PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1991

Santiago, septiembre 28 de 1990

Honorable Cámara de Diputados:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Política de la República, corresponde someter a la consideración del H. Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991.

El artículo 1º del referido proyecto contiene las estimaciones de ingresos y gastos del Sector Público, los que alcanzan a $ 2.509.002 millones en moneda nacional y US$ 1.182 millones en moneda extranjera convertida a dólares de los Estados Unidos de América, respectivamente y corresponden a la consolidación del presupuesto del Sector Fiscal, a los cuales se agregan los ingresos y gastos de los demás servicios e instituciones del Sector Público.

El presupuesto del Sector Fiscal, contenido en el artículo 2°, con un nivel de ingresos y gastos ascendente a $ 1.839.429 millones en moneda nacional y US$ 950 millones en moneda extranjera, está conformado por los recursos que percibe el Fisco principalmente por concepto de ingresos tributarios y arancelarios y lo que gasta en programas directos y transferencias a los Ministerios.

Los ingresos tributarios muestran un crecimiento que supera el resultante de la expansión de la actividad económica como consecuencia de la reforma tributaria promulgada en junio pasado. Los mayores ingresos que se estima recaudar por este concepto, financiarán crecimientos importantes de los programas sociales en salud, vivienda, educación, previsión social, desarrollo rural y del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Asimismo, se destinan recursos adicionales a inversión en infraestructura, para fortalecer la base productiva, especialmente en el caso de nuestras exportaciones.

De esta manera, el presupuesto busca conciliar el objetivo planteado por el Gobierno de dinamizar el crecimiento económico simultáneamente con el de una mayor justicia social.

El proyecto contempla un endeudamiento público, consolidado en ambas monedas, equivalente a $ 248.830 millones. En mayor parte corresponde a recursos de origen externo y que por lo tanto no limitará la disponibilidad de crédito a otros sectores de nuestra economía.

En esta forma, el presupuesto para 1991 se ajusta al objetivo de estabilidad macroeconómica. Los mayores gastos encuentran su financiamiento en los ingresos tributarios que se proyecta recaudar.

Es claro que el Gobierno hubiera deseado poder atender en mayor medida una serie de necesidades insatisfechas. Sin embargo, tiene conciencia que expandir los gastos en una medida mayor a la que se propone arriesgaría dicha estabilidad.

En virtud de los expuesto anteriormente, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

I. CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º. Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1991, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Artículo 2º.- Apruebanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1991 a las Partidas que se indican:

II.- Disposiciones Complementarias

Artículo 38.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los item 61 al 74 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo expendido por intermedio del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

Respecto de los item antes señalados que correspondan a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la identificación de los proyectos de inversión se efectuará por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones y las que se dicten durante el año 1991 en conformidad con lo establecido en el inciso' séptimo de este artículo, se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cuatro millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que resulte de sumar la que represente el 3% de la transferencia proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior que corresponda inicialmente a la Región en este Presupuesto y la que signifiquen los ingresos efectivos de caja que obtenga con motivo de las ventas de activos físicos que se efectúen en 1991, incluidos los provenientes de la aplicación del artículo 12 de esta ley.

Los intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.

La inversión de las cantidades consignadas en los item a que se refieren los incisos anteriores solamente podrá efectuarse una vez aprobada dicha identificación.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los item 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, la identificación de las asignaciones que se creen en el transcurso del año 1991, se ajustará a las normas generales establecidas por aplicación del artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los item antes indicados o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase efectuar en el mes de diciembre de 1990, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1991, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1991, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 4º.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión identificado conforme a lo que dispone el artículo 3º precedente.

Artículo 5º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de $ 46.014.163 miles y US$ 150.000 miles, que por concepto de endeudamiento se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1991, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 6º.- El número de horas extraordinarias, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo, e incluye tanto las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuación de la jornada ordinaria, como las nocturnas o en días sábado, domingo y festivos. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Las resoluciones que dispongan la ejecución de trabajos con cargo a los programas de horas extraordinarias incluidos en esta ley, no necesitarán la visación del Ministerio de Hacienda.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores rurales.

Artículo 8º.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquél en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, que correpondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley Nº 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de esa comuna.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1991 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1990 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubicado el inmueble enajenado;

5% Al Ministerio de Bienes Nacionales, y 30% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174 y en el decreto ley Nº 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Los convenios o acuerdos que celebren los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley y que importen la aceptación de donaciones de bienes o recursos para la realización de sus actividades, requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 14.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en representación del Gobierno de Chile, la Novena Reposición de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por un valor de US$ 96.312 (Noventa y seis mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América), pagaderos en pesos chilenos al tipo de cambio del 31 de octubre de 1989, es decir, la cantidad de $ 26.162.192 (veintiseis millones ciento sesenta y dos mil ciento noventa y dos pesos).

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda la facultad para suscribir otorgada en el inciso anterior.

Artículo 15.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1990 los decretos a que se refieren los artículos 3a y 5° y las resoluciones indicadas en los artículos 3º y 6°.

Artículo 16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 3º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en el articulado de esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prescriben el artículo 22 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, y el artículo 6° del decreto con fuerza de ley Nº 1.046, de Hacienda, de 1977, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.".

Dios guarde a V.E.,

Fdo. Enrique Krauss Rusque, Vicepresidente de la República.- Pablo Piñera Echenique, Ministro de Hacienda Subrogante".

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1991. (BOLETÍN N° 163-05).

Honorable Cámara de Diputados:

La Comisión Especial de Presupuestos tiene el honor de informaros respecto del proyecto individualizado en el rubro, iniciado conforme a la Constitución Política en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

Además de los miembros de la Comisión, asistieron a sus sesiones el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley; el señor Subsecretario de ese Ministerio, don Pablo Piñera; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Tesorero General de la República, don Humberto Vega; el señor Coordinador de Políticas Económicas, don Manuel Marfán; los señores abogados de la Tesorería General, don Selim Carrasco y don Gustavo González, y los funcionarios de la Dirección de Presupuestos señora Clelia Beltrán y señores José Espinoza y Juan Carlos Manosalva.

Por unanimidad, la Comisión aprobó el siguiente articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991.

"PROYECTO DE LEY:

1 CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1991, según el detalle que se indica: A. En Moneda Nacional:

B. En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Artículo 2°. Apruebanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1991 a las Partidas que se indican:

Se hace presente que las cantidades corregidas, que aparecen indicadas en los artículos 1° y 2° del proyecto, han sido cotejadas con un equipo de funcionarios de la Dirección de Presupuestos, dirigido por su Subdirector, don Luis Urrutia.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el mencionado señor Subdirector, las referidas cantidades están aún siendo corroboradas en la Central de Computación de ese Servicio, por lo que es posible que sufran nuevas correcciones.

En consideración a lo expuesto, y en atención a que el presente informe ha sido emitido a las 2:10 AM del día de hoy, cualquier nuevo cambio a las mencionadas cifras será comunicado directamente por la Dirección de Presupuestos a esa Honorable Cámara de Diputados.

Artículo 3°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítemes 61 al 74 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

Respecto de los ítemes antes señalados que correspondan a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la identificación de los proyectos de inversión se efectuará por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones y las que se dicten durante el año 1991, en conformidad con lo establecido en el inciso séptimo de este artículo, se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cuatro millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que resulte de sumar la que represente el 3% de la transferencia proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior que corresponda inicialmente a la Región en este Presupuesto y la que signifiquen los ingresos efectivos de caja que obtenga con motivo de las ventas de activos físicos que se efectúen en 1991, incluidos los provenientes de la aplicación del artículo 12 de esta ley.

Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.

La inversión de las cantidades consignadas en los ítemes a que se refieren los incisos anteriores solamente podrán efectuarse una vez aprobada dicha identificación.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítemes 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Nb obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, la identificación de las asignaciones que se creen en el transcurso del año 1991, se ajustará a las normas generales establecidas por aplicación del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Ningún órgano, ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítemes antes indicados o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase efectuar en el mes de diciembre de 1990, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1991, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1991, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 4°.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión identificado conforme a lo que dispone el artículo 3o precedente.

Artículo 5°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de $ 46.014.163 miles y US$ 150.000 miles, que por concepto de endeudamiento se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1991, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 6°.- El número de horas extraordinarias, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo, e incluye tanto las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuación de la jornada ordinaria, como las nocturnas o en días sábado, domingo y festivos. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Las resoluciones que dispongan la ejecución de trabajos con cargo a los programas de horas extraordinarias incluidos en esta ley, no necesitarán la visación del Ministerio de Hacienda.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores rurales.

Artículo 8°.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquél en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38, del decreto ley N° 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley N° 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de esa comuna.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1939, de 1977, que efectúe durante el año 1991 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1990, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubicado el inmueble enajenado;

5% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

30% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1o de la ley N° 17.174 y en el decreto ley N° 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Los convenios o acuerdos que celebren los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley y que importen la aceptación de donaciones de bienes o recursos para la realización de sus actividades, requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 14.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en representación del Gobierno de Chile, la Novena Reposición de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por un valor de US$ 96.312 (Noventa y seis mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América), pagaderos en pesos chilenos al tipo de cambio del 31 de octubre de 1989, es decir, la cantidad de $ 26.162.192 (Veintiséis millones, ciento sesenta y dos mil ciento noventa y dos pesos).

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda la facultad para suscribir otorgada en el inciso anterior.

Artículo 15.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1o de enero de 1991, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1990 los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en los artículos 3° y 6°.

Artículo 16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 3° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en el articulado de esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prescriben el artículo 22, del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 6°, del decreto con fuerza de ley N° 1.046, de Hacienda, de 1977, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

Artículo 17.- Sustitúyese, en los artículos 38 del decreto ley N° 3.529, de 1980, y 1o, inciso segundo del decreto con fuerza de ley N° 15, de Hacienda, de 1981, la referencia al año "1990" por año "1991".".

En lo que dice relación con las veintitrés Partidas del proyecto, la Comisión aprobó, unánimamente, las proposiciones contenidas en los informes emitidos por sus cinco Subcomisiones, por lo que nos remitimos a lo expresado en los referidos documentos que se acompañan como parte a este informe salvo ciertas enmiendas originadas en algunas indicaciones aprobadas en el seno de la Comisión, cuyos originales se adjuntan.

Cabe hacer presente que las modificaciones introducidas a las Partidas por las Subcomisiones, aprobadas por la Comisión, así como las originadas en indicaciones formuladas directamente en ésta, que también fueron aprobadas, se incluyen en las copias de Partidas que se acompañan en ejemplar único como parte integrante del presente informe.

En relación con la Partida 21, Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 25, Item 31, Asignación 002, y su glosa 04, la Honorable Senadora señora Feliú dejó constancia de que los recursos a que se refiere deben contratarse de acuerdo al procedimiento previsto en la ley N° 18.989.

Finalmente, es dable señalar que después de levantada la última sesión de la Comisión, se recibió en esta Secretaría una indicación del Ejecutivo, numerada 1401/1389, la que por la circunstancia anotada no alcanzó a ser conocida ni votada por ella. Dicha indicación recoge un planteamiento formulado por la Honorable Senadora señora Feliú, en el seno de la Comisión.

En atención a lo expuesto, se adjunta el original de la referida indicación para los fines que se estimen pertinentes.

Sala de la Comisión, a 15 de noviembre de 1990.

Acordado en sesiones celebradas los días 10,16 y 23 de octubre y 12 y 13 de noviembre, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señor Eduardo Frei (Presidente), señora Feliú y señores Cantuarias, Diez, Gazmuri, Lavandera, Navarrete, Núñez (señora Soto), Piñera, Romero, Ruiz-Esquide, Siebert (Mc Intyre) y Urenda y Diputados señora Matthei y señores Arancibia, Cerda, Devaud, Estévez, Huenchumilla (Sabag), Longueira, Munizaga, Palma don Andrés, Ramírez, Ringeling, Sota y Valcarce.

(Fdo.) Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

Informe de la primera Subcomisión Especial de Presupuestos, recaído en las Partidas del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991, correspondientes al Tesoro Público; al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; al Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Planificación y Cooperación. (Boletín N° 163-05 (I)).

Honorable Comisión Especial de Presupuestos:

Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene a honra informaros respecto de las Partidas individualizadas en el rubro, propuestas en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991, cuyo estudio le fuera encomendado por esa Honorable Comisión en su primera sesión.

Durante el estudio de las materias antes indicadas, vuestra Subcomisión contó con la colaboración de las personas que en cada Partida se indican. Asimismo, concurrieron especialmente invitados, personeros representativos de los sectores en estudio, los que se individualizarán al referirnos a cada Partida.

A continuación, y para un mejor y más ordenado análisis de las materias sometidas al estudio de vuestra Subcomisión, se tratará separadamente cada Partida, dejándose constancia, en cada caso, de lo acordado respecto de cada una de ellas, y consignándose al final de este informe un resumen de los acuerdos adoptados.

Sin perjuicio de lo anterior, la Partida correspondiente al Tesoro Público será analizada al final, atendido que corresponde a una materia general, comprensiva de todas las Partidas del Presupuesto, y considerando, además, que respecto de ella se dejaron algunas constancias aplicables a todo el proyecto.

No obstante lo anterior, vuestra Subcomisión os hace presente que se adjuntan, como anexo de este informe, ejemplares únicos impresos de cada Partida, en los que se han introducido, en su caso, las enmiendas acordadas por vuestra Subcomisión.

PARTIDA 07

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Esta Partida consulta ingresos y gastos, en moneda nacional, por $ 96.762.561.000, y, en moneda extranjera, por 339.388.000, dólares de los Estados Unidos de América. Esto representa un incremento nominal de 2% en relación con los contenidos en la Ley de

Presupuestos del año en curso, y de 50% nominal en comparación con el presupuesto estimado para 1990.

Para analizar esta Partida, vuestra Subcomisión dividió su trabajo, estudiando, primero, los Capítulos correspondientes al Ministerio propiamente tal y a los organismos que son de su directa dependencia y, en segundo lugar, la Corporación de Fomento de la Producción y las entidades que de ella dependen.

Concordante con lo anterior, os informaremos la Partida 07 en el orden aludido. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

A las diversas sesiones en que se trató esta materia concurrieron, además de los miembros de vuestra Subcomisión, una o más veces, el señor Ministro de la Cartera, don Carlos Ominami; el señor Subsecretario de Economía, don Jorge Marshall; el señor Subsecretario de Pesca, don Andrés Couve; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Subdirector de este organismo, don Luis Urrutia, y los funcionarios del mismo Servicio, doña Sandra Rojas y don Mario Bórquez.

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción hizo presente, en primer término, que la Cartera a su cargo tiene, como funciones básicas, formular y administrar las políticas relacionadas con los sectores industriales, el comercio interno y externo, el sector pesquero y el de turismo. Adicionalmente, es un Ministerio que también cuenta con el Departamento de Propiedad Industrial y con el de Cooperativas que tienen, como sus nombres lo indican, funciones en estos campos.

A esto, que es una definición básica de lo que son las principales funciones institucionales del Ministerio, habría que agregar que, con el inicio de este Gobierno, el programa de acción que le ha correspondido desarrollar al Ministerio pone énfasis en tres dimensiones principales.

Agregó que, por una parte, interesa tomar un conjunto de iniciativas que permitan cumplir con el objetivo de mejorar la competitividad de las actividades productivas del país. Hay ahí un primer objetivo significativo.

Un segundo objetivo, dice relación con el mejoramiento del desempeño de los mercados. El Ministerio tiene mucho que ver con la regulación de monopolios naturales, y con una cantidad de regulaciones que dicen relación con el tipo de funcionamiento de los mercados.

Explicó el señor Ministro que, en este campo, se pretende desarrollar iniciativas que permitan que los mercados funcionen de la forma más transparente posible.

Agregó, como tercer objetivo importante del Ministerio, todo lo relativo al uso racional de los recursos naturales. Cuestión que es particularmente significativa en todo lo que dice relación con las actividades de la Subsecretaría de Pesca.

A partir de esta definición general de las principales finalidades, agregó el Ministro que para incrementar el campo del primer objetivo, para incrementar la productividad, se está buscando poner énfasis en la puesta en práctica de políticas de modernización productiva, que tienen como instrumentos básicos: el desarrollo tecnológico, la promoción de un programa importante de capacitación de la fuerza de trabajo, y, a su vez, también, un esfuerzo de modernización de todo el sistema de propiedad industrial existente en el país. Explicó que un elemento importante dentro de este esfuerzo ha sido la discusión en el Parlamento de una nueva legislación en materia de propiedad industrial.

En relación con el segundo objetivo, el de mejoramiento en el desempeño de los mercados, el de dotarlos de mayor transparencia. Explicó que se ha estado trabajando en un conjunto de mecanismos, políticas, que buscan eliminar las acciones monopólicas al interior de la economía; reducir, en toda la medida de las posibilidades, las prácticas de competencia desleal que sufren ciertas actividades productivas internas, y reducir, además, otros tipos de distorsiones.

Terminó expresando que en este campo se encuentra, también, todo lo relativo a un programa de defensa de los intereses de los consumidores, por la vía de la educación, y de la constitución de un servicio que pueda suministrar toda la información necesaria para que estos consumidores puedan adoptar decisiones correctas, que vayan en resguardo de sus propios intereses.

A continuación, se detallan los capítulos que corresponden al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción propiamente tal y a los organismos que de él dependen.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Capítulo 01 Secretaría y Administración General.

Este capítulo, que corresponde a la Subsecretaría de Economía, consulta ingresos y gastos por $ 592.372.000. Capítulo 02

Servicio Nacional del Consumidor. Contempla ingresos y gastos por $ 412.734.000. Capítulo 03 Subsecretaría de Pesca.

Consulta ingresos y gastos por $ 348.534.000. Capítulo 04 Servicio Nacional de Pesca.

Contempla ingresos y gastos por $ 887.798.000. Capítulo 05 Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Consulta ingresos y gastos por $ 379.319.000. Capítulo 07

Instituto Nacional de Estadísticas.

Considera en su programa 01, relativo al propio Instituto Nacional de Estadísticas, ingresos y gastos por $ 1.162.991.000.

En su programa 02, que se refiere al XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, consulta ingresos y gastos por $ 1.549.811.000. Capítulo 08

Fiscalía Nacional Económica.

Consulta ingresos y gastos por $ 161.144.000. Capítulo 09

Servicio Nacional de Turismo.

Contempla ingresos y gastos por $ 608.415.000. Capítulo 10

Comisión Nacional de Riego.

Considera ingresos y gastos por $ 342.261.000. Capítulo 21

Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras.

Este Capítulo, que antes se encontraba en el Banco Central de Chile, consulta ingresos y gastos por $ 269.350.000.

La Subcomisión aprobó los diez capítulos antes indicados, sin modificaciones.

Corporación de Fomento de la Producción.

A la sesión en que se trató el presupuesto de la Corporación y el de los organismos que de ella dependen, concurrieron, además de los miembros de vuestra Subcomisión, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Carlos Ominami y, además, el señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, don René Abeliuk; el señor Gerente de la misma, don Ernesto Tironi; el señor Jefe de Finanzas de dicha Corporación, don Juan Foxley; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, y los funcionarios del mismo Servicio, doña Patricia Pino, don Raúl Poblete y don David Belmar.

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción expresó que la Corporación de Fomento de la Producción es uno de los instrumentos más importantes de los cuales se dispone para llevar a la práctica una política de modernización productiva. Agregó que, respecto de este organismo, el Gobierno está empeñado en realizar un gran esfuerzo de reestructuración de la Corporación.

Explicó que la situación que hoy día enfrenta la CORFO es particularmente negativa y difícil y ha parecido indispensable desarrollar la aludida reestructuración, fundamentalmente en torno a la definición de nuevas funciones. Estima que hacia lo futuro el aporte de la CORFO al desarrollo nacional, debe estar fundamentalmente vinculado a los siguientes cuatro objetivos:

Por un lado, ser un ente que juegue un rol activo en la promoción del desarrollo tecnológico del país; en particular, en todo lo que es la promoción de la innovación al interior de las empresas.

En segundo lugar, estima que hay que avanzar mucho en el mejoramiento de la capacidad de gestión de las empresas públicas, para lo cual está planteada la necesidad de constituir, a imagen de lo que se hace en muchos otros países, un "holding" de empresas públicas que maneje eficientemente a aquéllas que van a quedar, en definitiva, bajo control del sector público.

Junto a estas dos funciones básicas, un tercer objetivo importante es poder reestructurar la política de crédito de la CORFO, en particular orientándola muy nítidamente hacia los sectores de pequeña y mediana empresas.

Agrega que, en las condiciones actuales de desarrollo de nuestra economía, no se justifica que la Corporación de Fomento de la Producción continúe desarrollando un trabajo de asistencia hacia las grandes empresas, que tienen posibilidad de financiarse directamente en el mercado financiero. Estima que, como se ha dicho, hay que orientar su política crediticia dando un impulso resuelto y decidido hacia los sectores de pequeña y mediana empresa.

Por último, una cuarta función que parece importante desarrollar, es la que se refiere a la promoción de inversiones. Estima que la CORFO puede actuar como una suerte de banco de proyectos, de banco de oportunidades de inversión, que pueda transmitir esta información a aquellos sectores, tanto internos como externos, que estén interesados en desarrollar inversiones en Chile.

A continuación intervino el señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, quien expresó que éste es un organismo autónomo o descentralizado, una corporación de derecho público, que se administra con un Vicepresidente Ejecutivo con rango de Ministro, aunque la Corporación no está estructurada como un Ministerio y con un Consejo formado por cinco miembros, presidido por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción e integrado, además, por el Ministro de Hacienda; por el Ministro de Planificación y Cooperación; por un representante del Presidente de la República, y por el propio Vicepresidente.

Explicó que, inicialmente, se vio enfrentado a una discusión en la que algunas voces llegaron a sostener que la CORFO no tendría justificación en un período de economía abierta, y en el que el desarrollo se basa primordialmente en la empresa privada. Otros, en cambio, la estimaban indispensable, recordando lo que fue en sus inicios, es decir, la creadora de grandes empresas, que posteriormente han sido privatizadas.

Agregó que al respecto se ha culminado un debate en el seno del Consejo de la Corporación, el que considera, como ya ha dicho el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que la CORFO tiene cuatro actividades fundamentales:

Una es el "holding" de las empresas públicas, donde la Corporación administra treinta y una empresas. Entre éstas, están aquellas en que se tiene un capital mayoritario sea sólo de la CORFO o de ésta con el Fisco. En otras empresas, la Corporación tiene una participación minoritaria el caso más destacado de las cuales es el de LAN Un tercer grupo está constituido por empresas menores entre las cuales cabría destacar a Minsal, que se constituyó para explotar minerales en el Desierto de Atacama. La mayor parte de estas treinta y una empresas agregó son empresas de servicios sanitarios; en realidad desprendidas del antiguo SENDOS, del Ministerio de Obras Públicas, y traspasadas a CORFO esté año.

En este "holding" hay empresas mineras caso de Enacar; empresas de electricidad caso de Colbún Machicura; empresas de transportes tal como Empremar, y otras que, estando organizadas empresarialmente, en la realidad son servicios públicos como Sasipa, que es la empresa de servicios agrícolas de la Isla de Pascua.

Señaló que el segundo grupo de actividades que debe realizar la CORFO está constituido por la función de los créditos de fomento. En esta materia, prácticamente, es el único organismo que ha otorgado y otorga tales créditos. Hoy agregó cabe destacar una novedad, pues la CORFO está administrando una "banca de segundo piso", es decir, está haciendo de intermediaria entre organismos de crédito internacionales que por sus estatutos no pueden otorgar créditos directamente a los bancos y la banca nacional, que adquiere estos créditos mediante licitación.

Tal es el caso del crédito "CORFOBID III", que cuenta con 600.000.000, de dólares, y de un crédito del Banco Mundial por 50.000.000, de la misma moneda, para las compañías de "leasing".

Cabe destacar agregó el otorgamiento directo de créditos de formato de menor volumen, que no ha operado este año, por razones presupuestarias, pero que se estima necesario mantener hasta que la banca privada ingrese definitivamente al campo del aludido crédito de fomento, y lo otorgue no sólo en la Región Metropolitana, sino, fundamentalmente, en las demás Regiones del país.

Expresó el señor Ministro que el tercer rubro de actividades de CORFO incide en el adelanto tecnológico. En esta materia, la Corporación trabaja con cinco Institutos: INTEC, que es, precisamente, un instituto tecnológico; INFOR, que lo es forestal; IFOP, de fomento pesquero; INN, que es el instituto nacional de normas, relativo a los estándares nacionales, y CIREN, que es un centro de investigación de recursos naturales. Además, ya está aprobada la creación de FONTEC, que será un fondo nacional de desarrollo tecnológico, y que realizará proyectos de investigación, conjuntamente con el sector privado.

El cuarto rubro de actividades de la CORFO señaló el Ministro está constituido por la promoción de inversiones. Este rubro tiende a llenar algunos vacíos que se han detectado, respecto tanto de inversionistas nacionales como de extranjeros, en el sentido de establecer contactos. La CORFO va a tener, a este respecto, una especie de catastro, lo que le permitirá cumplir una importante función en este campo.

Terminó el señor Ministro expresando que, teniendo en vista estos objetivos, se ha estructurado el presupuesto para el próximo año, el que es enfrentado por la CORFO con ingresos propios y con un problema bastante serio, cual es el servicio de la deuda externa, que es el rubro más importante de sus gastos, y que proviene de compromisos de arrastre como el pago de los créditos "BID I" y "BID II" y del endeudamiento de las empresas filiales privatizadas, cuyo pasivo quedó en la Corporación, la que no tiene la correspondiente contrapartida de ingreso, dado que los bienes respectivos fueron enajenados.

A continuación, se detallan los capítulos que corresponden a la Corporación de Fomento de la Producción y a los organismos que de ella dependen. Capítulo 06

Corporación de Fomento de la Producción.

Contempla ingresos y gastos en moneda nacional por $ 85.790.355.000, y, en moneda extranjera, por 339.388.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Capítulo 11

Instituto Forestal.

Contempla ingresos y gastos por $ 776.776.000. Capítulo 12

Instituto de Fomento Pesquero.

Consulta ingresos y gastos por $ 1.825.130.000. Capítulo 14

Instituto de Investigaciones Tecnológicas.

Considera ingresos y gastos por $ 1.004.865.000. Capítulo 16

Servicio de Cooperación Técnica.

Contempla ingresos y gastos por $ 1.594.807.000. Capítulo 17

Instituto Nacional de Normalización.

Consulta ingresos y gastos por $ 140.052.000. Capítulo 20

Centro de Información de Recursos Naturales.

Considera ingresos y gastos por $ 752.828.000.

La Subcomisión aprobó los siete capítulos antes indicado, sin modificaciones.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Subcomisión os recomienda aprobar la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los mismos términos en que viene propuesta en el mensaje.

PARTIDA 08

MINISTERIO DE HACIENDA

A las diversas sesiones en que se trató esta materia concurrieron, además de los miembros de vuestra Subcomisión, el señor Subsecretario de Hacienda, don Pablo Piñera; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Director de Impuestos Internos, don Javier Etcheberry; el señor Subdirector Administrativo de Aduanas, don Guillermo Pardo, y los funcionarios de la Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva y don Hugo Concha. Además, concurrieron invitados los señores Cristián Larroulet, Pablo Ihnen y Tomás Flores.

La Partida correspondiente al Ministerio de Hacienda consulta ingresos y gastos en moneda nacional por $ 23.664.427.000, y, en moneda extranjera, por 3.500.000, dólares de los Estados Unidos de América; lo que representa un incremento real de 21,8% en relación con los contenidos en la Ley de Presupuestos del año en curso, y de 2,3% en comparación con el presupuesto estimado para 1990.

El señor Subsecretario de Hacienda explicó que esta Cartera no tiene una gran incidencia en el Presupuesto Nacional, pero que sí la tiene en relación con la función que ella realiza.

A continuación, dio una somera explicación sobre los nueve Capítulos que comprende esta Partida. Capítulo 01

Secretaría y Administración General.

Este Capítulo, que constituye la Subsecretaría de Hacienda, no tiene grandes incrementos en relación al presupuesto anterior, salvo en remuneraciones, pues le han sido transferidas funciones que antes cumplía el Banco Central. Básicamente, la parte macroeconómica y lo relativo a la deuda externa.

Contempla ingresos y gastos por $ 355.460.000. Capítulo 02

Dirección de Presupuestos.

Consulta ingresos y gastos por $ 532.507.000. Capítulo 03

Dirección de Impuestos Internos.

Contempla ingresos y gastos por $ 7.089.733.000, lo que el decir del señor Subsecretario de Hacienda constituye un incremento de 16%, justificado por nuevos programas de fiscalización. Capítulo 04

Servicio Nacional de Aduanas.

Considera ingresos y gastos por $ 2.270.988.000, lo que según el aludido funcionario significa un ligero incremento de 9%, justificado por mejorías de infraestructura y nuevos programas de control. Capítulo 05

Servicio de Tesorerías.

Consulta ingresos y gastos por $ 3.093.335.000, lo que significa un incremento de 11%, causado por el propósito del Gobierno de reforzar la estructura de los Servicios fiscalizadores. Capítulo 06

Casa de Moneda de Chile.

Contempla ingresos y gastos por $ 4.818.217.000.

Respecto de este Capítulo, la Subcomisión acordó, por unanimidad, refundir los ítem 08/06/01/31/54 y 08/06/01/31/73, eliminando el segundo y sumando el monto de éste al de aquél.

La denominación del ítem eliminado era inductiva a error: "Inversión Región Metropolitana de "Santiago"; toda vez que con los fondos consultados se pretende adquirir una máquina de impresión calcográfica que, perfectamente, queda comprendida en la denominación del ítem que se conserva: "Maquinarias y Equipos Directamente Productivos". A mayor abundamiento, el gasto es de carácter no regionalizable.

Capítulo 07

Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

Considera ingresos y gastos por $ 1.620.778.000.

Capítulo 08

Superintendencia de Valores y Seguros.

Consulta ingresos y gastos en moneda nacional, por $ 1.444.671.000, y, en moneda extranjera, por 3.500.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Capítulo 11

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Contempla ingresos y gastos por $ 2.438.738.000.

La Subcomisión aprobó los nueve Capítulos de la Partida 08, Ministerio de Hacienda, con la sola enmienda reseñada al tratar el Capítulo 06 de esta Partida.

PARTIDA 21

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

A las sesiones en que la Subcomisión estudió esta materia concurrieron, además de los miembros de vuestra Subcomisión, el señor Ministro de Planificación y Cooperación, don Sergio Molina; el señor Subsecretario de esta cartera don Alvaro García; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Director del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, don Nicolás Flaño; el señor Director de la Agencia de Cooperación Internacional, don Rodrigo Egaña; el señor Jefe Administrativo de esta Agencia, don Joaquín Kaulen; el señor Jefe de la División Administrativa del Ministerio de Planificación y Cooperación, don José Arjona; el señor Coordinador Técnico de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte, don Vicente Pardo, y los funcionarios de la Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva y don Pablo Troncoso

La Partida correspondiente al Ministerio de Planificación y Cooperación consulta ingresos y gastos en moneda nacional por $ 13.933.626.000, y, en moneda extranjera, por 3.097.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Explicó el señor Ministro de Planificación y Cooperación cómo concibe el Gobierno a este Ministerio de reciente creación, considerado el volumen de los recursos económicos con que cuenta.

Agrega, que la orientación de esta Secretaría de Estado tiene estrecha relación con los principios de eficiencia y de equidad.

En lo que dice relación con la eficiencia, estima que se hizo un notable adelanto durante la Administración anterior, al establecerse todo un sistema de evaluación de proyectos, que hay que cuidar y mejorar. Mejorar, no en cuanto a la metodología de la evaluación de proyectos, en sí, sino en lo que dice relación con la escasa capacidad del Ministerio para analizar la información existente, y de comparar entre proyectos alternativos. Por ello, es necesario completar el sistema, de modo tal que puedan imponerse algunos criterios.

Un segundo punto que es menester considerar, porque es uno de los pilares del Ministerio, dice relación con el análisis de los programas de inversión, tanto desde un punto de vista sectorial, como regional. Ahí, Odeplán hacía adjudicaciones sobre la base de un buen listado de proyectos, regionalizado, pero con escaso análisis económico del significado de las inversiones, tanto desde el punto de vista del empleo y de la complementación con inversiones privadas. Agregó el Ministro que la intención del Gobierno es crear formas de participación con el sector privado, para vincular la inversión privada proyectada con lo que pudieran ser las inversiones públicas complementarias de tales inversiones. Por ejemplo, inversiones proyectadas forestales en la VIII o en la X Región. Si no existe, con anticipación, preocupación respecto de la infraestructura, puede ocurrir que una buena parte de tales inversiones se encuentren, posteriormente, con problemas en sus salidas de exportación. Así, si el transporte va por caminos, puede que los puentes no resistan el tonelaje de la respectiva carga. En tal caso, habría que estudiar lo relativo a ferrovías, al reforzamiento de dichos puentes, etcétera. Hay, en consecuencia, una complementación indispensable en la que el Ministerio debería poner mucho énfasis.

Otro factor que preocupa al Gobierno es el relativo a la regionalización de la inversión, tanto por la importancia de las inversiones regionales, cuanto porque cada Región no es un compartimento estanco en relación con sus vecinas; en consecuencia, acciones ejecutadas en una Región pueden ser de importancia relevante para otra, vecina. También hay que empezar a tener una concepción de las Regiones más integradas. En esta materia es muy poco lo que había porque en el centro, en la Oficina Central, casi no había personal: sólo estaban el Director, el Subdirector Regional y una persona más. O sea, no había capacidad analítica central.

El segundo pilar agregó el Ministro que se ha fortalecido en este período y en la Ley Orgánica del Ministerio, es la parte social. Aquí, hay dos elementos que es necesario destacar, por ser los más interesantes: uno, es la responsabilidad del Ministerio de coordinar las políticas sociales. Según mi experiencia agregó una de las grandes fallas de las políticas sociales en América Latina es su falta de coordinación. Un ejemplo: si se determina que un grupo objetivo de las políticas sociales son las mujeres jefes de hogar elegidas porque tales mujeres son jefes de un 20% de los hogares en Chile se apunta con certeza a los sectores más pobres, porque ahí, evidentemente, el porcentaje es muy superior. ¿Cómo coordinar políticas? En salud, establecer cómo una política puede "privilegiar" a este grupo, en vivienda, determinar un puntaje especial para dicho grupo que le facilite la adquisición de una; en subsidios a nivel municipal, considerar especialmente a las mujeres jefes de hogar, en educación, favorecer a los niños de tales hogares. Podría, como se ve, establecer una serie de políticas integradas, para favorecer al grupo objetivo que se desea ayudar, con resultados mucho mayores.

Aquí, nuevamente, agregó el Ministro entramos no sólo en los problemas de la equidad y de la prioridad social, sino que, también, en el de la eficiencia. Ello, en la medida en que un grupo de políticas, orientadas hacia un objetivo, va a tener una eficacia mucho mayor que si se tratara de políticas dispersas.

El Ministerio agregó ya ha constituido un Subcomité Social en donde están todos los Ministros del sector social y los organismos que tienen ingerencia en temas sociales. Por ejemplo: del Ministerio de Agricultura, está el Indap; del de Justicia, está el Servicio Nacional de Menores; de CORFO, están los temas de agua potable y alcantarillado, etcétera.

Explicó el Ministro que un tercer aspecto, también importante de destacar, se refiere a algo en lo que la mayoría coincide: en la necesidad de fortalecer la regionalización.

En esto también la ley reciente aclaró y le dio al Ministerio de Planificación y Cooperación mayor especificación a sus funciones en el ámbito regional; fundamentalmente, en lo que se refiere a la elaboración de programas de desarrollo regional, promoción de corporaciones de desarrollo de las regiones y evaluación de los proyectos de inversión regional. Superando, así, la función de la Subsecretaría que es una tarea que va más allá, a buscar proyectos, financiarlos hacer el seguimiento de ellos una vez financiados. Se ha ido avanzando agregó pidiendo que en un plazo no superior al mes de Noviembre en curso, todas las Regiones deban presentar una propuesta, al menos con los elementos existentes, sobre cómo ven las bases de desarrollo de su propia Región. En algunos casos acotó el Ministerio ha tomado responsabilidades mayores, como es en el caso de la I Región, en donde se le ha encargado que busque alguna solución a los problemas de Arica-Iquique, el de la II Región y el de Concepción. En estos tres casos, el Ministerio ya está trabajando con mayor profundidad, pues requieren soluciones urgentes.

Por último, parece necesario agregó contemplar un aspecto adicional; el de que el Ministerio tenga, de alguna manera, una aproximación a la realidad de los grupos que se pretende beneficiar. No sólo al nivel de coordinar las políticas, sino de tener, también, una apreciación al nivel de base. La División de Desarrollo Social tiene como compromiso fundamental acercarse para conocer la opinión de los beneficiarios de las políticas que pretenden ayudarlos. Esto es una retro alimentación: ver cómo han percibido las políticas sus supuestos beneficiarios, lo que sirve para mejorar las políticas específicas. Dos elementos de información global se manejan en esta materia: la encuesta CasCasén, que es una encuesta de clasificación socioeconómica, que se ha hecho en dos oportunidades; una en 1.985 y otra en 1.987, que, además, se está iniciando por tercera vez; y lo que son las "fichas Cas", que se realizan a nivel municipal, y cuyo objetivo principal es el acceso a los sistemas de subsidio de la red social del Estado. Ambos mecanismos, que vienen del Régimen anterior, son buenos sistemas de información para asignar recursos a sectores pobres. Debió hacerse otra encuesta en 1989, lo que no se llevó a cabo, probablemente, por motivos políticos. La idea del Ministerio es hacer encuestas cada dos años. La "ficha Casen" mide muy ampliamente alrededor de 20.000 hogares estableciendo ingresos, empleo, condiciones habitacionales, de salud, educacionales, etcétera.

Otros aspectos novedosos en la actividad del Ministerio son la creación, en fecha reciente, de la Agencia de Cooperación Internacional, y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS.

La Agencia de Cooperación pretende ser el vínculo técnico en algo en lo cual el país no ha tenido experiencia: el sistema de cooperación internacional; los créditos de cooperación y las donaciones. Ser el vínculo técnico entre los eventuales usuarios chilenos, y que son los Ministerios o el sector privado, y los oferentes de créditos o donaciones, externos y públicos, o sea, Gobiernos, fundamentalmente.

En ese campo el Ministerio ha ido estableciendo convenios con diversos países, en un proceso más lento de lo esperado, obteniendo la aprobación de proyectos singulares, lo que ha permitido la llegada de recursos con alguna continuidad. El Ministerio estima que en el sector de los créditos, que es el de mayor significación, y que va a operar en los años próximos, los beneficiarios serán del sector privado, básicamente, para estos efectos, el Gobierno se ha reunido con este sector y se ha decidido crear un comité que estudiará el modus operandi. El crédito que operará más próximamente es el otorgado por España. Este tiene una primera cuota de US$ 10.000.000, que operará por intermedio de la CORFO, y luego otras, por cantidades muy superiores, que se recibirán en 1991.

Así, el Ministerio ha ido adaptándose a las modalidades de entrada en los distintos sistemas de cooperación y los demás Ministerios nacionales se han ido adecuando a las formas y exigencias externas.

Respecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, muy brevemente, ha habido una etapa inicial de preparación, bastante detallada. Iniciar el trabajo del FOSIS es un desafío y su personal ha hecho un buen trabajo en lo relativo a programar actividades, elaborar proyectos, detallar los procedimientos, tomar una serie de resguardos, etcétera.

El FOSIS, necesariamente, tendrá un período de prueba, de ajuste, toda vez que no hay experiencia nacional. El esfuerzo que se ha hecho es satisfactorio y ahora se comprobará si el sistema es operativo al nivel de aquéllos a quienes se pretende beneficiar. Se han tomado muchos resguardos por ser esta una operación delicada, tanto por la justicia con la que deben distribuirse los recursos, cuanto por la objetividad que hay que emplear para dicha distribución.

Un programa muy importante que el FOSIS va a realizar es el de capacitación de jóvenes. Es un programa difícil, al que se le asigna mucha importancia. Realmente agregó el Ministro ninguno de los proyectos del FOSIS es sencillo, ninguno es fácil de manejar. Por eso, este año es decisivo en lo relativo a probar si se puede operar en forma adecuada.

Terminada la exposición del señor Ministro, la Subcomisión se abocó al estudio de los distintos Capítulos correspondientes a la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, adoptando los acuerdos que se indicarán a continuación.

Este Capítulo consta de dos programas.

Programa 01

Subsecretaría de Planificación y Cooperación.

Consulta ingresos y gastos en moneda nacional por $ 2.452.794.000, y, en moneda extranjera, por 3.097.000 dólares de los Estados Unidos de América.

Programa 02

Programa de Vialidad y Transporte Urbano.

Consulta ingresos y gastos por $ 1.200.000.000.

El Diputado señor Palma formuló indicación para reducir, en el subtítulo 33, ítem 87/001 (Provisión estudios y proyectos Secretaría Ejecutiva de Transporte Urbano e Interurbano) en la suma de $ 13.000.000.

Sometida a votación la indicación, ésta fue rechazada. Capítulo 02

Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Consulta ingresos y gastos por $ 9.940.081.000.

La Subcomisión, por cuatro votos a favor (H. Senador señor Piñera y Diputados señores Estévez, Longueira y Ramírez) y una abstención (Diputado señor Palma) acordó, en la glosa 01 del programa 01 de este Capítulo, sustituir el número máximo de vehículos, que era de "10", por "16", sin modificar cifra alguna de gastos. Capítulo 03

Agencia de Cooperación Internacional.

Consulta ingresos y gastos por $ 340.751.000.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Subcomisión aprobó la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, en la forma propuesta en el mensaje, y con la sola modificación de cifra en una glosa que se señaló al tratar el Capítulo 02.

PARTIDA 50

TESORO PUBLICO

A las sesiones en que la Subcomisión trató esta materia asistieron, además de los miembros de ella, el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Subdirector de este organismo don Luis Urrutia, y los funcionarios de esa Dirección, doña Verónica Lara y doña Patricia Ramírez.

La Partida correspondiente al Tesoro Público consulta ingresos y gastos en moneda nacional por $ 1.839.428.637.000, y, en moneda extranjera, por 949.665.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, que, en cierto modo engloba todo el Presupuesto Nacional dado que contiene la estimación de los ingresos del Fisco y de los gastos y aportes del cargo fiscal el señor Director de Presupuestos hizo un completo análisis de ella, enfatizando, en forma más global, los aspectos macroeconómicos del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1991.

Inicialmente, se refirió a la cobertura y a los supuestos principales de dicho presupuesto.

Explicó que la cobertura del Proyecto de Ley de Presupuestos, definida en la Ley de Administración Financiera del Estado, abarca al total de instituciones del Gobierno General. Lo anterior no incluye a otros organismos públicos, como las universidades y las empresas públicas, ni tampoco a las municipalidades. No obstante, las transferencias que se producen entre el Gobierno General y estos organismos aportes fiscales, distribución de utilidades, subvenciones sí se incluyen en el Presupuesto.

Agregó que el análisis que efectuaría está basado en el proyecto de Ley de Presupuestos y, por lo tanto, corresponde exclusivamente al Gobierno General.

Explicó que el proyecto de Ley de Presupuestos está compuesto de una estimación de los ingresos que el sector público percibirá durante el año y una asignación de recursos para ser gastados en el curso de ese año. Los ingresos tributarios y parte de los gastos se ven afectados por la evolución de variables exógenas a la acción del Gobierno, por lo que el presupuesto es altamente sensible a tales variables. Los parámetros exógenos de mayor incidencia en el presupuesto público en Chile son los de inflación, precio del cobre y crecimiento económico.

Así, el Proyecto de Presupuesto para 1991 ha sido construido sobre la base de un supuesto de inflación anual de 18% de un precio del cobre de 89 centavos de dólar la libra, y de un crecimiento económico real de entre 4 y 5 por ciento.

A continuación, explicó los contenidos básicos del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1991, que el Ejecutivo ha enviado al Parlamento.

A este respecto, indicó que el proyecto contempla un nivel de gastos de 2.509.000 millones de pesos y de 1.182 millones de dólares. Esta cifra representa un total consolidado cercano a un 26% del P.G.B. estimado para el mismo año.

Agregó que los ingresos corrientes en moneda nacional y extranjera alcanzan a 22,9% del P.G.B., en tanto que los gastos corrientes llegan a 20,3%. La diferencia entre ambos, corresponde al ahorro realizado por el sector público (Gobierno General), el que llega a 2,6% de dicho producto geográfico bruto.

Estimó que valía la pena destacar que este ahorro, presupuestado, del gobierno General es mayor que el que se estima para 1990. Naturalmente que ello es así, considerando un precio del cobre para 1990 comparable al de 1991, esto es, sin el ahorro extraordinario por el alto precio de este metal, el cual se ha acumulado en el Fondo de Compensación durante el presente año.

En 1990 el ahorro del Gobierno se ha resentido, no porque los gastos corrientes se hayan elevado, sino porque los ingresos se han visto reducidos. El motivo es la fuerte caída en los impuestos a la renta, como resultado de medidas adoptadas a principio de 1989 y de 1990.

Esta situación se corrige en 1991, como resultado de la reforma tributaria aprobada en Junio pasado.

Agregó que el ahorro del Gobierno General proyectado en el Proyecto de Presupuestos, sumado a los ingresos de capital estimados, resultan, prácticamente, idénticos a los gastos de capital: 4,3% del P.G.B. De este modo, el Gobierno General muestra una situación global básicamente equilibrada, lo que permitirá que el sector público se transforme en una fuente de estabilidad macroeconómica durante el próximo año.

Lo anterior significa que la inversión pública programada que registra un aumento sustancial respecto de los niveles alcanzados en 1989 y estimados para 1990 podrá financiarse íntegramente con recursos de ahorro del sector público. Lo anterior, unido al equilibrio global del presupuesto público, significa que el Gobierno General no competirá con el sector privado por recursos financieros, con lo que la situación fiscal reflejada en el Presupuesto es plenamente compatible con la mantención de los altos niveles de inversión alcanzados durante el presente año.

Además expresó el señor Director de Presupuestos la inversión pública realizada por el Gobierno General crece significativamente en el caso de las obras públicas (viales, portuarias, de riesgo); inversión social (salud, vivienda, educación), e inversiones regionales.

Los ingresos corrientes del Gobierno General estimados en el proyecto de Presupuestos para 1991 involucran un aumento importante respecto de las cifras estimadas para 1990. Ello, se explica fundamentalmente por un aumento de los ingresos tributarios en moneda nacional, superior a 15% en términos reales. Este incremento resulta del efecto anual completo de la Reforma Tributaria de 1990.

Por su parte, los gastos corrientes del Gobierno General experimentan un incremento real de 6% respecto del nivel estimado para 1990. Este incremento, unido al registrado en el curso de 1990, sin embargo, resulta similar al crecimiento acumulado estimado en la actividad económica en ambos años, con lo que la participación del gasto corriente del Gobierno General en el producto geográfico bruto en 1991 resulta muy similar a la registrada en 1990 (20%).

El equilibrio económico global en el Presupuesto significa que el endeudamiento que asumirá el Gobierno General durante 1991 se verá compensado por la amortización de la deuda pública. Esto es particularmente importante a la luz de la acumulación de compromisos externos que el Gobierno General afronta en 1991. Tales compromisos podrán ser solventados gracias a la afluencia de créditos externos, ligados a proyectos de inversión social y productiva, que el Gobierno realizará durante 1991, y a una reducción neta de la deuda pública interna.

Terminó el señor Director de Presupuestos expresando que vale la pena subrayar el peso que reviste el servicio de la Deuda Pública durante 1991. Los pagos totales, por concepto de intereses y amortizaciones, llegan a más de 1.300 millones de dólares. Estos pagos crecen en más de 30% real, con relación a 1990.

A continuación, la Subcomisión se abocó al estudio de la Partida 50, Tesoro Público, que consta de los capítulos y programas que a continuación se indican.

Capítulo 01

Fisco.

Programa 02

Ingresos Generales de la Nación

Contempla entradas en moneda nacional por $ 1.839.428.637.000, y, en moneda extranjera, por 949.665.000, dólares de los Estados Unidos de América. Programa 02

Subsidios.

Consulta gastos por $ 87.930.231.000.

Programa 03

Operaciones complementarias

Contempla gastos en moneda nacional por $ 342.975.960.000, y, en moneda extranjera, por 161.131.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Durante el estudio de este programa el Honorable Senador señor Piñera solicitó que se informara por escrito a la Subcomisión respecto del destino del ítem 25/33/004, de este Programa "Provisión para Financiamientos comprometidos".

El señor Director de Presupuestos informó verbalmente a la Subcomisión sobre el empleo de los $ 240.210.538.000, que contempla el referido ítem, lo que la mayoría de ella estimó satisfactorio.

Programa 04

Deuda Pública.

Contempla gastos en moneda nacional por $ 57.871.607.000, y, en moneda extranjera, por 599.831.000, dólares de los Estados Unidos de América.

Programa 05

Aporte Fiscal Libre.

Considera gastos en moneda nacional por $ 1.350.650.839.000, y, en moneda extranjera, por 188.703.000, dólares de los Estados Unidos de América.

La Subcomisión aprobó la Partida 50, Tesoro Público, sin modificaciones.

No obstante lo anterior, y por considerar como se ha dicho que esta partida constituye una especie de compendio de todo el Presupuesto Nacional, se solicitó dejar las siguientes constancias generales:

a) El Honorable Senador señor Piñera pidió dejar constancia, en su nombre, que la facultad que otorga el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, en el sentido de que los traspasos entre ítemes y el Tesoro se considera un ítem pueden hacerse, durante el ejercicio presupuestario, mediante decreto fundado, es excesiva y debería regularse con alguna mayor rigidez.

b) Asimismo, el Honorable Senador Piñera requirió dejar constancia, en su nombre y en el del Diputado señor Longueira, que la facultad de endeudamiento que otorga el artículo 5° del proyecto de Ley de Presupuestos para 1991 debe ser fundamentada. Fundó su opinión en el hecho de que tal autorización podría llegar a representar, para el sector fiscal, durante el ejercicio 1991, un 5,8% del producto geográfico bruto.

c) Unánimemente, la Subcomisión acordó dejar constancia de su formal inquietud respecto de la tramitación de la Ley de Presupuestos. Estima que esta materia está, en algunos casos, mal regulada y, en otros, insuficientemente. Enumerando, por vía meramente ejemplar, se perciben, entre otros, los problemas que a continuación se indican: El plazo de 60 días que da la Constitución para tramitar la ley, se estima exiguo. No está definido si el plazo de la tramitación de un posible veto del Presidente de la República está considerado en los aludidos 60 días. No hay una regulación del posible tercer trámite constitucional. Etcétera.

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone lo siguiente:

I. En relación con la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

Aprobar toda la Partida en los mismos términos que constan en el mensaje.

II. En relación con la Partida 08, Ministerio de Hacienda.

1. Suprimir, en el Capítulo 06, Casa de Moneda de Chile, el ítem 01/31/73, y sumar el gasto de $ 1.671.984.000, que éste contempla, al ítem anterior 01/31/54.

2. Aprobar todo el resto de la Partida en los mismos términos propuestos por el mensaje.

III. En relación con la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación:

1. Remplazar, en el Capítulo 02, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el guarismo "10" de la glosa 01, por la cifra "16".

2. Aprobar todo el resto de la Partida en los mismos términos propuestos en el mensaje.

IV. En relación con la Partida 50, Tesoro Público:

Aprobar toda la Partida en los mismos términos que constan en el mensaje.

Sala de la Comisión, a 11 de Diciembre de 1990. Aprobado, por unanimidad, con los votos del Honorable Senador señor Piñera (Presidente) y de los Diputados señores Estévez, Longueira, Palma y Ramírez.

(Fdo.): H. Senador señor Piñera.- Diputado señor Estévez.- Diputado señor Longueira.- Diputado señor Palma.- Diputado señor Ramírez.- Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

Informe de la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, recaído en las Partidas 01 Presidencia de la República; 04 Contraloría General de la República; 06 Ministerio de Relaciones Exteriores; 11 Ministerio de Defensa Nacional, y 20 Secretaría General de Gobierno, del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991. (Boletín N° 163-05 (II)).

Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos:

Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de informaros las Partidas que tuvisteis a bien asignarle del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991.

Dichas Partidas son las siguientes:

01 Presidencia de la República;

04 Contraloría General de la República;

06 Ministerio de Relaciones Exteriores;

11 Ministerio de Defensa Nacional, y

20 Secretaría General de Gobierno.

Vuestra Segunda Subcomisión estudió las Partidas antes indicadas a lo largo de ocho sesiones, entre los días 16 de octubre y 7 de noviembre de 1990, las que consumieron 26 horas de intenso trabajo.

Para los efectos de este informe, se comentarán separadamente dichas Partidas en el orden indicado.

01 Presidencia de la República

A las sesiones en que se estudió esta Partida concurrieron, además de sus miembros, el Subdirector de Presupuestos don Luis Urrutia, y el Jefe de Sector de esa Dirección don Juan Carlos Manosalva.

El Presupuesto, en moneda nacional, de la Presidencia de la República para 1991 considera ingresos ascendentes a $ 1.646.230 miles, de los cuales $ 1.645.230 miles constituyen aporte fiscal y $ 1.000 miles son el saldo inicial de Caja.

Los gastos también en moneda nacional alcanzarán a $ 1.646.230 miles, distribuidos $ 345.362 miles para Gastos en Personal; $ 1.299.868 miles para Bienes y Servicios de Consumo y $ 1.000 miles como saldo final de Caja.

Como puede advertirse, los ingresos están constituidos básicamente por el Aporte Fiscal, más un pequeño excedente del año 1990.

A su vez, el Gasto está compuesto por dos rubros:

1) Gastos en Personal. Se mantiene la misma dotación que en años anteriores, en tanto que el número de horas extraordinarias al año (75.960) y su valor ($ 15.040 miles) se ha ajustado a los valores reales con los cuales han finalizado los ejercicios presupuestarios anteriores.

Ahora bien, la dotación máxima de personal podrá alcanzar hasta 273 personas. En relación con este punto, cabe hacer presente que el monto de recursos para remuneraciones de personal en el año 1991 se encuentra incrementado respecto a 1990, por cuanto se ocupará la totalidad de la dotación, incorporando en ella a profesionales que vienen a cumplir las funciones que anteriormente ejercía la Casa Militar.

2) Bienes y Servicios de Consumo. Asciende a $ 1.299.868 miles, con un saldo final estimado de Caja de $ 1.000 miles.

Señalaron los representantes del Ejecutivo que el nivel 1991 de este rubro es inferior al del presente año, ya que se ha deducido el gasto adicional en que se incurrió con motivo de asumir su cargo el actual Presidente de la República. Destacaron que, en todo caso, ambos montos, el de 1990 y el de 1991, son inferiores al gasto efectivo de 1989, medido en moneda de igual valor.

El Presupuesto en moneda extranjera de la Presidencia de la República en estudio está compuesto por un Aporte Fiscal de US$ 795 miles, que mantiene el nivel de gasto del año 1990 en curso.

Vuestra Segunda Subcomisión después de analizar los antecedentes antes señalados y considerando que esta Partida contempla un nivel de recursos inferior en términos reales al gasto de 1990 procedió, por unanimidad, a aprobarla en general y en particular, sin enmiendas.

04 Contraloría General de la República

En la sesión que celebró vuestra Subcomisión el miércoles 17 de octubre del año en curso, se estudió la Partida 04 Contraloría General de la República. Concurrieron a esa sesión además de sus miembros el señor Diputado don Luis Navarrete; el Secretario General de la División de Contabilidad de la Contraloría, don Osvaldo Navarro Piñeiro, y el Subjefe de la misma División, don Hernán Llanos González, y el Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva.

Esta Partida contempla un total de ingresos por $ 3.118.834 miles, que se financian básicamente con un Aporte Fiscal ascendente a $ 3.001.541 miles. Además, figuran como Ingresos de Operación $ 69.595 miles, que provendrán de la venta de servicios computacionales y de la de tomos de leyes y reglamentos.

Otros ingresos corresponden al cobro de los cursos que ese Organismo imparte a funcionarios públicos; y al arriendo de 144 casas fiscales que la Contraloría ha facilitado a sus empleados, para lo cual se le descuenta a cada funcionario arrendatario el 10% de su sueldo base.

En cuanto a gastos, el rubro más importante corresponde al de Gastos en Personal, que alcanza a $ 2.420.359 miles, suma con la cual se remunerará a la dotación de la Contraloría que asciende a 1.300 funcionarios, además de subvenir a otros gastos variables asociados a su función fiscalizadora, como es el caso de los viáticos.

Los representantes de la Contraloría General manifestaron que el Gasto en Personal para 1991 se mantiene en el mismo nivel del correspondiente al presente año.

En cuanto a los gastos de operación, existe un incremento asociado a los mayores gastos por concepto de computación, que ahora integra a todas las Contralorías Regionales en línea. También se consulta un programa de reparaciones de inmuebles en regiones.

Los gastos de Transferencias son los normales que corresponden a este rubro conforme a la ley (Salas Cunas), y a los compromisos con organismos internacionales de la especialidad Contralora.

En Inversión Real del total previsto de $ 266.815 miles, el gasto principal ascendente a $ 174.000 miles corresponde al pago de cuotas de "leasing" por la adquisición de equipos computacionales. La diferencia del ítem 50, Requisitos de Inversión para funcionamiento, se utilizará para renovar máquinas y muebles de computación.

En relación con el gasto en vehículos, se repondrán 4 de una dotación de 19, que data de años anteriores a 1980.

La inversión Región Metropolitana de Santiago corresponde a tres proyectos específicos:

Reposición máquinas taller de imprenta $ 21.214 miles;

Reposición equipos de Casino $ 12.100 miles, e

Implementación Sala Computadores $ 12.100 miles.

La Inversión no Regionalizable corresponde a la cuarta y última etapa de reparaciones mayores a las casas fiscales de la Contraloría.

Por último, cabe advertir que esta Partida no contempla un presupuesto en moneda extranjera.

Vuestra Segunda Subcomisión, después de debatir ampliamente el tema, procedió a aprobar, por unanimidad, en general y particular, la Partida Contraloría General de la República, sin enmiendas. 06 Ministerio de Relaciones Exteriores

Esta Subcomisión analizó detenidamente la Partida en estudio durante dos sesiones celebradas los días 23 de octubre y 7 de noviembre del año en curso.

A la primera de ellas, concurrieron además de sus miembros, el H. Senador don Sergio Diez y el señor Diputado don Guillermo Yungue.

Especialmente invitados asistieron en la misma oportunidad el señor Ministro de Relaciones Exteriores don Enrique Silva Cimma; el Director General Administrativo de la Cancillería, don Aliro Verdugo Lay; el Director de Contabilidad del mismo Ministerio, don Bernardo Berger Wiehoff; el Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva, y el analista de esa Dirección, don Pedro Troncoso.

A la segunda sesión en que se estudió esta Partida, concurrieron además de sus miembros, los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri y Sergio Onofre Jarpa.

Asimismo, en calidad de invitados, asistieron el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Bernardo Berger Wiehoff. Además, estuvo presente el Jefe de Sector de a Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva.

Antes de entrar a tratar este tema, se deja constancia que a petición del H. Senador señor Romero se envió oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores solicitándole: 1) Planta actual del personal de ese Ministerio, con enunciación de las personas que ocupan esos cargos, incluyendo aquéllas empleadas a contrata y a honorarios, y 2) Cuales son las nuevas contrataciones de personal hechas por ese Ministerio a partir del 11 de marzo de 1990, con su individualización respectiva.

A la fecha de este informe, 12 de noviembre, dicho oficio no había sido contestado. Estructura del Ministerio

Conforme a la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores (DFL. N° 161 de 1978), esta Secretaría de Estado se compone de:

1. Secretaría y Administración General, y

2. Servicios Dependientes:

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales;

Dirección de Fronteras y Límites del Estado, e Instituto Antártico Chileno.

Los ingresos y gastos tanto de la Secretaría y Administración General como de los tres Servicios citados se consultan anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación, mediante Capítulos separados que figuran bajo la Partida 06, común del ministerio del Ramo.

El Presupuesto global del Ministerio para 1991, incluyendo a todos los Servicios dependientes, en moneda nacional, alcanza a $ 3.278.795 miles, que se financia fundamentalmente con un Aporte Fiscal de $ 3.063.227 miles.

En moneda extranjera, el mismo Presupuesto asciende a US$ 83.449 miles, financiado también básicamente con un Aporte Fiscal de US$ 81.837 miles.

Dentro de cada Capítulo, los ingresos son los siguientes:

El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo presente que la política de reinserción de Chile en la Comunidad Internacional ha irrogado, entre otros aspectos, la apertura de 16 nuevas Misiones Diplomáticas y Consulares y el reforzamiento de otras ya existentes.

Entre las nuevas Embajadas es posible mencionar las acreditadas en Checoslovaquia, Finlandia, Hungría, Jamaica, Marruecos, México, Nicaragua, Polonia, Túnez, Yugoslavia, ALADI y CEE. En la Unión Soviética se está tratando de encontrar un inmueble que reúna las condiciones necesarias para sede de Embajada.

Asimismo, se han abierto dos Consulados, uno en Vancouver y otro en Gotemburgo

Lo anterior ya ha significado y significará para el próximo año, un mayor gasto para atender las múltiples necesidades que tales medidas irrogan (remuneraciones, arriende de Cancillerías y residencias, alhajamiento, etc.), a todo lo cual debe agregarse el efecto financiero que está provocando el marcado deterioro de la moneda dólar frente a otras divisas que se procesan para los egresos locales.

Como una sana medida de administración económica agregó el señor Ministro esta Secretaría de Estado ha solicitado y obtenido de la autoridad financiera la reducción del ítem Gastos Reservados en moneda extranjera que se utilizaba para solventar gastos susceptibles de incorporar al Presupuesto en moneda nacional, especialmente al Presupuesto Corriente.

En consecuencia, por la razón anotada es que en este proyecto de presupuesto para 1991, se advierte un mayor incremento en algunos Subtítulos del Presupuesto en Moneda Nacional (v.g. los Subtítulos N°s. 22 y 25), aumento cuya finalidad es compensar la drástica disminución que presentan los Gastos Reservados en Moneda Extranjera. En efecto, el ítem 17/008 Gastos Reservados en el presente año 1990 es de US$ 2.150 miles y en 1991 bajará a US$ 1.500 miles.

La dotación efectiva de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo a sus Servicios dependientes, a octubre de 1990, asciende a 1.112 personas, con un gasto también efectivo en remuneraciones calculado hasta septiembre del 1990, de $ 1.290.933.595.

El Presupuesto en moneda extranjera para 1991, de la Secretaría y Administración General asciende a US$ 71.742 miles (en 1980 está contemplada la suma de US$ 57.384 miles).

En materia de Gastos en Personal, el mayor gasto para 1991 de US$ 1.826 miles en personal de planta corresponde a que debe considerarse el nombramiento de Embajadores por año completo. En 1990, esos nombramientos se han hecho en forma escalonada.

En materia de personal a contrata, se contemplan para el año 1991 las remuneraciones anuales de 45 agregados y de 10 cónsules generales que fueron contratados en 1990 en forma escalonada. Además, se contempla la contratación de personal local en las nuevas Misiones Diplomáticas y Consulares, como también el mayor gasto producto de la baja del valor del dólar respecto de las monedas locales, a saber:

Mayor Gasto Agregados y Consulados Generales US$ 524.400

Contratos locales para nuevas Misiones US$ 650.000

Mayor costo contratos locales actuales US$ 126.600

Por otra parte agregó el señor Ministro, para 1991 se contempla un aumento en las Asignaciones de Zona por alza del costo de vida para alcanzar un total de US$ 16.900 miles. (En 1990, esta asignación es de US$ 11.900 miles). Este aumento sigue el índice de Naciones Unidas sobre la materia.

Vuestra Segunda Subcomisión aprobó en general la Partida en estudio, después de debatirla latamente.

El señor Diputado don Federico Ringeling presentó una indicación con el objeto de rebajar los Subtítulos 22, Bienes y Servicios de Consumo, tanto en moneda nacional como extranjera, en los siguientes términos:

Para rebajar de:

(En Moneda Nacional)

$ 1.030.717 miles a $ 704.593 miles.

(En Moneda Extranjera)

US$ 26.979 miles a US$ 22.323 miles.

El señor Diputado basó su indicación en el hecho de que dichos ítemes 22, tanto en moneda nacional como extranjera, experimentan un fuerte aumento para 1991, lo que no se compadece con la política de austeridad fiscal defendida por el Ministro de Hacienda.

En la sesión que celebró esta Segunda Subcomisión el día 7 de noviembre del año en curso, el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores hizo presente que es efectivo lo afirmado por el señor Ringeling en cuanto el ítem 22, en moneda nacional, de la Partida en estudio ha experimentado un marcado incremento (de $ 541.955 miles en 1990 a $ 1.030.717 miles para 1991).

Ello ha sido así principalmente agregó el señor Subsecretario por cuanto en los años anteriores se financiaba este rubro de Bienes y Servicios de Consumo a través de Gastos Reservados (2217008) en dólares, que ahora disminuye de US$ 2.150 miles en 1990 a US$ 1.500 miles para 1991.

Por otra parte, el Presupuesto global en moneda extranjera ha tenido un incremento producto entre otras causas de la desvalorización del dólar, la apertura de nuevas Embajadas y la reparación de sedes muy deterioradas.

Además añadió el señor Subsecretario esta Partida tendrá la disminución de 5% anunciada recientemente por el Ministro de Hacienda que, consecuencialmente, también afectará al Subtítulo 22 referido.

En estas circunstancias, el señor Diputado don Federico Ringeling retiró su indicación, haciendo presente que podría renovarla más adelante si los nuevos antecedentes que consultará lo hacen necesario.

Vuestra Segunda Subcomisión aprobó en particular y sin enmiendas, la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores en estudio, con la abstención del H. Senador señor Romero. 11 Ministerio de Defensa Nacional

La Partida correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional fue estudiada cuidadosamente por vuestra Segunda Subcomisión durante dos sesiones celebradas el 24 de octubre y el 27 de noviembre del año en curso.

Asistieron, además de sus miembros, los HH. Senadores señores Sergio Diez, Arturo Frei, Jaime Gazmuri, Vicente E. Huerta, Sergio Onofre Jarpa, Enrique Larre, Ignacio Pérez, César Ruiz Danyau y Santiago Sinclair y los señores Diputados don Francisco Bartolucci, don Luis Navarrete y don Guillermo Yungue.

Concurrieron a esas sesiones, especialmente invitados, el señor Ministro de Defensa Nacional, don Patricio Rojas Saavedra; los Subsecretarios de Marina, don Tomas Puig Casanova; de Aviación, don Mario Fernández Baeza; de Carabineros, don Jorge Kinderman Fernández, y de Investigaciones, don Jorge Pantoja Bornand. Asimismo, asistieron el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de Aviación don Fernando Rojas V.; el Contraalmirante AB don Arturo Vásquez Norman; el General de Brigada (A) don Nelson Maturana Terán; el General (I) don Marcos Ibacache Rojas, y el Brigadier don Víctor Escobedo Román; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano y los asesores de esa Dirección, señores Hernán Vega y Hugo Zúñiga.

El señor Ministro de Defensa Nacional expresó que antes de entrar en materias presupuestarias, se referiría a ciertos aspectos previos.

El primero de ellos consiste en visualizar el contexto de seguridad externa y de seguridad interna, que el país prevé como hipótesis de trabajo para un período determinado; en este sentido, en la actualidad, el contexto en que se han formulado estos presupuestos del sector de la defensa nacional y, especialmente, el de las Fuerzas Armadas es en líneas generales un contexto de paz y armonía social. Este contexto externo de paz es muy determinante en lo referente al nivel de asignación adecuada de recursos.

En segundo lugar, debe destacarse que teniendo como base este contexto externo de paz, el Gobierno está plenamente consciente de la necesidad de mantener una capacidad defensivo disuasiva del país adecuada a riesgos reales y a equilibrio de fuerzas, especialmente, con nuestros vecinos y, por supuesto, esto significa y se debe traducir en la existencia de unas Fuerzas Armadas eficientes, bien entrenadas, lo mejor equipadas posible, y, sobre todo, motivadas psicológicamente, de una manera que les haga prestar el debido servicio a su Patria.

En tercer lugar, debe señalarse que las Fuerzas Armadas, así como las de Orden y Seguridad, deben ser, como lo han sido siempre, instituciones profesionales y en constante búsqueda de la incorporación de nuevos conocimientos del avance científico-tecnológico en el entrenamiento y en la formación de sus hombres, en la necesidad de conocer e incorporar el cambio tecnológico y la innovación dentro de la mejor relación costo-efectividad y costo-oportunidad en los recursos económicos que la Nación pone a su disposición.

Para este efecto, cada institución tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Orden y Seguridad, desarrolla permanentemente planes estratégicos que se deben conjugar e integrar en lo que se denomina planificación estratégica conjunta, cuya responsabilidad cabe al Estado Mayor de la Defensa Nacional; en este sentido las Fuerzas Armadas se han preocupado de dar a conocer a los señores parlamentarios, en diversas instancias, estos planes de desarrollo en reuniones que han sido de público conocimiento y que han ayudado a la mejor comprensión de la situación institucional de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.

Otro aspecto fundamental es la convicción del Gobierno transmitida a todas las Instituciones que conforman el Ministerio de Defensa Nacional, en el sentido de que los recursos que la Nación pone a disposición de sus Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad deben ser empleados con la máxima eficiencia, con la mayor relación costo-beneficio y el mayor grado posible de transparencia.

Es fundamental que la opinión pública tenga confianza que al entregar estos recursos a las Instituciones Armadas, los hace para que éstas cumplan estrictamente sus deberes constitucionales y legales de seguridad y de tranquilidad respecto de cualquier peligro que pueda tener nuestro país.

Subrayó el señor Ministro que los recursos asignados a la Defensa Nacional están, a su vez, obligadamente en consonancia con las condicionantes y objetivos de la globalidad de la situación y la política económica del Supremo Gobierno que recientemente expuso ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el señor Ministro de Hacienda. En efecto, la Defensa Nacional se integra dentro de esa situación y condicionantes o limitantes de la situación económica general.

Con estos criterios básicos, los objetivos propuestos para el trabajo y la preparación del presupuesto del año 91 en el sector de la Defensa Nacional son básicamente tres.

El primero es el de continuidad del nivel de actividades básicas de nuestras Fuerzas Armadas.

El segundo objetivo central es aplicar cabalmente el artículo 96 de la Ley Orgánica Constitucional que señala la asignación de presupuestos a las Fuerzas Armadas.

En tercer lugar, terminó el señor Ministro expresando que un objetivo importante de la formulación presupuestaria del año 91 es la reorientación de prioridades y de gastos relativos a la Seguridad Interior del Estado haciendo recaer esta responsabilidad en el Cuerpo de Carabineros de Chile y en Investigaciones.

Los Presupuestos de Entradas y Gastos de las Instituciones de la Defensa Nacional, en forma globalizada, son los siguientes:

En líneas generales, es posible comentar que los Presupuestos de la Defensa Nacional son de niveles de continuidad en relación con los anteriores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y conforme a los objetivos reseñados anteriormente por el señor Ministro de Defensa Nacional.

En efecto, en el Capítulo 01 Subsecretaría de Guerra hay una leve disminución producto de un personal que se encuentra en proceso gradual de extinción.

Como es natural, este Capítulo 01 tiene en el Aporte Fiscal su ingreso más fuerte, aunque cuenta con ingresos propios derivados de prestaciones médicas del Hospital Militar, Centro de Atención Sanitaria y, además, los recursos aportados por el Cuerpo Militar del Trabajo.

El Capítulo 02 Subsecretaría de Marina permite a la Armada realizar sus funciones de vigilancia y custodia del mar patrimonial, garantizando el transporte marítimo y la seguridad humana en el mar.

El mayor flujo de recursos corresponde al Aporte Fiscal, sin perjuicio de sus ingresos propios (Hospital Naval, Dirección del Territorio Marítimo, etc.).

El Capítulo 03 Subsecretaría de Aviación también está formulado en un nivel de continuidad, con el objeto de que la Fuerza Aérea pueda realizar sus cometidos en beneficio del país. También el Aporte Fiscal es determinante en este Capítulo, aunque también se cuenta con entradas propias (Hospital FACH, etc.).

En el Capítulo 04 Subsecretaría de Carabineros hay un margen de expansión, producto del aumento de 4.400 plazas para los próximos 4 años tendiente a mejorar la vigilancia en favor de la población. También el Aporte Fiscal constituye su ingreso principal, aun cuando hay ingresos propios (Hospital de Carabineros, etc.).

El Capítulo 05 Subsecretaría de Investigaciones es también un presupuesto con un cierto grado de expansión, con un Aporte Fiscal muy mayoritario.

Durante la discusión del Capítulo 01, de la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, el señor Diputado don Vicente Sota y los HH. Senadores señores Ricardo Hormazábal y Carlos González Márquez presentaron una indicación tendiente a disminuir el Subtítulo 21 Gastos en Personal en la suma de $ 1.268.200 miles y reducir el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo en $ 424.000 miles.

El señor Diputado don Vicente Sota fundó su indicación en el hecho de que habiéndose publicado el 22 de febrero de 1990 la ley N° 18.943 que disolvió a la CNI, no tiene sentido que el Fisco siga haciéndose cargo de los gastos de un Servicio que no existe. Por otra parte, las funciones de seguridad interior que antes tenía ese Organismo, ahora son cumplidas por Carabineros e Investigaciones, por lo que no se justifica tampoco la mantención parcial de las dotaciones de la ex CNI. Por último agregó el señor Diputado este gasto no estaba contemplado en el Presupuesto de Defensa de los años anteriores, por lo cual menos razón habría todavía para incorporarlos al presupuesto de 1991.

Después de un amplio debate y habiéndose escuchado al señor Ministro de Defensa Nacional sobre el particular, los HH. Senadores señores Sergio Romero y Beltrán Urenda y el señor Diputado don Federico Ringeling consideraron inconstitucional la indicación por cuanto tenía por objeto rebajar un gasto fijo establecido por ley permanente, ya que el personal de la ex CNI está encasillado en una de las plantas del Ejército. A su vez, el H. Senador señor Eduardo Frei también estimó inconstitucional la indicación en su parte primera relativa a la reducción en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, por tratarse de una norma que requiere de iniciativa del Ejecutivo. Asimismo, a instancias del H. Senador señor Romero, el Ministro expresó que la facultad para reducir gastos de planta de personal corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

El señor Presidente de la Subcomisión declaró improcedente la indicación en comentario por ser inconstitucional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, de la Carta Fundamental, en cuanto la facultad para suprimir empleos públicos rentados pertenece exclusivamente a S.E. el Presidente de la República.

(El señor Presidente de la Subcomisión dará, en caso necesario, mayores antecedentes en torno a la intervención del señor Ministro de Defensa Nacional sobre este tema realizada en sesión secreta.)

A continuación, vuestra Segunda Subcomisión procedió a aprobar, por unanimidad, en general y particular, sin enmiendas, la Partida en estudio correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional.

20. Secretaría General de Gobierno

Esta Partida fue estudiada por vuestra Subcomisión en dos sesiones celebradas el 25 de octubre y el 7 de noviembre.

Especialmente invitados, concurrieron a estas sesiones el señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa Ríos; el Subsecretario de ese Ministerio, don Edgardo Riveros Marín, y el jefe del Departamento de Finanzas de esa Secretaría General de Gobierno, don Enrique Farías Díaz. Asistió, además, el Jefe de Sector de la Dirección de Presupuestos, señor Juan Carlos Manosalva Rojas.

En líneas generales expresó el señor Ministro esta Partida tiene ingresos en moneda nacional por $ 2.370.134 miles, con un aporte fiscal muy importante que asciende a $ 2.339.129 miles.

Los ingresos en moneda extranjera alcanzan a US$ 561 miles.

En materia de personal, se mantiene la dotación de 363 funcionarios, contemplándose, además, 20.000 horas extraordinarias (igual que en 1990) con recursos para tal objeto por $ 7.602 miles.

A petición de H. Senador señor Sergio Romero y del señor Diputado don Federico Ringeling, el señor Subsecretario con el fin de informar más detalladamente a la Sub comisión, envió el detalle del gasto mensual del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo y del ítem 17 Servicios Generales, a saber: Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo Gasto Mensual

Ítem 17, Servicios Generales Gasto Mensual

Por último, el señor Subsecretario hizo llegar a la Subcomisión la ejecución presupuestaria de la Secretaría General de Gobierno hasta el mes de septiembre del presente año.

Esta es la siguiente:

Esta Subcomisión, después de discutir el tema, procedió a aprobar, por unanimidad, en general y particular la Partida Secretaría General de Gobierno en estudio, sin enmiendas.

En consecuencia, vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de recomendaros, por unanimidad, la aprobación sin enmiendas, de las Partidas de su competencia, esto es,

01 Presidencia de la República;

04 Contraloría General de la República;

06 Ministerio de Relaciones Exteriores;

11 Ministerio de Defensa Nacional, y

20 Secretaría General de Gobierno.

Acordado en sesiones de fechas 16, 17, 23, 24 y 25 de octubre y 6 y 7 de noviembre de 1990, con asistencia de los HH. Senadores señores Ricardo Navarrete (Carlos González Márquez) Presidente, Eduardo Frei, Sergio Romero y Beltrán Urenda y de los señores Diputados don Federico Ringeling y Vicente Sota.

Sala de la Comisión, a 12 de noviembre de 1990.

(Fdo.): César Berguño Benavente, Secretario de la Subcomisión".

Informe de la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos recaído en las Partidas correspondientes a Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Salud y Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991. (Boletín N° 163-05 (III)).

Honorable Comisión Especial de Presupuestos:

Vuestra Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de informaros las Partidas relativas al Poder Judicial y a los Ministerios de Justicia, del Trabajo y Previsión Social, de Salud y Secretaría General de la Presidencia de la República, propuestas en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el próximo año, cuyo estudio le fuera encomendado por esa Comisión en su primera sesión.

Durante el análisis de las materias precedentemente señaladas, la Subcomisión contó con la permanente colaboración de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Clelia Beltrán, Jefa del Sector Social; señor Juan Carlos Manosalva, Jefe del Sector Administración General, y de los analistas señoras Susana González, Carolina Muñoz y Rebeca Vitali y señores Hugo Concha, Oscar Cooper, Eduardo Manríquez y René Mellado.

Asimismo, a algunas de las sesiones celebradas asistieron, además de los miembros de la Subcomisión, el H. Senador señor Sergio Diez Urzúa y los Diputados señoras María Angélica Cristi Marfil, Marina Prochelle Aguilar y Laura Rodríguez Riccomini y señores Mario Acuña Cisternas, Mario Devaud Ojeda, Pablo Longueira Montes, Manuel Matta Aragay, Patricio Melero Abaroa, Víctor Reyes Alvarado, Isidoro Tohá González y Edmundo Villouta Concha.

Concurrieron, además, especialmente invitados al estudio de las diferentes Partidas, personeros representativos del correspondiente sector, los que se mencionarán al referirnos a cada una de ellas.

A continuación, para un tratamiento más ordenado de las materias sometidas a conocimiento de la Subcomisión, se efectuará un análisis por Partidas, indicándose los acuerdos adoptados respecto de cada una de ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que se adjuntan como anexo a este informe en ejemplar único copias de las Partidas en que recae, en la que se han introducido las enmiendas acordadas por la Subcomisión.

PARTIDA 03 PODER JUDICIAL

A las sesiones en que se consideró esta materia concurrieron el Ministro de la Exenta. Corte Suprema, señor Roberto Dávila Díaz; la Subsecretaria de Justicia, señora Martita Wórner Tapia; el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor Luis Manríquez Reyes; el Subdirector de la misma, señor Carlos González Arístegui y el Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos de la mencionada Corporación, señor Omar Rebolledo Martínez.

La Partida correspondiente al Poder Judicial está integrada por dos Capítulos, que se refieren a éste y a su Corporación Administrativa.

El presupuesto propuesto por el proyecto de ley en estudio para el Poder Judicial contempla ingresos y gastos por un total de $ 12.191.510.000, lo que representa un incremento real de 10% en relación con los contenidos en la Ley de Presupuestos para el presente año y de 3,5%, en comparación con el presupuesto estimado para 1990.

Los representantes del Poder Judicial expresaron que, con la participación de la recientemente creada Corporación Administrativa de ese Poder del Estado, se presentó al Ministerio de Hacienda un proyecto de presupuesto para 1991, en el que se señalaron sus reales necesidades.

Sobre el particular, agregaron, se indicaron las metas en siete aspectos básicos, que son los siguientes:

1.- Creación de nuevos Tribunales.-

Respecto de esta materia, manifestaron que sería ideal que existiera un tribunal por cada 10.000 a 15.000 personas, pero que habida consideración de la escasez de recursos existentes en nuestro país se ha estimado como mínimamente adecuada una relación de un juzgado por cada 30.000 habitantes.

Añadieron que, sobre la base del parámetro precedentemente indicado, se ha considerado que, a lo menos, en ochenta ciudades debería incrementarse en un tribunal los juzgados actualmente existentes.

Explicaron que para dar satisfacción a esta necesidad, se ha elaborado un plan que, en una primera etapa uno a dos años, contempla la creación de 10 nuevos tribunales, con un costo estimativo por unidad judicial de $ 61.490.000, incluidos construcción y alhajamiento, pero sin considerar el valor del terreno;

2.- Mejoramiento de la infraestructura física.-

Señalaron que comprende tanto la construcción de nuevos recintos judiciales, como la mantención y reparación de los más de 300 inmuebles que tiene el Poder Judicial.

Hicieron presente que, respecto de las reparaciones, se ha desarrollado un plan de acción a siete año plazo, cuya primera etapa haría necesario contar con recursos por $ 373.312.000 por este concepto;

3.- Programa de Desarrollo de Sistemas Computacionales.-

Expusieron que existe la intención de continuar con la tarea de dotar al Poder Judicial de sistemas informáticos para el apoyo de sus funciones jurisdiccionales y administrativas, con el objeto de hacerlo más ágil y eficiente.

Pusieron especial énfasis en que, hasta este año, ha sido el Ministerio de Justicia el que ha recibido los recursos presupuestarios para estos fines, pero que, a raíz de la creación de la Corporación Administrativa, se estima conveniente que sea el propio Poder Judicial el que se haga cargo de los proyectos existentes en esta área.

Expresaron que en el rubro informática, el costo del proyecto para 1991 es de $ 381.000.000, lo que incluye gastos de inversión en equipamiento computacional y gastos operacionales;

4.- Capacitación.-

Explicaron que consiste en una labor de perfeccionamiento profesional, tanto de los Magistrados como del personal de empleados, mediante la realización de diversos cursos. Agregaron que el pleno desarrollo del programa tendría un costo total de $ 40.000.000;

5.- Robustecimiento del sistema interno de comunicaciones, para lo cual se solicitaron $ 20.000.000 con el objeto de implementar, en 1991, un sistema de "Fax" que una a la Corte Suprema con las diecisiete Cortes de Apelaciones y con la Corporación Administrativa del Poder Judicial;

6.- Regionalización de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante la creación de ocho oficinas regionales, y

7.- Mejoramiento de las remuneraciones del Escalafón Primario del Poder Judicial, mediante un plan de aumento de rentas en tres etapas anuales, destinado a reajustar en ciento por ciento sus emolumentos.

Desde el punto de vista presupuestario propiamente tal, explicaron que, en sumas globales, el presupuesto que el Poder Judicial propuso al Ejecutivo ascendía a $ 16.525.000.822 y que el contenido en el proyecto de Ley de Presupuestos alcanza a $ 12.191.510.000, lo que significa que hay una diferencia no financiada de alrededor de $ 4.334.000.000.

En síntesis, manifestaron que el presupuesto para el Poder Judicial contemplado en el proyecto de ley en análisis es un presupuesto de continuidad, en que se aplicó un criterio histórico, que no permite satisfacer adecuadamente las reales necesidades de este Poder, ya expresadas, señalando que no puede considerarse como un aumento real el derivado del traspaso de la actividad computacional con el financiamiento correspondiente del Ministerio de Justicia al Poder Judicial.

Hicieron presente que, como consecuencia de lo anterior, de los aspectos básicos precedentemente señalados, únicamente se accedió al traspaso al Poder Judicial del programa de desarrollo de sistemas computacionales, que actualmente está radicado en la Subsecretaría de Justicia.

Agregaron que, en materia de construcción de tribunales, sólo se contempla la del Juzgado de Talcahuano y la terminación de los trabajos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

En cuanto al reajuste de remuneraciones, señalaron que luego de conversaciones sostenidas por el señor Presidente de la Excma. Corte Suprema con el Gobierno ha quedado diferido para más adelante.

Finalmente, expresaron que desde el punto de vista del tratamiento presupuestario, el Poder Judicial ha sido tradicionalmente considerado como un sector de la Administración Pública, en circunstancias que es un Poder del Estado que puede hacer sus planteamientos independientemente.

La señora Subsecretaría de Justicia explicó que hasta el año pasado el presupuesto del sector Justicia comprendía el del Ministerio de Justicia y sus Servicios y el del Poder Judicial. Este año, en cambio, por primera vez, este Poder del Estado hizo sus peticiones independientemente, a raíz de la creación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que entró en funciones el 1° de julio señalando que, por la premura del tiempo, no había podido existir una etapa de coordinación entre ambos.

Hizo presente que, en todo caso, el Ministerio está consciente de las necesidades del Poder Judicial, pues comparte el criterio de que faltan más tribunales, hay que reparar recintos judiciales, es necesario asignar más recursos a computación, etc.

Señaló, sin embargo, que al estudiar la asignación de los recursos, siempre escasos, el Ministerio de Hacienda dio prioridad a la inversión real en dos servicios del Sector Justicia que la requerían urgentemente, como son Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores.

Hizo presente, además, que no había ley que dispusiera la creación de los 10 tribunales solicitados para este año y que tampoco hubo tiempo para que se efectuara la necesaria evaluación del proyecto respectivo por parte del Ministerio de Planificación y Cooperación.

En cuanto al aumento de remuneraciones, manifestó que ello no es materia de la Ley de Presupuestos, sino de una ley especial, agregando que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar la posibilidad de otorgar un mejoramiento de rentas del Poder Judicial.

Finalmente, cabe hacer presente que luego de un breve intercambio de ideas entre los miembros de la Subcomisión y los invitados, fue posible establecer que el mejoramiento de remuneraciones y la creación de nuevos tribunales solicitados, que requieren de la dictación de una ley separada, así como del cumplimiento de otros requisitos previos, tiene un costo de alrededor de $ 2.500.000.000, lo que representa más de la mitad de los $ 4.300.000.000 de diferencia que existe entre el presupuesto solicitado por el Poder Judicial y el contenido en el proyecto en estudio.

Vuestra Subcomisión, una vez que hubo analizado detenidamente el presupuesto propuesto para el Poder Judicial, procedió a aprobar, por unanimidad, los ingresos y gastos contenidos en los dos Capítulos de esta Partida, en los mismos términos propuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, acordó dejar expresa constancia de su opinión en el sentido de que constituye una urgente necesidad hacer la Justicia más accesible a la población lo que no haría aconsejable esperar hasta el año presupuestario 1992 para abordar el problema de la creación de nuevos tribunales por lo que, desde ahora, solicita al Ministerio de Hacienda que considere la posibilidad de suplementar, durante 1991, el presupuesto del Poder Judicial, con el objeto de que una vez que se hayan cumplido los requisitos previos se pueda materializar, a la brevedad posible, la creación y construcción de los diez juzgados solicitados para 1991.

Sobre el particular, cabe hacer presente, que, en todo caso, de acuerdo a lo expresado por la señora Subsecretaría de Justicia en el presupuesto de gastos de la Corporación Administrativa figura un saldo final de caja de cerca de $ 183.000.000, lo que, en cierta medida, permitiría iniciar algunas construcciones, cuando fuere procedente.

Además, la H. Senadora señora Feliú y el Diputado señor Valcarce expresaron que, en su opinión, el Poder Judicial, en su calidad de Poder del Estado, no debería estar sujeto a las normas del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, en el sentido de que sus proyectos de inversión no deben requerir del proceso de evaluación previo por parte del Ministerio de Planificación y Cooperación, por lo que sería conveniente efectuar las modificaciones a la legislación que fueren pertinentes.

Finalmente en relación con los antecedentes de que tuvo conocimiento con motivo del estudio de esta Partida, la Subcomisión acordó, asimismo, dejar constancia de que, de acuerdo a la información recibida, en el Poder Judicial solamente tienen automóviles fiscales los Ministros de la Corte Suprema, los de la Corte de Apelaciones de Santiago y los Presidentes de las Cortes de Apelaciones del resto del país, por lo que los juzgados carecen de vehículos, situación que, en la medida de lo posible, sería conveniente subsanar.

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron la Subsecretaría de Justicia, señora Martita Wórner Tapia; la Directora General del Servicio de Registro Civil e Identificación señora Berta Belmar; la Directora del Servicio Nacional de Menores, señora Oriana Zanzi; el Director de Gendarmería, señor César Pinochet, y el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Justicia, señor Manuel Fajardo.

La Partida correspondiente al Ministerio de Justicia consulta ingresos y gastos por $ 28.786.903.000, lo que representa un incremento real de 14,9% en relación con los contenidos en la Ley de Presupuestos del año en curso y de 10,7, en comparación con el presupuesto estimado para 1990.

La señora Subsecretaría de Justicia hizo presente, en primer término, que en el proyecto de Ley de Presupuestos en estudio se ha dado a ese Ministerio el mismo tratamiento que a los del área social, en consideración a que durante los veinte últimos años ha tenido un fuerte deterioro en el porcentaje del Tesoro Público que se le ha asignado, disminuyendo de un 2,7% en 1970 a un 1,7%, en 1990.

Expresó que, en atención a lo expuesto, se propone un aumento considerable de su presupuesto para el próximo año, el que se destina, básicamente, a atender en forma preferencial las necesidades del Servicio Nacional de Menores y de Gendarmería de Chile, por cuanto estos Servicios tienen serias deficiencias en materia de infraestructura y dotación de personal.

Explicó que, en materia de inversión real, se consultan los fondos necesarios para dar cumplimiento a la primera etapa de un plan de tres años.

Además, en materia de dotación, en Gendarmería se contempla un aumento de la misma en alrededor de quinientas personas para paliar, a lo menos en parte, el déficit de aproximadamente 2.500 funcionarios que actualmente existe.

Señaló que con los mayores recursos que se les asignan se pretende estar en condiciones de atender en mejor forma a los menores en situación irregular y contar en Gendarmería con la infraestructura necesaria y, en general, poder tener una situación mucho más humana en los sistemas carcelarios.

Finalmente, en lo que se refiere a los restantes servicios del Ministerio, explicó que los presupuestos que se proponen para ellos son, en líneas generales, de continuidad, en los que sólo cabe destacar la regularización de la situación de cerca de trescientos funcionarios que, desde hace años, se desempeñan a honorarios, los que ahora se propone incorporar a las dotaciones de las reparticiones en que prestan servicios, quedando en calidad de contratados.

La Partida correspondiente a este Ministerio consta de ocho Capítulos, que a continuación se analizan someramente. Capítulo 01 Secretaría y Administración General

Consulta ingresos y gastos por $ 2.640.364.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo en los mismos términos en que viene propuesto. Sus acuerdos se adoptaron por unanimidad, excepto respecto del subtítulo 31 "Inversión Real", en que la H. Senadora señora Feliú se abstuvo, por estimar que la política de construir centros especialmente destinados para menores si bien es un progreso, en cuanto evita que estén en cárceles de adultos no es la solución más adecuada, por lo que sería conveniente buscar mecanismos alternativos que les permitieran la necesaria convivencia familiar.

Además, la H. Senadora señora Feliú y la Diputada señora Matthei dejaron constancia de su opinión en el sentido de que es necesario procurar que los menores estén recluidos en centros de orientación y diagnóstico el menor tiempo posible. Capítulo 02 Servicio de Registro Civil e Identificación

Contempla ingresos y gastos por $ 3.774.686.000.

Vuestra Subcomisión aprobó por unanimidad este Capítulo.

Sin perjuicio de lo anterior, al aprobar el subtítulo 31, "Inversión Real", se dejó constancia de que de acuerdo a la información recibida las inversiones propuestas para regiones son significativamente menores que las de la Región Metropolitana, en atención a que en aquéllas el Servicio ha recibido en comodato de parte del Instituto de Normalización Previsional alrededor de treinta recintos, lo que le ha permitido satisfacer algunas de sus necesidades en materia de infraestructura física. Capítulo 03 Servicio Médico Legal

Contempla ingresos y gastos por $ 569.542.000.

En relación con este Capítulo, cabe hace presente que, al analizarse el párrafo final de la glosa 02 del Subtítulo 21, "Gastos en Personal", la H. Senadora señora Feliú hizo presente que, a su juicio, la norma contenida en ella no se ajusta al Estatuto Administrativo e, incluso, podría estimarse que no guarda armonía con el sistema establecido por la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En atención a lo expuesto, el Ejecutivo recogiendo el mencionado planteamiento formuló indicación para suprimir en la referida glosa 02 el párrafo que dice: "Se podrá pagar personal que preste servicios transitorios no afecto a las leyes N° 18.834 y N° 15.076".

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, acogió la referida indicación y, consecuentemente, aprobó el Capítulo en informe, con la sola enmienda consistente en suprimir el párrafo aludido, ya citado, de la glosa 02 del subtítulo 21.

Además, dejó las siguientes constancias:

a) En relación con el subtítulo 31, "Inversión Real", en el sentido de que según lo manifestado por la señora Subsecretaria de Justicia no es previsible un aumento en el gasto en este rubro, a menos que se decidiere construir dependencias para el Servicio;

b) Respecto de la glosa 02 E) del subtítulo 21, relativa a convenios con personas naturales, en el sentido de que de acuerdo a lo informado por la mencionada señora Subsecretaría el gasto por este concepto bajará en la medida en que terminen las pericias extraordinarias que ha sido necesario efectuar en los denominados "casos de desaparecidos", y

c) Finalmente, la Subcomisión hizo presente su opinión en cuanto a que sería conveniente que el Servicio comenzara a cobrar por determinados tipos de pericias cuando quienes las requieran cuenten con recursos económicos como podría ser el caso, por ejemplo, de las alcoholemias.

Capítulo 04 Gendarmería de Chile

Consulta ingresos y gastos por $ 10.606.696.000.

Vuestra Subcomisión aprobó unánimemente este Capítulo, en los mismos términos propuestos. Capítulo 05

Fiscalía Nacional de Quiebras

Contempla ingresos y gastos por $ 162.261.000.

Durante el estudio de este Capítulo, se suscitó un debate en relación con la proposición contenida en el proyecto para aumentar la dotación de este Servicio de cuarenta y ocho a sesenta y nueve funcionarios, con el objeto de regularizar la situación de veintiún personas que se desempeñan actualmente a honorarios.

Al someterse a votación el referido aumento de dotación, se pronunció por la aprobación el H. Senador Hormazábal, estuvo por el rechazo la H. Senadora señora Feliú y se abstuvo la Diputada señora Matthei.

Repetida la votación de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 163 del Reglamento del Senado, por influir la abstención en el rebultado, se mantuvo la votación precedentemente señalada.

Como ello produjo un empate, se procedió a repetir la votación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 del referido Reglamento, volviendo a producirse el mismo resultado, por lo que el asunto quedó para ser definido en la sesión siguiente.

Realizada esta nueva votación, vuestra Subcomisión rechazó el aumento de dotación por dos votos en contra y una abstención. Votaron por el rechazo la H. Senadora señora Feliú y la Diputada señora Matthei y se abstuvo el H. Senador señor Ruiz-Esquide.

La mayoría de la Subcomisión fundó su posición en la circunstancia de que, de acuerdo a la información recibida, se encuentra en estudio la modificación de la legislación vigente, con el objeto de otorgar mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional de Quiebras, por lo que no parece aconsejable aumentar la dotación mientras tal iniciativa no se materialice y el Congreso Nacional haya adoptado una decisión a su respecto.

Por su parte, el H. Senador señor Ruiz-Esquide dejó constancia de que, una vez que disponga de mayores antecedentes sobre la materia, podría cambiar su posición durante la discusión y votación del proyecto en la Comisión Especial de Presupuestos.

Sin perjuicio de lo anterior la Subcomisión manifestó su propósito de que, a raíz del rechazo del aumento de dotación ya explicado, se aumente, en el Subtítulo 21, "Gastos en Personal", el monto que la glosa 02 E) consulta para convenios con personas naturales, con el fin de que las 21 personas que no podrán incorporarse a la dotación puedan continuar prestando servicios a honorarios, por lo que acordó elevar su monto de $ 9.933.000 a $ 16.374.000.

En atención a lo expuesto, vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo, con las únicas enmiendas consistentes en disminuir la dotación de personal propuesta de 69 a 48 personas y de aumentar el monto de la glosa 02 E) en la forma precedentemente indicada. Capítulo 06 Consejo de Defensa del Estado

Consulta ingresos y gastos por $ 820.453.000.

Vuestra Subcomisión aprobó por unanimidad este Capítulo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Subcomisión dejó constancia de su opinión en el sentido de que la totalidad de los juicios en contra del Instituto de Normalización Previsional cuyo número y cuantía son considerables debería pasar al Consejo de Defensa del Estado, por ser el organismo más idóneo para defender los intereses riscales, con el consiguiente aumento de personal que fuere necesario para ello. Capítulo 07 Servicio Nacional de Menores

Contempla ingresos y gastos por $ 10.134.934.000.

Vuestra Subcomisión aprobó por unanimidad este Capítulo, sujeto a que en el subtítulo 25, ítem 31, asignación 003, "Programa de apoyo a menores en situación irregular", se consulte una glosa que disponga que los convenios que se celebren deberán ajustarse a normas generales y objetivas que establezca un Reglamento que dictará el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las excepciones que pueda contemplar el mismo para casos calificados.

Recogiendo esta idea, el Ejecutivo formuló indicación acogida unánimemente por la Subcomisión para agregar, al ítem, 31.003, del subtítulo 25, la siguiente glosa 04:

"04 Los convenios para la ejecución del programa deberán celebrarse de acuerdo con las normas objetivas y generales que se establezcan mediante decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las excepciones, para casos calificados, que puedan determinarse en el mismo decreto".

En atención a lo expuesto, vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, con la sola modificación propuesta en la referida indicación.

Finalmente, cabe señalar que el Diputado señor Orpis dejó constancia de su opinión en el sentido de que para la asignación de los recursos del Programa de apoyo a menores en situación irregular debería establecerse, como procedimiento general, un sistema de concurso o licitación de proyectos. Capítulo 08 Oficina Nacional de Retorno

Consulta ingresos y gastos por $ 77.967.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo en los mismos términos propuestos. Sus acuerdos fueron adoptados por unanimidad, con la única salvedad que la glosa 02 D), "Convenios con personas naturales", del Subtítulo 21, fue aprobada con la oposición de la H. Senadora señora Feliú, que votó en contra por estimar que un Servicio de tan reciente creación como la Oficina Nacional de Retorno debe funcionar con la dotación de persona que le ha asignado la ley.

PARTIDA 15

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor René Cortázar Sanz; el Subsecretario del Trabajo, señor Eduardo Loyola, el Subsecretario de Previsión Social, señor Martín Manterola; el Superintendente de Seguridad Social, señor Luis Orlandini; el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, señor Julio Bustamante; el Director y el Subdirector del Trabajo, señores Jorge Morales y Pablo Lazo, respectivamente; el Director del Instituto de Normalización Previsional, señor Marcos Lima; el Director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, señor Mario Cerda; el Director General de Crédito Prendario, señor Carlos Catalán; el Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Dr. Patricio Silva; el Director de Previsión de Carabineros de Chile, General Juan (lancino; el asesor del Ministerio de Hacienda, señor Mario Marcel, y otros funcionarios del sector.

El presupuesto de ingresos y gastos de esta Partida asciende a $ 793.761.974.000, lo que representa un aumento real de 22,66% en relación con los contenidos en la Ley de Presupuestos para el presente año y de 6,46%, en comparación con el presupuesto estimado para 1990.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social expresó, en primer término, que se referiría básicamente a los elementos centrales de cambio que presenta el proyecto de presupuesto del sector a su cargo.

Señaló que, en materia previsional, hay un esfuerzo importante de modernización y aumento de la eficiencia del Instituto de Normalización Previsional.

Hizo presente la importancia que reviste esta materia, atendido el enorme volumen de recursos que debe manejar este organismo. Explicó que existe una serie de dificultades de índole administrativa, que tienen que ver con la forma de su origen y la diversidad de regímenes previsionales que le corresponde aplicar. Agregó que hay también problemas de cobranza de imposiciones, así como una gran cantidad de juicios en contra del mencionado Instituto, en los que hay comprometidas grandes sumas de dinero.

En atención a lo expuesto, manifiesto que es de primordial importancia mejorar la eficiencia de su funcionamiento, por lo que se está realizando un particular esfuerzo para tener un personal de la más alta calidad y capacidad, que guarde relación con el volumen de recursos que maneja, lo que se traducirá en un incremento de los gastos, especialmente en personal.

Expresó, en seguida, que también hay un aumento en los gastos de la Dirección del Trabajo, así como un aumento de su dotación en 168 personas.

Explicó que la referida Dirección tiene alrededor de cien oficinas de inspección a lo largo del territorio, de las cuales alrededor de la mitad no reúne las condiciones mínimas para poder funcionar adecuadamente. Es así como agregó cuarenta y cuatro de ellas funcionan en forma intermitente y once operan con solo uno o dos funcionarios.

Hizo presente, asimismo, que su dotación actual de personal es de alrededor de ochocientas personas, en circunstancias que en otras épocas tuvo cerca de mil cuatrocientas, por lo que al Gobierno le parece importante que haya una recuperación en este aspecto, con el objeto de permitirle desarrollar eficientemente las tareas de fiscalización que le son propias, que constituyen una de sus funciones esenciales.

Sobre el particular, señaló que la fiscalización no sólo dice relación con las denuncias que se formulen, sino también con una acción preventiva, que hoy en día es prácticamente inexistente. Acotó, además, que la fiscalización debe ser especializada, con inspectores que realmente conozcan los sectores y tengan la información adecuada.

Manifestó que la falta de apropiada fiscalización tiene una grave repercusión, toda vez que es una fuente de conflicto social muy fuerte y, a la vez, produce el efecto de restarle legitimidad a la legislación laboral.

Por los motivos indicados, mencionó que es esencial tener instancias de fiscalización muy eficaces, que contribuyan a la existencia de un clima de paz social en el país y de adecuadas relaciones laborales.

Finalmente, expresó que un tercer aspecto que es preciso destacar es el relativo a capacitación laboral, que aparece reflejado en el presupuesto en dos áreas:

a) En un incremento de los recursos destinados a las becas que otorga el SENCE para capacitación técnico profesional, y

b) En un programa especial que aparece en el Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de Trabajo que tiene por finalidad capacitar en el curso del próximo año alrededor de 14.000 jóvenes y cerca de 600 profesores e inspectores del Instituto de Capacitación, para cuyo efecto se asigna un significativo volumen de recursos, del orden de los $ 2.800.000.000.

Explicó que el programa de capacitación de jóvenes contempla tres áreas diferenciadas.

Una, busca la formación de jóvenes desocupados mediante un sistema que desde el comienzo establece una vinculación entre el proceso de entrenamiento en instituciones de capacitación y el trabajo directo en empresas, de modo de evitar que se produzca una capacitación que después no tenga demanda en el mercado laboral.

Una segunda área, se refiere a la capacitación de jóvenes desocupados para la formación de microempresas y otras formas de trabajo independiente.

La tercera, área dice relación con la formación de jóvenes desocupados que presentan problemas de marginalidad, en que se combina una tarea de formación de aptitudes básicas para el mundo del trabajo, con una capacitación técnica elemental y práctica laboral en talleres.

Por último, terminó expresando que este programa de capacitación laboral que requiere de una estrecha cooperación del sector empresarial constituye un área privilegiada para la denominada concertación social, toda vez que es un aspecto no confrontacional en las relaciones laborales.

La Partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social consta de once Capítulos, a cada uno de los cuales nos referiremos someramente a continuación. Capítulo 01 Subsecretaría del Trabajo

Este Capítulo se compone de dos Programas.

El Programa 01, "Subsecretaría del Trabajo", consulta ingresos y gastos por $ 321.140.000.

El Programa 02, "Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica", contempla ingresos y gastos por $ 2.878.190.000.

La Subcomisión aprobó ambos programas, con las enmiendas que más adelante se expresan. Los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, excepto respecto del ítem 31, del Subtítulo 25, del Programa 02, que fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Votaron por la aprobación los HH. Senadores señora Soto y señor Hormazábal y el Diputado señor Orpis, estuvo por el rechazo la H. Senadora señora Feliú y se abstuvo la Diputada señora Matthei.

En relación con esta votación, la mayoría de la Comisión expresó su apoyo a los programas de capacitación, por estimar que representan un esfuerzo importante para incorporar a la actividad laboral a miles de jóvenes desocupados y marginados.

La H. Senadora señora Feliú manifestó que estos programas de capacitación podrían significar una duplicación de funciones con organismos que desarrollan actividades relaciones con estas materias.

La Diputada señora Matthei expresó que, si bien la finalidad perseguida era importante, hacía presente que se estaban otorgando cuantiosos recursos para programas que todavía no se encontraban bien afinados.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con el referido ítem 31, del subtítulo 25, del programa 02, la Subcomisión solicitó a los representantes del Ejecutivo precisar los organismos a los que se harán las transferencias.

Asimismo, estimó que sería conveniente analizar la posibilidad de colocar los fondos destinadas a pago de honorarios contenidos en el subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", glosa 01 del Programa 02, en el subtítulo 21 "Gastos en Personal" del Programa 01, por parecer más ajustado a una correcta técnica presupuestaria e hizo presente que, en todo caso, era necesario precisar su monto.

En consideración a los planteamientos precedentemente expuestos, el Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones:

a) En el Capítulo 01, Programa 01, incrementar el Subtítulo 09, y su ítem 91, en $ 60.000 miles y el Subtítulo 21 en $ 60.000 miles;

b) En el Capítulo 01 Programa 02 reducir el Subtítulo 09, y su ítem 91, en'$ 60.000 miles y el Subtítulo 22, en $ 60.000 miles;

c) Eliminar en el Programa 02, la glosa 01, pasando la 02 a ser 01, siempre a nivel del Subtítulo 25, ítem 31, con la siguiente redacción, y

"01 Se imputarán a este ítem los gastos que demanden los convenios para la ejecución de los programas que se celebren con el Ministerio de Educación, con el Servicio de Capacitación y Empleo y con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social".

d) Incluir en la glosa 02 del Capítulo 01 Programa 01, lo siguiente:

"F) Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas naturales a honorarios para los estudios relacionados con la ejecución del Programa 02, con un gasto anual de hasta $ 60.000 miles. Las contrataciones se efectuarán por resolución de la Subsecretaría del Trabajo, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos".

La Subcomisión, por unanimidad, acogió las mencionadas indicaciones.

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, vuestra Subcomisión aprobó los Programas 01 y 02, con las modificaciones propuestas en las referidas indicaciones. Capítulo 02 Dirección del Trabajo

Consulta ingresos y gastos por $ 2.300.278.000.

Durante el estudio de este Capítulo, el señor Director del Trabajo explicó, en relación con el aumento de dotación de 168 funcionarios propuesto para este Servicio, que 42 de ellos serían destinados a transformar en permanentes doce de las cuarenta y cuatro oficinas que actualmente funcionan en forma intermitente y que los 126 restantes irían a reforzar oficinas que requieren de mayor personal para cumplir adecuadamente sus funciones.

Informó, asimismo, que del nuevo personal 89 funcionarios serían fiscalizadores, 57 administrativos y 22 auxiliares.

El H. Senador señor Hormazábal expresó que compartía plenamente el criterio de que es necesario aumentar la dotación en la forma solicitada, con el objeto de que la Dirección de Trabajo pueda cumplir eficientemente con sus funciones, destacando que revestía especial importancia el hecho de que más de la mitad de los nuevos funcionarios serán fiscalizadores.

La H. Senadora señora Feliú y la Diputada señora Matthei hicieron presente que, en su opinión, la existencia de oficinas que funcionan en forma intermitente les parecía un buen sistema, pues, a su juicio, cuando los funcionarios son asignados en forma permanente por períodos prolongados a lugares relativamente pequeños, se corre el peligro de que pierdan objetividad al establecer vínculos de amistad con trabajadores o empleadores. Por ello expresaron que no les parece la política más adecuada dar prioridad a la transformación de tales oficinas en permanentes, sino que es preferible reforzar las oficinas grandes, de modo que los fiscalizadores no sean siempre los mismos, sino que vayan cambiando, en las visitas inspectivas a terreno que se hagan.

Terminaron solicitando a la Jefatura del Servicio reestudiar esta materia.

En respuesta a estas observaciones, el señor Director del Trabajo formuló una nueva proposición consistente en asignar solamente 25 funcionarios para convertir en permanentes tan solo seis oficinas que actualmente funcionan en forma intermitente, mientras que el resto del nuevo personal sería destinado a atender en mejor forma las 38 oficinas que quedarían en tal calidad y a aliviar el recargo de trabajo existente en las oficinas permanentes, lo que ocasiona grave retardo en la atención de los reclamos y denuncias que se reciben.

En consideración a lo expuesto, vuestra Subcomisión aprobó, por unanimidad, este Capítulo, sin enmiendas.

Sin perjuicio de lo anterior, dejó constancia de que, respecto del nuevo planteamiento formulado por el Servicio en relación con el aumento de personal, no existía un plan concreto y definido en cuanto a la destinación y funciones que tendrían los 168 nuevos trabajadores, por lo que solicitó el envío de información precisa y completa sobre el particular.

Por el motivo indicado, diversos miembros hicieron presente que podrían cambiar su voto sobre la referida materia en la Comisión Especial de Presupuestos, si la respuesta a los antecedentes solicitados no era satisfactoria. Capítulo 03 Subsecretaría de Previsión Social Contempla ingresos y gastos por $ 99.932.000.

Vuestra Subcomisión aprobó por unanimidad este Capítulo, en los mismo términos propuestos. Capítulo 04 Dirección General de Crédito Prendario

Consulta ingresos y gastos por $ 6.429.260.000.

Durante el análisis de este Capítulo, se hizo presente en el seno de la Subcomisión que la parte de la glosa 02 A) que exceptúa a este Servicio del límite máximo de 20% de personal a contrata en relación con el personal de planta, establecido en el Estatuto Administrativo, no parecía tener justificación, toda vez que de acuerdo a la información recibida los funcionarios a contrata actualmente existentes son alrededor del 10% del personal de planta del Servicio.

El Ejecutivo, acogiendo el referido planteamiento, formuló indicación aprobada unánimemente por la Subcomisión para suprimir en la letra A) de la glosa 02, el párrafo que dice:

"No regirán las limitaciones establecidas en los artículos 9a y 6Q transitorio de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación".

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo por unanimidad, con la sola enmienda propuesta en la mencionada indicación.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con la inversión de los activos financieros de este organismo, la Subcomisión hizo presente la conveniencia de que, como una forma de optimizar el empleo de los recursos, se estudien otras alternativas de inversión en el sistema financiero, pues la que actualmente se utiliza de acuerdo a lo informado por su Director consistente en depositar los fondos en una libreta de ahorro del Banco del Estado, no parece ser la más rentable.

Asimismo, las HH. Senadores señoras Feliú y Soto y los Diputados señora Matthei y señor Orpis dejaron constancia de que les llama la atención que un servicio descentralizado como éste pueda decidir en forma independiente la reapertura de una Oficina en una ciudad en que actualmente no la tiene, en circunstancias de que el Poder Judicial que por su calidad de tal debería tener mayor autonomía requiere de ley para la creación de nuevos tribunales. Capítulo 05 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Contempla ingresos y gastos por $ 818.605.000.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, con la única enmienda de intercalar en la letra A), de la glosa 02, del subtítulo 21, la palabra "mejorar" entre la preposición "para" y los vocablos "el control", acogiendo una indicación formulada por el Ejecutivo en tal sentido, que recogía planteamientos hechos durante la discusión de esta materia.

La mencionada modificación sólo tiene por objeto dejar en claro que la función de control no puede ser ejercida directamente por personas a honorarios. Capítulo 06 Superintendencia de Seguridad Social

Consulta ingresos y gastos por $ 414.716.000.

Vuestra Subcomisión unánimemente aprobó este Capítulo, sin modificaciones.

Capítulo 07 Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones

Contempla ingresos y gastos por $ 620.598.000.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo en los mismos términos propuestos.

Capítulo 08 Instituto de Normalización Previsional

Contempla ingresos y gastos por $ 604.166.179.000.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, sin enmiendas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Subcomisión dejó constancia de su opinión en el sentido de que, atendido el número, cuantía y complejidad de los juicios existentes en contra del Instituto de Normalización Previsional, que de acuerdo a la información proporcionada por su Director son más de dos mil quinientos, por un monto global de alrededor de US$ 100.000 sería aconsejable que su defensa sea asumida por el Consejo de Defensa del Estado, de manera tal que el referido Instituto pueda dedicarse exclusivamente a las funciones que le son propias.

Asimismo, en relación con el personal del mencionado Instituto que de acuerdo a lo informado se encuentra en sus dos terceras partes en calidad de contratado, mientras que solamente un tercio es de planta la Subcomisión dejó constancia de lo expresado por el Director de ese organismo en el sentido de que durante 1991 los funcionarios a contrata tendrían la misma estabilidad en sus empleos que los de planta. Capítulo 13 Caja de Previsión de la Defensa Nacional Consulta ingresos y gastos por $ 116.104.041.000.

Al analizar esta materia la Subcomisión pudo apreciar que el subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", incluía la cantidad de $ 279.465.000 para pagar servicios a una empresa que tiene contratadas a cerca de 200 personas que prestan servicios en forma permanente en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

El H. Senador señor Hormazábal expresó su oposición a que se contemplaran los referidos fondos, por estimar que constituía un mecanismo poco claro, que permitía a la Caja, en el hecho, tener más personal que el que aparecía en su dotación.

Los Diputados señora Matthei y señor Orpis, por su parte, manifestaron opinión favorable a este gasto, pero dejaron constancia de que, a su juicio, la Caja de Previsión mencionada debería racionalizar su personal, pues no resulta fácilmente explicable que necesite más de quinientos funcionarios para atender a 66.000 pensionados, mientras que el Instituto de Normalización Previsional, que cuenta con algo más de tres mil trabajadores, presta atención a millones de jubilados.

Efectuada la votación sobre esta materia se produjo un doble empate. Estuvieron por la aprobación los Diputados señora Matthei y señor Orpis y por el rechazo los HH. Senadores señora Soto y señor Hormazábal, por lo que la decisión del asunto quedó para la sesión siguiente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la Corporación.

Realizada esta nueva votación, se aprobó, en definitiva, el referido gasto por unanimidad, dejando constancia la Subcomisión de su opinión en el sentido de que es necesario que se racionalice la gestión administrativa y la situación de los recursos humanos de la mencionada Caja de Previsión.

Cabe hacer presente, finalmente, que el resto de los gastos consultados no fue objeto de mayores observaciones.

En consideración a lo expuesto, vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo, sin enmiendas. Capítulo 14 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

Consulta ingresos y gastos por $ 65.029.430.000.

Vuestra Subcomisión aprobó unánimemente este Capítulo, en los mismos términos propuestos. Capítulo 40 Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales

Contempla ingresos y gastos por $ 38.250.358.000.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo.

PARTIDA 16

MINISTERIO DE SALUD

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron el Ministro de Salud, Dr. Jorge Jiménez de la Jara; el Subsecretario, Dr. Patricio Silva Rojas; el Director del Fondo Nacional de Salud, Dr. Rubaldo Oliveros; el Director del Instituto de Salud Pública, Dr. Leonel Rojas; el Director de la Central de Abastecimientos, señor Nibaldo López, el Jefe de la Dirección de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Salud, Dr. Giorgio Solimano; los Coordinadores Jefes de proyectos Dres. Cristian Baeza y Marcos Vergara, el Dr. Carlos Anríquez y el señor Raúl Romero, Coordinador de la Oficina de Cooperación Internacional y Jefe de Recursos Financieros del Ministerio de Salud, respectivamente, y los Jefes de Finanzas del Fondo Nacional de Salud, del Instituto de Salud Pública y de la Central de Abastecimientos señora Marcela Hormazábal y señores Jaime Amagada y José Lagos, respectivamente.

Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos en moneda nacional, ascendente a la suma de $ 262.541.269.000, lo que representa un incremento real de 31,8% en comparación con los contenidos en la Ley de Presupuestos del año en curso y de 16,1% en relación al presupuesto estimado para 1990.

Por su parte, el presupuesto en moneda extranjera contempla ingresos y gastos por US$ 1.246.000.

El señor Ministro de Salud hizo una breve reseña de los principios, estrategias y objetivos programáticos de la política del sector a su cargo.

En primer término, expresó que los principios que orientan la acción del Gobierno en esta materia, son la equidad, la participación, la solidaridad y la eficiencia.

Señaló, en seguida, en cuanto a las estrategias, que ellas podrían resumirse en las siguientes:

a) Enfatizar y ampliar las acciones de prevención, que en los últimos treinta o cuarenta años consistieron básicamente en proteger a la madre y al niño, lo que ha producido una importante disminución de la mortalidad materna e infantil;

b) Descentralizar efectivamente el sector, mediante una mayor participación de las comunidades locales, con el objeto de lograr más eficiencia en las prestaciones y una mayor identificación de las personas con los Servicios de Salud;

c) Focalizar las acciones y recursos hacia los sectores más pobres;

d) Readecuar los programas y recursos, en especial los humanos, en función del patrón epidemiológico emergente, ya que a raíz de la disminución de la mortalidad infantil y del aumento de las expectativas de vida, nuestro país al igual que muchos países de desarrollo intermedio tiene un patrón que se llama "de transición epidemiológica", en el que entran a predominar, entre otros, las enfermedades crónicas y los accidentes;

e) Fortalecer el rol normativo, contralor y de supervisión del sector público de salud;

f) Mejorar la capacidad resolutiva de los distintos niveles de atención, esto es la capacidad de una determinada instancia consultorio, posta u hospital para resolver en forma satisfactoria los problemas de salud que se le presentan y evitar, de esa manera, su derivación a un nivel superior;

g) Integrar los sectores público y privado, lo que se traduce en algunas medidas concretas, tales como la creación de consejos consultivos que permitan una permanente relación entre ellos, lo que ha producido muy buenos resultados, que se irán traduciendo en un proceso de intercambio o venta de servicios entre ambos sectores;

h) Desarrollar el subsector privado en un marco de equidad y transparencia, objetivo en el que a través de la Superintendencia de ISAPRES se está logrando un avance importante por la vía del diálogo;

i) Fomentar el mejoramiento del medio ambiente, combatiendo las fuentes de contaminación, por el impacto que provocan las enfermedades que ellas producen, como es el caso, por ejemplo, de las respiratorias y de tipo digestivo;

j) Fortalecer la capacidad de gestión del sector público, mediante un aumento de su eficiencia, y

k) Perfeccionar el sistema de libre elección, para que no sólo atienda a aquella parte de la población que no está en el sector privado de salud, sino que también sea eficiente y atractivo para el público en general, de manera que exista una verdadera competencia.

En lo referente a los objetivos programáticos, manifestó que son, en síntesis, los que a continuación se señalan:

1) Mejorar el acceso de la población a la salud. Ello significa reforzar los puntos de atención y mejorar la calidad de ésta, mediante medidas tales como la extensión de los horarios de atención de los consultorios y el aumento de su capacidad resolutiva;

2) Iniciar la solución de la crisis hospitalaria que afecta al sector, mediante un proceso de mayor dotación de recursos humanos, financieros, de equipamiento y de infraestructura;

3) Impulsar la prevención y protección de la salud de las personas;

4) Mejorar la calidad del medio ambiente, y

5) Fortalecer la capacidad institucional del sector.

En lo que dice relación con el proyecto de Ley de Presupuestos, explicó que los ingresos provienen básicamente de las cotizaciones, cuyo rendimiento se calcula en aproximadamente $ 105.000.000.000; de un aporte fiscal de $ 86.000.000.000, y, además, de otros ingresos del orden de los $ 70.000.000.000.

En cuanto a los gastos, manifestó que se destinan cerca de $ 66.000.000.000 para gastos en personal. Expresó que, en materia de dotación, hay un déficit estimado en carca de 12.000 funcionarios y que ahora, en una primera etapa, se propone un aumento de dotación de 2.000 funcionarios y que, en materia de remuneraciones, se proyecta otorgar una asignación compensatoria, como mecanismo transitorio de nivelación con el resto del sector público.

Agregó, que a bienes y servicios de consumo se asignan alrededor de $ 63.000.000.000, en consideración a que ésta constituye un área deficitaria que tiene un gran impacto en los niveles de atención.

Señaló, asimismo, que se destinan más de $ 21.000.000.000 al programa nacional de alimentación complementaria.

Finalmente, hizo presente que se asignan alrededor de $ 20.000.000.000 a inversión real, lo que representa el cambio más significativo, toda vez que significa una cuadruplicación de los recursos en esta área.

La Partida correspondiente al Ministerio de Salud consta de seis Capítulos, a lo que nos referiremos sucintamente a continuación.

Capítulo 01 Subsecretaría de Salud

Consulta ingresos y gastos por $ 21.686.624.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo. Sus acuerdos fueron adoptados por unanimidad, con la sola excepción del relativo al gasto contemplado en el ítem 74, del Subtítulo 31, "Inversiones no regionalizables", que se acogió con la abstención de la H. Senadora señora Feliú, en atención a que era partidaria de incorporar una glosa que dispusiera que los estudios y proyectos se asignarían previa licitación.

Capítulo 02 Fondo Nacional de Salud Contempla ingresos y gastos por $ 208.089.682.000, en moneda nacional.

Consulta, además, ingresos y gastos en moneda extranjera por US$ 1.246.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo unánimemente, sin enmiendas.

Capítulo 03 Servicios de Salud

Consulta ingresos y gastos por $ 163.020.985.000.

Vuestra Subcomisión aprobó por unanimidad este Capítulo, sin enmiendas.

Sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice relación con el Subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", se dejó constancia de que la suma total para convenios, señalada en la glosa 03 A) incluye la cantidad de $ 108.000.000 para el convenio de mantención y operación de la red MACAM (monitoreo automático de contaminantes ambientales), cuyo presupuesto pasó de la Intendencia Metropolitana a los Servicios de Salud.

Capítulo 04 Instituto de Salud Pública de Chile

Contempla ingresos y gastos por $ 1.427.102.000.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este Capítulo en los mismos términos propuestos.

La H. Senadora señora Feliú y la Diputada señora Matthei dejaron constancia de su opinión en el sentido de que sería conveniente que el Instituto continuara con la política de incrementar sus ingresos mediante el cobro de los servicios que presta, cuando ello fuere procedente.

Capítulo 05 Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud

Consulta ingresos y gastos por $ 35.767.168.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo por unanimidad, sin modificaciones. Capítulo 08 Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional

Consulta ingresos y gastos por $ 484.484.000.

Vuestra Subcomisión aprobó este Capítulo unánimemente, en los mismos términos propuestos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Diputada señora Matthei dejó las siguientes constancias:

a) Que no estima adecuado el propósito expresado por el señor Superintendente de ISAPRES en el sentido de abrir, durante 1991,10 oficinas regionales del referido organismo, por estimar que la productividad de oficinas pequeñas es muy baja y que la experiencia de la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones de muestra que no son necesarias.

En atención a lo expresado, manifestó, desde ahora, que se opondrá a cualquier aumento de dotación que se pudiere solicitar para 1992, como resultado de este despliegue territorial del referido organismo, y

b) Que, no obstante haber dado su aprobación a la cantidad global asignada al Subtítulo 22, "Bienes y Servicios de Consumo", por parecerle en términos generales razonable, estima que algunos de sus ítemes están subvalorados y que otros son innecesarios.

La H. Senadora señora Feliú, por su parte, dejó constancia, en relación con el referido Subtítulo 22, de que no está de acuerdo con el empleo de recursos para el arrendamiento y alhajamiento de agencias regionales de la Superintendencia.

PARTIDA 22

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

A las sesiones en que se consideró esta materia asistieron el Subsecretario General de la Presidencia, señor Ricardo Solari, y el Jefe de la Dirección Administrativa de esa Secretaría de Estado, señor José Cisternas.

Esta Partida, que consta de un solo Capítulo, consulta ingresos y gastos por $ 768.919.000.

Durante el estudio de este presupuesto la H. Senadora señora Feliú hizo presente que no le parecía procedente que la asignación 002, del ítem 31, del subtítulo 25, contuviera una asignación de recursos directa a la Comisión de Descontaminación del Área Metropolitana, pues ésta sólo es una Comisión asesora, creada por Decreto Supremo y, como tal, únicamente puede hacer proposiciones, pero en ningún caso ejecutar.

A raíz de la observación precedentemente explicada, el Ejecutivo formuló indicación para introducir las siguientes enmiendas en esta Partida:

1) En el Capítulo 01, Programa 01, reducir el subtítulo 09, y su ítem 91, en $ 87.756 miles y suprimir en el subtítulo 25, ítem 31, su asignación 002 "Comisión Descontaminación del Área Metropolitana" y la Glosa 04, asociada a esta asignación, y

2) Crear en el mismo Capítulo el siguiente programa:

"MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

22 01 02

PARTIDA

CAPITULO

PROGRAMA

Programa de Descontaminación Ambiental del Área Metropolitana

La Subcomisión, por unanimidad, acogió esta indicación.

En consideración a lo expuesto, vuestra Subcomisión unánimemente aprobó esta Partida, con las enmiendas contenidas en la referida indicación.

Finalmente, cabe hacer presente que, al analizar las Partidas sometidas a su conocimiento, la Subcomisión pudo apreciar que el gasto individual por concepto de prestación del servicio de sala cuna presenta sustanciales diferencias entre $ 7.000 y $ 41.000 en los distintos organismos del sector público, lo que, a su juicio, no parece justificado, toda vez que es un gasto social que debería ser igual para todo el sector público o, en caso de efectuarse una diferenciación, ésta debería consistir en otorgar una asignación mayor a los trabajadores de menores ingresos, tal como acontece con la asignación familiar.

En atención a lo expuesto, la Subcomisión dejó constancia de su opinión en el sentido de que sería conveniente efectuar las reformas legales o los ajustes presupuestarios que fueren pertinentes, con el objeto de alcanzar la finalidad precedentemente señalada.

La Comisión pudo constatar, asimismo, que prácticamente en todos los servicios se consulta una glosa que dispone que no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 9° y 6° transitorio de la ley N° 18.834 relativos a límite máximo de personal a contrata de 20% del personal de planta respecto de los empleos a contrata incluidos en las dotaciones.

Sobre el particular, la Subcomisión, con la oposición del H. Senador señor Ruiz-Esquide, dejó constancia de que no le parece conveniente el procedimiento de exceptuar sistemáticamente a los servicios públicos del cumplimiento de las normas generales y permanentes contenidas en el Estatuto Administrativo.

Por último, la Subcomisión, con la abstención del H. Senador señor Ruiz-Esquide, también dejó constancia de que no ha sido posible apreciar un criterio uniforme en lo que dice relación con la dotación vehicular que se asigna a los distintos Servicios.

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Subcomisión os propone lo siguiente:

I.- Aprobar las Partidas correspondientes a Poder Judicial y Ministerio de Salud, sin modificaciones, y

II.- Aprobar las Partidas relativas a los Ministerios de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y Secretaría General de la Presidencia de la República, con las siguientes enmiendas:

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

Capítulo 03

Servicio Médico Legal

En la glosa 02, del subtítulo 21 "Gastos en Personal", suprimir el párrafo final que dice:

"Se podrá pagar personal que preste servicios transitorios no afecto a las leyes N° 18.834 y N° 15.076". Capítulo 05 Fiscalía Nacional de Quiebras

En la glosa 02 del subtítulo 21, "Gastos en Personal", introducir las siguientes modificaciones:

a) En su letra A), "Dotación máxima de personal", sustituir el número "69" por "48",y

b) En su letra E), "Convenios con personas naturales y artículo N° 13 de la ley N° 18.175", reemplazar la cantidad de miles $ "9.933" por "16.374".

Capítulo 07

Servicio Nacional de Menores

Agregar la siguiente glosa 04, nueva, al subtítulo 25, ítem 31, asignación 003 "Programa de apoyo a menores en situación irregular":

"04 Los convenios para la ejecución del programa deberán celebrarse de acuerdo con las normas objetivas y generales que se establezcan mediante decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las excepciones, para casos calificados, que puedan determinarse en el mismo decreto".

PARTIDA 15

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Capítulo 01 Subsecretaría del Trabajo

1.- En el Programa 01, "Subsecretaría del Trabajo", efectuar las siguientes enmiendas:

a) En el subtítulo 09, y su ítem 91, sustituir la cantidad de miles de $ "259.879" por "319.879";

b) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma de miles de $ "321.140" asignado bajo la denominación "Ingresos" por "381.140";

c) En el subtítulo 21 "Gastos en Personal", sustituir la cantidad de miles de "$ 206.487" por "266.487";

d) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma de miles de $ "321.140" asignada bajo la denominación "Gastos" por "381.140", y

e) Agregar a la glosa 02, del Subtítulo 21 "Gastos en Personal", la siguiente letra F), nueva:

"F) Con cargo a estos recursos se podrá contratar personas naturales a honorarios para los estudios relacionados con la ejecución del Programa 02, con un gasto anual de hasta $ 60.000 miles. Las contrataciones se efectuarán por resolución de la Subsecretaría del Trabajo, la que deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos", y

2.- En el Programa 02 "Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica", introducir las siguientes modificaciones:

a) En el Subtítulo 09, y su ítem 91, sustituir la cantidad de miles de $ "1.151.088" por "1.091.088";

b) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma de miles de $ "2.878.190" asignada bajo la denominación "Ingresos" por "2.818.190";

c) En el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", sustituir la cantidad de miles de $"118.631" por "58.631";

d) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma de miles de $ "2.878.190" asignada bajo la denominación "Gastos" por "2.818.190";

e) Suprimir la glosa 01 del Subtítulo 22, y

f) Sustituir la glosa 02, del ítem 31, del Subtítulo 25, por la siguiente, que pasa a ser 01:

"01 Se imputarán a este ítem los gastos que demanden los convenios para la ejecución de los programas que se celebren con el Ministerio de Educación, con el Servicio de Capacitación y Empleo y con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social". Capítulo 04 Dirección General de Crédito Prendario

En la letra A), de la glosa 02, del subtítulo 21 "Gastos en Personal", suprimir el párrafo que dice:

"No regirán las limitaciones establecidas en los artículos 9° y 6° transitorio de la ley N° 18.834 respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación". Capítulo 05 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

En el párrafo final de la letra A), de la glosa 02, del subtítulo 21 "Gastos en Personal", intercalar la palabra "mejorar" entre la preposición "para" y los vocablos "el control".

PARTIDA 22

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Capítulo 01

Secretaría General de la Presidencia de la República

1.- En el Programa 01 "Secretaría General de la Presidencia de la República", efectuar las siguientes enmiendas:

a) En el subtítulo 09, y su ítem 91, reemplazar la cantidad de miles de $ "768.019" por "680.263".

b) Como consecuencia de lo anterior, sustituir la suma de miles de $ "768.919" asignada bajo la denominación "Ingresos" por "681.163";

c) Suprimir en el subtítulo 25, ítem 31, la asignación 002 "Comisión Descontaminación del Área Metropolitana", así como su glosa 04, y

d) Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma de miles de $ "768.919" asignada bajo la denominación "Gastos" por "681.163", y

2.- Agregar el siguiente Programa 02, nuevo:

"MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

PARTIDA: 22

CAPITULO: 01

PROGRAMA: 02

PROGRAMA DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL DEL AREA METROPOLITANA

Acordado en sesiones celebradas los días 17 de octubre, de 10a 14y de 15a 20 horas; 23 de octubre, de 10.30 a 14 y de 18 a 21 horas; 24 de octubre de 10.30 a 14 y de 15 a 23 horas; 25 de octubre, de 10.30 a l4 y del 15 a 23 horas; 29 de octubre, de 15 a 22 horas; 30 de octubre, de 8.30 a 11, de 11 a 14 y de 15 a 21 horas; 31 de octubre, de 10.30 a l4 y del 16 a l7 horas, y 6 de noviembre, de 14.30 a 16.45 horas, con asistencia de sus miembros Diputado señora Evelyn Matthey Fornet (Presidente), HH. Senadores señora Olga Feliú Segovia y señores Ricardo Núñez Muñoz (señora Laura Soto González) y Mariano RuizEsquide Jara (Ricardo Hormazábal Sánchez y Sergio Páez Verdugo) y Diputado señor Carlos Valcarce Medina (Jaime Orpis Bouchón y Francisco Bayo Veloso).

Sala de la Subcomisión, a 9 de noviembre de 1990.

(Fdo.): Patricio Uslar Vargas, Secretario".

Informe de la Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos, recaído en las Partidas correspondientes al Congreso Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 1991. (Boletín N° 163-05 (IV)).

Honorable Comisión Especial de Presupuestos:

Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de informaros las Partidas individualizadas en el rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 1991.

Se adjuntan como anexo de este informe en ejemplar único copias de las Partidas cuyo estudio correspondió a esta Subcomisión, debidamente corregidas de acuerdo con las modificaciones que ella acordó introducirles.

PARTIDA 02

CONGRESO NACIONAL

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al Congreso Nacional en sesiones celebradas los días 6 y 7 de noviembre de 1990.

A las referidas sesiones asistieron, además de los miembros de la Subcomisión, el señor Director General de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Prosecretario y Tesorero del H. Senado, don José Luis Lagos; el señor Tesorero de la H. Cámara de Diputados, don Jaime Larraechea; la señora Directora de la Biblioteca del Congreso, doña Ximena Feliú; la señora Oficial Mayor de Tesorería del Senado, doña Blanca Urbina, y los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señores Mario Bórquez y Marcia Busch.

Asistieron también el señor Presidente del H. Senado, don Gabriel Valdés; el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, don José Antonio Viera-Gallo y los Diputados señores Gustavo Alessandri y Andrés Sotomayor.

La Partida relativa al Congreso Nacional contempla tres Capítulos, que corresponden al Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso.

Capítulo 01 Senado

El presupuesto del Senado considera ingresos y gastos por la suma de M$ 4.509.283.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos en que viene formulado.

Capítulo 02 Cámara de Diputados

El presupuesto de la Cámara de Diputados considera ingresos y gastos por la suma de M$ 6.094.415.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos propuestos.

Capítulo 03 Biblioteca del Congreso

El presupuesto de la Biblioteca del Congreso considera ingresos y gastos por la suma de M$ 455.388.

Vuestra Subcomisión no despachó este Capítulo, en espera de antecedentes adicionales que se solicitaron a la Comisión de Biblioteca, relacionados con los fondos necesarios para el normal funcionamiento de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En consecuencia, la resolución de esta materia corresponderá a la H. Comisión Especial de Presupuestos.

PARTIDA 05

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al Ministerio del Interior en sesión celebrada el día 30 de octubre de 1990.

A la referida sesión concurrieron, además de los miembros de la Subcomisión, el señor Ministro del Interior, don Enrique Krauss; el señor Subsecretario del Interior, don Belisario Velasco; el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Gonzalo Martner; los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señores José Espinoza, Rodrigo Cuadra y Arturo Méndez; los funcionarios de la Subsecretaría del Interior señores Víctor Borneck, Héctor Latapiat y Gustavo Ruz, y los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señores José Antonio Ruiz y Julián Sauma.

Asistieron también los HH. Senadores señora Carmen Frei y señor Sergio Páez, y los Diputados señores Jaime Estévez, Andrés Palma y Eugenio Ortega.

El presupuesto del Ministerio del Interior considera ingresos y gastos por la suma neta de M$ 76.758.188, lo que representa un incremento real de aproximadamente un 11% respecto de 1990.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el señor Ministro del Interior efectuó una detallada exposición acerca de las funciones que corresponden al Ministerio a su cargo, y las políticas de acción que se proyecta aplicar para el año 1991.

Las funciones del Ministerio expresó se inscriben en la línea de proponer al Presidente de la República las medidas de acción relativas al Gobierno Interior y, además, ejercer el Gobierno en la Administración Interior del Estado. Entre ellas, destacó las relativas a:

Coordinar la aplicación de las políticas, planes y programas de desarrollo regional;

Estudiar medidas tendientes a agilizar la administración civil del Estado.

Establecer, coordinar y evaluar la aplicación de las políticas, planes y programas que impulsen la modernización administrativa que realicen las Subsecretarías, Servicios Públicos y Organismos del Estado;

Formular políticas y ejecutar acciones en relación con catástrofes y calamidades públicas;

Ejecutar y evaluar la aplicación de las políticas de Extranjería y Migración y el otorgamiento o pérdida de la nacionalidad;

Ejecutar la ley electoral, cuando corresponda, y

Asumir todas aquellas funciones que corresponden al Estado y que la ley no ha confiado específicamente a otros Ministerios.

Para el cumplimiento de estas funciones agregó el Ministerio canaliza su acción a través de dos Subsecretarías: del Interior y de Desarrollo Regional y Administrativo.

En cuanto a las políticas de acción que para 1991 proyecta aplicar el Ministerio a su cargo, el señor Ministro señaló, en primer lugar, la consolidación y la seguridad del Estado democrático. En ese sentido, deberá estudiarse y aplicarse las normas jurídicas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social.

Se realizarán estudios añadió tendientes a elaborar y poner en práctica una concepción democrática de la Seguridad del Estado. Se desea democratizar y descentralizar las organizaciones a nivel regional, provincial y comunal, con el objeto de lograr un alto grado de participación de la ciudadanía.

Se procurará, asimismo, promover las políticas públicas de descentralización, participación y eficiencia en la asignación de los recursos del país.

En materia de desarrollo regional, se desea incrementar sucesivamente el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; agilizar el proceso de gestión de ese Fondo; fortalecer las municipalidades y los programas sociales descentralizados; ejecutar proyectos específicos de inversión local; favorecer la inversión social en los municipios que acusen mayores coeficientes de pobreza, supervigilar la operación y gestión de los servicios sociales descentralizados, y modernizar la administración pública.

Para el cumplimiento de las funciones que le son propias, y de las políticas de acción proyectadas para el año 1991, el presupuesto del Ministerio experimenta, como se señaló, un crecimiento en términos reales de aproximadamente un 11%.

Ahora bien, del total del presupuesto de esta Secretaría de Estado, el 83,01% está destinado a fortalecer el desarrollo regional y local del país.

El segundo más alto porcentaje 8,51 %, está destinado a la acción social del Supremo Gobierno. En este rubro indicó el señor Ministro merecen especial comentario los recursos que están orientados a la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (FUNACO), Institución que ha programado aumentar la cobertura de atención a los niños en los Centros Abiertos de todas las regiones del país, y a mejorar la eficiencia del Programa en sus beneficiarios directos e indirectos (hijos, familia y comunidad).

Del resto de los recursos del presupuesto del Ministerio, un 6,69% corresponde a gastos de funcionamiento; un 1,21% a recursos destinados a servicios dependientes, y un 0,58% a recursos para Emergencias e Imprevistos (Transferencias).

La Partida relativa al Ministerio del Interior contempla, en primer término, los Capítulos correspondientes a la Secretaría y Administración General, el Servicio de Gobierno Interior, el Servicio Electoral, la Oficina Nacional de Emergencia y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Capítulo 01 Secretaría y Administración General

El presupuesto de la Secretaría y Administración General considera ingresos y gastos por la suma de M$ 5.881.367.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó este presupuesto con la sola modificación propuesta por el H. Senador señor Diez consistente en agregar a la glosa 04, correspondiente a la asignación 004 del ítem 31 (Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad), la siguiente frase, igual a la contemplada en la ley de presupuestos vigente: "No podrá efectuarse traspaso de estos recursos para otros gastos".

Capítulo 02 Servicio de Gobierno Interior

El presupuesto del Servicio de Gobierno Interior considera ingresos y gastos por la suma de M$ 3.679.244.

La Subcomisión luego de analizar en detalle los distintos Subtítulos de este Capítulo, procedió a su despacho, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Capítulo 03 Servicio Electoral

El presupuesto de este Servicio considera ingresos y gastos por M$ 751.476.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos en que viene formulado.

Capítulo 04 Oficina Nacional de Emergencia

El presupuesto de esta Oficina considera ingresos y gastos por la suma de M$ 248.073.

La Subcomisión, por unanimidad, lo despachó en los mismos términos propuestos.

Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

El presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 38.123.159.

Vuestra Subcomisión, luego de un detenido análisis de cada uno de sus Subtítulos, por unanimidad, acordó aprobarlo en los mismos términos en que viene formulado.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional considera ingresos y gastos por un total bruto de M$ 28.096.977, distribuidos entre las distintas regiones del país en la forma que se indica a continuación:

I Región. Región de Tarapacá (Capítulo 11): M$ 1.721.329.

II Región. Región de Antofagasta (Capítulo 12): M$ 1.780.937.

III Región. Región de Atacama (Capítulo 13): M$ 1.985.542.

IV Región. Región de Coquimbo (Capítulo 14): M$ 2.538.080.

V Región. Región Valparaíso (Capítulo 15): M$ 1.747.735.

VI Región. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Capítulo 16): M$ 2.175.235.

VII Región. Región del Maule (Capítulo 17): M$ 2.365.484.

VIII Región. Región del Bío-Bío (Capítulo 18): M$ 2.381.745.

IX Región. Región de La Araucanía (Capítulo 19): M$ 2.686.771.

X Región. Región de Los Lagos (Capítulo 20): M$ 2.797.023.

XI Región. Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Capítulo 21): M$ 2.484.452.

XII Región. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Capítulo 22): M$ 1.878.790.

Región Metropolitana de Santiago (Capítulo 23): M$ 1.553.854.

La Subcomisión, luego de un detenido análisis, por unanimidad, procedió a aprobar el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sin modificaciones.

Finalmente, en esta Partida se contemplan los Capítulos correspondientes al Fondo Social, Municipalidades y Consejos Regionales de Desarrollo.

Capítulo 30 Fondo Social

El presupuesto del Fondo Social considera ingresos y gastos por M$ 792.563.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin enmiendas.

Capítulo 40 Municipalidades

Este presupuesto considera ingresos y gastos por la suma de M$ 21.403.542.

Vuestra Subcomisión procedió a su despacho en los mismos términos propuestos, con el voto favorable de todos sus miembros, luego de analizarlo en sus detalles.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que al estudiarse el tema de los ingresos propios de las municipalidades, el H. Senador señor Cantuarias solicitó dejar constancia de que debido a que los derechos de aseo se cobran conjuntamente con las contribuciones de bienes raíces, muchos municipios con un alto porcentaje de viviendas sociales y que, por lo tanto, están exentas del pago de contribuciones dejan de percibir importantes entradas por concepto de un ingreso al cual tienen un legítimo derecho, como lo es el derecho de aseo. Consideró conveniente la adopción de los mecanismos legales adecuados que permitan el cobro de los señalados derechos de aseo, no obstante estar exenta la vivienda del pago de contribuciones de bienes raíces.

Sobre el particular, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señaló que nada impide a los municipios establecer sus propios sistemas de cobranza, y que, a través de circulares, ya se ha inducido a las municipalidades en tal sentido.

Capítulo 50

Consejos Regionales de Desarrollo

El presupuesto de los Coredes considera ingresos y gastos por la cantidad de M$ 424.373.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin modificaciones.

PARTIDA 09

MINISTERIO DE EDUCACION

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al Ministerio de Educación en sesiones celebradas los días 17, 23 y 24 de octubre y 6 de noviembre de 1990.

A las referidas sesiones concurrieron, además de los miembros de la Subcomisión, el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos; el señor Subsecretario de Educación, don Raúl Allard; el Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, don Antonio Infante; el Jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, don Pedro Henríquez; los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señores José Espinoza, Bunilde Vega y Sergio Castillo; los funcionarios del Ministerio de Educación, doña Nora Wilson y doña Flora Machuca y los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles don Miguel A. Corral y doña María Victoria López.

Asistieron también los Diputados señora Marina Prochelle y señores Carlos Bombal, Sergio A. Correa y Juan Masferrer.

El presupuesto del Ministerio de Educación considera ingresos y gastos por la suma neta de M$ 256.165.316, lo que representa un incremento real de aproximadamente un 14% respecto de 1990.

Al iniciarse el estudio de esta Partida el señor Ministro de Educación efectuó una exposición en la que destacó las características fundamentales que tiene el presupuesto del Ministerio a su cargo.

Señaló que ha habido un esfuerzo por intentar recuperar una parte de lo que ha sido una caída del presupuesto de esa Secretaría de Estado, expresado a lo largo de lo que ha ocurrido en los últimos diez años.

Si se considera moneda del mes de julio de 1990 agregó podría decirse que en 1981 el presupuesto era muy superior al actual. En términos de moneda de igual poder adquisitivo, la disminución del presupuesto del Ministerio de Educación ha sido de 311 mil millones de pesos a 206 mil millones de pesos, entre 1981 y 1990.

Destacó que el presupuesto de Educación tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con otros Ministerios, la parte más importante de él, está representada por subvenciones. (M$ 143.885.642).

Los Capítulos que han tenido un mayor porcentaje de aumento en relación con el presupuesto anterior añadió son los de Educación Superior, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Respecto de la Educación Superior, se está constituyendo un Fondo de Becas y Desarrollo de Educación Superior por un monto de M$ 6.000.000.

En relación con el presupuesto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, él permite expandir de 480.000 a 650.000 las raciones alimenticias que la Junta entrega. Explicó el señor Ministro que no solo las referidas raciones aumentan en número, sino que también lo hacen en contenido calórico (700 a 1.000 calorías).

Respecto del presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se hace un gran esfuerzo por aumentar raciones alimenticias y, especialmente, para aumentar las horas de atención al niño.

En lo que se refiere a los Servicios centrales, el aumento fundamental se encuentra en el elemento textos escolares 4.400.000 textos, lo que implica en la práctica que todos los establecimientos subvencionados, sean públicos o privados, podrán tener acceso a textos escolares de primer a octavo año básico.

La Partida relativa al Ministerio de Educación contempla nueve Capítulos, que corresponden a la Subsecretaría de Educación; la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Consejo de Rectores; el Consejo Superior de Educación; Subvención a Establecimientos Educacionales y Educación Superior.

Capítulo 01 Subsecretaría de Educación

El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de Educación contiene, a su vez, dos Programas: el Programa 01, relativo a la "Subsecretaría de Educación", y el Programa 02, sobre "Programas de Mejoramiento y Desarrollo de la Educación".

Para un estudio más ordenado de las materias, se analizarán por separado los dos Programas de este Capítulo.

a) Programa 01

Subsecretaría de Educación

Este Programa considera ingresos y gastos por la suma de M$ 15.636.913.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó con la sola modificación consistente en reemplazar la denominación de la asignación 029 del item 33, "Departamento de Extensión Cultural", por la siguiente, que es la correcta, según lo manifestaron los propios representantes del Ministerio de Educación: "División de Extensión Cultural".

b) Programa 02

Programas de Mejoramiento y Desarrollo de la Educación

Este Programa considera ingresos y gastos por la suma de M$ 2.181.383.

En primer término, vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó una indicación del H. Senador señor Lavandera y de los Diputados señores Armando Arancibia y Sergio Jara, para agregar al Programa en análisis la siguiente glosa (02):

"Estos Programas deberán estar focalizados en los sectores de extrema pobreza y mayor número de analfabetos".

En seguida, fueron puestos en votación los Programas "Mejoramiento de la Educación de Adultos, Modernización Educación Media Técnico Profesional, Iniciación a la Vida del Trabajo, Fomento al Desarrollo de Innovaciones Educativas y Otros Programas de Mejoramiento de la Educación, contemplados en las asignaciones 001, 002, 003, 004 y 005, del item 31, respectivamente. Resultaron aprobados con el voto a favor del H. Senador señor Lavandera y de los Diputados señores Armando Arancibia y Sergio Jara, el voto en contra de la H. Senadora señora Feliú y la abstención del H. Senador señor Cantuarias.

La H. Senadora señora Feliú señaló que todo el Programa 02, le merece graves reservas, tanto por lo elevado de su monto, como por la circunstancia de tratarse de una asignación de recursos a la cual no se le aplica ninguna limitación, ni legal ni de ejecución presupuestaria, constituyendo, por lo tanto, una excepción a todo el sistema general presupuestario.

A continuación, la Subcomisión aprobó la glosa 01, del Programa 02, por tres votos contra dos. Votaron a favor el H. Senador señor Lavandero y los Diputados señores Armando Arancibia y Sergio Jara, y lo hicieron en contra, la H. Senadora señora Feliú y el H. Senador señor Cantuarias.

Cabe dejar constancia de que durante la discusión de la glosa antes referida, se insinuó una posible indicación del Ejecutivo para modificarla en la parte que señala que "comprende la adquisición de equipamiento, y la habilitación y mejoramiento de establecimientos educacionales de enseñanza gratuita". La modificación consistiría en sustituir la referencia a los establecimientos educacionales de enseñanza gratuita, por otra más amplia, que incluya también a los colegios de financiamiento compartido.

La H. Senadora señora Feliú y la Diputada señora Prochelle manifestaron estar de acuerdo con la eventual indicación del Ejecutivo. El H. Senador señor Lavandero, por su parte, señaló que se han detectado numerosas irregularidades en el sistema de financiamiento compartido, y que es necesario implementar los mecanismos que permitan su adecuada fiscalización.

Finalmente, vuestra Subcomisión, por unanimidad, aprobó una indicación de los HH. Senadores señores Diez y Lavandero y de los Diputados señores Arancibia y Huenchumilla, para agregar a la asignación 005 del item 31 Otros Programas de Mejoramiento de la Educación, la siguiente glosa 03:

"Deberá atenderse con este item la educación indígena de la I a la XII Región".

Capítulo 05 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

El presupuesto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos considera ingresos y gastos por la suma de M$ 1.458.052.

La Subcomisión, luego de un detenido estudio de cada uno de los Subtítulos de este Capítulo, procedió a aprobarlos, por unanimidad, sin modificaciones.

Capítulo 08 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

El presupuesto de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica considera ingresos y gastos por la suma de M$ 6.071.444.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó con las siguientes modificaciones propuestas por el H. Senador señor Diez:

a) Agregar como glosa 05, en la asignación 004, del item 31 Becas Nacionales Postgrado D.S. (Ed.) N° 29/88, la siguiente:

"Deberá considerarse preferencialmente las postulaciones de las Regiones I a XII".

b) Agregar como glosa 06, en la asignación 029, del item 33 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, la siguiente:

"Deberá considerarse preferentemente los nuevos proyectos de investigación postulados por las Regiones I a XII". Capítulo 09 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

El presupuesto de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas contempla ingresos y gastos por la suma de M$ 22.311.155.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos en que viene formulado. Capítulo 11 Junta Nacional de Jardines Infantiles

El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles contiene, a su vez, dos Programas: el Programa 01, relativo a la "Junta Nacional de Jardines Infantiles", y el Programa 02, sobre "Centros de Atención Alimentaria y Desarrollo del Lenguaje (CADEL)".

Para un mejor estudio de las materias, se consignan ambos Programas en forma separada.

a) Programa 01

Junta Nacional de Jardines Infantiles

Este Programa considera ingresos y gastos por la suma de M$ 8.441.729. La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin modificaciones.

b) Programa 02

Centros de Atención Alimentaria y Desarrollo del Lenguaje (CADEL)

Este Programa contempla ingresos y gastos por la suma de M$ 858.755.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo despachó en los mismos términos propuestos.

Capítulo 13 Consejo de Rectores

El presupuesto del Consejo de Rectores considera ingresos y gastos por la suma de M$ 20.071.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin modificaciones.

Capítulo 15 Consejo Superior de Educación

El presupuesto del Consejo Superior de Educación considera ingresos y gastos por la suma de M$ 74.562.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos en que viene formulado. Capítulo 20 Subvención a Establecimientos Educacionales

Este presupuesto considera ingresos y gastos por la suma de M$ 143.885.642.

La Subcomisión, luego de analizarlo en forma detenida, procedió a aprobarlo, unánimamente, sin modificaciones. Capítulo 30 Educación Superior

Este presupuesto considera ingresos y gastos por la suma de M$ 55.225.610.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó sin modificaciones.

PARTIDA 18

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sesiones celebradas los días 24 y 25 de octubre de 1990.

A las referidas sesiones concurrieron, además de los miembros de la Subcomisión, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Alberto Etchegaray; el Jefe de la División Política Habitacional de esa Secretaría de Estado, don Ramón Santelices; el Jefe de Finanzas del mismo Ministerio, don Andrés Luco, y los funcionarios del Ministerio de Hacienda señores Gonzalo Valdivia, Verónica Alvarez y Silvia Siebert.

Asistieron también el H. Senador señor Humberto Palza y los Diputados señora Eliana Caraball y señores Sergio A. Correa, Juan Masferrer y Vicente Sota.

El presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma neta de M$ 131.890.672, lo que representa un incremento real de aproximadamente un 21% respecto de 1990.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo efectuó una amplia exposición acerca de los principales antecedentes sobre el presupuesto del Ministerio para el año 1991, así como sobre las políticas que se implementarán en el Sector Vivienda.

Señaló que la realidad habitacional que enfrenta el país presenta una situación deficitaria grave. En términos generales se estima que alrededor de 800.000 familias no tienen casa propia, viviendo la mayoría de ellas como allegadas, sin la privacidad y seguridad necesarias.

Por otra parte, agregó que 330.000 familias que son propietarias de viviendas tienen serias dificultades con la mala calidad de éstas, ya sea porque son provisorias, demasiado pequeñas o porque no tienen servicio de agua, luz y alcantarillado.

Los problemas señalados afectan mayoritariamente a los sectores más pobres, pero también a la clase media.

Explicó que los item más importantes de la inversión actual del Ministerio están destinados en un 72,3% a la edificación habitacional, un 12,3% al servicio de la deuda, un 7,3% a pavimentación, y un 7% a gastos corrientes. El resto de los ítemes de inversión están destinados a estudios e inversión en equipos, teniendo relevancia la adquisición de equipos computacionales y complementarios, que permitan mejorar la información para una adecuada y más eficiente toma de decisiones en la prestación de servicios a la población.

La inversión habitacional se realiza bajo diversas líneas de acción dirigidas a cada uno de los sectores socioeconómicos del país.

En lo que respecta a la focalización de la inversión, el Señor Ministro expresó que el 60% de la que se efectuará durante el año 1991 está focalizada al 40% de la población más pobre del país, y un 27%, aproximadamente, lo está hacia las familias cuyos ingresos no superan los $ 75.000.

A continuación, analizó los principales programas que impulsará la Secretaría de Estado a su cargo, y que presentan los siguientes rasgos fundamentales:

El Programa de Vivienda Progresiva permitirá iniciar aproximadamente 16.000 viviendas y terminar alrededor de 13.500. El valor de estas viviendas, que contempla un desarrollo en dos etapas, es de 120 unidades de fomento para la primera, en un número aproximado a las 13.000, y de 70 unidades de fomento para la segunda.

Respecto del Programa de Vivienda Básica, el presupuesto considera el financiamiento para iniciar cerca de 20.000 viviendas básicas durante el año y terminar más de 23.500. El valor de estas viviendas asciende a un promedio de 230 unidades de fomento.

En relación con el Programa de Subsidio Rural, se indicó que considera el financiamiento de 6.500 subsidios rurales a un valor de 92 unidades de fomento, los otorgados durante 1989, y 130 unidades de fomento, los otorgados durante 1990, aumento que facilitará a los beneficiarios el acceso a una vivienda digna. Con este subsidio, más el ahorro, que también puede expresarse en terreno y el crédito hipotecario, se puede comprar o producir una vivienda de hasta 260 unidades de fomento.

El Programa de Vivienda para Trabajadores consiste en un subsidio de 80 unidades de fomento, con que se colabora a la adquisición de las viviendas de un valor promedio de 290 unidades de fomento, pudiendo canalizarse la edificación mediante la contratación por propuestas públicas de los SERVIU, o directamente por. entidades ejecutoras profesionales elegidas por los propios beneficiarios. Con este Programa se espera iniciar la edificación de 10.000 viviendas, y terminar cerca de 15.700, iniciadas en años anteriores y durante el presente año.

El Programa de Subsidio Unificado considera el otorgamiento de aproximadamente 28.000 subsidios y el pago, también aproximado, de 24.500. El 75% de estos subsidios se otorgan para financiar el precio de viviendas de no más de 400 unidades de fomento, y el resto se distribuye en dos tramos de hasta 900 unidades de fomento, y de hasta 2.000 unidades de fomento, respectivamente. Por su parte, el beneficiario tiene asegurado el crédito hipotecario con una tasa fija de interés a través del mecanismo del subsidio implícito.

El Programa de Pavimentación en 1991 tiene como meta la ejecución de obras por 9.680 millones de pesos. Estos recursos estarán orientados principalmente a pavimentar poblaciones, atendiendo con preferencia a sectores de escasos recursos y a las zonas periféricas no pavimentadas de las ciudades.

Esta meta implica un crecimiento del orden del 25% con respecto a años anteriores. Asimismo, el señor Ministro señaló que en 1989, sólo el 11% de los programas de pavimentación se destinaron a pavimentos nuevos, porcentaje que aumentó al 30% en 1990. Para el año 1991 el porcentaje crecerá a un 40%, orientado mayoritariamente, como se ha señalado, a pavimentar poblaciones y áreas periféricas urbanas no pavimentadas.

Finalmente, el Programa de Vialidad Urbana consulta para el año 1991 un monto de 5.445 millones de pesos. Este Programa relacionado con un crédito BID, está destinado a la construcción de grandes obras que inciden en la vialidad estructurante o red vial primaria de las ciudades.

La Partida relativa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla tres Capítulos, que corresponden a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización y al Parque Metropolitano. Capítulo 01 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

El presupuesto de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 107.734.291.

La Subcomisión, luego de un detenido estudio de cada uno de los Subtítulos de este Capítulo, procedió a aprobarlos, por unanimidad, sin modificaciones. Capítulo 02 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

El presupuesto de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización considera ingresos y gastos por la suma de M$ 100.459.165.

Vuestra Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos en que viene formulado. Capítulo 03 Parque Metropolitano

El presupuesto del Parque Metropolitano contempla ingresos y gastos por la suma de M$ 1.008.851.

La Subcomisión, por unanimidad, lo aprobó en los mismos términos propuestos.

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Subcomisión os propone lo siguiente: I. En relación con la Partida correspondiente al Congreso Nacional:

1. Aprobar los Capítulos 01 (Senado) y 02 (Cámara de Diputados), sin modificaciones.

2. Resolver, con los nuevos antecedentes que se acompañan, el Capítulo 03, sobre Biblioteca del Congreso.

II. Aprobar la Partida correspondiente al Ministerio del Interior, con la siguiente modificación:

Capítulo 01

Secretaría y Administración General

Agregar a la glosa 04, relativa a la asignación 004 del item 31 (Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad), la siguiente frase: "No podrá efectuarse traspaso de estos recursos para otros gastos".

III. Aprobar la Partida correspondiente al Ministerio de Educación, con las siguientes enmiendas:

Capítulo 01

Subsecretaría de Educación

Programa 01

Subsecretaría de Educación

Reemplazar la denominación de la asignación 029 del item 33, "Departamento de Extensión Cultural" por la siguiente: "División de Extensión Cultural".

Programa 02

Programas de Mejoramiento y Desarrollo de la Educación

1. Agregar al Programa la siguiente glosa (02):

"(02) Estos programas deberán estar focalizados en los sectores de extrema pobreza y mayor número de analfabetos".

2. Agregar a la asignación 005 del item 31 Otros Programas de Mejoramiento de la

Educación, la siguiente glosa 03:

"03 Deberá atenderse con este item la educación indígena de la I a la XII Región".

Capítulo 08

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

1) Agregar como glosa 05, en la asignación 004, del item 31 Becas Nacionales Postgrado D.S. (Ed.) N° 29/88, la siguiente:

"05 Deberá considerarse preferencialmente las postulaciones de las Regiones I a XII".

2) Agregar como glosa 06, en la asignación 029, del item 33 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, la siguiente:

"06 Deberá considerarse preferentemente los nuevos proyectos de investigación postulados por las Regiones I a XII".

IV.- Aprobar la Partida correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin modificaciones.

Acordado en sesiones celebradas los días 17, 23, 24, 25 y 30 de octubre, y 6 y 7 de noviembre de 1990, con asistencia de sus miembros Diputado señor Armando Arancibia (Presidente) (Jaime Estévez y Juan Pablo Letelier), HH. Senadores señores Eugenio Cantuarias, Sergio Diez (señora Olga Feliú) y Jorge Lavandero, y Diputado señor Francisco Huenchumilla (Sergio Jara).

Sala de la Subcomisión, a 9 de noviembre de 1990.

(Fdo.): Sergio Sepúlveda Gumucio, Secretario.

Informe de la Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija el presupuesto del sector público para 1991, en lo relativo a Jas partidas correspondientes a los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales. (Boletín N° 163-05 (V)).

Honorable Comisión Especial de Presupuesto:

La Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de S. E. Presidente de la República, que fija el presupuesto del sector público para 1991, en lo relativo a las partidas correspondientes a los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales.

La Subcomisión se constituyó el día 10 de octubre de 1990, con asistencia de todos sus miembros, y eligió Presidente, por unanimidad, al Diputado señor Eduardo Cerda García.

A las sesiones que la Subcomisión dedicó a este asunto asistieron, además de sus miembros, los HH. Senadores señora Laura Soto y señores Sergio Onofre Jarpa, Jorge Lavandero, Hugo Ortiz de Filippi, y los Diputados señores Hugo Alamos, Sergio Correa, Jaime Estévez, Patricio Melero, Víctor Pérez, José Alfonso Rodríguez y Hosain Sabag.

Concurrieron también los señores Ministros y Subsecretarios cuyos presupuestos fueron examinados por la Subcomisión y numerosos Directores y Jefes de los Servicios dependientes de esos ministerios.

Se contó además con la permanente colaboración de los funcionarios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

El gasto en esta partida presupuestaria crece un 23% en términos reales, respecto del promedio del último quinquenio. El gasto corriente lo hace en un 8.6% real, comparado con el año 1990.

Este cálculo no incluye las empresas regionales de servicios sanitarios ni el ferrocarril metropolitano de Santiago, que fueron convertidas en sociedades anónimas, pero comprende la inversión para terminar la construcción del edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, lo cual representa una suma del orden de los US$ 10.000.000.

El gasto autorizado de este Ministerio en 1991 será de $ 151.576.059.000. El aporte fiscal para su financiamiento es de $ 70.585.026.000, en tanto que por la vía del endeudamiento se solventan $ 62.855.219.000. El MOP genera ingresos operacionales por $ 16.619.175.000.

Lo medular del presupuesto se asigna a la Dirección General de Obras Públicas: $ 148.493.066.000, correspondiendo la mayor parte $ 114.721.405.000 a la Dirección de Vialidad, que destina a inversión real $ 82.419.769.000, en el ítem 31.

Se ha previsto un aumento significativo de los ingresos propios. Incide en el crecimiento de los operacionales un mayor rendimiento de los peajes camineros, porque se estima que crecerá el tránsito y porque en algunas plazas que hoy cobran media tarifa, se cobrará completa. Las tarifas se ajustarán según la inflación y siempre que la variación del I.P.C. sea igual o mayor que el 15%.

Al mismo tiempo que se pide autorización para un aumento de la dotación del personal y del monto de los viáticos asignados a los funcionarios que deben desplazarse a terreno en razón de su trabajo, se proyecta hacer una redistribución de los recursos humanos actuales, con miras a su mejor aprovechamiento.

Explicó el señor Ministro que es frecuente que profesionales, técnicos y personal especializado emigre al sector privado, que le ofrece mejores rentas, una vez adquirida la formación y la experiencia necesarias. Señaló que este problema forma parte de otro mayor, cual es el del nivel de ingresos del personal del sector público, el cual será abordado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, ya que esa modernización no puede ser tratada en forma sectorial.

El objetivo primordial de los programas del Ministerio en materia caminera es la mantención y el mejoramiento de una infraestructura adecuada, conjugando la participación del sector privado y sin restar el esfuerzo que en estas materias compete al Estado.

Por otra parte, se buscará que los usuarios con tráfico pesado intensivo de caminos secundarios, contribuyan a la mantención de ellos, mediante mecanismos de pago periódico que eviten el establecimiento de plazas de peaje, ya que éstas tienen un alto costo de construcción y operación. Así se obviaría el virtual subsidio que pagan a través de las tarifas de peaje los usuarios con vehículos livianos.

El presupuesto para 1991, contiene recursos por $ 4.720.877.000, para estudios y obras de riego, que financian la actividad desarrollada o controlada a través de la Dirección respectiva, sin perjuicio de los destinados a la Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio de Economía.

A este respecto, el señor Ministro de Obras Públicas fue enfático al declarar que el Estado abordará nuevas obras de riego sólo cuando exista un compromiso formal de los regantes que se beneficiarán con ellas, en orden a contribuir al financiamiento de las mismas. Este aporte se ha presupuestado en el ítem 07, otros ingresos.

El Diputado señor Munizaga pidió dejar constancia de la prontitud con que el Ministerio de Obras Públicas ha concurrido a atender las necesidades de la IV Región en materia de regadío, lo que ha permitido enfrentar con menos desventajas la sequía que asuela esa zona.

En relación con el ítem 53, del programa 03, de la Dirección de Riego, se produjo en el seno de la Subcomisión un debate, al cabo del cual se aprobó la asignación de fondos para estudios para inversiones en obras de riego en las diversas Regiones del país. Se acordó deja constancia de que con cargo a tales fondos deberán concluirse los estudios para el embalse Puclaro, en la IV Región, y Los Angeles, en la V.

En el capítulo de la Dirección de Obras Portuarias se aprecia un importante incremento del gasto. Se trata de los fondos para reconstrucción y mejoramiento de los puertos de la V Región y para ampliación de la capacidad portuaria de la VIII.

Los dineros para concluir las obras del edificio sede del Congreso Nacional están en el presupuesto correspondiente a la Dirección de Arquitectura: US$ 10.000.000, que deben ser adicionados a los US$ 70.000.000, ya invertidos en dicha construcción. Con esto se entregarían terminadas las torres de oficinas de parlamentarios, en marzo de 1991.

En relación con este capítulo, el señor Ministro de Obras Públicas informó a la Subcomisión que la Municipalidad Valparaíso, ejerciendo una atribución facultativa del Alcalde, cobra por el uso de una calle que se aprovecha para depositar escombros temporalmente, hasta que se convierta en área verde complementaria del edificio del Congreso Nacional. Señaló que hasta febrero del año en curso se desembolsó por este concepto, en cifras gruesas, la suma de $ 80.000.000 y que la deuda acumulada, desde marzo a la fecha, alcanza a $ 177.000.000.

La Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto acordó, por unanimidad, dejar constancia en este informe que alienta la esperanza de que la municipalidad porteña rectifique su decisión, de modo de impulsar de mejor forma una finalidad ampliamente compartida por la comunidad, cual es asegurar y facilitar el desarrollo y oportuna conclusión de los trabajos de una obra pública de innegable importancia para la ciudad y la Región. Los fondos así ahorrados podrán invertirse en mejorar las obras que hay que realizar en el entorno del edificio del Congreso Nacional.

Al votarse el ítem 65, de este capítulo, el Diputado señor Devaud se abstuvo.

El señor Ministro de Obras Públicas manifestó que la privatización de las empresas regionales de obras sanitarias ha provocado un vacío legal, pues los fondos asignados para esos fines por el Banco Interamericano de Desarrollo no pueden serles traspasados sin una autorización legal previa. A indicación del señor Presidente, la Subcomisión ofició al Ejecutivo para que, mientras se tramita un proyecto específico sobre el particular, incorpore un precepto en tal sentido, en la ley anual de presupuesto.

Acogiendo esa sugerencia, el Gobierno formuló indicación, contenida en el oficio N° 1324/1315, de 30 de octubre pasado, para agregar al ítem 85, del subtítulo 33, del programa 01, de la Dirección General de Obras Públicas, una glosa 04, que consagra legalmente la solución para el traspaso de los recursos. Su texto fue aprobado unánimemente por la Subcomisión y ha sido incorporado en la página 9 del folleto respectivo. El oficio referido se acompaña entre los anexos del presente informe.

Los recursos provienen básicamente de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y están consignados en el ítem 84 de ingresos. Son traspasados a las empresas vía subtítulo 33, ítem 85. El 97% de las inversiones del Ministerio en obras de alcantarillado y agua potable, rural y urbana, se hará en las Regiones. El monto para el que se solicita autorización presupuestaria es de $ 5.529.700.000.

La Quinta Subcomisión aprobó la partida del Ministerio de Obras Públicas, con la adición de la glosa ya indicada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El gasto de este Ministerio crece un 16.6% real respecto del presupuesto de 1990. El mayor incremento se produce en INDAP, que sube el 27.8%.

El monto autorizado de gastos, conforme al proyecto de ley de presupuesto para 1991, es de $ 36.377.744.000, de los cuales la cantidad de $ 22.800.393.000, se encauza a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario; $ 5.894.084.000, por intermedio del Servicio Agrícola y Ganadero, y $ 5.246.029.000, vía Corporación Nacional Forestal. El resto corresponde a la Subsecretaría.

La política del Ministerio puede resumirse en la mantención y estímulo del desarrollo del sector silvo-agropecuario, cuidando que sea equilibrado, esto es, que evite distorsiones, y que sea al mismo tiempo sustentable, en el sentido de incorporar criterios de respeto y protección del medio ambiente.

Para ello, las principales herramientas de que se vale el Ministerio son los programas fitosanitarios y de sanidad animal, que permiten la presencia continuada en el comercio mundial de los productos chilenos exportables; la sustentación de precios internos del trigo, las oleaginosas y el azúcar, mediante bandas de precios y poderes compradores; apoyo al aumento de la productividad del campesinado, por medio de los grupos de transferencia tecnológica (G.T.T.) y asistencia crediticia; apertura de nuevos mercados, y estímulo a la investigación, básicamente por intermedio del INIA y los G.T.T.

Anunció que el Gobierno mantendrá la política de subsidio forestal establecida en el D.L. 701, hasta su extinción normal, prevista para 1994. De ahí en adelante se protegerá y estimulará la inversión en el bosque nativo. Explicó que se ha adoptado esta decisión porque el subsidio ha dado buenos frutos la masa forestal ha crecido de 300.000 a 1.400.000 hectáreas, su costo ha sido relativamente reducido US$ 80.000.000, en 18 años y no parece conveniente cambiar las reglas del juego dadas desde hace bastantes años por el legislador en esta materia.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario abordará el combate contra la pobreza rural un 45% de la población del sector, comparable con el 40%, en el caso de la urbana articulando planes de mejora de la infraestructura vial y de los servicios de energía eléctrica y agua potable, incentivando e incrementando la transferencia tecnológica y concurriendo con créditos que son otorgados y controlados por medio de empresas privadas especializadas que compiten en un mecanismo de licitaciones. La eficiencia de este procedimiento está demostrada por la experiencia de los últimos años.

Las metas que se aspira alcanzar son aumentar de 23.000 a 42.000, el número de campesinos que participan en los G.T.T. y de 40.000 a 56.000, las operaciones de préstamos.

El mayor volumen de morosidad en el pago de los créditos INDAP proviene de unos pocos grandes deudores que financiaron proyectos hortofrutícolas, en tanto que la recuperación en los tramos de pequeños y medianos agricultores alcanza al 92%. El Instituto no fue autorizado, como otras entidades financieras, a vender al Banco Central su cartera vencida.

Durante la discusión del presupuesto del Instituto de Desarrollo Agropecuario, capítulo 03 programa 01, el Diputado señor Munizaga manifestó haber recibido denuncias en el sentido de que funcionarios del Instituto actuarían en forma discriminatoria en el otorgamiento de subsidios por la sequía en la IVA. Región.

El Director Nacional del INDAP afirmó que los funcionarios del Servicio a su cargo actúan con completa objetividad en el ejercicio de sus funciones y solicitó se le dieran a conocer expresa y determinadamente los casos en que se habrían cometido abusos, a fin de adoptar las medidas disciplinarias administrativas pertinentes.

Respecto de este mismo programa del Ministerio de Agricultura, el H. Senador señor Siebert formuló indicación para una reasignación de recursos. Propuso rebajar el ítem 81, asignación 003, "Préstamos a organizaciones y comunidades agrícolas", cifrado en $ 1.331.000.000, a $ 242.000.000, y destinar esos fondos a las asignaciones 001 y 002 del mismo ítem, préstamos a corto y a largo plazo, respectivamente, en proporción a sus montos.

Fundamentando su propuesta, señaló que de este modo los recursos de INDAP serían distribuidos de manera más equitativa y que la asistencia crediticia a las organizaciones y comunidades agrícolas ha resultado ser ineficiente.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por tres votos contra dos. Votaron por ella su autor y el Diputado señor Munizaga. Lo hicieron en contra el H. Senador señor Gazmuri y los Diputados señores Cerda y Devaud.

En cuanto a las llamadas deudas exCORA, el señor Ministro anunció que próximamente se someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley que condona el 70% del capital adeudado por asignatarios de la reforma agraria. El mismo beneficio no se hará extensivo a terceros adquirentes de las parcelas reformadas, quienes en cambio podrán obtener una reducción de los intereses penales que adeudaren, por concepto de adquisición de una sola parcela.

Respecto de la protección del medio ambiente, señaló que se combatirán sus tres causas: pobreza, ignorancia y falta de corrección oportuna de los mecanismos del mercado.

La Quinta Subcomisión aprobó la partida del Ministerio de Agricultura, pero, en lo que se refiere al capítulo 03, programa 01, ítem 81, asignación 003, "Préstamos a organizaciones y comunidades agrícolas", con el voto en contra del Diputado señor Munizaga.

MINISTERIO DE MINERIA

Su presupuesto crece un 21% en moneda nacional y un 16% en moneda extranjera. Este último, que en total asciende a US$ 2.272.000, se destina principalmente al pago de la cuota de Chile en el Comité Intergubemamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC): US$ 920.000, que equivalen más o menos al 40% del gasto total del Comité.

Este presupuesto, en moneda nacional, es de $ 3.811.554.000, de los cuales $ 234.934.000 corresponden a la Subsecretaría. A la Comisión Chilena del Cobre se asignan $ 392.298.000; al Servicio Nacional de Geología y Minería, $ 1.274.163.000; a la Comisión Chilena de Energía Nuclear $ 1.558.385.000, y a la Comisión Nacional de Energía, $ 351.774.000.

Parte del incremento se explica por la decisión de poner mayor énfasis en la seguridad de los pequeños y medianos mineros. En la actualidad los servicios del Ministerio cuentan con 7 inspectores para todo el país.

El señor Ministro de Minería informó que se ha creado una comisión de juristas de alto nivel, de integración pluralista, que asesora al Gobierno en la solución de múltiples problemas prácticos que genera la aplicación del nuevo Código de Minería y de la que surgirán proposiciones para enmendarlo. Añadió que la existencia de numerosos juicios está demostrando que existe inestabilidad en la propiedad minera.

La minería aportará al país en el ejercicio presupuestario que expira el 31 de diciembre próximo, un 59% de las divisas; el 49% proviene sólo del cobre. CODELCO entregará en el mismo lapso al Fisco US$ 1.800.000.000.

Manifestó el señor Ministro que la gran minería pasa por momentos difíciles, porque la política que se había seguido con anterioridad, si bien fue exitosa, en cuanto al incremento de la producción y de las exportaciones, adoleció, sin embargo, de falta de visión de futuro.

El mineral se extrae hoy a mayor profundidad, donde el suelo es más duro, y su ley es inferior. Por otra parte, los productores norteamericanos han hecho un considerable esfuerzo y han rebajado sus costos a niveles que les permiten competir con nuestra producción.

Anunció que la Empresa Nacional de Minería reasumirá la tarea de fomentar la pequeña y mediana minerías, mediante poderes compradores y haciéndose cargo de la comercialización del cobre. Explicó que las utilidades de esta empresa se verán dramáticamente disminuidas, como consecuencia de la venta que se hizo el año pasado de algunas de sus pertenencias y por la existencia de un abundante stock de minerales oxidados.

La Empresa Nacional del Petróleo se ve enfrentada al progresivo agotamiento de sus pozos. El 70% de su producción proviene de los ubicados en el Estrecho de Magallanes. La producción nacional, 7 millones de barriles (1,5 millones de metros cúbicos) satisface sólo el 15% del consumo 40 millones de barriles. Sin embargo, se ha diseñado una política industrial agresiva y es así como la ENAP ha participado en una licitación en Argentina, en la cual ha ganado una opción para participar en la construcción del oleoducto Neuquén San Vicente.

El sector privado aumenta su participación en las inversiones en la minería, de tal modo que de aquí a cinco años generará la mitad de la producción nacional. Ello palia el retroceso del esfuerzo estatal, el que derivará las prioridades desde la producción hacia la información geológica y financiera para los inversionistas.

El Ministerio abordará a partir del próximo año una política de lucha contra la contaminación: la de gases, en una primera etapa y la de líquidos, en una segunda.

El Presidente de la Comisión Nacional de Energía manifestó que es necesario crear conciencia en el país de que cada día crece nuestra alta dependencia de energía importada, escasa y cara. Ello hace imperioso el recurso a fuentes alternativas, como el carbón, el sol, el viento y los recursos geotérmicos. Son necesarios el empleo eficiente y el ahorro de energía.

El sector está fuertemente privatizado y, en lo atinente a la generación de electricidad, existe un virtual monopolio de ENDESA. Esto hace necesaria la intervención del Gobierno en la fijación de tarifas.

Una parte sustancial de los recursos de la Comisión Nacional de Energía, se emplea en estudios acerca del impacto ambiental de los diferentes desarrollos tecnológicos en materia de producción de energía, de manera de disminuir a niveles aceptables la contaminación que ellos originan.

La Quinta Subcomisión aprobó la partida del Ministerio de Minería.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

El presupuesto de este Ministerio alcanza a $ 1.078.217.000, en ambas Subsecretarías. Ello significa que crece un 17% en términos reales, respecto del de 1990.

En el rubro de los ingresos presupuestarios, el aporte fiscal, que para el próximo año es de $ 1.665.119.000, presenta un aumento del 26% respecto del mismo subtítulo del año anterior.

Las decisiones de todos los actores económicos intervinientes en los sectores que cubre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones involucran recursos del orden de los US$ 3.500.000.000 anuales.

El señor Ministro manifestó que en las áreas de que se ocupa su Ministerio hay una acentuada falta de regulación, la que había sido dejada casi exclusivamente al mercado. Un hecho que ilustra esta afirmación, dijo, es lo que ocurre con el transporte urbano.

Es tarea del Ministerio administrar adecuadamente la infraestructura pública y coordinar la información para hacerla accesible a la iniciativa privada.

El presupuesto de la Subsecretaría de Transportes alcanza a $ 1.006.104.000, en tanto que el de la de Telecomunicaciones es de $ 438.943.000. El monto del de la Junta de Aeronáutica Civil llega a $ 51.179.000, y el aporte fiscal al Consejo Nacional de Televisión, que como entidad autónoma administra su presupuesto en forma independiente, alcanza a la suma de $ 181.991.000.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado se encuentra en una situación crítica, que exige grandes inversiones. La deuda de esta empresa alcanza a la fecha a US$ 94.000.000, lo que exigiría pagos anuales del orden de US$ 17.000.000, por concepto de amortización e intereses. La pérdida operacional de 1990 será de US$ 3.000.000 millones.

Se buscará la asociación con capitales privados y se procederá a la venta de activos prescindibles, para llevar a los ferrocarriles a una situación que les permita competir con el transporte carretero. Para ello será necesario modificar la ley orgánica de la Empresa. Mientras tanto, ha sido necesario suspender en la temporada baja el tramo Temuco-Puerto Montt, que arroja pérdidas por US$ 1.000.000 al año.

En relación con las radioemisoras ilegales, señaló que ellas no son sino la punta de un iceberg, puesto que son más numerosas e importantes las infracciones cometidas por empresas mineras, pesqueras, constructores y forestales, que operan sistemas de radiocomunicación sin esperar la total tramitación de las concesiones respectivas.

Algunos de los miembros de la Subcomisión expresaron al señor Ministro que es la lentitud en el proceso de otorgamiento de las concesiones la que determina que los solicitantes comiencen a operar antes de estar autorizados para hacerlo.

En lo atingente al tema del transporte urbano, el señor Ministro hizo presente que se trata de un problema de antigua data y que afecta a todo el país. Informó que la mayor parte de los vehículos 70% pertenece a pequeños empresarios que son propietarios de las máquinas y muchas veces son, también, sus conductores. Por ello se estimulará la creación de empresas de transporte urbano, que permitan aprovechar economías de escala.

Se deja constancia de que la glosa 01, del programa 01, de la Subsecretaría de Transportes, página 4, del folleto respectivo, indica erradamente una dotación máxima de 14 vehículos para este Servicio, que en realidad cuenta con 19. Los representantes del Ejecutivo quedaron de corregir la cifra antes del despacho del proyecto.

La Quinta Subcomisión aprobó la partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

La cifra de los gastos de este Ministerio alcanza a $ 3.189.947.000, en un solo programa.

La principal función de este organismo es la administración de los bienes del Estado, regulada básicamente por el D.L. N° 1.939.

Sobre este particular, el señor Ministro dijo que se está desarrollando una política de incorporación efectiva al patrimonio fiscal de extensas áreas en las zonas extremas del país, mediante el establecimiento de colonos y venta de activos, todo ello enmarcado en planes de gestión del medio ambiente.

De acuerdo con las normas del D.L. N° 2.695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad, se lleva a cabo una activa política de regularización del dominio de bienes raíces urbanos y rurales. La meta fijada es la constitución legal de la propiedad para 110.000 pequeños propietarios y 10.000 pequeñas comunidades agrícolas, en un lapso de cuatro años, a contar de 1992. Ello tiene un costo del orden de US$ 23.000.000.

Parte importante del presupuesto del Ministerio, un 68% aproximadamente, se financia con las ventas de activos fiscales prescindibles y otros ingresos propios. En todo caso, el 65% del producto de las ventas de bienes pasa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ingresando un 30% a la Tesorería General; el 5% restante contribuye al programa de saneamiento de la pequeña propiedad.

Por último, dijo el señor Ministro de Bienes Nacionales que la Secretaría a su cargo está empeñada en diseñar políticas nacionales sobre preservación del medio ambiente, con miras a establecer una legislación adecuada sobre esos temas.

La Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto aprobó la partida del Ministerio de Bienes Nacionales.

En conformidad con las consideraciones expuestas, la Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto tiene el honor de recomendaros que aprobéis las partidas correspondientes a los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de Minería, de Transportes y Telecomunicaciones y de Bienes Nacionales, del proyecto de ley de presupuestos para 1991, con la sola enmienda que consiste en agregar al ítem 85, del subtítulo 33, del programa 01, del capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas, partida 12, Ministerio de Obras Públicas, una glosa 04, del siguiente tenor:

"04 Con cargo a este ítem se transferirán a las Empresas de Servicios Sanitarios S.A., a que se refiere la ley N° 18.885, los recursos provenientes de los préstamos N° 170/ ICCH, N° 505/OCCH y N° 543/OCCH, contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo; así como aquellos destinados a financiar programas de inversiones sanitarias rurales.

Por Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, se determinará el monto de los recursos que corresponda a cada una de las Empresas.

Durante el mes de diciembre de 1991, mediante igual procedimiento, se fijará el monto de los recursos efectivamente percibidos por cada una de las referidas Empresas, los cuales pasarán a incrementar sus respectivos patrimonios y dará origen a un aumento de la participación del Fisco y de la Corporación de Fomento de la Producción en el capital social de dichas Empresas, a prorrata de sus intereses en cada sociedad, sin perjuicio de las correspondientes modificaciones de sus estatutos.".

Acordado en sesiones celebradas los días 10,17,23,24,30 y 31 de octubre y 6 de noviembre, bajo la presidencia del Diputado señor Eduardo Cerda García, y con asistencia de los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica (Laura Soto González) y Bruno Siebert Held y de los Diputados señores Mario Devaud Ojeda y Eugenio Munizaga Rodríguez.

Valparaíso, 12 de noviembre de 1990.

(Fdo.): Fernando Soffia Contreras, Secretario".

?INFORME COMPLEMENTARIO DEL SENADO A LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º, DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1991. (BOLETÍN Nº163-05)

Valparaíso, 15 de Noviembre de 1990

En el informe de la Comisión Especial de Presupuestos emitido en la madrugada del día de hoy, se hace presente, en una nota colocada al pie de la página Nº 5, que las cifras contenidas en los artículos 1º y 2º estaban siendo revisadas, por lo que eran susceptibles de corrección.

Por medio del presente oficio, comunico a Vuestra Excelencia que el texto definitivo de los referidos artículos 1º y 2º, es el que se adjunta.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

Al Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de Diputados Presente.

"I.- Cálculo de ingresos y estimaciones de gastos

Artículo 1º.-Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1991, según el detalle que se indica:

B.- En moneda Extranjera convertida a Dólares:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1991 a las Partidas que se indican:

LEY DE PRESUPUESTOS. PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entrar a discutir la Ley de Presupuestos.

El proyecto de la Comisión Especial de Presupuestos, impreso en el boletín N° 163-05, figura en el N° 6 de los Documentos de la Cuenta de la Sesión 13°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En la sesión de ayer se acordó que primero habrá una discusión en general, y que el Diputado Informante será el señor Jaime Estévez.

Después del informe y de la discusión en general, y antes de que se vote, deberán estar presentadas las indicaciones. Hasta el momento sólo han llegado dos indicaciones a la Mesa.

Una vez que se declaren admisibles las indicaciones presentadas, se votará el proyecto general, con lo cual quedará aprobado y fijado el monto global de los gastos. En consecuencia, cuando en la discusión por partida, por Ministerio, se voten las indicaciones, si algunas de éstas, que impliquen rebaja de gastos, fueren aprobadas, se entenderá que también inciden en la aprobación en general hecha precedentemente. De lo contrario, no tendría ningún sentido.

Tiene la palabra el Diputado informante, señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ .-

Señor Presidente, ayer se acordó que un equipo o grupo de personas que integramos las distintas Subcomisiones en que se dividió la Comisión Especial, hiciera una exposición. Como se sabe, y de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión Especial formó cinco Subcomisiones. Por lo tanto, sugiero que, con posterioridad a que yo haga una breve introducción para explicar este procedimiento, con su venia, hagan uso de la palabra las personas encargadas de entregar la información de cada una de las Subcomisiones, de manera de no alargar innecesariamente el debate.

La propuesta de presupuestos que se contiene tanto en el proyecto de ley que ha sido repartido a todos los señores parlamentarios, como en las diversas partidas correspondientes a cada uno de los ministerios, refleja un crecimiento real de los ingresos para el Fisco, de aproximadamente un 8 por ciento, respecto de las estimaciones de lo que serán los ingresos efectivos del año en curso.

Este crecimiento real de los ingresos es superior al previsto del producto geográfico bruto del país, por lo cual la significación relativa de los ingresos del sector público subirá desde 22.2, porcentaje del producto geográfico bruto, a un 23 por ciento de este indicador, y esto, gracias a la reforma tributaria que este Parlamento aprobara, y que se traducirá en un fuerte y significativo incremento del gasto social y de infraestructura.

El crecimiento real promedio en el caso del gasto social es de alrededor del 12 por ciento, respecto de las estimaciones del gasto efectivo que habrá en 1990. O sea, es bastante mayor, si se le compara con el presupuesto aprobado a fines de 1989 para este año.

Como todos los señores parlamentarios saben, a mediados de año entró en vigencia la Reforma Tributaria. Por lo tanto, los gastos sociales incluidos en el presupuesto tuvieron un incremento significativo en el segundo semestre de 1990.

Por eso, hacemos la comparación no con el presupuesto aprobado para 1990, sino con lo que se estima, a esta fecha, que será el presupuesto efectivamente realizado y que ya incluye cambios muy importantes de estructura en favor del gasto social, financiado por la Reforma Tributaria.

Esto significa que los presupuestos, especialmente en lo que se refiere a las áreas de salud, vivienda, educación y Fondo de Desarrollo Regional, van a tener un aumento de alrededor de quince puntos por sobre el incremento previsto para la inflación. Es decir, habrá una expansión real en la capacidad de gastos de estos ministerios, como también en el de Obras Públicas.

Todos estos aumentos, que significan un cambio de estructura en el presupuesto y que privilegiarán a los sectores ya mencionados, se hacen desde la perspectiva de un presupuesto equilibrado; esto es, sin déficit y sin restar posibilidades de inversión o de actividad al sector privado.

El equilibrio del presupuesto se logra con la conjunción, por una parte, de los incrementos en las fuentes de ingresos mencionados y, por otra, con el mantenimiento del gasto real en las partidas que no han tenido el mismo énfasis o la misma prioridad en la ejecución presupuestaria.

Es importante señalar que, una vez en discusión el proyecto de ley de Presupuestos en el Parlamento, el Ejecutivo envió una indicación que reduce en 5 por ciento los gastos autorizados en todas las actividades que no son de tipo social o de infraestructura. Esta reducción implica que el presupuesto debe terminar con un superávit o, dicho en otras palabras, con un ahorro macroeconómico.

La existencia de un superávit o ahorro ha sido planteada por el Ejecutivo, con el objeto de contribuir a dar término al período de ajuste que ha vivido nuestra economía durante 1990, y es parte, como se ha informado, de un acuerdo por denominarlo de esta manera con el Banco Central, que ha permitido como Sus Señorías también lo saben reducir las tasas de interés que pesaban sobre la economía.

Al esfuerzo de corrección monetaria que ha liderado el Banco Central, se agrega ahora la contribución de ahorro fiscal. Este va a quedar en una cuenta de provisiones especiales y de operaciones complementarias y, por restricción acordada por la Comisión Especial, solamente podrá ser girado en el caso de que cambien las condiciones macroeconómicas que el país tiene. Por ejemplo, que a mediados del próximo año se normalice la situación petrolera y las dificultades de inflación y de ajuste que hoy vive el país. En ese caso, los fondos deben ser restablecidos a los ministerios a los cuales se les ha hecho esta deducción.

Señor Presidente, este proyecto de Ley de Presupuestos presenta diferencias bastante relevantes en su forma de tratamiento por el Congreso, respecto de lo que fue la tradición en la época previa al funcionamiento democrático del Poder Legislativo.

Ahora existen diferentes cambios, tanto en las disposiciones constitucionales como en la Ley Orgánica del Congreso y en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Estos cambios significan que la Ley de Presupuestos que se nos propone tiene una cobertura bastante más amplia de la que tenía en el pasado. Es decir, se han aumentado los entes del sector fiscal que dan cuenta de su presupuesto al Parlamento y que requieren de su aprobación. Por lo tanto, resulta más eficiente nuestra capacidad de tener una visión de conjunto del sector público en la actividad económica y un adecuado conocimiento de la interrelación entre las diferentes entidades y aspectos de su funcionamiento.

Al mismo tiempo que se ha ampliado la cobertura de la información contenida y puesta a nuestra consideración para aprobarla, restringirla o rechazarla, se ha reducido el grado de detalle en que ella se entregue. Es decir, la cobertura es mayor, pero la información es de carácter más general. Las partidas son más amplias y más agregadas.

Por otra parte, se ha reducido la posibilidad de introducir restricciones o glosas de carácter focalizado, como se hacía en el pasado, mediante la cual distintos parlamentarios exigían o demandaban que, por ley, determinados fondos se destinaran a construir obras específicas en alguna región del país. Ese sistema, que demoraba mucho tiempo y que, desde el punto de vista de la extensión del debate, incluía aspectos irrelevantes, hoy no es factible de hacer, pues el tipo de glosas que se pueden plantear o las restricciones al presupuesto son de carácter más global, más genérico y están orientadas a tener efecto en el conjunto de la economía. Considerando estos aspectos, la Comisión Especial dividió su trabajo en cinco Subcomisiones. En ellas, se asignaron para su estudio partidas; es decir, ministerios, tomando en cuenta no tanto la afinidad entre ellos, sino una repartición equitativa de la carga de trabajo a las distintas Subcomisiones, dada la magnitud y complejidad relativa de los distintos ministerios.

La primera Subcomisión Especial de Presupuestos trató las partidas correspondientes al Tesoro Público, que resume el conjunto del Presupuesto. La partida 50 del Tesoro Público centraliza la información y asigna el dinero fiscal a las otras partidas para que tengan su presupuesto. Es decir, lo que aparece como gasto en uno de sus programas, de las partidas del Tesoro, el de asignación fiscal, corresponde a lo que aparece como ingreso o como parte de él en los otros ministerios.

Al mismo tiempo, la partida del Tesoro Público contiene las obligaciones globales del Estado en lo que se refiere, por ejemplo, a los pagos de asignaciones familiares, subsidios de asistencialidad y deuda externa del país.

En esta partida están reflejados los ingresos generales de la Nación, los que, como ustedes saben, corresponde estimarlos exclusivamente al Poder Ejecutivo. Es decir, se trata de una estimación respecto a su eventual rendimiento, hecha por el Poder Ejecutivo y sobre la cual no le cabe pronunciamiento alguno al Congreso Nacional, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

De todos modos, sobre el particular se entregó una información bastante importante. Si los señores parlamentarios así lo demandan, posteriormente podría entrarse en el detalle de la estimación de este nivel de ingresos.

Junto con la partida del Tesoro Público, la primera Subcomisión trató aquellas correspondientes a los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y de Planificación y Cooperación.

El informe de la primera Subcomisión será entregado por el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, don Pablo Longueira. Al menos, en lo que se refiere al Tesoro, sería conveniente que este informe se rindiera -pese a que es la primera Subcomisión- al término de las otras, porque, como lo he dicho, es una cuenta que resume las actividades.

La segunda Subcomisión considera las partidas de la Presidencia de la República; la Contraloría General; los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y la Secretaría General de Gobierno. Esta Subcomisión fue presidida por el Senador señor Navarrete. Ayer, en el acuerdo adoptado para despachar esta ley le solicitamos al Diputado señor Ringeling que dé a conocer a esta Sala el informe de la segunda Subcomisión.

La tercera Subcomisión analizó las partidas correspondientes al Poder Judicial y a los Ministerios de Justicia; del Trabajo y Previsión Social, de Salud y de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Esta Subcomisión fue presidida por la Diputada señora Matthei, quien tendrá la responsabilidad de informar a esta Sala sobre su trabajo.

La cuarta Subcomisión analizó las partidas correspondientes al Congreso Nacional y a los Ministerios del Interior, de Educación y de Vivienda y Urbanismo. Fue presidida por el Diputado señor Armando Arancibia, quien presentará el informe respectivo.

La quinta Subcomisión estudió las partidas de los Ministerios de Obras Públicas; de Agricultura, de Minería, de Transportes y Telecomunicaciones y de Bienes Nacionales. Esta fue presidida por el Diputado señor Eduardo Cerda, quien hará la presentación.

Terminado el trabajo de las Subcomisiones, la Comisión Especial sesionó en pleno con el fin de analizar cada uno de los informes de las Subcomisiones. En esa Comisión Especial se recibieron indicaciones adicionales de la Presidencia de la República. Entre ellas, la que plantea la reducción del 5 por ciento en los ingresos a que he hecho mención. Al respecto, se produjo un debate sobre algunos de los ítemes o capítulos de las partidas que merecieron indicaciones adicionales o de mayor relevancia en la Comisión Especial.

Señor Presidente, me parece más adecuado que el debate final de la Comisión Especial de Presupuestos, yo lo dé a conocer una vez que se presente el informe de cada una de las Subcomisiones, porque eso permitiría una mejor comprensión del tema.

Por eso, me permito sugerir que antes del debate general o cuando la Mesa lo estime conveniente, el Diputado señor Longueira dé cuenta de las partidas de los ministerios que le correspondió analizar a la primera dejando para el final la del Tesoro Público, o bien, el conjunto de esa exposición. Luego, proseguiríamos con la del Diputado señor Ringeling, la Diputada señora Matthei, el Diputado señor Arancibia, el Diputado señor Cerda y, al final, yo retomaría el uso de la palabra para dar cuenta del debate de las últimas sesiones de la Comisión Especial.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, está claro quién será el Diputado Informante de cada Subcomisión, pero esa parte yo la dejaría para la discusión en particular, porque después que informe, por ejemplo, el Diputado señor Ringeling, por encargo de su Subcomisión, se discutirán y votarán las partidas de su Ministerio.

Ahora corresponde discutir en general el proyecto. Cuando se termine el debate, la Sala deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de las indicaciones presentadas; luego votará desde el artículo 3° al artículo 17, dejando pendientes los artículos 1° y 2° que fijan los gastos, y después se discutirá en particular.

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, este proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1991 constituye una elocuente expresión financiera de las prioridades sociales contenidas en el programa de Gobierno. En él se privilegia la asignación de recursos fiscales para los sectores de educación, de salud, de vivienda, para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para el Fondo Único de Prestaciones Familiares y para las pensiones mínimas y asistenciales financiadas en parte importante, por los mayores ingresos estables provenientes de la reforma tributaria.

Señor Presidente, he preparado un cuadro de distribución del gasto fiscal por áreas de afinidad funcional, que ojalá pudiera incluirse junto a mi intervención.

En este cuadro se aprecia que el área social captará el 27.2 por ciento del total de los recursos fiscales de este año, que distribuye un 12.5 por ciento para educación, un 4.5 por ciento para salud, un 3.3 por ciento para vivienda y un 6.9 por ciento para los otros gastos sociales a que he hecho mención.

Sin embargo, es necesario recalcar que el presupuesto fiscal, como tal, adolece de rigideces estructurales, algunas de ellas heredadas de la administración anterior, que reducen considerablemente los márgenes de reasignación de recursos, con lo cual se limitan fuertemente las posibilidades de atender, en las magnitudes requeridas, el pago de la deuda social.

¿Cuáles son esas rigideces?

La primera es el servicio de la deuda pública. El Gobierno anterior dejó una herencia al Fisco, derivada de la crisis financiera de los años 1982-1983, que, al 31 de diciembre de 1989, ascendía a 7 mil 500 millones de dólares, suma que el Estado debe servir anualmente al Banco Central. Esta deuda se originó por el subsidio otorgado a la banca privada, a los sectores productivos privados y a los deudores en dólares. Sólo en el pago de intereses, por este concepto -Sus Señorías lo pueden ver en la Ley de Presupuestos que tienen a la mano- hay una carga anual para el Fisco superior a los 750 millones de dólares. Dicha cifra equipara la totalidad del presupuesto fiscal asignado este año al Ministerio de Educación y supera el total de los recursos anuales provenientes de la Ley de Reforma Tributaria.

La segunda, sin considerar el gasto fiscal previsional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que no se incorporaron al nuevo sistema previsional, es que el Fisco debe asumir con recursos propios el pago de las pensiones del sector civil, cuyo monto ascenderá, en 1991, a la suma de 1.032 millones de dólares.

Por cierto que el gasto se hace en moneda nacional; pero lo he reducido a dólares, porque las cifras resultan más fáciles de retener.

Este gasto obligado del Fisco no tiene contrapartida de financiamiento con ingresos de trabajadores activos, y equivale, en previsión social, a la suma de los presupuestos de educación y de salud.

La tercera la constituye el gasto fiscal en Defensa Nacional.

El Presupuesto fiscal debe financiar el gasto de esta partida y suplir, además, los déficit generados por las cajas de previsión de las instituciones de la Defensa Nacional y de las Fuerzas de Carabineros.

El aporte del Fisco a la Defensa Nacional, para 1991, expresado en dólares, es de 556 millones. Y el aporte anual para los gastos de previsión de los uniformados, de 429 millones, cifras que sumadas a los recursos proveniente de la Ley Reservada del Cobre, no consultados en el Presupuesto, estimados en 330 millones de dólares, totalizan un gasto fiscal para el presupuesto de las Fuerzas Armadas ascendente a 1.315 millones de dólares. Es decir, más del doble de lo asignado en conjunto a los Ministerios de Agricultura, de Economía, de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones y de Minería. Todos estos Ministerios, multiplicados por dos, equivalen al gasto fiscal en Defensa Nacional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

El Ministro de Hacienda solicita autorización para que ingrese a la Sala el Director de Presupuestos.

Si le parece a la Sala, se acordará.

Acordado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar señor Diputado.

El señor SOTA.-

La suma de las tres rigideces presupuestarias expuestas asciende a 2.074 millones de dólares. Es decir, representa el 30 por ciento del Presupuesto Fiscal para 1991. Si se considera que cerca del 70 por ciento del resto está comprometido en gastos de personal, la libertad de acción del Gobierno queda limitada apenas al 20 por ciento de los recursos del Presupuesto para atender las necesidades operacionales del Estado en los diversos Ministerios.

Dada las fuertes restricciones presupuestarias derivadas de las rigideces estructurales analizadas, cabría considerar seriamente la posibilidad de reestudiar la ley reservada del cobre, que obliga a traspasar a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de las ventas totales del cobre y de sus subproductos. Cabe recordar que la primitiva ley N2 13.196, dictada durante el Gobierno del Presidente Ibáñez, permitía disponer sólo de un 15 por ciento de la mitad de los tributos del cobre, lo que significó rendimientos anuales de hasta 70 millones de dólares, y no de 330 millones como en la actualidad.

Una reforma, en este sentido, permitiría liberar recursos por más de 250 millones de dólares al año, es decir, casi la mitad del rendimiento anual de la reforma tributaria.

Idénticos esfuerzos habrá que hacer para aligerar la pesada carga que recae sobre el Fisco en materia de previsión social y de deuda pública. Sólo así será posible materializar el propósito del Supremo Gobierno de convertir al Estado en factor de desarrollo económico, sin descuidar sus deberes de promotor de la equidad y de la justicia social.

Por último, unas palabras sobre las limitaciones del Congreso Nacional en materia de presupuestos. Ellas quedan precisadas en el artículo 64, de la Constitución que expresa: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente".

Estas limitaciones sirven de complemento a las contenidas en el artículo 62 de la Ley Fundamental, que consagran la iniciativa presidencial en proyectos de ley relacionados con la administración financiera o presupuestaria del Estado.

Señor Presidente, nos proponemos trabajar conjuntamente con los numerosos parlamentarios que coinciden en promover un cambio en el régimen político actual, para instaurar uno de corte semiparlamentario o semipresidencial -como quiera llamársele-, en donde la influencia del Congreso Nacional en materias presupuestarias se haga sentir debidamente. Ello permitirá que las regiones y las provincias, representadas por los parlamentarios, accedan con justicia a la distribución de los ingresos fiscales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor GAJARDO .-

Señor Presidente, por su intermedio deseo solicitar al Diputado Informante o al Director de Presupuestos que nos hagan una reseña muy global acerca del contenido del artículo 1°, en relación con el 2°. El primero se refiere a los ingresos y estimaciones de los gastos del Presupuesto del sector público; y el segundo, a los ingresos generales de la Nación.

La petición tiene por finalidad saber, ya que no hemos participado en las Comisiones, en qué consiste uno y otro, porque las cantidades son distintas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

El artículo 1° entrega información sobre ingresos y gastos consolidados de todas las instituciones del sector público, de todos los servicios que conforman el gobierno general, cuyo presupuesto se presenta en este proyecto de ley.

El artículo 2° se refiere sólo a una parte de este presupuesto, el Tesoro Público denominado, también, a veces "sector fiscal" que se financia, básicamente, con impuestos para aportes a los servicios e instituciones descentralizadas y a los ministerios. Por lo tanto, podemos decir que el artículo 2° se refiere a una parte del contenido del artículo 1°, de la Ley de Presupuestos. Es la definición más general y comprensiva de "sector público", en la que no sólo se contemplan los gastos que se financian con ingresos tributarios, sino que también los ingresos propios de las instituciones. También hay endeudamientos, etcétera; o sea, si alguien quiere formarse una idea, una versión más completa del presupuesto de todos los servicios consolidados -a veces hay transferencias y pagos entre irnos y otros que se deben consolidarse-, debe leer el artículo 1°. Si alguien desea saber el destino más específico de los impuestos y de los ingresos del Tesoro Público, que después constituyen aportes fiscales a los distintos ministerios, debe leer el artículo 2°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, en la exposición sobre la Hacienda Pública el Ministro de Hacienda dio a conocer los tres pilares básicos en que descansa la política económica de este gobierno.

Primero, la búsqueda inquebrantable de la estabilidad macroeconómica.

Segundo, una orientación hacia la internacionalización de la economía.

Tercero, un esfuerzo social creciente en los campos de la salud, vivienda, educación y previsión, hacia una mayor inversión en las personas.

Concuerdo plenamente con sus planteamientos. Pienso que el trabajo que se ha presentado es serio y da garantías. Sin embargo, echo de menos, tanto en la exposición de la Hacienda Pública como en los criterios fundamentales considerados para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos, un criterio que signifique el incremento de la descentralización y de la regionalización del país. En este sentido, en las regiones se piensa que el deterioro notorio de la calidad de vida en la capital del país ha sido consecuencia del excesivo centralismo.

Un incremento en la descentralización administrativa, no atenta contra el crecimiento de la capital del país.

A las regiones se les debe dar la oportunidad de decidir su destino. Sobre la materia, cabe hacer presente que hay algunos Ministerios que aún no se han descentralizado y muchas decisiones se adoptan en Santiago.

Por ejemplo, en materia de inversiones en obras públicas, las regiones no siempre tienen la posibilidad de plantear sus criterios para determinar el uso de recursos que les han asignado. Por ello, en muchas oportunidades hemos visto que se pavimenta un camino o se realiza una obra, que no son considerados prioritarios o de real urgencia.

Por último, quiero solicitar al Ministro de Hacienda que en la elaboración del Presupuesto de los próximos años dé instrucciones para acentuar el criterio de regionalización y descentralización administrativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, dentro de la discusión general de este proyecto, quiero destacar algunas situaciones centrales que tienen real importancia para el país.

Ya el Director de Presupuestos ha indicado que el que estudia ahora el Congreso comprende a la totalidad del sector público, que consiste en el aporte fiscal más los recursos propios, hecho que no sucedía desde que se estudió en el Parlamento el Presupuesto para 1973, cuando sólo se discutía sobre los recursos propios.

Deseo resaltar que este Presupuesto representa un crecimiento promedio sobre el 8 por ciento, es decir, un incremento real muy superior en todos los Ministerios relacionados con el sector social: Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, en Obras Públicas, en lo referente a infraestructura y en Agricultura, respecto de Indap. Todo esto se ha logrado con un equilibrio macroeconómico.

La política fiscal en este caso, es clave como lo podrán comprobar los señores Diputados y lo reafirma este proyecto.

El compromiso de mayor gasto social planteado por el Presidente Aylwin y por el programa de la Concertación, será posible con los tributos que se obtengan de la reforma tributaria aprobada con los votos de la Concertación y de Renovación Nacional en el mes de julio del presente año.

En cuanto a infraestructura, el proyecto contribuye al crecimiento económico con los recursos que maneja el Estado.

Para la elaboración del Presupuesto se consideraron distintos supuestos.

El cálculo de la inflación se elaboró en moneda de mediados de año, por lo tanto, los reajustes de los diferentes sectores, para colocarlos en moneda real están promediados entre la mitad del año 90 y el 91, sobre la base de un 21 por ciento, y el supuesto de inflación para el año 1991, que se ve perfectamente factible de alcanzar, salvo que hubiera situaciones externas de extremada gravedad, será de 18 por ciento.

El precio del cobre está basado en un supuesto de 89 centavos de dólar.

El crecimiento del país para 1991, se estima entre 4 ó 5 por ciento, lo que es perfectamente factible de lograr considerando que la inversión durante el año ' 1990 alcanzó la cifra más alta de los últimos años, aproximándose a un 21 por ciento del producto geográfico bruto.

El artículo 1°, sobre la base del producto geográfico bruto, contempla ingresos corrientes de un 23 por ciento, para personal, previsión, interés, deuda, de un 20,3 por ciento, lo que da un superávit de

2,6 del producto geográfico bruto. Los gastos de capital que indica el Presupuesto de inversión real, financiera y préstamo, es de un 4,3 por ciento del producto geográfico bruto, que se financia con los ingresos por venta de activos de 1,7 del producto geográfico, y el resto, con el superávit o ahorro, acabo de indicar, del ingreso corriente, del 2,6 del producto geográfico bruto.

Tenemos, por lo tanto, un ahorro suficiente para hacer una inversión, sin presionar al sector privado.

A estos datos se suma, además, el ahorro del 5 por ciento de los gastos en algunos Ministerios, aprobado en la Comisión de Presupuesto, como consecuencia de una indicación del Gobierno, para así contribuir más a la reactivación económica del país, a la disminución de las tasas de interés, al crecimiento y desarrollo equitativo del país.

Quiero destacar también que el Presupuesto considera un fuerte gasto en servicio de la deuda pública, como lo indicaba el Diputado señor Sota, ascendente a más de 1.300 millones de dólares, que incluye amortización e intereses, lo que significa un crecimiento de más de 30 por ciento respecto de 1990.

En líneas generales, por cuanto después en las discusiones de los informes de cada una de las Subcomisiones podremos profundizar más, debo indicar que la política de gastos sociales, dentro del Presupuesto de la Nación para 1991, alcanza a más de 65 por ciento del total. O sea, dos tercios del Presupuesto de 1991 serán precisamente para cubrir el gasto social, es decir, un crecimiento real del 12 por ciento promedio en los sectores involucrados.

Se ha criticado que no se entregan recursos a las regiones. Sin embargo, se observa un crecimiento de un 20 por ciento real, en relación con lo presupuestado para 1990.

En el Ministerio de Educación se aumentan en un 30 por ciento las raciones alimenticias respecto de 1990. Los programas de vacaciones escolares, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas también se aumentan en un 50 por ciento. La entrega de textos escolares a niños de escasos recursos sube en un 50 por ciento. Respecto de este Ministerio y las subvenciones de colegios particulares municipalizados quiero hacer un alcance porque tiene una relación importante con el proyecto de reajuste que aprobáramos hace sólo una semana: los gastos para el reajuste del magisterio que pertenece a las municipalidades. En estos momentos se está buscando la fórmula para solucionar el problema, sobre la base de modificar la ley vigente, tal como lo indicara cuando discutimos el proyecto de reajuste de sueldos. El decreto ley N° 3.476 de 1980, artículo 4° bis, inciso segundo, modificado por la ley N° 18.766, artículo 11 letra b), indica que cuando el IPC llega al 15 por ciento se debe reajustar la unidad de subvención educacional en el 80 por ciento. Y cuando se produce un reajuste al sector público se debe compensar la diferencia de ese 80 al 100 por ciento que quedó pendiente. Por ello, el magisterio tuvo un reajuste del 12,3 por ciento en el mes de agosto, correspondiéndole ahora un 3,1 por ciento.

Todos los parlamentarios de los distintos sectores políticos indicamos que esto constituía una situación de injusticia, pero que la solución de este problema sería a través de esta modificación, con el objeto de que el magisterio no sólo reciba un 3,1 por ciento, sino que perciba la diferencia del 13 por ciento, para nivelarse con el resto de los sectores.

Esta es la forma en que debemos actuar en el futuro para que no se vuelvan a producir situaciones de injusticia, en sectores tan importantes del país. Estos pueden tener la confianza de que el Gobierno está estudiando dar una solución definitiva a este caso.

La situación en los otros Ministerios es la siguiente:

En el Ministerio de Justicia hay un 8 por ciento real de crecimiento a servicios menores y Gerdamería.

En el Ministerio de Agricultura, Indap tiene un crecimiento de más del 27 por ciento real destinado a asistencia tecnológica y préstamos a pequeños agricultores. Se pretende atender a más de 46 mil personas.'

En materia previsional, debo destacar que en el mes de julio de este año se mejoraron las pensiones, lo que benefició a más de 900 mil personas.

Se duplicó la asignación familiar, que favoreció a 3 millones 200 mil cargas. Esto significa un gasto para el año 1991 de alrededor de 634 mil millones.

En el Ministerio de Salud hay un crecimiento del 15 por ciento real para mejorar la atención primaria, aumentar la entrega de medicamentos y leche.

Se destinan 20 mil millones del Presupuesto para este mejoramiento. En lo que se refiere al reajuste para el sector Salud correspondiente al municipalizado está solucionado internamente, sin necesidad de ley, a través del Ministerio, con lo cual el personal municipalizado también recibirá el reajuste que percibió el sector público.

En lo que se refiere al Ministerio de la Vivienda hay un incremento de más de un 20 por ciento; lo que significa más de 20 soluciones habitacionales adicionales.

El programa social da mayores recursos para ampliar la cantidad y la calidad de los servicios.

Por último, el aumento de la inversión en infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, el cual crece en un 11 por ciento real de promedio, porque los recursos disponibles son mayores y se considera que con todos estos gastos tendremos una fuerte inversión en este sector. El total de los crecimientos indicados son respecto de gastos programados para 1990.

En resumen, el presupuesto para 1991 da un equilibrio fiscal y permitirá un crecimiento del país, con justicia social.

He dicho.

El señor ORTEGA.-

Pido la palabra señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO.-

(Presidente). Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORTEGA.-

Sólo quiero hacer algunas apreciaciones globales sobre el proyecto en cuestión.

Creo importante dejar establecido que cuando se desarrolló la campaña electoral recién pasada, hubo una cantidad de agoreros que anunciaban que el Gobierno de Patricio Aylwin y de la Concertación, actuaría de manera irresponsable frente al país, generando un gasto desmedido y provocando graves desequilibrios macroeconómicos. Incluso se llegó a decir que volveríamos a esquemas gastados del pasado, a un sobreestatismo. La discusión del proyecto de Ley de Presupuestos posibilita afirmar la responsabilidad del Gobierno en el manejo de la política económica y financiera del país.

Hay que reconocer que muchas de estas cosas se pueden afirmar en atención a que la Ley de Presupuestos hace posible el aumento de ciertos gastos sociales, porque hubo una reforma tributaria aprobada en el Congreso con el apoyo responsable de Renovación Nacional.

El país tiene plena conciencia de que, por un lado, existe responsabilidad para mantener una economía sana, una inflación baja, un gasto fiscal equilibrado y, al mismo tiempo, el compromiso de llevar adelante una política social que posibilita la justicia social, la participación y, sobre todo, el pago de esa vieja deuda pendiente con los chilenos más pobres.

Este debate debe servir para recordar algunos hechos importantes, que muchas veces los representantes de la oposición quieren desconocer. Se dice que el Gobierno de Patricio Aylwin y personeros de las bancadas de la Concertación, siempre culpan al gobierno pasado por los problemas de hoy, y que nosotros no asumimos las responsabilidades que nos corresponden. Pero yo pregunto ¿quién asume la responsabilidad de que debamos financiar una deuda con el Fisco, del volumen de la que heredamos, como lo señaló el Diputado señor Sota? ¿Quién asume la irresponsabilidad de las restricciones, las cuales tienen efecto hasta hoy día, como informó un señor Diputado en su intervención?

Aquí hay responsabilidades políticas que repercuten en el manejo actual de la economía chilena.

En primer lugar, existen rigideces objetivas en la Constitución Política para que el papel del Parlamento sea más significativo en las decisiones de tipo presupuestario. También subsisten rigideces en la actual legislación para que en las regiones y en las provincias haya un sistema tributario que posibilite que tengan algunos ingresos propios, porque la Constitución heredada del gobierno pasado dejó establecido, en su artículo 19, número 20, que los tributos no pueden estar afectos a un fin determinado y que deben ir a un solo fondo fiscal.

Asimismo, existe responsabilidad en la falta de posibilidades del Congreso para controlar mucho más el gasto fiscal.

Por eso, el esfuerzo que debemos hacer a partir del análisis del Presupuesto de la Nación, es buscar puntos de concordancia respecto de reformas importantes para el desarrollo político y económico del país, de sus regiones y de la función del Parlamento.

Me alegro de las palabras del señor Diputado de Renovación Nacional, quien ve la existencia de un problema objetivo.

Me alegro de que nos demos cuenta de que el actual régimen institucional crea dificultades para el desarrollo de las regiones del país, y de que tengamos que concordar todos en una reforma que, en términos procesales, a través del tiempo, les dé autonomía, recursos y posibilidades de decisión sobre su propio desarrollo.

Hoy, como él señalaba, las regiones muchas veces están languideciendo por un centralismo exagerado, que se alimenta siempre en el círculo vicioso de que la gente viene a Santiago, hay más gastos, y disminuyen los recursos de las regiones porque son ellas las que, comúnmente, financian los gastos del centro.

Por eso la experiencia de este esfuerzo nos debe ayudar a sacar lecciones, en el sentido de que es necesario introducir reformas institucionales, tanto a nivel de las funciones del Congreso, como de la forma en que las regiones logren mayor autonomía financiera y puedan desarrollar políticas propias, de acuerdo con sus prioridades y con sus recursos.

Por último, señor Presidente, estimo que el Presupuesto que hoy estamos aprobando nos permitirá mirar el próximo año con mucho mayor optimismo que lo que algunos pronostican.

Pienso que el país tiene conciencia de que el manejo de la política económica del Ministro de Hacienda -a pesar de los graves problemas que ha enfrentado, muchos de los cuales eran absolutamente insospechados, como el del petróleo- hará posible que la Nación entera, los pobres y la clase media, puedan esperar un gasto social y un aumento dentro de las posibilidades; además el sector empresarial podrá estar seguro de que habrá reglas del juego de apoyo y de respeto a su función cuando él también ayude y apoye a que el bien común del país se logre con el esfuerzo de todos.

Por eso, destaco estos dos hechos: Es necesario aprender cuán indispensable es reformar algunas instituciones políticas y normas de la Constitución, y, por otro lado, que todos tengamos conciencia de que, muchas veces, críticas exageradas y demandas que hoy día se formulan, presionando desde algunos sectores de la Oposición, sólo nos llevarán a incurrir en mayores gastos, para después acusamos por la inflación. La política debe aprender que no debe caerse en actitudes un tanto demagógicas, y que hay que esforzarse en buscar solución a los problemas de todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor KUSCHEL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Gracias, señor Presidente.

Hemos escuchado, en el contexto de la discusión general del proyecto de Ley de Presupuestos para 1991, algunos planteamientos bastante plañideros y quejumbrosos respecto de la evolución del país en los últimos años, y de las restricciones que tendría el Presupuesto en el futuro, en la misma tónica de mantener vigentes los muros del pasado, lo que hemos escuchado permanentemente.

No obstante estas restricciones manifiestas, que reconocemos, en parte y a costa de ellas, Chile es hoy el primer país de América Latina -y también está dentro de los primeros 20 países del mundo-, en materia de mayor desarrollo humano.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva regional, el problema que se está suscitando en este instante no es tanto de recursos, sino de capacidad de ejecución o técnica. Hemos visto, por ejemplo, que el problema de vivienda para 1990, prácticamente no se está ejecutando. Estamos en noviembre y no se ha iniciado la construcción de las viviendas sociales prometidas o anunciadas tan estruendosamente en muchas oportunidades.

Lo ideal es que los recursos reales que se están agregando se usen dentro del año, para que no ocurra lo que sucedió en 1990, en que tuvimos numerosos anuncios y pocas obras concretas.

En ese sentido, es bueno ver los enormes espacios que tenemos, sobre la base de la situación concreta y real de hoy, que se compara muy favorablemente con la que teníamos en el pasado y con la que experimentan los países vecinos; y tratar de que el Gobierno se dé cuenta de que está gobernando y no en la Oposición, porque las oportunidades siguen vigentes. Afortunadamente, a pesar de las restricciones, las posibilidades de resolver problemas ahora son bastante mayores que en el pasado.

Gracias, señor Presidente.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor VIERA GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCIA (don José).-

Gracias.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero formular algunas consultas al señor Ministro de Hacienda, relacionadas con el proyecto de Ley de Presupuestos que estamos tratando.

En primer lugar, deseo consultar si dicho proyecto contempla un incremento en la cobertura de los subsidios de asignación familiar y de pensiones asistenciales, ya que, según la información oficial que nos proporcionó el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en este momento hay 84.688 niños en todo el país que tienen sus solicitudes en trámite en las municipalidades, sin que se pueda proceder a su pago por falta de recursos, y de la misma manera existen hoy 23 mil 852 pensiones asistenciales insolutas, también por la misma razón.

Estas cifras, en realidad, no reflejan la verdadera demanda que existe por estos beneficios orientados a los sectores más modestos de la población. En efecto, hay muchos que han querido inscribirse en las municipalidades; sin embargo, sus inscripciones no son recibidas precisamente por la falta de cupo.

Una segunda consulta que deseo formular, por su intermedio, al señor Ministro, es si en este proyecto de Ley de Presupuestos se contemplan recursos para la creación de nuevas comunas. Y de haberlos, cuáles serían estas comunas.

En tercer lugar, si se destinan recursos para paliar los actuales déficit del sistema municipal de educación y de salud. De la misma manera, deseo consultar si existe ya un cálculo del costo de la diferencia de reajuste por otorgar a los funcionarios de la educación municipal. Al respecto, no es efectivo que los profesores recibieran, durante el mes de agosto pasado, un 12 por ciento de reajuste, ya que, precisamente, a raíz de los altos déficit, hubo muchos profesores que percibieron una cantidad inferior e, incluso, muchos que, simplemente, no recibieron ni un solo peso por reajuste.

El señor CERDA.-

Señor presidente, solicito una interrupción al señor García.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor García, le solicita una interrupción el Diputado Cerda.

El señor GARCIA (don José).-

Con mucho gusto se la concedo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, indiqué, con mucha claridad, que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, dictadas durante el régimen anterior, cuando el I.P.C. llega al 15 por ciento, el Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, debe suplementar la unidad de subvención escolar en el 80 por ciento de ese I.P.C., que, en la fecha indicada, fue del 15.4 por ciento; por tanto, esa unidad se reajustó en un 12.3 por ciento.

Esto fue para todas las municipalidades del país. Si algunas no traspasaron ese 12.3 por ciento al magisterio, es problema de los alcaldes respectivos, que "taparon otros hoyos" con esa plata; pero esos recursos, y de acuerdo con lo que se manifestó en el Colegio de Profesores y otras entidades, tengo entendido que se traspasaron precisamente hacia el magisterio municipalizado. El magisterio particular, privado, subvencionado, también recibió la misma suma.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, recupero el uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor GARCIA (don José).-

Efectivamente, señor Presidente, el Diputado Cerda tiene mucha razón. La unidad de subvención escolar se reajustó en un 12 -y poco más- por ciento. Y, por desgracia, en verdad hubo municipalidades que no traspasaron este porcentaje de reajuste a las remuneraciones del profesorado. Entre ellas, la Municipalidad de Temuco, cuyo Alcalde fue designado por el Presidente de la República.

La última consulta que deseo formular al señor Ministro, por su intermedio, es en cuántos son los recursos que se están destinando en la Ley de Presupuestos para la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Gracias, señor Presidente.

Sin duda que compartimos, en líneas generales, este proyecto de Ley de Presupuestos, y los principios y las bases con que fue elaborado. Sin embargo, deseo recoger algunas de las imputaciones hechas por el Diputado señor Ortega con respecto a lo que él llama algunos "agoreros" que, durante la campaña, presagiaron que, al asumir este gobierno, la situación económica se iba a deteriorar en forma significativa.

Efectivamente, lo que en esa oportunidad decían tales agoreros, era el resultado de la postura que, a la sazón, asumían algunos personeros de la Concertación, que nunca reconocieron nada de los claros éxitos que, en materia económica, venía logrando el Gobierno Militar.

Sin embargo, hoy día vemos con satisfacción que el equipo económico reconoce las bases y los lineamientos de lo que ha sido la política económica y se comprometen a mantenerla e implementarla.

Reflejo de eso es la actual Ley de Presupuestos, que hoy discutimos.

El Presupuesto, en general, conserva los equilibrios importantes, tanto macroeconómicos como fiscales, con el objetivo de asegurar el crecimiento y mantener la moderación en el gasto.

Esto, y no otra cosa, es lo que hemos dicho siempre: precisamente ese criterio y la mantención de un crecimiento económico, harán posible solucionar de verdad y definitivamente los problemas de la pobreza y de los más desposeídos.

Sin duda, existen rigideces; pero nos parece liviano afirmar que esa es una carga que dejó irresponsablemente el gobierno anterior, porque eso no es así.

La crisis de los años 1981 y 1982 provocaron los problemas que aún nos afectan; pero el país, en su oportunidad, los enfrentó de manera tal, que hoy día la Concertación, que tiene la oportunidad de gobernar, puede presentarle a la ciudadanía una Ley de Presupuestos optimista en cuanto al crecimiento y al desarrollo.

Si el Gobierno anterior hubiera enfrentado esa crisis como lo hicieron, por ejemplo otros gobiernos vecinos, sin duda que el actual Gobierno no tendría la posibilidad de presentamos este optimista panorama, que, por cierto, compartimos.

Es la hora, a nuestro juicio, de empezar a reconocer que lo que se heredó no fueron sólo problemas, sino también bases sólidas para el crecimiento y el desarrollo del país, y para que el equipo económico actual nos pueda presentar una Ley de Presupuestos como la que estamos discutiendo, la cual compartimos en sus lineamientos generales.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, a este Presupuesto enviado por el Gobierno democrático del señor Aylwin, perfectamente podría dársele el título de presupuesto humano.

Por primera vez se dan las partidas necesarias, se aumentan muchos ítemes que fueron olvidados durante 16 años de dictadura.

Cuando se habla, aquí, de una sólida gestión en lo económico, se olvida decir a qué costo se logró eso, cuánto significó en abusos, en olvidos, en represión, en términos de todas las garantías de que el pueblo de Chile había gozado durante toda su historia, hasta el año 1973; la cesantía, las ollas comunes, la vergüenza del POJH y del PEM, en que la pobre mujer de nuestro pueblo, chuzo en mano, debía ganarse en la calle unos cuantos miserables pesos para llevar pan a la casa.

En este proyecto se establece la gran diferencia con respecto a los presupuestos de la dictadura, sobre todo en el aspecto de la vivienda. En forma seria, responsable, se están aplicando planes de construcción, no de "gallineros" ni de "cajas de zapatos", que construyó la dictadura, en las que apenas cabía un catre y, como bien dicen los vecinos -que siempre toman las cosas en broma-, en donde no se le podía pegar una bofetada a la señora, porque se sentía en toda la cuadra.

Unas casas sin ninguna condición humana, casas que no tenían la menor comodidad, sobre todo en invierno, y eso lo tienen que haber conocido algunos Diputados si alguna vez, salvo en las elecciones, se dieron el trabajo de visitar alguna población obrera. Hay que conocer cómo habitaba esa gente que vivía en La Pintana y que sigue residiendo allí: un amontonamiento humano en ese sector sur de Santiago, llevado desde todos los rincones de miseria de esa capital.

En cambio, aquí se aplica un criterio serio y responsable, por un Ministro que ha concitado el respeto de los pobladores, quienes saben y perciben que lo que dice se llevará a la práctica, como está sucediendo.

Esas 800 mil familias de allegados ya han empezado a recibir los primeros beneficios de este plan elaborado por el Ministerio de la Vivienda. Hay poblaciones, plenamente certificadas, como La Victoria, donde viven hasta siete familias en una misma casa pequeña, gracias a la solidaridad humana, y nunca desmentida, del pueblo para con la gente que se encuentra en mayor desgracia que la suya.

Pese a la complejidad de todos los problemas y las dificultades de convivencia en esos tremendos grupos familiares agrupados en una casa pequeña, ya el Gobierno está, justamente, empezando a solucionarlos, pues ha elaborado los planes correspondientes. Sobre todo -algo que es importante-, ha entregado la información pertinente a la gente que recibirá esos beneficios. Según mi opinión, es el Ministerio el organismo que ha mantenido una mayor relación y comunicación con los beneficiarios. Y ese es un motivo de reconocimiento al Ministerio de la Vivienda. No hay poblador, aun el más modesto, que no sepa qué camino seguir para adoptar el sistema que estime más conveniente a sus medios, a sus recursos o a sus deseos.

Lo mismo sucede en las partidas del Ministerio de la Salud. Por primera vez, en los consultorios se ha dejado de cobrar por la atención a la gente que, en ellos requiere atención médica. Y eso es grande, porque esos consultorios, generalmente, están en las poblaciones más densas y más pobres de la zona metropolitana, especialmente en el sector sur, que, a mi juicio, es el más golpeado en todos los aspectos de la vida. En este Presupuesto se consigna la construcción de nuevos hospitales y consultorios para ese sector, y ampliación de los que existen. Es decir, se trata de acercar la salud a los sectores que la están requiriendo. Y eso es grande y hay que reconocerlo.

En esos sectores, donde no existe la posibilidad de hacerse una operación, el hombre que no tiene dinero sencillamente espera la muerte en la puerta de los hospitales, porque está muy lejos de sus posibilidades el poder pedir atención en alguna clínica privada, en la cual le sacan un ojo de la cara. Si todos los chilenos concurrieran a esas clínicas privadas, sencillamente todo el pueblo de Chile sería tuerto pues, señor Presidente.

De ahí que nosotros, que estamos trabajando en un sector muy duro terriblemente pobre, donde "campean" todo tipo de miserias humanas, vemos cómo un Gobierno democrático, a pesar de todas las dificultades y herencias negativas que dejó la dictadura, está encarando con seriedad, con responsabilidad y con grandes posibilidades los problemas que han afectado a esos sectores, que muchas veces miraban sin esperanza de vida.

Invito a los Diputados a que vayan, no a Providencia ni Américo Vespucio, ni a Kennedy, ni a ninguna de esas calles del barrio alto, sino a José María Caro, por ejemplo, a la población más grande de Chile, pero también la más pobre; a Lo Espejo, donde las municipalidades no tienen dinero, porque esas poblaciones, muy modestas, están exentas del pago de contribuciones; a la Municipalidad de La Cisterna; a la de San Miguel, que debe atender a esa enorme humanidad que constituye su población; a las futuras comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, donde no se invierte, porque está en trámite la instalación de ellas, o sea, es tierra de nadie, donde todos plantean los problemas, pero nadie quiere solucionarlos.

Vemos en esas poblaciones algo que aquí, muchas veces, se toma en chunga, como es el problema de la drogadicción. Los niños y los jóvenes sorben neoprén, porque la cocaína solamente llega a los sectores altos y medios que pueden consumir esa droga de alto precio, pero que, según los médicos, causa daños irreparables en el cerebro. El neoprén se vende en boliches de cualquier esquina de esas poblaciones; no hay control.

Los jóvenes y los viejos cesantes repletan las esquinas de las calles. Muchos de ellos -hay que reconocerlo- se entregan a la delincuencia. Pero hay que considerar que en esas poblaciones no hay teatro ni estadio; nadie ha construido absolutamente nada que permita a esa gente tener, por lo menos, una distracción, un momento de solaz con su familia.

Ahí, en la José María Caro, hay una calle que se llama, justamente, José María Caro. Es la mejor iluminada de esa población, una especie de calle Ahumada, un paseo. Si ustedes van el sábado o el domingo, van a encontrar a todas las familias paseándose por unas dos o tres cuadras de esa avenida.

Pero ahí también se ven la prostitución infantil, la mendicidad; se ve a muchos señorones adinerados...

El señor PEREZ (don Juan Alberto).-

¡Ya está bueno!

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

No es hora de Incidentes.

El señor PALESTRO.-

...que andan en autos de diez o veinte metros de largo, hasta con piscinas,...

...y que se paran en las esquinas. A lo mejor muchos de ustedes, que andaban por esos lados, han visto cómo se paran las niñas -y niños también-, esperando que esos pilotos las suban arriba de esos grandes autos, para prostituirlas.

Eso es lo que este Gobierno quiere y pretende solucionar, aunque sea por etapas. Va a ser útil empezar, alguna vez, a dar solución a estos problemas, que muchas veces están sobrepasados por la realidad.

En una oportunidad pasada, veía un programa de televisión donde participaban -lo digo con el respeto correspondiente- dos Diputados del barrio alto, de Renovación Nacional, con la señora Carmen Lazo y otra señora, que no me acuerdo quién era. El panorama que apreciaban las Diputadas del barrio alto era totalmente irreal: una "vida rosa" que no tiene nada que ver con la vida del 99 por ciento de esta población, de este Chile. Y ahí estaban las señoras hablando de otras cosas, totalmente reñidas con el hambre, con la miseria, con la prostitución, con la mendicidad, con la cesantía en la que vive una enorme humanidad santiaguina y nacional...

La señora MATTHEI.-

Yo también conozco la pobreza.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ruega no interrumpir al Diputado que está hablando.

El señor PALESTRO.-

Ojalá eso lo vuelque en el trabajo que hace en su población, señora Matthei.

Ese es el pan de todos los días, en esas poblaciones...

El señor RINGELING.-

¡Eso no tiene nada que ver con el Presupuesto!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ruega no interrumpir y escuchar con respeto.

El señor PALESTRO.-

Primera vez que escucho a ese señor Diputado ¡y todavía habla para decir una tontería de menor cuantía!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le ruego atenerse al tema en discusión.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, todo esto tiene relación con el proyecto de Ley de Presupuestos enviado por el Gobierno.

Ellos se ríen porque nunca escucharon esto de leer, criticar o apoyar un Presupuesto de la Nación, porque el señor Pinochet les decía que sin su consentimiento "no se movía una hoja", por lo cual se llevan sin mover una hoja, ni obligaban a que cayera una. Así que, naturalmente, es la respuesta que dan a algo que es totalmente nuevo para ellos; pero hay que preguntárselo a la gente que sufrió todos estos problemas que el Gobierno trata de solucionar.

Lo mismo ocurre con la masacre de gendarmes que nos ha conmovido a todos los chilenos. Son jóvenes, a mi juicio, que han sido inducidos o infiltrados por agentes de la DINA o de la CNI que andan sueltos. Seguramente habrá alguna discusión sobre este problema, para llegar, en lo posible, a la raíz del problema y averiguar quiénes están promoviendo estos crímenes.

Esto no está en el Presupuesto, pero es de la vida diaria, al igual que esos tres intentos de asalto a unos bancos ocurridos ayer. Algunos diarios decían, en chunga, que tres curas disfrazados habían tratado de asaltar un banco; cualquier día van a salir con que la "mujer metralleta" es una monja...

El señor CORREA.-

¡Qué bueno!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Termino expresando mi gran satisfacción por estar de nuevo presente, después de 16 años, en la discusión de un proyecto de Ley de Presupuestos. Ellos jamás supieron de estas cosas, porque muchos eran muy pequeños y estaban en la mama de la madre pero otros, ya más grandecitos, hicieron el papel de alcahuetes de la dictadura.

De ahí, señor Presidente, que quiero expresar -y creo que así lo harán también mis compañeros de bancada- mi apoyo al Presupuesto que ha enviado este Gobierno democrático, que busca solucionar esa gran deuda social que tenemos con el pueblo, con la gente más humilde de este país.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate por parte del Comité del Partido Por la Democracia, Partido Socialista, Izquierda Cristiana y Partido Humanista.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 21 votos, hubo 13 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la clausura del debate.

El señor CARRASCO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, queremos comenzar expresando nuestro interés para que en el futuro, en alguna reforma constitucional, al Parlamento se le otorguen mayores atribuciones que le permitan trabajar en el proyecto de Ley de Presupuestos. En verdad con la Constitución de 1980, los parlamentarios tienen absolutamente coartada la posibilidad de plantear sugerencias e innovar en las proposiciones que hace llegar el Ejecutivo al Congreso Nacional.

He tomado conocimiento de los criterios que tuvo la Subsecretaría de Desarrollo Regional para distribuir los fondos de su competencia, los cuales, en general, comparto, porque consideran una serie de elementos que en definitiva están favoreciendo a las regiones más desvalidas.

Dentro de estos criterios, están los relacionados con problemas sociales de salud, de educación, de vivienda, etcétera, Se indica también el porcentaje de la población, regional en extrema pobreza; lo relativo a la tasa de desempleo regional; problemas de ruralidad y de densidad poblacional; situaciones que involucran la distancia en kilómetros de las capitales regionales a la Región Metropolitana; problemas de mortalidad, desnutrición infantil, tasas de analfabetismos, desarrollo económico e inversión pública y privada.

En función de esos criterios, se han dispuesto los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Nosotros los compartimos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que estos recursos son siempre escasos. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el principal instrumento financiero de que dispone el Gobierno para canalizar los recursos del Presupuesto Nacional a las regiones del país. Durante este año, este Fondo ha alcanzado la cifra de 28 mil millones de pesos. Su distribución, con los criterios de equidad y justicia señalados no alcanza para provocar un desarrollo significativo en las regiones más pobres de nuestro país, sobre todo si consideramos que, muchas veces, estos recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional vienen a reemplazar obras que debieran ejecutarse con fondos regionales.

A propósito de esta primera crítica, deseamos que se evite el uso de fondos de desarrollo regional para inversiones que debieran hacerse con fondos sectoriales.

En segundo lugar, estimamos que no habrá descentralización en el país mientras las regiones no cuenten con recursos verdaderos para provocarla. Sin recursos y sin autonomía para invertirlos, hablar de descentralización significa simplemente crear esperanzas y expectativas que no se concretarán.

Consideramos que sería bueno que se comenzara a partir el próximo año, una política de entrega de autonomía a las regiones, para que un porcentaje de los fondos sectoriales puedan invertirse con plena libertad de ellas. Hasta el momento las regiones tienen poco que ver en la confección del Presupuesto. Si bien las iniciativas y los proyectos por financiar se formulan en las regiones, la decisión última se toma sin consideración de ellas. Por lo tanto, es fundamental y necesario para la autonomía de las regiones que sean dueñas absolutas de parte de los recursos sectoriales que les corresponde. A nuestro juicio, esto no afectará la buena distribución de los recursos ni el control que debe ejercer la Oficina del Presupuesto Nacional sobre las inversiones del país.

Lógicamente, las regiones requieren de capacidad técnica, porque en muchas no existe y, por lo tanto, no se les entrega autonomía para invertir los recursos.

Como representantes de regiones, reclamamos una voluntad política para que los fondos del Presupuesto Nacional entregados a las regiones aumenten cada año. Muchas veces ni siquiera los fondos de desarrollo regional son invertidos de acuerdo con las necesidades reales de las regiones, ya que los presupuestos y los proyectos pasan por la oficina del Ministerio de Planificación Nacional.

Nuestra crítica sobre la confección del Presupuesto está basada en la falta de participación de las regiones para elaborar sus proposiciones de inversión. Estimamos, entonces, que sería bueno que se notara, a partir del próximo año, esa voluntad política de entregar a las regiones algún grado de autonomía, para que sean, en cierta medida, sujetos en la inversión de sus recursos.

No es efectivo que siempre el centralismo tiene la razón. Muchas veces, quienes están más cerca de los problemas tienen mejores y más eficientes soluciones. En nuestro concepto, sería un acto de confianza en los funcionarios públicos, en los empresarios privados y en las organizaciones de las regiones, darles la posibilidad no sólo de invertir los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino también un porcentaje importante de los fondos sectoriales de cada Ministerio.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, quiero referirme a una materia que tiene que ver con un aspecto global del Presupuesto, como es la estimación de la inflación para el próximo año no sólo para pedir una aclaración al señor Ministro, sino también porque es muy importante para la política económica.

Todos estamos convencidos de que la principal tarea del Gobierno y del país es disminuir el proceso inflacionario. Por esta razón, como en el cálculo de ingresos y gastos, se ha planteado un supuesto del 18 por ciento de inflación, lo que significa en la práctica, promediando la de este año con la del próximo, que los cálculos de las remuneraciones han aumentado en un 21 por ciento, quiero pedir al señor Ministro los antecedentes sobre los cuales se basó para establecer ese supuesto. En otras palabras, sobre qué supuesto se llegó a esa cifra, porque a primera vista puede parecer optimista. Este año vamos a llegar a alrededor de un 30 por ciento de inflación, y se supone un 18 por ciento para el próximo. Es una cifra determinante.

En el último Presupuesto del régimen anterior se consideró el supuesto del 12 por ciento de inflación, y todos sabemos que estuvo muy lejos de la cifra real. Este tema, además, dice relación con un problema planteado en diversos círculos económicos, tanto de Gobierno como de Oposición: la indexación, clave en la economía, ya que se traduce en un proceso inflacionario que se alimenta así mismo. Por ejemplo hay cifras que plantean que con la indexación el piso de inflación más bajo será del orden del 14 ó 15 por ciento, difícil de disminuir; y se supone una estimación del 18 por ciento.

Obviamente, el problema de la indexación deberá ser tratado en un debate más amplio, donde los distintos sectores trabajadores, empresarios y el Gobierno se comprometan a disminuir su efecto nocivo sobre la economía.

En concreto, considero importante la información para la opinión pública. Por eso, solicito al Ministro de Hacienda que indique los supuestos sobre los que el Gobierno se basó para establecer la cifra del 18 por ciento de inflación probable para el próximo año; y, en segundo lugar, que informe si hay algún estudio del problema de la indexación, que está causando un efecto pernicioso en nuestra economía.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro para que responda las consultas formuladas.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, comentaré las observaciones o consultas que se han hecho. El diputado señor Munizaga se refirió a la importancia de la regionalización, dentro de las preocupaciones del Gobierno y del Presupuesto. Simplemente, daré una información: la proyección de la inversión pública para los próximos cuatro años, de acuerdo con los programas del Gobierno, indica que las dos terceras partes de ella se invertirán en las regiones y una tercera parte en la Región Metropolitana. Más allá de los cambios institucionales que se puedan considerar para fortalecer el gobierno regional y la participación en la asignación de recursos de las organizaciones sociales regionales estamos involucrados en un proceso creciente para que los recursos de inversión se localicen en las regiones del país.

Respecto de la cobertura de asignaciones familiares, pensiones asistenciales y subsidio único familiar, en primer lugar, el Gobierno tomó algunas decisiones hace pocos meses. Aumentó fuertemente los recursos para estas tres partidas: asignaciones familiares, pensiones asistenciales y subsidio único familiar. Otorgó un reajuste del ciento por ciento para las asigna dones familiares y subsidio único familiar del tramo más bajo, y escalonadamente hacia arriba; y subió las pensiones asistenciales no sólo en el porcentaje de inflación, sino que repuso el 10.6 por ciento.

En el Presupuesto de 1991, dichos recursos se aumentan una vez más.

Respecto de la cobertura, es bueno recordar que el problema de los cupos se arrastra desde hace muchos años; durante el período anterior existió, y es válida la preocupación planteada.

Las municipalidades están en un proceso de revisión sistemático, para ver los subsidios concedidos que se justifica mantener, porque, como sabemos, algunos los reciben personas que no están en situación precaria o urgente. Por lo tanto, las municipalidades se encuentran en proceso de revisión para focalizar dichos beneficios en quienes realmente los necesitan.

Respecto de educación y salud municipalizadas, el Diputado don Eduardo Cerda planteó correctamente el punto. El Gobierno busca resolver las dificultades de financiamiento. Se preguntarán los FAPEM, fondos para prestaciones de salud de los municipios, para permitir, entre otras cosas, el otorgamiento de un 25 por ciento al personal de la salud municipal a partir del 1° de diciembre próximo.

Respecto de la educación municipalizada, también estamos preocupados. Anoche mismo conversé con representantes del Colegio de Profesores. El Ministro de Educación y el propio Presidente de la República están pendientes de la situación. Probablemente, daremos información en los próximos días referente al presupuesto de educación municipalizada y su repercusión en las remuneraciones de sus profesores.

El Diputado señor Huepe planteó una preocupación respecto de los supuestos macroeconómicos del Presupuesto, particularmente sobre la inflación del 18 por ciento y el problema de indexacción. Son dos temas medulares.

En cuanto a la inflación, el Gobierno tiene confianza en que las políticas económicas que aplicará en el curso del año y las del Banco Central, nos permiten mirar hacia adelante con la seguridad de que la tasa de inflación disminuirá significativamente.

Tenemos la seguridad de que la inflación de noviembre estará sustancialmente por debajo de la de septiembre y la de octubre, los que reflejaron fundamentalmente los problemas derivados de las alzas del petróleo y de algunos productos agrícolas, estos por razones estacionales o de sequía.

Seguimos pensando que podemos aspirar para el próximo año a una tasa de inflación del orden de la que está indicada en el Presupuesto. No será fácil conseguir esta meta, pero persistiremos en ella. Una de las razones por las cuales no será fácil estriba, precisamente, en el problema de la inercia inflacionaria, sobre el cual manifestó preocupación el señor Huepe. Esta es una carga de inflación "inútil", ya que se trata de un traslado de la que hubo en los meses anteriores hacia la inflación presente y futura, por razón de la estructura de reajustes de contratos, los que existen muy extendidamente en la economía chilena.

En mi opinión, el Diputado señor Huepe ha planteado correctamente el problema, al decir que aun cuando involucra ampliamente a distintos sectores de la población, no se puede zanjar de golpe ni en el corto plazo, puesto que provoca desajustes y desequilibrios, como también contradicciones de intereses muy importantes entre los distintos sectores de la población. Hay que desarrollar no sólo un enfoque técnico coherente para resolver este problema sino que también de economía política.

El ejemplo más claro y evidente de esto se refiere a la contradicción de intereses que se plantea con la supresión o la modificación del sistema de la unidad de fomento entre los deudores del sistema financiero, quienes con ello tiene un beneficio concreto e inmediato, y los cientos de miles de personas que, mes a mes, depositan sus ahorros en el sistema previsional, los que son reajustados de acuerdo con una variable, como es la unidad de fomento, que cautela su valor real para cuando jubilen. Es decir, la supresión de este mecanismo de reajustabilidad beneficiaría a un sector, que son los deudores y perjudicaría a otros, que es el de los que ahorran para su pensión y para su jubilación a través del sistema de las AFP.

Existe un problema técnico, como es conciliar una solución que cautele adecuadamente los intereses de los distintos sectores en la población.

No hay manera de resolver esta situación, excepto a través de una amplia discusión sobre las soluciones técnicas entre los distintos sectores involucrados.

Tendremos que buscar la fórmula para que algunos representantes suficientemente amplios, por ejemplo, del Parlamento, busquen una solución a este problema. Ella no es posible lograrla en el plazo corto. Sería una irresponsabilidad de mi parte decir que el problema de la unidad de fomento se resolverá en el futuro inmediato. Tampoco cerraré la puerta, en el sentido de señalar que este es un problema que no tiene solución. Para ello, trabajaremos en una perspectiva a mediano plazo, para buscar una buena solución técnica para que los distintos sectores involucrados o beneficiados con este problema se pongan de acuerdo.

Ha habido acuerdos muy difíciles entre sectores con intereses contradictorios, como fue el de empresarios y trabajadores en el llamado "acuerdo marco", hace algunos meses. Entonces, no veo por qué no podremos encontrar una solución adecuada para este problema, que agobia a mucha gente. Debe manejarse con extremo cuidado, con sensibilidad y con responsabilidad, porque tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los intereses particulares de los distintos grupos, una mala solución puede crear más dificultades y más problemas que el que originalmente se quiere resolver.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha solicitado la clausura del debate por parte del Comité de la Democracia Cristiana.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Varios señores Diputados.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

Según el reglamento, antes de votar en general el proyecto, corresponde pronunciarse sobre la inadmisibilidad de las indicaciones.

Las presentadas por Renovación Nacional, suscritas también por la UDI, a las partidas de los Ministerios de Educación, de la Vivienda y de Agricultura, son admisibles, porque significan supresión o disminución de gastos.

Con respecto a las presentadas por el señor Vicente Sota, apoyadas por el señor Estévez, la Mesa se pronunciará sobre esa materia en la sesión secreta.

Se constituye la Sala en sesión secreta.

Se suspendió la sesión pública a las 12.37 horas y se reanudó a las 13.55 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión pública.

En votación la declaración de admisibilidad de la indicación.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente, solicito que se dé lectura a los pareos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor secretario les dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Se han registrado los siguientes. El señor Bosselin con el señor Taladriz, el señor García (don José) con el señor Hamuy, el señor Salas con el señor Chadwick, el señor Barrueto con el señor Ulloa, la señora Caraball con el señor Recondo, el señor Matta con el señor Rodríguez (don Alfonso), el señor Espina con el señor Schaulsohn, el señor Muñoz Barra con el señor Galilea, el señor Álvarez Salamanca con el señor Aguiló, y el señor Álamos con el señor Sabag.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la admisibilidad de la indicación.

Efectuadas la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se declara admisible la indicación.

La señora MATTHEI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Sobre un problema reglamentario?

La señora MATTHEI.-

Casi.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tenemos dos problemas más de cierta envergadura, de manera que si es "casi", que sea breve.

La señora MATTHEI.-

Es "casi" y breve.

Estando de acuerdo con la argumentación de fondo del Diputado señor Huenchumilla, creo que esa indicación, en particular, no era admisible, porque no contábamos con información suficiente.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, solicito que se supriman del acta de la sesión todas las intervenciones que no dicen relación con la materia a la cual estamos abocados. La intervención de la Diputada señora Matthei es para dejar una constancia. No dice relación con una materia reglamentaria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero lo que abunda no daña.

Corresponde ahora discutir la admisibilidad de tres indicaciones presentadas por el Diputado señor Horvath.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, planteé una problema reglamentario, y Su Señoría no quiso escuchar mi proposición. Tengo derecho a plantear problemas reglamentarios. Su Señoría tiene el deber de escucharme, y después el derecho de tomar una resolución.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa no le ha concedido el uso de la palabra. Su Señoría hizo uso de ella en un momento de arrebato.

El señor PALMA (don Andrés).-

Entonces, ¿me concede la palabra para plantear un problema reglamentario?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría solicita que no se deje constancia en acta de lo dicho por la Diputada señora Matthei.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

No hay acuerdo.

Corresponde pronunciarse sobre las tres indicaciones presentadas por el Diputado señor Horvath, que dicen relación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas y con el Congreso Nacional. Estas indicaciones, por una parte disminuyen gastos y por otra los aumentan, según las partidas o los ítem.

La Mesa estima que no es facultad del Congreso reasignar gastos, y por lo tanto, estas indicaciones, en cuanto los disminuyan, serán sometidas a discusión; en cuanto los aumenten, serán declaradas inadmisibles.

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH .-

De acuerdo con el Reglamento y lo manifestado por la Mesa, estas indicaciones habrían prosperado para su discusión y debate, sólo con la firma de un Ministro. En este sentido, hablé con el titular de Hacienda y obviamente, la intención es que se lean para que él pueda tomar nota, consultar a los ministros del ramo y ver si las acoge el Ejecutivo.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra para explicar un problema legal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es taxativa en este punto, de modo que lo solicitado por el Diputado señor Horvath es algo ilegal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Reglamento indica que estas indicaciones sólo prosperan si tiene la firma del Ministro.

El señor ESTEVEZ.-

No, señor Presidente, porque la ley Orgánica sostiene que no pueden presentarse iniciativas o enmiendas que vayan más allá de las atribuciones otorgadas a los parlamentarios, ni aún a título de colocarlas en conocimiento del Ejecutivo. Como la Ley Orgánica está por sobre el Reglamento, Su Señoría no puede dar curso a la solicitud.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es. El Reglamento establece que estas indicaciones prosperan con la firma del Ministro, pero ése es un "lobby" que debe realizar el interesado por su propia cuenta y no es algo que se pueda hacer en la Sala. Sí, podríamos prolongar el plazo, por ejemplo, hasta las cuatro de la tarde a fin de que el Diputado señor Horvath converse con el señor Ministro.

El señor ELIZALDE No hay acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo. Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Aunque obviamente es una atribución del Presidente de la Cámara declarar las inadmisibilidades, es importante señalar que en la Subcomisión y en la Comisión Especial de Presupuestos se estudiaron algunas indicaciones exactamente iguales a las aquí presentadas, pero ninguno de sus miembros planteó el problema de inadmisibilidad que se acaba de indicar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Son criterios distintos. El problema es que estas indicaciones, en cuanto disminuyan gastos, serán sometidas a discusión y votación; en cuanto los aumenten se declararán inadmisibles.

El señor ACUÑA Está cerrado el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se procederá.

Cerrado el debate.

Corresponde votar en general el proyecto de Ley de Presupuestos del artículo 3° en adelante, por cuanto los artículos 1° y 2° pueden verse afectados por lo que se decida después en la votación particular.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El señor ESTEVEZ Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ .-

Entiendo que del artículo 3° en adelante, todos los preceptos quedan aprobados sin discusión particular.

Ahora, el artículo 5° establece la facultad de endeudamiento, la que de hacerse efectiva, las obligaciones pueden prolongarse más allá de los cuatro años que dura el período del actual Gobierno y por lo tanto, la aprobación de la norma requiere de quórum calificado. En ese caso, solicito que el señor Secretario cuente los Diputados presentes en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como no ha habido indicaciones respecto de esos artículos, aprobado en general el proyecto, se entienden automáticamente aprobados en particular.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.'

El señor RINGELING .-

Señor Presidente, entiendo que la aprobación general del proyecto sólo autoriza al Ejecutivo para endeudarse en el período de su gobierno. Para lo demás, requiere de una ley de quórum calificado.

El señor ARANCIBIA.-

Esta sería la ley.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, como no se han presentado indicaciones, se votan, al mismo tiempo, en general y en particular todos los artículos. Eso me correspondía exponerlo, precisamente iba a señalar, en su oportunidad, que el artículo 5°, tal como lo ha indicado el Diputado señor Estévez, requiere de quórum especial, porque con él estamos autorizando al Ejecutivo para comprometer financiamiento hasta después del actual período presidencial.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se van a contar los Diputados presentes.

El señor PIZARRO.-

El Diputado señor Navarrete acaba de salir y votó favorablemente.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Se encuentra con permiso constitucional los señores Martínez, don Gutenberg y Villouta, don Edmundo, por lo cual el quórum requerido es de 60 señores Diputados, que corresponde al número que se encuentra presente en la sala.

- O -

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde discutir y votar en particular el proyecto de Ley de Presupuestos.

Podrán intervenir cinco parlamentarios respecto de la partida en discusión del Ministerio, correspondiente cada uno hasta por quince minutos. En el caso del Diputado Informante, sería conveniente que se enmarcara dentro de los quince minutos.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite? El Diputado Informante señor Ringeling hará una exposición acerca del trabajo de la Segunda Subcomisión y de los principales puntos de desacuerdo. A mi juicio, el debate debe centrarse sólo en las partidas donde hay indicaciones, y esto en el caso de los informantes de las cinco Subcomisiones.

Por tanto, las partidas aprobadas en forma unánime y sin indicaciones deben votarse sin debate y discutirse sólo las indicaciones que difieran del criterio de la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ese sería el ideal. Vamos a ver si lo podemos practicar.’

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, entendí que el acuerdo de los Comités era que los informes se entregaran en cinco minutos. En todo caso, aunque no hay obligación, trataré de ceñirme a ese plazo.

El señor ESTEVEZ.-

Ese es el espíritu.

El señor RINGELING.-

De acuerdo. La Segunda Subcomisión conoció las siguientes partidas: Presidencia de la República, Contraloría General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional y Secretaría General de Gobierno. Las estudió en ocho sesiones, entre el 16 y el 7 de noviembre; trabajó 26 horas.

La partida de la Presidencia de la República se aprobó sin mayor discusión. Está en relación con la del Presupuesto del año anterior.

Se consideraron, sí, los gastos especiales que demandó el traspaso del mando. En todo caso, a nivel real, los gastos y los ingresos son menores a los del año 1990.

La partida de la Contraloría General de la República se trató el miércoles 17 de octubre. Además de los miembros de la Subcomisión, concurrieron el Diputado señor Navarrete; el Secretario General de la División de Contabilidad de la Contraloría, don Osvaldo Navarro, y su Subjefe, don Hernán Llanos, y el Jefe del sector de la Dirección de Presupuestos, don Juan Carlos Manosalva, quien nos acompañó en varias de las sesiones. Contempla un total de ingresos de $ 3.118.834.000, que básicamente se financian con un aporte fiscal de $ 3.001.541.000 e ingresos de operación de $ 69.595.000, provenientes de ventas de servicios computacionales y de tomos de leyes y reglamentos. El gasto principal corresponde al pago de cuotas de leasing por adquisición de equipos computacionales. Se aprobó por unanimidad, en general y en particular, sin indicaciones ni enmiendas.

La partida del Ministerio de Relaciones Exteriores se analizó en dos días distintos, el 23 de octubre y el 7 de noviembre. Además de los miembros de la Subcomisión, concurrieron el Senador don Sergio Diez y el Diputado don Guillermo Yunge. En la primera oportunidad, asistieron el señor Ministro de Relaciones Exteriores, el Director General Administrativo de la Cancillería, el Director de Contabilidad de ese Ministerio y el señor Manosalva. En la segunda, además, concurrieron los senadores don Jaime Gazmuri y don Sergio Onofre Jarpa, y la sesión se llevó a efecto con la asistencia del señor Subsecretario de Relaciones Exteriores y otros funcionarios.

Se deja constancia de que a petición del Senador señor Romero, se envió oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores solicitándole la planta actual de ese Ministerio, con la individualización de las personas que ocupan los cargos, incluyendo el personal a contrata y a honorarios y las contrataciones hechas a partir del 11 de marzo. En realidad, el Ministerio envió antecedentes a la Subcomisión, pero no son tan completos como se solicitaron.

Con motivo de una indicación del Diputado que habla, se explicó en detalle el aumento del rubro bienes y servicios de consumo, bastante abultado, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. En moneda nacional los gastos subieron de $ 541.955.000 a $ 1.030.717.000 y en moneda extranjera de US$ 20 millones a US$ 26.979.000. El señor Subsecretario fundamentó el incremento en circunstancia que los gastos reservados en moneda extranjera habían bajado en un millón de dólares y se habían transferido al ítem bienes y servicios de consumo en moneda nacional. Esto, más el reajuste entre un año y otro, explica el aumento.

Sin embargo, el señor Ministro y el señor Subsecretario hicieron presente que la capacidad de pago de nuestros representantes, especialmente en Europa, ha disminuido en forma importante por ese motivo y por la pérdida del poder adquisitivo del dólar. Esto justifica, en parte importante, el aumento del Presupuesto en moneda extranjera.

El Diputado que habla retiró la indicación y se reservó el derecho de presentarla de nuevo, lo que, en definitiva, hizo en la Comisión Mixta.

No hubo otras indicaciones y la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprobó sin mayor dificultad.

La partida del Ministerio de Defensa Nacional se estudió cuidadosamente durante dos sesiones: el 24 de octubre y el 27 de noviembre. Asistieron los Senadores señores Sergio Diez, Arturo Frei, Jaime Gazmuri, Vicente Huerta, Jarpa, Larre, Pérez, Ruiz Danyau y Sinclair, y los Diputados señores Bartolucci, Navarrete y Yunge. Además, por supuesto, de los miembros\de la Subcomisión. Especialmente invitados, concurrieron el señor Ministro de Defensa Nacional, los señores Subsecretarios de Marina, de Aviación, de Carabineros y de Investigaciones, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En esa oportunidad, el señor Ministro de Defensa Nacional se refirió a materias de carácter general. Hizo una amplia exposición de las distintas Subsecretarías, del aumento de personal en esta misma Sala, durante la sesión más larga que tuvo la Subcomisión.

En realidad, la partida del Ministerio de Defensa Nacional se aprobó sin mayores problemas, ni objeciones, ni observaciones; salvo en lo referente a la indicación del Diputado señor Sota materia discutida largamente hoy en la mañana, que fue declarada inadmisible por el Presidente Subrogante en sesión secreta de la Subcomisión, en que participó el señor Ministro de Defensa, a petición del Senador señor Romero y del Diputado que habla, criterio que también apoyó el Senador señor Frei. En términos generales, lo demás se aprobó sin observaciones.

Hago presente que hubo una sesión especial para estudiar las leyes reservadas, que otorgan un porcentaje de los ingresos del cobre a las Fuerzas Armadas.

Al estudio de la partida de la Secretaría General de Gobierno concurrió el Ministro señor Enrique Correa, el Subsecretario don Edgardo Riveros y el Jefe del Departamento de Finanzas. Se pidieron diversos antecedentes, que fueron proporcionados por el señor Ministro. Se le hizo presente, en especial, la situación del Instituto de la Juventud, que eventualmente entraría en funciones el año 1991, con gastos mayores que la actual Secretaría Nacional de la Juventud. Pero esto está previsto, si no me equivoco, en el Fondo del Tesoro Público.

Después de discutirla, se aprobó por unanimidad y sin observaciones ni indicaciones la partida de la Secretaría General de Gobierno.

Ese es mi informe, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muchas gracias.

Corresponde analizarlo, partida por partida. Recuerdo que existe la posibilidad de intervenir cinco señores parlamentarios en cada una de ellas.

En discusión la partida de la Presidencia de la República. Como dijo el Diputado señor Ringeling, fue aprobada por unanimidad, tanto en general como en particular.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En la partida de la Contraloría General de la República, no hubo indicación. Fue aprobada en general y en particular.

Si le parece a la Sala, la daremos por aprobada.

Aprobada.

En la partida del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una indicación renovada del Diputado señor Horvath, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Indicación a la partida 06, capítulo 01, programa 01, para disminuir en el subtítulo 09, ítem 91, 81 millones 250 mil pesos; 60 millones de la Secretaría y Administración General y 21 millones 250 mil pesos de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre esta materia pueden hablar hasta cinco señores parlamentarios.

El señor DEVAUD. -

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DEVAUD .-

Señor Presidente, pido que me deje inscrito en segundo lugar, a fin de ceder una interrupción al Diputado señor Horvath, autor de la indicación. Tengo algunas dudas que deseo comentar después de que el señor Horvath exponga el fundamento de su indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se pide que se repita la lectura del número de la partida.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Partida 06, capítulo 01, programa 01, subtítulo 09, ítem 91.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Cabe señalar, respecto de esta indicación, que la gestión de antesala por decirlo en castellano ya se había hecho. A través de la Cámara, se dio a conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores la situación de frontera que se vive en la zona austral, donde hay cerca de 500 kilómetros que aún requieren definirse para ser negociados. En tal sentido, mediante el documento N° 1.445, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Cámara de Diputados que tenía un déficit de 81 millones 250 mil pesos para realizar esa actividad.

A nuestro juicio, y de acuerdo con lo manifestado en esta Corporación, aunque no en forma lata, se trata de una labor tremendamente importante que se debe realizar a través de la Dirección de Fronteras y Límites. Se ha propuesto esta indicación con el fin de buscarle financia miento, mediante la reducción correspondiente en dos Direcciones o Servicios del Ministerio, como son la Secretaría de Administración General y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Los fondos se obtienen del ítem 22, referente a bienes y servicios de consumo.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debo aclarar que sólo está en discusión la parte de la reducción y no la del aumento, por ser éste inadmisible.

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

En verdad, nosotros teníamos un malentendido, pues habíamos considerado que esta indicación había sido declarada inadmisible en la mañana de hoy. Pero atendida la explicación del señor Presidente, en el sentido de que fue declarado inadmisible el aumento, quiero hacer un comentario respecto de esta situación.

A nuestro juicio, la forma en que está diseñado el Presupuesto se concilia de manera exacta con las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente en lo referente a la Secretaría, a la Administración General y a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, por las mismas razones expuestas por el señor Ministro cuando concurrió a la Subcomisión.

Señor Presidente, la indicación no nos parece atendible. Por eso mi bancada la rechazará en lo pertinente, por no estimarla necesaria ni conveniente para el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo si se tiene en consideración que se trata de una cartera que se reinserta en la comunidad internacional, lo que hace absolutamente indispensable que cuente con fondos para realizar la acción exterior que requiere nuestro gobierno democrático.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING .-

Señor Presidente, apoyaré la indicación del Diputado Horvath, porque tanto en la Subcomisión como en la Comisión misma, presenté a mi vez con otros Diputados de Renovación Nacional, dos indicaciones: la primera, rebajar los gastos corrientes de consumo en moneda nacional; la segunda, tendiente a disminuir los gastos en moneda extranjera, por las razones siguientes. Hemos aceptado y respaldado la posición del Ministro de Hacienda en orden a hacer una política austera en materia fiscal, porque es necesario realizar un esfuerzo adicional de ahorro público para lograr el crecimiento y reactivación de la economía en el próximo año. Pero entendemos que hay problemas graves que no se pueden soslayar, como son los relativos a los ministerios que tienen incidencia social y aquellos derivados de las áreas de inversión pública. Entendemos que en este momento el poder adquisitivo de los empleados públicos es el más bajo desde 1978, cuando se les incorporó a la Escala Unica de Remuneraciones, lo que hace imposible por esa vía, lograr un ahorro público. En cambio, hay ciertos ministerios que sí lo pueden hacer, como el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. En las partidas de bienes y servicios de consumo, hay un aumento de esos gastos en moneda nacional que va mucho más allá del Indice de Precios al Consumidor y se ha producido una pérdida del poder adquisitivo de la moneda extranjera, especialmente del dólar, en los países europeos.

Respecto de lo que dice el Diputado señor Devaud, hay que considerar que Chile estaba plenamente inserto en el concierto internacional, con un comercio que jamás había tenido en el pasado y una representación suficiente para abordar esos problemas. Es cierto que la Cancillería tiene pensado abrir algunas nuevas embajadas durante 1991, pero esas nuevas representaciones diplomáticas tampoco explican el significativo aumento en el gasto en moneda extranjera.

Tengo entendido que en el Presupuesto del año 1990 había aproximadamente 3 millones de dólares que se imputaban a una partida de gastos reservados de acuerdo con lo que explicó el señor Ministro, destinados, normalmente, a cosas internas del ministerio. Ahí se producía el contrasentido de que había que vender dólares para pagar gastos corrientes del Ministerio aquí en Chile.

Por eso, se acepta el aumento del Presupuesto en moneda nacional, porque se rebajó aproximadamente en un millón de dólares -como ya se explicó en el informe de la Subcomisión- el Presupuesto en moneda extranjera. Sin embargo, esta rebaja no tiene importancia en comparación con los más de 3 millones y medio de dólares en que se aumentan los gastos en moneda extranjera para embajadas y servicios en el exterior.

Consecuentes con la política de austeridad fiscal en aquellos ministerios en que se pueda hacer un esfuerzo, entendemos que si Chile ya está inserto en el concierto internacional, es necesario ocupar esos recursos con la máxima austeridad. Este Ministerio lo puede hacer.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, este fue uno de los temas que se discutió, no exactamente en la forma actual, en la Comisión Especial de Presupuestos.

Como usted lo dijo muy bien en la mañana, no es posible rebajar el límite máximo de gastos de una partida para asignar los montos a otra. Por lo tanto, el tema del Presupuesto en la Dirección de Límites y Fronteras no es el que está en discusión, sino estrictamente si se rebajan o no los financiamientos para las actividades de Relaciones Exteriores, tanto en el terreno económico como en el campo diplomático del país.

Existe en estos rubros un incremento del gasto real, lo cual es plenamente efectivo y corresponde al hecho natural de un país que restablece sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo después de un largo período de aislamiento político internacional.

Me parece absolutamente evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores es uno de los Ministerios llamados a cambiar en forma sustantiva, por cuanto es público y notorio que ahora el país ingresa al escenario internacional, del cual había estado excluido en los 17 años de régimen anterior, de un modo activo y plenamente presente. Por ello, no es sorpresivo, sino una consecuencia natural del restablecimiento de la democracia, que restablezcamos una política exterior activa y que, por ende, eso también se refleje en el Presupuesto.

Por esta razón, los Diputados de nuestra bancada vamos a respaldar la mantención de las cantidades asignadas a Relaciones Exteriores, por cuanto no estamos de acuerdo con su disminución.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, hago presente a esta Honorable Sala que, a mi modo de ver, disminuir las partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores sería un grave error porque, si bien es cierto que respaldamos una política austera, esto no es sinónimo de indigencia para un sector público que tiene que ser dinámico. El Presidente Aylwin planteó dos objetivos centrales en materia económico-social; no es solamente la distribución más equitativa de la riqueza en la sociedad, sino también el crecimiento de la misma. Eso se consigue, justamente al desarrollar la economía y el modelo exportador.

Yo represento a un distrito típicamente exportador, particularmente de fruta. En el Orden del Día de hoy, aparece un oficio del Ministro de Relaciones Exteriores, en respuesta a una petición que formulé hace tiempo, relacionada con un estudio acabado de los "marketing orders" u órdenes de mercado. Mucho se habla del tema; pero lo que necesitamos es entender esta institución, creada en la década de los treinta en los Estados Unidos, para velar por la cantidad y calidad de la fruta en el mercado norteamericano, lo cual es muy importante para el desarrollo de nuestra economía local y regional. Si no tenemos información al día y adecuada -y eso cuesta dólares- no se puede cumplir bien la tarea, porque, sin duda, habría que contratar expertos internacionales en esas áreas de interés. Yo también participo en una Comisión, como la de los famosos granos de uva envenenados. Eso ha significado que abogados de Chile, del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio del Interior, hayan tenido que trasladarse a Estados Unidos.

Todos sabemos que hubo que suple mentar las partidas especiales del Consejo de Defensa del Estado, el cual carecía de fondos para ello.

Luego, entre otras cosas, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es una institución que necesariamente tiene que desarrollar áreas de interés para que el sector privado, y también los trabajadores, por una parte, vean crecer la riqueza y, por otra, repartirla con equidad. Por eso me parece inconducente y no oportuno en esta ocasión hacer rebajas al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores ya que pueden perjudicar, sin duda, el desarrollo de nuestro quehacer como país. Además, nuevas negociaciones con otros países del mundo requieren de este trabajo.

Por lo tanto, como Diputado de la bancada de la Democracia Cristiana, me opongo a la rebaja de las partidas.

Si la Mesa me permite, quisiera dar una interrupción al colega Sergio Pizarro sobre el mismo tema.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay ningún inconveniente; pero quisiera que se mantuvieran realmente como interrupciones y que no suceda como ayer, en que se convirtieron en verdaderas intervenciones, pues tenemos que ir rápido, en vista de que quedan varias partidas de Ministerios.

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, en realidad, los dos Pizarro le hemos pedido una pequeña interrupción al Diputado Jara. La mía será muy corta.

Lo que ha planteado el Diputado Horvath nos parece perfectamente atendible, pero improcedente en esta oportunidad; es atendible porque la Comisión de Relaciones Exteriores, tiempo atrás, con la presencia del embajador señor Winter, quien tuvo el accidente en la frontera norte, nos explicaba la falta de presupuesto para terminar una serie de trabajos a nivel de peritaje en la zona sur del país.

Sin embargo, no nos parece adecuado que para reforzar a la Dirección de Fronteras y Límites se reduzca el presupuesto de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

Como muy bien lo ha dicho el Diputado señor Jara, este es un país esencialmente exportador, y todo lo que signifique invertir con el objeto de reforzar nuestras misiones en el exterior para defender las exportaciones o las importaciones de Chile, es fundamental.

Para terminar, quiero agregar algo sobre este tema. El criterio que estoy exponiendo también ha sido compartido por varios colegas de la Comisión de Relaciones Exteriores que pertenecen a la bancada de Renovación Nacional. En varias oportunidades, ellos han intervenido en esa Comisión, haciendo ver que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es clave para el desarrollo económico del país.

Por las razones señaladas, vamos a votar en contra de esta indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Dado que han hecho uso de la palabra cinco señores parlamentarios, corresponde cerrar el debate y votar la indicación.

En votación la indicación del Diputado señor Horvath.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala, se aprobará la partida correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aprobado.

En discusión la partida del Ministerio de Defensa Nacional.

El señor Secretario dará lectura a una indicación.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación del Diputado señor Sota dice:

"Redúzcase en el siguiente monto el aporte fiscal que se expresa: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Guerra, Partida 11, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, Gastos en Personal. Reducción: $ 1.268.200.000".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, esta indicación debe situarse en el contexto del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.

Al respecto, brevemente quiero recordar a esta Cámara las cifras de ese presupuesto, aun cuando en mi intervención de la mañana, a raíz de la explicación del presupuesto general, ya dije algo sobre la materia. Y lo repito ahora: El presupuesto de Defensa Nacional, consultado en el proyecto de ley que nos ocupa, alcanza a la suma de 1.315 millones de dólares, incluyendo -debo decirlo- la ley reservada del cobre que no figura en el Presupuesto.

Para tomar conciencia de lo que significa esta cifra, me he permitido hacer un cuadro en el cual figura una relación entre los gastos de Defensa Nacional y algunos componentes del gasto social. Son los siguientes: el Presupuesto de Defensa, más la previsión, equivale a una y media veces el Presupuesto del país en educación nacional; a 4,16 veces el presupuesto en salud, que beneficia a 8 millones de pacientes; a 5,6 veces el Presupuesto en viviendas, en circunstancias de que en el país hay un déficit no discutido de un millón de unidades.

Por otra parte, en gastos de previsión, el Presupuesto Nacional consulta para el sector civil de la población 1.032 millones de dólares; pero como los pensionados son 1 millón 244 mil, el gasto per cápita mensual del Fisco alcanza solamente a 24 mil 900 pesos por persona. En cambio, si bien el gasto total anual que el Fisco debe hacer en materia de previsión de Carabineros y de Fuerzas Armadas es reducido en relación con el anterior, no es menos cierto que beneficia a 40 mil pensionados de Carabineros y a 66 mil de las Fuerzas Armadas. El gasto per cápita mensual del Fisco en los pensionados de Carabineros es de 121.500 pesos -compárase con el de 24 mil 900 para el personal civil-, y de 121.200 pesos para el personal uniformado.

Por último, la ley reservada de cobre -varias leyes reservadas; me refiero a la vigente destina- el 10 por ciento de las ventas brutas, además de los subproductos como oro, plata y molibdeno, al presupuesto de las Fuerzas Armadas, con un rendimiento anual estimado para este año de 330 millones de dólares. ¿Cuáles son las equivalencias de esta cifra? Podrían repartirse 2 millones 200 mil raciones diarias de almuerzo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Sin embargo, hoy en día se deben entregar --si alguien no me desmiente alrededor de 600 mil raciones diarias. ¡Dos millones doscientos mil raciones podríamos distribuir con esos fondos!

Además, podríamos cubrir 120 mil subsidios habitacionales por año, cifra que interesa, lógicamente, a los 300 mil allegados de este país. Luego, haciendo equivalencias, con esta suma se podría duplicar la subvención educacional básica y media. Esto interesa a los profesores, pues se les podrían duplicar sus remuneraciones.

En este contexto, y con el fin de que el país conozca el esfuerzo que hace el Estado para financiar el gasto de sus Fuerzas Armadas, he presentado una indicación que tiende a reducir en 0,05 por ciento el presupuesto de Defensa Nacional. En otras palabras, el 2,4 por ciento el gasto en personal de la Subsecretaría de Guerra, es decir del Ejército.

Paso ahora de lleno a defender esta indicación. Señor Presidente, debo decir que ésta no es una indicación del Diputado Sota solamente, como Su Señoría me la pidió para estudiar su admisibilidad, y el texto era el único de que disponía, no pudieron firmarla varios Diputados de la Democracia Cristiana, de estas bancas, del Partido Radical y de la Social Democracia. Pero, moralmente, sé que la firma está expresada. De manera que la indicación, que debo explicar desde su origen, se funda en lo siguiente: primero, el Gobierno ha presentado, dentro del Presupuesto que discutimos, las siguientes cifras: en 1990, la Central Nacional de Informaciones disponía, en el presupuesto del Ejército, 1.492 millones de pesos, para remuneraciones de más o menos 1.200 empleados civiles; para los demás gastos, de 882 millones de pesos, y para gastos en moneda extranjera, de 3 millones 200 mil dólares. Eso, como dije, en el presupuesto de 1990.

En el Presupuesto que nos ocupa, el Gobierno propone reducir las dos primeras sumas a 1.268 millones 200 mil pesos y a 424 millones, respectivamente, que corresponden a gastos de personal y otros. Además, sugiere eliminar la tercera suma; es decir, el gasto en moneda extranjera. De esta forma, el personal quedaría reducido en 168 personas, lo que daría un total aproximado de 900 personas.

Señor Presidente, voy a repetir algunos de los argumentos que se dieron esta mañana, dado que la sesión fue secreta y a mí me interesa que el país sepa los fundamentos por los cuales estamos pidiendo esta reducción de gastos de la ex CNI.

Me permitiré repetir las argumentaciones, aunque sea en forma breve. Antes de hacerlo, debo decir que frente a las exposiciones de esta mañana del Presidente de la Cámara y del Diputado señor Huenchumilla, para sostener la admisibilidad de la indicación, toda argumentación de tipo jurídico que yo pueda hacer parecerá débil. Rindo homenaje a la versación jurídica con que ellos trataron el tema.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recuerdo a Su Señoría que el contenido de lo que se dijo esta mañana forma parte de una sesión secreta.

El señor SOTA.-

Pero el contenido de lo que yo voy a decir no es secreto. Por el contrario...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se lo recuerdo solamente respecto, de lo de la mañana.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, me va a perdonar que le contradiga. Lo que usted señaló como secreto fue una referencia que no estará contenida en mi discurso. De manera que no me censure de antemano.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es sólo un recordatorio.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, he lamentado públicamente que la sesión de esta mañana haya sido secreta. Pero, en fin, usted verá que en el contenido de mi argumentación no hay nada secreto.

Se sabe que el personal de ese organismo, que durante el gobierno anterior dependía del Ministerio del Interior, fue transferido al Ejército en virtud de la Ley N° 18.914, que analizó usted esta mañana, señor Presidente.

Esta ley no es secreta y designa los escalafones en extinción. Esto hay que leerlo en la propia ley, porque así dice textualmente: "En extinción". Esos escalafones encasillarán al personal de la ex CNI.

Esta ley, según todas las opiniones de los juristas a quienes he consultado, no es permanente, sino claramente de efectos temporales. Por lo tanto, los efectos de esta ley de gastos presupuestarios duran mientras no se extinga el escalafón, y se habrán dado cuenta muy bien...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si me permite, señor Diputado, usted ha citado la ley N° 18.914, que es secreta.

El señor SOTA.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Esa es la ley secreta.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, la tengo en mi poder, y en ninguna parte dice que es una ley secreta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, esta interrupción no se le imputará a su tiempo.

El señor SOTA.-

Perdóneme, señor Presidente, quiero ser honesto. Tiene un timbre absolutamente ilegible. Felizmente, tiene buena vista el Diputado Estévez, y me lo acaba de leer a la distancia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Ley N° 18.943, que disuelve a la CNI, no es secreta; la N° 18.914, a la cual el señor Diputado ha hecho referencia, es secreta. Por lo tanto, no se podría referir a ella.

El señor SOTA.-

En fin, como en la época democrática el Diario Oficial daba cuenta de las leyes de la República, y aquí, en un gran título, que Su Señoría leerá desde allá, dice "Diario Oficial", creí que no era ley secreta. De buena fe, así lo he sostenido. Pero esta ley -usted lo dijo esta mañana- no tiene efectos permanentes.

La ley N° 18.943 no es secreta. Determinó la disolución de la CNI y fue dictada, prácticamente, un mes después de la anterior.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite una interrupción?

El señor SOTA.-

Como no.

El señor ESTEVEZ.-

Sólo para recalcar lo insólito de que primero haya una ley secreta que vacíe completamente a un organismo, y después una ley pública que disuelve algo que ya no tiene nada.

Gracias, señor Diputado.

El señor SOTA.-

Muchas contradicciones se pueden encontrar en la legislación de los últimos años.

Ahora acudo al artículo 64 de la Constitución Política, que dispone: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente", sobre la base de esta expresión: "Sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos||AMPERSAND||quot;, y pensando el apoyo suyo, del Diputado Huenchumilla y de otros notables juristas, y en que no se trata de una ley permanente aquella que estableció las remuneraciones del ex personal del CNI, presentado esa indicador}, ya declarada felizmente admisible. En este instante defiendo su validez para que contemos, ojalá con una inmensa mayoría parlamentaria cuando llegue el momento de votarla.

Por último, señor Presidente, deseo decir algo de lo cual no se ha insistido suficientemente. En el Título VI de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, relativo al régimen presupuestario, en el artículo pertinente, se señala que el presupuesto de las Fuerzas Armadas estará integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos de la Nación -la que estamos discutiendo- cormo aporte fiscal e ingresos propios en moneda nacional o extranjera, y por todos aquellos otros recursos provenientes de otras leyes vigentes a la dictación de la citada ley.

Si bien nosotros, espero, contaremos todo recurso propio al presupuesto de las Fuerzas Armadas para pagar a los ex agentes de la CNI, de todas maneras el Ejército dispone de fondos propios para pagar cualquier gasto.

En este sentido, no sólo el Senador Lavandera pidió anteayer al Serviu, y a otras instituciones del Estado, información sobre las numerosas propiedades traspasadas al Ejército, sino que en esta Cámara, para citar sólo un ejemplo, el Diputado señor Felipe Valenzuela nos explicaba que en su provincia de Antofagasta el Ejército dispone de 65 mil hectáreas de terreno, parte de las cuales vendió a la Sociedad del Litio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado, puede hacer una síntesis.

El señor SOTA.-

Quiero decir que si el Ejército quiere remunerar a ese personal o a otro, dispone de fondos propios para hacerlo.

Y, termino con lo siguiente. Usted y los parlamentarios han observado que con porfía, insistencia y tenacidad he estado defendiendo estas indicaciones. Creo que ellas tienen un sólido fundamente moral: responden a un clamor de la opinión pública, la cual pide una sanción ejemplar a la nefasta organización que se transformó en sucesora directa de la abominable Dina.

Pido, pues, que junto con la aprobación de estas indicaciones, pronunciemos un voto de castigo para los restos de una organización la ex CNI que no merece contar, aunque sea subrepticiamente, con recursos que pertenecen a todos los chilenos.

He dicho, señor Presidente.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero manifestar, en forma muy breve, que más allá de los argumentos que ha entregado el colega Sota, el papel natural de las instituciones armadas en nuestra sociedad no se encuentra en discusión, y no me gustaría que pudiera pensarse que lo está a raíz del debate de un tema como éste. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una actuación permanente, y hoy día analizamos un problema distinto vinculado a la CNI; a las funciones que esta organización cumplió en un determinado período de la vida de nuestro país y, lógicamente, a quienes formaban parte de ella. En este minuto, a nuestro juicio, este es un problema de carácter ético, moral: si es legítimo, si es ético si corresponde que esos funcionarios permanezcan todavía al interior de una institución que forma parte de las Fuerzas Armadas.

Personalmente, creo que, tal como están establecidos el presupuesto de las Fuerzas Armadas y las leyes que lo regulan, una indicación de este tipo puede que no tenga mucho efecto. No disponemos de atribuciones, desde el punto de vista constitucional, para corregir la situación de los ex funcionarios de la CNI; pero sí tenemos una representa tividad, como Cámara de Diputados, que nos la dio el pueblo al elegirnos, para cumplir nuestras funciones, y por lo tanto, una decisión adoptada por parte de esta Cámara tiene un alto contenido moral y ético que una institución permanente de la República no puede ignorar. En este caso, el hecho simbólico de que tomemos el acuerdo de rebajar los gastos de personal del Ejército, que perteneció a la CNI, debe ser tenido en consideración y quedar en claro ante la opinión pública.

En ese sentido, entiendo la indicación que se ha planteado y estoy dispuesto a apoyarla.

Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al colega Huepe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya estaba inscrito.

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, seré muy breve, porque sobre este tema ya se han dado algunos argumentos que compartimos. Sin embargo, quisiera reiterar una idea ya adelantada por el DiputadoPizarro, en el sentido de que aquí hay un problema de fondo que afecta a todos los países se analiza en diversos foros internacionales, cual es el de los gastos de defensa en relación con los gastos sociales. Pero no es eso lo que se discute hoy día. Incluso, hubo un planteamiento de la Concertación en el sentido de mantener el presupuesto de la Defensa Nacional en nivel similar, en términos reales, al que tenía. Creemos que éste es un tema que hay que debatir en el futuro, desprovisto de cualquier connotación política, en cuanto a los efectos y a la distribución de recursos en agricultura, salud y educación que puede invertir un país en desarrollo en relación con los de defensa.

Pero ese no es el punto que se plantea hoy.

El sentido preciso de la indicación dice relación con la reducción de los gastos -si bien no está expresado así-, formalmente, todos sabemos a que se refiere, y lo ha dicho el Diputado Sota de la CNI, un organismo que teóricamente no existe y por lo cual no hay ninguna fundamentación para mantener en el Presupuesto un gasto por concepto de pagos. Sin embargo- y creo que este también fue planteado en la mañana por el Diputado Huenchumilla, el efecto práctico de esta medida es muy discutible, porque la reducción que vamos a acordar, en caso de que se apruebe la indicación, es global a la partida de gastos del Ministerio de Defensa Nacional, y todos sabemos que después la propia Jefatura del Ejército decide qué partida o gastos reducirá, de modo que, si bien expresamos una intención, es evidente que el resultado final es discutible.

Nuestra bancada ha analizado esta situación, y como dice el Diputado Sota, hay gran número de Parlamentarios que compartimos esta indicación. Sin embargo, debo ser muy leal en la discusión y en el planteamiento: no hay unanimidad y no creemos que en este asunto pudiéramos imponer una votación de partido. En ese sentido, los Diputados de nuestra bancada tienen libertad de acción, aunque, reitero, gran número de ellos es partidario de esta indicación.

Por eso, quería intervenir para destacar los siguientes puntos:

En primer lugar, hay un problema de fondo que esta Cámara deberá analizar en algún momento y que dice referencia con la distribución sectorial del gasto así se llama en términos de política fiscal y con la relación existente entre los gastos de defensa y de otros ministerios.

En segundo término, no nos parece conveniente mantener en el presupuesto gastos para un organismo ya inexistente y de tan triste memoria en nuestro país.

En tercer lugar, dado el efecto práctico que esa medida puede producir, no tenemos una posición uniforme e incluso en este momento no podría anticipar cuál será la votación definitiva de los Diputados de nuestra bancada.

Perdón, el Diputado Hernán Rojo me ha pedido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, seré muy breve. Sólo quiero manifestar, frente a un aspecto constitucional respecto del cual he dado a conocer mi parecer, que resuelto el problema democráticamente y atendidas las razones que se han alegado para celebrar la paz con el Honorable Diputado Vicente Sota, votaré favorablemente su indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Finalmente, deseo ceder la palabra al Diputado señor Campos, quien también me ha solicitado una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, he pedido la palabra para reiterar lo que manifestó el Diputado Devaud esta mañana en representación de la bancada radical, y que ha recordado el Diputado Vicente Sota, en el sentido de que la indicación por él presentada cuenta con la más amplia aprobación de todos los Diputados de nuestro partido.

Es inaceptable que estando Chile en democracia y teniendo un Gobierno con esas características, la Ley de Presupuestos de la Nación contemple fondos especiales para financiar a quienes pertenecieron a una institución tan siniestra y de tan triste recuerdo para la historia del país, como fue la CNI.

Por eso, votaremos favorablemente la indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Maluenda.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero apoyar plenamente todo lo que ha dicho el DiputadoSota, en cuanto a la gravedad que reviste la desproporción que existe entre el presupuesto para el Ministerio de Defensa nacional y el presupuesto que dice relación con ministerios que están involucrados directamente con la intención que tan seria y repetidamente se expresó durante la campaña que llevó a la Presidencia de la República a don Patricio Aylwin, cual fue pagar la deuda social que tiene este país después de dieciséis años de dictadura.

No tengo ningún argumento -ni me interesa tampoco- para insistir en razones de tipo jurídico que, entiendo, ya se han dado respecto de la indicación del Diputado Sota.

Creo también, con un sentido realista, que el Ministerio de Defensa Nacional podrá redistribuir los gastos de tal manera que no se obtenga, en última instancia, el objetivo perseguido con esta indicación. Sin embargo, me parece que, dada la siniestra historia de la CNI, a la que ya se ha hecho alusión en esta Sala, y dado el rol que tiene el Congreso Nacional en este momento de transición a la democracia que vive nuestro país, es una responsabilidad de carácter moral sumamente importante ante nuestro país y el mundo que nos neguemos apoyando a la indicación del Diputado señor Sota, a la existencia de una partida que nominalmente puede ser destinada al pago de remuneraciones de personas que, por lo menos algunas de ellas, deberían estar cumpliendo condenas por muchos de los delitos que cometieron. Sería el colmo que esta Cámara contribuyera a pagar los sueldos de quienes como digo debieran responder ante la justicia, cosa que no han hecho simplemente por las fallas, que todos conocemos, en cuanto a la forma en que se han llevado los juicios en nuestro país.

Puedo afirmar esto, porque hubo casos -como sucedió en el proceso por el asesinato de mi hijo- en que miembros de la CNI, en un primer momento no concurrieron a declarar ante el señor ministro Cánovas, porque sus superiores pretextaron que no se podían dar sus nombres; y si posteriormente fueron, lo hicieron bajo nombres supuestos. Menciono este hecho por no tratarse de algo que me llega tan de cerca, sino porque lo conozco, y, como en ese caso, ha ocurrido en muchos más.

El país está realmente asombrado e indignado por hechos que muestran que hay un ámbito de corrupción. Afortunadamente, con la transparencia que caracteriza al Presidente de la República, en discursos pronunciados en el norte, ha dicho con extraordinaria firmeza que está dispuesto a combatir incansablemente hasta terminar con la corrupción en nuestro país.

Los antecedentes que tenemos nos señalan cómo elementos de la CNI están vinculados a actos de corrupción que tienen que ver con crímenes, con sangre, con robos. Y vuelvo a citar una cosa que me consta personalmente, como es el caso del más connotado de los detenidos de la historia de "La Cutufa", ex miembro del Ejército, Patricio Castro, que también tiene que ver con el crimen de José Manuel Parada, de Manuel Guerrero y de Santiago Nattino.

Ante situaciones tan graves como éstas, que indudablemente atentan contra el prestigio de una institución, todos tenemos la obligación de defender su pureza. La única manera de hacerlo es, precisamente, alejando de ella a quienes han procedido en forma tan condenable y, con mayor razón todavía, negándonos a proporcionar fondos que permitan pagarles sus salarios a aquéllos de quienes no conocemos todavía sus nombres, pero que conocemos y sabemos dónde están.

Por estas razones, desde luego, apoyo la indicación del Diputado señor Sota y subrayo la importancia moral que tiene para la transición a la democracia que este Parlamento se niegue a aprobar una partido que permita pagar a quienes han cometido crímenes y robos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Evelyn Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, quiero referirme a las palabras del Diputado señor Sota.

¡Qué fácil es decir que con el gasto en Defensa podríamos solucionar el problema de la vivienda, ¡qué con el gasto en Defensa podríamos solucionar el problema de educación!, ¡que con el gasto en Defensa podríamos solucionar el problema de la salud! ¡Fácil es decirlo!

Permítaseme decir que no me parece responsable la forma en que se ha planteado este asunto.

¿El Diputado Sota quiere realmente que se disminuya el gasto en Defensa?

Si es así, discutamos ese punto en forma responsable. Veamos cuanto se destina a Defensa, en qué se gasta, en qué otras alternativas y fines podríamos destinarlos.

Sin embargo, en ese caso, llegaremos al tema de las guerras, que casi tuvimos en los años 1974 y 1978.

Creo que la mayoría de los señores Diputados presentes en la Sala no se dieron cuenta de lo cerca que estuvimos de la guerra en esos años, porque el Gobierno militar, con una responsabilidad impresionante, mantuvo en reserva todos los preparativos que se hicieron.

Tanto en el año 1978, ya siendo mi padre el Comandante en jefe de la Fuerza Aérea, como en 1974, me tocó vivir intensas experiencias. En el último caso, me desempeñaba en un lugar donde estábamos gestionando apresuradamente las turbinas de los Hawker Hunters, para poder hacer frente a la guerra con Perú que se veía cada vez más inminente.

Repito: La gente no se dio cuenta de lo cerca que estuvimos de la guerra. Lo único que la evitó fue, justamente, una asignación de gastos adecuados en Defensa, que permitió que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran preparadas profesionalmente. En definitiva, eso fue lo que nos salvó.

Después de esas experiencias, que la gente* no conoce o no se percató de lo ocurrido, me parece irresponsable estar sugiriendo, en este momento, una disminución en el gasto de Defensa.

El señor SOTA.-

Perdón, ¿me permite una interrupción?

La señora MATTHEI.-

Cuando termine, encantada, sin embargo, le hago presente que dos Diputados más me han solicitado interrupciones. Probablemente el señor Sota me va a decir que él no ha dicho que quiere una disminución del gasto en Defensa. Entonces, ¿para qué citó esas cifras que no tenían nada que ver con el tema? Si realmente lo que desea es una disminución en el gasto de la Central Nacional de Informaciones, eso es otra cosa. Ese es un problema político y que lo diga derechamente así; pero no mezcle el gasto que se requiere para Defensa con la disminución que se pretende para la CNI.

Realmente, lo que quisiera saber es si en el fondo al haber dado todas esas cifras estaba cuestionando el gasto profesional y permanente en la labor de nuestras Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la seguridad exterior. Porque me pareció injusta y arbitraria la mezcla que hizo al mostrar cifras correspondientes a gastos en Defensa con el tema de la disminución de defensas y con el tema de la CNI.

Por otro lado, permítaseme reclamar por la comparación respecto de la previsión de Defensa y del sector civil, y, por su intermedio, recordarle que en el caso de la Defensa, el empleador es el Estado y es el propio Estado el que ha dictado las leyes de previsión. En esas leyes ha quedado en claro que el Estado, en vez de pagar las cotizaciones mensualmente, como debiera hacer todo empleador, ha preferido pagar posteriormente las, pensiones, porque todo el mundo sabe que hoy día las cotizaciones que paga el Estado por su personal militar no son suficiente para costear las pensiones y, por lo tanto, en vez de enterar las cotizaciones, paga las pensiones después.

Pero si esa es la situación, que no se venga después a hablar del gasto en pensiones, comparando un caso en que no se han pagado las cotizaciones a tiempo con otro en que sí se han pagado oportunamente.

En muchas ocasiones he sostenido que encuentro poco sano él sistema de previsión que tienen las Fuerzas Armadas y que preferiría uno de capitalización individual. Así lo vengo diciendo hace cuatro o cinco años: justamente para que no se sigan haciendo estas comparaciones odiosas, como las que hoy día hemos escuchado.

Concedo una interrupción al Diputado señor Sota; después al Diputado señor Ringeling, y, finalmente, al Diputado señor Longueira.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, entiendo perfectamente la molestia que reflejan las palabras de la señora Diputada. Me las explico. Ella se siente extraordinariamente vinculada, y con orgullo, a una institución de la Defensa Nacional. Pero una cosa es que ella reaccione con pasión ante mis palabras y otra que las califique de irresponsables.

Le digo con mucha serenidad a la señora Matthei que no son irresponsables. Tal vez la señora Diputada no escuchó el inicio de mi discurso, cuando expresé que situaría en un contexto la indicación presentada. Repetí varias veces que me interesa que el país tomara conciencia dije textualmente del "inmenso esfuerzo presupuestario que el Estado hace para financiar el gasto de sus Fuerzas Armadas". Reitero, no he querido que esta indicación aparezca en el vacío, sino en un contexto.

Ahora, en lo que queda de este período parlamentario, podremos discutir en este Congreso Nacional lo que será el Presupuesto futuro de las Fuerzas Armadas.

Le ruego a la señora Matthei que entienda la disposición de alguien que, después de haber pasado situaciones muy difíciles y de haber sufrido tratamientos muy injustos de parte de gente de las Fuerzas Armadas, ha guardado, sin embargo, serenidad para tratar el tema. La acompaño en sus deseos de modificar el sistema previsional de Carabineros y de las Fuerzas Armadas.

Pero de ninguna manera puedo aceptar que se tilden mis palabras de arbitrarias, ni mucho menos de irresponsables.

Le agradezco enormemente esta interrupción. Creo que pronto se dará cuenta de que procedo en éste y en otros temas con la responsabilidad que me caracteriza.

La señora MATTHEI.-

Cuando he dicho que es poco responsable, justamente me he referido al hecho de mezclar lo que es una labor política, como ha sido la de la CNI, con las labores profesionales y permanentes de nuestras Fuerzas Armadas, mencionando cifras de gastos de la Defensa Nacional.

Entiendo que él no haya querido mezclar ambas cosas, pero en el hecho lo hizo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, sólo para decir que esta discusión, lo mismo que la que hubo sobre la admisibilidad de la indicación, va por una vía que no es la correcta. Creo que hay una clara intencionalidad política y, además, el objetivo que se busca con aquélla es ineficaz. Con su aprobación no va a dejar de cumplir funciones ese personal civil de la ex CNI que se trasladó al Ejército. Vuelvo a expresar que estamos dispuestos a revisar esta situación, pero en las instancias que correspondan. Aquí lo que se está pretendiendo es hacemos aparecer como favoreciendo, en forma especial, a ese personal. Lo que se está planteando en esta Sala es sencillamente rebajar el Presupuesto de las Fuerzas Armadas, lo que incide en su actual planta.

Respecto de las cifras que entregó el Diputado señor Sota, en relación con la ley reservada del cobre, sólo quiero recordarle que desde 1958 se consideran montos muy similares. Si comparamos los montos que en ese año se destinaron a estos mismos gastos, concluiremos que son aproximadamente parecidos, tomando en cuenta no sólo la pérdida del poder adquisitivo del dólar, sino también el aumento del crecimiento del producto nacional.

El señor LETELIER .-

Está equivocado, señor Diputado.

El señor RINGELING .-

Así es. No fueron modificadas estas disposiciones, ni por el Presidente Frei ni por el Presidente Allende.

Además, como lo expresó muy bien la Diputada señora Matthei, los gastos de previsión no deben sumarse a los de las Fuerzas Armadas. Si se procede así, también debiéramos sumarle, Honorable Diputado Sota, a cada Ministerio los gastos previsionales.

Entonces, sería, realmente otra forma de comparar los presupuestos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

Quedan cinco minutos.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras expresadas por la Diputada señora Matthei, porque creo que el tema en discusión ha sido muy mal planteado por el Diputado señor Sota.

Pienso que es muy fácil tratar de generar conciencia en la opinión pública con cifras que, como se ha señalado aquí, sin lugar a dudas, distorsionan el objetivo de la Defensa del país.

Todos sabemos que vivimos en un país en que sistemáticamente hemos tenido conflictos con nuestros vecinos. Creo que la respuesta más clara está en evaluar, seriamente, si el costo que tenemos, hemos tenido y vamos a tener en Defensa, nos ha permitido como Estado, quizás, tener un ahorro significativo en cuanto al que podríamos haber tenido de no haber estado preparados profesionalmente y con los equipos necesarios para haber evitado los conflictos de todos conocidos. Jamás hemos escuchado una opinión favorable a la solución que dio el Gobierno anterior a los problemas que tuvimos con nuestros vecinos.

Para que el país evalué cuál es el costo en Defensa, la verdadera pregunta no apunta obviamente a compararlo con las cifras que dio el Diputado señor Sota. Habría que preguntar cuál habría sido el costo social para el país, las muertes, los heridos, en fin, la postergación de generaciones y cuál el costo económico si hubiéramos tenido un enfrentamiento bélico.

Pero nada se dice. Es evidente que tratar de convencer al país con esas comparaciones, no apunta a otra cosa que a crear conciencia en que tenemos que reducir ese gasto en Defensa. Por eso creo que, además de ser poco responsable la forma en que se enfrentó el tema en discusión, sin lugar a dudas, su contenido es mucho más profundo y debemos tratarlo con bastante más seriedad que la de esta tarde.

En la discusión de la mañana, ha quedado absolutamente claro que se trata de reducir el costo o los ingresos que, eventualmente, puedan entregarse a un organismo de la Defensa, como es el Ejército.

Está claro que nada garantiza que se cumpla el objetivo que persigue la indicación del Diputado señor Sota. Además, ya existe una reducción bastante significativa en todas las ramas de la Defensa Nacional, incluyendo la del Ejército, con la rebaja del 5 por ciento que el Ejecutivo pidió a los distintos Ministerios que no son del área social.

Por ello, no me parece oportuno que la Cámara y nosotros demos una señal que, como ha quedado claro en la discusión, la única reducción al Presupuesto de este año deba soportarla necesariamente una entidad de la Defensa Nacional. Y sabiendo, además, que el objetivo que se persigue no se va a cumplir, porque tendrá que haber una reasignación conforme a la reducción propuesta y que, por cierto, tiene que agregarse a la del 5 por ciento que aceptaron todas las ramas de la Defensa Nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Habiendo hablado cinco señores parlamentarios, corresponde cerrar el debate.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la indicación.

Solicito el asentimiento de la Sala para dar por aprobadas las partidas relativas al Ministerio de Defensa Nacional, dado que la votada era la única relacionada con esa cartera.

Aprobadas.

Solicito también el asentimiento de la Sala para dar por aprobadas las partidas relativas a la Secretaría General de Gobierno, ya que fueron aprobadas por unanimidad y no existen indicaciones.

Aprobadas.

Corresponde ahora discutir el informe de la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos.

Diputada informante es la señora Evelyn Matthei.-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos estudió las partidas del Poder Judicial y de los Ministerios de Justicia, del Trabajo y Previsión Social, de Salud Pública y Secretaría General de la Presidencia de la República.

Haré un breve resumen de los aspectos principales de la discusión en cada una de las partidas, empezando por el Poder Judicial.

El Poder Judicial presentó a la Dirección de Presupuestos un proyecto cuyo costo era de 4 mil 300 millones adicionales al presupuesto de continuidad del año anterior. Contemplaba crear diez nuevos tribunales en comunas donde, por la densidad de la población, se estimaba urgente contar con un segundo tribunal; mantener y reparar 300 inmuebles actualmente en muy malas condiciones; regionalizar la Corporación Administrativa del Poder Judicial (nos decían que, en estos momentos, hasta para comprar un lápiz BIC en Punta Arenas, se requería tomar la decisión en Santiago y mejorar las remuneraciones, entre otros aspectos.

La Dirección de Presupuestos explicó que la mayoría de esos gastos no podían hacerse mediante la Ley de Presupuestos.

Así, el aumento de remuneraciones no es objeto de este instrumento y la creación de tribunales requiere previamente de ley y el proyecto respectivo debe evaluarse por el MIDEPLAN.

Finalmente, el aumento del presupuesto del Poder Judicial alcanza a 3,5 por ciento, y no es real, puesto que corresponde al traspaso, tanto de funciones como de presupuesto del programa de computación, que antes manejaba la Subsecretaría de Justicia y que ahora depende de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. De modo que solamente se trata de un presupuesto de continuidad.

La Subcomisión aprobó por unanimidad el presupuesto del Poder Judicial, dejando constancia de que es necesario hacer más asequible la justicia a la población. Por lo tanto, se solicitó, unánimemente al Ministerio de Hacienda, que considere la posibilidad de suplementar el Presupuesto de 1991, básicamente en lo concerniente a la creación de los diez nuevos tribunales, en la medida en que, durante el año, la Corporación de Administración del Poder Judicial creada muy recientemente, haya tenido el tiempo de preparar los proyectos, que éstos hayan sido aprobados por el MIDEPLAN y que el Congreso Nacional apruebe las leyes respectivas.

En definitiva, hubo unanimidad en esta partida.

En cuanto al Ministerio de Justicia, puedo informar que consta de 7 servicios, más la Secretaría y la Administración General de la Subsecretaría.

En el Registro Civil, el presupuesto es de continuidad pero se destinan recursos para regularizar la situación de aproximadamente 207 funcionarios que desde hace años cumplen labores contratados a honorarios a suma alzada. Ello obviamente, significa un aumento de costos, ya que ahora tendrán derechos previsionales.

El presupuesto del Servicio Médico Legal es de continuidad absoluta. En Gendarmería, hay un aumento de 500 funcionarios, lo cual también fue aprobado por unanimidad. Se nos informó que el déficit actual en Gendarmería es de aproximadamente 500 funcionarios y que existe un plan para irlo cubriendo gradualmente. Este déficit se debe a que el número de reclusos ha aumentado de 13 mil a 26 mil, con la misma dotación de gendarmes.

En el caso del Servicio Nacional de Menores, hay un aumento importante del presupuesto, básicamente de inversión, pues, en este momento, hay muchos niños o jóvenes menores de edad que están en cárceles de adultos, lo cual es inconveniente e indebido; por lo tanto, se contempla construir centros de diagnósticos y de rehabilitación conductual. Hubo unanimidad en aprobarlo, lo mismo que a su glosa.

En cuanto a la Fiscalía Nacional de Quiebras, en cambio, no hubo unanimidad al aprobarse el presupuesto por dos votos y una abstención. Se pedía aumentar la dotación de 48 a 69 funcionarios, funcionarios que actualmente están trabajando y recibiendo honorarios a suma alzada. La oposición a tal aumento de dotación obedeció al hecho de que durante este año se espera modificar la legislación vigente y, por lo tanto, mientras ello no ocurra, se prefirió mantener la situación actual. Pero sí, se acordó aumentar la partida de honorarios a suma alzada, con el objeto de costear las cotizaciones previsionales y de salud.

En el Consejo de Defensa del Estado se aprobó unánimemente su presupuesto de continuidad, pero se dejó constancia de que los dos mil quinientos juicios que actualmente tiene el Instituto de Normalización Previsional, cuyo monto importa por lo menos 100 millones de dólares, debieran pasar íntegramente al Consejo, lo cual obligaría a aumentar su dotación de personal.

En cuanto a la Oficina Nacional de Retorno, hubo un voto en contra del presupuesto para financiar convenios con personas naturales, al estimar la Senadora señora Feliú que, por haber sido recientemente creada, esa Oficina debía cumplir sus funciones con la planta aprobada por el Congreso.

De tal manera que se solicita la aprobación unánime de esta Cámara en lo que respecta al Ministerio de Justicia porque prácticamente no hubo discusión.

En cuanto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, hay un aumento realmente destacable en cuanto al programa 02, de la Subsecretaría del Trabajo, que se refiere a la capacitación de jóvenes. En este sentido, se contemplan tres proyectos: uno, de capacitación ligado al sector empresarial, sumamente interesante; otro, sobre capacitación de jóvenes desocupados para la formación de microempresas; y el tercero, destinado a la formación de jóvenes desocupados marginales para integrarlos al mundo del trabajo.

En la Comisión se solicitó acotar el destino de dichos fondos al Ministerio de Educación, al SENCE y al FOSIS, por cuanto, al comienzo, la partida venía demasiado abierta, sin ningún control sobre el uso de sus fondos; sin embargo, los programas en sí contaron con la unanimidad.

A la Dirección del Trabajo se le aprobó un aumento de 160 nuevos funcionarios, básicamente fiscalizadores.

En cuanto al presupuesto del Instituto de Normalización Previsional, que es un servicio sumamente importante y extraordinariamente complejo, en este momento sometido a un programa de aumento, modernización y eficiencia, detalladamente expuesto por el señor Director de ese Instituto, fue aprobado por unanimidad.

Respecto del presupuesto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hubo una discusión en cuanto al financiamiento para contratar en la planta a alrededor de 200 personas que trabajan en forma permanente en ella, pero que son pagadas por una empresa subcontratista. Después de varios empates y cambios de integrantes en la Comisión, se aprobó, por unanimidad, dejarlos en esa empresa, por cuanto se estimó necesario racionalizar la gestión administrativa, cerrar oficinas y racionalizar la situación de recursos humanos de CAPREDENA.

En cuanto al Ministerio de Salud, se consulta un presupuesto de ingresos y gastos en moneda nacional ascendente a 262 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de casi un 32 por ciento comparado con la Ley de Presupuestos anterior, y de 16 por ciento en cuanto a la estimación de gastos de este año. Hay un aumento importante en los gastos en personal -se proveen dos mil cargos nuevos en los gastos de salud-; hay también un aumento considerable en gastos en bienes y servicios de consumo, básicamente para aumentar el FAP, el FAPEM y los convenios con terceros; hay un aumento también en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, porque se cambian algunos productos por otros de mayor costo, pero de mayor aceptación. Sin embargo, el cambio mayor se refiere a la inversión, pues el gasto se cuadruplica este año con respecto al anterior.

Aquí hay créditos comprometidos: aproximadamente el 60 por ciento de esta inversión se financia con créditos externos, y el 40 por ciento, con aporte fiscal; hay créditos BID, alemán, francés y también del Banco Mundial. Con esto se benefician varios hospitales que realmente están en malas condiciones en este momento, de Antofagasta, Llanquihue, la Región Metropolitana (el hospital Sótero del Río), Iquique, San Felipe, Talca, Valdivia, Araucanía, Concepción, Valparaíso, San Antonio. También se contempla un aumento en el equipamiento de los consultorios primarios, para atender ahí una mayor cantidad de consultas y no tener que derivarlos a los hospitales secundarios o terciarios.

El presupuesto completo del Ministerio de Salud fue aprobado por unanimidad, y no hubo ninguna indicación.

Finalmente, en cuanto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se pidió que los 87 millones de pesos que se asignaban a la Comisión de Descontaminación, se reasignaran a un programa 02 de ese Ministerio, lo cual fue meramente un reordenamiento, considerado sumamente importante en la Subcomisión, puesto que dicha Comisión asesora fue creada por decreto supremo y, por lo tanto, al asignarle dinero en esta Ley de Presupuestos, la Subcomisión estimó que se podía sentar un peligroso precedente en cuanto a crear organismos públicos por la vía del decreto supremo, sin intervención del Congreso Nacional. Esto fue acogido por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y, por lo tanto, el presupuesto de este Ministerio se aprobó también por unanimidad.

Esta es la cuenta del trabajo de la tercera Subcomisión. Y a continuación quisiera dejar solamente constancia de dos hechos considerados en forma unánime por la Comisión: 1°.- Es necesario hacer en el futuro, una comparación más exhaustiva, horizontal, entre los distintos Ministerios y servicios; por ejemplo, un gasto tan obvio que debiera ser igual en una misma ciudad para todos los organismos, como lo es en salascunas, fluctúa hoy día entre 7 mil y 41 mil pesos para un niño en la Región Metropolitana. Hay servicios que, claramente, tiene mayor cantidad de recursos, los que han podido gastar más libremente. Creemos procedente empezar a introducir ahí mayores grados de equidad. 2°.-Prácticamente en todos los servicios que vimos, se consulta una glosa que dispone que no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 9° y 6° transitorios de la ley N° 18.834, según los cuales el número de funcionarios a contrata de una institución no podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de personal de éste.

Si hay una ley de carácter general, debiera ser para cumplirla del mismo modo, y no para eludirla en forma general mediante glosas en la Ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Conforme.

Respecto del Poder Judicial hay indicación del Diputado señor Mario Palestro para destinar 60 millones de pesos a la ampliación del edificio que ocupa la actual Corte de Apelaciones del distrito "Pedro Aguirre Cerda", que permitiría crear con esto una Cuarta Sala. Esa indicación, a pesar de ser seguramente muy justa, es sin embargo, inadmisible.

Habría sido bueno que el Ministro y el Director de Presupuestos, por lo menos, hubieran escuchado la inquietud del señor Diputado.

Ofrezco la palabra sobre la materia correspondiente al Poder Judicial.

Tiene la palabra el Diputado señor Hernán Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, respecto de la indicación formulada por el Diputado señor Palestro, debo informar que el Ministerio de Justicia obtuvo esos fondos, los que se han entregado al organismo correspondiente para que se proceda a la construcción de la Cuarta Sala de dicha Corte.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quisiera llamar la atención respecto del tema del Poder Judicial, aun cuando no exista indicación para este efecto. Pero el hecho de que no la haya, no supone que uno no pueda opinar sobre materias que se están estudiando.

Me interesa comentar la partida que dice relación con la creación de nuevos tribunales, dado que hemos discutido en diversas sesiones el tema de la delincuencia y la necesidad de dar mayor justicia.

Dentro de ese punto, específicamente se ha hablado de la importancia de contar con los tribunales adecuados para que los chilenos sientan verdadera seguridad y eficacia cuando concurren a estos organismos públicos.

He leído un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que revela lo indispensable que es la creación de 10 nuevos tribunales en el país, y da cifras que son muy elocuentes al efecto. Se dice, por ejemplo, que el máximo de causas que puede ver con tranquilidad un juzgado, comprende a un universo de más de 30 mil personas, y existen casos, como el de la provincia de Talagante, donde hay un solo tribunal para 180 mil personas, cifra latinoamericana casi "record".

La explicación que se da, en términos de que no se pudo estudiar este tema más a fondo porque no había una ley que dispusiera la creación de nuevos tribunales, es un argumento no muy sólido, por cuanto esa ley, evidentemente, se puede dictar y es de iniciativa del Presidente de la República. Además, no cabe duda de que podría tener una tramitación rápida, como hemos visto, cuando requiere urgencia. Y menos todavía es valedero el argumento de que no hubo tiempo para efectuar la necesaria evaluación del proyecto respectivo por parte del Ministerio de Planificación y Cooperación. Si estamos abocados a un problema tan grave como es el de la delincuencia, sería consensual la importancia de contar con nuevos tribunales.

Si otros temas se estudian con bastante prolijidad, no vemos cómo puede faltar tiempo para estudiar si realmente en Chile se deben crear o no nuevos tribunales, y dónde deben éstos irse radicando.

Sobre todo, esta creación no involucra un problema de recursos, porque hemos visto, en el informe respectivo y en las glosas pertinentes, que en el mismo Poder Judicial se consultan determinados tipos de organización o edificios para otros fines, distintos de la creación de nuevos tribunales, por lo que, evidentemente, hay un asunto de prioridad de recursos que bien pudo haber sido estudiado por este Parlamento.

Dejo constancia de que es importante que, en los futuros estudios de la Ley de Presupuestos, en la parte relativa al Poder Judicial, se aborde en su integridad y con eficacia el tema de la creación de nuevos tribunales. Si bien ello no solucionará definitivamente el problema de la delincuencia o del terrorismo, pienso que es un elemento fundamental para que los chilenos comunes y corrientes puedan sentir que están viviendo en un país más seguro, en el cual tengan verdadero acceso a la justicia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mario Devaud.

El señor DEVAUD .-

Señor Presidente, en realidad, me parece muy atendible la formulación que acaba de hacer el Diputado señor Coloma, compartida por muchos miembros de este Parlamento. Consideramos que la atención que hemos de dedicar a la acción del Poder Judicial debe tener esa característica precisamente: de ser una preocupación preferente del Parlamento de la República. Sin embargo, la motivación especial de esta intervención, tan breve en esta ocasión, es para preguntarle a la Diputada Informante los fundamentos del rechazo a regularizar la situación de 21 personas contratadas a honorarios en la Fiscalía Nacional de Quiebras. En realidad, quisiera conocer una relación más completa de esta determinación de la Subcomisión, porque no hemos escuchado un planteamiento de fondo respecto de esta medida. El antecedente que aparece en el informe de la Subcomisión me parece vago; me gustaría tener una información más precisa sobre este aspecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La señora Diputada Informante no está en la Sala en este momento.

En cuanto a los motivos a que se refiere el señor Diputado, me parece que ellos están explicados en el informe. Ahí se repiten las votaciones: una, dos, tres y cuatro veces. Ahora se trata de una situación análoga, si no similar a la que discutimos esta mañana y ahora en la tarde. Sólo que, en un caso, había más pasión, porque se trataba de la CNI, y en el otro, es la antigua Sindicatura de Quiebras, hoy día Fiscalía Nacional de Quiebras.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, veo que en la partida del Poder Judicial, los gastos, en el subtítulo 22, de Bienes y Servicios de Consumo, son de 1.609 millones de pesos. Los gastos, en el mismo subtítulo del Congreso Nacional, corresponden a 6.209 millones de pesos.

Presenté, junto a varios Diputados de Renovación Nacional, indicación para rebajar, precisamente, los gastos de bienes y servicios de consumo del Senado y de la Cámara de Diputados, fundamentalmente por tres causas.

La primera es que el país vive una situación económica bastante crítica, la que exige, entre otras medidas, para salir adelante, una política de austeridad pública que haga posible el ahorro en el sector fiscal, el que, a su vez, facilitaría la reactivación de la 'economía que todos esperamos para el próximo año.

Pero, lógicamente, no es fácil esa política de austeridad en el sector público, ya que, en años pasados, se efectuaron grandes esfuerzos racionalizadores en Ministerios y Servicios Públicos. Sabemos que se cuenta con pocos recursos para mantenimiento y gastos de consumo, en general, como es el caso, casi dramático, del Poder Judicial que todos conocemos.

Respecto de los sueldos del sector público, al día de hoy son menores en términos reales que a igual fecha del año pasado. En la misma medida, son, incluso, los más bajos, desde que en 1978 se reorganizara el sector público. No podemos pensar, porque sería contradictorio con el objetivo que se pretende con este ahorro público, en no efectuar inversiones para el año 1991, ya que, lógicamente, estaríamos afectando el desarrollo que se pretende con ese ahorro.

Por último Renovación Nacional comprende que hay problemas de orden social de mucha urgencia, y esa fue la razón que se tuvo para aprobar la reforma tributaria. Por lo que entendemos, no es posible rebajar los gastos de aquellos Ministerios comprendidos, fundamentalmente, con el desarrollo social, como educación, salud y vivienda.

A pesar de todo lo expresado, el Ejecutivo rebajó el gasto público en general, en bienes y servicios de consumo, sin afectar los sueldos del sector ni la inversión, ni a esos Ministerios sociales. Pero, siguiendo una política de austeridad, algunos Servicios, Ministerios o Poderes, sí pueden hacer un esfuerzo adicional, sin afectar su normal funcionamiento, ni los sueldos de los empleados del sector público, para rebajar los gastos de consumo corriente.

Ese fue el objetivo que se tuvo en vista para presentar la indicación de rebajar algunos gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La primera razón, entonces, de la indicación presentada para rebajar los gastos de consumo del Congreso Nacional, es de carácter económico. Tal esfuerzo adicional de austeridad permitiría un ahorro público de, aproximadamente, 300 millones de pesos al año.

La segunda razón de esta indicación, que, por supuesto, esperábamos que fuera aprobada, consistía en hacer tomar conciencia a la Administración de la Cámara y del Senado, de la necesidad de racionalizar el gasto y de que, si bien todos entendemos que el largo receso del Parlamento y las circunstancias de estar acomodándose en un nuevo edificio generan algunas complicaciones, es necesario tener siempre presente, y con mayor razón ahora que Chile atraviesa un período de dificultades económicas, que los recursos públicos se deben manejar con un criterio permanente de austeridad, y que, a pesar de ser el Parlamento un Poder del Estado no asimilable al resto del sector público, no existimos por fuera o por encima de la realidad de este país, la situación general de gasto en personal y en bienes de consumo corriente debe tener algún grado de equivalencia con el resto del sector público y con el hecho de que existe aún mucha pobreza, derivada de nuestra condición de país en vías de desarrollo.

En tercer lugar, señor Presidente, el Parlamento es, por su naturaleza, la expresión más clara para la opinión pública de la existencia de un sistema democrático.

En consecuencia, es indispensable que su imagen sea transparente, precisamente, para fortalecer el funcionamiento y la supervivencia de la plena institucionalidad democrática.

La propia historia de Chile nos enseña los fracasos y las tragedias provocadas cuando la ciudadanía pierde la fe en sus instituciones; cuando se crean expectativas y luego se frustran.

El descrédito del período parlamentario es una de esas enseñanzas de la historia y también lo es el rompimiento trágico ocurridos en 1973.

Los miembros de este primer Parlamento de la actual institucionalidad somos los principales responsables del entendimiento entre los chilenos, del progreso sostenido, del otorgamiento de oportunidades a los compatriotas, que, por razones culturales o materiales, hoy no las tienen.

Tenemos la responsabilidad de preservar y de profundizar las mejores tradiciones republicanas y culturales, que nos han permitido constituir una nación propia y distinta desde antes del proceso de la Independencia.

Esa tradición nos enseña que los servidores públicos deben ser ejemplos de prudencia, de honestidad y de austeridad en el manejo y en la administración de los fondos públicos. Para exigir de las autoridades del Estado y del Gobierno esas conductas, los parlamentarios deben partir por autoexigirse...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me perdona, señor Ringeling?

Estamos tratando lo relativo al Poder Judicial, y, si entiendo bien, usted se está refiriendo al Parlamento, que está en el informe de otra Subcomisión.

El señor RINGELING .-

Me refiero al Poder Judicial en relación con el Parlamento, señor Presidente.

Si nosotros queremos exigir que se fiscalice a las autoridades del Estado y del Gobierno, debemos partir por autoexigir nos una prudente, honesta y austera administración de los recursos públicos que se nos otorgan para el funcionamiento de este Parlamento.

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional que presentamos la indicación para rebajar los gastos de bienes y servicios de consumo del Senado y de la Cámara de Diputados en la Comisión Mixta no insistiremos en ella, porque esperamos que los tres aspectos que recién he señalado serán tomados en cuenta, en beneficio de la dignidad que debe tener este Parlamento y que está unido a esa actitud austera y transparente a que me refería.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, insisto en que usted recabe el asentimiento unánime de la Sala para asegurar un sistema razonable de discusión.

He propuesto, y lo reitero, que votemos sin debate todas las partidas que no hayan sido objeto de indicaciones. Entiendo que esto fue acordado así en la mañana. Por si estuviera equivocado, pido, por su intermedio, que solicite tal acuerdo, ya que, de lo contrario, seguiremos en la situación que estamos viviendo respecto de esta partida: y cuando corresponda la partida sobre previsión social, todos los señores parlamentarios querrán hacer ver la importancia de la previsión en el país; lo mismo ocurrirá cuando se hable de salud, de educación, de agricultura, de obras públicas o de minería, y tendremos que escuchar intervenciones muy bien fundadas sobre la importancia de estas áreas.

Quiero pedir la elemental solidaridad a quienes han hecho estas intervenciones tan trascendentales, para que, por favor, se mantengan en la Sala hasta el término de esta reunión y no se retiren luego de hacerlas.

En lo que se refiere al tema en discusión, comparto absolutamente la preocupación por el cuadro que vive el Poder Judicial. Sin embargo, me parece fuera de contexto el planteamiento hecho por mi estimado colega de la Comisión de Hacienda, Diputado señor Ringeling, sobre el presupuesto del Congreso Nacional. Primero, porque no está en juego ni la dignidad ni la transparencia del Congreso Nacional, ni menos aún la estabilidad democrática del país. Tampoco viene al caso hacer referencia al golpe de estado de 1973, al hablar del presupuesto que se le ha asignado al Congreso Nacional.

Como estos discursos se hacen para la prensa, seré claro y tajante en hacer saber al país que el presupuesto del Congreso Nacional no sale del aire ni es inventado, sino que fue el producto de una Comisión de Trabajo presidida por un parlamentario de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados y por otro del mismo Partido en el Senado la cual solicitó y obtuvo este presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Me parece no sólo poco oportuno sino que también de mal gusto pretender en este momento hacer cuestión política y "plantar la bandera" en cuanto a quien reduce más los gastos de consumo del Parlamento para "vestir" al Poder Judicial.

Además, me parece completamente contradictorio con los argumentos dados anteriormente, respecto del debate de la CNI y del Ministerio de Defensa, cuando los mismos colegas que en este minuto hacen este planteamiento decían que no se trataba de sacar fondos de Defensa para vestir a Salud, a Educación o a Vivienda.

Con su venia, señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Eduardo Cerda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Cerda

El señor CERDA .-

Señor Presidente, reafirmando lo que ha explicado el Diputado señor Estévez, cuando discutimos este asunto en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se dieron las razones del caso y el Diputado señor Ringeling se comprometió a no insistir en esta indicación. En esa oportunidad planteamos por qué el presupuesto de este Congreso, después de 16 años de un gobierno militar, no puede ser recortado aduciendo que, si ello ocurriera, se vería afectada su operatoria normal.

Además, señor Presidente, los funcionarios del Congreso Nacional -yo he estado en varios períodos legislativos- que estudian la parte presupuestaria y que llevan lo relativo a tesorería son de alta calidad, de alta eficiencia y están preparados para lograr los mayores ahorros de recursos. Cualquier cosa que tenga que ver con gastos debe ser comunicada a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, donde siempre se tiene presente la posibilidad de hacer algún recorte.

La opinión pública puede estar segura de que el Congreso Nacional necesita funcionar normalmente. Y si a fin de año se logra hacer algún ahorro, lo comunicaremos. Ese será nuestro esfuerzo, en la medida en que el país entero también haga un esfuerzo. Al Congreso Nacional se le está aplicando el recorte del cinco por ciento, al igual que a todo el resto de la Administración Pública, a las Fuerzas Armadas y a la Contraloría General de la República.

Por eso, el planteamiento que se ha hecho en este momento me parece absolutamente demagógico.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde cerrar el debate, porque han hecho uso de la palabra más de cinco parlamentarios.

Si le parece a la Sala, se aprobarán los presupuestos del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, por no haber sido objeto de indicación.

Aprobado.

El presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Aprobado.

El presupuesto del Ministerio de Salud.

Aprobado.

La Secretaría General de la Presidencia de la República.

Aprobado.

Con esto, termina al análisis y la votación del informe de la tercera Subcomisión.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Sobre un problema reglamentario?

El señor LONGUEIRA.-

Sobre la partida de Salud, respecto de la cual el informe que nos llegó ayer fue...ya están dichos todos los calificativos. En el fondo hubo un acuerdo unánime en la Subcomisión sobre la necesidad de que en el convenio que haga el área de Salud con el Hospital Parroquial de San Bernardo se contemplan dos cuotas para el próximo año. No sé quién hace ese trámite. No sé si quedó constancia en el acta sobre dicho procedimiento; pero fue un acuerdo unánime de la Subcomisión. Por lo tanto, quiero hacerlo presente en esta oportunidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En ese caso, corresponde que la Subcomisión lo haga presente a la Secretaría, donde se hará efectivo el acuerdo.

Corresponde conocer el informe de la cuarta Subcomisión.

Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.

Sería interesante que el Diputado señor Ringeling lo escuchara, porque incluye al Congreso Nacional.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, denantes manifesté a la Mesa ya a varios Diputados de mi bancada que tenía un compromiso, por lo que tenía que tocar el tema del Congreso en ese momento. Ello fue aceptado por el señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, deseo dejar constancia de mi agradecimiento por el trabajo realizado por los miembros de la Comisión y su Secretario, por los personeros de Gobierno, y los señores Ministros y Subsecretarios de las distintas carteras que tuvimos a nuestro cargo, así como por el personal del Congreso que permitió, en jomadas bastante extensas e intensas de trabajo, despachar oportunamente este informe.

A esta Subcomisión le correspondió conocer la parte correspondiente al Congreso Nacional y a los Ministerios de Interior, Educación y Vivienda.

Me referiré a las partidas en ese orden, aunque no es el mismo que tienen en la numeración.

En relación con el Congreso Nacional, se aprobaron las partidas de ingresos y gastos correspondientes a ambas ramas sin modificación alguna. Pero es conveniente hacer al respecto una observación.

Como ya se manifestó por dos Honorables Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, con respecto al Presupuesto del Congreso Nacional, a la incertidumbre propia de cualquier instrumento de esta naturaleza, que es una estimación anticipada de los gastos y de los ingresos que se generarán durante el año, se añade el hecho específico de que corresponde al de una situación que está reemergiendo y reestructurándose después de casi 17 años de permanecer cerrada. En una instalación con las características que tiene este edificio, todavía inconcluso, en el que progresivamente y se espera que sea en el más breve tiempo posible se irán recibiendo las nuevas alas y las nuevas secciones de la construcción, se hará difícil pensar, a pesar del esfuerzo hecho por estimar con el mayor rigor y con la máxima austeridad posible, los gastos que irroga el funcionamiento de este Poder, que a esta estimación o previsión no sea necesario introducirle algunas revisiones o ajustes en el curso del año venidero, en la medida en que estos eventos vayan ocurriendo.

Con estas reservas, señor Presidente, se aprobaron, como hemos dicho, los dos capítulos mencionados.

En relación con el Capítulo 03, que es el relativo a la Biblioteca del Congreso Nacional, se abrió un extenso debate el que resumiré muy rápidamente.

Durante la discusión estuvieron presentes los dos miembros de la Comisión de Biblioteca, como son los señores Presidentes de Senado y de la Cámara de Diputados y la señora directora del servicio. En este punto, lo que quedado de manifiesto es que los fondos previstos en el proyecto resultan altamente insuficientes.

No podemos olvidar -y desgraciadamente no puedo reproducir in extenso lo que fue esa discusión y ese intercambio de opiniones, que esta es una biblioteca que tiene características muy peculiares.

Tiene más de cien años de existencia. Posee un gran y rico acervo en material bibliotecario y documental, incluso, en rubros como el musical, lo que podría parecer extraño. Presta todas las más complejas funciones, no sólo de servicio bibliotecario a sus usuarios habituales, y además, cumple una función muy particular: es una biblioteca que tiene, que está a 120 kilómetros del lugar donde funciona el destinatario fundamental de sus esfuerzos, que es el Congreso. Es una biblioteca que tiene que actualizar su acervo; modernizar sus equipos, que son insuficientes y atrasados; contratar personal especializado. En suma, tiene necesidades que satisfacer para cumplir su función básica, que es servir el quehacer de ambas ramas del Parlamento y la actividad de cada uno de los parlamentarios.

Hubo consenso en la Comisión de que la asignación de recursos aprobada para el año venidero resulta insuficiente para atender las necesidades mínimas de la biblioteca, que además de la rica y compleja función de cualquier servicio bibliotecario, en este caso sirve de soporte y sustento de la información periodística, académica, científica y legislativa que requiere el quehacer del Congreso.

También quedó de manifiesto que una de las bases de un Congreso con capacidad deliberativa, decisión y voluntad, es contar con fuentes de información y mecanismos de documentación propios. Y esto está asegurado con un adecuado servicio bibliotecario.

La Subcomisión y la Comisión Especial de Presupuestos no aprobaron el presupuesto de la Biblioteca del Congreso, que quedaba muy por debajo de sus necesidades reales, y acordaron, por unanimidad, solicitar al Ejecutivo que sea suplementado, lo que se ha traducido en un proyecto de acuerdo, que está en poder de la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para aclarar la Sala, la Subcomisión y la Comisión no aprobaron ningún recurso para la Biblioteca, en espera de que el Ejecutivo suplemente el ítem. O sea, si no aprobamos algo, queda con cero. Y aquí hay un proyecto de acuerdo unánime.

El informe, en su parte final, dice: "Vuestra Subcomisión no despachó este capítulo, en espera de antecedentes adicionales que se solicitaron a la Comisión de Biblioteca, relacionados con los fondos necesarios...", etcétera.

"En consecuencia la resolución de esta materia corresponderá a la H. Comisión Especial de Presupuesto".'

El Diputado señor Arancibia acaba de informar que esa Comisión tampoco aprobó la partida. Entonces, en estos momentos el presupuesto de la Biblioteca del Congreso es cero.

El señor ARANCIBIA.-

En principio, sugiere su aprobación provisoria, con la petición de que se suplemente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es necesario aclarar este punto, porque para la Biblioteca es de gran trascendencia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, no es el ánimo dejar sin recursos a la Biblioteca. Provisoriamente, sí, con la petición de que se suplemente, como una forma de proceder tácticamente y no paralizar el servicio.

Concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Devaud.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en la Comisión Especial de Presupuestos -si no entiendo mal- se aprobó provisoriamente el presupuesto de la Biblioteca del Congreso, en las circunstancias que señala el Diputado señor Arancibia.

Me gustaría que el Diputado señor Arancibia aclarara este punto, porque en la Comisión Especial de Presupuestos se discutió y fue bastante duro y álgido.

Por lo tanto, pido por su intermedio, que el Diputado señor Arancibia la aclare.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay que aclarar si la Comisión Mixta aprobó la partida que propone el Gobierno y recomendó con énfasis que se suple mente, o no se pronunció para que lo haga ahora la Sala.

El señor ARANCIBIA.-

Concede una interrupción al Honorable Diputado don Sergio Jara.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara, don Sergio.

El señor JARA (don. Sergio).-

Señor Presidente, estuve en la Comisión, en el momento en que Su Señoría participó en ella.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite? Yo participé en la Subcomisión, pero no en la Comisión.

El señor JARA (don Sergio).-

En definitiva, se tomó el mismo acuerdo que en el caso de los fondos del Congreso, en el sentido de aprobar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo y estudiar a mediados del próximo año la posibilidad de suplementario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo que aparece en la partida, no se aprobó en la Subcomisión, pero sí en la Comisión.

El señor ARANCIBIA.-

Así es, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, eso es en los términos expresados.

Para ir más rápido y no abusar de los señores Diputados, en lo que se refiere a la partida del Ministerio del Interior, prácticamente se aprobó por unanimidad la mayor parte de los distintos capítulos, con las siguientes observaciones.

En las municipalidades, hubo intercambio de opiniones sobre el problema de los déficit municipales, y algunos sectores plantearon la conveniencia de recomendar al Gobierno que en el futuro se adopten las medidas que permitan suplir los 10 mil millones de pesos que faltan.

Sin embargo, la Comisión también dejó constancia de que en el caso de las municipalidades se está cumpliendo estrictamente por parte del Gobierno la legislación sobre la materia y en el Presupuesto sometido a la consideración de Congreso se hace un esfuerzo para atender las necesidades prioritarias de desarrollo comunal y de mejoramiento de barrios.

La otra constancia se refiere al Capítulo 01, Secretaría y Administración General de la Partida, del Ministerio del Interior específicamente sobre la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad. Este ítem se aprobó por unanimidad, con la siguiente frase: "No podrá efectuarse traspaso de estos recursos para otros gastos".

Sobre la base de los antecedentes entregados por el señor Ministro y por el señor Subsecretario, hubo intercambio de opiniones acerca de los objetivos y las políticas de acción que orientan el quehacer del Ministerio del Interior.

La partida fue discutida por la Subcomisión y aprobada en términos similares por la Comisión.

La partida del Ministerio de Educación fue objeto de observaciones en dos puntos específicos.

Hay que mencionar que contempla un incremento del 14 por ciento, en términos reales, de los recursos destinados a la actividad educacional.

Hubo un intenso intercambio de opiniones sobre los objetivos, orientaciones y metas que están en la base del proyecto de Presupuesto.

El primer punto objeto de debate y de rápida resolución se refiere a un simple cambio de nombre en el Programa 01, para reemplazar la denominación de la asignación 029 del ítem 33 "Departamento de Extensión Cultural", por "División de Extensión Cultural".

El programa 02 contempla distintos programas de mejoramiento y desarrollo de la educación.

Aquí surgieron dos órdenes de cuestiones: por un lado, se debatió la amplitud e indeterminación de los mecanismos y procedimientos de los distintos programas.

En especial, se observó la glosa 01, que encabeza el programa 02, por sus términos amplios y sin sujeción a los procedimientos regulares en cuanto a contratación de profesores y otros gastos.

A raíz de lo anterior, el señor Ministro de Hacienda envió una indicación en el día de ayer al Congreso, en virtud de la cual los distintos subprogramas del Programa 02 se transforman en Programas 02, 03, 04 y 05, modernización de la educación media, técnico-profesional; iniciación a la vida del trabajo, etcétera.

Estos nuevos programas tienen especificados los ítemes destinados a contratación y adquisición de bienes y servicios de consumo.

Hay que añadir que en el primitivo programa 02, transformado en distintos programas, se aprobó, por unanimidad la siguiente glosa: "Estos Programas deberán estar focalizados en los sectores de extrema pobreza y mayor número de analfabetos".

Para concluir, hay que mencionar que dos glosas aprobadas en la Subcomisión fueron suprimidas en el debate de la Comisión.

Por último, en la partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Subcomisión aprobó, por unanimidad, todas las proposiciones, sin modificación alguna, criterio que compartió la Comisión.

Lamentablemente, ahora no hay tiempo para especificar los objetivos y las políticas sustantivas en materia de vivienda y urbanismo que contiene el proyecto de presupuestos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde analizar partida por partida el informe de la Cuarta Subcomisión.

En discusión la partida del Congreso Nacional.

Existe una indicación del Diputado señor Horvath. Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, la indicación tenía por objeto hacer una mínima reducción en los fondos de la Cámara y del Senado, a fin de asegurar el financiamiento de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero después de lo señalado por el Diputado Informante de esta Subcomisión, retiraría esta indicación.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presiente).-

En ese caso, podemos dar por aprobado el Presupuesto del Congreso Nacional, en sus dos ramas y en la Biblioteca y solicitar al Director de Presupuesto que escuche el clamor unánime de ambas ramas del Congreso, para salvar a la Biblioteca, lo cual permitirá tramitar más expeditamente la Ley de Presupuesto del próximo año.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Lo único factible, desde el punto de vista legal, es no aceptar la disminución de 10 millones 650 mil pesos que corresponde a la Biblioteca y que, a prorrata del 5 por ciento, en general, se están distribuyendo en las partidas.

Si la Sala tuviera el ánimo de favorecer a la Biblioteca, quizás, en esa parte, podríamos rechazar la reducción de gastos que propone el Ejecutivo, es decir, mantener en su favor esos 10 millones 650 mil pesos.

No es mucho, pero puede ser un elemento simbólico y de respaldo a lo que tantos señores parlamentarios han propuesto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos operar así, en el entendido, además, de que cuando se discutió con el Director de Presupuestos en la Subcomisión, se entendía que este Presupuesto podría ser suple mentado, si el ítem no alcanzaba al ejercicio de toda la Biblioteca.

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Sobre esa proposición no hay unanimidad, señor Presidente, por lo tanto le pido que la someta a votación.

Se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los Ministerios para reducir los gastos y no es el momento de que el Congreso se exima de esa obligación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría, ha convencido al Diputado Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Así es, me ha convencido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El ánimo es que el Gobierno otorgue un suplemento mayor que los diez millones.

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, agradezco al Diputado Estévez que haya asumido esta posición, porque preferíamos un aumento sustancial del presupuesto de la Biblioteca por la vía del suplemento presupuestario.

Que se estudie en el momento debido y cuando realmente el Ministerio cuente con los recursos necesarios para dar una debida función al Congreso Nacional.

Es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En este entendido podemos dar por aprobado el Presupuesto del Congreso Nacional.

Aprobado.

Corresponde discutir el presupuesto del Ministerio del Interior. Se han inscrito los Diputados señores Dupré, Elizalde, Longueira, Campos y Alessandri.

Tiene la palabra el Diputado Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, quiero solicitar a la Honorable Cámara el desglose del Presupuesto del Ministerio del Interior, en la partida Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en el subtítulo XXXIII, ítem 86, denominado "Transferencia de capital, aporte a organismo del sector público".

Al margen de compartir o no el criterio es importante hacerlo para su votación, porque a algunos parlamentarios nos parece que la distribución de fondos que se hace desde el punto de vista de las regiones, respecto de la Región Metropolitana es absolutamente absurda.

El señor CERDA.-

No hay acuerdo.

El señor DUPRE.-

Agradezco el espíritu democrático con el que algunos Diputados analizan las cosas, que deben resolverse con votaciones y no con oposiciones de ese tipo.

Señor Presidente, la situación es la siguiente. La Región Metropolitana, conforme a los últimos antecedentes de que se dispone, tiene una población de 5.049.010 habitantes que representa, en el total del país, le 39,663 por ciento de la población.

En la distribución propuesta, de un total de 22 mil 642 millones 586 mil pesos, se destinan sólo 1.297 millones 420 mil pesos a la Región Metropolitana, en las tareas que la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene dispuesta para los sectores más pobres de nuestro país. Eso implica que la Región Metropolitana va a recibir, del total de los fondos propuestos para 1991 en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sólo el 5,73 por ciento, el cual debe contrastarse con el 39,663 por ciento que tiene del total de habitantes.

Para nadie es un misterio la situación de pobreza que hay en la totalidad de las regiones y las necesidades que, obviamente, en ellas se requiere satisfacer. Pero no me parece un criterio adecuado que, con cargo a la situación de empobrecimiento paulatino y sistemático de la Región Metropolitana, se esté tratando a lo mejor no de resolver, sino de mal distribuir este Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Señor Presidente, sé que aquí hay desacuerdos y que cada uno de los parlamentarios que representa a sus regiones lo hace legítimamente con mucha fuerza en este Parlamento, y es bueno que así sea. Por eso pido que se nos permita, a quienes estamos en desacuerdo con esto, un desglose en la votación, para entregar nuestro testimonio respecto de esta distribución de fondos. Nos parece de justicia, porque representamos a un sector que equivale al 39 ó 40 por ciento de la población del país.

Concedo una interrupción al Diputado señor Estévez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ .-

Señor Presidente, agradezco al Diputado señor Dupré la interrupción, para agregar, a lo que él ha señalado, que toda exageración es siempre mala y aquí, sin duda alguna, se ha llegado a un extremo que cae en lo ridículo.

En verdad, es difícil sostener que las Comunas de Pucón, de Villarrica, de Viña del Mar o de Concepción, por mencionar algunas, tengan una situación muy superior a las de La Pintana, de Melipilla o de Talagante. Existe en el país una desigualdad muy grave y ella se expresa en los centros urbanos; existen barriadas o zonas de alto grado de concentración de miseria. Por tanto, es un profundo error pretender que, por la vía del decreto, se resuelvan las necesidades que se concentran en ciertos lugares del país.

Sin duda alguna, el país requiere de una política de regionalización y de descentralización. Comparto ese criterio, pues resulta un absurdo que una ciudad tenga casi el 40 por ciento de la población del país. Pero eso no puede resolverse por decreto, de la noche a la mañana, sino que se debe dar lugar a un proceso, el cual no puede llegar a los absurdos extremos de entregar menos del 10 por ciento para atender la pobreza de la Región Metropolitana y, al mismo tiempo, asignar recursos a comunas que son notoriamente ricas en este país.

Gracias, Diputado señor Dupré.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, no tengo problema alguno en que se subdivida la votación, siempre que ello nos otorgue la posibilidad de analizar un poco más en detalle la forma cómo se distribuyen los fondos de desarrollo regional. Ello nos permitiría demostrar al Diputado señor Dupré que los conceptos hechos valer por él, referentes a problemas de densidad y de pobreza son, precisamente, los que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha tomado en cuenta para distribuir los fondos.

Tengo en mi poder un ejemplar distribuido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde se explica claramente cómo se han repartido los fondos de desarrollo regional. Esta distribución se hizo tomando en consideración los factores de densidad, que dan a la Región Metropolitana el 40 por ciento de la población y el 43 por ciento del producto geográfico bruto, y otros de pobreza y de subdesarrollo social. Lógicamente, esta distribución no ha favorecido a la Región Metropolitana, la más desarrollada, sino precisamente a las regiones menos desarrolladas.

Muchas gracias, señor Dupré.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el señor Dupré.

El señor DUPRE.-

No es como lo plantea el señor Carrasco, porque se ha tomado en cuenta la densidad, pero no en sentido contrario. Me parece también fundamental otorgar puntaje a las regiones subpobladas que, desde el punto de vista de la soberanía, interesa desarrollar. Pero no me parece -repito y reafirmo con las palabras del Diputado señor Estévez- que con relación a la Región Metropolitana se establezca un criterio discriminatorio y de una gravedad tal que, con un 39 ó casi 40 por ciento de la población, sólo se destine para ella un 5 por ciento de los fondos de desarrollo regional.

Con respecto a la afirmación de que el Ministerio del Interior tiene prevista esta partida para fondos de desarrollo en las regiones, quiero recordar que la Metropolitana es también una región del país y es la que tiene mayor cantidad de población.

Señor Presidente, reitero mi solicitud, sin perjuicio de reconocer que cada Diputado tiene el legítimo derecho a oponerse, de desglose en la votación de esta partida, de modo tal que quienes estamos en desacuerdo con ella, podamos manifestarlo en forma concreta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente. La petición que estamos haciendo es absolutamente justa y no la planteamos por el hecho de oponernos a la regionalización.

Quiero recordar que en dos o tres oportunidades, en este mismo Parlamento, he planteado que el compromiso de la regionalización fue suscrito por el Presidente don Patricio Aylwin dentro del programa de la Concertación. Hemos estado recorriendo el país para verificar las situaciones de injusticia generadas, como consecuencia de la distribución de estos recursos.

Sin embargo, coincido en que, efectivamente, es necesario introducir una reforma sustantiva, que permita no sólo la entrega de recursos, como se ha establecido aquí, sino la autonomía económica de cada una de las regiones. Lo sustantivo por parte del Gobierno habría sido entregar la capacidad de decisión de sus recursos a cada una de las regiones.

El problema no radica en entregar más o menos recursos, sino en qué serán utilizados por las regiones y si éstas decidirán respecto de ellos.

En la práctica, existe una distribución que perjudica a los sectores pobres de Santiago. Este es un proceso gradual que debe ir superándose. Mientras no exista una nivelación de los sectores de pobreza de Santiago, con el fin de que las limitaciones que impiden que la capital siga creciendo en la forma desorbitada que hoy día lo hace, deben crearse polos de desarrollo en las regiones. Entonces, la decisión no es solamente respecto de montos de recursos que se pueden establecer en el Presupuesto.

Lo anterior va ligado a una segunda situación que no está en discusión, pero se presentará más adelante. En el Presupuesto de Obras Públicas, en los recursos destinados a vialidad, de un total de 40 mil millones de pesos a la Región de Santiago se le entregan solamente tres mil millones. Nadie puede desconocer que Santiago, hoy día, tiene serios problemas de vialidad que provocan contaminación, tacos, etcétera. En consecuencia, la inversión del Estado debe destinarse a terminar algunas obras que prácticamente han quedado paralizadas, como la Circunvalación de la Avenida Américo Vespucio a lo largo de toda la ciudad o la de la Avenida Dorsal. A lo anterior debe agregarse la creación de todo lo que significan puentes y zonas de descongestión a lo largo de la Carretera Panamericana Norte-Sur, en forma permanente.

Por eso pido que se nos permita votar, más bien como una forma testimonial. Nuestra protesta es por una situación que hoy día perjudica a la Región Metropolitana. De la misma forma, quiero reiterar que creemos en la regionalización y que es necesario impulsarla. Pero, lo realmente sustantivo dentro del proceso de regionalización no son los montos que se asignan a las regiones sino, reitero, la capacidad de éstas para decidir concretamente dónde quieren invertir los fondos y que no sigan siendo manejados, como hasta la fecha, directamente por el Gobierno central. Hoy día, los programas y recursos que se van a generar, en definitiva no serán decididos en las regiones, sino que desde el Palacio de La Moneda.

Concedo una interrupción al Diputado señor Gajardo, y después recupero mi tiempo.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, quiero sumarme también a la sorpresa por la asignación que se entrega a la Región Metropolitana, pero no por las razones que aquí se han planteado. ¿Cómo es posible que aparezca la Región Metropolitana con una asignación con cargo a un fondo que es de desarrollo regional?

Es evidente que toda la filosofía y el sentido de la regionalización descansa, precisamente, en el crecimiento equilibrado del país. Es decir, que las regiones tengan un ritmo de crecimiento mayor. Lo que se ha querido con ese fondo es justamente suplir las carencias de las regiones. De manera que también estoy de acuerdo en que causa sorpresa esa partida, pero por la razón que he notado. La Región Metropolitana no debería participar en los fondos de desarrollo regional.

Muchas gracias.

El señor ELIZALDE.-

Concedo una interrupción al Diputado señor Huenchumilla.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, creo que la discusión planteada es falsa, porque en términos sesgados está haciendo aparecer a la Región Metropolitana como que recibe menos en el Fondo de Desarrollo Regional, en circunstancias que deberíamos discutir el Presupuesto Nacional en su globalidad, respecto de lo que se lleva el centralismo y de lo que se llevan las regiones.

Si se examina la partida del Ministerio de Obras Públicas, se podría apreciar cuánto se lleva la Región Metropolitana; si la del Ministerio de Transportes, lo mismo; y si el presupuesto del Ministerio de Vivienda, se llevaría igualmente no la sorpresa, sino la confirmación de que la Región Metropolitana recibe la mayor cantidad de recursos del Presupuesto Nacional. Quiero dar un solo ejemplo: en la partida del Ministerio de la Vivienda se le entregan exclusivamente al Parque Metropolitano, 228 millones de pesos. De manera que, sumando y restando, es mucha la plata que se lleva la Región Metropolitana del Fondo de Desarrollo Regional.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Hago presente que algunos señores Diputados solicitan que ojalá no se concedan más interrupciones. Sin embargo, cada Diputado tiene derecho a concederlas con cargo a su tiempo. Como todavía no se han completado los 15 minutos del tiempo del Diputado, señor Elizalde, tiene derecho a hacerlo.

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, al hacer un análisis de la Ley de Presupuestos en general señalé que me llamaba profundamente la atención que no se considerara un criterio de incremento de regionalismo y descentralización. Esto lo afirmo con un cabal conocimiento del Presupuesto, porque, tal como lo ha hecho presente el Diputado Huenchumilla, la Región Metropolitana, a través de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Educación, se está llevando el gran porcentaje de los recursos nacionales, como ha sido tradicional en este país. Por eso, de una vez por todas, este Congreso Nacional debe escuchar la voz de las regiones.

Hace poco más de un mes, se prestó la Sala de nuestro hemiciclo a la Corporación de Desarrollo de Chile para su constitución, presidida por don Claudio La postol. Ahí se firmó un documento histórico que refuerza el papel de las regiones. En ese documento, el señor Lapostol dijo: "Ya es hora de que las Regiones sean escuchadas", y haciendo uso de palabras pronunciadas por Su Santidad el Papa, señaló: "Las regiones no pueden esperar más". El señor Lapostol en ese minuto señalaba una gran verdad, porque a través de las leyes que favorecen a la Región Metropolitana, se dan señales para que la gente de todo el país acuda a vivir en Santiago, lo cual trae como consecuencia el deterioro en la calidad de vida en la capital.

Queremos que se atienda a las regiones y que se les den mayores recursos, con el objeto de lograr un desarrollo integral del país y que nuestra capital pueda surgir como una ciudad ordenada.

Señor Presidente, me llama profundamente la atención que, frente a una necesidad que todo el mundo advierte reforzar los recursos y los mecanismos descentralizadores, en esta Cámara se estén haciendo intervenciones contrarias. Es decir, aquí tenemos al ladrón detrás del juez.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Lamento que, desde la presidencia, tenga que ser objetivo en este asunto.

Advierto a la Sala que, desde el punto de vista reglamentario, las interrupciones deben concederse en el transcurso de la intervención y no al término de ellas.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, aquí hay una situación injusta.

El señor Diputado tendrá el justo y legítimo derecho de reclamar y de conseguir recursos para su región, porque él representa a su región.

Yo soy Diputado por Santiago y quiero manifestar que aquí se han dicho algunas cosas que son falacias, por ejemplo, en lo que significa la distribución de los recursos del Ministerio de Obras Públicas. En ninguno de los diferentes servicios públicos existen recursos para la Región Metropolitana, porque todos están destinados a las provincias. Situación similar se presenta en el resto de los Ministerios.

El problema radica en que la Administración Pública actualmente está en Santiago. Hagamos un cambio: llévense todo el personal de la Administración Pública a regiones y junto con ello, todos los escolares y los pobres de Santiago, pero den les posibilidades en las regiones. Ahí vamos a estar gustosos y orgullosos de que así suceda.

El problema consiste en que, hoy día, la Región Metropolitana registra los más altos índices de pobreza. Hay situaciones complejas que no pueden ser superadas, a menos que el Estado efectivamente invierta en esa gente. Por eso, Santiago requiere superar su problema de vivienda, porque el mayor número de allegados y los mayores cordones de miseria se encuentran ahí. Cuando se trata de desvestir a Santiago, en un sentido regionalista que yo aplaudo se lo he planteado al señor Ministro y también al Presidente de la República, más me gustaría que, en lugar de construir poblaciones en la comuña de Conchalí, Renca o Huechuraba, se construyese en el norte o en el sur del país, pero que esa gente también pudiese llegar a las regiones con trabajo, con perspectiva, con desarrollo y con educación. Sin embargo, eso hoy día no se da por parte del Estado.

Entonces, mientras no se solucione el problema de la pobreza en Santiago, resulta injusto castigarla, porque esa ciudad también es una región del país. La Región Metropolitana es una región de Chile.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Considero que se han dado argumentos más que suficientes en uno y el otro sentido. Quizás sería mejor dedicar una sesión especial a tratar un tema de tanto interés para todos nosotros.

Como quedan muchas partidas por analizar, pido a los señores parlamentarios inscritos que renuncien al uso de la palabra, a fin de continuar el debate, dedicamos una sesión especial al tema.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

Que se tome el acuerdo de citar a una sesión especial, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se acordará celebrar una sesión especial.

Acordado.

El señor PALMA (Don Andrés).-

Señor Presidente, quiero referirme a un problema de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma para abordar un asunto reglamentario.

El señor PALMA (Don Andrés).-

Señor Presidente, el Reglamento dispone que se debe dar el uso de la palabra sólo a las personas que están inscritas.

Por la vía de las interrupciones no se cumple con el objetivo del debate, porque los Honorables Diputados se refieren a materias ajenas al debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, quiero pedir a los Diputados señores Longueira, Campos y Ales sandri que no hagan ahora uso de la palabra, porque ya hay acordada para tratar el tema una sesión especial.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Bien!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación, corresponde analizar la partida del Ministerio del Interior.

El señor ELIZALDE Señor Presidente, propusimos que se votara desglosada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí. Si le parece a la Sala, se votará desglosada.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No, no!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario me informa que es un derecho el pedir que se vote desglosada. Por lo tanto, se votará de esa manera.

En votación la partida 05, capítulo 05, programa 01; salvo el ítem 86.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En votación el ítem 86.

La parte correspondiente a transferencia de capital, subtítulo 33, se refiere a partes, a organismos del sector público, y en él señalan las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, etcétera.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 34 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el ítem.

Corresponde, en seguida, el Ministerio de Educación Pública. Se han presentado dos indicaciones: una del Ejecutivo por la que sustituye todo el programa número dos referente a mejoramiento de la educación, en la Subsecretaría de Educación Pública y otra de los parlamentarios de Oposición para suprimir el ítem.

Pido al señor Ministro, o al Director de Presupuestos, que expliquen la indicación que ha presentado el Ejecutivo. A lo mejor, los parlamentarios de la Oposición quedan satisfechos con la explicación, si es que la indicación recoge sus inquietudes.

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

A propósito de una discusión en la Comisión en la Comisión Especial de Presupuestos, se ofreció desglosar el programa que se refiere a la partida del Ministerio de Educación Pública que contempla actividades en el campo de la educación de adultos, de la enseñanza técnica-profesional y del desarrollo de innovaciones en el campo educativo, y, en general, del mejoramiento de la educación.

La indicación presentada detalla, en cada uno de los cinco programas, a nivel de subtítulos el destino de los recursos. Antes no se hacía este detalle. Eso fue lo que ofrecimos hacer para responder mejor a las inquietudes planteadas en esa discusión de la Comisión Especial de Presupuestos. No se modifica nada sustantivo respecto del proyecto original enviado por el Ejecutivo, sino que se entrega con más detalle la información sobre el destino de estos recursos presupuestarios en cada uno de los programas. Se indica cuánto se destinará a personal; cuántos serán los recursos de inversión; cuánto serán los gastos en bienes y servicios de consumo.

La mayor parte de estos recursos son para inversión en mejor equipamiento de los establecimientos de enseñanza técnico-profesional.

El señor MUNIZAGA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUNIZAGA .-

Señor Presidente, quiero referirme a una materia que no dice relación directa con las indicaciones, pero que sí resulta de suyo interesante: el sistema que se está usando para distribuir los aportes directos e indirectos a las universidades.

El señor ESTEVEZ Señor Presidente, solicito una interrupción al señor Munizaga.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema es que pueden hablar 5 Diputados sobre todo el ítem.

El señor ESTEVEZ .-

Quiero hacer una propuesta, que a lo mejor podría operar de inmediato o después de la intervención del Diputado Munizaga.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Si no queremos que se cite a una nueva sesión, por falta de quórum, propongo que de ahora en adelante no haya debate, salvo para las indicaciones, y que se otorgue un tiempo limitado, de 3 ó 4 minutos, con el fin de fundamentarlas o rechazarlas, y que, asimismo, no haya informe adicional; es decir, que se dé por leído el informe de la otra Comisión.

Y le ruego al Diputado Munizaga que, si no se va a referir a la indicación, por favor, deje su intervención para otra oportunidad o al término de las votaciones.

Gracias, Señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, hay una propuesta concreta de limitar el debate sólo a las indicaciones.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Sí!

El señor LONGUEIRA .-

Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a este punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, es interesante analizar los temas que tienen que ver con materias que, en el fondo, son presupuestarias y corresponden a educación.

En todo caso, no tengo inconveniente en que haya debate sobre las indicaciones, pero que al término de éste yo pueda plantear la materia que me inquieta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite? Hay que resolver lo que ha planteado el Diputado señor Esté vez, de si el debate se limita o no a las indicaciones.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Sí!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la proposición de que el debate se limite sólo a las indicaciones.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

El señor MUNIZAGA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUNIZAGA .-

Señor Presidente, quiero dejar establecido que el Diputado Estévez también patrocinaba la proposición que iba a formular a la Sala.

Nada más.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, para ser justo con el Diputado Munizaga, quiero decir que, además, estoy de acuerdo en que él realice su intervención al término de las votaciones, con el objeto de que quede registrada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, así se entendió.

En consecuencia, la discusión se limita ahora a dos indicaciones en la partida del Ministerio de Educación Pública: la del Ejecutivo y la presentada por los Diputados de Oposición.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en la Comisión Especial de Presupuestos presentamos una indicación, que fue rechazada, por lo cual proponíamos eliminar el programa 02. Hoy día recibimos una proposición del Ejecutivo en el sentido de que, sobre la base del programa 02 está establecido inicialmente, crear cuatro programas que totalizan la suma contemplada en el 02. Pero nuestra reserva en la Comisión Especial de Presupuesto apuntó, principalmente, a que el referido programa estaba bajo el subtítulo 25, es decir, relacionado con transferencias corrientes, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, y bajo el ítem 31, correspondiente a transferencias al sector privado. Es decir, el programa 02, que discutimos, establecía una transferencia de 2.181 millones de pesos al sector privado, a fin de que diera cumplimiento con los proyectos y requisitos que en él se indican.

Ahora, a raíz del cambio, consulto sí, finalmente, estos recursos serán transferidos al sector privado. Se ha subdividido, solamente, en subtítulo 21 y 22 así viene en la proposición del Ejecutivo, desglosándose el gasto de personal y de bienes y servicios de consumo de estos programas. Quiero saber si ahora esto lo desarrollará el Ministerio, o si lo traspasará al sector privado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Estos son programas que se realizarán bajo la dirección de la Subsecretaría de Educación Pública. Como se indica aquí, se trata del presupuesto de esa Subsecretaría. Naturalmente, dicha Subsecretaría no tiene el desglose que aquí se ha presentado, no sólo en términos de personal y de bienes y servicios de consumo, sino que además, de inversión, que constituye el principal componente de estos gastos.

En cuanto a gastos en personal y en bienes y servicios de consumo, la Subsecretaría, en la mayoría de los casos, no los realizará directamente, porque no cuenta con el personal para hacerlo, y tendrá que contratar las personas dependiendo de qué se trate.

Como dije, la mayor parte de los recursos se destina a inversión en equipos para los establecimientos educacionales que se indican; es decir, para aquellos que imparten enseñanza básica y media y que reciben subvención. La glosa señala: Para la habilitación y mejoramiento de establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. N°2, de 1990, del Ministerio de Educación Pública. Se refiere a los establecimientos de enseñanza media técnico-profesional, y el propósito es que queden mejor equipados. No se trata de transferencias monetarias, sino que de dotar mejor a esos establecimientos, pasando los equipos a formar parte de su patrimonio.

La señora MATTHEI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora MATHEI.-

Gracias, señor Presidente.

Cuando se discutió este programa se tuvo en cuenta que en él hay 2.100 millones que se unen a los 2.800 millones del programa 02 de la Subsecretaría del Trabajo, y que ambos tienen, prácticamente, el mismo fin: dar una mejor educación y preparación para el trabajo a jóvenes y adultos de los diversos sectores de la población. Los jóvenes están agrupados, básicamente, en el programa 02 de la Subsecretaría del Trabajo. Aquí, en este programa 02 también hay adultos. Ahora, con la indicación del Ejecutivo, se abre en varios otros programas.

Esto es importante, porque se trata de muchísimo dinero. Estamos hablando de más de 17 millones de dólares.

Nuestra objeción en la Comisión Mixta apuntó hacia el hecho de que eran amplísimas las facultades para gastar este dinero en distintas materias, en distintas partidas en inversión, en gastos de recuperación. Prácticamente, este dinero podía ir a cualquier lado. Entonces se pidió que se especificara el destino de estos fondos.

Se ha avanzado en este sentido, puesto que en uno de los programas se informa sobre las cantidades contempladas para gastos de personal, de bienes y servicios de consumo y de inversión.

Sin embargo, todavía nada se dice de quién gastará estos dineros.

A mi juicio, la glosa 01, es extraordinariamente amplia. Con ella se podría gastar el 99 por ciento de las platas y lo voy a decir bien derechamente en O.N.G. políticas y el 1 por ciento en equipamiento para establecimientos educacionales, o podría ser al revés.

No estoy en contra del programa. Al contrario, creo que cualquier esfuerzo por mejorar la preparación técnica de nuestra población para su ingreso al trabajo es necesario y bienvenido. Sin embargo, lo que solicito es continuar en la tarea de tratar de especificar cuál será la finalidad de estos fondos. Decir que es inversión, representa un paso adelante, pero no es suficiente. Por ejemplo, si se señalara que en el caso de la modernización de la educación media técnico-profesional la totalidad de la inversión real irá a establecimientos educacionales, como expresa parte de la glosa: "Comprende la adquisición de equipamiento y la habilitación y mejoramiento de establecimientos educacionales, regidos por el D.F.L. N° 2", habría mucho más tranquilidad sobre cuál será el destino de los fondos.

Lo mismo podría indicarse en cuanto al fomento del desarrollo de innovaciones educativas. En definitiva, si bien hay un avance importante para conocer cuál es el destino de los fondos, todavía no sabemos nada acerca de quién los gastará. Aquí podrían transferirse bienes aunque en ninguna parte está contemplado el subtítulo 25), que se refiere a la transferencia corriente al sector privado. No obstante, con la glosa 01, que es común para cada uno de estos programas, esas transferencias igualmente pueden seguir haciéndose.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado, señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, deseo hacer un comentario en relación con esta materia.

Evidentemente, las dos indicaciones son encontradas. Una propone la derogación o supresión del programa 02, capítulo 01, partida 09, que estamos tratando. Consecuentemente con ello, y en cumplimiento de lo pactado, en la Comisión Especial de Presupuestos el Ejecutivo ha planteado una acotación sobre las fórmulas ilimitadas que presentaba este programa.

Me parece adecuada la redacción de la glosa 01, por cuanto efectivamente acota y cumple, a satisfacción, la petición que formuláramos en su debido momento al señor Director de Presupuestos. Sin embargo, debo manifestar mi más rotunda oposición y rechazo a la glosa, en cuanto dice que dicho equipamiento pasará a ser patrimonio de las municipalidades o instituciones propietarios de los establecimientos educacionales beneficiados por estos programas. Señalo esto porque la fórmula jurídica adecuada para manejar el equipamiento con que se van a dotar estos programas sería el comodato.

Dejo formulada la sugerencia porque me parece que no es el mecanismo adecuado el traspaso en dominio de estos recursos.

La Diputada Matthei me ha solicitado una interrupción. En un gesto versallesco, a pesar de que soy contrario a ello, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo les pediría que no hicieran tantos "gestos versallescos", porque desaparecerá el quórum.

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Gracias al gesto versallesco de mi colega, quiero señalar que no es contraproducente esta indicación par tener mayor puntualización sobre cómo se gastarán los fondos, con la de suprimir el gasto, porque, mientras no tengamos la seguridad de que estos recursos serán bien asignados, preferimos que esos gastos no se aprueben. Esa es la situación. Repito, mientras no tengamos tal seguridad, votaremos en contra de estos programas.

Respecto de lo que estamos debatiendo, quiero decir que el FONDECYT tiene reglas muy claras sobre cómo aprobar los mejores proyectos, asignarlos, licitar, etcétera.

Ese tipo de reglamentación podría adoptarse en este caso. Además, el FONDECYT siempre ha establecido que el equipamiento pase a ser patrimonio de las municipalidades o de las instituciones propietarias beneficiadas por los programas.

Sobre la materia, discrepo con el Diputado señor Devaud, en el sentido de que ésta es una práctica convencional en este tipo de programas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, con el objeto de cerrar mi intervención, quisiera pedirle que realice todas las gestiones posibles para que el quórum en la Sala se mantenga, a fin de despachar el proyecto de ley al que estamos abocados.

Es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo único que puedo hacer es llamar la atención de los señores parlamentarios, en el sentido que, en este momento, somos cuarenta y uno los Diputados que nos encontramos en la Sala.

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, en realidad, creo que el tema amerita un debate mucho más extenso. Pero, a fin de no incurrir en el problema sobre el cual usted nos previene, me limitaré a mencionar que hemos recibido información del Ministerio de Educación Pública en cuanto a los propósitos, diseños y objetivos de estos distintos programas, que parecen fundamentales para elevar la educación de los adultos y la preparación técnico profesional. Pondré a distribuirla entre los señores parlamentarios, la información enviada por el Ministerio de Educación.

El programa de mejoramiento de adultos 02, tiene sólo por objetivo alfabetizar 203 mil personas en los años venideros, con todo lo que ello implica: contratación de personal, coordinadores, preparación de material didáctico, etcétera.

En el campo técnico profesional, se trata de recuperar equipos, talleres y laboratorios que hoy, prácticamente, están en desuso, y modernizar equipos para aprovechar una donación del Gobierno español del orden de 2 millones de dólares, para los fines de fortalecer la educación técnico profesional. En fin, es un programa muy ambicioso, con objetivos, metas y procedimientos claros.

Reitero que entregaré a la Mesa la información que nos ha hecho llegar el Ministerio de Educación, para despejar las dudas de la señora Matthei y de cualquier otro parlamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Habiendo hablado ya cinco parlamentarios, corresponde votar la indicación del Ejecutivo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la indicación.

Se puede entender que por igual número de votos queda rechazada la indicación que los parlamentarios de la Oposición formularon sobre la misma materia, porque incide en la glosa N° 2.

El señor LONGUEIRA.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Queda aprobada la partida del Ministerio de Educación, con la modificación indicada.

Respecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se ha presentado una indicación por parte de los señores parlamentarios de la Oposición, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Partida del Ministerio de la Vivienda. Indicación de las señoras Prochelle y Cristi, y los señores García, don René; Longueira, Chadwick, Rodríguez, don Claudio; Leay, Correa de la Cerda, Coloma, Álvarez-Salamanca, Guzmán, Galilea, Recondo, Pérez, don Víctor; García, don José; Ulloa, Hurtado, Horvath y Navarrete, para agregar las siguientes glosas en la Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, que señala lo siguiente:

"En él o los reglamentos que se dicten, deberán establecerse pautas objetivas para la asignación de viviendas. Si se autorizaren en tales reglamentos asignaciones especiales por parte del Ministerio en algún programa de vivienda, ellos no podrán exceder de un 5 por ciento del total construido en cada programa".

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA ( Don Andrés).-

Señor Presidente, nos opondremos a esta indicación, básicamente por dos razones.

En primer lugar, porque en la Ley de Presupuestos no se pueden definir materias que rijan más allá de la vigencia de esta ley. Los reglamentos que aplica el Ministerio de la Vivienda y que determinan las políticas de vivienda, tienen una vigencia permanente, más allá del 31 de diciembre de 1991. Por lo tanto, la indicación está mal formulada en su redacción, ya que no define la vigencia de la glosa en relación al período de vigencia de la Ley de Presupuestos.

En segundo término, porque a través de esta indicación se pretende, como ya ha sido señalado públicamente, dejar la impresión de que el Gobierno quiere actuar arbitrariamente en la asignación de las viviendas. Ello no es así para los programas tradicionales y tampoco será así para los nuevos.

Como se procedía en los gobiernos anteriores, no sólo en el pasado, hay un porcentaje de viviendas que queda a disposición del Ministerio para ser asignadas en situaciones de emergencia. Para ese efecto, la reglamentación vigente establece que a partir de 1° de enero de 1991 ese porcentaje será de sólo el 10 por ciento en el programa de viviendas progresivas. En el resto de los programas, ni siquiera existe dicha disposición.

Por estas razones, rechazaremos la indicación presentada.

Muchas gracias, señor Presidente.

E1 señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, a raíz de este tema, quiero manifestar que hay compromisos incumplidos respecto de algunos pobladores, suscritos por el gobierno pasado, como consecuencia de "tomas" que se produjeron en ese período. Esto ha significado la asignación -comprometida por el gobierno- pasado a un grupo de 500 personas de comités de allegados, de diferentes lugares de Santiago, a las que se les ofreció una solución que no llegó.

Pero, más que eso, deseo destacar que, al margen de que aquí se trata de dar cumplimiento a esa situación, el señor Ministro ha asegurado que este caso concreto es respecto de las cuatro mil viviendas progresivas que se construirán en Santiago y que tienen por finalidad superar el problema de la gente que hoy está en el vertedero Lo Errázuriz, en la población "Medellita", en el sector de Jotabeche. Tiene, en consecuencia, un objetivo muy claro y específico.

También se ha planteado -y así viene establecido en el anuncio del señor Ministro- que tendrá vigencia sólo por el año 1990. Estamos en el mes de noviembre; quedan dos meses por delante y, posteriormente, Seguirán las formas de asignación normales. De tal manera que esta situación es solamente para superar un problema puntual.

Por tal motivo, la bancada demócrata cristiana rechazará esta indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, esta indicación la presenté en la Comisión Especial porque en el programa de Vivienda Progresiva definido por el Gobierno se establece libre disponibilidad para la asignación del 10 por ciento. El artículo 4° transitorio dispone la posibilidad de extender ese porcentaje a un 50 por ciento, en el caso de las viviendas que se asignen durante este año.

Quienes participamos en una reunión en la Intendencia de Santiago, hace algunos días, tuvimos conocimiento de un llamado cercano a las 5 mil viviendas progresivas para este mes, por lo cual podrá usarse la facultad de asignación de libre disponibilidad para un 50 por ciento de ellas.

El obvio que siempre ha existido la posibilidad de que las autoridades tengan libre disponibilidad, sin ajustarse a los sistemas de asignación, cualquiera sea el programa de vivienda de que se trate, ya sea vivienda básica, servicio de casetas sanitarias, o vivienda progresiva, que corresponde a un programa del Gobierno.

La mejor forma de demostrar que no se usará arbitrariamente este mecanismo es respaldar la iniciativa para que esta glosa establezca el porcentaje de un 5 por ciento. Porque, si no se va a usar, obviamente la podemos incorporar. Es evidente que al incorporarla a la Ley de Presupuestos del próximo año, esta glosa regirá para todo lo que reglamente y se distribuya durante 1991.

Por lo tanto, si el objetivo de la autoridad es no usar arbitrariamente ese porcentaje, lo mejor es que todos compartamos ese criterio y demostremos que efectivamente queremos hacerlo así, estableciendo el porcentaje que históricamente se ha usado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente; muy brevemente, para responder al Diputado Longueira.

Primero, como él ha reconocido, esa cifra transitoria del 50 por ciento, no se va a ocupar, porque este programa empezó a funcionar hace muy pocas semanas. Existía la posibilidad de que, de acuerdo con este programa, hubiera casas este año que no se pudieran entregar debido a la lentitud de los concursos respectivos. Como el programa de vivienda progresiva acaba de entrar en operación, ese artículo transitorio no tendrá ninguna transcendencia.

Hacia adelante, es bueno mantener un porcentaje limitado, discrecional, como siempre ha existido, para enfrentar situaciones críticas o de emergencia. Modificar en esta ley reglamentos que son válidos para tiempos superiores a un año, tampoco es posible. Básicamente, ello implicaría una presunción respecto de la actividad del Ministerio de la Vivienda, que no compartimos, porque en el Gobierno democrático hay transparencia en su accionar.

Por eso, nos vamos a oponer a la indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, quería hacer un comentario respecto del decreto supremo N° 140, al que se hace referencia.

Esta indicación no tiene ningún sentido en relación con el artículo 4Q transitorio, por cuanto la Ley de Presupuestos empezará a regir el 1° de enero de 1991 y por razones obvias, el artículo 4° transitorio se extingue el 31 de diciembre de 1990. Por lo tanto, no calza.

En cuanto al porcentaje que, a mi juicio, debe tener un Ministerio para hacer una acción efectiva, me parece justo el 10 por ciento. Ese es el motivo principal por el cual rechazaré la indicación presentada en esta oportunidad.

Es todo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado Longueira le solicita una interrupción.

El señor DEVAUD.-

Lamentablemente, no puedo darla.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 36 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Queda rechazada la indicación. Aprobado el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Corresponde conocer el informe de la Quinta Subcomisión.

Existía acuerdo para que no hubiera Diputado Informante. Sin embargo, el Diputado Cerda señala la conveniencia de que él pudiera resumir en muy pocos minutos, lo esencial de los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de Minería, de Transportes y Telecomunicaciones y de Bienes Nacionales.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

Respecto del Ministerio de Obras Públicas, se ha presentado una indicación, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Indicación del señor Horvath a la partida XII, del Ministerio de Obras Públicas; "Disminúyese la cantidad de 300 millones de pesos del Capítulo 02 programa 04, subtítulo XXXI, ítem 78, "Programa de Inversiones de Carácter Nacional".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Una parte de esta indicación incidía en un aumento, lo que es inadmisible.

Sobre esta indicación, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación que disminuye determinado ítem del Ministerio de Obras Públicas.

Durante la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito a la Diputada señora Matthei que se pudiera abstener. También lo hará el Diputado José García.

Muchas gracias.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 38 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación. Aprobado el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.

Respecto del Ministerio de Agricultura, se han presentado algunas indicaciones, a las que dará lectura el señor Secretario.

No es necesario leer los nombres.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación es para eliminar la partida 13-03-01-25-31-004.

La segunda, disminuye el ítem de la partida 13, capítulo 03, programa 01, subtítulo 32, ítem 81-003, de 1.331 millones a 200 millones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Lon gueira.

El señor LONGUEIRA.-

Presidente, sobre la primera indicación, me gustaría que el Director de Presupuestos nos informara, específicamente, a cuáles organizaciones se asignará el apoyo establecido en la partida.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pienso si entiendo bien, que quienes formulan la indicación saben cuál es la partida.

El señor LONGUEIRA.-

En términos generales, allí se apoya a organizaciones campesinas. Queremos determinar porque es un ítem bastante alto cuáles son las que recibirán este apoyo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está claro que la partida 004 se refiere a "Apoyo a Organizaciones y Comunidades Agrícolas". Se quiere saber cuáles son.

El Diputado señor Latorre.-

quiere plantear un problema reglamentario.

El señor LATORRE.-

Tengo la impresión de que el colega Longueira está equivocado, porque la primera indicación corresponde prácticamente al presupuesto de funcionamiento del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. En eso consiste el ítem, y lo mismo se señala en la primera indicación.

La segunda indicación se refiere a los recursos destinados a organizaciones comunitarias o campesinas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario va a explicar la finalidad de cada una de las indicaciones.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación leída en primer término, persigue eliminar la partida 13-03-01-25-31-004, relativa a apoyo a organizaciones y comunidades agrícolas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Y la segunda?

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La segunda dice relación con organizaciones y comunidades agrícolas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente hay dos partidas.

La primera se refiere a una transferencia. Se trata de un programa de INDAP, en el cual hay créditos y un programa de asistencia técnica. Antes de otorgar el crédito, y junto con él, hay un programa de asistencia técnica. Por lo tanto, se trata de dos partidas que van de la mano: una es la transferencia de apoyo tecnológico; la otra, el crédito simultáneo.

¿De qué organizaciones se trata? Son organizaciones y comunidades campesinas; en este caso, sujetos de créditos que correspondan a pequeños campesinos organizados.

No tengo aquí el detalle de todas las organizaciones; pero, estoy seguro de que los miembros de la Subcomisión, que examinó este presupuesto, solicitaron esta información, la que fue entregada en detalle por parte de las autoridades del Ministerio y de INDAP.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, me había inscrito para oponerme a la indicación, no para hacer aclaraciones.

Ocurre que INDAP está estableciendo, en su presupuesto no sólo la posibilidad de entregar créditos y préstamos a personas, a pequeños agricultores...

El señor CERDA.-

Esa es la segunda indicación.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Es la otra!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Creo que hay que debatir ambos a la vez porque, a estas alturas, es complicado distinguir la una de la otra.

El señor LATORRE.-

Quiero señalar en forma breve que son muchas las razones por las cuales se justifica permitir desde el punto de vista de INDAP, que asociaciones de pequeños agricultores, y comunidades agrícolas organizadas de distintas maneras, puedan ser sujetos de créditos. Y esta posibilidad ha estado presente dentro del quehacer de INDAP en años anteriores. Obviamente, desde el punto de vista de INDAP, en su política de apoyo al desarrollo de los pequeños agricultores, está pensando en la conveniencia de contar con recursos suficientes para que agrupaciones de pequeños agricultores, sea en estructura de asociaciones o de cooperativas, puedan ser sujetos de créditos. Ese es el fundamento de ésta partida.

Resulta evidente que quienes se oponen a que este ítem tenga esa cantidad en dicha partida y que, en un caso, tienden a disminuirlo, o a eliminarlo, en el otro, privilegian la idea de que solamente los pequeños o medianos agricultores puedan ser sujetos de créditos en forma personal. En consecuencia, nos opondremos a la indicación presentada por ellos.

Quiero conceder una interrupción al colega señor Julio Rojos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; él ya está inscrito en la lista de oradores.

El señor LATORRE.-

Entonces, la concedo al Diputado señor Cerda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aunque existe un acuerdo general de no conceder interrupciones, puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, seré muy breve, pues ya se dieron explicaciones suficientes cuando se trató el tema en la Subcomisión y en la Comisión.

Se trata de que INDAP, cuyo presupuesto crece en un 27 por ciento real, tiene como misión proporcionar asistencia técnica y crediticia. Para acceder a la asistencia técnica, se exige que el pequeño propietario esté organizado.

Coincido con el criterio del señor Presidente de que ambas indicaciones tienen que discutirse y votarse en conjunto.

En cuanto al crédito, cabe precisar que existen comunidades agrícolas, especialmente en las IV y V Región, y además, en las VI y IX Región, cuyos integrantes carecen de títulos individuales de dominio, razón por la cual no tienen acceso a un sistema de créditos. Por tal motivo, en este Presupuesto, el Ministerio de Bienes Nacionales destina importantes recursos para entregar esos títulos de dominio.

Además, en esas regiones, especialmente en las IV y V, donde existe un problema muy serio de sequía, como que han sido declaradas zonas de catástrofe, hay una enorme cantidad de comunidades agrícolas.

Mayores explicaciones podría darlas el señor Rojos, quien está solicitando una interrupción en este momento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor CERDA.-

Concedí la interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Usted no puede conceder interrupciones, señor Diputado, porque a su vez estaba haciendo uso de una.

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, deseo referirme a la indicación correspondiente a la partida 13, capítulo III, programa 01, subtítulo 32, ítem 81, relativa a los préstamos de INDAP.

En la glosa 003 aparece, destinada a organizaciones y comunidades agrícolas, la cantidad de 1 mil 331 millones de pesos, en circunstancias de que en el año recién pasado sólo se les entregaron 100 miljones de pesos. De modo que se ha producido un incremento de 1 mil 231 millones de pesos en este aspecto.

No nos oponemos a la labor crediticia de INDAP, señor Presidente. Pero estimamos conveniente que ésta se dirija principalmente a los agricultores como personas. Tenemos antecedentes de que las organizaciones han quedado como deudoras morosas del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Así consta con los antecedentes entregados por el referido Instituto, según los cuales las organizaciones castigadas en los años 1985 y 1986, por regiones, dan un total de 1 mil 073 millones de pesos. Por otra parte, en organizaciones condonadas en 1988, hay una cantidad de 153 millones de pesos.

Estimamos conveniente que estos recursos puedan ser entregados proporcionalmente en préstamos de largo y de corto plazo. En esa forma ha sido presentada la indicación. Entregar una cantidad extraordinariamente grande para organizaciones y comunidades agrícolas, puede incentivar a algunos directores regionales, a instrumentalizar el crédito del Instituto, por lo cual nos parece más sano y absolutamente legítimo distribuir estos recursos directamente a los beneficiados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, si uno examina el quehacer de INDAP en los últimos años, descubre que hubo que condonar 9 mil millones de pesos, precisamente de medianos y grandes agricultores, según el listado de esta institución, que es más bien de fomento para el pequeño empresario. Eso demuestra que no es tan cierto que el respaldo significa saneamiento financiero solamente respecto de los propietarios individuales de la mediana y gran empresa agrícola. En el fondo se trata, que tanto arrendatarios, como medieros o pequeños agricultores tipo parcela CORA, por ejemplo se organicen en sociedades, en cooperativas para facilitar el proceso de producción, de comercialización e, incluso, de exportación. Eso es muy importante, por ejemplo en Llay-Llay, donde muchos de ellos tienen que vender la producción antes, incluso, de plantar, porque, en definitiva, carecen de capital, por lo cual se produce un círculo vicioso. De esta manera, con algunos fondos manejados con inteligencia y con respaldo técnico de INDAP, es posible hacer crecer esta economía campesina. Lo mismo sucede en la IV y en la V Regiones, respecto de las comunidades. Cuando no hay título de dominio, prácticamente la gente queda fuera de la economía moderna; en consecuencia, carecen de posibilidades de desarrollo. A todos estos programas de asistencia, sin embargo, puede postular cualquier institución o persona, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, de este Congreso y de la opinión pública.

No hay, pues, una utilización política, sino respaldo a la economía campesina.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojos.

El señor ROJOS .-

Señor Presidente, quiero referirme brevemente a la partida del Ministerio de Agricultura, en lo que respecta al capítulo III, programa 1, ítem 81, asignación N° 3, "Préstamos a Organizaciones y Comunidades Agrícolas".

Es de suma importancia el mantener, tal como se aprobó por la Comisión, la asignación de recursos destinados al sector en comento, toda vez que se trata de campesinos con escasos ingresos, los que, en su mayoría, se encuentran asentados en terrenos de secano, los cuales son de baja calidad, por razones obvias.

En los lugares donde están ubicadas las comunidades agrícolas, se encuentran los porcentajes más altos de extrema pobreza en el área rural, por lo que todo incremento en ayuda económica a las comunidades, es realmente necesario. Concordante con los postulados del gobierno, en el sentido de apoyar a los sectores de más bajos ingresos de la población chilena, se ha dispuesto este monto de ítem 81.

En la Cuarta Región, los comuneros constituyen el 50 por ciento de la población rural y conforman 162 comunidades agrícolas. Las superficies que poseen, señor Presidente, es de aproximadamente 1 millón de hectáreas, o sea, el 25 por ciento de la superficie regional.

Los grupos familiares asimilados al sistema de las comunidades agrícolas suman cerca de 80 mil personas. El suelo de secano abarca el 75 por ciento de la superficie que poseen, por lo que su economía de subsistencia se basa fundamentalmente en el cultivo de cereales en baja cantidad y en ganadería caprina.

Podemos observar, en esta realidad, lo dramático que resulta para estas personas, sobre todo en este tiempo, cuando sufren una prolongada sequía por largos tres años, puesto que sus ingresos, provenientes de sus actividades, se ven disminuidos casi a la nada, debido a la falta de agua, lo que diezma sus ganados y los deja sin cosechas. Hay lugares en los cuales estas condiciones dificultan, incluso, la obtención de alimentos.

No podemos, en consecuencia, estar de acuerdo con la posición sustentada, en el seno de la quinta Subcomisión de Presupuestos, por un Honorable Senador, quien pretendió rebajar este ítem, aduciendo la ineficiencia crediticia de las comunidades agrícolas.

No es fundado ni sólido dicho argumento, porque lo tradicional ha sido la escasa ayuda recibida por estas comunidades y porque, seguramente, se desconoce el sector. Lo valedero es otorgar a las comunidades agrícolas un real apoyo -el que, indudablemente, no tuvieron en el pasado gobierno-, a fin de transformar la superficie por ellas ocupada en una mayor capacidad de producción agropecuaria y de que puedan superar en mejor forma el grave problema de sequía y pobreza que las afecta.

Por otro lado, un Honorable Diputado, en la quinta Subcomisión, indicó que había recibido denuncias de que funcionarios del INDAP actuaban en forma discriminatoria en el otorgamiento de subsidios por sequía en la IV Región. Cábenos hacer presente que el gobierno dispuso, hace semanas una ayuda a la IV Región, en especial a la provincia de Choapa, consistente en forraje para animales. La distribución de dicha asistencia fue realizada por funcionarios del INDAP con asesoría directa de los comuneros, de las directivas de las comunidades agrícolas y de las asociaciones de agricultores, que conforman casi la totalidad de los campesinos de dicha zona. Estos últimos son los verdaderos conocedores de la dramática situación por la que están pasando, pues la viven en carne propia. La finalidad de esta ayuda es tratar de evitar la mortandad del ganado caprino, de su propiedad, base económica del sustento de los comuneros agrícolas, y de otros animales, mientras persista la grave sequía en la región. Nos consta, en consecuencia, los objetivos de la canalización de la ayuda para nuestra región, por lo que discrepamos sustancialmente de lo afirmado por el Honorable Diputado, a quien se le pidió dar a conocer expresa y determinadamente los casos que él denunciaba, si los había, y no los presentó.

Por lo dicho, es menester aprobar el ítem 81, sobre "Préstamos a Organizaciones y Comunidades Agrícolas" y, en representación del distrito donde está ubicada la mayoría de las comunidades agrícolas, pedimos que la Sala lo apoye. Pero nos llama profundamente la atención que un parlamentario, precisamente de la IV Región, donde se ubican estas comunidades, se oponga a dicho ítem.

Señor Presidente, tal apoyo es absolutamente necesario para que uno de los sectores más postergados de la economía chilena tenga reales posibilidades de elevar su condición de vida a través de crédito. Junto con hacer más productivos los campos en que habitan, ello redundará, indudablemente, también, en un notorio aumento de la producción agropecuaria en el nivel nacional, si consideramos la enorme cantidad de superficie que poseen las comunidades agrícolas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación las indicaciones que se refieren a suprimir aportas a organizaciones campesinas en el caso de INDAP.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazadas las indicaciones.

Aprobado el presupuesto del Ministerio de Agricultura.

De igual manera quedan aprobados los presupuestos de los Ministerios de Minería, Transportes y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales.

Corresponde ver el informe de la primera Subcomisión. No habiendo indicaciones, se dará por aprobado el presupuesto del Tesoro Público, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del Ministerio de Hacienda.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, solamente para que en el Presupuesto del Tesoro Público...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No corresponde hablar, porque no hay indicaciones.

El señor ESTEVEZ.... se autorice, por la vía de la concordancia, a la Secretaría, a rebajar de la partida de la asignación al Ministerio de Defensa, lo que se ha aprobado...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso se hará después, al final, porque hemos previsto esa situación.

Lo que pasa es que se acordó un procedimiento, en cuanto a suprimir la discusión cuando no hubiera indicaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Precisamente por eso, pido la palabra.

En la Comisión Especial de Presupuestos, cuando se discutió el Tesoro Público -que usted ya ha aprobado rápidamente-, el Ejecutivo quedó en formular una indicación para incorporar la reducción del 5 por ciento a distintas partidas del Presupuesto e incluir una glosa, en términos de que ciertos ingresos no podrían ser gastados y que, de hacerse, se iban a devolver a los respectivos Ministerios.

Quiero preguntar si esa indicación está o no en poder de la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Efectivamente, se acordó eso en la Subcomisión y la indicación está en la Mesa. No sé si es necesario darle lectura.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Mientras se clarifica el punto, voy a dejar con la palabra al Diputado señor Gustavo Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Solamente para plantear un problema reglamentario.

Cada vez que hace uso de la palabra el señor Director de Presupeustos obviamente cuenta con nuestro respaldo para que lo haga usted señor Presidente, no ha solicitado la unanimidad de la Sala para concedérsela.

En ausencia del Diputado señor Schaulsohn, me parece importante recordar este aspecto reglamentario.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Se debe dejar constancia de que el Diputado Alessandri reemplaza al Diputado Schaulsohn para estos efectos.

El señora DUPRE.-

Tiene razón el Diputado Alessandri.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Director de Presupuestos ha explicado que la indicación que le preocupaba al Diputado señor Longueira ya está incorporada en las partidas.

El señor Secretario le va a dar lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

"Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público definidos en el decreto Ley NQ 1.263, de 1975, que determine el Ministerio de Hacienda, de los recursos a que refiere este ítem. Las cantidades de 4.136.869.000 y 5.677.000 dólares sólo se podrán distribuir de acuerdo con las sumas expresadas en la indicación presentada por el Ejecutivo en el Oficio N° 1.3801.362, de 12 de noviembre de 1990, del Ministerio de Hacienda".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Habiéndose aclarado el punto, seguimos adelante.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el Presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Aprobado.

Igualmente si le parece a la Sala, se aprobará el Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Aprobado.

En cuanto al Presupuesto del Ministerio de Planificación y Cooperación, si les parece a los señores Diputados, se dará por aprobado.

Aprobado.

Asimismo, solicito el asentimiento de la Sala para dar por aprobados los artículos 1°, 2° y 3°, debiendo entenderse incorporadas las modificaciones que hubieren sido aprobadas durante la discusión en particular del proyecto de Ley de Presupuestos.

Aprobado.

Solicito, además, el acuerdo de la Sala para autorizar a la Mesa a hacer los ajustes numéricos que correspondan como producto de las modificaciones aprobadas en varios ítemes, capítulos, títulos o subtítulos.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Aprobado.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en el transcurso de la discusión, el Diputado Estévez planteó una indicación para no aceptar la reducción del 5 por ciento del presupuesto de la Biblioteca del Congreso. No sé si está vigente.

El señor ESTEVEZ.-

Fue retirada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Despachado el proyecto de Ley de Presupuestos.

Quiero dejar constancia del siguiente hecho.

Se debe reconocer que las personas que elaboraron los informes de las Subcomisiones se dijo que se entendían incorporados al informe que dio origen a las críticas en el día de ayer trabajaron con dedicación y abnegación, al igual que todos los señores Parlamentarios de la Comisión de Hacienda. La Sala les agradece este esfuerzo.

Tiene la palabra Diputada Matthei.

La señora MATTHEI.-

Deseo adherir a las palabras que se acaban de pronunciar respecto del informe que se presentó en la Sala, en cuanto a que, efectivamente, incluía los informes de las cinco Subcomisiones, pero que nosotros, sin embargo, no recibimos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, quisiera solicitar que, en lo sucesivo, se tuviera el máximo de cuidado respecto de las interrupciones. Hasta el momento hemos confiado en su buen juicio, el que no nos merece ninguna duda, pero nos gustaría tener una definición del concepto, para que se respete, en lo fundamental, el orden de las inscripciones para hacer uso de la palabra.

Muchas gracias.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL AÑO 1991

A S.E. El Presidente del H. Senado

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébense el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los ; del Presupuesto del Sector Público, para el año 1991, según el detalle que se indica:.

A.- En Moneda Nacional:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares

Artículo 2°.-Apruébame el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1991 a las Partidas que se indican:

A.- En Moneda Nacional

Artículo 3°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 74 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

Respecto de los ítem antes señalados que correspondan a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la identificación de los proyectos de inversión se efectuará por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones y las que se dicten durante el año 1991 J en conformidad con lo establecido en el inciso séptimo de este artículo, se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cuatro millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que resulte de sumar la que represente el 3% de la transferencia proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior que corresponda inicialmente a la Región en este Presupuesto y la que signifiquen los ingresos efectivos de caja que obtenga con motivo de las ventas de activos físicos que se efectúen en 1991, incluidos los provenientes dé la aplicación del artículo 12 de esta ley.

Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.

La inversión de las cantidades consignadas en los ítem a que se refieren los incisos {interiores solamente podrán efectuarse una vez aprobada dicha identificación.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones”. En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, la identificación de las asignaciones que se creen en el transcurso del año 1991 i se ajustará a las normas generales establecidas por aplicación del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Ningún órgano, ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza', sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase efectuar en el mes de diciembre de 1990, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1991, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1991, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 4°.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión identificado conforme a lo que dispone el artículo 3° precedente.

Artículo 5°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por las cantidades de $ 46.014.163 miles y US$ 150.000 miles, que por concepto de endeudamiento se incluye en el Cálculo de Ingresos generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa firma del Tesorero General de la República.

La parte dé las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1991, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercí mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 6°.- El número de horas extraordinarias-año, fijado en los pre supuestos de cada servicio público, constituye el máximo, que regirá para servicio respectivo, e incluye tanto las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuación de la jomada ordinaria, como las nocturnas o días sábado, domingo y festivos. No quedan incluidas en dicho número 1 horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los cursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Las resoluciones que dispongan la ejecución de trabajos con cargo a los programas de horas extraordinarias incluidos en esta ley, no necesitarán visación del Ministerio de Hacienda.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitad de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas soto esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que re: pecta a viviendas para profesores rurales.

Artículo 8°.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en la Partidas, de ésta ley para los servicios públicos comprende a todos los des nados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquirí dos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedito por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con 1; fórmula "Por orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visad’ por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los' vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquél en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°- Los servicios públicos de la administración civil del Estado; necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier titulo de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.-: Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley N° 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de esa comuna.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestaria- mente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de con- tratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1991 el Ministerio de Bienes Nacionales, y .las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1990 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual es- faba ubicado el inmueble enajenado;

5% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 30% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales:

4 La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174 y en el decreto ley N° 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Los convenios o acuerdos que celebren los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley y que importen la aceptación de donaciones de bienes o recursos para la realización de sus actividades, requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Articulo 14.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en la representación del Gobierno de Chile, la Novena Reposición de Recursos de la Asociación Internacional de Fomento, hasta por un valor de US$ 96.312 (Noventa y seis mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América), pagaderos en pesos chilenos al tipo de cambio del 31 de octubre de 1989, es decir, la cantidad de $ 26.162.192 (Veintiséis millones ciento sesenta y dos mil ciento noventa y dos pesos).

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda la facultad para suscribir otorgada en el inciso anterior.

Artículo 15.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1991, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1990 los decretos a que se refieren los artículos 3° y 5° y las resoluciones indicadas en los artículos 3° y 6°.

Artículo 16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento je aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 3° de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas,’ en el articulado de esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija exprésame] te que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prese: ben el artículo 22 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 1.046, de Hacienda de 1977, se cumplirán mediante oficio o tasación del Subsecretario de Hacienda.

Artículo 17.- Sustitúyese, en los artículos 38 del decreto ley N° 3.529, 1980, y 1°, inciso segundo del decreto con fuerza de ley N° 15, de Hacienda de 1981, la referencia al año "1990” por año "1991”.”

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Layola Opazo.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA 1991

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Está en tabla el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991.

Solicito la autorización de la Sala para que asista a esta sesión, acompañando al señor Ministro de Hacienda, el señor Director de Presupuestos de la Nación .

Si no hay objeciones, se accedería.

Acordado.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1990.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El Presupuesto para 1991 figura en el oficio N° 115 de la Cámara de Diputados que está en poder de los señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión el proyecto

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El Ejecutivo ha formulado algunas indicaciones. La primera dice lo siguiente:

"Vengo en formular al Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1991, sometido actualmente en segundo trámite constitucional a la consideración del H. Senado, la siguiente indicación:

"En la Partida 20, Secretaría General de Gobierno , Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 33:

"Créase:

"20-01-01-25-33.030, Televisión Nacional de Chile, 3.500 millones.".

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra con respecto a esta indicación.

El señor PÁEZ .-

Señor Presidente , hay que repartir el texto correspondiente. No lo tienen los señores Senadores.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿No se ha hecho?

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Acaba de llegar, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Con el objetivo de sacar copias de todas las indicaciones y de repartirlas a los señores Senadores, se suspende la sesión.

)---------------(

--Se suspendió a las 12:7.

--Se reanudó a las 12:26.

)---------------------(

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Se ha procedido a distribuir las indicaciones.

- O -

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

El Ejecutivo ha formulado indicación al proyecto de Ley de Presupuestos en los siguientes términos:

"En la Partida 20, Secretaría General de Gobierno, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 33:

"Créase: Miles de $

"20-01-01-25-33.030 Televisión Nacional de Chile 3.500.000"

En consecuencia, se propone, en la Partida 50, Tesoro Público, hacer la rebaja correspondiente en el ítem del Capítulo, Programa y Subtítulo que indica la presentación, y aumentar en la misma cantidad el ítem del Programa que señala.

El señor VALDES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de Gobierno .

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente , la indicación del Ejecutivo se explica por la situación que se ha producido con motivo del debate de la iniciativa atinente a Televisión Nacional en la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha avanzado bastante en el estudio pertinente. El texto se ha aprobado en general y se inició su discusión en particular.

Ese proyecto, como se sabe, apunta a la transformación de Televisión Nacional en un medio de comunicación público, con un alto grado de autonomía respecto al Gobierno, y prevé la constitución de un Consejo de esa entidad propuesto por el Presidente de la República y aprobado por el Senado, de modo tal de obligar a que Televisión Nacional sea efectivamente un medio de comunicación al que todas las corrientes políticas y culturales tengan un acceso garantizado en la misma ley.

Por otro lado, la iniciativa -y en eso creo que hemos llegado con todas las bancadas a un muy buen acuerdo- prevé una restricción máxima a la posibilidad de que el Estado pueda hacer aportes a Televisión Nacional, y solamente establece algunas excepciones, que todavía están en debate.

Sucede que a dicho proyecto se había vinculado un aporte fiscal -el cual se iba a efectuar por una vez- que permitiera resolver los problemas derivados de la deuda de arrastre de Televisión Nacional, la que en las actuales condiciones resulta impagable. El señor Ministro de Hacienda hizo un anuncio en este sentido cuando detalló las finalidades que tendrían los recursos de la reforma tributaria propuesta al Parlamento y que ya se aprobó, haciendo referencia precisamente a tales fondos, los que se encuentran provisionados para el momento en que se despache el texto a que he estado haciendo referencia. Es decir, ellos están disponibles, pero naturalmente no se pueden girar mientras lo anterior no ocurra.

Ahora, según los cálculos que hemos hecho -no sólo nosotros, sino también el conjunto de las bancadas de la Cámara de Diputados-, la iniciativa no será aprobada antes del 31 de diciembre. Y es previsible que pudiera demorar todavía, en su trámite total, hasta el primer trimestre del próximo año. En ese caso, la situación financiera de Televisión Nacional sería extraordinariamente grave: no estaría en condiciones de resolver adecuadamente su financiamiento, por el peso de su inmensa deuda, ni de renegociar en buena forma los créditos bancarios que agobian su situación actual.

Por esta razón, hemos propuesto que parte de esos fondos -se trata de un total de 4 mil 500 millones de dólares-, esto es, 3.500 millones, sean aprobados en la Ley de Presupuestos, de manera de poder enfrentar los problemas de endeudamiento más agobiantes. Los datos que tenemos indican que de ese modo se podría resolver la deuda bancaria y cancelar las renegociaciones con proveedores nacionales e internacionales, y, por lo tanto, Televisión Nacional nuevamente estaría en condiciones de contraer compromisos con la banca para el momento en que fuera despachada la iniciativa que la regulará y en que pudiera contar con todos sus fondos.

Naturalmente, éste no es -y lo reconozco- el procedimiento ideal. Lo ideal sería -como nosotros queríamos- que el tema del financiamiento estuviera vinculado a la ley en proyecto que acabo de mencionar. Pero nos encontramos en una situación de cierta emergencia, porque ella, como lo he explicado, no será aprobada antes del 31 de diciembre. Y nos vemos en la obligación de solicitar un respaldo para Televisión Nacional, porque, en caso contrario, la verdad es que su funcionamiento se vería agravado hasta llegar a una situación crítica.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, Honorables colegas, sin perjuicio de la indicación planteada, creo que debiéramos adoptar un criterio general acerca del tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos.

Como la iniciativa es bastante extensa, hemos conversado al respecto algunos Comités. Podrían aprobarse todas las partidas que no han sido objeto de indicaciones, con relación a todos los Ministerios, y después, discutirse cada una de las indicaciones formuladas, pues no son muchas las aún pendientes.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Se ha hecho una propuesta consistente en dar por aprobadas todas aquellas partidas o artículos que no hayan sido objeto de indicaciones, para luego ocuparse en cada una de las que se han presentado.

¿Habría acuerdo en cuanto a este procedimiento?

Acordado.

Ofrezco la palabra en lo atinente a la indicación leída por el señor Secretario y explicada por el señor Ministro Secretario General de Gobierno.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, concurriremos a aprobar la indicación del Ejecutivo partiendo de la base de que es indispensable que exista en el país una televisión que precisamente tenga un carácter público, como lo ha señalado el señor Ministro Correa en su intervención, y de que el Congreso seguramente va a aprobar el proyecto a que se ha hecho referencia.

A nuestro juicio, una televisión de carácter público que dé garantías de expresión a todas las corrientes culturales y políticas reviste una importancia decisiva en la democracia, junto a un sector relevante de televisión privada. Por lo tanto, ésta es la razón de fondo: consideramos indispensable, para asegurar efectivamente el libre juego democrático, que exista un canal de televisión de carácter público -repito-, no de Gobierno, que permita la expresión plural de la sociedad, al margen de que haya también un sector privado muy importante en el área.

Esta materia será discutida en el Senado cuando llegue la iniciativa de que conoce la Cámara, momento en que podremos debatirla en particular. Sin perjuicio de ello, es preciso que Televisión Nacional pueda tener las condiciones apropiadas para su funcionamiento durante el período en que dicho texto sea estudiado.

Creo que el país entero ha podido advertir cómo ese medio, con el cambio de Gobierno, efectivamente está dando muestras de una programación en la que caben todas las expresiones políticas y culturales de la sociedad. Podrá haber críticas de índole particular, pero en general el nivel de credibilidad de Televisión Nacional, con esta Administración, ha aumentado de manera considerable respecto de lo que fue su situación en el período anterior. Pienso que esto es algo que nadie podría seriamente contradecir.

Asimismo, es público cómo se recibió, desde el punto de vista financiero, el Canal estatal. En verdad, hubo allí manejos que han sido objeto de un amplio debate, el cual no queremos reabrir acá. Pero es evidente que la deuda de arrastre no es responsabilidad de este Gobierno.

En este sentido, nos parece completamente razonable y útil para el país que Televisión Nacional pueda operar en condiciones de normalidad.

Por lo tanto, aprobaremos la indicación formulada por el Ejecutivo.

El señor VALDES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, Honorables colegas, compartimos los términos expresados por el Honorable señor Gazmuri, de manera que también vamos a concurrir a aprobar la indicación.

Consideramos que se trata de enfrentar una emergencia y de asumir una deuda cuyo debate se producirá probablemente en el Senado cuando llegue el proyecto de ley sobre Televisión Nacional; pero desde ahora queremos dejar constancia de lo siguiente. Entendemos que constituye una deuda de arrastre, derivada de diversas circunstancias y a la que podemos calificar como producto de un manejo al menos poco afortunado de ese medio. Sin embargo, no creemos que hacia el futuro la solución de problemas derivados de empresas del Estado como la que nos ocupa se encuentre en los aportes fiscales. Pensamos que tal vez podría recurrirse, por último, a la vía de un crédito, en condiciones excepcionales de blandura en cuanto a intereses, en cuanto a plazo, etcétera.

Dado lo excepcional de esta situación, de lo crítico que es el estado de Televisión Nacional y del papel relevante que sin duda está cumpliendo, el cual, como aquí se hizo presente, es de un reconocido pluralismo y de garantía de acceso a todos los sectores, vamos a concurrir a aprobar la indicación en debate, haciendo presente la reserva que el procedimiento nos merece, que estimamos de carácter excepcional y aplicable por una sola vez.

He dicho.

El señor VALDES.-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, en primer lugar deseo referirme de modo breve a la forma como se ha tramitado el proyecto de Ley de Presupuestos.

Sin perjuicio de concordar en plenitud con la proposición del Honorable señor Lavandero en cuanto al procedimiento que cabe adoptar en el día de hoy y sin volver a la discusión de fondo, en la que ya nos hemos extendido ampliamente, quiero destacar tres elementos.

En primer término, la tramitación establecida para esta materia en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional debe ser revisada profundamente. Desde luego, ella no es clara. Hay dos hipótesis acerca de su significado que no han sido bien dilucidadas, ambas traducidas en que el papel del Parlamento, y en particular el del Senado, para influir en el proyecto de Ley de Presupuestos -esto es, el programa financiero más importante que elabora el Estado una vez al año- es prácticamente nulo.>Mañana vence el plazo para su despacho legislativo y, de no haber un pronunciamiento del Congreso, "regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República", según la Carta.

En consecuencia, en este momento nos enfrentamos al hecho de que la única manera en que el Senado puede influir en algún aspecto de la Ley de Presupuestos de la Nación, que regirá por todo el año 1991, es aceptando sin ninguna modificación los criterios de la Cámara de Diputados, pues si hubiera alguna discrepancia, no está clara la forma de resolverla de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica del Congreso, ni hay un plazo que lo permita. Este tampoco existe para toda la mecánica de los eventuales vetos presidenciales.

Por lo tanto, el primer tema dice relación a que los dos textos mencionados no contienen normas suficientemente claras y buenas, a mi juicio, para que la discusión del Presupuesto en el Parlamento corresponda a un ejercicio efectivo de la democracia, en el cual el Poder Legislativo pueda hacer sentir su voz, y no sólo un ejercicio informativo, como lo ha sido en el fondo, en su línea gruesa, el proyecto que nos ocupa.

El segundo tema importante que quiero plantear se refiere a la base para debatir el Presupuesto. Al fin y al cabo, se presenta, esencialmente, una infinita cantidad de números, que lleva, en la práctica -como lo habrán constatado los Parlamentarios que participaron en las Subcomisiones-, a que la capacidad del Congreso se reduce a compararlos con los del Presupuesto anterior, pero que no permite un análisis a fondo de lo que es un plan financiero estatal.

Por esta razón, y aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda y del Director de Presupuestos, quisiera sugerir que en la próxima oportunidad la iniciativa tenga dos componentes: un plan cualitativo por Ministerio -con un mayor grado de desagregación, si fuese necesario-, donde se establezca un diagnóstico de la situación de la Cartera, se indiquen sus principales objetivos, se trace una estrategia para conseguirlos y se termine con un plan de acción concreto, y un plan cuantitativo, el cual correspondería fundamentalmente a lo que es el Presupuesto hoy día, que consulta solamente cifras.

El primer plan debería diseñarse a un plazo más largo que un año, porque lo normal es que los planes no se cumplan íntegramente en ese período, y para su debida comprensión e inserción en un contexto requieren un horizonte más extenso.

Finalmente, el tercer punto que quiero mencionar dice relación a que, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, el Ejecutivo tiene facultades para transferir fondos de un ítem a otro. Como el Tesoro Público es uno de ellos, permite el traspaso de recursos a los Ministerios, de modo que, con la salvedad de las partidas cuyo gasto se encuentra establecido por ley, podrían dictarse decretos para cambiar sustancialmente, si se quiere, al margen de la voluntad del Congreso, el Presupuesto que éste conoció y aprobó. En consecuencia, se trata de otro mecanismo que habría que revisar, porque en la práctica contribuye también a que el trabajo que podamos realizar en materias presupuestarias carezca de resultados significativos.

Por lo tanto, sin debatir el contenido económico y político del Presupuesto, considero que los aspectos básicos citados constituyen lecciones que debemos aprender, para que el próximo año, señor Presidente, este discurso no tenga que ser repetido. Como no queremos que esto suceda, pido al señor Ministro de Hacienda que los considere, así como al Gobierno, en general, porque algunas de estas medidas sólo pueden implementarse desde el Ejecutivo.

En seguida, respecto a la primera indicación formulada por el Presidente de la República, referida a Televisión Nacional -porque entiendo que el Ejecutivo ha presentado dos indicaciones y que otras han emanado de esta Sala-, sabemos que se discute en la Cámara un proyecto relativo a dicha empresa que todavía no conoce el Senado. Creo que el tema amerita un debate extraordinariamente interesante, que parte por la pregunta de si debe existir o no una televisión estatal, y si la respuesta es afirmativa, se suscita otro debate acerca de la forma como ella debe estructurarse para cumplir efectivamente sus propósitos de carácter público, educativo y cultural, así como los de índole política, relativos al pluralismo que debe predominar en un canal financiado por el Estado; es decir, por todos los chilenos.

Creo que la experiencia de la televisión estatal chilena en materia de pluralismo ha sido un desastre durante toda su historia, del cual no se exime ningún Gobierno. Es algo que constituye una lección, por lo tanto, cuando ocurre sistemáticamente, en el sentido de que no es sólo un problema de buena voluntad, porque nadie puede argumentar que todo el mundo ha tenido mala voluntad en esta materia. Y, adicionalmente, todos los Gobiernos al inicio de sus respectivos períodos declaraban -lo recuerdo muy bien- su intención de hacer de Televisión Nacional un instrumento al servicio de todos los chilenos. En la práctica, sin embargo, se demostraba lo contrario. Hoy vemos en ese medio ciertos elementos que, a nuestro juicio, no son plenamente concordantes con el pluralismo que debiera existir.

En consecuencia, se trata de una discusión pendiente, pero a la que el Senado aún no se aboca y en la que desconoce el componente financiero del proyecto respectivo, que establece un aporte de 4 mil 500 millones de pesos.

El Ministro Correa habló de millones de dólares. No sé si será un plan nuevo en materia de televisión, o si fue un error...

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Fue una equivocación, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Todos estamos conscientes de que existe un problema financiero de fondo en Televisión Nacional, que debe ser resuelto, porque de lo contrario la empresa desaparecerá, no por voluntad de alguien, sino simplemente por la fuerza de los hechos. Y sería muy poco prudente que su mantención o término quedara entregada a la voluntad de sus acreedores o de sus proveedores.

Lo cierto es que ignoramos los fundamentos de los 4 mil 500 millones de pesos. Ellos son conocidos por la Cámara, pero no por el Senado. De modo que si la indicación plantea la suma de 3 mil 500 millones de pesos como anticipo de la anterior, para nosotros las dos cifras son nuevas, pues no hemos podido analizar ninguna de ellas en profundidad.

Y cuando hablamos de aportes del Fisco a empresas públicas hay que tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, ¿es el primer aporte? ¿El único? ¿El último? En segundo término, ¿en qué situación quedaría Televisión Nacional con los 3 mil 500 millones o los 4 mil 500 millones de pesos? ¿Se mantendría con un hoyo financiero o pasaría a estar tal vez sobrecapitalizada?

Son preguntas que debemos hacernos, porque debemos recordar que Televisión Nacional compite en un mercado donde también hay empresas privadas y que uno de los principios básicos de la sana convivencia entre empresas públicas y privadas es que no deben existir condiciones discriminatorias en favor o en contra de ninguna de ellas. Por lo tanto, el hecho de que se efectúe un aporte a la primera nos lleva a preguntarnos cuál es el impacto que podría provocar sobre el sano nivel de competencia y equidad que debe regir entre entidades que están persiguiendo objetivos comunes y que compiten en un mismo sector comercial.

Por las cifras que he conocido, intuyo que 3 mil 500 millones de pesos no será una cantidad que deje a Televisión Nacional en una situación absolutamente sólida, con un capital excesivo y convertida en un monstruo en su ámbito. Pero no bastan las intuiciones. El Senado tiene que conocer los datos respectivos.

Además, hay un problema de precedentes.

Hace poco un Ministro nos pidió aprobar una iniciativa que disponía un aporte del Fisco, sin límite, a otra empresa pública. Simplemente, se nos pedía autorizar al Ejecutivo para transferir la cantidad que fuera necesaria y que ello se hiciera, además, en forma bastante rápida. Me refiero al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y al aporte a la ENAP.

En el campo de los aportes fiscales a empresas públicas que compiten en sectores comerciales es muy importante, entonces, ver cuál es la política que se aplica y qué precedentes se sientan.

En consecuencia, sin pronunciarme acerca del fondo del problema, en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de efectuar hoy un aporte de 3 mil 500 millones de pesos, y estando perfectamente consciente de la extrema urgencia en materia de plazos, pienso que en esta oportunidad el Senado, que viene conociendo un asunto cuyos antecedentes no están todos encima de la mesa y en que en cierta forma se están estableciendo precedentes que pueden afectar el funcionamiento de alguna empresa, no debiera aprobar el aporte propuesto.

Sin embargo, manifestamos desde ya nuestra mejor voluntad para estudiar una iniciativa -ello puede hacerse en forma separada del proyecto de Ley de Presupuestos, cuyo plazo fatal para ser aprobado vence mañana, de modo que lo que acordemos aquí no puede diferir una coma de lo determinado por la Cámara de Diputados, pues en caso contrario se requeriría un trámite adicional, o bien, regiría el texto del Ejecutivo- tendiente a resolver la situación de emergencia que implica el financiamiento de Televisión Nacional, proyecto que estaría desligado de aquel qué regula a este medio, el cual podría no estar listo antes del 31 de diciembre próximo.

Tenemos todo el tiempo del mundo, señor Presidente, para acordar algo antes de esa fecha, que es crítica para Televisión Nacional. Creemos que aprobar sin mayores informaciones aportes a empresas significa en este momento un precedente que no debemos aceptar, a mi juicio, ni como Senado, por el hecho de encontrarnos sometidos a este tipo de situaciones, ni por la forma tan rápida que se plantea, por las consecuencias que ello puede producir en el funcionamiento de la economía, en el papel del Estado y en la correcta equiparidad de las reglas del juego que debe existir entre empresas públicas y privadas.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de Gobierno.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente , sólo deseo explicar brevemente un par de asuntos respecto de la intervención del Honorable señor Piñera , además de haber corregido el error en que incurrí en cuanto al tipo de moneda en que se expresa el aporte propuesto.

La verdad es que hemos sido extremadamente prudentes en lo relativo al tratamiento del problema de la deuda de Televisión Nacional -me parece importante consignarlo-, en el sentido de que, si bien ella es muy urgente y ha sido muy agobiante, desde que nos hicimos cargo de la administración de ese medio quisimos vincular el tema de la solución que se requiere a un proyecto de ley que saneara política, institucional y financieramente a la empresa; es decir, que garantizara condiciones efectivas de autonomía del Canal, por un lado, y que restringiera fuertemente la posibilidad de nuevos aportes fiscales, por el otro, con sólo dos excepciones en la iniciativa correspondiente, asunto que todavía se está discutiendo. El propósito era no llegar al Parlamento con una petición puramente financiera, sino con un planteamiento fundado en una nueva forma de concebir a Televisión Nacional hacia el futuro.

Voy a leer en forma rápida la disposición pertinente del proyecto de ley.

Dice su artículo 5° transitorio:

"Artículo 5°.- Se otorga a Televisión Nacional de Chile un aporte de capital de cuatro mil quinientos millones de pesos, el que será íntegramente suscrito por el Fisco de Chile.

"De este aporte, la suma de tres mil novecientos millones de pesos será financiada con cargo al ítem 50-01-03-33-87.009 del Presupuesto vigente del Tesoro Público y pagada en la fecha prevista en el artículo 3° transitorio de esta ley." Ello dice relación a que la iniciativa fuera aprobada este año.

El inciso continúa en los siguientes términos: "El saldo restante, ascendente a seiscientos millones de pesos, será de cargo al ítem que, para estos efectos, se consultará en la Ley de Presupuestos para 1991.".

Para este año estaba previsto un aporte fiscal por una sola vez, porque suponíamos que íbamos a estar en condiciones de aprobar la iniciativa, lo cual no ha sido posible. Por esta razón, nos hemos visto obligados a formular con urgencia la indicación, la que proporcionaría recursos que, como he dicho, sólo permitirían enfrentar las deudas más graves.

Las deudas de Televisión Nacional se pueden clasificar en tres rubros: la bancada, que es muy apremiante; la contraída con grandes proveedores internacionales, y la que mantiene con proveedores menores. Lo que estamos solicitando -porque ésta es una consulta concreta del Honorable señor Piñera - posibilitaría resolver la primera, la que insisto que constituye un problema muy serio, y la negociación con los proveedores internacionales, postergándose las otras hasta que el proyecto que señalé sea aprobado.

No estamos pidiendo aprobar la partida total. Repito que se trata de fondos disponibles, cuyo destino ha sido anunciado no sólo en relación con el proyecto en estudio, sino también cuando el señor Ministro de Hacienda fundamentó la proposición de reforma tributaria.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI .-

Señor Presidente, me alegro de haber escuchado las explicaciones dadas por el señor Ministro Secretario General de Gobierno en cuanto a la Ley de Televisión, pues me parece increíble que hoy, después de dieciséis años en que el país no supo ni de Ley de Presupuestos ni de su tramitación y no recibió ninguna información al respecto, nos vengan a decir cómo tenemos que presentar y tramitar una iniciativa sobre la materia.

También considero inadmisible que se haga referencia al hoyo financiero de Televisión Nacional y al pluralismo de ésta luego de dieciséis años en los cuales no hubo pluralismo alguno en dicho Canal. Y, a este último respecto, podría señalar miles de casos. Por ejemplo, durante el plebiscito de 1980 no se permitió ni siquiera un minuto a las personas que estábamos por la posición contraria. Y hoy día nos hablan de pluralismo, en circunstancias de que los Senadores de Gobierno tendríamos que pedirlo a Televisión Nacional, porque los de la bancada de la Derecha están mucho más tiempo que nosotros en las pantallas del canal estatal.

Nos hablan de pluralismo, señor Presidente. ¡Me parece una falta de respeto hacia el país usar esa palabra!

Y en cuanto al hoyo financiero, ¿quién lo produjo? ¿Fuimos acaso nosotros, que empezamos a gobernar hace siete meses? ¿O fueron quienes aplicaron en Televisión Nacional políticas erradas que hoy estamos sufriendo todos los chilenos?

Votaré favorablemente la indicación, aunque tengo serios reparos sobre ella. Y, en su momento, espero formular proposiciones muy concretas para llegar a la regionalización de Televisión Nacional. Porque no me parece justo que las Regiones deban imponerse en sus noticieros de hechos acontecidos en el centro del país y que muchas veces no las afectan ni les interesan. Si queremos una real descentralización, ella debe alcanzar también a Televisión Nacional, a fin de que las Regiones puedan difundir los sucesos locales; incluso, efectuar propaganda de sus productos y dar a conocer lo que anhelan para sus habitantes.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, en materia de pluralismo y democracia, estimo que se trata de cuestiones que cada uno juzga con su conciencia. Y, además, no soy partidario de los mesías ni de los dueños de la verdad absoluta. Más bien, siempre tiendo a desconfiar de aquellos que se sienten dueños de la verdad absoluta en valores tan importantes como el pluralismo y la democracia. Considero que quienes creen tenerlo todo y que los demás no tienen nada están demostrando, en el fondo, una falta de comprensión del verdadero concepto del pluralismo y de la democracia.

Tradicionalmente, ha habido errores. Los hubo en el Gobierno anterior, y también en los Regímenes que lo antecedieron. Porque, si analizamos la historia de Televisión Nacional, vamos a ver -como lo dije en mi exposición- que siempre los Gobiernos han caído en la tentación de utilizarla políticamente. Lo hicieron el Gobierno del Presidente Frei, el del Presidente Allende y el del Presidente Pinochet. Y me estoy remontando solamente a los últimos Gobiernos, para no seguir hacia atrás.

El señor GAZMURI .-

¡No son comparables en esta materia Gobiernos democráticos con dictaduras! ¡Por favor, seamos serios, señor Senador !

El señor PIÑERA.-

¡Un momento!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Evitemos los diálogos, señores Senadores.

El señor PIÑERA.-

Por supuesto que había Televisión Nacional en esas últimas tres Administraciones. Yo no dije "todos los Gobiernos", sino "el Gobierno", lo cual significa que, si fue una parte de él, es concordante con mi afirmación. Nuevamente, una aplicación de la lógica aristotélica.

Pero supongamos que haya habido errores. ¿Significa que vamos a seguir defendiéndolos? ¿Implica eso que no podemos hoy día intentar, de buena fe y con fortaleza, plantear que la legislación en materia de televisión debe prevenir esos errores?

En consecuencia, independientemente del pasado -que no deseo entrar a analizar-, me parece perfectamente legítimo plantear ahora mi preocupación por los temas del pluralismo y del financiamiento de Televisión Nacional.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI.-

Creo que cuando, a raíz de mis palabras, alguien hace una defensa con tanto vigor, es porque estoy tocando un punto muy sensible. Y me parece que la historia puede señalar de qué estamos hablando.

Nosotros hemos hecho mucha autocrítica, porque sabemos que cometimos errores. No somos dueños de la verdad, y nunca lo hemos dicho. Pero lo que sí me extraña es que los sectores de Derecha -y lo hemos sostenido en esta Sala-, que jamás han sido capaces de efectuar una autocrítica, siempre se estén defendiendo apasionadamente cuando alguien les toca un punto sensible.

Nada más, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, la discusión que se está llevando a cabo abarca, a mi juicio, dos puntos generales. Uno, el tema planteado por el Honorable señor Piñera acerca de la mayor participación del Congreso y los planes que debe presentar el Gobierno para poder conocer las políticas económicas. Y lo otro es algo muy puntual, referente al problema de la televisión.

Pero me parece que, además, hay un factor que se introdujo en los últimos minutos del debate.

Entiendo las expresiones de la señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra. Y las entiendo con la mayor ecuanimidad, no sólo como camarada suyo y como miembro del Gobierno que representamos, sino también en relación con algo que permanentemente hemos manifestado en este Senado, que de alguna manera el común de la gente percibe y que, a mi juicio, es extremadamente peligroso.

La democracia a que estamos llegando, señor Presidente , todavía no es completa, absoluta ni plena. Todos sabemos que en nuestro país hay elementos constitucionales, jurídicos y de hecho que no permiten que la democracia en la cual hoy día estamos trabajando sea suficientemente sólida, porque están produciendo inestabilidad permanente y subterránea.

Pero esta democracia exige algo que es indispensable para que ella se mantenga, sea sólida y nunca más se vuelva a perder en Chile, pese a los persistentes intentos de nostálgicos de gobiernos autoritarios: la ética política, entendida como la obligación de respetar los dichos y conductas a lo largo de una vida, para que la gente comprenda que sólo la democracia posibilita actuar así y no permite pensar de una manera si se es Gobierno y de otra si se está en la Oposición. Cuando la democracia hace factible afirmar hoy lo que ayer se negó o quemar hoy lo que ayer se adoró, la gente entiende o cree entender que aquélla ha perdido ese valor que posibilita que la verdad constituya la norma fundamental.

A ese problema de fondo apunta la señora Senadora.

El pueblo de Chile observa con preocupación que, con cierta frecuencia y hasta -yo diría- "sans facón" muy grande, las personas sostienen determinados puntos de vista en términos, no de aceptar los cambios necesarios, sino de criticar sin mayor análisis lo que el Gobierno o el adversario está haciendo. Esto puede conducir -por decirlo de alguna manera- a que la democracia se transforme en algo que todo lo permite. Y cuando el pueblo llega al convencimiento de que la democracia permite todo, hasta sostener lo que se negó un día antes, entramos en el camino más peligroso de su estabilidad.

Ese es un punto que hemos debatido en forma permanente. Y quiero reiterarlo aquí. Es verdad. Y hemos agradecido desde estas bancas a los Senadores de la Derecha cuando han apoyado nuestras acciones e iniciativas recibiendo con agrado su disposición a consolidar la democracia.

Pero también les hemos manifestado, con mucha franqueza, claridad y respeto, que no es bueno oponerse y formular una permanente crítica a lo que está haciendo este Gobierno, aduciendo que el pasado es pasado, que no se debe tocar, que no es responsabilidad de nadie, y que todo el pasado chileno es igual.

Eso no es así, señor Presidente . El pasado chileno, el de todos los Gobiernos, puede haber sido difícil y malo en alguna de sus políticas. Es factible que en Televisión Nacional haya habido las mismas conductas hegemónicas en los Regímenes anteriores. Pero reconocer ante la faz de Chile y en el interior de sí mismos, como actitud mental, que es lo mismo una democracia que una dictadura implica entrar en un terreno en que todo es igual, donde es lo mismo una cosa que otra.

¡No es igual el pasado democrático chileno que el pasado de la dictadura! ¡Los valores éticos no eran los mismos! ¡La forma en que se hacían las cosas no era igual!

Los errores podrán ser compartidos en algunos puntos; pero hay un fondo profundamente distinto. Y cuando en todos los debates -llámense de la televisión, de la salud, o de lo que sea- no se recoge ese contenido diferente, tenemos derecho a levantar nuestra voz, en forma airada a veces, porque estamos conociendo permanentemente la molestia de personas que durante la dictadura fueron agraviadas y masacradas, y que ahora, doloridas, nos dicen: "Da lo mismo, entonces, haber sido perseguido que perseguidor, y da lo mismo sostener hoy lo que ayer se negó".

Ese es un punto que me parece clave.

Por otra parte, señor Presidente, recojo lo que ha dicho el Honorable señor Piñera. Me parece importante que el Congreso Nacional tenga participación más directa en la discusión del Presupuesto. Lo considero estupendo. Recogemos la observación. Hagamos las reformas constitucionales, jurídicas, de la ley orgánica; lo que sea. Pero no olvidemos, en esta percepción de que cada uno asume sus propias responsabilidades, que lo que hoy está pasando y respecto de lo cual Su Señoría reclama es consecuencia de una Constitución y de un ordenamiento jurídico orientados por un contexto que no corresponde a nuestra concepción democrática. Por lo tanto, no es nuestra responsabilidad. Y estaba hecho, además -y lo saben éticamente-, con la intencionalidad de crear un Congreso con una "capitis diminutio" que implicaba que el poder autoritario estuviera centrado en el Ejecutivo y no en el Parlamento.

Hoy estamos pagando ese precio, que no imputo sólo el Honorable señor Piñera, sino a todo el sistema del que fueron representantes los Senadores de esas bancas, cuya disposición a cambiar recojo con mucho agrado.

En lo referente a Televisión Nacional, quiero decir lo siguiente.

Se ha planteado aquí un problema acerca del cual no vale la pena insistir. Es evidente que dicho Canal se encuentra en una situación de tal naturaleza que requiere un aporte económico para sobrevivir. El Gobierno ha tenido la seriedad de señalar: "Quiero esto en el contexto general de una ley que me permita garantizar la pluralidad y la seguridad de que va a trabajar en buenas condiciones". No se ha contado con el tiempo necesario para que pueda ser así y es urgente entregar los recursos.

Pero el Honorable señor Piñera planteaba también otros problemas. Y preguntó, por ejemplo, si debía o no haber televisión estatal.

Creo, señor Presidente -y excúsenme, señores Senadores, por ocupar unos minutos en esta materia, alargando a lo mejor la sesión-, que en la sociedad moderna no hay nada más importante que contar con una comunicación veraz, oportuna y acorde con sus valores culturales y éticos.

Por el enorme esfuerzo que despliega y por su gran importancia en el alma del hombre y del niño chilenos, lo que Televisión Nacional posea como valores es mucho más importante, para mí, que lo que pueda estar dando como noticia en determinado momento.

Desde el punto de vista político, tenemos críticas, y las representamos a nuestro Gobierno con toda lealtad -y lo hemos dicho hasta la saciedad en esta Sala: ser Gobierno y ser leales no significa ser inconsecuentes con las ideas ni obsecuentes con un Régimen-; pero lo hacemos interiormente.

Tenemos muy claro que hay errores en Televisión Nacional y en la política de comunicaciones. El primero es haber dicho el Ejecutivo que no existía política comunicacional, como una forma de expresar el enorme pluralismo que se quería establecer. Eso ha sido mal interpretado. No se ha querido entender que lo que deseamos es precisamente que la televisión, por ser el medio más fuerte de comunicación social, se transforme en un instrumento de cultura, más allá de si aparecemos cinco, diez o quince minutos en ella.

Ese es el punto al que respondo positivamente: creo que debe haber una estación televisiva estatal regionalizada, abierta, pluralista, que interprete los anhelos y necesidades del pueblo y los valores culturales que queremos crear.

Si alguien me dice que deseamos hacer una televisión para la Concertación, le contesto "No"; que procuramos una televisión para el Gobierno de turno, "Tampoco". Pero si me pregunta si queremos hacer una televisión nacional con una orientación centrada en los valores de la democracia, le respondo "Sí". Porque lo que se hizo durante los últimos años fue precisamente generar valores antidemocráticos, antivalores, cristianos, valores burgueses que nos fueron creando la sensación de que hoy éste es un país culturalmente a la deriva. En tal sentido, estamos por una televisión capaz de dar aquellos valores.

Se ha hablado de pluralismo, pidiéndose que lo haya en mayor medida.

Entiendo la molestia de la señora Senadora. Es posible que, de haberse hecho referencia sólo a los Gobiernos anteriores que no eran los de Sus Señorías hubiéramos respondido en forma menos airada. Porque es probable que las Administraciones de los Presidentes Frei y Allende hayan caído también en errores. Pero la calidad y hondura de los errores del Régimen precedente en esta materia no son comparables. Durante los Gobiernos de Frei y de Allende nunca sucedió lo ocurrido en el Régimen anterior, en el cual no sólo no se podía decir nada, sino que, lisa y llanamente, estaban excluidos los nombres de las personas que formaban la Oposición. Y no únicamente eso: se buscó la forma de dar una cultura nacional, y se generó una exclusivamente con un sesgo.

Por eso pedimos pluralismo. Pero, por favor, no nos digan que no se está haciendo eso, pues no nos hallamos a un mes de Gobierno, sino a ocho, lapso en el cual hemos demostrado que las palabras que decimos las cumplimos y que nuestro accionar es consecuente y coherente con lo que planteamos.

Ahora bien, recojo algo positivo que el Honorable señor Piñera ha dicho -y con esto termino-, en el sentido de que no deben seguir los errores. Por supuesto Si cometimos equivocaciones durante nuestro Gobierno, el pueblo nos castigó no dándonos uno nuevo. Si la Administración del Presidente Allende incurrió en yerros, muy caros los pagó, y también el propio pueblo chileno. No debemos, pues, seguir insistiendo en esos errores.

Deseo decir unas últimas palabras, señor Presidente , sobre problemas más bien políticos.

La democracia y la política chilenas se caracterizan hoy por una enorme necesidad de autocrítica. No ha habido partido en nuestro país que haya hecho una más seria que la del Demócrata Cristiano. No han existido partidos en Chile que hayan realizado una autocrítica pública más dura y severa -y así lo reconozco- que la de los del área socialista. Debe reconocerse -a pesar de las sonrisas de algunos señores Senadores- que, efectivamente, el Partido Socialista ha efectuado una autocrítica fuerte y dura. Si no, Honorables colegas, vean lo que ha ocurrido y reparen en lo sostenido por cada uno de sus personeros. Negar eso es negar todo lo que está sucediendo y no entender nada de lo que está pasando en el mundo y en el pensamiento socialista. Desconocer que el Partido Demócrata Cristiano ha señalado en forma clara cómo sus errores fueron causantes de su derrota -y lo asumimos de manera distinta- también significa desconocer lo que hemos hecho en aquel sentido.

Pero también recojo, señor Presidente, las mismas expresiones de la Honorable señora Frei. No he escuchado -salvo del Honorable señor Piñera y de algún otro Senador, pero a título personal- una autocrítica de la Derecha política chilena para comprender lo que dejó de hacer desde 1973 en adelante; la responsabilidad que tuvo en lo que pudo haber cambiado la historia de Chile, y lo que hoy necesita modificar para entender su papel, su tarea y su forma de actuar en el futuro del país. Y, lo que es peor, no ha hecho una sola autocrítica sobre las ideas fundamentales que interpretan su doctrina. Ahora se habla de renovaciones neoliberales. Pero, en el fondo, no ha hecho una sola autocrítica respecto a la pérdida de los valores espirituales, ni a la primacía de lo materialista -según sus propias ideas-, ni a la necesidad de que se abran un mundo y una era absolutamente distintos, a fin de que no sean ni el egoísmo ni el lucro los valores esenciales para que el mundo pueda crecer.

Señor Presidente, excúseme por haber usado de la palabra para referirme a esos puntos. Pero quiero interpretar así el sentido de nuestro voto favorable a la indicación. Y las palabras de la Honorable señora Frei tienen una justificación; pero, sobre todo, envuelven algo mucho más profundo: la necesidad de que tengamos presente que en democracia no es factible hacer todo, porque ella se puede quebrar.

Muchas gracias.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Adhiero a lo señalado por el Honorable señor Ruiz-Esquide , y en esa forma contribuyo a un rápido despacho del proyecto.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , iba a solicitar que, en lo posible, nos atuviéramos al objetivo de esta sesión.

Claro está que cualquier indicación da pie para discutirlo todo. Empero, no me sumo a nada de lo expresado, por temor a involucrarnos en un problema enteramente ajeno al que corresponde tratar.

Lo planteado aquí por el Honorable señor Piñera , a mi juicio, es pertinente a un hecho concreto que tiene que ver con la indicación. Al presentarse una indicación que implica un aporte de 3 mil 500 millones de pesos para Televisión Nacional, se suscita1 una cuestión delicada desde el punto de vista constitucional. Y me gustaría mucho que los señores Ministros Secretario General de Gobierno y de Hacienda me ayudaran a reflexionar sobre ella.

La Carta Fundamental establece que sólo por ley de quórum calificado el Estado puede intervenir en actividades empresariales o participar en competencia con los particulares.

Televisión Nacional es una entidad que ya existe; reconozco que es así.

Perdón, señor Ministro , por repetir, pero deseo traer brevemente a colación el tema -algún día lo discutiremos- de si acaso el país se inició en 1973 o algunas cosas ocurrieron antes, y si el 11 de septiembre de ese año sucedieron determinados hechos porque otros se habían producido primero.

Aquí estamos ante el proyecto de Ley de Presupuestos. Y mi preocupación es la siguiente.

De acuerdo con la Carta Fundamental vigente, el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado así lo autoriza, con las indicaciones que ahí se mencionan.

¿Cuál es el problema que tenemos acá? Existe una actividad empresarial que es Televisión Nacional. Por consiguiente, no estoy planteando la dificultad de que estemos creándola aquí, a propósito de la Ley de Presupuestos. Pero cuando tenemos que aprobar un aporte muy importante, de 3 mil 500 millones de pesos, parto de la base -y así le entendí al señor Ministro Secretario General de Gobierno - de que se está pidiendo al Senado una especie de acto de fe: "Miren, créannos que esto se justifica; lo vamos a discutir cuidadosamente cuando entremos a examinar la Ley de Televisión Nacional.".

En lo personal, no estimo que sea lo más adecuado, en medio de ese acto de fe, abrir debate y plantear situaciones bastante duras respecto de aquellos a quienes se nos está pidiendo esa actitud.

Sin embargo, mi inquietud es ésta. Supongamos que la asignación fuera excesiva y que, en lugar de 3 mil 500 millones de pesos, se pidieran 10 mil 500 millones. ¿No estaríamos aprovechando la Ley de Presupuestos para crear una situación inmanejable desde el punto de vista de la competencia en el mundo de la televisión? Si se tratara solamente de atender a una situación de emergencia, parecería razonable. Pero aquí estamos discurriendo sobre la base de antecedentes de un proyecto de ley que se halla en otra Sala del Congreso, que no ha llegado aún acá y cuyos fundamentos, por tanto, desconocemos.

Parto del hecho de que la situación de Televisión Nacional es mala. Creo que la orientación que está tomando no es satisfactoria. Sin embargo, honestamente, tengo la impresión de que es más abierta que la que existió bajo el Régimen anterior, que era un Gobierno de excepción. Pero no vamos a exigir a un Régimen normal lo que se podía exigir o soportar a uno excepcional.

Empero, no es el tema que me preocupa. Lo que me inquieta es saber si con dicha asignación no estamos introduciendo un elemento que crea un factor de distorsión en la competencia entre empresas y si ella debiera ser aprobada mediante ley de quórum calificado y no por la vía de una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos.

Anticipo que deseo tener claridad para decidir sobre una materia que debemos resolver en un acto de fe. Y estoy muy dispuesto a otorgar mi voto favorable si me dan las razones para ello.

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Perdón, señor Presidente. Quisiera intervenir sólo para responder al Honorable señor Thayer.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente, con respecto al punto de fondo planteado por el Senador señor Thayer, no tengo sino que relatar lo que está sucediendo en otra Sala. Estoy plenamente consciente de que no es una discusión que haya llegado a esta Corporación. Pero ya se ha planteado allá; se encuentra en el debate; va a ser parte de la historia de la ley, y estará presente en el informe cuando llegue al Senado.

La verdad es que el proyecto respectivo no crea una empresa nueva. Lo que hace es reformar el estatuto legal de una ya existente. En eso hemos llegado -creo- a un acuerdo de interpretación en la Comisión. Y -repito- he entregado los datos genéricos.

El financiamiento propuesto no está destinado de ningún modo a la constitución de capital de trabajo, ni a nuevo equipo, ni a tareas de modernización de la empresa -naturalmente, lo necesita; pero tendrá que solucionarlo por la vía del autofinanciamiento normal a que la ley la va a obligar-, sino solamente a resolver la deuda bancaria y la contraída con proveedores internacionales. Porque, en caso de que ello no se solucione en plazos breves, éstos podrían pedir la quiebra de Televisión Nacional, con lo que nos veríamos enfrentados a una situación extraordinariamente difícil como Estado.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, siento la necesidad de solidarizar con las observaciones formuladas por la Honorable señora Carmen Frei. Y comprendo su indignación, porque pareciera que hubiéramos empezado a perder la capacidad de asombro con relación al significado de estos aportes de miles y miles de millones de pesos: mil millones de pesos se pagan a un hijo del ex gobernante; empresas del Estado se transfieren, con grandes pérdidas, en las postrimerías del Gobierno pasado; un trueque de créditos origina hoy una querella del Banco del Estado en contra de sus anteriores administradores, y, así, una serie de asuntos de esta naturaleza.

Pareciéramos olvidar que no hay dinero para financiar la construcción de un tranque destinado a proporcionar agua a 6 mil campesinos en la zona que represento (Quinta Región Cordillera) -el tranque Las Minillas-, que vale exactamente 4 mil 500 millones de pesos. ¡Y 4 mil 500 viviendas de emergencia podrían levantarse con la suma que se intenta entregar a Televisión Nacional!

Pero éste no es un problema creado por el Gobierno ni los Parlamentarios de la Concertación de Partidos por la Democracia: es un problema heredado, como todos los que hoy afligen al pueblo de Chile. En consecuencia, debemos pensar afinadamente respecto de la conveniencia y necesidad de distribuir los recursos de manera menos liviana.

¿Por qué el Canal 13 de Televisión no acumuló una deuda tan estratosférica como la del Canal 7? ¡Todo lo contrario! El Canal 13, siendo el gran competidor de Televisión Nacional en los últimos 15 años en todo el país, no sólo no tuvo deudas, sino que en diversas oportunidades su gestión económica arrojó resultados favorables. ¿Y por qué no se le entregan recursos, también, al Canal 5 de Televisión de Valparaíso, que durante estos años, con enorme sacrificio, ha financiado sus transmisiones?

Señor Presidente, comprendo el problema del Gobierno. Debemos pagar la deuda de Televisión Nacional, no originada ahora, sino en el pasado inmediato. Y, por eso, como lo anunciara el jefe de nuestra bancada, voy a votar favorablemente esta indicación. Pero lo haré con una tremenda molestia, debido a que, en el constante incursionar por los sectores populares de mi Región, he podido apreciar las necesidades que aquejan a nuestro pueblo, todas ellas heredadas, igualmente, del Régimen anterior.

Tenemos que solucionar -repito- el problema financiero de Televisión Nacional de Chile mediante la aprobación de esta indicación. Pero no debemos perder la capacidad de asombro frente a los resultados adversos de la gestión de un Régimen que gobernó sin Parlamento -en el cual "no se movía una hoja" sin que el Jefe del Estado lo supiera-, que dejó deudas cuyo financiamiento ha requerido de iniciativas del Ejecutivo y de los Parlamentarios de la Concertación.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, sería conveniente poner término al debate y pronunciarnos derechamente sobre la indicación formulada por el Gobierno.

Creo que hay dos puntos dignos de atender. Es probable que el procedimiento para tratar este asunto no sea el más afortunado; pero, de una u otra manera, es un hecho por todos conocido la crítica situación por la que atraviesa Televisión Nacional de Chile.

En su oportunidad, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado tuvo ocasión de oír al Director de Televisión Nacional de Chile , quien hizo una exposición detallada del estado financiero en que se encontraba e hizo presente la urgencia de resolver su problema de endeudamiento, como también la necesidad de dictar una nueva ley para regular sus actividades. Entiendo que la elaboración de este proyecto está bastante adelantada y que podremos conocerlo en fecha próxima.

Sobre el particular, me interesa poner énfasis en algo que no me gustaría que se quebrantara en esta ocasión, porque creo que no hay razones para ello. Es honesto y veraz sostener que el Senado hasta el momento no ha tenido ningún motivo para dudar de la palabra del Gobierno en cuanto a que enviará un proyecto a la brevedad. De la misma manera, el Ejecutivo carece de fundamentos para dudar del cumplimiento de los compromisos contraídos por esta Alta Corporación cuando ha solicitado postergar la urgencia de alguna iniciativa, en el entendido de que la despachará con premura. Me parece que no hay motivo para quebrar hoy día este marco de mutua confianza en que se ha ido desarrollando la tarea legislativa.

Por lo tanto, señor Presidente, estimo que podemos confiar en lo planteado por el Gobierno mediante esta indicación. Aunque el señor Ministro ha sido breve en su exposición, en lo grueso ha tocado los puntos que podrían interesar al Senado. Y no existen razones para dudar de que el proyecto a que se refirió llegará al Parlamento en breve tiempo y podremos analizarlo en profundidad.

Llamo a los Honorables colegas a comprender la urgencia de resolver cuanto antes la situación en que se encuentra Televisión Nacional de Chile y aprobar la indicación, para no quebrar ese principio de mutua confianza que hasta ahora ha inspirado la tarea legislativa.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, seré muy breve, porque las distintas intervenciones -por lo menos las de esta bancada- reflejan, en cierto modo, lo que quería expresar. Sin perjuicio de ello, deseo manifestar mi voluntad de aprobar la indicación del Ejecutivo, dejando constancia, sí, de que en esta materia tenemos algunas reservas que esperamos dar a conocer cuando se trate el proyecto sobre Televisión Nacional. En esa oportunidad presentaremos las indicaciones pertinentes.

Creemos que los términos "televisión nacional" no reflejan realmente lo que la opinión pública opina al respecto. Más bien debería hablarse de "televisión del centro del país", ya que en las regiones echamos de menos lo existente hasta 1970: canales regionales dependientes de Televisión Nacional, los cuales se "colgaban" de las transmisiones de Canal 7 y daban noticias que interesaban a cada uno de los habitantes de las regiones que representamos en el Parlamento.

¿Qué interés puede tener, por ejemplo, para el norte, o para el extremo sur, un hecho que acontezca en alguna población de Santiago? ¿Qué les puede importar a los pobladores de las regiones extremas del territorio alguna situación de violencia acaecida en la Capital y que generalmente no se refleja en el resto del país?

Cuando examinemos el proyecto de Televisión Nacional, deberemos estar preparados para aclarar lo que verdaderamente sucede hoy en torno de la televisión chilena. Creo que, en general, los valores que entrega no representan la orientación que el país quiere. En la actualidad, estamos viendo en las pantallas situaciones de violencia y de terrorismo. Como profesor y miembro de la Comisión de Educación del Senado, sostengo que la televisión en Chile no es ajena a lo que está ocurriendo en el país. Por eso, quizás lo ideal habría sido, primero, recibir el proyecto, analizar en profundidad lo que queremos hacer con Televisión Nacional -y, por ende, también con el resto de la televisión chilena-, y posteriormente entregar los recursos pertinentes.

Sin embargo, la situación de urgencia que nos acaba de comunicar el señor Ministro nos obliga. Confío en que cada uno de los Senadores de todos los sectores políticos del Senado, por lo menos ahora, ayudemos a Televisión Nacional para sacarla de la situación de virtual quiebra en que se encuentra, y más adelante, dentro del ánimo de llegar a acuerdos -ya alcanzado en muchas materias importantes-, podamos definir el destino que deseamos para dicha empresa. Estimo necesario hacerlo.

Por eso, recabo a los Honorables colegas -especialmente de los de Oposición- que, en el futuro, nos pronunciemos consensualmente respecto del sentido y destino de Televisión Nacional, y que, hoy, aprobemos la proposición del Gobierno para que el Canal 7 no desaparezca.

Por lo demás, así como se plantea la necesidad de tenderle la mano a Televisión Nacional, uno podría preguntarse, también, por qué no hacer lo mismo con Tele Norte (cubre a Arica, Iquique y Antofagasta), o con el Canal 11, de la Universidad de Chile, que también tiene problemas. Pero, si hoy el Gobierno formula indicación tendiente a resolver con urgencia el problema de la estación televisora que debería ser de todos los chilenos, yo la voy a aprobar. En todo caso, hago presente la conveniencia de llevar a cabo un debate muy elevado acerca del destino de Televisión Nacional y del pluralismo en sus transmisiones que todos los sectores desean.

Respecto del último punto, considero importante hacer resaltar que, no obstante que algunos plantean que hoy el Canal Nacional sólo refleja la voluntad del Gobierno, paradójicamente en las regiones nos preguntan si él forma parte o no del Gobierno, porque las imágenes que televisa favorecen más a la Oposición.

Termino mis palabras, señor Presidente , reiterando el llamado a aprobar la iniciativa del Ejecutivo , posibilitando que la televisión chilena posea un nuevo rostro, con entrega de contenidos importantes para la juventud, y no de los reiterativos de violencia, terrorismo, drogadicción y corrupción, que son los que generalmente pueden verse en los televisores. Si este mal ejemplo persiste, el futuro de los niños de Chile, quienes están formándose con la televisión, no será muy promisorio.

Nada más, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, con relación a la indicación del Ejecutivo qué autoriza un traspaso de 3 mil 500 millones de pesos a Televisión Nacional, deseo hacer presente que, a mi juicio, merece varias observaciones.

En primer lugar, llamo la atención del Senado hacia la absoluta falta de antecedentes. Aquí estamos discutiendo si la proposición del Gobierno es seria -siempre lo es todo aquello que plantea el Gobierno- y sobre esa base aprobarla, o si realmente nosotros, cumpliendo nuestro papel, debemos estudiar los datos que oportunamente se nos proporcionen.

Sin desconocer la seriedad de la información del señor Ministro Secretario General de Gobierno aquí presente, personalmente rechazo un traspaso de recursos para cubrir una deuda cuyo monto y forma como se generó desconozco.

En segundo término, considero que la indicación es absolutamente inoportuna, porque la Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos en determinadas condiciones, y el Senado debería analizar ese texto y, eventualmente, las indicaciones formuladas a su respecto.

Y también es inoportuno porque, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el proyecto de Ley de Presupuestos debe presentarse con cierta antelación al Poder Legislativo, el que debe examinarlo en Comisión Especial de Senadores y Diputados, la cual podrá nombrar las Subcomisiones que estime pertinentes. Pero esta materia no ha sido conocida ni discutida ni por las Subcomisiones, ni por la Comisión Especial, y ni siquiera -reitero- por la Cámara de Diputados.

En cuanto al fondo del problema, también estoy en desacuerdo con esta indicación, porque la donación que pretende hacerse a Televisión Nacional infringe los números 21° y 22° del artículo 19 de la Constitución Política. Efectivamente, Televisión Nacional de Chile existe, y, en consecuencia, la actividad empresarial del Estado se desarrolla de acuerdo con lo señalado por la Carta Fundamental. Pero el texto constitucional también dispone que las actividades de las empresas estatales se regirán por la legislación común, salvo que una ley de quórum calificado establezca una excepción. Y es una excepción al régimen común de toda empresa recibir donaciones, especialmente de un monto tan abultado como el de ésta. Es evidente que este tipo de traspasos distorsiona todo el sistema empresarial, porque, en el campo donde se desenvuelve Televisión Nacional, también se desarrollan actividades privadas: están los Canales 13, 11 y 5, cuyas operaciones se verán alteradas por una competencia no sometida a- iguales reglas. Debe recordarse que el número 22° del artículo 19 de la Constitución prohíbe hacer discriminaciones arbitrarias en el trato económico.

Por lo expuesto, señor Presidente, estimo que la indicación debe rechazarse, sin perjuicio de estudiar, durante la discusión del proyecto cuyo envío se ha anunciado, los antecedentes que la justifiquen o la subsistencia de Televisión Nacional.

He dicho.

El señor PAPI .-

¡La indicación tiende a restablecer la igualdad!

La señora FELIÚ.-

¡Habrá que analizarla en profundidad!

El señor JARPA.-

¡Que paguen las deudas los demás...!

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, pido formalmente al Ejecutivo el retiro de la indicación, porque en definitiva nos enfrenta a un problema de última hora. No se puede esperar que la iniciativa en discusión se halle en su trámite final para formular una proposición -que calificaría de error de oportunidad- con las características que hoy conocemos.

Nadie de Renovación Nacional está negando la posibilidad de debatir en términos amplios la línea o la posición que en el futuro debieran tener los canales de televisión. Lo que objetamos es someter a nuestra consideración una materia sobre la cual no poseemos ningún antecedente técnico. Y el hecho de solicitar al Ejecutivo que retire la indicación, significa señalarle nuestra disposición a examinarla en un proyecto especial.

Estimo que no se puede legislar de la manera como hoy pretende hacerlo el Ejecutivo . Las garantías constitucionales -como muy bien lo expresó la Senadora señora Feliú - se verían seriamente amagadas si, en un acto de donación o de generosidad política sin precedentes entregáramos 3 mil 500 millones de pesos, o cualquiera otra cantidad, a un canal de televisión, afectaríamos considerablemente la relación de equidad y de igualdad que debe existir entre los distintos canales y medios de comunicación.

Señor Presidente, junto con formular estas consideraciones, anticipo que votaré negativamente la indicación del Ejecutivo. Sin embargo, solicito al Ministro señor Correa -presente en la Sala- que tenga a bien retirarla -fue enviada a destiempo- y presentarla en un momento oportuno, ocasión en la cual no tendremos inconveniente en analizarla.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, hemos recibido dos clases de antecedentes que nos parecen importantes.

Nuestra bancada, respecto de los temas de fondo relativos a Televisión Nacional y a todo el sistema de comunicación del Gobierno, expresará sus opiniones cuando el Ejecutivo envíe el proyecto respectivo.

En cuanto al papel de las empresas públicas con relación a las empresas privadas, creo conveniente un debate más a fondo.

En consecuencia, solicitamos cerrar el debate y votar la indicación.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, trataré de ser muy breve porque la discusión ha sido demasiado larga.

Recogiendo las críticas formuladas, solamente quiero hacer una reflexión.

Se sabe que existe un problema de déficit en Televisión Nacional dado a conocer en medios de comunicación y también en la Cámara de Diputados, aunque no en el Senado.

Debemos considerar detenidamente, por el bien del país, el traspaso que se nos propone. Si no hay un aporte de esta naturaleza -ya lo escuchamos de parte del Ministro Secretario General de Gobierno - Televisión Nacional tendrá que recurrir al sistema bancario, lo que representará un mayor costo que la cifra expresada en la indicación. Se trata de un gasto que el Parlamento, a lo mejor, tendrá que aprobar posteriormente. El aporte que se solicita aprobar constituye sólo una parte; es mucho mayor el requerido para solucionar el problema que afecta al Canal y que vendrá propuesta en el proyecto sobre Televisión Nacional de Chile.

En el fondo, demostremos cierta confianza para evitar dañar al país. Esta es mi petición a los señores Senadores que han manifestado sus dudas y que tienen sus razones para ello. Pero, a nuestro juicio, la argumentación debe discurrir en términos más prácticos a fin de hallar una solución al problema.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, al iniciar el debate había cierto consenso en la gran mayoría de los señores Senadores para votar afirmativamente el traspaso de recursos a Televisión Nacional, resolver sus problemas económicos y comenzar a participar en el proceso comercial en el área televisiva.

Se han señalado dos antecedentes relativos al tema. Pero, en verdad, son tres. Ellos nos hicieron meditar más profundamente acerca del rol de la televisión, sus características y los objetivos que persigue.

Un señor Senador formuló una serie de curiosas advertencias acerca de la aplicación de la democracia. A mí me parece importante tenerlas presente, porque se expresan en una discusión sobre el principal medio de comunicación del país: la televisión. Da la sensación de que sus palabras pretenden mantener en el futuro situaciones difíciles del pasado que, entre otras cosas, produjeron detención de la democracia plena, y también, en el fondo, la acción de todos los chilenos para reiniciarla con todas sus actividades y con todos sus organismos.

El Honorable señor Piñera comenzó sosteniendo que, para resolver sobre la indicación, era necesario conocer antecedentes sobre la aplicación de los recursos que se traspasan. Además, hizo presente el interés de los Senadores de Renovación Nacional de votarla favorablemente, previa mayor información. Las intervenciones posteriores han derivado en un debate político durante el cual han aflorado ciertas actitudes respecto de la acción política futura, donde, naturalmente, la televisión adquiere vital importancia. Se ha pretendido sesgar el pensamiento, en aspectos básicos de la democracia, que pueda tener un grupo de personas, lo cual lleva a meditar en forma más profunda acerca de los verdaderos criterios -solidaridad, unidad, concordia- que se persigue aplicar en el porvenir a fin de avanzar en el desarrollo del país.

Es obvio, entonces, que lo expresado por el Honorable señor Piñera es cierto: los Senadores que íbamos a votar favorablemente la indicación deseamos saber, ahora, cómo se invertirá el aporte que se traspasa a Televisión Nacional.

Además, cuando examinemos el proyecto que reforma los estatutos de Televisión Nacional de Chile, estaremos muy atentos para evitar lo señalado recién por un señor Senador en cuanto a las inquietudes que le planteaban los electores de su Región sobre si el Canal 7 pertenecía o no pertenecía al Gobierno. La respuesta correcta es que Televisión Nacional es del Estado de Chile y, por lo tanto, es propiedad de todos los chilenos. Esperamos que, en la iniciativa cuyo envío se ha anunciado, se incorpore ese aspecto, independientemente de los hechos ocurridos en el pasado.

Reiteradamente hemos manifestado -sin alejarnos de los aspectos básicos del desarrollo nacional de los últimos años- que somos Senadores que miramos hacia el futuro, que legislamos con visión de porvenir. Entendemos que las situaciones difíciles que enfrentamos en el pasado -en ellas cada uno tiene responsabilidades claras y definidas- no debieran seguir siendo temas de análisis ni tampoco de división entre los chilenos. Al concentrar nuestros esfuerzos en el futuro del país, podremos desarrollarnos en plenitud.

Espero, señor Correa -Televisión Nacional depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno- que la iniciativa cuyo envío se ha anunciado refleje los aspectos relevantes de un Chile del futuro, sin las odiosidades del pasado que en forma tan permanente están siendo recordadas, quebrantando así la unidad que todos buscamos para el mañana.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Seré muy breve, señor Presidente.

Me ha llamado la atención una creciente forma de encarar el debate, como si el Ejecutivo, al formular esta indicación, estuviera faltando a normas constitucionales y legales.

Iba a abstenerme de intervenir, pero una Honorable colega manifestó que la proposición del Ejecutivo sería abiertamente inconstitucional. Entonces, reflexioné sobre una materia que de suyo admite diversas interpretaciones.

Al revisar el número 12° del artículo 19 de la Constitución Política, encontré una norma que dice: "El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.". O sea, queda muy claro que constitucionalmente no se halla en juego el derecho del Estado de "establecer, operar y mantener", porque la indicación que nos ocupa tiene por objeto mantener una estación televisiva creada para servir a todos los chilenos y que ahora se encuentra en situación económica caótica producto de la gestión anterior.

La proposición del Ejecutivo no constituye una donación a particulares ni un esfuerzo encubierto para girar fondos de manera oculta. Es parte del deber constitucional que corresponde al Gobierno preocuparse de que esa estación de televisión -que constitucionalmente está en condiciones de mantener- pueda seguir subsistiendo.

Se señaló que el número 22° del artículo 19 de la Carta Fundamental podría ser otro argumento para basar la inconstitucionalidad de la indicación. Sin embargo, la oración final de esa norma establece: "En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos.".

En consecuencia, el Gobierno está estimando un aporte que señala con claridad su destinatario y cuyo objeto es mantener la estación de televisión que se encuentra funcionando legalmente. Entonces, desde el punto de vista constitucional, en una primera aproximación, no puedo compartir los juicios de mis estimados colegas sobre el particular.

Respecto de nuestro desconocimiento acerca de la situación financiera del canal estatal, en el ordenamiento jurídico chileno hay una definición de los hechos que son públicos y notorios, es decir, de los que no necesitan ser probados en ninguna circunstancia. Y constituye un hecho público y notorio que el Canal Nacional adolece de endeudamiento, provocado por una mala administración. Y, sin perjuicio de que aún hay gestiones por desarrollar -en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Fiscalizadora sobre la materia; tal vez el Senado la conozca por efecto de las eventuales responsabilidades que de esa indagación se deriven-, todos los chilenos perciben que Televisión Nacional atraviesa por una difícil situación económica.

Desde el punto de vista de la urgencia que reviste mantener este medio de comunicación -al margen de las críticas que pueda merecer-, los Senadores que representamos a regiones alejadas del centro del país debemos acotar que la presencia del Canal 7 cumple un rol fundamental en ellas. Incluso más: quienes creemos en el pluralismo ayudaremos, en la medida de nuestras fuerzas, á que llegue no sólo un canal televisivo a esas zonas, sino que haya en este ámbito diversidad de opciones que satisfagan la exigencia de todo ciudadano de recibir información oportuna y veraz.

Es deseable desdramatizar la discusión sobre una iniciativa que, en mi opinión, no es inconstitucional. Por el contrario, corresponde a un deber del Gobierno mantener en operación una institución que existe, que funciona de acuerdo con la ley y que, más allá de las limitaciones, procura servir al país.

Y, por último, reconozco absolutamente el derecho de los Senadores de Oposición a exigir más antecedentes, a pedir segunda discusión cuantas veces quieran.

En esa materia no tengo objeciones de fondo.

Pero sí llamaría la atención sobre una inquietud que personalmente tengo: precisamente hoy, cuando el Canal Nacional de Televisión cumple una tarea de pluralismo real; hoy, cuando tal empresa estatal enfrenta una situación muy difícil, Senadores de Oposición que ocuparon cargos relevantes o que apoyaron al Gobierno anterior -fue él quien la dejó en esta perspectiva- no quieren concurrir a la solución de un problema tan urgente como el que la afecta.

Una cosa es el derecho -que defenderé permanentemente- de mis Honorables colegas a expresar sus opiniones sobre el particular y otra distinta es dejar de señalar mi extrañeza porque hoy se deje pasar el tiempo sin ayudar a obtener la solución de las dificultades que enfrenta un medio de comunicación tan importante como éste.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , de manera muy breve quisiera recordar cómo surgió este problema y el enfoque que, junto con el Ministro Secretario General de Gobierno , acordamos darle.

Cuando estábamos recién haciéndonos cargo de los asuntos económicos, rápidamente llegamos a la convicción de que en ese Canal enfrentábamos dificultades de bastante relevancia. Recuerdo que en los primeros meses de gestión -tal vez dos- nos percatamos de que los inconvenientes eran de tal magnitud que incluso se hacía difícil pagar las remuneraciones y los salarios del personal contratado.

Al examinar la situación financiera de la empresa, se constató un déficit de arrastre y desfinanciamiento bastante superior a los 10 millones de dólares.

No es del caso, en este momento, entran en una discusión sobre las prácticas comerciales que en el período anterior llevaron al Canal a este estado bastante precario y negativo, sino simplemente recalcar que tal situación existía; que la empresa estaba en serio peligro de no poder seguir funcionando, y que, técnicamente -como lo dijeron algunos expertos-, estaba en quiebra.

Con el Ministro Secretario General de Gobierno y, en definitiva, también con el Presidente de la República , hicimos una evaluación del estado de Televisión Nacional, y consideramos que él debía cumplir en Chile una tarea, un rol -como lo han expresado hoy varios señores Senadores- y que, por lo tanto, era importante resolver la situación del modo más racional posible, dando garantías a todos los sectores en el sentido de que se aplicaría un criterio técnico y serio para salir del problema heredado.

Lo que se acordó en ese momento fue iniciar una acción que mostraba -diría- tres dimensiones.

La primera -tal vez es bueno recordarlo- se analizó con el Ministro señor Correa y la planteamos como lo que nos parecía ser una condición para el saneamiento la empresa. Consistía en establecer una política de racionalización. El Director del Canal estuvo dispuesto a tomar algunas acciones que fueron bastante complicadas, difíciles, duras para un Gobierno que recién se inicia, como la de reestructurar la planta de personal. Lamentablemente, fue incluso necesario disminuirla y disponer que alrededor de 200 personas dejaran de trabajar en la empresa, simplemente porque, desde el punto de vista del presupuesto operacional, además de la deuda de arrastre, tal medio de comunicación no hubiera podido seguir funcionando adecuadamente. Esto se hizo como una primera demostración de la buena voluntad que el Gobierno tenía para lograr que esta operación fuese seria, responsable y adecuada a las circunstancias, desde el punto de vista financiero.

En segundo lugar, se planteó -junto con el Ministro señor Correa y de acuerdo con él- la aplicación de una política que significara, por un lado, abordar el problema más de fondo del desfinanciamiento, reconociendo que existía un déficit, una brecha que podía resolverse por una de dos vías: o, como se dice vulgarmente, se "chuteaba" la deuda -con lo que se incurría en los costos crecientes del sistema financiero y mantener la situación como estado permanente del Canal- o se saneaba, diciendo: "Haremos el esfuerzo fiscal de llenar la brecha; pero al mismo tiempo vamos a pedir al Canal Nacional de Televisión, como un "quid pro quo", que de aquí para adelante funcione como una empresa que debe financiarse adecuadamente, como lo hace cualquiera otra de su tipo".

Después de esta conversación y acuerdo con el Ministro señor Correa, llamamos al actual Director del Canal, don Jorge Navarrete, y le dijimos que ésa era una condición para comenzar a conversar acerca de un financiamiento fiscal a fin de tapar el "hoyo" producido. El señor Navarrete nos manifestó su pleno acuerdo con esa condición, lo cual -le expresamos- debía quedar reflejado en el proyecto de ley que más tarde se enviaría al Congreso Nacional. Ese fue el segundo nivel del acuerdo a que se llegó con el Director del Canal.

El tercero era -en este punto debo destacar especialmente lo que fue desde siempre el planteamiento del Ministro Secretario General de Gobierno - que debíamos garantizar, desde el punto de vista del status legal de Televisión Nacional, que, si bien el Canal era del Estado, lo sería en el sentido más amplio de la palabra y representaría efectivamente los puntos de vista de toda una sociedad democrática y pluralista, representada y reflejada en las opiniones que, por ejemplo, son defendidas hoy día en Senado; y que esto se iba a establecer en la condición legal de la empresa, de tal modo de corregir lo que habían sido errores anteriores en su manejo.

Con estas tres condiciones (racionalización inicial; financiamiento de la brecha con el compromiso de la Dirección del Canal y así también establecido en la ley, de que no se recurriría a financiamientos posteriores adicionales del Fisco para mantenerlo en operación, y la garantía de que su gestión sería pluralista en la forma de generación de sus autoridades y de los puntos de vista reflejados en su Consejo), nos pareció que era indispensable proceder en el plazo más breve posible a resolver el problema de la deuda por una razón que dio hace un momento el Honorable señor Zaldívar : en la medida en que el Canal, por no disponer de estos recursos para cerrar la brecha, ha tenido que seguir recurriendo de emergencia -podríamos decir- al sistema financiero bancada (en un período, además, en que las tasas de interés son bastante altas), esto ha estado agravando el problema de financiamiento, el cual, al final, tendrán que pagar todos los chilenos a menos que la decisión sea cerrar la estación de televisión; y no creo que exista ni el ambiente ni la voluntad ni la mayoría política para hacerlo. Desde luego, el Gobierno no es partidario de seguir este último curso de acción.

Por lo tanto, opino que, desde una perspectiva racional, sensata y también técnica, avalada por la voluntad política del Gobierno (que se refleja -repito- en la racionalización que ya se hizo; en el propósito de no recurrir a financiamientos adicionales posteriores, y en la decisión de garantizar una gestión pluralista), las condiciones están dadas para reducir este costo financiero y tomar hoy día un camino que, ciertamente, anticipa lo que sería la discusión en profundidad del proyecto de ley que va a llegar en su oportunidad al Senado. Esto reduciría los costos financieros y permitiría que el Canal, a partir de hoy, pudiera funcionar más sanamente.

De todas maneras, el Senado va a tener la oportunidad de discutir lo referente a funcionamiento y financiamiento cuando dicho proyecto sea sometido a su consideración.

Por lo tanto, en nombre del Gobierno, quisiera pedir apoyo para esta indicación que, a mi juicio, permitirá que Televisión Nacional funcione con menos sobresaltos financieros en lo que resta del año, y aborde de mejor manera su futuro a partir del próximo.

Muchas gracias.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, no se pueden dejar de relacionar algunos hechos: por una parte, la situación financiera en que se encuentra Televisión Nacional; por la otra, la negativa de parte de algunos Honorables colegas de aportar la suma que con urgencia requiere; y, seguidamente, la verdadera promoción qué existe para privatizar ese medio de comunicación. Por lo menos he escuchado y leído algunas expresiones en tal sentido de ciertos Diputados de Oposición. Yo creo que alguna relación tiene todo esto.

Durante muchos años vimos cómo Televisión Nacional se esforzó por llegar a todos los rincones de Chile, con una propaganda y una publicidad extremas, en franca competencia con los otros canales, apabullándolos, por supuesto, con presencia permanente -y siguen de igual modo- de muchos Senadores que hoy día se encuentran en las bancadas de Oposición. Porque, en mi opinión, cada vez que sintonizamos Televisión Nacional nos hallamos con la sorpresa de que los mismos rostros que se mostraron durante muchos años siguen aún presentes, a diferencia de aquellos que nunca hemos aparecido y que a lo mejor nunca apareceremos en ese Canal, porque hay una verdadera discriminación en contra de algunos sectores. Eso es indiscutible.

Señor Presidente, creo que la conexión entre esas tres cosas mencionadas tiene algún sentido, por lo cual debemos acoger la petición del Ministro Secretario General de Gobierno, con el fin de paliar la dificultad extrema en que se encuentra esa empresa; si no, podríamos llegar a la situación crítica expuesta por los Ministros señores Foxley y Correa.

Dado lo avanzado de la hora, quiero hacer una relación brevísima de algo dicho por el Honorable señor González en el sentido de que, a veces, para llevar a cabo una tarea muy importante, que significa beneficios para muchos miles de personas, no se dispone de recursos; en tanto que sí los hay para otras cosas sin la misma trascendencia e importancia. Y esto lo digo como una dura crítica tanto para Televisión Nacional como para otros canales, en todos los cuales vemos, con profunda molestia, cómo un hoyo en Santiago, en una esquina cualquiera, atrae la atención de la televisión y de la prensa durante muchos minutos; y, en cambio, un pozo que se puede hacer en una Región como la nuestra, con capacidad para acumular 500 millones de metros cúbicos de agua de riego de 160 mil hectáreas, ni siquiera provoca una entrevista ni para las autoridades ni para quienes están interesados en un proyecto de esa índole. En ese sentido, Televisión Nacional no merece tal título, porque pareciera ser sólo de la Capital. Y eso nos afecta profundamente -como lo dijo también aquí mi colega el Honorable señor Palza - por cuanto las regiones no participan en tal medio de comunicación.

¡Si todos los chilenos vamos a pagar la deuda de Televisión Nacional, entonces es justo que les sirva a todos los chilenos!

La señora FELIÚ .-

¡Podría enviar una carta Su Señoría...!

El señor DÍAZ .-

Honorable señora Senadora, no voy a enviar cartas, porque, a lo mejor, tampoco las publican. Por eso aprovecho esta Alta Tribuna para decir estas cosas, porque tal vez así las den a conocer.

Repito: si todos los chilenos vamos a pagar la deuda de Televisión Nacional, que ella sirva a todos los chilenos, y que la misma consideración que se tiene para con los hoyos de la capital, se tenga respecto de los hoyos mucho más grandes y más importantes que se están haciendo en algunas provincias de Chile.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, me parece que hay cierta confusión en cuanto a lo que hemos estado señalando los Senadores de estas bancas. Porque no nos estamos oponiendo a analizar y a buscar una solución a este problema. Desde luego, las deudas hay que pagarlas, y por lo menos yo soy partidario de que el Estado tenga un canal de televisión -naturalmente, con una orientación cultural muy clara-, siempre que no gaste sus recursos en traer artistas que confunden la mentalidad de los niños -por decir lo menos-, porque no se sabe si son hombres o mujeres.

Señor Presidente, lo que no nos parece adecuado es la forma de aprobar un proyecto de esta naturaleza, pues no existe ningún dato contable, ningún antecedente; no sabemos cuánto debe el Canal; a quién le adeuda, si es al Banco del Estado o a otra entidad; ignoramos si tiene créditos de CORFO, en fin, si son compromisos renovables. No sabemos por qué las autoridades, si hay una buena administración del Canal, no se preocuparon hace un mes de enviar este proyecto con los antecedentes correspondientes, pues ahora debemos aprobarlo sin mayor información.

Por otro lado, señor Presidente, desconocemos si acaso esta mala situación, como aquí se ha dicho, deriva exclusivamente del costo de las deudas o del valor de los créditos, y si el Canal en este momento, con la buena administración que se ha señalado, está realmente dando utilidades, de manera que al sacarle esta deuda de encima pudiera seguir manejándose con sus propios ingresos.

Nada de eso se sabe, señor Presidente.

Pero hoy día ha ocurrido aquí algo que lamentablemente ya se está haciendo común. Cuando un Senador de estas bancas se refiere a un tema con el mejor ánimo constructivo -el que puede quedar demostrado con la aprobación de todos los proyectos de ley mandados por el Gobierno hasta ahora-, y con ese mismo ánimo se piden antecedentes y se hacen consideraciones, la respuesta no es aquélla inteligente que dan generalmente los señores Ministros, sino que se contesta con un ataque personal,...

El señor DÍAZ .-

¡Muchas gracias, señor Senador!

El señor JARPA.-

...fundado no en razones, sino en lo que habría ocurrido en el Gobierno anterior.

Por ese camino, señor Presidente, resulta muy difícil seguir demostrando la permanente buena voluntad y espíritu de colaboración que siempre hemos tenido con el actual Gobierno, porque, como decimos, el éxito de este Gobierno será el éxito de Chile. Pero para que eso sea así, por favor, no continuemos con los ataques personales, porque va a llegar un momento en que no vamos a poder seguir colaborando.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro señor Correa.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Sólo quiero agregar antecedentes que me parecen importantes para el debate.

En primer lugar, efectivamente, el Gobierno, de ningún modo, ha querido convertir en tema de discusión pequeña -porque no sería útil para nadie- el problema de Televisión Nacional; inclusive, ha actuado con bastante prudencia al respecto, como ha manifestado en esta Sala el Ministro señor Foxley . Más bien lo que hemos buscado es una fórmula de financiamiento muy transparente; porque tratábamos de hacerlo precisamente a través de una ley, y no por otros medios que pudieran torcer la voluntad y el conocimiento del Parlamento.

La razón por la cual el proyecto de ley respectivo no ha llegado todavía al Senado es porque nosotros accedimos a no pedir urgencia para su tramitación en la Cámara de Diputados, ya que todos los Parlamentarios, incluidos los de Oposición, nos han pedido tener oportunidad de discutir con tranquilidad sus fundamentos, a lo cual -reitero- accedimos, porque nos ha parecido importante tener un debate serio acerca de él en el Congreso.

En todo caso, si bien dicha iniciativa legal no es conocida oficialmente por el Senado, hay una cosa que es clara: hemos ofrecido una garantía superior de pluralismo en el sentido de que el Consejo de Televisión Nacional, que tendrá amplias facultades normativas en la empresa, sea designado por el Presidente , con acuerdo de la Cámara Alta.

Ese es precisamente uno de los núcleos principales de reforma que hemos propuesto.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Lamento que el señor Ministro no haya acogido todavía, a esta altura del debate, el planteamiento que le hice en el sentido de retirar la indicación.

Creo que, efectivamente, se está llevando la discusión en términos relativamente inconvenientes. Ha habido dos o tres intervenciones, señor Presidente , desgraciadamente inadmisibles para el ánimo y el nivel de esta Sala.

Sin embargo, deseo referirme en este momento a las refutaciones de orden constitucional hechas por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, referidas a la interpretación del inciso quinto del N° 12° del artículo 19 de la Constitución Política, que dice: "El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.".

Y creo que el Honorable señor Hormazábal se refirió en forma preferente al hecho de "mantener", dando especial importancia a los verbos "operar" y "mantener".

Señor Presidente , todas las normas constitucionales -en este caso, tanto el N° 12° como el 21° y el 22° del artículo 19- establecen una serie de situaciones, y no es posible que se les dé una interpretación tan arbitraria y absurda como la hecha por el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra.

Y es absurda, porque, de acuerdo con lo expresado por el Honorable colega, sería perfectamente factible sostener en este Hemiciclo que no solamente el Estado puede impetrar o solicitar una ayuda o una contribución para "operar" y "mantener", sino que también, por ejemplo, los canales de televisión de las Universidades de Chile y Católica podrían perfectamente hacerlo, recurriendo a esta norma del N° 12° del artículo 19, con lo que se estaría llevando la disposición al absurdo.

Reitero: tal interpretación es absolutamente absurda, porque en definitiva se trata de conjugar y armonizar todos los preceptos existentes sobre la materia.

Y esta disposición del inciso quinto del N° 12° del artículo 19 a que estoy haciendo referencia efectivamente debe ser interpretada de acuerdo con los otros preceptos, y éstos dicen en forma muy clara que el Estado sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Y en este caso, agrega, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares.

El N° 22° del mismo artículo 19 preceptúa: "La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.".

Todos estos números y artículos deben ser conjugados -repito- de manera armónica para poder interpretar correctamente una norma legal o constitucional. De tal modo que el planteamiento que hizo en su oportunidad la Honorable señora Feliú no solamente tiene base, sino que me parece el más adecuado y correcto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, deseo referirme sólo al problema constitucional.

A esta altura del debate, quiero anticipar que me abstendré al votarse la indicación; y fundaré de antemano mi posición en ese sentido para no hablar dos veces sobre el mismo tema.

Me preocupa que esta indicación sea realmente constitucional. Estoy convencido de los planteamientos formulados por el Gobierno, porque le creo, en cuanto a que los dineros se requieren para cubrir obligaciones de urgencia derivadas de problemas anteriores de Televisión Nacional, y a que con dichos recursos no pretende operar ese medio de comunicación en forma discriminatoria respecto de los otros canales de televisión.

La parte que me preocupa, señor Presidente -trataré de ser lo más escueto posible- es que, si bien está claro que el Estado puede operar canales de televisión y que, por consiguiente, Televisión Nacional puede continuar existiendo (punto en que todos estamos de acuerdo; he leído en términos generales el proyecto que actualmente está en la Cámara, y me parece un aporte importante el hecho de que su Consejo Directivo sea designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado), no parece constituir el proyecto de Ley de Presupuestos la herramienta constitucional adecuada para otorgar una subvención de esta naturaleza.

Recién escuché a un distinguido señor Senador argüir en lo referente al aspecto constitucional, y dio lectura a un precepto que tiene que ver con el problema que estamos analizando, pero que se resuelve en forma distinta. Cuando el N° 22° del artículo 19 señala que en el caso de franquicias o beneficios indirectos la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos, y cuando preceptúa, en cambio, que sólo en virtud de una ley se pueden otorgar determinados beneficios que son directos, me asaltan serias dudas en el sentido de que esta indicación haya sido mal formulada desde el punto de vista constitucional, pues no deberían ser recursos que se entregaran a través de un cambio de ítem o partida de la Ley de Presupuestos, sino ser motivo de una ley especial.

Ahora, como carezco de informaciones en detalle sobre el problema y -por qué no decirlo- porque me merecen mucho respeto en cuando al fondo del asunto los planteamientos formulados por los señores Ministros, y en lo referente al aspecto constitucional la firma del señor Presidente de la República en la indicación -sé que el Primer Mandatario es un distinguido jurista y profesor de Derecho Administrativo -, me voy a abstener al votarse esta indicación, porque -reitero- tengo dudas sobre el aspecto constitucional y faltan antecedentes acerca del problema de fondo.

Nada más, señor Presidente.

Muchas gracias.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Muy breve, señor Presidente .

Quisiera muy sinceramente aportar a este debate una corriente de aire que revitalice a las personas y mejore el ambiente -tal vez porque tengo muy presente que, por falta de aire, sufrí un trastorno hace algunos días-, a ver si puedo ayudar a buscar una solución.

Obviamente, en esta discusión hay dos tipos de observaciones que -podríamos decir- van al fondo del asunto y están retardando o dificultando aprobar la indicación que nos ocupa.

Una es la falta de antecedentes en cuanto a por qué son 3 mil 500 millones de pesos y no 500 u 800 mil, digamos. Y no obstante que personalmente me merecen absoluta fe los dos señores Ministros aquí presentes, es indudable que el Senado tiene derecho a exigir una información más acabada.

Y la segunda, porque también se ha suscitado una discusión acerca del quórum, por cuanto la cita al N° 12° del artículo 19 de la Constitución si bien podría obviar -y de hecho la obvia- la necesidad de una ley especial para que Televisión Nacional exista, aparentemente no eliminaría el hecho de que cualquier actividad que desarrolle el Estado debe realizarla en igualdad de condiciones y que, en consecuencia, cualquier apoyo requiere de quórum calificado.

Pero quiero decir lo siguiente a los señores Ministros: aquí nos enfrentamos al caso de una necesidad muy urgente que ha motivado un procedimiento fuera de lo común. Y se agrega una partida al Presupuesto de 1991, es decir, según creo entender, se trata de sumas de las cuales no podría disponerse con anterioridad al 1° de enero de ese año, en circunstancias de que el problema sería gravemente urgente.

Por otra parte, con justa razón se teme que el proyecto de ley general sobre Televisión Nacional no salga dentro del mes de diciembre, o a lo mejor que no sea recomendable que así suceda, por lo importante y necesario que es un debate muy completo sobre el tema.

Ante todo esto, pregunto: ¿no podría el Gobierno retirar esta indicación y presentar un proyecto para despacharlo de inmediato?

Es decir, podríamos resolver el problema en un plazo muy corto, teniendo a la vista los antecedentes pertinentes.

Me parece que ésa podría ser una salida que nos daría oportunidad para contar con esos antecedentes que el Senado echa de menos y podría quedar aclarado el problema de quórum, el que indudablemente podría dificultar las cosas y, en este caso -me parece a mí-, tal vez impediría la aprobación por la Sala.

Por eso, formulo estas interrogantes a los señores Ministros: ¿Puede disponerse de estos recursos antes del 1° de enero de 1991? Y si no se puede disponer de ellos, ¿por qué no se usa este camino -aparte de la Ley de Presupuestos y de la ley de Televisión Nacional- para que, con los antecedentes del caso, nos aboquemos específicamente a la discusión de esta suma de 3 mil 500 millones, o la que corresponda, a fin de solucionar los problemas inmediatos de Televisión Nacional?

Esa es la sugerencia que formulo, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señor Ministro, ¿va a contestar la observación formulada por el Honorable señor Urenda ? De otra manera, le daría la palabra al Honorable señor Piñera, si insiste en su derecho.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, creo que a estas alturas del debate es bueno llevar el asunto a votación, pero estimo que también lo es saber exactamente qué estamos votando.

Para saber qué estamos votando, quiero decir lo siguiente. En primer lugar, estamos absolutamente de acuerdo en que el debate respecto al papel de la televisión -este formidable medio de comunicación que existe en las sociedades modernas, con su gigantesco impacto sobre la creación de valores, principios, actitudes y conductas- está pendiente y estamos dispuestos a enfrentarlo.

En segundo lugar, en cuanto al papel de un canal estatal en el contexto de la televisión -particularmente me estoy refiriendo a lo que son la labor y los estatutos de Televisión Nacional, que se están discutiendo en la Cámara-, naturalmente creemos que constituye materia de un debate que debemos tener.

Hoy día no estamos discutiendo ninguna de estas cosas. Tampoco estamos discutiendo el grado de pluralismo que tuvo o no tuvo la televisión en el pasado, y si acaso los distintos grados de no pluralismo fueron equivalentes. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo una indicación que pretende facultar al Ejecutivo para traspasar 3 mil 500 millones de pesos al canal estatal.

El señor Ministro de Hacienda nos ha hablado aquí de un acuerdo que existiría entre el Gobierno y el Director de Televisión Nacional en torno de tres puntos medulares, como son la racionalización del canal de Televisión Nacional, el financiamiento de la brecha y el pluralismo ideológico que aquél debiera tener.

Bueno, yo pienso que ese acuerdo debe ser conocido por el Congreso, por el Senado, porque ahí está el justificativo para aportar eventualmente los recursos. Si no hubiera tal acuerdo y simplemente la conducta financiera y de pluralismo del canal se mantuvieran, tal vez nuestra posición sería diametralmente distinta.

Quiero decir aquí que, porque entendemos el problema, y sabemos su origen, gravedad y urgencia, vemos con buena voluntad la idea de resolver la situación del canal estatal.

En todo caso, deseo expresar a aquellos que han hecho alusión a la alta tasa de interés, que tal vez es bueno que a veces el sector público sienta el rigor que debe sufrir la inmensa mayoría de las empresas privadas que enfrentan también la misma tasa de interés que, tal vez, deberá enfrentar el Canal 7. No hay nada mejor que aquel dicho según el cual "Ojos que no ven, corazón que no siente". Ahora, el sector público tiene la posibilidad de sentir en carne propia lo que es una alta tasa de interés, sin, por supuesto, significar que la alta tasa de interés sea responsabilidad del sector público.

¿Qué quiero decir?

Creo que el Congreso tiene derecho a saber cuánto debe el Canal 7 exactamente; cuál es su déficit operacional actual; es decir, si el problema de la deuda es de arrastre o existe o subsiste un déficit operacional que agrava la situación todos los días; cuál es ese plan de racionalización del que nos habló el señor Ministro , y cuáles son los programas para financiar la brecha. Son cosas mínimas que debe conocer el Parlamento, porque estamos tratando de recursos públicos, y por tratarse de ellos hay que estar doblemente preocupados y ser cuidadosos. Si fueran recursos particulares de una empresa privada, estas preguntas se harían de todas formas. Con mucho mayor razón cabe formularlas cuando éstos son públicos y a los Parlamentarios nos toca concederlos o no.

En consecuencia, quiero hacer una proposición bien concreta.

Estoy plenamente consciente de que no se puede esperar hasta la tramitación del proyecto de ley de Televisión Nacional para resolver el problema, pero tampoco es necesario, prudente ni conveniente resolverlo hoy día sin ningún antecedente.

Por lo tanto, solicito una vez más al señor Ministro Secretario General de Gobierno -como se lo planteé al señor Ministro de Hacienda respecto de la Ley de Presupuestos, porque, sin duda, no eran asignaciones de responsabilidad, sino peticiones para mejorar el proceso- que retire esta indicación, como ya lo han pedido anteriormente otros Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, a fin de que discutamos en forma inmediata el proyecto de ley correspondiente, pero previo envío de él a la Comisión respectiva, para que puedan estudiarse con seriedad los antecedentes. Así, el Senado tomaría decisiones de manera informada.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, considero que el debate ha sido lo suficientemente extenso como para que sometamos a votación la indicación. Además, me parece que han sido bastante esclarecedoras las informaciones que han dado a la Corporación tanto el señor Ministro Secretario General de Gobierno como el señor Ministro de Hacienda. Considero que tiene plena justificación la indicación que nos presenta el Ejecutivo y que es plena también la constitucionalidad de la misma. Por lo tanto, pido que se cierre el debate y que se vote la indicación.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, la indicación presentada por el Ejecutivo en el segundo trámite del Proyecto de Ley de Presupuestos para crear un ítem de presupuesto, puede originar varios problemas legales.

En primer lugar, en lo que respecta al origen, pareciera que las leyes sobre tributos, de cualquier naturaleza que sean, y sobre los presupuestos de la Administración Pública sólo pueden tener su origen en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, aquí aparece realmente -no digo que con mala intención- como un abuso del derecho y como burlada una disposición constitucional. Esto debió tener su origen en la Cámara de Diputados, y no sólo haberse presentado junto con la Ley de Presupuestos, porque, además, la indicación debió haberse formulado en esa rama del Congreso. Por lo tanto, no se la puede presentar en el Senado, que no es Cámara de origen para presupuestos de la Administración Pública.

En segundo término, estimo que esta materia es de quórum calificado, porque consigna una legislación no común, aplicable a las demás empresas particulares, al establecer un aporte del Estado para pagar sus deudas. Y ésta es una excepción que, por motivos justificados -de eso estoy convencido-, establece la indicación. Pero ella, según la Constitución, es de quórum calificado.

Por eso, señor Presidente, señalo mis temores en cuanto a que estemos actuando en contra de la disposición y del espíritu de la Carta Fundamental en materia de Ley de Presupuestos y de funcionamiento de las empresas del Estado.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Consulto a la Sala acerca de dos alternativas: votar la indicación o suspender la sesión y reanudarla a las tres y media, para ver si entretanto surge alguna proposición que permita resolver esta materia, habida consideración de que la hora en que estamos no es una sabia consejera para adoptar los acuerdos que el Senado debe tomar hoy día.

¿Habría acuerdo para suspender la sesión y reanudarla un cuarto para las cuatro?

Acordado.

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--Se suspendió a las 14:34.

--Se reanudó a las 16:18.

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El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Para realizar una nueva reunión de Comités, se suspende la sesión.

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--Se suspendió a las 16:19.

--Se reanudó a las 16:39.

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El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Ofrezco la palabra al señor Ministro Secretario General de Gobierno.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente , luego de analizar el Ejecutivo la situación que nos ocupa y de efectuar consultas con los Comités, estamos en condiciones de afirmar que la indicación presentada en la mañana podría ser retirada -ello podría operar formalmente ahora-, sobre la base de que, tal como se planteó, se aprobaría con la mayor urgencia posible un proyecto de ley especial sobre el tema. En este sentido, nosotros presentaríamos el texto pertinente desglosando de la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados los aspectos que tienen que ver con el financiamiento, por una cantidad idéntica a la que ahora propusimos, dejando el resto para la aprobación definitiva del proyecto sobre Televisión Nacional.

Creo que estamos en el buen entendido político de que ello es posible, y sólo quiero reiterar el énfasis del Ejecutivo en la necesidad de que el texto a que hago referencia pudiera quedar despachado por ambas Cámaras en el curso del mes de diciembre, a fin de contar con esos fondos en la misma fecha en que habíamos pensado al formular la indicación.

Pensamos que de ese modo contribuimos todos a facilitar un acuerdo que favorece a Televisión Nacional y que le permitirá cumplir sus obligaciones pendientes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, me alegro de la decisión tomada por el señor Ministro, porque ella, a mi juicio, deja en pie claros y sanos principios constitucionales y de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.

Quiero, sí, hacer una pequeña precisión. Nosotros no podemos asumir compromisos de votar aprobando o rechazando una iniciativa antes de conocerla, porque eso es ajeno a la seriedad con que debemos tratar las materias. El señor Ministro conoce nuestra opinión, que ha sido dada a conocer públicamente en la mañana de hoy. Sí podemos adquirir el compromiso de estudiar el texto con la celeridad posible, a fin de que en la fecha en que el Gobierno quiere tenerlo despachado obtenga el pronunciamiento del Senado.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Queda retirada la indicación, por lo tanto.

Se va a dar cuenta de la segunda indicación.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La segunda indicación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República dice lo siguiente:

"Se encuentra sometido en segundo trámite constitucional a esa H. Corporación el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991.

"Vengo en formular la indicación para rechazar la modificación que la H. Cámara de Diputados introdujo en la Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional, de reducir el aporte fiscal en el Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, en $ 1.268.200.000 y reponer, en consecuencia, la cantidad propuesta en el proyecto original del Ejecutivo.

"Atendidas las disposiciones constitucionales la rebaja aprobada por la H. Cámara de Diputados sólo debe entenderse que afecta a conceptos de gastos de carácter variables incluidos en el ítem de Gastos en Personal. Al respecto me permito informar a V.E. que del total de Gastos en Personal incluidos en el proyecto original los gastos variables corresponden a los siguientes:

"Remuneraciones variables en Hospital Militar, y Central Odontológica del Ejército, financiadas con ingresos propios.

"Honorarios.

"Trabajos Extraordinarios.

"Viáticos.

"Jornales.

"Otras remuneraciones variables (asignaciones varias).

"TOTAL.............. $ 2.055 mills.

"Como V.E. podrá apreciar de la información precedente, de hacerse efectiva la rebaja propuesta se estaría perjudicando gravemente el normal cumplimiento de las funciones que le corresponde ejecutar a la Subsecretaría de Guerra .

"Formulo indicación, asimismo, para anteponer en la glosa 01, asociada al subtítulo 21, Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior".

"Saluda atentamente a V.E.".

Y firman el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Antes de entrar al debate, señor Presidente, quiero hacer una consulta acerca de esta indicación para reponer la glosa referente a los mil doscientos millones de pesos.

Deseo saber si en definitiva el proyecto queda en las mismas condiciones en que fue presentado por el Ejecutivo, porque tengo una razonable duda respecto de la presentación misma de la indicación.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Efectivamente, se repone un ítem que fue eliminado por la Cámara de Diputados, en el mismo monto y con la misma destinación.

El señor DIEZ.-

Es algo muy importante para los efectos posteriores.

El señor URENDA.-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Con la venia del señor Presidente, quiero preguntar al señor Ministro a qué se refiere la explicación que se da al final de la página 1 respecto de los gastos variables. ¿Qué relación tiene con la supresión hecha por la Cámara de Diputados?

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, eso se refiere a lo siguiente.

Los gastos en personal son de dos tipos: los permanentes, que corresponden a la planta -está así definida en la ley-, y los variables, cuyos ítem son algunos de los que aquí se describen, que por su naturaleza no son permanentes y no corresponden a una planta. Estos últimos se vinculan con rubros tales como Viáticos, Traslados, Jornales, Honorarios y Remuneraciones variables, en general, del personal, los cuales no están considerados en una planta -repito- y, por lo tanto, no están en una ley. Y la disposición constitucional respectiva señala que la rebaja en los gastos que efectúe la Cámara de Diputados sólo se puede aplicar a los ítem variables y no a los permanentes.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, ruego excusarme, porque al parecer no fui muy claro en mi pregunta. ¿Por qué se hace la enumeración, si esos gastos no van a ser modificados?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Si se reducen los gastos del Presupuesto en la cifra indicada (mil 268 millones 200 mil pesos), los que habría que disminuir son los señalados en la segunda parte de la primera página. Ese es el ítem respecto del cual habría que hacer la reducción.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

El señor THAYER .-

Sólo quiero expresar que, por lo menos desde mi punto de vista, me satisface plenamente la explicación del señor Ministro. Queda perfectamente claro que la supresión de los mil 268 millones de pesos no tendría otra parte donde cargarse sino a la disminución de gastos variables, que son los que se enumeran. Por consiguiente, el perjuicio afectaría directamente a los ítem mencionados al final de la página 1 de la indicación.

En mi concepto, la explicación del señor Ministro -repito- es plenamente satisfactoria.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, Honorables Senadores, esta indicación del Ejecutivo, que corresponde a una reducción del ítem a que hace referencia, se relaciona con una materia analizada por primera vez durante la discusión en la Comisión Especial de Presupuestos, con motivo de una indicación del Diputado señor Sota y del Senador señor Hormazábal para disminuir del ítem Gastos en Personal la cifra de mil 268 millones 200 mil pesos, equivalente exactamente a las remuneraciones del personal de la ex Central Nacional de Informaciones traspasado al Ejército, y por esta vía, desde el punto de vista presupuestario, a la Subsecretaría de Guerra.

En la Comisión se planteó un debate respecto de la constitucionalidad de esa indicación, declarando el Presidente que ella era inadmisible. Posteriormente fue repuesta durante la discusión en la Cámara de Diputados, cuyo Presidente, en uso de sus atribuciones, declaró la admisibilidad de la proposición original del Senador señor Hormazábal y del Diputado señor Sota, basándose, fundamentalmente -no quiero reiterar acá toda la argumentación constitucional-, en el artículo 64 de la Carta y en la ley que dio origen a la planta respectiva: la N° 18.914, de 26 de enero de este año, cuerpo legal que creó un escalafón de empleados civiles profesionales y una planta que presenta la particularísima condición de estar en extinción, como sus mismos términos lo indican. Deseo llamar la atención del Honorable Senado en cuanto a que esta planta tiene un carácter muy particular en la misma ley que la formó -repito-, y que no corresponde al que presenta el resto de las plantas de la Administración Pública del Estado.

En consecuencia, el Presidente de la Cámara, en vista de estos antecedentes y de otros, declaró la admisibilidad de la indicación, que la Sala aprobó por mayoría.

Quería decir lo anterior en primer lugar, respecto de la discusión habida en los trámites previos al análisis de este aspecto, por creer que es importante que el Senado tome en cuenta que el debate ya ha tenido lugar en dos instancias en el Congreso Nacional: la Comisión Especial de Presupuestos y la Sala de la Cámara de Diputados.

El origen y la intención de la indicación -que yo comparto- se vincula con el hecho de que se considera que no hay razones que justifiquen mantener en la Subsecretaría de Guerra, financiado con el Presupuesto público, al personal de la ex Central Nacional de Informaciones.

Hago presente que estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Cámara y que, desgraciadamente, los Senadores de esta bancada vamos a votar en esta oportunidad en contra de la indicación del Ejecutivo, porque nos asisten dos tipos de razones, que deseo exponer brevemente.

Lo primero dice relación a lo que yo llamaría "buena y sana administración del Estado". Junto con la disolución de la CNI, y restaurada la democracia en el país, es evidente que las labores que estos funcionarios cumplían -de inteligencia interna y, mucho más que eso, de represión a la Oposición al Régimen anterior- no corresponden hoy día a los organismos de la Defensa. Creo que existe un consenso nacional en cuanto a que a estos últimos atañen sólo las tareas de inteligencia relativas a la Defensa y las de contrainteligencia relacionadas con eventuales infiltraciones, por parte de potencias extranjeras, en las Fuerzas Armadas o en el Estado en su conjunto.

Por lo tanto, desde este primer punto de vista de una buena y sana administración, no vemos razón alguna para que exista una numerosa planta de funcionarios que actualmente no tienen cometidos que cumplir en el Estado ni en los organismos de la Defensa Nacional. De manera que somos partidarios de que esta planta en extinción efectivamente desaparezca en los plazos más breves posibles, porque, como digo, se trata de funciones que no corresponden a los organismos mencionados. Y para las tareas inherentes a éstos, consideramos que el Ejército, a través de la DINE, tiene el personal suficiente para las labores de inteligencia propias de las Fuerzas Armadas en un Estado democrático.

A esta primera razón, de sana administración del Estado -repito-, se agrega una segunda, que yo calificaría de carácter profundamente ético. No hay duda de que la ex CNI cometió durante años actos de violación sistemática de los derechos esenciales de miles de chilenos. Su personal se especializó no sólo en la recopilación de información, sino que, fundamentalmente, en desarrollar un tipo de represión sostenida, en la que se violaron -y creo que ello ha sido debidamente conocido, informado y probado ante la opinión pública del país- de manera invariable los derechos humanos de muchos compatriotas, y en la que se practicaron en forma metódica la tortura, la desaparición de personas, las detenciones ilegales, etcétera.

Consideramos que ese personal, que cumplió tales funciones, no tiene por qué seguir siendo financiado con recursos de todos los chilenos, sobre todo por el hecho de que, aparte las circunstancias del período anterior, el país asiste con verdadero estupor al conocimiento de un conjunto de actos ilícitos relacionados con cuestiones de derechos humanos, pero también con delitos comunes en el orden financiero y demás, en los cuales aparece día tras día vinculado precisamente personal militar y civil ligado a la ex CNI. Estas acusaciones no han sido desmentidas, e inclusive, afectan a quienes han sido los responsables de organizaciones que tuvieron y tienen muchas veces carácter delictivo.

Por estas razones, que -reitero- se fundamentan, primero, en las que son, a nuestro juicio, atribuciones constitucionales del Congreso; segundo, en una buena administración del Estado, cuya dotación de personal tiene que ver necesariamente con las funciones que cada organización cumple, y tercero, en motivaciones de profunda ética, en el sentido de que no se debe permitir, con fundados argumentos, que en el Estado sigan sirviendo personas que violaron de modo sistemático los derechos de millones de chilenos durante el período anterior, vamos a votar en contra de la indicación que presenta el Poder Ejecutivo .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente, quiero recabar algunos minutos al Honorable Senado para hacer referencia a una apreciación existente en mi Región respecto al proyecto de Presupuestos.

Doy disculpas por no haberlo hecho antes, pero no me correspondió trabajar en las Subcomisiones que estudiaron la iniciativa, y no dispuse materialmente de tiempo para incorporarme a ellas.

Por otra parte, este planteamiento surgió sólo hace poco, a partir de algunas observaciones que me hizo llegar el Intendente de Magallanes, don Roque Tomás Scarpa.

El problema surge a partir de inquietudes de índole regional, pero en el análisis se llegan a detectar, a mi juicio, eventuales debilidades en el Presupuesto que afectarían a los compromisos adquiridos por este Gobierno con las zonas extremas, al igual que al país como un todo, por la importancia de las Regiones limítrofes y la proyección nacional hacia la Antártica.

En primer lugar haré referencia al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a cuyo respecto solicitaré la inserción de un cuadro comparativo.

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--El cuadro cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:

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El señor CALDERÓN .-

Analizando la distribución de dicho Fondo, y comparándola con el año anterior, se observa:

a) Los recursos totales destinados al desarrollo regional crecen de 18 mil 500 millones de pesos en 1990 a 28 mil 100 millones, o sea, en el 52,1 por ciento. Esto supera a la inflación, lo cual es positivo, pues muestra el compromiso del Gobierno con la regionalización.

b) Sin embargo, en una zona extrema como Magallanes estos recursos crecen menos que el total nacional: sólo el 36,3 por ciento. Si en 1990 su participación en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue del 7,5 por ciento, para 1991 se propone que baje a sólo el 6,7 por ciento.

c) A la otra zona extrema, la Primera Región, le va peor todavía: el crecimiento correspondiente es sólo del 23,3 por ciento; es decir, menos que la inflación de este año, lo que significa que verá reducidos sus recursos reales.

El examen más en detalle de lo que ocurre con los aportes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior permite otras constataciones, para lo cual solicitaré también la inserción de un cuadro comparativo.

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--El cuadro cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:

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El señor CALDERÓN.-

Al respecto, puede comprobarse lo siguiente:

a) Las transferencias de la Subsecretaría a las Regiones crecen en el 54,5 por ciento.

b) Las transferencias a las Regiones extremas también se incrementan, pero a un ritmo no sólo inferior al promedio nacional, sino que también menor a lo que ha sido la inflación. Concretamente, crecen en el 20,6 por ciento para la Duodécima Región, y en el 13,6 por ciento para la Primera. O sea, se ven reducidas en términos reales.

Nos resistimos a creer que el compromiso del Gobierno democrático con las Regiones no alcanzará a las zonas extremas. El Subsecretario respectivo me explicó que para no entregar la distribución de los recursos a la mera discreción de la autoridad pública se han fijado algunos criterios basados en indicadores objetivos.

Sin duda, es un esfuerzo loable, inspirado en un propósito sano, pero sus resultados concretos para las Regiones extremas son malos.

No es el momento ni la oportunidad de discutir aquí los indicadores objetivos seleccionados, pero me parece obvio que deben ser objeto de una revisión. Quiero mencionar tan sólo uno: como indicador de la pobreza se utiliza el inverso del producto per cápita regional.

No sé cómo será en la Primera Región, pero en Magallanes el producto geográfico bruto regional per cápita es alto: producimos petróleo y carbón, y ahora estamos exportando millones de dólares en metanol. No hay duda de que el producto es grande; la población, chica, y el producto geográfico bruto por habitante, elevado. Pero además de no tomar en cuenta la diferencia en el nivel de precios que se da en la Duodécima Región, hay otro "pequeño detalle" del que se olvidan con ese indicador. ¿Cuánta de toda esa riqueza que produce Magallanes queda en la Región? ¿Acaso la producción de ENAP queda en Magallanes, o acaso sus utilidades no sirven para financiar oficinas centrales, de investigación y hasta de exploración, con todo su personal en Santiago? ¿El señor Friedmann y tantos más que se benefician de COCAR viven en Magallanes? ¿El señor Eleodoro Matte y sus socios extranjeros gastan las utilidades que les proporciona "Methanol" en la Duodécima Región?

Desde luego, no estoy cuestionando que hagan inversiones en la Región, ni que obtengan utilidades, ni que las saquen de la zona, aunque creo que debieran esforzarse por gastar más en ella. Lo que cuestiono es que el antecedente elemental que señalo no se considere al determinar la riqueza o la pobreza.

El señor Subsecretario me informó que este deterioro presupuestario que afectará el desarrollo de las Regiones extremas podría ser corregido recurriendo a concursos especiales de proyectos en que se privilegiarán esas zonas y las limítrofes.

Sin embargo, me puse a revisar las partidas presupuestarias que podrían cubrir ese objetivo y en el Presupuesto de 1990, en la cuenta de Subsidios del Tesoro Público, encontré el ítem Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas. Su monto es de 281 millones de pesos, y, como lo dice su nombre, se destina a todas. Si se compara con los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que para el mismo año oscilaron entre mil 350 y casi 2 mil millones de pesos para cada una de las Regiones, resulta claramente insuficiente. El año anterior había sido un poco mayor, en términos incluso nominales: ascendió a 283 millones de pesos. Sin embargo, en el Presupuesto de 1991 no se contemplan recursos para el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas.

Por una parte, se nos acaba dicho Fondo; por otra, los criterios de repartición de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional resultan perjudiciales para las regiones extremas. Creo que esto debe corregirse de algún modo. De lo contrario, las palabras pronunciadas por el Presidente de la República en Magallanes y las que oímos en Iquique últimamente no tendrían respaldo real. Porque él habría dicho una cosa y los Ministros y Subsecretarios, por la vía de las asignaciones de recursos, estarían haciendo algo distinto. Esa no puede ser la intención del Gobierno; esto tiene que obedecer a un error que debe subsanarse.

Pero todavía hay más. Otras secciones del Presupuesto que aparecen regionalizadas son las de inversiones del Ministerio de Obras Públicas. La inversión real de la Dirección de Vialidad será 67,1% superior a la de 1990; la de la Duodécima Región disminuirá a 94,7%, y la de la Primera Región alcanzará sólo a 48,7%. ¿Alguien puede dudar de la importancia de los caminos en estas zonas? Pero ésos son los datos.

Freddy Si hay una Región en el país para la que la comunicación aérea es fundamental, esa es Magallanes. Y no sólo para su vinculación con el resto del país o con la Antártica -zona de importancia creciente, que forma parte de la Región y para la cual Magallanes constituye una plataforma privilegiada de comunicación y abastecimiento-, sino también para las conexiones dentro de la Región, que, excluyendo la Antártica chilena, abarca más de 132 mil kilómetros cuadrados de soledades y lejanías, superficie mayor que la de toda Inglaterra. Pues bien, en el presupuesto de la Dirección de Aeropuertos, la inversión real total para 1991 será de 164,2% con relación a la del año anterior, en tanto que la de la Duodécima Región subirá de 65 millones a 73 millones de pesos; es decir, será sólo de 112,7%. Esto significa que crecerá menos que el porcentaje en que se ha desvalorizado la moneda, lo que implica una reducción en términos reales evidente. No me parece, desde luego, que se haya previsto la circunstancia de que, con motivo de las reiteradas alzas de los pasajes aéreos, los magallánicos ya no podrán viajar en avión; no se considera importante su comunicación con el resto del país.

Pero lo peor está en el presupuesto de la Dirección de Obras Portuarias, en el cual sencillamente no se contemplan recursos para Magallanes en 1991. Mucho se ha hablado...

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor Senador.

Se encuentra en debate una indicación concreta formulada por el Ejecutivo , y Su Señoría está tratando materias de orden general del proyecto de Ley de Presupuestos. De acuerdo con lo establecido en los artículos 105 y 120 del Reglamento, la discusión debe centrarse en ese punto específico, sin perjuicio de que en su oportunidad el señor Senador pueda referirse a los demás temas que está planteando.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente, me referiré a la materia concreta, porque haré una proposición.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Su Señoría no está tratando la indicación en debate.

El señor CALDERÓN.-

Estoy abordando algunas materias generales del proyecto de Ley de Presupuestos, para referirme al tema concreto más adelante, dentro de algunos segundos.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Estamos discutiendo específicamente una indicación del Ejecutivo, señor Senador.

El señor CALDERÓN .-

Sé lo que estamos tratando, señor Presidente, y voy a formular una proposición concreta sobre el particular. Sólo pido un poco tiempo más para terminar mi intervención.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si es así, puede continuar Su Señoría.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente, mucho se ha hablado acerca de la importancia del gran puerto dé Punta Arenas. Se han referido a ello el Presidente Aylwin y, últimamente, en la zona, el Comandante en Jefe de la Armada , Almirante señor Martínez. Así que no vale la pena abundar en mayores argumentaciones.

Después de la visita del Primer Mandatario a la Región, se formó una comisión especial para la construcción del puerto. Se llamó a concurso, pero fue declarado desierto. El Contraalmirante señor Oelckers , Comandante de nuestra Zona Naval e integrante de la Comisión Puerto, ha señalado que la única manera de llegar a construirlo es mediante el aporte de recursos del Estado en una sociedad mixta. El mismo criterio sustentó el Presidente Aylwin , quien expresó, además, que ésa es la opción que él prefiere.

¿Se reflejan tales criterios en el proyecto de Ley de Presupuestos? No. Y otra vez queda postergado dicho proyecto, quizás por cuánto tiempo más. De nuevo se observa una contradicción entre lo que señala el Presidente y las provisiones de fondos que realizan los Ministros.

Sé que sería inadmisible cualquier indicación de los Parlamentarios tendiente a remediar esas situaciones. Por eso, solicito al señor Ministro de Hacienda considerar estos planteamientos, a fin de mejorar la deteriorada situación en que se deja a las zonas extremas, en lo relativo tanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional como a vialidad, aeropuertos, etcétera; y, también, proveer recursos para que efectivamente se pueda concretar el compromiso de construir el puerto de Punta Arenas.

Estoy convencido de que éstos no son problemas regionalistas, en el sentido estrecho de la palabra, sino que, aunque se sitúan en zonas determinadas, son de importancia estratégica para Chile entero.

Existe la intención de aprobar un presupuesto austero. Pero esas inversiones de ningún modo contradicen tal propósito. Es más, los recursos que liberó la Cámara de Diputados -y aquí hago referencia, señor Presidente, a la materia en debate- al rechazar las partidas destinadas a financiar las operaciones y el personal civil de la CNI, podrían dirigirse a dichos fines. Creo que tales objetivos son, indiscutiblemente, de mayor valor para la patria que la mantención del personal de un organismo disuelto. Y no me cabe duda de que esta opinión será compartida por la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile.

Ruego al señor Ministro tomar en cuenta estos planteamientos y hacerlos suyos mediante indicaciones destinadas a modificar las situaciones que he mencionado y que son perjudiciales para las Regiones extremas y para todo el país.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, puedo garantizarle que no me referiré a los problemas que tiene la Quinta Región en materias presupuestarias, ni tampoco a aquellos que afectan a los sectores rurales. Voy a abordar derechamente la indicación presentada por el Ejecutivo, en el entendido de que con ello contribuiré a establecer una historia respecto de esta materia, porque creo que los precedentes que se plantean en estas situaciones son de gran importancia.

Con relación a la indicación del Diputado señor Sota y del Senador señor Hormazábal, que se presentó, en primer término, en la Segunda Subcomisión -ya que la Comisión Especial de Presupuestos se dividió en varias Subcomisiones-, debo manifestar que fue declarada improcedente por el Presidente accidental, Senador señor González. Lo mismo aconteció en la Comisión Especial, donde su Presidente, Senador don Eduardo Frei, también la declaró improcedente, lo cual fue confirmado, además, mediante una votación requerida al respecto, por 15 votos (de representantes de distintos partidos políticos) contra 9.

Señalo lo anterior porque me parece fundamental que en este tipo de materias procedamos conforme a Derecho, a fin de no crear precedentes a base de meras consideraciones políticas. Y lo digo porque algunos sectores políticos han pretendido hacer un análisis de esta situación abordando una materia distinta de lo que estaba en discusión: la procedencia constitucional.

Asimismo, debo recordar que el personal a que hace referencia la indicación del Ejecutivo -al respecto, el señor Ministro de Defensa Nacional dejó constancia en la Comisión del criterio del Ejecutivo en el sentido de que el Congreso carece de facultades para modificar los gastos permanentes del personal de planta- es el incluido en la ley 18.943, que en su artículo 7° traspasó al Ejército a todos los que laboraban en la Central Nacional de Informaciones. Y la ley 18.914 creó un escalafón en extinción respecto de este mismo personal.

Señor Presidente, quiero dejar esa constancia para la historia de la ley, porque me parece pertinente.

Muchas gracias.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, debo recordar que en una sesión secreta el señor Ministro de Defensa entregó todos los antecedentes y dio las explicaciones correspondientes, después de lo cual se declaró improcedente la indicación en debate. No es posible repetir lo planteado en aquella reunión -por la circunstancia que señalo-, pero se aclararon las dudas y todos quedamos firmemente convencidos de que nos encontrábamos frente a una situación de interés nacional que era conveniente solucionar.

Por lo tanto, votaremos a favor de esta indicación del Gobierno.

Gracias.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, aquí se hizo una referencia a algo de historia. Yo también quiero hacer algunos recuerdos históricos.

Desde tiempos inmemoriales, en todos los países han existido estos grupos, llamémoslos "de control interno" o "de represión". En Chile mismo, a comienzos del siglo pasado, en la época de don Casimiro Marcó del Pont, estaba don Vicente San Bruno con sus talaveras. Y creo que después, pasando por la Gestapo, por el KGB, por la CNI, todos han sido un poco talaveras, con un Vicente San Bruno a la cabeza -esa es mi impresión personal-, y han dejado muy malos y tristes recuerdos.

Pienso que, cuando hablamos de gastos, sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y creemos -al menos yo tengo esa impresión- que parte de estos gastos estaría destinada a organismos de esa clase.

En dos congresos realizados en el curso de este mes -uno, en esta misma Sala, con Parlamentarios de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile (nuestro país participó con cinco Senadores y cinco Diputados)- tocamos el tema, y nos pareció el absurdo más grande que, existiendo en todos nuestros pueblos necesidades básicas de educación, vivienda y salud, sigamos armándonos e incurriendo en gastos de defensa absolutamente incompatibles con la realidad económica y las posibilidades de nuestros países, postergando con ello la satisfacción de esas necesidades.

Repetimos esa experiencia la semana antepasada en Caracas, donde se juntaron más de 120 personeros de naciones europeas y de la gran mayoría de los países latinoamericanos -invitados por la Organización Panamericana de la Salud-, para tratar el tema de la salud mental. Y se planteó el mismo asunto, con una premisa muy clara: decimos que somos países amigos y hermanos; sin embargo, seguimos armándonos y gastando en defensa, cosas que -como digo- son incompatibles con nuestras realidades económicas.

Deberíamos analizar lo ocurrido en París hace pocos días. Y naciones que eran enemigas irreconciliables hasta hace algunas décadas, hoy día son amigas; países que dedicaban a la defensa recursos increíblemente altos -casi inconmensurables- ahora están rectificando su política, derivándolos hacia aquello que los pueblos necesitan. O sea, como expresaba don Pedro Aguirre Cerda, "pan, techo y abrigo" -y digamos "salud", también-, que es lo fundamental.

Indiscutiblemente, más allá de que se apruebe o rechace esta indicación, estimo que debemos ir sembrando conciencia en la gente en torno al imperativo de comenzar a dedicar recursos para cubrir las necesidades fundamentales de las comunidades de toda América Latina - que, según lo demuestran las cifras, tienen un porcentaje altísimo de pobres-, dejando de lado, un tanto, los gastos de defensa, si lo que decimos corresponde a una realidad: que somos países hermanos, amigos y amantes de la paz. De este modo se realizará el entendimiento político e invertiremos en gasto social aquello que disminuiremos en gastos bélicos.

En pocas palabras, señor Presidente, preferimos -y, personalmente, lo privilegio- el arsenal terapéutico (por expresarlo de alguna manera) al arsenal bélico.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, entro en este debate, de manera muy breve, para señalar que en el Congreso uno tiene las posibilidades de ser escuchado y de escuchar, y que, al margen de la pasión con que uno defienda sus puntos de vista, está dispuesto siempre a aceptar que hay quienes, con la misma legitimidad que uno, argumentan de modo diferente.

Creo que en materias legales siempre existen distintas opiniones. En ese sentido, hemos apreciado interpretaciones diferentes entre personas que pueden compartir las mismas ideas u otras. Eso no me extraña ni me alarma. Considero razonable que haya discrepancias.

Tengo gran respeto a mi camarada y amigo Senador señor Eduardo Frei y al Honorable señor González . Pero no participo de la interpretación jurídica que dan a las atribuciones que posee el Congreso. Y, respecto de la indicación que suscribí, debo señalar que la presenté pensando que era pertinente desde el punto de vista jurídico. El hecho de que existan opiniones diversas -insisto- me parece respetable.

Durante el transcurso de la sesión en la mañana, algunos Senadores de Oposición señalaron las rigideces que consagra la Constitución en el ámbito de las atribuciones de los Parlamentarios.

El artículo 64 de la Carta Fundamental -tantas veces citado- constituye precisamente uno de los temas en que tenemos criterios diferentes. Y sostengo que no podemos limitarnos a asumir la categoría de "parlamentarios buzón" y que las normas legales son susceptibles de interpretarse en forma restrictiva o extensiva.

El inciso segundo de dicha norma dispone: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.".

Presenté una indicación que dice relación a los gastos consignados en el proyecto de Ley de Presupuestos. Se argumenta que existe una ley especial que fija las plantas de las Fuerzas Armadas.

Tengo a la vista la norma en cuya virtud se traspasó la Central Nacional de Informaciones. Allí se consideran diversas situaciones, incluso la de que el Ejército no reciba en la planta a todo su personal e incorpore a algunos a contrata o los haga prestar servicios a honorarios.

Por lo tanto, desde mi perspectiva, en la discusión de la norma del proyecto de Ley de Presupuestos que nos ocupa, estamos perfectamente autorizados para referirnos a algunos gastos que, inclusive, se pueden destinar a personal, porque no existe ningún desglose efectivo que nos indique dónde serán imputados.

La indicación del Ejecutivo pretende aclarar más el panorama y establece qué rubros podrían estar afectos a ese tipo de gastos variables. En tal sentido, me parece ilustrativa, pero no me convence de que quienes presentamos la otra proposición hayamos actuado fuera del marco constitucional. Incluso, entendiendo el espíritu que tuvo el Gobierno, no estoy de acuerdo, porque existen otras partidas y otros recursos financieros para cumplir los fines que la ley orgánica pertinente establece sobre las Fuerzas Armadas.

Me interesa destacar aquellos fines, señor Presidente , porque nuestra indicación no se formuló con ánimo revanchista o de venganza respecto de las Instituciones Armadas, entidades históricas que tendrán permanentemente el respaldo de todos los ciudadanos, enmarcado de manera especial en la nueva perspectiva en que nos encontramos.

Cuando se habla de discusión constitucional, aparece como legítimo, razonable: puntos de vista diversos. Pero ¿hacia dónde se apunta? Yo apunto a que me parece discriminatorio, respecto del personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas y de muchos otros sectores laborales, que exista un régimen de excepción para funcionarios que, según la globalidad del país, no tienen servicio alguno que cumplir. Y nadie ha levantado su voz en el Parlamento para hacer presente la necesidad de mantener instituciones como la CNI o un personal que cumpla funciones como las de este organismo.

Y quiero ser bastante enfático respecto al objetivo principal que esto persigue.

Existe una ley mediante la cual se hizo el trámite de traspaso de los funcionarios de la Central Nacional de Informaciones. Y no me refiero al personal militar o de Carabineros que se mantuvo hasta 1988 en dichas funciones -ya se reincorporó a sus actividades profesionales-, sino a las 51 vacantes que hay en el nivel profesional y a las 1.017 del escalafón de funcionarios civiles administrativos. ¿Qué funciones van a cumplir? ¿Cuáles son las tareas que están desarrollando?

Considero que son tan legítimas las preguntas que se formularon en materias que atañen al Ministerio del Trabajo como las que podemos hacernos acerca de ese personal civil que tiene tal connotación histórica y que permanece en las Fuerzas Armadas.

Se habla de una planta en extinción; de manera que no se trata de un gasto permanente. ¿Y cuál es el plazo en que los chilenos sabremos que todo ese personal terminó de cumplir sus funciones? ¿Existen o no fundadas razones para pensar que, al margen de las normas legales vigentes, hay personas que están cumpliendo funciones de vigilancia?

No se trata sólo de un problema para quienes en su momento fuimos opositores y que hoy tenemos la calidad de Parlamentarios de la Concertación. Conocí fundadas denuncias de familiares vinculados a autoridades de las Fuerzas Armadas y Carabineros que fueron objeto de vigilancia por elementos que formaron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y la razón extramuros que se conoció fue la de que estaban haciendo "prácticas". La verdad es que los chilenos queremos que las prácticas profesionales en ese ámbito -más allá de diferencias políticas- terminen.

Ahora, cuando hacemos una estimación sobre las razones que tuvimos en vista al presentar nuestra indicación con el Diputado señor Vicente Sota, concluimos en que deseamos que los recursos -si se aprueba la proposición- sean reasignados. ¿En qué? Para Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Eso dice textualmente nuestra indicación. ¿Por qué? Porque todos los Senadores hemos estado contestes en que es necesario volver a estimular y fortalecer las actividades de esas instituciones policiales y especializadas en el cuidado penitenciario, debido a la particular naturaleza de los problemas que se perciben en ese ámbito.

Señor Presidente, sostengo que la interpretación jurídica legítimamente permite tener puntos de vista distintos.

A mi juicio, no es admisible rechazar la tesis de que el Congreso tiene facultades para reducir gastos. Reducir gastos, además, de manera que no signifique la eliminación de éstos. Porque si hubiésemos utilizado el predicamento de la reducción para dejar sin presupuesto, sí nos habríamos salido del texto constitucional. La disminución de 1.200 millones de pesos en un volumen de 50 mil millones de pesos constituye una insignificancia.

Se podrá tener una opinión distinta. Pero el señor Diputado que presentó la indicación y los Senadores que la respaldamos sólo tuvimos la intención de que recursos vitales y escasos pudieran asignarse a prioridades mucho más importantes.

Me gustaría conocer -dado el espíritu con que el Gobierno está trabajando esta materia- hasta cuándo permanecerán en el Ejército esos señores civiles que cumplieron tareas en la Central Nacional de Informaciones. Además, quiero saber por qué los trabajadores de Lozapenco, de Lanera Austral y de tantas otras industrias tienen que irse cuando se cierra su fuente laboral, y, también, qué razón existe para que esos especialistas en tortura y persecución deban ser financiados por todos los chilenos.

En ese ámbito, creo tener derecho a formular, dentro de la interpretación jurídica que corresponde, un planteamiento de esa naturaleza para cambiar el sentido a un gasto como el señalado.

Señor Presidente, no quiero ahondar en mayores antecedentes.

Tengan la certeza, Honorables colegas, de que acepto la existencia de opiniones distintas sobre el particular. Pero, tras mi examen de las normas que rigen a la CNI y de las de la Ley Orgánica sobre Administración Financiera del Estado y del significado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y de otros cuerpos legales, llego a la conclusión de que se formuló una indicación que se podrá compartir o no, pero que tiene el fundamento que he tratado de explicar.

Por las razones expuestas, y aún valorando el espíritu con que el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional han tratado el tema, votaré en contra de la indicación del Ejecutivo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, Honorables colegas, quiero recordar en el Senado que el país ya vivió, en otra oportunidad una situación simbólica similar a la que vivimos a comienzos de este año.

Curiosamente, en enero se traspasa el personal de la Central Nacional de Informaciones al Ejército y en febrero se disuelve ese organismo de seguridad.

Existió en Chile otra institución, denominada "DINA". Y yo pregunto: si la DINA operaba constitucionalmente y si estaba cumpliendo una función al servicio del país, ¿por qué fue disuelta y qué razón hubo para crear la CNI?

Me preocupa, entonces, que se disuelva la Central Nacional de Informaciones -legalmente no existe-, pero que parte importante de su personal quede en las filas del Ejército.

Sin embargo, señor Presidente, tengo una inquietud que va más allá de esta partida presupuestaria.

Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas han sido objeto de muchas discusiones en el país. Como chileno, deseo que ellas pasen a ocupar nuevamente el lugar que tenían en el corazón de cada ciudadano. Y me parece que recuperar el cariño que antaño se sentía por las Fuerzas Armadas y volver a experimentar orgullo al ver desfilar a los soldados por las calles son tareas que debemos emprender entre todos.

Empero, indudablemente, esto pasa por gestos claros y por actitudes consecuentes. Y creo que el traspaso de personal en enero para disolver la institución al mes siguiente no es algo que favorezca una conducta distinta y transparente.

No pretendo entrar en el tema constitucional, porque en el Senado tenemos brillantes especialistas que podrían discutir a favor o en contra. Pero, como aquí también se ha señalado, hay muchas personas a las cuales no les gusta la Carta Fundamental, porque entrega mucho poder al Ejecutivo . No deseo calificar a nadie. Sin embargo, quienes sustentan esa posición son los mismos que aprobaron la Constitución en el pasado y nada dijeron respecto de que estaba hecha a la medida para una persona.

A veces dan ganas de reír cuando en el Senado se señala que el Parlamento no tiene suficientes atribuciones. ¡Si este Parlamento fue diseñado para ser un elemento decorativo! ¡Era una burla a la democracia! Nosotros deseamos transformarlo en un Poder real del Estado chileno, que represente auténticamente la voluntad del pueblo. Esa ha sido nuestra lucha.

Señor Presidente, se puede dar cualquier interpretación a la Carta Fundamental para decir que la indicación presentada por el Senador señor Hormazábal y el Diputado señor Sota no es constitucional. Y el papel del Ejecutivo es tratar de buscar acuerdos con los distintos sectores de la comunidad nacional. Nosotros, como Parlamento, no tuvimos la posibilidad de participar en el acuerdo que hubo entre el señor Ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Respeto la actitud del Ejército y la del Gobierno. No obstante, en mi calidad de Senador de la República , rechazaré la indicación del Ejecutivo, más que todo como un símbolo, para representar el repudio de la ciudadanía hacia un elemento que no contribuyó a prestigiar al Ejército. Pienso que el día en que se limpie de toda la gente que actuó violando los derechos humanos y contrariando su tradición, esa Institución comenzará a recuperar el cariño y el respeto que le debe la ciudadanía y empezaremos realmente a caminar por la senda de la reconciliación.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, Honorables colegas, hace algún tiempo di a conocer una lista de las propiedades que pertenecían al SERVIU y que fueron traspasadas a la CNI, para luego, mediante un comodato, ser entregadas al Ejército, aduciéndose que la Central Nacional de Informaciones se habría disuelto. Pero nosotros hemos exhibido fotografías completas de estas casas. Y un canal de televisión reporteó a quienes las habitaban u ocupaban hoy, resultando que ninguno era militar sino civiles no identificados y desconocidos -o de chapa-, lo que contraviene expresamente lo dispuesto en la ley que disolvió la Central Nacional de Informaciones.

El Congreso no debiera, por supuesto, aprobar la asignación de recursos a grupos clandestinos o subrepticios, menos aún cuando hemos podido apreciar que ahora esas personas aparecen comprometidas en los hechos más escandalosos. Ya no se trata de violaciones a derechos humanos -persecuciones, torturas- sino también de simples y claros delitos de carácter económico (transferencias ilegítimas), e incluso -diría-, asaltos a bancos donde aparecen, en participación dudosa, ex funcionarios de esos organismos.

Señor Presidente , señores Senadores, basta citar un ejemplo para advertir lo que esto significa. Un día a ese organismo le faltó financiamiento y ordenó: "Vayan a buscarlo". Y así lo hicieron: valiéndose de ese tipo de asaltos para recuperar plata o formando sociedades dedicadas a estafar a muchos chilenos. A diario nos informamos de los detalles del denominado escándalo de "La Cutufa".

Examinemos un caso notorio, el de Villa Grimaldi. Es una casa -o lo era, según apunta el presidente de mi partido Honorable señor Zaldívar - donde vivió don Andrés Bello ; era un museo histórico. Pues bien, cuando un organismo del Estado compra o expropia una propiedad para un objeto determinado, constitucional y legalmente sólo puede transferirla mediante licitación pública. En este caso se omitió esa modalidad, contraviniendo expresamente normas legales y constitucionales: se traspasó Villa Grimaldi a la Central Nacional de Informaciones mediante un decreto interno y privado. La operación tuvo un monto -¡increíble, señores Senadores!-, de 3 millones de pesos. ¿Y cuál fue el destino de este museo histórico? Por traspaso que autorizó el Director de la CNI, fue a parar a una sociedad que formaban sus propios familiares.

¡Esto es algo increíble e insólito en este país!

Nosotros debemos oponer reparos morales a esta clase de actos, que no sólo se refieren a violaciones a derechos humanos. Me parece indecoroso que estas personas que se han manejado por la libre puedan ingresar al Ejército de Chile, Institución que me merece respeto y debe colocársela en el sitial de honor que corresponde. Los hechos que hoy afronta sólo son circunstanciales. Para nosotros el Ejército es y deberá ser siempre respetable.

Nos parece insólito que estas personas, que se manejaron por la libre, asaltando y haciendo cualquier cosa -incluso recoger plata y financiarse- puedan incorporarse, de la noche a la mañana, a un Ejército que debiera ser ejemplo de disciplina. ¿Cómo podemos aceptar que esas personas que fueron indisciplinadas, que se manejaban con nombres de chapa, que andaban en autos sin patente, puedan hoy ingresar al Ejército y compararse con nuestros serios, responsables y honestos soldados?

Señor Presidente, no me creo moralmente habilitado para entregar recursos a personas que han procedido moral y económicamente mal. No puedo hacerlo como Senador, ni aun cuando así lo ordenara mi partido. No puedo quebrantar mi condición moral para, en forma tan liberal, otorgar fondos pertenecientes a todos los chilenos a quienes la ciudadanía entera repudió en el plebiscito y, luego, en comicios donde eligió a una mayoría para que en el Congreso Nacional cambiara este tipo de cosas.

Y ha comenzado a destaparse la olla.

En consecuencia, señor Presidente , votaré en contra de la indicación del Ejecutivo, al menos como un gesto y un símbolo de rectificación moral en esta materia, y para desalentar a quienes, a espaldas de la ley, pretenden continuar las actividades de la Central Nacional de Inteligencia, tan repudiadas por todos los chilenos.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, estoy admirado por las expresiones vertidas en el debate para calificar la indicación presentada por el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, y el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley.

Los señores Senadores que anuncian su voto contrario manifiestan que no están dispuestos a apoyar organizaciones clandestinas ni a individuos que cooperan activamente con el terrorismo, y, que, por último, es un imperativo moral no apoyar la proposición del Ejecutivo.

Señor Presidente, estimo que tales epítetos y expresiones dejan a Su Excelencia y al señor Ministro en situación bastante incómoda: perfectamente podrían prestarse para suponer que quienes presentaron la indicación están apoyando a organizaciones clandestinas y a individuos que cooperan activamente con el terrorismo. Creo que la situación es muy delicada y que la discusión ha llegado a extremos que no corresponden al Senado ni al debido tratamiento de una indicación del Presidente de la República.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, nuestra conducta ha demostrado que no deseamos insinuar por motivo alguno un ánimo de venganza frente a instituciones o entidades que enlodaron el prestigio del Ejército y de la patria, tanto fuera como dentro de Chile. En consecuencia, nuestra posición se basa en razones de derecho, éticas y morales.

Quiero señalar -como lo expresaron también mis colegas de bancada- que nuestra intención es rechazar la indicación del Gobierno. Conocemos sus compromisos con instituciones importantes del país, como el Ejército y, en general, las Fuerzas Armadas. Conocemos los fundamentos del Gobierno para dotarlas de recursos financieros adecuados a fin de que ejerzan el verdadero papel que les corresponde dentro de la institucionalidad democrática del país. Pero en particular, sobre la cuestión concreta que debatimos, hicimos presente a nuestros partidos y al propio Gobierno las razones que nos mueven a proceder de esta manera: se trata de un tema que violenta nuestra conciencia y nuestros principios ético-morales.

En ningún caso -insisto- nos anima un afán de venganza. Nos preocupa, sin embargo, que el Ejército y el Gobierno, en materias financieras, no hayan adoptado una actitud favorable para reparar los daños provocados a los militares que en 1973, por razones políticas conocidas por todos, fueron marginados de las instituciones castrenses sin ningún tipo de indemnización económica ni de resguardo moral. Por el contrario, sabemos que cientos de militares fueron expulsados de las filas del Ejército, de la Marina y de la Aviación. Muchos de ellos tuvieron que ir al exilio. La mayor parte fue sometida a tortura y a cárcel. Pero todavía permanecen, primero, fuera de las Fuerzas Armadas y, segundo, no les han sido reparados los daños materiales y morales de que fueron objeto. Por esta razón, además, nos ha llamado la atención esta partida presupuestaria.

En consecuencia, estamos en contra de la indicación que formuló el Gobierno. Conocemos muy bien sus altas responsabilidades. Seguimos respaldándolo en todos aquellos aspectos que nos parecen fundamentales para el desarrollo de la debida y armónica relación con las Fuerzas Armadas y, en particular, con el Ejército. Hemos demostrado nuestra permanente voluntad de ayudar a la integración moral y plena de las instituciones armadas a la vida democrática de nuestro país.

Pero dificulta nuestra decisión en esta materia desconocer las tareas concretas que desarrollan alrededor de 1.200 ex funcionarios de la CNI. Por ejemplo, muy cerca del lugar donde yo habito en Santiago hay una casa que ha cambiado en un solo aspecto: le han puesto un rótulo que indica que pertenece al Ejército de Chile, en circunstancias de que todos los vecinos sabemos que perteneció a la CNI y que sus residentes son los mismos que -como dijo el Honorable señor Lavandero- la ocuparon durante muchos años. Esa es una burla, Honorables colegas, que no estamos dispuestos a aceptar, por las altas funciones que nos corresponden como Senadores.

Ojalá que el señor Subsecretario de Guerra, o el señor Ministro de Defensa, en algún momento señalen cuáles van a ser las funciones que estos señores cumplirán durante todo el período en que recibirán algún tipo de remuneración.

En consecuencia, señor Presidente, espero que se rechace la indicación. Y no por ello estamos impugnando las actuaciones que en virtud de sus cargos corresponden al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda. Nuestra posición obedece a la necesidad de clarificar cuestiones que nos parecen fundamentales para el buen desarrollo y desempeño de todas estas instituciones y, particularmente, al deseo de lograr la estabilización democrática que Chile requiere, para lo cual, ciertamente, es imprescindible terminar con todo lo que causa daño a la moral pública.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, quiero contestar las alusiones de que he sido objeto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor Senador. No lo escuché.

El señor LAVANDERO.-

Deseo contestar las alusiones de que he sido objeto, señor Presidente. Creo que son delicadas.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

No sé a cuáles se refiere.

El señor LAVANDERO.-

A las formuladas por el Comité Renovación Nacional.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En realidad, la Mesa no lo ha entendido así. Pero de todas maneras, tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, yo no me referí en modo alguno a la moral del Ejército ni del Presidente de la República. Ambos son absolutamente respetables. De tal modo que la falta de moral está en aquellos que libremente, escapándose de las normas legales, han cometido los actos que se han comentado y a quienes todos hoy en Chile contemplan con estupor.

Pero además deberíamos saber, señor Presidente, que legalmente el Primer Mandatario no puede recortar recursos en estas materias: existen amarras que aún no pueden desatarse. Por eso comprendo que el Jefe del Estado se vea obligado a mandar una indicación de esta naturaleza. Sin embargo, ello no obsta a que cada uno, en conciencia, pueda juzgar una situación que, a mi juicio, no contribuye ni a la pacificación ni a mantener conductas rectas, honestas y limpias, como corresponde en una democracia.

Por lo demás, como al representante del Comité de Renovación Nacional le merecen mucho respeto las indicaciones formuladas por el Presidente de la República, quisiera que no solamente respecto de esta materia -que alguna conveniencia o atractivo puede tener para Su Señoría- hiciera presente igual consideración. Ojalá manifestara la misma benevolencia, ardor y fe para defender todas las indicaciones del Ejecutivo. Sin embargo, no procedió así con la destinada a financiar las deudas de Televisión Nacional, contraídas en el Régimen anterior.

Hay que ser no sólo ecuánimes, sino también consistentes en todas las materias.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, tengo la impresión de que el debate ya debiera terminar, pues todos han expresado sus puntos de vista. Deseo recordar que se halla en debate una indicación consistente en reponer algo suprimido por la Cámara de Diputados, lo que representaba un perjuicio neto para determinados gastos variables del Ejército, como se consigna en el texto que se nos propone. Como creo que no está en el ánimo de nadie reducir remuneraciones variables del Hospital Militar, de la Central Odontológica y demás gastos variables mencionados ahí, lo razonable es aprobar la indicación del Ejecutivo.

Por eso la votaré favorablemente, y sugeriría al señor Presidente considerar la posibilidad de poner término al debate.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ.-

Gracias, señor Presidente.

Dejándose de eufemismos y de interpretaciones raras o extrañas, todos sabemos que este dinero es para pagar al personal de la CNI que quedó cesante. Eso está claro. Todos estamos conscientes de ello, y la verdad es que a nosotros eso nos causa una tremenda repulsión.

El Honorable señor Hormazábal ha discrepado de la posición que sostuvimos con el Senador señor Eduardo Frei cuando declaramos inconstitucional una moción que Su Señoría presentó conjuntamente con el Diputado señor Sota. A mi juicio, hay un error de apreciación del Honorable señor Hormazábal. El hecho de que hayamos actuado de esa manera no empece a la votación que eventualmente pueda producirse esta tarde.

En aquella oportunidad, y a pesar de estar absolutamente de acuerdo con el fondo de la moción, estimamos que era improcedente de acuerdo con la Constitución. Pero hoy estamos votando una indicación del Presidente de la República que nada tiene que ver con aquélla.

Por consiguiente, no hay dicotomía entre esa acción, al estar eventualmente dirigiendo la Segunda Subcomisión para el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, y lo que nosotros votemos aquí esta tarde. (Al decir "nosotros" me refiero a mi persona; no incluyo en esto al Honorable señor Frei , quien obviamente actuará de la manera que estime más conveniente. Desde luego, así lo hará).

También quiero dejar constancia, para los efectos de la historia de la ley, de que, entendiendo que los recursos de este ítem se destinarán a pagar sueldos del ex personal de la CNI que fue incorporado a la planta del Ejército, votaré en contra de la indicación del Ejecutivo.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente, Honorable Senado, el 14 de diciembre de 1989 la ciudadanía chilena se pronunció mayoritariamente por que fuéramos a un tránsito a la democracia, entendiendo que había una grave crisis que separaba a los chilenos entre buenos y malos, patriotas y antipatriotas, y que también existían crisis en instituciones tan serias como el Ejército de Chile y la Corte Suprema. Esa opinión mayoritaria también dice relación expresa a lo que hicieron, y también dejaron de hacer, por omisión -criminal, muchas veces, o quizás la mayor parte de ellas-, miembros de la DINA, de la Central Nacional de Informaciones y de otros organismos designados con siglas sofisticadas.

Nosotros, como Senadores, tenemos una misión muy importante: resguardar aquellas instituciones que han hecho historia en el país y preservar la ética y la convivencia de todos los chilenos.

Si queremos convivencia armónica, reencuentro y reconciliación, tenemos que decir "no" a instituciones que fueron fuente de graves aflicciones para la gran mayoría de chilenos.

Por eso, también votaré en contra de la indicación del Ejecutivo, no obstante ser partícipe de él y respetarlo profundamente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, el Honorable señor Ríos ha intentado contraponernos, desde el punto de vista de los fundamentos que hemos expuesto para votar negativamente, tanto con el Presidente de la República como con el Ministro de Defensa Nacional.

No deseo reiterar la argumentación relativa a por qué estimamos que no es adecuada esta indicación. Hemos dado a conocer razones de orden constitucional, de administración del Estado y de ética.

En esta materia, tenemos con el Ejecutivo una diferencia en cuanto a procedimientos y a tiempos. Porque a los Senadores de esta bancada tampoco nos cabe ninguna duda la disposición del Primer Mandatario y del Ministro de Defensa Nacional para que, desde organismos del Estado, no se lleven a cabo operaciones de seguridad interna, salvo aquellos a los que constitucionalmente les corresponde, es decir, Carabineros e Investigaciones de Chile. Lo dice así, además, la indicación del Ejecutivo: con cargo a estos recursos no podrán realizarse funciones de seguridad interior.

Como señaló el Honorable señor Jarpa, en la Subcomisión escuchamos las razones del señor Ministro de Defensa . No podemos repetir aquí esa discusión por el carácter reservado que tuvo.

Sólo quiero declarar que nuestra discrepancia con el Ejecutivo en este punto concreto tiene que ver con procedimientos, con tiempos y ritmos para aplicar lo que incluso la propia ley de esta famosa planta reservada indica: que es una planta en extinción. Y lo que nosotros queremos como Senadores -y tenemos perfecto derecho a desearlo- es que realmente ese personal se extinga a la brevedad posible, por el bien del país y también, a mi juicio, del Gobierno.

Y por tanto, cuando tenemos esta discrepancia con el Ejecutivo respecto de procedimientos y tiempos, creo que no es legítimo intentar contraponernos con el Gobierno, el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, cuyas gestiones, relativas al manejo de la política de las Fuerzas Armadas, respetamos.

Por consiguiente, reitero que, a nuestro juicio, están dadas las condiciones -es necesidad nacional- para terminar ahora, y no en un tiempo más prolongado, con los servicios de funcionarios de anteriores organismos de inteligencia y represión del Estado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, en algunas sesiones anteriores comentamos los problemas de la violencia en el país, tanto del terrorismo como de una serie de actos delictivos bastante serios. A comienzos de año también tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Ministro del Interior referirse a la reacción del Gobierno sobre el particular. Y pidieron nuestro voto -y lo dimos- para otorgar tanto a Carabineros como a Investigaciones loa medios necesarios para combatir el terrorismo y otros delitos muy graves.

Al proceder en esa forma, prácticamente reconocíamos la necesidad de esa fuerza, en Carabineros e Investigaciones, destinada a cumplir tareas difíciles, complicadas y desagradables. Al hacerlo, también comprendíamos que se les proporcionarían chapas y vehículos, porque tenían que hacer inteligencia y buscar informaciones.

Por desgracia, esto es así: es sucio. Existe en todos los países del mundo. Lamentablemente, algunos de estos funcionarios de Investigaciones y Carabineros van a caer en renuncios, cometerán delitos y también algunas injusticias. Pero no por eso, cuando se produzca algún exceso, pensaremos que deben irse por ser, todos, inmorales.

Efectivamente, hay gente que cometió actos de tortura. Algunos han sido sancionados y, a lo mejor, otros todavía no han recibido castigo. Pero esperemos que haya justicia. Esta debe llegar a cada uno de los culpables, y no a todos en general. En ese grupo hay mucha gente que es inocente y que no tiene por qué pagar culpas de otros.

En lo concerniente a gente de nuestras instituciones que fue eliminada, recuerdo que ello resultó doloroso. Realmente, se separó de ellas a personas que estimábamos mucho y muy cercanas a nosotros. Pero se instruyeron sumarios. Y las razones por las cuales se fueron, algunas bastante graves, las podemos conocer cuando volvamos a referirnos a la violencia, porque son muy delicadas. Nuestras instituciones se preocuparon de todos sus funcionarios, inclusive de aquellos que incurrieron en faltas.

Pero fundamentalmente mis palabras son para aprobar la indicación del Ejecutivo. Creo que, de ese gran grupo de gente, muchos -casi todos- son inocentes. La mayoría de los culpables ya ha sido eliminada.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, tengo a mano el informe de la Segunda Subcomisión de Presupuestos.

Quiero volver al tema central. No debemos dejarnos llevar por debates políticos, como ocurrió en la mañana de hoy, porque, entonces, no legislaremos como corresponde, sino tomando posiciones sobre hechos acontecidos antes o recientemente, pero no directamente relacionados con la materia que interesa.

El informe a que hago referencia dice lo siguiente: "el Honorable Senador señor Eduardo Frei también estimó inconstitucional la indicación en su parte primera relativa a la reducción en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, por tratarse de una norma que requiere de iniciativa del Ejecutivo. Asimismo, el Ministro expresó que la facultad para reducir gastos de planta de personal corresponde exclusivamente al Ejecutivo .

"El señor Presidente de la Subcomisión declaró improcedente la indicación en comentario por ser inconstitucional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, de la Carta Fundamental, en cuanto la facultad para suprimir empleos públicos rentados pertenece exclusivamente a S.E. el Presidente de la República.".

Este es el fondo del asunto, señor Presidente. Y las discusiones políticas las podemos dejar para otra oportunidad, porque esto hay que despacharlo luego.

Entonces, o se está con la posición y la iniciativa del Ejecutivo para resolver el problema (que es mucho más complejo de lo que aquí se ha dicho, según las explicaciones que dio el señor Ministro de Defensa ); o no se está en la idea de aceptar la posición del Ejecutivo.

Las discusiones políticas las podemos dejar, como digo, para otro día, a fin de votar luego y dar un corte a esta situación.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, nosotros estamos votando en el proyecto de Ley de Presupuestos una indicación que repone un gasto fijo. El Ejecutivo tuvo varias alternativas. Por iniciativa del Presidente de la República , pudo suprimir esta planta en extinción; también por iniciativa del Primer Mandatario -si no la suprimía-, obligatoriamente pudo disponer de los fondos en la ley temporal, que es la de Presupuestos, para que el Estado cumpla sus obligaciones con estos funcionarios.

Se ha tratado de transformar el debate en una especie de juicio moral colectivo de la CNI, sin darse cuenta de que los efectos que jurídicamente se logran son muy distintos de los queridos por sus agentes. Porque, si se trata de sancionar conductas, es elemental que quien dice respetar los derechos humanos debe respetarlos en su integridad y dar el ejemplo. No se pueden ganar batallas destruyendo las banderas antes de ganarlas; no se pueden ganar batallas de derechos humanos destruyendo las banderas de los derechos humanos. Los culpables necesitan juicios individuales, llevados a cabo por tribunales competentes y, evidentemente, deben ser sometidos a la legislación.

Algo muy distinto es la situación de los funcionarios. Algunos pueden ser culpables y no haber sido juzgados; otros, pueden ser inocentes. Pero privar a la generalidad de un grupo de personas, de la noche a la mañana -a mi juicio inconstitucionalmente-, de su remuneración sobre la base de un prejuicio respecto de un grupo determinado de aquéllas, no me parece conveniente.

Tampoco me ha gustado en este debate, dada la seriedad con que el Senado trata ordinariamente sus asuntos, una especie de insinuación de que aquí no hay la voluntad libre y espontánea del Presidente de la República en la indicación que estamos votando. Si lo señores Senadores revisan la Versión Taquigráfica, varios de ellos han dicho que el Primer Mandatario se ha visto forzado a formular esta indicación. Yo considero que ésa es una insinuación absolutamente inadmisible y no guarda relación con el estado de democracia que nuestro país está gozando.

Por eso, señor Presidente, votaremos favorablemente la proposición del Ejecutivo, porque creemos que en una materia como ésta -delicada- el Presidente de la República y el Ministro de Defensa han actuado con la prudencia adecuada y teniendo en consideración los intereses nacionales, y con una información mucho mayor de la que nosotros poseemos en este momento. Y no es el apasionamiento, la emoción, el recuerdo o, a veces, un deseo subliminal -yo no diría de venganza, sino una forma de revancha- el que nos puede llevar a resolver esta tarde el problema.

Por eso, señor Presidente, haciendo fe en el buen criterio y en la integridad del Ejecutivo que nos manda su indicación, que evidentemente se refiere a casos delicados, la votaremos favorablemente.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, voy a intervenir a pesar de que con ello prolongaré un poco más el debate. Pero creo que se han hecho algunas afirmaciones que no conviene que puedan quedar sin alguna aclaración.

Efectivamente, estamos frente a una indicación del Presidente de la República referente a una materia tan controvertida como la que hemos visto en este debate, indicación que por supuesto tiene fundamentos y es muy respetable. Pero también considero muy respetables los argumentos dados por diversos Honorables colegas con relación al tema del posible financiamiento del personal de la Central Nacional de Informaciones.

Me parece que nadie podrá desconocer que las funciones cumplidas por aquélla no fueron las correspondientes a un organismo de seguridad, sino que, por el contrario, el propio Gobierno anterior se vio en la necesidad de declararlo disuelto. Sucede que en él hay un número de personas a las cuales, en vez de habérseles puesto término a sus funciones mediante la disolución de ese organismo, fueron transferidas a la planta de personal del Ejército. Es una planta en extinción, según se dice. Y así esperamos que sea. Por ello no podemos dejar de insistir en la necesidad de que todo ese personal que cumplió esas funciones no las siga desarrollando dentro del Estado.

No concuerdo con lo expresado por el Honorable señor Diez de que lo relativo a esta materia -en la cual nosotros podemos votar en contra- implique atentar contra los derechos humanos de los funcionarios de la CNI. Al contrario, creo que por el bien del país, lo más sano hubiera sido que no estuviéramos en este debate. Y al entrar en él cada uno tiene que asumir su posición en conciencia.

En cuanto a la presentación hecha por el Ejecutivo mediante esta indicación, entendemos que nadie lo ha presionado. Ningún Senador de esta bancada -ni que yo haya escuchado de otras bancadas- ha sostenido eso.

Creemos que la indicación tiene fundamentos desde la perspectiva de su texto, e incluso consideramos que la segunda parte de ella es muy positiva por cuanto dice que "con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior". Hay que tener presente que, si hay aprobación de la indicación, debe quedar precisado para la historia de la ley que ningún fondo o recurso que se apruebe por el Parlamento podrá estar destinado a este tipo de funciones.

Nosotros aquí no vamos a actuar como Partido ni vamos a dar una orden de partido. Cada uno votará en conciencia de acuerdo a lo que considere más conveniente para el país. Y, cuando lo hagamos, no estaremos votando ni contra el Gobierno ni contra el Presidente de la República. Creo que es ir demasiado lejos. Somos parte del Gobierno, lo respaldamos, pero también debemos tener la posibilidad de discrepar cuando creamos que eso sea conveniente.

En razón de ello, estimo que las fundamentaciones que se han hecho aquí por nuestros Senadores son importantes para precisar el debate y aclarar muchas de las posibles observaciones efectuadas desde las bancadas de los partidos que hoy día están en la Oposición.

Cada uno debe asumir su propia responsabilidad.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, he pedido la palabra no obstante que en un comienzo consideré preferible hacerlo al fundamentar el voto. Pero, por el carácter que ha tomado el debate, prefiero hacerlo ahora, por si me faltaran algunos minutos.

Comprendo los gestos morales. Más de alguna vez me he inclinado por tener gestos de esa naturaleza; pero, por cierto, prefiero aquellos que resultan eficaces. Y, a veces, el gesto moral basta con que sea expresado para tener ese carácter, sin perjuicio de que uno pueda actuar de una manera aparentemente contradictoria.

Si por alguna virtud en esta materia no prosperara la ley, lo primero que estaríamos haciendo es colocar al Gobierno en un serio problema, al impedirle contar con recursos que de todas maneras va a necesitar.

Respecto a los organismos de seguridad que existieron bajo el Régimen pasado -y no necesito dar testimonio de ello ahora-, fui muy claro en mi posición y en la condena a sus excesos. También considero que el Gobierno ha manejado esta cuestión con absoluta y clara decisión; sin embargo, a la vez lo ha hecho con prudencia. De hecho, la Partida de que se trata existía ya en el Ministerio del Interior, y fue reducida de un modo grueso, tanto en su monto en dólares como en pesos.

Pero hay más: este procedimiento no soluciona el problema de fondo. En cierta manera es recurrir al viejo chiste de vender el sofá para no enfrentar el problema real. Porque aquí -y ése es el resultado práctico- sólo se están afectando gastos de carácter variable y no los gastos físicos relativos a la planta correspondiente. Lo anterior, a mi juicio, también debería tomarse en cuenta al resolverse este problema.

Por lo demás -y aquí se ha señalado-, en la indicación del Ejecutivo se dice expresamente que "con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior".

Entiendo, señor Presidente, que el período de transición que estamos viviendo en este Gobierno -que dura cuatro años y tiene nombre y apellido- fue planteado por la Concertación. Y así lo suscribimos: como un Gobierno de transición a la democracia. Porque aquí, el 14 de diciembre, no hubo sólo un cambio de Gobierno, sino también un cambio de Régimen, que traía aparejada una cantidad de complejidades enormes, que deberían ser manejadas con seriedad, prudencia y equilibrio, lo que no significa que no hubiera la firme decisión de terminar con aquello que nos parecía abusivo, excesivo y contravenía los criterios democráticos más elementales que eran a los que en definitiva el país quería llegar.

En consecuencia, señor Presidente y Honorables colegas, votaré favorablemente la indicación del Ejecutivo , pero no porque esté suscribiendo con ello la mantención de la CNI, organismo que por lo demás está formalmente disuelto. Pero no se me escapa que quedaba un personal que de alguna manera había que eliminar. El Gobierno eligió un camino. Y yo creo que es el más prudente, aunque no nos pareciera el más adecuado en un minuto dado, habida consideración de los elementos morales que sin duda juegan.

Por lo expuesto, votaré favorablemente la indicación.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, Honorables colegas, en el pasado, cuando hemos analizado lo acontecido en el país y en algunos lugares, dimos a conocer algunos criterios y formulamos ciertos llamados.

Recordarán los señores Senadores que, cuando nos referimos a los acontecimientos de Pisagua, me correspondió hacer una larga exposición en nombre de mi Partido sobre lo que yo consideraba que debía hacerse en el futuro, con el objeto de lograr la reconciliación que, más allá del matiz que uno quiera darle, realmente es la gran esperanza y la gran aspiración de todos los chilenos.

Entiendo la iniciativa de algunos Honorables colegas, como también la de la Cámara de Diputados, en el sentido de tratar de frenar -y prácticamente hacer desaparecer todo vestigio- y sancionar moralmente lo acontecido con la CNI.

Comprendo que seguramente es el deseo de la abrumadora mayoría de los chilenos. Comparto muchos de los juicios aquí señalados respecto a los errores y horrores cometidos por personal de esa institución.

Sabemos que esto fue aprobado en la Cámara Baja. Y justamente está con nosotros el Diputado autor de esa indicación, así como también el de la formulada en el Senado, el camarada de mi Partido, el Honorable señor Hormazábal. Sé que ellos desean expresar lo que seguramente el país quiere: sancionar los excesos cometidos por algunos de esos hombres en contra, no sólo de los dirigentes políticos, sino en especial de los sectores poblacionales, estudiantiles y laborales.

Pero, señor Presidente , creo que debemos actuar, por sobre todas las cosas, con realismo político. Pienso que el camino tendiente a sancionar a ese organismo y los excesos cometidos por él no se logra en este momento con el rechazo de la indicación del Ejecutivo.

Porque la intención de la Cámara no está reflejada en la norma presupuestaria que hoy estamos tratando. Y lo que el Ejecutivo procura, por sobre todo, es colocarse con la mano muy abierta para cumplir de la mejor manera su cometido en el Presupuesto de 1991.

Al rechazar la indicación del Ejecutivo, no lograremos eliminar los vestigios de lo que fue la CNI, sino que, al contrario, estaremos creando problemas para que el Gobierno pueda cumplir su tarea de la mejor forma posible.

Por esas razones, señor Presidente, y en el ánimo de lo que he expresado siempre, considero que el Ejecutivo tuvo razón -en ello es soberano y no ha sido presionado por nadie: ni por Senadores de Gobierno u Oposición, ni por las Fuerzas Armadas, porque no les correspondería hacerlo- en creer de justicia y conveniente para su propio manejo de 1991 presentar esta indicación y, por ende, sanear el Presupuesto, tal como lo había conseguido primitivamente.

Por las razones antes expuestas y ratificando lo que señalé en el pasado (y no por no compartir lo expresado en esta Sala por algunos Honorables colegas, sino por creer que de otra forma se logra el efecto contrario del deseado), aprobaré la indicación.

Ojalá que la segunda parte de la misma, .cuyo fin es que los fondos en cuestión no sean ocupados en normas de seguridad, constituya un llamado de alerta para algunos sectores que todavía no entienden la lección y que tratan de ir a contrapelo de lo que el país espera, y sirva para que acojan el gesto del Gobierno de empezar a andar por el camino de la reconciliación, compartido por la mayoría de los chilenos.

Tal como ya se ha expresado, se votará en conciencia -no hay orden partidaria-, por lo que adelanto, señor Presidente, mi voto favorable a la indicación del Ejecutivo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, Honorables colegas, como lo he dicho en otras oportunidades, por formación profesional soy muy respetuoso de las jerarquías. Como lo sabemos todos, los Poderes del Estado son el Ejecutivo , el Legislativo y el Judicial, y el Presidente de la República es el jefe del primero de ellos. También soy respetuoso de las normas legales, las que he hecho cumplir durante toda mi vida.

Es halagador para el Senador que habla que los fondos de que trata la indicación vayan a pasar a la Institución a la que tuve el honor de pertenecer y comandar.

Sin embargo, ello produce roces que, a mi juicio, no son positivos para el país.

Frente a este conflicto de valores, mi posición es por el respeto a las jerarquías y, en consecuencia, mi voto será a favor de la indicación hecha por Su Excelencia el Presidente de la República .

Gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

¡Le vamos a tomar la palabra a Su Señoría en las próximas votaciones!

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Se procederá a tomar la votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Se somete a votación la indicación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República para reponer la cantidad de 1.268 millones 200 mil pesos en la Partida 11 (Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra).

Asimismo, Su Excelencia el Presidente de la República formula indicación para anteponer en la glosa 01, asociada al Subtítulo 21 Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior".

Si algún señor Senador no solicita votación separada, ambas proposiciones se podrían votar conjuntamente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con la glosa y me gustaría que pudieran separarse.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

El Honorable señor Hormazábal propone separar las dos indicaciones.

Si no hubiera oposición, así se acordaría.

Acordado.

En consecuencia, se votará en primer término la indicación para reponer la cantidad de 1.268 millones 200 mil pesos en la Partida 11.

--(Durante la votación).

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto.

Voto a favor de la indicación presentada por el Ejecutivo.

Estimo que la disminución de gastos aprobada por la Cámara de Diputados es inconstitucional: contraviene el artículo 64, inciso segundo, y el artículo 62, número 2°, porque importa una supresión de cargos públicos.

Por otra parte, quiero recordar que las normas de la Carta Fundamental vigente son idénticas en esta materia a las de la Constitución de 1925. El artículo 44 de esta última, en sus números 4 y 5, contiene normas idénticas a las de los artículos 62 y 64 de la actual Ley Suprema.

Voto a favor de la indicación.

El señor FREI (don Eduardo) .-

Señor Presidente, he sido aludido en las intervenciones de varios señores Senadores, por lo cual quiero reafirmar lo que sostuve tanto en la Subcomisión en que me tocó participar y posteriormente en la Comisión Especial, de la cual fui su Presidente .

Mi postura fue que el asunto era iniciativa del Ejecutivo, por lo que declaré inadmisible la proposición presentada. Simultáneamente, manifesté mi opinión en el sentido de que el segundo ítem "Otros Gastos" podía suprimirse.

Por otro lado, en la Comisión Especial, presentamos, junto con el Honorable señor Lavandero y el Diputado señor Eduardo Cerda, un oficio dirigido al señor Ministro de Defensa, solicitándole información acerca del personal de la Central Nacional de Informaciones, de su ubicación y su destino, pues, por tratarse de un servicio en extinción, debíamos conocer en detalle cómo se iba a llevar a cabo su término.

Pero ha ocurrido algo muy curioso: desde hace 10 días, en reiteradas oportunidades, tanto en mi casa como en mi oficina, así como en mis visitas a terreno en la Región Metropolitana, he sido sometido a un seguimiento permanente y a un acosamiento por parte de organismos de seguridad, por personas no identificadas, en automóviles con patentes falsas, etcétera. Todos estos antecedentes se los entregué el sábado último al señor Ministro del Interior, y se está efectuando la investigación correspondiente por los organismos policiales.

En consecuencia, voy a rechazar la indicación, porque como Senador de la República y ciudadano chileno no quiero ni acepto ningún tipo de amenaza ni de presiones sicológicas para atemorizarme.

Quiero señalar claramente que puse los antecedentes en manos del Ministro del Interior y que están realizándose las averiguaciones pertinentes. Se ha comprobado que las patentes de los vehículos usadas son falsas; y que no acepto -reitero- ningún tipo de amenaza.

En esas circunstancias, rechazo la indicación del Ejecutivo.

--Se aprueba la indicación (18 votos contra 12 y 4 pareos).

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Corresponde someter a votación la segunda parte de la indicación del Ejecutivo.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, creo que podría aprobarse por unanimidad.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si nadie pide votación, así se acordaría.

Acordado.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Ha llegado a la Mesa una indicación de los Honorables señores Romero y Piñera para agregar, al final del inciso segundo del artículo 5°, lo que sigue: "En ningún caso las obligaciones en el país podrán superar el 10% de este total".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, cuando se discutió el tema en la Comisión Especial de Presupuestos, solicitamos información al señor Ministro de Hacienda con relación al endeudamiento efectivo en 1989 y de lo que había transcurrido de este año. Allí quedó claramente establecido que la deuda real del país era muy inferior a las sumas planteadas en la iniciativa.

Entonces, como una manera de acotar o limitar las posibilidades de que dicho endeudamiento sea mayor que lo establecido en el artículo 5°, estamos planteando una indicación en tal sentido.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

El señor LAVANDERO .-

No se entiende la indicación, señor Presidente. ¿De qué artículo 5°, de qué materia y de qué referencia se trata?

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El inciso segundo del artículo 5° señala: "Autorízasele, además," -se refiere al Presidente de la República - "para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.".

La indicación es para agregar lo siguiente: "En ningún caso las obligaciones en el país podrán superar el 10% de este total".

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Podría explicar alguno de los autores de la indicación cuál es el sentido positivo de ella, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, esta indicación, que originalmente fue planteada por el Honorable señor Piñera, quien, desgraciadamente, no se encuentra en la Sala en estos momentos, dice relación con la posibilidad de que no exista una -llamémosla así- sobrecapacidad de facultades del Ejecutivo para endeudar al país en una cantidad que exceda de un determinado porcentaje.

Personalmente, tuve oportunidad de comprobar que el país había tenido un endeudamiento muy inferior a la capacidad o a las posibilidades que en este sentido poseía en el papel, o de acuerdo con las facultades que en esta materia tenía tanto en 1989 como en 1990. De allí que sería conveniente acotar, limitar, la posibilidad de tal endeudamiento, a fin de no colocar al país en una posición de mayor riesgo económico.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Yo tengo la mejor opinión sobre las razones de buen gobierno que pueden ilustrar una indicación de este tipo, pero si el propósito es prevenir un endeudamiento exagerado, habría que reducir la partida establecida aquí. Si la razón es discriminar contra el sistema financiero nacional al colocarle un límite de diez por ciento, yo no lo entiendo. Si ha habido un mejor y correcto manejo administrativo presupuestario y quedan fondos sin usar o un margen, mejor todavía, pero ¿cuál es la razón de limitar, por ejemplo, el endeudamiento en Chile?

El señor ROMERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Esta es una consulta que formulo al señor Ministro de Hacienda.

Tengo entendido que cuando se produjo la renegociación de la deuda externa se solicitó al Congreso las facultades que permitieran al país contraer los compromisos que se estaban renegociando, y en este sentido se otorgaron al Ejecutivo las atribuciones pertinentes a fin de que pudiese disponer de una determinada cantidad con tal objeto.

Dicha iniciativa se tramitó con suma urgencia y recuerdo incluso que la Comisión de Hacienda debió efectuar una reunión especial para tratar esa materia.

Me parece que el señor Ministro podría explicar cuál es el monto tanto de esa suma como el de las que se están planteando en la Ley de Presupuestos, y tengo entendido que aquí se podrían repetir, sumar, ambas facultades.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Quisiera que la respuesta del señor Ministro me confirmara que, tal como entiendo esta disposición, se autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones hasta por ese monto, ya sea en el país como en el exterior. En consecuencia, no se estaría produciendo esa dualidad, si es que, como dije, no he entendido mal la norma, de acuerdo con la lectura del texto.

El señor URENDA (Vicepresidente). -

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ). -

Señor Presidente , en primer lugar, quiero explicar lo relativo al ítem de un mil cuatrocientos millones de dólares. Se trata de algo habitual en la administración presupuestaria. Lo que se está haciendo acá es autorizar al Gobierno, al país, para endeudarse en el exterior, o en el país, por el monto señalado. Ahí se incluyen normalmente los créditos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros, y, en términos gruesos, esta cifra corresponde a un programa normal de financiamiento externo que Chile precisará en los próximos años. No es habitual que a este número se le incluya una restricción adicional en materia de endeudamiento interno. Sin embargo, quiero manifestar que, desde el punto de vista de la gestión de Gobierno, la indicación presentada, si bien no nos parece indispensable, tampoco la consideramos dañina, pues el Fisco no tiene intenciones de incurrir en un endeudamiento interno excesivo y, por esa vía, presionar las tasas de interés. Por lo tanto, una disposición que limite en diez por ciento de ese total de mil cuatrocientos millones de dólares el endeudamiento interno, me parece razonable y no merecería objeción de parte del Ejecutivo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, yo no entiendo la exacta extensión de la indicación. Por ejemplo -para poner un caso-, esto podría afectar, tal vez, al Banco Central, y no imagino cómo podríamos aprobar una medida, una indicación, que pudiera limitar el endeudamiento o las facultades para renegociar del organismo emisor.

Creo que no es conveniente proponer en la Sala una indicación presentada en forma tan apresurada, cuyos alcances no podemos medir totalmente, sin previo estudio de la Comisión de Hacienda. No obstante las explicaciones del señor Ministro de Hacienda, no me atrevo a votar una indicación cuyos alcances y extensión no estoy en situación de prever.

Nada más, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, había solicitado la palabra hace un instante para conocer la opinión del señor Ministro de Hacienda, porque me parece -y lo hago a modo de consulta- que, de acuerdo con el artículo 64 de la Carta Fundamental, esta indicación implica, de alguna manera, disminuir la estimación de ingresos, y para que ello sea procedente se requeriría el apoyo del Ejecutivo, o ¿procede sin problema constitucional?

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Se determina un porcentaje dentro de un total, y éste se encuentra determinado en la ley.

El señor LAVANDERO .-

El Honorable señor Thayer tiene razón porque, de conformidad con el N° 3° del artículo 62 de la Carta Fundamental, sólo en la Cámara puede tener origen una indicación de esta naturaleza. Dicho número consigna lo siguiente entre las atribuciones exclusivas del Primer Mandatario: "Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos".

De tal manera que es muy dudosa esta indicación.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Sólo quiero aclarar que esto no incluye al Banco Central. Se trata de endeudamiento del Fisco, del sector público y no del Banco Central, el cual, según las disposiciones legales vigentes, es una institución autónoma, que no forma parte del sector público.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Con el perdón del Honorable señor Romero, quien presentó esta indicación, entiendo que ella tiene por objeto evitar una presión sobre el mercado interno de capitales. Tal es el propósito perseguido, y no sé cuál es la apreciación del señor Ministro de Hacienda en este sentido. No sé si coincide o no con ella.

El señor DIEZ.-

Dijo que estaba de acuerdo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¿Está de acuerdo? Bien.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

--(Durante la votación).

El señor GONZÁLEZ .-

No entiendo la indicación, señor Presidente. La rechazo.

El señor RUIZ (don José ).-

Como confío en el buen criterio del señor Ministro de Hacienda , rechazo la indicación.

El señor THAYER.-

Por las explicaciones recibidas, voto que sí.

El señor HORMAZÁBAL.-

Tengo plena confianza en el señor Ministro de Hacienda. Además, creo que, de vez en cuando, una iniciativa de quienes discrepan puede ser buena. Voto a favor.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

--Se aprueba la indicación (22 votos contra 10, dos abstenciones y 2 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).- Ha llegado una indicación suscrita por los Honorables señores Larre, Prat, Diez, Ríos, Jarpa, Romero, Cooper, Páez, Díaz y Palza En consecuencia, el inciso diría: "La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores y auxiliares paramédicos rurales".

El señor HORMAZÁBAL.-

Es inconstitucional. Está ampliando un beneficio.

El señor LAVANDERO .-

Es inconstitucional. No tiene iniciativa del Ejecutivo.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, la iniciativa tiende a que los órganos y servicios públicos puedan adquirir edificios para destinarlos a habitaciones para su personal. La municipalidad no tiene esta prohibición en lo que respecta a viviendas para los profesores. Nosotros hemos agregado que tampoco exista para los auxiliares paramédicos rurales que deben atender los consultorios, por razones obvias, y no creo que haya ninguna inconstitucionalidad en la materia.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Debo hacer presente que en la mañana se adoptó un acuerdo sobre la aprobación de todos aquellos artículos que no hubieren sido objeto de indicaciones.

El señor DIEZ.-

Estábamos hablando de números, no del articulado de la ley, señor Presidente . Así lo entendí yo, lealmente: que eran los números de la Ley de Presupuestos y no su articulado. Por eso presentamos indicaciones, y por eso se votó la del Honorable señor Piñera .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, teníamos anotado justamente aquí en el artículo 7°, que comienza diciendo "Prohíbese a los órganos y servicios públicos,...", formular la misma indicación que acaban de hacer los Honorables Senadores. Habíamos coincidido absolutamente en la petición en cuanto a agregar, donde dice "La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores rurales", la expresión "y personal médico rural", en general. Porque, a veces, pueden ser médicos, y en otras oportunidades, paramédicos.

Esto lo conversé recientemente con el señor Ministro de Hacienda , a quien le pareció bien. El Ejecutivo apoyaría una iniciativa de este orden, por considerar que es justa. Los que hemos estado relacionados con los sectores rurales de Salud sabemos que no es sólo un problema de remuneraciones, sino también de alojamiento del personal médico y paramédico. Y me parece lógico que a las municipalidades se les dé la posibilidad de dar una solución habitacional tanto a los profesores como al personal médico y paramédico.

Así es que nosotros también nos asociamos, a esa iniciativa, y pensamos que el Ejecutivo la va a apoyar.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, esta indicación tiende a extender las mismas facilidades que se dan a los profesores rurales al personal que colabora en Salud en el sector de esas características. Y estimo que en ese aspecto es indispensable entregar la facultad a los municipios, por cuanto muy a menudo las obras de Salud rurales se encarecen porque, para solucionar ese problema, hay que construir la vivienda y el centro asistencial.

Por otro lado, se evita un alto riesgo, pues lo normal es que cuando un siniestro afecta a una posta, se quema tanto el centro asistencial como la casa habitación. De la manera propuesta, es posible dividir el riesgo.

Por lo tanto, hemos planteado esta proposición que favorecerá a varios cientos de funcionarios municipales en el sector rural. A modo de ejemplo, señalo que sólo en la Décima Región existen en la actualidad más de 250 postas rurales, repartidas a través de sus cinco provincias.

En consecuencia, me parece indispensable, para sostener la atención en salud primaría, dar también facilidades de alojamiento a los funcionarios respectivos en el terreno mismo.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, tal como ha expresado el Honorable señor Díaz, teníamos previsto presentar esta indicación. Pero, después del acuerdo adoptado respecto del proyecto de Ley de Presupuestos, que fue un tanto sorpresivo, se aprobaron en general, sin el debate que se pensaba tener, todos los artículos que no habían sido objeto de indicaciones.

Sin embargo, atendida la inquietud, tanto de los Senadores que la presentaron, como de nosotros que tuvimos la intención primaria de hacerlo, quisiera recabar de mis Honorables colegas que, haciendo una excepción en esta materia -porque tendríamos que ser solidarios con lo que aprobamos hace bastante tiempo-, pudiéramos acogerla por la unanimidad de los presentes, por creer que es lo que la mayoría deseaba. Inclusive, pregunté a algunos señores Senadores acerca de esto, y ellos habían subrayado que no podía aprobarse la disposición en los términos en que está.

De modo que insisto en mi petición en el sentido de que ésta sea una indicación suscrita por todos, y que por unanimidad podamos obviar lo que el Reglamento nos impide hacer.

El señor LARRE.-

No hay ningún inconveniente, y nos alegramos de que sea así.

El señor HORMAZÁBAL.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

En primer lugar, señor Presidente, considero que si la proposición viene de ese modo, aclaremos que los artículos indicados están aprobados. Es la primera cuestión para el continuo y normal desarrollo de esta sesión. Y ello es así, según entiendo.

En segundo término, atendidos los argumentos que se dan y las interpretaciones extensivas que pudieran ser útiles, me parece pertinente, entonces, que recojamos esa iniciativa. Pero ampliémosla no sólo a los auxiliares paramédicos, sino también al personal de la Salud en general, ya que ése es uno de los problemas existentes en Regiones, pues no hay dónde llevar a médicos, enfermeras, matronas, etcétera.

En consecuencia, como concepto para liberar prohibiciones, me parece atinado. Pero preferiría, primero, definir el concepto. Están aprobados todos los artículos que no fueron objeto de indicación. Y, en este caso, podríamos dar el acuerdo de la Sala, por las razones señaladas.

El señor NÚÑEZ.-

¿Me permite una consulta, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NÚÑEZ.-

Deseo formular una pregunta al señor Ministro de Hacienda, a raíz de que el concepto de ruralidad se presta para mucha arbitrariedad.

Estoy absolutamente de acuerdo respecto de la indicación presentada por nuestro Honorable colega. Pero entiendo que este problema de lo rural y lo urbano crea graves dificultades a los Ministerios al tratar de establecer exactamente el límite entre uno y otro.

Ignoro si el Instituto Nacional de Estadísticas o el propio Ministerio de Hacienda han señalado algún criterio al respecto.

No obstante, deseo exponer lo siguiente a vía de ejemplo. Hay campamentos mineros que, por la concepción tradicional de lo rural, no son considerados como tales para estos fines. Y, en consecuencia, no son beneficiados por este tipo de leyes.

Deseo saber exactamente si existe algún criterio de carácter demográfico o político general que no incluya, por ejemplo, campamentos mineros o de otra naturaleza, constituidos normalmente por un pequeño número de habitantes.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Lo que habitualmente se hace con los criterios rural y urbano, en términos operativos, es adoptar la forma como el Instituto Nacional de Estadísticas considera uno y otro concepto. Pero, en este momento, no sabría responder al señor Senador respecto del punto planteado por él con relación al sector minero. Tendría que estudiarlo, pues no estoy seguro de cuál es la definición que el INE tiene en esa materia.

El señor NÚÑEZ.-

Si me permite, señor Presidente, debo decir que, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Estadísticas, lo usual es que lo minero caiga en lo urbano. Y, a mi juicio, mirado desde ese punto de vista, es totalmente injusto, porque muchas veces los campamentos mineros están mucho más lejos de los centros de mayor importancia de una zona que incluso las llamadas "rurales", desde el ángulo de otra conceptualización.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, el espíritu de la proposición es atender la necesidad habitacional del personal de las postas rurales. En ese sentido, es probable que tal necesidad exista en el medio minero, que nosotros desconocemos en particular. Pero significaría no atender la necesidad de los funcionarios del servicio en general, por cuanto, en realidad, la indicación no tendría otro objetivo que establecer centros de asistencia rurales de atención primaria en Salud.

El señor GONZÁLEZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, considero necesario definir lo que se entiende por radio urbano y radio rural, lo cual, por lo demás, está definido en relación a las municipalidades, que tienen planos en los cuales se señala qué es uno y otro.

Ahora, la disposición misma me causa un poco de extrañeza, pues ¿por qué se prohíbe a los servicios públicos la adquisición o la construcción de edificios para destinarlos a casa habitación para su personal?

No sé si habrá una explicación para eso. Incluso, hay sectores como Isla de Pascua, por ejemplo, donde todos los funcionarios públicos tienen vivienda. Es lógico que así sea, pues allá no las hay suficientes y hay que construirlas. Probablemente, también habrá que levantarlas en la Antártica para la gente que vaya a ese lugar.

Entonces, ¿para qué poner esta limitación? En el Gobierno pasado se construyeron casas para todos los Intendentes. Ahora, tengo entendido que ya no están en poder de esos funcionarios.

El señor LARRE .-

¡No es cierto lo que está afirmando, señor Senador !

El señor GONZÁLEZ.-

Para algunos Intendentes...

El señor LARRE .-

Perdón, señor Presidente , pero no es cierto lo que está afirmando...

El señor GONZÁLEZ .-

Si el Honorable señor Larre desea una interrupción, con todo gusto se la concederé.

Como decía, se construyeron casas para los Intendentes. Hay una en Iquique que es muy bonita. Nací allí y la conozco; es muy linda. Pero, ahora ya no es del Intendente. Es decir, esas casas eran para ciertos Intendentes.

De manera que no entiendo esta disposición. ¿Por qué esa limitación?

No sé si el señor Ministro pudiera darnos alguna explicación sobre eso.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

La idea es que los presupuestos de las instituciones se inviertan en el fin específico para el cual ellas están destinadas, y que los programas de vivienda se financien de acuerdo con el esfuerzo de cada persona que postule a adquirir casa por los diferentes sistemas existentes en el país. No corresponde desviar recursos de organismos que tienen finalidades específicas en la construcción de casas para su personal, distrayendo de ese modo fondos que son necesarios para desarrollar los programas habituales de dichas instituciones.

Ese es el espíritu de la indicación, además de poner un poco de orden en el manejo presupuestario de cada institución pública.

El señor DÍAZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, creo necesario basarse en la realidad. Coincidimos con el Honorable señor Larre, porque ambos participamos en la Comisión de Salud y nos ha tocado visitar muchas regiones. No niego que otros señores Senadores también lo hagan.

La situación de los campamentos mineros es absolutamente distinta. A ese respecto, la obligación primera la tienen las empresas mineras; es obvio. Y no tenemos por qué ordenar a las municipalidades o al Fisco que construyan policlínicas para esos sectores. Así lo entiendo.

En segundo término, considerando lo señalado por el señor Ministro respecto del manejo de recursos, estimo que no podemos pedir a las municipalidades y al Fisco que construyan casas para todos, porque no hay recursos. Y vendría la demanda lógica, y se diría: "Mire, la ley dice que usted me puede construir. Por lo tanto, le exijo que me construya".

Pues bien, ¿qué dispone el artículo 7°? Consigna que puede construirse para cosas fundamentales. Por ejemplo, para el Poder Judicial; para el Ministerio de Defensa -es obvio-, y para el Fondo Nacional de Desarrollo.

Y, después, ¿cuáles son las únicas personas qué muchas veces son destinadas a sectores rurales y, sencillamente, no tienen dónde vivir? Son, fundamentalmente, los profesores y los médicos, a quienes es necesario dar un estímulo habitacional para que puedan ir a esos lugares. Mi impresión es que ello no debe obtenerse mediante el mecanismo de la adquisición de una vivienda por ese profesor por ese médico, porque, frecuentemente, son trasladados, sea porque lo piden o porque el sistema vigente permite que el paso de los profesores y, sobre todo, de los médicos por los sectores rurales sea muy fugaz. Indudablemente, si un médico joven, o una pareja de médicos jóvenes van a trabajar a San Juan de la Costa, por ejemplo, no comprarán una casa allí, pues ignoran si estarán uno, dos o tres años. Entonces, la idea es que esas personas vayan incentivadas a un lugar donde cuenten con una casa donde vivir.

Por lo anterior, creo que la indicación está bien, salvo en lo tocante a la enmienda que le introdujimos respecto de los profesores rurales y el personal de Salud.

Esa es la indicación precisa. Y perdóneme, Honorable señor Núñez, porque estoy argumentando sobre la base de ella.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Seguramente, los profesores o los médicos que vayan a San Juan de la Costa se van a quedar mucho tiempo allí, señor Senador, porque es un paraje muy especial.

El señor NÚÑEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NÚÑEZ.-

Es algo muy breve, señor Presidente.

Comparto íntegramente tanto la indicación como la inquietud planteadas.

El problema que hemos tenido en el país es que la conceptualización que se ha hecho de lo rural afecta normalmente a las zonas agrícolas, lo cual es equivocado desde mi punto de vista, y también desde el ángulo demográfico.

En consecuencia, cuando he formulado indicación respecto de la necesidad de definir de otra manera, trato de indicar que no se dejen afuera aquellas zonas alejadas cuya actividad principal no necesariamente sea la agrícola.

De manera que, si pudiéramos incluir en la indicación formulada las expresiones "zonas alejadas" y "zonas rurales", o términos similares, podríamos asimilarlas a esta idea central tendiente a la necesidad de extender el beneficio a aquellas zonas que no necesariamente tienen a la agricultura como su actividad fundamental.

El señor DIEZ.-

Nosotros lo aceptamos con el mayor gusto, por ser ésa la intención que nos movió a proponer la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señores Senadores, me da la impresión de que puede ser una redacción muy casuística, que después sea difícil de interpretar. Como digo, es una expresión que interpreta la idea, pero no es muy jurídica.

El señor DIEZ.-

Para eso está la historia de este debate, señor Presidente.

El señor PAPI.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, tal vez con la expresión "no urbanas" podría zanjarse el problema.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, yo iría a lo más sencillo.

Creo que el Servicio Nacional de Salud establece convenios con las municipalidades, por lo cual todos aquéllos relacionados con lo que se denomina atención de salud primaria rural debieran quedar insertos en esto.

De allí que, originalmente, habíamos propuesto incluir nada más que a los auxiliares paramédicos. Pero, en realidad, también viven médicos en sectores muy alejados.

Por lo tanto, lo haríamos extensivo al personal de Salud relacionado con atención rural, y, al contemplar los convenios del Servicio Nacional de Salud, lo haríamos extensivo a todo el sector.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Pero un problema es a quiénes alcanza, y otro, dónde residen. Entiendo que el Honorable señor Núñez desea que se perciba que el sector rural no comprende sólo al sector agrícola, sino igualmente a las zonas alejadas, donde puede no existir agricultura.

El señor DIEZ.-

Así lo interpretamos. Pueden vivir en ellas pirquineros, mineros, pescadores,...

La señora SOTO.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades define qué se entiende por sector urbano y sector rural, y está muy claro que éste no se refiere sólo a la parte agrícola.

El señor GONZÁLEZ.-

Pido la palabra.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, creo que esta disposición es extremadamente grave.

Hace poco tiempo estuve conversando con los magistrados de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quienes carecen de casa propia y cuyo sueldo no les permite arrendar una vivienda adecuada a la dignidad de su cargo. Tampoco el Ministerio de Justicia -o la repartición que corresponda- va a poder adquirir casas para ellos.

Comprendo y comparto el sentido de la norma, pero estimo que debió ser redactada de manera diferente, estableciendo algunas cortapisas, como, por ejemplo, que sólo podrán destinarse fondos para la compra de viviendas con acuerdo de los Ministros de Hacienda , de Economía y de la Vivienda, pero no disponiendo una prohibición tan terminante.

¿A qué funcionarios se les proporciona casa, en definitiva? A personas que difícilmente se harán ricas con lo que ganan en la Administración Pública. ¡No van a comprar casa, si mal pueden gastar la mitad de lo que perciben en pagar un arriendo!

Me parece que este precepto no tiene una justificación clara. Y en la medida en que no aclaremos su sentido, será difícil que podamos votar favorablemente.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha llegado a la Mesa una indicación de los Honorables señores Palza, Páez, Díaz, Larre, Diez, Jarpa, Prat, Ríos, Romero y Cooper, para intercalar entre las palabras "profesores" y "rurales" las expresiones "personal de la salud en zonas apartadas y localidades".

Por lo tanto, el inciso segundo del artículo 7° quedaría redactado como sigue:

"La misma prohibición regirá para las Municipalidades, salvo en lo que respecta a viviendas para profesores, personal de la salud en zonas apartadas...

La señora SOTO .-

... y localidades rurales.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

... y localidades rurales.".

El señor DIEZ.-

Perfecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo sobre esta redacción?

Acordado.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Ha llegado también otra indicación, de los Honorables señores Larre, Lagos, Cooper, Diez, Jarpa, Romero y Ríos, para agregar al inciso primero del artículo 8° la siguiente frase: "salvo ambulancias del Ministerio de Salud". En consecuencia, esta disposición diría lo siguiente: "La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República ", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate, salvo ambulancias del Ministerio de Salud.".

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, en las dotaciones máximas de vehículos contempladas en el proyecto de Ley de Presupuestos no están consideradas las ambulancias. En consecuencia, ellas no están limitadas. Así nos explicó el funcionario de la Dirección de Presupuestos en su oportunidad, cuando estudiamos el presupuesto del Servicio de Salud y del Ministerio del ramo.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, si en la historia de la ley quedara constancia de que esta norma no afectará la situación de las ambulancias, retiraríamos la indicación.

El señor HORMAZÁBAL.-

Dejemos la constancia, señor Presidente.

El señor LARRE.-

Lo que abunda no daña.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si no hay observaciones, se dejaría la constancia a que se ha hecho referencia, con lo cual la indicación quedaría retirada.

¿Está usted de acuerdo, señor Ministro?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Sí, señor Presidente .

El señor VALDÉS (Presidente).-

Aprobado.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Ha llegado a la Mesa el siguiente proyecto de acuerdo, suscrito por la Honorable señora Soto y los Honorables señores Calderón, Lavandero, Urenda, Páez, Gazmuri y Valdés:

"Ofíciese al Señor Ministro de Hacienda a fin de que se sirva contemplar un suplemento en la suma de miles $ 744.612 al presupuesto de la Biblioteca del Congreso Nacional para el ejercicio financiero del año 1991.".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo de la Sala sobre el particular, con la recomendación de que se haga un esfuerzo en ese sentido?

Aprobado.

Se da por comunicado verbalmente el contenido del proyecto de acuerdo al señor Ministro, a quien, además, se oficiará al respecto.

Queda despachado el proyecto de Ley de Presupuestos en este trámite.

Señores Senadores, la Corporación celebrará mañana sesión ordinaria, en la que hay varias materias en tabla. Propongo que tan pronto recibamos el oficio correspondiente de la Cámara de Diputados, nos ocupemos en el texto del proyecto de Ley de Presupuestos que nos envíe.

Debe haber asentimiento unánime para ello.

El señor FREI (don Eduardo).-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FREI (don Eduardo) .-

Señor Presidente, al finalizar el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos, y en torno del problema suscitado la semana pasada en la Cámara de Diputados respecto al informe de la Comisión Especial, quiero dejar constancia de que tanto el Presidente de esa Corporación como la Diputada señora Evelyn Matthei rectificaron las críticas vertidas el jueves acerca de su contenido, aclarando que el referido texto no solamente incluía lo relativo al proyecto de ley específico, sino también los informes de las cinco Subcomisiones y las 23 partidas corregidas. En efecto, el trabajo completo consta de 16páginas que establecen la iniciativa, más173 páginas correspondientes a los informes de las cinco Subcomisiones, y 383 páginas que comprenden las 23 partidas del Presupuesto.

Debo señalar que el esfuerzo de esa labor fue absorbido en su integridad por la Secretaría del Senado, lo que -como digo- mereció una observación especial del Presidente de la Cámara en el momento de despachar el proyecto.

Deseo dejar testimonio de ese trabajo al término de la labor de la Comisión Mixta de Presupuestos.

Nada más.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente,...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN .-

He pedido recabar la aprobación de la Sala para incluir en el texto de mi intervención unos cuadros comparativos de los Presupuestos de 1990 y 1991 relacionados con la Región que represento.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El señor Senador pide insertarlos en el Diario de Sesiones.

El señor CALDERÓN .-

Así es.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo?

El señor DIEZ.-

O se publican los de todas las Regiones o ninguno.

El señor CALDERÓN .-

Es algo que planteé en mi intervención. Por lo demás, se trata de cuadros muy pequeños, con estadísticas menores, pero importantes para mi zona.

El señor DIEZ.-

No hay ningún inconveniente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si no hay observaciones, se accederá a la solicitud.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Páez.

El señor PÁEZ .-

Señor Presidente, la Corporación está citada mañana a sesión ordinaria, y tengo entendido que la Cámara tratará el proyecto de Ley de Presupuestos en la tarde. Si esto es así, ¿se citará también al Senado en la tarde? Reglamentariamente, habría que hacerlo.

El señor HORMAZÁBAL.-

Citemos a las sesiones que sean necesarias.

El señor PÁEZ .-

Mañana vence el plazo constitucional.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si la Cámara va a sesionar en la tarde -yo entendía que lo haría en la mañana-, deberemos citar a una sesión especial que se celebre a continuación.

Sin perjuicio de realizarse la sesión ordinaria, entonces, mediante acuerdo unánimes, podría fijarse una de carácter especial para las 16, la que se iría suspendiendo hasta contar con el texto despachado por la Cámara.

El señor PÁEZ.-

Desde las 16 hasta las 24.

El señor VALDÉS (Presidente).

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , seré muy breve.

Simplemente quiero agradecer a los señores Senadores la aprobación del proyecto, y en particular, a los miembros de la Comisión Especial de Presupuestos, por el trabajo extremadamente serio, cuidadoso y técnico que realizaron durante varias semanas.

Creo que finalmente hemos llegado -y así lo refleja el texto aprobado hoy- a una formulación de la política fiscal del Gobierno para el próximo año que refleja un acuerdo bastante amplio en el país, en el sentido de realizar un esfuerzo social de gran envergadura y, al mismo tiempo, desarrollar una política fiscal equilibrada, que posibilite continuar la lucha contra la inflación y transitar hacia una fase de crecimiento económico sostenido.

Agradezco, especialmente, a los Parlamentarios que presidieron la Comisión y las distintas Subcomisiones. Pienso, que el país está muy reconocido por la forma extremadamente constructiva en que el Congreso Nacional ha tratado esta iniciativa legal del Gobierno.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Para mayor claridad respecto de las situaciones y a fin de evitar problemas reglamentarios, procederemos de la siguiente forma: al término de la sesión ordinaria de mañana se iniciará la sesión especial -lo cual asegura el quórum-, la que se suspenderá hasta la recepción del oficio pertinente de la Cámara de Diputados.

El señor JARPA.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA .-

¿Se suspenderán las sesiones de las Comisiones de Agricultura, Hacienda, Obras Públicas y Salud programadas para mañana, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

No. Creo que pueden funcionar, señor Senador, porque normalmente se citan para las 15.

El señor JARPA.-

Y para las 17.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Me parece que las citadas para las 15 pueden funcionar perfectamente, porque dudo que la Cámara de Diputados despache el proyecto antes de las 17.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Serían autorizadas para sesionar en forma simultánea.

El señor JARPA.-

¿Esto quedaría ahora establecido?

El señor VALDÉS (Presidente).-

En efecto, señor Senador.

Acordado.

Valparaíso, 26 de noviembre de 1990.

A S.E. El Presidente de la Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado el Cálculo de Ingresos y Estimaciones de Gastos del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

En la columna correspondiente a "Valor Neto" de "Gastos en Personal", del detalle "Gastos", de la letra "A.- En Moneda Nacional:", ha aumentado la suma "324.781.977" a "326.050.177".

Asimismo, en la columna correspondiente a "Resumen de los Presupuestos de las Partidas", de "Transferencia Corrientes", del detalle "Gastos", de la letra "A.- En Moneda Nacional:", ha disminuido la suma de "841.698.152" a "840.429.952".

Como consecuencia, los totales de las columnas correspondientes, se reemplazan en la forma que se indica:

"2.655.304.329" baja a "2.654.036.129"

"2.514.308.747" sube a "2.655.576.947"

Igualmente, ha aprobado el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales, con las siguientes enmiendas:

Artículo 2º

En el detalle del "Aporte Fiscal" correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, ha aumentado la cantidad de "201.359.980" a "202.628.180", y en los 'Programas Especiales del Tesoro Público", ha disminuido la cantidad de "353.164.895" a "351.896.695".

A continuación, ha aprobado las siguientes modificaciones al texto del proyecto:

Artículo 5º

Ha agregado al final de su inciso segundo, en punto seguido, la siguiente oración final: "En ningún caso las obligaciones en el país podrán superar el 10% de este total.".

Artículo 7º

Ha intercalado en su inciso segundo entre los vocablos "profesores" y "rurales" la frase "y personal de la salud en zonas apartadas y localidades".

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 115, de 16 de noviembre de 1990.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): Gabriel Valdes S., Presidente del Senado.- José Luis Lagos López, Secretario Subrogante del Senado.

Valparaíso, 27 de noviembre de 1990.

Oficio N° 122.

A S.E. El Presidente del H. Senado

La Cámara de Diputados, en sesión celebrada en el día de hoy, ha tenido a bien rechazar la modificación introducida por el H. Senado en el Presupuesto de Gastos de la Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991, que consiste en aumentar en $ 1.268.200.000 el aporte fiscal en la partida 11 "Ministerio de Defensa Nacional", Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, y de anteponer en la glosa 01, asociada al subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E., en respuesta al oficio N° 647, de fecha 26 del presente.

Dios guarde a V.E.

(fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney, Presidente de la Cámara de Diputados, y Carlos Loyola Opazo, Secretario accidental.

?INFORME DE COMISION MIXTA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBUCO PARA EL AÑO 1991

Honorable Cámara de Diputados,

Honorable Senado:

Durante la tramitación de la iniciativa legal individualizada en el rubro.

Se suscito una divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados.

En efecto, el Honorable Senado aprobó un aumento de $ 1.268.200.000 en el aporte fiscal de la Partida 11 “Ministerio de Defensa Nacional”, Capítulo 01 Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra y antepuso en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: “Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior.”.

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados rechazó el aumento y la agregación de la glosa.

A la sesión en que se trató este asunto concurrieron, además de los miembros de vuestra Comisión, los Honorables Senadores señores Lavandera, Pavés y Pérez y el Diputado señor Vilches.

Concurrieron, asimismo, el señor Ministro de Defensa, don Patricio Rojas y el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano.

Vuestra Comisión Mixta se constituyó en sesión secreta y luego de un extenso debate acordó proponeros, como forma y modo de resolver la controversia, por veinte votos a favor y cinco en contra, aumentar en la suma de $ 1.268.200.000, el aporte fiscal a la Partida 11 “Ministerio de Defensa Nacional”, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, y anteponer, en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: “Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior.”.

En consecuencia de lo anterior, os propone, asimismo, efectuar las sí- enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 1991:

ARTICULO 1°

En la columna correspondiente a "Valor Neto” de "GASTOS EN PERSONAL”, del detalle "GASTOS”, de la letra "A.— En Moneda Nacional:”, aumentar la suma de "324.781.977” a "326.050.177”.

Asimismo, en la columna correspondiente a “Resumen de los Presupuestos de las Partidas”, de "TRANSFERENCIAS CORRIENTES”, del detalle "GASTOS”, de la letra "A.— en Moneda Nacional:”, disminuir la suma de "841.698.152” a "840.429.952”.

Como consecuencia, reemplazar los totales de las columnas correspondientes, en la forma que se indica:

"2.655.304.329” baja a "2.654.036.129”.

"2.514.308.747” sube a "2.655.576.947”.

ARTICULO 2°

En el detalle del "APORTE FISCAL” correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, aumentar la cantidad de "201.359.980” a "202.628.180”, y en "Programas Especiales del Tesoro Público”, disminuir la cantidad de “353.164.895” a "351.896.695”.

Acordado en sesión del día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señor Freí Ruiz-Tagle (Presidente), señoras Feliú y Soto, y señores Cantearías, Diez, Gazmurí, Navarrete, Páez, Piñera, Romero Ruiz-Esquide y Siehert y de los diputados señora Matthei y señores Alessandri, Arancihia, Cerda, Estévez, Huenchumilla, Longueira, Munizaga, Palma, Ramírez, Ringeling y Sota.

Sala de la Comisión Mixta, a 27 de noviembre de 1990.

(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

No existe constancia del Oficio de Ley por el cual se aprueba el Informe de Comisión Mixta, pasando a Trámite Comisión Mixta en Cámara Revisora.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1991. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1990.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 17a, en 27 de noviembre de 1990.

Informes de Comisión:

Mixta, sesión 17a, en 27 de noviembre de 1990.

Discusión:

Sesión 15a, en 26 de noviembre de 1990.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El informe de la Comisión, que aparece en el boletín N° 163-05, dice lo siguiente:

"Durante la tramitación de la iniciativa legal individualizada en el rubro, se suscitó una divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados.

"En efecto, el Honorable Senado aprobó un aumento de $ 1.268.200.000 en el aporte fiscal de la Partida 11 "Ministerio de Defensa Nacional", Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, y antepuso en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior.".

"Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados rechazó el aumento y la agregación de la glosa.

"A la sesión en que se trató este asunto concurrieron, además de los miembros de vuestra Comisión, los Honorables Senadores señores Lavandero, Papi y Pérez y el Diputado señor Vilches.

"Concurrieron, asimismo, el señor Ministro de Defensa , don Patricio Rojas y el señor Director de Presupuestos , don José Pablo Arellano.

"Vuestra Comisión Mixta se constituyó en sesión secreta y luego de un extenso debate acordó proponeros, como forma y modo de resolver la controversia, por veinte votos a favor y cinco en contra, aumentar en la suma de $ 1.268.200.000, el aporte fiscal a la Partida 11 "Ministerio de Defensa Nacional", Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21 Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, y anteponer, en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior.".

"Como consecuencia de lo anterior, os propone, asimismo, efectuar las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991:

"ARTICULO 1°

"En la columna correspondiente a "Valor Neto" de "GASTOS EN PERSONAL", del detalle "GASTOS", de la letra "A.- En Moneda Nacional:", aumentar la suma de $ 324.781.977" a $ 326.050.177".

"Asimismo, en la columna correspondiente a "Resumen de los Presupuestos de las Partidas", de "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", del detalle "GASTOS", de la letra "A.- En Moneda Nacional: ", disminuir la suma de $ 841.698.152" a "840.429.952".

"Como consecuencia, reemplazar los totales de las columnas correspondientes, en la forma que se indica:

""2.655.304.329" baja a $ 2.654.036.129".

""2.514.308.747" sube a $2.655.576.947".

"ARTICULO 2°

"En el detalle del "APORTE FISCAL" correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, aumentar la cantidad de "201.359.980" a "202.628.180", y en los "Programas Especiales del Tesoro Público", disminuir la cantidad de "353.164.895" a "351.896.695".

"Acordado en sesión del día de hoy" (27 de noviembre de 1990).". Y aparecen las firmas de quienes integraron la Comisión.

Por su parte, la Cámara de Diputados, en oficio N° 125, de fecha de hoy, dice lo siguiente:

"La Cámara de Diputados, ha tenido a bien prestar su aprobación al informe emitido por la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 1991.

"Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.

"Dios guarde a V.E.". Firmado: José Antonio Viera-Gallo Quesney, Presidente ; Carlos Loyola Opazo, Secretario accidental .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Solicito el asentimiento del Senado para que pueda ingresar a la Sala el Director de Presupuestos, señor José Pablo Arellano.

Acordado.

En discusión general y particular el informe de la Comisión Mixta.

Ofrezco la palabra.

El señor CANTUARIAS.-

¡Que se dé por aprobado, señor Presidente !

El señor GUZMÁN.-

¡Sí, que se apruebe!

El señor VODANOVIC.-

No, señor Presidente , yo -al menos- en la votación fundamentaré mi voto.

El señor GUZMÁN.-

Sugiero que se vote.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el informe de la Comisión Mixta.

-(Durante la votación).

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , Honorables colegas, yo votaré por el rechazo, lo que fundamentaré de manera breve.

En las distintas instancias en que se ha discutido la indicación, hemos planteado nuestro parecer, basándonos en tres argumentos: el primero es que, desde el punto de vista constitucional, por tratarse de una planta en extinción, es perfectamente posible aceptar el criterio que primó en la Cámara de Diputados; el segundo, que hemos denominado "de buena administración del Estado", consiste en que, habiendo desaparecido una función de inteligencia -que se usó, además, como órgano de represión interna-, no corresponde que quienes desarrollaron esas tareas continúen sirviendo en el Estado; y el tercero -el cual, según hemos dicho, es de carácter ético- es que el país tiene fundados antecedentes y una opinión formada en cuanto a que la ex CNI violó de manera sistemática los derechos humanos de miles de chilenos.

En razón de estos tres tipos de argumentos, voto que no.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , deseo fundamentar mi voto.

En la oportunidad anterior, yo rechacé esta indicación. Sin embargo, posteriormente, junto con otros señores Senadores, hemos conversado con el señor Ministro de Defensa Nacional , quien nos ha garantizado que estos fondos no se emplearán -tal como se expresa en su texto- en actividades de seguridad interior.

Por lo tanto, aceptando la garantía del Ejecutivo, y con la certeza de que el Gobierno tiene la plena disposición de producir, en el más mínimo plazo posible, la extinción del personal de la CNI que quede incorporado al Ejército, votaré favorablemente la indicación, porque estimo importante, también, entregar al Gobierno, en alguna forma, nuestro reconocimiento y confianza en este aspecto.

Al mismo tiempo, considero relevante la actuación que hemos tenido como Parlamento, de modo que aquellos funcionarios que aún están dentro de las Fuerzas Armadas y que muchas veces actuaron al margen de la ley y de la Constitución, entiendan que cuentan con el repudio del pueblo, y que nosotros, como sus representantes, se lo hemos hecho saber.

En consecuencia, voto a favor de la indicación.

El señor FREI (don Eduardo) .-

Señor Presidente , yo también votaré a favor.

En el curso de la mañana, en la Comisión Mixta celebramos una reunión -que tuvo el carácter de secreta- con la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional , quien nos entregó todos los antecedentes que fundamentan la indicación del Ejecutivo, ya que por la forma en que se encontraba incluida en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, en definitiva, estábamos rebajando gastos de carácter variable y no apuntábamos al fondo del problema.

Hemos coincidido con el señor Ministro -y así ha quedado estipulado tanto en la glosa propuesta por el Ejecutivo como en la que aprobamos por unanimidad en la Comisión Especial- en que, en definitiva, no se realizarán funciones de seguridad interior y en que ese personal en extinción pertenece a la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).

Por eso, apruebo también la indicación del Ejecutivo.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , haciendo fe de lo que dice el señor Ministro , vocero del Gobierno, comprendiendo la situación, y en la certeza de que estos fondos no se destinarán a los objetivos que temíamos, voto que sí.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , yo ratificaré mi votación anterior; y, al mismo tiempo, debo manifestar que celebro que la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta haya acogido esta indicación, lo cual permitirá superar el problema que todos conocemos.

Por las razones ya expresadas, y dado el criterio sustentado por los miembros de la Comisión, voto que sí.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , yo voto por el rechazo, fundamentando mi voto en las mismas consideraciones expuestas por el Honorable señor Gazmuri , que hago mías.

La señora SOTO .-

Fundamentaré muy brevemente mi voto negativo.

Considero que de acuerdo al inciso segundo del artículo 64 de la Constitución Política, es constitucionalmente legítima la indicación, pues la expresión "salvo" implica que podemos perfectamente reducir los gastos. Y si bien el número 22° del artículo 32 de la Carta Fundamental le confiere al Presidente de la República la atribución de cuidar de la recaudación de las rentas públicas, el hecho de que nosotros podamos reducir los gastos, también significa que la cuestión nos compete. Por lo tanto, no estamos invadiendo, desde el punto de vista constitucional, ninguna otra atribución.

En seguida, mi fundamentación también dice relación al aspecto ético. Y desde este punto de vista, quiero dejar a salvo una situación que se produjo ayer respecto de los derechos humanos. Estaré llana -al igual que muchos de mi bancada- a la aprobación de un ítem destinado a la rehabilitación del personal de la Central Nacional de Informaciones.

Por último, quiero señalar que respeto absolutamente al Gobierno -del cual formo parte como Senadora de la Concertación- y que, por ningún motivo, queremos que se crea en la existencia de una presión nuestra, porque ya sabemos los sucesos trágicos que acontecieron cuando el Poder Legislativo hizo uso de esta atribución.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , presenté la indicación que disminuía esos recursos, pensando en que era bueno que el país tuviera la ocasión de volver a discutir un tema tan relevante como las funciones que desempeñaba la Central Nacional de Informaciones, y conociera también la extralimitación de la Constitución y de la ley en que incurren aún algunos de sus miembros al actuar en distintos campos.

Sosteníamos que era importante que los chilenos también percibieran que los recursos para financiar las remuneraciones de quienes sirven en esa institución -hoy unánimemente repudiada por todos los sectores políticos- se destinarán al fortalecimiento de las tareas que cumplen Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, ya que después de 17 años tales instituciones fueron desmanteladas y quedaron en condiciones muy difíciles para ejercerlas.

Señor Presidente, en las reuniones que se sostuvieron he insistido en que esa indicación es constitucional y que se encuentra dentro de las facultades del Parlamento.

En todo caso, he aceptado la petición formulada por el señor Ministro de Defensa sobre la base de los antecedentes que él entregó, y me han satisfecho las informaciones respecto de la política que está siguiendo el Ejecutivo a fin de que los funcionarios civiles de la CNI -que fueron asignados lamentablemente por el Régimen anterior a la planta del Ejército- sean rápidamente disueltos como institución y como cuerpo.

El señor Ministro argumentó en forma sólida respecto de los desafíos que debe enfrentar esa Cartera en cuanto a alcanzar ciertos objetivos nacionales con la gradualidad que las condiciones permiten; y eso me parece un signo alentador.

Adicionalmente, señor Presidente , no estoy actuando aquí ni por orgullo ni por soberbia; estoy dispuesto a entender razones y fundamentos de bien mayor y de interés nacional.

En consecuencia, rescatando la constitucionalidad de la indicación y señalando el horror que aún me produce el hecho de saber que existen individuos pertenecientes a la CNI que siguen realizando alguna de sus obras -desde luego, sin la protección de que gozaban antes- y, además, considerando que el Parlamento está dando un paso relevante al aprobar, por primera vez después de 17 años, una Ley de Presupuestos, no quisiera que una contienda de interpretaciones entre la Cámara de Diputados y el Senado pudiera generar una situación difícil.

Por esas razones, señor Presidente, voto por la aprobación de la indicación del Ejecutivo.

La señora FREI.-

Señor Presidente, fundamento mi voto acogiendo y haciendo mías las expresiones de los Senadores de la Democracia Cristiana que me precedieron en el uso de la palabra.

Tengo confianza en el planteamiento que nos hizo el señor Ministro de Defensa como, asimismo, en su gestión y en la del Gobierno del Presidente Aylwin. Por ello doy mi aprobación a la indicación del Ejecutivo , dejando constancia de que si tuviera la más mínima duda de que esos recursos se pudieran destinar a la CNI, la rechazaría.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , como lo manifestaron algunos Senadores de mi partido, la Democracia Cristiana analizó todos los antecedentes entregados durante los dos días en que se ha estudiado la indicación.

Por lo tanto, las explicaciones dadas por el Gobierno y por él señor Ministro de Defensa garantizan que el ítem que se repone no se destinará a pagos de salarios o sueldos de los funcionarios de la planta de la Central Nacional de Informaciones, sino que tiene por objeto reponer gastos variables relacionados con las partidas que en la propia indicación se señalan: Hospital Militar, jornales, viáticos y otros; además, en la segunda parte del oficio se nos asegura que esos recursos no se destinarán a seguridad interior, y en el bien entendido de que la decisión del Gobierno en cuanto a que toda la política sobre seguridad interior corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones y no a la ex CNI, el Partido Demócrata Cristiano y el Senador que habla estiman procedente dar su apoyo a la indicación del Ejecutivo. De esa manera, facilitaremos el despacho de la primera Ley de Presupuestos que se aprobará en un Parlamento en democracia después de 17 años.

Por ese motivo, votaré afirmativamente.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, en el análisis de la indicación ha habido mucha confusión y, tal vez, algo de desinformación.

La forma como fue tratado el tema por la prensa en el día de hoy, no refleja lo que realmente se está discutiendo. Y el hecho de que algunos señores Senadores hayan cambiado sus puntos de vista respecto de cómo votar la indicación, también demuestra el mismo elemento de confusión y desinformación.

Creo que a esta materia se le ha tratado de introducir un factor de tipo moral que indirectamente está presente en la discusión, lo cual tiene que ver con los reiterados atropellos a los derechos humanos que se asocian a las acciones de la ex CNI.

Pero ello no forma parte del tema en discusión al votar la proposición del Ejecutivo , como tampoco la sabiduría o no sabiduría de que mediante leyes anteriores se haya incorporado a la planta permanente del Ejército al personal civil y militar que pertenecía a la ex CNI. Lo que está en discusión tiene que ver con un aspecto constitucional.

Considero que la Constitución es clara en cuanto a otorgar al Presidente de la República , en forma exclusiva, la atribución para reducir o suprimir plantas permanentes y a remover funcionarios. Desde ese punto de vista, si la indicación apuntara en tal sentido, a mi juicio, sería inconstitucional. Pero, en verdad, ella no va expresamente en esa dirección, sino a reducir un ítem en la Partida 50, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 25, correspondiente a gastos en personal de la Subsecretaría de Guerra, el cual constituye un concepto muy amplio.

Y, en consecuencia, como no se pueden modificar los gastos permanentes, de aprobarse la disminución en ese ítem, lo que realmente se reduciría -es bueno que el país lo sepa- serían los gastos de remuneraciones variables -como dijo el Honorable señor Zaldívar - en materia de personal del Hospital Militar, Central Odontológica y otros relacionados con honorarios, trabajos, viáticos, etcétera.

Me parece que esa parte de la indicación es pertinente; sin embargo, no creo que la intención de quienes plantean o apoyan la proposición del Ejecutivo sea la de reducir ese tipo de gastos.

Finalmente, señor Presidente , resulta importante -a la luz de las experiencias vividas en el país en tiempos recientes- tomar todas las salvaguardias del caso, para que la CNI, que fuera suprimida por ley, quede también absolutamente eliminada en los hechos. De ahí que un grupo de Parlamentarios patrocinamos una proposición para agregar una cláusula o una glosa a la indicación del Ejecutivo , estableciendo que ninguno de esos recursos, bajo cualquier circunstancia, podrán dedicarse a tareas de seguridad, porque éstas corresponden exclusivamente a Carabineros y a Investigaciones.

Pienso que, en el futuro, eventualmente, tendremos la oportunidad de discutir leyes destinadas a acelerar la extinción de las plantas que hoy analizamos. En todo caso, en este proceso es fundamental el elemento de control mencionado por el Ministro de Defensa.

Lo que se discute hoy es una indicación que apuntaría, según sea aprobada o rechazada, a reducir o no reducir los gastos que señalé anteriormente.

Por esas razones, dejando en claro lo que se está discutiendo, como, asimismo, lo que no está involucrado en el debate sobre esta materia -aun cuando en informaciones de prensa ha existido confusión respecto del tema en cuestión-, voto afirmativamente la proposición de la Comisión Mixta.

El señor LARRE.-

Mantengo mi posición inicial.

Voto que sí.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , voy a fundamentar mi voto y no mi cambio de posición, porque los antecedentes que hoy tenemos son los mismos de ayer. El Ejecutivo hizo presente su deseo de reponer el citado ítem en la misma cantidad en que se hallaba originalmente en la Ley de Presupuestos, y expresó que su disminución sólo podía afectar a gastos variables, que fueron representados a través de la confección de una nómina. Además, señaló ayer que hacía suya una indicación formulada en la Comisión Mixta por varios señores Senadores, en el sentido de que con esos fondos no se podían financiar acciones de seguridad.

Señor Presidente , desde el principio se trató de vincular lo que constituye un problema absolutamente jurídico con un hecho relativo a las actuaciones de la ex CNI - como lo dijo el Honorable señor Piñera -, lo cual nosotros rechazamos también desde el comienzo.

Por otro lado, se ha probado lo que, a mi juicio, corresponde en el imperio del Derecho: la Constitución dispone que una ley transitoria no puede alterar leyes permanentes. La facultad para suprimir cargos públicos pertenece exclusivamente al Presidente de la República ; y, mientras ellos existan, el Congreso no está facultado para reducir los gastos correspondientes y solamente puede disminuir gastos variables.

De manera que, después de haber perdido mucho tiempo -lo cual ha costado al erario bastante dinero-, volvemos a aceptar lo que el Ejecutivo nos propuso en la sesión de ayer.

Por eso, haciendo fe en el Presidente de la República y en el señor Ministro de Hacienda que firma la indicación, votamos favorablemente hoy tal como lo hicimos anteriormente.

He dicho.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , quiero manifestar que los Senadores de esta bancada, cuando dimos a conocer nuestro rechazo a la indicación, no lo hicimos -que quede muy claro- por desconfianza, ni mucho menos, a lo señalado por el señor Ministro de Defensa , en orden a materializar el objetivo que persigue esa Secretaría de Estado, en el sentido de hacer factible definitivamente la extinción de la planta de la ex CNI originada mediante disposiciones dictadas durante el Gobierno anterior, ni tampoco desconfiamos de que en este país no se van a seguir utilizando mecanismos de seguridad interior, como ocurrió en la Administración pasada.

No nos animan, como he dicho, ni afán de venganza ni bajos sentimientos respecto de esta materia. Pero seamos claros: sean gastos fijos o variables, los recursos están destinados a personas que cumplieron tareas en la CNI.

En consecuencia, nuestra disposición sigue siendo la de rechazar la indicación.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , tuve la responsabilidad de presidir la Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos donde se estudió, entre otras materias, el tema que hoy se está votando con informe de la Comisión Mixta constituida para dirimir las divergencias de opinión surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Tanto en la Subcomisión que presidí como en la Comisión Especial de Presupuestos, este punto se discutió extensamente, y en ambas oportunidades se declaró la inadmisibilidad de la indicación, por cuanto era imposible que se rebajasen los gastos considerados permanentes en la planta del Ejército.

El debate que ha tenido lugar hoy en la Comisión Mixta no viene sino a confirmar el criterio que se impuso en el pleno de la Comisión Especial y en la Segunda Subcomisión Especial. Si tuviésemos la menor duda de que los señores Senadores que mantienen el rechazo de la indicación repuesta por el Ejecutivo pudieran estar en lo cierto en el sentido de que los fondos estarían destinados a financiar al personal de la CNI, no vacilaríamos, por cierto, en rechazar la indicación. Pero creo que el debate de hoy, los antecedentes de que disponemos y la información que nos proporcionó el señor Ministro de Defensa , son suficientemente claros como para sostener precisa y enfáticamente que éstos son gastos destinados a otro tipo de actividades, que ninguna relación tienen con el personal de la ex CNI.

Y, ciertamente, si nos pusiéramos a analizar lo que es el presupuesto de Defensa en su conjunto, podríamos concluir que hay un gasto excesivo que erosiona el interés del país en la perspectiva de sus planes de desarrollo; y que ello no es coincidente con los gastos que se hacen en salud, en educación y en otras actividades que, sin duda, comprometen el bienestar de nuestra población.

Pero éste no es el tema que estamos discutiendo, y, por cierto, tampoco podemos, con arreglo a razones de orden ético, conjugadas con lo político, distraer nuestra atención de una materia que tiene una clara competencia constitucional, y relacionada, sobre todo, con el correcto ejercicio de una función legislativa.

Por consiguiente, de acuerdo a este predicamento y al criterio mencionado, voto afirmativamente la indicación del Ejecutivo.

El señor HUERTA.-

Reitero mi aprobación a la indicación del Ejecutivo , como lo hice la primera vez, y reitero los términos con que fundamenté mi voto.

Gracias.

-Se aprueba la indicación del Ejecutivo (35 votos contra 5,y 1 pareo).

El señor PAPI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente y Honorables colegas, quiero precisar, en nombre del Comité Radical-Social Demócrata, que jamás en esta discusión estuvieron en juego dineros o recursos destinados a la ex CNI o a sus ex funcionarios.

Si por cualquier razón nosotros hubiéramos previsto, o creído, que eso era lo que estaba en juego, nuestra actitud habría sido distinta y consecuente con la que mantuvimos en el pasado respecto de este organismo y su comportamiento.

Queremos reiterar esto porque, a raíz de un debate en que majaderamente se ha querido confundir la verdad de lo que aquí se discutía, el resultado fue haber inducido a error a la prensa en su manera de informar. Y así obtuvimos titulares como: "Senado aprobó recursos para pagar a la ex CNI"; "Cámara de Diputados rechazó ítem para gastos de la ex CNI".

¡Jamás estuvo en discusión esto! ¡Y es absolutamente falso! La indicación del Ejecutivo se refería a que, al modificar una parte del presupuesto del Ministerio de Defensa, sólo se iba a afectar un gasto variable, señalado claramente en la indicación del Ejecutivo: "Remuneraciones variables en Hospital Militar y Central Odontológica del Ejército"; "Honorarios"; "Trabajos extraordinarios"; "Viáticos"; "Jornales"; "Otras remuneraciones variables". Pero de ninguna manera íbase a afectar a sueldos ni mucho menos a una planta que había sido creada por ley, aprobada por la Junta de Gobierno el año anterior.

En consecuencia, el debate producido aquí se confundió de una manera que a nosotros nos parece inaceptable. No es serio actuar frente al país de esta forma.

Ante esa actitud, que no podíamos aceptar, porque nos parecía irresponsable, queremos reiterar lo que fue nuestro proceder en esta materia.

He dicho, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.-

Era más bien una interrupción...

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , después de la votación pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señor Senador, la votación ha terminado.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite?

El señor GUZMÁN.-

¿Qué carácter tiene este debate, señor Presidente ? Es un debate sui géneris sobre un proyecto que ya terminó de tratarse y se votó.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , votamos una indicación, y un señor Senador se ha permitido calificar aquí la forma en que lo hicimos, de un modo que no corresponde. Por lo tanto, para no profundizar, quiero dejar solamente establecido que el Senador señor Papi tiene todo el derecho a votar como quiera; pero no a calificar ni las intenciones, ni la posición de otros que, tajantemente, después de los estudios que hicimos, constatamos que los 1.260 millones eran precisamente para financiar los gastos que implican esos 1.200 funcionarios que vienen de la CNI.

Si el Senador señor Papi no prestó la suficiente atención en el debate, es problema de él y no de los demás.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor PAPI.-

No me referí a esa indicación, sino al debate que hubo ayer en el Senado y a la forma como se tradujo en las informaciones de prensa, señor Senador.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señores Senadores, me siento en la obligación de decirles que esta sesión estaba destinada a conocer el informe de la Comisión Mixta y a votar una indicación del Ejecutivo.

Por lo tanto, corresponde levantarla.

Se levanta la sesión.

Valparaíso, 27 de noviembre de 1990

A S.E. El Presidente de la Cámara de Diputados

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta formada para resolver las diferencias producidas entre esa H. Cámara y el Senado, con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1991.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a vuestro oficio Nº 125, de esta fecha.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): Gabriel Valdés S., Presidente del Senado. Rafael Eyzaguirre Echeverría, Secretario del Senado".

LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1991. PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA.

El Señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta encargada de resolver la divergencia producida entre la Cámara de Diputados y el Senado en la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 1991.

El señor Secretario dará lectura al informe.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Dice lo siguiente:

"Informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias producidas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991.

Honorable Cámara de Diputados.

Honorable Senado:

Durante la tramitación de la iniciativa legal individualizada en el rubro, se suscitó una divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados.

En efecto, el Honorable Senado aprobó un aumento de $1.268.200.000 en el aporte fiscal de la Partida 11 "Ministerio de Defensa Nacional", Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, Gastos en Personal de la Subsecretaría de Guerra, y antepuso en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior".

Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados rechazó el aumento y la agregación de la glosa.

A la sesión en que se trató este asunto concurrieron, además de los miembros de vuestra Comisión, los Honorables Senadores señores Lavandera, Papi y Pérez y el Diputado señor Vilches.

Concurrieron, asimismo, el señor Ministro de Defensa, don Patricio Rojas, y el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano.

Vuestra Comisión Mixta se constituyó en sesión secreta y luego de un extenso debate acordó proponeros, como forma y modo de resolver la controversia, por veinte votos a favor y cinco en contra, aumentar en la suma de $1.268.200.000, el aporte fiscal a la Partida 11 "Ministerio de Defensa Nacional", Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 21, Gastos en personal de la Subsecretaría de Guerra, y anteponer, en la glosa 01, asociada al Subtítulo Gastos en Personal, la siguiente frase: "Con cargo a estos recursos no se podrán realizar funciones de seguridad interior".

"Como consecuencia de lo anterior, os propone, asimismo, efectuar las siguientes enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1991.

Artículo 1°.

En la columna correspondiente a "Valor Neto" de "Gastos en Personal", del detalle "Gastos" de la letra "A.- En Moneda Nacional: ", aumentar la suma de "324.781.977" a "326.050.177".

Asimismo, en la columna correspondiente a "Resumen de los Presupuestos de las Partidas", de "Transferencias Corrientes", del detalle "Gastos", de la letra "A En Moneda Nacional: ", disminuir la suma de "841.698.152" a "840.429.952".

Como consecuencia, reemplazar los totales de las columnas correspondientes, en la forma que se indica:

"2.655.304.329" baja a "2.654.036.129".

"2.514.308.747" sube a "2.655.576.947".

Artículo 2°.

En el detalle del "Aporte Fiscal" correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, aumentar la cantidad de "201.359.980", a "202.628.180", y en los "Programas Especiales del Tesoro Público", disminuir la cantidad de "353.164.895" a "351.986.695".

Acordado en sesión del día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señor Frei Ruiz-Tagle (Presidente), señoras Feliú y Soto , y señores Cantuarias , Diez, Gazmuri , Navarrete , Páez , Piñera , Romero , Ruiz-Esquide y Siebert y de los Diputados señora Matthei y señores Alessandri , Arancibia , Cerda , Estévez , Huenchumilla , Longueira , Munizaga , Palma, Ramírez , Ringeling y Sota.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se entiende que las cifras indicadas se expresan en miles de millones, tal como se indica en general en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Ofrezco la palabra.

El señor SOTA .-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, culmina ahora un largo proceso en que los Diputados de estas bancas, primero en la Comisión Especial de Presupuestos y luego aquí, en la Sala, hemos estado defendiendo una posición, esencialmente testimonial.

Hemos querido responder al clamor de la opinión pública, negando a la ex CNI todo financiamiento con recursos provenientes del presupuesto fiscal; hemos argumentado con la Constitución en la mano, con algunas leyes calificadas de secretas; hemos contado con la versación jurídica del Presidente de la Cámara y del Diputado señor Francisco Huenchumilla , especialista en cuestiones constitucionales. Es decir, además de las razones de tipo moral existentes para fundamentar nuestra indicación de reducción de gastos de la CNI, nos respaldan argumentos constitucionales y legales.

Esta mañana se ha reunido la Comisión Mixta para dirimir la discrepancia que se produjo entre el Senado y la Cámara de Diputados en el proyecto de Ley de Presupuestos por la renovación de una indicación del Ejecutivo, relacionada con el financiamiento para ex funcionarios civiles de la CNI, y que el texto de la Cámara negaba, como consecuencia de la indicación que presentamos en su oportunidad.

Los Diputados de estas bancas, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, de la Izquierda Cristiana y del Partido Humanista, que, reitero, defendíamos una posición, hemos recibido en la Comisión Mixta una votación adversa de 20 votos contra 5, lo que significa que se optó por el criterio del Senado.

Pues bien, a pesar de ello, seguiremos manteniendo nuestra posición.

Hay una discrepancia con el Ejecutivo; pero en un régimen democrático es explicable que partidos que lealmente forman parte del Gobierno expresen en el Congreso, en determinadas circunstancias, una opinión distinta a la del Ejecutivo. Estimamos que no es tan grave la diferencia; por eso, nadie puede decir en esta Cámara o fuera de ella, que actuamos en forma desleal con el Gobierno al cual apoyamos. Nosotros queremos reducir, en forma drástica el presupuesto asignado para remuneraciones de los 1.119 funcionarios de la ex CNI, actualmente reconociendo filas en el Ejército y el Ejecutivo disminuye este año apenas en un 15 por ciento los efectivos de la CNI. Estamos seguros de que el Ejecutivo, acogiendo el clamor de quienes instalaron en La Moneda al Presidente de la República y de los electores a quienes representamos en esta Cámara, oirá nuestras voces y en el Presupuesto del año próximo reducirá de una manera definitiva el presupuesto para este personal.

El Ejecutivo señala que esta reducción del gasto de la CNI afectaría a gastos variables, entre otros, algunos relativos al Hospital Militar y a otras entidades, lo que lógicamente no está en nuestro ánimo.

Rechazamos la interpretación del Ejecutivo, y, asilados en el artículo 64 de la Constitución de 1980, hemos dicho que, como Congreso, estamos facultados para reducir los gastos, sean fijos o variables. Insistimos en nuestra interpretación y expresamos la más viva seguridad de que en el Presupuesto del próximo año los funcionarios de la CNI se vean privados como un voto de sanción, como lo he dicho anteriormente de toda remuneración proveniente de las arcas fiscales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.

El señor NARANJO .-

Señor Presidente, es evidente que cualquier chileno, y más todavía un parlamentario, ante un proyecto de Ley de Presupuestos, estudiará el ítem destinado a la Defensa Nacional con la mejor predisposición y con el ánimo más positivo y tratará de mejorarlo, si es necesario.

Sin embargo, en este proyecto de Ley de Presupuestos apareció un ítem específico y muy particular de un monto no despreciable, destinado a financiar a un número elevado de personas que durante años dejaron de usar sus uniformes, abandonaron sus unidades regulares para actuar clandestinamente, a veces, secuestrando en automóviles sin placa y hasta cometiendo crímenes que han sido denunciados y perseguidos por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Es cierto que actualmente el país tiene graves problemas de Defensa Nacional heredados del régimen anterior, corno es, por ejemplo, el relacionado con la protección de las riquezas naturales y, en especial, de nuestro mar territorial, tan codiciado por empresas extranjeras. Pero no es fácil comprender que sea una necesidad de la Defensa Nacional mantener a quienes nunca formaron parte de las instituciones armadas, como lo acaba de reconocer la Contraloría General de la República en su informe sobre el destino de los archivos de la CNI, fundada en que dependían del mandato político, es decir, del Ministro del Interior y de quien era en aquel entonces Presidente de la República.

Uno no puede dejar de preguntarse ¿qué labores de inteligencia realizarán estas personas, agentes de seguridad, entrenados en la represión de sus compatriotas, ahora adscritos a la DIÑE?. Resulta difícil en estas circunstancias creer que la CNI se disolvió.

Los asesinatos, las desapariciones y torturas cometidas por la CNI, junto con la secuela de terror y dolor para las víctimas y sus familiares, impulsaron a los chilenos a crear organismos para la defensa de los derechos humanos, como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, que si fueron útiles y valiosos en ese tiempo para la defensa de las víctimas, hoy, en la nueva democracia, siguen siendo necesarias para consolidar "la cultura de los derechos humanos".

Por eso, uno no puede dejar de preguntarse si no habría sido más justo que esa partida del Presupuesto Nacional, destinada a pagar los servicios de estos ex funcionarios se hubiera destinado a financiar a los organismos de derechos humanos y a indemnizar a las víctimas de la represión de la CNI.

Los chilenos y nosotros, sus representantes, queremos y exigimos la real disolución de la CNI y no su reinserción en otro cuerpo de inteligencia que no nos da garantías, más cuando este Servicio se apropió de los archivos de la ex CNI.

Por eso, si se aprobara esta indicación, viviremos el mundo al revés; los torturadores libres, y, como si fuera poco esto es lo más delicado, financiados en su nuevo papel por todos los chilenos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, de acuerdo con el artículo 121 del Reglamento, como se trata del informe de una Comisión Mixta, tienen derecho a usar de la palabra sólo hasta tres señores Diputados. Hasta ahora, lo han hecho dos de la bancada Socialista PPD. Ha pedido la palabra el señor Juan Martínez. Pero como no sería justo que sobre esta materia expresara su opinión una sola bancada, le solicito al señor Diputado que, por esta vez, resigne su derecho, a fin de ofrecer la palabra a un parlamentario de otra bancada.

El señor HUENCHUMILLA .-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MARTINEZ ( don Juan ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan) .-

No tengo inconveniente en cederle la palabra al Diputado señor Huenchumilla ; pero quiero hacer presente que, hoy en la mañana, pedí la palabra para referirme a esta materia. Lamentablemente, en ese momento se clausuró el debate y no tuve oportunidad de expresar mi pensamiento...

El señor LONGUEIRA .-

Fue pedida la clausura por su bancada.

El señor MARTINEZ (don Juan) .-

Efectivamente, así fue. No he dicho algo, distinto. Pero, desde el punto de vista personal y ético, consideraba mi deber expresar mi opinión.

Es cuanto quería decir.

Le doy la oportunidad al Diputado señor Huenchumilla para que haga uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA .-

Señor Presidente, a raíz de la indicación presentada por el Diputado señor Sota , hemos tenido oportunidad de intercambiar ideas sobre temas de gran importancia relacionados con seguridad, especialmente acerca de un organismo disuelto por ley.

Desde un principio, tanto en esta Cámara como en la Comisión Mixta, sostuve que nosotros, como Congreso Nacional, tenemos facultades para reducir los gastos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado. Invariablemente defendí esa postura, porque entiendo que más allá del debate sobre la CNI o el presupuesto de las Fuerzas Armadas, está la determinación acerca del límite de nuestras facultades como Poder Legislativo y como Poder del Estado en relación con el presupuesto nacional.

Nuestra tesis es la siguiente: En la Ley de Presupuestos, el ítem "Gastos de personal", que es un ítem general, comprende gastos permanentes y gastos variables. Nosotros tenemos facultades para reducir los gastos variables, esto es, los no establecidos en leyes permanentes.

Esta tesis, respaldada por la Cámara de Diputados, la sostenemos en esta oportunidad, con el objeto de que sirva como precedente en relación con las facultades que tenemos en cuanto a la reducción de los gastos, al tratar proyectos en que se presenten situaciones análogas.

Tener un criterio distinto no sería bueno, toda vez que las facultades del Parlamento, como todos lo sabemos, están absolutamente reducidas por la Constitución del '80. Lo lógico es que las pocas facultades que tiene sean ejercidas claramente y las defendamos.

Además, aparte del problema constitucional, en esta discusión hay dos problemas entrelazados: uno de orden moral y otro de orden político. ¿Quién podría estar en favor de un organismo de seguridad que durante muchos años atropelló los derechos humanos? Creo que en Chile existe un gran consenso sobre la materia. Ningún señor parlamentario ni nadiede sea favorecer a organismos de seguridad de la naturaleza de la ex DINA y de su sucesora, la ex CNI.

Señor Presidente, los efectos prácticos del ejercicio de la facultad constitucional del Congreso Nacional que permiten rebajar el ítem en mil doscientos y tantos millones de pesos, aprobando la indicación del señor Sota , no afectarán directamente a los funcionarios que fueron traspasados al escalafón del Ejército, sino que, en general, al rubro "gastos de personal" de su presupuesto. En consecuencia, el Ejército puede reducir sus gastos variables, ya sea en honorarios, en viáticos, etcétera, anulando, de esta forma, la finalidad de la indicación del Diputado señor Sota.

Por otro lado, aquí hay un problema mucho más de fondo, que es la manera, la forma cómo los chilenos han encarado este proceso de transición a la democracia, en el que, indudablemente, hay problemas y problemas. Sin perjuicio de nuestras facultades constitucionales y del juicio que tengamos, según nuestro prisma político y moral, sobre las actuaciones del citado organismo de seguridad, es indudable que la conducción, dirección y solución de las relaciones entre el Ejecutivo y las FF.AA. especialmente con el Ejecutivo corresponden fundamental, principal y exclusivamente al Presidente de la República y al señor Ministro de Defensa Nacional.

En una sesión secreta celebrada por la Comisión Mixta, el señor Ministro dio las explicaciones correspondientes en relación con el problema en discusión, las que a mi bancada les parecieron adecuadas y pertinentes.

Por lo tanto, en acto de lealtad y de fe en la conducción del Gobierno por estas aguas procelosas que significan trabajar por la estabilidad de la democracia, en una situación especial, fruto de un pacto entre los chilenos después de un gobierno autoritario de 16 ó 17 años, queriendo ser leales con el Presidente y el Ministro de Defensa Nacional, porque entendemos que el problema militar es delicado y requiere de la armonización de muchos elementos de juicio que, a lo mejor, como han sido dados a conocer en sesiones secretas, y como ésta es una sesión pública, quizás no sea conveniente dilucidar del todo, y, finalmente, manteniendo nuestra tesis sobre nuestras facultades constitucionales en esta materia, anuncio que votaremos favorablemente la indicación presentada por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Señor Presidente, señores Diputados: Con motivo del inicio de la discusión del presupuesto del sector Defensa para 1991, en el Congreso tuve oportunidad de expresar, como Ministro de Defensa Nacional del Gobierno democrático del Presidente Aylwin , mi satisfacción por la oportunidad de poder venir al Congreso Nacional, después de tan largo período, a discutir y a revisar, junto con los señores parlamentarios, las asignaciones que el erario hace al sector de las instituciones armadas. Sin duda alguna, este hecho tiene gran trascendencia, no solo por el largo período en que faltó esa discusión, abierta, amplia y democrática, de la Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional, sino especialmente por las características de la transición chilena, tan única, tan observada por el mundo como un ejemplo de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de conciliación, de búsqueda de sostén del régimen político democrático, de búsqueda de la tranquilidad y de la paz en que todos los chilenos queremos vivir.

Como responsables de este sector, hicimos una variación muy fundamental en el proceso de formulación del presupuesto de la Defensa Nacional para 1991.

Trabajamos con transparencia con las instituciones armadas. Con el Ministerio de Hacienda, conversamos con ellas. Aplicamos los parámetros fijados por sus leyes orgánicas. Tuve el agrado personal de culminar ese proceso en una discusión abierta y franca con los señores Comandantes en Jefe, a quienes les expliqué las razones por las cuales en 1991 las asignaciones presupuestarias de sus instituciones corresponderían esencialmente a una continuidad de los gastos operacionales del año anterior.

En este sentido, conté con la colaboración de diversos sectores políticos, a quienes les expliqué la forma de trabajo y los parámetros utilizados para fijar las partidas generales y especiales del presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Al término de este proceso de elaboración y ahora de decisión presupuestaria, siento una gran satisfacción, a la vez que expreso mi reconocimiento al Congreso Nacional por haber alcanzado, en una cifra importante dentro del Presupuesto de la Nación, un alto grado de consenso y de discusión muy elevada y, yo diría, muy comprensiva de la delicadeza del tema que representa el sector presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Es importante resaltar cómo en un presupuesto de varios miles de millones de pesos, y de ingentes cantidades en moneda extranjera, solamente se haya presentado una dificultad y una diferencia de criterio, respecto de asignación, la de 1.200 millones de pesos, cifra que representa un porcentaje ínfimo dentro del total del presupuesto de este sector.

Por eso, como Gobierno hemos aclarado los antecedentes referidos al tema central de la indicación del Diputado señor Sota. Para repetirlo en síntesis: el Gobierno en democracia que vivimos hoy día en Chile no mantiene aparatos de seguridad, como los que existieron en el pasado, sino que cree que debe existir solamente la policía uniformada, representada por Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, como únicos servicios a cargo de la seguridad interna.

Del mismo modo, ha dicho repetidas veces que se cautelará día a día para que la disolución de la CNI en la ley, sea un hecho efectivo en el diario vivir de los chilenos. Desde el primer día hemos estado atentos a todas las denuncias que los diversos sectores han formulado en los Ministerios del Interior y de Defensa. Hemos recogido las hechas por parlamentarios y sectores políticos y sociales, acerca de seguimientos y actuaciones que bordean la ilegalidad o que francamente traspasan la línea de la legalidad. En cada caso en que se han comprobado actuaciones de esa especie, vinculadas a miembros de ex servicios hoy incorporados por ley en la planta de la DIÑE, del Ejército, se han adoptado las medidas disciplinarias o legales correspondientes.

El Gobierno en democracia ha reorientado el gasto en seguridad, como lo ha podido verificar el país y el Congreso Nacional. Prueba de ello son los montos asignados a este rubro en el proyecto de Ley de Presupuestos y en la ley, recientemente aprobada, que aumenta en forma importante la planta de Carabineros y los recursos con los cuales la policía uniformada contará a futuro, para defender la seguridad de la ciudadanía.

En ese sentido, quiero decir que los servicios de inteligencia militares, que tradicionalmente han tenido en nuestro país y en todos los países del mundo, las instituciones armadas, deben mantener su existencia, su legalidad, su compromiso de trabajo, radicado exclusivamente en lo que se llama inteligencia y contrainteligencia militar.

Ese es el compromiso que representó la partida de mil 268 millones de pesos que, a su vez, significó que a fin de este año va a salir un número de funcionarios, reencasillados en el Ejército por dos leyes de la República, de manera tal que implique una reducción importante de ese contingente.

El Ejecutivo tiene clara conciencia de la inquietud ciudadana, de la inquietud de los partidos políticos, es decir, de la inquietud de todos los chilenos, en el sentido de no permitir nunca más la existencia de servicios de seguridad secretos, ocultos, o que violen la ley impunemente. Estamos ahora en una etapa completamente distinta del funcionamiento. Como Ministro de Defensa vengo a decir que parte de mi tarea, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, consiste en garantizar la legalidad del funcionamiento de estos servicios.

En ese sentido, hemos pedido al Congreso y a la Comisión Mixta que reponga esa partida, no porque ella represente y en esto quiero ser muy enfático reponer el dinero con que se paga a los funcionarios de la ex CNI, que fueron reencasillados de planta, en forma permanente en la DIÑE del Ejército, aunque con un escalafón en extinción. El efecto de la indicación aprobada por la Cámara de Diputados no se traduce en reducir los fondos asignados a personal de esta institución, DINE Ejército, sino también en virtud de las disposiciones constitucionales, en la forma en que las interpreta el Ejecutivo, en reducir gastos variables del ítem de personal de la Subsecretaría de Guerra, que representan gastos del Hospital Militar, gastos de viáticos, de honorarios y otros. Por lo tanto, lo que se está votando en este momento, y que se aprobó por la Comisión Mixta, consiste en reponer una partida de gasto variable, que significa aportes al Hospital Militar, de honorarios y de viáticos. En ningún caso representa reponer el sueldo de los funcionarios que de la ex CNI pasaron a la actual DIÑE.

Señor Presidente, queremos agradecer especialmente la comprensión de la Comisión Mixta, confío que también la tenga esta Sala para entender las difíciles variables que deben ser consideradas frente a esta situación. Como Ministro de Defensa debo asumir el compromiso de mantener la organización de servicios de inteligencia en las Fuerzas Armadas y, a su vez, cautelar que estas acciones se ajusten en todo momento al Estado de Derecho que nos rige.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos.

En lo que se refiere a esta Cámara, queda despachado el Proyecto de Ley de Presupuestos para 1991.

No existe constancia del Oficio por el cual se aprueba el Proyecto de Ley, enviado al Presidente de la República para su promulgación.