MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE SE INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.

(BOLETÍN Nº 2589-05)

“Honorable Cámara de Diputados:

Las políticas macroeconómicas adoptadas y el mejoramiento del entorno internacional han permitido que la economía chilena haya experimentado una paulatina recuperación a contar del tercer trimestre de 1999. Durante el año 2000 esto se ha traducido en un crecimiento superior al proyectado al elaborarse el presupuesto del presente año, lo que, unido al compromiso del Gobierno de mantener el crecimiento del gasto público en un 3,3%, ha permitido avanzar en la normalización de las cuentas fiscales.

El presupuesto gubernamental para el año 2001 representa una oportunidad no sólo para completar la normalización de las finanzas públicas, sino para que los beneficios de la responsabilidad fiscal vayan siendo percibidos por la población, especialmente los más pobres.

Este es, precisamente, el criterio que el Gobierno ha seguido al elaborar el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el 2001. En este presupuesto, el primero de la actual administración, se refleja tanto la voluntad de actuar con responsabilidad en la conducción de la economía como la de avanzar decididamente en el cumplimiento de los objetivos de equidad, justicia y bienestar para todos los chilenos que forman parte fundamental del programa de Gobierno.

La recuperación del equilibrio en las finanzas públicas constituye una condición necesaria para el crecimiento económico en los próximos años. En el mundo de hoy los inversionistas valoran cada vez más la solidez de las cuentas fiscales al momento de tomar la decisión de invertir en un país. Mientras mayor sea la credibilidad de las autoridades económicas y menor sea el riesgo percibido por las instituciones financieras, menor será también el costo del crédito para financiar los proyectos de inversión que permitirán el crecimiento futuro de la actividad productiva y la generación de empleos.

Chile se ha destacado en los últimos años por su responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales. Los sostenidos superávit fiscales de la década de los noventa permitieron reducir el peso de la deuda pública desde un 47,2% del PIB en 1990 a un 14,2% en el 2000. Esto ha permitido que el costo del crédito para invertir en nuestro país sea sustancialmente menor al de otras economías emergentes, pero también ha permitido reasignar recursos desde el servicio de la deuda pública al gasto social y a la inversión pública.

El actual Gobierno se ha propuesto continuar y consolidar los avances logrados en este sentido. Esto ha llevado a mantener el crecimiento del gasto público en el 2000 dentro de los límites establecidos en la ley de presupuestos vigente y a financiar sus nuevas iniciativas mediante reasignaciones de recursos y un uso prudente de los fondos del Tesoro Público. Es así como puede proyectarse para fines del presente año una recuperación del equilibrio fiscal desde el déficit de 1,5% del PIB de 1999.

Las perspectivas del entorno macroeconómico para el 2001 son las más promisorias del último tiempo, tanto respecto del crecimiento de la actividad, como del mantenimiento de su estabilidad. Esta percepción se funda en la evolución que ha registrado la economía internacional, en la fortaleza del sistema financiero, en el comportamiento bajo control de la inflación, y en el impacto esperado de las medidas implementadas por el Gobierno y el Banco Central en agosto pasado.

Dentro de este contexto macroeconómico de renovada estabilidad es necesario considerar también que las medidas económicas de agosto tendrán su mayor impacto durante el próximo año. De este modo, se proyecta un crecimiento del producto en torno al 6,2% en el año 2001.

En este marco, el proyecto de ley de Presupuestos del 2001 contribuye a afianzar la estabilidad y el mayor dinamismo de la economía permitiendo avanzar simultáneamente tanto en el logro de los objetivos de la política fiscal como en la implementación del programa de Gobierno. Este primer Presupuesto que someto a vuestra consideración entrega señales claves sobre las nuevas prioridades y genera espacio para la inversión y la generación de empleos a través de reglas y señales claras.

En efecto, el presupuesto incorpora un cambio de mayor relevancia en cuanto a la conducción de la política fiscal al haber sido diseñado para alcanzar un superávit estructural del 1%. Para cumplir con dicha meta, este proyecto de ley compromete para el año 2001 un crecimiento del gasto con efecto macroeconómico de 5% real.

El diseño de la política fiscal es, sin duda, un elemento central en la generación de condiciones estructurales para un crecimiento sostenido en el tiempo. Por esta razón, el presupuesto del 2001 incluye significativos avances en la transparencia de la política fiscal, la eficiencia en la asignación y uso de los recursos y en la eficiencia de la gestión financiera del Estado. Asimismo, el nuevo diseño de la política es fundamental para movilizar los recursos destinados al cumplimiento del programa de Gobierno en un período de seis años y generar un horizonte estable de planificación para las instituciones. Para lograr estos objetivos el Balance Estructural aísla el efecto del ciclo económico sobre los agregados fiscales.

La decisión de orientar dicha política para mantener un superávit estructural de 1% cambia de manera fundamental la relación entre la política monetaria y la política fiscal generando una mayor certidumbre sobre el comportamiento de las finanzas públicas, lo que permite que la política monetaria se concentre en estabilizar la evolución del gasto privado. Dicha certidumbre resulta igualmente provechosa para los demás agentes económicos que pueden así tomar sus decisiones en un marco de mayor estabilidad y transparencia.

Los elementos de la política fiscal antes descritos se compatibilizan en el presupuesto que se propone con las prioridades y obligaciones asumidas por el Gobierno en orden a procurar una superación de los problemas que afectan a importantes sectores del país, especialmente a aquellas que presentan una mayor insatisfacción de sus principales necesidades, avanzando al mismo tiempo en la aplicación de reformas profundas en áreas tan importantes como la educación y la justicia. Paralelamente, se continúa con niveles de inversión equilibrados con las disponibilidades y con mayor impacto en la generación de empleos.

En materia de ingresos, los montos estimados que se proponen guardan debida relación con los lineamientos y objetivos generales antes reseñados, incorporando en su definición los efectos de las modificaciones legales que incidirán en la anualidad, especialmente las relativas a los impuestos que gravan el comercio exterior, como también aquellos que se derivan de acuerdos comerciales suscritos con anterioridad.

Adicionalmente, se incorporan en las respectivas cuentas de ingreso, los resultados en términos de recaudación producto del comportamiento esperado del precio del cobre, del tipo de cambio y del crecimiento estimado para nuestra economía.

En materia de gastos, y en consonancia con las prioridades y obligaciones antes expuestas, la asignación de recursos se ha definido a través de una formulación presupuestaria sustentada en una revisión de aquellos egresos que históricamente han presentado un comportamiento inercial. Ello con el objetivo de generar las economías necesarias para solventar, iniciativas y programas de alto impacto fundadas adicionalmente, en las capacidades reales de ejecución eficiente por parte de los organismos públicos involucrados y en un uso más eficaz de los recursos disponibles.

A su vez, y con el objetivo de avanzar en la eficiencia en la asignación de recursos, las propuestas de nuevos programas e iniciativas y la ampliación de los existentes, fueron resueltas caso a caso, a través de un mecanismo de postulación para el conjunto de los organismos públicos. La distribución de los fondos disponibles para estos proyectos se resolvió sobre la base de sus objetivos y resultados esperados y su mayor impacto en la solución de las prioridades y obligaciones asumidas por el Gobierno que presido, especialmente en el ámbito social.

Como resultado del referido proceso, el proyecto de ley de presupuestos que propongo, aparte de continuar con el necesario énfasis en la inversión, tanto de los fondos regionales como de los sectoriales, en infraestructura, agua potable, telefonía y electrificación, rurales, y de los relativos a la superación de la marginalidad social y económica, incorpora programas específicos en el campo de la educación prebásica, salud de sectores vulnerables, reforzamiento de la salud primaria, participación ciudadana, desarrollo de potencialidades de la micro y pequeña empresa, y otros de similar naturaleza y orientación.

Como consecuencia de las orientaciones y criterios imprimidos a la formulación de los presupuestos institucionales, los servicios públicos contarán con autorizaciones de niveles de gastos vinculados estrictamente a sus metas y objetivos en cuya definición se ha privilegiado la inversión e iniciativas de mayor beneficio para los usuarios, con exigencias adicionales en la reducción de gastos operacionales y en el uso más eficiente y eficaz de los recursos financieros y materiales.

En lo que respecta a los artículos de la iniciativa, cabe señalar que estos presentan los alcances y contenidos que a continuación se describen sucintamente.

El artículo 1º, contiene el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos del Presu-puesto del Sector Público, que conforman los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 10.225.550 millones y de US$ 858 millones.

En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los servicios e instituciones que se proponen, se ha incorporado en el efecto año de los mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y en la presente y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en el artículo 1º.

El artículo 2º, incluye el cálculo de los ingresos generales de la Nación y la estimación de los programas de gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles de ingresos y gastos del orden de $ 8.234.038 millones y US$ 773 millones.

El artículo 3º tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para contraer obligaciones de carácter financiero en el exterior, hasta por el monto que se señala. Dadas las características de este tipo de operaciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que este artículo sea aprobado por el honorable Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 60, Nº 7 de la Constitución Política de la República.

Los siguientes artículos proponen disposiciones complementarias sobre materias de orden presupuestario, que no difieren sustancialmente de las aprobadas en la ley Nº 19.651, de presupuestos para el presente año.

El artículo 4º establece limitaciones al gasto en cuanto a que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley, para esos fines.

Los artículos 5º y 6º fijan, al igual que en años anteriores, los procedimientos de identificación de estudios y proyectos de inversión a que deben someterse los servicios e instituciones, como también se anticipa la oportunidad en que pueden ser llamados a propuesta agilizando de tal manera su concreción.

El artículo 7º tiene como objetivo posibilitar el resguardo del interés fiscal, al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos, información sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda.

El artículo 8º otorga facultad a los organismos y servicios públicos para aceptar y recibir donaciones en determinadas condiciones, y su incorporación presupuestaria para el cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

El artículo 9º prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se señalan.

El artículo 10 somete a autorización previa de la cartera de Hacienda aquellas operaciones que consigna, las que, como consecuencia de sus formas de pago diferido, comprometen recursos para ejercicios futuros, constituyéndose en limitante a la asignación de recursos en tales ejercicios.

El artículo 11 se refiere a las operaciones de adquisición de vehículos que deberán contar con autorización previa cuando su precio supere al que fije el antes señalado Ministerio.

Los artículos 12 al 14, establecen definiciones, limitaciones y normas respecto de dotaciones de vehículos, de personal y de gastos asociados a éste, para el año 2001, como también sobre el destino de las recuperaciones de subsidios por incapacidad laboral transitoria que efectúen los órganos y servicios públicos.

El artículo 15 mantiene el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2001 el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los artículos 16 y 17 disponen limitaciones o fiscalizaciones específicas, respecto de los gastos y entidades a que se refieren.

En el artículo 18 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar información relativa a la ejecución del presupuesto y copia de los balances y estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.

El artículo 19 consigna la normativa necesaria para continuar con la evaluación de programas, en los términos concordados durante la tramitación del presupuesto de los últimos años.

El artículo 20 dispone la obligación a los órganos y servicios públicos de proporcionar la información de sus objetivos, metas y resultados a través de un informe de las características y oportunidad que se indican, materia igualmente acordada en la instancia antes señalada.

Los artículos 21 y 22 tienen como propósito identificar los mecanismos reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 2001.

De acuerdo al plazo que establece la disposición constitucional señalada precedentemente, someto a vuestra consideración para ser tratado durante la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

I.- CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS.

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2001, según el detalle que se indica:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2001, a las Partidas que se indican:

II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario del año 2001, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1º, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no estén incluidas en esta ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del ministro del ramo respectivo.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley Nº 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para el ítem 53 “Estudios para Inversiones”.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2001, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2001, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2001, o se hubieren iniciado en 1998, 1999 y 2000, la suma de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se determinen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos de inversión correspondientes al año 2001, en el decreto de identificación que se dicte conforme al artículo 5º, se podrá incluir, además, programas, fechas y montos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas.

Artículo 7º.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de estos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, con copia a la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual.

Artículo 8º.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo Nº 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad donataria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al de las autorizaciones.

Artículo 9º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado, y para pactar en las compras que efectúen o en los contratos de inversión en obra determinada que celebren, incluyan o no la administración o mantención del bien y cualquiera que sea la denominación del contrato, el pago de todo o parte del valor, precio o renta en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario. Igual autorización requerirán para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9º del decreto ley Nº 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios, asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la presente ley.

El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834.

Artículo 14.- Las recuperaciones a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 18.768, que perciban los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley, constituirán ingresos propios y se incorporarán a sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2001 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al 2000, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569, de 1979 y en la ley Nº 19.229.

Artículo 16.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 17.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas.

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1º de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 19.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro.

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el programa a evaluar.

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y comple-mentarios que sea necesario efectuar.

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas a evaluar durante el año 2001; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán.

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida anualidad.

Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la ley Nº 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas y resultados de su gestión.

Para estos efectos, en el año 2001 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional.

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto Nº 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

Artículo 21.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 el decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8º y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del ministro de Hacienda. Las visaciones que correspondan por aplicación del artículo 13 de esta ley, serán efectuadas por el subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente.

Artículo 22.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2001, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3º y 5º y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5º.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda”.

?INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, RECAÍDO EN LA PARTIDA 08, MINISTERIO DE HACIENDA, DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.

BOLETÍN Nº 2.589-05.

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:

Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida relativa al Ministerio de Hacienda, propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001.

Con fecha 4 de Octubre del año en curso, vuestra Primera Subcomisión Especial con la asistencia de los HH. Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boeninger Kausel y los HH. Diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Pablo Galilea Carrillo, Tomás Jocelyn-Holt Letelier y Andrés Palma Irarrázaval, se constituyó, eligiendo como su Presidente, a la H. Senadora señora Evelyn Matthei Fornet.

Posteriormente el H. Senador señor Jovino Novoa Vásquez reemplazó al H. Diputado señor Claudio Alvarado Andrade.

A la sesión en que vuestra Subcomisión analizó la Partida en informe asistieron, además de sus miembros, los HH. Diputados señores Alejandro Navarro Brain y José Miguel Ortíz Novoa.

Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la participación de la señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner Brizzi y los Directores y Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Hacienda, o que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa Cartera de Estado y que se individualizarán oportunamente.

Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión, debidamente corregida de acuerdo con la modificación que ella acordó introducirle.

Asimismo se adjuntan como anexo de este informe la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de esta Partida, los que en un ejemplar único, han sido remitidos a la Oficina de Informaciones del Senado de la República, donde se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios que deseen consultarlos.

Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición de oficios o constancias de la Subcomisión.

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PARTIDA 08

MINISTERIO DE HACIENDA

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al Ministerio de Hacienda, en sesiones celebradas los días Miércoles 11 y Jueves 12 de Octubre de 2000.

A la sesión en que la Subcomisión estudió esta Partida concurrieron, además de sus miembros, la señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner Brizzi, en representación del señor Ministro de Hacienda; el señor Director del Servicio de Impuestos Internos, don Javier Etcheberry Celhay; el señor Director del Servicio Nacional de Aduanas, don Cristián Palma Arancibia; el señor Tesorero General de la República, don Gianni Lambertini Maldonado; el señor Director de la Casa de Moneda, don Adrián Torres Canales; el señor Director de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado (s), don Alex Pesoó Stoulman; el señor Intendente de Valores y Seguros, don Hernán López Bohner; el señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don Enrique Marshall Rivera; la señora Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña Clara Leonora Szczaranski Cerda; la señora Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Hacienda, doña Constanza Bulacio Colomar; la señora Coordinadora Legislativa – BID del Ministerio de Hacienda, doña Marta Tonda Mitri; el señor Jefe Departamento Administrativo del Ministerio de Hacienda, don Fernando Lazzaro Molino; el señor Asesor de la Subsecretaria de Hacienda, don Francisco Leiva Vega; el señor Subdirector de la Dirección de Presupuestos, don Sergio Granados Aguilar; el señor Jefe de Proyectos de Modernización de la Dirección de Presupuestos SIGFE, don Roberto Cerri López; el señor Asesor de Informática del SIGFE, don Alvaro Torres Navarro; el señor Asesor del SIGFE de la Contraloría General de la República, don Danilo Jubal Carvajal; el señor Subdirector de Administración del Servicio de Impuestos Internos, don André Magnere Knockaert; el señor Subdirector de Estudios del Servicio de Impuestos Internos, don Juan Francisco Sánchez Sturner; el señor Jefe del Departamento de Finanzas del Servicio de Impuestos Internos, don Guido Villar Lefenda; el señor Subdirector Administrativo del Servicio Nacional de Aduanas, don Antonio Aramayo Fuentes; el señor Jefe del Departamento de Finanzas del Servicio Nacional de Aduanas, don Fernando Ponce Guzmán; el señor Asesor del Servicio Nacional de Aduanas, don Mauricio Zelada Pérez; el señor Jefe de Finanzas de la Tesorería General de la República, don Juan Flores Ferrando; el señor Subdirector de Administración y Finanzas de la Casa de Moneda, don Carlos Pradenas Villa; el señor Subdirector de Producción de la Casa de Moneda, don Eduardo Durán Díaz; el señor Contralor de la Casa de Moneda, don Patricio Elissegaray Contreras; el señor Director de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, don Alex Villalobos Ribal; la señora Jefe Administración General del Consejo de Defensa del Estado, doña Corina Saint George Arce y, los representantes del Instituto Libertad y Desarrollo, doña Rossana Costa Costa y doña Paula Pinedo Versin.

Durante el análisis de esta Partida, la Subcomisión contó además con la permanente colaboración de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor Juan Carlos Manosalva Rojas y señor Marco Venegas Espinoza.

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Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos por un total neto de $ 126.097.508 miles en moneda nacional.

La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenio Wagner Brizzi explicó el contenido del presupuesto de dicha Cartera de Estado haciendo presente que, en total, el presupuesto para el año 2001 presenta un aumento de un 11,2%, con relación al presente año 2000.

Manifestó que para el año 2001, el Ministerio se ha planteado tres grandes lineamientos.

En primer lugar, señaló que se continuará el proceso de modernización del sector público.

Se reformularán los Programas de Mejoramiento de la Gestión, introduciendo algunas modificaciones que garanticen una mejor gestión global de las instituciones dando preferencia el mejorar los servicios a la ciudadanía, y las condiciones de trabajo y, valoración de los funcionarios públicos.

Indicó que se continuará con la Evaluación de Programas Gubernamentales comenzada ya en 1997. Las evaluaciones realizadas por los paneles de expertos no sólo buscan independencia en los juicios evaluativos sino también que sus resultados sean técnicamente confiables. Manifestó que en este ultimo año se ha profundizado en el análisis de los resultados de las evaluaciones, incorporando dichos antecedentes en el estudio y decisiones de asignación de recursos.

Señaló que se está trabajando fuertemente el Proyecto Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado. Este proyecto que se desarrolla entre la Subsecretaria de Hacienda y la Contraloría General de la República, tiene por objeto configurar un sistema de información integral, único y uniforme, que cubra las áreas de presupuesto, compromiso, contabilidad y Tesorería. En materia de formulación presupuestaria se pretende capturar los requerimientos, en base a las demandas asociadas a resultados esperados por parte de las unidades operativas.

Informó que la propuesta debería generar una nueva cultura de gestión que se apoye en la eficiencia, eficacia y calidad de servicio basado en un nuevo paradigma que apunta a una gestión pública orientada a resultados.

Dentro de este contexto a nivel institucional, explicó, se desea fortalecer la flexibilidad con responsabilidad en la operación y autonomía, asegurando el seguimiento y coherencia de las operaciones con las políticas y programas, y reforzar la administración de los recursos financieros a nivel descentralizado con un nivel central que ejerza un rol normativo, regulador y orientador del proceso.

Señaló que el objetivo del SIGFE es apoyar la gestión de las autoridades económicas con información que les permita el cumplimiento de su misión con transparencia, disciplina fiscal, responsabilidad, equidad, y oportunidad, como también a los administradores del Estado a fin de satisfacer las demandas de la sociedad con eficiencia, eficacia, economía y calidad.

Agregó que el Ministerio ha desarrollado un programa de modernización para sus Servicios dependientes, lo que se ha traducido en un proceso de transformación de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y Casa de Moneda de Chile, junto con diversas actividades en los restantes Servicios.

El segundo gran lineamiento, señaló, se refiere a la administración del sistema tributario, a través del Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas. Sus objetivos son fortalecer la fiscalización, de manera de incrementar la recaudación fiscal. En concordancia con una política de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, sin entrabar el funcionamiento de la economía.

En este ámbito, indicó, se enmarcan el Proyecto contra la Evasión Tributaria, el Plan de Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Cobranza de Tesorería y el Proyecto de Transformación de los Procesos Aduaneros de la Aduana, incorporando tecnologías de información, fundamentalmente el acceso a Internet.

Finalmente, señaló como tercer objetivo del sector Hacienda para el año 2001, en el ámbito del mercado de capitales. a través de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBiF) y de la Superintendencia de Valores y Seguros (S\/S), el desarrollo de diversas acciones orientadas a una gestión y supervisión moderna de los entes que participan en dichos mercados, que es reconocido y respaldado por los propios agentes económicos.

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En seguida, la señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner Brizzi, realizó una presentación de cada uno de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda.

En lo que dice relación con la Dirección de Presupuestos recordó que su misión es participar en la definición de la política fiscal y velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la operación y el desarrollo de un sistema de planificación y control de gestión de estos recursos.

El presupuesto de esta Dirección se ve incrementado en un 6% debido principalmente a los gastos de administración del sistema de información, habilitación de espacios físicos y fortalecimiento de la unidad de gestión y de estudios.

En cuanto a la Tesorería General de la República indicó que es la encargada de la provisión de recursos monetarios del Fisco mediante su recaudación y cobranza; la administración de la deuda pública y el pago oportuno de las obligaciones fiscales que debe cumplir el Estadio por mandato de las leyes de presupuestos y demás leyes financieras.

Explicó que su presupuesto para el año 2001 se ve incrementado en un 10,7% debido al Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Cobranza, cuyo objetivo es aumentar anualmente en forma significativa la eficiencia del proceso de cobro moroso, elevando los niveles de recaudación por acciones de cobranza desde cuando se genera la deuda hasta su ejecución.

Destacó la importancia del proceso de Cobranza que radica en ser la herramienta mediante la cual el Estado garantiza la igualdad tributaria y la eficacia de su labor reguladora y fiscalizadora, y que le permite recaudar deudas morosas en montos importantes para las finanzas publicas. Manifestó que el fortalecimiento del proceso de cobranza aborda proyectos de corto y largo plazo, que consisten en el mejoramiento de aspectos específicos que en su conjunto cambiarán la manera en que se realiza el proceso de Cobranza.

Además, indicó, se considera un cambio de la plataforma tecnológica y un aumento de la cobertura de atención a los contribuyentes.

Respecto del presupuesto del Servicio Nacional de Aduanas indicó que presenta un leve incremento del 4,4%, que se explica por la automatización de procesos, lo que implica que se inicia un proceso para dejar de trabajar con "formato papel" en la tramitación aduanera. Así, el estándar de trabajo con los usuarios será progresivamente vía internet y el de los funcionarios será a través de sistemas conectados en línea, además de la correspondiente incorporación de tecnologías de información en otros procesos aduaneros, que actualmente son manuales.

Al referirse al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos señaló que su incremento está asociado a dos líneas de acción:

a) Continuar el potenciamiento del uso masivo de internet como medio de interacción con los contribuyentes, de modo que utilicen este mecanismo para realizar todos sus trámites tributarios.

b) Medidas de apoyo contra la evasión. Para lo cual, este proyecto de presupuesto considera la incorporación de fiscalizadores, destinados a labores de auditorías tributarias a medianas y grandes empresas, aumento en la prevención y presencia fiscalizadora, profundización del alcance y efecto de las operaciones Renta e l\/A, investigación de delitos tributarios y de falsificación de facturas y control de cambio del sujeto del IVA.

En lo tocante a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras señaló que presenta un presupuesto esencialmente de continuidad. Su incremento se explica por la proyección en el aumento de la actividad bancaria.

El programa de este organismo incluye el desarrollo de un conjunto de materias en el marco de políticas que promuevan la disciplina de mercado y que resguarden la solvencia de los bancos y sociedades financieras, analizando y adoptando todas aquellas medidas dirigidas a fomentar la competitividad de las entidades supervisadas y a promover un amplio acceso de las personas y de las empresas a los servicios financieros, con altos niveles de transparencia en la información y de seguridad en el manejo de los recursos.

En lo relativo a la Superintendencia de Valores y Seguros indicó que también presenta un presupuesto de continuidad.

Manifestó que por varios años las acciones se orientaron a aumentar la integración de los mercados de capitales, pero recientemente se comenzó a introducir normas nuevas, estrictas y prudenciales en el sistema financiero destinadas a acotar los riesgos de los inversionistas minoritarios, pero entregando a su vez mayor flexibilidad y modernizando el mercado de capitales chileno, para la inversión extranjera y nacional. Es así como la Ley de Opas, indicó, en su último trámite legislativo, generará un renovado interés por nuestro mercado de capitales haciéndolo más liquido y más profundo.

Agregó que otra línea de trabajo importante es la incorporación de tecnologías en los procesos de entrega de Información por parte de las entidades fiscalizadas, al igual que posibilitar las consultas, también vía internet, directamente a la base de datos de la institución.

En lo concerniente a la Casa de Moneda, señaló, que como parte del protocolo de acuerdo suscrito con el Congreso Nacional, durante la tramitación de la ley de presupuestos de 1998, ese Ministerio accedió a analizar un proyecto para la transformación del estatuto jurídico de la institución.

Informó que, el Ministerio de Hacienda y Casa de Moneda actualmente están trabajando en la preparación del proyecto de ley con el fin de modernizar Casa de Moneda, ya que por sus características industriales, ésta debe organizarse como empresa productiva, lo que permitirá agilizar sus procedimientos, mejorar su gestión y competir de mejor forma.

Explicó que la presente proposición de presupuesto considera un período de 6 meses, incluyendo los gastos de personal, operacionales y cuotas de maquinarias compradas en años anteriores.

Al referirse a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado señaló que presenta un presupuesto también inferior al del año 2000, ya que la DAE se encuentra en proceso de cierre, de acuerdo a la ley respectiva que se encuentra en trámite parlamentario.

Informó que las principales actividades contempladas para el año 2001 son compatibles con lo contemplado en el proyecto de ley para la Dirección de Compras Públicas.

Administración del Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas.

Incorporar y capacitar en las nuevas funcionalidades del Sistema a los Servicios Públicos

Finalmente, al referirse al presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda para el año 2001, señaló que ha experimentado un crecimiento que se explica por situaciones excepcionales.

Estas son:

a) Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE):

Como ya fue mencionado, este proyecto tiene por objeto configurar un sistema de información integral, único y uniforme, que cubra las áreas de presupuesto, compromiso, contabilidad y Tesorería.

El diseño del sistema proyecta instaurarlo a nivel de unidades operativas y crear mecanismos de agregación tanto a nivel institucional, sectorial y global del gobierno general.

Los beneficios esperados de este Sistema son obtener información de la ejecución presupuestaria en tiempo real, administración de los compromisos a largo plazo, la formulación del presupuesto se realizará en función de las actividades y se integran los distintos procesos de administración financiera.

b) Evaluación de los programas de los Servicios Públicos

Este programa se inicia en el año 1997, en el marco de un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión pública.

Las evaluaciones son realizadas por profesionales externos al sector público, seleccionados a través de una convocatoria pública. Estos resultados son enviados anualmente al Congreso y a entidades del Ejecutivo. A partir de este año se ha incorporado en el proceso presupuestario los antecedentes que surjan de las evaluaciones y del seguimiento de los compromisos que se adquieren como resultado de ellas.

c) Asamblea de Gobernadores del BID, que se efectuará entre los días 19 y 21 de marzo del 2001.

Esta Asamblea constituye uno de los mayores eventos internacionales que se ha organizado en Chile y contará con la presencia de Jefes de Estado, Ministros de Finanzas, autoridades del BID, Presidentes de Bancos Centrales, Delegaciones Oficiales, representantes de la banca mundial, principales empresas y medios de comunicación Esta Asamblea constituye una oportunidad para centralizar el acceso a potenciales inversionistas de toda Latinoamérica facilitando las posibilidades de negocios con diversas empresas y compañías del país.

d) Finalmente, señaló, la Subsecretaría está contemplando una inversión para el mejoramiento y reposición de las instalaciones sanitarias del edificio de Teatinos, que tienen más de 50 años y muestran un gran deterioro.

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La Partida 08 correspondiente al Ministerio de Hacienda contempla 10 Capítulos, divididos en Programas, en la forma que a continuación se indica:

CAPITULO 01

Programa 01

Secretaría y Administración General.

Considera ingresos y gastos por $ 4.490.575 miles.

Los ingresos suben de $ 2.981.068 a $ 4.490.575, en un 50,64%. El aporte fiscal es de 4.474.167.

El aumento se debe al subtítulo 25 ítem 33-082 “Cumbre de Gobernadores del BID” por $973.750 y al subtítulo 31 ítem 73 “Inversión Región Metropolitana de Santiago, por $ 256.250.

La Cumbre de Gobernadores del Bid, ya se explicó anteriormente, se realizará en Santiago de Chile entre el 19 y el 21 de Marzo del año que viene.

Por el hecho de ser el Ministro de Hacienda el Gobernador de Chile ante el Bid, le ha correspondido a Chile ser el ente coordinador en la organización de esta Asamblea. Participan los Ministros de Hacienda que son los gobernadores ante el Bid de los 46 países miembros, los presidentes y autoridades máximas de los Bancos Centrales de estos países y representantes de los organismos financieros de todos los países del mundo financiero internacional.

Esta reunión es una de las más grandes que se ha desarrollado en Chile en los últimos años. Se espera una participación de alrededor de 4 a 5 mil personas.

El mayor gasto que implica la organización de la Asamblea dice relación con el lugar en que se llevará a cabo que será la Estación Mapocho que se está remodelando, construyéndose algunas obras de mayor envergadura y el costo de la Asamblea es cofinanciado por el país sede, el Bid y esperan la colaboración del sector privado.

Se encuentran trabajando con los distintos estamentos, han considerado el tema de seguridad que es uno de los que les preocupa, se está diseñando un plan sin que se puedan precaver todas las circunstancias que puedan producirse. Lo han querido coordinar directamente desde el Ministerio de Hacienda, no se ha contratado ninguna empresa para que se haga cargo de la organización del evento.

A diferencia de otras conferencias no están asumiendo ningún costo en lo que dice relación con el traslado y hotelería de los participantes, cada asistente solventa sus propios gastos. Es la primera vez que, en este caso, los programas de acompañantes van a ser pagados, en otras conferencias eran gratis. Han presionado para que en Chile se pague.

Aparte de las actividades oficiales de la asamblea misma se desarrollan una serie de seminarios a los cuales el Parlamento estará invitado a participar. Los Seminarios son de tres categorías. Algunos los desarrolla el Bid, otros son en conjunto con el Gobierno y otros son desarrollados por el sector privado.

A esta reunión vienen banqueros, empresarios e inversionistas.

Se recordó la reunión Asia Pacífico del año 1997 en la cual el aporte del Estado fue de 300 millones de pesos y vinieron sólo 1200 personas y aquí vendrán 5 mil, de manera que los gastos que se contemplan son muy razonables.

Finalmente se informó que el período de la asamblea son tres días y que en los días previos hay seminarios, ampliándose a 10 días. No han considerado el desplazamiento ni de los gobernadores ni de las autoridades oficiales que participan en las asambleas de regiones porque el tiempo no lo permite, de ahí que las actividades se realizarán en Santiago.

El aumento del subtítulo 31 ítem 73 “Inversión Región Metropolitana de Santiago, por $ 256.250, corresponde a gastos efectuados para el mejoramiento y reposición de las instalaciones sanitarias del edificio de Teatinos 120, que tienen más de 50 años y muestran un gran deterioro.

En votación este Programa, fue aprobado en los mismos términos que viene formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea (don Pablo) y Palma (don Andrés).

Programa 04

Programa de Coordinación Proyectos de Gestión

Considera ingresos y gastos por $ 1.864.272 miles.

En análisis este programa se destacó que los ingresos aumentaron de $ 596.379 a $ 1.864.272, en un 212,60%, por el crédito del Banco Mundial que es de $ 995.370.

Se informó que este programa contiene tres componentes: Tal 3, Sigfe y programa de evaluación de programas.

Los gastos en personal, bienes y servicios de consumo y la inversión real de ellos se descomponen de la siguiente forma: Tal 3 $646.500, Sigfe $924.880 y Evaluación $ 292.892, lo que da un total de $ 1.864.272.

En gastos en personal el Tal 3 tiene asignados recursos por $ 82.750 millones, el Sigfe $866.646 lo que da un total de $ 949.396.

En Bienes y Servicios de Consumo el Sifge contempla recursos por $ 58.234 y los programas de evaluación $ 292.892, que se traspasó desde la Dirección de Presupuestos a la Subsecretaría, sumando un total de $ 351.126.

Además, se explicó que el aumento del aporte fiscal de $484.400 a $ 995.370, o sea, en un 105,49% se debe a que el programa de evaluación de proyectos que estaba en la Dirección de Presupuestos se trasladó acá, efectuándose un traspaso de un servicio a otro.

Respecto de los gastos de personal el incremento de $ 80.742 a 949.396, en un 1075,84% se deben al SIGFE.

El ítem 31.53 “Estudios para Inversiones”, sube en un 6,79% , forma parte de este programa que tiene dos componentes, una, son los servicios dependientes de Hacienda que para el presupuesto del 2001 tendrían un Fondo de $410 millones, Tal 3, y $ 153.750 millones, que es de la Subsecretaría.

Se explicó que, el subtítulo 33 ítem 87-001 “Programas de Apoyo a la Gestión Ministerio de Hacienda por $ 410.000, existía antes en el presupuesto de la Subsecretaría. Se informó que con él se financian las modernizaciones de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda.

Se solicitó información detallada acerca de los servicios que van a recibir modernización este año.

Además, se solicitó se informe, no sólo lo que se ha realizado este año sino también en años anteriores, respecto de los programas de apoyo a la gestión.

Se solicitó una explicación respecto de los programas de modernización y de apoyo a la gestión que aparecen en todos los Ministerios.

Se explicó que hay dos programas de evaluación: unos que están coordinados centralmente desde el Ministerio de Hacienda y que los maneja la Subsecretaría y, aparte de esto, hay Ministerios que tienen otras partidas para modernizar.

En relación con este tema de los programas de modernización que hay en otras Partidas, se solicitó una contabilización de todos los programas de mejoramiento de gestión a lo largo de la administración pública.

Finalmente, se explicó nuevamente el proyecto “Sistema de Información para la gestión financiera del Estado (SiGFE)

Se destacó que, como su nombre lo indica, este es un sistema de información financiera del Estado, que este sistema es horizontal porque es común a los diversos organismos del gobierno central, que la forma de generar el presupuesto se hace desde el momento de la formulación no desde su ejecución como sucede hoy día. Desde el momento de la formulación se inicia la labor de agregación. Conjuntos de requerimientos formarán programas, conjuntos de programas van a conformar políticas.

El proyecto va a ser gestionado por la Subsecretaría de Hacienda, la que actuará como coordinadora y se va a realizar en conjunto con el Banco Mundial. Se informó que el proyecto durará varios años en implementarse. El proyecto se desarrollará el próximo año sólo para algunos casos pilotos para analizar su funcionamiento y luego se va a desarrollar para el resto del Estado.

Asimismo, se informó que este sistema integrado de administración financiera se está aplicando en otros países del mundo y lo novedoso radica en que los sistemas existentes parten desde la ejecución del presupuesto hacia adelante y este módulo parte desde el proceso de formulación basado en el principio de la demanda, o sea, de que en el sector público el presupuesto es el equivalente al mercado. Se establece un registro de lo que va sucediendo respecto de lo que se aprobó. El registro entero va a ser público. Se establecen marcos financieros y las instituciones se tienen que adecuar a los marcos financieros.

Se consultó acerca del número de años en que se estima se podrá poner en funcionamiento, quién lo va a desarrollar y cómo se asignó a quien lo desarrollará.

Al respecto se informó que el Sigfe debería desarrollarse en un período de 3 años, que los sistemas de información se demoran pero éste funcionará sobre la base de un cronograma óptimo, que se desarrolla con profesionales que deberían ser contratados específicamente para el desarrollo del corazón del sistema y que lo que es licitable se licitará en Chile y en el exterior todo lo que está disponible en el mercado, con la asesoría financiera y técnica del Banco Mundial. Con el cual se está gestionando un crédito de entre 22 y 25 millones de dólares.

Se explicó que en el primer año van a invertir en la parte de desarrollo y en la supervisión de un plan piloto con 4 ò 5 servicios públicos y que el grueso del proyecto se va a llevar a cabo en el año 2002 y 2003.

El presupuesto para este año, según se señaló anteriormente, es de $ 868.902 y el crédito total del Banco Mundial va a ser de 25 millones de dólares. El proyecto se inicia con esta cifra el año 2001 y tendría un desarrollo de aportes de 3 años.

Finalmente, en lo que dice relación con el Sigfe, se solicitó información por escrito, para poder tener su evaluación el próximo año, acerca del calendario de avance del mismo, especificando el cronograma de desarrollo, cuántos servicios piensan analizar, etc.

En relación con el programa de apoyo a la gestión o evaluación de programas se aclaró que éste obedece a un acuerdo con el Congreso del año 1997 y que no hay que confundirlo con el programa de mejoramiento de la gestión que se encuentra al interior de la Dirección de Presupuesto y que corresponde a los antiguos PMG antiguos que se reformulan y se reestructuran de otra manera. Este programa existía antes y corresponde a las modernizaciones de los servicios dependientes del Ministerio.

Ahora bien, dentro de lo que es el análisis de las misiones, los servicios públicos, al alero del Comité de Modernización del Estado, venían desarrollando cada uno sus planes estratégicos o proyecciones estratégicas de su actividad, trabajo que se realiza en forma independiente de la Dirección de Presupuestos. Estos servicios están impulsando un nuevo enfoque del desarrollo de lo que se llamó programas de mejoramiento de la gestión, áreas básicas de gestión que tienen que cumplir con ciertos standares mínimos y cada servicio propone cuál es el standar que quiere alcanzar, el período y ellos controlan la gestión pero sin modificar las misiones ni los objetivos.

Respecto del subtítulo 33, ítem 87 “Aportes a Otras Entidades Públicas 001 “Programas de Apoyo a la Gestión Ministerio de Hacienda” por “410.000 se señaló que en este programa se incorporan estudios y análisis que dicen relación con la gestión de programas de desarrollo tecnológico del Ministerio de Hacienda y que se tienen que efectuar por otro organismo, por ejemplo, ayudar a instalar un sistema computacional en la Superintendencia de Valores, la modernización del Servicio de Impuestos Internos, etc. Son estudios orientados a lo que es la modernización y muchas veces relacionados con créditos internacionales. La Subsecretaría tiene la gestión, coordinación y conocimiento de cómo se hacen los contratos, de cómo funcionan.

Se explicó que la Dirección de Presupuestos contrataba consultores y también recibía y evaluaba los proyectos. Por ello se quiso separar estas funciones y crear una unidad de gestión que depende de la Subsecretaría que va a ver la gestión del programa y a va a ver el resultado que es la evaluación misma. Por eso se traspasa de la Dirección de Presupuestos a la Subsecretaría, dejándose la gestión en donde se hace, de ahí el aumento.

Al respecto se señaló que existen alrededor de 100 programas evaluados cuyas evaluaciones deberían haber generado impacto o decisiones en ellos y de la conveniencia de haber efectuado una evaluación de las evaluaciones, si fueron acogidas o no. Sobre el tema, que ya fue planteado el año pasado, y sobre el cual se quedó de profundizar, se consultó que se ha realizado al respecto, ya que se estima bajo esta perspectiva que constituiría un gasto inútil.

Se informó que no existe una síntesis de las recomendaciones de las evaluaciones hechas hasta el 31 de diciembre del año 1999 para ver cuáles se implementaron y cuáles no.

La Subcomisión solicitó una lista de las evaluaciones, señalar cuál fue la evaluación, cuáles fueron las recomendaciones y que se ha hecho al respecto. Análisis de los programas evaluados, las recomendaciones que se hicieron y cuáles se han acogido de estas recomendaciones o no.

Finalmente, se solicitó la lista de proyectos o programas concretos que se van a desarrollar con cargo a los $ 410 millones, del Programa de Apoyo a la Gestión Ministerio de Hacienda, que se pretenden desarrollar y los que se están desarrollando con cargo a este ítem, para este año.

En votación este Programa fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea (don Pablo) y Palma (don Andrés), en los mismos términos que venía formulado.

CAPITULO 02

Dirección de Presupuestos.

Considera ingresos y gastos por $ 3.193.969 miles.

El monto de recursos asignados a esta repartición por la ley de Presupuestos actualmente en vigor alcanza a $3.012.784 miles, lo que implica una variación de 6,01%.

Este presupuesto tiene un incremento de un 45,54% en el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” y de un 176,12%. en el Subtítulo 31 “Inversión Real”.

Respecto del Subtítulo 22, se explicó que dichos aumentos se deben a la puesta en marcha el año pasado de un nuevo sistema de información de administración presupuestaria, dentro del marco de la modernización de los sistemas. Este año el incremento está asociado a renovación y arriendo de equipos, y mantención de software, entre otros.

El año 1999 se inició el desarrollo del sistema indicado; este año el presupuesto es de continuidad para la renovación, actualización y ampliación de dicho sistema.

En lo que dice relación con el Subtítulo 31, se explicó que el incremento se debe a readecuación de oficinas y a el cambio de los cables del nuevo sistema de computación.

Se aclaró que la Inversión Región Metropolitana de Santiago contemplada en el presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda, corresponde a mantención del edificio de Teatinos y la asignación presupuestaria de este Capítulo corresponde a reparación de oficinas de la Dirección de Presupuestos.

Se solicitó el detalle del subtítulo 31, ítem 73 “Inversión Región Metropolitana de Santiago” por la suma de $ 51.250.

En votación este Programa fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei, señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea (don Pablo) y Palma (don Andrés).

CAPITULO 03

Servicio de Impuestos Internos.

Considera ingresos y gastos por $ 46.806.100 miles.

El presupuesto aprobado para el año 2000 fue de $38.386.852 miles. La variación, por lo tanto, llegó a 21,93%.

El señor Director de Impuestos Internos, don Javier Etcheberry señaló que el presupuesto para este año, en términos de monto de dinero, es de continuidad, que el aumento es de solamente un 3%, por las razones que explicará.

En efecto, señaló que el incremento es para seguir con la marcha normal del Servicio, encontrándose también incorporado en este presupuesto el plan de lucha contra la evasión, que contempla una cifra importante que explica el aumento del presupuesto del Servicio.

Indicó que el presupuesto para el año 2001, en términos globales, contempla para el próximo año continuar con la informatización del Servicio, para dar un mejor apoyo a los contribuyentes para que puedan hacer sus declaraciones por Internet. Señaló que un 25% de las declaraciones fueron hechas por Internet. Manifestó que a través de Internet se da transparencia al proceso tributario, ya que los contribuyentes pueden ver sus datos en el computador de Impuestos Internos, antes de hacer la declaración de Impuestos a la Renta, y si hay cualquier problema, hay distintas formas de resolverlas también a través de Internet.

Destacó que la otra línea que quieren seguir profundizando es una “atención rápida” a los contribuyentes que se traduzca en una espera no superior a 30 minutos, para trámites como obtención de rol único tributario, inicio de actividades, timbrajes o término de giro. El programa se inició en Santiago y, en este momento, se está llevando a efecto en todas las capitales de provincias y en las principales oficinas del país.

Indicó que proyectan incorporar también a esta “atención rápida”, los siguientes trámites: los de evaluaciones y los de fiscalización de impuestos a la renta.

Añadió que están preocupados de mejorar la calidad de las actuaciones de los fiscalizadores para que sean más justas. Por ello están implementando en la Región Metropolitana, una nueva forma de la relación entre el fiscalizador y el contribuyente. Es decir, antes de llegar al juez tributario de primera instancia, establecer una instancia entre el fiscalizador y el juez tributario. Esta política se proyectará a todo el país a partir del próximo año.

Indicó que han creado un comité de revisión de las actuaciones de los fiscalizadores, Comité que está integrado por el Director Regional, por el Jefe del Departamento de Fiscalización respectivo y por la Oficina Jurídica correspondiente. Así el contribuyente tendrá una instancia administrativa por encima del fiscalizador, pudiendo reclamar de las actuaciones de los fiscalizadores, sin perjuicio de reclamar en forma directa al juez de primera instancia.

Agregó que el Servicio de Impuestos Internos está elaborando además una cartilla de derechos del contribuyente para que cuando llegue un fiscalizador sepa sus derechos.

El reclamo administrativo y en subsidio la reclamación ante el juez de primera instancia, significa para los contribuyentes economizar dinero en contratar especialistas para litigar, y , también, el Servicio de Impuestos Internos, por su parte, gasta menos recursos en personal, mejorándose la imagen de los impuestos en Chile.

Indicó que más del 90% de los impuestos en Chile se pagan en forma voluntaria, por lo tanto, es importante la imagen que se tenga de como funciona la administración tributaria.

Finalmente señaló que este es, a grandes rasgos, el presupuesto global del Servicio de Impuestos Internos, sin entrar a referirse en detalle a cada uno de los proyectos y programas, ni al proyecto de ley denominado “plan de lucha contra la evasión”.

Durante la discusión de este Capítulo se formularon diversas observaciones.

Frente a una afirmación del señor Director, en cuanto a que el año próximo se seguiría con la informatización del servicio, para dar un mejor apoyo a los contribuyentes para que puedan hacer básicamente todas sus prestaciones por Internet, se señaló que el Servicio de Impuestos Internos mediante circulares obligaría a hacer las declaraciones de impuesto a la renta vía Internet, en circunstancias que no tendría atribuciones para ello.

Ante esta aseveración, el señor Director señaló que hay un fallo de la Corte Suprema que determinó que el Servicio de Impuestos Internos tiene atribuciones para autorizar o no autorizar a los contribuyentes a llevar la contabilidad en hojas sueltas a través de sistemas computacionales. Dicha autorización es condicionada a un compromiso de parte de los grandes contribuyentes a enviar su información por Internet. Informó que el Servicio de Impuestos Internos sólo tiene autoridad para forzar o instruir a aquellos contribuyentes que pidan llevar la contabilidad en hojas sueltas y que se está pidiendo autorización para hacerlo con cualquiera que tenga medios computacionales.

En seguida, se hizo presente al señor Director, la cantidad de reclamos contra el Servicio de Impuestos Internos que existirían en todo el país y que, además, existiría una desprotección al pequeño contribuyente en cuanto a que el costo del reclamo es mayor que el pago de la multa, considerándose innecesaria la nueva instancia administrativa en Regiones.

El Director señaló que en la mayor parte de los países se resuelven gran parte de los problemas al interior de la administración y sólo cuando no se pueden resolver tienen la posibilidad de pasar a la justicia. Agregó que era necesario especializar las salas de la Corte de Apelaciones para que haya una mejor justicia tributaria.

A continuación, se destacó la falta de oficinas del Servicio de Impuestos Internos en Regiones.

El señor Director explicó que es imposible crear oficinas en cada lugar del país. El Servicio cuenta con 65 oficinas, las que en relación a la población y al tamaño del país constituyen un número apropiado, comparado con otras partes del mundo.

Luego se aludió al tema del proyecto de ley contra evasión tributaria.

Frente a este tema se señaló que hay contribuyentes que cumplen la ley pero que en este presupuesto se está anticipando un proyecto de ley contra la evasión tributaria aumentando el personal a contrata, justificando así el aumento del presupuesto con el costo de este proyecto de ley que aún no está aprobado.

Por otra parte, se indicó que mediante este proyecto se están incentivando a funcionarios del SII por aplicar multas con el objeto de aumentar la recaudación tributaria.

El señor Director señaló que este es un incentivo de carácter general que favorece a todos los funcionarios del servicio y se aplica sobre el total de la recaudación efectiva realizada y que durante los últimos años este incentivo ha sido nulo por la baja recaudación.

Agregó que de darse las nuevas atribuciones y contar con los nuevos funcionarios, van a cumplir de aquí al 2005, la meta de recaudar 800 millones de dólares de evasión.

En relación al número de funcionarios actualmente existentes, el señor Director señaló que Chile tiene la mitad o menos de los funcionarios que debería tener para el tamaño del país.

Dentro de las observaciones formuladas se destacó que existirían críticas acerca de la arbitrariedad con que actúa el SII, mediante una mala interpretación de la ley.

El señor Director señaló que el SII no está aplicando impuestos mediante una mala interpretación de la ley porque de acuerdo con las estadísticas actualmente hay un 24% de evasión tributaria, porcentaje muy significativo, lo que implica que hay contribuyentes que no cumplen con la ley.

Agregó, que el Servicio responde aplicando la ley frente a las diferentes formas de evasión tributaria, tales como, los fraudes tributarios.

Señaló que hay distintos tipos de contribuyentes: los que no pagan, y los que pagan y que la gama de incumplimiento es muy compleja: los que están registrados y no declaran, los que declaran sin movimiento.

Reiteró que hay distintos tipos de no cumplimiento tributario, y que los grandes recurren muchas veces a distintos tipos de elusión. En cambio, donde la intensidad de fiscalizar por contribuyente va a aumentar mucho es respecto de los pequeños que no pagan IVA.

Informó, además, que se han formulado distintos tipos de encuestas de opinión realizadas por conocidas firmas especializadas, cuyo resultado ha sido que sigue habiendo evasión.

Por último se formularon críticas respecto de la existencia en un mismo servicio de un fiscalizador que aplica una multa y un juez tributario que la anula, en circunstancias que al contribuyente le interesa no ir nunca al SII y tener que reclamar.

Finalmente se solicitó al señor Director una información histórica sobre los efectos de la fiscalización, tanto en los pequeños como en los mayores contribuyentes, y los costos de fiscalización

En seguida, vuestra Subcomisión sometió a votación particular, algunos subtítulos.

El Subtítulo 21 “Gastos en Personal” experimentó una variación de 19,34% incrementándose de $ 29.339.408 a $ 35.014.549.

Las letras a), b) y c), contenidas en la glosa 02 de este subtítulo, relativas a dotación máxima de personal, horas extraordinarias y autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional, respectivamente, fueron objeto de indicación de los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa, para rechazarlas.

En votación esta indicación se produjo un doble empate, rechazándose la indicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado. Votaron por su aprobación, los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa y por su rechazo el H. Senador señor Boeninger y el H. Diputado señor Palma (don Andrés).

Se explicó que la dotación máxima de personal experimentó un aumento por el traspaso de funcionarios desde la Dirección de Aprovisionamiento del Estado a este servicio, modificándose la dotación en el transcurso del año.

En votación la letra d), convenios con personas naturales, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y H. Diputado señor Palma, don Andrés.

El Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” se incrementa en un 9,93%, aumentándose los recursos de $ 7.417.842 a $ 8.154.607.

La glosa 03 “Capacitación y perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, fue objeto de una indicación de los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa, para rechazarla.

En votación esta indicación se produjo un doble empate, rechazándose la indicación en virtud de lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado. Votaron por su aprobación, los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa y por su rechazo el H. Senador señor Boeninger y el H. Diputado señor Palma (don Andrés).

Durante la discusión de este subtítulo se destacó la importancia de los programas de reavalúo de bienes raíces no agrícolas.

Se explicó que el gasto de este subtítulo obedece básicamente a gastos en publicidad, en formularios y en personal a honorarios que trabajan en la actualización de todos los catástros.

Al respecto se solicitó información sobre cuál es la cifra de aumento de recaudación que se pretende con el reavalúo no agrícola.

El Subtítulo 31 ítem 50 “Requisitos de Inversión para Funcionamiento” experimentó una variación de 1219,23%, incrementándose los recursos de $67.363 a $ 888.675.

Se explicó el aumentó señalándose que se debe principalmente a los leasing. Durante este año se pretende reunificar el regional oriente, que está prácticamente repartida en seis oficinas que ocupan y se ha terminado el contrato, quedando en la calle Manuel Montt la Oficina Regional, lo que implica un leasing a largo plazo. También se consideran otros leasing de 4 pisos donde funcionan 106 funcionarios. Agregaron, además, que las dependencias que ocupaban en el Ministerio de Hacienda, donde funciona informática, hubo que adecuarlas y efectuar gastos en otra base de datos y de abastecimiento de los servidores, lo que implicó que en lugar de arrendar resultaba más conveniente contratar un leasing.

Además, señalaron que parte del aumento se debe al plan de lucha contra la evasión.

El Subtítulo 31 ítem 53 “Estudios para Inversiones” se le asignan recursos por $ 102.500.

Se explicó que, para el desarrollo del sector, hay ciertos software cuyos estudios se encargan para un desarrollo tecnológico. Se trata de desarrollar ciertos procesos de fiscalización que luego van a conducir a inversión, ya sea en renta, con diseños en general en Internet. Se están preparando programas y facilidades a través de Internet para proponerle a los contribuyentes las declaraciones prácticamente hechas para que las pudieran ratificar y se simplicará el proceso de declaración.

Finalmente, se señaló que este ítem debería ser permanente porque siempre hay que hacer inversiones, sin embargo, en el año pasado no se hizo nada.

Se explicó que el año pasado se estaba funcionando con un programa de coordinación de proyectos de gestión, en conjunto, y habían quedado recursos del año 1999 que fueron incorporados, lo mismo que con los del año 1998. Siempre ha habido gasto por este concepto.

El Subtítulo 31 ítem 56 “Inversión en informática” aumenta en un 66,62%, de $ 740.175 a $ 1.233.246.

Estos recursos corresponden al plan de lucha contra la evasión. Contempla gastos en servidores, PC e impresoras para el personal estimado. La otra parte está constituida por los leasing habitacionales que están vigentes.

Los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa, formularon indicación para reducir en $280.000, la cantidad asignada. O sea, quedaría rebajada a $953.246.

En votación la indicación fue aprobada por 3 votos a favor y dos en contra. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa y el H. Diputado señor Galilea, don Pablo y votaron por la negativa el H. Senador señor Boeninger y el H. Diputado señor Palma, don Andrés.

En votación este Capítulo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei, y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea (don Pablo) y Palma (don Andrés), con la sola enmienda de reducir en el subtítulo 31 ítem 56 “Inversión en Informática” la asignación a $953.246, indicación que fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa y el H. Diputado señor Galilea, don Pablo. Votaron por la negativa el H. Senador señor Boeninger y el H. Diputado señor Palma, don Andrés.

CAPITULO 04

Servicio Nacional de Aduanas.

Considera ingresos y gastos por $ 19.660.178 miles.

El actual presupuesto de este servicio alcanza la cifra de $18.826.565 miles, registrándose una variación de 4,43%.

El señor Director de Aduanas señaló que este organismo es un servicio fiscalizador que en la práctica tiene la responsabilidad de verificar el correcto uso de la normativa aduanera y, en ese entendido, lo que se ha hecho durante estos 6 meses de gestión es una redefinición de los procesos al interior del Servicio con la idea de simplificarlos al máximo y estandarizarlos para facilitar las operaciones de comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones.

Para ello, indicó, el Servicio, en su propuesta de presupuesto del año 2001, ha solicitado una cantidad importante de recursos en el área informática. En la actualidad el Servicio hace la gran mayoría de sus operaciones en formato de papel, si bien es cierto hay transmisión electrónica de la declaración de importación, que es lo único que está informatizado en el Servicio, el resto de las operaciones, incluso las que van asociadas a esa misma declaración de importación, como son los manifiestos de carga se tramitan todas en formato de papel, por ello en el Servicio existe una gran cantidad de personal que en la práctica digita todas las operaciones desarrolladas en formato papel.

Informó que los criterios básicos de rediseño del funcionamiento del Servicio, se basan en 5 puntos: automatización de procesos, simplificación de trámites, presentación previa, estandarización de los procesos y capacidad analítica y de monitoreo.

Acompañó a vuestra Subcomisión un resumen de las asignaciones presupuestarias solicitadas para este año, la ejecución presupuestaria del año pasado y una minuta que dice relación con los proyectos del año 2001 y con las simplificaciones de las operaciones en el Servicio Nacional de Aduanas, documentos que, como se señaló al inicio de este informe, se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios en la Oficina de Informaciones del Senado.

Acto seguido efectuó una detallada exposición del procedimiento y forma en que se automatizarán y simplificarán los trámites y las operaciones de exportación e importación aduanera.

A continuación, los miembros de la Subcomisión formularon diversas consultas.

En relación con el primer criterio básico para el rediseño, la automatización de procesos, que implica que no se trabaja con “formato papel” en la tramitación aduanera y en que el estándar de trabajo con los usuarios será Internet y el de los funcionarios será a través de sistemas conectados en línea, el H. Senador señor Novoa consultó si es posible pensar que todos los usuarios del sistema, entre otros, el agente de aduana o el agente de carga, el que transmite en forma electrónica sus operaciones para con el Servicio de manera de hacerlas más efectivas y ágiles la acción y el análisis de la información contenida en los documentos aduaneros, estarán en condiciones de transmitir los datos anticipadamente en la forma prevista en el plan.

Frente a esta consulta el señor Director respondió que la transmisión anticipada ya es un hecho, si bien es cierto desde el punto de vista de Aduanas, el operador de “impo o expo” llega con los papeles y con el container detrás, ya sea porque lo desembarcó antes o porque está por embarcarlo, llega con los papeles a los andenes de aforo, de exportación o importación y en ese momento se produce la digitación, con toda la congestión que ello conlleva, lo que se pretende es aprovechar el hecho de que los antecedentes tienen que enviarlos con anticipación al Banco Central para el informe de importación y exportación, que son casi 5 días antes de la llegada de la mercancía, luego acortar ese plazo a 24 horas de anticipación para transmitir los antecedentes al Servicio para poder planificar durante las 24 horas los turnos asociados a las operaciones del día siguiente. Así, el fiscalizador en la mañana recoge su pauta de fiscalización y la desarrolla durante el día, de este modo, se acorta el plazo de tramitación del agente de aduana porque se elimina el informe de importación y de exportación, porque la idea es que se consoliden ambos documentos en uno solo.

Respecto de los digitadores informó que algunos pertenecen al Servicio y otros son contratados a honorarios. Los digitadores externos, son alrededor de 86 personas que a partir del año 2002 deberían reducirse.

La H. Senadora señora Matthei solicitó dejar constancia que de aquí a dos años debería haber una reducción de 700 personas, más o menos, de gente que trabaja a honorarios.

Continuó el señor Director su exposición indicando que en la actualidad, el Servicio entrega los antecedentes estadísticos al Banco Central porque la normativa de control de cambio fue eliminada a propósito de la eliminación de la obligación de reintegro de divisas y de la eliminación del mercado formal e informal del dólar, por lo tanto, la operación de control que realiza el Banco Central ya no tiene sentido, salvo desde el punto de vista que significa para Aduanas en cuanto a la valoración.

Sobre este punto, el H. Senador señor Jovino Novoa preguntó si el control sobre precios y valor declarado, importación y exportación ahora debería hacerlo el Servicio de Aduanas.

El Director respondió que ahora corresponde que lo realice el Servicio Nacional de Aduanas, en la actualidad el primer análisis lo hace el Banco Central y éstos reportan a través de fax las operaciones que merecen dudas, para que en un primer análisis se puedan tomar muestras de lo que se trata. En la práctica, es muy difícil porque el Servicio no está conectado en línea con las zonas primarias o andenes, no tienen la posibilidad de transmitir las informaciones que lleguen a la Dirección Nacional a las distintas Aduanas para que hagan control de valor cuando ingresen la mercancía, por lo tanto, el proyecto de informática grande contempla también la conexión con fibra óptica con las zonas primarias de manera que a partir de la información recibida se pueda reportar a las zonas primarias la necesidad de tomar muestras de las mercancías que se está ingresando.

A su vez, el H. Diputado señor Palma consultó si para ello basta con este presupuesto, o sólo se trata de una primera etapa.

El Director informó que para dejar en línea la inversión es de mil millones de pesos, y que los proyectos prioritarios van del año 2000 a 2006; los proyectos de informática están planteados en un horizonte más largo que los 12 meses, normalmente ocurre en términos de desarrollo que las necesidades surgen a partir de la programación y por ello se tiene contemplado que haya una segunda etapa que diga relación con las programaciones marginales que se puedan hacer dentro del mismo sistema, y ello no está contemplado dentro del presupuesto del año 2001. Tampoco tiene sentido colocarlo en este presupuesto porque no existe posibilidad real de ejecutarlo.

Por su parte el H. Senador señor Jovino Novoa expresó que para entender mejor la reformulación que se plantea solicita conocer lo que actualmente sucede en materia de importaciones, se ha discutido mucho el caso de los zapatos chinos que entran con un determinado valor, lo que significa luego un problema de competencia, de dumping y por último hasta tributario; quién hace la determinación del valor de mercado de la operación y, por otro lado, aquí se ha planteado en forma reiterada en el Senado que las empresas mineras venden cobre bajo el precio de mercado con lo cual mandan las utilidades hacia el exterior y resulta elemental determinar cuál es el precio de la libra de cobre, sin embargo, nunca se ha podido contestar qué pasa en esas situaciones, por ello es importante ver cómo opera el sistema hoy y cómo se visualiza para el futuro.

El Director respondió que en la actualidad para el caso de las importaciones, el particular que quiere importar zapatos, se contacta con un banco, solicita un crédito para financiar la operación, el banco transmite al Banco Central la autorización de compra a través del informe de importación y ahí se tiene que consignar el valor de transacción, que puede ser a través de una factura proforma; el Banco Central recibe esa información que puede ser en formato electrónico o en papel, revisa los antecedentes y si los valores no coinciden ellos avisan al banco que se ha rechazado el informe y se debe hacer una corrección al valor, de acuerdo a los valores aceptables, este primer análisis es primario, esto no se ha eliminado, pero se pretende a propósito de este proyecto, que el Servicio de Aduanas pueda asumir esa responsabilidad, y en ese momento el Banco Central señalará que el informe no se requiere.

Asimismo informó que la exigencia del informe de importación es una facultad del Banco Central, por ello se está preparando al Servicio de Aduanas para que realice esta labor, de manera de prescindir del informe del Banco Central.

El Director precisó que en el Banco Central reciben la información pero no pueden rechazarla. Si llega el valor de factura avisan que objetan el valor, pero pueden no corregirlo porque es de aprobación automática. Como la Aduana no tiene la posibilidad de avisar a las zonas primarias de que tomen una muestra de una importación, la Aduana ingresa a través de los agentes las declaraciones de importación que son casi una copia exacta del informe, esa información la mandan al Servicio. Se aprueba; cuando la mercancía ingresa, se presenta un manifiesto que está respaldado por el informe de importación enviado al Banco Central. Aduanas, revisa posteriormente en base al valor. Una vez que la mercancía ha ingresado al mercado nacional, se revisan las operaciones que aparecen con valores relativamente bajos, y el precio se compara con operaciones equivalentes; no se pueden usar valores referenciales ni precios promedios, porque el acuerdo del GATT en materia de valoración obliga, en primer lugar, a consignar el valor factura. Si la Aduana tiene objeciones respecto del valor factura declarado, lo que hace es comparar con compras hechas por chilenos al mismo proveedor. Si los precios son distintos, la Aduana tiene facultades legales para ajustar el valor declarado al precio de las otras mercancías afines, que son las ventas a consignación. Por lo tanto, hay alguien que remata afuera. Lo que hacen normalmente es un informe de variación del valor que ellos declaran, como ejemplo señaló un precio de 60 centavos de dólar la libra y después lo que hacen es, a través de un informe de variación del valor, que lo hace el Banco Central, ellos declaran la corrección al valor en función del verdadero precio de transacción de la mercancía que exportaron. Ahí hacen una corrección. Lo que Aduanas hace, desde el punto de vista de control, es determinar cuál es la cantidad de cobre que se exportó.

Ante una consulta formulado respecto de que el Servicio sólo efectuaría una verificación física, el señor Director señaló que ellos hacen un control físico no hacen control del valor porque esa responsabilidad, hoy está radicada en el Banco Central. Es decir, indicó, revisamos el embarque, no podemos revisar el 100% de los embarques porque, desde el punto de vista de eficiencia sería una locura en plata; incluso, lo que hacemos es tomar muestras, determinamos los finos contenidos de la muestra, el volumen, en función de peso seco, y eso para nosotros, para ese embarque se extrapola. Pero ellos, lo que hacen una vez que exportan, nosotros tenemos claro la cantidad; ellos, lo que hacen es un informe de variación del valor frente al Banco Central.

Agregó, que también hacen control de valor cuando se está solicitando, porque la Aduana de da el visto bueno a las operaciones de reintegro simplificado y hacen la primera verificación para el caso del reintegro de IVA. Entonces, cuando hay una operación que ha pasado en alguna ocasión, en que han detectado algunos casos; se ha exportado, por ejemplo, caballos fina sangre en cuatrocientos mil dólares; determinar si un caballo es fina sangre o es un burro es bastante difícil. Entonces, lo que hace Aduanas es chequear esa información. Es sumamente difícil en el caso de este tipo de bienes determinar el valor. Entonces, lo que hacen es solicitar algunos antecedentes al Club Hípico, al Stud Bus, y también se ponen en contacto con la Aduana de destino para ver cuáles han sido los valores que han declarado al momento de entrar. Porque, si exportó por cuatrocientos mil dólares al momento de ingresar a la aduana de destino tiene que ingresar con los mismos cuatrocientos mil dólares. Y, por lo tanto, esos antecedentes son importantes al momento de autorizar un reintegro simplificado o un reintegro de IVA.

En seguida el H. Senador señor Novoa consultó si va a haber algún cambio, en materia de importaciones.

Al respecto el señor Director señaló que el sistema opera exactamente igual; el rediseño está definido en función de flujo de mercancía, no importando si la mercancía está saliendo o está entrando. Desde el punto de vista del rediseño sigue siendo flujo de mercancía; incluso hay mercancías que van en tránsito a terceros países y, para Aduanas, lo que importa es, primero, tener los antecedentes con anterioridad, cosa de determinar el riesgo relativo de esa operación; para eso van a trabajar con algunos modelos un poquito más sofisticados. Son básicamente modelos dinámicos que lo que hacen es calibrar el riesgo relativo a las operaciones para determinar cuáles de ellas están sujetas a aforo, es decir, a fiscalización física, a la apertura del container; a la revisión de las mercancías; a una revisión documental, y, una vez que esa operación se cierra, la ley aún le entrega a Aduanas facultades para revisar, con efecto retroactivo, hasta cinco años. La idea es que solamente aquellas operaciones que tengan algún nivel de duda importante, sean fiscalizadas a posteriori, de manera de que la Aduana no se transforme en una suerte de cuello de botella, para el comercio exterior, ni a la salida ni a la entrada.

El H. Diputado señor Navarro consultó acerca del monto del presupuesto de Aduanas destinado al tema de control de ingreso de drogas y agentes químicos y si cuentan con especialistas o servicios auxiliares para colaborar en este control o si se está transfiriendo a otros servicios públicos y si se les paga a esos servicios públicos por eso y, por último, sobre el incumplimiento por parte de Aduanas de las normas de la ley 18.634, por haber permitido la importación, otorgamiento de crédito fiscal hasta el equivalente al 73% del arancel aduanero sobre el precio factura, sólo contra la presentación de la factura en el caso de la importación y venta o remate de vehículos de transporte de pasajeros, ya que al momento de aceptar la factura autorizan a la Tesorería a cancelar, teniendo la responsabilidad inicial de dicho control el Servicio de Aduanas.

El H. Diputado señor Palma, a su vez, solicitó se le explicara porque hay una reducción en el gasto en personal en circunstancias que hay un incremento en el número de empleos, sin considerar el que las personas a honorarios se traspasan a contrata.

El señor Director explicó, en relación al tema droga, que el año más exitoso en materia de incautación de droga es este año. Señaló que si se ven los decomisos asociados, los otros tipos de estimulantes, las curvas van hacia arriba. Efectivamente, la Aduana ha tenido una efectividad bastante importante en lo que se refiere a lucha contra narcotráfico y ese es un tema que les interesa no solamente por un resguardo interno respecto del ingreso de sustancias sicotrópicas, sino también por la posibilidad de que las operaciones de comercio exterior, fundamentalmente las exportaciones, sean asociadas a exportaciones de narcóticos; y eso tiene que ver con tránsito de mercancías que provienen de los países que son productores y que utilizan nuestro país como blanqueo para el envío de narcóticos al exterior; y esto sucede porque en todas las Aduanas del mundo funcionan con sistemas de análisis de riesgo, donde el riesgo relativo a las operaciones de exportación chilenas son muy bajos. Normalmente un contenedor con productos provenientes de Chile no es revisado en las Aduanas de destino. Por esa razón, países que son productores de narcóticos tratan de utilizar a Chile como blanqueo de las salidas de narcóticos. Manifestó que existe un control establecido en las Aduanas más importantes, incluso en Aduanas del Sur.

Al respecto, el H. Diputado señor Navarro consultó si se ha especializado ese personal o es el mismo personal de Aduana, o tiene unidades especiales?

El señor Director señaló que el Servicio de Aduanas recién este año tiene un canil de adiestramiento de canes para control de drogas en Antofagasta

En relación con una pregunta sobre qué ítem del presupuesto contemplaría recursos para esta materia, el señor Director señaló que está fundamentalmente asociada a viáticos.

Indicó que el personal de drogas se moviliza por las operaciones que hace; que las hace en coordinación con carabineros e investigaciones. Agregó que el personal de aduanas, desde hace un tiempo bastante largo, no porta armas; antiguamente portaba armas, pero en la actualidad no porta. Por lo tanto, a propósito de las acciones, se hacen en conjunto con carabineros; y para eso, casi todo los recursos de viáticos nacionales están orientados al control de narcóticos.

La Subcomisión solicitó información escrita sobre el monto de los recursos destinados a fiscalizar el ingreso de drogas y las asignaciones presupuestarias desde el año 1996 a la fecha.

Respecto de la consulta del H. Diputado señor Palma, don Andrés, en relación con los gastos en personal, según la cual se mantiene constante el gasto en personal y, sin embargo, hay un incremento en las dotaciones, se explicó que no obstante haber 1229 personas, el servicio tiene una planta con una dotación máxima para el año 2000, de 1314. Por lo tanto, la diferencia entre los 1229 y los 1314 son vacantes que tenía al 31 de Mayo, fecha en que se hizo esta estadística. Más que vacantes, se trata de la posibilidad de contratar no ocupada.

Se consultó, en relación con el personal, si además de estos 1229 que constituyen la dotación efectiva al 31 de mayo, había personal a honorarios; y se supone que, para el año 2001, no va a haber contratos a honorarios.

Se explicó que la diferencia entre la dotación que estaba en la ley de presupuesto para el año 2000 y la dotación para el año 2001, es de 54. Esa diferencia, son honorarios; y si uno mira la glosa relativa a personas a honorarios, este número se reduce en un monto significativo

Finalmente, sobre este punto, el señor Director informó que la dotación está completa, no así la planta. La planta no es de 1038 personas, Son 1279 cargos los que no se han llenado, porque la ley obliga a hacer los concursos de promoción previo al concurso público.

Se informó que el concurso de promoción lo que hace es cambiar la posición relativa del funcionario. Estaba en grado 15, por ejemplo, y puede quedar en grado 10; pero se genera el cupo en el grado 15, porque el funcionario cambio de grado: y Aduanas no puede llenar ese cupo hasta que no se complete el proceso interno. Lo que están haciendo hoy día es hacer una consulta a la Contraloría, respecto de cuántos concursos de promoción interna tienen que hacer antes de hacer el concurso público. Si la Contraloría dice que tienen que hacer dos concursos, en marzo terminan el proceso, y en abril podrían estar en condiciones de llamar al concurso público. Si la Contraloría dice que la ley no lo define y, por lo tanto, pueden ser 18 concursos de promoción, podrían estar en concursos de promoción interna durante 4 años, lo que significa que nunca podría completarse la planta.

Finalmente, el H. Diputado señor Palma, don Andrés, felicitó al señor Director del Servicio por la cantidad de información que entregaron.

En votación este Capítulo, fue aprobado en los mismos términos que venía formulado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea, don Pablo y Palma, don Andrés.

CAPITULO 05

Servicio de Tesorerías

Programa 01

Servicio de Tesorerías

Considera ingresos y gastos por $ 12.793.319 miles.

Su presupuesto aprobado para el presente año alcanza un total de $ 12.213.336 miles, registrándose una variación de un 4,75%.

Durante la discusión de este Capítulo, el señor Tesorero General de la República, don Gianni Lambertini Maldonado manifestó que dicho Servicio tiene como función la provisión de los recursos financieros del Fisco mediante la recaudación y cobranza de los tributos. A su vez distribuye los fondos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección de Presupuestos a todo el aparato del Estado para que éste pueda ser financiado y funcionar, amén de tener a su cargo la función de egresos del Estado, es decir, los pagos de las obligaciones fiscales tanto a los servicios públicos como a los contribuyentes.

El Servicio de Tesorerías está abocado, en general, fundamentalmente a dos líneas de acentuación programática en los próximos años. Por una parte, el fortalecer la función de cobranza del tributo tras lo cual están asociados tres proyectos que se incluyen en el presupuesto del año 2001 y, adicionalmente, generar las condiciones para que el resto de los servicios que ofrece la Tesorería de mejoramiento de la información, estén soportados sobre una base y una plataforma adecuada a las responsabilidades que la Tesorería tiene.

Indicó que la cantidad de recursos que administra la Tesorería conlleva una enorme responsabilidad y celo profesional en términos de tener sistemas adecuados para la administración, gestión y control de esos recursos.

Manifestó que la Tesorería tiene una plataforma tecnológica que obedece a un estado del arte de mediados de la década de los 80 y, en tal circunstancia, este proyecto de ley de presupuesto contiene la base para un cambio en dicha plataforma, programa a varios años plazo.

Dentro de estos pilares fundamentales, en primer lugar, lo que se ha escogido es fortalecer la cobranza de tributos, hacerla en forma más expedita y generar las condiciones para incrementar la recaudación fiscal por esta vía.

Finalizó señalando que este es el propósito que hay detrás de este ejercicio presupuestario.

Una vez finalizada su exposición el H. Senador señor Novoa consultó si había algún impacto en el proyecto antievasión que fuera despachado en este presupuesto.

El señor Director explicó que el proyecto de presupuesto que se ha presentado al Parlamento en esta ocasión, de parte del Servicio de Tesorería, no contiene incrementos presupuestarios producto del proyecto de ley de la evasión que incluye algunas disposiciones que afectan a la Tesorería pero que no tienen compromiso de recursos fiscales y tampoco liberan recursos fiscales.

Agregó que el presupuesto es de continuidad.

Explicó que el aumento del Programa 01 obedece al incremento del ancho de banda de la red de comunicaciones computacionales de la Tesorería. Ello, en la perspectiva de ir preparando las bases para un cambio de plataforma tecnológica, dado el atraso existente en recursos de informática, de un servicio tan crítico para el Estado.

Sometido a votación este Programa, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea, don Pablo y Palma, don Andrés, en los mismos términos que venía formulado.

Programa 04

Operación Renta.

Considera ingresos y gastos por $ 634.120 miles`.

Sus actuales ingreso alcanzan $455.930 miles, lo que implica una variación de un 39,08%.

Se explicó que el incremento se debe a que por primera vez este Programa viene financiado totalmente. Históricamente, la Tesorería ha tenido que de su Programa 01 poner recursos para financiarlo. Esto se debe al alza de las tarifas de Correos y al incremento del número de contribuyentes que solicitan devolución de impuestos por la operación renta. Eso da cuenta de todo el proceso de impresión, despacho y costos de correspondencia.

Sometido a votación este Programa, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea, don Pablo y Palma, don Andrés, en los mismos términos que venía formulado.

Programa 05

Cobranza Administrativa.

Considera ingresos y gastos por $ 1.563.721 miles.

El presupuesto del año en curso es de $872.134, lo que implica una variación en un 79,30%.

El aumento se debe a la modificación de los sistemas de cobranza o de aviso al contribuyente. La Tesorería ha utilizado el sistema de cobranza coercitivo o cobranza judicial, el que se pretende implementar mediante un sistema previo de cobranza administrativa, es decir, a aquellos contribuyentes que a veces han olvidado pagar un tributo, mediante un contacto telefónico para los deudores de la tercera edad o a través de una carta, se les invita a cumplir con sus obligaciones fiscales y no pasar esos casos a la cobranza judicial.

Se informó que es un programa nuevo, que hay una inversión en informática que explica el aumento, que se trata de un proceso sistemático y planificado de cobranza administrativa.

El H. Diputado señor Navarro solicitó información sobre los ingresos provenientes del remate de bienes raíces por no pago de contribuciones.

En votación este Programa, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea, don Pablo y Palma, don Andrés, en los mismos términos que venía formulado.

CAPITULO 06

Casa de Moneda de Chile.

Considera ingresos y gastos por $ 5.478.289 miles.

El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el presente año, alcanza a $9.509.363, lo que importa un detrimento de –42,39%.

El señor Director de la Casa de Moneda, don Adrián Torres manifestó que el presupuesto de este organismo es de continuidad. La base de sustentación del mismo dice relación con el hecho de que es un servicio público que tiene exigencias de empresa, que está inserto en un mercado altamente complejo a nivel nacional. Su principal cliente es el Banco Central que representa actualmente alrededor del 55% de los ingresos. El Banco Central crecientemente está haciendo licitaciones internacionales lo cual los obliga a un proceso de modernización y de alcanzar el máximo de eficiencia desde el punto de vista de su estructura organizacional.

Indicó que las variaciones presupuestarias son menores, que básicamente están centradas en mayores transferencias al Estado, existiendo un pequeño aumento en el ítem de inversiones por el hecho de tener deudas de arrastre.

Señaló, que como parte del protocolo de acuerdo suscrito con el Congreso Nacional, durante la tramitación de la ley de presupuestos de 1998, el Ministerio de Hacienda accedió a analizar un proyecto para la transformación del estatuto jurídico de la institución.

Informó que, el Ministerio de Hacienda y Casa de Moneda actualmente están trabajando en la preparación del proyecto de ley con el fin de modernizar Casa de Moneda, ya que por sus características industriales, ésta debe organizarse como empresa productiva, lo que permitirá agilizar sus procedimientos, mejorar su gestión y competir de mejor forma.

Explicó que la presente proposición de presupuesto considera un período de 6 meses, incluyendo los gastos de personal, operacionales y cuotas de maquinarias compradas en años anteriores.

La H. Senadora señora Matthei consultó sobre el análisis que se ha hecho como para transformar a este organismo en una empresa, cuáles son los servicios que van a dar y a quienes se van a dar y si se ha efectuado una evaluación de proyectos para ver si como empresa se va a financiar.

El señor Director manifestó que Casa de Moneda está dedicada a elaborar especies valoradas y documentos de fe pública. No sólo hacen monedas y billetes sino que también hacen placas patentes y un conjunto de otros elementos que tienen comprometida la fe pública. Tampoco fabrican sólo para Chile sino que también hacia el exterior están exportando monedas. Añadió que es cierto que hay un mercado complejo que dice relación cuál va a ser su estructura, cuál va a ser su giro, cuál va a ser su patrimonio, cuáles van a ser realmente las posibilidades de negocio, pero fundamentalmente está el tema en cómo esta institución de servicio público que se crea como empresa es capaz de modernizarse y ser eficiente.

Añadió que la venta fundamental es un intangible, es la seguridad, la confiabilidad y el tema es como uno a esos intangibles les agrega los elementos de calidad, pero también precio para competir en el mercado.

La H. Senadora señora Matthei consultó sobre la dotación de personal existente al 31 de Mayo que era de 370 empleados y la dotación actual es de 383. Se explicó que la dotación que está en la ley es de 383 empleados.

Finalmente se consultó sobre las inversiones que se harán para poder competir con las Casas de Moneda de otros países que se verán afectadas por el “euro” en Europa, si el servicio funcionará como empresa con 383 empleados.

Se señaló que todo dependerá del tamaño del negocio y del tipo de inversiones que se hagan porque hay áreas de la Casa de Moneda en que se pueden hacer inversiones que puede significar menos mano de obra y contratar mano de obra más calificada.

En votación este Capítulo, fue aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y HH. Diputados señores Galilea, don Pablo y Palma, don Andrés.

CAPITULO 07

Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Considera ingresos y gastos por $ 623.367 miles.

Su presupuesto actualmente vigente asciende a $790.677 miles implicando una variación negativa de –21,16%.

El señor Director de este organismo, aclaró que el presupuesto es por todo el año y no por seis meses, que la disminución se debe a que la DAE está en proceso de cierre, de acuerdo al proyecto de ley, en trámite parlamentario.

Manifestó que se encuentra funcionando con lo mínimo necesario, sólo con el sector público, básicamente con el Ministerio de Educación, y que la idea es que una vez aprobado el proyecto de ley, una nueva unidad que se va a llamar la Unidad de Dirección de Compras, que va a tener un rol distinto, pero un presupuesto de tamaño similar, tome este presupuesto para dirigir o coordinar las compras mediante un nuevo sistema de información acerca de las necesidades del sector público.

Informó que los funcionarios de este servicio pasan a integrar otros y el proceso de disminución que se llevó a cabo el año pasado apuntaba a dejarlo de un tamaño similar al que van a requerir en el mediano plazo con algún grado de capacitación.

Explicó que hay dos temas que convocan a la Dirección, uno es mantener las operaciones que hacen por cuenta del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior con relación a la compra de equipamiento computacional. Ya no existe compra de stock para almacenar y vender a los servicios porque el programa anual de compras último sólo se reduce a vehículos. Sólo se compra por cuenta de otros servicios y, en ese sentido, se requiere mantener el servicio activo hasta que salga publicada la ley y se cierre el servicio y se convierta en una nueva dirección de compras.

El segundo tema es haber sido designada contraparte en el nuevo sistema de información de las compras públicas. Eso implica que la DAE va a estar supervisando el contrato que se adjudicó recién a una empresa privada que es Sonda quien va a operar el sistema donde llega toda la información de los procesos de compra según lo establece el Decreto 1312 del año 1999.

Finalizó su exposición señalando que la administración del sistema de información de compras y contrataciones públicas e incorporar y capacitar en las nuevas funciones del sistema a los servicios públicos, serían los puntos más relevantes, además de la reestructuración del Servicio para convertirlo en una dirección de compras públicas.

Una vez finalizada la exposición se formularon diferentes consultas acerca del funcionamiento del nuevo sistema de compras.

Se explicó que el Decreto 1312, del año 1999 establece el sistema de información de compra y contratación pública que obliga a los organismos públicos, en general, a informar respecto de ciertas materias de su procedimiento de adquisición. Hubo una licitación pública efectuada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se la adjudicó a un privado. En las bases de la propuesta se establecía que el Ministerio de Hacienda debía designar a la contraparte técnica y esa es la DAE, que es el servicio técnicamente más idóneo porque es quien efectúa las compras de todo el Ministerio de Hacienda.

Lo anteriormente señalado se compatibiliza con el proyecto de ley que crea un nuevo servicio que es la Dirección de Compras, que va a ser la continuadora legal de la DAE, se vuelve a crear el sistema de información con la posibilidad de intermediación. Existe una autorización explícita en el proyecto de ley para que los servicios públicos puedan comerciar electrónicamente.

Se explicó que para crear un sistema de información no era necesario un proyecto de ley pero sí se requiere de ley para cerrar la DAE y convertirla en una entidad distinta a la DAE que compraba, guardaba y vendía mercadería al sector público sino en una entidad que hace de contraparte de este sistema, además es necesaria una iniciativa legal para obligar a otras entidades del sector público a ingresar información y para permitir la posibilidad de comprar y vender a través de este sistema.

En relación con una consulta sobre los ahorros que generaría el sistema de información se señaló que éste persigue publicidad y transparencia lo que debería traducirse en ahorro. Se faculta a la dirección de compras para suscribir contratos marco para que los servicios públicos puedan comprar en conjunto determinados productos de tal forma de agregar demanda y bajar los precios.

Sobre este tema se señaló que el sistema de información se encuentra actualmente funcionando, que hay una página web en Internet donde se puede ver lo que está comprando cada servicio.

En seguida, se formularon consultas en relación con las licitaciones públicas y privadas, el precio, la calificación técnica y los criterios de evaluación, las propuestas públicas y privadas, la compra directa y la compra a través de un contrato marco, la ley de probidad que en su artículo 8º bis establece que la propuesta pública procede en conformidad a la ley y otras materias que se van a aclarar en la discusión del proyecto de ley en estudio en el Parlamento que regula las compras.

En relación con la dotación máxima de personal aprobada en el año 2000 que fue de 131 personas y cae a 25, se consultó en qué momento se hizo la reducción y si pasaron esas personas al Servicio de Impuestos Internos y la relación que existe con el gasto en personal que no refleja una caída similar.

Se explicó que en los gastos en personal que contempla la ley de presupuestos para el año 2001 viene una rebaja con respecto al gasto efectivo de alrededor de 240 millones con respecto al año 1999. En este último año se ejecutaron 770 millones en relación con los 555 que estaban proyectados para el año 2000. Por otra parte, dentro de los 453 millones destinados para el año 2001, un gran porcentaje son honorarios. Se destinan 180 millones a la contratación de expertos del área de informática para apoyar este cambio y el diseño de los nuevos sistemas. Además, se informó que este personal es profesional, situación que no existe en la DAE en donde gran parte de su dotación era de administrativos y auxiliares.

Finalmente, el H. Diputado señor Navarro consultó si el nuevo sistema de adquisiciones va a operar para las Fuerzas Armadas y para los municipios.

Se informó que, de acuerdo con la normativa vigente, se establece el carácter voluntario de ingreso al sistema.

Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y H. Diputado señor Galilea, don Pablo.

CAPITULO 08

Superintendencia de Valores y Seguros.

Considera ingresos y gastos por $ 12.773.213 miles.

Su actual presupuesto alcanza una suma de $9.947.678 miles, lo que implica una variación de un 28,40%.

El señor Intendente de Valores señaló que este es un presupuesto de continuidad y se basa en el cumplimiento de una serie de objetivos para el año 2001 en materias tanto de supervisión como de difusión y de promoción del mercado de valores y de seguros.

Dentro de las materias de supervisión, atendido el hecho de cómo han evolucionado los mercados de valores y seguros, el principal énfasis está en la idea de lograr una mejor plataforma tecnológica para realizar un monitoreo más estandarizado mediante las nuevas tecnologías existentes, y acceder, supervisar y utilizar Internet. Asimismo, desarrollar softwares de monitoreo bursátiles, de monitoreo de fondos institucionales, lo que demanda recursos internos como externos a nivel de asesorías o de estudios de desarrollo de sistemas.

En materia de promoción o dentro del rol normativo de este organismo, indicó que se fortalecerá la transparencia por parte de emisores de valores, a través de nuevos requerimientos de información y, a su vez, dando un espacio para la promoción de las Pymes y, por otra parte, revisando el marco regulatorio de una serie de inversionistas institucionales: fondos mutuos, fondos de inversión, etc.

En materia de seguros indicó que la idea es fortalecer al asegurado vía campañas de educación las que han estado centradas principalmente en el área de valores. Además, señaló que es necesario un énfasis mayor en el control de la comercialización, principalmente en el rol de los intermedios de seguro y una mejor supervisión y el establecimiento de mayores exigencias para la profesionalización de ese tipo de servicios.

En materia institucional, manifestó que el mercado de valores y seguros, la globalización y el uso de nuevas tecnologías, les va a demandar adecuar el funcionamiento de la Superintendencia planteándose una reorganización de su estructura. Los recursos disponibles, como las facultades otorgadas al Superintendente dentro de la nueva ley de OPAS, constituirán una ayuda.

También esperan terminar el proceso de modernización en materia de sistemas informáticos, para la difusión y para la utilización de información, mediante el desarrollo de sistemas de gestión documental que están en proceso de desarrollo.

Finalizó señalando que estos son principalmente los objetivos que esperan alcanzar dentro del año 2001.

Una vez terminada la exposición del señor Intendente, el H. Senador señor Boeninger dejó constancia de que en este presupuesto se trasladaron los ingresos en dólares a pesos.

A su vez, la H. Senadora señora Matthei solicitó un desglose del aumento de los bienes y servicios de consumo.

El aumento existente en insumos se explicó que corresponde a gastos en computación y en campañas educativas al inversionista y capacitación, porque se trata de productos nuevos.

Finalmente, nuevamente se consultó acerca de la razón por la cual más de la mitad del presupuesto de la Superintendencia de Valores y Seguros es destinada al Cuerpo de Bomberos y porqué los aportes a los bomberos aparecen históricamente en este Capítulo.

Se informó que sólo se administra el monto que se indica en el ítem de transferencias y que se han asignado recursos al Cuerpo de Bomberos por el mismo monto cada año y no se aumenta el presupuesto, porque se suprimió el presupuesto en moneda extranjera y se pasó a incorporar al presupuesto en moneda nacional, por lo tanto, en un año aparece y en el otro no, pero el presupuesto es similar.

Respecto de si la transferencia es del Fisco a la Superintendencia y de la Superintendencia a Bomberos se explicó que hay un solo nexo que dice relación con que las compañías de seguros tienen que hacer un aporte a las viudas de bomberos muertos en actos de servicio y, por lo tanto, es el único vínculo que existe.

Finalmente se señaló que este tema ha sido objeto de discusión todos los años y que existe consenso tanto en el Parlamento como de los propios Bomberos, para que su presupuesto permanezca en este Capítulo y que no se cambie.

Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y H. Diputado señor Galilea, don Pablo.

CAPITULO 11

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Considera ingresos y gastos por $ 9.023.299 miles.

Actualmente el presupuesto aprobado para esta Superintendencia es de $8.785.238 miles, lo que significa una variación de 2,71%.

El señor Superintendente señaló que el presupuesto de esta Institución es de continuidad y que les permitirá, por una parte, cumplir con su misión permanente que es la de preservar la estabilidad del sistema financiero y, por otra parte, ejecutar aquellos proyectos a los cuales se encuentran abocados.

Estos proyectos, explicó, serán cubiertos básicamente con los recursos normales y permanentes de la Superintendencia, es decir, no significan ni aumento de dotación ni gastos especiales.

Los principales proyectos comprenden, por una parte, la implementación de un nuevo sistema de evaluación de gestión y autoevaluación de gestión que implica una modernización del sistema de supervisión bancaria; la preparación para el desarrollo que tendrá lugar en materia de banca electrónica en un futuro próximo; el fortalecimiento de la función de atención de público y de procesamiento de reclamos de parte de los usuarios y de los clientes del sistema financiero; la revisión del sistema de clasificación de créditos y prohibiciones, que se inició este año y continuará el próximo año; la adaptación de las recomendaciones del Comité Basilea; el apoyo que necesariamente le tendrán que brindar al Banco Central en todo lo que se refiere a la modernización del sistema de pagos, que recientemente ha sido anunciada por el Banco Central y, en general, la puesta al día, la revisión y la modernización de la supervisión, proceso en el cual están abocados y que continuará el próximo año.

Indicó que este es básicamente el marco en el cual se ejecutará el presupuesto de este año, que como señaló anteriormente, es de continuidad.

Una vez terminada la exposición del señor Superintendente se formularon diversas consultas, entre ellas, se preguntó por la tendencia mundial existente de integración de las distintas superintendencias, materia que ha figurado en la prensa últimamente y que ha sido objeto de seminarios y que se ha debatido en algunas instancias académicas y conferencias.

Al respecto se señaló que existe una preocupación de una creciente coordinación entre las distintas superintendencias para abordar una supervisión de un sistema que crecientemente se integra. Las líneas divisorias entre lo que es banca, seguros, valores, comienzan a derrumbarse, tendencia existente en el mundo entero y que exige una creciente integración de parte de la Superintendencia.

La H. Senadora señora Matthei solicitó se envíe toda la información disponible al respecto a la Comisión de Hacienda del Senado.

Asimismo se consultó acerca de la apertura de la cuenta de capitales que, a juicio de algunos parlamentarios, podría ocasionar problemas por entradas o salidas bruscas de los mismos, tema que ha sido abordado por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central en el sentido de que lo que hay que tratar de hacer es evitar los descalces a nivel de empresas, si una empresa vende en dólares que no se endeude en pesos o al revés. En este sentido la supervisión de los bancos dice relación con el grado de información y la responsabilidad de las empresas, bajo esta perspectiva se consultó cómo están abordando esta materia.

Se informó que ha sido abordada a través de la emisión de una circular en Mayo de este año. La Superintendencia la enmarca dentro del conjunto de recomendaciones que hace en materia de evaluación de riesgos, seguimiento de las carteras y evaluación de la gestión, en ese marco se inscribe esta recomendación que es específica y apunta a que las instituciones presten especial atención y cuidado al tema de los descalces cuando se otorguen créditos en moneda extranjera.

Por otra parte, se consultó acerca de la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y de las casas comerciales que otorgan crédito.

Se señaló que la primera diferencia entre unas y otras radica en que las primeras reciben depósitos, comprometiéndose la fe pública y las segundas no reciben depósitos y otorgan créditos, siendo el crédito parte de la cadena comercial, cualquier comerciante otorga crédito. En cuanto al tema de las cooperativas la Superintendencia de Bancos ha manifestado aprehensiones a supervisarlas, por una parte, por la distinta naturaleza que tienen, por ejemplo, dentro de los 25 principios de Basilea está la supervisión bancaria efectiva, es decir, poder revisar antes de otorgar una licencia, se revisa la integridad de los socios y la solvencia de los socios fundadores. En el caso de las cooperativas se está en presencia de una cosa bastante más compleja, donde esa integridad es bastante más difícil de poder evaluar puesto que las cooperativas son entidades que se constituyen en forma más automática. La Superintendencia tiene facultades para denegar una autorización sobre la base de fundamentos claros referidos a temas de integridad y temas de solvencia, materia que no puede ser claramente evaluado en el caso de una cooperativa.

Finalmente, la H. Senadora señora Matthei solicitó información detallada sobre los bienes y servicios de consumo.

Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado en los mismos términos que venía formulado, por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Novoa y H. Diputado señor Galilea, don Pablo.

CAPITULO 30

Programa 01

Consejo de Defensa del Estado.

Considera ingresos y gastos por $ 7.193.086 miles.

El presupuesto aprobado para este Consejo para el año en curso es de $6.988.370 miles, lo que implica una variación de 2,93%.

La señora Presidente del Consejo explicó el presupuesto para su Institución señalando que para el año 2001 el Consejo busca administrar con austeridad y eficiencia los recursos públicos que se le asignen y a orientarlos para obtener celeridad y calidad en las actividades que le corresponda ejecutar, jerarquizadas en orden de importancia y urgencia.

Indicó que las tareas prioritarias serán defender y divulgar las doctrinas que protegen la hacienda pública en materia de responsabilidad del Estado, defender los recursos de protección para tutelar el rol administrador del Estado, defender el patrimonio fiscal y capacitar a los abogados en el nuevo procedimiento penal.

Agregó que, considerando los compromisos y desafíos proyectados para el próximo año, el Consejo necesita disponer de un presupuesto de M$ 7.193.086, financiados con aporte fiscal y con los ingresos que periódicamente se perciben por costas judiciales, fundamentalmente, en materia de infracciones a la Ley de Alcoholes.

Destacó, entre los gastos para este año, a grandes líneas, la adquisición de 8 camionetas, una por cada oficina regional faltante (Arica, Valparaíso, San Miguel, Rancagua, Chillán, Concepción, Valdivia y Punta Arenas). Agregó que anteriormente no habían estos vehículos y que la necesidad de adquirirlos se fundamenta por el número de juzgados que deben atender las Procuradurías Fiscales y la distancia que deben recorrer para la atención de los mismos.

Asimismo, informó que se ha instalado , para las regiones más lejanas, un sistema de video conferencia que permitirá ahorrar tiempo de viaje y evitar reuniones itinerantes para poder reunir al Consejo con las Procuradurías fiscales que hay de Arica a Magallanes y que tienen que consultar con el Consejo Central todas las causas importantes.

Destacó que los énfasis de este presupuesto están en defender los recursos fiscales, aunque parezca redundancia, pero en una coyuntura muy especial y es que está cambiando fuertemente la jurisprudencia sobre lo que es la responsabilidad del Estado.

El Consejo sostiene que la responsabilidad extracontractual del Estado sólo puede verse comprometida cuando los daños han sido causados por su actividad antijurídica, esto es cuando haya existido falta de servicio, actos ilegales o falta del funcionario utilizando con culpa grave o dolo su función o los medios que el Estado puso a su disposición.

Agregó que el Consejo rechaza la idea de una responsabilidad objetiva o sin falta, que haría indemnizable todo daño causado por la actividad legal del Estado, tanto en su función reguladora como en su actividad material.

A este respecto señaló que esta última posición paralizaría la función del Poder Ejecutivo por cuanto no existirían los medios económicos para indemnizar todos los perjuicios que puedan derivar de la limitación legítima de los derechos de los particulares.

Explicó que, las tesis del Consejo en derecho público, no son aceptadas ni, a veces, comprendidas, por una judicatura no especializada en lo contencioso administrativo, por esta razón han decidido editar una revista de derecho institucional, publicación que tendrá tres números al año y en donde se sostendrán las tesis de interés público, macrosocial, en materia de expropiaciones, medio ambiente, indemnizaciones, bienes jurídicos en juego, interpretación de la ley, responsabilidad del Estado, lavado de dinero, crimen organizado, recursos de protección, entre otras. Destacó la importancia de esta publicación, toda vez que se ha suprimido el recurso de queja y un fallo erróneo es inamovible. Asimismo indicó que la dependencia de revistas ajenas provocan lentitud a la defensa y, además, es necesario dar publicidad a las tesis públicas.

Hizo hincapié en que el Consejo es partidario de un Estado no empresario, pero sí como un fuerte supervisor y regulador, que impide que en los fenómenos de mercado y de libre competencia se puedan dar situaciones de deslealtad, que puedan terminar en situaciones monopólicas. Por ello cree que se debe reforzar el aparato supervisor y regulador.

Finalizó su exposición señalando que estos serían, en síntesis, los fundamentos del presupuesto de este año y que las demás metas se mantienen, actualizándose los equipos computacionales.

La H. Senadora señora Matthei consultó acerca de cuáles de las funciones que el Consejo actualmente cumple dejarían de cumplir al ponerse en marcha el nuevo sistema procesal penal.

Se informó que las causas relativas a drogas y a lavado de dinero tendrán que ser traspasadas íntegramente al Ministerio Público, en una curva de más o menos 10 años, ya que la ley prevee una entrada de vigencia gradual. Explicó que los hechos que se produzcan después de la entrada en vigencia en cada localidad van a quedar afectos al nuevo sistema, salvo en dos situaciones. En lo que dice relación con los delitos conexos, que se produjeran después de la entrada en vigencia del Ministerio Público pero que fueran conexos a delitos que se empezaron a investigar antes, los que tendrían que sumarse a los procedimientos actuales, y en el caso de pluralidad de partícipes.

Se consultó acerca del subtítulo 07 “Otros ingresos”, cuáles son.

Al respecto se respondió que ellos son generados por las costas de los procesos de defensa de la ley de alcoholes, y son traspasados a hacienda.

En lo que dice relación con gastos en personal se consultó por la rebaja de un 2,45% que existiría entre el año pasado y este año, sin que se disminuya la dotación máxima de personal.

Se informó que la disminución obedece a pagos de una bonificación especial de estímulo que no alcanzó a pagarse en el año 1999 que guardaba relación con la ley 19.646, de mejoramiento económico, dictada a mediados del año 1999. Dicha bonificación requería de un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda que se publicó en Febrero del año 2000, por lo tanto, el pago se hizo este año, gasto que era del año pasado y que el próximo año no se contempla.

También se formularon consultas en lo que dice relación con los empleos a contrata.

Al respecto, la señora Presidenta del Consejo manifestó, que existe esta normativa en el Estatuto Administrativo y en la Ley Orgánica de Bases. Añadió que, en atención a que es prácticamente imposible eliminar a un funcionario que no es adecuado a la función, han solicitado no aumentar las plantas, desde hace ya 3 años y se ha solicitado aumentar el personal a contrata y, en lo posible, el personal a honorarios, para poder tener a prueba al funcionario y evaluarlo según su efectivo rendimiento. Reiteró que el problema con el personal de planta implica quedarse con funcionarios que no son adecuados a la función. Además, indicó, por la variedad de casos del Consejo, quieren tener la flexibilidad de contratar a abogados especializados para una causa o para dos y luego esa persona deja de prestar servicios al Consejo. Cree que una planta fija donde se ascienda por antigüedad es perjudicial en términos de eficiencia.

El H. Senador señor Boeninger dejó constancia de que comparte absolutamente el razonamiento de la señora Presidenta del Consejo. Cree que en una administración pública moderna, los empleos a contrata desempeñan un papel vital y eficaz, y dan la flexibilidad necesaria que el Estado requiere para que un servicio público pueda desempeñarse eficientemente.

La H. Senadora señora Matthei señaló que ella comparte el razonamiento anterior pero que debería aplicarse un mismo criterio y no uno distinto en el caso del empresario privado a quien le exigimos que no puede equivocarse y si se equivoca tiene que pagar grandes costos por haberse equivocado al contratar a una persona que finalmente no le sirvió o que no necesitaba. En cambio en el sector público, a través del empleo a contrata, existe una flexibilidad, lo cual a su juicio es deseable pero quedaría sin protección la persona que se está empleando.

Abundando más en el tema la señora Presidente explicó que el Consejo tiene una serie de particularidades que otros organismos no tienen, las personas a contrata funcionan en sus respectivas oficinas, eso significa que se puede contratar para un caso determinado, un especialista, por ejemplo en expropiaciones, y cuando termina su trabajo, su contrato no le será renovado, porque los contratos son por tareas. Entonces en el Consejo se responde por tareas, por éxito de la tarea, no por presencia física ni por horario.

La H. Senadora señora Matthei consultó acerca de cuáles son las inversiones no regionalizables.

Al respecto se señaló que se trata de un proyecto para el próximo año con el objeto de hacer algunas reparaciones y readecuaciones en oficinas que están notoriamente dañadas, entre ellas, Arica, Chillán, Temuco que son de montos bajos en general, pero que en la práctica representan una suma elevada de llevarlo a cabo como gasto de operación.

Ante una consulta sobre el tipo de capacitación que efectúa el Consejo se explicó que recae en el juicio penal oral. Que han contratado con distintas Universidades, en todas las regiones del país, cursos específicos fuera de horario, de 5 a 8 para los abogados penalistas del Consejo, eso por un lado y, por otro lado, se ha capacitado a las Secretarias en secretariado Ejecutivo, en manejo de los computadores y en informática.

Finalmente, respecto a una consulta formulada en relación con los convenios con personas naturales con recursos por 150 millones, se explicó que corresponden a honorarios especializados, por ejemplo, los peritos; son pagos por servicios específicos

En votación este Capítulo fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Subcomisión, HH. Senadores señora Matthei y señor Boeninger y HH. Diputados señores Galilea (don Pablo) y Jocelyn-Holt, en los mismos términos que venía formulado.

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En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión acordó lo siguiente respecto a la Partida en informe:

I. Aprobar la Partida correspondiente al Ministerio de Hacienda, (unanimidad), con la excepción que se señala a continuación.

II. En el Capítulo 03 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Programa 01, subtítulo 31 “Inversión Real”, ítem 56 “Inversión en Informática” reducir la asignación a $953.246. (Aprobada la reducción por tres votos a favor y dos en contra).

Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señora Matthei y señor Novoa y el H. Diputado señor Galilea, don Pablo. Votaron por la negativa el H. Senador señor Boeninger y el H. Diputado señor Palma, don Andrés.

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Acordado en sesiones celebradas los días 11 y 12 de Octubre de 2000, con asistencia de sus miembros, H. Senadora señora Evelyn Matthei Fornet (Presidente) HH. Senadores señores Edgardo Boeninger Kausel y Jovino Novoa Vásquez y los HH. Diputados señores Pablo Galilea Carrillo, Tomás Jocelyn-Holt Letelier y Andrés Palma Irarrázaval.

Sala de la Subcomisión, a 2 de Noviembre de 2000.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogado Secretario de la Subcomisión

ANEXO 08

MINISTERIO DE HACIENDA

A.- Exposición de la señora Subsecretaria de Hacienda, respecto del Presupuesto para el año 2001.

B.- Minuta de la administración tributaria en la década de los noventa y el proyecto de ley de lucha contra la evasión 2000-2205 del Servicio de Impuestos Internos.

C.- Resumen de las asignaciones presupuestarias solicitadas para este año, la ejecución presupuestaria del año pasado y una minuta que dice relación con los proyectos del año 2001, con las simplificaciones de las operaciones en el Servicio Nacional de Aduanas.

D.- Documento sobre proyecto de presupuesto año 2001 del Consejo de Defensa del Estado.

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?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.

BOLETIN Nº 2.589-05.

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el Presupuesto del Sector Público para el año 2001, tiene el honor de informaros respecto de él. El referido proyecto -conforme a las normas constitucionales- fue iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió el Presupuesto concurrieron, además de los miembros de ella, los Honorables Senadores señores Carlos Cantero, Sergio Fernández, Jaime Gazmuri, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jorge Martínez, Roberto Muñoz Barra, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz Esquide, Ramón Vega, Adolfo Zaldívar y Andrés Zaldívar, y los Honorables Diputados señoras Isabel Allende y María Angélica Cristi, y señores Patricio Hales, Carlos Abel Jarpa, Carlos Ignacio Kuschel, Baldo Prokurica y Eugenio Tuma.

Asistieron, especialmente invitados, a sus sesiones, el Ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; el Ministro Secretario General de la Presidencia de la República, don Alvaro García; la Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner; el Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz; el Subsecretario de Economía, don Alvaro Díaz; el Subsecretario de Agricultura, don Arturo Barrera; el Director de Presupuestos, señor Mario Marcel; el Subdirector de Presupuestos, don Sergio Granados; la Jefa de la División de Educación Superior, doña Pilar Armanet; el Coordinador de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, don Rodrigo Valdés, la Jefe del Sector Coordinación de la Dirección de Presupuestos, doña Verónica Lara.

Como es del conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados, el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público se realiza por una Comisión Especial Mixta, integrada por Honorables Senadores y Diputados.

Esta Comisión Especial Mixta, a su vez, designa Subcomisiones, para el estudio de las diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco Subcomisiones, cada una de las cuales ha emitido un completo informe relativo a las Partidas de su respectiva competencia. Estos informes van dirigidos a la Comisión Especial Mixta y en ellos se especifican los acuerdos adoptados respecto de cada Partida; las constancias que se haya acordado dejar; las modificaciones introducidas - cuando haya sido el caso -, y sus fundamentos.

Vuestra Comisión sólo consignará en este informe los acuerdos adoptados por ella -con sus pertinentes votaciones- y las constancias que se hubieren solicitado. No obstante, cuando ello sea posible, como Anexos a este informe, se dejará testimonio de los principales aspectos del debate producido en el seno de la Comisión Especial.

Asimismo, este informe contiene una relación de los acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es estudiado por las Subcomisiones.

En lo que dice relación con las Partidas, consigna las modificaciones que se les han introducido.

En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí presentadas, a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, etcétera, es necesario remitirse a los informes de dichas Subcomisiones, que constituyen parte integrante del presente informe.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión Especial introdujo modificaciones a las proposiciones de las Subcomisiones, también se deja constancia en este informe de los cambios efectuados.

Se deja testimonio de que se adjuntan como principales anexos de este informe -y, en consecuencia, formando parte integrante de él- textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las Partidas -en ejemplar único- en los que se han introducido las modificaciones aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

PRIMERA SESION

Con fecha 13 de septiembre de 2000, se realizó la primera sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que quedó integrada, conforme a lo decidido por el H. Senado y por la H. Cámara de Diputados, por los siguientes parlamentarios: HH. Senadores señora Evelyn Matthei Fornet, y señores Edgardo Boeninger Kausel, Fernando Cordero Rusque, Sergio Díez Urzúa, Alejandro Foxley Rioseco, Jorge Lavandero Illanes, Roberto Muñoz Barra, Jovino Novoa Vásquez, Carlos Ominami Pascual, Sergio Páez Verdugo, Francisco Prat Alemparte, Hosaín Sabag Castillo y Beltrán Urenda Zegers y HH. Diputados señora Marina Prochelle Aguilar, y señores Claudio Alvarado Andrade, Rodrigo Alvarez Zenteno, Julio Dittborn Cordua, Pablo Galilea Carrillo, José García Ruminot, Enrique Jaramillo Becker, Tomás Jocelyn - Holt Letelier, Pablo Lorenzini Basso, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrázaval y Exequiel Silva Ortiz. Posteriormente, el H. Senador señor Roberto Muñoz Barra fue reemplazado por el H. Senador señor Sergio Bitar Chacra.

La Comisión procedió a constituirse, hecho lo cual, por unanimidad, eligió como su Presidente al H. Senador señor Carlos Ominami Pascual.

Igualmente, se acordó dividir - como se ha expresado- el trabajo en cinco Subcomisiones, las que quedaron encargadas de las materias que a continuación se señalan, designándose como Secretarios de las mismas a los funcionarios que en cada caso se indican:

Primera Subcomisión

Tesoro Público; Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Planificación y Cooperación.

Secretarias: Sras. Ximena Belmar Stegmann y Ana María Jaramillo Fuenzalida.

Segunda Subcomisión

Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio Secretaría General de Gobierno, y Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Secretarios: Sra. Nora Villavicencio González y Sr. Roberto Bustos Latorre.

Tercera Subcomisión

Poder Judicial; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Justicia; Ministerio Público; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Ministerio de Salud.

Secretarios: Sres. Fernando Soffia Contreras y José Luis Alliende Leiva.

Cuarta Subcomisión

Congreso Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Ministerio de Bienes Nacionales.

Secretarios: Sra.Magdalena Palumbo Ossa y señor Mario Labbé Araneda.

Quinta Subcomisión

Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Minería, y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Secretarios: Sra. María Angélica Bennett Guzmán y Sr. Mario Tapia Guerrero.

El Presidente de la Comisión Especial Mixta, H. Senador señor Carlos Ominami, propuso que las Subcomisiones estudiaran las distintas Partidas entre los días 10 y 20 de octubre, ambos inclusive , y que la Comisión Especial discutiera y votara los informes de dichas Subcomisiones junto al articulado del proyecto, entre los días 6 y 10 de noviembre de 2000, lo que se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

Asimismo, se acordó, unánimemente, que - al igual que en los años anteriores - el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y de las Subcomisiones se rigiera por el Reglamento del Senado. Lo anterior, con la sola excepción del reemplazo de los Honorables Diputados, el que se realizará conforme a las normas del Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

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SEGUNDA SESION

En la segunda sesión, celebrada el día 4 de octubre de 2000, el Presidente de la Comisión Especial Mixta, H. Senador señor Carlos Ominami Pascual, instó a la constitución de las cinco Subcomisiones, las que eligieron como Presidentes de cada una de ellas, a los siguientes señores parlamentarios:

En la Primera Subcomisión a la H. Senadora señora Evelyn Matthei Fornet.

En la Segunda Subcomisión al H. Senador Señor Sergio Bitar Chacra.

En la Tercera Subcomisión al. H. Diputado señor José Miguel Ortíz Novoa.

En la Cuarta Subcomisión al H. Senador señor Sergio Díez Urzúa.

En la Quinta Subcomisión al H. Senador señor Sergio Páez Verdugo.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión Especial Mixta, H. Senador señor Carlos Ominami informó a los miembros de la Comisión que el Gobierno había creado una Partida para el Ministerio Público, signada con el número 23, sugiriendo que ella fuera analizada por la Tercera Subcomisión, en atención a su afinidad con las Partidas del Ministerio de Justicia y Poder Judicial.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, dio su aprobación a la sugerencia del Presidente.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre Guzmán, quien efectuó una exposición acerca del estado de la Hacienda Pública.

El texto de su intervención fue entregado a cada uno de los miembros de la Comisión, no obstante, lo cual en el anexo A se reproduce dicha exposición.

En el anexo B de este informe se consignan las intervenciones parlamentarias que comentaron la exposición del señor Ministro.

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El día 10 de octubre pasado, desde las 12:00 horas en adelante, vuestra Comisión Especial Mixta escuchó, en Comités, la exposición del señor Director de Presupuestos relativa a los aspectos macroeconómicos del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001.

El representante del Ejecutivo acompañó a su disertación un documento denominado “Aspectos macroeconómicos del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2001”, quedando ejemplares en Secretaría para consulta de los señores parlamentarios.

Una vez efectuada la exposición del señor Director de Presupuestos, hizo uso de la palabra el H. Senador señor Alejandro Foxley destacando el aspecto más novedoso de la presentación, cual es la proyección de mediano y largo plazo en las finanzas públicas que, en su parecer, constituye un aporte extraordinariamente interesante e innovador, ya que, por primera vez, permite una visión más diáfana y extensa sobre el compromiso de lograr un superávit estructural en el mediano plazo y explica cuáles son los problemas que se pueden presentar.

Añadió que aún en el escenario optimista, es decir, con un financiamiento pleno derivado del proyecto de ley sobre evasión tributaria, la conclusión sería que solamente podrían proveerse los gastos comprometidos y no habría recursos para ningún programa nuevo del Gobierno que recién se inicia. En el texto entregado por la Dirección de Presupuestos se mencionan los casos de la salud y de las pensiones, pero sin duda existen otras áreas que no quedarían cubiertas, suscitándose la necesidad de escuchar el comentario del Ejecutivo sobre esa materia.

Prosiguió diciendo que otra observación que se desprende de lo informado, dice relación con un problema relativamente serio, que a mediano plazo se verificará en el sistema de seguridad social, porque en la proyección efectuada aparecen varios puntos vulnerables, uno de ellos referido a la garantía de pensión mínima por parte del Estado, que significaría, en una planificación hasta el año 2004, la suma de siete mil doscientos millones de dólares, equivalente al 75% de la deuda total que tiene, en la actualidad, el Gobierno central. A ello debe agregarse el problema del déficit en la previsión de las Fuerzas Armadas, puesto que es sabido que en sus Cajas de Previsión está aumentando el desequilibrio en forma bastante significativa, teniendo como alguna de las causas el problema de los bonos de reconocimiento y los pagos del sistema antiguo sin cotizaciones por parte de los jubilados de mayor edad.

Manifestó el señor Senador inquietud sobre un comentario que consta en la exposición del Director de Presupuestos, donde se atribuye cifras de aumento de déficit a una disminución de los ingresos del Fisco, particularmente a los ingresos de operación y al hecho que las empresas públicas privatizadas, que generaban un determinado volumen de utilidades al sector público, contabilizándose como ingresos, ya no posibilitarán la percepción de dichas utilidades, repitiéndose la pregunta ya formulada por el H. Senador señor Lavandero en otras oportunidades, en cuanto a qué sucede con las utilidades y con los impuestos que se deben pagar sobre esas utilidades cuando las empresas públicas se privatizan, dejando al Fisco sin percibir esos ingresos; asunto que está conectado con los posibles mecanismos de evasión y elusión tributaria. Obviamente, dijo, no resulta fortalecido el argumento favorable a las privatizaciones si se deduce que el efecto neto de ellas es ningún ingreso tributario para el Estado.

Luego, el H. Senador señor Foxley consultó acerca de cuál era la brecha de producto potencial en la actualidad, como porcentaje del PIB; por qué la proyección de crecimiento presentaba fluctuaciones tan curiosas, ya que para el 2002 era de 7%, el 2003 bajaba a 6,8% y el 2004 se empinaba al 7,3%, y cuál era la cifra de déficit fiscal como porcentaje del PIB.

A continuación, intervino el H. Senador señor Jorge Lavandero, quien refiriéndose a los datos entregados sobre la dotación máxima de personal del Sector Público en cuanto a que sumarían 142.000 personas, consultó si se comprendía en dicha cifra solamente a la Administración Central o a todos los funcionarios públicos, incluidas las Fuerzas Armadas.

En cuanto al tema de los ingresos fiscales, requirió información sobre los ingresos directos por sector, comentando que el 72% de los ingresos indirectos son producto de los impuestos al consumo, es decir, que la gran cantidad de contribuyentes financistas del Estado son los consumidores, a través del IVA, el impuesto a la bencina y otros, ocurriendo que el ingreso promedio del 80% de los chilenos alcanza a menos de doscientos cincuenta mil pesos. El 20% restante, que corresponde a los mayores ingresos sólo contribuye con el 28% de los ingresos fiscales, dándose el caso de que quien se lleva el 62% del producto contribuye con únicamente ese 28%. Esta realidad, estimó, determina que el Estado chileno tenga poca capacidad de maniobra, reducido a confiar en que toda la modernización y progreso del país descanse sobre los sectores de menos ingresos, lo que configura una situación muy delicada, siendo pertinente citar las palabras del Presidente del Banco Mundial dirigidas a los países de América Latina y otras naciones en desarrollo, en cuanto a que el crecimiento no permite mejorar ni corregir los problemas de cesantía y de ingresos, de modo que lo inmediato es mejorar la distribución de los ingresos.

Seguidamente, destacó el hecho de ser el país doblemente rico con respecto al año 1989, pero advirtiendo que el Estado no ha crecido, haciéndose insuficientes sus servicios para cumplir con las exigencias de un Chile más grande y próspero, sobre todo en las áreas de salud, educación y vivienda. Tal es así que cuando los jubilados o los pobladores que se vieron afectados por casas deficientemente construidas, efectuaron merecidos reclamos, no recibieron una respuesta totalmente satisfactoria porque no existe el financiamiento para cubrir sus necesidades. A este respecto, debe tenerse en consideración que en Chile, los ingresos con relación al producto -comparándolos con otros países de similar producción- son los más bajos del mundo, e incluso la carga impositiva también es la más baja del mundo, pudiendo adjetivarse de injusta porque descansa sobre la base de impuestos indirectos dirigidos a los consumidores. Expresó su anhelo que algún día se pueda concretar una mayor justicia tributaria y mejorar la distribución del ingreso. Sin embargo, reconoció que con el proyecto sobre evasión tributaria se mejoran levemente las condiciones, aunque dijo echar de menos en esta reunión con el Director de Presupuestos, el haber escuchado una política fiscal con una finalidad de justicia social con relación a los recursos que el Estado percibe, reiterando que la mayor cantidad de caudales proviene de los impuestos indirectos que sobrecargan a los consumidores, quienes en su inmensa mayoría configuran el 80% de la población que percibe menos de doscientos cincuenta mil pesos al mes, suma que se destina al consumo sin poder realizar un ahorro ni poder capitalizar.

Añadió que el otro aspecto a que debe atenderse, es el relativo a la política tributaria compatibilizándola con un mejoramiento de la distribución de los ingresos.

El señor Director de Presupuestos primeramente respondió a las interrogantes del H. Senador señor Foxley, explicando que en lo concerniente a un escenario con el proyecto de evasión tributaria, se pueden financiar no sólo los programas comprometidos, porque según proyecciones efectuadas para el año 2004, quedaría una brecha positiva de 438 millones de dólares, eventualmente disponibles para nuevos programas. Dijo enfocar esta proyección y la consignada en la página 43 del documento por él presentado, como una preocupación razonable y hecha a tiempo sobre el problema de la declinación de los ingresos de operación y del financiamiento del sistema previsional, porque si se dejan a la espera del momento de preparación del pertinente proyecto de ley de Presupuestos ya sería demasiado tarde. Por ello, informó, una parte de la política fiscal se efectúa a través del presupuesto y la otra se concreta por medio de decisiones y proyectos de ley que resultan aprobados durante el curso del año.

En cuanto al sistema de seguridad social, compartió las observaciones del H. Senador señor Foxley, señalando que el efecto de la garantía estatal sobre las pensiones mínimas todavía no alcanza a ser representado en la proyección a cuatro años, aunque en el año 2000 ya se está produciendo un incremento del 40% en términos absolutos, unos diez a doce mil millones de pesos por cumplimiento de dicha garantía en la ley de Presupuestos.

Respecto a la caída de los ingresos de operación, producto de las privatizaciones, manifestó que entran en juego dos temas importantes, uno referido a la venta de un activo que tiene una rentabilidad positiva, donde cobra importancia asegurar que el producto de esa venta idealmente mejore la posición patrimonial, de tal manera que las caídas de ingresos de operación se puedan contrarrestar con menor gasto por servicio de la deuda, por ejemplo, o con mayores ingresos por el aumento de rendimiento de los activos que tiene el Sector Público. El segundo tema es aquel referido a la evasión tributaria, debiendo distinguirse entre la incorporación de capital privado a empresas constituidas como sociedades anónimas –que es lo acaecido durante lo años anteriores- y la eventual situación que podría ocurrir con empresas que tienen regímenes tributarios especiales, esto es, las empresas públicas creadas por ley están sujetas a una tasa de impuesto adicional del 40%, lo que significa que si se incorporara capital privado –en caso de ser privatizadas- y pasaran a regirse por el sistema tributario normal aplicable a todas las empresas del país, ello generaría una merma de recaudación tributaria bastante significativa. Cuando las empresas son privatizadas, normalmente parte de las posibles ganancias de eficiencia o de mayor rentabilidad para el inversionista privado se refleja en el valor de venta, pero si éste es destinado a gastos corrientes se diluirá rápidamente y lo único que restará para el mediano plazo serán los ingresos que se dejaron de percibir por el hecho de no recoger utilidades de esas empresas.

En cuanto a la brecha entre producto potencial y efectivo, indicó que se está calculando para el año 2000 una brecha del 3,4% y para el 2001 el 2,9%, explicando que ella tiene origen en la caída en la actividad económica del año 1999.

Respecto a la evolución proyectada del crecimiento y sus efectos sobre los ingresos tributarios, concedió la palabra al Coordinador de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, el que calificó como bastante artificioso proyectar a cuatro años plazo, señalando que en todo caso, sí permite coordinar un crecimiento de PIB potencial, de modo que se sigue la dinámica que tendría el producto hasta llegar al carácter de potencial. Agregó que los números que aparecen en el gráfico correspondiente reflejan la historia en términos de correlaciones.

Retomando la palabra, el señor Director de Presupuestos manifestó, respecto a las consultas del H. Senador señor Lavandero, que la dotación de personal del Sector Público contemplado en el documento entregado a los miembros de la Comisión, corresponde al total de las dotaciones fijadas en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Además de ello, existen otros funcionarios públicos que corresponden a instituciones en las que no se fija una dotación máxima, donde se incluye a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Poder Judicial, Congreso Nacional y otras. Asimismo, debe sumarse a aquellos empleados indirectos del Estado, esto es, trabajadores cuyas remuneraciones se financian con transferencias del Fisco, cuales son el personal de la educación subvencionada y de los consultorios de salud municipal. Si se adicionan todas estas personas, se alcanza a un total de 450 mil.

En lo tocante a los ingresos fiscales, el IVA representa un 48,6% de los ingresos tributarios en moneda nacional y un 39,7% del total de ingresos corrientes del Gobierno Central, lo que obviamente es una proporción relativamente alta en las comparaciones internacionales para la participación de la tributación indirecta. Añadió que el total de impuestos indirectos es más del 50% de la recaudación tributaria en moneda nacional.

Respecto del efecto redistributivo de las finanzas públicas dentro del volumen global de recursos que maneja el sector público, recordó que en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, en la página 48, se presentó un cuadro de gran interés, porque demuestra que el efecto de los programas sociales, fundamentalmente subsidios, educación y salud sobre la distribución del ingreso es muy positivo, evidenciándose para el 20% más pobre de la ciudadanía que ese conjunto de transferencias incrementa su ingreso en un 84%, mientras que respecto del quintil más rico dicho efecto alcanza al 0,2%. Todo esto, indicó, más allá de la discusión que pueda darse sobre el nivel del gasto público, hace destacable a Chile, al menos en el contexto de América Latina, por la mayor incidencia del gasto social dentro de las finanzas públicas y además por la tendencia del gasto social a la progresibilidad, a contrario sensu de lo que acaece en otros países. Esto permite que la participación en el ingreso mejore para el 20% más pobre, pasando del 3,7% de los ingresos totales a un 6,3% una vez que se agreguen las transferencias. Sin duda, señaló, todavía es insuficiente, pero no debe desconocerse el esfuerzo realizado a través de los años para aumentar el gasto social y focalizarlo en las personas más necesitadas que ha permitido alcanzar el resultado señalado.

TERCERA Y CUARTA SESIONES

En la tercera y cuarta sesiones celebradas los días 7 y 8 de noviembre en curso, vuestra Comisión Especial Mixta despachó todas las Partidas presupuestarias y el articulado del proyecto.

En primer lugar, se dieron por aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta, en los mismos términos que las Subcomisiones, las siguientes Partidas:

- Partida 03, Poder Judicial

- Partida 10, Ministerio de Justicia

- Partida 14, Ministerio Bienes Nacionales, y

- Partida 23, Ministerio Público.

Seguidamente, vuestra Comisión analizó y votó el resto de las Partidas Presupuestarias, como consta a continuación:

Partida 01

Presidencia de la República

Esta partida fue informada por la Segunda Subcomisión, dándole su aprobación en los mismos términos en que fuera presentada.

Los Honorables Senadores señora Matthei y señores Novoa y Prat presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 programa 01:

Presidencia de la República

Para reemplazar la glosa 02 por la siguiente:

“02 Incluye $3.383.547 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por once votos en contra y tres a favor.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en iguales términos que la Subcomisión.

Partida 02

Congreso Nacional

Esta Partida fue discutida solamente por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuesto.

El Ejecutivo hizo presente una indicación, cuyo texto es el que sigue:

Capítulo 01 Senado, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “15.059.415” por “15.370.415” e igualmente en su ítem 91.

En el Subtítulo 31 ítem 50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento, sustituir “53.915” por “364.915”.

Capítulo 02 Cámara de Diputados, Programa 01:

En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “22.084.585” por “22.884.585” e igualmente en su ítem 91.

En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir “8.852.301” por “9.652.301”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Partida 04

Contraloría General de la República

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación sin introducir modificación alguna.

El Ejecutivo presentó una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Contraloría General de la República Programa 01:

En “INGRESOS”, Incorporar:

En “GASTOS”

Subtítulo 31:

En el ítem 56, Inversión en Informática, sustituir la cantidad de “94.300” por “319.300”.

- Puesta en votación esta indicación resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones consignadas.

Partida 05

Ministerio del Interior

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, siendo aprobada con las siguientes modificaciones:

- Incorporar en la Glosa 08 de la Asignación 003 “Consejo Nacional para Control de Estupefacientes”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01 “ Secretaría y Administración General”, el siguiente inciso:

“Los convenios para la transferencia de recursos a las municipalidades se suscribirán sobre la base de los programas comunales de prevención del consumo de drogas y de los aportes para su ejecución que estas instituciones efectuarán.”

- Incorporar en la Glosa 07 del Item 53 “Estudios para Inversiones”, Subtítulo 31 “Inversión Real”, Programa 01, Capítulo 05 “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, el siguiente inciso:

“Del total considerado en este ítem, al menos $330.000 miles deberán destinarse a estudios y programas que cumplan con la normativa acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo en el proyecto de crédito BID CHO 161. De dicho monto, hasta $130.000 miles podrán destinarse al financiamiento de la contratación de estudios y programas que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) efectuará de acuerdo al convenio que con dicho organismo suscriba la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.”

- En el inciso segundo de la Glosa 04, del Programa 03 “Programas de Desarrollo Local”, Capítulo 05 “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, sustituir la expresión “en el mes de mayo” por la siguiente “antes del 31 de marzo”.

Los Honorables Senadores señora Matthei y señores Prat y Novoa presentaron las siguientes indicaciones:

Capítulo 01 Programa 01:

Secretaría y Administración General.

Para reemplazar la glosa 03, letra b), por la siguiente:

“b) Incluye $737.877 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

Capítulo 02 Programa 01:

Servicio de Gobierno Interior

Para reemplazar la glosa 03, letra b), por la siguiente:

“b) Incluye $100.238 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

- Puestas en votación estas indicaciones, resultaron rechazadas por once votos en contra y cuatro votos a favor.

Los mismos Honorables Senadores y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron otra indicación, cuyo texto es el que sigue:

Capítulo 01 Programa 01:

Secretaría y Administración General.

Para eliminar en la glosa 02, letra a), su inciso segundo.

- Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por once votos en contra, tres a favor y una abstención.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en iguales términos que la Subcomisión.

Partida 06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que le dio su aprobación, con las siguientes modificaciones:

- Reemplazar la letra b) de la Glosa 03, del Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría y Administración General y Servicio Exterior”, por la siguiente:

b) Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta reservada y desagregada al Contralor General de la República, excepto de los que comprometan o involucren materias de seguridad, de los que se rendirá cuenta igualmente reservada pero en forma global.”.

- Reducir el monto de la asignación 037 “Programa de Actividades Específicas en el Exterior”, Item 33 “Transferencias a otras Entidades Públicas”, del Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría y Administración General y Servicio Exterior”, de US$ 1.851.000 a US$ 851.000, y suprimir el segundo párrafo de su glosa 05 que dice: “De este monto se destinarán US$ 1.000 miles, para implementar el Programa de Política Cultural”.

- Reducir el monto de la asignación 044 “XV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, del Subtítulo 25” Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01” Secretaría y Administración General y Servicio Exterior”, de $1.537.500.000 a $750.000.000.

- Reemplazar la letra b) de la glosa 03 del Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Programa 01, Capítulo 03 “Dirección de Fronteras y Límites del Estado”, por la siguiente:

“b) Incluye $120.408 miles para gastos reservados con la obligación de rendir cuenta reservada y desagregada al Contralor General de la República, excepto de los que comprometan o involucren materias de seguridad, de los que se rendirá cuenta igualmente reservada pero en forma global.”

El Ejecutivo hizo presente las siguientes indicaciones:

Capítulo 01 Secretaría y Administración Programa 01:

General y Servicio Exterior,

Reposiciones

Subtítulo 25:

En el ítem 33.037, Programas de Actividades Específicas en el Exterior, en miles de US$: sustituir la cantidad de “851” por “1.851”.

Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- En el ítem 33.044, XV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en miles de $: sustituir la cantidad de “750.000” por “1.537.500”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por diecinueve votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

GLOSAS:

En la glosa 03, sustituir el tenor de la letra b) por lo siguiente:

“b) Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. El monto de estos gastos se fijará por Decreto Supremo, el que llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.”

Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por trece votos a favor, ocho en contra y una abstención.

En la glosa 05, asociada al ítem 33.037, incorporar como inciso segundo lo siguiente:

“De este monto se destinarán US$ 1.000 miles, para implementar el Programa de Política Cultural.”

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Capítulo 03 Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Programa 01:

GLOSAS:

En la glosa 03 sustituir el tenor de la letra b), por lo siguiente:

“b) Incluye $120.408 miles para gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República”.

Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por trece votos a favor, ocho en contra y una abstención.

A su vez, los Honorables Senadores señora Matthei y señores Novoa y Prat presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 01:

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior

Para sustituir en la glosa 03, su letra b) por la siguiente:

“b) Incluye $245.930 miles y US$ 20.000 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República”.

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por trece votos en contra, ocho a favor y una abstención.

Los mismos señores Senadores presentaron la siguiente indicación:

Capítulo 03 Programa 01: Dirección de Fronteras y Límites del Estado.

Para sustituir en la glosa 03, su letra b), por la siguiente:

“b) Incluye $120.408 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

Puesta en votación, resultó rechazada por trece votos en contra, ocho a favor y una abstención.

El Ejecutivo hizo presente otra indicación, cuyo tenor es el que sigue:

Capítulo 01

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01: Glosas:

Incorporar una Glosa 10, asociada a la asignación 039 “Programa de Reuniones Internacionales”, con el siguiente texto:

“Incluye $ 230.000 miles para gastos que demande la ejecución del Programa de Paz en Colombia: Cooperación y Solidaridad”.

- Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por diecisiete votos a favor y uno en contra.

- A continuación vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta partida con la modificación señalada.

Partida 07

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Esta partida fue informada por la Primera Subcomisión dándole su aprobación, con la siguiente modificación:

- En el Capítulo 06 “Corporación de Fomento de la Producción”, Programa 01 “Fomento Productivo”, Subtítulo 06 “Transferencias”, Item 62 “De Otros Organismos del Sector Público”, incorporar la asignación siguiente: “014 Secretaría y Administración General de Economía (Programa 05)”, con $ “3.985.752” miles.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 01:

Secretaría y Administración General.

Para reemplazar en la glosa 02, letra d) en guarismo “317.244” por “185.000”.

Rebájense en forma equivalente los niveles superiores de agregación.

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por doce votos en contra y siete a favor.

Los mismos señores parlamentarios presentaron otra indicación, cuyo texto dice:

Capítulo 01 Programa 05:

Secretaría y Administración General. Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

Para sustituir en la glosa 02, la expresión “$270.000” por “$150.000”.

Puesta en votación esta indicación, resultó rechazada por 13 votos en contra y ocho a favor.

Los anteriormente señalados señores parlamentarios presentaron una indicación dirigida al:

Capítulo 03 Programa 01

Subsecretaría de Pesca

Para agregar una glosa número “05” en el subtítulo 31, ítem 53 “Estudios para Inversiones”, del siguiente tenor:

“Para estudios de investigación pesquera. Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem, deberán asignarse al menos en un 85% por licitación pública.”.

Puesta en votación esta indicación y luego de un breve intercambio de ideas sobre la materia, fue aprobada con enmiendas por doce votos a favor y diez en contra.

Las enmiendas aprobadas por la Comisión Especial Mixta consisten en sustituir “85%” por “50%” y la expresión “pública” por “privada”.

Seguidamente, los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación cuyo texto es el siguiente:

Capítulo 06 Programa 01:

Corporación de Fomento de la Producción.

Para eliminar en la letra a) de la glosa 02 la oración que dice “(no incluye vigilantes privados ni dotación del Comité Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, Comité de Producción Limpia y Comité Seguro Agrícola)”.

Los autores de esta indicación, posteriormente, la retiraron.

- A continuación, la Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones consignadas precedentemente.

Partida 08

Ministerio de Hacienda

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación, con la siguiente modificación:

Reducir el monto del Item 56 “Inversión en Informática” del Subtítulo 31 “Inversión Real”, Programa 01, Capítulo 03 “Servicio de Impuestos Internos”, de miles de $ “1.233.246” a miles de $ “953.246”.

El Ejecutivo hizo presente varias indicaciones cuyo texto es el que se transcribe a continuación:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General, Programa 04, Programa de Coordinación Proyectos de Gestión:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “995.370” por “1.220.370” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 33:

Incorporar el siguiente ítem:

“86.001 Contraloría General de la República” con $ “225.000” miles.

- Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Capítulo 03 Servicio de Impuestos Internos, Programa 01:

Subtítulo 31: (Reposición)

En el ítem 56 Inversión en Informática, sustituir, en miles de $, la cantidad de “953.246” por “1.233.246”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por doce votos a favor y cinco en contra.

Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “12.438.886” por “9.684.886”, e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 33:

En el ítem 85.012 Cuerpo de Bomberos, sustituir la cantidad de “6.501.130” por “3.747.130”.

Incorporan el Presupuesto en Moneda Extranjera Convertida a Dólares, como sigue:

GLOSAS: SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Glosa 02

En su letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo “186” por “198”.

En su letra d) Convenios con personas naturales – Miles de $, sustituir la cantidad de “144.172” por “66.904”.

Sustituir la glosa 06 por la siguiente:

“06 Los recursos en moneda nacional, a proposición fundada de la Junta Nacional, mediante resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, deberán destinarse a la adquisición y renovación de material y al pago de compromisos originados en adquisiciones de años anteriores.

Con cargo a esta cantidad, y mediante igual proposición podrán, además, asignarse recursos para el funcionamiento de la referida Junta Nacional y sus organismos dependientes, los que deberán señalarse en la respectiva resolución. Por igual procedimiento, se podrá asignar recursos para el funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos, cuyo monto no podrá exceder del 25% del total.

Las proposiciones fundadas a que se refiere la presente glosa y las anteriores, deberán basarse en indicaciones de actividad o necesidades. Estas proposiciones deberán ser presentadas, a más tardar, el 30 de marzo del año 2001. La cantidad mensual a entregar durante el primer trimestre y mientras no se cuente con las respectivas proposiciones, no podrá exceder del equivalente del 80% del duodécimo del monto total correspondiente.”.

- Puesta en votación esta indicación, luego de un extenso debate, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Capítulo 02 Dirección de Presupuestos, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “3.137.948” por “3.257.948” e igualmente en su ítem 91.

En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir la cantidad de “320.154” por “440.154”.

- Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Seguidamente, los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron las siguientes cuatro indicaciones:

Capítulo 03 Programa 01:

Servicio de Impuestos Internos.

Para reemplazar en la glosa 02, letra a), el guarismo “3.119” por “2.785”.

Capítulo 03 Programa 01:

Servicio de Impuestos Internos.

Para reemplazar en la glosa 02, letra b), el guarismo “3.291.000” por “2.962.782”.

Rebájense en forma equivalente los niveles superiores de agregación.

Capítulo 03 Programa 01:

Servicio de Impuestos Internos.

Para remplazar en la glosa 02, letra c), el guarismo 1.200.000” por “1.080.000”.

Rebájense en forma equivalente los niveles superiores de agregación:

Capítulo 03 Programa 01:

Servicio de Impuestos Internos.

Para remplazar en la glosa 03, el guarismo “633.763” por “570.386”.

Rebájense en forma equivalente los niveles superiores de agregación.

- Puestas en votación las cuatro indicaciones, fueron rechazadas por once votos en contra y siete a favor.

- A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modificaciones reseñadas.

Partida 09

Ministerio de Educación.

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, siendo aprobada con las modificaciones que a continuación se indican:

I Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 01.

1) En la glosa 16 de la asignación 097, "Universidad de Chile", Item 33, Subtítulo 25, sustituir en su segunda oración la frase "destinados a infraestructura y equipamiento del programa de medición del riesgo sísmico" por "destinados a gastos para equipos, funcionamiento e implementación del programa de medición del riesgo sísmico".

2) En la glosa 26 de la asignación 383, "Programa de Textos Escolares de Educación Básica y Media", Item 33, Subtítulo 25, reemplazar en su inciso final la frase "para la adquisición de textos que serán distribuidos en el año 2002" por "para la adquisición de textos que serán distribuidos a partir del año 2001".

3) En la glosa 29 de la asignación 026, "Programa Informática Educativa en Escuelas y Liceos", Item 87, Subtítulo 33, sustituir en su inciso primero el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando a continuación la siguiente oración: "Incluye financiamiento para la renovación y/o ampliación de recursos informáticos, en los montos y/o bienes que se establezcan en los convenios respectivos.".

II Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

1) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 35, sustituir la asignación "003 Convenio Fundación Andes" por la asignación "004 Convenio ICGEB-Italia".

2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 35, reemplazar la asignación "005 Proyecto OEA Infocit" por la asignación "008 Acuerdo Gemini-Aura".

III Capítulo 09, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Programa 02.

En el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", glosa 02, sustituir en su letra b) la cantidad de "54.320" por "31.067", y reemplazar en su letra c) la cantidad de "31.067" por "54.320".

IV Capítulo 20, Subvención a Establecimientos Educacionales.

Sustituir la glosa 04 de la asignación 260, "Subvención de Educación Parvularia, 1º Nivel de Transición", Item 31, Subtítulo 25, por la que sigue:

"04 Recursos para el pago, durante el año 2001, de una subvención para niños de educación parvularia de primer nivel de transición, que se pagará en el mismo monto y condiciones a las establecidas en el D.F.L. (Ed.) Nº 2 de 1998 para el segundo nivel de transición, en aquellas comunas que se determine mediante decreto del Ministerio de Educación, en el cual se incluirá el número de subvenciones respectivas, las que no podrán exceder de un total de 30.000.

En el caso que los establecimientos educacionales de comunas o sectores comunales no tuvieren la capacidad para atender el número de niños que se les hubiere fijado, el Ministerio de Educación, mediante decreto visado por el Ministerio de Hacienda, podrá otorgar la misma subvención a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Fundación INTEGRA, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior para la atención de niños del primer nivel de transición.".

V Capítulo 30, Educación Superior.

1) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 33, asignación 200, "Becas Educación Superior", sustituir la cantidad de "15.646.309" por "18.139.145", y en su glosa 02 reemplazar la cantidad de "15.336.779" por "17.829.615".

2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 33, asignación 202, "Fondo Desarrollo Institucional", sustituir la cantidad de "8.320.446" por "8.253.687".

3) En el Subtítulo 33, "Transferencias de Capital", Item 87, asignación 036, "Aplicación Letra a) Art. 71 bis de la Ley Nº 18.591", reemplazar la cantidad de "41.886.342" por "39.460.265".

4) En la glosa 03 correspondiente a la asignación 202 "Fondo Desarrollo Institucional", Item 33, Subtítulo 25, y a la asignación 035 "Fondo Desarrollo Institucional - Infraestructura", Item 87, Subtítulo 33, reemplazar en su letra b) la cantidad de "21.571.486" por "21.504.727".

El Ejecutivo presentó una indicación del tenor siguiente:

Capítulo 05 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “8.308.795” por “8.358.795” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem 33.156, Consejo de Monumentos Nacionales, sustituir la cantidad de “86.154” por “136.154”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat presentaron tres indicaciones, cuyo texto es el transcrito a continuación:

Capítulo 01 Programa 01:

Subsecretaría de Educación

Para insertar en su glosa 06 un nuevo inciso final:

“En el caso de las becas de educación superior a que se refiere la letra c) anterior, se podrán otorgar becas a alumnos que la hayan recibido en el año precedente, sólo si en éste hubiere aprobado el 65% de los ramos correspondientes al período respectivo.”.

Capítulo 01 Programa 02:

Subsecretaría de Educación

Programa de Extensión de la Jornada Escolar.

Para insertar en su glosa 08 un nuevo inciso final:

“Estas becas se podrán otorgar a alumnos que la hayan recibido en el año precedente, sólo si en éste hubiere aprobado el 65% de los ramos correspondientes al período respectivo.”.

Capítulo 30 Programa 01:

Educación Superior

Para insertar en su glosa 03 un nuevo inciso final:

“Las becas de educación superior se podrán otorgar a alumnos que la hayan recibido en el año precedente, sólo si en éste hubieran aprobado el 65% de los ramos correspondientes al período respectivo.”.

- Con posterioridad, estas indicaciones fueron retiradas por sus autores.

A continuación, los Honorables Senadores señores Novoa y Prat, y el Honorable Diputado señor García Ruminot, presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 01:

Subsecretaría de Educación

A) Para reemplazar en el ítem 33.097, la expresión “Universidad de Chile” por “Universidades chilenas”.

B) Para reemplazar en la glosa 16 la expresión “la Universidad de Chile” por “Universidades chilenas”.

C)Para insertar un inciso nuevo a la glosa 16, del siguiente tenor:

“Los convenios a que se refiere el inciso anterior serán asignados mediante concurso público entre las mencionadas universidades.”.

El señor Presidente consultó a la Comisión acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de la referida indicación, resolviendo la Comisión Especial Mixta que la indicación era admisible por diez votos a favor y seis en contra.

- Puesta en votación la indicación, fue aprobada por ocho votos a favor y siete en contra.

Finalmente, el Honorable Senador señor Sabag y los Honorables Diputados señores Lorenzini, Ortiz y Silva presentaron una indicación cuyo texto es el siguiente:

Capítulo 30 Educación Superior: Programa 01

En la glosa 03, suprimir en el párrafo primero, la frase que está a continuación del punto seguido, que pasa a ser punto aparte. (Dice la frase que se sugiere suprimir: “Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $3.136.987 miles se destinarán a reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades regionales ubicadas fuera de la Región Metropolitana”).

En la glosa 03 letra (a) sustituir la cantidad de “2.600.000” por “4.325.000”.

En la glosa 03 letra (a) sustituir luego de “los proyectos seleccionados” la frase “en el concurso de carácter general” por “en los concursos respectivos”.

En la glosa 03 letra (a) agregar luego del punto aparte que pasa a ser seguido, “La cantidad de $3.136.987 miles que se destinarán a reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades regionales ubicadas fuera de la Región Metropolitana.”

En la glosa 03 letra (b) sustituir la cantidad de “21.504.727” por “16.642.740”.

- El señor Presidente de la Comisión Especial Mixta declaró la inadmisibilidad de esta indicación.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones reseñadas.

Partida 11

Ministerio de Defensa Nacional

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación sin introducir modificación alguna.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat presentaron dos indicaciones del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 01:

Subsecretaría de Guerra

Para reemplazar su glosa 03 por la siguiente:

“03 incluye 277.183 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

- Puesta en votación esta indicación fue rechazada por once votos en contra y tres a favor.

Capítulo 05 Programa 01:

Subsecretaría de Investigaciones.

Para sustituir en la glosa 01, el párrafo que comienza como “- Gastos reservados...” y termina con “Ministro de Hacienda”, por el siguiente:

“$10.000 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

- Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por once votos en contra y tres a favor.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en los mismos términos que la Subcomisión.

Partida 12

Ministerio de Obras Públicas

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, dándole su aprobación en iguales términos a los que fuera presentada.

El Ejecutivo presentó una indicación a esta Partida, cuyo tenor es el siguiente:

Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas, Programa 02 Dirección de Arquitectura.

GLOSAS

En la glosa 04 incorporar, como inciso segundo, lo siguiente:

“Asimismo, incluye $10.000 miles destinados a proyectos de rehabilitación y conservación de inmuebles de uso cultural y/o definidos en la categoría internacional de patrimonio de la humanidad, que la Dirección de Arquitectura convenga con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.”.

Programa 07 Dirección de Aeropuertos

Incorporar en el Subtítulo 31 INVERSION REAL el guarismo “04” en la columna Glosa Nº

GLOSAS:

Incorporar la siguiente glosa:

“04” Incluye recursos para el Programa de Construcción, Mejoramiento y Conservación de pequeños aeródromos. La identificación de los proyectos que corresponda conforme al Art 5º de esta ley, se realizará cuando se disponga de una metodología de evaluación técnico-económica específica para pequeños aeródromos, que incluya entre otras variables, la realidad regional, su tamaño y utilización.”

- Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial.

- Posteriormente vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó esta Partida con las modificaciones precedentemente indicadas.

Partida 13

Ministerio de Agricultura

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, que le dio su aprobación con las modificaciones siguientes:

- En el Subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 01, Capítulo 01, “Subsecretaría de Agricultura”, sustituir la cantidad de “29.926.754” por “30.001.754”. Igualmente en su ítem 91 “Libre”.

- En la Asignación 031 “Fundación Chile”, Item 85 “Aportes al Sector Privado”, Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”, Programa 01, Capítulo 01 “Subsecretaría de Agricultura”, sustituir la cantidad de “973.750” por “1.048.750”.

- En el Subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “58.877.654” por “58.802.654”. En su Item 91 “Libre”, sustituir la cantidad de “55.282.032” por “55.207.032”.

- En la Asignación 379 “Servicios de Innovación y Gestión y Apoyo a Organizaciones”, Item 31 “Transferencias al Sector Privado”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “14.371.327” por “13.371.327”.

En la Asignación 392 “Desarrollo y Tecnificación de la Ganadería”, Item 31, Subtítulo 25, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “3.075.000” por “4.000.000”.

- En el encabezamiento del Capítulo 03, “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, a continuación del “(01)”, incorporar “(08)”, e incluir la siguiente Glosa 08, nueva:

“08 Respecto de los programas efectuados o que efectúe el Instituto de Desarrollo Agropecuario en los términos establecidos en el Nº 4 del artículo 3º de la ley Nº 18.910, declárase que la mención que el artículo 78 de la ley Nº 19.253 hace a dicha disposición ha debido y debe entenderse referida al Nº 6 del mismo precepto.”

- En la Asignación 397 “Apoyo Diversificación Actividades Económico – Productivas MYPE Campesina”, Item 31 “Transferencias al Sector Privado”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 03 “ Instituto de Desarrollo Agropecuario”, incorporar “09” en la columna “Glosa Nº “, e incluir la siguiente Glosa 09, nueva:

“09 Incluye un monto de hasta $400.000 miles para desarrollar un programa de “Bono Hortícola” que se implementará en la X Región de Los Lagos, y de hasta $50.000 miles para llevar a cabo este programa en la VII Región del Maule.”.

El Ejecutivo, en la Comisión Especial Mixta, presentó una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 03 Instituto de Desarrollo Agropecuario, Programa 01,

GLOSAS:

En la glosa 04, asociada al ítem 31.379, suprimir el párrafo que, en punto seguido, se inicia “Con cargo a ............ hasta ........ Desarrollo Indígena.”

En la glosa 07 a) sustituir “decreto N°24/97” por “decreto N°507/99”.

Capítulo 04 Servicio Agrícola y Ganadero, Programa 01:

En la glosa 04 a) sustituir “decreto N° 24/97” por “decreto N° 507/99”

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó esta Partida con las modificaciones precedentemente indicadas.-

Partida 15

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que le dio su aprobación con la modificación siguiente:

En la glosa 04, Asignación 260 “Programa Generación de Empleo”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01” Subsecretaría del Trabajo”, intercalar en el primer párrafo, a continuación del punto seguido, la siguiente frase:

“La participación de agentes privados en el programa se llevará a cabo mediante procedimientos de licitación pública que garanticen la equidad y transparencia en el uso de los recursos.”.

El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones:

Capítulo 01 Subsecretaría del Trabajo, Programa 01:

Subtítulo 25:

Sustituir en el ítem 33.260 la denominación “Programa Generación de Empleo” por la siguiente: “Programa Pro Empleo”

GLOSAS:

Sustituir la glosa 04 por la siguiente:

“El objetivo del Programa será asegurar una reinserción estable y efectiva de los trabajadores que hayan perdido su empleo, orientándose preferentemente a quienes tengan la calidad de jefes de hogar. La aplicación de los recursos a proyectos o programas específicos en las regiones o comunas, se efectuará considerando las tasas de desocupación que éstas presenten.

Los componentes o líneas de acción comprendidos en el programa, la participación de organismos del Sector Público en la administración o en la ejecución de programas o proyectos y los demás procedimientos y modalidades a que estarán afectos su determinación y desarrollo, se establecerán mediante uno o más decretos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, visados por la Dirección de

Presupuestos, los que podrán ser dictados bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” a contar de la fecha de publicación de esta ley. Los recursos que se transfieran con cargo a este ítem a organismos del Sector Público no ingresarán a sus presupuestos y de su inversión rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la República.

La participación de agentes privados en la ejecución de proyectos o programas se regirá por la normativa aplicable al respectivo organismo del Sector Público encargado de su administración, el que deberá utilizar preferentemente el procedimiento de licitación pública para su adjudicación, en la forma que se establezca en el correspondiente decreto.

Hasta $187.885 miles de los recursos del programa podrán ser destinados a solventar gastos de administración, incluidos gastos en personal por un monto de hasta $69.600 miles, a través de la Subsecretaría del Trabajo.”.

Capítulo 15 Hospital Dirección Programa 01:

de Previsión de Carabineros,

GLOSAS:

En la glosa 02 incorporar la siguiente letra e):

“e) Adicionalmente, con cargo a los recursos de este subtítulo se podrá contratar hasta 50 personas en forma transitoria, para funciones asistenciales, en reemplazo del personal que se encuentre impedido, por cualquier causa, de desempeñarlas.”

- Puestas en votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modificaciones reseñadas.

Partida 16

Ministerio de Salud

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que le dio su aprobación con las siguientes modificaciones:

En el resumen por Capítulos del Ministerio, en la letra b) de la Glosa 02 asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” del Capítulo “Servicios de Salud”, reemplazar la frase “El desarrollo de este programa se efectuará con los recursos humanos correspondientes a médicos liberados de guardias nocturnas.”, por la siguiente: “El desarrollo de este Programa se efectuará con el personal de que disponen los Servicios de Salud, incluyendo preferentemente horas de las jornadas de profesionales funcionarios liberados de guardias nocturnas.”.

En el mismo resumen por Capítulos del Ministerio, agregar al final de la Glosa 04 asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” del Capítulo “Servicios de Salud”, en punto seguido, la frase “Copia de esos mismos informes y del de evaluación que haga el Ministerio de Salud se enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados.”.

En el citado resumen por Capítulos del Ministerio, agregar una glosa 06 asociada también al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” del Capítulo “Servicios de Salud”, del siguiente tenor:

“06 El Ministerio de Salud informará semestralmente a las Comisiones de Salud y de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados sobre la situación de la deuda de los Servicios de Salud con la Central de Abastecimiento y con proveedores privados, desagregada por establecimientos. Deberá indicarse los componentes y origen de las deudas, su antigüedad y su relación con los ingresos mensuales del respectivo establecimiento.”.

En el Item 91 “Libre”, subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 03 “Inversión Sectorial de Salud”, Capítulo 01 “Subsecretaría de Salud”, sustituir la cifra “32.811. 137.” por “32.872.717” y

- En el Item 92 “Servicio de la Deuda Pública”, Subtítulo 09, Programa 03” Inversión Sectorial de Salud”, Capítulo 01” Subsecretaría de Salud”, reemplazar la cantidad “12.623.938” por “12.562.358”.

- En el Item 32 “Transferencias a Organismos del Sector Público”, Subtítulo 25” Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 02 Fondo Nacional de Salud”, agregar una glosa 06, nueva, del siguiente tenor:

“06 Incluye $ 43.632.142 miles para el financiamiento de los Programas Prestaciones Complejas, Oportunidad en la Atención y Adulto Mayor. El uso de los recursos en la ejecución de dichos programas se efectuará conforme a los convenios que previamente deberá suscribir el Fondo Nacional de Salud con los Servicios de Salud correspondientes.”.

- En la glosa 04 de la Asignación 033 “Programa de Contingencias Operacionales”, Item 32 “Transferencias a Organismos del Sector Público”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 02” Fondo Nacional de Salud”, insertar un párrafo final cuyo texto es el siguiente:

“Tanto la asignación de estos recursos a los Servicios de Salud como los criterios de eficiencia y equidad empleados se comunicarán a las Comisiones de Hacienda y de Salud del Senado y la Cámara de Diputados.”.

El Ejecutivo hizo presente una indicación del siguiente tenor:

En el resumen por Capítulos de la Partida:

Sustituir la Glosa 04 asociada al consolidado de los Servicios por la siguiente:

“04 Cada Servicio de Salud deberá emitir trimestralmente un informe de evaluación de la situación financiera y de su actividad asistencial consolidada y de cada uno de los hospitales y demás establecimientos de su dependencia, el que deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección de Presupuestos, dentro del mes siguiente al del vencimiento del trimestre respectivo. El Ministerio de Salud deberá enviar a la referida Dirección un informe en que evalúe los informes presentados por los Servicios, en forma global e institucional, dentro del mes siguiente al de recepción.

En los informes que elaboren los Servicios y en la evaluación efectuada por el Ministerio, deberá incluirse el nivel de obligaciones devengadas y no pagadas; su origen y justificación y la compatibilidad del gasto efectuado y compromisos asumidos, con los montos de gasto autorizados en el presupuesto y glosas respectivas.

Copia de los informes de los Servicios y de la evaluación efectuada serán remitidas por el Ministerio, en la misma oportunidad antes señalada, a las Comisiones de Salud y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.”.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas a la glosa 04, suprimir la glosa 06, asociada también al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.

Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación del siguiente tenor:

Para incorporar en la glosa 04 los siguientes incisos nuevos:

“Estos informes deberán señalar el nivel de endeudamiento por establecimiento, tanto con la Central de Abastecimientos como entidades privadas, indicando la antigüedad de la deuda y su relación con los ingresos mensuales de cada uno de ellos.

Copia de los referidos informes deberá remitirse a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su emisión. De igual forma, se remitirá a la comisiones una información estadística de la evolución de esta deuda desde 1997 hasta julio del 2.001.”

Con posterioridad, los autores de la indicación la retiraron.

- A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó esta Partida con las modificaciones precedentemente indicadas.

Partida 17

Ministerio de Minería

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, siendo aprobada en los mismos términos en que fuera presentada.

El Ejecutivo presentó dos indicaciones del siguiente tenor:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General, Programa 02 Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.

GLOSAS:

Sustituir la Glosa 01 por la siguiente:

“01 Comprende los recursos necesarios para financiar el Programa de Fomento para pequeños mineros, que ejecuta la Empresa Nacional de Minería, el cual incluye:

a) $ 1.107.000 miles para el Fondo de Capital de Riesgo, orientado a financiar estudios y trabajos de reconocimiento de reservas demostradas, a través de concursos de proyectos.

b) $1.273.000 miles para costos operacionales, gastos de administración y transferencias tecnológicas.

c) $ 1.862.425 miles para solventar las pérdidas económicas que generan la operación de los Poderes de Compra y Plantas de Beneficio de Minerales de ENAMI y de terceros.

d) $ 50 miles para la operación del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para Pequeños Mineros, el que operará conforme al procedimiento que se establezca mediante Oficio del Ministerio de Hacienda. Con todo, esta última cantidad podrá ser aumentada si la evolución del precio del cobre lo ameritare, con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gasto.

Sólo serán beneficiarios del Programa de Fomento aquellos pequeños productores mineros cuyos activos no superen los US$ 500.000.

Los recursos de esta asignación sólo podrán incrementarse mediante autorización expresa otorgada por la ley.”

Capítulo 03 Servicio Nacional de Geología y Minería, Programa 01:

GLOSAS:

Glosa 02:

En su letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo “206” por “233”.

En su letra d) Convenio con personas naturales – Miles de $, sustituir la cantidad de “230.000” por “105.992”.

Puestas en votación estas indicaciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación, cuyo tenor es el que sigue:

Capítulo 01 Programa 02 Secretaría y Administración General.

Fomento de la pequeña y

mediana minería

Para reemplazar en la glosa 01 el párrafo que dice “ - $1.273.050 miles para costos operacionales, gastos de administración y transferencia tecnológica.”, por el siguiente:

“- $721.221 miles para costos operacionales y gastos de administración, y $551.829 miles para transferencia tecnológica.”.

El señor Presidente de la Comisión Especial Mixta, H. Senador señor Carlos Ominami, declaró inadmisible esta indicación.

- A continuación, la Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones derivadas de las indicaciones que resultaron aprobadas.

Partida 18

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que le dio su aprobación con las siguientes modificaciones:

- En el Resumen, por Servicios, de la Partida, en la Glosa 04 Asociada a Subtítulo 31, agregar la siguiente letra d, nueva:

“d) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un proyecto piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, con copia a la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 30 de septiembre del año 2001, un informe que señale las características de las familias beneficiadas, gasto efectivo, compromisos generados y avance físico del proyecto.”

- En el mismo Resumen por servicios, en la Glosa 05 Asociada a Subtítulo 33, Item 85, anteponer la letra a) al texto ya existente e incorporar la siguiente letra b), nueva:

“b) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un proyecto piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, con copia a la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 30 de septiembre del año 2001, un informe que señale las características de las familias beneficiadas, gasto efectivo, compromisos generados y avance físico del proyecto.”.

El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones:

En el resumen, por Servicios, de la Partida:

GLOSAS:

En la glosa 04, Asociada al Subtítulo 31 sustituir el texto de la letra c), por lo siguiente:

“c) Terrenos:

La adquisición de terrenos con cargo a esta asignación se utilizará en los programas habitacionales previstos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según evaluación efectuada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial y aprobada mediante oficio de dicho Ministerio.”.

En la glosa 05, asociada al Subtítulo 33, ítem 85, incorporar la letra c) como sigue:

“c) Los montos consignados en los presupuestos de cada SERVIU a nivel de asignación del referido ítem podrán ser excedidos, en los meses de Marzo a Noviembre, con el objeto de dar continuidad al pago de los respectivos certificados de subsidios, no pudiendo sobrepasarse la cantidad total del ítem.

Los excesos correspondientes deberán regularizarse presupuestariamente dentro del trimestre en que se produzcan.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar a la Dirección de Presupuestos a más tardar en el mes de Julio del año 2001 respecto de la implementación de medidas destinadas a mejorar la programación físico financiera en cada región, y de los resultados alcanzados.”

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

En el resumen por Servicios de la Partida:

GLOSAS:

En la glosa 04 Asociada a Subtítulo 31, en el inciso primero de la letra d), sustituir el texto por lo siguiente:

“d) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un programa piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución conjunta de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda.”

En la glosa 05 Asociada a Subtítulo 33, ítem 85, en el inciso primero de la letra b), sustituir el texto por lo siguiente:

“b) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un programa piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución conjunta de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda.”

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones reseñadas.

Partida 19

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, la que le dio su aprobación con la modificación que se señala a continuación:

En la Glosa 05, Asignación 039 “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, Item 85” Aportes al Sector Privado”, Subtítulo 33” Transferencias de Capital”, Programa 01, Capítulo 02” Subsecretaría de Telecomunicaciones”, intercalar entre la expresión “Ley Nº 18.168” y el punto seguido(.) que la sigue, la siguiente frase, precedida de una coma (,): “esto es, con el objeto de promover el aumento de la cobertura del servicio público telefónico en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, con baja densidad telefónica”.

El Ejecutivo presentó una indicación, cuyo texto es el que se transcribe a continuación:

Capítulo 01 Secretaría y Administración Programa 01:

General de Transportes,

GLOSAS:

En la glosa 05 sustituir “55” por “100”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat, y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron la siguiente indicación:

Capítulo 02 Programa 01 Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Para insertar una nueva glosa “06”, al subtítulo 33, ítem 85, asignación 039, del siguiente tenor:

“06 Los recursos de este fondo se destinarán sólo para subsidiar la telefonía rural.”.

- Con posterioridad, los autores de esta indicación la retiraron.

- Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones consignadas.

Partida 20

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación sin efectuar modificación alguna.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat, presentaron dos indicaciones, cuyo texto es el siguiente:

Capítulo 01 Programa 01 Secretaría General de Gobierno.

Para reemplazar su glosa 03, letra a) por la siguiente:

“03 Incluye $1.187.377 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.

Capítulo 01 Programa 01 Secretaría General de Gobierno

Para agregar un párrafo a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, a la glosa 03, letra a), del siguiente tenor:

“Con estos recursos no podrá financiarse ningún tipo de encuesta política, electoral o Partidaria.”

- Puestas en votación estas indicaciones, resultaron rechazadas por doce votos en contra y tres a favor.

- Vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en consecuencia, aprobó esta Partida en los mismos términos que la Subcomisión.

Partida 21

Ministerio de Planificación y Cooperación

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación con una sola modificación, consistente en rechazar la Asignación 536 “Trabajos Solidarios”, Item 31 “Transferencias al Sector Privado”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01 “Subsecretaría de Planificación y Cooperación”.

El Ejecutivo presentó cinco indicaciones, cuyos textos son lo que se transcriben a continuación:

Capítulo 01 Subsecretaría de Planificación y Coordinación

Programa 01 “Subsecretaría de Planificación y Cooperación”:

En el Subtítulo 25, reponer el ítem: “31.536 Trabajos Solidarios” con $”174.537” miles.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por ocho votos a favor y siete en contra.

Programa 04 “Desarrollo Indígena”:

Subtítulo 25:

En el ítem 33.002 A Entidades y organismos del Sector Público, sustituir la cantidad de “2.296.000” por “4.090.075”.

Subtítulo 33:

En el ítem 87.002 A Entidades y Organismos del Sector Público, sustituir la cantidad de “2.214.000” por “419.925”.

- Puesta en votación esta indicación resultó aprobada por unanimidad de los miembros presentes.

GLOSAS:

Agregar a la glosa 01 el siguiente inciso:

“La ejecución de los gastos a financiar serán determinados en los convenios que se suscriban entre MIDEPLAN y los organismos ejecutores, en que deberán estipularse las acciones a desarrollar, las metas, forma de rendir los recursos, modalidad de ejecución y otras consideraciones de conformidad a los términos contenidos en el convenio de financiamiento externo de este programa.”

Incorporar la glosa 02, como sigue:

“Para los efectos de la ejecución de este programa se podrá otorgar la calidad de agente público a la persona que se contrate para su coordinación.”

Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta, con dos enmiendas a la Glosa 02 que se incorpora, consistentes en eliminar la expresión “podrá”, dejando la palabra otorgar como “otorgará”.

Capítulo 02 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Programa 01:

GLOSAS:

Agregar a la glosa 06, el siguiente inciso:

“Del monto total asignado a cada Región, se podrá redestinar hasta un 30% sólo para financiar programas de empleo en la misma Región, mediante convenio entre el Servicio y el Intendente respectivo.”

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Capítulo 07 Fondo Nacional de Discapacidad, Programa 01:

GLOSAS:

En la glosa 03 asociada al ítem 31.581 incorporar el siguiente inciso:

“Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 200.000 miles, por sobre el monto autorizado en esta asignación.”

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unamimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Seguidamente, los Honorables Senadores señores Novoa y Prat y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 02Subsecretaría de Planificación y Cooperación Programa de Vialidad y Transporte Urbano.

Para introducir una glosa número “01” en el subtítulo 31, ítem 53, “Estudios para Inversiones”, del siguiente tenor:

“01 Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem, deberán asignarse por licitación pública.”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta, con la sola enmienda consistente en agregar el vocablo “preferentemente” a continuación de la palabra “asignarse”.

- Inmediatamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida con las modificaciones reseñadas.

Partida 22

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Esta partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación con las siguientes modificaciones:

- En el Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría General de la Presidencia de la República”, sustituir la cantidad de “1.677.866” por “ 1.606.978”.

- En el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría General de la Presidencia de la República”, sustituir la cantidad de “936.567” por “921.412”.

En el mismo Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25” Transferencias Corrientes”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, incorporar la Asignación “340 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno” con $ “165.368” miles, y suprimir la Asignación “341 Programa de Modernización de la Gestión Pública” y su monto “54.325”.

- En el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, Asignación 399 “Programa de Reformas del Estado”, sustituir la cantidad de “1.005.935” por “980.935”, y en la Glosa 04, sustituir la cantidad de “512.500” por “487.500”.

Los Honorables Senadores señores Novoa y Prat presentaron una indicación del siguiente tenor:

Capítulo 01 Programa 01

Secretaría General de la Presidencia de la República.

Para reemplazar la glosa 03, letra b) por la siguiente:

“b) Incluye $199.857 miles que se podrán gastar discrecionalmente en los fines del Servicio, y de su aplicación se rendirá cuenta detallada y reservada al Contralor General de la República.”.

- Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por once votos en contra y cuatro a favor.

- A continuación, la Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en iguales términos que la Segunda Subcomisión.

Partida 50

Tesoro Público

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación con las siguientes modificaciones:

- En la Asignación 004 “Aporte fiscal para Servicio de la Deuda”, Item 91 “Deuda Pública Externa”, Subtítulo 50 “Servicio de la Deuda Pública”, Programa 04 “Servicio de la Deuda Pública”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra “105.523.374” de la columna “moneda nacional. Miles de $. por “105.461.794”.

- En la Glosa 02, del Programa 04 “Servicio de la Deuda Pública”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra de la columna “DEUDA EXTERNA”, correspondiente a la “Subsecretaría de Salud. Programa 03”, de “12.623.938” por “12.562.358”.

- En la Asignación 001 “Subsecretaría de Salud”, Item 66 “Ministerio de Salud”, Subtítulo 80 “Aporte Fiscal Libre”, Programa 05 “Aporte Fiscal Libre”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra de la columna “Moneda Nacional. Miles de $” 99.662.040” por “99.723.620”.

El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones:

50 TESORO PUBLICO

50 TESORO PUBLICO

Capítulo 01 Fisco. Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”50.000” miles.

Programa 05 Aporte Fiscal Libre:

Subtítulo 80:

Incrementar el ítem 59.005 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en $”50.000” miles.

50 TESORO PUBLICO

Capítulo 01 Fisco. Programa 03 Operaciones Complementarias

Subtítulo 25:

En el ítem 33:

a) Crear la asignación 120 “Fondo de Contingencia contra el Desempleo” con $10 miles y en la columna “Glosa N°” incorporar “18”.

b) Disminuir asignación 108, “Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales”, en $10 miles.

GLOSAS:

c) Incorporar glosa 18, asociada a asignación 120, del siguiente tenor:

“Excedible hasta en $100.000.000 miles mediante decretos del Ministerio de Hacienda expedidos en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, dictados a contar del 1° de abril de 2001, siempre que la tasa nacional de desocupación determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas supere el 10% o cuando dicha tasa sea superior al 9% y se prevea por parte del aludido Ministerio que en el transcurso de los próximos tres meses dicha tasa pudiere mantenerse sobre ese nivel. Con cargo a estos recursos se podrán efectuar aportes a organismos del Sector Público para desarrollar programas o proyectos de inversión intensivos en uso de mano de obra y al Programa Pro Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los excesos que se produzcan por aplicación de lo señalado precedentemente deberán ser regularizados dentro de los treinta días siguientes al de tramitación del decreto que los disponga, a través de los traspasos previstos en la glosa 09 de este programa; con reasignaciones presupuestarias sin sujeción al inciso segundo del artículo 26 del antes citado decreto ley; con mayores ingresos tributarios y con el producto de la venta de activos.

El monto de incremento efectivo que se disponga para el Fondo, constituirá utilización de la autorización de aumento de gasto de 10% contenida en el inciso tercero del artículo 4° de esta ley, no rigiendo a su respecto lo dispuesto en el inciso primero de dicho artículo, según corresponda.”

d) En la glosa 09 sustituir “Programa Generación de Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social” por “Fondo de Contingencia contra el Desempleo de este Programa”.

Capítulo 01 Fisco_

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80:

50 TESORO PUBLICO

Capítulo 01 Fisco

Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”120.000” miles.

Programa 05 Aporte Fiscal Libre:

Subtítulo 80:

Incrementar el ítem 58.002 Dirección de Presupuestos, en $”120.000” miles.

50 TESORO PUBLICO

Capítulo 01 Fisco

Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”1.111.000” miles.

- Puestas en votación todas estas indicaciones, resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

- Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con las modificaciones explicitadas.

ARTICULADO DEL PROYECTO

El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001 fue estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta, la que lo aprobó íntegramente, con los siguientes acuerdos :

Artículo 1º

Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas, se sustituye el artículo 1º, en la parte relativa a "Moneda Nacional", por el que se indica a continuación:

"Artículo 1º.-

ARTICULO 2°

Como resultado de los cambios de cifras aprobados, se sustituye, este precepto en la parte relativa a cantidades en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, por el que aparece a continuación:

"Artículo 2º.-

NORMA DE QUORUM ESPECIAL

Respecto del artículo 3º del proyecto de ley, vuestra Comisión Especial Mixta, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60, Nº 7, y 63, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, deja constancia que en las Salas de ambas Cámaras del Congreso Nacional debe ser aprobado con quórum calificado, esto es, la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.

Artículo 15

El Ejecutivo presentó una indicación cuyo texto es el siguiente:

Para incorporar como inciso final del artículo 15 el siguiente:

“No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.”

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

El Honorable Senador señor Cantero y el Honorable Diputado señor Montes presentaron la indicación siguiente:

“Para eliminar el inciso segundo del artículo 15 del proyecto de ley”.

Con posterioridad, esta indicación fue retirada por sus autores.

Artículo 16

Los Honorables Senadores señora Matthei y señores Novoa y Prat, y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación del siguiente tenor:

Para introducir al artículo 16, los siguientes incisos nuevos:

“Con todo, las instituciones a las que se refiere el inciso anterior y las empresas del Estado o en que éste tenga participación mayoritaria, no podrán realizar publicidad alguna durante los tres meses previos a una elección popular, que se efectúe en la forma y oportunidades establecida en la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y en el D.F.L. Nº 2, de 1999, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con excepción de aquella información que sea indispensable para el normal desarrollo del servicio o de la que sea necesaria por utilidad pública.

La infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionada con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, aplicables a la autoridad o funcionario infractor, o a los miembros de su directorio que hubieren acordado la emisión de la propaganda o al gerente, en su caso.

La multa será impuesta por el Juez de Policía Local respectivo, de oficio o a petición de cualquier interesado.

- Puesta en votación esta indicación fue rechazada por nueve votos en contra y siete a favor.

Articulo 17

Los Honorables Senadores señora Matthei y señores Novoa y Prat, y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación cuyo texto se transcribe a continuación:

Para agregar un nuevo inciso final al artículo 17, del siguiente tenor:

“Asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción deberá remitir en todo caso la información mencionada respecto de sus institutos, que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Además, esta información precisará para cada uno de ellos los ingresos que se originen en servicios prestados o productos suministrados al Estado, sus organismos y empresas, y los que correspondan a entidades privadas.”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Artículo 18

El Ejecutivo presentó una indicación cuyo texto es el siguiente:

Sustituir, en el inciso final del artículo 18, la expresión “sesenta días” por “cuarenta y cinco días”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Especial Mixta.

Artículos Nuevos

Los Honorables Senadores señora Matthei y señores Novoa y Prat, y el Honorable Diputado señor García Ruminot presentaron una indicación cuyo texto es el siguiente:

Para insertar un artículo 23 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 23.- Los estudios de opinión, encuestas y otros análisis similares que contraten los organismos del Estado, serán públicos.

Para ello, el jefe superior del servicio que contrató los estudios a los que se refiere el inciso anterior, deberá dar a conocer el hecho de haberse evacuado el informe, a través de los medios de comunicación social. Dichos estudios e informes quedarán a disposición del público para su consulta y obtención de copia de cargo del solicitante.

En cualquier caso, el jefe superior del órgano requerido deberá proporcionar la documentación que se le solicite dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contados desde la formulación del requerimiento por un interesado.”.

- Puesta en votación esta indicación, resultó rechazada por nueve votos en contra y siete a favor.

Finalmente, los mismos señores parlamentarios presentaron tres indicaciones que se transcriben a continuación:

Para insertar un artículo 24 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 24.- Todos los órganos de la administración del Estado, las empresas del estado creadas por ley y aquellas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al cincuenta por ciento o que de acuerdo a sus estatutos tengan derecho a elegir a la mayoría de sus directores o administradores, deberán mantener un registro público en el cual queden incorporadas todas las personas naturales o jurídicas con las cuales han tenido contratos a honorarios, o cualquier otra forma de remuneración de servicios personales, en los últimos tres años. La información contenida en estos registros, podrá ser consultada por cualquier persona.

Dicho registro deberá actualizarse permanentemente por el servicio o empresa que corresponda, y contener, a lo menos, el nombre y número de rol único tributario de la entidad o persona natural, objeto del servicio y monto total del contrato.”.

Para insertar un artículo 25 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 25.- Los órganos de la administración del Estado deberán llevar y mantener un registro público con los nombres, cédula de identidad o rol único tributario, según corresponda, de todos sus funcionarios de planta, a contrata y a honorarios asimilados a planta, que podrá ser consultado por cualquier persona.”.

Para insertar un artículo 26 nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 26.- La Contraloría General de la República deberá mantener un registro abierto al público, en el cual conste toda la información a la que hacen referencia los artículos 24 y 25 de esta ley.

Dicho registro deberá estar ordenado por número de cédula de identidad o del rol único tributario, según corresponda.

La Contraloría mantendrá el registro a disposición del público, haciendo uso de medios tecnológicos que permitan un fácil acceso por los diversos interesados, y una comunicación directa y ágil entre ellos.”

- Puestas en votación estas tres indicaciones, fueron rechazadas por nueve votos en contra y siete a favor.

- - -

Quedó así terminada la discusión del articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001.

- - -

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de proponeros lo siguiente:

PARTIDA 01

Presidencia de la República

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 02

Congreso Nacional

Aprobarla, con la siguiente modificación:

Capítulo 01 Senado, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “15.059.415” por “15.370.415” e igualmente en su ítem 91.

En el Subtítulo 31 ítem 50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento, sustituir “53.915” por “364.915”.

Capítulo 02 Cámara de Diputados, Programa 01:

En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “22.084.585” por “22.884.585” e igualmente en su ítem 91.

En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir “8.852.301” por “9.652.301”.

PARTIDA 03

Poder Judicial

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 04

Contraloría General de la República

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01 Contraloría General de la República Programa 01:

En “INGRESOS”, Incorporar:

En “GASTOS”

Subtítulo 31:

En el ítem 56, Inversión en Informática, sustituir la cantidad de “94.300” por “319.300”.

PARTIDA 05

Ministerio del Interior

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

- Incorporar en la Glosa 08 de la Asignación 003 “Consejo Nacional para Control de Estupefacientes”, Item 33 “Transferencias

a Otras Entidades Públicas”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 01 “ Secretaría y Administración General”, el siguiente inciso:

“Los convenios para la transferencia de recursos a las municipalidades se suscribirán sobre la base de los programas comunales de prevención del consumo de drogas y de los aportes para su ejecución que estas instituciones efectuarán.”

- Incorporar en la Glosa 07 del Item 53 “Estudios para Inversiones”, Subtítulo 31 “Inversión Real”, Programa 01, Capítulo 05 “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, el siguiente inciso:

“Del total considerado en este ítem, al menos $330.000 miles deberán destinarse a estudios y programas que cumplan con la normativa acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo en el proyecto de crédito BID CHO 161. De dicho monto, hasta $130.000 miles podrán destinarse al financiamiento de la contratación de estudios y programas que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) efectuará de acuerdo al convenio que con dicho organismo suscriba la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.”

- En el inciso segundo de la Glosa 04, del Programa 03 “Programas de Desarrollo Local”, Capítulo 05 “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, sustituir la expresión “en el mes de mayo” por la siguiente “antes del 31 de marzo”.

PARTIDA 06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Aprobarla, con la siguiente enmienda:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01: Glosas:

Incorporar una Glosa 10, asociada a la asignación 039 “ Programa de Reuniones Internacionales”, con el siguiente texto:

“Incluye $ 230.000 miles para gastos que demande la ejecución del Programa de Paz en Colombia: Cooperación y Solidaridad”.

PARTIDA 07

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

- En el Capítulo 06 “Corporación de Fomento de la Producción”, Programa 01 “Fomento Productivo”, Subtítulo 06 “Transferencias”, Item 62 “De Otros Organismos del Sector Público”, incorporar la asignación siguiente: “014 Secretaría y Administración General de Economía (Programa 05)”, con $ “3.985.752” miles.

En el Capítulo 03, Programa 01, Subsecretaría de Pesca, agregar una glosa número “05” en el subtítulo 31, ítem 53 “Estudios para Inversiones”, del siguiente tenor:

“Para estudios de investigación pesquera. Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem, deberán asignarse al menos en un 50% por licitación privada.”.

PARTIDA 08

Ministerio de Hacienda

Aprobarla, con las siguientes enmiendas:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General, Programa 04, Programa de Coordinación Proyectos de Gestión:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “995.370” por “1.220.370” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 33:

Incorporar el siguiente ítem:

“86.001 Contraloría General de la República” con $ “225.000” miles.

Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “12.438.886” por “9.684.886”, e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 33:

En el ítem 85.012 Cuerpo de Bomberos, sustituir la cantidad de “6.501.130” por “3.747.130”.

Incorpórase el Presupuesto en Moneda Extranjera Convertida a Dólares, como sigue:

GLOSAS: SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

GLOSA 02

En su letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo “186” por “198”.

En su letra d) Convenios con personas naturales – Miles de $, sustituir la cantidad de “144.172” por “66.904”.

Sustituir la glosa 06 por la siguiente:

“06 Los recursos en moneda nacional, a proposición fundada de la Junta Nacional, mediante resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, deberán destinarse a la adquisición y renovación de material y al pago de compromisos originados en adquisiciones de años anteriores.

Con cargo a esta cantidad, y mediante igual proposición podrán, además, asignarse recursos para el funcionamiento de la referida Junta Nacional y sus organismos dependientes, los que deberán señalarse en la respectiva resolución. Por igual procedimiento, se podrá asignar recursos para el funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos, cuyo monto no podrá exceder del 25% del total.

Las proposiciones fundadas a que se refiere la presente glosa y las anteriores, deberán basarse en indicaciones de actividad o necesidades. Estas proposiciones deberán ser presentadas, a más tardar, el 30 de marzo del año 2001. La cantidad mensual a entregar durante el primer trimestre y mientras no se cuente con las respectivas proposiciones, no podrá exceder del equivalente del 80% del duodécimo del monto total correspondiente.”.

Capítulo 02 Dirección de Presupuestos, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “3.137.948” por “3.257.948” e igualmente en su ítem 91.

En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir la cantidad de “320.154” por “440.154”.

PARTIDA 09

Ministerio de Educación

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

I Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 01.

1) En la glosa 16 de la asignación 097, "Universidad de Chile", Item 33, Subtítulo 25, sustituir en su segunda oración la frase "destinados a infraestructura y equipamiento del programa de medición del riesgo sísmico" por "destinados a gastos para equipos, funcionamiento e implementación del programa de medición del riesgo sísmico".

2) En la glosa 26 de la asignación 383, "Programa de Textos Escolares de Educación Básica y Media", Item 33, Subtítulo 25, reemplazar en su inciso final la frase "para la adquisición de textos que serán distribuidos en el año 2002" por "para la adquisición de textos que serán distribuidos a partir del año 2001".

3) En la glosa 29 de la asignación 026, "Programa Informática Educativa en Escuelas y Liceos", Item 87, Subtítulo 33, sustituir en su inciso primero el punto final (.) por un punto seguido (.), agregando a continuación la siguiente oración: "Incluye financiamiento para la renovación y/o ampliación de recursos informáticos, en los montos y/o bienes que se establezcan en los convenios respectivos.".

II Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

1) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 35, sustituir la asignación "003 Convenio Fundación Andes" por la asignación "004 Convenio ICGEB-Italia".

2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 35, reemplazar la asignación "005 Proyecto OEA Infocit" por la asignación "008 Acuerdo Gemini-Aura".

III Capítulo 09, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Programa 02.

En el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", glosa 02, sustituir en su letra b) la cantidad de "54.320" por "31.067", y reemplazar en su letra c) la cantidad de "31.067" por "54.320".

IV Capítulo 20, Subvención a Establecimientos Educacionales.

Sustituir la glosa 04 de la asignación 260, "Subvención de Educación Parvularia, 1º Nivel de Transición", Item 31, Subtítulo 25, por la que sigue:

"04 Recursos para el pago, durante el año 2001, de una subvención para niños de educación parvularia de primer nivel de transición, que se pagará en el mismo monto y condiciones a las establecidas en el D.F.L. (Ed.) Nº 2 de 1998 para el segundo nivel de transición, en aquellas comunas que se determine mediante decreto del Ministerio de Educación, en el cual se incluirá el número de subvenciones respectivas, las que no podrán exceder de un total de 30.000.

En el caso que los establecimientos educacionales de comunas o sectores comunales no tuvieren la capacidad para atender el número de niños que se les hubiere fijado, el Ministerio de Educación, mediante decreto visado por el Ministerio de Hacienda, podrá otorgar la misma subvención a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Fundación INTEGRA, en las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior para la atención de niños del primer nivel de transición.".

V Capítulo 30, Educación Superior.

1) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 33, asignación 200, "Becas Educación Superior", sustituir la cantidad de "15.646.309" por "18.139.145", y en su glosa 02 reemplazar la cantidad de "15.336.779" por "17.829.615".

2) En el Subtítulo 25, "Transferencias Corrientes", Item 33, asignación 202, "Fondo Desarrollo Institucional", sustituir la cantidad de "8.320.446" por "8.253.687".

3) En el Subtítulo 33, "Transferencias de Capital", Item 87, asignación 036, "Aplicación Letra a) Art. 71 bis de la Ley Nº 18.591", reemplazar la cantidad de "41.886.342" por "39.460.265".

4) En la glosa 03 correspondiente a la asignación 202 "Fondo Desarrollo Institucional", Item 33, Subtítulo 25, y a la asignación 035 "Fondo Desarrollo Institucional-Infraestructura", Item 87, Subtítulo 33, reemplazar en su letra b) la cantidad de "21.571.486" por "21.504.727".

Capítulo 05 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir la cantidad de “8.308.795” por “8.358.795” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem 33.156, Consejo de Monumentos Nacionales, sustituir la cantidad de “86.154” por “136.154”.

Capítulo 01 Programa 01:Subsecretaría de Educación

Para reemplazar en el ítem 33.097, la expresión “la Universidad de Chile” por “las Universidades chilenas”.

Para reemplazar en la glosa 16 la expresión “la Universidad de Chile” por “las Universidades chilenas”.

Para insertar un inciso nuevo a la glosa 16, del siguiente tenor:

“Los convenios a que se refiere el inciso anterior serán asignados mediante concurso público entre las mencionadas universidades.”.

PARTIDA 10

Ministerio de Justicia

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 11

Ministerio de Defensa Nacional

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 12

Ministerio de Obras Públicas

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas, Programa 02 Dirección de Arquitectura.

GLOSAS

En la glosa 04 incorporar, como inciso segundo, lo siguiente:

“Asimismo, incluye $10.000 miles destinados a proyectos de rehabilitación y conservación de inmuebles de uso cultural y/o definidos en la categoría internacional de patrimonio de la humanidad, que la Dirección de Arquitectura convenga con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.”.

Programa 07 Dirección de Aeropuertos

Incorporar en el Subtítulo 31 INVERSION REAL el guarismo “04” en la columna Glosa Nº

GLOSAS:

Incorporar la siguiente glosa:

“04”Incluye recursos para el Programa de Construcción, Mejoramiento y Conservación de pequeños aeródromos. La identificación de los proyectos que corresponda conforme al Art 5º de esta ley, se realizará cuando se disponga de una metodología de evaluación técnico-económica específica para pequeños aeródromos, que incluya entre otras variables, la realidad regional, su tamaño y utilización.”

PARTIDA 13

Ministerio de Agricultura

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

- En el Subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 01, Capítulo 01, “Subsecretaría de Agricultura”, sustituir la cantidad de “29.926.754” por “30.001.754”. Igualmente en su ítem 91 “Libre”.

- En la Asignación 031 “Fundación Chile”, Item 85 “Aportes al Sector Privado”, Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”, Programa 01, Capítulo 01 “Subsecretaría de Agricultura”, sustituir la cantidad de “973.750” por “1.048.750”.

- En el Subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “58.877.654” por “58.802.654”. En su Item 91 “Libre”, sustituir la cantidad de “55.282.032” por “55.207.032”.

- En la Asignación 379 “Servicios de Innovación y Gestión y Apoyo a Organizaciones”, Item 31 “Transferencias al Sector Privado”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “14.371.327” por “13.371.327”.

En la Asignación 392 “Desarrollo y Tecnificación de la Ganadería”, Item 31, Subtítulo 25, Programa 01, Capítulo 03 “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, sustituir la cantidad de “3.075.000” por “4.000.000”.

- En el encabezamiento del Capítulo 03, “Instituto de Desarrollo Agropecuario”, a continuación del “(01)”, incorporar “(08)”, e incluir la siguiente Glosa 08, nueva:

“08 Respecto de los programas efectuados o que efectúe el Instituto de Desarrollo Agropecuario en los términos establecidos en el Nº 4 del artículo 3º de la ley Nº 18.910, declárase que la mención que el artículo 78 de la ley Nº 19.253 hace a dicha disposición ha debido y debe entenderse referida al Nº 6 del mismo precepto.”

- En la Asignación 397 “Apoyo Diversificación Actividades Económico – Productivas MYPE Campesina”, Item 31 “Transferencias al Sector Privado”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 03 “ Instituto de Desarrollo Agropecuario”, incorporar “09” en la columna “Glosa Nº “, e incluir la siguiente Glosa 09, nueva:

“09 Incluye un monto de hasta $400.000 miles para desarrollar un programa de “Bono Hortícola” que se implementará en la X Región de Los Lagos, y de hasta $50.000 miles para llevar a cabo este programa en la VII Región del Maule.”.

Capítulo 03 Instituto de Desarrollo Agropecuario, Programa 01,

GLOSAS:

En la glosa 04, asociada al ítem 31.379, suprimir el párrafo que, en punto seguido, se inicia “Con cargo a ............ hasta ........ Desarrollo Indígena.”

En la glosa 07 a) sustituir “decreto N°24/97” por “decreto N°507/99”.

Capítulo 04 Servicio Agrícola y Ganadero, Programa 01:

En la glosa 04 a) sustituir “decreto N° 24/97” por “decreto N° 507/99”.

PARTIDA 14

Ministerio de Bienes Nacionales

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 15

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01 Subsecretaría del Trabajo, Programa 01:

Subtítulo 25:

Sustituir en el ítem 33.260 la denominación “Programa Generación de Empleo” por la siguiente: “Programa Pro Empleo”.

GLOSAS:

Sustituir la glosa 04 por la siguiente:

“El objetivo del Programa será asegurar una reinserción estable y efectiva de los trabajadores que hayan perdido su empleo, orientándose preferentemente a quienes tengan la calidad de jefes de hogar. La aplicación de los recursos a proyectos o programas específicos en las regiones o comunas, se efectuará considerando las tasas de desocupación que éstas presenten.

Los componentes o líneas de acción comprendidos en el programa, la participación de organismos del Sector Público en la administración o en la ejecución de programas o proyectos y los demás procedimientos y modalidades a que estarán afectos su determinación y desarrollo, se establecerán mediante uno o más decretos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, visados por la Dirección de Presupuestos, los que podrán ser dictados bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República” a contar de la fecha de publicación de esta ley. Los recursos que se transfieran con cargo a este ítem a organismos del Sector Público no ingresarán a sus presupuestos y de su inversión rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la República.

La participación de agentes privados en la ejecución de proyectos o programas se regirá por la normativa aplicable al respectivo organismo del Sector Público encargado de su administración, el que deberá utilizar preferentemente el procedimiento de licitación pública para su adjudicación, en la forma que se establezca en el correspondiente decreto.

Hasta $187.885 miles de los recursos del programa podrán ser destinados a solventar gastos de administración, incluidos gastos en personal por un monto de hasta $69.600 miles, a través de la Subsecretaría del Trabajo.”.

Capítulo 15 Hospital Dirección de Previsión de Carabineros, Programa 01:

GLOSAS:

En la glosa 02 incorporar la siguiente letra e):

“e)Adicionalmente, con cargo a los recursos de este subtítulo se podrá contratar hasta 50 personas en forma transitoria, para funciones asistenciales, en reemplazo del personal que se encuentre impedido, por cualquier causa, de desempeñarlas.”.

PARTIDA 16

Ministerio de Salud

Aprobarla, con las siguientes enmiendas:

En el resumen por Capítulos del Ministerio, en la letra b) de la Glosa 02 asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” del Capítulo “Servicios de Salud”, reemplazar la frase “El desarrollo de este programa se efectuará con los recursos humanos correspondientes a médicos liberados de guardias nocturnas.”, por la siguiente: “El desarrollo de este Programa se efectuará con el personal de que disponen los Servicios de Salud, incluyendo preferentemente horas de las jornadas de profesionales funcionarios liberados de guardias nocturnas.”.

En el Item 91 “Libre”, subtítulo 09 “Aporte Fiscal”, Programa 03 “Inversión Sectorial de Salud”, Capítulo 01 “Subsecretaría de Salud”, sustituir la cifra “32.811. 137” por “32.872.717” y

- En el Item 92 “Servicio de la Deuda Pública”, Subtítulo 09, Programa 03” Inversión Sectorial de Salud”, Capítulo 01” Subsecretaría de Salud”, reemplazar la cantidad “12.623.938” por “12.562.358”.

- En el Item 32 “Transferencias a Organismos del Sector Público”, Subtítulo 25” Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 02 Fondo Nacional de Salud”, agregar una glosa 06, nueva, del siguiente tenor:

“06 Incluye $ 43.632.142 miles para el financiamiento de los Programas Prestaciones Complejas, Oportunidad en la Atención y Adulto Mayor. El uso de los recursos en la ejecución de dichos programas se efectuará conforme a los convenios que previamente deberá suscribir el Fondo Nacional de Salud con los Servicios de Salud correspondientes.”.

- En la glosa 04 de la Asignación 033 “Programa de Contingencias Operacionales”, Item 32 “Transferencias a Organismos del Sector Público”, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Programa 01, Capítulo 02” Fondo Nacional de Salud”, insertar un párrafo final cuyo texto es el siguiente:

“Tanto la asignación de estos recursos a los Servicios de Salud como los criterios de eficiencia y equidad empleados se comunicarán a las Comisiones de Hacienda y de Salud del Senado y la Cámara de Diputados.”

En el resumen por Capítulos de la Partida:

Sustituir la Glosa 04 asociada al consolidado de los Servicios por la siguiente:

“04 Cada Servicio de Salud deberá emitir trimestralmente un informe de evaluación de la situación financiera y de su actividad asistencial consolidada y de cada uno de los hospitales y demás establecimientos de su dependencia, el que deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección de Presupuestos, dentro del mes siguiente al del vencimiento del trimestre respectivo. El Ministerio de Salud deberá enviar a la referida Dirección un informe en que evalúe los informes presentados por los Servicios, en forma global e institucional, dentro del mes siguiente al de recepción.

En los informes que elaboren los Servicios y en la evaluación efectuada por el Ministerio, deberá incluirse el nivel de obligaciones devengadas y no pagadas; su origen y justificación y la compatibilidad del gasto efectuado y compromisos asumidos, con los montos de gasto autorizados en el presupuesto y glosas respectivas.

Copia de los informes de los Servicios y de la evaluación efectuada serán remitidas por el Ministerio, en la misma oportunidad antes señalada, a las Comisiones de Salud y de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.”.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas a la glosa 04, suprimir la glosa 06, asociada también al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.

PARTIDA 17

Ministerio de Minería

Aprobarla, con las modificaciones siguientes:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General, Programa 02 Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.

GLOSAS:

Sustituir la Glosa 01 por la siguiente:

“01 Comprende los recursos necesarios para financiar el Programa de Fomento para pequeños mineros, que ejecuta la Empresa Nacional de Minería, el cual incluye:

a)$ 1.107.000 miles para el Fondo de Capital de Riesgo, orientado a financiar estudios y trabajos de reconocimiento de reservas demostradas, a través de concursos de proyectos.

b)$1.273.000 miles para costos operacionales, gastos de administración y transferencias tecnológicas.

c)$ 1.862.425 miles para solventar las pérdidas económicas que generan la operación de los Poderes de Compra y Plantas de Beneficio de Minerales de ENAMI y de terceros.

d)$ 50 miles para la operación del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para Pequeños Mineros, el que operará conforme al procedimiento que se establezca mediante Oficio del Ministerio de Hacienda. Con todo, esta última cantidad podrá ser aumentada si la evolución del precio del cobre lo ameritare, con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gasto.

Sólo serán beneficiarios del Programa de Fomento aquellos pequeños productores mineros cuyos activos no superen los US$ 500.000.

Los recursos de esta asignación sólo podrán incrementarse mediante autorización expresa otorgada por la ley.”.

Capítulo 03 Servicio Nacional de Geología y Minería, Programa 01:

GLOSAS:

Glosa 02:

En su letra a) Dotación máxima de personal, sustituir el guarismo “206” por “233”.

En su letra d) Convenio con personas naturales – Miles de $, sustituir la cantidad de “230.000” por “105.992”.

PARTIDA 18

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

- En el Resumen, por Servicios, de la Partida, en la Glosa 04 Asociada a Subtítulo 31, sustituir la letra c) por la siguiente:

“c)Terrenos.

La adquisición de terrenos con cargo a esta asignación se utilizará en los programas habitacionales previstos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según evaluación efectuada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial y aprobada mediante oficio de dicho Ministerio.”.

En el mismo Resumen, en la Glosa 04 Asociada a Subtítulo 31, agregar la siguiente letra d), nueva:

“d) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un programa piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución conjunta de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda.”

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, con copia a la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 30 de septiembre del año 2001, un informe que señale las características de las familias beneficiadas, gasto efectivo, compromisos generados y avance físico del proyecto.”

- En el mismo Resumen por servicios, en la Glosa 05 Asociada a Subtítulo 33, Item 85, anteponer la letra a) al texto ya existente e incorporar las letras b) y c) siguientes:

“b) Con cargo a estos recursos, durante el año 2001, se podrá financiar la ejecución de un programa piloto destinado a familias de escasos recursos que no reúnan las condiciones establecidas en los programas existentes del Ministerio. Las características de los proyectos y los recursos involucrados deberán ser acordados mediante resolución conjunta de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda.”

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y da la Cámara de Diputados, con copia a la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 30 de septiembre del año 2001, un informe que señale las características de las familias beneficiadas, gasto efectivo, compromisos generados y avance físico del proyecto.”.

“c) Los montos consignados en los presupuestos de cada SERVIU a nivel de asignación del referido ítem podrán ser excedidos, en los meses de Marzo a Noviembre, con el objeto de dar continuidad al pago de los respectivos certificados de subsidios, no pudiendo sobrepasarse la cantidad total del ítem.

Los excesos correspondientes deberán regularizarse presupuestariamente dentro del trimestre en que se produzcan.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar a la Dirección de Presupuestos a más tardar en el mes de Julio del año 2001 respecto de la implementación de medidas destinadas a mejorar la programación físico financiera en cada región, y de los resultados alcanzados.”.

PARTIDA 19

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Aprobarla, con las modificaciones siguientes:

Capítulo 01 Secretaría y Administración General de Transportes,

Programa 01:

GLOSAS:

En la glosa 05 sustituir “55” por “100”.

En la Glosa 05, Asignación 039 “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, Item 85” Aportes al Sector Privado”, Subtítulo 33” Transferencias de Capital”, Programa 01, Capítulo 02” Subsecretaría de Telecomunicaciones”, intercalar entre la expresión “Ley Nº 18.168” y el punto seguido(.) que la sigue, la siguiente frase, precedida de una coma (,): “esto es, con el objeto de promover el aumento de la cobertura del servicio público telefónico en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, con baja densidad telefónica.”.

PARTIDA 20

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 21

Ministerio de Planificación y Cooperación

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capitulo 01 Subsecretaria de Planificación y Cooperación. Programa 02 Programa de Vialidad y Transporte Urbano.

Introducir una glosa Nº “01” en el Subtítulo 31, Item 53 “Estudios para Inversiones”, del siguiente tenor:

“01 Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este Item, deberán asignarse preferentemente por licitación pública.”.

Programa 04 “Desarrollo Indígena”:

Subtítulo 25:

En el ítem 33.002 A Entidades y Organismos del Sector Público, sustituir la cantidad de “2.296.000” por “4.090.075”.

Subtítulo 33:

En el ítem 87.002 A Entidades y Organismos del Sector Público, sustituir la cantidad de “2.214.000” por “419.925”.

GLOSAS:

Agregar a la glosa 01 el siguiente inciso:

“La ejecución de los gastos a financiar serán determinados en los convenios que se suscriban entre MIDEPLAN y los organismos ejecutores, en que deberán estipularse las acciones a desarrollar, las metas, forma de rendir los recursos, modalidad de ejecución y otras consideraciones de conformidad a los términos contenidos en el convenio de financiamiento externo de este programa.”

Incorporar la glosa 02, como sigue:

“Para los efectos de la ejecución de este programa se otorgará la calidad de agente público a la persona que se contrate para su coordinación.”

Capítulo 02 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Programa 01:

GLOSAS:

Agregar a la glosa 06, el siguiente inciso:

“Del monto total asignado a cada Región, se podrá redestinar hasta un 30% sólo para financiar programas de empleo en la misma Región, mediante convenio entre el Servicio y el Intendente respectivo.”

Capítulo 07 Fondo Nacional de La Discapacidad, Programa 01:

GLOSAS:

En la glosa 03 asociada al ítem 31.581 incorporar el siguiente inciso:

“Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 200.000 miles, por sobre el monto autorizado en esta asignación.”

PARTIDA 22

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Aprobarla, con las modificaciones siguientes:

- En el Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría General de la Presidencia de la República”, sustituir la cantidad de “1.677.866” por “ 1.606.978”.

- En el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Programa 01, Capítulo 01 “Secretaría General de la Presidencia de la República”, sustituir la cantidad de “936.567” por “921.412”.

En el mismo Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25 ”Transferencias Corrientes”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, incorporar la Asignación “340 Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno” con $ “165.368” miles, y suprimir la Asignación “341 Programa de Modernización de la Gestión Pública” y su monto “54.325”.

- En el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes”, Item 33 “Transferencias a Otras Entidades Públicas”, Asignación 399 “ Programa de Reformas del Estado”, sustituir la cantidad de “1.005.935” por “980.935”, y en la Glosa 04, sustituir la cantidad de “512.500” por “487.500”.

PARTIDA 23

Ministerio Público

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 50

Tesoro Público

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

- En la Asignación 004 “Aporte fiscal para Servicio de la Deuda”, Item 91 “Deuda Pública Externa”, Subtítulo 50 “Servicio de la Deuda Pública”, Programa 04 “Servicio de la Deuda Pública”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra “105.523.374” de la columna “moneda nacional. Miles de $. “ por “105.461.794”.

- En la Glosa 02, del Programa 04 “Servicio de la Deuda Pública”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra de la columna “DEUDA EXTERNA”, correspondiente a la “Subsecretaría de Salud. Programa 03”, de “12.623.938” por “12.562.358”.

- En la Asignación 001 “Subsecretaría de Salud”, Item 66 “Ministerio de Salud”, Subtítulo 80 “Aporte Fiscal Libre”, Programa 05 “Aporte Fiscal Libre”, Capítulo 01 “Fisco”, reemplazar la cifra de la columna “Moneda Nacional. Miles de $” 99.662.040” por “99.723.620”.

Capítulo 01 Fisco

En el Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $ 225.000 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, subtítulo 80:

Capítulo 01 Fisco, Subtítulo 80

Programa 05 Aporte Fiscal Libre

En el ítem 58 Ministerio de Hacienda, Asignación 008 Superintendencia de Valores y Seguros:

Capítulo 01 Fisco

Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”50.000” miles.

Programa 05 Aporte Fiscal Libre:

Subtítulo 80:

Incrementar el ítem 59.005 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en $”50.000” miles.

Capítulo 01 Fisco, Programa 03

Operaciones Complementarias

Subtítulo 25:

En el ítem 33:

a) Crear la asignación 120 “Fondo de Contingencia contra el Desempleo” con $10 miles y en la columna “Glosa N°” incorporar “18”.

b) Disminuir asignación 108, “Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales”, en $10 miles.

GLOSAS:

c) Incorporar glosa 18, asociada a asignación 120, del siguiente tenor:

“Excedible hasta en $100.000.000 miles mediante decretos del Ministerio de Hacienda expedidos en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, dictados a contar del 1° de abril de 2001, siempre que la tasa nacional de desocupación determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas supere el 10% o cuando dicha tasa sea superior al 9% y se prevea por parte del aludido Ministerio que en el transcurso de los próximos tres meses dicha tasa pudiere mantenerse sobre ese nivel. Con cargo a estos recursos se podrán efectuar aportes a organismos del Sector Público para desarrollar programas o proyectos de inversión intensivos en uso de mano de obra y al Programa Pro Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los excesos que se produzcan por aplicación de lo señalado precedentemente deberán ser regularizados dentro de los treinta días siguientes al de tramitación del decreto que los disponga, a través de los traspasos previstos en la glosa 09 de este programa; con reasignaciones presupuestarias sin sujeción al inciso segundo del artículo 26 del antes citado decreto ley; con mayores ingresos tributarios y con el producto de la venta de activos.

El monto de incremento efectivo que se disponga para el Fondo, constituirá utilización de la autorización de aumento de gasto de 10% contenida en el inciso tercero del artículo 4° de esta ley, no rigiendo a su respecto lo dispuesto en el inciso primero de dicho artículo, según corresponda.”.

d) En la glosa 09 sustituir “Programa Generación de Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social” por “Fondo de Contingencia contra el Desempleo de este Programa”.

Capítulo 01 Fisco_

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80:

Capítulo 01 Fisco

Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”120.000” miles.

Programa 05 Aporte Fiscal Libre:

Subtítulo 80:

Incrementar el ítem 58.002 Dirección de Presupuestos, en $”120.000” miles.

Capítulo 01 Fisco

Programa 03 Operaciones Complementarias:

Subtítulo 25:

Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $”1.111.000” miles.

Programa 05 Aporte Fiscal Libre:

Subtítulo 80:

ARTICULADO DEL PROYECTO

Aprobarlo, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1º

Sustituirlo por el que figura en el texto del proyecto de ley.

Artículo 2º

Reemplazarlo por el que figura en el mismo texto.

Artículo 3º

Aprobarlo con quórum calificado, sin modificaciones.

Artículo 15

Incorporar como inciso final, el siguiente:

“No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.”.

Artículo 17

Agregar como inciso final, el siguiente:

“Asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción deberá remitir en todo caso la información mencionada respecto de sus institutos, que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Además, esta información precisará para cada uno de ellos los ingresos que se originen en servicios prestados o productos suministrados al Estado, sus organismos y empresas, y los que correspondan a entidades privadas.”.

Artículo 18

Sustituir en el inciso final, la expresión “sesenta días” por “cuarenta y cinco días”.

- - - -

En consecuencia, el texto del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001 es del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY:

I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2001, según el detalle que se indica:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2001, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.-Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de la obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario del año 2001, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no estén incluidas en esta Ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para el ítem 53 "Estudios para Inversiones".

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2001, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2001, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2001, o se hubieren iniciado en 1998, 1999 y 2000, la suma de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se determinen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos de inversión correspon-dientes al año 2001, en el decreto de identificación que se dicte conforme al artículo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas y montos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de estos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, con copia a la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad donataria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al de las autorizaciones.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado, y para pactar en las compras que efectúen o en los contratos de inversión en obra determinada que celebren, incluyan o no la administración o mantención del bien y cualquiera que sea la denominación del contrato, el pago de todo o parte del valor, precio o renta en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario. Igual autorización requerirán para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios, asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la presente ley.

El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834.

Artículo 14.- Las recuperaciones a que se refiere el artículo 11 de la ley N° 18.768, que perciban los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley, constituirán ingresos propios y se incorporarán a sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2001 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al 2000, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65%al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;

10%al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.

Artículo 16.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 17.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas.

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional.

Asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción deberá remitir en todo caso la información mencionada respecto de sus institutos, que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Además, esta información precisará para cada uno de ellos los ingresos que se originen en servicios prestados o productos suministrados al Estado, sus organismos y empresas, y los que correspondan a entidades privadas.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 19.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro.

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el programa a evaluar.

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar.

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas a evaluar durante el año 2001; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán.

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de Agosto de la referida anualidad.

Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas y resultados de su gestión.

Para estos efectos, en el año 2001 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional.

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

Artículo 21.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. Las visaciones que correspondan por aplicación del artículo 13 de esta ley, serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quién podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente.

Artículo 22.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del año 2001, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.”.

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Acordado en sesiones realizadas los días 13 de septiembre, 4 de octubre, 7 y 8 de noviembre de 2000, con la asistencia de los HH. Senadores señor Carlos Ominami Pascual (Presidente), señora Evelyn Matthei Fornet, y señores Sergio Bitar Chacra, Edgardo Boeninger Kausel, Fernando Cordero Rusque, Sergio Díez Urzúa, Alejandro Foxley Rioseco, (José Ruiz De Giorgio), Jorge Lavandero Illanes, Jovino Novoa Vásquez, Sergio Páez Verdugo, Francisco Prat Alemparte, Hosain Sabag Castillo, y Beltrán Urenda Zegers; y HH. Diputados señoras Marina Prochelle Aguilar (María Angélica Cristi Marfil), y señores Claudio Alvarado Andrade, Rodrigo Alvarez Zenteno, Julio Dittborn Cordua, Pablo Galilea Carrillo (Osvaldo Palma Flores), José García Ruminot, Enrique Jaramillo Becker,Tomás Jocelyn - Holt Letelier (Edmundo Villouta Concha), Pablo Lorenzini Basso (Patricio Walker Prieto, Mario Acuña Cisternas, Andrés Palma Irarrázabal), Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrazaval (Miguel Hernández Saffirio, Edgardo Riveros Marín) y Exequiel Silva Ortiz.

Sala de la Comisión, a 10 de noviembre de 2000.

CESAR BERGUÑO BENAVENTE

Secretario de la Comisión

LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde conocer el proyecto de ley de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2001.

Antecedentes:

Informe de la Comisión especial de Presupuestos, boletín Nº 2589-05. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Debo recordar a la Sala que, según lo acordado por los Comités, el plazo para presentar indicaciones vence a las 12.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Si bien estamos de acuerdo en dicha hora, debemos tomar en cuenta el tiempo de retraso que hubo en el inicio de la sesión. Por ello, sugiero alargar el plazo a las 12.30 horas.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, el plazo para presentar indicaciones se prorrogará hasta las 12.30 horas.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En discusión el proyecto de ley de Presupuestos.

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, al iniciar el debate quiero referirme, en términos generales...

La señora SOTO (doña Laura).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señora diputada, ya entramos al Orden del Día y el diputado Lorenzini estaba haciendo uso de la palabra.

La señora SOTO (doña Laura).-

Perdón, pero quiero hacer uso de los cinco minutos que establece el artículo 34 del Reglamento para referirme a la situación que afecta al diputado señor Velasco .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Dicha petición tendría que haber sido solicitada en su momento. En todo caso, puede intervenir al término de la sesión.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Ahora!

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

¿Habría acuerdo para que la señora Soto interviniera de inmediato?

No hay acuerdo.

La señora SOTO (doña Laura).-

Pero yo lo pedí oportunamente.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra para los fines que ha señalado al término de la sesión.

Puede continuar el diputado señor Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Como decía, al inicio de la discusión del proyecto de Presupuestos, quiero hacer presente a quienes nos escuchan y ven a través del canal de televisión de la Cámara, que no se hagan una mala impresión de lo que es el Presupuesto. Quienes hemos trabajado en el área presupuestaria en el sector privado, conocemos lo que es una discusión de presupuestos, que no es lo que se hace en este Congreso.

Las atribuciones parlamentarias en la materia son prácticamente nulas, y esto la ciudadanía debe saberlo, porque cuando se enteran que vamos a discutir el Presupuesto nos suelen pedir determinadas cosas en determinadas áreas. Al respecto, el inciso segundo del artículo 64 de la Constitución claramente señala: “El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos,...”. O sea, lo único que podemos hacer es disminuir los gastos en ciertos ítem.

¿Cómo se genera esta discusión presupuestaria? Aproximadamente por el mes de octubre nos entregan a los miembros de la Comisión Mixta, que está subdividida en cinco subcomisiones, el detalle general por ministerio. Más de 600 páginas sólo de números, que ni siquiera alcanzamos a chequear si están bien sumados, aunque espero que lo estén. De las 600 páginas de números distribuimos sólo el presupuesto, y en cada Comisión vemos algunos ministerios. Sólo el ministerio de Obras Públicas nos entregó más de 500 páginas, las que aprobamos durante tres horas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura nos entregó, igual que el Ministerio de Obras Públicas, más de 500 páginas; es decir, si sumamos los antecedentes de los 22 ó 23 ítem presupuestarios, llegamos casi a cuatro mil páginas de detalles. De todo eso se pretende que este parlamentario, que es experto, que es economista, que sabe de presupuestos, en sólo dos o tres sesiones de dos o tres horas, además de la de hoy, dé su opinión del Presupuesto de la Nación para el próximo año. Por eso, el protocolo de acuerdo al que acaba de referirse el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado señor José Miguel Ortiz, constituye el gran avance del Presupuesto de este año, en términos tales que en la Quinta Subcomisión, con el apoyo de la diputada señora Marina Prochelle, de los diputados señores Jaramillo y Alvarado y del senador señor Páez, lo enviamos a la Comisión Mixta, donde fue acogido por el senador Ominami.

Debemos realizar el trabajo presupuestario durante todo el año, las comisiones de Presupuestos deben ser permanentes, en mayo o en junio deberíamos empezar a recibir los antecedentes. ¡Cómo es posible que no podamos opinar sólo opinar, en circunstancias que el Congreso Nacional es el que teóricamente aprueba los presupuestos del país sobre los macro-conceptos, nuestras ideas de inflación, de tasas de interés, de tipos de cambio, de precios del cobre y del dólar!

No pretendemos que el Ejecutivo realice lo que decimos, pero somos parte importante del proceso presupuestario, como cualquier entidad. Somos los directores. No sólo los gerentes y el gerente general de las empresas deciden los presupuestos. Éstos se someten a un directorio, el cual tiene la capacidad de cambiarlos. Pero nuestra ley no lo permite. En ese sentido, el Congreso está castrado. Es evidente que nuestra acción presupuestaria es nula. No vimos más de 50 indicaciones en la Comisión Mixta, de las cuales muchas estaban repetidas. Aquí vamos a ver cinco, seis, siete u ocho, es decir, la nada misma: estamos para parar el dedo.

Por eso quiero destacar que el Ejecutivo, en un gesto absolutamente positivo, de cara a la transparencia, en el protocolo se ha comprometido a que durante el año las Comisiones puedan trabajar en los presupuestos, podamos tener antecedentes, opinar e intervenir en los programas que se van a realizar, en los indicadores de gestión.

Hay que felicitar al Ejecutivo por este gran adelanto, ya que si no podemos cambiar la Constitución, al menos avancemos en la participación efectiva del Congreso en la decisión presupuestaria.

Junto con los diputados señores Ortiz y Silva hemos presentado una indicación relativa a la educación, a las universidades regionales, que se verá en su oportunidad. Desde hace dos o tres años se le están quitando los recursos a las universidades regionales y se los están dejando sólo a las metropolitanas o centrales. Este tema no lo vamos a poder discutir pero quería dejarlo planteado y seguramente las indicaciones van a ser declaradas inadmisibles, porque los parlamentarios no tenemos la posibilidad de redistribuir de acuerdo con nuestras regiones.

Ojalá que su Señoría, junto con el Secretario, declaren admisible la indicación, para que a partir del próximo año el Ejecutivo considere que también existen pequeñas universidades regionales que pueden impartir cursos de posgrado es decir, que no sólo pueden formar a los alumnos de pregrado para evitar enviarlos a las universidades santiaguinas, lo que les significa a los estudiantes desarraigarse de sus comunas y regiones.

Esto no tiene nada que ver con la Universidad de Chile. Se trata de dos temas distintos. Por lo tanto, en ese sentido, quiero recabar del Ejecutivo el compromiso de que en los presupuestos de los próximos años no se sigan disminuyendo los programas para el fondo de desarrollo institucional de las universidades regionales y que al menos se van a mantener en términos reales igual que ahora.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas en la discusión presupuestaria hemos comprobado la necesidad de que las Comisiones que participamos en octubre y noviembre, hagamos un seguimiento al Presupuesto de la Nación durante el año, porque en los escasos días que se dedican a su discusión, generalmente nos encontramos con un cúmulo de información que muchas veces es incompleta y, en el caso de que esté completa, es imposible analizarla y madurarla en términos adecuados y suficientes para dar una opinión fundada.

En líneas generales, quiero señalar dos aprensiones sobre la discusión de la ley de Presupuestos. Una de carácter general, atinente al Ministerio del Interior, fundamentalmente relacionada con los gobiernos regionales. En las partidas presupuestarias se contiene el marco presupuestario, pero en la ejecución, los gobiernos regionales, presididos por el intendente, tienen la facultad legal de desarrollar diferentes proyectos de inversión a lo largo del tiempo. Sin embargo, no existe una norma que limite el compromiso de gastos que pueden asumir los gobiernos regionales.

Quiero ejemplificar esta situación en la Décima Región. Un informe de la Contraloría General de la República de julio del presente año, señala que el gobierno regional ha comprometido recursos del orden de 60 mil millones de pesos por los próximos seis años. Esto se hizo mediante resoluciones que aprobaban proyectos de inversión por la cantidad de mil pesos, abriéndose el ítem. Posteriormente, en la misma resolución se señala que el complemento se irá haciendo con los recursos presupuestarios con que se cuente en los años siguientes.

Al cambiar una administración regional, las personas que acceden a cumplir esa función, los nuevos Cores, las nuevas intendencias, al revisar los marcos presupuestarios se encuentran con que tienen todo absolutamente comprometido por cinco o seis años, tiempo durante el cual la comunidad recibe la información de que sus proyectos están aprobados, pero no tienen fecha cierta de materialización.

Sin duda, eso merece la atención de la Cámara, con el fin de que en las partidas correspondientes la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda o del Ministerio del Interior establezcan glosas que limiten las facultades de los gobiernos regionales que les permiten comprometer recursos sin tener la certeza de contar con esas platas en el presupuesto que se les asigna.

Además, puede suceder que se aprueben los proyectos de inversión, pero por un criterio político distinto o una decisión unánime del consejo regional se reviertan las prioridades y las comunidades queden a la expectativa de proyectos que jamás se van a materializar. Así ha sucedido en la Décima Región en el ámbito de la educación, de la salud, de la electrificación rural, del fomento a la pesca artesanal.

Por lo tanto, dentro de este planteamiento general, una forma de corregir o evitar que situaciones como ésta ocurran en el futuro, sería establecer las glosas o las limitaciones correspondientes en la propia ley de Presupuestos que, lógicamente, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por otra parte, quiero llamar la atención sobre algunos compromisos de su Excelencia el Presidente de la República y la ministra de Salud en la Décima Región, en la provincia de Chiloé, que dicen relación con el establecimiento de un servicio de salud autónomo durante los próximos años.

En una primera etapa se señaló, a través de mesas de trabajo, entre las fuerzas vivas de la comunidad, los colegios de profesionales médicos y el Ministerio de Salud, la necesidad de establecer una unidad técnica de gestión que evalúe los proyectos tendientes a que en el mediano plazo en Chiloé se derive a un servicio de salud autónomo que permita resolver las situaciones que se presenten a los pacientes de nuestra zona.

A raíz de ese compromiso se tomó el acuerdo, en reuniones sostenidas en la zona por su Excelencia el Presidente de la República y la ministra de Salud, de contemplar en la ley de Presupuestos una glosa especial que determine la cantidad de recursos asignados a la unidad de gestión en Chiloé para que pueda llevar adelante el funcionamiento de la misma, los gastos de operación y, fundamentalmente, la evaluación de los proyectos de inversión que se necesitan para mejorar, en el mediano plazo, la capacidad de resolución de los hospitales de Castro, Ancud, Quellón y Quinchao.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señor diputado, terminó su tiempo. Puede continuar su intervención con cargo al tiempo de su bancada.

El señor ALVARADO.-

En los informes de la Comisión Mixta y de la subcomisión de Salud, aparece un preacuerdo de la propia señora ministra y de los representantes del sector salud de la isla de Chiloé, el cual no se ha cumplido, ya que no existen recursos para el funcionamiento de esa unidad de gestión.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Recuerdo a la Sala que los tiempos han sido distribuidos por los jefes de bancada de acuerdo con los minutos que corresponden a cada Comité, indicados en la convocatoria a esta sesión.

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, nos encontramos abocados a la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 2001, oportunidad en que el Gobierno fija las metas y prioridades para el desarrollo económico y social del país.

Este año, junto con discutir cada una de las partidas y artículos que componen el proyecto, se ha firmado un protocolo que permite despachar la iniciativa de manera más expedita y, al mismo tiempo, se ha suscrito un conjunto de acuerdos entre el Gobierno y el Congreso Nacional, que tienen por objeto elevar la transparencia y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, perfeccionar los procedimientos para la discusión presupuestaria, fortalecer el énfasis del presupuesto 2001 en la generación de empleos y desarrollar estudios para enriquecer las discusiones presupuestarias futuras.

La firma de este protocolo nos permite anunciar nuestro voto favorable en general, sin perjuicio de las indicaciones que presentaremos en algunos momentos más.

No obstante lo anterior, a juicio de los diputados de Renovación Nacional, el proyecto merece las siguientes consideraciones, de las cuales deseamos dejar constancia porque nos parecen relevantes para medir el comportamiento del sector público durante la ejecución presupuestaria del próximo año.

Supuestos macroeconómicos.

El presupuesto de crecimiento proyectado para el próximo año, que alcanza al 6,2 por ciento, es exageradamente optimista, superando las proyecciones de todos los analistas económicos, las que, a lo sumo, llegan al 5,8 por ciento.

El crecimiento económico esperado para el próximo año se ve afectado por el bajo nivel de inversiones interna y extranjera. Durante el primer semestre de este año, la inversión fija ha disminuido en 3,3 por ciento con respecto al período anterior, lo que dificultará que se logre la meta del 6,2 por ciento.

Dada la sobreestimación en la meta de crecimiento, se sobreestiman también los ingresos y el gasto público, lo que afecta negativamente el ahorro nacional, postergando el crecimiento futuro. En otras palabras, el déficit del 0,1 por ciento que espera el Gobierno en las cuentas fiscales del 2001 puede ser mayor. Además, hay que considerar amenazas externas, como el debilitamiento económico en Asia, que podría influir negativamente en el precio del cobre, perjudicar al sector exportador, generar mayor incertidumbre en el tipo de cambio y disminuir los ingresos para el sector público. A ello se suma el alto precio del petróleo, que presumiblemente no caerá antes de abril del próximo año, lo que aumentará los costos de producción y dificultará el logro de la meta inflacionaria.

La meta de inflación, fijada en 3 por ciento, difícilmente podrá ser cumplida por los constantes incrementos en el precio del petróleo y el aumento en el tipo de cambio, que ya están ejerciendo una presión al alza sobre el precio de los bienes y servicios. La sobreestimación en los ingresos y el gasto público también presionan a que haya una mayor inflación.

Asimismo, a partir del 1º de enero próximo, el impuesto específico a las gasolinas aumentará a 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. Ello se traducirá en una nueva presión inflacionaria. Por lo tanto, es de esperar que el Gobierno modifique este impuesto, ya que sus efectos pueden provocar nuevas distorsiones sobre las expectativas macroeconómicas.

Engaño en la inversión regional.

El Gobierno anunció que el presupuesto 2001 contemplaría un 46,3 por ciento de inversión de decisión regional. Sin embargo, al analizar el presupuesto nos damos cuenta de que el porcentaje destinado a decisión regional es mucho menor de lo que prometió el Ejecutivo.

Es necesario considerar que la inversión pública nacional comprende fondos en moneda nacional y extranjera. Sin embargo, el Gobierno, para llegar al guarismo del 46,3 por ciento, excluye la inversión en moneda extranjera, disminuyendo la base de la inversión pública nacional. En buenas cuentas, el cálculo del Gobierno no es sobre el total de la inversión pública, sino sólo sobre una parte de ella.

Además, existen divergencias en cuanto a lo que puede ser considerado dentro del ítem de inversión regional. El Gobierno incluye programas de pavimentación participativa, propios del Ministerio de Vivienda, al igual que Chile Barrio y los subsidios del programa especial de trabajadores para viviendas sociales.

El gobierno central también impone restricciones a los gobiernos regionales para el destino de sus recursos a través de las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de la inversión sectorial de asignación regional y de los convenios de programación.

Con estos ajustes, la inversión de decisión plenamente regional ni siquiera llega al 10 por ciento, ya que ésta sólo comprendería el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de libre disponibilidad y la inversión regional de asignación local.

Otro punto que consideramos inaceptable es la disminución de casi 3.800 millones de pesos en el programa de inversión regional de asignación local de mejoramiento urbano, recursos que son traspasados para un programa de generación de empleo del Ministerio del Trabajo. Es conocida la eficiencia de los programas municipales en la generación de empleo, por lo cual no se logra comprender cuál es el fin de este traspaso.

Falta de transparencia y tráfico de influencias.

La Partida del Ministerio de Planificación y Cooperación contempla la asignación “Trabajos Solidarios”, por la suma de 175 millones 537 mil pesos, en el ítem “Transferencias al Sector Privado”.

Consultado el Ejecutivo sobre el destino de estos recursos, se informó a la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional que correspondía a una transferencia a la entidad denominada “Corporación Justicia y Democracia”, presidida por el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar y cuyo director ejecutivo es su yerno, don Carlos Bascuñán . Además, son directores de esta corporación los parlamentarios señores Enrique Krauss , Alejandro Foxley , Edgardo Boeninger y el senador institucional y ex canciller del gobierno del Presidente Aylwin, don Enrique Silva Cimma . Por otra parte, cabe señalar que la actual ministra de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss la asignación está incluida en una partida de su ministerio, es hija del diputado Enrique Krauss . Asimismo, en el directorio de la Corporación Justicia y Democracia se encuentra el hijo de don Patricio Aylwin, don Miguel Aylwin Oyarzún .

Lo anterior ratifica la percepción de don Claudio Vásquez asesor de don Víctor Jeame Barrueto , Presidente de la Cámara de Diputados, quien, durante la última reunión de la directiva central del Partido por la Democracia, entregó un documento que denuncia prácticas de nepotismo y cuoteo político en la Concertación.

Renovación Nacional rechaza estas irregularidades en la transferencia de recursos públicos hacia una corporación con clara identificación político-partidista, que deja de manifiesto el tráfico de influencias que ejercen altos personeros de la Concertación sobre funcionarios que deben estar al servicio del Estado y no de una camarilla política. Llamamos a los parlamentarios a rechazar esta asignación presupuestaria, y a los diputados y senadores implicados a que se inhabiliten en la respectiva votación.

Finalmente, anuncio que los diputados de Renovación Nacional, en conjunto con los colegas de la Unión Demócrata Independiente, hemos presentado una serie de indicaciones que pretenden que en el Presupuesto para el próximo año exista, por una parte, mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y, por otro lado, mejor asignación y aprovechamiento de los recursos públicos que son puestos a disposición del Estado por los contribuyentes, a través del pago riguroso de sus impuestos.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, la discusión que estamos llevando a cabo hoy día es, a mi juicio, una de las más importantes que realiza el Congreso Nacional, por cuanto compatibiliza las demandas y las necesidades de los ciudadanos con la ejecución de un Presupuesto que, en parte, permitirá satisfacer esas demandas y el compromiso político contraído por el Gobierno con cada uno de los sectores de la ciudadanía.

Me referiré a las extraordinarias limitaciones que presenta este Presupuesto para el desarrollo del mundo rural, en especial, para la pequeña agricultura. En el presupuesto del Ministerio de Agricultura del presente año se destinaron 12.000 millones de pesos para los programas de mejoramiento de suelos que lleva a cabo el Indap. Como consecuencia de acuerdos entre el ministro de Agricultura y los pequeños agricultores se permitió que, tanto los indígenas como quienes tenían menos de cinco hectáreas de riego básico, pudieran acceder a un conjunto de beneficios, sin necesidad de aportar el 50 por ciento requerido, en principio, para acceder a ellos. Considero adecuada la decisión del Gobierno de hacer posible que los sectores más pobres y con economía de subsistencia puedan acceder a estos beneficios de mejoramiento de suelos y cambio de cultivos, a fin de que puedan entrar en la denominada competitividad, lo que es una utopía, porque a los propietarios de terrenos pequeños y, además, de mala calidad, la globalización les ha pasado por sobre la cabeza. Sin embargo, el Gobierno ha entendido que es necesario fomentar y subsidiar fuertemente el mejoramiento de suelos, razón por la cual ahora existe un decreto que permite que los pequeños agricultores accedan a un subsidio estatal del 100 por ciento.

Resulta incoherente lo que plantea el actual Presupuesto. Se dice que en el presente año crecerá en forma sustantiva la demanda para quienes estaban en condiciones de recibir el subsidio a cambio del 50 por ciento. Sin embargo, el nuevo Presupuesto se rebaja en 2.400 millones de pesos.

Desde el punto de vista del protocolo, me satisfacen los compromisos contraídos por los ministros de Hacienda y de Agricultura, en cuanto a reordenar las partidas, en la medida en que la demanda sea manifiesta y creciente. Quiero dejar constancia de nuestra preocupación en cuanto a que el Ejecutivo tenga la mejor voluntad a fin de destinar recursos para este gran instrumento que permitirá que los pequeños agricultores puedan mejorar efectivamente sus suelos, lo cual es vital para la producción y la superación de la pobreza.

En segundo término, también quiero referirme a un tema muy controvertido que dice relación con el presupuesto de la Universidad de Chile. Soy egresado de dicha universidad, valoro mucho lo que esa institución significa para el país, y creo que no deberíamos disminuir las posibilidades de que siga contribuyendo al desarrollo de la investigación, el arte y la cultura. Nosotros tenemos una visión general sobre el aporte que el Estado debe otorgar al desarrollo universitario; sin embargo, se produce una incoherencia cuando no existe la misma asignación de recursos para las universidades regionales derivadas. Por eso, no estoy dispuesto a aprobar el presupuesto para la Universidad de Chile, a menos que exista la expresa voluntad del Ejecutivo de entregar algunos recursos, aunque sólo sea a modo de señal. Sé que el cumplimiento de las metas que exige la macroeconomía impone algunas restricciones al Presupuesto que estamos aprobando hoy; pero considero insostenible que las universidades regionales no puedan acceder a recursos que les permitan aportar a la investigación y al desarrollo. En ese sentido, invito al Ejecutivo a buscar alguna fórmula que solucione el dilema de los parlamentarios, que no obstante ser “hinchas”, egresados de la Universidad de Chile, que deseamos seguir respaldando a esa institución que tanto enorgullece a la nación, al mismo tiempo queremos potenciar a las universidades regionales que no pueden realizar actividades similares a las que lleva a cabo la Universidad de Chile en las regiones. Debemos dar una señal sobre la importancia que revisten las regiones; los derechos de los estudiantes universitarios de regiones no pueden ser menos que los de la capital. De manera que, sin oponerme a que se le asignen recursos a la Universidad de Chile, planteo mi discrepancia con la falta de coherencia que existe en este aporte del fisco a las universidades.

Por último, celebro que en este proyecto de ley de Presupuestos se haya mejorado un conjunto de presupuestos, en especial en materia de salud, educación y justicia; pero considero que ello debe apuntar a hacer más eficiente la acción del Estado. Considero que existe una serie de entrabamientos, desde el punto de vista administrativo y reglamentario, que es necesario perfeccionar. En esta intervención quiero solicitar al Ejecutivo que considere la posibilidad de crear un comité ejecutivo capaz de tomar las decisiones que no adoptan los ministerios, hecho que mantiene entrampadas numerosas inversiones y proyectos productivos, culturales y de otra índole. En ese sentido, este Presupuesto será muy coherente, siempre y cuando tengamos la posibilidad de corregir algunas normas administrativas que entraban su ejecución, lo que satisfaría las aspiraciones de un país que quiere desarrollarse y seguir creciendo.

He dicho.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, para quienes hemos tenido la posibilidad de participar, año a año, en la discusión presupuestaria, siempre significa una aventura hacerlo entre tanta información, demasiada tal vez para digerirla en tan poco tiempo; mucha inquietud en cuanto a poder contribuir a mejorar el presupuesto, a incorporar elementos que no necesariamente están presentes entre quienes lo elaboran, que lo hacen enmarcados en políticas fiscales estrictas, en presupuestos y recursos siempre acotados y desde una perspectiva de carácter central que no tiene a mano, necesariamente, la clara voluntad de los servicios públicos, de los directores, de los entes y actores de ejecución de programas de diseño de políticas.

En el marco general, las necesidades de los diversos actores, especialmente direcciones nacionales de servicios públicos, no siempre guardan relación y esto es bueno que los colegas diputados lo sepan, con lo que queda plasmado en la demanda ministerial.

En el sistema de discusión presupuestaria hay un mecanismo un tanto perverso que obliga a muchos directores de servicios y a funcionarios públicos a defender un presupuesto en el cual no creen, porque establece una cifra que no permitirá cumplir con las expectativas de dicho organismo, por cuanto el recorte presupuestario siempre ha truncado esperanzas de un avance mayor.

Yo sé que aquí hay cifras económicas inmodificables. Tengo perfectamente claro, y los colegas también, que hay escasas posibilidades de modificar el presupuesto; pero, después de participar siete años en estos debates, estimo conveniente incorporar el concepto de sinceridad y de rechazo del presupuesto. Es decir, que cuando se plantea, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Pesca, se señale claramente cuál es el recurso que falta para el cumplimiento pleno del ciento por ciento de los objetivos de eficiencia y de eficacia que, además, están incorporados en las glosas, por cuanto se exige un cumplimiento muy claro en el desarrollo de la ejecución de los programas para el año venidero.

Al no estar incorporado el concepto del rechazo, el plus en el presupuesto que aprobamos o que se nos plantea para la aprobación respecto del necesario y que la propia institución ha definido como un concepto global óptimo, lo que tenemos es una arbitraria disminución en relación con las metas y objetivos a los cuales se somete el propio servicio, con contradicciones internas, las más de las veces absolutamente odiosas respecto de los beneficiados con los recortes o con el mantenimiento del presupuesto.

En el caso específico de la Subsecretaría de Pesca, y en el más particular del Servicio Nacional de Pesca, cuando se definen los aportes para el Fondo de Desarrollo de la Pesca Artesanal o para las áreas de manejo y concesiones de acuicultura, hay insuficiencias notables que no dan cuenta de los miles de solicitudes que están en tramitación, por cuanto 45 millones de pesos si observan la partida correspondiente lo corroborarán no reflejan las necesidades de estos miles de pescadores artesanales.

Por lo tanto, cuando tenemos la posibilidad de debatir modificaciones que garanticen prioridades políticas al interior de los servicios, ese espacio no está dado en la discusión de las Comisiones, sino aquí, en la Sala.

Quiero demandar, a lo menos, la posibilidad de que en los escasos minutos que tenemos podamos realizar un debate sobre las indicaciones que vamos a presentar, las más de las veces digámoslo con franqueza con el único objetivo de hacer factible la discusión, dado que los acuerdos protocolares que permanentemente se asumen, año a año, inviabilizan un debate serio, una posibilidad concreta de modificar con criterios políticos y técnicos algunas de las partidas que discutimos.

He comenzado a leer el protocolo que le ha llegado a la mayoría de ustedes, pero se advierte y digámoslo con franqueza que el debate final sobre qué vamos a votar se hace fuera de las comisiones y de la Sala, como parte de un acuerdo político.

Quiero señalar que, en general, el presupuesto va a ser apoyado por la bancada socialista, pero tenemos un conjunto de indicaciones respecto de las cuales lucharemos para que sean acogidas por el Gobierno.

He dicho.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica .

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, quiero plantear una preocupación respecto a este proyecto de ley de Presupuestos, porque las situación que vive la pequeña y mediana minería en las regiones del norte es francamente dramática.

Año a año cosa que se ha hecho durante los últimos diez años se han ido reduciendo los recursos en el presupuesto de la Empresa Nacional de Minería para fomentar la pequeña y mediana minería. El año pasado ya se redujo, respecto del anterior, de 14 millones a 9,2 millones de dólares, y éste considera un presupuesto de 7,5 millones de dólares, que, además de ser recortado, no contemplaba un ítem o una glosa para sustentar tarifas, que permita evitar que los vaivenes del precio internacional de la libra de cobre, muchas veces bastante díscolo, puedan afectar a pequeños productores que no tienen la posibilidad de negociar directamente y hacer inviables sus negocios.

Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda y, por suerte, superamos el problema de la glosa para sustentar tarifas, además de aprobar un proyecto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al Presidente de la República que adopte esa medida. Sin embargo, la glosa, que reconocemos es un paso adelante, tiene una cantidad mínima de recursos y, eventualmente, podría subvencionarse por la vía del Tesoro Público.

En esto vemos una señal que, a nuestro juicio, es muy dañina, porque no valora la importancia que este sector tiene en la economía de estas regiones. Y digo esto porque, desde el ’90, en que había 5.100 productores mineros, hoy, en todo Chile, no quedan 200. Estos pequeños productores mineros, que entregaban su producción a la Empresa Nacional de Minería, han desaparecido y hoy están cesantes. Ciudades como Vallenar y la provincia de Huasco exhiben los índices de cesantía, de acuerdo al INE que, por supuesto, no comparto, porque siempre son menores que los correspondientes a la realidad, más altos del país. Son más altos que los que se registran en la zona carbonífera de Lota, porque llegan al 18 por ciento.

¿Por qué los gobiernos de nuestro país no éste ni los anteriores no han sabido reconocer la importancia de este sector desde el punto de vista social? Me pregunto: ¿No se han dado cuenta de que los recursos que se entregan para el fomento de la pequeña y mediana minería no son un regalo, sino que se generan de los negocios que hace la Enami con los pequeños mineros?

Yo comparo esta situación con la realidad del agro en Chile, al cual se destinan más de 80 millones de dólares cantidad muy superior a los 7 millones ya señalados que no tienen vuelta, porque son recursos que el Estado le inyecta al sector, y me alegra que así sea.

Llamo al Gobierno a que no siga ahorrando en esto, porque todos los recursos que se rebajan al fomento de la pequeña y mediana minería, después el mismo Estado, a través de las municipalidades, debe redistribuirlos entre esa gente, por la vía de los paquetes familiares, para que pueda comer.

Gracias, señor Presidente.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, me alegro de que se haya firmado un protocolo como complemento de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos.

Quiero hacer resaltar que, a mi juicio, uno de sus puntos más importantes es el cumplimiento del compromiso presidencial que crea el fondo de contingencia para la promoción del empleo, uno de los grandes temas que estamos enfrentando a lo largo del país.

También quiero hacer resaltar este protocolo en lo que dice relación con la eficiencia de la evaluación de los distintos programas gubernamentales y con la transparencia de la información que, al respecto, se nos ha entregado a los parlamentarios.

En ese sentido, recojo lo que señaló el diputado señor José García , en relación con la Corporación Justicia y Democracia y a los antecedentes que ha entregado. Se trata de un gesto de transparencia. Se está pidiendo que en el presupuesto de la nación se defina en qué se usarán los recursos. El Congreso Nacional está en su derecho de votar a favor o en contra de estos recursos. Sin embargo, hay una serie de otras corporaciones que reciben recursos por otras vías ministeriales. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto recibe la Corporación Paz Ciudadana a través del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior, más allá de los militantes de la Concertación que forman parte de su directorio. Si queremos ser transparentes, es necesario saber cuántos recursos está recibiendo.

Hay un claro gesto de transparencia al aparecer en la ley de Presupuestos lo que se está consultando como recurso y para qué se está requiriendo.

En tercer lugar, más allá de los avances que se pueden haber logrado en el presupuesto en análisis, insisto en el excesivo centralismo que sigue existiendo y que se refleja en esta ley de Presupuestos. Así ocurre con el presupuesto de la educación superior, tema a que ya aludieron los diputados señores Tuma y Ortiz , y que tocamos con el diputado señor Lorenzini mediante una indicación presentada en la Comisión Mixta, lo que no significa que queramos negar los fondos que requiere la Universidad de Chile; pero también deben entregarse los recursos que requieren las universidades regionales para su desarrollo.

Uno de los argumentos aducidos fue que las Universidades de Chile y Católica realizan el 90 por ciento de la investigación en el país y que, por eso, requieren esos recursos. Postulo que el 90 por ciento de la investigación no se haga sólo en esas universidades. El mismo argumento que se usa a favor lo utilizo en contra. Propugno que la investigación se desarrolle en las universidades del norte, en las Universidades de Concepción y Austral de Chile, porque de esa manera potenciamos la descentralización del país. A raíz de los diversos estudios realizados, sabemos que la descentralización se potencia en la medida en que también se fortalezcan los recursos humanos y las capacidades que en ese sentido existen en las regiones.

El centralismo, asimismo, incide en el tema agrícola. A mi juicio, en el protocolo de la ley de Presupuestos no están reflejadas las necesidades de este sector y ello no se condice con los anuncios y compromisos que expresara el Presidente de la República con ocasión de algunos decretos a los que hizo mención el diputado señor Tuma .

Debemos seguir avanzando en los temas de la agricultura y de la minería, que son eminentemente regionales.

También está el tema de los recursos que se utilizan en el plan de descontaminación de la Región Metropolitana, que, por cierto, los necesita; ¿pero cómo, a la par de dicho plan, elaboramos un programa alternativo que signifique una desconcentración económica productiva de la Región Metropolitana, que sigue creciendo cada día y que, por lo tanto, seguirá teniendo problemas como el que he mencionado? Es un tema que deberíamos abordar como país, más allá de nuestras diferencias partidarias.

Descentralizar y potenciar las capacidades que tenemos en cada región, constituyen también una manera de abordar el desempleo.

Finalmente, pese a las sugerencias que quiero hacer respecto de algunos temas, reitero mi absoluta concordancia con la mayor parte de este protocolo que firmaron las personas mencionadas, en atención al realismo a diferencia de lo que algunos han expresado y al orden de las finanzas fiscales con que este año se ha planteado el presupuesto de la nación.

He dicho.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Dittborn .

El señor DITTBORN.-

Señor Presidente, al revés que en años anteriores, en que he analizado el presupuesto desde el punto de vista macroeconómico, fundamentaré las indicaciones que en esta oportunidad hemos presentado como Oposición. Me parece que todas deberían ser consideradas seriamente por los diputados de la Concertación. No se trata de indicaciones que alteren el presupuesto presentado por el Ejecutivo, sino que ellas le darán mayor transparencia y lo perfeccionarán.

Son seis grupos de indicaciones y paso a explicarlas.

El primer grupo dice relación con las glosas que establecen gastos reservados de los Ministerios del Interior, de Defensa lo hemos incluido para que no se diga que no queremos tocar su presupuesto, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia.

En todos ellos existen cuantiosos gastos reservados. Se trata de montos importantes y se impone la necesidad de dar cuenta de ellos a la Contraloría General de la República en forma global y reservada. Para que se entienda bien, el Presidente de la República, que tiene gastos muy importantes, sostiene: “Todos estos gastos han sido para fines de servicio”. Eso se entrega a la Contraloría General.

Consideramos que tales gastos reservados adolecen de una tremenda falta de transparencia que podría llevar a escándalos ojalá no sea el caso como el de las indemnizaciones a ejecutivos de empresas públicas que hemos conocido hace poco y que crecen en forma fértil justamente en aquellos lugares en que no existe transparencia, en que no hay obligación de dar información.

Lo que estamos pidiendo y por eso estamos presentando indicaciones a todas estas glosas son dos cosas muy simples. No estamos alterando el monto de los gastos reservados; sólo estamos diciendo que dichos gastos deben ser usados para fines propios del servicio. No es mucho pedir; parece razonable. Es decir, que ningún ministro pueda usarlos en comprar un pasaje a su señora o en cambiarle el auto; no estoy diciendo que ocurrirrá.

Por otra parte, aceptamos que se rinda cuenta de tales gastos en forma reservada, pero pedimos que se indique, pormenorizadamente y no en forma global, en qué se han usado.

No parece algo ideológico ni que merezca una confrontación Gobierno-Oposición pedir que los recursos de todos los chilenos para gastos reservados, repito, tengan dos características: que se obligue al jefe de servicio a informar de manera detallada en qué se usan y que se empleen en fines propios del servicio en el cual están consignados.

En segundo lugar, hay dos indicaciones que también dicen relación con gastos reservados y que, a mi juicio, es importante que los parlamentarios consideren.

Tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el de Defensa existen gastos reservados que no se limitan en la ley de Presupuestos. En efecto, se dice que, durante el año, en un decreto supremo, se establecerá a cuánto ascienden dichos gastos dentro de los gastos totales de los ministerios. ¿Por qué se desconoce al Parlamento la atribución de fijar el monto de esos gastos?

Creo sinceramente que podemos fijar un monto alto, porque no estoy diciendo “restrinjámoslos”; pero, ¿acaso nuestras facultades, que ya son bastante menguadas, no sufren aún más cuando se nos dice que no tenemos atribuciones para fijar en la Cámara de Diputados el monto de los gastos reservados en estos dos casos, ya que éstos serán fijados, repito, con posterioridad, en un decreto supremo? Sinceramente, no veo por qué no podemos fijar aquí esos gastos reservados, tal como lo hacemos respecto de otros ministerios.

En tercer lugar, hemos presentado indicación para disminuir a la mitad los recursos que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá gastar en el financiamiento de la XV reunión de jefes de Estado. Quiero apelar a la conciencia social de mis colegas: esta XV reunión de jefes de Estado, que se va a desarrollar en el país, significará un gasto de 1.500 millones de pesos repito, 1.500 millones de pesos en tres días.

Pregunté en la Tercera Subcomisión y en la Comisión ampliada en qué se iban a gastar estos recursos. La respuesta fue “en hoteles, seguridad, transportes, papelería”. Realmente, me cuesta creer que se puedan gastar 1.500 millones de pesos en una visita de jefes de Estado que dura tres días. A mi juicio, no recibí una respuesta satisfactoria; porque la única explicación que se nos dio fue que costaba la mitad o mucho menos de lo que se había desembolsado por este mismo tipo de reunión de jefes de Estado en otros países. Pero ¿en qué se puede gastar 1 millón de dólares diarios? Aquí no se está realizando una construcción; son gastos operativos.

Mediante la indicación que hemos presentado le pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice un esfuerzo, pues bajamos este monto de 1.500 millones de pesos a 750 millones de pesos, es decir, a la mitad, para que se gaste sólo medio millón de dólares diarios, aunque también esta cifra nos parece alta. Reconocemos que no somos expertos en la organización de eventos de esta naturaleza; pero causa indignación que se gasten 1.500 millones de pesos en tres días de reuniones, en circunstancias que hay tantas necesidades que no se pueden satisfacer.

En cuarto lugar, presentamos una indicación que asimila a la Corfo al resto de los ministerios, porque es el único servicio público al que, en este proyecto de ley de Presupuestos, no se le establece una dotación máxima de personal. En una glosa se dispone que hay tres comités de Corfo que no tienen una dotación máxima, por lo que se puede contratar personal sin límite, sin tope. En consecuencia, no parece razonable que el proyecto de ley de Presupuestos deje este forado, que, obviamente, da para pensar mal, como que se podrían contratar alcaldes que no resultaron reelectos o amigos que no han encontrado trabajo. Reitero, uno se pone muy mal pensado ante una situación como ésta, por lo que estamos pidiendo que se fije una dotación máxima de personal para la Corfo, al igual como se dispone para todos los demás ministerios.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Señor Dittborn, se acabó su tiempo.

El señor DITTBORN.-

Señor Presidente, me faltó tiempo para justificar tres indicaciones; pero quiero agregar que sostuve una conversación con don Carlos Bascuñán en el día de ayer respecto del tema de los trabajos solidarios de la fundación privada presidida por el ex Presidente Aylwin, materia a la cual ya se refirió el honorable diputado señor García, don José. Acordamos, telefónicamente, que aprobaremos la destinación consultada en el proyecto de ley de Presupuestos, pero con el compromiso de que estos recursos serán fondos concursables a partir del Presupuesto del 2002, con el objeto de que otras instituciones puedan postular a estos recursos y organizar trabajos de verano y de invierno para estudiantes universitarios. Por lo tanto, voy a dar mi voto favorable a este proyecto, con el compromiso del Gobierno de que transformará estos recursos en fondos concursables en el próximo proyecto de ley de Presupuestos.

El señor ROCHA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Haroldo Fossa por 2 minutos.

El señor FOSSA.-

Señor Presidente, en dos minutos voy a referirme a la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, glosas 11, 13 y 14.

Las glosas 11 y 13, que se refieren específicamente a financiamiento de la pequeña y mediana empresa, no están detalladas, por lo que es difícil evaluar si las cantidades son correctas. No obstante, luego de un análisis genérico se determina que los recursos establecidos son absolutamente insuficientes para resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa, sobre todo cuando sabemos que debemos reactivarla, pues es el sector que genera más empleos.

En estas glosas tampoco se consulta el subsidio a la mano de obra, que estaría vigente al menos en el distrito que represento, que comprende la provincia de Arauco y la comuna de Lota.

Por lo tanto, me parece inviable un análisis detallado sobre asuntos tan importantes con estas cifras demasiado genéricas.

Con respecto a la glosa 14, sobre la Empresa Nacional del Carbón, Enacar , durante el análisis de la Subcomisión, solicité incluir un ítem para la compra de carbón exclusivamente a los pirquineros de la zona, valorizado en dinero o en volumen. Se habló de que se contraería el compromiso de contemplar un ítem para adquirir 45 mil toneladas de carbón en la zona de Arauco y de Lota, pero no se dejó en claro que esto es exclusivamente para favorecer a los pirquineros de la zona y no para la compra de otros tipos de carbón, incluyendo el carbón importado.

Por último, solicito que se incluya, en la partida del Ministerio respectivo, el financiamiento para la explotación del mineral La Chulita, de Curanilahue, mediante una combinación de fondos de Enacar o a través de recursos de ésta y de dineros privados de la zona.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, como miembro titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara y de la Comisión Mixta de Presupuestos, intervengo en representación de la bancada de diputados del Partido por la Democracia.

En nuestra institucionalidad política y económica, la ley de Presupuestos es, lejos, el instrumento más relevante de la política fiscal, pues permite la planificación ordenada de las actividades que desplegará todo el aparato estatal durante un año entero.

Este proyecto de ley de Presupuestos ha debido enfrentar los desafíos de una política antideficitaria, que ha permitido y debiera permitir reordenar con estrictez las cuentas públicas, única manera de mantener una economía sana, capaz de generar riqueza y, al mismo tiempo, de enfrentar las coyunturas difíciles, como las que hemos vivido en los últimos dos años, que se han traducido en desaceleración del crecimiento económico, caída del producto y, sobre todo, en una tasa de desocupación, lejos la más alta del último decenio.

Como hombre que trata de entender la economía, por supuesto que me siento feliz de que esta difícil tarea haya recaído en un equipo económico elogiado en el mundo occidental, liderado por el gran economista, que es nuestro ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre , por lo que el Presupuesto tiene la garantía de quien lo aplica.

En consecuencia, el Presupuesto debe tener un rol reactivador, y así lo han entendido las autoridades de Hacienda, a quienes hemos respaldado legal y sinceramente en lo que va de su gestión.

Ello lleva también a que nuestro Presupuesto atienda demandas de equidad en la distribución del ingreso. La gente común y corriente del sur de Chile hablo por mi distrito: pequeños y medianos campesinos, tiene claro que se hace un trabajo serio en favor de mejorar su calidad de vida, y ese norte, orientador de nuestras políticas económicas, no debe ser perdido por nosotros ni, por supuesto, tampoco por las autoridades. Este proyecto de ley lo demuestra.

También quiero referirme, con especial satisfacción, a las mejoras sustantivas en el área educacional, que se traducen en un incremento del 7 por ciento respecto del año 2000. Además, la atención primaria municipal tendrá un 21,4 por ciento de mayores recursos respecto de este año.

Asimismo, se promoverá la generación de empleos como prioridad fundamental, mediante el gasto directo de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, que suman más de 813 mil millones de pesos en obras nuevas, repartidas en el territorio de la nación.

Se dice hoy que, si fuera necesario, está prevista la creación de, al menos, 26.500 empleos adicionales, a los cuales deben agregarse, aproximadamente, los 9.500 empleos generados por proyectos específicos y los 10.000 empleos que se crearán a través de los programas de generación directa, a cargo de los Ministerios del Interior y del Trabajo y Previsión Social.

Las cifras son frías, pero esta no es una carrera de guarismos, sino de esfuerzos en favor de la mejora de vida de la gente, de generar las condiciones para que los jefes y jefas de hogar puedan llevar el pan a su humilde mesa. ¡Ese es el sentido de las políticas públicas implementadas por este Gobierno!

Termino refiriéndome a dos situaciones complicadas para mí y también para muchos millones de chilenos del área de la agricultura, respecto de las cuales formulé indicaciones y comentarios.

Una se refiere a la necesidad de mejorar el financiamiento del exitoso Programa de Recuperación de Suelos Degradados. Si es exitoso, queremos más; esa es la realidad cuando ya hemos llegado a un nivel que permite hablar de éxito. Se trata de mejorar la capacidad productiva de los predios ganaderos y de cultivo en las regiones del sur, pero, lamentablemente, se rebaja en un 14,33 por ciento el financiamiento para la situación de suelos degradados, lo que me parece grave. En razón de ello, el Ejecutivo, en respuesta a una petición del grupo parlamentario que ayer firmó el protocolo, se comprometió a revisar la situación financiera del programa durante la ejecución presupuestaria del 2001. Por ello, miro esto con optimismo y no con el pesimismo que estoy notando en algunas intervenciones de mis estimados colegas. En efecto, el Presidente de la República, a proposición del ministro de Agricultura y del Director Nacional de Indap, don Maximiliano Cox, modificó las normas que regulan el programa correspondiente, de manera de hacerlo más focalizado y más beneficioso para los minifundios de hasta 5 hectáreas de riego básico, los que podrán postular hasta por un ciento por ciento de bonificación.

Lo mismo sucede con las comunidades indígenas que ya requirieron un aumento presupuestario, por la vía de la reasignación.

El decreto Nº 288 representa un cambio profundo lo he dicho ya otras veces en el trato a la pequeña agricultura. A mi modo de ver, es revolucionario, por decir lo menos.

Por ello, estimo que el protocolo ha dado respuesta a la solicitud que hice en su oportunidad a la Comisión Mixta de Presupuestos, al consignar que, una vez que se fortalezca el Programa de Mejoramiento de Suelos del Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo se compromete reitero a revisar la situación financiera. Me doy por satisfecho porque allí está la respuesta a mi solicitud.

Por otro lado, existe la necesidad de introducir una glosa en el capítulo de Indap para entregar potestades públicas a 49 jefes de áreas contratados a honorarios, por lo cual tienen dificultades en el ejercicio de su competencia directiva, cuestión que es de fácil resolución por la vía de una indicación que he presentado y que tiene un precedente en el capítulo y glosas anteriores, correspondientes al Servicio Agrícola y Ganadero.

Comienza esta larga jornada, quizás la más seria y compleja de nuestra vida legislativa. Los parlamentarios del Partido por la Democracia entregamos a nuestras autoridades económicas esta viga maestra de nuestra economía con ánimo y optimismo, porque nuestra confianza está depositada en ellas.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Como el diputado señor Navarro ha presentado cuatro indicaciones fuera del límite de la hora acordada, solicita, por mi intermedio, la unanimidad de la Sala para aceptar su ingreso.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001, iniciativa legal que, año a año, asigna los recursos para los gastos del Estado, no podemos debatirlo, a veces, con tanta liviandad.

Por eso, quiero señalar que el proyecto en discusión ha tomado como referencia del precio del cobre en los mercados internacionales el valor de 88 centavos de dólar la libra. Esa cifra, estimada como promedio del año 2001, puede ser inalcanzable por los antecedentes que voy a exponer, y me preocupa que podamos enfrentar el próximo año nuevamente un déficit fiscal, de la misma manera que ocurrió en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei en 1998 y 1999, en que el país debió recurrir a sus cuentas de ahorro del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para cubrir realmente sus necesidades hasta el término del ejercicio de esos años.

Por eso, en forma responsable, quiero manifestar al ministro de Hacienda, presente en la Sala, que la cifra de 88 centavos, de la que Cochilco ha informado, ya se ha desvanecido como información, dado que, en los últimos días, los organismos internacionales competentes nos dan una cifra diferente y una proyección distinta. En efecto, el precio del cobre en los mercados internacionales alcanza hoy sólo a 82 centavos de dólar la libra, y lo más probable es que tenga serias dificultades para subir su promedio el próximo año.

Los antecedentes técnicos son variados. Uno de ellos es el crecimiento de la demanda del cobre. Otro se refiere a las recesiones de los países desarrollados. Además, están las razones de temporalidad que pueden afectar el promedio del precio del cobre.

El gráfico que estoy mostrando en esta ocasión ayer se hizo público señala los promedios de que estoy informando. De allí mi preocupación.

Por eso, señor Presidente, por su intermedio, solicito que el señor ministro nos diga, en caso de haber déficit fiscal, a qué cuentas vamos a recurrir: si a las cuentas de ahorro o si vamos a hacer reasignaciones dentro de las partidas de los distintos sectores.

Fundamentalmente, mi preocupación es social, ya que muchos programas sociales quedarían desfinanciados si los recursos fueran insuficientes. Es sabido cómo se financia el Presupuesto de la Nación: con impuestos directos e indirectos; pero, fundamentalmente, con los ingresos del precio del cobre que, como han señalado los expertos, cada variación de un centavo en el precio promedio significa ingresos por 100 millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante se destina a gastos del Estado.

Entonces, mi consulta queda planteada para anticiparnos a lo que podría ser la situación del próximo ejercicio presupuestario. Dentro de este tema, mi inquietud sectorial apunta a lo siguiente: como lo ha señalado el diputado señor Baldo Prokurica , el sector de los pequeños mineros tiene una asignación para fomento y gastos de 7,5 millones de dólares, o sea, el ministro ha cumplido con el compromiso adquirido en esta Sala con el diputado Prokurica y quien les habla, en el sentido de dejar una partida a la cual se pueda echar mano en caso de que el promedio del precio del cobre sea inferior al que estamos programando para el 2001. De la misma manera que criticamos cuando no se cumplen los acuerdos, quiero decir públicamente que el ministro cumplió su compromiso. En esta ocasión se procedió en la forma que he señalado. Como se trata de una indicación del Ejecutivo, pido a la honorable Sala que la apruebe cuando se voten en particular las partidas correspondientes, porque resguarda la posibilidad de que el sector de la pequeña minería cuente con los recursos para tarifas de sustentación en caso de que el promedio del precio del cobre sea inferior al programado.

Por último, no hay que inducir a engaño, pues sólo el diez por ciento de las inversiones del Estado se decide en las regiones. Este porcentaje, que ha demostrado con bastantes argumentos el diputado señor José García , nos abre los ojos en cuanto a que lo programado para que las regiones decidan sobre el particular aún está lejos de alcanzarse. Todavía están supeditadas a las decisiones centralistas y su sueño está muy lejos de alcanzarse.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, este es el undécimo Presupuesto de la Nación que analizamos. En mi opinión, es el proyecto de ley más importante que corresponde tratar al Poder Legislativo, pues en esta oportunidad debemos aprobar para el año 2001, 17.868 millones de dólares que se reparten a través de todos los ministerios.

Por eso, cuando se conformaron las cinco Subcomisiones mixtas de Presupuestos en las cuales se distribuye el estudio de las diferentes partidas, una vez más asumimos el compromiso de hacerlo en la forma más eficiente y transparente posible y, lo más importante, con toda la información necesaria.

Por ejemplo, un colega recordaba que se formularon indicaciones para disminuir los gastos reservados en todos los ministerios donde existe ese ítem. Como las cifras no mienten, quiero recordar que en 1989 los gastos reservados ascendieron a 35 mil millones de pesos. En 1990, el primer año de gobierno de la Concertación con el estadista Patricio Aylwin Azócar , se disminuyeron a 18 mil millones de pesos, es decir, prácticamente a la mitad. Para el año 2000 quedaron en 15 mil millones de pesos. Es importante que la opinión pública sepa y también dejarlo consignado en el acta, que es un documento público, que para 2001 estamos aprobando solamente 12 mil millones de pesos en gastos reservados. O sea, hemos reducido exactamente a un 35 por ciento los 35 mil millones de pesos de hace diez años. Más aún, entre 2000 y 2001 hay una reducción efectiva de 21 por ciento en la autorización máxima para gastos en honorarios.

Como me correspondió presidir la Tercera Subcomisión de Presupuestos, reitero que en el protocolo quedó absolutamente claro que en los servicios públicos no se podrán incrementar los gastos en honorarios con cualquier tipo de transferencia desde el tesoro público ni tampoco con recursos del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.

Creo que no se puede ser más claro, transparente y preciso, a menos que algunos colegas quieran que nuestro Gobierno no pueda cumplir sus obligaciones y políticas de Estado.

Quiero ser muy claro: el Presupuesto de 2001 marca una normalización de las finanzas públicas después de la contracción real, efectiva, que comenzó en 1999. ¿Quién puede discutir el aumento del gasto real de 5 por ciento en relación al 3,3 por ciento del presupuesto de 2000? Ello demuestra la seriedad, desde el punto de vista macroeconómico, del planteamiento del equipo económico del Gobierno, dirigido también por el Presidente de la República, y responde al gran objetivo de generar un superávit estructural del uno por ciento del PIB, lo que reitera el compromiso del Gobierno en cuanto a transparencia en el manejo de las finanzas públicas.

El Presupuesto comprende un gasto social equivalente al 70 por ciento del gasto público y otorga gran prioridad a dos temas que son preferentes también entre los parlamentarios: educación y salud, ambos con un aumento superior a 7 por ciento.

Con mucha franqueza, debo señalar que me preocupa el rechazo de los 6.200 y tantos millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Chile para 2001 y que esto se transforme en otro tema, pues el rector de esa Casa de Estudios amenaza con renunciar si no le aprobamos su presupuesto, lo cual no me parece una buena decisión.

Quiero ser muy claro al respecto. A los integrantes de la Comisión les consta que durante todos estos años he apoyado el aporte a la Universidad de Chile, porque ella desarrolla más del 70 por ciento de la investigación que se realiza en el país. Es cierto que en su financiamiento está incluida la Orquesta Sinfónica y el teatro, pero también es cierto que la Universidad de Concepción financia a la Orquesta Sinfónica de Concepción, con un gasto de 500 millones de pesos al año y cero aporte fiscal.

Por su parte, algunos señores diputados, como el señor Montes, presentaron indicación para aportar 200 millones de pesos al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile.

Votaré por reponer la indicación, con el fin de aprobar los 6.200 y tantos millones de pesos para la Universidad de Chile, pero no me parece bien la forma como se ha planteado el tema. Creo que la situación topó techo y que debemos buscar un camino para solucionarla.

Hace unos cuatro años, en la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, cuando el diputado señor Montes planteó el tema del Instituto de Sismología, con el senador de la época, señor Cantuarias , de Oposición, en nuestra calidad de ex alumnos de la Universidad de Concepción y de representantes de regiones, propusimos conformar el Fondo de Desarrollo Institucional. Con el colega señor Pablo Lorenzini , economista que ha desempeñado altos cargos en instituciones privadas y públicas y con el diputado señor Exequiel Silva presentamos la indicación en la Comisión Mixta, pero, lamentablemente, el presidente la declaró inadmisible. En esa ocasión, logramos un aporte extraordinario de 2 mil millones de pesos extras para el Fondo de Desarrollo Institucional en Infraestructura, FDI, lo cual genera mano de obra y empleo.

Es bueno que los colegas sepan que, de las veinticinco universidades que dependen del Consejo de Rectores, han tenido acceso a dicho fondo veinte de regiones, y sólo cinco de la Región Metropolitana.

Ahora presentamos una indicación que no significa aumentar el Presupuesto de la Nación, sino derivar 2 mil millones de pesos asignados al Mecesup, que es el Mece de la educación superior, al FDI.

Hace pocos meses, doña Mariana Aylwin , ministra de Educación, tuvo la feliz iniciativa de crear el cargo de Vicepresidente del Consejo de Rectores. La nominación fue ganada por el actual rector de la Universidad de Concepción señor Sergio Lavanchy , y justo en este presupuesto, en el que es vocero de los veinticinco rectores, no se aumenta el FDI, lo que considero injusto.

Señor Presidente, tengo claro que en uso de sus atribuciones puede declarar inadmisible la indicación, pero pido que en la sesión de la tarde la ponga en votación, porque es un trasvasije de 2 mil millones de pesos del Mecesup, programa intelectual que no genera empleo ni infraestructura al FDI, que sí lo hace. Ello demostraría que es una realidad la participación en el Consejo de Rectores.

Votaré a favor del aporte a la Universidad de Chile sin pedir nada a cambio, pero creo que se debe tomar en cuenta la situación expuesta.

En el presupuesto del próximo año considero muy importante la aprobación de dos indicaciones del Ejecutivo a las partidas Ministerio de Educación y Tesoro Público, con las que se materializa el anuncio del Presidente de la República, don Ricardo Lagos , de crear un fondo especial para el desempleo el tema más cruel en la actualidad de 100 mil millones de pesos.

La glosa 18 del Tesoro Público autoriza, “a contar del 1º de abril de 2001, siempre que la tasa nacional de desocupación determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas supere el 10 por ciento o cuando dicha tasa sea superior al 9 por ciento”, a traspasar los respectivos programas de generación de empleos para bajar los índices a cifras que no signifiquen tanto daño a las familias chilenas. Estos proyectos de generación de empleos están en el camino que nos corresponde a todos los parlamentarios.

Por otra parte, en el protocolo firmado ayer se enfatiza la transparencia y eficiencia. El año 2001 se evaluarán veinte programas públicos, los cuales estarán a disposición de los señores parlamentarios a más tardar los primeros días de abril del próximo año.

Además, la información presupuestaria se reducirá de 60 a 45 días. Por lo tanto, ningún parlamentario podrá decir que no tiene la información mensual del presupuesto para saber si se está invirtiendo en lo que el Congreso Nacional aprobó, como poder autónomo e independiente del Estado.

También viene en camino el mejoramiento de los procedimientos para la discusión presupuestaria. Se ha fijado una instancia en el protocolo que será parte de la ley de Presupuestos. Se hará un análisis en las comisiones de Presupuestos, a través de las modalidades que se establezcan, para que a mitad del próximo año empecemos a analizar en qué forma llegará el Presupuesto de 2002. Creo que eso también es un gran avance.

Por último, me referiré a la agilización de las inversiones. A través de la conversación y del análisis en las cinco subcomisiones, el Ejecutivo se dio cuenta de que había mucho trámite burocrático. Ahora, por ejemplo, se elimina la autorización previa para la compra de equipos computacionales, con lo cual habrá un avance de la tecnología, lo que permitirá más eficiencia en los servicios públicos y ministerios. Además, quedará absolutamente clara la evaluación diaria del Presupuesto de la Nación, o sea, de la plata de todos los chilenos.

Quiero agregar algo para ser justo, porque nobleza obliga. Al pan, pan, y al vino, vino. La semana pasada, en un medio de comunicación, se expuso que en duro debate, Eyzaguirre, vale decir, el ministro de Hacienda, se negó a aumentar aportes para Bomberos. Esto es falso, de falsedad absoluta, porque con quienes tuve una dura discusión, pero con argumentos, fue con el director y subdirector de Presupuestos. El ministro de Hacienda accedió a nuestra solicitud y se aprobaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los cinco millones de dólares para iniciar la renovación de la flota de carrosbombas del país y adquirir equipos de rescate. Es más, hubo un aumento importante en la partida en moneda nacional.

En consecuencia, anuncio que los diputados del Partido Demócrata Cristiano aprobaremos en general y en particular el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 2001, pues se enmarca en la eficiencia y la equidad.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, el diputado señor Julio Dittborn ha hecho una exposición general sobre el proyecto de Presupuestos, por lo que quiero referirme a una partida muy concreta: la del Conace.

Para ningún parlamentario ni para el resto de la ciudadanía es un misterio que el de la droga constituye uno de los grandes problemas del país. Me gustaría hacer un análisis a fondo no sólo de las cifras aritméticas sobre el aumento de las diferentes partidas, sino con el fin de saber si con el enfoque que se da al tema podrá revertirse el proceso. A la luz de los documentos que entregó el Conace y de los programas en desarrollo, creo que eso no ocurrirá.

¿Por qué lo afirmo? Ha habido dos hechos o hitos durante este año que nos deben hacer reflexionar. Hace cuatro meses, se dio a conocer el tercer estudio nacional sobre consumo de droga en escolares, que concluye que uno de cada dos alumnos de cuarto medio declara consumir drogas, y sobre el diez por ciento de los alumnos de octavo básico, es decir, niños de doce a trece años de edad, declara haberla consumido. O sea, la edad de consumo es igual o inferior a los diez o doce años.

Por lo tanto, si quisiera revertirse el proceso, en especial entre los escolares, deberían implementarse programas que reflejen el énfasis que quiere la ciudadanía para abordar el problema. Ello no es así, como veremos después.

Pero hay un segundo fenómeno, sobre todo en los sectores más modestos, enfocado más a la represión que a la prevención: la falta de defensa jurídica para la comunidad frente a los delitos de narcotráfico. Se da la paradoja de que los narcotraficantes tienen defensa jurídica, pero no la comunidad. La absoluta indefensión de la comunidad tampoco está reflejada en el proyecto de presupuestos, como lo veremos.

Partiré por el segundo punto, que es más corto. La semana anterior, el Consejo de Defensa del Estado, organismo que, de acuerdo con la ley, debe hacerse parte en los delitos de tráfico de droga, entregó un informe a la Comisión de Drogas que, en síntesis, señala que esa institución ha asumido sólo 2.575 causas en relación con el tema, pero ocurre que el número de causas por el delito de tráfico de droga es de ocho mil al año. De manera que en seis mil causas mucha gente modesta no tendrá defensa jurídica. Los narcos la tendrán, pero no la gente común y corriente.

Conversé con la directora del Conace y le expuse que, frente a esta indefensión, debió haberse establecido la facultad de contratar, en todas las comunas de alto riesgo, con gran nivel de tráfico y de consumo, un abogado de tiempo completo para que se haga parte en todos los delitos sobre la materia. Nada de esto se dice en el proyecto.

Debo advertir que los sectores más modestos, que no pueden contratar un abogado para defenderse, seguirán en la más absoluta indefensión y continuará el círculo vicioso: el delito no se denunciará, porque la gente no tiene defensa jurídica.

Esa es la línea gruesa del primer punto, bastante importante por lo demás.

En la prevención ocurre algo similar y me gustaría repetir lo que le comenté al ministro de Hacienda. A mi juicio, el proyecto descansa sobre ejemplos que han fracasado. Se espera que los sistemas comunales de prevención, Siscop, reviertan el proceso, con el 34 por ciento del presupuesto, es decir, la partida más importante. Pregunto a algún parlamentario o a una autoridad de Gobierno si ha resultado algún sistema comunal de prevención. Ninguno. Son pura burocracia y compromisos con organizaciones que no han dado resultados.

Quiero dar un ejemplo importante. Se destinan 1.255 millones de pesos a seiscientos proyectos focalizados, lo que da un total de 2.091.000 pesos por cada uno. ¿Qué se puede hacer con poco más de dos millones de pesos por proyecto? Nada.

Para revertir el proceso, debe haber proyectos que causen impacto, que sean de carácter masivo. Este error en el presupuesto se ha cometido sistemáticamente: se han aprobado proyectos “rascas”, que no contribuyen en nada.

Sólo se destinan a la prevención escolar 933 millones en los distintos programas que propuso el Conace, o sea, el trece por ciento. El 37 por ciento del presupuesto es una apuesta comunal a través de proyectos “rascas” que no darán resultados.

Aunque aprobaré el proyecto, quiero dejar constancia de estas aprensiones. Por lo anterior, a través de indicaciones, presenté dos glosas: una, para que la comunidad no siga en la indefensión frente al narcotráfico, de manera que con cargo al presupuesto se puedan contratar abogados, y otra, para que el grueso de los recursos destinados a la prevención se utilice en el ámbito escolar, que es donde está el problema.

Reitero: de nuevo hay una apuesta equivocada en el tema de la droga al confiar en sistemas fracasados que no han dado resultados.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha .

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, comparto la opinión expresada en reiteradas oportunidades, en el sentido de que el de Presupuestos es, tal vez, el proyecto más importante que se trata todos los años.

Al respecto, la imagen que uno percibe es la de una economía sana, con sus cuentas nacionales en orden, un país en paz, preparado para soportar las tormentas que suelen amenazarlo o como las que lo han afectado, por ejemplo, la crisis asiática, que tanto daño nos causó.

En esta materia debe actuarse con grandeza y generosidad. No hay espacio para la política chica, porque una decisión errada o tomada sin los fundamentos éticos y elevados que son exigibles, puede acarrear graves perjuicios a muchos compatriotas.

Todavía los mineros del carbón de Lota y Arauco recuerdan con dolor, frustración y rabia, cuando diputados y senadores de Derecha propusieron, en la Comisión Mixta de Presupuestos rebajar a 10 mil pesos la partida asignada para la industria del carbón. ¡Qué burla para ellos! ¡Qué burla más cruel para esos trabajadores que antaño contribuyeron con fuerza a que esta economía fuera mejor!

Hoy, en cambio, veo con satisfacción que los presupuestos propuestos para los establecimientos de Trongol, Curanilahue y Carville, de Lebu, fueron aprobados en la comisión respectiva y espero que también lo sean en la Sala.

Dentro de esas partidas están considerados los recursos para la compra de carbón a que se refirió el diputado señor Fossa , lo cual lleva algo de tranquilidad a aquellos trabajadores. Habrá, entonces, tranquilidad y gratitud en Arauco, en especial en Curanilahue y Lebu.

Los mineros no quieren irse a sus casas con jubilaciones anticipadas, como ya ocurrió en Lota. Por el contrario, quieren seguir ganándose, con su esfuerzo, el pan de cada día.

Por otra parte, me preocupa la forma en que se abordó el tema de la Universidad de Chile. Se quiere dejar la sensación por lo menos, es lo que deduzco de que sólo se está obteniendo recursos para invertirlos en Santiago y se habla de que la investigación también debe hacerse en provincias.

En esto hay un error. La Universidad de Chile está ejerciendo su ministerio a través de todo el país y tiene derecho a pedir a este Congreso que mantenga los recursos propuestos por el Ejecutivo. De lo contrario, se causará un grave daño a esta institución tan fundamental para el desarrollo del país.

Quiero decir en forma muy sintética cómo la Universidad de Chile trabaja a lo largo del país. Por ejemplo, con la Universidad de Magallanes, en el programa antártico; en geología, con la Universidad Católica del Norte; en estudios altiplánicos, con la Universidad de Tarapacá; en marea roja, con las Universidades Católica y Austral; en biomedicina y biodiversidad, con la Universidad de Concepción, y en microbiología, con la Universidad de Santiago. Más aún, recientemente con las universidades de Santiago, de Concepción, Austral de Chile, La Frontera y de Talca firmó un convenio para el desarrollo de un programa de doctorado en el área de biología y fisiología vegetal.

Lo anterior significa que el esfuerzo que hace la Universidad de Chile abarca a todo el país y que la provincia se ve fortalecida y beneficiada con los distintos programas que ha desarrollado durante su trabajo.

Pretender reducir estos recursos es empequeñecer un poco el debate o, por último, obligar a la Universidad a concursar, como a cualquiera organización, sin pensar en el daño que se causa. Por ejemplo, de aprobarse la indicación a que me estoy refiriendo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile debería despedir a los músicos que han llevado la cultura no sólo a Santiago, sino que a todo el país.

Por lo anteriormente señalado, quiero que este esfuerzo de la Universidad de Chile sea reconocido y que aprobemos la partida en la forma propuesta por el Ejecutivo.

Termino señalando que los diputados del Partido Radical Social Demócrata aprobaremos, en general, el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo que corresponde al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Carlos Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, éste es el tercer año que discutimos, en un contexto de elecciones, un presupuesto con poca actividad económica y alto desempleo, pero con excelentes cifras macroeconómicas y muy malas cifras microeconómicas.

¿Qué pasa? Que la excelente macroeconomía no se traslada a la microeconomía, porque el puente está cortado. ¿Cuál es el puente? A mi juicio, son las situaciones tributarias y anímica ambiental del pequeño y mediano empresario. Estamos con muchos problemas de regulación ambiental, el tema tributario mencionado, la inseguridad laboral y los problemas sectoriales, en pesca y en la pequeña y mediana agricultura y en la pequeña y mediana minería.

Quiero solicitar al Gobierno un programa de reducciones tributarias, verdadero e importante, no como el que se está planteando en estos días por la prensa, que permita trasladar los beneficios del éxito macroeconómico a todas las empresas, a lo largo y ancho del país.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, quiero referirme, en primer lugar, al tema que dice relación con el presupuesto de fomento de la pequeña y mediana minería. Valoro el hecho de que, en el marco del debate con el Ejecutivo, haya habido consenso para la incorporación de una glosa en el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para los pequeños mineros. Sin embargo, no me parece que deba ser financiada con recursos de otras glosas, en caso de ser necesario, sino que con fondos autorizados por ley, si se requiriere, pero de ninguna manera disminuyendo el ítem para fomento de que dispone la Enami.

Se ha dicho durante el debate que este año el presupuesto de la Enami sería mayor que el anterior, sobre la base de que el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para los pequeños mineros no estaba incorporado en el presupuesto propuesto para la Enami y para el fomento de la pequeña minería. Sin embargo, la manera de incorporar el punto d) cambia la filosofía, el espíritu del acuerdo, puesto que no tenemos certeza de que el precio del cobre se mantenga en el escenario internacional actual en los niveles de los meses anteriores. Hoy, es de 81 centavos de dólar y llegamos a 87. No existe ninguna duda de que el conflicto del Medio Oriente, aparte de producir un alza en el precio del petróleo que hoy se consigna nuevamente conlleva una rebaja del precio internacional del cobre. Si se mantiene bajo los 80 centavos de dólar, nuevamente en el año 2001 la pequeña minería, los pirquineros y los trabajadores artesanales van a requerir un fondo de estabilización para completar la tarifa.

Por tanto, solicito al ministro de Hacienda, por intermedio del Presidente de la Cámara, revisar la redacción de la indicación que se ha presentado al respecto, especialmente al punto d) y mantener el espíritu que originalmente la incorporó: establecer una glosa del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre relacionada con el precio que alcance en el mercado internacional durante el año 2001, de modo que si éste baja de los 80 centavos de dólar, el Fondo de Estabilización actúe de manera automática. Para ello existía la voluntad política de todos los sectores de aprobar una ley que garantizara que esto fuera así.

Debo señalar que durante estos años hemos adoptado innumerables medidas para asegurar que la pequeña minería tenga la ayuda que corresponde. Pero si se mantuviera este Fondo con recursos de los ítem correspondientes a los costos operacionales, al fondo de capital de riesgo y a las pérdidas para los poderes de compra, la Enami no tendría recursos en el año 2001 para financiar los proyectos concursables dirigidos a la pequeña minería ni tampoco los programas de asistencia a la pequeña minería, trabajadores artesanales y pirquineros.

Por esta razón, solicito reitero al ministro de Hacienda que mantenga el espíritu con el cual se incorporó la letra d) y se abrió la glosa del Fondo de Estabilización, de manera que si en determinado momento el precio internacional del cobre así lo amerita, exista una ley aprobada por unanimidad para financiarlo.

También debo recordar al ministro de Hacienda que respecto de este punto hubo un compromiso del Presidente Ricardo Lagos con la pequeña minería de Chile, y nos interesa que se cumpla, por cuanto ellos han hecho un gran esfuerzo durante estos años. Hemos valorado mucho lo realizado por la Enami durante los meses de esta nueva administración para generar mecanismos que vayan en ayuda de los pequeños mineros. Pero si baja el precio internacional del cobre no queremos que se vuelva a vivir una situación que deteriore al mundo minero, especialmente a las comunas mineras donde ya existe una tasa de desocupación mucho más alta que en el resto del país: en Vallenar, sobre el 18 por ciento; Chañaral y Diego de Almagro, 20 por ciento; en Taltal, un porcentaje similar. Son comunas que requieren que la Enami disponga de recursos para asistencia y fomento, pero, al mismo tiempo, que opere el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Restan cinco minutos al Comité del Partido por la Democracia, que puede ocupar en la segunda ronda.

En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Melero, por cinco minutos.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Salud y en forma concreta a la partida del subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y cómo se relaciona este punto con un tema que ha sido de preocupación nacional, especialmente del Parlamento: la deuda hospitalaria.

Las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud revelan que la deuda hospitalaria por ese concepto ha crecido en los últimos dos años a una tasa acumulativa mayor del 3 por ciento, por lo que al terminar el 2000 alcanzará a 43 mil millones de pesos, aproximadamente. Esta situación, como todos sabemos, está dificultando fuertemente la atención de la gente en los hospitales de Santiago y de regiones, lo que se evidencia por las largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, suspensión de exámenes de laboratorios y, en definitiva, una peor atención de salud a las personas.

Esta deuda de 43 mil millones de pesos según el Ministerio, y 60 mil millones de pesos según el Colegio Médico se generó en la autorización para endeudarse establecida en la ley de Presupuestos del año 2000, que era de 27 mil millones de pesos. Esto significa que el Ministerio de Salud ha tenido una sobre-ejecución presupuestaria que podría llegar a 1,6 veces el monto autorizado para endeudarse. En efecto, la ley de Presupuestos del año 2000 permitió al Servicio de Salud un gasto en bienes y servicios de consumo ítem 22 de 147 mil millones de pesos y un endeudamiento por 27 mil millones. Además, de acuerdo con información del Ministerio de Salud, durante el año 2000 el Ministerio de Hacienda le entregó 18 mil millones de pesos como recursos adicionales, con el fin de pagar la deuda de arrastre de los hospitales y los compromisos pendientes del año 1999. A pesar de estos cuantiosos aportes extraordinarios, actualmente los servicios de salud mantienen una deuda de arrastre de 43 mil millones de pesos que al 30 de agosto estaba vencida en más de 240 días. A esto se le suman los proveedores, a quienes les deben facturas de hace dos, tres y hasta cuatro años, con una deuda de 38 mil millones a la fecha.

Dicha deuda representa el 26 por ciento del presupuesto total de bienes y servicios de consumo, lo que significa que en promedio los servicios de salud están endeudados en 3,1 meses del presupuesto, siendo aceptable, para un manejo eficiente de los recursos, un endeudamiento de uno o dos meses como límite máximo para su ejecución presupuestaria.

Al respecto debo señalar que la magnitud de lo adeudado por los servicios de Salud 14 en total es más preocupante. Por ejemplo, la mitad está endeudada en más de cuatro meses de su respectivo presupuesto de bienes de servicios y consumo, lo que puede ser aún más grave en algunos hospitales y representa peligro de desabastecimiento y, por lo tanto, la respectiva mala atención a los usuarios más pobres del país.

De este promedio 3,1, el más endeudado de los servicios de salud es el Metropolitano Occidente, con siete meses impagos del gasto del presupuesto mensual de bienes y servicios de consumo. Si para un particular sería difícil poder vivir si tuviera comprometido siete sueldos del año, imagínense cómo lo es para un servicio de salud tener comprometido siete meses de su gestión presupuestaria de este ítem. Vemos que el Metropolitano Occidente tiene 6,9 meses comprometidos; Valdivia , 6,7; Aisén 6,2 ; Metropolitano Oriente, 5,4; Arica , 5,3; Concepción , 4,8. De manera que me parece importantísimo enfrentar las causas del endeudamiento del sistema hospitalario para poner los atajos correspondientes en la ley de Presupuestos y en la ejecución presupuestaria del próximo año, por cuanto esto cuestiona fuertemente las políticas de salud y de equidad que el Supremo Gobierno ha señalado.

Las causas hay que buscarlas en la forma en que se administran los establecimientos públicos, en consideración a que no puede aducirse la escasez de recursos como una de ellas. Vale la pena recordar que en los últimos 10 años el presupuesto del sector ha aumentado en un 170 por ciento, llegando a la fecha a 1 billón 200 mil pesos, lo que significa un aumento del 7 por ciento para la gestión de este año.

Es necesario reconocer que gran parte de los problemas financieros del sector público se originaron en el inadecuado sistema de incentivos con el cual funciona. El financiamiento de los prestadores públicos no está orientado a la gestión, y los directivos de los establecimientos no son responsables ni cuentan con las herramientas para mejorarlas.

En segundo lugar, los recursos estatales para financiar las instituciones de salud se traspasan fundamentalmente teniendo en cuenta elementos históricos, como las remuneraciones, infraestructura, equipamiento, etcétera, sin considerar su adecuada utilización en la efectiva solución de los problemas de salud de las personas.

La solución, a nuestro juicio, debe estar en las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno en cuanto a otorgar aportes extraordinarios, como ha sido hasta ahora, pero exigiendo algo a cambio. No podemos seguir con la política de que nadie controle la gestión en el gasto; el Ministerio de Hacienda sufre la presión, entrega miles de millones de pesos y no hay nada a cambio. Para solucionar la deuda, esta forma ha resultado inoperante. Ésta crece, sigue creciendo y nadie le pone atajo. Y lo que es más grave, constituye un incentivo para continuar endeudándose tal como se ha comprobado en la forma que he señalado.

A nuestro juicio, el problema tiene que ser enfrentado en tres aspectos: primero, los hospitales deben ser abastecidos de manera suficiente para atender a la población beneficiaria en forma adecuada. De continuar la situación de endeudamiento, los proveedores privados pueden cortar los suministros. Se debe cancelar lo adeudado a los proveedores para evitar quiebras y asegurar el empleo tan necesario en este momento. Además, los recursos para pagar las deudas no deben constituirse en incentivos para que los establecimientos se endeuden cada vez más.

Estamos de acuerdo con la indicación a la glosa 06, que obliga al Ministerio de Salud a informar sobre la gestión y el resultado de la deuda a las Comisiones de Salud y de Hacienda de la Cámara y del Senado, señalando, además, los componentes y orígenes de la deuda.

Creemos importante lo establecido en el protocolo agregado en cuanto a que el Gobierno continuará perfeccionando y desarrollando el sistema de indicadores de desempeño ligados al presupuesto.

Como parte de este esfuerzo, se extenderá el sistema hacia nuevos sectores: Carabineros, hospitales y otros.

Esperamos muy sinceramente que esta gestión cambie y que no sigamos por el camino tan ineficiente, inoperante y perjudicial para la salud pública del país: sólo entregar más recursos sin exigir una gestión y administración adecuada.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi concordancia con la propuesta del Ejecutivo de avanzar hacia un superávit estructural, con lo que ello implica para el país, en términos de administración de finanzas públicas. Esa decisión es de una trascendencia histórica tremendamente importante para un país como el nuestro, cuya potencia o desarrollo económico depende mucho de mercados externos; es decir, somos una economía con un grado de vulnerabilidad que requiere de saneamiento de las finanzas públicas. Mi única duda es qué mecanismo usar para aumentar aún más el ahorro del país, que sigue siendo nuestra mayor debilidad.

Adicionalmente, considero importante avanzar hacia un debate menos apasionado del rol del Estado en la regulación y en la economía. Cuando se habla de las pyme, sin duda, nos referimos al rol de fomento del Estado, que es muy importante, y aunque todavía estamos a cierta distancia de lo que me gustaría, creo que también hemos avanzado en esa dirección.

En esta ocasión quiero referirme a algunos temas más puntuales. El primero de ellos dice relación con la regionalización de los recursos y la inversión regional. En ese contexto, manifiesto mi tremenda aprensión a una lógica, a mi juicio equívoca, de cómo se entiende la regionalización. No entiendo la regionalización como la “coredización” de la inversión pública. Aquí ha habido una inclinación a pensar que las decisiones en las regiones sólo son regionales cuando el consejo regional incide en la distribución de los recursos. A mi juicio, eso puede ser una tremenda causa de preocupación en ciertas regiones que sufren no sólo de diversidad territorial, sino de una concentración al interior que tiende a producir distorsiones territoriales de tremenda inquietud.

Insisto ante el Ejecutivo en el sentido de que se avance hacia un concepto de regionalización más amplio. En las regiones, los ministerios tienen la capacidad para tomar decisiones en inversión, sea en vialidad, sea en infraestructura educacional, etcétera, porque no sólo los cores tienen esta función.

Quiero dar un ejemplo sobre el error que podemos cometer. Los cores pueden decidir inversiones en pavimento de caminos de larga extensión, pero ¿quién se hará cargo de su mantención? Es decir, ¿qué vinculación hay entre las decisiones de los cores y el Ministerio de Obras Públicas?

Planteo mi inquietud ante la “coredización” de nuestra inversión regional.

En otra materia, quiero manifestar mi inquietud sobre el desarrollo rural. Se aborda la inversión de agua potable rural como una forma de seguir llevando infraestructura importante, entendiendo que aquí se va a invertir en obras nuevas y en mantener y ampliar las ya existentes. Pero me inquieta que nos quedemos cortos en otros instrumentos de desarrollo rural, como el Indap. En los últimos años hemos vivido crisis climáticas y de precios, y el financiamiento del Indap sigue dependiendo de las recuperaciones. Este año tenemos un problema dramático en las siembras de primavera en muchas regiones.

Solicito que el Ejecutivo, más allá del debate presupuestario, repiense mecanismos de seguros o de fondos para el Indap, que le permitan compensar sus ingresos cuando hay fluctuación de precios como las que hemos tenido en este tiempo.

En otra materia, creo que las inversiones en obras de riego son tremendamente importantes. Espero que los estudios permitan indicar cuán importante es avanzar hacia la segunda etapa de Convento Viejo y hacia la segunda etapa del embalse Los Cristales de la cuenca del río Claro, en la comuna de Rengo, para incorporar más hectáreas de riego, que es algo que necesita en particular el valle central para aumentar su competitividad.

Adicionalmente, quiero manifestar mi inquietud sobre cuatro puntos específicos. Hubo debate sobre los recursos al Teatro Municipal de Santiago. En principio, no tengo ninguna objeción ni me asiste ninguna duda respecto de que es una contribución a la cultura que salga a regiones. Sin embargo, hay usos alternativos de esos recursos.

En el Congreso se nos presentó el proyecto “Arte en Camino”, encabezado por un grupo de trabajadores del medio artístico, que propone el teatro itinerante y la creación de espacios para mostrar sus creaciones en regiones. Me parece que junto con autorizar los recursos para el Teatro Municipal es necesario crear otro instrumento, y confío en que el ministro de Hacienda acogerá esta petición, para incluirlo en el uso de los recursos a la cultura el próximo año.

En segundo lugar, manifiesto mi inquietud en las políticas de los programas habitacionales que van a los sectores de menores ingresos, específicamente la vivienda progresiva de primera y segunda etapa. A veces en los debates presupuestarios se tiene una visión demasiado urbana, en desmedro de lo rural. Hoy estamos obligando a que la asistencia técnica sea obligatoria para muchos programas de vivienda y ese requisito está creando un cuello de botella para muchos de ellos, por lo cual solicito que se revise.

Por último, en septiembre de este año hubo un debate respecto del servicio militar obligatorio. Se habló de que el país iba a avanzar hacia el servicio militar cada vez más voluntario. Para ello se necesitan recursos que permitan establecer estímulos a fin de que la juventud haga el servicio militar voluntariamente. Eso no está considerado en el actual proyecto de ley de Presupuestos. Debemos garantizar la existencia de esos recursos para que efectivamente los cambios que vamos a hacer en el decreto de movilización se implementen en forma eficaz.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.

El señor GALILEA (don Pablo).-

Señor Presidente, el ejercicio anual de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos tiene la limitante que todos conocemos en materia de atribuciones parlamentarias, sobre todo respecto de las indicaciones de aumentar partidas presupuestarias que se consideren necesarias.

Sin embargo, estimo importante aprovechar la oportunidad que nos da esta discusión para explicitar, aunque sea de modo testimonial, algunas inquietudes para que sean consideradas en presupuestos futuros, más aún cuando éste es el primero que elabora el gobierno del Presidente Lagos.

Las opiniones respecto de los temas generales o macros del presupuesto las expuso con gran claridad nuestro jefe de bancada, diputado señor José García. Por lo mismo, comentaré algunas materias específicas de interés regional.

En primer lugar, quiero referirme al presupuesto de salud, donde claramente debemos reconocer un aumento. Sin embargo, por todos son conocidos los millonarios déficit de la gran mayoría de los servicios de salud del país, que bordean los 43 mil millones de pesos, como ya se dijo.

Este problema, sin duda, compromete el funcionamiento del sistema en la atención de los pacientes. Se le echa la culpa a la gestión de los centros hospitalarios, pero la verdad es que en muchos casos, además de la gestión, se debe a un financiamiento insuficiente.

En el caso del Servicio de Salud de Aisén, que actualmente tiene un déficit de alrededor de 700 millones de pesos, es fiel reflejo de lo recién señalado.

El financiamiento per cápita que es igual en todo el país es abiertamente perjudicial para las zonas extremas. Daré un solo ejemplo: en la zona central, el litro de oxígeno cuesta entre 380 y 450 pesos; en Coihaique se compra a 1.800 pesos. Los altos costos de traslado que se deben pagar en charter de avionetas a comunidades apartadas y la atención de 40 localidades dispersas en mil kilómetros de extensión, constituyen una realidad absolutamente distinta a la del resto de Chile, como lo demuestran los estudios de costos per cápita para la región, los que hasta el momento el Ministerio se niega a reconocer.

Por eso, hemos propuesto perfeccionar el modelo de financiamiento del sistema público, ya que resulta inexplicable y contradictorio que se estén invirtiendo 9 mil millones de pesos en la ampliación del hospital de Coihaique para mejorar la atención en salud y, al mismo tiempo, el Estado sea incapaz de solucionar en forma definitiva los déficit permanentes que han llevado a esa zona a no tener remedios y a adeudar sumas millonarias en agua, luz y calefacción. La ampliación del hospital aumentará el déficit, porque los gastos serán mayores, pero se mantendrán los ingresos.

Por eso, insistimos en modificar la actual estructura de financiamiento, reconociendo la realidad distinta de cada región.

En segundo lugar, las regiones extremas cuentan con un mecanismo de bonificación a las inversiones de los pequeños y medianos empresarios, más conocido como decreto con fuerza de ley Nº 15, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo. Sin embargo, el presupuesto del 2001 le asigna sólo 1.235 millones de pesos, cifra que sólo fue reajustada, en circunstancias que existían compromisos del anterior Gobierno de la Concertación en orden a aumentarlo sustancialmente.

Esta herramienta, que resulta fundamental para impulsar el desarrollo de las zonas extremas, debe fortalecerse en el futuro si realmente se quiere contribuir al desarrollo armónico del país. Por ejemplo, a Aisén se le asignaron 340 millones de pesos para este año, cifra equivalente a unas pocas indemnizaciones. Resultó ser absolutamente insuficiente, por cuanto, de 199 proyectos que se presentaron y que cumplían con todos los requisitos para obtener el beneficio, sólo se pudo bonificar 79 de ellos, quedando fuera 120 por falta de recursos.

Por la falta de recursos tampoco se ha podido superar el problema de la cesantía, aspecto que frena la contratación de mano de obra y el desarrollo de la zona, lo que demuestra la necesidad de que en el futuro se incrementen estos presupuestos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Mulet.

El señor MULET.-

Señor Presidente, me referiré fundamentalmente a la partida 17 del Ministerio de Minería, en especial al subtítulo 25, sobre transferencias corrientes, que son los recursos que el proyecto de ley de Presupuestos autoriza o transfiere a la Empresa Nacional de Minería.

Durante los últimos cuatro o cinco años, el presupuesto ha disminuido en forma sostenida. En 1997, se destinaron 8.943 mil millones de pesos; en 1998, 7.722 mil millones; en 1999, 7.128 mil millones, y el año 2000, 5.507 mil millones de pesos, en moneda de este año. Paralelamente, han disminuido los productores de la pequeña y mediana minería.

Hace seis años, con la Empresa Nacional de Minería como recordaba el diputado señor Prokurica trabajaban alrededor de 1.900 pequeños y medianos mineros; hoy, sólo existen alrededor de 380 y tantos pequeños y medianos productores.

Por eso, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos en la Subcomisión Nº 5 a la que asistí en reemplazo del diputado señor Lorenzini , miembro de dicha Subcomisión me preocupé de la situación. Llegamos a un acuerdo con el presidente ejecutivo de Enami, con la subsecretaria de Minería y con los representantes del Ministerio de Hacienda.

La Subcomisión aprobó la glosa Nº 1 de la partida 17, la cual no está reflejada en la indicación presentada por el Ejecutivo. Es indudable que el espíritu de crear un ítem para que durante el año 2001 existiera un fondo de sustentación del precio del cobre para los pequeños y medianos mineros, radicaba en que, si hubiera necesidad de obtener recursos, no fuera con cargo a los fondos de fomento de la ley de presupuestos que son similares, más o menos, a lo que se gastó en los ejercicios presupuestarios anteriores.

Tal como viene redactada la indicación, en la letra d) de la glosa Nº 1 se señala que, en caso de que opere el fondo de estabilización del precio del cobre para pequeños mineros, el gasto debiera efectuarse con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gasto. Es decir, si existe un problema con el precio del cobre para los pequeños y medianos mineros, habría que recurrir al fondo, pero sacando recursos de los gastos de fomento, lo que indudablemente es como pillarse la cola.

Sin duda, ese no fue el espíritu que tuvo la Subcomisión Nº 5, ni el acuerdo al que se llegó y al que concurrimos con nuestra voluntad. Si hemos aceptado porque no nos queda otra opción que durante los últimos cinco años disminuyan paulatinamente los recursos para la pequeña y mediana minería, y tolerado, en los últimos años, índices de cesantía de dos dígitos, y en el presente año el lamentable récor de tener la comuna con la más alta cesantía, o que figure en el primero o segundo lugar, dependiendo del mes, como es la comuna de Vallenar lamento que no esté el ministro de Hacienda, pero se encuentra el director de Presupuestos, hoy no es posible seguir en la misma situación, ya que, como lo recordaba el diputado señor Leal , Vallenar tiene un 18,4 por ciento de desempleo.

Acaban de cerrar la compañía minera Maricunga en la comuna de Copiapó, del distrito que representa el diputado señor Leal , lo que producirá mayor cantidad de cesantes.

En consecuencia, he presentado una indicación con otros colegas parlamentarios, a fin de crear efectivamente el fondo de estabilización de precios del cobre para pequeños mineros, pero con cargo al Tesoro Público y no a los recursos destinados a fomento. De lo contrario, habría que aprobar el proyecto original, sin la creación de dicho fondo.

Voy a rechazar la indicación del Ejecutivo porque existe el compromiso del Presidente de la República y confío en su palabra para la creación del fondo de estabilización, en caso de que el precio del cobre quede por debajo de los 85 centavos de dólar la libra.

De ocurrir esa contingencia y salvo que busquemos otra forma de redacción de la glosa respectiva rechazaré la indicación del Ejecutivo. La otra posibilidad es que se acepte la indicación que he presentado junto a otros parlamentarios.

Espero que se ha haga la rectificación del caso. Los recursos para la pequeña y mediana minería son necesarios. Durante los últimos cinco años ha existido una disminución sostenida de los fondos asignados a la Empresa Nacional de Minería. Por lo demás, está el compromiso del Presidente de la República, don Ricardo Lagos , de crear un fondo de estabilización del precio del cobre para los pequeños y medianos mineros.

Por lo tanto, anuncio que rechazaré la indicación del Ejecutivo, salvo que se acepte la que presenté, que es fiel reflejo de lo que se discutió en la Quinta Subcomisión de Presupuestos, o que se llegue a otra fórmula que signifique que los recursos para fomento no se destinen a dicho fondo; de lo contrario, estaríamos disminuyendo los de la Empresa Nacional de Minería. Deseo salvar esta contingencia, a fin de que, en el caso de que el precio del cobre disminuya, se opere con otros recursos, pero no con los de fomento.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Restan cuatro minutos al Comité de la UDI.

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, deseo hacer dos consideraciones generales.

En primer lugar, tal como han señalado diversos señores diputados, desde el punto de vista macroeconómico, este Presupuesto es moderno, estable y de futuro. Coincido con el diputado señor Juan Pablo Letelier en cuanto a que la idea de un superávit estructural es, probablemente, su mejor contribución a la discusión nacional.

En segundo lugar, a modo de comentario general, puedo decir que el resultado de este proyecto de ley de Presupuestos no se medirá desde el punto de vista macro, sino microeconómico, sobre todo, por su impacto en el empleo y en el cumplimiento de las promesas electorales formuladas por el Presidente Ricardo Lagos , en la enseñanza media y superior, en la calidad de la vivienda y, en general, en las políticas económicas.

A continuación, quiero referirme a tres aspectos específicos. En primer lugar, lamentamos que este Presupuesto no haga más aportes regionalizadores. Habría sido bueno que el Gobierno diera una carta de navegación mucho más grande para los próximos seis años. En el caso de las regiones extremas como lo dijo el diputado Pablo Galilea , habría sido mejor hacer más aportes al DFL Nº 15, y legislar por la mantención del DL Nº 889, que bonifica la contratación de mano de obra en esas regiones.

En segundo lugar, queremos pedirles oficialmente al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos que se agregue una partida para la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, por la suma de 100 millones de pesos. ¿Por qué? Todos sabemos que uno de los principales problemas que afectan a la salud pública es el aumento de la radiación ultravioleta causada por el agujero que existe en la capa de ozono. El único instrumento que sirve para medir dicha radiación fue prestado por el Gobierno de Brasil, el cual ha pedido que se lo retornen. De manera que quedaremos sin la posibilidad de medir el efecto del agujero en la capa de ozono que produce aumento de la radiación ultravioleta en todo el cono sur de nuestro país.

Por eso, le solicitamos oficialmente al Ministerio de Hacienda existe consenso en la región que haga un aporte extraordinario a la Secretaría Regional Ministerial de Salud magallánica por la suma de 100 millones de pesos para la adquisición del instrumental necesario básicamente un equipo llamado Brewer MX 4, que permitirá predecir el comportamiento de la capa de ozono y tomar las medidas que hoy están adoptando los colegios e instituciones públicas, en general.

Por último, quiero referirme a un tema que será debatido en la sesión de la tarde. Desde ya, anuncio mi oposición a que se conceda la suma de 6.200 millones de pesos a la Universidad de Chile. No lo digo porque obedezca a una situación especial con dicha universidad, sino porque considero que rompe el esquema de financiamiento universitario, que es público, accesible para todo el mundo y, sobre todo, concursable. La mayoría de los programas financiados de esta forma pueden serlo por otras universidades, como los programas relacionados con la marea roja, formación de especialistas médicos, agroforestales, políticas públicas, bioética, etcétera. De manera que sería mucho más adecuada una política de concurso público en lugar de este monopolio de fondos que me parece absolutamente inadecuado y que rompe el modelo de financiamiento universitario.

Ojalá se hubiera incluido en el proyecto la prórroga del decreto ley Nº 889 y se hubieran aumentado los fondos establecidos por el DFL Nº 15.

Reitero mi petición al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos en cuanto a que se asigne a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes la suma de 100 millones de pesos, de manera que pueda adquirir el equipamiento que nos permitirá controlar los problemas del ozono.

Para terminar, anuncio mi oposición al tema relacionado con el aporte de 6.200 millones de pesos para la Universidad de Chile.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Ha terminado el tiempo del Comité de la UDI.

En el tiempo que le resta al Comité Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, este debate presupuestario ha sido distinto al de otros años, puesto que ahora existe un conjunto de acuerdos básicos para los supuestos macroeconómicos. Puede haber un margen de discusión, pero hay acuerdos fundamentales sobre los supuestos.

Considero que ha existido una importante valoración del enfoque conceptual con que se presentó y se planteó el tema del déficit en un período más largo. Es destacable la información que se nos ha entregado, la cual tiene un valor cualitativo. Sería muy importante que los parlamentarios que no forman parte de la Comisión Mixta de Presupuestos pudieran acceder a esta información, porque ella se ha ido perfeccionando y desarrollando cada vez más.

El problema principal tiene que ver con que no es posible discutir el Presupuesto sin las políticas. Es nuestra mayor insuficiencia y debilidad, porque la asignación de recursos tiene que ver con objetivos, propósitos, y en el procedimiento que seguimos normalmente tenemos que entrar a discutir de lleno las cifras y las partidas presupuestarias como tales.

Hay que buscar formas de debate que permitan evaluar globalmente los recursos, en función de objetivos. Por ejemplo, en el plano económico, es muy importante discutir qué estamos haciendo en desarrollo productivo, qué rol está cumpliendo el Estado en el fomento y desarrollo de la pequeña empresa. En esto, además de globalizar el debate, a lo mejor nos falta creatividad para ver cómo logramos conseguir recursos para impulsar ciertas iniciativas. No estamos a favor de un Estado empresario, puramente regulador o subsidiario; somos partidarios de un Estado con liderazgo, que sea capaz de poner a la pequeña empresa en una perspectiva distinta, de ofrecer alternativas al capital extranjero, aliado a pequeñas y medianas empresas chilenas, por ejemplo, para procesar el acero o el cobre. Necesitamos un Estado con ese tipo de liderazgo, y para materializarlo hay recursos: las AFP los tienen. Eso se logra con un sistema de ingeniería financiera que permita trasladar parte de esos recursos al desarrollo productivo y no tenerlos en circuitos aparte. Es decir, necesitamos un debate cualitativo, por ejemplo, sobre este eje.

Asimismo, es necesario debatir el tema de las políticas sociales, porque en esta área existen problemas serios, aunque hoy el más apremiante es el del desempleo, que está ligado a lo que señalé anteriormente, y creo que no podemos enfrentarlo con fondos de contingencia ni con programas municipales. Un programa de empleo estructural, más permanente, tiene que ver con replantear el rol de la pequeña y mediana empresa dentro de nuestra economía, con la forma de financiarlo y con el rol de procesador de materias primas y de incorporación de valor agregado. Es una discusión de más largo plazo.

Respecto de las políticas sociales, existe un debate pendiente sobre cómo vamos a reconstruir la forma en que se vinculan los chilenos; es decir, el tejido social. Asimismo, muchos otros temas, como el relativo a la seguridad ciudadana, a las drogas, a la falta de participación de la juventud, que muchas veces se critica, tienen su origen en el hecho de que nuestra sociedad, el tejido social, los vínculos entre las personas, la forma en que se convive, se ha ido debilitando o deteriorando. Sin embargo, no discutimos sobre ello. Cuando vemos un presupuesto en el caso de Digeder de 27 mil millones de pesos, que no está orientado hacia un objetivo social, sino, al parecer, sólo a la formación de talentos deportivos; cuando se trata de una de las principales partidas presupuestarias para construir vínculos y relaciones entre las personas, uno piensa que hay discusiones pendientes.

También hay que analizar la forma en que vamos perfeccionando la manera de responder a las necesidades, que hoy no son las mismas de hace diez años. En vivienda, presentamos dos indicaciones: una, tendiente a que el próximo año el Ministerio de Vivienda tenga, al menos, un programa piloto orientado al primer quintil que no tiene acceso a los programas vigentes. Asimismo, incorporamos una glosa que permite al ministerio comprar terrenos fuera del perímetro urbano, a fin de abaratar su adquisición. Ambas cosas están ligadas a los programas de viviendas sociales que permitan ayudar a los sectores que hoy no pueden acceder a los beneficios.

En educación tenemos un serio problema: en las zonas en las cuales se edifican viviendas no se construyen colegios. Y no se trata de que no haya dinero, sino de que el fondo de infraestructura educacional está orientado a complementar la jornada escolar completa, pero no a cumplir su objetivo: construir colegios en los sectores donde no existen.

Respecto de salud argumentaré más ampliamente en la sesión de la tarde, durante la discusión en particular, las desigualdades son muy grandes. Hay servicios, como los que atienden el barrio alto, que tienen muchos recursos; sin embargo, los servicios de salud de la zona oriente cuentan con menos fondos. Esa desigualdad es producto de la inercia, materia que debemos discutir, a fin de aumentar la eficiencia con que hacemos las cosas.

Otro eje importante como dijo un diputado hace un momento es el relativo a la cultura. Tenemos que discutir cuántos recursos estamos destinando a la cultura y a la investigación. Es un problema de país, porque no existe ninguno con perspectivas de desarrollo que no asigne muchos recursos a la cultura, a la investigación y, también, a la modernización del Estado, porque eso es lo que permite mirar hacia delante. Necesitamos más discusión de políticas y no sólo de cifras.

Nuestra bancada está absolutamente convencida de que la Universidad de Chile requiere y necesita los 6 mil millones destinados a proyectos prioritarios.

Otra cosa son los fondos concursables, que en este momento alcanzan a 25 mil millones de pesos, los que, cuando se inició el programa de la Universidad de Chile no existían. Además, al fondo de desarrollo institucional hay que agregar el Mece superior. La Universidad requiere de estos recursos.

Además ¿cómo se hará sismología? ¿Con fondos concursables? Sismología requiere recursos sostenidos en el tiempo, porque eso no se improvisa. Se trata de crear y atender una red sismológica.

¿Se financian con fondos concursables las actividades que una orquesta sinfónica realizará durante un año? No, se requieren recursos especiales.

¿Cómo se forman los especialistas médicos? Se requiere un aprendizaje permanente.

La bancada socialista está absolutamente de acuerdo con destinar fondos para la Universidad de Chile. Este aspecto hay que modificarlo en el presupuesto del próximo año y hacerlo de otra manera.

Es todo cuando puedo decir.

Muchas gracias.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Ha terminado el tiempo del Comité del Partido Socialista.

Tiene la palabra el diputado señor García, don René Manuel .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, es muy importante discutir el Presupuesto de la Nación, pero lo es más el reflejo que proyecta a la gente; es decir, cómo le llegan los fondos que su Excelencia el Presidente de la República y los ministerios van dando a las personas. Por ejemplo, en la zona que represento, que es agrícola, siempre, invariablemente, cuando los agricultores van a pedir algo, escuchan la vieja cantinela: se acabó la plata.

Aquí tenemos un buen ejemplo para decir a los agricultores que el presupuesto de Indap no es menor. Son 92 mil millones de pesos, y si advertimos que atiende, más o menos, a 100 mil pequeños agricultores, les corresponde casi un millón de pesos por agricultor.

No obstante, siempre los programas se distribuyen a dedo. Esto es preocupante, porque este año se apreció cómo gente, hasta hace un mes y medio, todavía no tenía los fondos para comprar su semilla y su abono para poder sembrar.

En consecuencia, para conectar esto con lo que estaba diciendo al principio, no preocupa cómo se haga el presupuesto, sino cómo somos capaces de distribuirlo para que las personas vayan percibiendo lo que la Cámara de Diputados aprueba en el presupuesto cada año.

Por ejemplo, ocurre una injusticia tremenda con un grupo de personas de Curarrehue, que no encuentro ya a quién planteársela. En el país, hay zonas de extrema pobreza, que no las señalamos los parlamentarios, sino que las define el gobierno. Una de ellas es la comuna de Curarrehue que, de conformidad con el plan de electrificación, tiene luz eléctrica desde hace meses. Aprovechando que está presente el director de Presupuestos, le voy a señalar que 130 familias, todas de comunidades indígenas, ven pasar sólo la energía eléctrica, porque no han podido conectarse a la red toda vez que no disponen de los 130 mil pesos para pagar la conexión. Eso lo hemos denunciado en todas partes y lo hemos hablado con la ministra Alejandra Krauss , con la señora intendenta, con todas las autoridades que deben ayudar a esta gente para obtener este beneficio permanente.

Espero que con el gran aumento de recursos que ha tenido la respectiva legislación y el presupuesto de la Conadi, se vaya en ayuda de esas personas que no cuentan con medios económicos.

Es más, se puede hacer un convenio, con el objeto de prestarles esos dineros, porque ninguno de estos agricultores, por modestos que sean, se van a negar a devolverlos en cuotas que no afecte más su actual presupuesto.

Estoy poniendo este ejemplo, pero hay muchas comunas como ésta que deben afrontar la misma situación.

En consecuencia, cuando uno hace un presupuesto serio, responsable, es para que ese adelanto llegue a las personas y no tengamos que andar dando explicaciones a la gente sobre por qué no tiene la luz.

¿Yo le pregunto al director de Presupuestos, por su intermedio, señor Presidente, si lo que estoy planteando no lo considera una tremenda injusticia, después del tremendo esfuerzo que han hecho todos para que esta gente sólo vea pasar la luz? Me molesta que no se ayude a las personas que realmente lo necesitan.

No entiendo por qué se le exige a la gente que opta al subsidio rural una libreta de ahorro, en circunstancias que en el campo no hay urbanización. En la ciudad, justamente se exigen estos ahorros para poder tener urbanización. No hay norma legal que exija que para otorgar el subsidio rural debe haber urbanización, a no ser que se trate de villorrios de 50 casas que se están construyendo.

Cuando uno es parlamentario, esas son las cosas que reclama. Al final, tenemos que dar puras explicaciones.

No constituyen un gasto los recursos utilizados en caminos, en infraestructura, en construcción de puentes y en otras obras. Esa es una inversión, porque favorece a todos y cada uno de los habitantes, del más modesto al más importante de los ciudadanos chilenos.

Pero no puedo entender cómo hoy, que estamos fomentando y queremos tener más turismo en Chile, industria que genera recursos de entre mil y 1.200 millones de dólares, no tengamos un Ministerio de Turismo. Me parece francamente increíble. Eso tampoco sería gasto, sino una inversión, porque se trata de plata limpia que no genera ningún gasto al país, sino que aprovecha la infraestructura del país para desarrollar el turismo.

Esas son cosas que uno ve y que le preocupan.

También se ha engañado a la gente. La han hecho hacer proyectos en Indap para efectuar muchas cosas, pero, al final, se cae en lo mismo, porque una vez aprobados siempre le dicen lo mismo: ¡Se acabaron los recursos!

Al margen del protocolo firmado, que dicen que es trasparente, debieran explicar por qué estas instituciones siempre condonan las deudas y ayudan a las mismas personas y no a todos los que postulan libremente. Eso hay que decirlo aquí, porque los presupuestos deben favorecer al mayor número de chilenos y no solamente a los compadres o a los amigos de los que dirigen las instituciones.

En las instituciones del agro hay que tener una política para todos los agricultores, no solamente para unos pocos. Le voy a citar cifras, señor director, aunque le dé risa. Antes de la campaña presidencial, en las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue repartieron los bonos de los 100 mil pesos, pero cometieron un error gigantesco: fue un bono sectario. Se le dio a menos del 10 por ciento de los agricultores. Veamos, entonces, el resultado de la elección. En Lonquimay, Lavín sacó el 78 por ciento; en Melipeuco, el 79 por ciento, y en Curarrehue, casi un 80 por ciento. Eso demuestra que a la gente no le interesan los regalos, sino que le importa que la ayuda se dé en forma permanente.

Por eso queremos que estas políticas se amplíen al mayor número de gente, para que todos sean los beneficiados y puedan alimentar a sus familias como corresponde.

Ese es el presupuesto que la gente quiere recibir. No nos vamos a las cosas macros, sino que a las micros, para ver si realmente reciben las ayudas que el presupuesto está planteando.

Por eso, señor Presidente, como no tenemos más facultades que aprobar, reducir o rechazar los gastos del presupuesto, en esta oportunidad, con la transparencia que se le está imprimiendo, gracias a lo que se ha generado en el país, no porque se hayan puesto transparentes, sino porque el país ha visto cómo se han malgastado los dineros, ojalá esta transparencia dure.

Por eso, votaré favorablemente el proyecto en debate y tengo la esperanza de que lo que he dicho ayude a las comunidades indígenas.

Por otra parte, hoy tenemos la oportunidad histórica, con los recursos presupuestarios y fondos de tierra que tenemos, de que no se compren más a dedo las tierras para los indígenas, sino que se liciten. En la actualidad, en la Novena Región y en todas partes donde hay oferta, con los recursos disponibles ahora, tenemos muchas oportunidades de comprar el doble de terrenos.

Por eso, es bueno que toda la tierra que se compre, en beneficio del pueblo mapuche, sea por oferta y licitación y no por la gente que decidía a dedo cómo comprar a precios exorbitantes para favorecer a determinadas personas.

Por otro lado, agilicemos pronto la aplicación del decreto ley Nº 701, porque la gente está desesperada y no ve cómo cobrar sus indemnizaciones.

Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto. Ojalá que esta transparencia dure y que la gente vea reflejado el trabajo del Parlamento en hechos concretos.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini, por cuatro minutos.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, en la misma línea de los diputados señores René Manuel García y Montes, concuerdo plenamente con que la discusión parlamentaria de un presupuesto debe basarse obviamente, primero, en objetivos, en metas y en programas. Eso dice el organigrama de las etapas de discusión presupuestaria. Concuerdo con el diputado señor Montes en que la discusión debe basarse primero en políticas, en parámetros, en índices. Eso significa decía el colega que hay análisis pendientes.

Quiero recoger eso, aprovechando la presencia del ministro y del director de Presupuestos. Aquí está pendiente una gran discusión. Creo que esta tarde podremos tener respuesta a muchas interrogantes.

El Ministerio de Economía, con sus distintas subsecretarías y direcciones, tiene un ingreso de 607 mil millones de pesos. El 50 por ciento más de 300 mil millones, proviene de la venta de activos. Los desembolsos de dicho Ministerio están referidos básicamente a inversión real por 111 mil millones e inversión financiera por 400 mil millones.

Si se desglosa el presupuesto de dicha cartera, resulta que la Corfo, una de las instituciones que está dentro de su presupuesto, representa el 90 por ciento de sus ingresos y gastos. Por lo tanto, si analizamos ese Ministerio, debemos analizar la Corfo. El resto, con mucho respeto por otras direcciones, es chimuchina, como diría algún muchacho desconocedor del lenguaje económico.

En ese sentido, si uno analiza la Corfo, se da cuenta de que sus ingresos por activos son del orden de 400 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante procede de venta de activos reales. ¿Qué estoy diciendo? Que el presupuesto del Ministerio de Economía, basado en el de la Corfo, proviene de la venta de activos.

¿Privatizaciones? Están escondidas en un gran bolo.

Con el diputado señor Ortiz recordábamos lo acontecido el año pasado. El gran argumento que nos dieron este año para privatizar a Essbío, más allá de las consideraciones técnicas, estaba en el presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos las platas, parlamentarios de la Octava Región, si ya tenemos esto ingresado? ¡Cuidado, señor ministro y señor director de Presupuestos! Para tranquilidad de las regiones en las cuales están las empresas que se privatizarán en 2001, me recuerdan que, respecto de la empresa sanitaria del Maule, Essam , el Presidente de la República dijo: “Momento; vamos a analizar con calma los resultados de los estudios que se están haciendo; vamos a ver el método y la forma de privatizar. Quédense tranquilos diputados y senadores”. En esto hemos estado juntos con el diputado señor Aguiló y con el senador señor Gazmuri . Me van a decir que otra vez están escondidos en la partida correspondiente a los cien millones de dólares provenientes de la privatización de estas empresas. ¿O acaso está la Zofri o Colbún?

Evidentemente, necesitamos claridad. Como decía el diputado señor Montes: transparencia, reglas claras, perspectiva de futuro.

Entonces, queremos que en la tarde nos contesten qué está considerado. ¿Estamos estimando ingresos y amarrando privatizaciones antes de que las hayamos discutido políticamente con el Presidente de la República y otras autoridades de Gobierno, o nos están diciendo que estos ingresos provendrán de privatizaciones que no tenemos claras? El Presidente de la República lo ha dicho, cumpliendo lo que manifestó en la Séptima Región durante su campaña: “Vamos a ver cuál es el sistema nuevo; no necesariamente la venta de acciones”.

Aquí existe un sistema de venta de gestión e inversión temporal. Hemos planteado la venta por zonas geográficas y la de las distintas áreas de una empresa de este tipo, sea su distribución, recolección, o sus propias plantas de tratamiento. Hemos planteado una especie de capitalismo popular regional: que empresarios de las regiones compren y sean dueños de sus empresas.

Si esto está en la Corfo, miremos los desembolsos. ¿Adónde van? Las únicas partidas grandes de los desembolsos que hay en la Corfo, aparte de los sueldos, salarios y algunas transferencias, son las Pyme, algo por lo cual el diputado señor Mulet ha venido bregando hace mucho tiempo: 95 mil millones. Servicio de la deuda pública. No creo que con las privatizaciones la paguemos.

260 mil millones casi los mismos 299 mil millones por venta de activos, están yendo a la compra de títulos y valores, al mercado de capitales. Quiero saber qué parte de lo que se obtiene con estas privatizaciones quedará en la región, si todos los recursos provenientes de la venta de Essbío está en el mercado de capitales, en juegos financieros.

Quiero dejar planteada la pregunta al ministro o al director de Presupuestos: ¿Qué significan estos cien o doscientos millones de dólares incluidos por venta de activos? ¿Cuáles son las empresas? ¿ Zofri , Colbún , Essar , Essam ? En fin, las que queden. ¿Van a ser privatizadas? Porque ahí sí que se acaban los argumentos, y toda la discusión que ha prometido el Presidente de la República no serviría de nada. Por lo tanto, quiero que, con transparencia y claridad, nos digan qué hay allí.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier por cinco minutos.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, en primer lugar, respaldo todas las políticas de apoyo al mundo agrícola en la línea señalada por distintos colegas, como los diputados señores Jaramillo y René Manuel García , porque no se trata de posiciones políticas. Somos bastante transversales en luchas por intereses puntuales.

Reconozco el trabajo de mi colega Enrique Jaramillo , representante del Partido por la Democracia en la Comisión Mixta que estudió el presupuesto de 2001.

Quiero referirme específicamente a la partida del Ministerio de Obras Públicas.

Cuando se dictó la ley sobre concesiones, las regiones pensaron que serían muy beneficiadas por tener muchos más recursos; es decir, disponer de aquellas platas que, ahora sí, el Estado chileno podía invertir en las grandes obras de infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos.

Es cierto que se hizo mucho, como el colega René Manuel García lo ha reconocido respecto de varias materias en regiones; y que la dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es un organismo que ha sido fundamental para el progreso del país.

Hace tres años, junto a colegas parlamentarios de distintas bancadas, conversábamos con el entonces ministro de Hacienda don Eduardo Aninat , y le señalábamos la importancia de renovar el “pool” de maquinaria, especialmente de camiones, de las trece regiones de Chile. No es posible que en la Octava Región la segunda más importante del país en población, extensión, solamente contemos con un buldózer; es decir, esto es vergonzoso. Hace tres años que queremos renovar los equipos. Hoy estoy pidiendo que compremos 100 camiones para renovar y fortalecer esta dirección tan importante para el país.

Pero hay más, señor Presidente. Hace seis años que se dictó una ley destinada a crear las corporaciones viales para las Regiones Octava, Novena y Décima. Debo decir con mucho énfasis que fue un fracaso, ya que se han dilapidado 9 millones de dólares en forma irresponsable.

Por lo tanto, quiero llamar la atención del Ejecutivo hacia el hecho de que esa ley también establece que si estas corporaciones no cumplieran su objetivo, deben pasar a manos de la dirección de Vialidad.

Por su parte, el colega Víctor Reyes , de la Décima Región, pidió un informe completo al respecto, en el cual se señala que de las 18 corporaciones que existen en las tres regiones, no se puede mencionar ni siquiera una como ejemplo.

Por eso, señor Presidente, pido que se cumpla con lo que establece la ley y que nos preocupemos de fortalecer la dirección de Vialidad, para lo cual hay que entregarle más recursos. Aquí tengo la ley de Presupuestos del 2000, que le asigna 317.127.330.000 pesos, mientras que el proyecto de ley de Presupuestos del 2001 sólo le concede pequeños aumentos.

De tal manera que solicito al Ejecutivo, de la forma más atenta, que pongamos el acento en beneficiar no a una región, sino a estas tres regiones del país.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente, durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del 2001, hemos visto una vez más que se ha establecido un protocolo para evaluar su aplicación.

Este es mi tercer período como diputada, y todos los años he visto cómo los parlamentarios plantean formas para evaluar y hacer transparente la concreción de los distintos programas del Presupuesto, así como para establecer indicadores de desempeño, para lo cual se adopta una serie de compromisos destinados a dar a conocer la aplicación del Presupuesto durante el año de su aplicación, para que el Ejecutivo entregue más información y los parlamentarios tengan mayor participación en su elaboración; pero esto nunca se ha logrado hasta la fecha.

Por lo tanto, espero que este nuevo protocolo que se nos plantea este año se haga realidad, con el fin de que podamos conocer la aplicación del Presupuesto, a más tardar, en junio del año que viene.

Por otra parte, este protocolo tiene un anexo en el que se propone la evaluación de varios programas y proyectos gubernamentales para el año 2001.

A propósito de estos proyectos que se propone evaluar, me habría gustado que se hubieran incluido varios más; porque se informó profusamente y como gran novedad que el nuevo Presupuesto disponía el concurso de 200 nuevos proyectos sociales. Hasta la fecha, a pesar de que lo hemos pedido a los Ministerios de Hacienda y del Interior, no hemos podido obtener el listado de esos 200 proyectos concursables que están repartidos en los distintos ministerios. Lo más probable es que muchos de ellos sean muy atingentes a las funciones de los distintos ministerios; pero me parece que no todos tienen la misma priorización respecto de las necesidades por satisfacer. Hay una serie de proyectos, mayores y menores, que totalizan más de 700 mil millones de pesos. No me cabe duda de que tales recursos podrían haberse concentrado en muchos de los proyectos más urgentes.

Considero que en el Presupuesto no hay una priorización de las urgencias. Por ejemplo, no la hay para fomentar el empleo, para mejorar la salud, para aumentar la seguridad ciudadana e, incluso, para mejorar el Fondo Común Municipal, que el propio Gobierno quiere reforzar, medida que estimo absolutamente necesaria.

En esta lista de proyectos figura, entre otros, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis , el que, sin duda, podría pasar a formar parte del Fondo Común Municipal, porque es el indicado para solventar las necesidades sociales, que son difícilmente evaluables, tarea a la cual los municipios no tienen acceso.

Considero que muchos de esos fondos se convierten en una caja negra, en una especie de herramienta de los distintos ministerios para atender a la comunidad y dejar contentos a diferentes sectores. Hay distintos fondos sociales de diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, junto con un fondo para atender el tema de la seguridad ciudadana, tiene otro para problemas sociales; pero existen muchos más, respecto de los cuales no sabemos a quiénes se entregan, cómo se manejan ni la evaluación de su rentabilidad.

Creo que es urgente conocer esos fondos, sus destinos y la evaluación de todos ellos.

Después del tema de los fondos, quiero detenerme en el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace , organismo dependiente del Ministerio del Interior, al cual se le ha aumentado su presupuesto a 8 mil millones de pesos. El honorable diputado señor Orpis ya se refirió ampliamente a ese tema. Me parece increíble que de esos 8 mil millones sólo se destinen 900 millones de pesos a la prevención del consumo de drogas a nivel escolar. Recientemente, nos informamos de los altos índices de consumo de drogas por parte de los escolares y de la urgente necesidad de reforzar los programas sobre prevención del uso de drogas a nivel educacional.

A su vez, el Ministerio de Educación destina 200 millones de pesos a la prevención del consumo de drogas y alcohol, lo que me parece absolutamente insuficiente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con alrededor de 180 millones para este efecto, lo que me parece aún más insuficiente.

En consecuencia, uno se pregunta lo siguiente: si los Ministerios de Educación y de Salud deben controlar y manejar el tema de la prevención del uso de drogas, ¿por qué se crea una instancia adicional que sólo dedica 900 millones de pesos para ese fin, en circunstancias que es un problema que el país debe abordar con absoluta urgencia? Son cosas que uno no entiende y que, realmente, producen confusión respecto de las prioridades que deben fijarse para solucionar los problemas urgentes.

Por otra parte, año tras años discutimos el presupuesto del Ministerio de Salud y siempre llegamos a la conclusión de que aquí hay un problema de gestión, de administración, de falta de recursos o de mal uso de ellos; pero la verdad es que, a la larga, nunca se ha dado una solución a los problemas de salud, lo que nos ha llevado a que en la actualidad tengamos el dramático antecedente de que hay 220 mil personas en lista de espera para ser atendidas por médicos especialistas o para cirugía. Muchos de estos 220 mil enfermos presionan por la atención que otorga el Ministerio de Salud, debido a los problemas de cesantía que vive el país o a que muchas personas pasaron de las isapres al Fonasa, hecho que se suma a los 40 mil millones de la deuda hospitalaria nacional, drama del cual se informaba hace unos pocos días a raíz de la situación del hospital Gustavo Fricke , que evidencia una verdadera crisis hospitalaria.

Ante esto, uno se pregunta de nuevo: ¿por qué no se prioriza lo más urgente?

El propio Colegio Médico ha insistido en revisar el proyecto de ley de Presupuestos y ha efectuado un desglose de las distintas partidas. Por ejemplo, ha hecho resaltar que el Ministerio de Salud pidió 20 mil millones de pesos para los programas de reforzamiento de la atención primaria; pero sólo se le otorgaron 10 mil millones de pesos, es decir, justo la mitad de lo solicitado. Todos sabemos que la atención primaria es la clave para ir resolviendo los problemas del sector salud del país, como el recargo de las urgencias, de la atención en los hospitales, etcétera.

Otros programas urgentes de reforzar son los de salud mental y todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas. El Ministerio de Salud había pedido 2.700 millones de pesos, pero se le entregaron apenas 885 millones de pesos.

La atención de la salud mental casi no existe en el país. Hace algunos días veíamos, por ejemplo, el drama del aumento de las anorexias, de las bulimias, de las neurosis, de las esquizofrenias. Chile tiene uno de los más altos índices de problemas en salud mental, acrecentado si le agregamos lo que dice relación con prevención de drogas y alcoholismo. En muchos países los programas de salud mental tienen la primera prioridad, y en el nuestro siguen quedando a la cola. ¡No puede ser! Es urgente que el Gobierno asuma la responsabilidad de dar a los organismos de salud los medios para atender la salud mental.

Otro tema, a propósito de salud, tiene que ver con el Fondo Nacional del Discapacitado, Fonadis . Otro fondo adicional. ¿Por qué el Fonadis no es parte del sistema de salud? ¿Por qué tiene que ser un fondo agregado, lo que significa administración y recursos adicionales? Si bien aumentó 2 mil millones de pesos, aproximadamente, el Fonadis aún es insuficiente para atender la discapacidad en el país. En Chile hay más de 600 mil discapacitados, y sabemos del drama de las personas para conseguir los distintos medios que necesitan para atender su discapacidad. ¡Realmente, es increíble!

Por último, quiero referirme al Programa Chile-Barrio, destinado a atender y a erradicar a los más de 900 campamentos que existen en el país, con un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Además, hay un proyecto de largo plazo de Chile-Barrio, de 168 mil millones de pesos, de aquí al año 2003.

Al respecto, quiero hacer dos peticiones. Una, que se adelanten esos fondos para la erradicación de campamentos, a fin de crear 60 mil empleos al año. También pido que los fondos destinados a la erradicación de campamentos, contados hasta 1996, se extiendan, porque hay muchos nuevos y en la comuna de Peñalolén existe el campamento más grande de Chile, con dos mil familias, en los terrenos del señor Miguel Nassur , y que no puede dejarse desamparado ni como una casualidad, porque es un urgente drama social emergente. Por ello, he presentado una indicación, para incluir, en el Programa Chile-Barrio, el campamento de Peñalolén.

Es todo lo que puedo adelantar en mi tiempo.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Riveros, por dos minutos.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, sólo haré dos reflexiones.

Primero, comparto plenamente la idea de que un Presupuesto de la Nación debe tener una matriz, una línea política, y no sólo ser un elemento para cuadrar cifras y generar un ejercicio contable. Cuando aquello se logra, creo que se está cumpliendo con el objetivo de un Presupuesto. Por ejemplo, no considerar, en el tema de las políticas sociales, la línea del deporte como un elemento que también cumple una finalidad social, es un error. Cuando se privilegia sólo el alto rendimiento y no el deporte que se realiza en cada base o sector social del país, estamos equivocados. De manera que eso hay que modificarlo. Sin embargo, cuando se cumple ese objetivo, se logran éxitos, y en el ámbito de viviendas ha habido un buen factor que ayuda a esta comprensión. Por ejemplo, la indicación, aceptada por el Ejecutivo, en cuanto a que los terrenos adquiridos con cargo a la asignación se utilizarán en los programas habitacionales previstos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según evaluación efectuada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial y aprobada mediante oficio de dicho Ministerio, ayuda no sólo a la vivienda urbana, sino también a la vivienda rural.

En el ámbito rural, hay un programa muy exitoso: el de los villorrios agrícolas, mediante el cual mucha gente obtiene el subsidio, pero después no tiene cómo solucionar el problema de pago del terreno, ya sea porque no tienen acceso al crédito por cuanto el monto no corresponde al préstamo hipotecario o, simplemente, porque su condición de sujeto de crédito no está suficientemente acreditada, debido a que muchos postulantes tienen sólo trabajos de temporada.

El hecho de que el Ministerio adquiera terrenos a fin de ponerlos a disposición de la gente para permitirles utilizar el subsidio obtenido o ganado, es un buen paso, porque la glosa, así estructurada, soluciona no sólo el problema del terreno urbano, sino también el del rural, en todos los programas que desarrolle el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre ellos los de villorrios agrícolas.

Por eso, quiero contraponer los dos elementos: realizar un eje articulado que tiene un signo estratégico, con el hecho de no diseñarlo, pues se desarticula un factor esencial de ordenamiento de un Presupuesto de la Nación.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Urrutia, por un minuto y medio.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, deseo destacar, en la partida del Tesoro Público, dos cifras que apuntan a fortalecer a las regiones extremas, lo que es un hecho muy positivo.

Por una parte, se mantiene y se aumenta en, prácticamente, 2 mil millones de pesos el presupuesto del decreto ley Nº 889, que bonifica la mano de obra en las zonas extremas de Chile. Ello asegura que el beneficio continuará el próximo año, aunque el Gobierno está elaborando una ley para establecer una nueva manera de administrarlo. Sin embargo, los empresarios y los trabajadores de las zonas extremas ya podrán saber que el financiamiento está asegurado y aumentado para el próximo año.

Igualmente, el Fondo de Fomento y Desarrollo para las regiones extremas que establece el DFL 15 ha sido aumentado considerablemente, tal como lo solicitamos los parlamentarios y las fuerzas vivas de las zonas extremas. De poco más de mil millones fue aumentado a 2.400 millones de pesos y fracción, un incremento de más del ciento por ciento, lo que apunta exactamente a incentivar la radicación de pequeñas y medianas empresas en las zonas extremas.

Tengo la satisfacción de haber leído hoy en la prensa de Arica que el intendente dio a conocer el informe del Comité Resolutivo, que decide a quién se adjudica el Fondo y en el cual participan también tres empresarios privados, con numerosos proyectos que, en el caso de Arica, han sido beneficiados con el 20 por ciento. Hay algunos con 90 millones; otros, con 4 millones, y hasta con 1 millón; o sea, una amplia gama de actividades productivas se está beneficiando, gracias al Fondo, que sólo este año contó con poco más de mil millones de pesos. De manera que los 2.400 millones de pesos y fracción que se proponen para el 2001 aseguran que muchos más empresarios van a ser beneficiados y que las zonas extremas tendrán un apoyo real del Gobierno, como lo han solicitado la ciudadanía, los parlamentarios y todos los que tienen interés en que haya crecimiento y desarrollo económico en zonas extremas, como Arica y Parinacota , distrito que represento.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma, por 10 minutos.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quien haya estado siguiendo el debate tanto en la Sala como en las tribunas, o en el canal de televisión de la Cámara de Diputados o, en la página web de la Corporación en Internet, tal vez se pregunte si estamos en una hora de Incidentes prolongada o no logre entender por qué las intervenciones de los señores parlamentarios en esta sesión se refieren a temas tan variados. Eso es porque con plata se compran huevos, y si no hay recursos para las cosas que se quieren hacer, simplemente no se pueden efectuar, y la ley de Presupuestos fija lo que haremos el próximo año.

Señalo esto porque, sin duda alguna y me parece muy positivo para la idea que quiero desarrollar a continuación, casi todo lo que se ha expresado en la Sala significa pedir que el Gobierno gaste más recursos. Tal vez con la excepción de la intervención del diputado señor Dittborn y puede que se me escape alguna más, en todas se ha pedido que el Gobierno gaste más recursos de los que están dispuestos en el proyecto de ley de Presupuestos. Eso me parece muy positivo para la coyuntura actual, porque en este presupuesto se ha introducido, por primera vez, una regla muy positiva que planteó el ministro señor Eyzaguirre , que apunta a diferenciar las proyecciones estructurales del presupuesto público de las coyunturales o efectivas de cada año. Así, el objetivo de las finanzas públicas, sobre el cual basan sus opiniones y evaluaciones los inversionistas externos y privados, y que nosotros debemos considerar en nuestro análisis, habla de la regla del superávit estructural del uno por ciento del producto.

Para quienes no son expertos en la materia, esto significa trataré de decirlo de manera sencilla que en el largo plazo, el presupuesto debiera tener un superávit de uno por ciento en promedio, y que en la planificación presupuestaria no se debieran considerar elementos de fluctuación anuales que a veces tienen una importancia muy grande. Por ejemplo, si el precio del petróleo durante este año como ocurre, está muy por encima de lo que se espera sea su precio permanente, no lo consideremos como elemento que defina nuestro comportamiento de coyuntura, sino sólo de largo plazo.

¿Por qué hago este análisis? Porque el presupuesto contiene elementos muy meritorios, como la reasignación por concurso entre distintas reparticiones públicas de un fondo equivalente al 2 por ciento del presupuesto inercial. Además, con motivo de su discusión, no sólo se han introducido programas de evaluación por parte de expertos que ya tenemos por cuatro años, sino también dos programas públicos de evaluación de impacto, es decir, se van a desmenuzar los programas para saber si efectivamente están sirviendo a la población. Sin embargo, creo que en cuanto a lo que ha definido como su primera prioridad, este presupuesto no es el mejor que podríamos tener.

Su primera prioridad es generar empleos. Si bien contempla, como inversión pública, la creación de unos 42 mil empleos adicionales para el próximo año, en la intervención del Presidente de la República del 31 de octubre se anunció la creación de un fondo de contingencia de hasta 100 mil millones de pesos para enfrentar el tema del desempleo, lo cual, a la larga, corresponde a una reasignación de recursos para estimular la mantención de determinados puestos de trabajo. O sea, no son recursos adicionales.

¿Cuál es la coyuntura que estamos viviendo en la economía? Tenemos una economía que crece en forma sostenida y una proyección para el próximo año también de crecimiento sostenido, pero que no es impulsado por la demanda interna, sino por la externa. Lo que necesitamos es activar, impulsar la demanda interna para que haya mayor gasto interno y más empleo. Eso lo puede hacer el sector privado o el público y, sin alterar la regla del superávit estructural, podríamos tener una mayor demanda por parte del sector público que haga crecer, que impulse la demanda interna, de manera que se generen más empleos.

Esto puede ir en contra de las reglas de la ortodoxia, pero a favor de reglas más antiguas que las del consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional.

¿Qué necesita nuestra economía? Más gasto interno, que no está siendo impulsado por el sector privado, cuyos principales ahorrantes se han transformado en rentistas de la economía. Esto no lo digo sólo yo, lo dijo primero el ex senador Sebastián Piñera y, después, si no me equivoco, el presidente de la Sofofa, señor Lamarca . Aquí, gente que obtuvo grandes recursos, en lugar de provocar mayor demanda en la economía, está depositándolos en fondos de inversión de largo plazo dentro del país o fuera de él, lo cual no estimula la demanda. Para ello, necesitamos un mayor impulso y ésa deberá ser tarea del Gobierno.

Creo que el presupuesto es muy bueno en el largo plazo, pero puede ser mejor en la coyuntura. Eso requiere aceptar lo que casi todos los parlamentarios han señalado, producto de sus necesidades domésticas: que es posible y necesario un mayor nivel de déficit, de gasto, sin alterar la regla de superávit estructural o entender esto como un mayor gasto permanente, y cuando la economía tome su trayectoria, su velocidad de crucero, de crecimiento de largo plazo, impulsada también por la demanda interna y no sólo por la exportaciones, volver ese mayor nivel de gasto, de déficit, al que debiera tener a nivel estructural.

¿Cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo? Que si aumentamos el gasto, si calentamos la economía, si la tiramos para arriba, generaremos mayor empleo y demanda y podremos aplicar frenos; pero si esperamos que otros lo hagan, tendremos que atenernos a sus decisiones. Si después queremos aplicar frenos, no será necesario, porque la economía tardará mucho más en reactivarse.

Creo que en esta discusión en general es necesario mirar en su globalidad lo que el presupuesto en discusión significa para el conjunto de la economía. Insisto en que me parece muy bien el análisis estructural, pero creo que es necesario ser más audaces en el coyuntural. Me parece muy bien, y es un avance importante, la reasignación del 2 por ciento de los gastos inerciales, a través de concurso entre los distintos servicios, para que compitan entre sí, mejoren su eficiencia y la de todo el Estado.

También me parece muy bien que exista evaluación, pero no considero óptimo seguir en un tranco que no es el más grande que podemos dar hoy para el conjunto de la economía. Si queremos más empleo, estimulemos la demanda, incrementemos el gasto. Por lo que se ha dicho, creo que sería casi unánime el respaldo a esa política en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar en general el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 20001.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Elgueta , Encina , Espina, Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , JocelynHolt , Krauss , Leal , Leay , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Mesías , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Pareto , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .

Se abstuvieron los diputados señores:

Dittborn e Ibáñez .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Se deja constancia de que el artículo 3º reunió el quórum constitucional requerido.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado también en particular, con la misma votación.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto del articulado, con excepción de los artículos 1º y 2º, que contienen las cifras, y del 17, que fue objeto de indicaciones.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

La votación en particular del proyecto se llevará a efecto en la sesión de las 16 horas.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 2001.

Informo que los Comités acordaron, por unanimidad, destinar dos horas a la discusión particular, y luego votar partida por partida.

Tiene la palabra el diputado señor Orpis por un asunto de Reglamento.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, sin perjuicio de acatar el acuerdo de los Comités, quiero expresar que no me parece la mejor forma de abordar la discusión particular del proyecto de presupuestos, analizar partida por partida, de acuerdo con las indicaciones que se han formulado, para luego votar. En la práctica, habrá una nueva discusión general y, en dos horas más, los parlamentarios vendrán a votar una por una las partidas.

El procedimiento debería ser distinto, pero, como se ha adoptado por la unanimidad de los Comités, lo acepto, sin perjuicio de dejar establecida esta observación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Se agradece su buena disposición, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz por un asunto de Reglamento.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, solicito que pida la unanimidad para que ingresen a la Sala el subdirector de Presupuestos, señor Sergio Granados , quien hizo un seguimiento del trabajo de las cinco subcomisiones, y el asesor de la Dirección de Presupuestos, señor Marcelo Cerna .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala en ese sentido?

No hay acuerdo.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en segundo lugar, en la sesión de la mañana, durante mi desempeño como Presidente accidental, la diputada señora Laura Soto solicitó hacer uso de los cinco minutos que establece el Reglamento entiendo que antes se lo había solicitado a usted, a lo cual respondí que debería usarlos al comienzo de esta sesión.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma por un asunto reglamentario.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, solicito que me explique el acuerdo de los Comités, porque no lo entiendo.

Acaba de terminar la discusión general, en la cual se ha debatido durante tres horas en general y en particular el proyecto. Ahora, ¿vamos a seguir en el debate general?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El acuerdo es muy simple, señor diputado, aunque podría haberle pedido explicaciones al jefe de su Comité: se destinarán dos horas a la discusión en particular y después se votará por partida.

El señor PALMA (don Andrés).-

Perdón, si se trata de la discusión particular, ¿debo entender que se discutirá partida por partida, de acuerdo con las indicaciones? ¿Después se sigue con otra o se vuelve a la discusión general?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Cada diputado hará uso de la palabra como le parezca conveniente, refiriéndose a la discusión particular, por supuesto, a la cual se destinarán dos horas.

Como se ha entrado al Orden del Día, le propongo a la diputada señora Laura Soto que haga uso de los cinco minutos al final de esta sesión.

Cito a reunión de Comités.

En discusión en particular el proyecto.

Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, quiero explicar, en términos generales, lo que va a ser mi voto en la discusión particular y también por qué mi abstención en la votación general.

Más allá del proyecto de reajuste del sector público, que veremos en algunos días, me preocupa la suerte de los funcionarios públicos que cumplen tareas de la máxima importancia para la buena marcha del país y que, sin embargo, son retribuidos con muy malos sueldos, lo cual no es obstáculo para exigirles la más refinada de las probidades y amenazarlos con las penas del infierno si osan violar la más mínima regla de esa probidad.

Este hecho obliga, una vez más, a volver la mirada sobre el Presupuesto nacional, cuya última versión discutimos en estos momentos. Lo digo, porque, a pesar de la evidencia del error que comete el país al mantener una administración pública tan mal pagada y de la evidencia del costo que eso significa para nuestra competitividad como nación, el Gobierno sigue elaborando y enviando presupuestos como si viviéramos en el mejor de los mundos y, en ese mismo ánimo, el Congreso los sigue estudiando y aprobando.

Todos sabemos que los salarios de los ministros, intendentes, gobernadores, alcaldes, directores de servicio; del personal de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y de jueces y de miembros del Cuerpo Diplomático, para comenzar a hablar del tema, son irrisorios en comparación con las responsabilidades de sus cargos, y todos sabemos que es una ilusión pretender crecer como país si no arbitramos un pronto remedio a esta situación y no hacemos un esfuerzo para disponer de una administración pública pequeña, pero de la más alta calidad y motivada por su trabajo, lo cual significa, desde luego, disminuir al máximo la mala práctica del cuoteo, pero, sobre todo, acercar sus remuneraciones a un cierto nivel de mercado. Esto debe hacerse a través del Presupuesto nacional.

El señor PALMA (don Andrés).-

Reglamento, señor Presidente.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como no estamos en la discusión general, quiero saber a qué partida se está refiriendo el diputado Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ.-

Estoy hablando para fundamentar mis votos posteriores y mi voto anterior, en especial en lo relativo a la educación superior.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Diputado señor Ibáñez, le ruego ceñirse al Reglamento. Estamos en la discusión particular del proyecto.

El señor IBÁÑEZ.-

Estoy haciendo uso de lo que señaló el Presidente don Víctor Jeame Barrueto .

El señor MORA (Vicepresidente).-

Puede continuar, señor diputado.

El señor IBÁÑEZ.-

El objetivo natural y obvio del Presupuesto es allegar todo el dinero que sea necesario para pagar esa administración.

Por otra parte, es de toda evidencia que el monto de los impuestos se legitima en el hecho de estar destinados a ese pago. No pueden superar una determinada proporción del ingreso total del país alrededor del 17 ó 18 por ciento, pues, de lo contrario, amenazarían con estrangular la fuente de donde provienen, de lo cual resulta que si, respecto de ese porcentaje, sobra dinero para asumir otros gastos distintos de los que implica la administración pública, entonces y sólo entonces, puede hacerse.

Nuestro Presupuesto, en cambio, se rige por el principio contrario. Primero se paga todo lo que no es administración pública y sólo después, con lo que sobra, a sus funcionarios. Por supuesto, la proporción para éstos va siendo cada vez más escuálida, hasta el punto de constituir la razón que justifica un Presupuesto; en el caso chileno, aquéllos se han convertido en los parientes pobres.

El Presupuesto chileno es de tal magnitud que, de puro grande, nos parece a todos tan normal que ya nadie repara en ella. Desde luego, la mitad se destina a pagar servicios prestados a personas particulares, como salud, educación y pensiones. Por cierto, no discuto la nobleza de esos pagos, pero sí el hecho de que íntegramente se hagan en detrimento de la administración pública. Tampoco estoy diciendo con esto que el Gobierno debe marginarse del todo de la prestación de estos servicios, pero sí, por ejemplo, que siempre es más eficiente subsidiar a sus usuarios antes que a algunas de las instituciones que los prestan.

Esto es especialmente cierto en el caso del sistema de educación superior financiado con fondos fiscales y que drena de esos recursos cantidades que se aproximan a los 500 millones de dólares anuales.

Sin perjuicio del respeto que me merecen esas instituciones, no puedo dejar de decir que esa cifra es completamente desproporcionada a las fuerzas del país y que hace mucho tiempo esa educación debería autofinanciarse con el retorno de los créditos otorgados en su momento a los alumnos y que, en general, los estudiantes deberían recibir créditos y no donaciones.

Parece importante que de una vez por todas tomemos conciencia de esta situación. El peor negocio que puede hacer un país es tener una administración y unos servicios públicos mal pagados. En vez de tener un presupuesto invertido, como es el de ahora, es preciso ponerlo en orden y partir por el principio: la administración y los servicios públicos, y de ahí seguir con lo demás, en la seguridad de que, obrando de esa manera, es casi seguro que, al final, el país dispondrá aún de más recursos con los cuales financiar los otros objetivos del Gobierno.

He dicho.

El señor RIVEROS.-

Reglamento, señor Presidente.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, a todas luces, la intervención que hemos escuchado no se ajusta a lo que es la discusión particular de un proyecto. No quisimos seguir interrumpiendo al diputado Ibáñez en su intervención, con el objeto de que la terminara; pero nos parece que la Mesa debe actuar teniendo presente que la discusión general se efectuó en la mañana y que ahora corresponde la discusión particular. Por lo tanto, cada intervención tiene que referirse a los artículos pertinentes y a las indicaciones que hayan sido presentadas. De otra manera, repetiremos el debate que ya tuvimos en la mañana durante la discusión general del proyecto.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Diputado Riveros, la Mesa siempre va a velar por los derechos de todos los señores parlamentarios. Puede que a alguno no le guste la intervención de uno u otro, pero esta Mesa garantiza a todos los diputados el derecho a expresarse en esta Sala.

Tiene la palabra el diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero referirme concretamente a las indicaciones signadas con los números 4 y 5, que tienen por objeto incorporar dos glosas a la partida 05, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, ítem 33.003, que apuntan a lo siguiente:

En la discusión general, llevada a cabo en la mañana, señalé que, a mi juicio, tal como estaba estructurado el programa del Conace, en ningún caso aseguraba revertir el proceso de la droga. Básicamente, porque, en mi opinión, se hacía una apuesta en este presupuesto global de 8.600 millones de pesos, en el sentido de que sobre la mitad se asignaba a programas que ya habían fracasado como esquema: la constitución de los sistemas comunales de prevención, y una parte importante del presupuesto, que alcanza casi al 17 por ciento, a 600 proyectos en distintas comunas del país, sin prioridad y por un monto aproximado de 2 millones de pesos. A la larga, se traduce en proyectos pequeños, de eficacia limitada y sin mayor impacto.

Con respecto a la droga, las dos grandes debilidades que, a mi juicio, se han demostrado son, por una parte, el alto índice de escolares involucrados en su consumo en cuarto medio, de acuerdo con el Tercer Estudio Escolar, uno de cada dos alumnos declara consumir, y sobre el 10 por ciento en octavo básico, y, por la otra, una de las grandes debilidades que existe en materia de represión es que el Consejo de Defensa del Estado sólo puede atender 2.500 causas por droga, en circunstancias que hay 8 mil. De esta manera, los narcotraficantes tienen asesoría jurídica, y en las poblaciones, los sectores modestos que sufren este flagelo, no cuentan con ella.

A esto apuntan las indicaciones 4 y 5. La número 4 señala que, con cargo al presupuesto global que se asigna al Conace, se contraten abogados de tiempo completo para desempeñarse en las comunas con alto riesgo de tráfico y consumo. De este modo se defiende a la comunidad en todas las causas por narcotráfico correspondientes a su territorio jurisdiccional.

La indicación número 5 apunta a colocar el acento en la prevención, especialmente a partir de la enseñanza básica. Incluso se propone un programa de ocho horas pedagógicas. Esto debería ser el centro de gravedad del programa del Conace y a eso están dirigidas las indicaciones 4 y 5 a la partida 5, capítulo 01.

Por tanto, en la discusión particular y con el objeto de revertir el flagelo de la droga, vengo en proponer las indicaciones 4 y 5 a las partidas correspondientes.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Palma .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la indicación número 1 busca suprimir los gastos reservados de la Presidencia de la República. Hablar de que se dé “cuenta detallada” al contralor general de la República significa que no son gastos reservados. Por lo tanto, esta indicación debe ser rechazada.

La indicación número 2, que se refiere a la glosa 02, letra a), del inciso segundo del capítulo 01, programa 01, de la partida 05 del Ministerio del Interior, busca eliminar del todo los gastos reservados de dicha cartera. En mi opinión, también debe ser rechazada.

La indicación número 3 de la glosa 03, letra b) es del mismo tenor que la relativa a la Presidencia de la República y por lo mismo debe ser rechazada.

La indicación número 4, que defendió recientemente el diputado Jaime Orpis , se relaciona con una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por cuanto define atribuciones de la administración del Estado, en este caso los municipios. Por lo tanto, su rango debe ser de ley orgánica constitucional. Como no es patrocinada por el Presidente de la República, debería ser declarada inadmisible por la Mesa y así espero que se proceda.

Tengo dudas de si la indicación número 5 es de rango orgánico constitucional. Al respecto, hemos tenido un amplio debate relacionado con una materia similar, que es la educación física; por lo tanto, tendría que ser de rango orgánico constitucional. Además, no creo que la solución preventiva sea incluir ocho horas pedagógicas en el programa de educación básica y media respecto del tema. Considero que son contenidos transversales que deben ser tratados de otra manera. Como también plantea que se liciten programas con cargo al presupuesto, sin duda debería ser de iniciativa del Presidente de la República y, por lo tanto, también solicito que la Mesa la declare inadmisible.

En el caso de la indicación número 6, que plantea una situación similar a la que ya habíamos visto sobre gastos reservados, pienso que también debemos rechazarla.

La indicación número 7, planteada por el diputado Julio Dittborn , pretende rebajar a la mitad el presupuesto de la 15ª Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno. Aquí estamos ante un evento de primera magnitud en la política de relaciones internacionales del país. El monto de los recursos allí considerados no sólo corresponde al pago de la estadía de las delegaciones en el país cuestión que corresponde asumir al país anfitrión, sino principalmente a las normas de seguridad que exige la concurrencia de los jefes de Estado y de gobierno. En este sentido, considero que no es posible aprobar esta rebaja, aun cuando pueda recomendarse una gestión muy fina de estos recursos. Estimo que también se debe rechazar.

Igual que las indicaciones anteriores, la número 8 pretende suprimir los gastos reservados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto me parece absurdo, porque dicha cartera sin gastos reservados no puede desarrollar su función.

La indicación número 9 no sé de qué se trata. Lamentablemente, no está presente ningún diputado que haya presentado esta indicación para que la defienda. Me parece que son honorarios de la Subsecretaría del Ministerio de Economía. No tengo mayor información al respecto.

El señor PROKURICA.-

¿Me permite una interrupción?

El señor PALMA (don Andrés).-

Concedo una interrupción al diputado señor Prokurica .

El señor MORA (Vicepresidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, yo no he firmado esta indicación, pero como el diputado Andrés Palma está un poco lento y le ha costado entender algunas de las propuestas, quiero aclarar que ninguna de estas indicaciones tiene por objeto suprimir los gastos reservados. ¡Ninguna! Por el contrario; los reafirma, y su objeto es darle transparencia, porque lo que tenemos actualmente es una caja negra a la que se le da cualquier uso. Nadie sabe en qué se utilizan. Por ello, lo que se pretende con esta indicación es que las autoridades hagan una rendición, no en público ni a cualquiera, sino al contralor general de la República.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Puede continuar, diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Ese no es el tema.

La indicación número 9 efectivamente plantea la reducción de los honorarios del Ministerio de Economía. Es una materia que hemos debatido en numerosas discusiones presupuestarias. No me voy a pronunciar al respecto, porque considero que cada diputado puede referirse a ello.

Tampoco me voy a referir a las indicaciones 10 y 11, que fueron presentadas por el diputado Alejandro Navarro, porque no tengo mayores detalles. Considero que la 11 es absolutamente inadmisible por cuanto significa un incremento en gasto, y la 10 no sé exactamente qué aborda.

A la indicación número 12 no me referiré, porque no están los diputados presentes para explicarla.

La indicación número 13 pretende disminuir la dotación máxima de inspectores que se autoriza por ley al Servicio de Impuestos Internos. Ésta es una definición bastante profunda, porque el objetivo de su incremento es disminuir la evasión. Aquí no se modifica ninguna norma legal, sino la dotación de este Servicio. ¿Por qué se quiere aumentar el número de inspectores del Servicio de Impuestos Internos? Para que haya mayor fiscalización y los que no pagan impuestos comiencen a hacerlo. De este modo, todos nos beneficiamos, y así unos no tienen ventajas sobre otros. Lo que quieren los parlamentarios de Oposición que firmaron la indicación que impide aumentar la dotación del Servicio de Impuestos Internos es que la evasión siga. Es decir, que paguen algunos. Esto no sólo es poco equitativo, sino que va en perjuicio directo de los chilenos que se benefician con los programas sociales que se financian con la recaudación tributaria. Por lo tanto, los diputados de Oposición que suscribieron esta indicación pretenden que no haya más recursos disponibles para llevar a cabo los programas sociales. ¿Por qué? Porque quieren seguir protegiendo a los que no pagan impuestos. Ese es un hecho escandaloso; por lo tanto, debemos rechazar la indicación número 13. En el Servicio de Impuestos Internos existen recursos para su financiamiento. Por ello plantean esta indicación, para reducirlos, lo que impediría contratar personal, ya sea a contrata o a honorarios. Las indicaciones Nºs 15 y 16 apuntan en la misma dirección.

El tema de las indicaciones Nºs 17, 18 y 19, ya ha sido debatido por la Cámara. La Universidad de Chile debe disponer de los recursos para desarrollar sus programas. En ese sentido, me parece necesario aprobar la indicación del señor Vicepresidente de la República en representación del Supremo Gobierno.

La indicación de su Excelencia el Presidente de la República sustituye la idea de las indicaciones 20, 21, 22, 23 y 24, de los diputados señores Silva , Ortiz y Lorenzini , que si bien no apuntan en el mismo sentido son inadmisibles, porque corresponden a reasignación de fondos, con el propósito de que recursos destinados a una propuesta global de la Universidad de Chile se destinen a universidades regionales y al desarrollo del Fondo Nacional de Innovación Tecnológica.

Quiero detenerme en la indicación Nº 25. La he presentado porque es la única oportunidad de abrir debate sobre algunos temas que, en mi opinión, resultan indispensables en el presupuesto.

En el informe de la Subcomisión de Presupuestos del Ministerio de Justicia, que presidió el diputado señor José Miguel Ortiz , así como en el informe entregado por el ministro de Hacienda, se señala que en el Presupuesto de la Nación para el próximo año se contemplan recursos para el estudio del proyecto y se espera que en el segundo semestre del próximo año se inicie la construcción de cinco recintos carcelarios por el sistema BOT, que quiere decir construcción, operación, transferencia. ¿Qué significa construir cárceles con el sistema BOT? Que el país va a construir cárceles por medio de un privado que se hará cargo de su administración. Es decir, Gendarmería va a estar a cargo de la seguridad, pero un particular estará a cargo de la administración de los recintos, de todo lo que se denomina hotelería todos sabemos que el nombre no es muy adecuado en las cárceles del recinto y de todo lo relativo al control de las fichas de los internos.

Este es un tema de la mayor importancia que debe ser discutido en el Congreso, aunque no figura en el Presupuesto de la Nación. Este es un anuncio. Lo único que existe son recursos para hacer un estudio, que supongo están contemplados en el ítem en el que he planteado la rebaja. Pero, nótese, no deseo que se apruebe esta indicación, no quiero que se rebaje o que no se hagan los estudios; lo que deseo es que una decisión tan importante para el país como la transferencia de la administración de recintos carcelarios a empresas privadas qué monto y bajo qué condiciones debe ser discutida ampliamente en el país y no sólo se limite a una decisión administrativa del Ministerio de Justicia.

Sé que hay muy buenas razones para ello y he discutido el tema con el director de Presupuestos, con el ministro de Justicia, y también con funcionarios de Gendarmería, que se oponen terminantemente a la idea. Se ha señalado que es un tema de recursos previsionales de Gendarmería lo que lleva a adoptar esta decisión, pero, sin duda, deberíamos discutirlo en el seno de la Sala. En esta Corporación debemos discutir algo tan importante como nuestra política carcelaria: ¿qué tipo de cárceles vamos a construir. ¿Quién las va a administrar? ¿A quién vamos a mandar a la cárcel? En esas circunstancias, no tiene mucha importancia debatir si se va a pagar honorarios o se va a subcontratar a alguien para hacer un estudio en el Ministerio de Justicia. Ése es el sentido de la indicación Nº 25, que desde la Sala de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes son elegidos por la ciudadanía, podamos decir: “Queremos participar del debate”. No puede ser que la discusión pase por nuestro lado y que después nos enteremos de las decisiones administrativas que se tomaron.

La indicación Nº 26 se refiere a la Subsecretaría de Guerra y tiene por objeto suprimir aunque el diputado señor Prokurica diga que no se trata de supresión en el hecho sí lo es gastos reservados. Si se tiene que dar cuenta detallada a la Contraloría General de la República de los gastos, ya no se trata de gastos reservados, sino discrecionales de la autoridad administrativa. Es decir, puede gastar en lo que quiera, pero debe dar cuenta detallada, por lo que no hay reserva respecto de en qué se utilizaron los recursos. Puede haber gastos discrecionales, lo hemos discutido con ocasión de otros debates presupuestarios, pero ellos son distintos de los reservados. Por eso, la indicación Nº 26 también debe ser rechazada.

Paradójicamente, como no sabía si se iba a abrir una discusión sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ejército, presenté una indicación en la glosa 02, con el fin de que así fuera. En la glosa 02, del Ejército de Chile, está contemplado el viaje de instrucción de la Escuela Militar, el cual podría ser algo muy irrelevante. No creo que sea irrelevante, no pretendo que no haya viaje de instrucción de la Escuela Militar, pero me parece que hay otro tema nacional sobre el cual debería haber debate en el seno de la Cámara.

Hace dos o tres días, el comandante en jefe del Ejército y el ministro de Defensa, anunciaron una modificación radical de las políticas de instrucción al interior del Ejército y nuevamente el Congreso Nacional no tiene arte ni parte en una definición de tanta trascendencia para el país.

Se nos ha comunicado algo muy importante: se retrasa la edad de ingreso a la Escuela Militar, lo que me parece muy bien. Creo que aun los 18 años puede no ser la edad adecuada. Ejércitos muy desarrollados y civilizados en el planeta reciben en sus escuelas de formación de oficiales a los postulantes después de que han pasado por un bachillerato en la universidad. Me parece bien que no ingresen niños de 14, 15 ó 16 años, sino personas que ya han cursado la enseñanza media. Esto es muy importante y por lo que he visto en la prensa hay cambios muy significativos en el contenido del discurso; se va a desarrollar en la formación de los oficiales la incorporación de temas valóricos de mayor magnitud, pero también, ¿por qué no discutir en el Parlamento, que representa al pueblo de Chile, los convenios que va a desarrollar el Ejército con sólo dos universidades del país? ¿Por qué el Ejército, en sus programas de formación, va a convenir con dos universidades del país para la formación de sus oficiales? ¿Por qué no con todas las universidades? ¿Por qué no se puede llamar a un concurso abierto para ver con qué universidades se llega a convenios?

Este tema, que reviste mucha trascendencia para el país, no pasa por el Congreso. He querido abrir el debate sobre la partida del viaje de instrucción de la Escuela Militar, porque me parece trascendente que el Congreso Nacional se pronuncie sobre políticas tan importantes como las de formación de oficiales del Ejército. Ojalá lo hiciéramos no sólo respecto de la formación de oficiales del Ejército, sino también de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Carabineros.

Me parece de la mayor trascendencia que discutamos temas nacionales. Si uno no busca un resquicio para abrir un debate aquí, en la Sala de la Cámara de Diputados, simplemente nunca los vamos a ver.

He presentado la indicación número 27, para abrir debate en la Cámara de Diputados respecto de los planes de formación del Ejército, ya que, aun cuando parece un cambio positivo, me inquieta por qué no se firman convenios con la Universidad de Chile ni con las demás públicas, sino con dos universidades privadas que imparten contenidos valóricos específicos. ¿Por qué el Ejército de Chile suscribe convenios con dos universidades de la Región Metropolitana y no convenios abiertos con universidades regionales?

Es un tema sobre el cual es necesario abrir debate.

La indicación número 28, respecto de la Subsecretaría de Investigaciones, también se refiere a los gastos reservados, y ya me he referido latamente a ellos.

La indicación número 29, aun cuando está en la Partida Ministerio de Defensa Nacional, corresponde al de Obras Públicas, porque se refiere a la Dirección de Aeropuertos. Le daré mi apoyo. Se trata de un tema más particular al cual se referirá con más detención el colega Ascencio , quien la presentó.

Chiloé es una de las provincias del país con el potencial turístico más importante. Chile debe ser un país turístico.

En diciembre próximo, la Unesco declarará las iglesias de Chiloé patrimonio de la humanidad. Serán las primeras obras arquitectónicas de Chile que contarán con tal privilegio si le logra ganar la carrera al alcalde Pinto , que ha postulado los ascensores de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Eso debiera ser un factor de atracción y de desarrollo local. Sin embargo, Chiloé no cuenta con aeropuerto, por lo cual, para que los turistas puedan ver en Chiloé el patrimonio de la humanidad; en Castro, los palafitos, y para comer un buen curanto en tierra, según las costumbres chilotas, deben llegar a Puerto Montt y luego desplazarse más de dos horas y media en un bus o en automóvil.

En consecuencia, para desarrollar el patrimonio cultural de Chiloé y vincularlo al turismo fuente de empleo muy importante en la mayor parte de los países del mundo y también en Chile, hay que asignar recursos para que en Castro, lugar central de la isla, se pueda comprar el terreno para iniciar las obras de construcción de un aeropuerto. Ése es el sentido de la indicación número 29.

La indicación número 31 también se ha presentado para abrir debate sobre la materia.

Se ha anunciado un programa de hasta 100 mil millones de pesos que generará un fondo de contingencia para la generación de empleo.

La glosa número 4, Subsecretaría del Trabajo, establece la regulación de los programas de generación de empleo, que antes estaban en la glosa Subsecretaría de Hacienda.

Lo referente al programa de generación de empleo y a los recursos de que el Gobierno dispondrá para constituir dicho fondo, es algo que debe precisarse e informarse ampliamente en esta Sala, porque es de máxima importancia tanto para la coyuntura económica del país como para el contexto del proyecto de ley de Presupuestos. He presentado la indicación número 31 para abrir debate sobre este programa, de manera que, en el momento en que la Cámara de Diputados vote esta partida, tenga claridad sobre lo que está haciendo y acerca de cómo operará.

La indicación número 32 firmada por los diputados Ascencio y quien habla también se presentó para abrir debate en otra materia.

Se plantea una modificación presupuestaria absolutamente menor en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, porque es necesario que a nivel del Congreso se inicie un debate sobre el tema previsional de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de Gendarmería de Chile, a raíz de lo que señalé hace un momento sobre los recursos para construir cárceles. Incluso, se ha escogido el sistema BOT, por el tema previsional de gendarmería, ya que implica una reducción sustantiva de los costos previsionales.

Por ejemplo, una persona que entra a las instituciones de la Defensa y a Carabineros a los 18 años de edad, hoy puede jubilar a los 38 años, con 20 años de servicio y dos tercios de la pensión.

Es necesario abrir debate sobre este punto, porque es una de las mayores fuentes de déficit de recursos públicos, y nuestro objetivo es orientar el presupuesto de la Nación a fin de que sea más productivo y que genere más empleo. ¿Por qué razón alguien puede jubilar a los 38 años, cuando ha habido un capitán general que lo hizo a los ochenta y tantos años? Aun más, poco menos de la mitad de esta Corporación hablaba admirablemente de su persona. Si él pudo jubilar a esa edad como capitán general, no entiendo por qué algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile pueden hacerlo a los 38 años e irse con dos tercios de la remuneración.

Debemos innovar y tener una reflexión seria sobre el punto.

La indicación número 33 que presentamos con el diputado señor Montes se refiere a los presupuestos de los servicios de salud de la Región Metropolitana.

Cualquier colega que mire la partida 16, capítulo 02, programa 01, subtítulo 25, podrá ver que en los ítem de los recursos para los distintos servicios de salud, el suroriente, que atiende a 1 millón 700 mil habitantes en la Región Metropolitana, tiene un presupuesto inferior a los servicios de salud sur, oriente y occidente, que atienden una proporción sustancialmente menor.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Señor diputado, la Democracia Cristiana tiene 38 minutos y usted ha ocupado 17 minutos, y hay otros dos diputados inscritos, los señores Ortiz y Lorenzini . Como no hay un Comité que fije los tiempos, de usted depende que puedan intervenir.

El señor PALMA (don Andrés).-

Voy a abreviar, por lo cual no me referiré al resto de las indicaciones; pero fueron los Comités y la Mesa los que definieron el procedimiento. Por eso he querido referirme a las distintas indicaciones, ya que posteriormente no habrá oportunidad para que la Cámara las pueda discutir.

Voy a terminar con la indicación número 33; luego, otros colegas podrán referirse al resto de ellas.

En la indicación número 33, queremos poner de relieve que los recursos de los servicios de salud en la Región Metropolitana son tremendamente inequitativos, ya que son por presupuestos históricos y no por atenciones, ni por eficiencia, ni por necesidades de la gente.

En ese sentido, sería óptimo reasignar los fondos entre los distintos servicios de salud, en proporción con las poblaciones que atienden. Sin embargo, sólo podemos plantear el tema señalando la rebaja de un servicio de salud, pero la idea es que los recursos puedan ir de un servicio a otro, lo que haría inadmisible la indicación. Por eso, nos hemos referido exclusivamente a la rebaja.

Es muy importante que se abra debate sobre los distintos temas que he señalado. Espero que esta Cámara haya escuchado las proposiciones sobre cómo votar cada una de las indicaciones y que el proyecto se despache para que sea más equitativo y mejor. Lo más importante es que se abra debate sobre temas implícitos en el proyecto de ley de Presupuestos. A lo mejor, votaremos en cada una de estas cifras sin tener la oportunidad de debatirlas.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Le restan diez minutos al Comité Demócrata Cristiano, los cuales se distribuirán por partes iguales entre los diputados Lorenzini y Ortiz.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Lorenzini.

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, vamos a entretenernos un poco más en la discusión de este proyecto de ley de Presupuestos, porque ha estado muy “fome”.

Veo que el diputado Andrés Palma en este momento abandona la Sala ha dictado cátedra. A pesar de no ser Presidente de la Cámara nadie lo ha elegido; pero, al parecer, le gustaría estar en la Mesa, y su Señoría podría cederle ese derecho se ha permitido decir qué indicaciones son admisibles y cuáles, inadmisibles. Obviamente, al colega no le interesan las regiones, porque es diputado por la Región Metropolitana.

Los diputados Ortiz , Montes y Silva presentaron indicaciones para redistribuir los fondos a las universidades de regiones, porque entre 1991 y 1999 es decir, durante los gobiernos de la Concertación los recursos entregados por el Fondo de Desarrollo Institucional a las universidades metropolitanas subieron en 370 por ciento, y los otorgados a las regionales, en 73 por ciento. En 1997

está presente el ministro, que no lo era en esa época, las universidades metropolitanas recibían 3.100 millones de pesos, y las regionales, 5.500 millones. Para el próximo año, las metropolitanas recibirán más de 4.000 millones, y las regionales, menos de 3.000 millones de pesos, en circunstancias que estas últimas son el semillero de las primeras. ¿Saben cuánto se les asigna? Para pregrado, tres veces lo que a las metropolitanas. ¡Muchachos, a estudiar hasta cuarto medio! ¡A estudiar pregrados en las universidades técnicas! Para posgrados, ¡a las metropolitanas siete veces más que a las regionales! ¡Ah, es que allí se pueden formar doctores y magísteres! Eso es lo que el diputado Andrés Palma dice que es inadmisible. Pero lo que resulta inadmisible es que pretenda dictar cátedra. Aquí tenemos una Mesa y todos los parlamentarios tenemos el derecho de defender nuestras indicaciones. Menos mal que el Presidente lo paró en la indicación número 31, porque, de lo contrario, llega hasta la número 140, a pesar de que sólo se han presentado 50 indicaciones. ¿Acaso lo contrató el ministerio? ¡Hasta cuándo! Que cada parlamentario defienda lo que le corresponde. Lo que no acepto es que me vengan a dictar cátedra. Soy doctor en economía y profesor universitario. De manera que, ¡cuidado!, que se dedique a defender algunas indicaciones, respecto de las cuales podría decirle que no sólo son inadmisibles, sino... Pero no lo haré por respeto.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Señor diputado, le advierto que serán suprimidas las expresiones antirreglamentarias.

El señor LORENZINI.-

Está bien, señor Presidente; las retiro.

Cuando asistió a la subcomisión, la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación manifestó que el Fondo de Desarrollo Institucional, FDI ya nos referimos a ello con el diputado Ortiz , que básicamente se refiere a las universidades regionales, baja en alrededor de 5.230 millones, pero sube el fondo competitivo éste, el del Mece superior en 7.000 millones. Claro, licitaciones, tiempos modernos, lo financia el Birf; grandes licitaciones, tremendos complejos de arquitectos y estudios. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la Universidad de Talca podrá competir con estas universidades? ¡Claro que no! En aras de la competitividad nos estamos yendo al otro extremo. Éste es el Gobierno de la Concertación, de los jóvenes, de las regiones.

De manera que no puedo aceptar lo que se dice aquí. Su Señoría puede declarar inadmisibles las indicaciones; para eso está el Presidente. Esto tiene que ser escuchado por el ministro: por esta vez, voy a votar favorablemente el presupuesto de la Universidad de Chile, pero es la última vez que lo hago. El próximo año lo digo aquí para que quede constancia, aprovechando la presencia del ministro de Hacienda, o les devuelven los recursos a las universidades regionales como corresponde se los han estado quitando durante los últimos tres años o este diputado no estará disponible porque el próximo año todavía lo seré para aprobar nada dentro de este presupuesto. Ya está bueno que llevemos a cabo la descentralización en los hechos. ¡Padre Gatica , practiquemos de verdad, y no ayudemos sólo a la zona central!

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, me referiré en particular a cuatro de las indicaciones que tenemos que votar.

En primer lugar, a las indicaciones 20, 21, 22, 23 y 24, refundidas en una sola, que fue presentada por los diputados Pablo Lorenzini , Exequiel Silva y quien les habla.

Quiero que exista mucha transparencia sobre el tema del Mecesup. Es bueno que la Sala sepa que el año pasado nuestra Universidad de Concepción ganó proyectos por 1.600 millones de pesos, y este año, por 1.500 millones de pesos.

Pero ése no es el punto. Debo decir que de las veinticinco universidades que dependen del Consejo de Rectores, veinte son regionales. Nosotros deseamos que no exista discriminación, que no sólo las grandes universidades tengan la posibilidad de que en sus aulas enseñen académicos, científicos de renombre o académicos fuera de serie. Muchas veces ocurre eso, pero por otro tipo de circunstancias. Nosotros queremos pedirle al Presidente que ponga en votación dicha indicación, porque consideramos que es admisible y está dentro de nuestras atribuciones rebajar, en este caso, el presupuesto del Mecesup, restando 2.000 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Institucional. Tal como lo dijo el colega Pablo Lorenzini , esto significaría que la Universidad de Talca podría acceder a proyectos de infraestructura, lo que, a su vez, implicaría que el día de mañana los jóvenes de bajos ingresos podrían acceder a una educación superior sin costo para sus padres.

¿Por qué digo esto? En el borrador del protocolo que firmamos ayer había un punto planteado por diversos parlamentarios, que se refería a que el Estado tenía la obligación de permitir el acceso de los alumnos a la educación superior, aunque tuvieran problemas económicos. Fue uno de los temas considerados. Lamentablemente, no formó parte del protocolo de aprobación del Presupuesto de la Nación para el año 2001. Lo dejo planteado aquí, porque considero que ésa es nuestra gran tarea a futuro.

En segundo lugar, quiero ser muy claro respecto de la indicación Nº 7, que nuevamente plantea una rebaja de recursos para el encuentro de la 15ª Cumbre del Grupo de Río, que se celebrará en Chile en agosto de 2001. Deseo hacer ciertas reflexiones y algunos recuerdos al respecto.

Desde que nuestro país se incorporó a este mecanismo, ocurrido en octubre de 1990 es decir, hace sólo diez años ha participado activamente en su desarrollo y perfeccionamiento. Por ejemplo, en octubre de 1993, Santiago fue la sede de la séptima reunión de jefes de Estado, y en septiembre del año recién pasado, con ocasión de la reunión efectuada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el grupo aceptó el ofrecimiento hecho por el canciller chileno de la época, para que nuestro país desempeñara la secretaría pro tempore durante el año 2001. En virtud de ello, desde enero del año en curso, Chile integra la troika del Grupo de Río, y a contar de enero de 2001, en su calidad de secretaría pro tempore, le corresponderá organizar la decimoquinta cumbre de jefes de Estado, que se celebrará en nuestro país.

Pero quiero recordar algo más. El hecho de dar a Chile este reconocimiento está demostrando algo que es importante decirlo aquí en la Cámara de Diputados. La Cancillería de América Latina con menor presupuesto es la de Chile. Pero veamos los rendimientos, especialmente la apertura de mercados, que se han traducido en éxitos, en particular para grupos económicos en nuestro país.

Por eso, me opongo a la indicación número 7), por lo cual opto por mantener lo aprobado por la Comisión Mixta.

En tercer lugar, hay una indicación del Ejecutivo relacionada con el tema de las deudas hospitalarias. Nadie puede desconocer la gran labor y las atenciones que han brindado los hospitales de nuestro país.

El hospital clínico de Concepción ha sido un ejemplo. Presta atención a todos los pacientes de enfermedades catastróficas y realiza las operaciones más complejas y caras de toda la Octava Región. Ello implica obviamente un desfinanciamiento muy grande.

Por ejemplo, junto con el diputado señor José García planteamos hace dos años, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la descentralización de los presupuestos, que comenzó este año 2000 y continuará el 2001. La medida ha significado un aumento de los presupuestos, pero de todas maneras los déficit son muy altos.

Por lo anterior, planteo el tema general, porque es bueno que se sepa que no pueden pagar un costo inmenso, especialmente los directores de salud y los directores de hospitales por cumplir algo tan sagrado como es la prestación de salud a las personas.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor ROCHA.-

Le concedo al diputado señor Ortiz el tiempo del Comité Mixto.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Puede continuar su Señoría.

El señor ORTIZ.-

Agradezco al diputado señor Jaime Rocha por la gentileza que ha tenido de cederme su tiempo, porque ello me permite dar a conocer que la autonomía del Servicio de Salud de Arauco fue obra del senador Mariano Ruiz-Esquide con el apoyo total y absoluto justamente del diputado señor Jaime Rocha .

Ahí hay tareas concretas. Arauco no tenía servicio de salud; ahora lo tiene. Esas son obras hechas por parlamentarios; ésa es una realidad que deben conocer las personas que nos están viendo por televisión. Es vital que en las transmisiones en directo de estas sesiones se conozcan los adelantos efectivos y reales, que en este caso significan, en el fondo, aumentar el promedio de vida de todos los habitantes del país.

En el tema de salud, es bueno que se sepa que en prestaciones de consultas médicas, ya sea a nivel primario de urgencia, de enero a junio de este año, han ascendido en los hospitales a 6.032.000. Si eso no es eficiencia y servicio público, ¿qué es?

Los exámenes de diagnósticos de diferentes temas han subido a más de 4 millones en Chile, desde enero a junio de este año. En el tema de medicina nuclear, se ha prestado atención gratuita a más de 11 mil personas en los primeros 6 meses de este año.

En el tema de obstetricia, ginecología, parto normal, y todo lo que tiene que ver con esa situación de las damas, se han atendido no menos de 600 mil personas en los primeros seis meses del año 2000.

Y aquí hay una buena cifra, que es bueno que la sepan. Las intervenciones quirúrgicas, pagadas con plata de todos los chilenos, a través del presupuesto de salud, llegaron a no menos de 700 mil de enero a junio pasado.

Quería plantear estos hechos, porque es bueno que el país tenga conocimiento sobre cómo se ha avanzado en estas materias.

Y quiero terminar el tema de salud explicando el aumento de las personas beneficiarias adscritas al Fondo Nacional de Salud. En este instante, los cotizantes, al 1 de julio de este año, son 3.513.748; las cargas de estos cotizantes son 3.494.908; los indigentes, 2.298.977. Es decir, al 1 de julio de este año, los beneficiarios de Fonasa ascienden a 9.307.633 personas.

Es cierto que no podemos decir que todos los chilenos tienen un sistema de salud, pero nadie puede desconocer el avance espectacular que ha habido en la materia.

Una última reflexión sobre el tema. Las rentas más bajas en los años ’90, en toda la Administración Pública, eran las del sistema de salud. Ese es un ejemplo claro.

Concluyo abordando el tema de educación con mucha fuerza, por ser profesor y maestro. En tecnología, el avance es espectacular. En todas las unidades educativas rurales del país hay computadores. Hemos dado acceso, especialmente a nuestras niñas y nuestros niños que vienen de hogares de bajos ingresos, a la tecnología avanzada, con el objeto de que desarrollen el intelecto de otra forma y se preparen para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Por lo expuesto, quería plantear estos temas. Había otras indicaciones, que no las vamos a formular, puesto que hay que respetar los acuerdos de Comités, que son nuestros jefes de bancada.

Reitero, a excepción del tema de las universidades, del FDI, el resto lo voy a votar favorablemente, incluyendo la reformulación de la indicación firmada por el Vicepresidente de la República, que tiene que ver con la reposición de los fondos de la Universidad de Chile.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.

El señor ALVARADO.-

En el transcurso de la mañana, en la discusión general, hice presentes algunos compromisos contraídos para la zona que represento, en especial la provincia de Chiloé, por la señora ministra de Salud.

Se trata de lograr los recursos suficientes para el funcionamiento de una unidad técnica de gestión en salud que, en el transcurso de dos años, permitirá elaborar y desarrollar los estudios y los proyectos necesarios para la posterior evaluación de un proyecto de ley tendiente a crear un servicio de salud autónomo para la provincia de Chiloé. De esa forma, se pretende mejorar la capacidad resolutiva, administrativa y, por supuesto, la capacidad operacional de cada hospital que exista en la isla.

Pero ese compromiso asumido en su oportunidad en terreno por la señora ministra de dejar establecido en una glosa presupuestaria la cantidad de recursos, no sólo para la contratación de profesionales de esta unidad de gestión y gastos de operación, sino fundamentalmente para desarrollar los estudios y proyectos de inversión, no aparece en el presupuesto que estamos discutiendo.

Por esa razón, por su intermedio, quiero apelar al protocolo de acuerdo que se ha firmado en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos y los presidentes de las subcomisiones, con el propósito de que se informe a esta Corporación si en el presupuesto del Ministerio de Salud, en un programa de contingencias operacionales, se ha establecido un monto del orden de los 50 mil millones de pesos para el año 2001. O sea, ver la posibilidad de que se aclare y fundamente si en ese capítulo específico sobre salud están dispuestos los recursos para desarrollar los estudios de los proyectos de inversión de la unidad técnica, acordada en una mesa de trabajo hace poco más de un mes en la provincia de Chiloé.

Es importante tener esa respuesta formal del Ministerio, obviamente con la visación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de que esos compromisos asumidos puedan realmente cumplirse y no nos quedemos una vez más sólo con palabras o discursos.

En suma, en virtud de lo establecido en el protocolo de acuerdo respecto de solicitudes parlamentarias, quiero que se informe si en ese capítulo global, que es un fondo de contingencias operacionales de que dispone el Ministerio de Salud, están contemplados los recursos para la unidad técnica de gestión que se acordó establecer en la provincia de Chiloé.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Para aclarar ese punto, tiene la palabra el señor director de Presupuestos.

El señor MARCEL (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, la cláusula a que se hace referencia en el protocolo indica que, una vez despachada la ley de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con los secretarios de las Comisiones de Hacienda, revisará todas las solicitudes de información y de aclaración efectuadas durante la discusión presupuestaria y que todavía no hayan sido resueltas. Hecho eso, oficiaremos a los ministros respectivos para que, en un plazo breve, den respuesta a las consultas y peticiones que formularon los parlamentarios.

Eso es lo que está consignado en el protocolo.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Diputado señor Alvarado, ¿quedó conforme con la respuesta?

El señor ALVARADO.-

Efectivamente, señor Presidente; pero en la medida en que eso sea en un plazo breve y tengamos la información oficial respecto de lo que ocurre con los recursos ofrecidos para el funcionamiento de esta unidad de gestión de salud en la provincia de Chiloé.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Se aplicará el procedimiento correspondiente.

A continuación, tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, me referiré a la indicación número 35, respecto de la partida 17, del Ministerio de Minería, la que presentamos en la mañana junto a su Señoría y a los diputados señores Lorenzini y Silva , y cuyo objeto es dejar testimonio del acuerdo de la Subcomisión número 5, indicación que, probablemente, sea declarada inadmisible por la Mesa.

Hay una proposición para reemplazar en esa indicación la frase sustitutiva que justamente se deseaba incorporar en dicha partida, para lo cual solicito que recabe el asentimiento de la Sala.

En la letra d) de la glosa número 1 de la partida 17, dice: “con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gastos”. La indicación que presenté junto a los otros colegas parlamentarios sustituye esa frase por la siguiente: “con cargo al Tesoro Público”.

Como existe la posibilidad de que ella se declare inadmisible, propongo una nueva redacción: “mediante una autorización expresa de nuevos recursos por medio de una ley”. Eso reflejaría el acuerdo de la Subcomisión número 5. Lo he conversado con el colega señor Prokurica , quien estaría de acuerdo, y con otros de la Tercera Región, que están preocupados por la materia.

Solicito que recabe la unanimidad de la Sala para la sustitución propuesta.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprueba la sustitución señalada por el diputado señor Mulet.

Aprobada.

A continuación, corresponde hacer uso de la palabra al Comité de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el honorable diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, quiero referirme a cinco indicaciones, cuatro de origen parlamentario y una del Ejecutivo.

Las de origen parlamentario son las signadas con los números 13, 14, 15 y 16, y buscan reducir el presupuesto del Ministerio de Hacienda, en la glosa Servicio de Impuestos Internos.

¿Por qué hemos presentado estas indicaciones junto con otros colegas parlamentarios? Porque en el presupuesto del Servicio de Impuestos Internos se elevan estos recursos sobre la base de que el Congreso Nacional aprobará el proyecto de ley sobre evasión tributaria que se nos ha enviado y que, en nuestra opinión, más que una iniciativa que busque disminuir dicha evasión en lo que todos estamos de acuerdo, sube la carga tributaria, particularmente de las empresas, en especial de los sectores llamados a generar mayor ahorro, a generar la innovación tecnológica de nuestras empresas, a crear los miles de empleos que el país necesita para dar trabajo a quienes hoy no lo tienen y para dar oportunidades laborales a los miles de jóvenes que cada año egresan de las universidades, de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales y de la enseñanza media.

Esta modalidad, que nunca se había usado y que nos parece inaceptable, incorpora al presupuesto de un servicio público los mayores gastos que origina un proyecto de ley en trámite, en discusión en el Parlamento.

Lo que siempre se hace es que los mayores desembolsos que significa un proyecto en determinado servicio público se incorporen en el informe técnico-financiero del mismo; pero el Ejecutivo no puede dar por hecho que el proyecto se va a aprobar en los mismos términos en que lo ha enviado, porque el Congreso Nacional no es un mero buzón, y estamos en nuestro legítimo derecho de aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.

Por lo tanto, repito, es inaceptable que en la glosa Servicio de Impuestos Internos se estén incorporando mayores gastos con la excusa de que ello se fundamenta en la aprobación, eventual sin duda, del proyecto sobre evasión tributaria, que, reitero, para nosotros, más que buscar evitar la evasión, aumenta los impuestos y debilita la capacidad de ahorro y de modernización y generación de empleos de nuestras empresas, en circunstancias de que lo que más necesita el país es precisamente dar una lucha frontal contra el desempleo.

También me quiero referir a la indicación del Ejecutivo signada con el número 17, mediante la cual se repone una asignación especial por más de 6 mil millones de pesos a la Universidad de Chile.

Esta asignación de fondos, que se discute todos los años, es profundamente injusta con el sistema de financiamiento universitario y con todas las otras universidades llamadas estatales porque reciben aporte fiscal. Esta asignación, sin duda alguna, constituye un privilegio para la Universidad de Chile.

Quiero recordar a los colegas diputados que el sistema de financiamiento universitario actual contempla cuatro grandes rubros.

El primero es el aporte fiscal directo, calculado en función de la magnitud de las universidades estatales en l980, cuando la Universidad de Chile tenía todavía sedes regionales, por lo que dicho aporte favorece considerablemente a la Universidad de Chile.

El segundo es el que se conoce como “aporte fiscal indirecto”; es decir, el premio que lleva bajo el brazo cada uno de los mejores 10 mil alumnos de la prueba de aptitud académica. Como todos sabemos, parte importante de ellos ingresa a la Universidad de Chile, lo que le permite a esta institución recibir una gran cantidad de recursos por esa vía, beneficio al que las otras universidades no tienen acceso, principalmente las de regiones.

El tercero es a través del sistema de becas universitarias. Hace algunos años, la Universidad de Chile solicitó, en el Consejo de Rectores, establecer una sola forma de medir las características socioeconómicas de los alumnos para determinar quiénes tienen derecho a beca; o sea, un solo parámetro para medir la verdadera situación de carencia o de pobreza que afecta a los estudiantes de todas las universidades chilenas. Todas las universidades implementaron dicho sistema único; sin embargo, la Universidad de Chile se negó y se ha negado sistemáticamente a ponerlo en práctica. En consecuencia, no necesariamente los alumnos más pobres de la Universidad de Chile reciben becas en la actualidad, dado que esta institución tiene su propio sistema para medir los niveles socioeconómicos de sus alumnos. Incluso es muy posible que se quede sin beca un estudiante de una universidad en regiones cuya familia no tiene los recursos para financiarle los estudios universitarios, mientras que sí la obtenga un alumno de la Universidad de Chile cuya familia sí cuenta con recursos, lo que se debe, como dije, a que esta casa de estudios superiores no ha querido someterse al sistema de acreditación única de los niveles socioeconómicos de sus estudiantes.

El cuarto rubro de financiamiento de las universidades es el de los aportes privados acogidos a franquicias tributarias, beneficio que se concentra en gran parte en la Universidad Católica de Santiago, en la Universidad de Chile y en la Universidad de Los Andes.

Por lo tanto, señor Presidente, en lo personal, estimo inaceptable este nuevo trato de privilegio para con la Universidad de Chile, más aún si se recuerda que la Cámara despachó hace unas semanas el proyecto que le concede un crédito especial para la construcción de un parque tecnológico, gracias, además, a la donación de mil hectáreas de terreno que le hizo el Gobierno en su oportunidad a esa casa de estudios superiores. Si sumamos todos estos aportes estatales, llegamos a cifras realmente increíbles.

Mientras el Estado chileno subsidia a un estudiante de la Universidad de Chile en aproximadamente 1,5 millones de pesos al año, a un alumno de la Universidad de La Frontera, de Temuco, lo subsidia en menos de 500 mil pesos al año, y a un estudiante de la Universidad Católica de Temuco, en menos de 400 mil pesos al año, en circunstancias que está absolutamente comprobado que los educandos más pobres están precisamente en la Universidad de La Frontera, de Temuco, y en la Universidad Católica de la misma ciudad.

Me pregunto: ¿por qué el Estado, que debe cumplir un rol subsidiario, favorece a estudiantes de mejor situación socioeconómica matriculados en la Universidad de Chile, en lugar de ir en apoyo de los estudiantes universitarios que vienen de los hogares con mayores carencias, de los hogares más pobres del país? Esa es una labor que el Estado no está cumpliendo en la actualidad, porque se está favoreciendo ampliamente a los estudiantes de la Universidad de Chile.

No niego la importancia nacional de la Universidad de Chile. Tampoco es nuestro ánimo estar todos los años en esta discusión y tener que votar en contra de esta asignación para ella. Seguramente la necesita; pero nos vemos obligados a rechazar este beneficio, porque debe existir un trato igualitario para con las universidades regionales, pues también es posible realizar en ellas investigación y extensión de alto nivel. Entonces, ¿por qué no apoyarlas? ¿Por qué el Estado no cumple su rol subsidiario y apoya a las universidades que nacieron en 1981, luego de haber sido sedes de la Universidad de Chile, y que requieren de recursos especiales para tener a los mejores académicos, a los mejores investigadores y a los jóvenes más talentosos?

Por eso, estimo que a la Universidad de Chile se le otorga un privilegio excesivo, que no hace justicia al esfuerzo, sacrificio y trabajo que se realiza en regiones para crear y mantener las respectivas universidades.

Por estas consideraciones, señor Presidente, anuncio mi voto en contra de esta indicación del Ejecutivo, que pretende devolver a la Universidad de Chile una asignación especial extraordinaria, al margen de todo el financiamiento universitario, la cual asciende, ni más ni menos, a 6 mil millones de pesos.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, en cuanto a la partida del Ministerio de Minería, me sumo a la modificación que se le ha introducido, dado que posibilitará el sistema de tarifas de sustentación con cargo a estos fondos en el año 2001 para no paralizar el sector de la pequeña minería.

Por otra parte, cabe señalar que en los últimos tres años se han ido rebajando paulatinamente los recursos para el fondo de fomento de la Empresa Nacional de Minería. Aprovecho esta ocasión en que se encuentra presente el ministro de Hacienda para expresar que el ítem de 20 millones de dólares consultado en años anteriores para el fomento de esta actividad, fue rebajado hace tres años a 18 millones de dólares; posteriormente, a 13 millones de dólares, y el año 99, para el presupuesto del año 2000, se estableció en 9.200.000 dólares.

A pesar de que la indicación no quedó redactada con la claridad meridiana con que nos satisfaría defenderla, se hace absolutamente necesario, por lo menos, dar esta autorización, porque podríamos vernos enfrentados a que el precio promedio del cobre para el año 2001 no supere los niveles de 85 u 86 centavos de dólar la libra, precio que hoy se paga a los pequeños mineros, y esos recursos podrían servir para mantener en funcionamiento y en desarrollo a ese sector.

En otra materia, he escuchado con mucha atención las críticas formuladas al proyecto de Presupuestos, en relación con el ítem Universidad de Chile. El problema de la distribución de recursos a las universidades estatales debe operar sobre la base de un esquema diferente del que hoy se usa en la asignación. Es efectivo que las universidades de regiones hoy están catalogadas en segunda y tercera categorías. Lo digo con conocimiento, porque el total de recursos de que disponen dista mucho del de las universidades tradicionales del país. Este no es un problema de este año ni de este Gobierno quiero decirlo con mucha claridad, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es absolutamente necesario reconocer la labor cumplida por la Universidad de Chile en el crecimiento y desarrollo del país. Tanto es así que existen actividades culturales dependientes de esa universidad que requieren de recursos, y si estos no existen, será necesario buscarlos en algún sector. Entonces, es imprescindible asignar recursos para extensión en actividades propias de la universidad, porque, de lo contrario, se verá en la necesidad de terminar algunas actividades que desarrolla.

Hay muchas oportunidades para corregir la reasignación de recursos a las universidades, pero, en este momento, no se puede castigar a la Universidad de Chile, por ser más que centenaria en la función que ha cumplido en el país para entregar cultura, desarrollo, investigación y extensión cultural a la comunidad nacional.

Por eso, no comparto el rechazo a la indicación presentada por el Ejecutivo, que repone estos recursos para la Universidad de Chile.

Represento a una región que tiene una universidad también centenaria: la Universidad de Atacama, legítima heredera de la antigua Escuela de Minas de Copiapó, y quiero hacer presente que esa universidad centenaria de la minería también requiere de una especial atención en recursos para seguir sirviendo y entregando profesionales al país.

Por eso, voy a votar favorablemente la indicación presentada por el Ejecutivo, que repone estos recursos para la Universidad de Chile.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a las ocho indicaciones que presentó la Oposición relativas a la cuenta detallada y reservada del contralor general de la República.

Esta situación ya se ha presentado en los últimos cinco o seis años y se ha reiterado la intención de que haya una información detallada de esos gastos, eliminándole su carácter reservado.

Todo ejecutivo, toda empresa y toda organización requiere de cierta flexibilidad y reserva en determinado tipo de gastos. Considero, sí, que es muy importante irlos disminuyendo. Esa ha sido la línea de los gobiernos de la Concertación, y de manera sistemática han venido decreciendo. Este año no ha sido una excepción y nuevamente se vuelven a disminuir esos gastos reservados.

Voy a votar en contra de las ocho indicaciones, como lo hemos hecho en los años anteriores.

En segundo lugar, quiero referirme a las dos indicaciones del diputado señor Orpis , referente a los fondos del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace .

En la indicación número 4, él pide un abogado por comuna. Además de ser inadmisible, me parece bien discutible que el punto principal del control de la droga en las comunas sea tener un abogado. Hay un conjunto de otros aspectos o factores que muchas veces no tienen que ver directamente con el tema de la droga, sino con generar alternativas de esparcimiento, de relacionarse, de recreación. No comparto el alcance de la indicación, además de considerarla inadmisible.

La indicación número 5 plantea la necesidad de licitar programas de prevención de la droga en enseñanza básica y media y de que se genere un registro para esos efectos. Me parece muy complicado que, dentro de las instituciones consideradas para prevenir el consumo de droga en la enseñanza básica y media, no esté el Ministerio de Educación, institución que, por excelencia, debería tener programas integrados en la formación general y global de los alumnos para prevenirlos frente a la droga. Por lo tanto, tampoco comparto dicha indicación.

No voy a entrar en mayores detalles respecto de la reunión de jefes de Estado y del intento de rebajar el presupuesto asignado. Creo que se han dado argumentos suficientes para demostrar que una reunión de ese nivel, con ciertas características, requiere de ciertos gastos, como ha sido la tradición.

En relación con la indicación número 31, del diputado señor Andrés Palma , cabe aclarar un punto. Él pide cambiar “prioritariamente” por “preferentemente”, en la forma de licitar los recursos del Programa Pro Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Estoy de acuerdo en que sea preferente o prioritariamente, pero que se recurra a cierto ente o empresa para que, a partir de estos recursos, lleve programas adelante. Sin embargo, su Señoría ha extendido este concepto al Fondo de Contingencia y habló de 100 mil millones de pesos. El Fondo de Contingencia, que está en la partida Tesoro Público y no en la del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, define su ejecución en forma distinta de la del Programa Pro Empleo. Una modalidad es ésta; otra, a través de los programas ministeriales, y una tercera, a través de los municipios. Por lo tanto, son materias distintas que tienen formas de ejecución diferentes.

Las indicaciones números 13, 14, 15 y 16, de la Oposición, recaídas en el capítulo Servicio de Impuestos Internos, adolecen de un error básico, porque suponen que, con los recursos adicionales, Impuestos Internos no puede iniciar desde ya una acción respecto de la evasión. El proyecto de ley contra la evasión busca perfeccionar los instrumentos o mecanismos para cerrar resquicios y contar con mejores formas de velar por que se paguen los impuestos respectivos. Sin duda, eso va a significar una mayor recaudación, y si una ley contra la evasión no lo logra, no servirá para nada y, por lo tanto, lo que van a pagar los contribuyentes, que antes no pagaban, será superior. En todo caso, estamos discutiendo estas indicaciones frente al proyecto de ley de Presupuestos, y la Oposición pide que se disminuya el tope máximo de funcionarios, las horas extraordinarias, los gastos en viáticos, la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios de Impuestos Internos y también los recursos para esos efectos.

Creo que debemos avanzar en una acción cada vez más organizada, más ecuánime, más seria, ya que es un orgullo para el país contar con un Servicio de Impuestos Internos como el que tenemos.

En relación con la indicación de la diputada señora María Angélica Cristi , que propone incorporar, en el programa ChileBarrio, un campamento instalado con posterioridad a 1996, me parece muy peligrosa, independientemente de que tampoco es admisible. Me refiero a la indicación número 38. En realidad, desde el comienzo no he estado de acuerdo con el Programa ChileBarrio, porque no ataca la causa del problema, sino lo que rebasa: la gente llega a un campamento porque no tiene otra alternativa; y hemos tratado de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenga programas para los sectores que no entran en el primer quintil. Por eso, se presentó una indicación a la glosa asociada al programa piloto que se incorporó al presupuesto de ese Ministerio.

Uno de los mayores riesgos es que si las personas están en campamentos, la mayoría accederá a vivienda por esa vía. Por lo tanto, creo que la indicación no enfrenta la raíz del problema ni permite avanzar.

Otra cosa distinta es posibilitar a los municipios para presentar proyectos y atender a los sectores de más bajos ingresos, dentro de los cuales, por ejemplo, el de Peñalolén, pueda tener un programa gradual para las personas que viven en el campamento que le interesa a la diputada señora Cristi .

En relación con la Universidad de Chile, repetiré en dos palabras los argumentos que expuse en la sesión de la mañana.

En general, comparto lo que dijo el diputado señor Vilches . La Universidad de Chile no es una universidad cualquiera, no es una más y no podemos hablar de trato igualitario con respecto al resto de las casas de estudios. Ese concepto no lo compartimos, no hay consenso sobre el particular, porque no es igual a otras universidades. El país requiere de una capacidad de investigación y de proyección de más largo plazo. Por ejemplo, un instituto de sismología o una orquesta sinfónica no pueden funcionar sobre la base de fondos concursables todos los años. El país debe optar y poner recursos, lo cual no se puede hacer de la misma manera en todos lados. La Universidad de Chile tiene una misión distinta del resto de las universidades. Concuerdo en que es necesario revisar el sistema universitario, la asignación de recursos, en particular los destinados a investigación, porque es uno de los grandes déficit de Chile y muchas veces se venden cosas como muy válidas cuando son tremendamente discutibles. Ni siquiera tenemos investigación en serio, por entes universitarios, sobre los sistemas de AFP o de Isapres, que manejan gran cantidad de recursos nacionales.

Creo que la Universidad de Chile requiere de recursos.

Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al diputado señor José García que después que se empezó a entregar un fondo especial a la Universidad de Chile, se creó el Fondo de Desarrollo Institucional y también el Mece superior. Ambos representan 25 mil millones de pesos. Se trata de fondos concursables a los cuales pueden acceder todas las universidades chilenas. Por lo tanto, hablar de que no hay posibilidades de acceder a recursos es más bien estar en contra de esa casa de estudios que abrir posibilidades para el resto de las universidades.

Creo que a futuro esto hay que plantearlo de otra manera. Comparto parte de una indicación que presentó el diputado señor Dittborn , en el sentido de que cada uno de los recursos asignados a la Universidad de Chile debe ser por montos determinados y para objetivos específicos, con el fin de poder evaluarlos y controlarlos como corresponde. Chile requiere una universidad que tenga estos desafíos y tareas.

Quiero referirme al presupuesto de salud y, en particular, a la indicación Nº 33, que presentamos con el diputado señor Andrés Palma.

Tenemos un problema muy serio en la distribución de los recursos entre los servicios, en particular en la Región Metropolitana, porque es tremendamente desigual.

Como se ha dicho, el servicio de salud suroriente tiene el doble de población y menos recursos que el servicio de salud oriente. Hemos presentado una indicación con el propósito de disminuir los recursos del servicio de salud oriente, de manera que, en definitiva, se incremente el fondo de recursos operacionales y se permita al Ministerio reasignar en el curso del año.

Para que sepan los señores diputados, el hospital Padre Hurtado ha permanecido todo este año con cuatro pabellones nuevos y equipados sin funcionar, porque no había recursos. Está situado en la zona más colapsada del país, donde existe una lista de 1.200 pacientes con problemas de próstata que no pueden ser operados, con todos los riesgos que ello implica, y una cantidad similar con problemas de vesícula, por lo que es indispensable que dichos pabellones se utilicen. Además, en el hospital Sótero del Río se necesita una nueva placa quirúrgica.

Es absurdo que la inercia histórica de distribución de recursos se mantenga. Cuando los diputados García y Ortiz discutieron por el hecho de que se expresara el presupuesto de los servicios en el presupuesto nacional, sin quedar sujeto al Ministerio, la idea era que hubiera correcciones y no una asignación basada en una inercia histórica.

En relación a estas materias, pido que los Ministerios de Hacienda y de Salud revisen la asignación de recursos. En el caso de la Región Metropolitana no es sólo ése el problema, sino también de organización de la salud. Es absurdo tener siete servicios separados, no organizados, no orquestados, sin una dirección que les dé sentido y les permita maximizar los recursos. Es absurdo que en el hospital del Salvador trabajen 17 urólogos y que en el Sótero del Río sólo tres atiendan a una población mucho más numerosa y que no exista un mecanismo que permita que los médicos del hospital Salvador atiendan pacientes del Sótero del Río.

Se requiere integrar la red asistencial intrahospitalaria de la Región Metropolitana, para lo cual es fundamental tener una cabeza regional con más poder, con más capacidad de asignar recursos y distribuir el personal. En la actualidad, hay 2.100 personas que sólo trabajan administrando los servicios, no en los hospitales. Es necesario, de una vez por todas, racionalizar esto en función de las personas, de los pacientes y de un mejor servicio de salud.

En ese sentido, creo que la indicación es una señal para que se incremente dicho fondo, lo que permitirá al Ministerio hacer reasignaciones en el curso del año.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a la Cámara de Diputados el tiempo que, desde hace algunos días, se ha tomado para aprobar el Presupuesto de la Nación.

Antes de que haga uso de la palabra el director de Presupuestos, quien se referirá a algunas indicaciones más específicas, quiero comentar algunos planteamientos de los señores parlamentarios.

Preocupa a algunos a mi juicio, una legítima preocupación qué ocurriría con las finanzas públicas si tuviéramos, por una parte, un precio del cobre inferior a lo estimado en la ley de Presupuestos y, adicionalmente, si el crecimiento económico fuera inferior a 6,2 por ciento. Se teme que esto daría lugar a un desfinanciamiento, a un déficit fiscal, y que podría traer consecuencias adversas sobre la economía.

Tanto en mi exposición de la hacienda pública como en los aspectos macroeconómicos del presupuesto presentados por el director de Presupuestos, hemos abundado sobre el concepto de superávit estructural, meta que anima la política fiscal del Presidente Lagos.

En tal sentido, he informado y forma parte del protocolo suscrito con los presidentes de las distintas Comisiones, que durante el año 2000 hemos hecho sustanciales avances para cerrar la brecha fiscal que recibimos al comienzo de este gobierno. Durante este año, esperamos tener una situación fiscal equilibrada, y respecto del equivalente estructural, si se corrige adecuadamente, por las desviaciones del precio del cobre y del ciclo de actividad económica, podríamos notar un ligero superávit.

El Congreso está consciente de que el incremento de los gastos públicos planteados para este año, equivalentes a un 5 por ciento real, es inferior a la estimación del crecimiento del producto potencial. Ha sido elaborado en esa forma con el objeto de lograr el ansiado uno por ciento de superávit estructural.

Esto es vastamente conocido por los mercados internacionales y celebrado por los mismos, que nos han distinguido a pesar del ruido en Latinoamérica por la situación de algunos países vecinos con la mantención de un “spread” del bono soberano de Chile extremadamente reducido si se lo compara con cualquier otro mercado emergente.

Así las cosas, es quizás una paradoja continuar obligándonos a una alta disciplina fiscal si queremos mantener tasas de interés reducidas que no nos limiten, en términos de nuestra capacidad de gastos, la disponibilidad de financiamiento. Eso exige de nosotros gran responsabilidad.

Hoy, el sector público no tiene problemas de financiamiento, no quiere hacer uso de financiamiento, con el fin de ceder espacio a la iniciativa privada y de mantener tasas de interés reducidas, que han sido probadas en el mundo como la fórmula para conseguir elevadas tasas de crecimiento y bienestar.

Así las cosas, en el evento de que la economía chilena se desplegara en un número inferior al 6,2 por ciento durante el próximo año, o el cobre exhibiera un promedio inferior a los 88 centavos consultados en el presupuesto, no tendríamos dificultades para financiar esos menores ingresos, sea por la vía del Fondo del Cobre o de retiros de algunos depósitos con que hoy cuenta el fisco debido a la acumulación de superávit en el pasado.

En definitiva, puedo decir a los señores diputados y al país que el presupuesto presentado por el Ejecutivo es robusto, en el sentido de que no ofrece mayores sobresaltos en la eventualidad de que los supuestos macroeconómicos que lo informaron resultaran algo más adversos.

En segundo término, quiero referirme a los gastos reservados.

De un tiempo a esta parte y con especial énfasis en este año, hemos venido reduciendo la partida de gastos reservados, cuyo origen, todos sabemos, es muy antiguo. Eso no implica que el concepto de gastos reservados deba desaparecer.

Hay un conjunto de gastos, cuya información detallada es inconveniente desde el punto de vista de mantener ciertas confidencialidades mínimas en asuntos en que resulta inadecuado un conocimiento más masivo. Tomamos el compromiso de continuar, con especial énfasis, reduciendo los gastos reservados en los presupuestos de los próximos años, pero no nos parece adecuado que deban ser informados, con una cuenta detallada, porque sería contradictorio con el concepto mismo de gasto reservado.

Respecto de la duda que también se presentó en las comisiones acerca del aumento de la dotación del Servicio de Impuestos Internos, debo informar que, en estricto rigor, todo servicio requiere modernización, si queremos caminar al ritmo que nos impone la globalización. Hemos abundado en antecedentes al Congreso respecto de las disponibilidades de este Servicio en relación con los estándares internacionales. La necesidad de mejorar su capacidad de fiscalización es algo que difícilmente cualquier iniciado en la materia podría discutir. Así las cosas, lo que solicitamos en este presupuesto emana del natural desarrollo de un servicio tan importante como Impuestos Internos, en un país que crece, se desarrolla y se globaliza.

De aprobarse el proyecto de lucha contra la evasión tributaria, como espero que así sea, ciertamente sería beneficioso, pues se interactuaría con un Servicio de Impuestos Internos más fuerte. Pero son materias enteramente separables: a todos los chilenos les interesa que exista un Servicio de Impuestos Internos moderno y bien capacitado, independientemente de si estemos o no de acuerdo con los contenidos de la campaña contra la evasión y la elusión tributaria.

Por último, el Gobierno está consciente de que ciertas actividades de interés nacional innegable, que han distinguido a nuestra patria, como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Instituto de Sismología, el Teatro de la Universidad de Chile, entre otros, deben continuar siendo financiados, por cuanto representan, quizás, una de las mejores expresiones de nosotros mismos.

Este ministerio estará disponible para presentar esas necesidades en un formato distinto, eventualmente competitivo y que dé la debida satisfacción a las inquietudes aquí expresadas. Sin embargo, en esta oportunidad, y dado el momento en que nos encontramos, pido convenir en un apoyo a los algo más de seis mil millones de pesos contenidos en el presupuesto que entregamos a la Universidad de Chile, con el objeto de evitar una interrupción violenta de aquellas actividades que nos interesan a todos los chilenos.

Una vez más, agradezco el tiempo destinado a la discusión del proyecto. Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que el director de Presupuestos se refiera a las indicaciones presentadas.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Recuerdo que hay dos señores diputados inscritos: don Enrique Jaramillo, que dispone de cinco minutos, y la señora Rosa González, que intervendrá en el tiempo que resta a la UDI. Después se suspenderá la sesión por diez minutos, y, con posterioridad, comenzará la votación del proyecto.

Con la venia de la Sala, tiene la palabra el director de Presupuestos.

El señor MARCEL (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, para complementar la intervención del ministro de Hacienda, quiero referirme a algunas de las indicaciones presentadas.

El diputado señor Orpis hizo varios comentarios y presentó una indicación respecto al aporte a los programas de prevención de drogas del Conace. En general, al Ejecutivo le parecen muy válidos los comentarios sobre la materia.

Respecto de los programas que actúan a través del sistema escolar, deseo señalar que en el año 2000 se han destinado alrededor de mil millones de pesos para este tipo de programas, y está dentro de los planes del Conace financiar iniciativas como las mencionadas por el diputado señor Orpis .

En cuanto a la defensa jurídica, nuestra lectura de las glosas, del ítem correspondiente, indica que no hay nada que impida que a través de estos fondos se pueda financiar o apoyar en asistencia jurídica. Pero quiero recordar que hay una serie de otros medios a través de los cuales el Estado presta asistencia jurídica a la población, en particular de escasos recursos, que pueden ser perfectamente orientados en ese sentido.

En cuanto a la asignación para realizar la Cumbre del Grupo de Río, deseo señalar que en la Comisión Mixta y en la subcomisión correspondiente se discutió en detalle la cifra consignada. Creo que no hay mucho más que explicar. Se indicó qué parte de los recursos que se proponen se destinarán a cada tipo de gasto. Creemos que ésa debiera ser una explicación satisfactoria.

Lo mismo es válido respecto de la indicación número 9, para rebajar los gastos en honorarios del Ministerio de Economía. En la Comisión Mixta, el subsecretario del ramo entregó una nómina detallada de las personas que prestan servicios por esta vía, con sus antecedentes académicos. Explicó que, en muchos casos, se trata de servicios más bien de carácter eventual. Creemos que su explicación responde a la inquietud de los parlamentarios y no se justifica la rebaja que se propone.

La indicación número 12 se refiere a los guardias privados en la Corfo y también se dio una explicación en la Comisión Mixta.

Para complementar lo que dijo el ministro en relación a la educación superior y responder a algunos parlamentarios, quiero aclarar que los aportes a las universidades tienen dos componentes: una transferencia corriente y otra de capital. La transferencia corriente es por 8.254 millones de pesos y la de capital por 17.161 millones de pesos.

Asimismo, hay glosas que dividen el conjunto de aportes, que totaliza 25.414 millones, entre aportes a proyectos de carácter más bien general, tradicionales, y otros que están ligados al proyecto Mece de educación superior que apoya el Banco Mundial.

Al respecto, quiero aclarar que la división de la modalidad de asignación de los recursos no prefigura que el fondo de desarrollo institucional o, más bien, el Mece de educación superior no pueda financiar proyectos de inversión. De hecho, este programa los ha financiado. La diferencia fundamental se relaciona con la modalidad de asignación de recursos.

En cuanto a la distribución de los aportes entre las regiones, como existe la idea de que el programa Mece de educación superior allega muy pocos recursos a las universidades regionales, deseo aclarar que alrededor del setenta por ciento de los fondos van a esas casas de estudio.

De manera que en respuesta a la inquietud de los diputados señores Lorenzini y Ortiz, quiero manifestar que el Ejecutivo está en condiciones de asumir y responder el compromiso de no reducir los recursos del fondo de desarrollo institucional en el próximo presupuesto nacional, ya sea a través de la mantención de las cifras o bien la explicitación de la proporción de recursos del programa Mece de educación superior que va a las universidades regionales, dado que la cifra que aparece en la glosa es muy reducida e inferior a la que se da en la práctica.

La indicación número 30 es para asignar responsabilidades directivas al personal del Indap. Conversamos con el diputado señor Jaramillo y llegamos a la conclusión de que el problema que se produce tiene que ver con las plantas del personal.

El servicio ha hecho una serie de propuestas para regularizar la situación y nos parece que el modo adecuado de llevarlas a cabo es mediante una legislación de carácter permanente y no en la ley de Presupuestos, cuya vigencia es de un año. Reconocemos que existe el problema, pero queremos darle una solución más de fondo, de modo que no se repita en un par de años con algunas personas a contrata y que ejercen funciones directivas.

La indicación número 34 es para desagregar un componente del aporte de recursos a Enami. En la Comisión Mixta explicamos que el hecho de que parte importante de la asistencia técnica a los pequeños mineros la preste a través de su propio personal, hace que en la práctica sea difícil separar ese componente de los gastos administrativos del conjunto de programas de fomento. Por esa razón, no es posible desagregar esas cifras.

En cuanto al ítem que se establece en la glosa para el precio de sustentación del cobre, el Ejecutivo, a través de la indicación que presentó y que fue aprobada, ha dejado abierta la posibilidad de financiar el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.

En años anteriores, el aporte a Enami ha tenido un componente de fondo de sustentación mayor, dado que el precio del cobre era más bajo. Hoy, nuestra proyección de dicho precio es superior al usado para el fondo de sustentación.

Por esa razón, inicialmente nada se había incluido al respecto. Sin embargo, en atención al planteamiento de los parlamentarios, se dejó abierta esa posibilidad, pero se mantuvo la estructura de la glosa, la cual, desde hace varios años, ha tenido un límite estricto en relación al aporte a Enami en su conjunto. Por eso, la glosa se presentó de la manera en que aparece en el informe de la Comisión Mixta.

La indicación número 37 es del Ejecutivo y tiene por objeto incorporar una glosa que permita al Ministerio de Vivienda operar a través de medios electrónicos en la administración de sus programas y en la relación con sus proveedores.

Hoy, un decreto de la Secretaría General de la Presidencia permite la validación de la firma electrónica para las comunicaciones al interior del Gobierno, pero no respecto de las comunicaciones entre éste y el sector privado.

En este caso, como el Ministerio de Vivienda tiene un conjunto de empresas que operan a través de un listado de elegibilidad, nos parece que es posible introducir una norma de este tipo, que permite modernizar y agilizar sustancialmente su gestión, preocupación que ha sido expresada en distintos momentos por el Congreso.

En relación con el programa de trabajo solidario, simplemente quiero señalar que los recursos transferidos a la Corporación Justicia y Democracia operan como un fondo concursable, al cual las universidades presentan proyectos que después son objeto de convenios con los municipios. De manera que el principio de competencia en que se ha insistido, en buena medida está recogido. Si esto se puede mejorar en el futuro, tanto mejor.

Respecto de la pregunta del diputado señor Alvarado sobre los límites a los compromisos de gastos por parte de los gobiernos regionales, debo decir que están incorporados en el inciso segundo del artículo 6º del proyecto. Se establece que mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, se fijará el límite a los compromisos con cargo a presupuestos siguientes que se establezcan en materia de inversiones.

En relación con la inversión regional, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se entregó la información a petición de los parlamentarios. Ojalá se tuviera la misma transparencia respecto del cálculo de la inversión de decisión regional del diez por ciento que se señaló en el debate.

En cuanto a las preguntas sobre Enacar , quiero recordar que parte del aporte es para cubrir el déficit operacional de la empresa. Por lo tanto, algunos de esos recursos irán a la adquisición de minerales a los pirquineros. De manera que se recoge la preocupación del diputado señor Rocha .

Respecto del comentario del diputado señor José García , sobre electrificación rural, quiero clarificar que el conjunto de recursos que se destinan al efecto están en manos de los gobiernos regionales y se administran a través del Fndr. Los consejos regionales asignan recursos a los proyectos de esta especie. De manera que cada consejo regional tiene la responsabilidad de resolver la situación que planteó.

El diputado señor Lorenzini preguntó sobre los ingresos por venta de activos de la Corfo. Debo aclarar que días atrás se señaló que la estimación de ingresos por venta de activos es global, que tales ingresos pueden generarse de distinta manera y no involucran ni comprometen la privatización de una empresa en particular. Son sólo una estimación global de ingresos por venta de activos.

Finalmente, respecto de la pregunta de la diputada señora Cristi sobre las listas de espera, quiero manifestar que en el proyecto de presupuestos de este año hay un incremento muy significativo de recursos para resolver problemas de listas de espera y aumentar la capacidad de resolución de los hospitales públicos. De manera que, en buena medida, esa preocupación está recogida.

A propósito de los déficit en los hospitales públicos y las deudas con los proveedores, preocupación que también tiene el Ejecutivo, cabe señalar que gran parte de este déficit durante el año 2000 se ha generado por el importante número de afiliados a las isapres que se ha trasladado al sistema público y, por lo tanto, ha implicado mayor demanda de prestaciones; pero esos mismos beneficiarios, también, han aumentado los ingresos con sus cotizaciones. A raíz del problema que ha estado en discusión, de común acuerdo entre los Ministerios de Hacienda y de Salud, se van a incorporar en los servicios de salud alrededor de 19 mil millones de pesos por concepto de mayores cotizaciones previsionales respecto de lo estimado en el presupuesto. Por lo tanto, esos recursos quedarán disponibles para reducir los niveles de endeudamiento con proveedores de los hospitales.

Asimismo, en el proyecto de ley de Presupuestos en discusión, se contemplan compromisos pendientes con el Ministerio de Salud originados en los servicios de salud en particular, del orden de los 30 mil millones de pesos, recursos que también permitirían pagar deudas contraídas en períodos anteriores por hospitales públicos.

Hay razones más de fondo que explican los problemas que han tenido estos establecimientos de salud. Muchos de ellos han excedido el gasto en personal asignado en el presupuesto, con el objeto, por ejemplo, de cubrir ausencias de personal por licencia; es decir, han financiado suplencias y reemplazos con recursos originalmente asignados a bienes y servicios de consumo.

Ese problema se resuelve en este presupuesto por la vía de cambiar la manera de recuperar los recursos de las licencias. Hasta 2000 la recuperación va al Tesoro Público y, por lo tanto, los servicios, con sus presupuestos, han debido financiar suplencias y reemplazos. En este proyecto de ley varía el mecanismo y se permite que la recuperación de las licencias vuelva a los servicios, y con esos recursos podrá suplirse al personal ausente.

Asimismo, es importante valorar la glosa incorporada al presupuesto del Ministerio de Salud, que establece la obligación de los servicios de salud de informar sobre sus compromisos devengados y no pagados con proveedores. Esto va a permitir monitorear las deudas que se van generando con los proveedores. La glosa correspondiente dispone la obligación de incluir ese antecedente en la información que se entrega al Congreso Nacional. En consecuencia, tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrán hacer un seguimiento a este problema durante el 2001.

Finalmente, me parece importante reconocer lo señalado por el diputado Montes, en cuanto a que otra causa posible del déficit en los hospitales es la distribución de los recursos entre los servicios de salud, la que todavía se hace con un criterio muy cargado a lo histórico; pero el cambio experimentado por las exigencias a los servicios de salud nos obliga a considerar en nuestra agenda prioritaria con el Ministerio una revisión de estas asignaciones, a fin de responder mejor a la demanda que a la historia de los gastos pasados. En definitiva, respecto del endeudamiento de los servicios de salud, podemos decir que tenemos un conjunto de elementos que nos permiten, por un lado, paliar las deudas generadas y, por otro, prevenir en parte el problema que se ha venido generando en los últimos años.

Gracias, señor Presidente.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Rosa González, por dos minutos.

La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-

Señor Presidente, quiero referirme a la partida 50, del Tesoro Público.

Me produjo extrañeza escuchar en la mañana a mi distinguido colega don Salvador Urrutia , alegrarse tanto porque nos habían aumentado el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, fijado en 2.451.800.000 pesos. Pero parece que no leyó la página siguiente, que dice: incluye 1.225.900.000 pesos para destinarlos a bonificaciones que se aprobarán durante el 2001. El resto de los recursos se destinará al pago de bonificaciones de años anteriores.

Si se hace el descuento, lo que tenemos por concepto del DFL 15 es 1.235.900 mil pesos. Si se aplicó determinado reajuste, está bien, pero las promesas hechas al respecto el director de Presupuestos lo sabe consistían en aumentar al doble el fondo para las ciudades extremas.

Me extraña que en una glosa se diga una cosa y que después se presente una indicación. Me recuerdan los contratos con letra chica.

Habría sido muy conveniente que el decreto ley Nº 889 se hubiese discutido donde corresponde: en esta Sala. Es importante que legislemos sobre el tema, porque hay diferentes anuncios en muchas regiones, especialmente en la mía, respecto de senadores y diputados que han obtenido este logro como una cosa absolutamente personal, en circunstancias que se trata de un compromiso asumido por el Gobierno.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, concuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, y con las explicaciones respecto de las indicaciones dadas por el director de Presupuestos, don Mario Marcel.

Estas intervenciones reflejan lo que dice el Protocolo firmado ayer: gran consenso, no grandes dificultades. Así lo hemos visto hoy en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos.

Quisiera agregar un pequeño comentario respecto de la indicación Nº 30. En la Quinta Subcomisión de Presupuestos y en el Plenario de la Comisión Mixta planteé la situación de 49 jefes de área del Indap en conocimiento de las autoridades del sector vinculados actualmente a la administración por la vía de un contrato de acuerdo con las normas del Código del Trabajo. Por esa razón, no tienen algunos atributos ni potestades propios de los funcionarios públicos de rango directivo. Esta situación, de suyo anómala, produce problemas al interior del Instituto, pues los jefes de área no tienen poder de representación ni pueden ejercer otras potestades, fundamentales en los asuntos disciplinarios, en la rapidez del crédito, todo lo cual, al final, se transforma en una burocracia que la gente modesta de los campos no entiende.

Esto se planteó al ministro de Agricultura. Sé que habrá una respuesta afirmativa más temprano que tarde, pero sí me motivó, debido a las solicitudes de los jefes de área, presentar esta indicación al proyecto de Presupuestos. Consiste en agregar una glosa a la partida del Indap, a fin de dotar de esas atribuciones a los funcionarios que actúan como jefe sin serlo en la práctica.

Esta propuesta no importa gastos en el erario y tiene el mérito de ser una vía rápida y sencilla de superar un problema interno del servicio.

Ojalá la indicación no se hubiese declarado inadmisible, porque no se está dotando de atribuciones a ningún órgano de la administración, ni modificando las condiciones de contratación de funcionarios públicos, ni creando empleos rentados, sino sólo mejorando el status de los servidores para acometer en mejor forma sus funciones al interior del Indap.

Me alegra enormemente que el tema haya sido recogido por el director de Presupuestos para que lo converse con el ministro, pues esta situación se arrastra por varios años y se traduce, como lo dije anteriormente, en maltrato a la gente que concurre a las oficinas públicas.

Estoy de acuerdo en que es inadmisible la indicación, pero fue bueno plantearla.

He dicho.

El señor MORA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Se suspende la sesión por diez minutos para luego proceder a la votación.

Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor Secretario va a dar cuenta de los pareos.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Se han registrado pareos entre los diputados señores Jaime Jiménez y Gustavo Alessandri y Andrés Palma y Roberto Delmastro.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde dar inicio a la votación particular del proyecto de ley de Presupuestos del año 2001.

Por no haber sido objeto de indicaciones, se declaran aprobadas las partidas 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial; 04, Contraloría General de la República; 14, Ministerio de Bienes Nacionales; 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y 23, Ministerio Público.

En primer lugar, corresponde votar el artículo 17, respecto del cual no hubo pronunciamiento en la sesión de la mañana por haber sido objeto de una indicación, la cual, sin embargo, se retiró posteriormente. Por eso no se incluyó en la discusión en general.

En consecuencia, esta norma está contemplada en el proyecto aprobado por la Comisión Especial de Presupuestos.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 17.

Aprobado.

Corresponde votar en particular el resto de las partidas.

Se ha informado a la Mesa que habría acuerdo para votar, en conjunto, las indicaciones números 1, 3, 6, 8, 26, 28, 39 y 48, que se refieren a temas semejantes, pero en distintas Partidas.

¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?

Acordado.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 55 votos. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca , Álvarez , Bertolino , Caminondo , Cardemil , Coloma , Correa, Díaz , Dittborn , Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Ibáñez , Kuschel , Leay , Longton , Melero , Molina , Monge , Orpis , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Rojas , Soria , Ulloa , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Vilches y Walker (don Patricio) .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jocelyn-Holt , Krauss , León, Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Martínez (don Gutenberg) , Mesías , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pollarolo ( doña Fanny ), Reyes, Riveros , Rocha , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Valenzuela , Velasco , Venegas y Villouta .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la partida 01, Presidencia de la República.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 05: Ministerio del Interior.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 2, de los diputados señores García, don José; Dittborn, Galilea, don Pablo; González, doña Rosa; Álvarez y la señora Ovalle, doña Victoria.

Indicación a la partida 05: Ministerio del Interior. Capítulo 01, programa 01: Secretaría y Administración General.

Para eliminar en la glosa 02, letra a), su inciso segundo.

El inciso segundo se refiere a lo siguiente: “No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 57 votos. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

La Mesa ha declarado inadmisibles las indicaciones números 4 y 5, por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Corresponde votar el resto de la Partida 05: Ministerio del Interior.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

El señor KUSCHEL.-

No.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Díaz , Elgueta , Encina , Espina, Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Venegas y Villouta .

Votó por la negativa el diputado señor Kuschel .

Se abstuvieron los diputados señores:

Ibáñez y Van Rysselberghe .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde votar la partida 06: Ministerio de Relaciones Exteriores.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 7, de los diputados señores Dittborn, González, doña Rosa; Álvarez, Ovalle, doña Victoria; Galilea, don Pablo, y García, don José.

Partida 06. Capítulo 01 programa 01: Secretaría y Administración General y Servicio Exterior.

Para reemplazar en el ítem 33.044, “XV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno”, la cantidad de “1.537.500 miles”, por “750.000 miles”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 1 abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Ibáñez, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Vargas y Vega.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta.

Se abstuvo la diputada señora Prochelle (doña Marina) .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación el resto de la partida 06: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 07: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El señor Secretario va a dar lectura a las indicaciones.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 9, de los diputados señores García, don José; Galilea, don Pablo; Dittborn, González, doña Rosa; Álvarez y Ovalle, doña María Victoria.

Partida 07, Capítulo 01, programa 01: Secretaría y Administración General.

Para reemplazar en la glosa 02, letra d) el guarismo “317.244” por “185.000”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 52 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Ibáñez, Kuschel, Leay, Melero, Molina, Monge, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta.

Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Prochelle (doña Marina).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación Nº 10, del diputado señor Navarro, en la partida 07, capítulo 04, programa 01, para reemplazar en el subtítulo 31, ítem 56, la cifra “74.335” (miles de pesos) por “1.000”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 78 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bartolucci, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas y Villouta.

Se abstuvieron los diputados señores:

Kuschel, Navarro y Pollarolo (doña Fanny).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

La indicación Nº 11 se declara inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación Nº 12 a la partida 07, capítulo 06, programa 01, Corporación de Fomento de la Producción, de los diputados señores Dittborn, José García, Pablo Galilea, señora Rosa González, señor Rodrigo Álvarez y señora María Victoria Ovalle, para eliminar en la letra a) de la glosa 02 la oración que dice: “(no incluye vigilantes privados ni dotación del Comité Centro Nacional de la Productividad y la Calidad, Comité de Producción Limpia y Comité Seguro Agrícola)”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación Nº 12.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 50 votos. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Espina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Ibáñez, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas y Vega.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Mesías, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Urrutia, Valenzuela, Velasco, Venegas y Villouta.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación el resto de la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Tiene la palabra el diputado señor José García .

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, sugiero votar en conjunto las indicaciones 13, 14, 15 y 16, que se refieren al presupuesto del Servicio de Impuestos Internos.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde votar la partida 08, Ministerio de Hacienda.

En votación las indicaciones 13, 14, 15 y 16, recién señaladas.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazadas las indicaciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Bertolino , Caminondo , Coloma , Correa, Díaz , Dittborn , Espina, Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Ibáñez , Kuschel , Leay , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Melero , Molina , Monge , Orpis , Palma (don Osvaldo) , Paya , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Rojas , Ulloa , Van Rysselberghe , Vargas , Vega y Vilches .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel) , Arratia , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Mesías , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pollarolo ( doña Fanny ), Reyes, Riveros , Rocha , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Venegas y Villouta .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación el resto de la partida 08, Ministerio de Hacienda.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 09, Ministerio de Educación.

El señor Secretario dará lectura a las indicaciones a esta partida.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Las indicaciones 17, 18 y 19 fueron formuladas por su Excelencia el Vicepresidente de la República.

La primera, al capítulo 01, Subsecretaría de Educación, programa 01, subtítulo 25, ítem 33: En la asignación 097, sustituir la denominación “Universidades chilenas” por “Universidad de Chile”.

En las glosa 16: a) En el inciso primero sustituir la expresión “Universidades chilenas” por “Universidad de Chile”, y b) Suprimir el inciso segundo.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación las tres indicaciones a la partida 09, Ministerio de Educación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobadas las indicaciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Espina, Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Krauss, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Mesías , Montes, Mora , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pollarolo ( doña Fanny ), Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Venegas , Vilches y Villouta .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Bertolino , Caminondo , Coloma , Correa, Díaz , Dittborn , Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Ibáñez , Leay , Martínez ( don Rosauro) , Molina , Monge , Núñez , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Paya , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Van Rysselberghe , Vargas y Vega.

Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca , Bartolucci , Leal , Longueira , Melero , Orpis y Ulloa .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación Nº 20, de los diputados señores Lorenzini, Ortiz y Silva: capítulo 30, Educación Superior, programa 01: En la glosa 03 suprimir, en el párrafo primero, la frase que está a continuación del punto seguido, que pasa a ser punto aparte. La frase que se sugiere suprimir dice: “Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 3.136.987 miles se destinarán a reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades regionales ubicadas fuera de la Región Metropolitana”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, ¿la declara admisible o inadmisible?

El señor LORENZINI.-

Estamos en votación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En realidad, las indicaciones 20, 21, 22, 23 y 24 se declaran inadmisibles por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor LORENZINI.-

Su Señoría las puso en votación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

No alcancé a ponerlas en votación, señor diputado; sólo se leyó la primera.

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor José García .

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, ¿podría repetir las indicaciones que declaró inadmisibles?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Las indicaciones Nºs 20, 21, 22, 23 y 24.

Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, una vez que su Señoría ha puesto en votación una indicación, no puede reconsiderar su decisión. Su Señoría ya puso en votación las cinco indicaciones. Sé que no es de regiones, pero considero que debe efectuarse la votación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

A pesar de la impertinencia, no le voy a replicar.

En todo caso, se leyó la indicación, pero no se alcanzó a poner en votación.

Tiene la palabra el señor Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, formulé la consulta, porque en la mañana, cuando se realizó la discusión del tema, tanto el diputado señor Lorenzini como quien habla le solicitamos a su Señoría que recabara la opinión de la Sala para que se pronunciara acerca de la admisibilidad de la indicación.

Esa es la petición que quería formular.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señor diputado, mi opinión es clara. Con excepción de la indicación número 24 se trata de una reducción que podría ser admisible y ponerse en votación, las otras fueron declaradas inadmisibles.

Ahora, cualquier diputado está en su derecho de solicitar que se discuta la admisibilidad de una indicación.

Tiene la palabra el diputado señor Orpis .

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, hay que ser consecuentes con el tema.

En verdad, las indicaciones números 4) y 5), que presenté, se estructuran básicamente en torno de lo mismo. Es decir, a través de una glosa se destinan recursos a un ítem específico sobre el global que se presenta en el presupuesto. La Mesa las declaró inadmisibles y estas otras indicaciones son exactamente lo mismo. O sea, sobre la base de un presupuesto determinado, se asigna una cantidad determinada para fines específicos. Eso, claramente, es de iniciativa del Presidente de la República.

Pido que haya consecuencia en el planteamiento de esta materia.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señor diputado, la Mesa ha sido clara, porque considera las indicaciones números 20), 21), 22) y 23) inadmisibles. La 24) podría ponerse en votación perfectamente, aunque no tiene sentido.

El señor LORENZINI.-

En esas condiciones, retiramos la indicación número 24).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Muy bien.

Por no haber otras indicaciones, en votación el resto de la partida 09, Ministerio de Educación.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la indicación 25).

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es del honorable diputado Palma, don Andrés, formulada a la partida 10, capítulo 01, programa 01, subtítulo 31, ítem 74.

Reducir de $ 2.746.246 miles a $ 1.746.246 miles y en todos los niveles superiores de agregación.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 78 votos. Hubo una abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Arratia, Kuschel, Lorenzini y Sciaraffia (doña Antonella).

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches y Villouta.

Se abstuvo la diputada señora Pollarolo, doña Fanny.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Por no haber más indicaciones, corresponde votar el resto de la partida 10: Ministerio de Justicia.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

En votación la partida 11: Ministerio de Defensa Nacional.

Corresponde pronunciarse acerca de la indicación número 27), porque la 26) ya se votó.

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 27), de los diputados señores Palma, don Andrés, y Ascencio. Partida 11, capítulo 01, programa 02, Ejército de Chile, glosa 02, para reducir de $ 4.159 miles a $ 2.159 miles.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 27).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 67 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Ascencio, Cornejo (don Patricio), Hernández, Jocelyn-Holt, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Silva y Velasco.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Leay, León, Longton, Longueira, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Prokurica, Recondo, Reyes, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Venegas.

Se abstuvieron los diputados señores:

Girardi, Letelier (don Juan Pablo), Navarro, Pollarolo (doña Fanny) y Riveros.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Por no haber más indicaciones, en votación el resto de la partida 11: Ministerio de Defensa Nacional.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 12: Ministerio de Obras Públicas

El señor Secretario dará lectura a una indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 29), de los diputados señores Palma, don Andrés, y Ascencio. Partida 12, capítulo 02, programa 07, Dirección de Aeropuertos. Subtítulo 31, ítem 74. Reducir de $ 312.420 miles a $ 32.420 miles.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 29).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 76 votos. Hubo una abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Ascencio, Krauss, Silva y Velasco.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Recondo, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Venegas.

Se abstuvo el diputado señor Alvarado.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Por no haber más indicaciones, corresponde votar la partida 12.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 13: Ministerio de Agricultura.

La indicación número 30) se declara inadmisible por contener materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por no haber más indicaciones, corresponde votar la partida 13.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 15: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El señor Secretario le dará lectura a una indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 31), de los diputados señores Palma, don Andrés, y Ascencio. Partida 15, capítulo 01, programa 01, Subsecretaría del Trabajo, glosa 04. Para sustituir en el inciso tercero la expresión “preferentemente” por “prioritariamente”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 31).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Ascencio, Bustos, Ceroni, Jocelyn-Holt, Kuschel, Mulet, Muñoz (doña Adriana) y Velasco.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Arratia, Bertolino, Caraball (doña Eliana), Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, Gutiérrez, Hernández, Jaramillo, Leal, Leay, León, Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Riveros, Rocha, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Valenzuela, Vega y Venegas.

Se abstuvieron los diputados señores:

Cornejo (don Patricio) y Letelier (don Juan Pablo).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Se dará lectura a la indicación número 32).

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 32), de los mismos señores diputados. Partida 15, capítulo 13, programa 01, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, subtítulo 22, para reducirlo de $ 1.359.972 miles a $ 1.349.972 miles.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 32).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 82 votos. Hubo una abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Ascencio y Velasco.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, León, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas y Vega.

Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Juan Pablo).

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Por no haber más indicaciones, corresponde votar el resto de la partida 15: Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo una abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada la partida 15.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña , Álvarez, Allende (doña Isabel) , Arratia , Bertolino , Bustos , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Espina, Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jocelyn-Holt , Kuschel , Leal , Leay, León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Martínez ( don Rosauro) , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas y Vilches .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bartolucci , Krauss , Pérez ( don Aníbal) y Riveros .

Se abstuvo el diputado señor Ibáñez .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En atención a que la indicación 33 fue retirada, corresponde votar la partida número 16: Ministerio de Salud.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

Señor Presidente, tal vez la indicación que su Señoría retiró no tenga mucha importancia; pero, por Reglamento, para ser retirada deben estar presentes en la Sala sus suscriptores, y uno de ellos no está.

Por precedente, pido que se someta a votación, aunque se rechace; pero no puede ser que se retire, porque uno de los suscriptores así lo decida.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

El diputado señor Montes es el autor de la indicación, y quienes adhirieron a ella también están de acuerdo en retirarla. En consecuencia, su observación no corresponde.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, hablé con el diputado señor Palma para retirarla.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, si está suscrita por el diputado señor Palma , el diputado señor Juan Pablo Letelier tiene razón. No sentemos precedentes equivocados para el futuro.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Señor diputado, estoy de acuerdo que como precedente no corresponde; pero en este caso tiene el visto bueno de quienes acompañaban al diputado señor Montes.

Corresponde votar la partida 17, del Ministerio de Minería.

La indicación número 34 se declara inadmisible, porque incide en la administración financiera del Estado.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación número 35.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación número 35 es de los honorables diputados señores Mulet, Lorenzini, Mora y Silva.

En la partida 17, capítulo 01, programa 02, glosa 01, letra d), sustituir, después del primer punto aparte y de la segunda coma, la expresión “con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gastos”, por “mediante una autorización expresa de nuevos recursos por ley”.

El señor MULET.-

Señor Presidente, que se aclare que el texto leído no es el mismo que tienen los señores diputados.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

La indicación que todos tenemos no es la que corresponde. Por eso no entendíamos. La Sala aceptó que se modificara la indicación en los términos en que la leerá nuevamente el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es para reemplazar la expresión “con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gasto” por “mediante una autorización expresa de nuevos recursos por ley”.

El señor DITTBORN.-

Señor Presidente, ¿a qué hora se presentó esa indicación?

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

La verdad es que se discutió en la Mesa. La indicación es bastante confusa, pero es inadmisible, porque la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Se declara inadmisible.

Se va a dar lectura a la indicación número 36.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los diputados señores Mulet, Mora, Silva y Lorenzini, a la partida 17, glosa 01, para eliminar el inciso final, que dice: “Los recursos de esta asignación sólo podrán incrementarse mediante autorización expresa otorgada por ley”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 36.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 60 votos. No hubo abstenciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Arratia, Ascencio, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Espina, Girardi, Krauss, Lorenzini, Mora, Mulet, Ojeda, Palma (don Joaquín), Pareto, Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Silva, Velasco y Vilches.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Bertolino, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Encina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Molina, Monge, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Rocha, Rojas, Salas, Seguel, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Vargas y Vega.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde votar el resto de la partida 17: Ministerio de Minería.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

El señor MULET.-

Con mi voto en contra.

El señor LORENZINI.-

También con mi voto en contra.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde votar la partida 18: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se va a dar lectura a la indicación número 37.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de su Excelencia el Vicepresidente de la República, a la partida 18, Ministerio de Vivienda.

“En el resumen, a nivel de la Partida: glosas: Incorporar la glosa 02 como sigue:

“02. En las licitaciones que realice el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá incluirse como alternativa el uso de los mecanismos y procedimientos señalados en el decreto supremo Nº 81, de 1999, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, previa validación y celebración de un convenio con personas naturales o jurídicas del sector privado para tales efectos”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 37.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Bertolino , Bustos , Caminondo , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Díaz , Dittborn , Encina , Espina, Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Krauss , Kuschel , Leal, León , Letelier ( don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora , Muñoz ( doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Riveros , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vega , Velasco y Venegas .

Votó por la negativa el diputado señor Rocha .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

La indicación número 38 es inadmisible, porque es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por no haber más indicaciones, corresponde votar el resto de la partida 18: Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada la partida 18.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña , Alvarado , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Bertolino , Bustos , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Elgueta , Encina , Espina, Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Leay, León , Letelier ( don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes, Mora, Naranjo , Navarro , Núñez , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pollarolo ( doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Riveros , Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco y Vilches .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez y Van Rysselberghe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Caminondo y Kuschel .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Como ya se votó la indicación número 39, corresponde votar la partida 20: Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida número 21: Ministerio de Planificación y Cooperación.

El señor Secretario dará lectura a la indicación formulada a dicha partida.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 40, de los diputados señores García, don José; Galilea, don Pablo; Dittborn, señora González, doña Rosa; señores Álvarez y señora Ovalle, doña María Victoria.

Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Planificación y Cooperación.

“Para sustituir en el ítem 31.536, “Trabajos solidarios”, la cantidad de $ “174.537” por $ “10”.”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 40.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Díaz, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Mora, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas y Vega.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco y Venegas.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Corresponde votar la indicación número 41, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 41, del diputado señor Navarro.

Partida 21, capítulo 01, programa 04.

Para incorporar la siguiente glosa al subtítulo 25, ítem 33.002.

“Los organismos ejecutores, una vez determinado el financiamiento de los respectivos programas, deberán remitir copia del informe del gasto e inversión a las instituciones indígenas reconocidas por Conadi en la zona beneficiada dentro del plazo de 15 días de elaborado dicho informe”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 41

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Bertolino, Bustos, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Orpis, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rocha, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega y Vilches.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Ascencio, Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Mora, Núñez, Ojeda, Ortiz, Pareto, Reyes, Riveros, Salas, Seguel, Silva y Velasco.

Se abstuvo el diputado señor Lorenzini .

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Las indicaciones números 42 y 43 fueron retiradas por su autor, el diputado señor Alejandro Navarro .

Corresponde votar la indicación número 44, a la que va a dar lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación número 44, del diputado Navarro.

Partida 21, capítulo 05, programa 01.

Para incorporar la siguiente glosa al subtítulo 25, ítem 31.001, 565, 573, 610, 611 y 612.

“Los programas ejecutados bajo esta asignación deberán ser remitidos antes del inicio de la ejecución presupuestaria a la Cámara de Diputados y a cada uno de los ministerios públicos relacionados con éstos”.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

En votación la indicación número 44.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Bertolino, Bustos, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, Espina, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Melero, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rocha, Rojas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Vargas, Vega, Velasco y Vilches.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Caraball (doña Eliana), Cornejo (don Patricio), Krauss, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Mora, Núñez, Ortiz, Riveros y Salas.

Se abstuvo el diputado señor Mesías.

El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-

Las indicaciones números 45 y 46 fueron retiradas por su autor, el diputado señor Alejandro Navarro.

Declaro inadmisible la indicación número 47, del mismo señor diputado, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Por no haber más indicaciones, corresponde votar el resto de la partida.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

La indicación número 48 ya fue votada.

La indicación número 49 se declara inadmisible, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Corresponde aprobar el resto de la partida 22.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde votar la partida 50: Tesoro Público, a la que no se le han formulado indicaciones.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Con esto se dan por aprobados los artículos 1º y 2º, que contienen las cifras de todas las partidas que acabamos de aprobar.

Por lo tanto, se da por aprobado y despachado el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 2001.

VALPARAISO, 14 de noviembre de 2000

Oficio Nº 3139

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2001, según el detalle que se indica:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2001, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.-Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario del año 2001, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no estén incluidas en esta ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para el ítem 53 "Estudios para Inversiones".

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2001, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2001, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2001, o se hubieren iniciado en 1998, 1999 y 2000, la suma de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se determinen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos de inversión correspondientes al año 2001, en el decreto de identificación que se dicte conforme al artículo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas y montos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, con copia a la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad donataria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al de las autorizaciones.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado, y para pactar en las compras que efectúen o en los contratos de inversión en obra determinada que celebren, incluyan o no la administración o mantención del bien y cualquiera que sea la denominación del contrato, el pago de todo o parte del valor, precio o renta en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario. Igual autorización requerirán para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios, asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la presente ley.

El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834.

Artículo 14.- Las recuperaciones a que se refiere el artículo 11 de la ley N° 18.768, que perciban los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley, constituirán ingresos propios y se incorporarán a sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2001 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al 2000, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65%al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;

10%al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.

Artículo 16.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 17.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas.

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional.

Asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción deberá remitir en todo caso la información mencionada respecto de sus institutos, que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Además, esta información precisará para cada uno de ellos los ingresos que se originen en servicios prestados o productos suministrados al Estado, sus organismos y empresas, y los que correspondan a entidades privadas.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 19.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro.

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el programa a evaluar.

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar.

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas a evaluar durante el año 2001; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán.

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de Agosto de la referida anualidad.

Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas y resultados de su gestión.

Para estos efectos, en el año 2001 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional.

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

Artículo 21.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. Las visaciones que correspondan por aplicación del artículo 13 de esta ley, serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quién podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente.

Artículo 22.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del año 2001, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.".

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Hago presente a V.E. que el artículo 3° del proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, con el voto conforme de 83 señores Diputados, de 113 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde discutir en particular el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2001, informado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, ya que, dado su trámite especial, no corresponde discusión ni aprobación en general. (Boletín Nº 2589-09).

--Los antecedentes sobre el proyecto (2589-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

Se da cuenta del ingreso del mensaje del Ejecutivo, sesión 1ª, en 3 de octubre de 2000.

En segundo trámite, sesión 11ª, en 15 de noviembre de 2000.

Informe de Comisión:

Especial Mixta de Presupuestos, sesión 11ª, en 15 de noviembre de 2000.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En conformidad al Reglamento, se darán por aprobados todos los artículos y partidas presupuestarias en los cuales no se hayan formulado indicaciones. De igual manera, quedarán aprobadas las partes de aquellos en las que no incida alguna indicación.

El plazo para presentar indicaciones, conforme a lo acordado por los Comités, venció a las 10 de hoy, y han llegado a la Mesa seis.

--Quedan aprobados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Solicito autorización para que ingresen a la Sala el señor Director de Presupuestos , don Mario Marcel, y sus asesores.

--Se accede.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami, Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, paso a informar acerca del desarrollo del debate al interior de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Los aspectos fundamentales del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2001 son conocidos y, en consecuencia, no tiene sentido repetirlos ahora. Sí quisiera hacer presente que, a mi juicio, la Comisión Especial ha hecho un trabajo particularmente bueno este año. Estamos despachando el Presupuesto en un tiempo francamente récord: hoy es 15 de noviembre y, al parecer, ésta va a ser la última fase de tramitación del proyecto en el Parlamento.

Ha sido importante, también, el alto nivel de acuerdo que ha existido en la discusión. Se han despachado las 23 partidas que estructuran el Presupuesto de la Nación y los 22 artículos del proyecto, incluidos los artículos 1º y 2º, que establecen el cálculo de ingresos y la estimación de gastos.

El Presupuesto para el año 2001 contempla un total de ingresos de 10 mil 222 millones de miles de pesos, en moneda nacional, y de 857 mil 790 miles de dólares. Se ha confeccionado estimando un crecimiento del producto de 6,25 por ciento para el próximo año, un precio del dólar de 550.8 pesos y una inflación de un nivel de 3 por ciento anual. El precio del cobre, por su parte, fue estimado, en el corto plazo, en 88 centavos de dólar la libra.

Como se ha dicho, este Presupuesto incorpora un cambio de gran relevancia en cuanto a la conducción de la política fiscal, al haber sido diseñado para alcanzar un superávit estructural del 1 por ciento. Para cumplir con dicha meta, el proyecto se compromete para el año 2001 con un gasto con efecto macroeconómico del 5 por ciento real y un crecimiento del gasto en funciones sociales del 7 por ciento.

Creo importante señalar que hay, en consecuencia, una contribución significativa al proceso de reactivación de la economía nacional. El aumento del gasto con efecto macroeconómico del 5 por ciento para el año 2001 se compara favorablemente con el porcentaje de aumento del gasto de 3,3 por ciento en el Presupuesto vigente para el año 2000.

Un aspecto particularmente destacable de este Presupuesto es su contribución a la lucha contra el desempleo. Lejos, el cambio más importante que experimentó el proyecto respecto de la redacción original con que ingresó al Parlamento tiene que ver, justamente, con las nuevas normas en materia de empleo.

En la Partida Tesoro Público se crea lo que se denomina un "Fondo de Contingencia contra el Desempleo". Éste constituye un ítem nominal de 10 mil millones de pesos excedibles hasta en 100 mil millones de pesos, mediante decretos del Ministerio de Hacienda, siempre que la tasa nacional de desocupación determinada por el INE supere el 10 por ciento o cuando dicha tasa sea superior al 9 por ciento. ¿De qué se trata? De una provisión muy importante de recursos para los efectos de que el Gobierno pueda evitar que durante el próximo año 2001 la tasa de desocupación, particularmente en los meses de invierno, supere el 10 por ciento, como desgraciadamente ocurrió en el presente año.

Dicho planteamiento se hizo desde el primer momento en que ingresó el proyecto a discusión al Congreso Nacional y me parece a mí muy importante la indicación que incorporó el Ejecutivo para crear este Fondo de Contingencia contra el Desempleo, el cual es, lejos, la mayor innovación que ha sufrido el Presupuesto con ocasión de la discusión al interior del Congreso.

Otras modificaciones que experimentó el proyecto en el curso de su discusión tienen que ver con una norma que permite garantizar de manera más estricta el destino del 65 por ciento del precio pagado por la venta de activos públicos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Existe una antigua disposición que establece que cada bien vendido por ese Ministerio debe destinarse en 65 por ciento a los gobiernos regionales. Ocurre, sin embargo, que cuando un bien es previamente destinado a otra repartición pública y ella procede a su venta, la norma referida no se aplica. Ante esa situación, el articulado del proyecto deja claramente establecido que en ese caso también corresponde la destinación del 65 por ciento al gobierno regional.

Como ha sido ampliamente comentado en la prensa, otro de los aspectos que generó debate en la Comisión es el aporte especial a la Universidad de Chile. En todo caso, va a ser tema de discusión durante esta sesión de la Sala del Senado. Debo informar, sí, que la Cámara de Diputados aprobó una indicación que establece un aporte especial a dicha universidad en los términos en que inicialmente fue presentada por el Ejecutivo .

Otros cambios que sufrió el proyecto en el curso de la tramitación tienen que ver con el aumento de presupuesto en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y la autorización para que la JUNJI y la fundación INTEGRA puedan ser parte de los financiamientos establecidos en el programa adicional de subvenciones para la educación preescolar.

Asimismo, hay innovaciones en cuanto a los Ministerios de Agricultura y de Salud, a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda, particularmente en lo relativo a los aportes al Cuerpo de Bomberos.

No quisiera terminar este informe sin hacer presente cuáles son los contenidos fundamentales del protocolo adicional suscrito por los Presidentes de todas las Subcomisiones de Presupuestos y por el Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos. Este protocolo permite avanzar en ámbitos fundamentales.

Por una parte, posibilitará un avance significativo en todo lo que se refiere a la eficiencia y la transparencia. En virtud de aquél, se va a continuar con las evaluaciones de distintos programas públicos. Una novedad respecto de los protocolos anteriores es que el listado de los 20 proyectos que van a ser sometidos a evaluación durante el próximo año ya es conocido y forma parte del protocolo suscrito.

Se agregan, a su vez, dos estudios de impacto. Es decir, estudios con un mucho mayor nivel de detalle. En esta ocasión, corresponderá iniciar el programa de estudios de impacto con una evaluación del Fondo de Tierras y una evaluación de los recursos destinados al deporte a través de la DIGEDER.

Estas normas de eficiencia y transparencia establecen, también, límites claros y precisos al pago de honorarios. Existe un compromiso con el Ejecutivo para los efectos de legislar respecto de los cargos de exclusiva confianza. Por otra parte, se continúa avanzando en un conjunto de instrumentos de modernización de la gestión financiera.

Me gustaría agregar que el protocolo establece, además, un conjunto de mejoramientos en los procedimientos de discusión de la Ley de Presupuestos. Concretamente -y me parece que se ofrece aquí una oportunidad muy interesante para el Congreso Nacional-, se dispone la creación de una instancia en el Parlamento, hacia finales de mayo y principios de junio, que pueda cumplir con un doble propósito: por una parte, conocer las conclusiones de los estudios y de las evaluaciones de los programas públicos, más las dos evaluaciones de los estudios de impacto, para los efectos de poder utilizar las conclusiones de esos estudios en la discusión del Presupuesto del año siguiente, evitando lo que ocurría hasta ahora, en el sentido de que las conclusiones de esos estudios llegaban en un momento en que ya la discusión del Presupuesto prácticamente estaba iniciada, con lo cual se podía hacer bastante poco con los resultados de esos estudios.

Por otra parte, quedó también establecido en el protocolo que la instancia que se constituía a principios del mes de junio, pudiera -sin perjuicio de las facultades privativas del Ejecutivo en la materia- entregar algunas orientaciones para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos.

Por último, quiero hacer presente que, en virtud de dicho protocolo, se han consignado también los recursos necesarios para realizar estudios en seis ámbitos de particular importancia, que son los siguientes: evaluación integral de los programas habitacionales; análisis del valor económico estimado de las empresas públicas y su evolución durante la década de los 90; identificación y cuantificación del conjunto de los pasivos contingentes del sector público; proyección de los compromisos fiscales asociados a la garantía estatal de pensiones mínimas, y proyección financiera de la situación de los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, identificando las posibles medidas para prevenir futuros déficit.

Esos son los elementos fundamentales incorporados al protocolo adicional, suscrito entre representantes de la Oposición y del Gobierno con las autoridades del Ministerio de Hacienda.

Eso es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Deseo hacer presente a los señores Senadores que no hay discusión general del proyecto. Por lo tanto, si alguien usa de la palabra debe ser para algo puntual de procedimiento. Luego, cuando se debatan las partidas sujetas a indicaciones, también pueden solicitar la palabra.

Para esos efectos le otorgo la palabra al Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, quiero referirme a dos situaciones respecto de las cuales no se ha formulado indicaciones y que, por lo tanto, no veo otra oportunidad que ésta para hacerlo.

No es materia susceptible de indicaciones; sin embargo, respecto al menos de una de ellas, hubo el compromiso de clarificarla en esta instancia. Me refiero específicamente a la Partida Ministerio de Agricultura, programa para la recuperación de suelos degradados. Tal programa -hay que identificarlo- se convino cuando el Senado aprobó la asociación de Chile con el MERCOSUR. En esa oportunidad, y atendiendo los efectos que ese convenio podía producir en la agricultura, se diseñaron medidas de apoyo estructural, que comprendían recursos para la recuperación de suelos, particularmente la fertilización fosforada en terrenos de origen volcánico, y obras de regadío en la zona centro-sur, en especial, las Regiones Novena y Décima, las cuales podían ser muy afectadas por el MERCOSUR. Ellas dieron gran importancia al diseño de estos programas. Sin embargo, los mismos -evaluados a la fecha- acusan un rezago en los recursos asignados. Es decir, no se han enterado los aportes que se convino. Si se consideran los años desde 1998 al 2000, es posible identificar una falta del orden de los 75 millones de dólares, los cuales no se han entregado para esos programas, en circunstancias de que así estaba acordado.

Sobre lo anterior, se requiere claridad de parte del Ministerio de Hacienda y un compromiso, al menos, de recuperar esos recursos en un plazo prudente en los próximos años, particularmente, en la partida referente a la recuperación de suelos degradados, y en la cual figura ese programa de fertilización fosforada. Ella está siendo perforada por distintas iniciativas, que pueden tener muy buenos propósitos, pero que afectan un modelo de sustento de la agricultura que ha demostrado ser eficiente, en cuanto a la mejoría de la productividad -lo que está permitido por la OMC-, que es el verdadero camino para una agricultura sustentable.

Hemos constatado que el programa para suelos degradados en el 2000 no está siendo ejecutado en los montos previstos, porque se han distraído los recursos, en primer lugar, para atender situaciones surgidas de la cosecha de cereales de marzo pasado, en circunstancias de que las lluvias de verano generaron gran daño; y en seguida, para resolver las aspectos puntuales derivados de ese mismo hecho. Posteriormente, el seguro agrícola implementado también se hizo con financiamiento retirado de ese programa.

Hoy se advierte una preocupación adicional frente a lo que yo estoy señalando, porque la situación afecta al cultivo de raps en las Regiones Novena y Décima. Como bien se sabe, hoy día el cultivo de ese producto está afectado por la circunstancia derivada de lo que sucede con Bolivia, en cuanto a que las bandas de precios están siendo perforadas por la importación de mezclas de aceites no consideradas en la glosa pertinente, razón por la cual es posible no aplicar aranceles, al margen del concepto de banda.

La situación actual en los cultivos de raps es muy compleja, debido a que, habiéndose sembrado con la expectativa de un precio acorde con la existencia de bandas, a dos meses de la cosecha, hay una total incertidumbre. Si no hay solución, se tendrán precios absolutamente por debajo de los costos del cultivo. Y dentro de las soluciones que se barajan una pareciera ser la razonable: crear un subsidio directo, con cargo a los recursos de la partida a que me estoy refiriendo, destinada a la recuperación de suelos.

Es decir, en el lapso de un año, estaríamos viendo que el programa de fertilización fosforada sería afectado por los recursos que se le restaron para destinarlos a la solución de las dificultades surgidas al momento de la cosecha por el mal clima que prevaleció en la época. También lo sería por el nuevo seguro agrícola, cuya finalidad consiste en apoyar puntualmente a un cultivo determinado.

Por esa vía, el programa de fertilización fosforada va a quedar reducido a la nada y será desmantelado en sus recursos, en circunstancias de que se trata de un compromiso en virtud del cual el Senado aprobó la asociación con el MERCOSUR, el que además ha demostrado ser altamente eficiente y que es celebrado y apoyado por los organismos internacionales que regulan el comercio y la libertad de comercio.

Ésa es la situación que quería plantear. Esto lo dimos a conocer en una de las Subcomisiones. Se nos dio cierta seguridad en cuanto a que en esta instancia sería tratado el tema y que se nos propondría una solución.

Por lo anterior, pongo el tema sobre la mesa. Como digo, no es posible formular indicación, pero creo que no debiéramos avanzar sin dejar esto debidamente aclarado y solucionado.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como hay varios señores Senadores que están pidiendo la palabra, hago presente que no hay discusión general del proyecto. Por lo tanto, debiéramos debatir las indicaciones presentadas en cada partida.

Si algún señor Senador quiere que alguna partida se trate en forma especial, debe indicarla, de manera que pueda darle la palabra sobre ella. En caso contrario, podría suscitarse un debate general, lo que no cabe dentro del sistema de despacho de la Ley de Presupuestos. En todo caso, la Mesa no quiere negar el derecho a usar de la palabra a nadie.

El señor PRAT .-

Señor Presidente , lo señalado por mí se refiere a la Partida 13, Ministerio de Agricultura. Supongo que habrá la posibilidad de detenerse en cada partida.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Al comienzo de la sesión, di por aprobados -no hubo observación en contrario- los artículos y partidas que no tenían indicaciones. Y sólo quedan pendientes, de acuerdo con el procedimiento reglamentario, las partidas que han sido objeto de indicaciones.

Sin perjuicio de ello, ningún señor Senador quedará sin poder plantear alguna observación concreta sobre el Presupuesto, como la efectuada por Su Señoría.

Por eso, solicito hacer uso de la palabra en forma breve y sobre un punto específico de alguna partida que no diga relación a materias propias de discusión general.

El señor PRAT .-

Señor Presidente , respecto de la consulta sobre la partida 13, ¿el señor Ministro de Hacienda la responderá cuando lleguemos a ella?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Lo lógico es que el señor Ministro y el señor Director de Presupuestos tomen nota de cada observación y que, antes de entrar a votación, puedan contestarlas.

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , como la Mesa lo ha descrito, se planteó aquí la aprobación en general del proyecto antes del informe del señor Presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos , quien partió de ciertos supuestos que, a mi juicio, no corresponden: señaló que el Presupuesto se había confeccionado sobre la base de un precio de 88 centavos de dólar por libra de cobre. Sin embargo, algunos personeros de Gobierno de carácter relevante han sostenido que este año ese precio sería de 90 centavos de dólar y de un dólar el próximo.

En diversas intervenciones anteriores, hicimos presente que, aun cuando el consumo de cobre mundial habría aumentado en forma extraordinaria, la producción por sobre el consumo había sido prácticamente colosal, lo que había determinado una sobreproducción mundial del metal que llevó su precio al suelo.

En un momento en que especulativamente subía el precio del cobre, esos personeros señalaron que las personas que habían intervenido en la materia no tenían razón. Hoy en día hemos visto la realidad: el precio del metal rojo está a 80 centavos de dólar la libra, habiéndose calculado el Presupuesto para 2001 sobre la base de 88 centavos de dólar. Entonces, me parece que esa proyección cae por su base, porque los cálculos respecto del rendimiento del cobre para el próximo ejercicio presupuestario carecen de contenido real.

Por consiguiente, he querido advertir la gravedad que reviste el hecho de que, no obstante nuestra insistencia de que el precio de la libra de metal rojo sería de 82 centavos como promedio o, a lo sumo, de 85 centavos, algunos personeros de Gobierno han insistido en 90 centavos para 2001 y de un dólar para el próximo, en circunstancias de que hoy es de 80 centavos.

Tales circunstancias hacen poco creíbles las bases sobre las cuales está siendo aprobado el Presupuesto para el 2001.

El otro aspecto al cual me referiré en forma muy breve dice relación a que el ingreso del país ha crecido en total a casi el doble si se comparan las cifras actuales con las de 1989. Pero los recursos han sido distribuidos injustamente entre ciertos sectores de la economía, a la vez que el Estado, para poder atender las crecientes necesidades del país que es el doble más rico que en el citado año, requiere contar con más funcionarios públicos, mejorar las condiciones de los profesores, tener más establecimientos educacionales, dar más salud, etcétera. De manera que el Fisco también es afectado por la injusta distribución de los ingresos, y se hace pequeño frente a las necesidades que el país tiene en su crecimiento y que seguirá teniendo.

En tales condiciones vemos cómo los profesores, los portuarios, los funcionarios de la Administración Pública, la ANEF, etcétera, reclaman por mayores ingresos; pero tenemos un Presupuesto reducido desde el punto de vista del Producto.

El Presupuesto Nacional y el crecimiento del Estado se han quedado estancados. El Estado de Chile es uno de los que tiene menores ingreso con relación al Producto. Por eso, tenemos tantas dificultades sociales.

Señor Presidente , quería poner de relieve los dos aspectos señalados para dejar constancia, en primer lugar, de la mala estimación de la base del proyecto de la Ley de Presupuestos -88 centavos de dólar la libra de cobre- y, en seguida, de la insuficiencia de los recursos asignados con relación al Producto, lo que puede motivar explosiones sociales en los sectores medios y bajos, dado lo injusto de un sistema económico de esta naturaleza.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Insisto en que la discusión general no corresponde en esta oportunidad.

De acuerdo con la norma constitucional pertinente, el cálculo de los recursos corresponde al Presidente de la República y no al Parlamento.

Por otro lado, es indiscutible que se puede dejar constancia del planteamiento de Su Señoría.

Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , con relación a la Partida 13, Capítulo 03, Programa 01, Ítem 31389, Recuperación de Suelos Degradados, debo señalar que la cantidad destinada es inferior a la de años anteriores.

En realidad, carecemos de facultades para aumentar las cantidades propuestas. Sin embargo, reclamamos del Gobierno que use todas sus facultades legales y reglamentarias para cumplir el compromiso adquirido al aprobarse el Tratado del MERCOSUR, en cuanto a que los recursos asignados no sean disminuidos. Deben ser entregados, por lo menos, según las cifras originales, que implican alrededor de 15 por ciento más durante el año.

Se trata de un programa que -como aquí se ha señalado- ha sido extremadamente exitoso. Si surgió algún problema, se ha debido a la insuficiencia de fondos. Tal programa ha rendido los mejores efectos permanentes para el mejoramiento de suelos degradados, principalmente en la región que represento.

Cuando el lunes pasado suscribimos con el Ministro de Hacienda el Protocolo Adicional de la Ley de Presupuestos para 2001, dejamos constancia de que entre las solicitudes hechas por los parlamentarios, está el fortalecimiento del Programa para la Recuperación de Suelos Degradados del Ministerio de Agricultura. Al respecto, el Ejecutivo se comprometió a revisar la situación financiera del programa mencionado durante la ejecución presupuestaria de 2001, realizando sus mejores esfuerzos por incrementar los recursos con cargo a saldos de caja del presupuesto del Ministerio de Agricultura en el 2000 o a recursos sin comprometer en otros programas de dicha Cartera durante el próximo año.

En consecuencia, al hacer uso de la autorización de gastos que significa el presupuesto de la Partida 13, a mi juicio, el Ejecutivo debe omitir algunos gastos, a fin de disponer de los fondos suficientes para reponer, a lo menos, la totalidad de los dineros asignados para el programa en cuestión cuando se aprobó el MERCOSUR y, al mismo tiempo, no caer en el vicio de cargar a los programas derivados de dicho tratado otras acciones, aunque ellas estén destinadas a solucionar situaciones muy urgentes en el agro.

La mantención de un programa y la certeza de que los fondos estarán siempre disponibles son indispensables para su realización. Cuando analizamos la situación descrita, señalamos que la permanencia y la continuidad de ellos nos permitiría recuperar suelos degradados en algunas regiones, principalmente en la Octava, Novena y Décima. Allí es donde realmente ha sido una de las políticas más positivas en cuanto al mejoramiento de la situación social y económica de los pequeños y medianos campesinos, pues, al mejorar el rendimiento de sus tierras, aumentan la productividad de sus ganados, la cantidad de leche obtenida, etcétera.

Por consiguiente, esperamos que el Gobierno, junto con recortar algunos programas del Ministerio de Agricultura, haga honor a la palabra empeñada y este programa tenga, por lo menos el año 2001, lo que se convino al aprobar el tratado del MERCOSUR.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Pido al señor Ministro de Hacienda y al señor Director de Presupuestos tomar nota de las observaciones formuladas por los Honorables señores Prat y Díez.

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , quiero sumarme a la inquietud que respecto de la Partida Nº 13 ha hecho presente el Senador que representa a mi Región, Honorable señor Prat , y referirme puntualmente a la situación que afecta a los agricultores en el mercado de los aceites como consecuencia de la existencia de mezclas que entran al país sin respetar la banda de precios. Esto repercutirá gravemente en los agricultores que están sembrando oleaginosas, en el caso del raps canola. Este cultivo en mi zona -muy deprimida- ha tenido excelentes resultados en cuanto a rendimiento y utilidades. Sin embargo, el ingreso masivo y progresivo de aceites mezclados ha provocado en la práctica la desaparición de la banda y de la seguridad que ésta producía.

La Sociedad Nacional de Agricultura ha solicitado al Ministerio, con el respaldo de PROMOSOL, la dictación de salvaguardias en contra de esas mezclas de aceites, para hacer operable nuevamente el sistema de banda de precios para las oleaginosas. La procedencia de tal medida está siendo analizada por las autoridades, pero hasta la fecha -y de ahí mi preocupación- no han adoptado una decisión definitiva sobre tal situación que, evidentemente, produce gran temor y confusión en una zona que se encuentra sumamente deprimida, especialmente en el área agrícola.

Por eso, adhiero a las aprensiones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra y, por intermedio de la Mesa, solicito que tanto el señor Ministro de Agricultura y el de Hacienda -que se encuentra presente en la Sala- dieran una respuesta taxativa en cuanto a si hay o no una decisión del Gobierno sobre esta materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El señor VEGA .-

Señor Presidente , deseo referirme específicamente a la Partida Nº 11 del Ministerio de Defensa Nacional.

Tuve la oportunidad de concurrir a una de las Subcomisiones donde algunos de los servicios autónomos o semiautónomos dependientes de esa Cartera realizaron sus exposiciones. Allí me impuse del límite impuesto a los presupuestos de dichas organizaciones, en circunstancias de que ellas generan sus propios recursos. Es el caso de varias entidades del sector de la Defensa y de otras que no pertenecen estrictamente a éste, y que para el cumplimiento de sus objetivos son equipadas y estructuradas en forma tal que, al operar sus complejos sistemas, producen externalidades positivas en beneficio del desarrollo nacional, no solamente como un aporte operativo práctico, sino también como factor importante en la investigación y el desarrollo.

Por tal razón, esos especiales organismos del Estado debieran contar con un apoyo y un tratamiento más flexible en lo tocante a sus presupuestos y administración, lo cual permitiría mejorar su capacidad de autofinanciamiento e incrementar el aporte tecnológico que entregan al país. Es el caso de los Servicios Cartográficos, de Salud y de numerosas otras empresas de las instituciones de la Defensa. A modo de ejemplo, me refiero específicamente al Servicio Aéreo Fotogramétrico de la Fuerza Aérea, el cual emplea tecnología de punta en percepción remota, cuyas características particulares son únicas en su género y permitirán que otras organizaciones privadas del país sean capaces en el futuro de desarrollar su propia tecnología. Este servicio, por ejemplo, tiene como límite presupuestario 800 millones de pesos en moneda nacional, según lo indica el Capítulo 27 de la Partida 11 del Presupuesto. Dicho monto es generado totalmente por este servicio; es decir, no constituye ningún gasto para el Estado. Sin embargo, cuenta con la capacidad operativa para generar un monto -autofinanciado- que podría alcanzar el doble de esa cifra.

Es destacable el esfuerzo del Gobierno en el control del gasto público, pero tiene como consecuencia acotar la productividad de éste y otros servicios, y con ello limita el único organismo técnológico de percepción remota que beneficia la labor productiva de empresas públicas y privadas.

Otra de estas organizaciones es la Dirección General de Aeronáutica, integrada por diversas facilidades, servicios y capacidades de infraestructura y complejos organismos técnicos que, desde 1930, han sido desarrollados por el Estado. El crecimiento del transporte de pasajeros ha tenido un incremento de 14 por ciento, y similar situación se presenta con la carga aérea con un aumento de 11 por ciento, y el movimiento de aeronaves, que ha experimentado un crecimiento de 7, 2 por ciento. A contar de 1992 esta Dirección dejó de percibir aporte fiscal y debe financiarse con los recursos provenientes de su sector. Según indica el Capítulo 26 de la Partida 11, tiene como límite presupuestario 42 mil millones, monto que también es generado totalmente por este organismo; es decir, tampoco significa ningún gasto para el Estado. En consecuencia, no debiera habérsele fijado un límite a sus ingresos. Sin embargo, las políticas de gasto público del Ministerio de Hacienda, en este caso, afectan su fuente de ingreso, constituida principalmente por los derechos de embarque pagados por pasajeros y las tasas aeronáuticas respectivas.

Hay otra actividad que no se refiere exactamente a la anterior, y es la exploración y el desarrollo antártico. Bien sabemos que se acaba de promulgar una Política Antártica y que ésta considera una asignación presupuestaria específica para la importante tarea de resguardar nuestra soberanía en ese especial territorio. Dicha asignación no está reflejada íntegramente en la partida presupuestaria correspondiente a la Defensa Nacional en el 2001. Cabe destacar que la Fuerza Aérea, el Instituto Antártico Chileno y las demás instituciones de la Defensa, han logrado, a través de sus diversas operaciones, una capacidad de exploración, investigación, búsqueda y rescate muy consecuente con nuestra presencia y soberanía. Asimismo, se mantiene un directo apoyo a diversas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, como el Instituto Antártico Chino, el Instituto Alfred Wegener de Alemania, el National Science Fundation de Estados Unidos, el Russian Commitee, y por supuesto, el Instituto Antártico Chileno. El presupuesto por este concepto tuvo un incremento de 26 por ciento, el que tampoco corresponde a sus necesidades reales, lo cual obliga particularmente a la Fuerza Aérea a replantear sus actividades y reducir los programas, perdiendo así el nivel tecnológico que con tanta dificultad hemos alcanzado en los últimos años.

Por ello, propongo que el Ministro de Defensa realice un estudio de evaluación de las potencialidades de todas esas organizaciones que, al emplear sus recursos y sistemas en el cumplimiento de su misión, generen externalidades positivas para el desarrollo de la economía del país. Ello con el propósito de establecer una política de Estado que incentive sus fuentes de ingreso y flexibilice la aplicación de sus capacidades, de modo que sus presupuestos y sistemas administrativos sean consecuentes con sus potencialidades.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Se enviará un oficio dando cuenta de su petición, señor Senador, sin perjuicio de que el señor Director de Presupuesto haya tomado nota en tal sentido a fin de dar respuesta a sus observaciones.

Antes de abocarnos al estudio de las indicaciones presentadas, quisiera que la Sala se pronuncie respecto del artículo 3º cuya aprobación requiere de la mayoría en ejercicio de los señores Senadores -en este caso, de 24 señores Senadores-, y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Mixta.

--Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, que emitieron pronunciamiento 29 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en primer lugar, la indicación recaída en la Partida 09 del Ministerio de Educación, Capítulo 01, Programa 01.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

La indicación dice:"Para reemplazar la glosa 16 por la siguiente: "Estos recursos se destinarán a la Orquesta Sinfónica, al Programa de Medición del Riesgo Sísmico, al Departamento de Astronomía, al Teatro de la Universidad de Chile , al Ballet Nacional Chileno, al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, al Ballet Folclórico Antumapu, al Museo de Arte Contemporáneo, al Museo de Arte Popular Latinoamericano, al Museo de Medicina, y al Herbario Nacional de la Facultad de Ciencias Forestales".

Esta indicación fue suscrita por la Honorable señora Matthei .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Debo hacer presente a la Sala que, de acuerdo con la norma constitucional -y así también se lo he informado a la señora Senadora-, declaro inadmisible la indicación, por incidir en la administración financiera del Estado, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Sin perjuicio de ello, la señora Senadora me ha pedido intervenir.

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, formulamos dos indicaciones alternativas a la misma Glosa 16 de la Partida 09 del Ministerio de Educación.

Lo que sucede es lo siguiente. Todos los años (hace ya diez), hemos venido aprobando aproximadamente 6 mil millones de pesos para la Universidad de Chile. En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, presentamos una indicación que fue aprobada por ocho votos contra siete, mediante la cual proponíamos que estos fondos -6 mil 200 millones de pesos- fuesen concursables, para que también algunas universidades regionales u otras instituciones educacionales pudiesen participar.

Se nos dijo entonces que estos recursos eran para la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional Chileno, el Teatro Nacional, el Instituto de Sismología, el programa de medición del riesgo sísmico, el Teatro de la Universidad de Chile y las actividades culturales y científicas, que son de carácter permanente. En atención a ello, solicitamos que tales dineros vayan efectivamente a dichas instituciones, porque tengo muy claro que ellas son patrimonio nacional y que, por lo tanto, deben ser financiadas con la Ley de Presupuestos.

Sin embargo, quiero señalar lo que realmente estamos financiando acá.

El año pasado, por lo menos, lo que se financió fue, en un primer programa, astronomía, sismología, geología, vulcanismo y evaluación tectónica, radiación ultravioleta y desastres naturales, cuyo total alcanzó a mil millones de pesos.

También se consigna el programa cultural y artístico, esto es, el referente a monumentos nacionales, orquestas sinfónicas, Ballet Nacional, Teatro Nacional , Ballet Folklórico Antumapu , Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Popular Latinoamericano y Museo de Medicina.

Pero todo eso suma 2 mil 300 millones de pesos. Es decir, de los 6 mil 200 millones, solamente 2 mil 300 se destinan al Ballet Nacional, al Museo de Arte Contemporáneo, etcétera.

¿En qué se gasta el resto? En actividades que cualquier universidad puede realizar. Por ejemplo, en un programa de trabajo asistencial se habla de vigilancia nutricional y de atenciones dentales, de prevención del consumo de drogas en la juventud.

¿Eso es algo que solamente lo puede hacer la Universidad de Chile? ¿No lo podría realizar la Universidad del Bío-Bío, la de Concepción, la de La Serena o la Austral?

También se hace mención a actividades silvoagropecuarias, detección de plagas, conservación y manejo del bosque nativo. Esto último -y se le pregunto al Senador señor Valdés - ¿no podría llevarse a cabo en Valdivia?

El señor VALDÉS.-

Por cierto, señora Senadora.

La señora MATTHEI.-

¿O en Concepción?

El señor PARRA.-

¡Se hace, señora Senadora!

La señora MATTHEI.-

Sí, señor Senador, pero no con dinero especial.

La cuestión radica en que si se nos dice que aquí hay actividades que trascienden a la Universidad de Chile y que poseen un valor, que son parte de nuestro patrimonio, ya sea cultural o científico, entonces perfecto, financiémoslo, no hay ningún problema. Pero que se diga en la ley a dónde va el dinero. Porque aquí, en el proyecto de Ley de Presupuestos, no se menciona, sólo aparece un monto total de 6 mil 200 millones que, después, no se sabe cómo se distribuyen.

En mi opinión es preferible que aclaremos esto y que se consigne en la glosa correspondiente que tantos millones de pesos irán a la Orquesta Sinfónica, tantos al Ballet, tantos, al coro, tantos, a los museos, tantos al Instituto de Sismología.

Señor Presidente , lo único que puedo decir es que ésa es la razón que se da. Pero la verdad es que la Orquesta Sinfónica funciona en la pobreza más franciscana. El Instituto de Sismología no tiene ni siquiera el instrumental necesario para realizar bien su labor. Y para qué hablar del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, del Museo de Arte Contemporáneo, donde todo el mundo ve cómo se llueve el techo. Entonces, los 6 mil 200 millones de pesos no van a lo que en la prensa se dice que se destinan. En el fondo, lo que hacen es financiar actividades universitarias que también realizan otras universidades.

Y ahí uno se pregunta por qué tenemos que dar 4 mil millones de pesos a la Universidad de Chile, que no entregamos a las Universidades de La Serena, Católica del Norte (que se encuentra en Coquimbo), de Concepción, del Bío-Bío, etcétera.

Lo que sucede es que, en realidad, la discusión está sumamente enredada, porque la Universidad de Chile acarrea una deuda histórica de más de 40 mil millones de pesos. Y mi impresión es que gran parte de este dinero va a tapar el hoyo presupuestario que tiene.

Pero si eso es así, ¡entonces discutámoslo seriamente!

Al respecto, recuerdo que hace algunos años debatimos en el Congreso acerca del déficit, de la deuda histórica, que tenía, por ejemplo, Televisión Nacional de Chile. La saldamos, y de ahí para adelante esta estación televisiva compitió con los otros canales en forma transparente.

En consecuencia, si hay que hacer lo mismo con la Universidad de Chile, si hay que saldar la deuda que posee, estoy dispuesta a que lo discutamos. Pero que de ahí para adelante los dineros se asignen en forma transparente, de acuerdo a la ley de Financiamiento Universitario, y no a través de montos que vienen consignados todos los años sin que sepamos por qué van a dicha universidad.

El otro asunto que también se encuentra pendiente respecto de la Universidad de Chile es lo relativo a la gestión administrativa.

La Universidad de Chile (y creo que algunas otras universidades) cada vez tendrán mayores dificultades para competir, porque las reglas administrativas son sumamente burocráticas.

Si un instituto de investigación científica o una universidad privada quieren atraer o retener a un buen científico, les suben el sueldo. La Universidad de Chile no lo puede hacer, pues se halla sujeta a plantas máximas, a control previo y posterior de la Contraloría General de la República, etcétera.

Entonces, por un lado, estamos pidiéndole que compita, pero con problemas administrativos muy grandes y una deuda histórica enorme, y, por otra parte, le pasamos platas que en realidad no sabemos para qué son.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , creo que la señora Senadora ha planteado un tema bastante de fondo respecto a los límites que la Universidad de Chile tiene para realizar su administración.

Empero, quiero recordar que el Senado no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para despachar el proyecto de ley sobre universidades estatales, que buscaba justamente resolver ese problema.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , tenía entendido que el Gobierno había retirado la ley marco. Lo único que puedo decir al respecto es que, además, esta ley era para todas las universidades, y yo estoy hablando de la Universidad de Chile.

Pero lo que yo pido es que si vamos a estar entregando fondos a la Universidad de Chile, que se nos diga para qué son. Y si en la prensa se consigna que es para la Orquesta Sinfónica, para el Ballet Nacional Chileno, para los museos y para el Instituto Sismológico, debo dejar establecido que, de los 6 mil 200 millones, no más de 2 mil 400 van a esas actividades, y el resto, a otras que perfectamente pueden realizar distintas universidades. De modo que digamos las cosas como son: aquí estamos pasando dinero a la Universidad de Chile para que pueda pagar la deuda histórica.

¿Por qué, mejor, no discutimos la deuda histórica de esa casa de estudios, para ver cómo la podemos saldar y lograr después una competencia sana y clara?

Por lo tanto, formulamos dos indicaciones. Pensé que una de ellas iba a declararse inadmisible, y, por eso, presentamos otra que espero que pasemos a discutir a continuación.

El señor VIERA-GALLO.-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora ?

La señora MATTHEI.-

Con la venia de la Mesa, con todo agrado, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Quiero hacer presente al Senado que voy a declarar inadmisible la indicación. De modo que no habrá debate sobre la materia. En seguida, se pondrá en discusión otra sobre la cual sí Sus Señorías podrán intervenir.

No obstante lo señalado, si la señora Senadora estima conveniente conceder una interrupción, no tengo objeción para ello.

La señora MATTHEI.-

Por supuesto, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor DÍEZ.-

¡No es así, señor Senador !

El señor LARRAÍN.-

¡No es verdad, señor Senador !

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego a Sus Señorías no abrir debate.

El señor DÍEZ.-

¡Señor Presidente , el Senador señor Viera-Gallo está equivocado en esta oportunidad!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , quiero dar respuesta al señor Senador.

El señor DÍEZ.-

El Presidente de la Comisión de Educación ha sido aludido, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Primero se declarará inadmisible la indicación en comento y, en seguida, pasaremos a ver la siguiente, donde podremos abrir debate.

Se declara inadmisible la indicación.

El señor DÍEZ.-

¡Hay una ofensa gratuita, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Se dará lectura a la segunda indicación señalada por la Honorable señora Matthei.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

La indicación está suscrita por el Senador señor Fernández y tiene como propósito introducir a la glosa 16 de la Partida 09, Ministerio de Educación, una modificación consistente en agregar, entre las expresiones "actividades" y "de interés nacional", la palabra "culturales". Con ello esa glosa diría: "actividades culturales de interés nacional".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En el fondo, se trata de destinar los recursos que se asignan a la Universidad de Chile sólo a actividades culturales.

En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero corregir una información dada por el Senador señor Viera-Gallo que no se ajusta a la realidad.

No es efectivo que el proyecto de ley marco de las universidades no se ha podido concretar por falta de acuerdo en el Senado. Lo que sucede es que el Ejecutivo, desde 1993 hasta la fecha, lo ha retirado en cuatro oportunidades mediante indicaciones tendientes a sustituirlo por completo. Y la razón es que los diversos estamentos y las autoridades universitarias no se han puesto de acuerdo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, estimo que no constituye justificación el que, por no haber acuerdo en las universidades, los Senadores no legislemos.

Aquí existe la obligación de legislar. El Gobierno tiene su responsabilidad, por haber retirado el proyecto, el cual no ha podido despacharse por discusiones sólo ideológicas.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Está muy equivocado el Honorable señor Viera-Gallo , señor Presidente .

El señor DÍEZ .-

¡Está en la confusión más absoluta!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Porque, de existir una resolución sobre la materia, el Gobierno podría poner en tramitación el proyecto pertinente, lo que no ha sucedido hasta ahora.

Por lo tanto, rechazo categóricamente lo aseverado por Su Señoría, pues conozco el esfuerzo de los Senadores de todas las bancadas en torno a dicha iniciativa. Y hemos señalado permanente y sistemáticamente al Ejecutivo que durante cinco años se ha perdido la oportunidad de discutirla con el mayor celo. Por una actitud casi autoritaria del Ministerio de Educación, no ha sido posible la participación de los demás estamentos para entregar su opinión sobre ella.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar .

El señor MUÑOZ BARRA.-

Aún no he terminado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Discúlpeme, Su Señoría. Pensé que lo había hecho.

Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , con respecto a la indicación en debate, existe un grave problema, porque los dineros que se consignan en la glosa de la Universidad de Chile no sólo están destinados a actividades culturales. Hay siete programas más que se financian con dichos recursos: de investigación astronómica, de estudios antárticos y otros de suma importancia.

En consecuencia, creo que la indicación presentada es errónea. El Senado no puede transformarse en una especie de organismo administrativo que determine la inversión de los fondos que se destinan a la Universidad de Chile. De lo contrario, yo podría pedir en este instante, por ejemplo, que administráramos los cuantiosos recursos que el Estado asigna a universidades privadas. No estoy en contra de ello. Considero que el Estado debe ser sumamente generoso en la entrega de fondos, no sólo a la educación estatal, sino también a la particular. Pero me parece que hay aquí un exceso de celo que, en vez de agilizar, entraba el proceso educacional en la Universidad de Chile.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , comparto plenamente esta segunda indicación, pero con un alcance.

Pienso que todos reconocemos lo que la Universidad de Chile ha representado, representa y -espero- representará. Sin lugar a dudas, dicho establecimiento tiene un patrimonio cultural que pertenece a toda la nación. Y, desde esa perspectiva, entiendo que la idea es que, de otorgarse los recursos en cuestión, se destinen a las actividades pertinentes, pero sin centrar éstas exclusivamente en la Región Metropolitana. La Universidad de Chile, como su nombre lo indica, debe abarcar a todo el país, de modo que exista la posibilidad de que también llegue a las demás Regiones el inmenso patrimonio cultural constituido por la orquesta sinfónica, el ballet, el grupo folclórico, etcétera.

En tal sentido, pido que otorguemos dichos fondos a la Universidad de Chile, pero sobre la base de que ésta entienda bien la forma como se le asignan: para que las actividades respectivas alcancen a la comunidad toda.

El señor OMINAMI.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor ZALDÍVAR (Don Adolfo).-

Si, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR (Don Andrés).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , deseo aclarar que este aporte especial se hace por indicación del Parlamento, sobre la base de convenios entre la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación donde se establecen, entre otras cosas, obligaciones de proyección en el ámbito nacional de las actividades que realiza dicha casa de estudios superiores.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Agradezco su aclaración y complemento a mis palabras, señor Senador. Pero, lamentablemente, en los hechos ello no se traduce así. La verdad es que todo el enorme patrimonio cultural de la Universidad de Chile y otros establecimientos se centra en la Región Metropolitana.

Por ende, si se entregan los recursos en comento, deben dirigirse a contribuir a que toda la comunidad nacional pueda enriquecerse con dicho patrimonio, lo que hoy no ocurre.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA .-

Señor Presidente , el debate que abre la indicación que nos ocupa no es nuevo. Por desgracia, año a año, desde 1991, la Universidad de Chile se ha visto enfrentada a este mismo análisis y a esta misma clase de decisión.

Lamento verdaderamente que el Presupuesto, en el Capítulo relativo a la educación superior, no haya asumido nunca -tampoco ahora- un conjunto de problemas de arrastre que lo hacen inequitativo para la Universidad de Chile y otras universidades. Y lamento, sobre todo, que en el inicio del Gobierno del Presidente Lagos no se haya hecho un esfuerzo de esclarecimiento y ordenamiento que permitiera el desarrollo cultural, científico y académico del país de manera armónica y definitiva.

El proyecto de Ley de Presupuesto no tiene este año grandes novedades. Ha habido problemas para la Universidad de Chile porque las distintas casas de estudios superiores del país, especialmente las ubicadas en Regiones distintas de la Metropolitana, realizan actividades similares a las indicadas en la glosa. Desde Arica a Magallanes, hay museos sostenidos por universidades que no reciben el mismo tipo de apoyo estatal. Desde Arica a Magallanes, las universidades regionales realizan trascendentes actividades culturales que tampoco tienen soporte fiscal.

Por eso, en algún momento estos recursos presupuestados para la Universidad de Chile aparecieron como discriminatorios. Es hora, naturalmente, de que eso se corrija y se den posibilidades de desarrollo armónico, por el bien del país en su conjunto.

Por otra parte, no debe olvidarse el origen de esta asignación, que viene otorgándose ininterrumpidamente a la Universidad de Chile desde 1988, oportunidad en que el Gobierno de la época se hizo cargo del grave detrimento que había sufrido el presupuesto de aquélla como consecuencia de la caída sostenida del aporte fiscal directo.

Estos recursos, entonces, se han contemplado en Leyes de Presupuesto de años anteriores, y dicho plantel de educación superior ha hecho buen uso de ellos. El mecanismo de los convenios entre la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación ha funcionado adecuadamente, y aquélla nos ha proporcionado la información sobre el uso de los fondos.

Creo, por eso, que no es el momento de innovar en la glosa. Pero, sí, acojo la inquietud planteada por la Senadora señora Matthei y formulo al Gobierno un ferviente llamado para revisar seriamente el Capítulo relativo a la educación superior y construir un Presupuesto que ayude al desarrollo del sistema universitario y de la cultura chilena en un ambiente de real armonía.

Entre tanto, reconozcamos el trabajo de la Universidad de Chile y demos a ésta las herramientas que necesita para poder seguir desarrollándose.

Felizmente, la Comisión de Educación del Senado informó de manera positiva otro proyecto, que es fundamental no sólo para el desarrollo de la Universidad de Chile sino también para el progreso científico del país, y que podremos respaldar unánimemente -espero- en semanas próximas.

Por eso, me pronuncio en contra de la indicación, pues pienso que no conduce al fin perseguido por sus autores: ordenar y aclarar. Pero, sí, asumo el espíritu de ella y formulo al Gobierno el llamado a que me referí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- 

Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente , lo que acaba de manifestar el Senador señor Parra me ahorra en forma fundamental lo que pensaba señalar.

Por ende, simplemente, reitero que el origen del problema está en la drástica reducción del aporte fiscal a la Universidad de Chile producido hace algunas décadas.

En segundo término, la suscripción de convenios es una buena manera de resolver, no una deuda histórica, sino un déficit entre los ingresos de la Universidad de Chile y sus gastos en distintas actividades educacionales, culturales y científicas. Entonces, ese método, que abarca más que actividades culturales -como se señaló-, es una forma de otorgar a dicha casa de estudios superiores el piso que necesita para operar anualmente el conjunto de actividades que hoy día le competen.

Señor Presidente , aquí no se trata de pagar una deuda histórica por una vez y olvidar el problema. No es así. Y por eso el aporte se ha repetido anualmente: es una necesidad de la Universidad.

Además, deseo dejar constancia de que tengo bastantes antecedentes para afirmar que en estos años la Universidad de Chile ha realizado un gran esfuerzo para reducir costos y aumentar la eficiencia, incluido un incremento importante de sus ingresos propios.

Empero, según se ha expresado acá, no conviene innovar, sino que es indispensable atacar el problema de frente a fin de saber cuánto requiere la Universidad de Chile para funcionar eficazmente año a año.

En consecuencia, tampoco soy partidario de la indicación en debate. Y en todo caso, si se deseara presentar una indicación sobre esta materia, tendría que agregarse a lo cultural las actividades científicas y tecnológicas, por lo menos.

El señor ZALDÍVAR, Don Andrés (Presidente).-

Propongo a la Sala, para agilizar el debate, atendido el núnero de inscritos, que se limite a cinco minutos para intervenir, porque se esta reiterando casi los mismos argumentos.

¿Habría acuerdo?

El señor OMINAMI.- 

Sí, señor Presidente

El señor ZALDIVAR, Don Andrés (Presidente).-

Acordado.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , respecto a la indicación y a lo señalado sobre el tema universitario, debo puntualizar que hay una materia pendiente, no abordada por el Gobierno ni por el Parlamento, y ni siquiera por las universidades o el Consejo de Rectores en forma seria y definitiva: qué modelo de educación superior necesita el país y cuál es su financiamiento.

El problema que se produjo con el proyecto de ley marco es que, desgraciadamente, fue planteado como una fórmula para solucionar las dificultades de las universidades estatales. Al colocársele el título pretencioso de "Ley Marco", se entendió que debía resolver el problema global de las instituciones de educación superior prácticamente en su conjunto. Y esa iniciativa, lamentablemente, generó una rara unanimidad en el sentido de que nadie la aceptaba: ni las universidades, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados. Más todavía, ni siquiera hubo claridad entre las universidades estatales para saber lo que se pretendía hacer con la ley en proyecto. Peor aún -para salvar de alguna manera la inteligencia del Senado y de su Comisión de Educación-, a fin de recabar la información necesaria, recurrimos a los personeros de las universidades estatales, quienes sucesivamente fueron siendo consecuentes consigo mismos en el sentido de que cada vez cambiaban sus puntos de vista.

En tales condiciones, se hizo imposible resolver el problema, que sigue pendiente. En tanto no se solucione y, por ende, mientras no se determine sobre el modelo de educación superior, el modelo de universidad estatal, el aporte del Estado y su responsabilidad...

El señor VIERA-GALLO.-

¿Me concede una interrupción, su Señoria, con la venia de la Mesa?

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Con cargo al tiempo de su Señoria, no tengo inconveniente.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , comparto lo manifestado por el Senador señor Ruiz-Esquide . Sin embargo, me parece que podría hacerse algo muy simple y que no necesitaría tanto debate: colocar a las universidades estatales en la misma condición que las privadas para contratar con el mundo de la empresa y así poder competir.

Eso no requiere toda esta discusión, que denomino "ideológica" en sentido doctrinario y no peyorativo, y que por supuesto es indispensable realizar en algún minuto.

Respecto a lo primero, sería cuestión de ponernos de acuerdo y despacharlo.

¡Cinco años ha demorado algo tan simple!

Gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Recupera la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

No quiero ocupar mi tiempo sólo en este aspecto. Pero, en cuanto al planteamiento del Senador Viera-Gallo, debo recordar que ésa fue en su momento una opción tomada por la Comisión de Educación y rechazada por las universidades estatales.

Digo eso para que se tenga conciencia de que el punto, además, fue abordado con criterio kafkiano. Porque la verdad es que nadie entendía nada cuando llegó el instante de resolverlo.

Ahora daré algunos argumentos acerca del aporte a la Universidad de Chile, aspecto que motiva esta discusión.

Esto se halla ligado íntimamente con dos puntos. ¿Es la Universidad de Chile "la Universidad de Chile"? En alguna medida, sí. Por lo tanto, tenemos la obligación de respaldar su quehacer. ¿Es la Universidad de Chile la única que puede hacer este tipo de cosas? No. Por consiguiente, estamos obligados a considerar financiamientos adicionales para ello.

Este debate se da permanentemente. Y si me dicen que el aporte en cuestión es para todo el país, recojo lo manifestado por el Honorable señor Adolfo Zaldívar y manifiesto mi conformidad. Pero si ayer otorgamos a la Universidad de Chile 5 mil millones de pesos y hoy le damos 6 mil millones -o lo que fuere- para desarrollar programas en la Región Metropolitana, no estoy de acuerdo, señor Presidente . Lo digo derecha y claramente.

En consecuencia, pido al Gobierno que, a través del Ministerio de Educación o del de Hacienda , tenga la amabilidad de hacernos llegar el convenio mencionado aquí, para saber exactamente en qué consiste y votar conscientemente.

De otro lado, el problema también radica en un punto adicional: ¿estaremos siempre resolviendo el problema de la Universidad de Chile o, habitualmente, la situación de las universidades y su financiamiento?

En ese cuadro, invito al señor Ministro aquí presente a recoger nuestra preocupación.

Señor Presidente , deseo asimismo que el señor Ministro de Hacienda tome nota de nuestro planteamiento y lo transmita al Ministerio de Educación, a los efectos de que, en forma seria, retomemos el punto abierto, que nunca se cerró bien con el proyecto antes mencionado.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, simplemente quiero sumarme a lo expresado por los Senadores señores Parra y Ruiz-Esquide.

Ahora, respecto de la indicación específica, me parece que existe un conjunto de programas que exceden el ámbito de lo que uno podría entender por cultural en el área científica y otras. De manera que me inclinaré por mantener la forma actual de la glosa respectiva.

En cuanto a la indicación anterior, declarada inadmisible por la Mesa, estimo que de todas maneras el tema seguirá apareciendo. Y, a mi juicio, el hecho de que el Senado establezca rigideces de esa naturaleza, más que contribuir a lo que se busca, cual es desburocratizar, burocratiza y rigidiza más. Porque si se dispone ítem por ítem en qué debe gastar su plata una universidad, se la hace más lenta y burocrática.

Por consiguiente, en el fondo, el problema va en la otra dirección: necesitamos establecer, en un debate más claro, cuál es el rol del Estado en el desarrollo de las universidades estatales, en investigación y en docencia; y, sobre una línea de tal naturaleza, cómo esta política se expresa para la Universidad de Chile y para otras universidades estatales de Regiones que no reciben el mismo trato, lo que debe ser corregido.

Pienso que ello es útil, y sugiero que para el próximo año, evitando reiterar de la misma manera esta discusión y la incertidumbre que ello significa para la propia Universidad de Chile, realicemos previamente en el Senado una sesión especial sobre el papel del Estado para apoyar a las universidades estatales, no sólo de la Región Metropolitana, sino de todas las Regiones del país.

El Presidente Lagos en los últimos meses, como también en su campaña, hizo una definición clara sobre la materia. Y creo que ha llegado el momento de determinar, de cara al siglo XXI, cuál es ese rol, pero sin ideologismos. Mi posición es obvia: al Estado le asiste una responsabilidad especial para con sus universidades y debe concentrar los recursos en esa dirección.

Por eso, estimo indispensable destinar esos fondos a la Universidad de Chile, ya que no podemos desentendernos de la tremenda deuda que arrastra desde la década de los años 80 cuando debió sujetarse al requisito de autofinanciamiento, que es absolutamente desproporcionado e imposible de ser sostenido por ninguna universidad de ese tamaño, debido al deterioro que significa concentrar las energías para lograr que el 85 ó 90 por ciento de sus ingresos provenga de las ventas de servicios.

Por ello, me parece conveniente un debate, previo a la discusión de la Ley de Presupuestos del próximo año, en el que el Gobierno dé a conocer claramente su posición.

Señor Presidente , el Senador señor Muñoz Barra me ha solicitado una interrupción. Con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Sólo deseo aludir a lo manifestado por el Senador señor Ruiz-Esquide . ¿Qué estamos discutiendo: el tema de la Universidad de Chile o el de las universidades de Chile? Podría concretar el análisis de esa frase -que es muy oportuna- señalando que no resulta conducente que cada año se trate de desvestir un santo para vestir a otro. Aquí se está diciendo: "Quitemos a la Universidad de Chile los recursos que permanentemente ha recibido y repartámoslos entre el resto de las universidades del país".

Como lo manifestó el Honorable señor Bitar, mientras el Estado no defina su rol y su protagonismo en el sistema educacional en el contexto general, seguiremos enfrentando estas situaciones que no solucionan el problema.

Y quiero recordar lo que establece el artículo 1º de la ley marco, que revela que no ha habido una actitud clara y transparente con respecto al protagonismo y responsabilidad del Estado. Esa norma dice que las universidades estatales se financiarán con fondos públicos y de otras instituciones. No se señala cuántos son los recursos que el Estado entrega a sus propias universidades. De tal manera que el debate está ahí, virgen, todavía sin explorar.

Insisto: no resulta grato, ni siguiera elegante, quitar a una universidad recursos que históricamente ha tenido para repartirlos a otras. Es importante que seamos generosos, si es que somos consecuentes con lo que planteamos: que la educación es el pilar fundamental para construir un país con desarrollo tecnológico y científicamente apto para competir.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El señor VEGA .-

Señor Presidente , deseo referirme en forma muy breve a los programas de investigación científica y tecnológica que lleva a cabo la Universidad de Chile. Su elaboración ha tomado mucho tiempo, pero, desgraciadamente, no aparecen en la indicación. En mi opinión, deberían agregarse. La materialización de estos programas ha implicado bastantes años de trabajo. Conozco un par de ellos que están muy vigentes hoy. Uno se refiere a la capa de ozono (en los convenios con la NASA participaron técnicos y científicos de la Universidad de Chile); y el otro, a las radiaciones cósmicas, con instalaciones en la Antártica, Isla de Pascua y Arica, proyecto cuya concreción tardó más de tres o cuatro años. Y todo eso no puede cambiarse de la noche a la mañana. Por ello, considero esenciales los aportes para que dicha Universidad realice su trabajo. Además, en estos programas actúa coordinadamente con las Universidades de Tarapacá, respecto a estudios altiplánicos de diversa índole; Austral, en lo relativo a la Antártida; de Concepción; Católica de Valparaíso; de Santiago, etcétera. En fin, son numerosos los proyectos de carácter científico que realiza en coordinación con diversas universidales chilenas. Y esto es muy importante para el desarrollo del país y para el aporte que la Universidad de Chile hace a empresas e industrias nacionales en todos sus niveles. Por lo tanto, es algo que debe mantenerse.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , estoy en contra de la indicación. Me parece que restringir, por la vía de la glosa, actividades culturales es inútil, porque se supone que todo lo que hace la Universidad de Chile es cultura. Entiendo que sus autores tienen una visión un tanto más limitada, que puede ser legítima también, referida a puras actividades artísticas. Pero hay otras de carácter científico que son culturales.

En cuanto al tema de fondo, estoy de acuerdo en que la discusión está pendiente, por cuanto deberíamos tener bastante más claro, que lo que hoy se establece en la ley y se expresa en el debate nacional, cuáles son las funciones que como sociedad se desea encargar a las universidades públicas. Yo creo que las tienen, o deberían tenerlas. En la medida en que eso estuviera claro, también estará claro en adelante el porqué a universidades que tienen ciertas misiones especiales el conjunto de la sociedad, a través del Estado, debe entregarles un apoyo especial y distinto de las otras, por legítimas que sean las otras.

Por lo tanto, sólo me resta decir que me parecen inútiles y mal fundamentadas las dos indicaciones, tanto la declarada inadmisible por la Mesa como la que ahora se propone votar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , fui miembro de la Subcomisión que conoció el presupuesto del Ministerio de Educación y, por consiguiente, la partida a que alude la indicación.

Durante varios años se ha sostenido una larga discusión sobre los aportes entregados a la Universidad de Chile. De paso, quiero señalar que se nos ha rendido una cuenta bastante detallada del muy buen uso de los recursos que se le han otorgado anualmente. No es eso lo que está en discusión, sino el hecho de que se le destine una importante cantidad de recursos para efectuar labores que perfectamente pueden realizar otras universidades.

Aprobaré lo relativo al presupuesto de la Universidad de Chile para no entorpecer sus programas ni su labor. Sin embargo, llamo la atención a que en la discusión de la próxima Ley de Presupuestos las cosas serán muy distintas. Porque quienes representamos a regiones también tenemos propuestas que hacer. Así, por ejemplo, la Universidad de Concepción presentó un proyecto para la construcción de un museo de ciencias naturales, de costo muy bajo pero de gran relevancia para todo el sur del país. No hemos logrado ser escuchados en esta partida.

Durante años se han aprobado recursos para muchas cosas en Santiago, como el centro cultural de la Estación Mapocho; sin embargo, para las Regioes hay una negativa total.

Por eso, estando de acuerdo con la aprobación de esta partida, debo señalar que en esta materia seremos muy duros cuando se discuta la Ley de Presupuestos para 2002, pues estimamos que las universidades regionales deben también participar equitativamente en estos importantes programas, por cuanto tienen capacidad para ello.

El señor PARRA.-

¿Me permite una interrupción,señor Senador?

El señor SABAG.-

Por supuesto, Su Señoria, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- 

Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA .-

Deseo complementar en una frase lo que acaba de expresar el señor Senador. Lo deplorable en esta Ley de Presupuesto es, entre otras cosas, que se discontinuó, sin justificación alguna, el Fondo de Desarrollo Institucional destinado a las universidades regionales, que permitía abordar obras como las señaladas por Su Señoría. Eso, naturalmente, ha causado una legítima irritación de ellas.

Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra Honorable señor Sabag.

El señor PARRA.-

Ya termine, señor Presidente. 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Sólo deseo formular dos observaciones con relación a este debate.

En primer lugar, no debemos olvidar que la Universidad de Chile cubría prácticamente todo el país, que fue dividida y que hoy muchas otras universidades, como la de Valparaíso (que formaba parte de la aquélla), cumplen las mismas funciones. Y esa división ha contribuido, como se aprecia ahora, a acentuar un factor tremendamente negativo, como es la concentración de recursos, objetivos y principios, de una universidad que abarcaba todo el país y que cumplía determinadas funciones, en otra que hoy se halla reducida a la Región Metropolitana.

Lo anterior se relaciona con algo que planteé al señor Ministro de Hacienda cuando realizó en el Senado su exposición sobre el estado de la hacienda pública y respecto de lo cual no tuve respuesta. En esa oportunidad le consulté cuáles eran las políticas del Gobierno en materia de regionalización y cómo se pensaba detener el proceso cada vez más tremendo de concentración.

El libro que él nos hizo llegar acerca de esa exposición contiene un dato estadístico -lo tengo a la vista en este instante- que me deja abrumado: en el último año el aumento de la población en todo Chile fue de poco más de 140 mil habitantes. Y en el Gran Santiago llegó a 120 mil. Si nos atenemos a las cifras indicadas (y suponiendo que sean exactas), en 1999 más del 75 por ciento del incremento de la población del país se habría concentrado en la Capital.

Por lo tanto, muchas de las cosas que nos preocupan debemos apreciarlas en función de este verdadero problema nacional que es la concentración. Una manifestación de ella es lo que acontece con la Universidad de Chile en el aspecto que nos ocupa, pero que también se encuentra en otros campos de acción.

¿Qué se hará para evitar que continúe ese proceso, que puede llegar a extremos absolutamente intolerables?

El señor ZALDÍVAR don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larrain.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en mi opinión, el tema en debate comprende dos aspectos centrales. El primero lo constituye la indicación misma, que reemplaza la glosa relativa a los recursos adicionales asignados a la Universidad de Chile.

Como todos sabemos, las 25 universidades (estatales y privadas) que conforman el Consejo de Rectores y que tienen aporte fiscal directo, reciben periódicamente una cantidad de recursos que pueden utilizar de la manera que estimen conveniente dentro del ejercicio de su autonomía. Si por algún motivo especial alguna de esas instituciones requiere de un aporte complementario, debe solicitarlo al Ejecutivo . Así lo hizo la Universidad de Chile; el Gobierno lo incorporó en el proyecto de Ley de Presupuestos y se le ha otorgado durante varios años.

Si ese aporte adicional se convertirá en una norma de carácter permanente, ¿por qué se incluye separado del aporte fiscal directo? Y si se pretende que ese monto lo utilice la Universidad de Chile para los fines que estime convenientes, no veo por qué deba figurar en una glosa o ítem distinto del correspondiente al aporte fiscal directo. Lo racional sería incorporarlo en éste y que esa casa de estudios superiores lo utilizara a su arbitrio.

Ahora, si lo que se desea es contar con un monto adicional por alguna causa especial que lo justifique -aclaro que no lo pongo en cuestión-, y que dado su carácter excepcional deberá ser temporal, lo razonable sería establecerlo con glosa definida, circunscrito al fin para el cual la Universidad, o en último término el Ejecutivo , lo solicita.

La actual discusión es producto de que en este caso se pide un aporte extraordinario cuyo uso se dejaría al libre albedrío de la institución beneficiada. Esto es lo que genera el conflicto que se intenta subsanar.

Lo planteado por la Honorable señora Matthei y otros señores Senadores, no implica oponerse a que la Universidad de Chile reciba un aporte complementario. Lo puede obtener. Pero si se trata de una cantidad adicional debe contemplar alguna definición sobre objetivos de uso. De lo contrario, sería preferible que el Ejecutivo lo incorporara derechamente en el aporte fiscal directo. Así se zanjaría el asunto de modo definitivo y concluiría esta discusión, que se ha repetido una y otra vez.

Reitero: este punto es central y lo planteo como una forma de dirimir la cuestión, con el objeto de no volver a abordarlo año tras año.

El señor MUÑOZ BARRA .-

De acuerdo.

El señor LARRAÍN.-

Respecto del tema de fondo a que se refirió el Senador señor Viera-Gallo -a mi juicio en forma equivocada y muy injusta para con la Comisión de Educación, por cuanto a ella no le cabe responsabilidad alguna en la parálisis del proyecto de ley marco-, debo manifestar que desde el primer día la voluntad de ese órgano técnico (al cual me incorporé este año) fue reclamar enérgicamente al Ejecutivo por el retiro de la iniciativa.

Sin embargo, como el propósito tanto de la Comisión como del señor Senador mencionado y de muchos otros Honorables colegas es insistir en la materia, propongo oficiar al Presidente de la República a fin de que reactive al menos aquella parte del proyecto de ley marco destinada a permitir a las universidades estatales un funcionamiento más expedito y ágil.

Entre las diversas normas que contiene la iniciativa, hay algunas orientadas en esa línea que me parece indispensable rescatar, porque efectivamente en la práctica se ha producido una competencia desleal -por así decirlo, aunque no intencional- entre las universidades privadas y algunas públicas que no se hallan sometidas a las limitaciones de la regulación aplicable a estas últimas (por parte de la Contraloría u otras entidades), que va en desmedro de su agilidad de funcionamiento y capacidad de respuesta.

Sería bueno que el Gobierno, a lo menos, desglosara esa parte del texto y enviara al Congreso el respectivo proyecto, con el objeto de estudiarlo y otorgar a la Universidad de Chile y al resto de las universidades del Estado capacidad para actuar en el ámbito de su gestión con prontitud y mayor eficiencia en los resultados.

Por eso, solicito remitir el oficio aludido -creo interpretar con ello a quienes han participado en el debate-, en nombre del Senado, a fin de zanjar el punto.

Señor Presidente , el Honorable señor Muñoz Barra me está pidiendo una interrupción. Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.

El señor ZALDÍVAR don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , sólo deseo informar que en varias ocasiones la Comisión de Educación ha solicitado al Ejecutivo desglosar el proyecto y enviar al Parlamento una iniciativa sencilla tendiente a legislar justamente sobre lo planteado por el Senador señor Larraín: la autorización para que las universidades elaboren sus propios estatutos.

Por esa vía se produciría la apertura para una administración más flexible y ágil.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Ha finalizado el tiempo del Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Pido que se envíe el oficio, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Se remitirá el oficio, en nombre de Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Solicito que se mande en nombre del Senado, si la Sala estuviere de acuerdo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se remitiría el oficio en nombre del Senado.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , el año pasado analizamos un tema muy parecido porque la Universidad de Chile había solicitado recursos para llevar a cabo una serie de actividades -hoy de alguna manera se repite la situación- y quedó aclarada la especie. Me parece oportuno este debate por tratarse del Presupuesto Nacional. Estimo que hizo muy bien la Senadora señora Matthei en levantar el punto.

No se trata de discutir -y menos lo voy a hacer yo- acerca de la tradición, responsabilidad e historia de la Universidad de Chile y que todos reverenciamos, particularmente en aquellas materias relacionadas con el arte. Sin ella no contaríamos con lo que actualmente existe en distintas actividades. A éstas las respeto y creo que deben mantenerse.

Es menester entregar los recursos necesarios para el desarrollo de esas labores que, pese a ser un tanto ajenas a las de las universidades normales, fueron iniciadas por ese establecimiento de educación superior y, por lo tanto, deben preservarse porque son útiles para la cultura del país. Me refiero a la orquesta sinfónica, al ballet, al teatro, en fin, a todo lo que la Universidad de Chile ha realizado -por cierto, muy bien- y debe seguir haciendo.

Sin embargo, en el listado de asignación de recursos de la glosa en comento aparecen actividades que me llaman mucho la atención, como la relativa a conservación y manejo del bosque nativo.

Represento a la Décima Región, donde existen dos instituciones de estudios superiores: la Universidad Austral y la Universidad de Los Lagos, enraizadas en la mejor ubicación, por ejemplo, para labores forestales. Además, el INFOR, Instituto Forestal financiado por el Estado, se ha trasladado en parte importante a Valdivia. En esos planteles se estudia el bosque nativo: cuentan con los mejores profesores, con los libros más especializados; realizan debates de categoría internacional; se hallan instaladas alrededor de bosques que poseen características especiales.

Por ello, no veo la razón por la cual la Universidad de Chile haya de tener exclusividad para efectuar actividades en ese rubro. No se trata de prohibírselas. Puede ejecutarlas. No obstante, financiado ese propósito, preferiría que tales recursos se destinaran a instituciones de educación superior que se encuentran en el centro de la actividad correspondiente.

Me resulta muy difícil oponerme a la destinación de unos recursos que la Universidad necesita. Sin embargo, deseo manifestar a sus autoridades, que, según entiendo, se hallan presentes en la Sala (y lo hago con todo respeto, porque soy licenciado de esa Casa de Estudios, de manera que no me siento ajeno a ella), que la Universidad debe ser muy prolija al respecto. No hay razón para que monumentos nacionales tenga algo que ver con dicho plantel. Existe un Consejo de Monumentos Nacionales. He propuesto al Gobierno -sin mayor éxito hasta el momento- que lo relacionado con monumentos nacionales dependa del Ministerio de Bienes Nacionales, como en todas partes del mundo. Éste posee miles de hectáreas que podrían venderse para proteger los monumentos nacionales. En mi zona se queman cada dos, tres o cuatro meses, y luego no hay cómo recuperarlos. Debe existir una mejor organización en tal sentido. No veo por qué una universidad está a cargo de algo que corresponde al Estado.

Así hay otra serie de actividades, como las relativas a Isla de Pascua y otras, que nada tienen que ver ni con la ciencia ni con investigación.

Por lo tanto, creo que este debate ha sido útil. No voy a discriminar en cuanto a qué debe hacer o no hacer la Universidad, porque no me siento con categoría para eso. Sin embargo, de una vez por todas -ésa es mi posición-, como lo han dicho aquí los Honorables señores Larraín y Adolfo Zaldívar , las universidades tienen que ser protegidas racionalmente por el Estado, de modo que las más capaces obtengan mayores recursos.

En segundo lugar, no es posible que una universidad que está en Santiago, y que hoy no realiza actividades en provincias como lo hacía antiguamente -en tiempos del rector don Juan Gómez Millas -, siga concentrando recursos, capacidades, investigaciones, en una ciudad que crece, como lo mencionaba el Senador señor Urenda , en forma absolutamente irracional.

Conforme a los antecedentes de que dispongo, cada media hora llega a Santiago una familia proveniente del campo, y es gente que requiere atención, servicios, pavimento, etcétera, de lo que se excluye a otros.

Por eso, me parece que debemos empezar, no a castigar a Santiago, sino a crear las condiciones para que las provincias dispongan de lo más importante, que son las universidades, centros de excelencia. De ese modo lograremos contar con la mejor gente para levantar las provincias.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente , en estos diez años en que ha funcionado el Congreso Nacional, parece increíble que una cuestión de esta envergadura no se haya resuelto. Me refiero a la cultura, a la gestión cultural de un país. La mayor parte del debate sobre el Presupuesto se concentra en estos aspectos, adquiriendo éstos gran relevancia, mientras una cantidad importantísima de partidas con sumas muy elevadas, no merecen ni la más mínima discusión, porque se asume que, conforme a los planteamientos del Ejecutivo o a la complementación que aquí se realiza, están bien resueltas. Lo increíble es que demos este espectáculo, donde los aspectos más importantes de la vida nacional, como son las actividades culturales a las que se ha hecho mención, quedan sujetos a un problema de regiones o de capital; de universidad tal, o universidad cual.

La Universidad de Chile nos merece el más grande y profundo de los respetos. Es institucional, fundadora, importantísima en el desarrollo del país. La indicación que interpuso la Senadora señora Matthei es absolutamente clave para fijar los criterios con que estos recursos pueden ir a la cultura. En modo alguno ha sido, ni con mucho, un agravio a la Universidad, como se ha dicho. A mi juicio, lo que se ha esclarecido en el debate es demasiado importante.

Sin embargo, no puede ser que cada vez que se discute el Presupuesto de la Nación se llegue hasta el punto de acabar con la Orquesta Filarmónica, o con la Orquesta Sinfónica, expresiones culturales del país, que enorgullecen a Chile. Todo lo que hace la Orquesta Filarmónica Nacional, que está en la Corporación Cultural y a la que, por lo demás, constantemente se le restringe el presupuesto, es una actividad muy costosa. Hemos visto que se declaró en huelga porque los sueldos de su personal no daban para continuar entregando arte.

Resulta que esas orquestas son la expresión de nuestra Facultad de Bellas Artes, la de Ciencias Musicales. Por lo tanto, en la medida en que no les demos la posibilidad de desarrollar un proyecto nacional como el que realizan recorriendo todo el país, terminaremos haciendo abortar los planes educativos universitarios.

Entonces, señor Presidente -excúseme Su Señoría la expresión- aparece como demasiado pobre el que el Senado y el Ejecutivo , a su turno, llevemos 10 años trancados en una glosa -hoy corresponde a la Universidad de Chile, mañana será otro plantel- donde la discusión gira en torno de si se beneficia a las regiones o a la capital. Pienso que debemos mirar la cultura desde una perspectiva mucho más amplia, más profunda. Tal vez destinar muchísimos más recursos. Se habla de un déficit de mil 200 millones, y al respecto se hace un caudal como si el Presupuesto de la Nación fuera a quedar por completo desfinanciado. Cuando en realidad esa cifra será destinada a una actividad que importa a todo el país, y que en América goza del prestigio de contar con una de las mejores orquestas. ¡Cómo no va a ser dramático el hecho de que la Universidad haya tenido que cancelar la participación del afamadísimo Director nacional, Juan Pablo Izquierdo , porque carecía de presupuesto para financiar la actividad, gloriosa por muchos años, de la Orquesta Sinfónica de Chile!

Ojalá sea ésta la última vez que este debate tenga lugar en los términos en que se ha llevado. No sé si a instancias de la Comisión de Educación del Senado, en conjunto con el Ministerio de Educación, con las autoridades culturales del país, en fin, con la gente más relevante, pueda buscarse la forma de allegar los recursos necesarios para que nunca más se produzcan estas discusiones que, en el fondo, se transforman en un espectáculo grotesco. Porque, en definitiva, ello refleja que nuestro nivel cultural, lejos de estar a la altura de lo que puede y debe ser, se halla bastante disminuido, lo que es lamentable.

El señor RÍOS.-

¿Me permite una interrupción, Honorable señor Bombal?

El señor BOMBAL.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Su Señoria disponde de 55 segundos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , todas las partidas que ha mencionado el Senador señor Bombal , sin excepción, pueden ser financiadas por el gobierno regional metropolitano. Existen recursos para ello. No conocemos el monto de la inversión en la capital. Lo mismo pueden hacer los distintos gobiernos regionales en cuanto a los aportes a la cultura y otras actividades importantes para la educación. Si ellos actuaran cumpliendo los objetivos que se tuvieron en vista al crearlos, esta discusión no tendría lugar.

No nos gusta que, como es efectivo, se otorguen recursos nacionales sólo a una universidad, mientras el resto de ellas (también con sus orquestas sinfónicas, con sus grupos de teatro, con sus ballets) permanecen postergadas y carentes del apoyo que recibe la Universidad de Chile.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez, último de los Senadores inscritos.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Cuarta Subcomisión , que trata el presupuesto del Ministerio de Educación y que me ha correspondido presidir e integrar como miembro durante casi diez años, puedo decir que el debate sobre la materia que nos ocupa se ha presentado siempre.

En esa Subcomisión -estoy seguro de interpretar a sus integrantes- tenemos conciencia de que se trata de una destinación indispensable para el funcionamiento normal de la Universidad de Chile y que, en consecuencia, no constituye privilegio alguno por sobre otras casas de estudios superiores.

El Ejecutivo ha presentado siempre este asunto de la misma manera, con un convenio que debe celebrar dicho plantel con el Ministerio de Educación, indicando las finalidades de los dineros. Me parece que esto es histórico, y debe suprimirse. Histórico, porque al comienzo se estableció para demostrar que se trataba de actividades de la Universidad, de larga data, algunas de ellas separadas propiamente del ámbito universitario, que las ha desarrollado siempre en la promoción de la cultura y de la investigación, dentro del país, en áreas que ordinariamente cubría sola, y que hoy están atendiendo otras universidades. Sin embargo, el hecho de que las puedan cubrir otras instituciones de educación superior no significa que debamos sacar los fondos concursables que, según todos sabemos, están destinados a la Universidad de Chile.

Ahora bien, en cuanto a los convenios celebrados durante todos estos años, hay que dejar constancia de dos cosas: Primero, que a través del Ministerio de Educación, conforme al debate habido en la Cuarta Subcomisión de Presupuestos, se le han indicado preferencias a la Universidad de Chile. Por ejemplo, este año se le especificó como preferencia el material y los equipos para el Instituto Sismológico, que están atrasados; en ocasiones anteriores, la formación de médicos oftalmólogos. Y, segundo, que cada año el convenio con el Ministerio ha cubierto las pautas que la Subcomisión le ha indicado. Hemos recibido no sólo el programa correspondiente, sino también la aplicación y la rendición de cuentas, incluyendo actividades artísticas y culturales en Santiago y provincias y el número de doctorados o especialistas que se le ha pedido que forme, con la inversión en determinados aspectos. De manera que la Universidad ha cumplido leal, honesta y fielmente con las obligaciones que se le han impuesto.

Lo lógico, señor Presidente -y aprovecho de decirlo delante del señor Ministro -, sería que este año fuera el último en que estos recursos no pasaran al aporte fiscal de la Universidad de Chile, de manera que esta institución gozara de libertad para disponer de ellos. Así, a futuro nos ahorraríamos esta discusión, que pudo tener razón de ser hace diez años, cuando era dable creer que éste era un fondo privilegiado para la Universidad de Chile.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Con la venia de la Sala, voy a intervenir desde la testera.

Este tema obedece a una discusión presupuestaria que tuvo lugar a inicios de los años 90, cuando yo era Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y también de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por segundo año, se hizo un aporte superior a los 4 mil millones de pesos. El Gobierno planteó que la manera de presentarlo, a fin de compensar la disminución en los aportes directos a la Universidad de Chile, para su normal funcionamiento, era crear una glosa -que ahora se repite- con cierta justificación, en parte real. Pero lo cierto es que se trataba de un financiamiento presupuestario en relación con su aporte directo. De este modo, ha aparecido como una glosa correspondiente a esa Casa de Estudios, que siempre ha sido aprobada en forma traumática después de generar la misma discusión.

La verdad de las cosas -tengámoslo presente todos- es que la Universidad de Chile es la Universidad de Chile, desde siempre: antes, e incluso ahora, sin sus antiguas sedes en regiones. Es una universidad que trasciende la Región Metropolitana, más allá de si absorbe o trata de absorber la actividad universitaria de otros lugares del país. El hecho de asignarle estos recursos no significa limitar las posibilidades de excelencia académica de otros planteles superiores, que también merecen un tratamiento similar, para lo cual se requiere una política universitaria, tal como aquí lo han hecho ver algunos señores Senadores.

Creo que constituiría un error gravísimo restar a la Universidad de Chile 6 mil millones de pesos, porque eso la afectaría en su presupuesto ordinario, ya no sólo para lo que dice relación a la Orquesta Sinfónica o a los estudios de sismología o de otro tipo, ámbitos en los que siempre se ha distinguido. Además, desde un punto de vista de país, la Universidad de Chile es simbólica en el mundo como aquella que representa con mayor identidad a nuestra nación.

El señor HAMILTON.-

¡Muy bien, señor Presidente!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Por lo tanto, pienso que esta discusión ha sido útil en ese sentido. Yo felicito a la Honorable señora Matthei por haber puesto el tema en el tapete. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda en la próxima Ley de Presupuestos, para evitar que gran parte del debate se centre en esta materia, es presentar derechamente los recursos como un aporte directo a la Universidad de Chile, porque ése fue su origen y su motivo.

El señor LARRAÍN .-

Y como glosa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Yo no soy partidario de hacerlo a través de una glosa. Creo que la Universidad de Chile debe gozar de autonomía. Además, aquí hemos dicho que las universidades deben tener autonomía para la gestión de sus propios recursos y en función de eso medir su eficiencia.

Por esas razones, soy partidario de mantener por ahora la glosa correspondiente, que no implica recursos excepcionales para la Universidad de Chile y que sólo significa repetir un mecanismo que se viene usando desde 1991, cuando se le reconoció un déficit en su aporte directo. Ése fue su origen y ahora sólo estamos reiterando lo que se ha venido haciendo todos estos años.

Por eso, acojo lo expresado por la Honorable señora Matthei y otros señores Senadores en el sentido de pedir al señor Ministro de Hacienda que haga lo posible para que en la próxima Ley de Presupuestos esta glosa no vuelva a provocar debates como éste. Ojalá en ese entonces ya tengamos una política de financiamiento a las universidades que permita también a los planteles regionales sentir que existe un instrumento que va en respaldo de su propio desarrollo.

En consecuencia, me voy a pronunciar claramente a favor de la glosa pertinente.

No queda ningún señor Senador inscrito.

Ha pedido la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quiero iniciar mis palabras agradeciendo a esta Corporación por el tiempo que, ya por espacio de algunas semanas, ha dedicado a la discusión del Presupuesto de la Nación...

El señor BITAR .-

¡Aún no ha terminado el debate, señor Ministro !

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

Sé que no ha terminado, pero, como ésta es la primera vez que intervengo aquí sobre esta materia, me imaginé que podría empezar agradeciendo. ¿O Su Señoría va a administrar mis parabienes?

El señor BITAR.-

Sólo quería hacerle presente que faltan otras cosas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego al señor Senador no interrumpir al señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

¡Como Su Señoría no puede administrar mis recursos, parece que quiere administrar mis parabienes! ¡Está bien!

Señor Presidente , sólo deseo hacer algunas observaciones de carácter general, sin dejar de destacar que el tenor de la discusión, tanto de aquella que se generó en la Cámara de Diputados como de la que ha habido en esta Corporación -entendiendo que no ha terminado, como muy bien lo ha recordado el Honorable señor Bitar -, refleja que, en lo grueso, en cuanto a las prioridades que el Presupuesto presenta, así como en las magnitudes que puede absorber, dada la realidad económica del país, el Parlamento ha mostrado un alto grado de consenso. Aunque sea casi una paradoja, el que nos hayamos detenido un buen lapso a discutir partidas tan particulares indica, de alguna forma, como muy bien lo expresaba el Honorable señor Bombal , que en lo más general estamos bastante de acuerdo.

La única observación de carácter más general que se ha realizado durante el curso de la mañana dice relación al tema de cuáles serían los grados de protección que tendríamos en la eventualidad de un precio del cobre bastante más reducido del que estamos proyectando, que es de 88 centavos de dólar. Hoy día en la mañana estaba oscilando entre los 80 y los 82 centavos. Pero eso no debe hacernos desmayar. Los inventarios de cobre han seguido reduciéndose en forma ininterrumpida, y la industria continúa esperando que el precio promedie los 90 centavos durante el año 2001. No obstante, no se descarta que se sitúe en un nivel relativamente más deprimido que el consagrado en el Presupuesto, y, por tanto, es una duda legítima el qué haríamos en tal eventualidad.

En la exposición del estado de la hacienda pública, así como en la presentación del documento relativo a los aspectos macroeconómicos del Presupuesto, realizada por el señor Director de Presupuestos , hemos puesto particular énfasis en que este año estamos concibiendo el ejercicio presupuestario en un contexto de mediano plazo, a través de la fórmula del balance estructural.

Ya en los años 80 Chile fue pionero -su ejemplo fue imitado por muchos otros países- en intentar suavizar aspectos puntuales de sus ingresos públicos -en este caso, por medio del Fondo de Estabilización del Cobre- con el objeto de evitar que la política fiscal y los gastos que hoy estamos discutiendo oscilaran en función de variables que tienden a ser volátiles en el tiempo.

Ahora hemos dado un paso adicional, en cuanto el presupuesto de gasto -en general, 5 por ciento superior al del año 2000 en términos reales- se halla basado en supuestos de ingresos estructurales que tienen relación con condiciones más permanentes de la economía y no con el precio puntual que los mercados acusen respecto del cobre.

En todo caso, desde hace largo tiempo el país ha asumido una actitud prudente, lo que ha permitido la acumulación de suficiente cantidad de recursos en el llamado Fondo de Estabilización del Cobre, por lo cual, en el desgraciado evento de que el precio del metal rojo bajara a 82 centavos o a otra cifra de ese orden, todo lo que habría que hacer es girar recursos desde dicho Fondo, los cuales entrarían al Presupuesto Nacional en forma de ingresos y, por tanto, no comprometerían las partidas de gastos que el Senado está aprobando.

En cuanto a la discusión pormenorizada de hoy día respecto de la Partida 13, no tengo la competencia -dado que soy probablemente uno de los más nuevos acá- para innovar sobre el fondo del tema.

Solamente puedo precisar lo siguiente: tanto la Universidad de Chile como el Gobierno están conscientes de que la actual asignación de recursos para estas partidas ha llegado quizás a su límite. Por eso tomamos el compromiso formal de que, con motivo del próximo Presupuesto, haremos los esfuerzos de presentación y de discusión de tales partidas, para que satisfagan las inquietudes surgidas del debate de hoy y respecto de las que hay consenso.

Sobre el particular, creemos que una vía adecuada consiste en separar las actividades realizadas actualmente por la Universidad de Chile y que tienen un indiscutido carácter nacional, y las que puedan ser desarrolladas por otras instituciones, o por universidades regionales en particular, caso en el cual sería de entera justicia introducir la competencia por recursos.

Un tercer tema que ha concentrado la atención de los señores Senadores esta mañana se refiere al compromiso de fondos para la recuperación de los suelos degradables. En tal sentido reiteramos que en el protocolo de acuerdo celebrado por el Gobierno con los Presidentes de la Comisión Especial Mixta y de las Subcomisiones respectivas se señala con claridad -en una nota al pie de página-, que el Ejecutivo , durante el año 2000, en la medida en que disponga de fondos adicionales, inyectará nuevos recursos a este importante programa.

En el pasado, por fallas de tipo administrativo, de definición de procedimientos, la partida correspondiente no fue utilizada plenamente, lo que dio lugar a reasignaciones hacia otros fondos, como el de seguro agrícola. Por eso, aparentemente, la partida puede visualizarse como menoscabada. Pero no resulta así cuando uno compara la situación con lo que efectivamente se ejecutó en materia de suelos degradables durante el presente año.

De todas maneras, reitero lo planteado en el protocolo: veremos las formas de inyectar nuevos recursos en el curso de 2000, así como tomar el compromiso formal con esta Corporación en cuanto a incrementar los recursos en el Presupuesto del próximo año.

Por último, concuerdo con el Senador señor Urenda en cuanto a la urgencia de descentralizar el país. Las cifras sobre incremento de la población y su concentración en el Gran Santiago son de verdad alarmantes. Pero, por lo menos, creemos que estamos dando un primer paso en este Presupuesto, al haber aumentado de modo muy significativo el porcentaje de la inversión pública en regiones y, en particular, en aquellos ítem de ella cuya decisión es virtualmente autónoma por parte de las regiones.

Estamos todos más o menos convencidos de que en definitiva el mejor vehículo -o quizás uno de los mejores- para producir una descentralización efectiva es la inversión del Estado. En ese sentido se está avanzando.

Con su venia, señor Presidente , deseo solicitar al señor Director de Presupuestos que complemente mi intervención, aclarando algunos aspectos específicos surgidos en el curso del debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Hago presente que en seguida se abrirá votación sobre la partida específica.

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Sólo deseo complementar la exposición del señor Ministro .

A lo largo de los últimos años, hemos ido concibiendo mecanismos de aporte de recursos a las universidades para proyectos institucionales, de los cuales algunos han ido a planteles regionales. En efecto, buena parte del aporte institucional para programas de educación superior, va precisamente a las universidades de regiones. Al respecto debo informar que de los fondos de desarrollo institucional el 80 por ciento se destina a las universidades de regiones, siendo el 70 por ciento de los mismos para el programa de mejoramiento de la calidad de la educación superior regional.

Traigo esto a colación no sólo por el debate de hoy día, sino también porque en la Comisión especial y en la Cámara de Diputados el Ejecutivo señaló claramente su voluntad de continuar y de profundizar el esfuerzo de apoyo a las universidades regionales. Con ello me parece que se recoge la preocupación planteada aquí. Por eso me pareció relevante repetir lo señalado por el Ejecutivo en esa oportunidad.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Y debe tomarse nota también de que en el Presupuesto del próximo año los fondos para la Universidad de Chile se consignarán como aportes directos, a fin de evitar una nueva discusión. Ha habido bastante ánimo por parte de todos para que así sea.

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei sobre la indicación que vamos a votar.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , cuando se inició la discusión sobre la Universidad de Chile, se dijo que todos los recursos eran para financiar actividades culturales y científicas importantes, que son de carácter permanente y que además son privativas de la Universidad de Chile, o que por lo menos ella las ha realizado históricamente.

Yo pensé más que se trataba del problema de cómo financiar todos los años con flujos frescos una deuda acumulada. En la discusión se ha ido aclarando que el problema se refiere a un déficit operacional anual que tendría la Universidad de Chile.

En fin, estos son temas en los que básicamente he pedido que se transparente lo que se financia. Si estamos realmente frente a actividades importantes desde el punto de vista nacional, tanto de carácter cultural como científico, es obvio que debemos financiarlas. Si queremos que se mantengan, el Gobierno o el Estado debe hacerlo. Yo no tengo problema para que concedamos los recursos respectivos. Incluso creo que los fondos que ahora estamos dando son pocos, porque en la Sinfónica, en el Ballet, en el Teatro o en el Instituto de Sismología hay una gran pobreza.

Sin embargo, quiero precisar que quedo plenamente satisfecha con la explicación dada por el Gobierno -o el compromiso asumido por él-, en el sentido de que va a transparentar la discusión para el próximo año.

En ese sentido, señor Presidente , retiro la indicación. Ella tenía por objeto precisamente promover este debate y tratar de comprender qué es lo que se está financiando y cómo debiéramos proceder en los años siguientes.

Deseo aprovechar el hecho de que estoy con la palabra, señor Presidente , para dar cuenta de que el Honorable señor Prat acaba de avisarme que ellos están también plenamente satisfechos con la explicación dada acerca del tema agrícola.

Así que retiro la indicación, declarando que en los Senadores de estas bancas también hay satisfacción respecto de lo dicho en cuanto al otro tema.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Como la indicación a sido retirada, no corresponde votar.

El señor LARRAÍN.-

A propósito de las palabras del señor Ministro , en relación con el cumplimiento del compromiso agrícola, entendemos que las reducciones de las partidas referentes a la recuperación de suelos degradados, tanto las que se distribuyen a través de INDAP como del SAG en la medida en que hayan excedentes de caja, van a ser revertidas y que se intentará recuperar los niveles que debieron tener este año.

Es decir, la reducción de 14,33 en una partida y de 11,57 en la otra se va a recuperar para el 2002, independientemente de lo que pueda hacerse durante el 2000, para llenar el vacío producido con esta reasignación hecha al interior del programa.

Así entendemos las palabras del señor Ministro . Y si así es, entonces, señor Presidente , estamos conformes con el compromiso que se ha asumido.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Estaría de acuerdo el señor Ministro en la interpretación que se ha dado a sus palabras ?

El señor DÍEZ .-

Así lo entendimos todos.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

Sí, señor Presidente ,

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Se dejará constancia de ello.

Queda retirada la indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Respecto de la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, se han presentado tres indicaciones por parte del Senador señor Bitar . En el fondo tienen por objeto rebajar una partida en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo de la Partida 11, por 100 millones de pesos, en el Programa Ejército de Chile y redestinarlas a otros ítem y partidas.

Las indicaciones segunda y tercera la Mesa las declara inadmisibles. Por lo tanto, quedaría sólo la primera, respecto de la cual no tiene sentido el sostenerla por sí sola.

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Agradezco su introducción, señor Presidente , pues pone en un marco bastante alentador el debate y la presentación que haré en este momento, al declarar que las dos últimas indicaciones son inadmisibles y la primera no se justifica, observación que debió evitarse hasta que, por lo menos, se escucharan los argumentos que expondré.

Quiero reiterar a los señores Senadores lo que mencioné en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos: que Chile suscribió en 1997 -o sea, hace tres años- la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción.

Ese compromiso de política internacional es de alto valor ético para el liderazgo de Chile en América Latina y, en particular, para el mejoramiento de las relaciones con los países vecinos en el marco de los nuevos procesos de integración y acuerdos a que hemos arribado con ellos y que favorecen a Chile.

Además, en el norte del país, la puesta en marcha del desminado constituye un requisito para materializar un conjunto de planes de inversión y proyectos entre Chile y Bolivia en el campo minero, en el gas, en el agua y en otros aspectos. El propio Comandante en Jefe del Ejército , en visita reciente a La Paz, expresó el compromiso de iniciar el desminado de artefactos antipersonales.

La ratificación de dicho tratado -ya aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidida en ese momento por el Senador señor Valdés , a la que tuve la oportunidad de asistir, y que ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda- debe llevarse a cabo a la brevedad. Entre tanto, se puede y se debe seguir realizando el desminado por razones estratégicas de interés nacional.

Recientemente la propia Armada de Chile, en presencia del Ministro de Defensa Nacional, procedió a destruir algunas minas antipersonales, lo que ha sucedido antes de que el tratado sea ratificado. Se puede avanzar, porque ésa es la política definida por el Gobierno.

Por lo tanto, tal proceso, a mi juicio, debe continuar el 2001, para lo cual es necesario comprometer recursos. Aquí no los hay y me parece una falla en el Presupuesto.

Por eso, he presentado las indicaciones cuyo texto está en poder de los señores Senadores, las que tienen un sentido emblemático, de compromiso. Con ellas se propone reducir en 100 millones de pesos la partida de 41 mil millones de pesos asignada al Ejército para consumo.

Como Senador, tengo derecho a solicitar que se rebaje una partida. Pero lo que estoy haciendo, como señala el Gobierno, es que esos 100 millones se destinen, en la parte de inversiones regionales, a gastos en desminado. Es una suma pequeña, pero representa un indicio de voluntad política de avanzar en esa dirección.

Ése es el sentido de la primera indicación. Además, espero que el Gobierno acoja las otras dos para reasignar tales recursos con ese propósito.

Porque estoy seguro de que éste es un sentimiento generalizado y compartido incluso por el Honorable señor Pizarro y por otros señores Senadores, estoy dispuesto a escuchar otra propuesta del Ejecutivo , pero que vaya en la misma dirección.

Hago este planteamiento en el convencimiento de que se trata de una señal que refuerza la política internacional de Chile, su prestigio y la política definida por el Gobierno del Presidente Lagos y de la Concertación.

Estimo que una política de desminado es indispensable también para evitar más accidentes como los sucedidos en el último tiempo, cuya ocurrencia choca con una sociedad civilizada; más todavía, cuando quedan muchas minas antipersonales en amplias zonas de parques nacionales.

Por esta razón, considero que debe haber una expresión de voluntad en la Ley de Presupuestos de avanzar en el procedimiento de eliminación de minas antipersonales. Aquí ha habido un entrabamiento. El Gobierno ha dado señales diversas respecto a si debe o no debe señalarse el financiamiento en el tratado pertinente, o si el Senado tiene que aprobar el convenio sin necesidad de indicar financiamiento.

La información de que dispongo es que el Ministerio de Defensa Nacional informó a la Cancillería sobre los montos que requeriría para 10 años, los cuales son bastante elevados. Entiendo que la cifra es del orden de los 200 millones de dólares; pero esto se encuentra en revisión permanente, porque hay tecnologías nuevas que permitirían reducir ese costo.

Además, puede extenderse de 10 a 20 años el plazo, según el propio tratado. De manera que estamos frente a una situación en que las cifras pueden ser variables y debemos afinarlas en el curso de los años. Sin embargo, la decisión política de proceder no puede ser variable y debe manifestarse en un monto en el Presupuesto, aunque ello sea emblemático. Ése es el propósito de la indicación.

Estoy dispuesto a que el Gobierno exprese de otra manera la misma decisión, pero que incluya en el proyecto de Ley de Presupuestos una partida para iniciar, al menos, este proceso, el cual considero de la mayor importancia para los intereses del país y para una vida civilizada en nuestro suelo, especialmente en las zonas fronterizas. Ése es el propósito.

Espero que con estas palabras el señor Presidente aprecie la buena intención, el sentido estratégico y el interés nacional de lo que he manifestado, así como también el señor Ministro . También confío en que sus opiniones iniciales en relación a los aspectos procedimentales, puedan ser contempladas en el marco de lo más profundo de lo expresado en mi intervención.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

En ese mismo contexto y a la luz de la norma constitucional, no me queda sino declarar inadmisibles la segunda y tercera indicaciones presentadas respecto de esta norma.

En cuanto a la primera, reconozco que Su Señoría tiene derecho a rebajar gastos en el Presupuesto. Por lo tanto, corresponde al Ejecutivo tomar nota de sus planteamientos. Si acaso quiere reponer sus sugerencias, tendría que hacerlo en otro proyecto, porque en éste ya no se puede.

Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , quiero recordar a la Sala que cuando se aprobó en el Senado el proyecto sobre adhesión de Chile a la Convención sobre Prohibición de Minas Antipersonales, en la Comisión de Relaciones Exteriores se produjo un debate respecto de los montos involucrados. Por esa razón, intervino la Comisión de Hacienda.

Esto dio origen a la asignación de 200 millones de dólares que necesitan las instituciones armadas para desminar los campos que se establecieron para proteger a Chile. Luego, éste es un problema de Estado.

La señal dada por el Senador señor Bitar es muy buena, porque tiene carácter simbólico. Pero, desgraciadamente, lo propone para ser cumplido con la plata del Ejército, sin mencionarse un dinero extra. Luego, de alguna manera a él se le estarían disminuyendo sus recursos.

Reitero que se trata de un problema de Estado, razón por la cual corresponde afrontarlo al Gobierno de Chile. Quedó claramente establecido que así lo entendían las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comisión. Y se aprobó en ese entendido. Pero ahora nos encontramos con que, después de un año, no existe en el proyecto de Ley de Presupuestos ninguna partida especial que se entregue al Ministerio de Defensa Nacional -nótese, no a las instituciones armadas, a no ser que ellas tengan un plan sobre la materia, que no conocemos- para iniciar el proceso que, como digo, obedece fundamentalmente a una política del Estado chileno.

En consecuencia, señor Presidente , pido al señor Ministro de Hacienda que tome nota de que no puede quitarse esa suma de los presupuestos ordinarios de las instituciones armadas, porque, en primer lugar, ellas ya están al límite de su efectividad; y, en segundo término, por tratarse de un compromiso del Estado de Chile, éste es el que debe colocar dinero, según lo conversado en la Comisión y de acuerdo con lo que se resolvió. La cifra es del orden de los 200 millones de dólares y hay un plazo de 10 años para efectuar el desminado. No quiero que venga el último año para cumplir el tratado, porque, entonces, con el apuro tendremos más muertes.

Ése es mi planteamiento, señor Presidente . Me gustaría que el señor Ministro de Hacienda tome nota de la necesidad de suplementar la partida o de crear un ítem especial. Deberá rendirse cuenta, si se estima necesario; pero lo importante es que el proceso se inicie.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Foxley

El señor FOXLEY .-

Señor Presidente , sólo deseo respaldar en su totalidad el planteamiento del Senador señor Bitar .

Efectivamente el tema se trató el año pasado. Llegó a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se consultó al señor Ministro de Hacienda de entonces para intentar hacer lo que ahora propone el Honorable señor Bitar . Vale decir, tener un ítem aunque el monto fuera relativamente bajo al comienzo, a fin de iniciar el proceso que corresponde a un compromiso internacional de Chile, el cual, a mi juicio, debiera tener prioridad en nuestra política exterior. Corresponde, además, a una creciente conciencia mundial de que éste es un tema en el cual realmente hay que actuar con cierta premura. Desconozco el grado de admisibilidad o inadmisibilidad de la proposición del Honorable señor Bitar , pero la considero absolutamente razonable, prioritaria e importante. Y aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda , reitero lo que planteamos el año pasado a su homólogo anterior en el sentido de que éste es un punto que debemos abordar y al cual deben destinarse por lo menos algunos recursos para iniciar el proceso.

El señor ZALDÍVAR,don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , no cabe duda de que éste es un tema importante, y quisiera complementar lo que aquí se ha informado haciendo presente que efectivamente se encuentra en la Comisión de Hacienda el proyecto de acuerdo, el que ya fue despachado por la de Relaciones Exteriores.

En la Comisión nos pareció importante contar con un informe financiero sobre el costo de este procedimiento, entendiendo, en todo caso, que es bastante difícil tener al respecto un informe financiero muy preciso, entre otras cosas porque la tecnología de desminado está en permanente evolución y, por lo tanto, los costos pueden ir reduciéndose de manera sustancial. Sin embargo, hemos considerado conveniente disponer de los recursos que permitan iniciar este proceso, y no despachar a la Sala un proyecto de acuerdo destinado a transformarse en letra muerta.

Por ello, considero una buena iniciativa la del Honorable señor Bitar para los efectos de establecer un cierto compromiso con el Ejecutivo en esta materia, a fin de enviar a la brevedad el proyecto de acuerdo a la Sala, pero con la garantía de que lo que estamos haciendo no es simplemente un acto retórico sin consecuencias prácticas. Para eso requiere, aunque sea una contribución modesta, de algunos recursos para dar inicio a este proceso.

El señor MARTÍNEZ.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor OMINAMI.-

En realidad, el Senador Martínez me había solicitado una interrupción.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

El Honorable señor Martínez había pedido una interrupción al término de la intervención del Senador Ominami. Pero como Su Señoría está con el uso de la palabra, podría otorgársela usted.

El señor VALDÉS.-

Sí, señor Presidente , ¡según lo que vaya a decir!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Puede hacer uso de la interrupción, con la venia de la Mesa.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , concuerdo con los planteamientos del Honorable señor Ominami , pero quiero dejar en claro que cuando hablo de política de Estado ello significa que el financiamiento no puede provenir del presupuesto ordinario de las instituciones, ya que éstas se encuentran al borde de su efectividad con los recursos de que disponen. Debe existir al efecto un programa del Estado, manejado como lo estime necesario.

Nada más.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

¿Está conforme Su Señoria con lo que acaba de señalar el señor Martinez?

El señor VALDÉS .-

Sólo hasta por ahí, señor Presidente , porque el Estado es el dueño de todos los fondos, de manera que la forma como los distribuya es cosa que compete al Ejecutivo .

En realidad, sólo pretendía apoyar las expresiones del Honorable señor Bitar , porque aquí veo una cosa muy curiosa. El Ejecutivo , el Presidente de la República , en uso de sus facultades constitucionales, suscribe un tratado, el que contempla una obligación en el sentido de que, dentro del plazo de diez años, se limpien de minas antipersonales las fronteras de Chile. Así lo estipula el tratado, con la posibilidad de extender a veinte años el plazo.

El Estado, al firmar tal convenio, se compromete a proporcionar los recursos pertinentes. En este entendido lo aprobamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque nos pareció que constituía una obligación del Estado chileno el hacerlo, en función de la seguridad de los habitantes de nuestro país y de que el mundo entero se ha comprometido en la eliminación de tales artefactos. Sin embargo, después se aduce que no hay recursos para ello. Yo no puedo comprender -lo digo sinceramente- que se firme un tratado que obliga al Estado chileno a determinada acción y que con posterioridad éste aduzca que carece de recursos. ¿Para qué firmó el tratado? ¡Desahuciémoslo! Esta actitud no tiene lógica ni presentación exterior.

En cuanto a que la operación cuesta 300 millones, y que es muy cara, la verdad es que no he oído a nadie, de uniforme o de civil, una afirmación en tal sentido. A lo mejor cuesta 80. Sé que hay países dispuestos a entregar incluso gratuitamente el tipo de tanque que se usa en Canadá y otros países para estos menesteres. No soy un experto como para dar una cifra al respecto, pero que el Ejecutivo sostenga que no dispone de los recursos necesarios para cumplir una obligación que él mismo asumió y que nos pida su aprobación, la considero una situación imposible, un divorcio entre el Parlamento, que dice "Denme plata", y el Ejecutivo que responde "Hágalo, porque estoy obligado internacionalmente, pero no puedo proporcionar el dinero". Es algo parecido a lo que hoy se va a discutir en la OEA respecto de una teniente que fue maltratada por su marido.

Pido que el señor Ministro tome nota de esta situación. Creo que el Senado no tiene por qué estar preocupado de si hay dinero o no lo hay. Ése es un problema del Ejecutivo. Si firmó un tratado que lo obliga, estamos de acuerdo con el compromiso que contrajo. Nosotros no manejamos los recursos, sino el Ejecutivo a través del distinguido señor Ministro que nos está observando.

El señor DÍEZ.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- 

El señor Díez le esta solicitando una interrupción, pero le advierto que soló le resta un minuto de su tiempo.

El señor VALDÉS.-

Con todo agrado, con la venia de la Mesa.

El señor DÍEZ .-

Muchas gracias, señor Senador. Sólo ocuparé medio minuto.

Una vez que el Congreso apruebe el tratado y éste se transforme en ley de la República, el Ejecutivo está obligado legalmente a incluirlo en la Ley de Presupuestos. En este momento, no estando aprobado ni ratificado, no está obligado a hacerlo.

El señor VALDÉS .-

En consecuencia, de acuerdo con la tesis del Honorable señor Díez , y con la cual concuerdo, la Comisión de Hacienda no tiene por qué seguir esperando que le digan si hay o no recursos, y debe limitarse a decir "conforme, apruebo el tratado", y lo hacemos aquí. Es el Ejecutivo el que debe encontrar los recursos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor BITAR.-

Con la venia de la Mesa, solicito a su Señoria una brevísima interrupción.

El señor PIZARRO.-

Sí, señor Senador.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , solamente quiero decir que, independientemente de la ratificación del tratado por esta Corporación, lo que, por cierto, es vinculante en cuanto a la obtención de los recursos, hemos ido avanzando en el proceso de desminado por existir una política en este aspecto. Si así no fuera, nos preguntaríamos por qué la Armada gastó, según la información que he obtenido del Ministerio del Defensa, cincuenta mil dólares en la última destrucción de minas antipersonales, en circunstancias de que el tratado no ha sido aprobado. Es decir, hay una política al respecto. Mi sugerencia es que definamos esa voluntad y continuemos adelante, más allá de la fecha en que se apruebe y ratifique ese instrumento, que, sin duda, contemplará más recursos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Pizarro

El señor PIZARRO .-

Señor Presidente, creo que la intervención del Honorable señor Bitar y la indicación que ha formulado justifican ampliamente el debate que se ha producido en la Sala. En efecto, se trata de un compromiso de país. Yo no creo que por parte del Congreso vaya a haber problema en la aprobación y ratificación final del tratado y, por lo tanto, habrá una obligación en tal sentido. Pero en esta Ley de Presupuestos debe haber una partida, por pequeña que sea, que signifique concretar esa señal positiva que se ha venido dando en cuanto a que Chile hará los esfuerzos necesarios para destruir las minas antipersonales.

El Honorable señor Bitar mencionó la demostración que llevo a cabo la Armada hace pocos días en la bahía de Tongoy y que contó con la presencia del señor Ministro de Defensa . Se planteó al país la situación y se dijo que era ésa la forma de hacerlo, dando inicio a toda una política de destrucción de las minas antipersonales. Sin embargo, resulta que esta Ley de Presupuestos no destina un solo peso al efecto. Me parece que, en esa línea, la indicación del Honorable señor Bitar permite por lo menos que el Ministerio de Hacienda se comprometa a dos cosas. Si aprobamos la indicación, habrá una rebaja en el presupuesto de operaciones, por decirlo así, del Ejército. Es cierto. Pero el Ministerio de Hacienda lo puede suplementar, lo puede reponer, y junto con eso tal vez sería bueno que aquí el señor Ministro se comprometa a que esta señal se concrete, declarando que "del Tesoro Público se destinarán 200 ó 300 mil dólares", que es lo que ha planteado, en el fondo, el Senador señor Bitar , para que este año se prosiga con la política de desminado por parte de nuestro país a través de sus instituciones armadas.

Entonces, quisiera aquí por lo menos una respuesta mucho más concreta, porque entiendo que hay voluntad de todos los señores Senadores para que esta política se lleve adelante. Lo que falta es que en la Ley de Presupuestos que nos ocupa estén consignados en alguna parte los recursos mínimos para que este proceso se siga desarrollando.

En tal sentido, pido al señor Ministro de Hacienda -si ello es posible- comprometer en el Tesoro Público que se destinen a la política de desminado, en el presente Presupuesto, 100, 150 ó 200 millones de pesos, que -repito- es lo que se ha estado sugiriendo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Señor Adolfo Zaldivar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , la obligación para el Estado -como aquí muy bien se ha dicho- surgirá cuando el Tratado sea suscrito. Esto me parece mejor si se quiere dar una señal, no sólo por cumplir con un acuerdo, sino por demostrar la intención del país para decir que realmente tomamos muy en serio todo esto.

La verdad es que varios de nuestros connacionales, incluso un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, han sido víctimas de estas minas antipersonales. Mucha gente, además, también lo ha sido.

Sin lugar a dudas, se trata de un problema muy serio. Pero si queremos resolverlo bien, creo que lo planteado por el Senador señor Pizarro , complementando lo señalado por el Honorable señor Valdés , es lo adecuado. En ese sentido, no me parece bien, para tomar conciencia de esto y dar una señal, restarle fondos ordinarios al Ejército de Chile. No considero que ése sea el camino. Aquí el Gobierno debe dejar una partida (ya se verá de dónde; ése será su problema) que responda a una voluntad como la que señalamos.

Pero -reitero- restar fondos a los que corresponden a las Fuerzas Armadas no me parece adecuado. Aquí debe haber una decisión clara del Ejecutivo, y también nuestra, por cierto, en este sentido. Todos sabemos la importancia que ello tiene. Por eso, no debemos hacer las cosas a medias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , me parece que en el punto de fondo existe concordancia. Pero en la parte formal debemos ser muy cuidadosos, porque el mencionado Tratado debe cumplir con su tramitación completa para que efectivamente surja la obligación del Estado respecto de esta materia.

Entiendo -y lo comparto- que deba haber una señal. Pero no nos podemos confundir en cuanto al hecho de que personas que en los foros internacionales hacen cuestión de política internacional y en contra de Chile, puedan el día de mañana utilizar este debate para causar un menoscabo a nuestra propia nación. Me explico.

Me parece que debemos dejar muy claramente establecido que existe la intención de aprobar el punto en discusión. En la Comisión de Relaciones Exteriores que presido se aprobó esto por unanimidad, y se hizo especial mención a que había un problema de financiamiento. Ésa es la razón por la cual el asunto pasó a la Comisión de Hacienda, ya que, en definitiva, esto irrogaba gasto y los recursos correspondientes debían ser autorizados.

Lo que me preocupa es que este debate sea malinterpretado. Lo entiendo en su contexto, porque estamos atentos a lo que se está discutiendo, pero alguien podría sacarlo de contexto y decir simplemente que nosotros estamos retardando innecesariamente la aprobación del Tratado. A mi juicio, esa no es la opinión que existe en la Comisión de Hacienda, y en la de Relaciones Exteriores se lo aprobó oportunamente. Pero, como digo, ante esta situación de atraso un poco culpable podría pensarse que estamos tratando de modificar o arreglar las cosas a través de esta señal.

Ésa es mi preocupación. Porque me parece que tampoco es posible que de los presupuestos ordinarios destinados a determinada rama de las Fuerzas Armadas saquemos una parte para entregar una señal. Si queremos darla, digámoslo y dejemos establecido en una glosa que todavía no existe la tramitación de la obligación legal, aclarando que así se procederá respecto de esa materia.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , éste es un tema extremadamente delicado, especialmente para la Segunda Región. ¿Por qué? Porque allí se instaló una enorme cantidad de minas antipersonales, las cuales se han ido corriendo a través del tiempo debido a fenómenos climáticos, y no existe un verdadero catastro de dónde están. Y se han producido numerosos hechos muy lamentables. Mucha gente ha muerto, muchos han quedado lisiados, y desgraciadamente éste es un problema sobre el cual no hemos hablado lo suficientemente claro como para que no siga subsistiendo.

Además, con las inversiones mineras que se están instalando en el norte cada día surgen más problemas, que en muchas ocasiones no son divulgados por la prensa, pero que, lamentablemente, originan víctimas y pérdidas de maquinarias. Mucha gente joven ha muerto. En el Valle de la Luna, que es un inmenso lugar turístico que cada día recibe a más extranjeros, han muerto personas -y eso no se sabe- y otras han quedado mutiladas. Y eso también nos perjudica en el turismo.

Señor Presidente , a mi juicio, todo el problema de las minas antipersonales y su extracción, más que una cuestión de recursos, importa una voluntad política. Me parece bueno que este tema se discuta a propósito del proyecto de Ley de Presupuestos, pero no es ésta la oportunidad para discutirlo como corresponde.

Deseo señalar, primero, que han venido organismos internacionales de diferentes países del mundo que tienen recursos dispuestos para ofrecerlos a Chile, por los convenios suscritos, con el objeto de sacar estas minas. Hay gobiernos extranjeros que han ofrecido tanques y materiales especiales para el mismo propósito.

Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ahí debe haber -repito- voluntad política del Estado, tanto del Ministerio de Hacienda como del de Defensa. Porque el Ministerio de Defensa tampoco quiere la presencia de organismos internacionales -como lo han expresado las Fuerzas Armadas- para sacar estas minas. Entonces, se trata de un problema de voluntad política. ¿Queremos que las minas sigan ahí o las queremos sacar?

Tampoco se trata de un asunto de seguridad nacional. No por el hecho de que tres o cuatro tanques vengan a sacar las minas antipersonales se va a vulnerar la soberanía de Chile.

Por lo tanto, creo que debemos sacar esas minas y hay que lograr la voluntad política para hacerlo. Los recursos existen.

Ahora, lo que sí se necesita es que el Ejército entregue los proyectos, los programas o los mapas que indiquen dónde se pusieron esas minas, aunque los fenómenos de la naturaleza las hayan movido.

El señor SILVA.-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

La señora FREI (doña Carmen).-

Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Tiene la palabra, Su señoria

El señor SILVA .-

Señor Presidente , he solicitado una interrupción para complementar lo que está señalando Su Señoría.

En tal sentido, me permito relatar lo que pudimos conocer de la materia en 1992.

El Gobierno del Perú pidió oficialmente al de Chile que se levantaran las minas antipersonales en la zona norte. Se desconocía la cantidad exacta de ellas. Solicitamos al Ministerio de Defensa que nos informara cuál era el número de minas que había sólo en la zona norte limítrofe con el Perú. En primera instancia, hubo una negativa. Pero ante la orden explícita del Presidente de la República , transmitida por el Canciller, pudimos saber que en esa fecha había 169 mil minas en la frontera. Además, se nos señaló que en todas las vías de comunicación con la República Argentina había otra cantidad considerable de minas.

Me entrevisté personalmente con el Comandante en Jefe del Ejército , quien me hizo presente que, para sacar las 169 mil minas de la frontera, su institución debía disponer de 4 millones y medio de dólares y contar, además de dicha suma, con el seguro que debía contratarse para cubrir el riesgo de las personas encargadas de extraerlas. En definitiva, dijo que no removería las minas mientras no se pusiera a disposición del Ejército esa cantidad. El Ejecutivo le argumentó que, así como ellos habían dispuesto colocarlas con cargo a sus propios recursos, perfectamente podían sacarlas con sus mismos fondos. El asunto, en último término, quedó tal cual estaba, y hubo que lamentar, entre otros hechos, que un señor Embajador encargado de controlar la región perdiera ambas piernas.

Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Ha concluido el tiempo de la señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Termino de inmediato diciendo que, así como existió dinero para poner las minas, con mayor razón debe haberlo para retirarlas, sea del Ejército, del Estado o de organismos internacionales. No podemos seguir jugando con la vida de las personas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

El señor Ministro de Hacienda pidió la palabra.

Además, llegó la hora de término de la sesión. Una vez que intervenga el señor Ministro , debemos decidir si la concluimos o la prorrogamos hasta las 14 para despachar las indicaciones restantes.

El señor PIZARRO.-

Prorroguémosla, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ello requiere el acuerdo de dos tercios de los Senadores presentes. Lo decidiremos después que el señor Ministro intervenga.

Tiene la palabra el señor Eyzaguirre.

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , solicito autorización para que el señor Director de Presupuestos argumente sobre este tema.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del señor Ministro?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor MARCEL (Director de Presupuestos).-

Gracias, señor Presidente.

Me parece que la indicación presentada y la discusión habida a su respecto apuntan a la manera como se expresa el compromiso del Gobierno en cuanto al cumplimiento de la convención sobre las minas antipersonales.

Según bien señaló el Senador señor Díez , en la formación del Presupuesto la obligación es reflejar las leyes aprobadas. La ratificación del referido instrumento internacional todavía no se ha materializado, como se planteó durante la discusión. Sin duda, una vez que se apruebe, en la Ley de Presupuestos correspondiente se identificarán los recursos del caso.

Sin embargo, lo anterior no significa que el Estado no pueda destinar fondos a actividades ligadas al cumplimiento de ese tratado antes de su ratificación.

En tal sentido, quiero dejar en claro que en el financiamiento para ministerios e instituciones públicas no se detallan todas las actividades por desarrollar. Empero, eso no quiere decir que éstas no se van a llevar a cabo.

En particular, tocante al avance en el cumplimiento de dicho convenio, las actividades que se están desarrollando y las que se realizarán en el futuro próximo tienen que ver con los estudios que es necesario hacer en los ámbitos tecnológico y del financiamiento, según bien señaló la Senadora señora Frei . Estamos en un proceso de definición de cómo vamos a cumplir el tratado desde el punto de vista operativo.

Ésas son las actividades que se deben desarrollar en el futuro inmediato. Y el Ministerio de Defensa cuenta en su presupuesto con los fondos suficientes para financiarlas, así como también los tiene el de Relaciones Exteriores en la parte que le compete.

Por lo tanto, deseo despejar la idea de que por no existir una señal de ese tipo no hay recursos de ninguna índole para avanzar en tales actividades. Quiero dejar muy claro que, para las que se requiere desarrollar en esta etapa, los recursos institucionales del Ministerio de Defensa en particular permiten el financiamiento.

Ahora, en cuanto a las señales, como bien lo expresó el Senador señor Ominami , en la medida en que el proyecto de acuerdo pertinente está en el proceso legislativo -fue remitido a la Comisión de Hacienda, por el problema de los costos-, me parece que la vía más adecuada para darlas es el informe financiero, que habrá de reflejar el estado actual de las estimaciones. Y acá hemos visto los rangos bastante amplios de ellas: se hablaba de 4 millones de dólares, de 200 millones, y en cierto momento, de 400 millones.

Estamos en el proceso de determinación precisa de los costos. Y el informe financiero que enviaremos a la Comisión de Hacienda indicará, por un lado, las necesidades más inmediatas, el costo de las actividades de planificación y de análisis tecnológico, y por otro, los rangos previsibles para el cumplimiento del compromiso completo dentro del plazo de diez años que contempla el tratado.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como señalé, llegó la hora de término de la sesión. Para prorrogarla hasta las 14 se requiere autorización de la Sala. De no haberla, deberé levantarla.

¿Hay acuerdo para prorrogar esta sesión hasta las 14?

Acordado.

El señor VALDÉS.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Sí, Su Señoría.

El señor VALDÉS .-

En relación con lo señalado por el señor Director de Presupuestos , deseo replantear un tema.

Todo convenio internacional irroga gastos, porque no se trata sino de comprometer fondos, viajes, etcétera. Así ocurrió con el envío de tropas a Timor; nadie preguntó en la Comisión de Hacienda cómo se iba a financiar.

Por tanto, nos encontramos ante un asunto muy particular: el Fisco dice no tener dinero; la Comisión anuncia que no aprueba mientras no estén los recursos.

¡Eso da una pésima imagen internacional!

Entonces, el Ejecutivo debe retirar el proyecto y enviarlo nuevamente cuando disponga de los fondos pertinentes. Porque no puede dejarlo en el Senado creando la sensación de que éste no quiere aprobarlo.

En materia internacional se debe ser muy riguroso. En estos días vemos cómo ciertos países atropellan los derechos de las naciones pequeñas.

Seamos claros: todo convenio internacional importa gasto. No sé por qué -y lo pregunto aquí mismo- enviamos el tratado en comento a la Comisión de Hacienda. Y nadie dice cuánto cuesta. Se inventa que son 300 millones de dólares; acabamos de oír que pueden ser 400 millones. No conocemos el costo.

Nos hallamos, pues, ante una situación inconveniente. Creo que la Comisión de Hacienda, o aprueba el proyecto de acuerdo tras pedir al Gobierno que disponga los recursos, o lo devuelve a la Sala para su tratamiento. Porque podríamos seguir indefinidamente sin conocer el costo; el Estado no va a tener los dineros; a la Comisión de Hacienda, en esas condiciones, no le será factible aprobarlo, y la de Relaciones Exteriores hará el ridículo. Porque se trata de un problema internacional. Chile sabrá cómo cumple sus compromisos de esta índole. Y si el Presidente de la República firmó el instrumento, de alguna manera debe poner los recursos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , estoy de acuerdo con la intención que tuvo el Senador señor Bitar al proponer esta indicación, sin perjuicio de que no la estimo muy procedente en su mérito para el asunto de que se trata.

Por el sistema de discusión establecido aquí, llegamos a un punto en el cual, si no damos un paso adelante, el proyecto de acuerdo en comento seguirá en la situación de estancamiento que lo afecta casi por tres años.

Al respecto, deseo recoger ante todo que, en general, existe acuerdo en que Chile debe suscribir el convenio; sobre eso no hay dudas políticas (por decirlo de algún modo). Y ello se expresó, como lo indicó su Presidente , en la votación de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, se ha suscitado un debate en términos de que no puede aprobarse el proyecto mientras no exista una estimación exacta del costo que irroga.

Sobre el punto, lo primero que debe decirse es que no se puede saber hoy exactamente cuánto cuesta. En consecuencia, se está pidiendo un imposible. Porque todavía se desconoce con exactitud cómo se encuentran desplegadas las minas; con qué tecnología se van a sacar; si conviene o no recibir ayuda extranjera, la que en todo caso requiere la aprobación previa del convenio.

Entonces -como se dice vulgarmente-, estamos pisándonos la cola en este asunto. Y eso se debe romper de una vez. Porque mientras se sostenga que si no hay una estimación exacta no se acogerá el convenio, eso significa no aprobar el proyecto de acuerdo, ya que hoy día es imposible hacerla.

De otro lado, los plazos para retirar las minas también son variables. El instrumento internacional respectivo habla de 10 años; pero por declaración de una Parte pueden ser 20; y es factible pedir una segunda prórroga, lo que eleva el plazo a 30 años. Entonces, es distinto un presupuesto a 10, 20 ó 30 años.

Por consiguiente, podría pensarse que la solicitud de un informe exhaustivo envuelve la existencia de un problema político. Empero, no tengo ninguna razón para sospechar que lo haya, pues el convenio concita unanimidad.

Me parece bien efectuar esa discusión aquí -aunque no vamos a resolver el problema-, porque podemos sentar un principio de solución, para que después lo opere la Comisión, en el sentido que indicó el señor Director de Presupuestos . O sea, que sobre la base de analizar los factores señalados, incluso con estimaciones -uno nunca aprueba una estimación-, se exprese lo que también manifestó aquí el señor Marcel con relación a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas: estamos en la etapa A-B, investigativa-operativa, y para este año o el próximo, cuando aprobemos el convenio, se destinan los dineros, y después, en las leyes de presupuesto, determinamos cuántos recursos anuales se siguen añadiendo para que se desarrolle el programa en cuestión.

Creo que ésa es una manera política de resolver el asunto.

La señora FREI (doña Carmen).-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor GAZMURI.-

Por supuesto, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego a los señores Senadores no pedir más interrupciones.

La señora FREI (doña Carmen).-

Necesito sólo un minuto, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si el Senador señor Gazmuri concede una interrupción a Su Señoría, no puedo negársela.

Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , se habla mucho de la globalización; de que todos los países debemos ayudarnos unos a otros; de que los Ministerios de Hacienda piden dinero en todas partes a fin de tener una economía más o menos estable. Pero cuando existen recursos de organismos internacionales destinados a materias como la que nos ocupa (para la paz, para salvar vidas humanas), ¿nos cerraremos y vamos a rechazarlos?

¡Por favor! ¡Echemos a andar los mecanismos y los fondos van a llegar solos!

En mi Región he recibido delegaciones de diversos países que están dispuestos a sacar todas las minas antipersonales.

¿Por qué no aceptamos contribuciones como ésa?

Aceptamos dinero y ayuda de todos lados para la globalización. Sin embargo, para materias tan concretas como ésta, nos negamos a recibir fondos que incluso son regalados.

¡Por favor! ¡Reparemos en el costo humano que significa la existencia de minas antipersonales! ¡Cuánta gente muere a causa de ellas! ¡Usemos los recursos dispuestos en el mundo para eliminarlas!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Terminó su intervención, Honorable señor Gazmuri?

El señor GAZMURI.-

Sí, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde intervenir ahora al Senador señor Ruiz-Esquide; después, al Honorable señor Fernández. Una vez que hayan concluido Sus Señorías, cerraremos el debate.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , me parece extraordinariamente importante discutir este tema, pero tengo la impresión de que estamos enfocándolo de manera inadecuada.

El problema no radica en si hay o no dinero, si pagamos utilizando determinada vía, o cuál sería la repercusión internacional. Aquí todos estamos conscientes de que las minas antipersonales fueron un mecanismo de defensa del país utilizado en cierto momento. Y los señores Senadores provenientes de las Fuerzas Armadas saben muy bien que ése es el sistema de defensa de las naciones pobres. Entonces, yo señalaría al señor Ministro aquí presente que hoy, a la luz del término de la guerra fría y de los acuerdos alcanzados internacionalmente, la cuestión estriba en que en Chile y el resto de los países vecinos nada justifica la existencia de minas antipersonales y, por ende, la tarea ética es, lisa y llanamente, sacarlas. Y, desde esa perspectiva, el problema no arranca de la procedencia del dinero, sino de la determinación de si estamos dispuestos a plantear la eliminación de aquéllas como prioridad.

El señor ZURITA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Excúseme, Su Señoría. Le concederé treinta segundos antes de finalizar mi exposición.

Señor Presidente , planteamos el problema al Gobierno anterior y a los distintos Ministerios, hace ya más de dos años, a través de las acciones que hemos desarrollado incluso con la Fundación Nacional por los Derechos del Niño. Aquí no sólo se trata de analizar si podemos sacar todas las minas existentes. Un primer paso debe consistir en estudiar cómo se extraen. Y eso no necesita un tratado. Por lo tanto, se puede perfectamente tomar el sentido de la indicación del Honorable señor Bitar .

Por mi parte, propongo que el Senado acuerde pedir al Ejecutivo -aquí representado- que tome de una vez por todas la decisión política, señalándola acá, bajo el compromiso de la fe y el honor de nuestros planteamientos, de implementar las medidas requeridas. Porque -insisto- no es necesario el tratado para estudiar cómo extraer las minas.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Eso ya se sabe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ruego a Su Señoría no interrumpir.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

El estudio pertinente es incompleto, señora Senadora, por tres razones: primero, porque no está claro el costo; segundo, porque el costo cambia dependiendo de las técnicas utilizadas, y tercero, porque respecto de las técnicas, según conversaciones directas con UNICEF de Chile, existe la posibilidad de ayuda y de que nos indiquen alternativas. Pero eso requiere la participación del Gobierno, sea por la vía del Ministerio de Relaciones Exteriores o por la del de Defensa.

Por último -y con esto termino-, veo el asunto de manera distinta. Porque Sus Señorías saben muy bien que 80 por ciento de las personas afectadas por las minas antipersonales son niños y que el 85 por ciento queda mutilado gravemente. Más de la mitad de los niños están expuestos a ese peligro en la medida en que concurren a los parques nacionales, participan en los proyectos de turismo o juegan en sus escuelas. En el norte de Chile, específicamente en la Primera Región (algo similar ocurre en la Duodécima), los pequeños se hallan expuestos a sufrir en cualquier momento accidentes a medida que se van abriendo caminos a través del desierto.

Por lo tanto, lamento que aquí no haya habido una manifestación clara de la voluntad de introducir en el Presupuesto del año 2001 la mínima cantidad necesaria para estudiar el punto en cuestión y de recoger el espíritu de la indicación del Honorable señor Bitar . Por razones obvias, no puede procederse a la rebaja. Y tampoco es factible acoger la otra indicación de Su Señoría, porque es inadmisible.

Sin embargo, esto reclamaría yo del Senado: una posición inmediata, mayoritaria -ojalá unánime-, en el sentido de solicitar formalmente que la materia se empiece a estudiar, más allá de la aprobación del convenio.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , es claro que todos estamos de acuerdo (creo que hay unanimidad al respecto) en que se debe proceder a la remoción y destrucción de las minas antipersonales, que emanaron de la necesidad de defender el territorio en un momento muy delicado para el país.

Por otra parte, me parece que esta discusión ha ido derivando un poco hacia el sentido de la política de remoción y destrucción de minas, en circunstancias de que eso está muy definido tanto por el propio Ministerio de Defensa, que tiene planes para ello, como por el Gobierno. ¿Qué mayor voluntad política que suscribir un tratado para su eliminación? Si se ha firmado un instrumento de esa naturaleza y después se envía al Congreso para su ratificación, es porque existe tanto el interés de ponerlo en práctica como una política al respecto.

La manifestación de una política no puede ser más clara.

Ahora bien, el tema de fondo es de recursos. El Estado tendrá que ver cómo financiará una política que se encuentra definida.

Insisto en que no es necesario ratificar ni señales ni políticas, por cuanto existe una voluntad clara. ¿Cuándo se hará? Eso y la forma en que puede hacerlo deberá resolverlo el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda.

Entonces, una indicación sobre esta materia debería ser rechazada. Es imposible una señal más clara.

El señor BITAR.-

Como Senador, la única opción de que dispongo para poner el tema en debate es sugerir la rebaja de los recursos asignados a la partida.

El señor DÍEZ .-

¿Pero en la Concertación no pueden conversar estos asuntos?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Pido, por favor, evitar los diálogos.

El señor BITAR.-

Pienso que el debate de la Concertación se enriquece con opiniones tan versadas como la del Honorable señor Díez . Por eso he traído el tema a esta Sala.

Considero que la discusión ha sido muy interesante. Hay clara voluntad del Senado para abordar el asunto no sólo mediante una declaración de política, sino también con instrumentos concretos.

Entiendo que el compromiso del Gobierno, como lo expresaron los señores Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos , es el siguiente. Primero, existen recursos en el presupuesto actual del Ministerio de Defensa para avanzar en esa dirección, para efectuar los estudios de planificación y costos que necesita la aplicación de una política en tal sentido y, también, para iniciar la eliminación de minas antipersonales, lo cual, por lo demás, queda claro con los recursos destinados por la Armada hace algunos días. Segundo, el Ejecutivo en breve someterá al pronunciamiento de la Comisión de Hacienda un informe financiero relacionado con la ratificación del tratado, donde indicará lo que considera suficiente. No es posible precisar cifras, porque en tres años más pueden ser completamente distintas. Eso depende de los plazos, de la tecnología y de donde se empiece, si en el sur o en el norte.

Por lo tanto, en el entendido de que el Gobierno señalará lo que estima suficiente en orden a concretar su voluntad política, y respaldando lo propuesto por el Honorable señor Ruiz-Esquide , en el sentido de enviar un oficio al Ejecutivo -ojalá, en nombre del Senado- expresándole nuestra intención de despachar la materia a la brevedad, procedo a retirar la indicación.

--Queda retirada la indicación.

El señor BITAR.-

¿Y el envío del oficio solicitado?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se enviará el oficio pedido por el Honorable señor Bitar.

Acordado.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

El señor Secretario dará cuenta de un documento que ha llegado a la Mesa.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 17.235, sobre impuesto territorial. (Boletín Nº 2339-06).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-

Queda para tabla.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Corresponde analizar la última indicación, que incide en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, Ministerio de Planificación y Coordinación.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Está suscrita por la Honorable señora Matthei y su tenor es el siguiente: "Para suprimir la asignación 536, "Trabajos Solidarios", Ítem 31, Subtítulo 25".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En discusión.

El señor Ministro de Hacienda ha solicitado que pueda intervenir el Director de Presupuestos .

Tiene la palabra el señor Marcel.

El señor MARCEL (Director de Presupuestos).-

Gracias, señor Presidente.

La indicación se refiere al aporte a la Fundación Justicia y Democracia para la realización de trabajos solidarios por parte de los estudiantes universitarios.

En el debate sobre la materia se ha cuestionado básicamente el hecho de que ese aporte se efectúa en virtud de un convenio, en forma directa, y no a través de un mecanismo de carácter más concursable. Se explicó que la forma como dicho órgano maneja los fondos es precisamente mediante un sistema de concursabilidad; vale decir, administra un proceso de asignación de recursos. De ese modo, se recoge en buena medida aquella preocupación. Sin embargo, atendidas las observaciones formuladas, y sobre la base de conversaciones sostenidas con los involucrados, el Ejecutivo planteó en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados la necesidad de revisar ese mecanismo y establecer otro que dé plenas garantías a todos los señores Senadores y Diputados en lo referente a transparencia y competitividad en la asignación de recursos. La idea es incorporar el sistema en la próxima Ley de Presupuestos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Director de Presupuestos ¿a qué se refiere cuando alude a la competitividad en el otorgamiento de recursos? ¿Significa que se seguirá con una asignación directa y ahí se llamará a concurso, o bien la partida completa será concursable?

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , me parece muy bien la explicación. Por lo tanto, retiro la indicación.

--Queda retirada la indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Marcel.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , la segunda alternativa descrita por la señora Senadora es el mecanismo que opera actualmente. Lo que manifesté apunta al compromiso del Ejecutivo en orden a cambiarlo, de manera tal que la transferencia de recursos desde el presupuesto se haga con las garantías de competitividad adecuadas.

El señor MORENO .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Fue retirada la indicación, señor Senador.

El señor MORENO .-

Sólo deseo hacer una consulta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MORENO .-

Dentro de las normas aprobadas por la Cámara de Diputados hay una en esta misma Partida 21, Capítulo 01, Programa 04, cuya redacción puede prestarse para confusiones y ambigüedades. Por lo tanto, sugiero que en esta sesión quede consignada la opinión del señor Ministro de Hacienda respecto de esta materia. Se refiere a programas que pueden ser desarrollados por organismos ejecutores. La redacción propuesta les permitiría ir, previo a la ejecución de estos programas, a las organizaciones indígenas con el objeto de conocer su mecanismo y su presupuesto.

Creo que eso puede hacerse con posterioridad. Por ello, pido que esto sea ratificado por el titular de la Cartera.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro .

El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , en la discusión de la Cámara de Diputados la indicación pertinente fue declarada admisible, por cuanto la convicción del Ejecutivo es que ella sólo importa un requerimiento en orden a transmitir a las organizaciones indígenas una copia de los informes financieros sobre las distintas actividades. Esto no tiene costo adicional; es solamente un mecanismo de transparencia. Por lo tanto, en principio la indicación nos pareció admisible.

El señor Director de Presupuestos desea hacer una acotación complementaria.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como el señor Ministro ha dado la explicación,...

El señor MORENO.-

No la ha dado, señor Presidente. Dijo otra cosa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Entonces, tendríamos que prorrogar la sesión.

El señor MORENO .-

Sí, por dos minutos.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Lo suficiente para que se dé la explicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se prorrogará la sesión por el tiempo que ocupe en su respuesta el señor Mario Marcel .

Acordado.

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , nosotros entendemos que la glosa incorporada por la Cámara de Diputados se refiere a informes sobre gastos e inversiones una vez que éstos hayan sido ejecutados. En consecuencia, no involucra un cambio en la administración de los fondos. Se trata, simplemente, de un requerimiento de información que nos parece razonable acoger.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Ésa es la interpretación que fluye de la sola lectura de la glosa.

En todo caso, se dejará la constancia pertinente, a petición del Senador señor Moreno.

Valparaíso, 15 de noviembre de 2000,

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a vuestra excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyectil de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001.

Hago presente a vuestra Excelencia que el artículo 3" ha sido aprobado en el carácter de quorum calificado, en general y particular, con el voto afirmativo de 20 señores senadores, de un total de 47 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N 3139, de 14 de noviembre de 2000.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

ANDRES ZALVIDAR LARRAIN

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario del Senado

VALPARAISO, 22 de noviembre de 2000

Oficio Nº 3140

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2001, según el detalle que se indica:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2001, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.200.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario del año 2001, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no estén incluidas en esta ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 79 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondiente a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, que correspondan al ítem 77, del subtítulo 31, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para el ítem 53 "Estudios para Inversiones".

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en el año 2001, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante el año 2001, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Con todo, en las contrataciones o adjudicaciones de propuestas de estudios o proyectos de inversión que se inicien durante el año 2001, o se hubieren iniciado en 1998, 1999 y 2000, la suma de sus montos y la de los compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustarán a los límites máximos que se determinen, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, para cada órgano o servicio público. Respecto de los estudios y proyectos de inversión correspondientes al año 2001, en el decreto de identificación que se dicte conforme al artículo 5°, se podrá incluir, además, programas, fechas y montos de las contrataciones o adjudicaciones respectivas.

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante documento interno de administración del respectivo Servicio, con copia a la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria mensual.

Artículo 8°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, copia de las autorizaciones para recibir donaciones otorgadas en cada mes. En el oficio remisor deberá indicarse la identificación del servicio o entidad donataria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donación, y el fin específico que se dará a los recursos o bienes recibidos. Dicha información deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al de las autorizaciones.

Artículo 9°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado, y para pactar en las compras que efectúen o en los contratos de inversión en obra determinada que celebren, incluyan o no la administración o mantención del bien y cualquiera que sea la denominación del contrato, el pago de todo o parte del valor, precio o renta en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario. Igual autorización requerirán para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos o para utilizar en funciones inherentes al Servicio los que sean proporcionados directa o indirectamente por terceros con quienes haya celebrado cualquier tipo de contrato.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios, asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la presente ley.

El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834.

Artículo 14.- Las recuperaciones a que se refiere el artículo 11 de la ley N° 18.768, que perciban los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley, constituirán ingresos propios y se incorporarán a sus respectivos presupuestos.

Artículo 15.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2001 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al 2000, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65%al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;

10%al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.

Artículo 16.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 17.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto de la rendición de cuentas.

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional.

Asimismo, la Corporación de Fomento de la Producción deberá remitir en todo caso la información mencionada respecto de sus institutos, que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Además, esta información precisará para cada uno de ellos los ingresos que se originen en servicios prestados o productos suministrados al Estado, sus organismos y empresas, y los que correspondan a entidades privadas.

Artículo 18.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos y Provisión para Transferencias de Capital de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances anuales y de los estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de cuarenta y cinco días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 19.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro.

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el programa a evaluar.

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar.

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas a evaluar durante el año 2001; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán.

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de Agosto de la referida anualidad.

Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley N° 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas y resultados de su gestión.

Para estos efectos, en el año 2001 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será editado y difundido a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional.

La confección, presentación y difusión del referido informe, se efectuará conforme a lo dispuesto en el decreto N° 47, de 1999, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones.

Artículo 21.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda. Las visaciones que correspondan por aplicación del artículo 13 de esta ley, serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quién podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente.

Artículo 22.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del año 2001, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5°.".

Dios guarde a V.E.

VICTOR JEAME BARRUETO

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados