la ley N° 18.591.

Artículo 35, que ha pasado a ser 38

Se presentaron las siguientes indicaciones:

138) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 35 un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor:

“La Superintendencia deberá incorporar y mantener al menos la siguiente información:

a) La que remitan las instituciones de educación superior a la Superintendencia en virtud del artículo 34 de la presente ley.

b) La entregada en cumplimiento de las obligaciones que contemplan los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del decreto N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda por las instituciones de educación que correspondan.

c) La entregada por las instituciones de educación superior estatales, en cumplimiento del artículo 50 de la ley N°18.591.

d) Toda otra información relevante que la Superintendencia en ejercicio de sus competencias considere relevante para el adecuado cumplimiento de sus fines. Asimismo, la información que encomienden las normas legales y reglamentarias.”.

El diputado Bellolio expresó que más regulación no significa una mejor calidad, sin perjuicio de que la letra d), a su juicio, es excesiva.

El Asesor señor Espinoza propuso agregar en el artículo 34 las letras b) y c) de la indicación.

La Comisión acordó por unanimidad de votos reabrir el debate del artículo 34, en conformidad al inciso segundo del artículo 210 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de votar las letras b), c) y d) de la indicación 138).

La letra a) no se puso en votación por cuanto la indicación se trasladó al artículo 34.

Puestas en votación la letras b) y c) para ser agregadas como nuevas letras g) y h) al artículo 34, respectivamente, resultaron aprobadas por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Farcas (en reemplazo de González) Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Puesta en votación la letra d) para ser agregada como una nueva letra al artículo 34, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votaron los diputados Girardi, Farcas (en reemplazo de González) y Provoste. En contra votaron los diputados Bellolio, Poblete y Venegas, y se abstuvieron los diputados Jackson y Vallejo (3-3-2).

Puesto en votación el artículo 35, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Girardi, Farcas (en reemplazo de González) Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 36, que ha pasado a ser 39

Se presentaron las siguientes indicaciones:

140) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 36, después del punto aparte del literal d), la siguiente frase:

“f) Asimismo, estarán disponible a solicitud de público, todo antecedente previo a la sanción propiamente tal, como el expediente, descargos, informes o pruebas, decisión final, entre otros. Para el cumplimiento del presente inciso deberán observarse especialmente los artículos 5, 10, 11 y 21 de la ley N° 20.285.”.

140 bis) La diputada Provoste reformuló su indicación de la siguiente forma: para incorporar una nueva letra f) del siguiente tenor:

“f) Todos los antecedentes que refieran a la sanción propiamente tal, como el expediente, descargos, informes o pruebas, decisión final, entre otros. Para su cumplimiento, deberán observarse especialmente los artículos 5, 10, 11 y 21 de la ley N° 20.285.”.

Puestas en votación conjunta la indicación y el artículo 36, resultaron aprobados por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Farcas (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Párrafo 4° De la atención de reclamos y denuncias

Artículo 37, que ha pasado a ser 40

No se presentaron indicaciones.

Puesto en votación el artículo 37, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Farcas (en reemplazo de González), Jackson, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (9-0-0).

Artículo 38, que ha pasado a ser 41

Se presentó la siguiente indicación:

141) De los diputados Provoste y Morano para reemplazar en el artículo 38 el inciso final por el siguiente:

“Recibido el reclamo, la Superintendencia decidirá la admisibilidad del reclamo o denuncia en el plazo máximo de 10 días. Asimismo, podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de treinta días hábiles.”.

La indicación fue retirada por sus autores.

Puesto en votación el artículo 38, resultó aprobado por unanimidad de votos de los diputados Bellolio, Edwards, Girardi, Farcas (en reemplazo de González), Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (8-0-0).

Artículo 39, que ha pasado a ser 42

Se presentaron las siguientes indicaciones:

142) De los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Gutiérrez y Hoffmann para eliminar en el inciso segundo del artículo 39 la expresión “en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto”.

El diputado Bellolio expresó que una mediación supone la existencia de un tercero no involucrado con alguna de partes, y sin la indicación, será el funcionario de la Superintendencia quien propondrá las bases de arreglo, afectando la imparcialidad.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. A favor votó el diputado Bellolio, y en contra votaron los diputados Girardi, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (1-5-0).

143) De los diputados Provoste y Morano para agregar en el artículo 39 como nuevo inciso final, el siguiente:

“La Superintendencia, con motivo de mediación, reclamo o denuncia, podrá oficiar a cualquiera de los entes que forman parte del Sistema para informar, solicitar antecedentes o pedir que se incorporen a dichos procedimientos con el fin de propender a la coordinación para el esclarecimiento y solución de la eventual controversia.”.

Puesta en votación, resultó aprobada por unanimidad de votos. Se pronunciaron a favor los diputados Bellolio, Gahona, Girardi, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas (7-0-0).

Puesto en votación el artículo 39, resultó aprobado por mayoría de votos de los diputados Girardi, Poblete, Provoste, Vallejo y Venegas, y se abstuvieron los diputados Bellolio y Gahona (5-0-2).

Artículo 40, que ha pasado a ser 43

Se presentaron las siguientes indicaciones:

144) Del diputado Robles para modificar el artículo 40, del siguiente modo:

a) Para suprimir en su inciso primero la expresión “interesadas y”

b) Para suprimir la segunda parte del inciso segundo que se lee después del punto seguido, el que pasa a ser punto aparte.

Puesta en votación, resultó rechazada por mayoría de votos. En contra votaron los diputados Bellolio, Edwards, Gahona, Poblete, Vallejo y Venegas, y se abstuvieron las diputadas Girardi y Provoste (0-6-2).